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Res. 00822-2015 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago · Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago · 16/12/2015

Alternative measure without consent of victim-State in forestry crimeMedida alterna sin consentimiento de la víctima-Estado en delito forestal

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The court overturned the definitive dismissal and ordered a retrial due to violation of due process by omitting the Attorney General’s consent as victim-State in the alternative measure.El tribunal anuló el sobreseimiento definitivo y ordenó reenvío para nuevo juicio, por violación al debido proceso al omitir el consentimiento de la Procuraduría como víctima-Estado en la medida alterna.

SummaryResumen

The Criminal Appeals Court of Cartago overturned a definitive dismissal granted to two defendants for a Forestry Law offense, finding that the trial court and the Public Prosecutor’s Office approved a suspension of the criminal process on probation without notifying or obtaining the consent of the Attorney General’s Office, which had appeared as the victim-State from the outset. The ruling stresses that when the Attorney General represents natural resources, its approval is a sine qua non requirement for any alternative measure under Article 25 of the Criminal Procedure Code. The appeals court also noted that the agreement did not provide for environmental damage compensation and that the defendants failed to comply without the prosecution taking corrective action. A retrial was ordered to ensure the Attorney General’s participation.El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago anuló un sobreseimiento definitivo dictado a favor de dos imputados por infracción a la Ley Forestal, al determinar que el Tribunal de Juicio y el Ministerio Público homologaron una suspensión del proceso a prueba sin notificar ni obtener el consentimiento de la Procuraduría General de la República, que se había constituido como víctima-Estado desde el inicio del proceso. La resolución subraya que, cuando la Procuraduría actúa como representante de los recursos naturales, su anuencia es un requisito sine qua non para cualquier medida alterna, conforme al artículo 25 del Código Procesal Penal. Además, el tribunal de apelación observó que los acuerdos pactados no contemplaban la reparación del daño ambiental y que los imputados incumplieron lo pactado sin que la Fiscalía corrigiera tal situación. Se ordenó el reenvío para nueva sustanciación, garantizando la participación de la Procuraduría.

Key excerptExtracto clave

The criminal prosecutor is correct, because having appeared from the beginning of the proceedings and having constituted himself as a victim, having designated a place for notifications and being attentive to the judicial summons, he was never informed that the defendants, in the year two thousand thirteen, when a trial date was set, had reached an agreement with the Public Prosecutor’s Office to submit to the alternative measure of suspension of the proceedings on probation. In other words, if the court records are examined, the prosecutor at that time stated (see electronic case file) through a brief that he would not attend the preliminary hearing but requested the Criminal Court to proceed with sending the case to trial before the sentencing tribunal; that is, he did not imply in any part of the document that he agreed with any alternative measure, which, if it were to occur—as indeed it did—should have been brought to his attention, since the legal interest protected in this case is natural resources, which are par excellence protected by the State, and the latter was duly appearing and attentive to the proceedings. On the day of the trial, as shown in the records, the Public Prosecutor’s Office, without considering the victim's position, reached an agreement with the accused, which the prosecutor criticizes, since he was never informed and, in general, the agreement has nothing to do with compensating for the environmental damage, and worst of all, according to the documents in the digital case file, the defendants never fulfilled the agreements they committed to, and the Public Prosecutor’s Office did not fulfill its duty to prevent such non-compliance, clearly leaving the case in a state of defenselessness, especially by not recognizing the Attorney General’s Office as a party...Lleva razón el Procurador penal, pues al haberse apersonado desde el principio del proceso y haberse constituido como víctima, señalar lugar para notificaciones y estar atento al llamamiento judicial, nunca se le informó de que los imputados en el año dos mil trece, cuando se señaló para debate, habían llegado a un acuerdo con la Fiscalía de someterse a una medida alternativa de suspensión del proceso a prueba. Es decir, si se observan los autos, el Procurador en dicha oportunidad manifestó (ver expediente electrónico) mediante sendo escrito que no se iba a presentar a la audiencia preliminar pero que solicitaba al Juzgado Penal proceder con la elevación a juicio para ante el Tribunal sentenciador, es decir, no impuso por ningún extremo del documento que estaba de acuerdo con alguna medida alternativa, la cual de darse, - como en efecto se dio- debía de habérsele puesto en conocimiento, pues el bien jurídico tutelado en la especie son los recursos naturales que por antonomasia son protegidos por el Estado y el mismo estaba debidamente apersonado y atento al proceso. El día del debate, según consta en autos, la Fiscalía, sin tomar en cuenta la posición de la víctima, llegó a un acuerdo con los encartados, mismo que el Procurador critica, pues nunca se le informó y en general no tiene dicho pacto, nada que ver con el resarcimiento al daño ambiental, y lo peor del caso es que de acuerdo a los documentos que obran en el expediente digital, nunca los imputados cumplieron los acuerdos a que se comprometieron y la Fiscalía no hizo lo de su cargo para evitar que se diera tal incumplimiento, dejando en forma clara la causa en un estado de indefensión, sobre todo al no tenerse como parte a la Procuraduría General de la República...

