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Res. 00596-2016 Tribunal Agrario · Tribunal Agrario · 23/06/2016
OutcomeResultado
The Agrarian Tribunal rejects the objection of lack of subject-matter jurisdiction and rules that the claim for disturbance of possession and damages on agrarian properties arising from extraction of material under a mining concession falls within agrarian jurisdiction.El Tribunal Agrario rechaza la excepción de incompetencia por razón de la materia y declara que la demanda por perturbación de posesión y daños en fincas agrarias, derivada de extracción de material bajo concesión, es de conocimiento de la jurisdicción agraria.
SummaryResumen
The Agrarian Tribunal of the Second Judicial Circuit of San José, by majority vote, rejects the objection of lack of subject-matter jurisdiction filed by the defendant Tajo Chirripó S.A. in an ordinary agrarian proceeding brought by Linvas Chirripó S.A. The plaintiff asserts disturbance of its possession and ownership rights over three agricultural properties and claims damages from extraction of material in the Chirripó River channel and adjacent lands, apparently covered by a mining concession granted to the defendant in 1992. The Tribunal finds that the claim does not seek review of administrative acts but is a real action between private parties over agrarian land. It applies Articles 1, 2, and 16 of the Agrarian Jurisdiction Law and Article 56 of the Soil Use, Management, and Conservation Law (No. 7779), which assigns agrarian courts jurisdiction over matters arising under that law. It cites First Chamber case law confirming that mining of agrarian land falls within agrarian jurisdiction. It concludes that the nature of the properties, their legal origin, and the potential overlap with the concession are merits issues and remands the file to the trial court to proceed.El Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José, en resolución de mayoría, rechaza la excepción de incompetencia por razón de la materia interpuesta por la sociedad demandada, Tajo Chirripó S.A., en un proceso ordinario agrario promovido por Linvas Chirripó S.A. La actora reclama la perturbación de sus derechos de posesión y propiedad sobre tres fincas agrícolas, así como daños derivados de la extracción de material en el cauce del río Chirripó y terrenos aledaños, supuestamente amparada por una concesión minera otorgada desde 1992 a la demandada. El Tribunal determina que la pretensión no busca la revisión de actos administrativos, sino que constituye una acción real entre particulares sobre inmuebles agrarios. Aplica los artículos 1, 2 y 16 de la Ley de Jurisdicción Agraria y el artículo 56 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos (No. 7779), que atribuye a los tribunales agrarios el conocimiento de los asuntos derivados de esa ley. Cita jurisprudencia de la Sala Primera que confirma que la explotación minera en fundos agrarios corresponde a la jurisdicción agraria. Concluye que la naturaleza de las fincas, su origen legal y el eventual traslape con la concesión son cuestiones de fondo y remite el expediente al juzgado de instancia para continuar el proceso.
Key excerptExtracto clave
III- Having reviewed the record, this Tribunal finds that this matter is agrarian in nature, since the complaint does not seek review of an administrative act or conduct, nor the legality of state action in exercise of control. Rather, it constitutes a real action regarding property and possession rights over real estate. The objection of lack of subject-matter jurisdiction must be rejected, because the claims seek a declaration that the defendant has disturbed the possession and ownership rights over three registered properties of agrarian nature over which public, peaceful, uninterrupted possession as owner has been exercised. The liability for damages caused to the properties due to extraction of material from the riverbed and adjacent lands, and the order that the defendant cease disturbing the plaintiff's possession. The defendant did not counterclaim. Thus the object of the proceedings is defined by the complaint and answer. As can be deduced from the foregoing, we are not faced with an action seeking the nullity of administrative acts, but rather a real action with ancillary claims for damages between private parties. The nature of the registered properties, their legal-historical origins, the existence of a concession for extraction of material from a public-domain riverbed in favor of the defendant, and the potential overlap of land with the area granted for exploitation by the State, are all merits issues. All of which must be assessed to determine whether the action can proceed or must be denied. V- For the foregoing reasons and pursuant to Articles 1, 2, and 16 of the Agrarian Jurisdiction Law and Article 56 of the Soil Use, Management, and Conservation Law, the objection of lack of subject-matter jurisdiction filed by Tajo Chirripó S.A. is rejected. It is ruled that this matter falls within the subject-matter jurisdiction of the agrarian courts. Once this ruling becomes final, the file shall be sent back to the trial court to continue handling the case.III- Revisados los autos estima este Tribunal que el presente asunto es de naturaleza agraria al no estarse solicitando en la demanda la revisión de un acto o conducta administrativa o la legalidad de una actuación del Estado, en ejercicio de su control. Sino constituye una acción real del derecho de propiedad y posesión sobre un inmueble. Debe ser rechazada la excepción de incompetencia por la materia, dado que las pretensiones de la demanda se dirigen a declarar que la accionada ha perturbado los derechos de posesión y propiedad de tres fincas inscritas cuya naturaleza es agraria y sobre las cuales se ha ejercido posesión pública, pacífica, a título de dueña e ininterrumpidamente. La responsabilidad por daños causados a los inmuebles en virtud de extracción de material en el cauce y terrenos aledaños, así como se ordene a la sociedad demandada se abstenga de perturbar la posesión de la actora. La parte demandada no contrademandó. Por lo que el objeto del proceso queda definido con lo expuesto en la demanda y contestación. Como logra deducirse de lo descrito en el considerando anterior, no estamos ante una acción que solicite la nulidad de actos administrativos, sino que corresponde a una acción real con pretensiones accesorias de daños entre particulares. La naturaleza de las fincas inscritas, sus orígenes histórico legales, la existencia de una concesión de extracción de material en cauce de dominio público a favor de la accionada y el eventual traslape de terrenos con el área dada en explotación por el Estado, corresponde a temas propios del fondo del proceso. Todo lo cual deberá ser valorado a la luz de determinar la procedibilidad de la acción interpuesta o su denegatoria. V- Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 1, 2 y 16 de la Ley de Jurisdicción Agraria, numeral 56 de la Ley de Uso Manejo y Conservación de Suelos, se rechaza la excepción de incompetencia por razón de la materia interpuesta por Tajo Chirripó S.A. Se decreta que este asunto es competencia de la jurisdicción agraria por motivos materiales. Firme esta resolución remítase el expediente al juzgado de instancia a fin de seguir conociendo este proceso.
Pull quotesCitas destacadas
"La pretensión de este proceso no corresponde a las condiciones que definen la jurisdicción contenciosa administrativa en el artículo 1 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Considera esta Cámara, el objeto del proceso no es garantizar o restablecer la legalidad de una conducta de la Administración Pública sometida al Derecho Público, resolver sobre aspectos de la relación jurídico-administrativa, ilegalidades por acción u omisión del ordenamiento jurídico o desviación de poder."
