← Environmental Law Center← Centro de Derecho Ambiental
Res. 00036-2016 Tribunal Contencioso Administrativo Sección III · Tribunal Contencioso Administrativo Sección III · 11/02/2016
OutcomeResultado
The Tribunal denies the precautionary measure seeking to halt Condominio Lindora construction as the danger in delay was unproven due to lack of technical evidence of serious environmental harm, also weighing the project's SETENA environmental viability and advanced construction progress.El Tribunal rechaza la medida cautelar que buscaba suspender las obras del Condominio Lindora al no acreditar el peligro en la demora por falta de prueba técnica del daño ambiental grave, ponderando además la existencia de viabilidad ambiental de SETENA y el avanzado estado de construcción.
SummaryResumen
The Contentious-Administrative Tribunal, Section Three, decided an appeal and a precautionary measure request filed by Corporación B L Veintiuno de Santa Ana S.A. against the municipality's rejection of an extraordinary review petition, seeking to halt construction of the Condominio Lindora project in Santa Ana. The Tribunal declared the appeal inadmissible regarding several earlier acts — being procedural, time-barred, or unidentifiable — but admitted it for the 2014 construction permits. Regarding the precautionary measure, the Tribunal denied it because, while the appearance of a good right was met, the moving party failed to prove the danger in delay: it produced no technical evidence of the alleged serious environmental harm. In balancing interests, the Tribunal also weighed that the project held SETENA environmental viability and that construction was 75% complete, making a halt disproportionately harmful to the developer. It cited constitutional precedent requiring a balance between in dubio pro natura and economic development, and demanding technical studies to trigger the precautionary principle.El Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera, resolvió un recurso de apelación y una solicitud de medida cautelar presentados por Corporación B L Veintiuno de Santa Ana S.A. contra el rechazo municipal de un recurso extraordinario de revisión y para suspender las obras del proyecto Condominio Lindora en Santa Ana. El Tribunal declaró inadmisible el recurso de apelación respecto de varios actos previos por tratarse de actos de trámite, estar prescritos o no estar debidamente individualizados, pero admitió el recurso en cuanto al otorgamiento de permisos de construcción de 2014. Sobre la medida cautelar, el Tribunal la rechazó al considerar que, aunque se cumplía con la apariencia de buen derecho, no se acreditó el peligro en la demora porque el recurrente no presentó prueba técnica del daño ambiental grave alegado. Además, en la ponderación de intereses, el Tribunal dio peso a que el proyecto contaba con viabilidad ambiental de SETENA y a que las obras ya tenían un 75% de avance, lo que implicaría graves perjuicios económicos al desarrollador. Citó jurisprudencia constitucional sobre el equilibrio entre in dubio pro natura y desarrollo, exigiendo estudios técnicos para aplicar el principio precautorio.
Key excerptExtracto clave
With respect to serious harm, and this associated with the danger in delay, note that the moving party requests as a precautionary measure that all construction work be immediately suspended until the appeal filed before this hierarchy is resolved. On this point, it should be noted that in cases such as the one before us, and due to the very nature of the precautionary measure, it is incumbent upon the party alleging the harm to prove it with suitable technical evidence that demonstrates the danger in delay and a weighing of interests favorable to the moving party, which does not happen in the present proceeding, as stated by the municipal corporation and Lindora Project Mil Ochocientos Sociedad Anónima, where the moving party provides no evidentiary element to allow such an assessment, and therefore this judge cannot take for granted the existence not only of the harm, but that it is serious, for which reasons this requirement is deemed unproven. In view of the foregoing, note that through resolutions numbers 1326-2010-SETENA of sixteen June two thousand ten and 1081-2014-SETENA of four June two thousand fourteen, the National Environmental Technical Secretariat of the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications approved the Environmental Management Plan, the Sworn Statement of Environmental Commitments and the environmental impact matrices related to the Condominio Lindora project, thereby granting Environmental Viability for the project. Thus, this Judge must take into consideration that the construction is approximately 75% complete, as evidenced by the documentation provided in the record, which has two implications: on the one hand, the time elapsed since the beginning of construction of such magnitude without the requested actions having been taken, and on the other hand, the high sums of money that have been invested in the project; aspects that are widely weighed to deny this precautionary measure, insofar as the impact on the third parties involved could have unimaginable dimensions.En lo tocante al daño grave, y éste asociado al peligro en la demora, véase que el recurrente solicita como medida cautelar que se proceda a suspender de forma inmediata toda obra de construcción hasta tanto se haya resuelto el recurso de apelación interpuesto ante esta jerarquía. Sobre el particular debe indicarse que en casos como el que nos ocupa, y por la naturaleza misma de la medida cautelar, le corresponde a la parte que alega el daño demostrarlo con prueba técnica idónea, que acredite el peligro en la demora y una ponderación de intereses favorable para el recurrente, lo cual no sucede en la presente gestión, tal y como así lo dispone la corporación municipal y Lindora Project Mil Ochocientos Sociedad Anónima, en donde el recurrente no aporta ningún elemento probatorio que permita realizar dicha valoración, de allí que no puede este juzgador dar por sentada la existencia no sólo del daño, sino que el mismo resulte grave, razones por las cuales este presupuesto se tiene como no acreditado. Atendiendo a lo anterior, nótese que mediante resoluciones números 1326-2010-SETENA de las nueve horas cuarenta minutos del dieciséis de junio de dos mil diez y 1081-2014-SETENA de las nueve horas veinte minutos del cuatro de junio de dos mil catorce, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, aprobó el Plan de Gestión Ambiental, la Declaración Jurada de Compromisos Ambientales y las matrices de impacto ambiental relativas al proyecto Condominio Lindora, concediendo de esta forma la Viabilidad Ambiental de dicho proyecto. Así las cosas, debe tomar en consideración este Juzgador que la obra presenta un avance de aproximadamente el 75%, según consta de la documentación aportada al expediente correspondiente, lo que tiene dos implicaciones, por un lado el tiempo transcurrido desde el inicio de la obra de tal magnitud sin que se haya realizado las gestiones que aquí se solicitan, y por otro lado, las altas sumas de dinero que se han invertido en dicho proyecto; aspectos que son ampliamente valorados para denegar la presente medida cautelar, en el tanto la afectación a los terceros implicados podría tener dimensiones inimaginables.
Pull quotesCitas destacadas
"La determinación de esa duda, no puede, ni debe, quedar al arbitrio de los grupos sea cual sea, sino de estudios técnicos, pues este aplicará cuando haya peligro de daño grave o irreversible en el ambiente."
"The determination of that doubt cannot, and must not, be left to the discretion of any group whatsoever, but to technical studies, as it will apply when there is a danger of serious or irreversible environmental harm."
Considerando VII — Cita de Sala Constitucional
"La determinación de esa duda, no puede, ni debe, quedar al arbitrio de los grupos sea cual sea, sino de estudios técnicos, pues este aplicará cuando haya peligro de daño grave o irreversible en el ambiente."
Considerando VII — Cita de Sala Constitucional
"Corresponde a la parte que alega el daño demostrarlo con prueba técnica idónea, que acredite el peligro en la demora y una ponderación de intereses favorable para el recurrente."