Pull quotesCitas destacadas

  • "la conformidad de la víctima en un acuerdo de estos, es un requisito sine qua non, lo cual fue violentado por la autoridad jurisdiccional recurrida, convirtiendo sus actuaciones en defectuosas por contener vicios que alteran el debido proceso para las partes, en este caso la víctima, la cual nunca encontró reparación al daño por ella denunciado."

    "the victim's consent in such an agreement is a sine qua non requirement, which was violated by the appealed jurisdiction, rendering its actions defective as they contain flaws that distort due process for the parties, in this case the victim, who never found reparation for the damage it denounced."

    Considerando II

  • "la conformidad de la víctima en un acuerdo de estos, es un requisito sine qua non, lo cual fue violentado por la autoridad jurisdiccional recurrida, convirtiendo sus actuaciones en defectuosas por contener vicios que alteran el debido proceso para las partes, en este caso la víctima, la cual nunca encontró reparación al daño por ella denunciado."

    Considerando II

  • "Los derechos de las víctimas en nuestro sistema procesal penal actual, son incuestionables y no pueden ser soslayados de la forma en que se hizo en este caso, máxime que se hizo un acuerdo o pacto, sin la participación de la víctima-Estado, directamente interesada en verificar si los acuerdos tenían relación o no, con el delito investigado y el resarcimiento al daño ambiental aparentemente causado por ambos endilgados."

    "The rights of victims in our current criminal procedure system are unquestionable and cannot be ignored as was done in this case, especially since an agreement was made without the participation of the victim-State, which was directly interested in verifying whether the agreements were related or not to the crime under investigation and the compensation for the environmental damage apparently caused by both defendants."

    Considerando II

  • "Los derechos de las víctimas en nuestro sistema procesal penal actual, son incuestionables y no pueden ser soslayados de la forma en que se hizo en este caso, máxime que se hizo un acuerdo o pacto, sin la participación de la víctima-Estado, directamente interesada en verificar si los acuerdos tenían relación o no, con el delito investigado y el resarcimiento al daño ambiental aparentemente causado por ambos endilgados."

    Considerando II

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Sections

Procedural marks

Penal Sentencing Appeals Court of Cartago Date of Resolution: December 16, 2015 at 11:24 Type of matter: Appeal Analyzed by: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Content of Interest:

Strategic Themes: Environmental Type of content: Majority vote Branch of Law: Criminal Procedural Law Topic: Victim's rights Subtopics:

Improper application of an alternative measure within a proceeding for Infracción a la Ley Forestal, when the PGR is not notified and no reparation is made for the reported environmental damage (daño ambiental).

Topic: Infracción a la ley forestal Subtopics:

Improper application of an alternative measure when the PGR is not notified and no reparation is made for the reported environmental damage (daño ambiental).

Topic: Alternative measures to criminal proceedings Subtopics:

Improper application when the PGR is not notified and no reparation is made for the reported environmental damage (daño ambiental).

Topic: Environmental damage (daño ambiental) Subtopics:

Improper application of an alternative measure within a proceeding for Infracción a la Ley Forestal, when the PGR is not notified and no reparation is made for the reported environmental damage (daño ambiental).