"The claim in this proceeding does not meet the conditions that define the administrative contentious jurisdiction under Article 1 of the Contentious Administrative Procedure Code. This Chamber considers that the object of the proceeding is not to guarantee or reestablish the legality of conduct of the Public Administration subject to Public Law, decide aspects of the legal-administrative relationship, illegalities by action or omission of the legal system, or abuse of power."
Considerando III
"La pretensión de este proceso no corresponde a las condiciones que definen la jurisdicción contenciosa administrativa en el artículo 1 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Considera esta Cámara, el objeto del proceso no es garantizar o restablecer la legalidad de una conducta de la Administración Pública sometida al Derecho Público, resolver sobre aspectos de la relación jurídico-administrativa, ilegalidades por acción u omisión del ordenamiento jurídico o desviación de poder."
Considerando III
"La competencia agraria, por razón de la materia es improrrogable y está determinada en forma genérica por los artículos 1 y 2 de la Ley de Jurisdicción Agraria, que es ley especial. Dichas normas facultan a las personas juzgadoras de esta disciplina para dirimir o resolver los conflictos relacionados con el ejercicio de actividades agrarias, agroambientales o conexas a éstas."
"Agrarian subject-matter jurisdiction is non-extendable and is generically determined by Articles 1 and 2 of the Agrarian Jurisdiction Law, which is a special law. These provisions empower judges in this field to settle disputes related to the exercise of agrarian, agro-environmental, or related activities."
Considerando III
"La competencia agraria, por razón de la materia es improrrogable y está determinada en forma genérica por los artículos 1 y 2 de la Ley de Jurisdicción Agraria, que es ley especial. Dichas normas facultan a las personas juzgadoras de esta disciplina para dirimir o resolver los conflictos relacionados con el ejercicio de actividades agrarias, agroambientales o conexas a éstas."
Considerando III
"El ordinal 56 de la ley de Uso Manejo y Conservación de Suelos Nº7779 de 30 de abril de 1998, es claro en señalar la competencia para conocer y resolver los asuntos originados en la aplicación de esta ley corresponderá a los Tribunales Agrarios."
"Article 56 of the Soil Use, Management, and Conservation Law No. 7779 of April 30, 1998, clearly states that jurisdiction to hear and definitively resolve matters arising from the application of this law shall lie with the Agrarian Tribunals."
Considerando IV
"El ordinal 56 de la ley de Uso Manejo y Conservación de Suelos Nº7779 de 30 de abril de 1998, es claro en señalar la competencia para conocer y resolver los asuntos originados en la aplicación de esta ley corresponderá a los Tribunales Agrarios."
Considerando IV
"Es bajo esta inteligencia que estima esta Cámara, que la explotación minera del inmueble objeto de este asunto, debe residenciarse en la sede especializada agraria, al estar el objeto tutelado vinculado con el fin regulado y de estudio del Derecho Agrario."
"It is under this reasoning that this Chamber considers that the mining exploitation of the property at issue must be heard in the specialized agrarian venue, since the protected object is linked to the purpose regulated and studied by Agrarian Law."
Considerando IV (citando Voto Sala Primera No. 562-C-S1-2012)
"Es bajo esta inteligencia que estima esta Cámara, que la explotación minera del inmueble objeto de este asunto, debe residenciarse en la sede especializada agraria, al estar el objeto tutelado vinculado con el fin regulado y de estudio del Derecho Agrario."
Considerando IV (citando Voto Sala Primera No. 562-C-S1-2012)
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AGRICULTURAL TRIBUNAL Case File: 16-000013-0465-AG Type of Matter: Ordinary agrarian proceeding Analyzed by: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Rulings in the same sense Content of Interest:
Strategic Themes: Environmental Type of content: Majority vote Branch of Law: Agrarian Procedural Law Topic: Agrarian jurisdiction by subject matter Subtopics:
Conflicts involving the development of concessioned soil and subsoil material extraction activities.
Topic: Concession Subtopics:
Conflicts involving the development of concessioned soil and subsoil material extraction activities. Scope of the jurisdiction of the agrarian jurisdiction.
Topic: Mining concession Subtopics:
Conflicts involving the development of concessioned soil and subsoil material extraction activities. Scope of the jurisdiction of the agrarian jurisdiction.
“III- Having reviewed the case file, this Tribunal considers that the present matter is of an agrarian nature, as the lawsuit does not request the review of an administrative act or conduct, or the legality of a State action in the exercise of its control. Rather, it constitutes a real action (acción real) regarding the right of property and possession over a real estate property. The objection of lack of jurisdiction by subject matter must be rejected, given that the claims of the lawsuit are directed at declaring that the defendant has disturbed the possession and property rights of three registered properties whose nature is agrarian and over which public, peaceful, uninterrupted possession has been exercised in the capacity of owner. The liability for damages caused to the real estate properties by virtue of material extraction from the riverbed and adjacent lands, as well as ordering the defendant company to refrain from disturbing the plaintiff's possession. The defendant did not file a counterclaim. Therefore, the object of the proceeding is defined by what is stated in the lawsuit and the response. As can be deduced from what is described in the preceding recital, we are not facing an action that requests the nullity of administrative acts, but rather it corresponds to a real action with accessory claims for damages between private parties. The nature of the registered properties, their historical legal origins, the existence of a material extraction concession in a public domain riverbed in favor of the defendant, and the eventual overlap of lands with the area granted for exploitation by the State, corresponds to matters pertaining to the merits of the proceeding. All of which must be evaluated in light of determining the viability of the filed action or its denial. The claim of this proceeding does not correspond to the conditions that define the contentious-administrative jurisdiction in Article 1 of the Código Procesal Contencioso Administrativo. This Chamber considers that the object of the proceeding is not to guarantee or restore the legality of a Public Administration conduct subject to Public Law, to resolve aspects of the legal-administrative relationship, illegalities by action or omission of the legal system, or abuse of power. Agrarian jurisdiction, by reason of subject matter, is non-extendable (improrrogable) and is generically determined by Articles 1 and 2 of the Ley de Jurisdicción Agraria, which is a special law. Said norms empower the judges of this discipline to settle or resolve conflicts related to the exercise of agrarian, agro-environmental, or related activities. An agrarian fund (fundo agrario) is considered to be that destined for such activities or with the vocation to be destined for them. For this latter supposition, it is important to take into account the size, the location of the land, and the type of production that can be developed on it. In the case under study, it is considered a matter that must be heard by the specialized agrarian jurisdiction by reason of subject matter, since the involved lands are funds of an agricultural nature and their area, as is evident from the registry reports of the properties registered in the name of the plaintiff company, registered folios [Placa1], [Placa2], and [Placa3], all of Limón, with areas of 100,361.27 square meters, the second property of 213,939.79 square meters, and the third property of 362,510.13 square meters. (folios 9 to 11).
