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Res. 00190-2015 Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI · Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI · 09/11/2015

Legality of ARESEP Guidelines on Traceability of LPG CylindersLegalidad de los lineamientos ARESEP sobre trazabilidad de cilindros de GLP

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OutcomeResultado

DeniedSin lugar

The Court denied the claim for absolute nullity of ARESEP Resolution RIE-052-2014 on LPG cylinder traceability, confirming its legality and rejecting all defects alleged by the plaintiff.El Tribunal declaró sin lugar la demanda de nulidad absoluta contra la Resolución RIE-052-2014 de ARESEP sobre trazabilidad de cilindros de GLP, confirmando su legalidad y rechazando todos los vicios alegados por la empresa actora.

SummaryResumen

The Sixth Section of the Contentious-Administrative Court dismissed the action for absolute nullity filed by Gas Nacional Zeta S.A. against ARESEP Resolution RIE-052-2014. The company argued that the requirement to withdraw from the market all LPG cylinders not compliant with the Central American technical standard RTCA 23.01.29:05—which mandates permanently marking traceability information—violated freedom of enterprise, the principles of non-retroactivity, legal certainty, reasonableness, and proportionality, as well as creating logical contradictions. The Court rejected all arguments: it characterized commercial distribution of LPG as a public service subject to intense regulation; noted the technical standard has been in force since 2006 and was individually notified to the plaintiff upon renewal of its concession (2013-2014); clarified that the obligation applies to all non-compliant cylinders regardless of manufacturing date or vested rights, given the high safety risk to users; held that the more than eight-year adjustment period was not unreasonable; and concluded that enterprise freedom yields to the protection of consumer health, safety, and the environment. The claim was dismissed with costs.El Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI rechazó la demanda de nulidad absoluta interpuesta por Gas Nacional Zeta S.A. contra la Resolución RIE-052-2014 de ARESEP. La empresa alegó que la exigencia de retirar del mercado los cilindros de GLP que no cumplieran con la norma técnica centroamericana RTCA 23.01.29:05 —que regula el marcado permanente con información de trazabilidad— vulneraba la libertad de empresa, los principios de irretroactividad, seguridad jurídica, razonabilidad y proporcionalidad, y generaba contradicciones lógicas. El Tribunal desestimó todos los argumentos: calificó la actividad de distribución de GLP como servicio público sujeto a regulación intensa; precisó que la norma técnica está vigente desde 2006 y fue comunicada individualmente a la actora en las renovaciones de su concesión (2013-2014); aclaró que la obligación aplica a todos los cilindros que no reúnan la información exigida, sin distinguir fecha de fabricación ni derechos adquiridos, dado el alto riesgo para la seguridad de los usuarios; consideró que el plazo de más de ocho años para adecuarse no era irrazonable; y concluyó que la libertad empresarial cede frente a la protección de la salud, seguridad y ambiente de los consumidores. La demanda fue declarada sin lugar con condena en costas.

Key excerptExtracto clave

Thus, this Panel of Judges considers that the requirement to include the information mandated by the Central American technical standard set out in the challenged action is appropriate, as it aims to guarantee the safety of the public gas supply and distribution service, since the information required to be stamped on the cylinder collar makes it possible to determine not only the filling and distribution company responsible for the asset, but also the actual condition of each cylinder, from its serial number—which is important for the reports that each filling and distribution company must maintain in this regard, thereby enabling effective oversight, we reiterate, both by the Administration and by the service provider—to the individual characteristics of each cylinder. In the case before us, there is neither a vested right nor a consolidated legal situation by virtue of which Gas Nacional Zeta Sociedad Anónima or any other provider of the public service at issue in this matter could legitimately fail to comply with the Central American technical standard that regulates the conditions for rendering cylinder traceability effective for the public service of filling and distributing liquefied petroleum gas, thereby endangering user safety. [...] the content of enterprise freedom also entails the protection of safety, health and the environment, and correspondingly these contents constitute genuine fundamental rights for consumers and users, demanding positive action by the Administration to guarantee health and the environment in connection with the activities of economic agents in the market.Así, entiende esta Cámara de Juzgadores que la exigencia de la consignación de la información requerida por norma técnica centroamericana establecida en la actuación impugnada resulta adecuada, en tanto tiende a garantizar la seguridad del servicio público de suministro y distribución de gas, ya que la información que se exige incorporar al cuello del cilindro (de manera troqueleada) hace posible determinar no sólo la empresa envasadora y distribuidora responsable del bien, sino también de las condiciones reales de cada cilindro, desde su número de serie, que es importante por los reportes que debe tener al efecto cada empresa envasadora y distribuidora -lo que efectiviza el control, se insiste, tanto de parte de la Administración como de la empresa prestataria del servicio-, hasta las características individuales de cada uno de los cilindros. En el caso que nos ocupa, no existe ni un derecho adquirido ni tampoco una situación jurídica consolidada al tenor de los cuales, la empresa Gas Nacional Zeta Sociedad Anónima o cualquier otro prestatario del servicio público que nos interesa en este asunto, pueda legítimamente incumplir la normativa técnica centroamericana, que regula las condiciones para hacer efectiva la trazabilidad de los cilindros destinados al servicio público de envasado y distribución de gas licuado de petróleo, y con ello, poner en riesgo la seguridad de los usuarios del mismo. [...] el contenido de la libertad empresarial también entraña la protección de la seguridad, la salud y el medio ambiente, y correlativamente tales contenidos se configuran en verdaderos derechos fundamentales para el consumidor y el usuario, la demanda de acciones positivas por parte de la Administración, a fin de garantizar la salud y el ambiente con ocasión de actividades de los agentes económicos en medio del mercado.

Pull quotesCitas destacadas

  • "Así, entiende esta Cámara de Juzgadores que la exigencia de la consignación de la información requerida por norma técnica centroamericana establecida en la actuación impugnada resulta adecuada, en tanto tiende a garantizar la seguridad del servicio público de suministro y distribución de gas, ya que la información que se exige incorporar al cuello del cilindro (de manera troqueleada) hace posible determinar no sólo la empresa envasadora y distribuidora responsable del bien, sino también de las condiciones reales de cada cilindro."

    "Thus, this Panel of Judges considers that the requirement to include the information mandated by the Central American technical standard set out in the challenged action is appropriate, as it aims to guarantee the safety of the public gas supply and distribution service, since the information required to be stamped on the cylinder collar makes it possible to determine not only the filling and distribution company responsible for the asset, but also the actual condition of each cylinder."

    Considerando X

  • "Así, entiende esta Cámara de Juzgadores que la exigencia de la consignación de la información requerida por norma técnica centroamericana establecida en la actuación impugnada resulta adecuada, en tanto tiende a garantizar la seguridad del servicio público de suministro y distribución de gas, ya que la información que se exige incorporar al cuello del cilindro (de manera troqueleada) hace posible determinar no sólo la empresa envasadora y distribuidora responsable del bien, sino también de las condiciones reales de cada cilindro."

    Considerando X

  • "En el caso que nos ocupa, no existe ni un derecho adquirido ni tampoco una situación jurídica consolidada al tenor de los cuales, la empresa Gas Nacional Zeta Sociedad Anónima o cualquier otro prestatario del servicio público que nos interesa en este asunto, pueda legítimamente incumplir la normativa técnica centroamericana, que regula las condiciones para hacer efectiva la trazabilidad de los cilindros destinados al servicio público de envasado y distribución de gas licuado de petróleo, y con ello, poner en riesgo la seguridad de los usuarios del mismo."

    "In the case before us, there is neither a vested right nor a consolidated legal situation by virtue of which Gas Nacional Zeta Sociedad Anónima or any other provider of the public service at issue in this matter could legitimately fail to comply with the Central American technical standard that regulates the conditions for rendering cylinder traceability effective for the public service of filling and distributing liquefied petroleum gas, thereby endangering user safety."

    Considerando X

  • "En el caso que nos ocupa, no existe ni un derecho adquirido ni tampoco una situación jurídica consolidada al tenor de los cuales, la empresa Gas Nacional Zeta Sociedad Anónima o cualquier otro prestatario del servicio público que nos interesa en este asunto, pueda legítimamente incumplir la normativa técnica centroamericana, que regula las condiciones para hacer efectiva la trazabilidad de los cilindros destinados al servicio público de envasado y distribución de gas licuado de petróleo, y con ello, poner en riesgo la seguridad de los usuarios del mismo."

    Considerando X

  • "… el contenido de la libertad empresarial también entraña la protección de la seguridad, la salud y el medio ambiente, y correlativamente tales contenidos se configuran en verdaderos derechos fundamentales para el consumidor y el usuario."

    "… the content of enterprise freedom also entails the protection of safety, health and the environment, and correspondingly these contents constitute genuine fundamental rights for consumers and users."

    Considerando X

  • "… el contenido de la libertad empresarial también entraña la protección de la seguridad, la salud y el medio ambiente, y correlativamente tales contenidos se configuran en verdaderos derechos fundamentales para el consumidor y el usuario."

    Considerando X

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Sections

Procedural marks

VIII.ON THE BOTTLING, TRANSPORT, DISTRIBUTION, AND MARKETING OF LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) TO FINAL CONSUMERS AS A PUBLIC SERVICE.- Inasmuch as the infringement of the essential content of the freedom of enterprise, contained in Article 46 of the Political Constitution, has been alleged on the occasion of the adoption and implementation of resolution RIE-052-2014, issued at fourteen hours twenty-six minutes on August twenty-first, two thousand fourteen, by the Public Services Regulatory Authority, and which was published in the Official Gazette La Gaceta number 163, of August twenty-sixth, two thousand fourteen, being Guidelines for traceability in the marketing of liquefied petroleum gas cylinders at bottling plants; it is deemed pertinent, prior to the review of the legality of the challenged action, to determine the legal regime for the distribution of this product to final consumers, from the bottling stage to the final consumer in our country. Indeed, it must be considered that pursuant to Article 5, subsection d), sub-subsection 2) of the Public Services Regulatory Authority Law, number 7593, of March twenty-eighth, nineteen ninety-six, effective as of the following September fifth, and its amendments, this activity constitutes a public service. This condition by itself means that its exercise is subject to Administrative Law regulations, both regarding the subject responsible for the matter and the purpose -by legal reservation, as an expression of the principle of minimum regulation established in numeral 12 of the General Public Administration Law-, as well as regarding the principles that govern it -continuity, efficiency, adaptation to change, equality, quality, quantity, timeliness, and reliability necessary for optimal provision (articles 4 of the cited General Law, number 6227, and 4, subsection d) of Law number 7593)-; and its development, through concession to both public entities and private parties, in accordance with the provisions established in the law. Pursuant to the foregoing, its exercise is not free, in a double sense, insofar as it cannot be carried out by any person by virtue of their autonomy of will, but rather requires an enabling title to participate in it -in this case, referring to the bottling, transport, distribution, and marketing to the final consumer of liquefied petroleum gas (LPG) nationwide- through the corresponding concession and/or permit, authorized by the competent subject; and furthermore, the development of this activity is necessarily subject to the legal provisions that regulate the provision of public services in general and of this activity, which, it should be noted, is highly technical and scientific, given the high danger and risk involved in its execution. By reason of the foregoing, it constitutes a special subjection regime for concessionaires in their relationship with the Administration, pursuant to which special powers are recognized to the entity responsible for the matter. In this case, it must be recalled that among other functions, the Ministry of Environment and Energy is responsible for the definition and planning of national policies related to energy resources and environmental protection -as inferred from Article 2, subsections a) and b) of the Organic Law of the Ministry of Environment and Energy, number 7152-; as well as the direction, control, supervision, and monitoring of activities related to the supply of fuels, as expressly provided in numeral 5 of the cited Law 7593, a task pursuant to which it is responsible for authorizing concessions in this matter. For its part, the Public Services Regulatory Authority serves as the regulatory body that supervises compliance with the standards of quality, quantity, reliability, continuity, timeliness, and optimal provision of this public service, a task it performs through the accounting, financial, and technical regulation and supervision of the providers, for which it may issue the technical regulations it deems necessary for compliance with the principles governing the matter (Article 25 Idem); it conducts technical inspections of the plants and equipment used for the provision of the public service, sets the rates and prices of the service, investigates and resolves complaints (in the terms of numeral 10 Ibidem); and has the competence to grant, modify, transfer, declare forfeited, or revoke a concession, as well as to establish the corresponding fines, in the event of non-compliance by the provider (Articles 15 and 38 Ibidem). Consequently, since this activity (the distribution and marketing of liquefied petroleum gas -LPG-) is considered a public service, its regulation, development, and implementation must tend toward the satisfaction of the general interest, which prevails over the particular interest, as inferred from the provisions in numerals 4 and 10.1 of the General Public Administration Law.

IX.- ON THE LEGAL NATURE OF THE CHALLENGED ACTION.- Prior to conducting the legality analysis requested in this proceeding, it is also deemed necessary to consider the special legal nature of the challenged action. The plaintiff company indicates that it is a directive, however, this Chamber of Judges does not agree with that characterization. In this regard, it must be recalled that in Administrative Law, the directive constitutes an atypical administrative act, of a general non-normative nature, which is issued by the Executive Branch within the scope of the administrative oversight it exercises, as Supervisory Entity, over the minor entities (decentralized institutions), and in this sense, insofar as there is no hierarchical relationship of the former over the latter, it is empowered to issue general policy guidelines, and in this sense, it establishes ends, objectives, and goals for an institutional sector, and not directed at a specific institution. It finds its justification precisely in the power of direction entrusted to the Supervisory Entity to ensure the coherence of administrative action within the state apparatus, as a mechanism for ordering—we insist, of a general nature and not in the form of an order—the various bodies, thereby guiding the fulfillment of the public purposes entrusted to the various institutions, and thus achieving compliance with the plans and programs defined by the Executive Branch. None of the foregoing corresponds to the content of the challenged action. Indeed, we must point out that with resolution RIE-0452-2014, issued at fourteen hours twenty-six minutes on August twenty-first, two thousand fourteen, by the Public Services Regulatory Authority, and which was published in the Official Gazette La Gaceta number 163, of August twenty-sixth, two thousand fourteen, the Public Services Regulatory Authority adopts an administrative act of a general nature, but directed not at the administrative organization of the state apparatus, but rather at those who hold the status of concessionaires and permit holders authorized to provide the public service of supply and distribution of liquefied petroleum gas (LPG). And upon reviewing its content, we note that it establishes provisions concerning traceability in the marketing of cylinders for this type of gas at bottling plants. Obviously, this is a regulation issued by the Regulatory Authority within the exercise of its competence—in the terms provided in the cited Article 25 of Law number 7593, which literally provides:

"Article 25.- Regulation The Regulatory Authority shall issue and publish the technical regulations specifying the conditions of quality, quantity, accountability, continuity, timeliness, and optimal provision with which public services must be supplied, according to the specific standards existing in the country or abroad, for each case." (Thus amended by Article 41, part e) of Law number 8660, of August eighth, two thousand eight.)

Consequently, it is an act of a general nature with normative content. And in this sense, having understood the matter it deals with, this Chamber finds that it is a corollary or replica of Annex 5 (RTCA 23.02.29:05, on pressure vessels, portable cylinders for containing LPG, "... applicable to portable cylindrical containers, with a capacity from 4.5 kg (10 pounds) to 45.4 kg (100 pounds) of commercial propane, commercial butane, or their mixtures, which are manufactured with a design pressure of 1,655 kPa (240 psi) and are used for the storage and transport of liquefied petroleum gas for domestic, industrial, and commercial consumption ...") of Executive Decree number 32921-COMEX-MINAE-MEIC, of December sixteenth, two thousand five, whereby the President of the Republic and the Ministers of Foreign Trade, Environment and Energy, and Economy, Industry and Commerce approved Resolution number 152-2005 (COMIECO-XXXIII) of the Council of Ministers of Central American Economic Integration, which includes several Central American Technical Regulations on the subject of land transport of hydrocarbons, liquefied petroleum gas (LPG), the technical conditions of cylinders and their valves, and the marketing of petroleum products, liquefied petroleum gases: commercial propane, commercial butane, and their mixtures, specifications. This regulation was published in the Official Gazette La Gaceta number 52, of March fourteenth, two thousand six, effective as of May thirtieth, two thousand six—proven fact 1.- Having defined the foregoing, we proceed to the legality analysis requested of this Court.

X.- ON THE CONFORMITY OF THE CHALLENGED ADMINISTRATIVE CONDUCT WITH THE NATIONAL LEGAL ORDER.- We proceed to the separate examination of the specific allegations made against the challenged regulation by the plaintiff company, based on the following considerations:

First: We must consider the content of the challenged provision, which literally provides:

"VI.— Order all liquefied petroleum gas bottling companies that, no later than January 1, 2015, they must withdraw from the market the cylinders that do not comply with the provisions of the aforementioned RTCA 23.01.29:05 and must submit to the Energy Superintendency the destruction report, attaching the respective destruction certificates of said cylinders, authenticated by a notary public and endorsed by the manager (regente) of each company, to guarantee the adequate disposal of the waste." [Proven fact 5.)].

From the transcribed text, two specific obligations for the liquefied petroleum gas bottling companies authorized to provide the public service of its distribution in the national market are evident: the first, to withdraw from the market the cylinders that do not meet the technical requirements of those cylinders established in the Central American technical standard RTCA: 23.01.29:05, for which a peremptory deadline of January first, two thousand fifteen was established; and the second, to report to the Energy Superintendency of the Public Services Regulatory Authority the destruction of those cylinders, with a copy of the respective certificate, authenticated by a notary public and endorsed by the manager of each company. These mandates are neither new nor strange to the companies that provide this public service. In this sense, in the same regulatory set containing the challenged provision, in Considering II., the interested parties were reminded "... that all steel or aluminum cylinders used for the marketing of liquefied petroleum gas that have been incorporated into the national fleet as of May 30, 2006, must have on the protective collar, engraved and permanently, the following information:

1. The cylinder class (according to classification), followed by the design pressure, in kPa (or psi).

2. The cylinder serial number.

3. Name, company name, or acronym of the manufacturer and the LPG bottling company.

4. Name of the country of manufacture.

5. The expression “GLP” or “LPG”.

6. The nominal capacity of liquefied petroleum gas in International System (SI) units.

7. The tare weight of the cylinder in International System (SI) units.

8. The month and year of manufacture.

9. Standard or regulation for the manufacture of the cylinder." [Proven fact 5.)].

Indeed, the requirement for information that every liquefied petroleum gas cylinder must contain was established on the occasion of the publication of Executive Decree number 32921-COMEX-MINAE-MEIC, of December sixteenth, two thousand five, which approved Resolution 152-2005 (COMIECO-XXXIII) of the Council of Ministers of Central American Economic Integration, thereby incorporating into the national legal order the following Central American Technical Regulations: Annex 1: RTCA 13.01.25:05, concerning the land transport of liquid hydrocarbons (except LPG); Annex 2: RTCA 13.01.26:05, concerning the land transport of bulk liquefied petroleum gas (LPG); Annex 3: RTCA 23.01.27:05, on pressure vessels, Portable Cylinders for containing LPG, threaded coupling valve (POL type), which applies "... to threaded coupling valves (POL type) for loading and unloading liquefied petroleum gas (LPG) ..."; Annex 4: RTCA 23.01.28:05, on pressure vessels, portable cylinders for containing LPG, quick coupling valve, which applies "... to quick coupling valves for loading and unloading liquefied petroleum gas (LPG) ..."; Annex 5: RTCA 23.02.29:05, on pressure vessels, portable cylinders for containing LPG, "... applicable to portable cylindrical containers, with a capacity from 4.5 kg (10 pounds) to 45.4 kg (100 pounds) of commercial propane, commercial butane, or their mixtures, which are manufactured with a design pressure of 1,655 kPa (240 psi) and are used for the storage and transport of liquefied petroleum gas for domestic, industrial, and commercial consumption ..."; and Annex 6: RTCA 75.01.21:05, on petroleum products, liquefied petroleum gases: commercial propane, commercial butane, and their mixtures, specifications—proven fact 1.)-. This regulation was published in the Official Gazette La Gaceta number 52, of March fourteenth, two thousand six, effective as of May thirtieth, two thousand six, as expressly provided in Article 2 of this Decree—proven fact 1.)-. And it is precisely in Annex 5, RTCA 23.02.29:05, in Article 7.13, within the general specifications, that it was detailed that portable liquefied petroleum gas (LPG) cylinders must have as a minimum the following information "... engraved permanently and in low relief on the protective collar of the cylinder, with characters of 6 mm minimum height and 0.4 mm maximum depth:

  • a)The cylinder class (according to classification), followed by the design pressure, in kPa (or psi).
  • b)The cylinder serial number.
  • c)Name, company name, or acronym of the manufacturer and the bottling company.
  • d)Name of the country of manufacture.
  • e)The expression "GLP" or "LPG".
  • f)The nominal capacity of liquefied petroleum gas in International System (SI) units.
  • g)The tare weight of the cylinder in International System (SI) units.
  • h)The month and year of manufacture. / i) Standard or regulation for the manufacture of the cylinder." [Proven fact 2.)] Likewise, regarding the plaintiff company, in resolutions R-537-2013-MINAE, of nine hours twenty-five minutes on November eleventh, two thousand thirteen; R-536-2013-MINAE, of nine hours twenty minutes on November twelfth, two thousand thirteen; R-614-2013-MINAE, of fifteen hours on November seventeenth, two thousand thirteen, and R-437-2014-MINAE, of ten hours fifteen minutes on July second, two thousand fourteen, by the Minister of Environment and Energy, the obligation to identify the cylinders was reiterated to it specifically, in the following terms:

"FOURTEENTH: Cylinder Identification. As of the communication of this resolution, no natural or legal person holding a concession, authorization, or permit to provide the public service of supplying liquefied petroleum gas, from its storage and bottling stage to its distribution to the final consumer, nor any other person may use, bottle, distribute, or market cylinders for containing liquefied petroleum gas that do not have clearly, with the data physically printed on the cylinder body in a permanent manner, by means of original factory die-stamping or embossing, the following information:

  • 1)Serial number.
  • 2)Identification of the concessionaire company and owner of the trademark under which the cylinder and its contents are distributed.
  • 3)The cylinder class, followed by the design pressure.
  • 4)Name of the country of manufacture.
  • 5)The expression "GLP".
  • 6)Nominal capacity of LPG in SI units.
  • 7)The tare weight of the cylinder in SI units.
  • 8)Month and year of manufacture.
  • 9)Manufacturing standard.
  • 10)Distinctive color. / In the event that conflicts arise between concessionaires over the use or exclusivity of the distinctive color of the cylinders, MINAE may resolve said conflict and order the concessionaires to use the distinctive color that MINAE chooses." [Proven fact 4.) The highlighting is not in the original.]

It should be noted that the foregoing resolutions are precisely the enabling titles of the company Gas Nacional Zeta Sociedad Anónima, so that it may legitimately provide the public service of distribution and supply of liquefied petroleum gas to final consumers, from the bottling stage to delivery to the final consumer, at the plants the company has in La Garita de Alajuela, Guadalupe de Cartago, Guápiles, and Bagaces—plants of El Coyol, La Lima, Guápiles, and Bagaces— [Proven fact 4.)] In all the foregoing resolutions, the concession for the indicated public service was extended to the plaintiff company at the indicated plants for a term of five years as of November eleventh, twelfth, and seventeenth, two thousand thirteen, and July second, two thousand fourteen, respectively—proven fact 3.)-. And in each and every one of the indicated resolutions, the granting of the concession was conditional upon compliance with the technical regulations detailed in those authorizations, relating to specific provisions for the operation of the bottling plants, cylinders, equipment, and transport, among which, we insist, is the one referring to the identification of cylinders (Fourteenth clause); as well as, of relevance in this matter, the condition of the cylinders (Fifteenth clause), the rules on cylinder age and qualification tests (Sixteenth clause), and the obligations arising from the failure of cylinder tests and their disposal (Seventeenth clause). The subjection of the provision of the activity in question to the provisions in that authorization was expressly established (Forty-first and Forty-fourth clauses), and which, we insist, is a replica of the Central American technical regulations governing the matter, incorporated into the national legal order pursuant to Executive Decree 32921-COMEX-MINAE-MEIC. Also, in the aforementioned enabling titles, the exercise of the authorized activity was made subject to the application of administrative sanctions, to be adopted in the event of non-compliance with all the established technical requirements and standards, among which is the cancellation of the concession, in addition to the respective fines (Forty-second clause). [Proven fact 4.)] It is more than evident that the foregoing conditions were known to the plaintiff company, precisely on the occasion of the notification of those authorizations; it being important to insist that the commercial line of its activity is conducted within a special subjection relationship with the authorizing, supervisory, and regulatory Administrations, as it is a public service. There is no record on its part that it opposed such requirements or conditions when the renewals of its concession were granted [unproven fact 1.)], so its absolute conformity with them can be presumed.