“II-SINGLE GROUND: Violation of due process by homologating an alternative measure during the trial phase without the consent of the victim-State. The appellant considers that the rights of the Procuraduría General de la República have been violated, since this entity formally appeared from the outset as a victim and likewise designated an address for notifications, meaning that from that moment it enjoyed all the rights provided for in the criminal procedural regulations, one of which is to give or withhold its consent regarding the application of any alternative measure. It points out that its participation in the process has been active, as page 29 records that its petitions were filed for the non-return of chainsaws, requesting photocopies, and even for the scheduling of the preliminary hearing; on behalf of its represented party, the preparation of reports was requested to evaluate, in due course, a potential alternative measure with quality information. It adds that the Trial Court of the Zona Atlántica scheduled the holding of an oral trial, and on that date, which was May fifteenth, two thousand fifteen, the parties informed the Judge that they had reached an alternative measure, specifically the suspension of the process to prueba (suspensión del proceso a prueba), setting forth the conditions, which was homologated by the Judge, without informing or notifying its represented party by any means, which, as a victim, had decision-making power on such an occasion, and the environmental interest was never satisfied by the way in which the agreement was homologated. It considers that the Ministerio Público arrogated powers that do not belong to it without having the consent of the Procuraduría General de la República. It considers that the procedural moment at which it was carried out is also invalid, as the correct time was before the debate and not on the actual date of its holding. It cites resolution number 2013010285 of the Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, regarding the victim's right to accept or reject an alternative measure. As a grievance, it points to an injury to due process, since a definitive dismissal was ordered in the trial phase, which legally could not be done at that moment, but most seriously, it occurred without the participation of the Victim-State, a condition that was ignored by the jurisdictional body. It requests that the appeal be granted, the definitive dismissal judgment be annulled, and a remand be ordered for the holding of an oral and public trial. The claim is granted. As can be observed from the filed appeal, it is based on the argument of defenselessness to which a party duly appearing in the proceedings of the criminal process was subjected, that is, specifically in this case, the Procuraduría Penal de la República, which constituted itself from the beginning of the process as the victim-State, as the legal interest protected in the proceedings is natural resources and, therefore, environmental damage (daño ambiental) exists in the potential criminal conduct of both defendants. The criminal prosecutor is correct, because having appeared from the beginning of the process and constituted itself as a victim, designated an address for notifications, and been attentive to the judicial summons, it was never informed that the defendants, in the year two thousand thirteen, when a debate was scheduled, had reached an agreement with the Fiscalía to submit to an alternative measure of suspension of the process to prueba. That is, if the proceedings are observed, the Prosecutor on that occasion stated (see electronic expediente) through a writ that he would not appear at the preliminary hearing but that he requested the Criminal Court to proceed with the elevation to trial before the sentencing Tribunal, that is, he did not imply by any aspect of the document that he agreed with any alternative measure, which, if it occurred -as it indeed did- should have been made known to him, since the legal interest protected in this case is natural resources, which are inherently protected by the State, and the State was duly appearing and attentive to the process. On the day of the debate, as recorded in the proceedings, the Fiscalía, without considering the victim's position, reached an agreement with the defendants, which the Prosecutor criticizes, as he was never informed, and in general, said agreement has nothing to do with compensating for the environmental damage (daño ambiental), and the worst part of the case is that according to the documents in the digital expediente, the defendants never fulfilled the agreements they committed to, and the Fiscalía did not do what was required on its part to prevent such non-compliance, clearly leaving the case in a state of defenselessness, especially by not considering the Procuraduría General de la República as a party, which was duly appearing for all purposes and, as the appellant correctly points out, according to article 25 of the Código Procesal Penal, it had to be informed of any agreement or reparative plan prior to any homologation, since the victim's conformity with such an agreement is a sine qua non requirement, which was violated by the appealed jurisdictional authority, turning its actions into defective ones for containing flaws that alter due process for the parties, in this case the victim, which never found reparation for the damage it reported. The rights of victims in our current criminal procedural system are unquestionable and cannot be circumvented in the manner done in this case, especially since an agreement or pact was made without the participation of the victim-State, which was directly interested in verifying whether the agreements were related or not to the investigated crime and the compensation for the environmental damage (daño ambiental) apparently caused by both accused individuals. All of this was ignored in this case by the Trial Court and the Ministerio Público, which could never arrogate the competence of the Procuraduría to proceed to reach agreements that directly correspond to the Victim, in this case the State duly appearing through the Criminal Prosecutor. For the foregoing reasons, the appeal filed by Licenciado [Nombre1], representing the Costa Rican State, is granted, the dismissal judgment issued is annulled, and a new trial is ordered for a new substantiation taking into account the participation of the Procuraduría General de la República in its criminal area, which has always been appearing in the proceedings.” ... See more Citations of Legislation and Doctrine 1 *100002890597PE* Against: [Nombre1] and another Crime: Infracción a la Ley Forestal Offended party: Los Recursos Naturales Res: 2015-822 Penal Sentencing Appeals Court of Cartago, Second Section. At eleven hours twenty-four minutes on December sixteenth, two thousand fifteen.

Appeal filed in the present case against [Nombre1], of legal age, married, born on July twelfth, nineteen hundred sixty-eight, with ID CED1; and [Nombre2], of legal age, married, born on September twenty-ninth, nineteen hundred seventy-two, with identity card number CED2, for the crime of Infracción a la Ley Forestal, to the detriment of Los Recursos Naturales. Judges [Nombre3], Gustavo Chan Mora, and [Nombre4] participate in the decision of the appeal. Licenciado [Nombre5] appeared in the appeal as Criminal Prosecutor.