IV- In addition to the foregoing, this Tribunal has resolved in conflicts involving the development of concessioned soil and subsoil material extraction activities, that the hearing of these cases corresponds to the specialized agrarian subject matter; a criterion that has been confirmed by the First Chamber of the Supreme Court of Justice: " III-. In the present proceeding, it concerns a contractual breach referring to the sale of a land with a measurement of more than seventy-three hectares, whose use is a quarry or pit (tajo) for the exploitation of the rocky material thereof (see documentary evidence referring to the option to purchase real estate at folio 27, 31). It is worth noting that the case file contains abundant documentary evidence referring to the activity intended to be developed on the fund, and there is certainty that it concerns the exploitation of a quarry, as powers are granted, concessions are requested, and there is all the documentation referring to the processing of permits to carry out such activity (see documentary evidence from folios 40 to 47, 1308 to 1521, among others). From the foregoing, it is evident that the fund is of an agrarian nature for the purposes of exploiting a quarry. In principle, it seems it is not an agrarian conflict; however, one must not disregard that mining activity deals with the exploitation of soil and subsoil. Article 25 of the Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos indicates the following: 'When an exploration permit or a subsoil exploitation concession is granted in areas of agricultural aptitude, the permit-holding or concession-holding company or natural person must include, the work plan and the investment plan, with the corresponding items to achieve the recovery of the soil that is destroyed or deteriorated by the exploitation or extraction works.' In this case, the property in dispute is a fund of agrarian aptitude whose nature is forest, pasture, and fruit trees, as is evident from the plotted plan to represent the land visible at folio 1, with a measurement of more than 73 hectares. Ordinance 56 of the Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos No. 7779 of April 30, 1998, is clear in indicating that jurisdiction to hear and resolve matters originating in the application of this law shall correspond to the Agrarian Tribunals. Based on the foregoing, and given that this case deals with a matter where contractual breach is discussed, seeking its enforcement or the payment of the damages caused, with a dispute over an asset eminently of an agrarian nature and on which the development of a mining activity is intended, it corresponds by express delegation of the law for the Agrarian Tribunals to hear it. Due to the foregoing, the objection of lack of jurisdiction by reason of subject matter raised by the defendant is rejected. In that same sense, see vote of this Tribunal No. 1256-C-11, issued at 12:00 hours on November 15, 2011. Said issued vote was subsequently ratified by vote No. 562-C-S1-2012 of the First Chamber of the Supreme Court of Justice, at 10:10 hours on May 10, 2012, in which it was ordered: '... III. – On the soil resource as an object of protection of Environmental law and Agrarian law. Protective environmental legislations arise due to the need to safeguard the vital elements of the ecosystem from human actions that degrade the capacity for perpetuation of the systems and their resources. Within the normative complex, the Ley de Manejo, Uso y Conservación de Suelos No. 7779 was issued, whose purpose is the protection, conservation, and improvement of soils in an integrated and sustainable management with other natural resources, through promotion and planning. Now, regarding the jurisdiction of the agrarian jurisdiction in hearing matters of the soil resource and matters originating in the application of Law No. 7779; it is important to point out that the birth of Agrarian Law as a legal branch revolves around the activity of production, with its functional jurisdiction being to hear conflicts originating in the application of the Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos and its regulation; the foregoing, in accordance with Article 56 of said law, which reads in relevant part: "The Agrarian Tribunals shall hear and resolve, definitively, the matters originating in the application of this Law." It is under this understanding that this Chamber considers that the mining exploitation of the real estate object of this matter must be placed in the specialized agrarian venue, as the protected object is linked to the regulated purpose and study of Agrarian Law.' By virtue of the foregoing, the objection of lack of jurisdiction by reason of subject matter filed is rejected." (The bold text does not correspond to the original). (Vote No. 033-C-14). Themes developed in that resolution that are related to what has been brought to the case file in the sub judice.
V- For the foregoing reasons and based on Articles 1, 2, and 16 of the Ley de Jurisdicción Agraria, numeral 56 of the Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, the objection of lack of jurisdiction by reason of subject matter filed by Tajo Chirripó S.A. is rejected. It is decreed that this matter is within the jurisdiction of the agrarian jurisdiction for material reasons. Once this resolution becomes final, remit the case file to the trial court in order to continue hearing this proceeding.” ... See more Citations of Legislation and Doctrine Related Rulings *160000130465AG* CASE FILE:
PROCEEDING:
INHIB. ORDINARIO PLAINTIFF:
LINVAS CHIRRIPO S.A.
DEFENDANT:
TAJO CHIRRIPO S.A.
VOTO N° 596-C-16 TRIBUNAL AGRARIO. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.- At eight hours and thirty-eight minutes on the twenty-third of June of two thousand sixteen.- ORDINARY PROCEEDING established by LINVAS CHIRRIPO SOCIEDAD ANÓNIMA, legal ID CED1 - - , represented by [Name1] , of legal age, divorced, resident of Milano de Germania de Siquirres, Limón, identity card number CED2 - - ; and [Name2] , of legal age, married, resident of Heredia, identity card number CED3 - - , in their capacity as president and treasurer respectively with powers as unlimited general agents (apoderados generalísimos sin límite de suma); against TAJO CHIRRIPO SOCIEDAD ANÓNIMA, legal ID CED4 - - , represented by its unlimited general agents (apoderados generalísimos sin límite de suma), Messrs. [Name3] , passport CED5 and [Name4] , passport CED6 . Acting as special judicial attorneys (apoderados especiales judiciales): for the plaintiff company, licensed attorney Kenneth Muñoz Linkimer, of legal age, married, lawyer, resident of San Isidro del General, identity card number CED7 - - ; and for the defendant entity, attorney Alberto Carrillo Delgado, of legal age, married, lawyer, resident of Heredia, identity card number CED8 - - . Processed before the Juzgado Agrario of the First Judicial Circuit of the Atlantic Zone, based in Limón.- Drafted by Judge Castro García; and, RECITALS (CONSIDERANDO) I- The Juzgado Agrario of the I Judicial Circuit of the Atlantic Zone (Limón), by order issued at 15:33 hours on May 11, 2016 (folio 251), elevates to this Tribunal the hearing of the objection of lack of jurisdiction by reason of subject matter filed within the legal term by the defendant (folio 138 to 140).