"It is for the party alleging the harm to prove it with suitable technical evidence that proves the danger in delay and a weighing of interests favorable to the moving party."
Considerando VII — Valoración judicial
"Corresponde a la parte que alega el daño demostrarlo con prueba técnica idónea, que acredite el peligro en la demora y una ponderación de intereses favorable para el recurrente."
Considerando VII — Valoración judicial
"La obra presenta un avance de aproximadamente el 75%... la afectación a los terceros implicados podría tener dimensiones inimaginables."
"The construction is approximately 75% complete... the impact on the third parties involved could have unimaginable dimensions."
Considerando VII — Ponderación de intereses
"La obra presenta un avance de aproximadamente el 75%... la afectación a los terceros implicados podría tener dimensiones inimaginables."
Considerando VII — Ponderación de intereses
Full documentDocumento completo
CASE FILE: 15-011173-1027-CA CASE FILE: 15-011173-1027-CA IMPROPER HIERARCHICAL PROCEEDING (PROCESO DE JERARQUÍA IMPROPIA) APPELLANT: CORPORACIÓN B L VEINTIUNO DE SANTA ANA SOCIEDAD ANÓNIMA RESPONDENT: MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA No. 36-2016 ADMINISTRATIVE LITIGATION COURT, THIRD SECTION, II JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ, at nine hours on the eleventh day of February, two thousand sixteen.
This Court hears this matter in its capacity as the non-hierarchical reviewer of legality (contralor no jerárquico de legalidad) with respect to the interim measure (medida cautelar) and the appeal (recurso de Apelación) filed by DENNIS LACOMBE MARTINEZ, identity card CED81849, in his capacity as President vested with the powers of an unlimited general attorney-in-fact (Apoderado Generalísimo sin límite de suma) of CORPORACIÓN B L VEINTIUNO DE SANTA ANA SOCIEDAD ANÓNIMA, corporate identification number CED81850, against the Resolution adopted by the Concejo Municipal de Santa Ana under Article II of Ordinary Session number 291, held on the first day of December, two thousand fifteen.
WHEREAS
I.PROVEN FACTS.- The following facts of importance to the resolution of this matter are deemed duly established:
For purposes of addressing this matter, it is necessary to conduct an admissibility analysis of the application filed. As follows from the proven facts, jurisdiction before this non-hierarchical appellate authority (jerarquía impropia) arises by virtue of the appeal filed against Article II of Ordinary Session number 291, held on 01 de diciembre de 2015, whereby the Municipal Council of Santa Ana dismissed as procedurally improper the extraordinary motion for review (recurso extraordinario de revisión) filed by the appellant against the following acts: a) Article III of Ordinary Session number 181, held on 08 de diciembre de 2009; b) Article XI of Ordinary Session number 233, held on 21 de octubre de 2014; c) Article XII of Ordinary Session number 235, held on 04 de noviembre de 2014; d) Act MSA-DOT-D-03-607-2009 dated 15 de diciembre de 2009; e) MSA-Alc-04-99-10 dated 09 de febrero de 2010; and f) all land-use authorizations (usos de suelo) and building permits (permisos de construcción) granted after 09 de febrero de 2010 for the property registered under the condominium ownership system (sistema de propiedad horizontal) under number Placa18222; the first three issued by the Municipal Council, the fourth by the Land-Use Planning Directorate (Dirección de Ordenamiento Territorial), the fifth by the Municipal Mayor’s Office (Alcaldía Municipal), and the remainder presumed to have been issued by the Mayor’s Office or its departments, all within the Municipality of Santa Ana.
It should be noted that the admissibility analysis applies not only to the appeal filed before this non-hierarchical appellate authority, but also to the acts challenged in the extraordinary motion for review filed before the municipal corporation. With the foregoing understanding, the corresponding analysis of the admissibility of the extraordinary motion for review filed against the acts described above follows. As may be seen from the details of the challenged acts, three were issued by the Municipal Council of Santa Ana and the other two by administrative departments of the Municipal Mayor’s Office, namely, one act by the Land-Use Planning Directorate, which reports to the Mayor, and the other issued by the Mayor himself. In this regard, it should be noted that, with respect to the appeal filed against all land-use authorizations and building permits granted after 09 de febrero de 2010 for the property registered under the condominium ownership system under number 3832-M-000, this Court declares them inadmissible because the challenged land-use authorizations and building permits are not identified; therefore, this Court cannot presume the existence of acts not expressly identified in the appeal filed.
The Court will now examine the cases that have been properly identified. On the one hand, Article 157 of the Municipal Code (Código Municipal) establishes the requirements for filing an extraordinary motion for review of Council Resolutions (Acuerdos del Concejo), as follows: a) that it be an act issued by the Municipal Council; b) that no appeal have been filed against the act; c) that ten years have not elapsed since the act was issued; and d) that the challenged act have not completely exhausted its effects. In this matter, the Resolution of Ordinary Session number 181 does not satisfy the third requirement because, as will be explained, it is no longer producing effects, since it is a purely procedural act (acto de mero trámite); however, the remaining resolutions, Ordinary Session number 233 and Ordinary Session number 235, do satisfy the prescribed requirements. A) Regarding Article III of Ordinary Session number 181, held on 08 de diciembre de 2009, concerning the request by Rutilo Sociedad Anónima to remove the green-area designation (afectación de área verde) affecting the property shown on cadastral plan (plano catastrado) number SJ-361033-1996, the Municipal Council stated that “from the standpoint of the admissibility of this matter, the provision cited by the administration (Article 13 of the Municipal Code) as the basis for referring this matter to the Municipal Council concerns the general or regulatory instruments that the law grants to Municipalities, such as regulatory plans (planes reguladores) and urban regulations (reglamentos urbanos), but not decisions on specific authorization acts, over which the administration itself has jurisdiction because they involve matters of an eminently technical-administrative nature”; it therefore concluded that “In view of the foregoing, the respective case file must be returned to the administration so that it may proceed as required by law.” Based on the foregoing, this Court determines that it is a procedural act (acto de trámite) and, consequently, is not subject to appeal before this body because it is no longer producing effects; rather, it was consummated upon issuance, as this Court stated in resolution number 62-2015 at fifteen hours on diecinueve de febrero de dos mil quince, which provided: “In principle, as this Court has consistently held, procedural administrative acts are not subject to challenge through non-hierarchical legality review (control no jerárquico de legalidad).
When an act of this nature is challenged vertically, it should be dismissed by the Municipal Government body required to rule in the specific case (whether the Mayor or the Municipal Council, as applicable). In this area, Article 154(a) of the Municipal Code (concerning the municipal council) must be supplemented by the aforementioned General Law insofar as it concerns the Mayor’s Office. That statute also restricts the independent challenge of ‘procedural acts’ or ‘preparatory acts’ (actos preparatorios) in cases where they do not have an independent effect.” (Emphasis not in the original). As may be seen, under the legal system, purely procedural acts cannot be challenged independently; instead, they must be challenged together with the final act (Articles 163.2 and 345.3 of the General Law on Public Administration (Ley General de la Administración Pública), Article 36(c) of the Administrative Litigation Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo), and Article 154(b) of the Municipal Code), which in this specific case would be the act issued by the Municipal Mayor’s Office, as the body with jurisdiction to rule on the request to remove the green-area designation.