Whereas:

1. That by judgment number 323-2015 at fourteen hours ten minutes on June second, two thousand fifteen, the Tribunal of the First Judicial Circuit of the Zona Atlántica resolved: "POR TANTO: In accordance with the foregoing, articles 30, 31, 33, 34, 311, 312 of the Código Procesal Penal, a definitive dismissal is ordered due to extinction of the criminal action, in favor of [Nombre6] and [Nombre2] for the crime of INFRACCIÓN A LA LEY FORESTAL that to the detriment of LOS RECURSOS NATURALES had been attributed to them. Procedural costs are the responsibility of the State. NOTIFÍQUESE. [Nombre7] - ADJUDICATOR JUDGE." (sic)

2. That against the preceding ruling, Licenciado [Nombre5] filed the appeal.

3. That having verified the respective deliberation in accordance with the provisions of article 466 of the Código Procesal Penal, amended by Ley 8837 published on December ninth, two thousand eleven (Creation of the Sentence Appeal), the Court considered the issues raised in the appeal.

4. That in the proceedings, the pertinent legal requirements have been observed.

Judge [Nombre8] drafts, and;

Considering:

I.By writ of Licenciado [Nombre5], in his capacity as Criminal Prosecutor, representing the Costa Rican State, he files an appeal against the definitive dismissal judgment number 323-2015 at fourteen hours ten minutes on June second, two thousand fifteen, from the Trial Court of the First Judicial Circuit of the Zona Atlántica; a ruling that dismissed the charges against the defendants [Nombre1] and [Nombre2] due to extinction of the criminal action. By virtue of the application of the principles of informality, breadth, accessibility, and flexibility inherent to the appeal of a criminal sentence, it is deemed that the impugnation in question meets the basic and minimum requirements necessary to enable the consideration and decision of the objections raised by the appellant for the comprehensive examination of the impugned sentence, as established by article 8.2h of the American Convention on Human Rights, and articles 458, 459, 460, and 462 of the Código Procesal Penal, whose disagreements are set forth as follows.

II-SINGLE GROUND: Violation of due process by homologating an alternative measure during the trial phase without the consent of the victim-State. The appellant considers that the rights of the Procuraduría General de la República have been violated, since this entity formally appeared from the outset as a victim and likewise designated an address for notifications, meaning that from that moment it enjoyed all the rights provided for in the criminal procedural regulations, one of which is to give or withhold its consent regarding the application of any alternative measure. It points out that its participation in the process has been active, as page 29 records that its petitions were filed for the non-return of chainsaws, requesting photocopies, and even for the scheduling of the preliminary hearing; on behalf of its represented party, the preparation of reports was requested to evaluate, in due course, a potential alternative measure with quality information. It adds that the Trial Court of the Zona Atlántica scheduled the holding of an oral trial, and on that date, which was May fifteenth, two thousand fifteen, the parties informed the Judge that they had reached an alternative measure, specifically the suspension of the proceso a prueba (suspensión del proceso a prueba), setting forth the conditions, which was homologated by the Judge, without informing or notifying its represented party by any means, which, as a victim, had decision-making power on such an occasion, and the environmental interest was never satisfied by the way in which the agreement was homologated. It considers that the Ministerio Público arrogated powers that do not belong to it without having the consent of the Procuraduría General de la República. It considers that the procedural moment at which it was carried out is also invalid, as the correct time was before the debate and not on the actual date of its holding. It cites resolution number 2013010285 of the Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, regarding the victim's right to accept or reject an alternative measure. As a grievance, it points to an injury to due process, since a definitive dismissal was ordered in the trial phase, which legally could not be done at that moment, but most seriously, it occurred without the participation of the Victim-State, a condition that was ignored by the jurisdictional body. It requests that the appeal be granted, the definitive dismissal judgment be annulled, and a remand be ordered for the holding of an oral and public trial. The claim is granted. As can be observed from the filed appeal, it is based on the argument of defenselessness to which a party duly appearing in the proceedings of the criminal process was subjected, that is, specifically in this case, the Procuraduría Penal de la República, which constituted itself from the beginning of the process as the victim-State, as the legal interest protected in the proceedings is natural resources and, therefore, environmental damage (daño ambiental) exists in the potential criminal conduct of both defendants. The criminal prosecutor is correct, because having appeared from the beginning of the process and constituted itself as a victim, designated an address for notifications, and been attentive to the judicial summons, it was never informed that the defendants, in the year two thousand thirteen, when a debate was scheduled, had reached an agreement with the Fiscalía to submit to an alternative measure of suspension of the proceso a prueba. That is, if the proceedings are observed, the Prosecutor on that occasion stated (see electronic expediente) through a writ that he would not appear at the preliminary hearing but that he requested the Criminal Court to proceed with the elevation to trial before the sentencing Tribunal, that is, he did not imply by any aspect of the document that he agreed with any alternative measure, which, if it occurred -as it indeed did- should have been made known to him, since the legal interest protected in this case is natural resources, which are inherently protected by the State, and the State was duly appearing and attentive to the process. On the day of the debate, as recorded in the proceedings, the Fiscalía, without considering the victim's position, reached an agreement with the defendants, which the Prosecutor criticizes, as he was never informed, and in general, said agreement has nothing to do with compensating for the environmental damage (daño ambiental), and the worst part of the case is that according to the documents in the digital expediente, the defendants never fulfilled the agreements they committed to, and the Fiscalía did not do what was required on its part to prevent such non-compliance, clearly leaving the case in a state of defenselessness, especially by not considering the Procuraduría General de la República as a party, which was duly appearing for all purposes and, as the appellant correctly points out, according to article 25 of the Código Procesal Penal, it had to be informed of any agreement or reparative plan prior to any homologation, since the victim's conformity with such an agreement is a sine qua non requirement, which was violated by the appealed jurisdictional authority, turning its actions into defective ones for containing flaws that alter due process for the parties, in this case the victim, which never found reparation for the damage it reported. The rights of victims in our current criminal procedural system are unquestionable and cannot be circumvented in the manner done in this case, especially since an agreement or pact was made without the participation of the victim-State, which was directly interested in verifying whether the agreements were related or not to the investigated crime and the compensation for the environmental damage (daño ambiental) apparently caused by both accused individuals. All of this was ignored in this case by the Trial Court and the Ministerio Público, which could never arrogate the competence of the Procuraduría to proceed to reach agreements that directly correspond to the Victim, in this case the State duly appearing through the Criminal Prosecutor. For the foregoing reasons, the appeal filed by Licenciado [Nombre5], representing the Costa Rican State, is granted, the dismissal judgment issued is annulled, and a new trial is ordered for a new substantiation taking into account the participation of the Procuraduría General de la República in its criminal area, which has always been appearing in the proceedings.