II- The plaintiff, in the lawsuit, describes itself as the registered owner and possessor of three adjoining properties with an agricultural nature. With areas of 100,361.27 square meters, the second property of 213,939.79 square meters, and the third property of 362,510.13 square meters. With a joint approximate area of 120 hectares. Its purpose, it points out, is to exploit the soil material existing on the lands by requesting a concession for its extraction, in addition to protecting the biodiversity that has been kept conserved. Since it acquired the lands, it argues, it has exercised full possession. It cites that the company Tajo Chirripó S.A., arbitrarily and illegally, has carried out extractions within its properties, affecting flora and fauna, in disrespect of its rights. Affecting the riverbed and the land covered by its waters at their highest floods. It explains that the lands from that point onward are registered in its name. Causing the diversion of the body of water. Furthermore, its plan demonstrates that it is the registered owner of the adjoining land. It points out that in Mining Case File No. 30-90 of Geología y Minas, the geologist's reports on the damages occurred are on record and that part of our lands were included within the concession; without the existence of authorizations from the current or previous registered owners for it to be part of the material exploitation. The extraction activity has been carried out to the detriment of reforestation areas and the riverbank. All in violation of Article 33 of the Ley Forestal, and Articles 8 and 11 of the Ley de Biodiversidad. The foregoing, it argues, is the cause of the complaints that have been filed on its part, in order to compel the immediate suspension of the works and eventual assessment of environmental damage. As claims in its lawsuit, it principally requests that it be declared: 1) the defendant has disturbed the possession and property rights of three registered properties whose nature is agrarian. Over which public, peaceful, uninterrupted possession has been exercised in the capacity of owner. 2) The defendant is liable for the damages caused to the real estate properties. 3) It be ordered to refrain from disturbing the plaintiff's possession. As atypical precautionary measures (medidas cautelares atípicas), among others, it requests that the Ministerio de Ambiente be ordered to issue a suspension of the excavation works in the Chirripó River on the lands in litigation. Specifically where the overlap is located on the river boundary, the excavated area on its property. The foregoing because damages are being caused to natural resources, felling, and soils located on its real estate properties. (folios 42 to 64 and clarification at folio 68 to 83). For its part, the defendant responds negatively to the action (folio 142), stating that it is the one who has exercised possession lawfully by virtue of the concession legally granted by the Dirección de Geología y Minas. That after they were granted, it refutes, they learned that they include properties illegally titled by the then ITCO, today INDER, and currently in the name of the sellers in the year 2013. It reproaches that the lands were physically nonexistent when they were adjudicated to the plaintiff and when the State grants the concession for materials from the public domain riverbed. That furthermore, due to their public domain (demanial) nature, they are not claimable by private individuals. It argues that the proceeding filed is a procedural fraud against it, knowing that its acquisition is recent and the concession was granted in 1992. It points out, as part of the objection of lack of jurisdiction, that the plaintiff, when acquiring, did not verify boundaries, location, and activities carried out on the lands. In addition to not stating which agricultural, forestry, livestock, or other activities it develops on the funds. It accuses that the concessioned activity has been developed in plain sight and with the acquiescence of the plaintiff. The same activity that is carried out under the supervision of the Dirección de Geología y Minas and the competent Municipal Corporation. It rejects the accusation of disrespect for the environmental norms cited in the lawsuit. The basis for the lack of jurisdiction (f. 138 and 206) rests on the following arguments: a) it holds in its favor the concession since 1992 over the area that the plaintiff seeks to be recognized. b) If the funds were able to be titled in the plaintiff's name, it was done illegally as they are part of the public domain. c) The plaintiff has never exercised possession in the claimed area. d) The former ITCO, today INDER, hastily transferred real estate properties in favor of private individuals through totally null administrative acts over public domain assets that the Constitutional Chamber itself has obliged it to recover. e) In this case, it deals with three lands and, in between, the public domain riverbed, which requires technical management.
III- Having reviewed the case file, this Tribunal considers that the present matter is of an agrarian nature, as the lawsuit does not request the review of an administrative act or conduct, or the legality of a State action in the exercise of its control. Rather, it constitutes a real action regarding the right of property and possession over a real estate property. The objection of lack of jurisdiction by subject matter must be rejected, given that the claims of the lawsuit are directed at declaring that the defendant has disturbed the possession and property rights of three registered properties whose nature is agrarian and over which public, peaceful, uninterrupted possession has been exercised in the capacity of owner. The liability for damages caused to the real estate properties by virtue of material extraction from the riverbed and adjacent lands, as well as ordering the defendant company to refrain from disturbing the plaintiff's possession. The defendant did not file a counterclaim. Therefore, the object of the proceeding is defined by what is stated in the lawsuit and the response. As can be deduced from what is described in the preceding recital, we are not facing an action that requests the nullity of administrative acts, but rather it corresponds to a real action with accessory claims for damages between private parties. The nature of the registered properties, their historical legal origins, the existence of a material extraction concession in a public domain riverbed in favor of the defendant, and the eventual overlap of lands with the area granted for exploitation by the State, corresponds to matters pertaining to the merits of the proceeding. All of which must be evaluated in light of determining the viability of the filed action or its denial. The claim of this proceeding does not correspond to the conditions that define the contentious-administrative jurisdiction in Article 1 of the Código Procesal Contencioso Administrativo. This Chamber considers that the object of the proceeding is not to guarantee or restore the legality of a Public Administration conduct subject to Public Law, to resolve aspects of the legal-administrative relationship, illegalities by action or omission of the legal system, or abuse of power. Agrarian jurisdiction, by reason of subject matter, is non-extendable and is generically determined by Articles 1 and 2 of the Ley de Jurisdicción Agraria, which is a special law. Said norms empower the judges of this discipline to settle or resolve conflicts related to the exercise of agrarian, agro-environmental, or related activities. An agrarian fund is considered to be that destined for such activities or with the vocation to be destined for them. For this latter supposition, it is important to take into account the size, the location of the land, and the type of production that can be developed on it. In the case under study, it is considered a matter that must be heard by the specialized agrarian jurisdiction by reason of subject matter, since the involved lands are funds of an agricultural nature and their area, as is evident from the registry reports of the properties registered in the name of the plaintiff company, registered folios [Placa1], [Placa2], and [Placa3], all of Limón, with areas of 100,361.27 square meters, the second property of 213,939.79 square meters, and the third property of 362,510.13 square meters. (folios 9 to 11).