Second: Pursuant to the foregoing, this Court does not understand the basis for the challenge being formulated. Indeed, it should be noted that the regulation ordered by Resolution RIE-052-2014, from the Public Services Regulatory Authority, finds its basis (motive) precisely in the regulatory and supervisory powers of the authority issuing it, in the terms provided in Articles 4, 5, 6, and 25 of the cited Law number 7593; and in the significance that compliance with the requirement for information on liquefied petroleum gas cylinders has for the provision of this service, insofar as it is vital information for providing traceability to these cylinders. And in this sense, we must start from the reality that this activity of distributing and marketing liquefied petroleum gas is extremely risky and dangerous, hence the requirement for the implementation of safety measures is not futile or useless, it not being prudent or reasonable to skimp on preventive and control actions, on the part, first, of the public institutions involved, and second, of the private parties who participate as concessionaires and/or permit holders in the provision of this public service. And indeed, it is public knowledge that many events have occurred, with tragic consequences due to the inadequate maintenance of cylinders. In this sense, as was recorded in all the enabling titles of the plaintiff company for the provision of the public service of distribution and marketing of liquefied petroleum gas, the report CBCR-024109-2013-DGB-00501, of August third, two thousand thirteen, by the Meritorious Fire Department of Costa Rica (Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica) serves as an example, in which it concluded that the dramatic increase in the number of accidents related to the use of liquefied petroleum gas cylinders was due to: "1. Problems with valves, including among others the deterioration of seals. / 2. Physical damage due to deformation and poor coupling with the regulator and other leaks through the valve whose damage cannot be determined by the personnel attending the emergency. / 3. Damage to the cylinder. / 4. Damage to hoses and connectors. / 5. Damage to peripheral equipment and systems" —proven fact 8.)-. Thus, this Chamber of Judges understands that the requirement for recording the information mandated by the Central American technical standard established in the challenged action is appropriate, insofar as it tends to guarantee the safety of the public service of gas supply and distribution, since the information required to be incorporated into the cylinder collar (in a die-stamped manner) makes it possible to determine not only the bottling company and distributor responsible for the asset, but also the actual conditions of each cylinder, from its serial number, which is important due to the records that each bottling and distributing company must maintain for this purpose—which makes control effective, we insist, both on the part of the Administration and the company providing the service—to the individual characteristics of each cylinder. The age and manufacturing data of the cylinders is a substantial element, by reason of the tests to which they must be subjected—as established in the sixteenth clause of resolutions R-537-2013-MINAE, R-536-2013-MINAE, R-614-2013-MINAE, and R-437-2014-MINAE, proven fact 4.)-, tests that are vital for verifying the quality and reliability of the cylinders used for the bottling and distribution of liquefied petroleum gas. It is important in this matter to become aware of the significance of the traceability of the cylinders intended for the provision of this public service, insofar as it specifically addresses the process of evaluating the product's conformity with the Central American technical regulations, in order to track the cylinder from the moment it enters the national market until it exits it, to be destroyed. By reason of the foregoing, this is an indispensable aspect to guarantee safety in the provision of this public service, and which, due to the subject matter, is linked to the control, monitoring, and supervisory actions necessary to provide safety to the users of this public service, and for the eventual establishment of responsibilities in the event of inadequate provision thereof.

Third: By reason of what has been stated in the preceding paragraph, the logic of the interpretation proposed by the defendant institution in order to defend the legitimacy and legality of the provision established in Considerando VI. of resolution RIE-052-2014, adopted by it, is not understood; an interpretation that in some way aligns with the thesis put forward by the plaintiff company in this action. Indeed, despite the fact that in the preceding Considerandos (I. through V.) of this action, it expressly referred to cylinders incorporated into the fleet of each of the companies authorized to provide the public service of bottling and distributing liquefied petroleum gas in the national market after the entry into force of Executive Decree number 32921-COMEX-MINAE-MEIC, that is, as of May thirtieth, two thousand six, it should not be understood that the challenged provision is also solely for those cylinders. On the contrary, due to the significance of this requirement, in the terms explained above, it cannot be understood that even those acquired by the plaintiff company—and under equal conditions, by the other companies authorized to provide this public service—prior to that date are exempted from its application. And this consideration does not automatically mean that the provision is unclear, contradictory, or that the principles of non-retroactivity of regulations and legal certainty are infringed, as was alleged in this lawsuit. Indeed, the content is so clear that it was challenged—in the administrative venue and now in the jurisdictional venue—by the plaintiff company here in its true sense: there is a deadline established as a cutoff date to enforce the requirement for information on the cylinders for the entire fleet of the companies that provide the public service, without differentiating the date on which they were incorporated into each one's fleet, nor their date of manufacture. In this sense, it would be illogical and contrary to the rules of science and technique to exempt part of the cylinders that serve as the instrument for providing this service from this requirement, we repeat, given the significance that its compliance has for user safety. And contrary to what has been argued, with the challenged provision and its implementation by the Administration, in the manner indicated, no vested right nor any consolidated legal situation is affected, in the terms alleged. Indeed, to explain the foregoing, we must start from the definition of such concepts, and for this, we turn to the one given by the Constitutional Court in its judgment number 2765-97, at fifteen hours three minutes on May twentieth, nineteen ninety-seven, which did so in the following terms:

"The concepts of 'vested right' (derecho adquirido) and 'consolidated legal situation' (situación jurídica consolidada) appear closely related in constitutional doctrine. It can be affirmed that, in general terms, the former denotes that consummated circumstance in which a thing—material or immaterial, whether it be a previously unowned asset or a previously non-existent right—has entered into (or impacted upon) the person's patrimonial sphere, such that the person experiences a verifiable advantage or benefit.

For its part, a “consolidated legal situation” (situación jurídica consolidada) represents not so much an increase in assets, but rather a state of affairs fully defined as to its legal characteristics and effects, even if those effects have not yet been extinguished. What is relevant regarding the consolidated legal situation is precisely not whether those effects still persist or not, but that—by virtue of a legal mandate or a judgment that has so declared—a clear and defined rule has already emerged in legal life, connecting a factual premise (conditioning fact) with a given consequence (conditioned effect). From this perspective, the person’s situation is given by a logical proposition of the type “if…, then…”; that is to say: if the conditioning fact has occurred, then the “consolidated legal situation” implies that the conditioned effect must necessarily also occur. In both cases (acquired right or consolidated legal situation), the legal system protects—rendering it intangible—the situation of the person who obtained the right or enjoys the situation, for reasons of equity and legal certainty. In this case, the constitutional guarantee of non-retroactivity of the law translates into the certainty that a change in the legal system cannot have the consequence of removing an already acquired good or right from the person’s patrimony, or of causing that, if the factual premise had occurred prior to the legal reform, the consequence (beneficial, it is understood) that the interested party expected from the consolidated legal situation no longer arises. Now, specifically with regard to the latter, it has also been understood that no one has a "right to the immutability of the legal system," that is, that the rules never change. Therefore, the constitutional precept does not consist of the idea that, once born into legal life, the rule that connects the fact with the effect cannot be modified or even suppressed by a later norm; what it means is that—as explained—if the conditioning premise has occurred, a legal reform that changes or eliminates the rule cannot have the power to prevent the conditioned effect that was expected under the previous norm from arising. This is so because, it was said, what is relevant is that the state of affairs that the person enjoyed was already defined as to its elements and effects, even if those effects are still occurring or have not even begun to occur. Thus, what the person is entitled to is the consequence, not the rule." In the case before us, there is neither an acquired right nor a consolidated legal situation under which the company Gas Nacional Zeta Sociedad Anónima or any other provider of the public service that concerns us in this matter can legitimately fail to comply with the Central American technical regulation governing the conditions for making effective the traceability of cylinders intended for the public service of filling and distribution of liquefied petroleum gas, and thereby endanger the safety of its users. It is true, as the plaintiff asserts, that said regulation entered into force as of May thirtieth, two thousand six, but this did not legitimize that all the cylinders acquired by that company prior to that date were endorsed to continue providing this public service. There is not a single norm that so provides; nor did the involved administrative authorities so recognize in any administrative act. On the contrary, norms—also technical—were established to qualify those cylinders, in order to adapt them to the new requirements, even including the determination of the tests to which they must be subjected due to the passage of years, that is, the age factor, as well as the protocols to follow for the destruction of cylinders that do not meet those requirements, as verified in the company's enabling titles—resolutions R-537-2013-MINAE, R-536-2013-MINAE, R-614-2013-MINAE and R-437-2014-MINAE, proven fact 4.). Thus, one can well conclude that there is no acquired right, nor a consolidated legal situation that would endanger the health and safety of the general population and of users in particular, which is the direct consequence of non-compliance with the Central American technical standard RTCA: 23.01.29:05, incorporated into the national legal system by Executive Decree 32921-COMEX-MINAE-MEIC, to which Resolution RIE-052-2014 of the Regulatory Authority of Public Services corresponds. It is for the foregoing that this Court understands that the plaintiff confuses the content of the principle of non-retroactivity of norms. Note that its application occurs after the effective date of the regulation governing the matter at hand; there being no norm that exempts or moderates its application, as indicated; so the logic of the alleged infringement of the aforementioned principle—of non-retroactivity of the law—is not understood. The regulatory norm implemented on the occasion of the provision challenged in this proceeding is applied within the term of validity of that regulation, which is the explanation. The same fate must befall the allegation of infringement of the principle of legal certainty, since, as already noted, the challenged requirement has been in force since May thirtieth, two thousand six, and was expressly and individually communicated to the plaintiff when the concession that legitimizes it to distribute and market liquefied petroleum gas was extended, which occurred in the years two thousand thirteen and two thousand fourteen; hence there is no untimely or surprising action; on the contrary, it knew in advance the conditions and requirements it now attempts to ignore.

**Fourth:** The same fate must befall the allegation of alleged unreasonableness or disproportionality of the challenged provision, which was centered on the temporal aspect of its binding nature. It was argued that four months to transform or requalify the inventory of cylinders acquired prior to May thirtieth, two thousand six, made the task materially and technically impossible to perform; a period that runs from the promulgation and entry into force of Resolution RIE-052-2014 of the Regulatory Authority, which occurred on August twenty-sixth of that year and until January first, two thousand fifteen, which is the deadline established in the challenged norm—proven fact 5.). But the plaintiff company is again mistaken here. These are not novel regulations being required of the concessionaire and permit-holding companies of the public service of distribution of liquefied petroleum gas, including the claimant here—proven facts 3.) and 5.). On the contrary, the claimant cannot plead ignorance of this requirement, which is in no way untimely or surprising, given that said regulation has been in force since May, two thousand six—proven facts 1.) and 2.)—which the claimant itself curiously acknowledges; moreover, it was specifically required for each of the plants it has in the country—4 in total—when the concession for this public service was extended for five years, commencing November eleventh, twelfth, and seventeenth, two thousand thirteen, and July second, two thousand fourteen—proven fact 4). Indeed, this requirement is contained in the specific conditions establishing the manner in which it was to provide the authorized public service; knowledge under which it was called upon to take the necessary corrective measures (administrative, operational, economic, and financial) to adapt its activity in accordance with the technical regulations on the matter. Thus, it was in no way four months to implement said regulation, but rather more than eight years that the providers of this public service have had to adapt to what is regulated in this matter, a period that is in no way considered unreasonable. On the other hand, the allegations made in this part of the lawsuit, and the evidence upon which it is attempted to rely to prove this alleged unreasonableness and disproportionality of the challenged measure, draw the attention of these Judges; because from the content of the norm, it is by no means ordered that authorized companies to provide the activity referred to eliminate all existing cylinders acquired prior to the entry into force of the regulation, i.e., prior to May thirtieth, two thousand six; but only those that do not comply with the current regulation; among which, obviously, both those acquired prior to that date and those acquired later will be included. Note that the report made of the cylinder fleet of Gas Nacional Zeta Sociedad Anónima only refers to the total quantity in relation to the date of their acquisition by the company, taking as a starting point the entry into force of Executive Decree 32921-COMEX-MINAE-MEIC. However, there is not a single piece of data or information regarding how many of the cylinders acquired prior to its entry into force—i.e., to May thirtieth, two thousand six—do not comply with the Central American technical regulations—unproven fact 2.). Hence, it constitutes a false cause argument to maintain that, just because the plaintiff has in its inventory 809,779 cylinders acquired prior to May thirtieth, two thousand six—a quantity obtained by subtracting from the total fleet (879,423) those manufactured after that date (69,644), according to the report made by the interested party itself on January ninth, two thousand fifteen to the Regulatory Authority, proven fact 7.)—all those cylinders must be eliminated for failing to meet the technical requirements on the matter. This is not only not deducible, but it is also not proven. Note that within the requirements established for the plaintiff company, on the occasion of the extension of the concession to its plants in the country, a particular quality and specific conditions of the cylinders were required, as well as the procedure for their review, control, and evaluation, and the protocols for the disposal or elimination of those that do not pass the tests—Clauses Fourteenth, Fifteenth, Sixteenth, and Seventeenth, proven fact 4.). Thus, it is not possible to conclude the existence of the business risk to which the company is subjected, on the occasion of the implementation and application of the provision challenged in this proceeding. Furthermore, it should be noted that the evidence provided is not considered pertinent. Being certifications from public accountants, although according to the legal system they exercise a public function, under which they have public faith, in this case, it is repeated, what is certified only refers to the income that the use of cylinders acquired prior to May thirtieth, two thousand six represents for the company (folios 4 to 6); which makes it not useful to the plaintiff's interests in this proceeding. Moreover, it is not possible to give credibility to the statement of chemical engineer Orlando Porras Mora (folios 11 to 13), given that it lacks technical and scientific support in relation to its content; therefore, it is agreed with the defendant institution, that they constitute mere subjective appreciations, without any objective support. Thus, it is not possible to consider as proven in this proceeding the affectation or damage to the commercial activity of the plaintiff company on the occasion of the entry into force and implementation of Resolution RIE-052-2014 of the Regulatory Authority—unproven fact 3.). And finally, it is also not possible to give the utility that the plaintiff intends to the "requalification" certification provided by the company Cilindros para Gas Sociedad Anónima (CILGAS), found on folios 14 to 15, because it merely makes a mathematical calculation of the time it would take to qualify the number of cylinders the plaintiff has acquired before May thirtieth, two thousand six, assuming that all of them fail to comply with that technical regulation, and that in the period elapsed since its entry into force, no correction has been sought. None of these data have been provided, nor can they be inferred from the documentation provided. In this sense, it is considered that any negative effect from the implementation of the challenged provision would be solely the plaintiff's fault, insofar as it has had sufficient time to resolve the adaptation of its business to the regulations adopted by the Costa Rican State; it is repeated, more than eight years since their entry into force, this considering as a basis the periods established in the cited certification, of eleven years and two months (one hundred thirty-four months), for a daily shift, from seven a.m. to five p.m., Monday to Friday, for a total of eight hundred thousand cylinders; or five years and seven months (sixty-seven months) in two shifts from six a.m. to two p.m. and from two p.m. to ten p.m., for a total of eight hundred thousand cylinders. It is worth remembering that, as constitutional jurisprudence itself has pointed out—thus, for example, in judgments number 2000-2858, of fifteen hours fifty-four minutes on March twenty-ninth, two thousand, and 2001-732, of twelve hours twenty-four minutes on January twenty-sixth, two thousand one—and it is inferred from the provisions of numeral 317 of the Code of Civil Procedure, the burden of proof, that is, the proof of infringement of the principles of reasonableness and proportionality, falls upon whoever makes that allegation; unless it is an evident and manifest unreasonableness, which is not the case here.

**Fifth:** Finally, one would conclude that, the plaintiff not having proven the affectation to the commercial activity of its company on the occasion of the entry into force and implementation of Resolution RIE-052-2014 of the Regulatory Authority of Public Services—unproven fact 3.)—this would lead to dismissing the alleged violation of the content of the freedom of enterprise, contained in Article 46 of the Political Constitution. But it is deemed necessary to add—in further amplification—that said public freedom, in the terms in which it is conceived in our country, is not and has never been unrestricted, as it has always been subject to the regulations and conditions established by the legal system. Additionally, as of the reform enacted through Law number 7607, of May twenty-ninth, nineteen ninety-six, by which the final paragraph was introduced to Article 46 of the Political Constitution, a series of guarantees and effective rights for consumers are incorporated, as expressly provided by the norm, as it states textually:

"Consumers and users have the right to the protection of their health, environment, safety and economic interests; to receive adequate and truthful information; freedom of choice, and to equitable treatment. The State shall support the organizations they constitute for the defense of their rights. The law shall regulate these matters." Under the foregoing, it is an obligation for the State to contemplate and develop the measures that make such rights effective, corresponding in the specific case, to the Regulatory Authority of Public Services, dealing with the implementation and regulation of public services, a competence granted to it by law—Articles 4, 5, 6 and 28 of the cited Law 7593. Thus, the content of business freedom also entails the protection of safety, health, and the environment, and correlatively, such contents are configured as true fundamental rights for the consumer and the user, demanding positive actions from the Administration in order to guarantee health and the environment on the occasion of the activities of economic agents in the marketplace. The jurisprudence of the Constitutional Chamber has been abundant and reiterated in the indicated sense, thus for example:

"... as this Chamber has expressed on repeated occasions, business freedom is not absolute nor unlimited, and such guarantee must submit to the legal regulations that must necessarily be complied with beforehand, especially when, as in the present case, there is regulation in this regard—precisely the one being challenged in this action of unconstitutionality—..., since any person may freely develop their trade, provided they meet the requirements previously established by law, and do so complying with the demands established for the trade in question (see among others in this sense, Resolution number 1042-90, of fifteen hours twenty-five minutes, on August thirty-first, nineteen ninety and Resolution number 611-91, of fourteen hours five minutes on March twenty-second, nineteen ninety-one.) This criterion was previously upheld by the Full Court, which in an ordinary session on July ninth, nineteen seventy-nine, when considering the veto of legislative bill number 5098, considered:

«The freedom of commerce that exists as a constitutional guarantee is the right that any person has to choose, without further restrictions, the legally permitted commercial activity that best suits their interests. But once exercising that activity, the person must submit to the regulations established by law, such as setting consumer prices, paying certain wages to workers, and potentially the limitation of profits deemed convenient. Thus, the exercise of commerce does not entail a right to unrestricted freedom, especially when, as in this case, one is in the presence of a regulation considered to be of general interest.»” (Judgment number 143-93, of sixteen hours on January eleventh, nineteen ninety-four. The emphasis is from the original.)

"[...] constitutional Article 46 does not establish an individual and absolute guarantee in favor of the entrepreneur; rather, it has its limits defined by the activity that the State deploys for the benefit of its citizens in general." (Judgment number 0550-95, of sixteen thirty-three hours on January thirty-first, nineteen ninety-five. The emphasis is from the original.)

"That is why doctrine justifies the correction of 'externalities' when the behavior of the economic agent affects, or can directly affect the well-being –health, safety and/or environment– of other agents in the market; which can happen with the handling of toxic or hazardous substances, materials, or products. Normally, economic agents seek to produce their goods and services at lower costs, hence in their goals to reduce them and implement the efficiency of their productive activity, they sometimes show themselves prone to affecting the environment. This generates the State's obligation, within the limits of its social function, to seek its defense through the mechanisms the legislator implements; under penalty of incurring administrative material inactivity, violative of the freedom of enterprise. Thus, an integral interpretation of Constitutional Law leads to integrating the content of Article 46 with constitutional Article 50, so that the exercise of the freedom of commerce by the economic agent does not threaten the right to a healthy and ecologically balanced environment, in the terms previously indicated in constitutional jurisprudence –among others, see Judgment number 3705-93–, nor citizen security –Judgment number 2776-97– and consequently, the rights of users. In this sense, it must be considered that health regulation and norms are matters of public order, that is, those in which the State intervenes to ensure society's organization, morality, politics, social structure, and economy." (Judgment number 2003-2864, of fifteen hours twenty-nine minutes on April ninth, two thousand three.)

(In the same sense, and from the indicated high Constitutional Court, one may consult, among others, resolutions number 1042-90, of fifteen hours twenty-five minutes, on August thirty-first, nineteen ninety; number 0611-91, of fourteen hours five minutes on March twenty-second, nineteen ninety-one; number 1029-96, of sixteen hours thirty-nine minutes on February twenty-seventh, nineteen ninety-six; number 2776-97, of fifteen hours thirty-six minutes on May twentieth, nineteen ninety-seven; number 6066-98, of sixteen hours thirty minutes on August twenty-fifth, nineteen ninety-eight; number 7973-98, of fifteen hours eighteen minutes on November eleventh, nineteen ninety-eight; number 1734-99, of sixteen hours on March ninth, nineteen ninety-nine.) Consequently, also in relation to this point, the action must be dismissed, the challenged provision being neither disproportionate nor unreasonable, as was alleged; on the contrary, it constitutes an instrument intended to contribute to the safety and health of the users of the public service of supply and distribution of liquefied petroleum gas […]." ... See more Other References: Ruling 6066-98, of sixteen hours thirty minutes on August twenty-fifth, nineteen ninety-eight from the Constitutional Chamber.

Legislation and Doctrine Citations Related Judgments 2 of 45 Judgment number 190-2015-VI Judgment number 190-2015-VI SIXTH SECTION OF THE CONTENTIOUS ADMINISTRATIVE AND CIVIL FINANCIAL COURT. Second Judicial Circuit of San José, Annex A, Address01 , at eleven hours thirty-five minutes on November ninth, two thousand fifteen.

This Court hears the ordinary contentious administrative proceeding, with direct ruling procedure, under the provisions of numeral 69 of the Contentious Administrative Procedure Code, brought by the company GAS NACIONAL ZETA SOCIEDAD ANÓNIMA, represented by its General Manager, with powers of unlimited general agent, Name1694 , of Mexican nationality, businessman, with residence card number CED108397 , resident of Barreal de Heredia (folio 16) against the REGULATORY AUTHORITY OF PUBLIC SERVICES, represented by its judicial general attorney, Giovanni Marchena Jara, lawyer, identity card number one - zero seven forty-eight - zero three forty-six, resident of Santo Domingo de Heredia (according to the Office's file). Appearing as director of the process for the plaintiff company is attorney Rubén Hernández Valle , identity card number one - zero three forty-two - zero six sixty-five, resident of Montes de Oca, ID number 1165 (folios 28, 129 and 136). All participants are of legal age and married.

**RESULTS:** 1.- By written submission filed with this Office on January twenty-seventh, two thousand fifteen, the company Gas Nacional Zeta Sociedad Anónima files a contentious proceeding so that "(B)ased on the indicated facts, offered evidence, and indicated legal considerations, it be declared in judgment: / 1.- That the appealed directive [Resolution RIE-052-2014, of fourteen hours twenty-six minutes on August twenty-first, two thousand fourteen, of the Regulatory Authority of Public Services, published in the Official Gazette La Gaceta number 163, of August twenty-sixth, two thousand fourteen] is absolutely null and void for being contrary to the legal system. / 2.- That the ARESEP (sic) be ordered to pay both sets of costs of this action in case of opposition." It requested that this matter be processed in accordance with the provision of numeral 69 of the Contentious Administrative Procedure Code. (Lawsuit filing at folios 17 to 28.)

2.- That in the same filing of the lawsuit, it requested the adoption of a precautionary measure, referring to the suspension of the effects of the challenged act. Having granted the legally mandated transfer, and the defendant's representation having opposed in a brief filed on February nineteenth following, by means of interlocutory judgment number 836-2015, of thirteen hours forty minutes on March twenty-fifth of the current year, the Contentious Administrative Court rejected the requested precautionary measure. By written submission filed with this Court on April sixth last, the plaintiff company filed with this Office an appeal against the previous decision. No jurisdictional action aimed at its resolution is on record. (Request for the action at folios 24 to 27; response from the Regulatory Authority at folios 32 by fax to 61 and 62 to 91 in the original document; resolution at folios 92 to 101 and challenging brief at folios 122 to 129.)

3.- Having granted the legally mandated transfer of the lawsuit, by written submission filed with the Office on March twenty-seventh, two thousand fifteen, the representative of the defendant institution answered the lawsuit negatively, opposing by way of substantive defenses a lack of passive standing and a lack of right. It expressed its consent for this matter to be processed in accordance with the provisions of Article 69 of the Contentious Administrative Procedure Code. (Response to the lawsuit at folios 102 to 119.)

4.- By order of eight hours twenty-one minutes on June eighteenth, two thousand fifteen, the Processing Judge in charge—Cindy Chavarría Hernández—granted the reply hearing to the plaintiff company (Article 70 of the Contentious Administrative Procedure Code); urged the intervening parties to express their interest in a possible conciliation and summoned for the holding of the Preliminary Hearing to be held starting at eight hours thirty minutes on October seventh following. (Folio 130.)

5.- By order of sixteen hours eleven minutes on October sixth, two thousand fifteen, the Processing Judge in charge of the matter—Cindy Chavarría Hernández—suspended the holding of the Preliminary Hearing, in light of the intervening parties' consent to process this proceeding according to the provision of numeral 69 of the Contentious Administrative Procedure Code; therefore, she referred the matter to the corresponding Trial Section. (Folio 138.)

6.- According to the transfer stamp certification visible on folio 142 verso, the respective file was sent to this Sixth Section of the Contentious Administrative Court for the issuance of the final judgment on November second, two thousand fifteen. By order of ten hours thirty minutes on November fifth, two thousand fifteen, the brief concerning the appeal filed against interlocutory judgment number 836-2015, of thirteen hours forty minutes on March twenty-fifth, two thousand fifteen, of this Court, was detached and passed to the Contentious Administrative Court of Appeals, for its competence. (Folio 143.)

7.- In the proceedings before this Court, no nullities that must be corrected have been observed; therefore, this judgment is rendered, following deliberation by the members of the Court, within the established legal period and unanimously.

Drafted by Judge Fernández Brenes ; and, **CONSIDERING:** **I. PRELIMINARY WARNING.-** After reviewing what has been done in this matter, two situations are noted which, although not resulting in the nullity of what has been done, their situation is deemed necessary to clarify, in order to avoid future claims.

**First:** Indeed, by interlocutory judgment number 836-2015, of thirteen hours forty minutes on March twenty-fifth of the current year, the Contentious Administrative Court rejected the precautionary measure requested in the lawsuit filing by the plaintiff company, consisting of the suspension of the action challenged in this proceeding, namely Resolution RIE-052-2014, of fourteen hours twenty-six minutes on August twenty-first, two thousand fourteen, of the Regulatory Authority of Public Services, published in the Official Gazette La Gaceta number 163, of August twenty-sixth, two thousand fourteen, referring to the Guidelines for traceability in the commercialization of liquefied petroleum gas cylinders in filling plants. (File OT-178-2014.) Now, having been made aware of the previous decision, the plaintiff filed an appeal against it by written submission presented to this Office on April sixth last (at folios 122 to 129); without the Processing Judge in charge of the matter giving it any process. It was for this reason that, cognizant of the previous omission, this Authority corrected it, by means of an order of ten hours thirty minutes on November fifth last—visible at folio 143—by which the matter was referred to the knowledge of the Contentious Administrative and Civil Financial Court of Appeals. In this regard, it is worth remembering that according to the procedural design of this Jurisdiction in the Contentious Administrative Procedure Code, the processing of this type of appeals does not correspond to the Contentious Administrative Court, as was done under the regulations of the Code of Civil Procedure, where the appeal is filed before the Jurisdictional Authority that issued the challenged decision, so that it may elevate it to the superior (Article 559 of the Code of Civil Procedure).