Por Tanto:

The appeal filed by Licenciado [Nombre5], representing the Costa Rican State, is granted, the dismissal judgment issued is annulled, and a new trial is ordered for a new substantiation taking into account the participation of the Procuraduría General de la República in its criminal area, which has always been appearing in the proceedings. Notifíquese.- CED3 [Nombre9] - ADJUDICATOR JUDGE CED4 [Nombre10] - ADJUDICATOR JUDGE CED5 [Nombre4] - ADJUDICATOR JUDGE kcalderon Judicial Circuit of Cartago Telephones: [Telf1] or [Telf2]. Fax: [Telf3]. Email: [...]

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Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago Clase de asunto: Recurso de apelación Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Contenido de Interés:

Temas Estrategicos: Ambiental Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Derecho Procesal Penal Tema: Derechos de la víctima Subtemas:

Improcedente aplicación de medida alterna dentro de proceso de infracción a la Ley Forestal, cuando no se notifica a la PGR y no se da una reparación del daño ambiental denunciado.

Tema: Infracción a la ley forestal Subtemas:

Improcedente aplicación de medida alterna cuando no se notifica a la PGR y no se da una reparación del daño ambiental denunciado.

Tema: Medidas alternas al proceso penal Subtemas:

Improcedente aplicación cuando no se notifica a la PGR y no se da una reparación del daño ambiental denunciado.

Tema: Daño ambiental Subtemas:

Improcedente aplicación de medida alterna dentro de proceso de infracción a la Ley Forestal, cuando no se notifica a la PGR y no se da una reparación del daño ambiental denunciado.