IV- In addition to the foregoing, this Tribunal has resolved in conflicts involving the development of concessioned soil and subsoil material extraction activities, that the hearing of these cases corresponds to the specialized agrarian subject matter; a criterion that has been confirmed by the First Chamber of the Supreme Court of Justice: " III-. In the present proceeding, it concerns a contractual breach referring to the sale of a land with a measurement of more than seventy-three hectares, whose use is a quarry or pit for the exploitation of the rocky material thereof (see documentary evidence referring to the option to purchase real estate at folio 27, 31). It is worth noting that the case file contains abundant documentary evidence referring to the activity intended to be developed on the fund, and there is certainty that it concerns the exploitation of a quarry, as powers are granted, concessions are requested, and there is all the documentation referring to the processing of permits to carry out such activity (see documentary evidence from folios 40 to 47, 1308 to 1521, among others). From the foregoing, it is evident that the fund is of an agrarian nature for the purposes of exploiting a quarry. In principle, it seems it is not an agrarian conflict; however, one must not disregard that mining activity deals with the exploitation of soil and subsoil. Article 25 of the Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos indicates the following: 'When an exploration permit or a subsoil exploitation concession is granted in areas of agricultural aptitude, the permit-holding or concession-holding company or natural person must include, the work plan and the investment plan, with the corresponding items to achieve the recovery of the soil that is destroyed or deteriorated by the exploitation or extraction works.' In this case, the property in dispute is a fund of agrarian aptitude whose nature is forest, pasture, and fruit trees, as is evident from the plotted plan to represent the land visible at folio 1, with a measurement of more than 73 hectares. Ordinance 56 of the Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos No. 7779 of April 30, 1998, is clear in indicating that jurisdiction to hear and resolve matters originating in the application of this law shall correspond to the Agrarian Tribunals. Based on the foregoing, and given that this case deals with a matter where contractual breach is discussed, seeking its enforcement or the payment of the damages caused, with a dispute over an asset eminently of an agrarian nature and on which the development of a mining activity is intended, it corresponds by express delegation of the law for the Agrarian Tribunals to hear it. Due to the foregoing, the objection of lack of jurisdiction by reason of subject matter raised by the defendant is rejected. In that same sense, see vote of this Tribunal No. 1256-C-11, issued at 12:00 hours on November 15, 2011. Said issued vote was subsequently ratified by vote No. 562-C-S1-2012 of the First Chamber of the Supreme Court of Justice, at 10:10 hours on May 10, 2012, in which it was ordered: '... III. – On the soil resource as an object of protection of Environmental law and Agrarian law. Protective environmental legislations arise due to the need to safeguard the vital elements of the ecosystem from human actions that degrade the capacity for perpetuation of the systems and their resources. Within the normative complex, the Ley de Manejo, Uso y Conservación de Suelos No. 7779 was issued, whose purpose is the protection, conservation, and improvement of soils in an integrated and sustainable management with other natural resources, through promotion and planning. Now, regarding the jurisdiction of the agrarian jurisdiction in hearing matters of the soil resource and matters originating in the application of Law No. 7779; it is important to point out that the birth of Agrarian Law as a legal branch revolves around the activity of production, with its functional jurisdiction being to hear conflicts originating in the application of the Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos and its regulation; the foregoing, in accordance with Article 56 of said law, which reads in relevant part: "The Agrarian Tribunals shall hear and resolve, definitively, the matters originating in the application of this Law." It is under this understanding that this Chamber considers that the mining exploitation of the real estate object of this matter must be placed in the specialized agrarian venue, as the protected object is linked to the regulated purpose and study of Agrarian Law.' By virtue of the foregoing, the objection of lack of jurisdiction by reason of subject matter filed is rejected." (The bold text does not correspond to the original). (Vote No. 033-C-14). Themes developed in that resolution that are related to what has been brought to the case file in the sub judice.
V- For the foregoing reasons and based on Articles 1, 2, and 16 of the Ley de Jurisdicción Agraria, numeral 56 of the Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, the objection of lack of jurisdiction by reason of subject matter filed by Tajo Chirripó S.A. is rejected. It is decreed that this matter is within the jurisdiction of the agrarian jurisdiction for material reasons. Once this resolution becomes final, remit the case file to the trial court in order to continue hearing this proceeding.
THEREFORE (POR TANTO) The objection of lack of jurisdiction is rejected. It is declared that this proceeding is within the jurisdiction by reason of subject matter of the Juzgado Agrario of the First Judicial Circuit of the Atlantic Zone. Once this resolution becomes final, remit the case file to this latter office so that it may continue with its processing.
[Name5] - JUEZ/A DECISOR/A [Name6] – JUEZ/A DECISOR/A [Name7] - JUEZ/A DECISOR/A Classification prepared by CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL of the Poder Judicial. Its reproduction and/or distribution in an onerous form is prohibited.
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Tribunal Agrario Clase de asunto: Proceso ordinario agrario Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Sentencias en igual sentido Contenido de Interés:
Temas Estrategicos: Ambiental Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Derecho Procesal Agrario Tema: Competencia agraria por materia Subtemas:
Conflictos donde media el desarrollo de actividades de extracción de material de suelo y subsuelo concesionadas.
Tema: Concesión Subtemas:
Conflictos donde media el desarrollo de actividades de extracción de material de suelo y subsuelo concesionadas. Alcances de la competencia de la jurisdicción agraria.
Tema: Concesión minera Subtemas:
Conflictos donde media el desarrollo de actividades de extracción de material de suelo y subsuelo concesionadas. Alcances de la competencia de la jurisdicción agraria.
“III- Revisados los autos estima este Tribunal que el presente asunto es de naturaleza agraria al no estarse solicitando en la demanda la revisión de un acto o conducta administrativa o la legalidad de una actuación del Estado, en ejercicio de su control. Sino constituye una acción real del derecho de propiedad y posesión sobre un inmueble. Debe ser rechazada la excepción de incompetencia por la materia, dado que las pretensiones de la demanda se dirigen a declarar que la accionada ha perturbado los derechos de posesión y propiedad de tres fincas inscritas cuya naturaleza es agraria y sobre las cuales se ha ejercido posesión pública, pacífica, a título de dueña e ininterrumpidamente. La responsabilidad por daños causados a los inmuebles en virtud de extracción de material en el cauce y terrenos aledaños, así como se ordene a la sociedad demandada se abstenga de perturbar la posesión de la actora. La parte demandada no contrademandó. Por lo que el objeto del proceso queda definido con lo expuesto en la demanda y contestación. Como logra deducirse de lo descrito en el considerando anterior, no estamos ante una acción que solicite la nulidad de actos administrativos, sino que corresponde a una acción real con pretensiones accesorias de daños entre particulares. La naturaleza de las fincas inscritas, sus orígenes histórico legales, la existencia de una concesión de extracción de material en cauce de dominio público a favor de la accionada y el eventual traslape de terrenos con el área dada en explotación por el Estado, corresponde a temas propios del fondo del proceso. Todo lo cual deberá ser valorado a la luz de determinar la procedibilidad de la acción interpuesta o su denegatoria. La pretensión de este proceso no corresponde a las condiciones que definen la jurisdicción contenciosa administrativa en el artículo 1 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Considera esta Cámara, el objeto del proceso no es garantizar o restablecer la legalidad de una conducta de la Administración Pública sometida al Derecho Público, resolver sobre aspectos de la relación jurídico-administrativa, ilegalidades por acción u omisión del ordenamiento jurídico o desviación de poder. La competencia agraria, por razón de la materia es improrrogable y está determinada en forma genérica por los artículos 1 y 2 de la Ley de Jurisdicción Agraria, que es ley especial. Dichas normas facultan a las personas juzgadoras de esta disciplina para dirimir o resolver los conflictos relacionados con el ejercicio de actividades agrarias, agroambientales o conexas a éstas. Se considera fundo agrario aquél destinado a dichas actividades o con vocación para destinarse a ellas. Para éste último supuesto, es importante tomar en cuenta la medida, la ubicación del terreno y el tipo de producción que se puede desarrollar en él. En el caso en estudio se estima es un asunto que debe ser conocido por la jurisdicción especializada agraria por razón de la materia al ser los terrenos involucrados fundos de naturaleza agrícola y su cabida, según se desprende de los informes registrales de las fincas inscritas a nombre de la sociedad actora matriculas [Placa1], [Placa2] y [Placa3] todas de Limón con áreas de 100.361,27 metros cuadrados, la segunda finca de 213.939,79 metros cuadrados y la tercera heredad de 362.510,13 metros cuadrados. (folios 9 a 11).