In this Jurisdiction, the appeal (recurso de apelación) is filed before the Court competent for its resolution, such that, in the case of decisions regarding precautionary justice, its filing corresponds directly before the Court of Appeals for Administrative and Civil Treasury Matters (Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda), as expressly established in article 133.1 of the indicated Procedural Code: "1) When applicable, the appeal must be filed directly before the Court of Cassation for Administrative Matters (Tribunal de Casación de lo Contencioso-Administrativo), within a period of three business days"; a provision that, in turn, is also established in article 30 of the referenced Procedural Code: "Against the order resolving the precautionary measure, an appeal shall lie, with a non-staying effect (efecto devolutivo), before the Court of Cassation for Administrative Matters, which must be filed within a period of three business days." It must be added that this situation does not inhibit or prevent this Court from proceeding with the resolution on the merits of the matter, as legally corresponds, despite having no news that the challenge to the rejection of the indicated precautionary measure has been resolved.

Second: In the response brief to the reply hearing, at its end, it is indicated that the representative of the plaintiff company grants a special judicial power of attorney (poder especial judicial) to attorney Rubén Hernández Valle. Notwithstanding the foregoing, upon review of the same, it is noted that it does not meet the legal requirements, given that it is not accompanied by the legal stamps (timbres de ley), nor by the signature of another professional to authenticate the signatures of the grantor and attorney-in-fact. According to the national legal system, the special judicial mandate contract is of a formal nature, as it can only be granted, by whoever holds the representation, solely to someone who holds the profession of attorney (as understood by national jurisprudence, for example in rulings number 31, of nine hours fifteen minutes of February twenty-ninth, nineteen ninety-six, of the Second Superior Civil Court of San José, First Section; and number 22-2007, of ten hours twenty-five minutes of January nineteenth, two thousand seven, of the First Chamber of the Supreme Court of Justice); additionally requiring the recording of the signatures of the grantors and the attorneys-in-fact, as well as authentication by a third attorney; with the corresponding legal stamps. (Articles 1251 and 1256, both of the Civil Code). The omissions evidenced in the document provided (at folio 136) render said action ineffective for this Authority. Now then, even though it is true that it can be corrected by the interested parties, this would imply a delay in the resolution of this matter, and there being no action by the referred professional seeking the representation of the plaintiff company herein, resolving this matter without the accreditation of that power of attorney would not violate due process (debido proceso) and the right of defense. A warning is hereby given regarding the above for future actions concerning this matter before other instances.

II.- OF THE DIRECT JUDGMENT PROCEDURE.- It is noted that in accordance with the regulation of numeral 69 of the Contentious Administrative Procedural Code (Código Procesal Contencioso Administrativo), this matter is resolved with total dispensation of hearings, that is, of the conciliation hearing and particularly, of the Preliminary Hearing, which, according to the design foreseen in the current procedural regulation of this Jurisdiction, has special significance, because in it, the adjustment, clarification, and even the expansion of the claims of the lawsuit and regarding the sued parties are possible, it enables the possibility of raising preliminary defenses not opposed with the response –res judicata (cosa juzgada), settlement (transacción), statute of limitations (prescripción), and lapse (caducidad)–, and the corresponding filtering of the evidence offered by the parties is done; the foregoing in accordance with what is regulated in article 90 of the cited Procedural Code, and in that sense, it is a guarantee or expression of due process; and finally, of the oral and public trial hearing, in the event that evidence requiring it must be taken. Having carefully reviewed the case file and the allegations of the intervening parties in this process, this is not a case in which evidence must be taken, so the processing of this matter proceeds according to the provision of numeral 69 of the Contentious Administrative Procedural Code. Pursuant to the above, this Court has the entirety of the documentary evidence provided to issue its ruling; evidence that will be given the corresponding probative value, according to the rules of sound rational criticism (sana crítica racional) (article 82.4 Idem). In this sense, it should be noted that both the plaintiff in its lawsuit and the sued entity in its response offered documentary evidence, only, and expressed their consent to give this matter the direct judgment procedure. We proceed then to the resolution of the matter raised.

III.- OF THE PROVEN FACTS.- Of importance for the resolution of this matter, the following are considered proven:

1.) That on December sixteenth, two thousand five, the President of the Republic and the Ministers of Foreign Trade, Environment and Energy, and of Economy, Industry and Commerce signed Executive Decree (Decreto Ejecutivo) number 32921-COMEX-MINAE-MEIC, by which Resolution number 152-2005 (COMIECO-XXXIII) of the Council of Ministers of Central American Economic Integration was approved, comprising the following Central American Technical Regulations (Reglamentos Técnicos Centroamericanos): Annex 1 (Anexo 1): RTCA 13.01.25:05, relating to the land transport of liquid hydrocarbons (except LPG); Annex 2 (Anexo 2): RTCA 13.01.26:05, relating to the land transport of bulk liquefied petroleum gas (LPG); Annex 3: RTCA 23.01.27:05, on pressure vessels, Portable Cylinders for containing LPG, threaded coupling valve (POL type), and which applies "... to threaded coupling valves (POL type) for loading and unloading liquefied petroleum gas (LPG) ..."; Annex 4: RTCA 23.01.28:05, on pressure vessels, portable cylinders for containing LPG, quick coupling valve, which applies "... to quick coupling valves for loading and unloading liquefied petroleum gas (LPG) ..."; Annex 5: RTCA 23.02.29:05, on pressure vessels, portable cylinders for containing LPG, "... applicable to portable cylindrical containers, with a capacity from 4.5 kg (10 pounds) to 45.4 kg (100 pounds) of commercial propane, commercial butane, or their mixtures, which are manufactured with a design pressure of 1,655 kPa (240 psi) and are used for storage and transport of liquefied petroleum gas for domestic, industrial, and commercial consumption ..."; and Annex 6: RTCA 75.01.21:05, on petroleum products, liquefied petroleum gases: commercial propane, commercial butane, and their mixtures, specifications. This regulation was published in the Official Gazette La Gaceta (Diario Oficial La Gaceta) number 52, of March fourteenth, two thousand six, with an effective date starting May thirtieth, two thousand six (National System of Current Legislation -SCIJ- and folios 1 to 15 of the administrative file, in digital version); 2.) That in Annex 5, RTCA 23.02.29:05, in article 7.13, within the general specifications, it was detailed that portable liquefied petroleum gas (LPG) cylinders must have at least the following information "... permanently engraved and in low relief on the protective collar of the cylinder, with characters of 6 mm minimum height and 0.4 mm maximum depth: / a) The class of cylinder (according to classification), followed by the design pressure, in kPa (or psi). / b) The serial number of the cylinder. / c) Name, company name, or acronym of the manufacturer and the filling company. / d) Name of the country of manufacture. / e) The expression "GLP" or LPG". f) The nominal capacity of liquefied petroleum gas in International System (SI) units. / g) The tare weight of the cylinder in International System (SI) units. / h) The month and year of manufacture. / i) Standard or regulation for the manufacture of the cylinder." (National System of Current Legislation -SCIJ- and folios 1 to 15 of the administrative file, in digital version); 3.) That the company Gas Nacional Zeta Sociedad Anónima is a concessionaire of the public service of distribution of liquefied petroleum gas to final consumers, from the filling stage to the final consumer, a task it carries out through various plants, namely, at the "Planta El Coyol" (located in Alajuela, Alajuela canton, Garita district), "Planta la Lima" (located in Cartago, Cartago canton, Guadalupe district), "Planta Guápiles" (located in Limón, Pococí canton, Guápiles district) and "Planta Bagaces" (located in the Province of Guanacaste, Bagaces canton, Bagaces district) (resolutions R-537-2013-MINAE, of nine hours twenty-five minutes of November eleventh, two thousand thirteen; R-536-2013-MINAE, of nine hours twenty minutes of November twelfth, two thousand thirteen; R-614-2013-MINAE, of fifteen hours of November seventeenth, two thousand thirteen and R-437-2014-MINAE, of ten hours fifteen minutes of July second, two thousand fourteen, from the Minister of Environment and Energy, at folios 53 to 82, 23 to 52, 83 to 113 and 121 to 149, respectively; all references, from the administrative file in digital version); 4.) That in resolutions R-536-2013-MINAE, of nine hours twenty minutes of November twelfth, two thousand thirteen; R-537-2013-MINAE, of nine hours twenty-five minutes of November eleventh, two thousand thirteen; R-614-2013-MINAE, of fifteen hours of November seventeenth, two thousand thirteen and R-437-2014-MINAE, of ten hours fifteen minutes of July second, two thousand fourteen, the Minister of Environment and Energy extended for five years the concession of the public service that the company Gas Nacional Zeta Sociedad Anónima had been exercising, in the plants El Coyol, La Lima, Guápiles and Bagaces, respectively. In these authorizations, the plaintiff company undertook the following - regarding what is of interest to this matter -: "SECOND: General Obligations: The concessionaire must faithfully comply with the current legislation that regulates the activity of providing the public service of supplying liquefied petroleum gas from its storage and filling stage to its distribution to the final consumer, and specifically comply with and observe the following provisions: / a) General provisions: / ... / 4.- Provide the service under adequate conditions and with the regularity and safety that its nature and the concession indicate. (Article 14 of Law 7593). / 5.- Comply with the provisions issued by ARESEP regarding the provision of the service, in accordance with the provisions of current laws and regulations. (Article 14 of Law 7593). / 6.- Comply with the standards of quality, quantity, reliability, continuity, opportunity, and optimal provision of the public service, issued by ARESEP. (Article 5 of Law 7593). / ... / 18.- Submit the measurement or counting instruments and systems through which a public service subject to regulation is provided or supplied, to the accuracy and reliability tests established by ARESEP. (Article 23 of Law 7593). / ... / b) Specific provisions for the operation of filling plants, cylinders, equipment, and transport: / Without prejudice to the obligations and prohibitions listed in the following Operative Clauses (Por Tantos), the concessionaire shall be obliged to comply with the following provisions: / 1) Identify its cylinder with its emblem, color, and with the other information indicated in this resolution. / ... / 3) May not import second-hand cylinders for filling LPG. In case of acquiring new cylinders, coming from abroad or domestically manufactured, they must comply with the technical regulations governing the matter and must notify the DGTCC. / 4) Must have its own cylinder fleet, duly inventoried and reflected in the asset accounting. / 5) The marketing of LPG is carried out under the responsibility of the filling plant, therefore it must provide preventive maintenance to cylinders, stationary tanks for self-consumption, vehicles and transport equipment, storage areas in commercial establishments, as well as ensure compliance with technical, safety, and person-protection standards contained in current legislation. / ... / 8.) Comply with all safety standards established for the loading, transport, unloading, storage, filling, marketing, and general handling of fuels and hazardous substances established in current legislation. / 9.) Comply with the provisions, instructions, or orders issued regarding environmental protection, by MINAE, ARESEP, the Ministry of Public Health, or the Fire Department, for the tasks of loading, transport, unloading, storage, filling, handling, and marketing of liquefied petroleum gas. / ... / FOURTEENTH: Identification of the cylinder. As of the notification of this resolution, no natural or legal person holding a concession, authorization, or permit to provide the public service of supplying liquefied petroleum gas, from its storage and filling stage to its distribution to the final consumer, nor any other person may use, fill, distribute, or market cylinders for containing liquefied petroleum gas, that do not clearly have the data physically printed on the body of the cylinder in a permanent manner, by means of original manufacturer's die-stamping or embossing, corresponding to the following information: / 1) Serial number. / 2) Identification of the concessionaire company and owner of the trademark under which the cylinder and its contents are distributed. / 3) The class of cylinder, followed by the design pressure. / 4) Name of the country of manufacture. / 5) The expression "GLP". / 6) Nominal capacity of LPG in SI units. / 7) The tare weight of the cylinder in SI units. / 8) Month and year of manufacture. / 9) Manufacturing standard. / 10) Distinctive color. / In the event that conflicts arise between concessionaires over the use or exclusivity of the distinctive color of the cylinders, MINAE may resolve said conflict and order the concessionaires to use the distinctive color that MINAE chooses. / FIFTEENTH: Condition of the cylinders. The cylinders used for filling LPG and their subsequent marketing in the market must be in excellent condition. Each cylinder must be carefully examined by the qualified personnel of the filling concessionaire before being filled and must be rejected if there is evidence of exposure to fire, significant dents, notches or nicks, seriously corroded areas, leaks, or other conditions indicating structural or hermetic weaknesses that could pose a risk to the safety of persons and environmental protection. / They must also not present dirt, adhering substances, grease stains, or any other type of condition that raises doubts about their origin and proper handling or that modifies the technical quality specifications of the LPG, established in the corresponding technical regulation for this product. / [The underlining is not from the original.] SIXTEENTH: Rules on cylinder age and qualification tests. As of the notification of this resolution, every cylinder more than seven years old from its date of manufacture must be withdrawn from the market to undergo the following technical tests: a) a visual test, b) a leakproofness test by hydrostatic or pneumatic method, and c) a thickness verification. / If the cylinder passes these tests, it may return to the market again. These same tests must be repeated when it reaches ten years of age. Starting at ten years from its date of manufacture, the cylinder must undergo the indicated tests every year. The date of each verification must be die-stamped on the upper guard of the cylinder. / SEVENTEENTH: Failure of tests and destruction of cylinders. Should any of the tests not be passed, the cylinder must be withdrawn from the market for its destruction at the charge and cost of the filling concessionaire. The destruction must be done by means of pressing, briquetting, or another method accepted by MINAE or ARESEP, and a notarial or administrative record must be drawn up if a MINAE or ARESEP official is present, supported by a photographic or video record, at the place of destruction, in which all information relating to said process will be recorded. / The destruction of cylinders will be supervised by the manager appointed by the filling company. The manager will record in their report all information regarding the performance of technical tests. / For this purpose, MINAE will enter into the file of each concession, the information relating to destroyed cylinders, lots of new incoming cylinders, cylinders in use, and verification dates for each of the concessionaire companies. / ... / FORTY-FIRST: Enforceability (Ejecutoriedad). The provisions of this resolution, as well as the formal and material administrative conduct that, according to the legal system, is of urgent necessity to guarantee the effective and continuous provision of the public service of supplying liquefied petroleum gas, from its storage and filling stage to its distribution to the final consumer, in a safe and agile manner, will be carried out in accordance with the principle of enforceability of administrative acts regulated in article 146, first paragraph of Law 6627, General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública). / FORTY-SECOND: Sanctions. Non-compliance with the provisions, obligations, and prohibitions of this resolution is considered a breach of quality in the provision of public services, and will therefore be sanctioned with the cancellation of the concession and with the imposition of the corresponding fines according to article 38 subsection h) of Law No. 7593 Law of the Regulatory Authority of Public Services (ARESEP) of August 9, 1996, and its amendments. .../ FORTY-FOURTH: The provisions of this resolution constitute part of the Costa Rican legal system regarding the public service of LPG distribution, according to the nature of the enabling title of a contractual nature between the State and the concessionaire, pursuant to the classification and scope given in articles 5, 9, 10, 11, 14 subsection j) and 41 subsections c, d and m, of Law No. 7593 Law of the Regulatory Authority of Public Services (ARESEP) of August 9, 1996, and its amendments, published in the Official Gazette La Gaceta No. 169 of September 5, 1996, and its amendments. / For this reason, any eventual modifications thereto must not lead to a decrease in the degree of protection of the legal interests of health protection, human safety, and environmental protection, in accordance with current legislation in general, with scientific and technical criteria, and in accordance with the commitments acquired by Costa Rica in international treaties, specifically regarding the obligation to estimate high levels of environmental protection. / These provisions, including the deadlines set for their compliance, may be modified directly with the enactment of addenda, corrections, or through an Executive Decree regulating the general framework of the provision of the LPG public service." Finally, it was warned of the possibility of challenging such a decision, through the filing of ordinary administrative appeals (folios 23 to 52, 53 to 82, 83 to 113, and 121 to 149, respectively; all references, from the administrative file in digital version); 5.) That in the Official Gazette La Gaceta number 163, of August twenty-sixth, two thousand fourteen, the Regulatory Authority published Resolution RIE-052-2014, of fourteen hours twenty-six minutes of August twenty-first of the same year, which is Guidelines for the traceability of petroleum in filling plants. OT-178-2014, with the following content:

"Considering:

I.—That in accordance with the provisions of article 5 subsection d) of Law No. 7593, the supply of fuels derived from hydrocarbons, within which is included gas destined to supply national demand at distribution plants and gas destined for the final consumer, is a public service, regulated by the Regulatory Authority of Public Services (ARESEP).

II.—That in accordance with the provisions of the resolutions of the Ministry of Environment and Energy: R-D-657-2009 of December 15, 2009, R-614-2013 of November 17, 2013, R-537-2013 of November 11, 2013, R-536-2013 of November 12, 2013, R-437-2014 of July 2, 2014, R-0595-2014 of May 27, 2014, and R-0414-2014 of June 23, 2014; the companies Petrogas S. A., Gas Nacional Zeta S. A. "Planta Guápiles", Gas Nacional Zeta S. A. "Planta El Coyol", Gas Nacional Zeta S. A. "Planta La Lima", Gas Nacional Zeta S. A. "Planta Bagaces", Gas TOMZA de Costa Rica S. A., and Envasadora Super Gas GLP S. A., respectively, are authorized to provide the public service of supplying liquefied petroleum gas.

III.—That by means of Decree No. 32921 called "Resolution No. 152 (COMIECO-XXXIII) Technical Regulations on Land Transport of Hydrocarbons, Bulk Liquefied Petroleum Gas; Pressure Vessels Portable Cylinders and Petroleum Products, Liquefied Petroleum Gases", published in La Gaceta No. 52 of March 14, 2006, there were established "[…] the design and manufacturing specifications, as well as the test and trial methods to which portable cylindrical containers for containing liquefied petroleum gas (LPG) must be submitted […]". Said Decree entered into force as of May 30, 2006.

IV.—That in section 7.13 of Annex 5 "RTCA 23.01.29:05 Pressure Vessels. Portable cylinders for containing LPG. Manufacturing specifications" of the mentioned Decree, the following requirements were established for the permanent marking of cylinders used to market liquefied petroleum gas (LPG):

"[…] 7.13 Marking of cylinders 4.13.1 Steel or aluminum cylinders must have at least the following information, permanently engraved and in low relief on the protective collar of the cylinder, with characters of 6 mm minimum height and 0.4 mm maximum depth:

  • a)The class of cylinder (according to classification), followed by the design pressure, in kPa (or psi).
  • b)The serial number of the cylinder.
  • c)Name, company name, or acronym of the manufacturer and the LPG filling company.
  • d)Name of the country of manufacture.
  • e)The expression "GLP" or "LPG".
  • f)The nominal capacity of liquefied petroleum gas in International System (SI) units.
  • g)The tare weight of the cylinder in International System (SI) units.
  • h)The month and year of manufacture.
  • i)Standard or regulation for the manufacture of the cylinder.

[…]" V.—That article 4 of Law No. 7593 establishes as objectives of the Regulatory Authority: "[…] d) Formulate and ensure compliance with the requirements of quality, quantity, opportunity, continuity, and reliability necessary to optimally provide the public services subject to its authority. […]" VI.—That article 6 of Law No. 7593 establishes the following obligations of ARESEP: "[…] b) Carry out technical inspections of the properties, plants, and equipment destined to provide the public service, when deemed convenient to verify the quality, reliability, continuity, costs, prices, and rates of the public service. […]" VII.—That in accordance with the provisions of the "Internal Regulations for the organization and functions of the Regulatory Authority of Public Services and its deconcentrated body (RIOF)", it corresponds to the Energy Superintendency (Intendencia de Energía) to regulate and supervise the quality, quantity, reliability, continuity, and opportunity necessary to optimally provide the public services under its competence; evaluate compliance with technical regulations, standards, and other provisions that specify aspects such as: standards, conditions of quality, quantity, reliability, continuity, opportunity, and optimal provision with which public services must be supplied; and carry out, when convenient, technical inspections of the properties, plants, and equipment destined to provide the public service, to verify full compliance with the obligations of the providers.

VIII.—That in exercise of the referred competences, the Energy Superintendency of ARESEP has implemented a program for evaluating the quality of the service provided by all LPG filling plants in the country.

IX.—That within the framework of the referred program for evaluating LPG quality in filling plants, from the external visual inspections of LPG cylinders carried out during the first four-month period of the current year, it was obtained as a result that 60% of cylinders show non-compliance in the identification information, including 26% of cylinders without a serial number. (Evaluation report on the quality of the liquefied petroleum gas (LPG) service, First Four-Month Period 2014).

X.—That to carry out a due exercise of the competence of ensuring compliance with the requirements of quality, quantity, opportunity, continuity, and reliability necessary to optimally provide the public LPG service, it is necessary to have the correct and complete marking of portable LPG cylinders, which allows their traceability throughout the supply chain.

XI.—That to guarantee safety in the provision of the public service of supplying liquefied petroleum gas and not to put the health and life of its users at risk, it is necessary to withdraw from the market those cylinders that do not comply with the provisions of the mentioned RTCA 23.01.29:05, because without it, their traceability throughout the supply chain is impossible. XII.—That in accordance with the provisions of article 14 of Law No. 7593, it is an obligation of the providers of public services:

[…] a) Comply with the provisions issued by the Regulatory Authority regarding the provision of the service, in accordance with the provisions of the respective laws and regulations.

  • b)Maintain facilities and equipment in good condition, so that they do not constitute a danger to persons or properties, and do not cause interruption of the service.
  • c)Timely supply the Regulatory Authority with the information requested, relating to the provision of the service. […]
  • f)Allow the Regulatory Authority access to their facilities and equipment, as well as communication with personnel, to comply with this law and its regulations. […]
  • j)Provide the service under adequate conditions and with the regularity and safety that its nature, the concession, or the permit indicate. […]

XIII.—Likewise (sic), as indicated in article 24 of Law 7593, it is an obligation of the providers of public services:

[…] Article 24.—Supply of information. At the request of the Regulatory Authority, the regulated entities shall supply reports, data, file copies, and any other electronic or written medium where financial, accounting, economic, statistical, and technical information related to the provision of the public service they provide is stored. For the exclusive fulfillment of its functions, the Regulatory Authority shall have the power to inspect and record the legal and accounting books, vouchers, reports, equipment, and facilities of the providers. […]

XIV.—That in accordance with what is stated in the preceding clauses, it is appropriate to establish the necessary conditions and guidelines so that this Superintendency can carry out a due supervisory task of the public service provided by all LPG filling plants in the country, as provided. Therefore, THE ENERGY SUPERINTENDENT, RESOLVES:

I.—Reiterate to all liquefied petroleum gas (LPG) filling companies: Gas Nacional Zeta S. A., Gas TOMZA de Costa Rica S. A., Envasadora Super Gas GLP S. A., and Petrogas S. A., and to all those providers of the public service of supplying liquefied petroleum gas that have a valid authorization from MINAE to fill LPG; their duty to comply with the conditions established in the "RTCA 23.01.29:05 Pressure Vessels. Portable cylinders for containing LPG. Manufacturing specifications" of Decree No. 32921, in particular with the requirements related to the permanent marking of steel or aluminum cylinders destined for the marketing of LPG.

II.—Reiterate to all liquefied petroleum gas filling companies that all steel or aluminum cylinders used for the marketing of liquefied petroleum gas that have been incorporated into the national fleet as of May 30, 2006, must possess on the protective collar, in an engraved and permanent form, the following information:

1. The class of cylinder (according to classification), followed by the design pressure, in kPa (or psi).

2. The serial number of the cylinder.

3. Name, company name, or acronym of the manufacturer and the LPG filling company.

4. Name of the country of manufacture.

5. The expression "GLP" or "LPG".

6. The nominal capacity of liquefied petroleum gas in International System (SI) units.

7.

The tare weight of the cylinder in International System of Units (SI).

8. The month and year of manufacture.

9. Standard or regulation for the manufacture of the cylinder.

III.—To require all liquefied petroleum gas filling companies (empresas envasadoras de gas licuado de petróleo) to maintain, at each of their plants, updated records available to the Regulatory Authority (Autoridad Reguladora) of all cylinders with manufacturer certificates according to the stamped serial number, incorporated into the national fleet (parque nacional) as of May 30, 2006, that comply with the provisions of RTCA 23.01.29:05 and that have been used to fill, distribute, and market liquefied petroleum gas within the national territory.

IV.—To order all liquefied petroleum gas filling companies (empresas envasadoras de gas licuado de petróleo) to submit to the Energy Superintendency (Intendencia de Energía) of ARESEP, within the first five business days of January 2015, the registry of all cylinders manufactured as of May 30, 2006, that have been used to fill, distribute, and market liquefied petroleum gas.

V.—To order all filling companies (empresas envasadoras) to submit to the Energy Superintendency (Intendencia de Energía) of ARESEP, within the first five business days of January 2015, the registry of the total cylinder fleet (parque total de cilindros) used to fill, distribute, and market liquefied petroleum gas.

VI.—To order all liquefied petroleum gas filling companies (empresas envasadoras de gas licuado de petróleo) to withdraw from the market no later than January 1, 2015, cylinders that do not comply with the provisions of the aforementioned RTCA 23.01.29:05 and to submit to the Energy Superintendency (Intendencia de Energía) the destruction report, attaching the respective certificates of destruction (actas de destrucción) for said cylinders, authenticated by a notary public and countersigned by the regent (regente) of each company, to guarantee proper waste disposal.