“II-ÚNICO MOTIVO: Violación al debido proceso al homologarse una medida alterna en fase de juicio sin el consentimiento de la víctima- Estado. Considera el apelante que se han violado los derechos de la Procuraduría General de la República, pues tal ente, se apersonó desde el inicio formalmente como víctima y de igual forma señaló para recibir notificaciones, siendo que desde ese momento gozaba de todos los derechos previstos en la normativa procesal penal, uno de los cuales, es dar o no su consentimiento en relación a la aplicación de cualquier medida alterna. Señala que su participación en el proceso ha sido activa pues al folio 29 consta que sus gestiones se han presentado para no devolución de motosierras, solicitando fotocopias, incluso para el señalamiento de la audiencia preliminar, de parte de su representada se solicitó la realización de informes para valorar en su momento, una eventual medida alterna con información de calidad. Agrega que el Tribunal de Juicio de la Zona Atlántica señaló para la celebración de juicio oral y en tal fecha que fue el quince de mayo de dos mil quince, las partes le informaron al Juzgador que habían llegado a una medida alterna, propiamente la suspensión del proceso a prueba, exponiendo las condiciones, lo cual fue homologado por el Juez, sin informar o notificar por algún medio a su representada, la cual como víctima tenía poder de decisión en tal ocasión, siendo que el interés ambiental nunca fue satisfecho por la forma en que se homologó el pacto. Considera que el Ministerio Público se arrogó facultades que no le competen sin tener la anuencia de la Procuraduría General de la República. Considera que el momento procesal también en el cual se efectuó es invalido pues lo correcto era antes del debate y no en la propia fecha de la realización del mismo. Cita la resolución número 2013010285 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con relación al derecho de la víctima para aceptar o rechazar una medida alterna. Como agravio señala una lesión al debido proceso, pues se dictó un sobreseimiento definitivo en etapa de juicio, sin que legalmente se pudiera hacer en ese momento, pero lo más grave es que se dio sin participación de la Víctima- Estado, condición que fue ignorada por el órgano jurisdiccional. Solicita se declare con lugar el recurso, se anule la sentencia de sobreseimiento definitivo y se ordene un reenvió para la celebración del juicio oral y público. Con lugar el reclamo. Como se observa del recurso incoado, el mismo se basa en el argumento de la indefensión a que fue sometida una parte del proceso penal debidamente apersonada a los autos, es decir, específicamente en este caso, la Procuraduría Penal de la República, la cual se constituyó desde el inicio del proceso como víctima- Estado, al ser el bien jurídico tutelado en autos, los recursos naturales y por ende, mediar un daño ambiental en la posible conducta delictiva de ambos imputados. Lleva razón el Procurador penal, pues al haberse apersonado desde el principio del proceso y haberse constituido como víctima, señalar lugar para notificaciones y estar atento al llamamiento judicial, nunca se le informó de que los imputados en el año dos mil trece, cuando se señaló para debate, habían llegado a un acuerdo con la Fiscalía de someterse a una medida alternativa de suspensión del proceso a prueba. Es decir, si se observan los autos, el Procurador en dicha oportunidad manifestó ( ver expediente electrónico) mediante sendo escrito que no se iba a presentar a la audiencia preliminar pero que solicitaba al Juzgado Penal proceder con la elevación a juicio para ante el Tribunal sentenciador, es decir, no impuso por ningún extremo del documento que estaba de acuerdo con alguna medida alternativa, la cual de darse, - como en efecto se dio- debía de habérsele puesto en conocimiento, pues el bien jurídico tutelado en la especie son los recursos naturales que por antonomasia son protegidos por el Estado y el mismo estaba debidamente apersonado y atento al proceso. El día del debate, según consta en autos, la Fiscalía, sin tomar en cuenta la posición de la víctima, llegó a un acuerdo con los encartados, mismo que el Procurador critica, pues nunca se le informó y en general no tiene dicho pacto, nada que ver con el resarcimiento al daño ambiental, y lo peor del caso es que de acuerdo a los documentos que obran en el expediente digital, nunca los imputados cumplieron los acuerdos a que se comprometieron y la Fiscalía no hizo lo de su cargo para evitar que se diera tal incumplimiento, dejando en forma clara la causa en un estado de indefensión, sobre todo al no tenerse como parte a la Procuraduría General de la República, la cual estaba debidamente apersonada para todos los efectos y, como bien señala el recurrente, de acuerdo al artículo 25 del Código Procesal Penal, tenia que ser informada de cualquier acuerdo o plan reparador previo a cualquier homologación, pues la conformidad de la víctima en un acuerdo de estos, es un requisito sine qua non, lo cual fue violentado por la autoridad jurisdiccional recurrida, convirtiendo sus actuaciones en defectuosas por contener vicios que alteran el debido proceso para las partes, en este caso la víctima, la cual nunca encontró reparación al daño por ella denunciado. Los derechos de las víctimas en nuestro sistema procesal penal actual, son incuestionables y no pueden ser soslayados de la forma en que se hizo en este caso, máxime que se hizo un acuerdo o pacto, sin la participación de la víctima- Estado, directamente interesada en verificar si los acuerdos tenían relación o no, con el delito investigado y el resarcimiento al daño ambiental aparentemente causado por ambos endilgados. Todo esto en esta causa se ignoró de parte del Tribunal de Juicio y del Ministerio Público, el cual nunca podría arrogarse la competencia de la Procuraduría para proceder a llegar a acuerdos que le competen directamente a la Víctima, en este caso el Estado debidamente apersonado por el Procurador Penal. Por lo expuesto, se declara con lugar el recurso incoado por el licenciado [Nombre1] , en representación del Estado Costarricense, se anula la sentencia de sobreseimiento dictada, se ordena el juicio de reenvió para una nueva sustanciación tomando en cuenta la participación de la Procuraduría General de la República en su área penal, la cual siempre ha estado apersonada a los autos.” ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina 1 *100002890597PE* Contra: [Nombre1] y otro Delito: Infracción a la Ley Forestal Ofendido: Los Recursos Naturales Res: 2015-822 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, Sección Segunda. A las once horas veinticuatro minutos del dieciséis de diciembre dos mil quince.