IV- Aunado a lo anterior, este Tribunal ha resuelto en conflictos donde media el desarrollo de actividades de extracción de material de suelo y subsuelo concesiondas que corresponde a la materia especializada agraria el conocimiento de estas causas; criterio que ha confirmado la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: " III-. En el presente proceso se trata de un incumplimiento contractual referido a la compraventa de un terreno con una medida de más de setenta y tres hectáreas cuya utilización de una cantera o tajo para el aprovechamiento del material rocoso del mismo (ver documental referida a opción de compraventa de bien inmueble a folio 27, 31). No está demás señalar que consta en el expediente abundante prueba documental referida a la actividad que se pretende desarrollar sobre el fundo y se tiene la certeza de que se trata de la explotación de un cantera, pues se otorgan poderes, se solicitan concesiones y existe toda la documental referida a la tramitología de los permisos para realizar tal actividad (ver documental de folios 40 a 47, 1308 a 1521, entre otros). De lo expuesto resulta evidente el fundo es de naturaleza agraria con fines de explotación de una cantera. En principio pareciera no se trata de un conflicto agrario, sin embargo no se debe dejar de lado la actividad minera trata sobre la explotación del suelo y subsuelo. El artículo 25 de la Ley de Uso, manejo y Conservación de Suelos indica lo siguiente: "Cuando se otorgue un permiso de exploración o una concesión de explotación del subsuelo en áreas de aptitud agrícola, la empresa o persona física permisionaria o concesionaria deberá incluir, el plan de trabajo y el plan de inversiones, con los rubros correspondientes para lograr la recuperación del suelo que se destruya o deteriore con las obras de explotación o extracción." . En este caso la finca en disputa es un fundo de aptitud agraria cuya naturaleza es de bosque, potrero y frutales, según se desprende del plano graficado para representar el terreno visible a folio 1, con una medida de más de 73 hectáreas. El ordinal 56 de la ley de Uso Manejo y Conservación de Suelos Nº7779 de 30 de abril de 1998, es claro en señalar la competencia para conocer y resolver los asuntos originados en la aplicación de esta ley corresponderá a los Tribunales Agrarios. Partiendo de lo expuesto y tratarse en este caso un asunto donde se discute el incumplimiento contractual tratando de que el mismo sea ejecutado o se paguen los daños y los perjuicios causados, estando en disputa sobre un bien eminentemente de naturaleza agraria y en el cual se pretende el desarrollo de una una actividad minera sobre el mismo, corresponde por delegación expresa de la ley conocer a los Tribunales Agrarios. Debido a lo anteriormente expuesto se rechaza la excepción de falta de competencia en razón de la materia opuesta por la parte demandada. En ese mismo sentido puede verse voto de este Tribunal Nº 1256-C-11, dictado a las 12 horas del 15 de noviembre de 2011. Dicho voto dictado fue posteriormente ratificado por voto Nº 562-C-S1-2012 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, de las 10:10 horas del 10 de mayo de 2012, en el cual se dispuso: "... III. – Sobre el recurso suelo como objeto de tutela del derecho Ambiental y del derecho Agrario. Las legislaciones tutelares del ambiente, surgen debido a l a necesidad de resguardar los vitales elementos del ecosistema de las acciones humanas, que degradan la capacidad de perpetuación de los sistemas y sus recursos. Dentro de complejo normativo, se emite la Ley de Manejo, Uso y Conservación de Suelos no. 7779, que tiene como finalidad la protección, conservación y mejoramiento de los suelos en una gestión integrada y sostenible con los demás recursos naturales, mediante el fomento y planificación. Ahora bien, sobre la competencia de la jurisdicción agraria en el conocimiento de materia del recurso suelos y de los asuntos originados en la aplicación de la Ley no. 7779; es importante, señalar que el nacimiento del Derecho Agrario como rama jurídica, gira en torno a la actividad de producción, siendo su competencia funcional la de conocer los conflictos originados en la aplicación de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos y su reglamento ; lo anterior, de conformidad con el artículo 56 de dicha ley que reza en lo que interesa: "Corresponderá a los Tribunales Agrarios conocer y resolver, definitivamente, los asuntos originados en la aplicación de la presente Ley.” Es bajo esta inteligencia que estima esta Cámara, que la explotación minera del inmueble objeto de este asunto, debe residenciarse en la sede especializada agraria , al estar el objeto tutelado vinculado con el fin regulado y de estudio del Derecho Agrario.". En virtud de lo expuesto se rechaza la excepción de incompetencia en razón de la materia intrepuesta." (La negrita no corresponde a su original). (Voto N. 033-C-14). Temas desarrollados en esa resolución que tienen relación con lo que ha sido traído a los autos en el subjúdice.
V- Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 1, 2 y 16 de la Ley de Jurisdicción Agraria, numeral 56 de la Ley de Uso Manejo y Conservación de Suelos, se rechaza la excepción de incompetencia por razón de la materia interpuesta por Tajo Chirripó S.A. Se decreta que este asunto es competencia de la jurisdicción agraria por motivos materiales. Firme esta resolución remítase el expediente al juzgado de instancia a fin de seguir conociendo este proceso.” ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas *160000130465AG* INHIB. ORDINARIO ACTOR/A:
LINVAS CHIRRIPO S.A.
DEMANDADO/A:
TAJO CHIRRIPO S.A.
VOTO N° 596-C-16 TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las ocho horas y treinta y ocho minutos del veintitrés de junio de dos mil dieciséis.- PROCESO ORDINARIO establecido por LINVAS CHIRRIPO SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica CED1 - - , representada por [Nombre1] , mayor, divorciado, vecino de Milano de Germania de Siquirres, Limón, cédula de identidad número CED2 - - ; y [Nombre2] , mayor, casado, vecino de Heredia, cédula de identidad número CED3 - - , en su condición de presidente y tesorero respectivamente con facultades de apoderados generalísimos sin límite de suma; contra TAJO CHIRRIPO SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica CED4 - - , representada por sus apoderados generalísimos sin límite de suma los señores [Nombre3] , pasaporte CED5 y [Nombre4] , pasaporte CED6 . Actúa n como apoderados especiales judiciales: de la sociedad actora el licenciado Kenneth Muñoz Linkimer, mayor, casado, abogado, vecino de San Isidro del General, cédula de identidad número CED7 - - ; y de la entidad demandada el letrado Alberto Carrillo Delgado, mayor, casado, abogado, vecino de Heredia, cédula de identidad número CED8 - - . Tramitado ante el Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, con sede en Limón.- Redacta la jueza Castro García; y,
CONSIDERANDO
I- El Juzgado Agrario del I Circuito Judicial de la Zona Atlántica (Limón ) por auto de las 15:33 horas del 11 de mayo del 2016 (folio 251), eleva a este Tribunal el conocimiento de la excepción de incompetencia por razón de la materia interpuesta dentro del plazo legal por la demandada (folio 138 a 140).