VII.—To order all liquefied petroleum gas filling companies (empresas envasadoras de gas licuado de petróleo) to submit to the Energy Superintendency (Intendencia de Energía) of ARESEP, beginning in February 2015 and within the first five business days of each month, a report for the immediately preceding month containing the registry of new cylinders incorporated into the LPG marketing chain, requalified cylinders (cilindros recalificados), and cylinders that have been destroyed. For destroyed cylinders, the report must include the certificates of destruction (actas de destrucción) authenticated by a notary public and countersigned by the regent (regente) of each company, guaranteeing proper waste disposal.

VIII.—To establish that the information indicated in Therefore IV, V, VI, and VII of this resolution must be recorded and submitted using the form provided by the Regulatory Authority (Autoridad Reguladora) on its website: www.aresep.go.cr regulated sectors, energy/hydrocarbons/quality section, in both physical and electronic document format.

In compliance with the provisions of Articles 245 and 345 of the General Public Administration Law (Ley General de la Administración Pública, L. G. A. P.), it is hereby informed that the ordinary remedies of revocation (revocatoria) and appeal (apelación), and the extraordinary remedy of review (revisión), may be filed against this resolution. The remedy of revocation (revocatoria) may be filed before the Energy Superintendent (Intendente de Energía), who is responsible for resolving it, and the remedies of appeal (apelación) and review (revisión) may be filed before the Board of Directors (Junta Directiva), which is responsible for resolving them.

In accordance with Article 346 of the L. G. A. P., the remedies of revocation (revocatoria) and appeal (apelación) must be filed within a period of three business days counted from the business day following notification, and the extraordinary remedy of review (revisión) within the deadlines set forth in Article 354 of said law" (La Gaceta Digital; folios 165 to 166 of the administrative file, in digital version and folios 1 to 2 of the judicial file); 6.) That against the prior decision, the company Gas Nacional Zeta Sociedad Anónima filed the ordinary remedies of revocation (revocatoria) with a subsidiary appeal (apelación en subsidio); which were rejected, the first ad portas, as its filing was deemed untimely, through resolution RIE-087-2014, at ten hours twenty-eight minutes on November 6, two thousand fourteen, and the second outright, as inadmissible, through agreement of the Board of Directors (Junta Directiva) number 13-07-2015, from ordinary session 7-2015, on February 19, two thousand fifteen, an occasion on which the administrative channel was deemed exhausted (notification record at folio 175; resolutions at folios 187 to 189 and 218 to 221 of the administrative file in digital format); 7.) That on January 9, two thousand fifteen, the company Gas Nacional Zeta Sociedad Anónima reported to the Regulatory Authority of Public Services (Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos) the following inventory:

Cylinder capacityManufactured as of May 30, 2006Total fleet(*) Cylinders withdrawn from the fleet between January 1, 2014, and December 31, 2014
8.589 liters / 4.5 kg010,972-
17.195 liters / 9.0 kg178212,052-
21.495 liters / 11.3 kg59,400808,18121,974.0
34.392 liters / 18.1 kg2,6904,131191.0
85.981 liters / 45.3 kg5,77244,0871,471.0
TOTAL69,644879,42323,636.0

(Folio 208 of the administrative file in digital mode and 121 of the judicial file); and, 8.) That the increase in the number of accidents related to the use of liquefied petroleum gas cylinders is due to: "1. Problems in the valves, which includes, among others, the deterioration of seals. / 2. Physical damage due to deformation and poor coupling with the regulator and other leaks through the valve, the damage of which cannot be determined by emergency response personnel. / 3. Damage to the cylinder. / 4. Damage to hoses and connectors. / 5. Damage to peripheral equipment and systems", from which the Costa Rica Fire Department (Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica), in report CBCR-024109-2013-DGB-00501, of August 3, two thousand thirteen, concluded that "... a high percentage of emergencies are caused by the age and deterioration of the cylinder and by the use of quick-coupling valves and regulators in poor condition" and "(O)f the total emergencies attended, 2778 emergencies (95%) have occurred in small cylinders known as 25-pounders (predominantly for domestic use). On the other hand, 2680 emergencies (91%) of the cases attended had valve problems. During the current year (2013), the Fire Department has attended a total of 4264 LPG emergencies" (resolutions R-537-2013-MINAE, at nine hours twenty-five minutes on November 11, two thousand thirteen; R-536-2013-MINAE, at nine hours twenty minutes on November 12, two thousand thirteen; R-614-2013-MINAE, at fifteen hours on November 17, two thousand thirteen, and R-437-2014-MINAE, at ten hours fifteen minutes on July 2, two thousand fourteen, from the Minister of Environment and Energy (Ministro de Ambiente y Energía), at folios 53 to 82, 23 to 52, 83 to 113, and 121 to 149, respectively; all references, from the administrative file in digital version); IV.- UNPROVEN FACTS.- Also of importance for the resolution of this matter, the following is considered unproven:

1.) That the content of the enabling titles (títulos habilitantes) of the plaintiff company for the provision of the public service of distributing liquefied petroleum gas to final consumers, from the filling stage to the final consumer —in accordance with resolutions R-537-2013-MINAE, at nine hours twenty-five minutes on November 11, two thousand thirteen; R-614-2013-MINAE, at fifteen hours on November 17, two thousand thirteen, and R-437-2014-MINAE, at ten hours fifteen minutes on July 2, two thousand fourteen, from the Minister of Environment and Energy (Ministro de Ambiente y Energía)— was challenged by the interested party; 2.) The quantity of cylinders that make up the fleet of the company Gas Nacional Zeta Sociedad Anónima that do not comply with the requirement for stamped or embossed information in accordance with the regulations governing the matter; 3.) The impact on the business operations (giro empresarial) of the plaintiff company due to the validity and execution of resolution RIE-052-2014, at fourteen hours twenty-six minutes on August 21, two thousand fourteen, of the Regulatory Authority of Public Services (Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos), published in the Official Gazette La Gaceta number 163, of the twenty-sixth of that same month and year.

V.- OBJECT OF THE LAWSUIT.- In its lawsuit, the plaintiff company formulates a single claim, in which it requires the declaration of absolute nullity of what it calls a directive regarding the traceability of cylinders for filling liquefied petroleum gas, issued by the Regulatory Authority of Public Services (Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos), and published in the Official Gazette La Gaceta number 163, of August 26, two thousand fourteen. It bases its action on the grounds that what is provided therein —specifically the relationship between Recitals (Considerandos) II and VI— infringes upon the content of the freedom of enterprise (libertad de empresa) enshrined in Article 46 of the Political Constitution, the principles of reasonableness and proportionality, and the principles of non-retroactivity of the law (irretroactividad de la ley) and legal certainty (seguridad jurídica), in the terms of canon 34 of the Fundamental Charter, for the following reasons: a.) That there is an illogicality between the provisions of Recitals (Considerandos) II and VI of the challenged action, since the first provision expressly states that the requirement for the information that liquefied petroleum gas cylinders must have, in accordance with the conditions established in the Central American technical standard RTCA 23.01.29:05, is only with respect to those incorporated into the national fleet (parque nacional) as of May 30, two thousand six; while the second provision ordered that cylinders that did not comply with that technical regulation must be withdrawn from the market by January 1, two thousand fifteen. It alleges that, according to the provisions of Article 16.1, in relation to Articles 132 and 160 of the General Public Administration Law (Ley General de la Administración Pública), the content of this action is imprecise, incoherent, and contradictory, given that "under one rule, cylinders manufactured before 2006 are legal; under the other, they are not"; inasmuch as "paragraph VI punishes the company if cylinders manufactured before 2006 fail to comply with the 2006 manufacturing rules"; hence, it concludes its absolute nullity; b.) That in accordance with the principles of legal certainty (seguridad jurídica) and non-retroactivity of the law (irretroactividad de la ley), an acquired right or consolidated legal situation that arose under previous regulations cannot be altered; an infringement that also occurs due to the application and interpretation that produces a disproportionate or unreasonable effect on the holder of an acquired right or consolidated legal situation, it reiterates, based on previous regulations; all of the above, in the terms expressed by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) in its jurisprudence (thus, for example, in rulings number 1147-90, 12239-2006, and 7723-2008). It thus alleges the survival of the abolished right, even upon the effectiveness of new regulations, as long as this new legal order would only apply to new situations. In this case, it indicates that the cylinders acquired prior to the effectiveness of the new regulations complied with the regulations in force at that time, without being able to know the technical requirements that would be defined in the future; hence, it alleges that it cannot be required to comply, nor sanctioned, because those cylinders do not comply with those new regulations, nor can it be required to eliminate those cylinders; c.) That the established deadline to be able to modify all cylinders acquired prior to May 30, two thousand six, which was barely four months, is disproportionate and unreasonable; whereas, according to the requalification certification from the company Cilindros para Gas Sociedad Anónima (CILGAS), with an existence of eight hundred thousand cylinders to be requalified, this task would take, in one shift from seven o'clock to fifteen o'clock, Monday to Friday, one hundred thirty-four months, or what amounts to eleven years and two months, and in two shifts, from six o'clock to fourteen o'clock and from fourteen o'clock to ten o'clock, sixty-seven months, which translates to five years and seven months. It therefore considers that what is mandated is materially and technically impossible to fulfill, contrary to the rules of science and technique, with a serious impact on the company and on the country in general, inasmuch as there is a risk of a national shortage of cylinders, given that the majority of existing ones were manufactured before May 30, two thousand six. Here again, it accuses the infringement of Articles 16.1, 158.2, and 160 of the General Public Administration Law (Ley General de la Administración Pública); and d.) That the foregoing situation has repercussions on the infringement of the essential content of the freedom of enterprise (libertad de empresa), according to which every company has the right to remain in the exercise of its commercial, industrial, or agricultural activity, unless its owner voluntarily decides otherwise or as a consequence of market forces; so that any governmental action that forces the closure of a business constitutes an unconstitutional action. It points out that compliance with or execution of the challenged action would force it to cease its commercial activity, by compelling it to remove from the market cylinders acquired before May 30, two thousand six, as it cannot operate with less than fifty percent of its current commercial operations (giro comercial). (Lawsuit at folios 17 to 28 and reply hearing at folios 134 to 136.)

VI.- ARESEP'S POSITION.- For its part, the representative of ARESEP opposes the lawsuit, formulating the substantive defenses of lack of passive standing (falta de legitimación pasiva) and lack of right (falta de derecho), according to which it requests its dismissal, with the consequent award of costs, based on the following reasons: a.) That the traceability guidelines for gas cylinders challenged in this process are grounded in the Central American technical regulation approved and effective since the year two thousand six and contained in Executive Decree 32921-COMEX-MINAE-MEIC, and in the oversight and control powers over the manner in which public services are provided, so that they respond to the principles of quality, reliability, continuity, and optimal provision of the service activity in question, powers that the legal system has delegated to that autonomous institution —specifically in Articles 4 subsections c) and d) and 6 subsections a) and b) of the Law of the Regulatory Authority of Public Services (Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos), number 7593—; b.) That the requirement established in the challenged action is appropriate, tending to guarantee the safety of the public gas supply service, as it refers to information that every gas cylinder must contain for its marketing, in accordance with the Central American technical standard 23.01.29:05, which is vital for being able to provide traceability to the cylinder and remove it from the market when it does not meet the quality requirements established in the technical regulations. It warns that traceability must be understood as "the process of conformity assessment of the product with the Central American technical standard, in order to track the cylinder from its entry into the national market until it exits and is destroyed. It is linked to the information stamped on the neck of the container, where the serial number is the most important element as it must be linked to the existence of a registry kept by the filling company (empresa envasadora)" for this purpose. Thus, it concludes, this is a clear safety aspect that completes the monitoring and oversight mechanism, which is necessary to provide security to users of this public service, and with it, the eventual establishment of responsibilities for the inadequate provision of the public service. The foregoing, because the concessionaire companies of the public service of distributing liquefied petroleum gas to final consumers, from the filling stage to the final consumer, are responsible for their cylinder fleet. It indicates that this is a highly risky and dangerous activity, so extreme care must be taken regarding the handling of cylinders. It insists that there is a real and potential danger if the challenged regulation were to be set aside, and it responds to technical considerations; c.) That the requirement for the information that gas cylinders must contain is neither disproportionate nor unreasonable with respect to the timeframe for its implementation, given that the Executive Decree by which it was incorporated into the national legal system has been in force since May 30, two thousand six; which constitutes a period of more than five years for its implementation by the concessionaire companies that provide this public service in the country. It further adds that in the enabling titles (títulos habilitantes) for that provision —dating from November two thousand thirteen and July two thousand fourteen— the plaintiff company obligated itself to comply with this —and other— technical standards, that is, it knew of the technical requirements for gas cylinders for their filling, marketing, and distribution; and did not object at the time to those requirements, which makes them firm and effective contracts. It insists that the requirements now claimed by the company Gas Nacional Zeta Sociedad Anónima predate the publication of resolution RIE-052-2014. It adds that the commercial activity carried out by the plaintiff company is in a particular situation, inasmuch as this is only done through the granting of the respective concession, which places it under a special subjection regime (régimen de sujeción especial), hence it is not an activity left to the free initiative of the individual, but on the contrary, due to the public interest that governs it, the Administration has the prerogative of its regulation and control; d.) That the content of the action is neither contradictory nor detrimental to the principles of non-retroactivity of the law (irretroactividad de la ley) or legal certainty (seguridad jurídica), inasmuch as, as indicated in the administrative venue —when it rejected the remedy of revocation (revocatoria)—, the requirement for the elimination of cylinders contained in Recital (Considerando) VI of Resolution RIE-052-2014 is in relation to cylinders incorporated into the fleet after May 30, two thousand six, which are those referred to in the preceding Recitals (Considerandos) of that same action. Thus, the cylinders that must be removed from the fleet or destroyed are those that do not comply with the ordered provisions, but only regarding those manufactured after said date; and e.) It warns that there is not a single objective element from which the generation of harm to the plaintiff company can be derived, due to the execution and implementation of the challenged resolution, inasmuch as there has been no national shortage of gas cylinders, the chemical engineer's assessment of possible damages is not supported by technical criteria, referring rather to subjective appreciations and hypothetical, unreal situations. It draws attention to the fact that it is the only national company dedicated to providing this public service that filed a challenge against this action, but not the others operating in the national market —such as TOMZA de Costa Rica Sociedad Anónima and Envasadora Super Gas GLP Sociedad Anónima—. In this sense, it clarifies that the plaintiff confuses the content of the challenged action, inasmuch as it does not refer to the requalification work (labor de calificación) of gas cylinders, but only to their traceability guidelines, and in this sense, to comply with the technical requirements for these elements, there are other options available besides that which the company Cilindros para Gas Sociedad Anónima —CILGAS— can offer, such as the importation of cylinders. On the other hand, it indicates that according to the reports from the company itself on the occasion of the adoption of resolution 500-RCR-2011, the strongest source of commercial activity income comes from bulk gas sales, with 84% of total national sales, referring to commercial, industrial, and service station activities; compared to 45% from cylinder sales, which is for residential use; hence it demonstrates that the claimed impact would not occur. In any case, it alleges that the economic impact to the company cannot prevail over user safety, especially when it has had sufficient time to adapt to the change in the relevant technical regulations. (Responses to the requested precautionary measure at folios 32 to 61 and 62 to 91, and response to the lawsuit at folios 102 to 119.)

VII.- CLARIFICATION REGARDING THE OBJECT OF THE CHALLENGE AND THE JURISDICTION OF THIS COURT TO RESOLVE THIS MATTER.- Given the way the allegations from the plaintiff company are framed, pointing to the violation of the essential content of a fundamental right —Article 46 of the Political Constitution— as well as several constitutional principles, namely non-retroactivity of the law (irretroactividad de la ley), reasonableness, and proportionality, all in relation to a specific action by the Administration, it is deemed pertinent to clarify what will be resolved in this matter.

First: In accordance with the provision of Article 49 of the Fundamental Charter, which is developed by the first article of the Administrative Contentious Code (Código Procesal Contencioso Administrativo), the jurisdictional scope of the Administrative Contentious Jurisdiction is restricted "to the control of the legality of administrative functions," that is, in relation to all forms of manifestation of the conduct of the Public Administration (namely, the formal —referring to specific administrative acts and those of a general nature, including those with normative content—, the material —both regarding the provision of public services and anomalous coercion, as well as de facto actions— and what has been called administrative "dysfunction," relating to omissive conduct, both in the formal sphere —failure to resolve appeals, according to which the theory of the presumed act has been developed— and in the material sphere —such as the failure to provide a public service—). By constitutional mandate, it is important to highlight that the analysis or examination that Contentious Judges must perform is that of the legality of the administrative conduct subject to the control of this Jurisdiction. Thus, in accordance with the block of legality or juridicity, we must attend to the normative hierarchy, which, regarding written sources, begins with the Fundamental Charter, human rights treaties —with a rank equal to or superior to the norms of the Political Constitution, if they provide greater guarantee in the minimum content of that right, as repeatedly stated by the jurisprudence of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), for example in rulings 2313-95, 1319-97, 6830-98—, international treaties, laws, executive decrees, organizational and operational regulations; and regarding unwritten sources, there are custom, jurisprudence, and general principles of law; the foregoing in accordance with the provisions of Articles 6 and 7 of the General Public Administration Law (Ley General de la Administración Pública). But it is important to highlight that this block of legality or juridicity also includes the unequivocal rules of science and technique, as well as the "elementary principles of justice, logic, and convenience," as expressly established in the relationship of Articles 16.1, 158.4, and 160 of the cited General Law; from which the principles of reasonableness and proportionality can also be derived.

Second: In view of the foregoing, this Panel of Judges (Contentious-Administrative) will address the claim raised from the standpoint of the infringement of the block of legality, in the terms explained above. Now, any declaration regarding the alleged unconstitutionality of the challenged action would exceed the jurisdiction of this Court, due to the concentrated control of constitutionality residing in the respective Chamber of the Supreme Court of Justice, in accordance with the mandate of Articles 10 and 48 of the Fundamental Charter. The only thing this Authority can review is the legality of what is challenged, it is repeated, based on the block of legality, which comprises, of course, at its apex, the Political Constitution, both in its norms and its principles.

Third: Finally, it is important to highlight that, even though the claim made is directed at declaring the absolute nullity of the entire resolution REI-052-2014, at fourteen hours twenty-six minutes on August 21, two thousand six, and published in the Official Gazette La Gaceta number 163, of August 26, two thousand fourteen, which are Guidelines for traceability in the marketing of liquefied petroleum gas cylinders at filling plants, the allegations supporting this action are directed exclusively at the content of Recital (Considerando) VI, as it is considered contradictory to the provision of Recital (Considerando) II, and therefore, violative of the principles and norms indicated above. For this reason, only the violations outlined will be analyzed, which, it is insisted, refer only to that regulation; which literally states:

VI.—To order all liquefied petroleum gas filling companies (empresas envasadoras de gas licuado de petróleo) to withdraw from the market no later than January 1, 2015, cylinders that do not comply with the provisions of the aforementioned RTCA 23.01.29:05 and to submit to the Energy Superintendency (Intendencia de Energía) the destruction report, attaching the respective certificates of destruction (actas de destrucción) for said cylinders, authenticated by a notary public and countersigned by the regent (regente) of each company, to guarantee proper waste disposal." Consequently, if its illegality is deemed, the nullity would refer solely and exclusively to this part of the challenged action, the remainder being maintained, as it was not subject to any reproach before this instance, an ex officio review of its entirety not being possible.

VIII.- THE FILLING, TRANSPORT, DISTRIBUTION, AND MARKETING OF LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) TO FINAL CONSUMERS, AS A PUBLIC SERVICE.- Inasmuch as the infringement of the essential content of the freedom of enterprise (libertad de empresa), contained in Article 46 of the Political Constitution, has been alleged, due to the adoption and implementation of resolution RIE-052-2014, at fourteen hours twenty-six minutes on August 21, two thousand fourteen, issued by the Regulatory Authority of Public Services (Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos), and published in the Official Gazette La Gaceta number 163, of August 26, two thousand fourteen, which are Guidelines for traceability in the marketing of liquefied petroleum gas cylinders at filling plants; it is deemed pertinent, prior to the review of the legality of the challenged action, to determine the legal regime for the distribution of this product to final consumers, from the filling stage to the final consumer in our country. Indeed, it must be considered that, according to the provisions of Article 5 subsection d) sub-subsection 2) of the Law of the Regulatory Authority of Public Services (Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos), number 7593, of March 28, nineteen ninety-six, and effective as of September 5 of the following year, and its amendments, this activity constitutes a public service. This condition inherently means that its exercise is subject to Administrative Law regulations, both regarding the entity in charge of the matter and the purpose —by legal reserve, as an expression of the principle of minimum regulation established in Article 12 of the General Public Administration Law (Ley General de la Administración Pública)—, and regarding the principles that govern it —continuity, efficiency, adaptation to change, equality, quality, quantity, timeliness, and reliability necessary for optimal provision (Articles 4 of the cited General Law, number 6227, and 4 subsection d) of Law number 7593)—; and its development, through concession to both public entities and private parties, in accordance with the provisions established by law. In view of the foregoing, its exercise is not free, in a double sense, inasmuch as it cannot be performed by any person by virtue of their autonomy of will, but requires an enabling title (título habilitante) to participate in it —in this case, referring to the filling, transport, distribution, and marketing to the final consumer of liquefied petroleum gas (LPG) in the national sphere— through the corresponding concession and/or permit, authorized by the competent entity; and furthermore, the development of this activity is necessarily subject to the legal provisions regulating the provision of public services in general and of this activity, which, it is worth noting, is highly technical and scientific in nature, as the activity comprising its execution is highly dangerous and risky. For this reason, it constitutes a special subjection regime (régimen de sujeción especial) for the concessionaires in their relationship with the Administration, according to which special powers are recognized to the entity in charge of the matter.

In this case, it must be recalled that among other functions, the Ministry of Environment and Energy is responsible for the definition and planning of national policies related to energy resources and environmental protection—as inferred from Article 2, subsections a) and b) of the Organic Law of the Ministry of Environment and Energy, number 7152—as well as the direction, control, oversight, and supervision of activities related to the supply of fuels, as expressly provided for in numeral 5 of the cited Ley 7593, a task pursuant to which it is responsible for authorizing concessions in this matter. For its part, the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos acts as the regulatory body that oversees compliance with the standards of quality, quantity, reliability, continuity, timeliness, and optimal provision of this public service, a task it performs through the accounting, financial, and technical regulation and oversight of the providers, for which it may issue the technical regulations it deems necessary for compliance with the principles governing the matter (Article 25, Ídem); it conducts technical inspections of the plants and equipment used for the provision of the public service, sets the rates and prices for the service, investigates and resolves complaints (under the terms of numeral 10, Ibidem); and has jurisdiction to grant, modify, transfer, declare expired, or revoke a concession, as well as to impose the corresponding fines for non-compliance by the provider (Articles 15 and 38, Ibídem). Consequently, since this activity (the distribution and marketing of liquefied petroleum gas—LPG) is considered a public service, its regulation, development, and implementation must tend toward the satisfaction of the general interest, which prevails over the particular interest, as inferred from the provisions of numerals 4 and 10.1 of the General Law of Public Administration.

IX.- ON THE LEGAL NATURE OF THE CHALLENGED ACTION.- Before conducting the legality analysis requested in this proceeding, it is also deemed necessary to address the special legal nature of the challenged action. The plaintiff company indicates that it is a directive (directriz); however, this Chamber of Judges does not agree with that characterization. In this regard, it must be recalled that in Administrative Law, a directive (directriz) constitutes an atypical administrative act, of a general, non-normative nature, and that is issued by the Executive Branch within the scope of the administrative oversight (tutela administrativa) it exercises, as the Higher Entity (Ente Mayor), over lower entities (decentralized institutions), and in this sense, since there is no hierarchical relationship between the former and the latter, it is empowered to issue general policy guidelines, and in this sense, it establishes purposes, objectives, and goals for an institutional sector, and not directed at a particular institution. Its justification lies precisely in the power of direction entrusted to the Higher Entity, to ensure the coherence of administrative action within the state apparatus, as a mechanism for ordering—it is insisted, of a general nature and not in the form of an order—various bodies, thereby guiding the fulfillment of the public purposes entrusted to the various institutions, and thereby achieving the fulfillment of the plans and programs defined by the Executive Branch. None of the foregoing corresponds to the content of the challenged action. Indeed, we must point out that with resolution RIE-0452-2014, issued at fourteen hours twenty-six minutes on August twenty-first, two thousand fourteen, by the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, and which was published in the Official Gazette La Gaceta number 163, of August twenty-sixth, two thousand fourteen, the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos adopts an administrative act of a general nature, but directed not at the administrative organization of the state apparatus, but rather at those who hold the status of concessionaires (concesionarios) and permit holders (permisionarios) authorized to provide the public service of supply and distribution of liquefied petroleum gas (LPG). And upon reviewing its content, we note that it establishes provisions concerning traceability in the marketing of cylinders of this type of gas at bottling plants. Obviously, it is a regulation issued by the Autoridad Reguladora in the exercise of its authority—under the terms provided in the cited Article 25 of Ley number 7593, which literally provides:

"Article 25.- Regulation The Autoridad Reguladora shall issue and publish the technical regulations specifying the conditions of quality, quantity, accounting, continuity, timeliness, and optimal provision with which public services must be supplied, in accordance with the specific standards existing domestically or abroad, for each case." (Thus amended by Article 41, paragraph e) of Ley number 8660, of August eighth, two thousand eight.)