Recurso de apelación interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre1] , mayor, casado, nacido el doce de julio de mil novecientos sesenta y ocho, con CED1 ; y [Nombre2] mayor, casado, nacido el veintinueve de setiembre de mil novecientos setenta y dos, con cédula de identidad número CED2 , por el delito de Infracción a la Ley Forestal, en perjuicio de Los Recursos Naturales. Intervienen en la decisión del recurso los jueces [Nombre3] , Gustavo Chan Mora y [Nombre4] . Se apersonó en apelación el licenciado [Nombre5] en calidad de Procurador Penal.

Resultando:

1. Que mediante sentencia número 323-2015 de las catorce horas diez minutos del dos de junio del año dos mil quince, el Tribunal del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, resolvió: "POR TANTO: De conformidad con lo expuesto,artículos 30, 31, 33, 34, 311, 312 del Código Procesal Penal, se dicta sobreseimiento definitivo por extinción de la acción penal, a favor de [Nombre6] y [Nombre2] por el delito de INFRACCIÓN A LA LEY FORESTAL que en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES se les venía atribuyendo. Son las costas procesales a cargo del Estado. NOTIFÍQUESE. [Nombre7] - JUEZ/A DECISOR/A." (sic)

2. Que contra el anterior pronunciamiento, el licenciado [Nombre5] interpuso el recurso de apelación.

3. Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 466 del Código Procesal Penal, reformado por Ley 8837 publicada el nueve de diciembre de dos mil once (Creación de Recurso de Apelación de la Sentencia), el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el recurso.

4. Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

Redacta el Juez [Nombre8] , y;

Considerando:

I.Mediante escrito del licenciado [Nombre5] , en su condición de Procurador Penal, en representación del Estado Costarricense, presenta recurso de apelación en contra de la sentencia de sobreseimiento definitivo número 323-2015 de las catorce horas diez minutos del dos de junio de dos mil quince, del Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica; fallo que sobreseyó a los encartados [Nombre1] y [Nombre2] por extinción de la acción penal. En virtud de la aplicación de los principios de informalidad, amplitud, accesibilidad y flexibilidad propios del recurso de apelación de sentencia penal, se estima que la impugnación de marras reúne los presupuestos básicos y mínimos que se requieren para que la misma posibilite el conocimiento y decisión de los reparos planteados por el recurrente en orden al examen integral de la sentencia impugnada, tal y como lo establece el artículo 8.2h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y los artículos 458, 459, 460 y 462 del Código Procesal Penal, cuyas inconformidades expone de la siguiente forma.