II- La parte actora, en la demanda describe es titular registral y poseedora de tres fincas conjuntas con naturaleza de agricultura. Con cabidas de 100.361,27 metros cuadrados, la segunda finca de 213.939,79 metros cuadrados y la tercera heredad de 362.510,13 metros cuadrados. Con área aproximada conjunta de 120 hectáreas. Su finalidad, apunta, es aprovechar el material del suelo existente en los terrenos mediante la solicitud de una concesión para su extracción, además de proteger la biodiversidad que se ha mantenido conservada. Desde que adquirió los terrenos, aduce, ha ejercido la plena posesión. Cita, la empresa Tajo Chirripó S.A. de forma arbitraria e ilegal, dentro de sus fincas ha realizado extracciones afectando flora y fauna en irrespeto de su derechos. Afectando el cauce del río y el terreno que cubren sus aguas en las mayores crecidas. Explica, los terrenos a partir de ese punto están inscritos a su nombre. Produciendo la desviación del cuerpo de agua. Además, su plano demuestra que es titular registral del terreno colindante. Señala, en el expediente minero N. 30-90 de Geología y Minas constan los informes del geólogo de los daños ocurridos y que dentro de la concesión se incorporó parte de nuestros terrenos; sin que existan las autorizaciones del propietario registral actual o los anteriores para que sea parte de la explotación de material. La actividad de extracción se ha ejercido en perjuicio de áreas de reforestación y margen del río. Todo en violación del artículo 33 de Ley Forestal, 8 y 11 de Ley de Biodiversidad. Lo anterior, argumenta, es la causa de las denuncias que se han interpuesto por su parte, a fin de obligarse a la suspensión inmediata de las labores y eventual valoración del daño ambiental. Como pretensiones de su demanda solicita principalmente se declare: 1) la accionada ha perturbado los derechos de posesión y propiedad de tres fincas inscritas cuya naturaleza es agraria. Sobre las que ha ejercido posesión pública, pacífica, a título de dueño e ininterrumpidamente. 2) La demandada es responsable de los daños causados a los inmuebles. 3) Se le ordene se abstenga de perturbar la posesión de la actora. Como medidas cautelares atípicas, entre otras solicita, se ordene al Ministerio de Ambiente expida una suspensión de los trabajos de excavación en el Río Chirripó en los terrenos en litis. Específicamente donde se ubica el traslape en la colindancia del río, área excavada en su propiedad. Lo anterior por causarse daños en los recursos naturales, tala y suelos ubicados en sus inmuebles. (folios 42 a 64 y aclaración a folio 68 a 83). Por su parte, la demandada contesta negativamente la acción (folio 142) señalando es quien ha ejercido la posesión de forma lícita en virtud de la concesión legalmente otorgada por la Dirección de Geología y Minas. Que luego de ser expedidas, refuta, se enteran que incluyen las propiedades ilícitamente tituladas por el entonces ITCO hoy INDER, y actualmente a nombre de los vendedores en el año 2013. Reprocha, los terrenos eran físicamente inexistentes al ser adjudicados a la parte actora y cuando el Estado otorga la concesión de materiales de cauce de dominio público. Que además, por su naturaleza demanial no son reclamables por personas particulares. Argumenta, el proceso planteado es un fraude procesal en su contra, a sabiendas de que su adquisición es reciente y desde 1992 se otorgó la concesión. Hace ver, como parte de la excepción de incompetencia, la accionante al adquirir no hace verificación de linderos, ubicación y labores ejercidas en los terrenos. Además de no expresar cuales labores agrícolas, forestales, pecuarias u otras que desarrolla en los fundos. Acusa, a vista y paciencia de la demandante se ha desarrollado la actividad concesionada. Misma que se realiza bajo la fiscalización de la Dirección de Geología y Minas y la Corporación Municipal competente. Rechaza la acusación del irrespeto a las normas ambientales citadas en la demanda. La fundamentación de la falta de competencia (f. 138 y 206) se basa en los siguientes argumentos: a) ostenta a su favor la concesión desde 1992 sobre el área que pretende la actora le sea reconocida. b) Si lograron ser titulados a nombre de la actora los fundos, lo fue de forma ilegal por ser parte del dominio público. c) La actora nunca ha ejercido posesión en el área reclamada. d) El anterior ITCO hoy INDER festinó inmuebles a favor de particulares mediante actuaciones administrativas totalmente nulas en bienes demaniales que la misma Sala Constitucional le ha obligado a recuperar. e) En este caso de trata de tres terrenos y en medio el cauce de dominio público, lo que requiere un manejo técnico.
III- Revisados los autos estima este Tribunal que el presente asunto es de naturaleza agraria al no estarse solicitando en la demanda la revisión de un acto o conducta administrativa o la legalidad de una actuación del Estado, en ejercicio de su control. Sino constituye una acción real del derecho de propiedad y posesión sobre un inmueble. Debe ser rechazada la excepción de incompetencia por la materia, dado que las pretensiones de la demanda se dirigen a declarar que la accionada ha perturbado los derechos de posesión y propiedad de tres fincas inscritas cuya naturaleza es agraria y sobre las cuales se ha ejercido posesión pública, pacífica, a título de dueña e ininterrumpidamente. La responsabilidad por daños causados a los inmuebles en virtud de extracción de material en el cauce y terrenos aledaños, así como se ordene a la sociedad demandada se abstenga de perturbar la posesión de la actora. La parte demandada no contrademandó. Por lo que el objeto del proceso queda definido con lo expuesto en la demanda y contestación. Como logra deducirse de lo descrito en el considerando anterior, no estamos ante una acción que solicite la nulidad de actos administrativos, sino que corresponde a una acción real con pretensiones accesorias de daños entre particulares. La naturaleza de las fincas inscritas, sus orígenes histórico legales, la existencia de una concesión de extracción de material en cauce de dominio público a favor de la accionada y el eventual traslape de terrenos con el área dada en explotación por el Estado, corresponde a temas propios del fondo del proceso. Todo lo cual deberá ser valorado a la luz de determinar la procedibilidad de la acción interpuesta o su denegatoria. La pretensión de este proceso no corresponde a las condiciones que definen la jurisdicción contenciosa administrativa en el artículo 1 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Considera esta Cámara, el objeto del proceso no es garantizar o restablecer la legalidad de una conducta de la Administración Pública sometida al Derecho Público, resolver sobre aspectos de la relación jurídico-administrativa, ilegalidades por acción u omisión del ordenamiento jurídico o desviación de poder. La competencia agraria, por razón de la materia es improrrogable y está determinada en forma genérica por los artículos 1 y 2 de la Ley de Jurisdicción Agraria, que es ley especial. Dichas normas facultan a las personas juzgadoras de esta disciplina para dirimir o resolver los conflictos relacionados con el ejercicio de actividades agrarias, agroambientales o conexas a éstas. Se considera fundo agrario aquél destinado a dichas actividades o con vocación para destinarse a ellas. Para éste último supuesto, es importante tomar en cuenta la medida, la ubicación del terreno y el tipo de producción que se puede desarrollar en él. En el caso en estudio se estima es un asunto que debe ser conocido por la jurisdicción especializada agraria por razón de la materia al ser los terrenos involucrados fundos de naturaleza agrícola y su cabida, según se desprende de los informes registrales de las fincas inscritas a nombre de la sociedad actora matriculas [Placa1], [Placa2] y [Placa3] todas de Limón con áreas de 100.361,27 metros cuadrados, la segunda finca de 213.939,79 metros cuadrados y la tercera heredad de 362.510,13 metros cuadrados. (folios 9 a 11).