It must also be borne in mind that, in addition to being a procedural act, the challenged act has no independent effect and is therefore not subject to appeal, as the First Chamber (Sala Primera) stated in resolution number 000905-F-S1-2012 at nine hours and ten minutes on siete de agosto de dos mil doce. In that sense, it constitutes a preparatory act intended to form the administration’s intent, which is to be expressed through the issuance of an act by the Municipal Mayor’s Office whereby the administrative decision would be adopted in the future; accordingly, the effects of that act arose and concluded upon its issuance. B) Regarding the appeal filed against Article XI of Ordinary Session number 233, held on 21 de octubre de 2014, and Article XII of Ordinary Session number 235, held on 04 de noviembre de 2014, this Court clarifies that in both cases the challenged article is Article VI, as recorded at folios (80 and 101), and because both concern the granting of the request for building permits on the property shown on cadastral plan number SJ-1675558-2013, this Court admits the appeal insofar as it challenges the dismissal of the extraordinary motion for review filed against these administrative acts.
On the other hand, Article 163 of the Municipal Code establishes the requirements for an extraordinary motion for review against acts not issued by the Municipal Council, including the following: a) that it be an act not issued by the Municipal Council; b) that it not concern an employment matter; c) that no ordinary remedies (recursos ordinarios) have been filed against the same act; d) that five years have not elapsed since the act was issued; and e) that the challenged act have not completely exhausted its effects. Regarding this last requirement, it should be noted that, under the cited provision, the requirement is that the act continue to produce effects during the specified five-year period, not that the act’s effects serve to determine when that period begins to run. The absence of even one of the requirements would render the motion filed procedurally improper; accordingly, the Court will now analyze whether those requirements are present with respect to official letters MSA-DOT-D-03-607-2009 dated 15 de diciembre de 2009 and MSA-Alc-04-99-10 dated 09 de febrero de 2010.
In this regard, it should be noted that the extraordinary motion for review was filed before the municipal corporation on 20 de noviembre de 2015, which means that, in both cases, the five-year period prescribed in Article 163 of the Municipal Code had long since elapsed; consequently, the right to challenge the cited acts was extinguished by the passage of time. Given the absence of this requirement, an analysis of the remaining elements is unnecessary. In view of the foregoing, this Court declares inadmissible the appeal filed against the ruling concerning Article III of Ordinary Session number 181, held on 08 de diciembre de 2009, because it is a purely procedural act; concerning official letters MSA-DOT-D-03-607-2009 dated 15 de diciembre de 2009 and MSA-Alc-04-99-10 dated 09 de febrero de 2010, because the limitation period for exercising the right of appeal (fase recursiva) had elapsed; and concerning all land-use authorizations and building permits granted after 09 de febrero de 2010 for the property registered under the condominium ownership system under number Placa18222, because those acts were neither individually identified nor established with certainty to exist. Nevertheless, because the appeal is admitted with respect to the remaining acts, the Court will now analyze the requested interim relief (medida cautelar).
III.GROUNDS FOR THE PRECAUTIONARY MEASURE (MEDIDA CAUTELAR).- The appellant initially states that, because the elements of danger in delay (peligro en la demora) and likelihood of success on the merits (apariencia de buen derecho) are present, and because no public interests would be affected, as well as pursuant to Article 50 of the Constitution and the in dubio pro natura principle, it requests, as a precautionary measure, that “all construction work on the property in the San José registration district, recorded under the condominium ownership system (sistema de propiedad horizontal) under number 3832-M-000, whose predecessor is the property in the San José registration district recorded under the real-property folio system (sistema de folio real) as 464397-000 and whose parent cadastral survey plan (plano catastrado madre) is SJ-361033-96, a condominium owned by Lindora Project Mil Ochocientos, S.A., with legal entity identification number CED11925, be provisionally suspended.” Subsequently, it states that the urgency is aimed at protecting the environment, which is a general public interest enshrined in the Political Constitution and must prevail over private interests.
Subsequently, in reply to the response concerning precautionary measures submitted by the municipal government, the appellant states that the environmental damage is real, evident, and manifest because one of only two green areas established in the Regulatory Plan (Plan Regulador) of the canton of Santa Ana is being entirely eliminated without complying with the procedure established in the Ley de Planificación Urbana. It likewise grounds the danger in delay and the likelihood of success on the merits on the failure to comply with the procedure established for amending the Regulatory Plan. Regarding the balancing of the interests at stake (ponderación de intereses en juego), it states that, under the principle of proportionality, the public interest in safeguarding the right of all inhabitants of the canton to a healthy and ecologically balanced environment must be weighed against private interests.
The Municipalidad de Santa Ana states that a land-use authorization (uso de suelo) and the construction permits were granted based on the favorable opinion of the technical division of that municipal government, because they complied with the regulations of the Regulatory Plan of Santa Ana then in force. Regarding the danger in delay, it states that the appellant has at no time substantiated the alleged environmental damage; instead, its arguments are directed toward asserting that being adjacent to the construction of a shopping center entails harm to its property, loss of privacy, loss of the market value of its property, and the impact of vehicular traffic. It further states that, under that premise, all persons whose properties adjoin a shopping center suffer serious loss and damage. It likewise states that, if any of the alleged harm exists, legal remedies are available to it (referring to civil proceedings), but not through precautionary relief.
Regarding the balancing of the interests at stake, it places particular emphasis on the principle of proportionality between the harm to the public interest and the loss and damage that the measure imposed on third parties would cause, in view of the degree to which the construction work has progressed. It contests the likelihood of success on the merits because it considers that Article III of Ordinary Session 181, held on 08 de diciembre de 2009, is not currently producing legal effects. It also states that the other challenged resolutions are based on the challenged acts of the municipal administration.
In connection with the hearing granted, Lindora Project Mil Ochocientos Sociedad Anónima entered an appearance and raised the objection of mandatory joinder of necessary defendants (excepción de litis consorcio pasivo necesario) to include Portafolio Inmobiliario Sociedad Anónima in the proceeding. Regarding that request, this Court determines that the evidence submitted in this case file provides the information necessary to rule on the precautionary measure; nevertheless, for purposes of entering an appearance with respect to the appeal filed, when the grounds for appeal are presented, Portafolio Inmobiliario Sociedad Anónima will be granted a period within which to state whatever it considers necessary regarding the appeal. With respect to the precautionary measure, it states that suspension of administrative acts (actos administrativos) is an exceptional measure in light of the immediately effective and enforceable nature (ejecutividad y ejecutoriedad) of an administrative act.
Regarding the likelihood of success on the merits, it states that none exists because Article III of Ordinary Session 181, held on 08 de diciembre de 2009, is not currently producing legal effects, insofar as it does not resolve the request that was filed to remove the designation affecting the green area. It likewise states that all the legal arguments presented in this proceeding refer solely and exclusively to the review of municipal administrative acts numbers MSA-DOT-D-03-607-2009 and MSA-Alc-04-99-10, which may not be challenged because the statutory period for contesting them has elapsed. It further states that challenging both the acts of the Concejo and those of the Administration is an attempt to circumvent the mandatory limitation period (plazo fatal de caducidad) that expired for the latter. Regarding the absence of serious harm, it states that the appellant submitted no evidence demonstrating either the alleged harm or its seriousness, nor does it identify the harm caused.