Consequently, it is an act of a general nature with normative content. And in this sense, after becoming aware of the subject matter it addresses, this Chamber finds that it is a corollary or replication of Annex 5 (RTCA 23.02.29:05, on pressure vessels, portable cylinders for containing LPG, "... applicable to portable cylindrical containers, with capacities from 4.5 kg (10 pounds) to 45.4 kg (100 pounds) of commercial propane, commercial butane, or their mixtures, which are manufactured with a design pressure of 1,655 kPa (240 psi) and are used for the storage and transport of liquefied petroleum gas for domestic, industrial, and commercial consumption ...") of Decreto Ejecutivo number 32921-COMEX-MINAE-MEIC, of December sixteenth, two thousand five, whereby the President of the Republic and the Ministers of Foreign Trade, Environment and Energy, and Economy, Industry and Commerce approved Resolution number 152-2005 (COMIECO-XXXIII) of the Council of Ministers of Central American Economic Integration, which includes several Central American Technical Regulations on the subject of land transport of hydrocarbons, liquefied petroleum gas (LPG), the technical conditions of cylinders and their valves, and the marketing of petroleum products, liquefied petroleum gases: commercial propane, commercial butane and their mixtures, specifications. This regulation was published in the Official Gazette La Gaceta number 52, of March fourteenth, two thousand six, with an effective date of May thirtieth, two thousand six—proven fact 1.- Having defined the foregoing, we proceed to the legality analysis requested of this Court.

X.- ON THE CONFORMITY OF THE CHALLENGED ADMINISTRATIVE CONDUCT WITH THE NATIONAL LEGAL ORDER.- We proceed to the separate examination of the specific allegations made against the challenged regulation by the plaintiff company, based on the following considerations:

First: We must address the content of the challenged provision, which literally provides:

"VI.— Order all liquefied petroleum gas bottling companies that, no later than January 1, 2015, they must withdraw from the market cylinders that do not comply with the provisions of the aforementioned RTCA 23.01.29:05 and that they must send to the Intendencia de Energía the destruction report, attaching the respective destruction certificates for said cylinders, authenticated by a notary public and countersigned by the technical manager (regente) of each company, to guarantee the proper disposal of waste." [Proven fact 5.)].

From the transcribed text, two specific obligations are noted for the liquefied petroleum gas bottling companies authorized to provide the public service of its distribution in the national market: first, to withdraw from the market cylinders that do not meet the technical requirements for those cylinders established in the Central American technical standard RTCA: 23.01.29:05, for which a peremptory deadline of January first, two thousand fifteen was set; and second, to report to the Intendencia de Energía of the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos the destruction of those cylinders, with a copy of the respective certificate, authenticated by a notary public and countersigned by the technical manager (regente) of each company. These mandates are neither new nor unfamiliar to the companies that provide this public service. In this sense, within the same regulatory set containing the challenged provision, in Considerando II, the interested parties were reminded "... that all steel or aluminum cylinders used for the marketing of liquefied petroleum gas that have been incorporated into the national fleet after May 30, 2006, must have, on the protective collar, in a permanently engraved form, the following information:

1. The cylinder class (according to classification), followed by the design pressure, in kPa (or psi). 2. The cylinder serial number. 3. Name, company name, or acronym of the manufacturer and the LPG bottling company. 4. Name of the country of manufacture. 5. The expression “GLP” or “LPG”. 6. The nominal capacity of liquefied petroleum gas in International System (SI) units. 7. The tare weight of the cylinder in International System (SI) units. 8. The month and year of manufacture. 9. Standard or regulation for the manufacture of the cylinder." [Proven fact 5.)].

Indeed, the requirement for the information that every liquefied petroleum gas cylinder must contain was established on the occasion of the publication of Decreto Ejecutivo number 32921-COMEX-MINAE-MEIC, of December sixteenth, two thousand five, which approved Resolution 152-2005 (COMIECO-XXXIII) of the Council of Ministers of Central American Economic Integration, thereby incorporating into the national legal order the following Central American Technical Regulations: Annex 1: RTCA 13.01.25:05, concerning the land transport of liquid hydrocarbons (except LPG); Annex 2: RTCA 13.01.26:05, concerning the land transport of liquefied petroleum gas (LPG) in bulk; Annex 3: RTCA 23.01.27:05, on pressure vessels, Portable Cylinders for containing LPG, threaded connection valve (POL type), and which applies "... to threaded connection valves (POL type) for filling and discharging liquefied petroleum gas (LPG) ..."; Annex 4: RTCA 23.01.28:05, on pressure vessels, portable cylinders for containing LPG, quick-connect valve, which applies "... to quick-connect valves for filling and discharging liquefied petroleum gas (LPG) ..."; Annex 5: RTCA 23.02.29:05, on pressure vessels, portable cylinders for containing LPG, "... applicable to portable cylindrical containers, with capacities from 4.5 kg (10 pounds) to 45.4 kg (100 pounds) of commercial propane, commercial butane, or their mixtures, which are manufactured with a design pressure of 1,655 kPa (240 psi) and are used for the storage and transport of liquefied petroleum gas for domestic, industrial, and commercial consumption ..."; and Annex 6: RTCA 75.01.21:05, on petroleum products, liquefied petroleum gases: commercial propane, commercial butane and their mixtures, specifications—proven fact 1.)-. This regulation was published in the Official Gazette La Gaceta number 52, of March fourteenth, two thousand six, with an effective date of May thirtieth, two thousand six, as expressly provided in Article 2 of this Decree—proven fact 1.)-. And it is precisely in Annex 5, RTCA 23.02.29:05, in Article 7.13, within the general specifications, that it was detailed that portable liquefied petroleum gas (LPG) cylinders must have, at minimum, the following information "... permanently engraved and in low relief on the protective collar of the cylinder, with characters at least 6 mm in height and a maximum of 0.4 mm in depth:

  • a)The cylinder class (according to classification), followed by the design pressure, in kPa (or psi). b) The cylinder serial number. c) Name, company name, or acronym of the manufacturer and the bottling company. d) Name of the country of manufacture. e) The expression "GLP" or "LPG". f) The nominal capacity of liquefied petroleum gas in International System (IS) units. g) The tare weight of the cylinder in International System (IS) units. h) The month and year of manufacture. / i) Standard or regulation for the manufacture of the cylinder." [Proven fact 2.)] Likewise, with regard to the plaintiff company, in resolutions R-537-2013-MINAE, of nine hours twenty-five minutes on November eleventh, two thousand thirteen; R-536-2013-MINAE, of nine hours twenty minutes on November twelfth, two thousand thirteen; R-614-2013-MINAE, of fifteen hours on November seventeenth, two thousand thirteen; and R-437-2014-MINAE, of ten hours fifteen minutes on July second, two thousand fourteen, from the Minister of Environment and Energy, it was specifically reiterated the obligation to identify the cylinders, in the following terms:

"FOURTEENTH: Cylinder Identification. As of the notification of this resolution, no natural or legal person holding a concession, authorization, or permit to provide the public service of supply of liquefied petroleum gas, from its storage and bottling stage to its distribution to the final consumer, nor any other person, may use, fill, distribute, or market cylinders for containing liquefied petroleum gas that do not clearly bear, with the data physically imprinted on the cylinder body in a permanent manner, by means of original manufacturing die-stamping or embossing, the following information:

  • 1)Serial number. 2) Identification of the concessionaire company and owner of the trademark under which the cylinder and its contents are distributed. 3) The cylinder class, followed by the design pressure. 4) Name of the country of manufacture. 5) The expression "GLP". 6) Nominal LPG capacity in SI units. 7) The tare weight of the cylinder in SI units. 8) Month and year of manufacture. 9) Manufacturing standard. 10) Distinctive color. / Should conflicts arise between concessionaires over the use or exclusivity of the distinctive color of the cylinders, the MINAE may resolve said conflict and order the concessionaires to use the distinctive color that the MINAE chooses." [Proven fact 4.) The highlighting is not in the original.]

Note that the foregoing resolutions are precisely the enabling titles (títulos habilitadores) of the company Gas Nacional Zeta Sociedad Anónima, so that it may legitimately provide the public service of distribution and supply of liquefied petroleum gas to final consumers, from the bottling stage to delivery to the final consumer, at the company's plants in Garita de Alajuela, Guadalupe de Cartago, Guápiles, and Bagaces—plants of El Coyol, La Lima, Guápiles, and Bagaces— [Proven fact 4.)]. In all the foregoing resolutions, the concession for the indicated public service was extended to the plaintiff company at the indicated plants for a period of five years from November eleventh, twelfth, and seventeenth, two thousand thirteen, and July second, two thousand fourteen, respectively—proven fact 3.)-. And in all and each of the indicated resolutions, the granting of the concession was made subject to compliance with the technical regulations detailed in those authorizations, relating to specific provisions for the operation of the bottling plants, cylinders, equipment, and transport, among which, it is insisted, is the one referring to the identification of the cylinders (Fourteenth clause); as well as, what is relevant in this matter, the condition of the cylinders (Fifteenth clause), the rules on the age of the cylinders and qualification tests (Sixteenth clause), and the obligations derived from the failure of the cylinder tests and their disposal (Seventeenth clause). The subjection of the provision of the activity in question to the provisions of that authorization was expressly established (Forty-first and Forty-fourth clauses), and it is insisted, is a replication of the Central American technical regulations governing the matter, incorporated into the national legal order under the terms of Decreto Ejecutivo 32921-COMEX-MINAE-MEIC. Also in the referred enabling titles, the exercise of the authorized activity was made subject to the application of administrative sanctions, to be adopted in case of non-compliance with all the requirements and established technical standards, among which is the cancellation of the concession, in addition to the respective fines (Forty-second clause). [Proven fact 4.)] It is more than evident that the above conditions were known to the plaintiff company, precisely on the occasion of the notification of those authorizations; it being important to insist that the commercial activity of its business is carried out within a sphere of special subjection (sujeción especial) to the authorizing, oversight, and regulatory Administrations, as it is a public service. There is no record that it opposed such requirements or conditions when the renewals of its concession were granted [unproven fact 1.)], so its absolute conformity with them can be presumed.

Second: In light of the foregoing, this Court does not understand the basis for the challenge being made. Indeed, it should be noted that the regulation ordered by Resolution RIE-052-2014, of the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, finds its support (motive) precisely in the regulatory and oversight powers of the authority issuing it, under the terms provided in Articles 4, 5, 6, and 25 of the cited Ley number 7593; and in the significance that compliance with the requirement for information on liquefied petroleum gas cylinders has in the provision of this service, as it is vital information for providing traceability to these cylinders. And in this sense, we must start from the reality that this activity of the distribution and marketing of liquefied petroleum gas is extremely risky and dangerous, hence the requirement for implementing safety measures is not trivial or useless, and it is neither prudent nor reasonable to skimp on preventive and control actions, from, first, the public institutions involved, and second, the private parties who participate as concessionaires (concesionarios) and/or permit holders (permisionarios) in the provision of this public service. And indeed, it is public knowledge that not a few events have occurred, with tragic consequences due to inadequate attention to the cylinders. In this sense, as was recorded in all the enabling titles (títulos habilitantes) of the plaintiff company for the provision of the public service of distribution and marketing of liquefied petroleum gas, the report CBCR-024109-2013-DGB-00501, of August third, two thousand thirteen, from the Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, is illustrative, in which it concluded that the dramatic increase in the number of accidents related to the use of liquefied petroleum gas cylinders was due to: "1. Valve problems which include, among others, the deterioration of seals. / 2. Physical damage due to deformation and poor coupling with the regulator and other leaks through the valve, damage that cannot be determined by the emergency response personnel. / 3. Cylinder damage. / 4. Damage to hoses and connectors. / 5. Damage to peripheral equipment and systems"—proven fact 8.)-. Thus, this Chamber of Judges understands that the requirement to record the information required by the Central American technical standard established in the challenged action is appropriate, as it tends to guarantee the safety of the public service of gas supply and distribution, since the information required to be incorporated on the cylinder collar (in a die-stamped manner) makes it possible to determine not only the bottling and distributing company responsible for the item, but also the real conditions of each cylinder, from its serial number—which is important due to the reports that each bottling and distributing company must keep for this purpose—which makes effective the control, it is insisted, both by the Administration and the service-providing company—to the individual characteristics of each cylinder. The age and manufacturing data of the cylinders are a substantial element, due to the tests they must undergo—as established in the sixteenth clause of resolutions R-537-2013-MINAE, R-536-2013-MINAE, R-614-2013-MINAE, and R-437-2014-MINAE, proven fact 4.)—tests that are vital for the purpose of verifying the quality and reliability of the cylinders used for the bottling and distribution of liquefied petroleum gas. It is important in this matter to become aware of the significance of the traceability of the cylinders intended for the provision of this public service, as it precisely addresses the process of evaluating the product's conformity with the Central American technical regulations, in order to track the cylinder from when it enters the national market until it leaves it, to be destroyed. For the foregoing reason, it is an indispensable aspect for guaranteeing safety in the provision of this public service, and which, due to the subject matter it deals with, is linked to the control, follow-up, and oversight actions that are necessary to provide safety to the users of this public service, and for the eventual establishment of responsibilities in the event of its inadequate provision.

Third: Due to what was stated in the preceding paragraph, the logic of the reading proposed by the defendant institution in order to defend the legitimacy and legality of the provision established in Considerando VI of resolution RIE-052-2014, adopted by it, is not understood; a reading that is somewhat in line with the thesis put forward by the plaintiff company in this action. Indeed, notwithstanding that in the preceding Considerandos (I through V) of this action, it expressly referred to the cylinders incorporated into the fleet of each of the companies authorized for the provision of the public service of bottling and distribution of liquefied petroleum gas in the national market after the entry into force of Decreto Ejecutivo number 32921-COMEX-MINAE-MEIC, that is, as of May thirtieth, two thousand six, it should not be understood, for this reason, that the challenged provision also applies only to those cylinders. On the contrary, due to the significance of this requirement, as explained above, it cannot be understood that even those acquired by the plaintiff company—and under equal conditions, by the other companies authorized to provide this public service—before that date are exempt from its application. And this consideration does not, in itself, make the provision unclear, or contradictory, or infringe upon the principles of non-retroactivity of regulations and legal certainty (seguridad jurídica) as alleged in this lawsuit. Indeed, its content is so clear that it was challenged—in administrative proceedings and now in court—by the plaintiff company here in its true sense: there is a deadline established as the limit date to enforce the information requirement on the cylinders, for the entire fleet of companies providing the public service, without differentiating the date they were incorporated into each company's fleet or their date of manufacture. In this sense, it would be illogical and contrary to the rules of science and technique to exempt from this requirement some of the cylinders that serve as instruments for the provision of this service, it is repeated, given the significance that compliance has for the safety of the users. And contrary to what is argued, the challenged provision and its implementation by the Administration, in the manner indicated, do not affect any acquired right (derecho adquirido) or any consolidated legal situation (situación jurídica consolidada), in the terms alleged. Indeed, to explain the foregoing, we must start from the definition of such concepts, and for that we turn to the one given by the Constitutional Court in its judgment number 2765-97, at fifteen hours and three minutes on May twentieth, nineteen ninety-seven, which did so in the following terms:

"The concepts of 'acquired right' (derecho adquirido) and 'consolidated legal situation' (situación jurídica consolidada) appear closely related in constitutional doctrine. It is possible to state that, in general terms, the former denotes that consummated circumstance in which a thing—material or immaterial, whether a previously owned good or a previously non-existent right—has entered into (or had an impact on) the person's patrimonial sphere, such that the person experiences an ascertainable advantage or benefit. For its part, the 'consolidated legal situation' represents not so much a patrimonial increase, but rather a state of affairs fully defined in terms of its legal characteristics and effects, even if those effects have not yet been extinguished. What is relevant regarding the consolidated legal situation, precisely, is not whether those effects still continue or not, but that—by virtue of a legal mandate or a judgment that has so declared—a clear and defined rule has already emerged in legal life, connecting a factual presupposition (conditioning fact) with a given consequence (conditioned effect). From this perspective, the person's situation is given by a logical proposition of the type 'if..., then...'; that is: if the conditioning fact has occurred, then the 'consolidated legal situation' implies that the conditioned effect must necessarily also occur. In both cases (acquired right or consolidated legal situation), the legal order protects—making it intangible—the situation of the person who obtained the right or enjoys the situation, for reasons of equity and legal certainty. In this case, the constitutional guarantee of the non-retroactivity of the law translates into the certainty that a change in the legal order cannot have the consequence of removing the good or the already acquired right from the person's patrimony, or of causing that if the factual presupposition occurred prior to the legal reform, the (advantageous, it is understood) consequence that the interested party expected from the consolidated legal situation no longer arises. Now, specifically regarding the latter, it has also been understood that no one has a 'right to the immutability of the legal order,' that is, that the rules never change. Therefore, the constitutional precept does not mean that, once born into legal life, the rule connecting the fact with the effect cannot be modified or even suppressed by a subsequent norm; what it means is that—as explained—if the conditioning presupposition has occurred, a legal reform that changes or eliminates the rule cannot have the virtue of preventing the arising of the conditioned effect that was expected under the force of the prior norm. This is so because, it was said, what is relevant is that the state of affairs the person enjoyed was already defined in terms of its elements and effects, even if these are still occurring or have not even begun to occur. In this way, what the person has a right to is the consequence, not the rule." In the case before us, there is neither an acquired right (derecho adquirido) nor a consolidated legal situation (situación jurídica consolidada) under the terms of which the company Gas Nacional Zeta Sociedad Anónima or any other provider of the public service at issue in this matter can legitimately fail to comply with the Central American technical regulations governing the conditions for making effective the traceability of the cylinders intended for the public service of bottling and distribution of liquefied petroleum gas, and thereby endanger the safety of its users. It is true, as the plaintiff claims, that said regulation came into force as of May thirtieth, two thousand six, but this did not legitimize that all cylinders acquired by that company before that date were endorsed to continue the provision of this public service. There is not a single norm that so provides; nor did the involved administrative authorities recognize this in any administrative act. On the contrary, norms were established—also technical ones—to qualify those cylinders, in order to adapt them to the new requirements, even making the determination of the tests to which they must be subjected on the occasion of the passage of years, that is, due to the age factor, as well as the protocols to be followed for the destruction of cylinders that do not meet those requirements, as is verified from the company's enabling titles (títulos habilitantes)—resolutions R-537-2013-MINAE, R-536-2013-MINAE, R-614-2013-MINAE, and R-437-2014-MINAE, proven fact 4.)-.

Given the foregoing, it can well be concluded that there is no acquired right, nor a consolidated legal situation, to jeopardize the health and safety of the general population and of users in particular, which is the direct consequence of non-compliance with the Central American technical regulation RTCA: 23.01.29:05, incorporated into the national legal system by Decreto Ejecutivo 32921-COMEX-MINAE-MEIC, which is replicated by Resolución RIE-052-2014 of the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. It is for the stated reasons that this Court understands that the plaintiff confuses the content of the principle of non-retroactivity of regulations. Note that its application occurs after the effective date of the regulation governing the matter at hand; there being no regulation that exempts or moderates its application, as indicated; so the logic of the alleged infringement of the commented principle—of non-retroactivity of the law—is not understood. It is explained: the regulatory norm implemented by reason of the provision challenged in this proceeding is applied within the validity period of that regulation. The same fate must befall the allegation of infringement of the principle of legal certainty, since, as already noted, the challenged requirement has been in force since the thirtieth of May, two thousand six, and was expressly and individually communicated to the plaintiff when the concession that authorizes it to distribute and market liquefied petroleum gas was extended, which occurred in the years two thousand thirteen and two thousand fourteen; hence there is no untimely or surprising action; on the contrary, it knew in advance the conditions and requirements it now attempts to disavow.

Fourth: The same fate must befall the allegation of the alleged unreasonableness or disproportionality of the challenged provision, which was centered on the temporal aspect of its binding nature. It was claimed that four months to transform or requalify the inventory of cylinders acquired prior to the thirtieth of May, two thousand six, made the task materially and technically impossible to perform; a term running from the promulgation and entry into force of Resolución RIE-052-2014 of the Autoridad Reguladora, which occurred on the twenty-sixth of August of that year, until the first of January, two thousand fifteen, which is the deadline established in the challenged norm—proven fact 5.)-. But here again, the plaintiff company is mistaken. These are not novel regulations that the concessionaire and permit-holding companies of the public service of distributing liquefied petroleum gas are being required to comply with, among them the plaintiff here—proven facts 3.) and 5.)-. On the contrary, the plaintiff cannot allege ignorance of this requirement, which is in no way untimely or surprising, considering that said regulation has been in force since May of two thousand six—proven facts 1.) and 2.)—, which is curiously acknowledged by the plaintiff herself; moreover, it was specifically required for each of the plants it has in the country—4 in total—when the concession for this public service was extended for five years, starting the eleventh, twelfth, and seventeenth of November, two thousand thirteen, and the second of July, two thousand fourteen—proven fact 4)-. Indeed, this requirement is contained in the specific conditions that establish the manner in which the authorized public service was to be provided; based on this knowledge, it was called upon to take the necessary corrective measures (administrative, operational, economic, and financial) to adapt its activity in accordance with the technical regulations on the matter. Thus, it was in no way four months to implement said regulation, but more than eight years that the companies providing this public service have had in order to adapt to what is regulated in this matter, a period that is in no way considered unreasonable. On the other hand, the allegations made in this part of the claim draw the attention of these Judges, as does the evidence on which they attempt to rely to prove this alleged unreasonableness and disproportionality of the measure being challenged; because from the content of the norm, it in no way orders the companies authorized to carry out the activity to which it refers to eliminate all existing cylinders acquired prior to the entry into force of the regulation, meaning prior to the thirtieth of May, two thousand six; but only those that do not comply with the regulation in force; among which, obviously, both those acquired before that date and those acquired afterwards will be included. Note that the report made on the cylinder inventory of Gas Nacional Zeta Sociedad Anónima only refers to the total quantity in relation to the date of their acquisition by the company, using the entry into force of Decreto Ejecutivo 32921-COMEX-MINAE-MEIC as a starting point. However, there is not a single piece of data or information regarding how many of the cylinders acquired prior to its entry into force—meaning, the thirtieth of May, two thousand six—do not comply with the Central American technical regulations—unproven fact 2.)-. Hence, it constitutes an argument of false cause to maintain that, just because the plaintiff has in its inventory 809,779 cylinders acquired prior to the thirtieth of May, two thousand six—a quantity obtained by subtracting the total inventory (879,423) from those manufactured after that date (69,644), according to the report made by the interested party herself on the ninth of January, two thousand fifteen, to the Autoridad Reguladora, proven fact 7.)—, all of those cylinders must be eliminated for failing to meet the technical requirements on the matter. This is not only not possible to deduce, but it is also not proven. Note that among the requirements established for the plaintiff company, upon the extension of the concession for its plants in the country, it was required to meet a specific quality and particular conditions for the cylinders, as well as the procedure for their review, control, and evaluation, and the protocols for the disposal or elimination of those that do not pass the tests—clauses Fourteenth, Fifteenth, Sixteenth, and Seventeenth, proven fact 4.)-. Thus, it is not possible to conclude the existence of the business risk to which the company is subjected by reason of the implementation and application of the provision challenged in this proceeding. Furthermore, it should be noted that the evidence provided is not considered pertinent. Dealing with certifications from public accountants, notwithstanding that, according to the legal system, they exercise a public function, by virtue of which they have public faith, in this case, it is repeated, what is certified only refers to the income that the use of cylinders acquired prior to the thirtieth of May, two thousand six, represents for the company (folios 4 to 6); which makes it not useful to the interests of the plaintiff in this proceeding. On the other hand, it is not possible to give credibility to the statement of the chemical engineer Nombre22216 (folios 11 to 13), considering that it lacks technical and scientific support in relation to its content; therefore, we agree with the defendant institution that they constitute mere subjective appreciations, without any objective basis. Given the foregoing, it is not possible to consider it accredited in this proceeding that there is an affectation or damage to the commercial line of business of the plaintiff company by reason of the validity and implementation of Resolución RIE-052-2014 of the Autoridad Reguladora—unproven fact 3.)-. And finally, it is also not possible to give the usefulness that the plaintiff intends to the "requalification" (recalificación) certification provided by the company Cilindros para Gas Sociedad Anónima (CILGAS), found on folios 14 to 15, because what it does is solely a mathematical calculation of the time it would take to qualify the number of cylinders the plaintiff has acquired before the thirtieth of May, two thousand six, assuming that all of them fail to comply with that technical regulation, and that in the period elapsed since its entry into force, their correction has not been sought. None of these data have been provided, nor can they be inferred from the documentation provided. In this sense, it is considered that any negative effect from the implementation of the challenged provision would be a fault attributable solely to the plaintiff, as it has had sufficient time to resolve the adaptation of its business to the regulations adopted by the Costa Rican State; it is repeated, more than eight years since its entry into force, using as a basis the periods established in the aforementioned certification, of eleven years and two months (one hundred thirty-four months), for a single daily shift, from seven o'clock to seventeen o'clock, Monday to Friday, for a total of eight hundred thousand cylinders; or five years and seven months (sixty-seven months) in two shifts from six o'clock to fourteen o'clock and from fourteen o'clock to twenty-two o'clock, for a total of eight hundred thousand cylinders. It is worth recalling that, as constitutional jurisprudence itself has indicated—for example, in judgments number 2000-2858, of fifteen hours fifty-four minutes of the twenty-ninth of March, two thousand, and 2001-732, of twelve hours twenty-four minutes of the twenty-sixth of January, two thousand one—, and is inferred from the provisions of numeral 317 of the Código Procesal Civil, the burden of proof, meaning the proof of the infringement of the principles of reasonableness and proportionality, falls upon whoever makes that allegation; unless it is an evident and manifest unreasonableness, which is not the case here.