II-ÚNICO MOTIVO: Violación al debido proceso al homologarse una medida alterna en fase de juicio sin el consentimiento de la víctima- Estado. Considera el apelante que se han violado los derechos de la Procuraduría General de la República, pues tal ente, se apersonó desde el inicio formalmente como víctima y de igual forma señaló para recibir notificaciones, siendo que desde ese momento gozaba de todos los derechos previstos en la normativa procesal penal, uno de los cuales, es dar o no su consentimiento en relación a la aplicación de cualquier medida alterna. Señala que su participación en el proceso ha sido activa pues al folio 29 consta que sus gestiones se han presentado para no devolución de motosierras, solicitando fotocopias, incluso para el señalamiento de la audiencia preliminar, de parte de su representada se solicitó la realización de informes para valorar en su momento, una eventual medida alterna con información de calidad. Agrega que el Tribunal de Juicio de la Zona Atlántica señaló para la celebración de juicio oral y en tal fecha que fue el quince de mayo de dos mil quince, las partes le informaron al Juzgador que habían llegado a una medida alterna, propiamente la suspensión del proceso a prueba, exponiendo las condiciones, lo cual fue homologado por el Juez, sin informar o notificar por algún medio a su representada, la cual como víctima tenía poder de decisión en tal ocasión, siendo que el interés ambiental nunca fue satisfecho por la forma en que se homologó el pacto. Considera que el Ministerio Público se arrogó facultades que no le competen sin tener la anuencia de la Procuraduría General de la República. Considera que el momento procesal también en el cual se efectuó es invalido pues lo correcto era antes del debate y no en la propia fecha de la realización del mismo. Cita la resolución número 2013010285 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con relación al derecho de la víctima para aceptar o rechazar una medida alterna. Como agravio señala una lesión al debido proceso, pues se dictó un sobreseimiento definitivo en etapa de juicio, sin que legalmente se pudiera hacer en ese momento, pero lo más grave es que se dio sin participación de la Víctima- Estado, condición que fue ignorada por el órgano jurisdiccional. Solicita se declare con lugar el recurso, se anule la sentencia de sobreseimiento definitivo y se ordene un reenvió para la celebración del juicio oral y público. Con lugar el reclamo. Como se observa del recurso incoado, el mismo se basa en el argumento de la indefensión a que fue sometida una parte del proceso penal debidamente apersonada a los autos, es decir, específicamente en este caso, la Procuraduría Penal de la República, la cual se constituyó desde el inicio del proceso como víctima- Estado, al ser el bien jurídico tutelado en autos, los recursos naturales y por ende, mediar un daño ambiental en la posible conducta delictiva de ambos imputados. Lleva razón el Procurador penal, pues al haberse apersonado desde el principio del proceso y haberse constituido como víctima, señalar lugar para notificaciones y estar atento al llamamiento judicial, nunca se le informó de que los imputados en el año dos mil trece, cuando se señaló para debate, habían llegado a un acuerdo con la Fiscalía de someterse a una medida alternativa de suspensión del proceso a prueba. Es decir, si se observan los autos, el Procurador en dicha oportunidad manifestó ( ver expediente electrónico) mediante sendo escrito que no se iba a presentar a la audiencia preliminar pero que solicitaba al Juzgado Penal proceder con la elevación a juicio para ante el Tribunal sentenciador, es decir, no impuso por ningún extremo del documento que estaba de acuerdo con alguna medida alternativa, la cual de darse, - como en efecto se dio- debía de habérsele puesto en conocimiento, pues el bien jurídico tutelado en la especie son los recursos naturales que por antonomasia son protegidos por el Estado y el mismo estaba debidamente apersonado y atento al proceso. El día del debate, según consta en autos, la Fiscalía, sin tomar en cuenta la posición de la víctima, llegó a un acuerdo con los encartados, mismo que el Procurador critica, pues nunca se le informó y en general no tiene dicho pacto, nada que ver con el resarcimiento al daño ambiental, y lo peor del caso es que de acuerdo a los documentos que obran en el expediente digital, nunca los imputados cumplieron los acuerdos a que se comprometieron y la Fiscalía no hizo lo de su cargo para evitar que se diera tal incumplimiento, dejando en forma clara la causa en un estado de indefensión, sobre todo al no tenerse como parte a la Procuraduría General de la República, la cual estaba debidamente apersonada para todos los efectos y, como bien señala el recurrente, de acuerdo al artículo 25 del Código Procesal Penal, tenia que ser informada de cualquier acuerdo o plan reparador previo a cualquier homologación, pues la conformidad de la víctima en un acuerdo de estos, es un requisito sine qua non, lo cual fue violentado por la autoridad jurisdiccional recurrida, convirtiendo sus actuaciones en defectuosas por contener vicios que alteran el debido proceso para las partes, en este caso la víctima, la cual nunca encontró reparación al daño por ella denunciado. Los derechos de las víctimas en nuestro sistema procesal penal actual, son incuestionables y no pueden ser soslayados de la forma en que se hizo en este caso, máxime que se hizo un acuerdo o pacto, sin la participación de la víctima- Estado, directamente interesada en verificar si los acuerdos tenían relación o no, con el delito investigado y el resarcimiento al daño ambiental aparentemente causado por ambos endilgados. Todo esto en esta causa se ignoró de parte del Tribunal de Juicio y del Ministerio Público, el cual nunca podría arrogarse la competencia de la Procuraduría para proceder a llegar a acuerdos que le competen directamente a la Víctima, en este caso el Estado debidamente apersonado por el Procurador Penal. Por lo expuesto, se declara con lugar el recurso incoado por el licenciado [Nombre5] , en representación del Estado Costarricense, se anula la sentencia de sobreseimiento dictada, se ordena el juicio de reenvió para una nueva sustanciación tomando en cuenta la participación de la Procuraduría General de la República en su área penal, la cual siempre ha estado apersonada a los autos.

Por Tanto:

Se declara con lugar el recurso incoado por el licenciado [Nombre5] , en representación del Estado Costarricense, se anula la sentencia de sobreseimiento dictada, se ordena el juicio de reenvió para una nueva sustanciación tomando en cuenta la participación de la Procuraduría General de la República en su área penal, la cual siempre ha estado apersonada a los autos. Notifíquese.- CED3 [Nombre9] - JUEZ/A DECISOR/A CED4 [Nombre10] - JUEZ/A DECISOR/A CED5 [Nombre4] - JUEZ/A DECISOR/A kcalderon Circuito Judicial de Cartago Teléfonos: [Telf1] ó [Telf2]. Fax: [Telf3]. Correo electrónico: [...]

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