It states that the appellant provides no evidence of the alleged cracks in its property or of the risk to which it believes its property is exposed. It sets out the appellant’s arguments concerning location, privacy, interference with the property, and limitations on the right of ownership, and states that it possesses the permits and studies necessary to carry out the construction work. Regarding environmental damage, it states that none exists because it has Environmental Feasibility Approval (Viabilidad Ambiental) from the Secretaría Técnica Nacional Ambiental for the Terrazas Lindora project. This is compounded by the fact that only one of the one hundred seventy-two owners is pursuing the appeal. It states that granting the precautionary measure would cause serious and irreparable harm to the party it represents because it would entail laying off workers and terminating and breaching contracts.
It states that the construction work is estimated to be 75% complete and that, given the foregoing, if the harm is so evident and there is urgency in suspending the work, it is unclear why the application was not filed until this point. It continues by stating that granting the measure would contravene the principle of proportionality, insofar as the appellant is requesting the most burdensome measure available, to the detriment of the party it represents, its shareholders, contractors, clients, employees, and creditors. To that end, it describes the potential financial losses that could be caused if the requested precautionary measure were granted. Lastly, it requests that, if the precautionary measure is granted, sufficient and proportionate counter-security (contracautela) be established to guarantee payment of any resulting loss and damage, requiring the engagement of an expert appraiser.
Pursuant to Article 19 of the Code of Administrative Procedure (Código Procesal Contencioso Administrativo, CPCA), the system of precautionary measures in this jurisdiction clearly distinguishes between an objective purpose and a subjective purpose: on the one hand, such measures seek to secure the outcome of the proceeding and, on the other, to guarantee a judgment that effectively protects the interests of the litigant. In view of the ancillary or instrumental nature of precautionary measures (Art. 22 CPCA) in relation to the principal proceeding, their consideration is limited to determining or verifying the essential prerequisites for granting such a request under a summary examination (summario cognitio), which, pursuant to sections 21 and 22 CPCA and consistent case law on this subject, are as follows: 1. Likelihood of success on the merits: Currently inverted from its traditional formulation, this refers to establishing that the relief sought is not manifestly frivolous or reckless. 2.
Danger in delay: This entails that maintaining or enforcing the challenged administrative conduct would cause serious, actual, or potential harm to the litigant’s legal position. That is, there must be an objective and reasonable possibility that the challenged conduct may cause serious actual or potential harm to the litigant while the proceeding is pending. Accordingly, in its application, the interested party must establish, through a minimum evidentiary showing consisting of either circumstantial evidence or preliminary evidence, the probability or existence of the harm, the magnitude of that harm—that is, its seriousness—and the necessary causal connection between the conduct and the alleged serious actual or potential harm. 3. Balancing of the interests at stake: This entails assessing, in accordance with the principle of proportionality, the public and private interests that would be affected by granting or denying the precautionary measure, so that the adjudicator must decide which of them should prevail.
VII.THE REQUESTED INTERIM MEASURE (MEDIDA CAUTELAR).- From the account of the facts on which this Tribunal bases its decision in this matter, it follows readily from Articles 21 and 22 of the Code of Administrative Procedure, which literally state: “Article 21.- An interim measure shall be appropriate when the implementation or continuation of the conduct subject to proceedings causes serious actual or potential harm or loss to the asserted situation, provided that the claim is not frivolous or manifestly lacking in seriousness. Article 22.- In granting or denying any interim measure, the respective tribunal or judge shall give particular consideration to the principle of proportionality, weighing the potential injury to the public interest, the harm and loss caused by the measure to third parties, and its instrumental and provisional nature, so that neither the entity’s substantive operations nor the legal position of third parties is seriously affected.
The tribunal or judge shall also take into account the financial possibilities and provisions that the Public Administration must make for the implementation of the interim measure.” Having reviewed and analyzed the arguments of each of the parties, this Tribunal finds that the requested interim measure is improper, based on the following: With respect to the prima facie case (apariencia de buen derecho), this requirement is deemed satisfied, since the claim is not disproportionate, irrational, or frivolous, given that the appellant’s application for interim relief arises from the right to challenge municipal acts through these proceedings. Notwithstanding the foregoing, it is necessary to consider that, in this same decision, the appeals filed against certain acts were declared inadmissible, and only the appeal concerning Article XI of Ordinary Session number 233 held on 21 de octubre de 2014 and Article XII of Ordinary Session number 235 held on 04 de noviembre de 2014 was admitted, regarding approval of the application for construction permits on the property identified by cadastral plan number Placa18470.
As regards serious harm, associated with danger in delay (peligro en la demora), it should be noted that, as an interim measure, the appellant requests the immediate suspension of all construction work until the appeal filed before this higher authority has been decided. In this regard, it must be stated that, in cases such as this one, and by the very nature of the interim measure, the party alleging the harm bears the burden of proving it through appropriate technical evidence establishing danger in delay and a balancing of interests favorable to the appellant. That has not occurred in the present application, as also asserted by the municipal corporation and Lindora Project Mil Ochocientos Sociedad Anónima, because the appellant has submitted no evidence that would permit such an assessment. Accordingly, this adjudicator cannot presume either the existence of harm or that such harm is serious, and therefore this requirement is deemed not to have been established.
In this regard, it should be noted that the appellant states that the urgency is aimed at protecting the environment, which is a general public interest enshrined in the Constitución Política and must prevail over private interests, because one of only two green areas established in the Plan Regulador of the canton of Santa Ana is being completely eliminated. In this regard, this adjudicator takes into consideration the “in dubio pro natura” principle and its relationship to the canton’s economic and social development, as required by the Sala Constitución, which stated: “The responsibility lies in balancing environmental protection, economic development, and the activities of private parties in a manner that justifies State intervention. This is because excessive environmental protection that eliminates all economic activity may impose disproportionate and unnecessary costs on private parties, rendering certain productive activities financially ruinous and generating poverty and unemployment, which would negatively affect the people.
Conversely, uncontrolled and irresponsible economic activity may cause irreversible damage to the ecosystem; therefore, the ‘in dubio pro natura’ principle must be applied, meaning that if there is doubt as to whether an activity causes environmental harm, priority must be given to protecting the environment and, consequently, that activity must be restricted or prohibited. Nevertheless, the determination of such doubt cannot and must not be left to the discretion of any groups whatsoever, but must instead be based on technical studies, since this principle applies where there is a risk of serious or irreversible environmental harm” (Sala Constitucional, resolution number 2009017155 of 14 hours on 05 de noviembre del 2009.). In view of the foregoing, it should be noted that, through resolutions numbers 1326-2010-SETENA of nine hours forty minutes on dieciséis de junio de dos mil diez and 1081-2014-SETENA of nine hours twenty minutes on cuatro de junio de dos mil catorce, the Secretaría Técnica Nacional Ambiental of the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones approved the Environmental Management Plan (Plan de Gestión Ambiental), the Sworn Declaration of Environmental Commitments (Declaración Jurada de Compromisos Ambientales), and the environmental impact matrices (matrices de impacto ambiental) relating to the Condominio Lindora project, thereby granting the project environmental viability (Viabilidad Ambiental).