Fifth: Finally, it could be concluded that, since the plaintiff has not proven the affectation to the commercial line of business of its company by reason of the validity and implementation of Resolución RIE-052-2014 of the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos—unproven fact 3.)—, this would lead to dismissing the alleged violation of the content of the freedom of enterprise, contained in Article 46 of the Constitución Política. But it is deemed necessary to add—for further elaboration—that this public freedom, in the terms in which it is conceived in our country, is not and has never been unrestricted, as it has always been subject to the regulations and conditions established by the legal system. Additionally, as of the reform carried out through Ley 7607, of the twenty-ninth of May, nineteen ninety-six, by which the final paragraph was introduced to Article 46 of the Constitución Política, a series of effective guarantees and rights for consumers are incorporated, as the norm expressly provides, as it textually states:

"Consumers and users have the right to the protection of their health, environment, safety, and economic interests; to receive adequate and truthful information; freedom of choice, and to equitable treatment. The State shall support the organizations they form for the defense of their rights. The law shall regulate these matters." Pursuant to the foregoing, it becomes an obligation for the State to contemplate and develop the measures that make such rights effective, corresponding in the specific case to the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, dealing with the implementation and regulation of public services, a competence granted to it by law—Articles 4, 5, 6, and 28 of the cited Ley 7593-. Thus, the content of business freedom also entails the protection of safety, health, and the environment, and correlatively, such contents are configured as true fundamental rights for the consumer and the user, demanding positive actions from the Administration in order to guarantee health and the environment in relation to the activities of economic agents in the market. The jurisprudence of the Sala Constitucional has been abundant and reiterated in the indicated sense, for example:

"... as this Chamber has expressed on repeated occasions, freedom of enterprise is not absolute or unlimited, and such guarantee must be subject to the legal regulations that must necessarily be complied with beforehand, especially when, as in the present case, there is legislation on the matter—precisely that which is being challenged in this action of unconstitutionality—..., since any person can freely develop their trade, provided they meet the requirements previously established by law, and do so in compliance with the requirements established for the trade in question (see among others in this sense, Resolución 1042-90, of fifteen hours twenty-five minutes, of the thirty-first of August, nineteen ninety, and Resolución 611-91, of fourteen hours five minutes of the twenty-second of March, nineteen ninety-one). This criterion was previously sustained by the Corte Plena, which in the ordinary session of the ninth of July, nineteen seventy-nine, when considering the veto of legislative bill number 5098, considered:

«The freedom of commerce that exists as a constitutional guarantee is the right that any person has to choose, without further restrictions, the legally permitted commercial activity that best suits their interests. But once engaged in that activity, the person must submit to the regulations established by law, such as setting consumer prices, paying certain wages to workers, and eventually the limitation of profits deemed convenient. So the exercise of commerce does not entail the right to unrestricted freedom, especially when, as in this case, there is a regulation considered to be of general interest.»" (Judgment number 143-93, of sixteen hours of the eleventh of January, nineteen ninety-four. Highlighting is from the original.)

"[...] Article 46 of the Constitution does not establish an individual and absolute guarantee in favor of the entrepreneur; rather, it has its limits defined by the activity that the State carries out for the benefit of its citizens in general." (Judgment number 0550-95, of sixteen thirty-three minutes of the thirty-first of January, nineteen ninety-five. Highlighting is from the original.)

"That is why doctrine justifies the correction of 'externalities' when the behavior of the economic agent affects, or can directly affect, the well-being—health, safety, and/or environment—of other agents in the market; which can happen with the handling of toxic or dangerous substances, materials, or products. Normally, economic agents seek to produce their goods and services at lower costs, hence in their goals to reduce them and implement the efficiency of their productive activity, they are sometimes prone to affecting the environment. This generates the obligation of the State, within the limits of its social function, to seek its defense, through the mechanisms that the legislator implements; under penalty of incurring administrative material inactivity, violating freedom of enterprise. Thus, a comprehensive interpretation of Constitutional Law leads to integrating the content of Article 46 with Article 50 of the Constitution, so that the exercise of freedom of commerce by the economic agent does not threaten the right to a healthy and ecologically balanced environment, in the terms previously indicated in constitutional jurisprudence—among others, see judgment number 3705-93—, nor citizen security—judgment number 2776-97—, and consequently, the rights of users. In this sense, it must be considered that health regulation and legislation is a matter of public order, that is, one in which the State intervenes to ensure its organization, morals, politics, social, and economic structure in society." (Judgment number 2003-2864, of fifteen hours twenty-nine minutes of the ninth of April, two thousand three.)

(In the same vein, and from the indicated high Constitutional Court, one may consult, among others, resolutions number 1042-90, of fifteen hours twenty-five minutes, of the thirty-first of August, nineteen ninety; number 0611-91, of fourteen hours five minutes of the twenty-second of March, nineteen ninety-one; number 1029-96, of sixteen hours thirty-nine minutes of the twenty-seventh of February, nineteen ninety-six; number in judgment number 2776-97, of fifteen hours thirty-six minutes of the twentieth of May, nineteen ninety-seven; number 6066-98, of sixteen hours thirty minutes of the twenty-fifth of August, nineteen ninety-eight; number 7973-98, of fifteen hours eighteen minutes of the eleventh of November, nineteen ninety-eight; number 1734-99, of sixteen hours of the ninth of March, nineteen ninety-nine.) Consequently, also in relation to this point, the action must be dismissed, as the challenged provision is neither disproportionate nor unreasonable, as was alleged; on the contrary, it constitutes an instrument intended to contribute to the safety and health of the users of the public service of supply and distribution of liquefied petroleum gas.

XI.- REGARDING THE SUBSTANTIVE PREREQUISITES OF THE CLAIM.- Upon answering the claim, the representation of the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos raised the substantive defenses of lack of passive standing and lack of right. It must be remembered that according to procedural doctrine and contentious-administrative jurisprudence (in this sense, one may consult the cassation judgment 34-1961, of ten hours twenty minutes of the twenty-second of March, nineteen sixty-one), the following are recognized as substantial prerequisites for the issuance of any judgment: those relating to the standing of the intervening parties, the interest in the resolution of the conflict, and the right; which are reviewable even ex officio by any judge if not raised by the defendants in a jurisdictional process and in that strict order. As for the first element—standing—, the reasoning on which the formulation of its defense is based was not explained. However, it can be reasoned that it is evident that the plaintiff company—Gas Nacional Zeta Sociedad Anónima—is duly legitimized to bring an action in this venue, by reason of the administrative conduct deployed by the Administration that concerns it, specifically by reason of the promulgation of a regulatory technical provision, namely Resolución RIE-052-2014, of fourteen hours twenty-six minutes of the twenty-first of August, two thousand fourteen, published in the Diario Oficial La Gaceta number 163, of the twenty-sixth of that same month and year; which the plaintiff deems harmful to its interests; and thus the prerequisite established in numeral 10 subsection a) of the Código Procesal Contencioso Administrativo is fulfilled. Consequently, it is considered that there is also passive standing ad causam with respect to the autonomous institution sued, since it is the author of the administrative conduct that is the object of this process, which is in accordance with the provisions of subsection 1) of numeral 12. It should be noted that, in relation to the second substantive prerequisite, it is unquestionable that the matter under discussion is of current interest to the intervening parties by reason of the claims formulated in the claim, there being neither a conciliatory arrangement nor any request for dismissal of the action. And finally, it is based on the considerations given in this decision that the impropriety of the entire claim formulated in all its aspects is determined, so the defense of lack of right raised by the sued entity must be upheld in that sense.

XII.- REGARDING COSTS.- In accordance with numeral 193 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, procedural and personal costs constitute a burden imposed on the losing party by virtue of being so. The waiver of this award is only viable when, in the Court's judgment, there was sufficient cause to litigate, or when the judgment is issued based on evidence whose existence was unknown to the opposing party. In this case, this collegiate body finds no reason to apply the exceptions established by the applicable rule and to break the principle of awarding costs to the losing party, so the plaintiff company is ordered to pay the costs derived from this process, i.e., the personal and procedural costs of the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, leaving the determination of the corresponding amounts to the enforcement stage.

POR TANTO:

The defense of lack of passive standing ad causam is rejected, and the defense of lack of right is upheld. Consequently, the claim filed by Nombre136779 against the AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS is declared SIN LUGAR in all its aspects. The plaintiff company is ordered to pay the procedural and personal costs derived from this action, which shall be settled in the judgment enforcement phase, once this ruling becomes final.

Silvia Consuelo Fernández Brenes Nombre136069 Nombre136022 Proceso ordinario contencioso administrativo de fallo directo (art. 69 del CPCA) Gas Nacional Zeta Sociedad Anónima contra la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL del Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

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Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI Clase de asunto: Proceso ordinario Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Sentencias Relacionadas Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Derecho Administrativo Tema: Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos Subtemas:

Consideraciones sobre el envasado, transporte, distribución y comercialización del gas licuado petróleo a consumidores finales como servicio público. Condiciones para hacer efectiva la trazabilidad de los cilindros destinados al servicio público.

Tema: Servicio público Subtemas:

Condiciones para hacer efectiva la trazabilidad de los cilindros de gas licuado petróleo para su envasado y distribución.

“VIII. DEL ENVASADO, TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP) A CONSUMIDORES FINALES, COMO SERVICIO PÚBLICO.- En tanto ha sido alegada la infracción del contenido esencial de la libertad de empresa, contenido en el artículo 46 de la Constitución Política, con ocasión de la adopción e implementación de la resolución RIE-052-2014, de las catorce horas veintiséis minutos del veintiuno de agosto del dos mil catorce, dictada por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, y que fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta número 163, del veintiséis de agosto del dos mil catorce, que son Lineamientos para la trazabilidad en la comercialización de cilindros de gas licuado de petróleo en plantas envasadoras; se estima pertinente, previo a la revisión de la legalidad de la actuación impugnada, determinar el régimen jurídico de la distribución de este producto a los consumidores finales, desde la etapa de envasado hasta el consumidor final en nuestro país. En efecto, debe considerarse que al tenor de lo establecido en el artículo 5 inciso d) subinciso 2) de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, número 7593, del veintiocho de marzo de mil novecientos noventa y seis, y vigente a partir del cinco de setiembre siguiente, y sus reformas, esta actividad se constituye en servicio público. Esta condición hace por sí mismo que su ejercicio esté sujeto a regulaciones del Derecho Administrativo, tanto en lo atinente al sujeto encargado de la materia y el fin -por reserva legal, como expresión del principio de regulación mínima establecido en el numeral 12 de la Ley General de la Administración Pública-, como en lo que refiere a los principios que lo rigen -continuidad, eficiencia, adaptación al cambio, igualdad, calidad, cantidad, oportunidad y confiabilidad necesarios para que la prestación sea óptima (artículos 4 de la citada Ley General, número 6227 y 4 inciso d) de la Ley número 7593)-; y su desarrollo, a través de concesión tanto a entes públicos como de particulares, conforme a las previsiones establecidas en la ley. Al tenor de lo anterior, su ejercicio no es libre, en un doble sentido, en tanto no puede ser realizada por cualquier persona, en virtud de la autonomía de su voluntad, sino que requiere de un título habilitante para que pueda participar de ella -en este caso, referida al envasado, transporte, distribución y comercialización al consumidor final del gas licuado de petróleo (GLP) en el ámbito nacional- a través de la correspondiente concesión y/o permiso, autorizado por sujeto competente; y además, necesariamente se sujeta el desarrollo de esta actividad a las disposiciones legales que regulan la prestación de los servicios públicos en general y de esta actividad, que valga la indicación, es de carácter sumamente técnico y científico, por ser de alta peligrosidad y riesgosa la actividad que comprende su realización. En razón de lo anterior, se configura en un régimen de sujeción especial de los concesionarios en su relación con la Administración, al tenor del cual, se reconocen facultades especiales al ente encargado de la materia. En este caso, debe de recordarse que entre otras funciones, le corresponde al Ministerio de Ambiente y Energía, la definición y planificación de las políticas nacionales relacionadas con los recursos energéticos y de protección ambiental -como se infiere del artículo 2 incisos a) y b) de la Ley Orgánica del Ministerio de Ambiente y Energía, número 7152-; así como la dirección, control, fiscalización y vigilancia de las actividades relacionadas con el suministro de combustibles, como lo prevé de manera expresa el numeral 5 de la citada Ley 7593, cometido al tenor del cual, le corresponde dar autorización de las concesiones en esta materia. Por su parte, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, funge como ente regulador que fiscaliza el cumplimiento de las normas de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima de este servicio público, labor que hace a través de la regulación y fiscalización contable, financiera y técnica de los prestatarios, para lo cual puede dictar los reglamentos técnicos que estime necesario para el cumplimiento de los principios que rigen la materia (artículo 25 Ídem); hace inspecciones técnicas a las plantas y equipos afectos a la prestación del servicio público, fija las tarifas y precios del servicio, investiga y resuelve quejas (en los términos del numeral 10 Ibidem); y tiene competencia para otorgar, modificar, traspasar, declarar caduca o revocar una concesión, así como establecer las multas correspondientes, ante el incumplimiento de parte del prestatario (artículos 15 y 38 Ibídem). Consecuentemente, al tenerse esta actividad (la de distribución y comercialización del gas licuado de petróleo -GLP-) como servicio público, su regulación, desarrollo e implementación debe tender a la satisfacción del interés general, que priva por sobre el interés particular, como se infiere de lo dispuesto en los numerales 4 y 10.1 de la Ley General de la Administración Pública.

IX.- DE LA NATURALEZA JURÍDICA DE LA ACTUACIÓN IMPUGNADA.- Previo a hacer el análisis de legalidad solicitado en este proceso, también se estima necesario atender a la especial naturaleza jurídica de la actuación impugnada. Indica la empresa actora que se trata de una directriz, sin embargo, no concuerda esta Cámara de Juzgadores con esa calificación. Al respecto, debe de recordarse que en el Derecho Administrativo, la directriz se constituye en un acto administrativo atípico, de carácter general no normativo, y que es dictado por el Poder Ejecutivo dentro del ámbito de la tutela administrativa que ejerce, como Ente Mayor, frente a los entes menores (instituciones descentralizadas), y en tal sentido, en tanto no hay una relación de jerarquía del primero respecto de las segundas, es que se le faculta dictar lineamientos de política general, y en tal sentido, establece fines, objetivos y metas, a un sector institucional, y no dirigido a una institución en particular. Precisamente encuentra su justificación en la potestad de dirección encomendada al Ente Mayor, para procurar la coherencia de acción administrativa en el aparato estatal, como mecanismo de ordenación -se insiste de carácter general y no en la forma de orden- de diversos organismos, para orientar con ello el cumplimiento de los fines públicos encomendados a las diversas instituciones, y con ello lograr el cumplimiento de los planes y programas definidos por el Poder Ejecutivo. Nada de lo anterior se corresponde con el contenido de la actuación impugnada. En efecto, sí debemos de señalar que con la resolución RIE-0452-2014, de las catorce horas veintiséis minutos del veintiuno de agosto del dos mil catorce, dictada por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, y que fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta número 163, del veintiséis de agosto del dos mil catorce, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos adopta un acto administrativo de carácter general, pero dirigida no a la organización administrativa del aparato estatal, sino a quienes ostentan la condición de concesionarios y permisionarios que están autorizados para prestar el servicio público de suministro y distribución del gas licuado de petróleo (GLP). Y revisado su contenido, advertimos que establece disposiciones atinentes a la trazabilidad en la comercialización de los cilindros de este tipo de gas en las plantas envasadoras. Obviamente se trata de una regulación dictada por la Autoridad Reguladora dentro del ejercicio de su competencia -en los términos previstos en el citado artículo 25 de la Ley número 7593, que en su literalidad dispone:

"Articulo 25.- Reglamentación La Autoridad Reguladora emitirá y publicará los reglamentos técnicos, que especifiquen las condiciones de calidad, cantidad, contabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima, con que deberán suministrarse los servicios públicos, conforme a los estándares específicos existentes en el país o en el extranjero, para cada caso." (Así reformado por el artículo 41 aparte e) de la Ley número 8660, del ocho de agosto del dos mil ocho.)

Consecuentemente, se trata de un acto de carácter general de contenido normativo. Y en este sentido, luego de conocida la materia de que trata, encuentra esta Cámara que es corolario o réplica del Anexo 5 (RTCA 23.02.29:05, de recipientes a presión, cilindros portátiles para contener GLP, "... de aplicación a los envases cilíndricos portátiles, con capacidad desde 4,5 kg (10 libras) hasta 45,4 kg (100 libras) de propano comercial, butano comercial o sus mezclas, los cuales se fabrican con una presión de diseño de 1 655 kPa (240 psi) y que se utilizan para almacenamiento y transporte de gas licuado de petróleo para consumo doméstico, industrial y comercial ...") del Decreto Ejecutivo número 32921-COMEX-MINAE-MEIC, del dieciséis de diciembre del dos mil cinco, por el que el Presidente de la República y los Ministros de Comercio Exterior, Ambiente y Energía y de Economía, Industria y Comercio aprobaron la Resolución número 152-2005 (COMIECO-XXXIII) del Consejo de Ministros Centroamericanos de Integración Económica, que comprende varios Reglamentos Técnicos Centroamericanos sobre la materia de transporte terrestre de hidrocarburos, gas licuado de petróleo (GLP), de las condiciones técnicas de los cilindros y sus válvulas y la comercialización de productos de petróleo, gases licuados de petróleo: propano comercial, butano comercial y sus mezclas, especificaciones. Esta normativa fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta número52, del catorce de marzo del dos mil seis, con fecha de rige a partir del treinta de mayo del dos mil seis -hecho probado 1.- Definido lo anterior, se procede al análisis de legalidad que se requirió a este Tribunal.

X.- DE LA CONFORMIDAD CON EL ORDENAMIENTO JURÍDICO NACIONAL DE LA CONDUCTA ADMINISTRATIVA IMPUGNADA.- Se procede al examen por separado de las alegaciones puntuales que se hicieron a la regulación impugnada de parte de la empresa actora, sobre la base de las siguientes consideraciones:

Primero: Debemos atender al contenido de la disposición impugnada, que en su literalidad dispone:

"VI.— Ordenar a todas las empresas envasadoras de gas licuado de petróleo, que a más tardar el 1° de enero del 2015 deberán retirar del mercado los cilindros que no cumplan con lo establecido en el RTCA 23.01.29:05 mencionado y que deberán remitir a la Intendencia de Energía el informe de destrucción, adjuntando las respectivas actas de destrucción de dichos cilindros, autenticadas por un notario público y refrendadas por el regente de cada empresa, para garantizar la adecuada disposición de los residuos." [Hecho probado 5.)].

Del texto transcrito se advierten dos obligaciones concretas para las empresas envasadoras del gas licuado de petróleo autorizadas a prestar el servicio público de su distribución en el mercado nacional: la primera, la de retirar del mercado los cilindros que no cumplan con los requerimientos técnicos de aquellos cilindros establecidos en la norma técnica centroamericana RTCA: 23.01.29:05, para lo cual, estableció un plazo perentorio al primero de enero del dos mil quince; y la segunda, la de reportar a la Intendencia de Energía de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, la destrucción de aquellos cilindros, con la copia del acta respectiva, autenticada por notario público y refrendada por el regente de cada empresa. Estos mandatos no son nuevos ni extraños para las empresas que brindan este servicio público. En este sentido, en el mismo conjunto regulatorio que contiene la disposición impugnada, en el Considerando II. se les recordó a las interesadas "... que todos los cilindros de acero o aluminio utilizados para la comercialización de gas licuado de petróleo que hayan sido incorporados al parque nacional a partir del 30 de mayo del 2006, deberán poseer en el cuello protector, de forma grabada y permanente, la siguiente información:

1. La clase de cilindro (según clasificación), seguida de la presión de diseño, en kPa (o psi).

2. El número de serie del cilindro.

3. Nombre, razón social o siglas del fabricante y de la empresa envasadora de GLP.

4. Nombre del país de fabricación.

5. La expresión “GLP” o “LPG”.

6. La capacidad nominal de gas licuado de petróleo en unidades del Sistema Internacional (SI).

7. La tara del cilindro en unidades del Sistema Internacional (SI).

8. El mes y año de fabricación.

9. Norma o reglamento de fabricación del cilindro." [Hecho probado 5.)].

En efecto, la exigencia de la información que debe contener todo cilindro de gas licuado de petróleo fueron establecidas con ocasión de la publicación del Decreto Ejecutivo número 32921-COMEX-MINAE-MEIC, del dieciséis de diciembre del dos mil cinco, que aprobó la Resolución 152-2005 (COMIECO-XXXIII) del Consejo de Ministros Centroamericanos de Integración Económica, incorporando con ello al ordenamiento jurídico nacional, los siguientes Reglamentos Técnicos Centroamericanos: Anexo 1: RTCA 13.01.25:05, relativo al transporte terrestre de hidrocarburos líquidos (excepto GLP); Anexo 2: RTCA 13.01.26:05, relativo al transporte terrestre del gas licuado de petróleo (GLP) a granel; Anexo 3: RTCA 23.01.27:05, de recipientes a presión, Cilindros Portátiles para contener GLP, válvula de acoplamiento roscado (tipo POL), y que aplica "... a las válvulas de acoplamiento roscado (tipo POL) para carga y descarga de gas licuado de petróleo (GLP) ..."; Anexo 4: RTCA 23.01.28:05 , de recipientes de presión a presión, cilindros portátiles para contener GLO, válvula de acoplamiento rápido, que aplica "... a las válvulas para acoplamiento rápido para carga y descarga de gas licuado de petróleo (GLP) ..."; Anexo 5: RTCA 23.02.29:05 , de recipientes a presión, cilindros portátiles para contener GLP, "... de aplicación a los envases cilíndricos portátiles, con capacidad desde 4,5 kg (10 libras) hasta 45,4 kg (100 libras) de propano comercial, butano comercial o sus mezclas, los cuales se fabrican con una presión de diseño de 1 655 kPa (240 psi) y que se utilizan para almacenamiento y transporte de gas licuado de petróleo para consumo doméstico, industrial y comercial ..."; y Anexo 6: RTCA 75.01.21:05, de productos de petróleo, gases licuados de petróleo: propano comercial, butano comercial y sus mezclas, especificaciones -hecho probado 1.)-. Esta normativa fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta número 52, del catorce de marzo del dos mil seis, con fecha de rige a partir del treinta de mayo del dos mil seis, como se dispuso de manera expresa en el artículo 2 de este Decreto -hecho probado 1.)-. Y es precisamente en el Anexo 5, RTCA 23.02.29:05, en el artículo 7.13, dentro de las especificaciones generales, que se detalló que los cilindros portátiles de gas licuado de petróleo (GLP) deben tener como mínimo la siguiente información "... grabada en forma permanente y en bajo relieve en el cuello protector del cilindro, con caractereses de 6 mm de altura como mínimo y 0,4 mm como máximo de profundidad:

  • a)La clase de cilindro (según clasificación), seguida de la presión de diseño, en kPa (o psi).
  • b)El número de serie del cilindro.
  • c)Nombre, razón social o siglas del fabricante y de la empresa envasadora.
  • d)Nombre del país de fabricación.
  • e)La expresión "GLP" o LPG".
  • f)La capacidad nominal de gas licuado de petróleo en unidades del Sistema Internacional (IS).
  • g)La tara del cilindro en unidades del Sistema Internacional (IS).
  • h)El mes y año de fabricación. / i) Norma o reglamento de fabricación del cilindro." [Hecho probado 2.)] De igual suerte, en lo que refiere a la empresa actora, en las resoluciones R-537-2013-MINAE, de las nueve horas veinticinco minutos del once de noviembre del dos mil trece; R-536-2013-MINAE, de las nueve horas veinte minutos del doce de noviembre del dos mil trece; R-614-2013-MINAE, de las quince horas del diecisiete de noviembre del dos mil trece y R-437-2014-MINAE, de las diez horas quince minutos del dos de julio del dos mil catorce, del Ministro de Ambiente y Energía, se le reiteró en lo particular, de la obligación de identificar los cilindros, en los siguientes términos:

"DÉCIMO CUARTO: Identificación del cilindro. A partir de la comunicación de la presente resolución ninguna persona física o jurídica titular de una concesión, autorización o permiso para prestar el servicio público de suministro de gas licuado de petróleo, desde su etapa de almacenamiento y envasado hasta su distribución al consumidor final, ni ninguna otra persona podrá utilizar, envasar, distribuir ni comercializar cilindros para contener gas licuado de petróleo, que no cuenten en forma clara, con los datos impresos físicamente en el cuerpo del cilindro en forma permanente, mediante troqueleado o relieve original de fabricación, correspondientes a la siguiente información:

  • 1)Número de serie.
  • 2)Identificación de la empresa concesionaria y dueña de la marca comercial bajo la que se distribuye el cilindro y su contenido.
  • 3)La clase de cilindro, seguida de la presión del diseño.
  • 4)Nombre del país de fabricación.
  • 5)La expresión "GLP".
  • 6)Capacidad nominal de GLP en unidad del SI.
  • 7)La tara del cilindro en unidades del SI.
  • 8)Mes y año de fabricación.
  • 9)Norma de fabricación.
  • 10)Color distintivo. / En caso de que surjan conflictos entre concesionarios por el uso o exclusividad del color distintivo de los cilindros, el MINAE podrá resolver dicho conflicto y ordenar a los concesionarios el uso del color distintivo que el MINAE escoja." [Hecho probado 4.) El resaltado no es del original.]

