Beta Public preview Vista previa

← Environmental Law Center← Centro de Derecho Ambiental

Res. 00590-2015 Tribunal Contencioso Administrativo Sección III · Tribunal Contencioso Administrativo Sección III · 09/12/2015

Municipal approval required for subdivision registrationVisado municipal obligatorio para inscripción de fraccionamientos

View document ↓ Ver documento ↓ View original source ↗ Ver fuente original ↗

SummaryResumen

The Administrative Contentious Court, Section III, acting as an improper hierarchical superior, upholds the ruling of the Municipality of El Guarco that denied an appeal against a land-use certificate. The appellant argued that the registered segregation plan was valid, but the Court holds that municipal approval (visado) is an indispensable requirement for subdivision registration under Article 34 of the Urban Planning Law. The ruling stresses that construction and subdivision permits are conditional upon compliance with applicable urban planning regulations, including environmental viability from SETENA and other authorizations. The omission of the visado cannot be remedied by the principle of registry publicity, since it admits contrary evidence. The administrative proceeding is declared exhausted.El Tribunal Contencioso Administrativo, Sección III, actuando como jerarca impropio, confirma la resolución de la Alcaldía de El Guarco que rechazó un recurso contra una certificación de uso de suelo. El recurrente alegaba la validez registral de un plano de segregación, pero el Tribunal sostiene que el visado municipal es un requisito ineludible para la inscripción de fraccionamientos, conforme al artículo 34 de la Ley de Planificación Urbana. El fallo enfatiza que los permisos de construcción y urbanización están condicionados al cumplimiento de la ordenación urbanística aplicable, incluyendo la viabilidad ambiental de SETENA y otras autorizaciones. La omisión del visado no puede subsanarse por el principio de publicidad registral, ya que este admite prueba en contrario. Se declara agotada la vía administrativa.

Key excerptExtracto clave

III.- On the merits. Municipal powers, understood in their dual capacity as power-duty, are attributions that the Costa Rican legal system entrusts to local governments, including planning, oversight, control, and direction faculties deployed through the autonomy granted in articles 170 and following of the Political Constitution and throughout the Municipal Code. Their functions are carried out by means of coercive powers, competencies that are non-delegable, non-transferable, and non-waivable, as established in article 66 of the General Public Administration Law. These faculties include, par excellence, the oversight of every urban development process and ensuring compliance with all public health and construction standards to guarantee that human settlements provide suitable housing and environmental conditions. Several national laws contain some of the main urban planning provisions that make Local Governments responsible for urban development, as can be seen in the Municipal Code, article 13 subsection o), the Urban Planning Law, the Construction Law, and the Organic Environmental Law. The granting of construction permits for subdivision and urbanization purposes is conditioned on the project conforming to the applicable urban planning regulations; this entails a prior enabling control or "permit" issued by municipal authorities, which must be preceded by various requirements provided for in our legal system, among which stand out, for example, obtaining environmental viability from SETENA, the works assessment and approval of plans issued by the Federated College of Engineers and Architects, obtaining sources of potable water and approval of aqueduct and sewer system plans issued by AyA, studies with favorable results from SENARE regarding impact on subsoil, aquifers, and recharge zones, the supply of electrification services, as well as approval from INVU regarding the project's integrality. IV.- The preceding lines are necessary, since article 34 of the Urban Planning Law provides that the National Registry cannot make any registration of subdivisions without the Municipality's approval (visado). That is, in this case, the municipality became aware of a lot registration resulting from a segregation that did not go through municipal approval, and thus, responsibly, proceeded to give the corresponding warning to Mr. Blanco Castillo. It should be remembered that the Principle of Registry Publicity provides information favoring third parties that is presumed valid, but it may well be subject to contrary evidence leading to reversal and consequent deregistration of the registry entries.III.- Sobre el fondo. Las potestades municipales, entendidas en su doble condición de poder-deber, son atribuciones que el ordenamiento costarricense encomienda a los gobiernos locales que incluyen facultades de planificación, vigilancia, control y dirección que se despliegan a través de la autonomía otorgada en los ordinales 170 y siguientes de la Constitución Política y a lo largo de todo el texto del Código Municipal. Sus funciones son llevadas a cabo mediante las potestades de imperio, competencias que devienen en indelegables, intransferibles e irrenunciables, conforme lo establece el artículo 66 de la Ley General de la Administración Pública. Esas facultades incluyen, por excelencia, la vigilancia de todo proceso urbanístico y el aseguramiento del cumplimiento de todas las normas de salubridad pública y constructivas a efectos de garantizar que los asentamientos humanos brindan condiciones habitacionales y ambientales idóneas. En varias leyes nacionales se encuentran algunas de las principales normas de aplicación urbanística que responsabiliza a los Gobiernos Locales del desarrollo urbano, tal y como se puede verificar en el Código Municipal, artículo 13 inciso o), la Ley de Planificación Urbana, Ley de Construcciones y la Ley Orgánica del Ambiente. El otorgamiento de los permisos de construcción para efectos de fraccionamiento y urbanización está condicionado a que el proyecto en cuestión resulte conforme con la ordenación urbanística aplicable; lo cual supone un control previo de habilitación o "permiso" emitido por las autoridades municipales, que debe estar precedido de varios requerimientos previstos en nuestro ordenamiento, dentro de lo que destacan, por ejemplo, la obtención de la viabilidad ambiental otorgada por SETENA, la tasación de obras y aprobación de planos emitido por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, la obtención de fuentes de agua potable así como la aprobación de planos de acueductos y sistemas de alcantarillados emitidos por el AyA, los estudios con resultados favorables del SENARE respecto del impacto sobre los subsuelos, mantos acuíferos y áreas de recarga, el suministro de servicios de electrificación, así como la aprobación del INVU en lo que concierne a la integralidad del proyecto. IV.- Las líneas anteriores son necesarias, pues el artículo 34 de la Ley de Planificación Urbana dispone que el Registro Nacional no puede realizar inscripción alguna de fraccionamientos si no existen los visados de la Municipalidad. O sea, en esta causa, ha sido el ayuntamiento el que se ha percatado de una inscripción de un lote producto de una segregación que no pasó por la aprobación municipal, de modo que, de manera responsable, ha procedido a dar la respectiva advertencia al señor Blanco Castillo. Recuérsede que el Principio de Publicidad de Registral provee de información a favor de terceros que se presume válida, pero bien puede ser objeto de prueba en contrario que traiga como consecuencia la reversión y consecuente desinscripción de los asientos registrales.