IV- Aunado a lo anterior, este Tribunal ha resuelto en conflictos donde media el desarrollo de actividades de extracción de material de suelo y subsuelo concesiondas que corresponde a la materia especializada agraria el conocimiento de estas causas; criterio que ha confirmado la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: " III-. En el presente proceso se trata de un incumplimiento contractual referido a la compraventa de un terreno con una medida de más de setenta y tres hectáreas cuya utilización de una cantera o tajo para el aprovechamiento del material rocoso del mismo (ver documental referida a opción de compraventa de bien inmueble a folio 27, 31). No está demás señalar que consta en el expediente abundante prueba documental referida a la actividad que se pretende desarrollar sobre el fundo y se tiene la certeza de que se trata de la explotación de un cantera, pues se otorgan poderes, se solicitan concesiones y existe toda la documental referida a la tramitología de los permisos para realizar tal actividad (ver documental de folios 40 a 47, 1308 a 1521, entre otros). De lo expuesto resulta evidente el fundo es de naturaleza agraria con fines de explotación de una cantera. En principio pareciera no se trata de un conflicto agrario, sin embargo no se debe dejar de lado la actividad minera trata sobre la explotación del suelo y subsuelo. El artículo 25 de la Ley de Uso, manejo y Conservación de Suelos indica lo siguiente: "Cuando se otorgue un permiso de exploración o una concesión de explotación del subsuelo en áreas de aptitud agrícola, la empresa o persona física permisionaria o concesionaria deberá incluir, el plan de trabajo y el plan de inversiones, con los rubros correspondientes para lograr la recuperación del suelo que se destruya o deteriore con las obras de explotación o extracción." . En este caso la finca en disputa es un fundo de aptitud agraria cuya naturaleza es de bosque, potrero y frutales, según se desprende del plano graficado para representar el terreno visible a folio 1, con una medida de más de 73 hectáreas. El ordinal 56 de la ley de Uso Manejo y Conservación de Suelos Nº7779 de 30 de abril de 1998, es claro en señalar la competencia para conocer y resolver los asuntos originados en la aplicación de esta ley corresponderá a los Tribunales Agrarios. Partiendo de lo expuesto y tratarse en este caso un asunto donde se discute el incumplimiento contractual tratando de que el mismo sea ejecutado o se paguen los daños y los perjuicios causados, estando en disputa sobre un bien eminentemente de naturaleza agraria y en el cual se pretende el desarrollo de una una actividad minera sobre el mismo, corresponde por delegación expresa de la ley conocer a los Tribunales Agrarios. Debido a lo anteriormente expuesto se rechaza la excepción de falta de competencia en razón de la materia opuesta por la parte demandada. En ese mismo sentido puede verse voto de este Tribunal Nº 1256-C-11, dictado a las 12 horas del 15 de noviembre de 2011. Dicho voto dictado fue posteriormente ratificado por voto Nº 562-C-S1-2012 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, de las 10:10 horas del 10 de mayo de 2012, en el cual se dispuso: "... III. – Sobre el recurso suelo como objeto de tutela del derecho Ambiental y del derecho Agrario. Las legislaciones tutelares del ambiente, surgen debido a l a necesidad de resguardar los vitales elementos del ecosistema de las acciones humanas, que degradan la capacidad de perpetuación de los sistemas y sus recursos. Dentro de complejo normativo, se emite la Ley de Manejo, Uso y Conservación de Suelos no. 7779, que tiene como finalidad la protección, conservación y mejoramiento de los suelos en una gestión integrada y sostenible con los demás recursos naturales, mediante el fomento y planificación. Ahora bien, sobre la competencia de la jurisdicción agraria en el conocimiento de materia del recurso suelos y de los asuntos originados en la aplicación de la Ley no. 7779; es importante, señalar que el nacimiento del Derecho Agrario como rama jurídica, gira en torno a la actividad de producción, siendo su competencia funcional la de conocer los conflictos originados en la aplicación de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos y su reglamento ; lo anterior, de conformidad con el artículo 56 de dicha ley que reza en lo que interesa: "Corresponderá a los Tribunales Agrarios conocer y resolver, definitivamente, los asuntos originados en la aplicación de la presente Ley.” Es bajo esta inteligencia que estima esta Cámara, que la explotación minera del inmueble objeto de este asunto, debe residenciarse en la sede especializada agraria , al estar el objeto tutelado vinculado con el fin regulado y de estudio del Derecho Agrario.". En virtud de lo expuesto se rechaza la excepción de incompetencia en razón de la materia intrepuesta." (La negrita no corresponde a su original). (Voto N. 033-C-14). Temas desarrollados en esa resolución que tienen relación con lo que ha sido traído a los autos en el subjúdice.
V- Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 1, 2 y 16 de la Ley de Jurisdicción Agraria, numeral 56 de la Ley de Uso Manejo y Conservación de Suelos, se rechaza la excepción de incompetencia por razón de la materia interpuesta por Tajo Chirripó S.A. Se decreta que este asunto es competencia de la jurisdicción agraria por motivos materiales. Firme esta resolución remítase el expediente al juzgado de instancia a fin de seguir conociendo este proceso.
POR TANTO
Se rechaza la excepción de incompetencia . Se declara este proceso es competencia por razón de la materia del Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica. Firme esta resolución, remítase el expediente a este último despacho para que continúe con la tramitación del mismo.
[Nombre5] - JUEZ/A DECISOR/A [Nombre6] – JUEZ/A DECISOR/A [Nombre7] - JUEZ/A DECISOR/A Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.
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