It should likewise be noted that Proyecto Condominio Lindora has submitted to the Secretaría Técnica Nacional Ambiental the Environmental Supervision Reports for the Construction Phase (informes de Regencia Ambiental de la Etapa Constructiva) relating to that project, which set forth the project actions, the actions carried out, and the compliance status of each. (Supervision reports numbers 12 for julio de 2015 and 13 for setiembre de 2015). This allows this adjudicator to deem those reports and the environmental viability granted to constitute the relevant technical studies for determining environmental impact. In conjunction with the foregoing, with respect to the balancing of the interests at stake, it must be stated that, as a general rule, the public interest must always take precedence over private interests. Nevertheless, the provisions of Article 22 of the Code of Administrative Procedure cannot be disregarded, as that Article specifically mentions the principle of proportionality, which requires weighing the potential injury to the public interest and the harm and loss caused by the measure to third parties.
Accordingly, this adjudicator must take into consideration that the project is approximately 75% complete, as shown by the documentation submitted in the corresponding case file. This has two implications: first, the time that has elapsed since work began on a project of such magnitude without the applications now sought having been made; and second, the substantial sums of money invested in the project. These factors are given significant weight in denying the present interim measure, insofar as the impact on the third parties involved could be of unimaginable proportions. Likewise, despite the progress already made on the project, this Tribunal deems it established that suspension of the work would have an economic impact of considerable magnitude, both because of the contractual obligations undertaken and because of the employer obligations (obligaciones patronales) arising from the project, as demonstrated by Lindora Project Mil Ochocientos Sociedad Anónima in its response to the application for an interim measure.
The foregoing constitutes an impediment to granting the interim measure subject to counter-security (contracautela) without causing serious financial harm to Lindora Project Mil Ochocientos Sociedad Anónima. In view of the foregoing, because the requirements necessary to grant the application for an interim measure cannot be established in this specific case, the appropriate course is to deny it, as is hereby ordered.
POR TANTO:
The appeal filed against the decisions concerning the following acts is declared inadmissible: a) Article III of Ordinary Session number 181 held on 08 de diciembre de 2009, b) Official Letter number MSA-DOT-D-03-607-2009 dated 15 de diciembre de 2009, c) Official Letter number MSA-Alc-04-99-10 dated 09 de febrero de 2010, and d) All land-use authorizations (usos de suelo) and construction permits granted after 09 de febrero de 2010 for the property registered under the condominium ownership system (sistema de propiedad horizontal) under number Placa18222. The application for an interim measure is likewise denied.-
PROCESO DE JERARQUÍA IMPROPIA RECURRENTE: CORPORACIÓN B L VEINTIUNO DE SANTA ANA SOCIEDAD ANÓNIMA RECURRIDA: MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA Nº 36-2016 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, a las nueve horas del once de febrero de dos mil dieciséis.
Conoce este Tribunal, como contralor no jerárquico de legalidad de la medida cautelar y del recurso de Apelación interpuesto por DENNIS LACOMBE MARTINEZ, cédula CED81849, en su condición de Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la sociedad CORPORACIÓN B L VEINTIUNO DE SANTA ANA SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica número CED81850, contra el Acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Santa Ana, en el artículo II de la Sesión Ordinaria número 291 celebrada el primero de diciembre de dos mil quince.
CONSIDERANDO
I.HECHOS PROBADOS.- De importancia para la resolución de este asunto, se tienen como debidamente acreditados los siguientes hechos:
A efectos de abordar el presente asunto, es necesario realizar un análisis de admisibilidad de la gestión interpuesta. Tal y como se desprende de los hechos probados, la habilitación ante esta jerarquía impropia se origina en virtud del recurso de apelación interpuesto contra el artículo II de la Sesión Ordinaria número 291, celebrada el 01 de diciembre de 2015, mediante el cual, el Concejo Municipal de Santa Ana rechaza por improcedente el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el recurrente contra los siguientes actos: a) Artículo III de la Sesión Ordinaria número 181 celebrada el 08 de diciembre de 2009, b) Artículo XI de la Sesión Ordinaria número 233 celebrada el 21 de octubre de 2014, c) Artículo XII de la Sesión Ordinaria número 235 celebrada el 04 de noviembre de 2014, d) Actos MSA-DOT-D-03-607-2009 de fecha 15 de diciembre de 2009, e) MSA-Alc-04-99-10 de fecha 09 de febrero de 2010 y, f) Todos los usos de suelo y permisos de construcción otorgados después del 09 de febrero de 2010 sobre la finca inscrita bajo el sistema de propiedad horizontal con el número Placa18222; los tres primeros emitidos por el Concejo Municipal, el cuarto por la Dirección de Ordenamiento Territorial, el quinto por la Alcaldía Municipal, y los restantes se suponen emitidos por la Alcaldía o sus dependencias, todos de la Municipalidad de Santa Ana.
Ahora bien, es necesario señalar que el análisis de admisibilidad no se realiza únicamente respecto al recurso de apelación interpuesto ante esta jerarquía sino también sobre los actos recurridos en el recurso extraordinario de revisión interpuesto ante la corporación municipal. Bajo el anterior entendido, a continuación se procede a realizar el análisis correspondiente a la admisibilidad del recurso extraordinario de revisión interpuesto contra los actos descritos. Tal y como se observa del detalle de los actos recurridos, tres de los actos recurridos fueron emitidos por el Concejo Municipal de Santa Ana y los otros dos por la dependencias administrativas de la Alcaldía Municipal, a saber un acto de la Dirección de Ordenamiento Territorial dependiente del Alcalde y el otro emitido por éste. Sobre este particular, es necesario señalar que, respecto al recurso interpuesto contra todos los usos de suelo y permisos de construcción otorgados después del 09 de febrero de 2010 sobre la finca inscrita bajo el sistema de propiedad horizontal con el número 3832-M-000, este Tribunal declara inadmisibles los mismos, por cuanto, no se identifican los usos de suelo ni permisos de construcción recurridos, de forma que no podría este Tribunal suponer la existencia de actos no señalados expresamente en el recurso interpuesto.
Ahora bien, a continuación se procede a realizar el estudio de los casos que se encuentran debidamente identificados. Por un lado, el artículo 157 el Código Municipal establece los requisitos para la interposición del recurso extraordinario de revisión de los Acuerdos del Concejo, y establece los siguientes requisitos: a) Que sea un acto emanado del Concejo Municipal, b) Que no se haya establecido el recurso de apelación contra el acto, c) Que no hayan transcurrido diez años después de dictado el acto, y d) Que el acto recurrido no haya agotado totalmente sus efectos. En el presente asunto, el Acuerdo de la Sesión Ordinaria número 181 no cumple con el tercer requisito, por cuanto, tal y como se verá, el mismo no se encuentra surtiendo los efectos, al ser un acto de mero trámite; no obstante los restantes acuerdos, Sesión Ordinaria número 233 y Sesión Ordinaria número 235, si cumplen con los requisitos exigidos.