Nótese que las anteriores resoluciones, son precisamente los títulos habilitadores de la empresa Gas Nacional Zeta Sociedad Anónima, para que de manera legítima preste el servicio público de distribución y suministro de gas licuado de petróleo a los consumidores finales, desde la etapa del envase hasta la entrega al consumidor final, en las plantas que tiene la empresa en la Garita de Alajuela, Guadalupe de Cartago, Guápiles y Bagaces -plantas de El Coyol, la Lima, Guápiles y Bagaces- [Hecho probado 4.)] En todas las anteriores resoluciones se le prorrogó la concesión del servicio público indicado a la empresa actora en las plantas indicadas por el plazo de cinco años a partir del once, doce y diecisiete de noviembre del dos mil trece y dos de julio del dos mil catorce, respectivamente -hecho probado 3.)-. Y en todas y en cada una de las indicadas resoluciones, se supeditó el otorgamiento de la concesión otorgada al cumplimiento de las regulaciones técnicas que se detallaron en esas autorizaciones, relativas a las disposiciones específicas a la operación de las plantas de envasado, de los cilindros, equipos y transporte, entre las que que se insiste, está contenida la referida a la identificación de los cilindros (cláusula Décima cuarta); así como en lo que interesa en este asunto, el estado de los cilindros (cláusula Décima quinta), las reglas sobre la antigüedad de los cilindros y pruebas de calificación (cláusula Décima sexta), y las obligaciones derivadas de la reprobación de las pruebas a los cilindros y eliminación de éstos (cláusula Décima sétima). De manera expresa se estableció la sujeción de la prestación de la actividad que interesa a lo normado en esa autorización (cláusulas Cuadragésima primera y Cuadragésimo cuarta), y que se insiste, es réplica de la normativa técnica centroamericana que rige la materia, incorporada al ordenamiento jurídico nacional al tenor del Decreto Ejecutivo 32921-COMEX-MINAE-MEIC. También en los referidos títulos habilitantes, se supeditó el ejercicio de la actividad autorizada a la aplicación de las sanciones administrativas, a adoptarse en caso de incumplimiento de todas las exigencias y normas técnicas establecidas, entre las que figura la cancelación de la concesión, además de las multas respectivas (cláusula Cuadragésima segunda). [Hecho probado 4.)] Resulta más que evidente que las anteriores condiciones eran conocidas por la empresa actora, precisamente con ocasión de la notificación de aquellas autorizaciones; siendo importante insistir, que el giro comercial de su actividad lo realiza en un ámbito de sujeción especial con las Administraciones autorizante, fiscalizadora y reguladora, al ser un servicio público. No consta de su parte, que se haya opuesto a tales requerimientos ni condiciones cuando se le otorgaron las renovaciones de su concesión [hecho no probado 1.)], por lo que puede presumirse su conformidad absoluta con aquellos.

Segundo: Al tenor de lo anterior, no entiende este Tribunal el sustento de la impugnación que se formula. En efecto, es de hacer notar que la regulación ordenada por la Resolución RIE-052-2014, de la la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, encuentra su sustento (motivo) precisamente en las competencias regulatorias y fiscalizadoras de la autoridad que lo dicta, en los términos en que está previsto en los artículos 4, 5, 6 y 25 de la citada Ley número 7593; y en la trascendencia que tiene en la prestación de este servicio, el cumplimiento de la exigencia de la información de los cilindros de gas licuado de petróleo, en tanto se trata de información vital para darle trazabilidad a estos cilindros. Y es que en este sentido debemos partir de la realidad de que esta actividad de la distribución y comercialización del gas licuado de petróleo es sumamente riesgosa y peligrosa, de donde la exigencia para la implementación de medidas de seguridad no son vanales o inútiles, no siendo prudente ni razonable escatimar las acciones preventivas y de control, de parte, primero de las instituciones públicas involucradas, y segundo, de los particulares que intervienen como concesionarios y/o permisionarios en la prestación de este servicio público. Y es que en efecto, es del conocimiento público que se han producido no pocos eventos, con consecuencias trágicas por la no atención adecuada de los cilindros. En este sentido, tal y como se consignó en todos los títulos habilitantes de la empresa actora para la prestación del servicio público de distribución y comercialización del gas licuado de petróleo, resulta ejemplarizante el informe CBCR-024109-2013-DGB-00501, del tres de agosto del dos mil trece del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, en el que concluyó que el incremento dramático en el número de accidentes relacionados con la utilización de cilindros de gas licuado de petróleo, el cual señaló que es debido a: "1. Problemas en las válvulas que incluye entre otros el deterioro de empaques. / 2. Daños físicos por deformación y mal acople con el regulador y otras fugas por la válvula cuyo daño no puede ser determinado por el personal que atiende la emergencia. / 3. Daños en el cilindro. / 4. Daños en las mangueras y conectores. / 5. Daños en equipos y sistemas periféricos" -hecho probado 8.)-. Así, entiende esta Cámara de Juzgadores que la exigencia de la consignación de la información requerida por norma técnica centroamericana establecida en la actuación impugnada resulta adecuada, en tanto tiende a garantizar la seguridad del servicio público de suministro y distribución de gas, ya que la información que se exige incorporar al cuello del cilindro (de manera troqueleada) hace posible determinar no sólo la empresa envasadora y distribuidora responsable del bien, sino también de las condiciones reales de cada cilindro, desde su número de serie, que es importante por los reportes que debe tener al efecto cada empresa envasadora y distribuidora -lo que efectiviza el control, se insiste, tanto de parte de la Administración como de la empresa prestataria del servicio-, hasta las características individuales de cada uno de los cilindros. La antigüedad y los datos de la fabricación de los mismos es un elemento sustancial, en razón de las pruebas a las que deben someterse -como se estableció en la cláusula décimo sexta de las resoluciones R-537-2013-MINAE, R-536-2013-MINAE, R-614-2013-MINAE y R-437-2014-MINAE, hecho probado 4.)-, pruebas que son vitales a efecto de verificar la calidad y confiabilidad de los cilindros usados para el envasado y distribución del gas licuado de petróleo. Es importante en esta materia tomar conciencia de la trascendencia de la trazabilidad de los cilindros destinados a la prestación de este servicio público, en tanto atiende precisamente al proceso de evaluación de la conformidad del producto con la normativa técnica centroamericana, con el fin de dar seguimiento al cilindro, desde que ingresa al mercado nacional y hasta que sale del mismo, para ser destruido. En razón de lo anterior, se trata de un aspecto indispensable para garantizar la seguridad en la prestación de este servicio público, y que por la materia de que trata, está ligado a las acciones de control, seguimiento y fiscalización, que es necesario para dar seguridad a los usuarios de este servicio público, y al eventual establecimiento de responsabilidades ante la inadecuada prestación del mismo.

Tercero: En razón de lo dicho en el apágrafe anterior, no entiende la lógica de la lectura que propone la institución demandada en aras de defender la legitimidad y legalidad de la disposición establecida en el Considerado VI. de la resolución RIE-052-2014, por ella adoptada; y que de alguna manera resulta acorde con la tesis esgrimida por la empresa demandante en esta acción. En efecto, no obstante que en los Considerandos anteriores (del I. al V.) de esta actuación, de manera expresa se refirió a los cilindros incorporados al parque de cada una de las empresas autorizadas para la prestación del servicio público de envasado y distribución de gas licuado de petróleo en el mercado nacional con posterioridad a la vigencia del Decreto Ejecutivo número 32921-COMEX-MINAE-MEIC, esto es al treinta de mayo del dos mil seis, no por ello debe de entenderse que la disposición impugnada también lo sea únicamente para aquellos cilindros. Al contrario, por la significación de esta exigencia, en los términos supra explicados, es que no puede entenderse excepcionados de su aplicación aún los que fueron adquiridos por la empresa actora -y en igualdad de condiciones, de las otras empresas autorizadas para brindar este servicio público- con anterioridad a esa data. Y esta consideración, no hace de suyo, ni que la disposición sea oscura, ni contradictoria, ni que se infrinjan los principios de irretroactividad de la normativa y seguridad jurídica como fuera alegado en esta demanda. En efecto, tan claro es el contenido, que fue impugnado -en sede administrativa y ahora jurisdiccional- por la empresa aquí actora en el real sentido que tiene: hay un plazo establecido como fecha límite, para hacer cumplir la exigencia de la información en los cilindros, a todo el parque de las empresas que prestan el servicio público, sin diferenciar la fecha en que fueron incorporados al parque de cada uno de ellos, ni la fecha de su fabricación. En este sentido, ilógico y contrario a las reglas de la ciencia y de la técnica sería excepcionar de esta exigencia a parte de los cilindros que sirven de instrumento para la prestación de este servicio, se repite, dada la significancia que tiene en la seguridad de los usuarios su cumplimiento. Y contrario de lo argüido, con la disposición impugnada y su implementación de parte de la Administración, en la forma señalada, tampoco se afecta ningún derecho adquirido ni tampoco ninguna situación jurídica consolidada, en los términos alegados. En efecto, para explicar lo anterior, debemos partir de la definición de tales conceptos, y para ello acudimos a la dada por el Tribunal Constitucional en su sentencia número 2765-97, las quince horas con tres minutos del veinte de mayo de mil novecientos noventa y siete, que lo hizo en los siguientes término:

"Los conceptos de "derecho adquirido" y "situación jurídica consolidada" aparecen estrechamente relacionados en la doctrina constitucionalista. Es dable afirmar que, en términos generales, el primero denota a aquella circunstancia consumada en la que una cosa –material o inmaterial, trátese de un bien previamente ajeno o de un derecho antes inexistente– ha ingresado en (o incidido sobre) la esfera patrimonial de la persona, de manera que ésta experimenta una ventaja o beneficio constatable. Por su parte, la "situación jurídica consolidada" representa no tanto un plus patrimonial, sino un estado de cosas definido plenamente en cuanto a sus características jurídicas y a sus efectos, aun cuando éstos no se hayan extinguido aún. Lo relevante en cuanto a la situación jurídica consolidada, precisamente, no es que esos efectos todavía perduren o no, sino que –por virtud de mandato legal o de una sentencia que así lo haya declarado– haya surgido ya a la vida jurídica una regla, clara y definida, que conecta a un presupuesto fáctico (hecho condicionante) con una consecuencia dada (efecto condicionado). Desde esta óptica, la situación de la persona viene dada por una proposición lógica del tipo «si..., entonces...»; vale decir: si se ha dado el hecho condicionante, entonces la "situación jurídica consolidada" implica que, necesariamente, deberá darse también el efecto condicionado. En ambos casos (derecho adquirido o situación jurídica consolidada), el ordenamiento protege –tornándola intangible– la situación de quien obtuvo el derecho o disfruta de la situación, por razones de equidad y de certeza jurídica. En este caso, la garantía constitucional de la irretroactividad de la ley se traduce en la certidumbre de que un cambio en el ordenamiento no puede tener la consecuencia de sustraer el bien o el derecho ya adquirido del patrimonio de la persona, o de provocar que si se había dado el presupuesto fáctico con anterioridad a la reforma legal, ya no surja la consecuencia (provechosa, se entiende) que el interesado esperaba de la situación jurídica consolidada. Ahora bien, específicamente en punto a ésta última, se ha entendido también que nadie tiene un "derecho a la inmutabilidad del ordenamiento", es decir, a que las reglas nunca cambien. Por eso, el precepto constitucional no consiste en que, una vez nacida a la vida jurídica, la regla que conecta el hecho con el efecto no pueda ser modificada o incluso suprimida por una norma posterior; lo que significa es que –como se explicó– si se ha producido el supuesto condicionante, una reforma legal que cambie o elimine la regla no podrá tener la virtud de impedir que surja el efecto condicionado que se esperaba bajo el imperio de la norma anterior. Esto es así porque, se dijo, lo relevante es que el estado de cosas de que gozaba la persona ya estaba definido en cuanto a sus elementos y a sus efectos, aunque éstos todavía se estén produciendo o, incluso, no hayan comenzado a producirse. De este modo, a lo que la persona tiene derecho es a la consecuencia, no a la regla." En el caso que nos ocupa, no existe ni un derecho adquirido ni tampoco una situación jurídica consolidada al tenor de los cuales, la empresa Gas Nacional Zeta Sociedad Anónima o cualquier otro prestatario del servicio público que nos interesa en este asunto, pueda legítimamente incumplir la normativa técnica centroamericana , que regula las condiciones para hacer efectiva la trazabilidad de los cilindros destinados al servicio público de envasado y distribución de gas licuado de petróleo, y con ello, poner en riesgo la seguridad de los usuarios del mismo. Es cierto como afirma la actora, que dicha regulación entró a regir a partir del treinta de mayo del dos mil seis, pero no por ello legitimó que todos los cilindros adquiridos por esa empresa con anterioridad a esa data, fuesen avalados para continuar la prestación de este servicio público. No existe una sola norma que así lo disponga; ni tampoco las autoridades administrativas involucradas así lo reconocieron en acto administrativo alguno. Al contrario, se establecieron normas -también técnicas- para calificar aquellos cilindros, a fin de adaptarlos a la nuevas exigencias, haciéndose incluso la determinación de las pruebas a las que deben ser sometidos con ocasión del transcurso de los años, es decir, por el factor de antigüedad, así como los protocolos a seguir para la destrucción de los cilindros que no cumplan aquellas exigencias, como se constata de los títulos habilitantes de la empresa -resoluciones R-537-2013-MINAE, R-536-2013-MINAE, R-614-2013-MINAE y R-437-2014-MINAE, hecho probado 4.)-. Así las cosas, bien puede concluirse que no hay un derecho adquirido, ni una situación jurídica consolidada a poner en riesgo la salud y seguridad de la población en general y de los usuarios en lo particular, que es la consecuencia directa del incumplimiento de la norma técnica centroamericana RTCA: 23.01.29:05, incorporada al ordenamiento jurídico nacional con el Decreto Ejecutivo 32921-COMEX-MINAE-MEIC, a la que replica la Resolución RIE-052-2014 de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Es por lo dicho que entiende este Tribunal que la actora confunde el contenido del principio de irretroactividad de la normativa. Nótese que su aplicación se da con posterioridad a la fecha vigencia de la normativa que regula la materia que nos ocupa; no existiendo normativa que excepcione o modere su aplicación, según se indicó; de manera que no se entiende la lógica de la supuesta infracción al principio comentado -de irretroactividad de la ley-. Se explica, la normativa regulatoria que se implementa con ocasión de la disposición impugnada en este proceso, lo es dentro de la vigencia de esa regulación. Igual suerte debe correr la alegación de la infracción del principio de seguridad jurídica, por cuanto como ya se señaló, la exigencia impugnada está vigente desde el treinta de mayo del dos mil seis, y fue expresa e individualmente comunicada a la actora, cuando se le prorrogó la concesión que la legitima para distribuir y comercializar el gas licuado de petróleo, lo que ocurrió en los años dos mil trece y dos mil catorce; de donde no hay actuación intempestiva o sorpresiva, al contrario, sabía con antelación las condiciones y requerimientos que ahora intenta desconocer.

Cuarto: Igual suerte debe correr el alegato de supuesta irrazonabilidad o desproporcionalidad de la disposición impugnada, que fue centrado en el aspecto temporal de la vinculatoriedad de la misma. Se acusó que cuatro meses para transformar o recalificar el inventario de cilindros adquiridos con anterioridad al treinta de mayo del dos mil seis, hacían que la tarea fuese material y técnicamente imposible de realizar; plazo que cuenta a partir de la promulgación y vigencia de la resolución RIE-052-2014, de la Autoridad Reguladora, lo que ocurrió el veintiséis de agosto de ese año y hasta el primero de enero del dos mil quince, que es la fecha límite establecida en la norma impugnada -hecho probado 5.)-. Pero nuevamente se equivoca aquí la empresa actora. No se trata de regulaciones novedosas las que se le están exigiendo cumplir a las empresas concesionarias y permisionarias del servicio público de distribución del gas licuado de petróleo, entre ellas a la aquí demandante -hechos probados 3.) y 5.)-. Al contrario, no puede la demandante alegar desconocimiento de esta exigencia, que en modo alguno es intempestiva ni sorpresiva, en atención a que dicha regulación está vigente desde mayo del dos mil seis -hechos probados 1.) y 2.)-, lo que curiosamente reconoce la propia demandante; sino que además se le exigió de manera concreta para cada una de las plantas que tiene en el país -en total 4-, cuando se le prorrogó la concesión de este servicio público por cinco años, a partir del once, doce y diecisiete de noviembre del dos mil trece y dos de julio del dos mil catorce -hecho probado 4)-. En efecto esta exigencia está contenida en las condiciones específicas que establecen la forma en que debía prestar el servicio público autorizado; conocimiento al tenor del cual, estaba llamada a tomar las medidas correctivas (administrativas, operativas, económicas y financieras) necesarias para adecuar su actividad conforme a las regulaciones técnicas de la materia. Así, en modo alguno fueron cuatro meses para implementar dicha regulación, sino más de ocho años los que han tenido las empresas prestatarias de este servicio público a fin de adecuarse a lo normado en esta materia, plazo que en modo alguno se estima irrazonable. Por otro lado, llama la atención a estos Juzgadores las alegaciones que se hacen en este extremo de la demanda, y la prueba en la que se intenta sustentar, para acreditar esta supuesta irrazonabilidad y desproporcionalidad de la medida que se impugna; por cuanto del contenido de la norma en modo alguno se ordena a las empresas autorizadas para prestar la actividad a la que refiere, de eliminar todos los cilindros existentes adquiridos con anterioridad a la vigencia de la normativa, sea con anterioridad al treinta de mayo del dos mil seis; sino únicamente aquellos que no cumplen con la normativa vigente; entre los cuales, obviamente estarán comprendidos, tanto los adquiridos con anterioridad a esa fecha como los posteriores. Nótese que el reporte que hace del parque de cilindros de Gas Nacional Zeta Sociedad Anónima únicamente refiere a la cantidad total en relación a la fecha de su adquisición por la empresa, teniendo como punto de partida la vigencia del Decreto Ejecutivo 32921-COMEX-MINAE-MEIC. Sin embargo, no existe un sólo dato o información respecto de cuantos de los cilindros adquiridos con anterioridad a su vigencia -sea, al treinta de mayo del dos mil seis- no cumplen las regulaciones técnicas centroamericanas -hecho no probado 2.)-. De donde se constituye en una argumentación de causa falsa el sostener que, sólo porque la actora tenga en su inventario 809.779 cilindros adquiridos con anterioridad al treinta de mayo del dos mil seis -cantidad obtenida de la resta del total del parque (879.423), los fabricados con posterioridad a esa fecha (69.644), conforme al reporte que hiciera la propia interesada el nueve de enero del dos mil quince a la Autoridad Reguladora, hecho probado 7.)-, todos esos cilindros deben ser eliminados por incumplir los requisitos técnicos de la materia. Ello no sólo no es posible deducirlo, sino que tampoco es probado. Nótese que dentro de las exigencias establecidas a la empresa actora, con ocasión de la prórroga de la concesión a sus plantas en el país, se le exigió una calidad y condiciones particulares de los cilindros, así como el trámite para su revisión, control y evaluación, así como los protocolos para el desecho o eliminación de los que no pasan las pruebas -cláusulas Décimo cuarta, Décimo quinta y Décimo sexta y Décimo sétima, hecho probado 4.)-. Así, no resulta posible concluir la existencia del riesgo empresarial al que se encuentra sometida la empresa, con ocasión de la implementación y aplicación de la disposición en este proceso impugnada. Además cabe advertir que la prueba aportada no se estima pertinente. Tratándose de certificaciones de contadores públicos, no obstante que conforme al ordenamiento jurídico ejercen una múnera pública, al tenor de lo cual, tienen fe pública, en el caso, se repite, lo certificado únicamente refiere al ingreso que representa para la empresa, la utilización de cilindros adquiridos con anterioridad al treinta de mayo del dos mil seis (folios 4 a 6); lo cual hace que no sea útil a los intereses de la actora en este proceso. Por otra parte, no resulta posible darle credibilidad a la declaración del ingeniero químico Orlando Porras Mora (folios 11 a 13), en atención a que carece de respaldo técnico y científico en relación a su contenido; por lo que se coincide con la institución demandada, que se constituyen en meras apreciaciones subjetivas, sin sustento objetivo alguno. Así las cosas, no es posible tener por acreditado en este proceso la afectación o un daño al giro comercial de la empresa actora con ocasión de la vigencia e implementación de la Resolución RIE-052-2014 de la Autoridad Reguladora -hecho no probado 3.)-. Y finalmente, tampoco resulta posible darle la utilidad que pretende la actora a la certificación de "recalificación" que aporta la empresa Cilindros para Gas Sociedad Anónima (CILGAS), que rola a folios 14 a 15, por cuanto lo que hace es únicamente un cálculo matemático del tiempo a durar para calificar la cantidad de cilindros que tiene la actora adquiridos antes del treinta de mayo del dos mil seis, ello suponiendo que todos ellos incumplen aquella regulación técnica, y que en el lapso transcurrido desde su vigencia, no se ha procurado su corrección. Ninguno de esos datos han sido aportados, ni pueden inferirse de la documentación aportada. En este sentido, se estima que cualquier efecto negativo que la implementación de la disposición impugnada sería culpa atinente únicamente a la actora, en tanto ha tenido tiempo suficiente para solventar la adecuación de su negocio a las regulaciones adoptadas por el Estado Costarricense; se repite más de ocho años desde su vigencia, eso teniendo como basamento los plazos establecidos en la citada certificación, de once años dos meses (ciento treinta y cuatro meses), para un turno diaria, en jornada de las siete horas a las diecisiete horas, de lunes a viernes, para un total de ochocientos mil cilindros; o de cinco años siete meses (sesenta y siete meses) en dos turnos de las seis horas a las catorce horas y de las catorce horas a las veintidós horas, para un total de ochocientos mil cilindros. Conviene recordar que, como lo ha señalado la propia jurisprudencia constitucional -así por ejemplo, en las sentencias número 2000-2858, de las quince horas cincuenta y cuatro minutos del veintinueve de marzo del dos mil y 2001-732, de las doce horas veinticuatro minutos del veintiséis de enero del dos mil uno-, y se infiere de lo dispuesto en el numeral 317 del Código Procesal Civil, le corresponde la carga de la prueba, esto es la acreditación de la infracción de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, a quien haga esa alegación; salvo que se trate de una irrazonabilidad evidente y manifiesta, lo que no se da en este caso.

Quinto: Finalmente, cabría concluir que, al no haberse acreditado la actora la afectación al giro comercial de su empresa con ocasión de la vigencia e implementación de la resolución RIE-052-2014, de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos -hecho no probado 3.)-, ello conllevaría a desestimar el alegado quebranto del contenido de la libertad de empresa, contenido en el artículo 46 de la Constitución Política. Pero se estima necesario agregar -en mayor abundamiento- que, dicha libertad pública, en los términos en que está concebida en nuestro país, no es ni nunca ha sido irrestricta, en tanto siempre ha estado sujeto a las regulaciones y condicionamientos que el ordenamiento jurídico establece. Adicionalmente, a partir de la reforma operada mediante la Ley número 7607, de veintinueve de mayo de mil novecientos noventa y seis, por la cual se le introdujo el párrafo final al artículo 46 de la Constitución Política, se incorporan una serie de garantías y derechos efectivos para los consumidores, según lo dispone expresamente la norma, en tanto dispone textualmente:

"Los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses económicos; a recibir información adecuada y veraz; la libertad de elección, y a un trato equitativo. El Estado apoyará los organismos que ellos constituyan para la defensa de sus derechos. La ley regulará esas materias." Al tenor de lo anterior, se constituye en obligación para el Estado, el contemplar y desarrollar las medidas que hagan efectivos tales derechos, correspondiéndole en el caso concreto, a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, tratándose de la implementación y regulación de los servicios públicos, competencia que le ha otorgado la ley -artículos 4, 5, 6 y 28 de la citada Ley 7593-. De manera, que el contenido de la libertad empresarial también entraña la protección de la seguridad, la salud y el medio ambiente, y correlativamente tales contenidos se configuran en verdaderos derechos fundamentales para el consumidor y el usuario, la demanda de acciones positivas por parte de la Administración, a fin de garantizar la salud y el ambiente con ocasión de actividades de los agentes económicos en medio del mercado. La jurisprudencia de la Sala Constitucional ha sido abundante y reiterada en el sentido indicado, así por ejemplo:

"... como lo ha expresado esta Sala en reiteradas ocasiones, la libertad empresarial no es absoluta ni ilimitada, y tal garantía debe someterse a las regulaciones legales que necesariamente deben cumplirse previamente, máxime cuando, como en el presente caso, existe normativa al respecto -precisamente la que está siendo impugnada en esta acción de inconstitucionalidad- ..., ya que cualquier persona puede desarrollar su comercio libremente, siempre y cuando reúna los requisitos previamente establecidos por ley, y lo haga cumpliendo con las exigencias establecidas para el comercio de que se trate (ver entre otras en este sentido, la resolución número 1042-90, de las quince horas veinticinco minutos, del treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y resolución número 611-91, de las catorce horas cinco minutos del veintidós de marzo de mil novecientos noventa y uno.) Este criterio fue sustentado de antemano por la Corte Plena, que en sesión ordinaria de nueve de julio de mil novecientos setenta y nueve al conocer del veto del proyecto legislativo número 5098 consideró:

«La libertad de comercio que existe como garantía constitucional, es el derecho que cualquier persona tiene de escoger, sin más restricciones, la actividad comercial legalmente permitida que más convenga a sus interrese. Pero ya en ejercicio de esa actividad, la persona debe someterse a las regulaciones que la ley establece, como sería la fijación de precios al consumidor, la de pagar determinados salarios a los trabajadores y eventualmente la limitación de ganancias que se estime conveniente. De modo que el ejercicio del comercio no conlleva el derecho a una libertad irrestricta, máxime cuando, como en el caso, se está en presencia de una regulación que se considera de interés general.»” (Sentencia número 143-93, de las dieciséis horas del once de enero de mil novecientos noventa y cuatro. El resaltado es del original.)

"[...] el artículo 46 constitucional no establece una garantía individual y absoluta a favor del empresario; sino que tiene sus límites definidos por la actividad que el Estado despliega en beneficio de la generalidad de sus ciudadanos." (Sentencia número 0550-95, de las dieciséis treinta y tres minutos del treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y cinco. El resaltado es del original.)