De conformidad con lo expuesto, este Tribunal determina que el mismo es un acto de trámite, y por consiguiente, no tiene fase recursiva ante esta instancia, al no encontrarse surtiendo efectos, sino que se consumó con su emisión, tal y como lo ha señalado este Tribunal en la resolución número 62-2015 de las quince horas del diecinueve de febrero de dos mil quince, en la cual dispuso: "En principio, como es criterio reiterado de este Tribunal los actos administrativos de trámite, no son impugnables en vía de control no jerárquico de legalidad. Ante la impugnación vertical de un acto de esta naturaleza, lo procedente sería su desestimación por parte del órgano del Gobierno Municipal que deba pronunciarse en el caso concreto (sea el Alcalde o el Concejo Municipal según corresponda). En esta materia el artículo 154 inciso a) del Código Municipal (relativo al cuerpo edil), debe ser complementado con la referida Ley General en lo que hace a la Alcaldía.
Este cuerpo legal también restringe la impugnabilidad autónoma de los “actos de trámite” o “actos preparatorios”, en aquellos casos en que estos no tengan un efecto propio." (El resaltado no es del original). Como se puede apreciar, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, los actos de mero trámite no son susceptibles de ser impugnados en forma autónoma, sino que más bien deben recurrirse conjuntamente con el acto final (artículos 163.2 y 345.3 de la Ley General de la Administración Pública, 36 inciso c) del Código Procesal Contencioso Administrativo y 154 inciso b) del Código Municipal), el cual, en el caso concreto sería el que emita la Alcaldía Municipal, como órgano competente para pronunciarse sobre la solicitud de levantamiento de la afectación de área verde. Además, es necesario tener presente que además de ser un acto de trámite, el acto recurrido no tiene efecto propio, y por consiguiente carece de fase recursiva, tal y como lo ha manifestado la Sala Primera en la resolución número 000905-F-S1-2012 de las nueve horas diez minutos del siete de agosto de dos mil doce.
En ese sentido, constituye un acto preparativo tendente a formar la voluntad de la administración, la cual se ha de manifestar con la emisión del acto por parte de la Alcaldía Municipal, mediante el cual se adoptaría en un futuro la decisión administrativa, de allí que los efectos de dicho acto se desplegaron y concluyeron con su emisión. B) En cuanto al recurso formulado contra el Artículo XI de la Sesión Ordinaria número 233 celebrada el 21 de octubre de 2014 y el Artículo XII de la Sesión Ordinaria número 235 celebrada el 04 de noviembre de 2014, este Tribunal aclara que en ambos casos el artículo recurrido es el artículo VI, según consta a folios (80 y 101), y en virtud de que los mismos corresponden al otorgamiento de la solicitud de permisos de construcción en la propiedad que tiene como su plano el catastrado número SJ-1675558-2013, este Tribunal admite el recurso de apelación interpuesto en cuanto al rechazo del recurso extraordinario de revisión formulado contra estos actos administrativos.
Por otro lado, el artículo 163 del Código Municipal establece los requisitos para la procedencia del recurso extraordinario de revisión contra los actos no emanados por el Concejo Municipal, y dentro de ellos destacan los siguientes: a) Que sea un acto no emanado del Concejo Municipal, b) Que no sea de materia laboral, c) Que no se hayan establecido los recursos ordinarios contra el mismo acto, d) Que no hayan transcurrido cinco años después de dictado el acto, y e) Que el acto recurrido no haya agotado totalmente sus efectos. En relación a éste último requisito, es necesario señalar que, según lo dispuesto en el citado numeral, la formulación se presenta en el sentido de que el acto debe encontrarse surtiendo efectos durante el plazo de cinco años señalado, y no de que los efectos del acto sirvan para determinar el inicio del cómputo de dicho plazo. La ausencia de uno solo de los requisitos haría improcedente el recurso interpuesto, motivo por el cual, a continuación se procederá a analizar la existencia de los mismos en los oficios MSA-DOT-D-03-607-2009 de fecha 15 de diciembre de 2009 y MSA-Alc-04-99-10 de fecha 09 de febrero de 2010.
Al respecto, nótese que el recurso extraordinario de revisión fue interpuesto ante la corporación municipal en fecha 20 de noviembre de 2015, lo que implica que para ambos casos, el plazo de cinco años dispuesto en el numeral 163 del Código Municipal ya había transcurrido sobradamente, de forma que, por el transcurso del tiempo, se extinguió el derecho de recurrir los actos citados. Ahora bien, en virtud de la ausencia de este requisito, deriva en innecesario el análisis de los restantes elementos. En virtud de lo anterior, este Tribunal declara inadmisible el recurso de apelación interpuesto contra lo resuelto respecto al Artículo III de la Sesión Ordinaria número 181 celebrada el 08 de diciembre de 2009, por ser un acto de mero trámite, respecto a los oficios MSA-DOT-D-03-607-2009 de fecha 15 de diciembre de 2009 y MSA-Alc-04-99-10 de fecha 09 de febrero de 2010, por haber transcurrido el plazo de extinción para el ejercicio de la fase recursiva, y respecto a todos los usos de suelo y permisos de construcción otorgados después del 09 de febrero de 2010 sobre la finca inscrita bajo el sistema de propiedad horizontal con el número Placa18222, por no tenerse la individualización ni certeza de la existencia de dichos actos. No obstante lo anterior, al admitirse el recurso respecto a los restantes actos, a continuación se procede a realizar el análisis de la medida cautelar solicitada.
III.DE LOS MOTIVOS DE LA MEDIDA CAUTELAR.- La parte apelante, inicialmente señala que concurriendo los elementos de peligro en la demora, apariencia de buen derecho y no habiendo intereses públicos afectos, así como en aplicación del artículo 50 constitucional y el principio in dubio pro natura, solicita como medida cautelar que se "suspenda provisionalmente todas las obras sobre la finca del partido de San José inscrita bajo el sistema de propiedad horizontal con el número 3832-M-000, cuyo antecedente la finca el Partido San José inscrita bajo el sistema de folio real 464397-000 y cuyo plano catrastrado madre es SJ-361033-96, Condominio propiedad de Lindora Project Mil Ochocientos, S.A., con cédula jurídica CED11925". Posteriormente, señala que la urgencia va dirigida a la protección al medio ambiente que es un interés público general consagrado en la Constitución Política y debe privar sobre intereses particulares.
Posteriormente, en replica a la contestación de medidas cautelares realizada por la corporación municipal, el recurrente señala que el daño ambiental es real, evidente y manifiesto porque se está eliminando del todo una zona verde de únicamente dos zonas verdes establecidas en el Plan Regulador del cantón de Santa Ana, sin cumplir con el procedimiento establecido en la Ley de Planificación Urbana. Asimismo, fundamenta el peligro en la demora y la apariencia de buen derecho en la falta de cumplimiento del procedimiento establecido para la modificación del Plan Regulador. En cuanto a la ponderación de intereses en juego, manifiesta que en virtud del principio de proporcionalidad, debe analizarse el interés público en salvaguardia de todos los habitantes del cantón de tener derecho a un ambiente sano y equilibrado frente a intereses particulares.
La Municipalidad de Santa Ana señala que se otorgó un uso de suelo y los permisos de construcción en virtud del criterio positivo de la parte técnica de esa corporación municipal, dado que los mismos se ajustaban a la normativa del Plan Regulador de Santa Ana vigente. En relación al peligro en la demora, señala que la recurrente en ningún momento acredita el supuesto daño al ambiente, sino que sus argumentos van dirigidos a señalar que el hecho de colindar con la edificación de un centro comercial implica una lesión a su patrimonio, pérdida de privacidad, pérdida de valor del mercado de su propiedad y el impacto de tráfico vehicular. Señalada además que bajo dicha premisa, todos los colindantes de un centro comercial sufren daños y perjuicios graves. Asimismo, señala que de existir un daño de los señalados, existen remedios legales a los cuales puede acudir (referenciando a la vía civil) pero no a la vía cautelar.
En cuanto a la ponderación de intereses en juego, hace especial relevancia al principio de proporcionalidad entre la lesión al interés público y los daños y perjuicios con la medida impuesta a terceros, en virtud del grado de avance de las obras. En cuanto a la apariencia de buen derecho se opone a la misma, por cuanto, considera que el artículo III de la Sesión Ordinaria 181 celebrada el 08 de diciembre de 2009, no se encuentra surtiendo efectos. Además, señala que los otros acuerdos recurridos, tienen como sustento los actos de la administración municipal que se recurren.
En relación a la audiencia conferida, se tiene el apersonamiento de Lindora Project Mil Ochocientos Sociedad Anónima y la interposición de la excepción de litis consorcio pasivo necesario para incluir al proceso a la compañía Portafolio Inmobiliario Sociedad Anónima. En relación a la citada solicitud, este Tribunal determina que con los elementos probatorios aportados al presente expediente se tiene la información necesaria para resolver la medida cautelar, no obstante, a efectos del apersonamiento respecto al recurso interpuesto, al momento de otorgar agravios se concederá el plazo a la compañía Portafolio Inmobiliario Sociedad Anónima para que manifiesta lo que considere necesario respecto al mismo. Ahora bien, respecto a la medida cautelar, señala que la suspensión de los actos administrativos es una medida excepcional frente a las características de ejecutividad y ejecutoriedad del acto acto administrativo.
En cuanto a la apariencia de buen derecho, señala que no existe la misma, por cuanto, el artículo III de la Sesión Ordinaria 181 celebrada el 08 de diciembre de 2009, no se encuentra surtiendo efectos, en el tanto no resuelve la solicitud de levantamiento de la afectación del área verde que se planteó. Asimismo, señala que todos los argumentos jurídicos expuestos en el presente procedimiento, se refieren única y exclusivamente al análisis de los actos administrativos municipales números MSA-DOT-D-03-607-2009 y MSA-Alc-04-99-10, los cuales no pueden ser recurridos en virtud de haber transcurrido el plazo legal para impugnarlos. Manifiesta además, que el recurrir tanto los actos de Concejo como los de la Administración lo hace para burlar el plazo fatal de caducidad que operó para los segundos. En cuanto a la inexistencia del daño grave, señala que el recurrente no aportó ningún tipo de prueba que demuestre el daño alegado ni su gravedad, ni tampoco identifica cual es el daño provocado.
Señala que no aporta prueba sobre las manifestaciones de grietas en su propiedad o sobre el riesgo en que considera se pone su propiedad. Expone los argumentos del recurrente, respecto a la ubicación, la privacidad, las interrupciones del bien y las limitaciones al derecho de propiedad, y manifiesta que cuenta con los permisos y estudios necesarios para la realización de las obras. En cuanto al daño ambienta, manifiesta que el mismo es inexistente, por cuanto, cuenta con la Viabilidad Ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental para el proyecto Terrazas Lindora. Lo anterior aunado a que solo uno de los ciento setenta y dos propietarios realizan la acción recursiva. Manifiestan que el acoger la medida cautelar implicaría graves daños, de imposible reparación a su representada, por cuanto implicaría el despido de trabajadores y la rescisión e incumplimiento de contratos.
Manifiesta que el grado de avance de las obras se estima en un 75% y que dado lo anterior, si el daño es tan evidente y media urgencia en la suspensión de las obras, porque se solicita la gestión hasta esta oportunidad. Continua señalando que el otorgar la medida contrariaría el principio de proporcionalidad, en el tanto el recurrente solicita la medida más gravosa que existe en perjuicio de su representada, sus accionistas, contratistas, clientes, empleados y acreedores. Al efecto, expone los eventuales daños patrimoniales que podría ocasionarse de concederse la medida cautelar solicitada. Por último, solicita que en caso de concederse la medida cautelar, se establezca una contracautela suficiente y proporcionada para para garantizar el pago de daños y perjuicios que se puedan ocasionar, requiriendo la contratación de un perito valuador.
De acuerdo al artículo 19 del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA), el régimen de medidas cautelares en esta sede distingue claramente un fin objetivo y un fin subjetivo, pues por un lado buscan estas asegurar los resultados del proceso y por otro, garantizar una sentencia que sea efectiva para los intereses del justiciable. Ahora bien, en virtud de la naturaleza accesoria o instrumental de las medidas cautelares (Art. 22 CPCA) respecto del proceso principal, su conocimiento esta limitado a determinar o comprobar los presupuestos esenciales para acoger dicha petitoria (summario cognitio), que según los numerales 21 y 22 CPCA, así como reiterada jurisprudencia en esta materia, corresponden a: 1. La apariencia de buen derecho: Actualmente invertido a su formulación tradicional, y que se refiere a la acreditación de que lo pretendido no sea en forma palmaria carente de seriedad o temerario. 2.
El peligro en la demora: Implica que de mantenerse o ejecutarse la conducta administrativa impugnada se causen daños graves, actuales o potenciales, a la situación jurídica del justiciable. Es decir, la posibilidad objetiva y razonable de que la conducta impugnada pueda causar daños graves actuales o potenciales al justiciable durante el trámite del proceso. Por consiguiente, la parte interesada deberá acreditar en su solicitud, mediante un mínimo probatorio ya sea por indicios o aproximaciones probatorias, la probabilidad o la existencia del daño, la magnitud de ese daño, es decir, su gravedad, y el necesario nexo de causalidad entre la conducta y el daño grave actual o potencial que se aduce. 3. Ponderación de los intereses en juego: Conlleva la valoración, conforme al principio de proporcionalidad, de los intereses públicos y privados que se afectarían de tomarse o no la medida cautelar, de manera tal que el Juzgador ha decidir cuál de estos ha de prevalecer.
VII.DE LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA.- De la relación de los hechos que tiene como fundamento este Tribunal para la decisión de este asunto, se deriva, con facilidad de los numerales 21 y 22 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que literalmente dicen: "Artículo 21.- La medida cautelar será procedente cuando la ejecución o permanencia de la conducta sometida a proceso, produzca graves daños o perjuicios, actuales o potenciales, de la situación aducida, y siempre que la pretensión no sea temeraria o, en forma palmaria, carente de seriedad. Artículo 22.- Para otorgar o denegar alguna medida cautelar, el tribunal o el juez respectivo deberá considerar, especialmente, el principio de proporcionalidad, ponderando la eventual lesión al interés público, los daños y los perjuicios provocados con la medida a terceros, así como los caracteres de instrumentalidad y provisionalidad, de modo que no se afecte la gestión sustantiva de la entidad, ni se afecte en forma grave la situación jurídica de terceros.
También deberá tomar en cuenta las posibilidades y previsiones financieras que la Administración Pública deberá efectuar para la ejecución de la medida cautelar". Ahora bien, vistas y analizadas las argumentaciones de cada una de las partes este Tribunal considera que la medida cautelar solicitada es improcedente, respaldado en lo siguiente: En cuanto a la apariencia de buen derecho, el presupuesto se tiene por acreditado, toda vez que su pretensión no resulta desproporcional, irracional o temeraria, dado que la pretensión cautelar del recurrente surge en virtud del derecho de recurrir en esta vía los actos municipales, no obstante lo anterior, es necesario tomar en consideración que en este mismo acto se declararon inadmisibles los recursos interpuestos contra algunos actos, admitiéndose únicamente el recurso respeto al Artículo XI de la Sesión Ordinaria número 233 celebrada el 21 de octubre de 2014 y el Artículo XII de la Sesión Ordinaria número 235 celebrada el 04 de noviembre de 2014, relativos al otorgamiento de la solicitud de permisos de construcción en la propiedad que tiene como su plano el catastrado número Placa18470.
En lo tocante al daño grave, y éste asociado al peligro en la demora, véase que el recurrente solicita como medida cautelar que se proceda a suspender de forma inmediata toda obra de construcción hasta tanto se haya resuelto el recurso de apelación interpuesto ante esta jerarquía. Sobre el particular debe indicarse que en casos como el que nos ocupa, y por la naturaleza misma de la medida cautelar, le corresponde a la parte que alega el daño demostrarlo con prueba técnica idónea, que acredite el peligro en la demora y una ponderación de intereses favorable para el recurrente, lo cual no sucede en la presente gestión, tal y como así lo dispone la corporación municipal y Lindora Project Mil Ochocientos Sociedad Anónima, en donde el recurrente no aporta ningún elemento probatorio que permita realizar dicha valoración, de allí que no puede este juzgador dar por sentada la existencia no sólo del daño, sino que el mismo resulte grave, razones por las cuales este presupuesto se tiene como no acreditado.
Sobre este particular, nótese que el recurrente señala que la urgencia va dirigida a la protección al medio ambiente que es un interés público general consagrado en la Constitución Política y debe privar sobre intereses particulares, por cuanto, se está eliminando del todo una zona verde de únicamente dos zonas verdes establecidas en el Plan Regulador del cantón de Santa Ana. Al respecto, este juzgador, toma en consideración el principio “in dubio pro natura” y su relación con al desarrollo económico y social del cantón, tal y como lo ha requerido la Sala Constitución, al señalar que "La responsabilidad consiste en equilibrar la protección del ambiente, el desarrollo económico y las actividades de los particulares, que justifique la intervención del Estado. Lo anterior, por cuanto una protección excesiva del ambiente que anule toda actividad económica, puede hacer incurrir a los particulares en costos desproporcionados e innecesarios, tornando algunas actividades productivas en ruinosas y generando pobreza y desempleo, lo cual impactaría negativamente a la gente.
Pero de igual modo, una actividad económica descontrolada e irresponsable puede producir un daño irreversible en el ecosistema, razón por la cual se impone la aplicación del principio “in dubio pro natura”, en el sentido de que si existe duda sobre si una actividad produce o no daños al ambiente, debe priorizarse en su protección y en consecuencia, limitarse o prohibirse dicha actividad. No obstante, la determinación de esa duda, no puede, ni debe, quedar al arbitrio de los grupos sea cual sea, sino de estudios técnicos, pues este aplicará cuando haya peligro de daño grave o irreversible en el ambiente" (Sala Constitucional, resolución número 2009017155 de las 14 horas del 05 de noviembre del 2009.). Atendiendo a lo anterior, nótese que mediante resoluciones números 1326-2010-SETENA de las nueve horas cuarenta minutos del dieciséis de junio de dos mil diez y 1081-2014-SETENA de las nueve horas veinte minutos del cuatro de junio de dos mil catorce, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, aprobó el Plan de Gestión Ambiental, la Declaración Jurada de Compromisos Ambientales y las matrices de impacto ambiental relativas al proyecto Condominio Lindora, concediendo de esta forma la Viabilidad Ambiental de dicho proyecto.
Asimismo, nótese que el Proyecto Condominio Lindora ha presentado ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental los informes de Regencia Ambiental de la Etapa Constructiva relativos a dicho proyecto, en donde constan las Acciones del proyecto, las acciones realizadas, y el estado de cumplimiento de cada uno. (Informes de regencia números 12 del mes de julio de 2015 y 13 del mes de setiembre de 2015), lo que le permite a este Juzgador tener por acreditados dichos informes y la viabilidad ambiental otorgada como los estudios técnicos correspondientes a la determinación de la afectación ambiental. Aparejado a lo anterior, con respecto a la ponderación de intereses en juego, resulta necesario decir que por regla general frente a los intereses particulares siempre debe anteponerse el interés público, no obstante, no puede obviarse lo dispuesto en el artículo 22 del Código Procesal Contencioso Administrativo, en donde se hace especial mención del principio de proporcionalidad, el cual requiere ponderar la eventual lesión al interés público y los daños y los perjuicios provocados con la medida a terceros.
Así las cosas, debe tomar en consideración este Juzgador que la obra presenta un avance de aproximadamente el 75%, según consta de la documentación aportada al expediente correspondiente, lo que tiene dos implicaciones, por un lado el tiempo transcurrido desde el inicio de la obra de tal magnitud sin que se haya realizado las gestiones que aquí se solicitan, y por otro lado, las altas sumas de dinero que se han invertido en dicho proyecto; aspectos que son ampliamente valorados para denegar la presente medida cautelar, en el tanto la afectación a los terceros implicados podría tener dimensiones inimaginables. Asimismo, pese a lo ya avanzado en dicho proyecto, este Tribunal tiene por acreditado que la paralización de las obras tendría una afectación económica de altas dimensiones, tanto por las obligaciones contractuales contraídas como por las obligaciones patronales derivados del mismo, tal y como así lo demuestra Lindora Project Mil Ochocientos Sociedad Anónima en su escrito de contestación de la medida cautelar.
Lo anterior, se constituye como un impedimento para poder conceder la medida cautelar sujeta a una contracautela, sin causar una grave afectación patrimonial a la sociedad Lindora Project Mil Ochocientos Sociedad Anónima. En mérito de lo anterior, al no poder verificarse en el caso concreto los presupuestos necesarios para acoger la solicitud de medida cautelar, lo procedente es su rechazo como en efecto se ordena.
POR TANTO:
Se declara inadmisible el recurso de apelación interpuesto contra lo resuelto respecto a los siguientes actos: a) Artículo III de la Sesión Ordinaria número 181 celebrada el 08 de diciembre de 2009, b) Oficio número MSA-DOT-D-03-607-2009 de fecha 15 de diciembre de 2009, c) Oficio número MSA-Alc-04-99-10 de fecha 09 de febrero de 2010, y d) Contra todos los usos de suelo y permisos de construcción otorgados después del 09 de febrero de 2010 sobre la finca inscrita bajo el sistema de propiedad horizontal con el número Placa18222. Asimismo, se rechaza la medida cautelar formulada.-
Document not found. Documento no encontrado.