"Por ello es que la doctrina justifica la corrección de las "externalidades" cuando el comportamiento del agente económico afecta, o puede afectar directamente el bienestar –salud, seguridad y/o ambiente- de los otros agentes en el mercado; lo cual puede suceder con el manejo de sustancias, materiales o productos tóxicos o peligrosos. Normalmente, los agentes económicos buscan producir sus bienes y servicios a costos más bajos, de ahí que en sus metas por reducirlos, e implementar la eficiencia de su actividad productiva, en ocasiones se muestren proclives a la afectación del ambiente. Esto genera la obligación del Estado, dentro de los límites de su función social, de procurar su defensa, mediante los mecanismos que el legislador implemente; so pena de incurrirse en una inactividad material administrativa, violatoria de la libertad de empresa. Así, una interpretación integral del Derecho de la Constitución, lleva a integrar el contenido del artículo 46 con el 50 constitucional, de manera que el ejercicio de la libertad de comercio por parte del agente económico, no atente contra el derecho a un ambiente sano, y ecológicamente equilibrado, en los términos señalados con anterioridad en la jurisprudencia constitucional –entre otras, ver sentencia número 3705-93-, ni la seguridad ciudadana –sentencia número 2776-97- y en consecuencia, de los derechos de los usuarios. En este sentido, debe considerarse que la regulación y normativa en materia de salud es de orden público, es decir, aquella en la que el Estado interviene a fin de asegurar en la sociedad su organización, moral, política, social y económica." (Sentencia número 2003-2864, de las quince horas veintinueve minutos del nueve de abril del dos mil tres.)

(En igual sentido, y del indicado alto Tribunal Constitucional, pueden consultarse, entre otras, las resoluciones número 1042-90, de las quince horas veinticinco minutos, del treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa; número 0611-91, de las catorce horas cinco minutos del veintidós de marzo de mil novecientos noventa y uno; número 1029-96, de las dieciséis horas treinta y nueve minutos del veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y seis; número en sentencia número 2776-97, de las quince horas treinta y seis minutos del veinte de mayo de mil novecientos noventa y siete; número 6066-98, de las dieciséis horas treinta minutos del veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y ocho; número 7973-98, de las quince horas dieciocho minutos del once de noviembre de mil novecientos noventa y ocho; número 1734-99, de las dieciséis horas del nueve de marzo de mil novecientos noventa y nueve.) Consecuentemente, también en relación con este extremo debe de desestimarse la acción, siendo que la disposición impugnada no es desproporcionada ni irrazonable, como fue alegado; al contrario se constituye en un instrumento que pretende coadyuvar a la seguridad y salud de los usuarios del servicio público de suministro y distribución de gas licuado de petróleo […].” ... Ver más Otras Referencias: Voto 6066-98, de las dieciséis horas treinta minutos del veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y ocho de la Sala Constitucional.

Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas 2 de 45 Sentencia número 190-2015-VI Sentencia número 190-2015-VI SECCIÓN SEXTA DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. Segundo Circuito Judicial de San José, Anexo A, Dirección01 , a las once horas treinta y cinco minutos del nueve de noviembre del dos mil quince.

Conoce este Tribunal del proceso ordinario contencioso administrativo, con trámite de fallo directo, al tenor de lo dispuesto en el numeral 69 del Código Procesal Contencioso Administrativo, establecido por la empresa GAS NACIONAL ZETA SOCIEDAD ANÓNIMA, representada por su Gerente General, con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, Nombre1694 , de nacionalidad mexicana, empresario, con cédula de residencia número CED108397 , vecino de Barreal de Heredia (folio 16) contra la AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, representada por su apoderado general judicial, Giovanni Marchena Jara, abogado, cédula de identidad número uno - cero setecientos cuarenta y ocho - cero trescientos cuarenta y seis, vecino de Santo Domingo de Heredia (según archivo del Despacho). Figura como director del proceso de la empresa actora el abogado Rubén Hernández Valle , cédula de identidad número uno - cero trescientos cuarenta y dos - cero seiscientos sesenta y cinco, vecino de Montes de Oca, carné 1165 (folios 28, 129 y 136). Todos los intervinientes son mayores y casados.

RESULTANDO:

1.- Por escrito presentado a este Despacho el veintisiete de enero del dos mil quince, la empresa Gas Nacional Zeta Sociedad Anónima formula proceso contencioso para que "(C)on fundamento en los hechos indicados, probanzas ofrecidas y consideraciones jurídicas señaladas, se declare en sentencia: / 1.- Que la directriz recurrida [Resolución RIE-052-2014, de las catorce horas veintiséis minutos del veintiuno de agosto del dos mil catorce, de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, publicada en el Diario Oficial La Gaceta número 163, del veintiséis de agosto del dos mil catorce] es absolutamente nula por ser contraria al ordenamiento jurídico. / 2.- Que se condene a la ARESEP (sic) al pago de ambas costas de la presente acción en caso de oposición." Solicitó que este asunto se tramitase conforme a la previsión del numeral 69 del Código Procesal Contencioso Administrativo. (Escrito de demanda a folios 17 a 28.)

2.- Que en el mismo escrito de interposición de la demanda, solicitó la adopción de la medida cautelar, referida a la suspensión de los efectos del acto impugnado. Conferido el traslado de ley, y habiéndose opuesto la representación de la accionada en memorial presentado el diecinueve de febrero siguiente, mediante auto-sentencia número 836-2015, de las trece horas cuarenta minutos del veinticinco de marzo del año en curso, el Tribunal Contencioso Administrativo, rechazó la medida cautelar solicitada. Por escrito presentado a este Tribunal el seis de abril último, la empresa actora presentó ante este Despacho, recurso de apelación contra la anterior decisión. No consta ninguna actuación jurisdiccional tendente a su resolución. (Solicitud de la gestión a folios 24 a 27; contestación de la Autoridad Reguladora a folios 32 por fax a 61 y 62 a 91 en documento original; resolución a folios 92 a 101 y escrito de impugnación a folios 122 a 129.)

3.- Conferido el traslado de la ley de la demanda, por escrito presentado al Despacho el veintisiete de marzo del dos mil quince, el representante de la institución accionada contestó negativamente la demanda, oponiendo para ello las defensas de fondo de falta de legitimación pasiva y falta de derecho. Manifestó su anuencia a que este asunto se tramitase conforme a las previsiones del artículo 69 del Código Procesal Contencioso Administrativo. (Contestación de la demanda a folios 102 a 119.)

4.- Por auto de las ocho horas veintiún minutos del dieciocho de junio del dos mil quince, la Jueza Tramitadora a cargo -Cindy Chavarría Hernández-, confirió la audiencia de réplica a la empresa actora (artículo 70 del Código Procesal Contencioso Administrativo); instó a las partes intervinientes a manifestar su interés en una posible conciliación y convocó para la celebración de la Audiencia Preliminar a realizarse a partir de las ocho horas treinta minutos del siete de octubre siguiente. (Folio 130.)

5.- Por auto de las dieciséis horas once minutos del seis de octubre del dos mil quince, la Jueza Tramitadora a cargo del asunto -Cindy Chavarría Hernández- suspendió la realización de la Audiencia Preliminar, en atención a la anuencia de las partes intervinientes de tramitar este proceso conforme a la previsión del numeral 69 del Código Procesal Contencioso Administrativo; por lo que remitió el asunto a la Sección de Juicio correspondiente. (Folio 138.)

6.- Conforme a constancia de sello de pase visible a folio 142 vuelto, el expediente respectivo fue remitido a esta Sección Sexta del Tribunal Contencioso Administrativo para la emisión del fallo de fondo el dos de noviembre del dos mil quince. Por auto de las diez horas treinta minutos del cinco de noviembre del dos mil quince, se desglosó el memorial atinente a la apelación formulada contra el auto-sentencia número 836-2015, de las trece horas cuarenta minutos del veinticinco de marzo del dos mil quince, de este Tribunal, y se le pasó al Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, para lo de su competencia. (Folio 143.)

7.- En los procedimientos ante este Tribunal no se han observado nulidades que deban ser subsanadas; por lo que se dicta esta sentencia, previa deliberación de los integrantes del Tribunal, en el plazo legal establecido y por unanimidad.

Redacta la Juez Fernández Brenes ; y,

CONSIDERANDO:

I.ADVERTENCIA PREVIA.- Luego de la revisión de lo actuado en este asunto, se advierten dos situaciones que, no obstante no traducirse en nulidad de lo actuado, sí se estima necesario clarificar su situación, a efecto de evitar futuros reclamos.

Primero: En efecto, por auto-sentencia número 836-2015, de las trece horas cuarenta minutos del veinticinco de marzo del año en curso, el Tribunal Contencioso Administrativo, rechazó la medida cautelar solicitada en el escrito de demanda por la empresa actora, consistente en la suspensión de la actuación impugnada en este proceso, a saber Resolución RIE-052-2014, de las catorce horas veintiséis minutos del veintiuno de agosto del dos mil catorce, de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, publicada en el Diario Oficial La Gaceta número 163, del veintiséis de agosto del dos mil catorce, referida a los Lineamientos para la trazabilidad en la comercialización de cilindros de gas licuado de petróleo en plantas envasadoras. (Expediente OT-178-2014.) Ahora bien, impuesta del conocimiento de la anterior decisión, la accionante formuló recurso de apelación contra ella por escrito presentado a este Despacho el seis de abril último (a folios 122 a 129); sin que la Jueza Tramitadora a cargo del asunto le diese trámite alguno. Fue por ello que, conociendo de la anterior omisión, esta Autoridad la subsanó, mediante auto de las diez horas treinta minutos del cinco de noviembre último -visible a folio 143-, por el que se pasó el asunto a conocimiento del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Al respecto cabe recordar que conforme al diseño procesal de esta Jurisdicción en el Código Procesal Contencioso Administrativo, no corresponde al Tribunal Contencioso Administrativo la tramitación de este tipo de impugnaciones, como se hacía al tenor de las regulaciones del Código Procesal Civil, donde el recurso de apelación se formula ante la Autoridad Jurisdiccional que dictó la decisión que se impugna, para que éste, lo eleve ante el superior (artículo 559 del Código Procesal Civil). En esta Jurisdicción, el recurso de apelación se formula ante el Tribunal competente para su resolución, de manera que, tratándose de decisiones en materia de la justicia cautelar, corresponde su formulación directamente ante el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, como se establece de manera expresa en el artículo 133.1 del indicado Código de rito: " 1) Cuando proceda, el recurso de apelación deberá interponerse directamente ante el Tribunal de Casación de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de tres días hábiles"; disposición que a su vez, también está establecida en el artículo 30 del Código Procesal de referencia: " Contra el auto que resuelva la medida cautelar cabrá recurso de apelación, con efecto devolutivo, para ante el Tribunal de Casación de lo Contencioso-Administrativo, el cual deberá interponerse en el plazo de tres días hábiles." Se debe agregar que, esta situación no inhibe ni impide a este Tribunal proceder con la resolución de fondo del asunto, como en derecho corresponde, no obstante no tenerse noticia de que se haya resuelto la impugnación del rechazo de la medida cautelar indicada.

Segundo: En el escrito de contestación de la audiencia de réplica, en su parte final, se indica que el personero de la empresa actora confiere poder especial judicial al abogado Rubén Hernández Valle. No obstante lo anterior, de la revisión del mismo, se advierte que el mismo no cumple los presupuestos de ley, dado que no está acompañado de los timbres de ley, así como tampoco de la firma de otro profesional que autentique las firmas del poderdante y apoderado. Conforme el ordenamiento jurídico nacional, el contrato de mandato especial judicial es de carácter formal, en tanto sólo puede ser otorgado, por quien tiene la representación, únicamente a quien ostenta la profesión de abogado (así entendido por la jurisprudencia nacional, así por ejemplo en las sentencias número 31, de las nueve horas quince minutos del veintinueve de febrero de mil novecientos noventa y seis del Tribunal Superior Segundo Civil de San José, Sección Primera; y número 22-2007, de las diez horas veinticinco minutos del diecinueve de enero del dos mil siete, de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia); debiendo además, consignarse las firmas de los otorgantes y los mandatarios, así como la autenticación por tercer abogado; con los correspondientes timbres de ley. (Artículos 1251 y 1256, ambos del Código Civil). Las omisiones evidenciadas en el documento que se aporta (a folio 136) hace que dicha actuación sea ineficaz para esta Autoridad. Ahora bien, aún y cuando es lo cierto que puede ser subsanado por los interesados, ello implicaría un atraso en la resolución de este asunto, y no existiendo ninguna actuación de parte del referido profesional pretendiendo la representación de la empresa aquí demandante, no habría quebranto del debido proceso y derecho de defensa el que se resuelva este asunto sin la acreditación de aquel poder. Se deja advertencia de lo anterior para futuras actuaciones en lo que respecta a este asunto ante otras instancias.

II.- DEL TRÁMITE DE FALLO DIRECTO.- Se advierte que conforme a la regulación del numeral 69 del Código Procesal Contencioso Administrativo, este asunto se resuelve con total prescindencia de audiencias, esto es, de la conciliación y en particular, de la Audiencia Preliminar, que conforme al diseño previsto en la vigente regulación procesal de esta Jurisdicción, tiene especial significancia, porque en ella resulta posible el ajuste, aclaración y hasta la ampliación de las pretensiones de la demanda y respecto de los sujetos demandados, faculta la posibilidad de plantear defensas previas no opuestas con la contestación –cosa juzgada, transacción, prescripción y caducidad–, y se hace el filtro correspondiente de la prueba ofrecida por las partes; lo anterior conforme a lo regulado en el artículo 90 del citado Código de rito, y que en ese sentido, es una garantía o expresión del debido proceso; y finalmente, de la audiencia de Juicio oral y público, en caso de tener que evacuarse prueba que así lo requiera. Revisado cuidadosamente el expediente y alegaciones de las partes intervinientes en este proceso, no se está ante un supuesto en que deba de evacuarse prueba, por lo que procede el trámite de este asunto conforme a la previsión del numeral 69 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Al tenor de lo anterior, este Tribunal cuenta con la totalidad de la evidencia documental aportada para emitir su pronunciamiento; prueba a la que se dará el valor probatorio que le corresponda, conforme a las reglas de la sana crítica racional (artículo 82.4 Idem) . En este sentido, conviene señalar que tanto el actor en su demanda como el ente demandado en su contestación ofrecieron prueba documental, únicamente, y manifestaron su anuencia a darle el trámite a este asunto de fallo directo. Se procede entonces a la resolución del asunto planteado.

III.- DE LOS HECHOS PROBADOS.- De importancia para la resolución de este asunto, se tienen como probados los siguientes:

1.) Que el dieciséis de diciembre del dos mil cinco, el Presidente de la República y los Ministros de Comercio Exterior, Ambiente y Energía y de Economía, Industria y Comercio suscribieron el Decreto Ejecutivo número 32921-COMEX-MINAE-MEIC, por el que se aprobó la Resolución número 152-2005 (COMIECO-XXXIII) del Consejo de Ministros Centroamericanos de Integración Económica, que comprende los siguientes Reglamentos Técnicos Centroamericanos: Anexo 1: RTCA 13.01.25:05, relativo al transporte terrestre de hidrocarburos líquidos (excepto GLP); Anexo 2: RTCA 13.01.26:05, relativo al transporte terrestre del gas licuado de petróleo (GLP) a granel; Anexo 3: RTCA 23.01.27:05, de recipientes a presión, Cilindros Portátiles para contener GLP, válvula de acoplamiento roscado (tipo POL), y que aplica "... a las válvulas de acoplamiento roscado (tipo POL) para carga y descarga de gas licuado de petróleo (GLP) ..."; Anexo 4: RTCA 23.01.28:05, de recipientes a presión, cilindros portátiles para contener GLO, válvula de acoplamiento rápido, que aplica "... a las válvulas para acoplamiento rápido para carga y descarga de gas licuado de petróleo (GLP) ..."; Anexo 5: RTCA 23.02.29:05, de recipientes a presión, cilindros portátiles para contener GLP, "... de aplicación a los envases cilíndricos portátiles, con capacidad desde 4,5 kg (10 libras) hasta 45,4 kg (100 libras) de propano comercial, butano comercial o sus mezclas, los cuales se fabrican con una presión de diseño de 1 655 kPa (240 psi) y que se utilizan para almacenamiento y transporte de gas licuado de petróleo para consumo doméstico, industrial y comercial ..."; y Anexo 6: RTCA 75.01.21:05, de productos de petróleo, gases licuados de petróleo: propano comercial, butano comercial y sus mezclas, especificaciones. Esta normativa fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta número 52, del catorce de marzo del dos mil seis, con fecha de rige a partir del treinta de mayo del dos mil seis (Sistema Nacional de Legislación Vigente -SCIJ- y folios 1 a 15 del expediente administrativo, en versión digital); 2.) Que en el Anexo 5, RTCA 23.02.29:05, en el artículo 7.13, dentro de las especificaciones generales, se detalló que los cilindros portátiles de gas licuado de petróleo (GLP) deben tener como mínimo la siguiente información "... grabada en forma permanente y en bajo relieve en el cuello protector del cilindro, con caractereses de 6 mm de altura como mínimo y 0,4 mm como máximo de profundidad: / a) La clase de cilindro (según clasificación), seguida de la presión de diseño, en kPa (o psi). / b) El número de serie del cilindro. / c) Nombre, razón social o siglas del fabricante y de la empresa envasadora. / d) Nombre del país de fabricación. / e) La expresión "GLP" o LPG". f) La capacidad nominal de gas licuado de petróleo en unidades del Sistema Internacional (IS). / g) La tara del cilindro en unidades del Sistema Internacional (IS). / h) El mes y año de fabricación. / i) Norma o reglamento de fabricación del cilindro." (Sistema Nacional de Legislación Vigente -SCIJ- y folios 1 a 15 del expediente administrativo, en versión digital); 3.) Que la empresa Gas Nacional Zeta Sociedad Anónima es concesionaria del servicio público de distribución de gas licuado de petróleo a consumidores finales, desde la etapa de envasado hasta el consumidor final, labor que realiza a través de diversas plantas, a saber, en la "Planta El Coyol" (ubicada en Alajuela, cantón Alajuela, distrito Garita), "Planta la Lima" (ubicada en Cartago, cantón Cartago, distrito Guadalupe), " Planta Guápiles" (ubicada en Limón, cantón Pococí, distrito Guápiles) y " Planta Bagaces" (ubicada en la Provincia de Guanacaste, cantón Bagaces, distrito Bagaces) (resoluciones R-537-2013-MINAE, de las nueve horas veinticinco minutos del once de noviembre del dos mil trece; R-536-2013-MINAE, de las nueve horas veinte minutos del doce de noviembre del dos mil trece; R-614-2013-MINAE, de las quince horas del diecisiete de noviembre del dos mil trece y R-437-2014-MINAE, de las diez horas quince minutos del dos de julio del dos mil catorce, del Ministro de Ambiente y Energía, a folios 53 a 82, 23 a 52, 83 a 113 y 121 a 149, respectivamente; todas las referencias, del expediente administrativo en versión digital); 4.) Que en las resoluciones R-536-2013-MINAE, de las nueve horas veinte minutos del doce de noviembre del dos mil trece; R-537-2013-MINAE, de las nueve horas veinticinco minutos del once de noviembre del dos mil trece; R-614-2013-MINAE, de las quince horas del diecisiete de noviembre del dos mil trece y R-437-2014-MINAE, de las diez horas quince minutos del dos de julio del dos mil catorce, el Ministro de Ambiente y Energía prorrogó por cinco años la concesión del servicio público que venía ejerciendo la empresa Gas Nacional Zeta Sociedad Anónima, en las plantas el Coyol, la Lima, Guápiles y Bagaces, respectivamente. En dichas autorizaciones la empresa actora se comprometió a lo siguiente -en lo que es de interés a este asunto-: "SEGUNDO: Obligaciones Generales: El concesionario deberá cumplir fielmente la legislación vigente que regule la actividad de prestación del servicio público de suministro de gas licuado de petróleo desde su etapa de almacenamiento y envasado hasta su distribución al consumidor final, y en forma específica cumplir y acatar las siguientes disposiciones: / a) Disposiciones generales: / ... / 4.- Brindar el servicio en condiciones adecuadas y con la regularidad y seguridad que su naturaleza y la concesión lo indiquen. (Artículo 14 de la Ley 7593). / 5.- Cumplir con las disposiciones que dicte la ARESEP en materia de prestación del servicio, de acuerdo con lo establecido en las leyes y reglamentos vigentes. (Artículo 14 de la Ley 7593). / 6.- Cumplir con las normas de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima del servicio público, dictadas por la ARESEP. (Artículo 5 de la Ley 7593). / ... / 18.- Someter los instrumentos y sistemas de medición o conteo por los que se brinda o suministre un servicio público sujeto a regulación, a las pruebas de exactitud y confiabilidad que establezca la ARESEP. (Artículo 23 de la Ley 7593). / ... / b) Disposiciones específicas a la operación de plantas de envasado, cilindros, equipos y transporte: / Sin perjuicio de las obligaciones y prohibiciones que se enunemeran en los siguientes Por Tantos, el concesionario estará obligado a cumplir las siguientes disposiciones: / 1) Identificar su cilindro con su emblema, color y con la demás información que se indica en la presente resolución. / ... / 3) No podrá importar cilindros de segunda mano para envasar GLP. En caso de adquirir cilindros nuevos, provenientes del extranjero o de fabricación nacional, estos deberán cumplir con la normativa técnica que regule la materia y deberá notificar a la DGTCC. / 4) Deberá contar con su propio parque de cilindros, debidamente inventariado y reflejado en la contabilidad de activos. / 5) La comercialización del GLP, se realiza bajo la responsabilidad de la planta envasadora, por lo cual deberá brindar el mantenimiento preventivo a cilindros, tanques estacionarios para autoconsumo, vehículos y equipo de transporte, zonas de almacenamiento en establecimientos comerciales, así como velar por el cumplimiento de las normas técnicas, de seguridad y protección a las personas contenidas en la legislación vigente. / ... / 8.) Cumplir con todas las normas de seguridad establecidas para la carga, transporte, descarga, almacenamiento, envasado, comercialización y manipulación en general de combustibles y sustancias peligrosas establecidas en la legislación vigente. / 9.) Cumplir con las disposiciones, instrucciones u órdenes que emitan en materia de protección al ambiente, el MINAE, ARESEP, el Ministerio de Salud Pública o el Cuerpo de Bomberos, para las labores de carga, transporte, descarga, almacenamiento, envasado, manipulación y comercialización del gas licuado de petróleo. / ... / DÉCIMO CUARTO: Identificación del cilindro. A partir de la comunicación de la presente resolución ninguna persona física o jurídica titular de una concesión, autorización o permiso para prestar el servicio público de suministro de gas licuado de petróleo, desde su etapa de almacenamiento y envasado hasta su distribución al consumidor final, ni ninguna otra persona podrá utilizar, envasar, distribuir ni comercializar cilindros para contener gas licuado de petróleo, que no cuenten en forma clara, con los datos impresos físicamente en el cuerpo del cilindro en forma permanente, mediante troqueleado o relieve original de fabricación, correspondientes a la siguiente información: / 1) Número de serie. / 2) Identificación de la empresa concesionaria y dueña de la marca comercial bajo la que se distribuye el cilindro y su contenido. / 3) La clase de cilindro, seguida de la presión del diseño. / 4) Nombre del país de fabricación. / 5) La expresión "GLP". / 6) Capacidad nominal de GLP en unidad del SI. / 7) La tara del cilindro en unidades del SI. / 8) Mes y año de fabricación. / 9) Norma de fabricación. / 10) Color distintivo. / En caso de que surjan conflictos entre concesionarios por el uso o exclusividad del color distintivo de los cilindros, el MINAE podrá resolver dicho conflicto y ordenar a los concesionarios el uso del color distintivo que el MINAE escoja. / DÉCIMO QUINTO: Estado de los cilindros. Los cilindros que se utilicen para envasar GLP y su posterior comercialización en el mercado, deberán estar en excelente estado. Cada cilindro debe ser cuidadosamente examinado por el personal calificado de la concesionaria envasadora, antes de ser llenado y debe ser rechazado si hay evidencias de exposición al fuego, abolladuras, muescas o melladuras de importancia, áreas seriamente corroídas, fugas u otras condiciones que indiquen debilidades estructurales o herméticas que pudiera representar un riesgo para la seguridad de las personas y de protección ambiental. / Tampoco deberán presentar suciedad, adherencias, manchas de grasa o ningún otro tipo de condición que haga dudar acerca de la procedencia y manejo adecuado o que modifique las especificaciones técnicas de calidad del GLP, establecidas en la reglamentación técnica correspondiente a este producto. / [El subrayado no es del original.] DÉCIMO SEXTO: Reglas sobre la antigüedad del cilindro y pruebas de calificación. A partir de la comunicación de la presente resolución, todo cilindro con más de siete años desde su fecha de fabricación, deberá ser retirado del mercado para realizarle las siguientes pruebas técnicas: a) una prueba visual, b) una prueba de hermeticidad por método hidrostático o neumático y c) una verificación de espesores. / Si el cilindro aprueba dichas pruebas podrá volver al mercado nuevamente. Estas mismas pruebas deberán repetirse al cumplir diez años de antigüedad. A partir de los diez años desde su fecha de fabricación, el cilindro deberá someterse a las pruebas indicadas cada año. En la guarda superior del cilindro deberá troquelearse la fecha de cada verificación. / DÉCIMO SÉTIMO: Reprobación de las pruebas y destrucción de cilindros. En caso de no aprobarse alguna de las pruebas, el cilindro deberá ser retirado del mercado para su destrucción a cargo y costo del concesionario envasador. La destrucción se debe hacer por medio de prensado, briqueteado u otro método aceptado por MINAE o ARESEP, debiendo de levantarse un acta notarial o administrativa si hay presencia de funcionario de MINAE o ARESEP, respaldada por un registro fotográfico o de video, en el lugar de la destrucción, en la cual se consignará toda la información relativa a dicho proceso. / La destrucción de cilindros estará supervisada por el regente nombrado por la empresa envasadora. El regente consignará un su informe toda la información referente a la realización de pruebas técnicas. / Para esto el MINAE ingresará dentro del expediente de cada concesión, la información referente a cilindros destruidos, lotes de cilindros nuevos entrantes, cilindros en uso, y fechas de verificación para cada una de las empresas concesionarias. / ... / CUADRAGÉSIMO PRIMERO: Ejecutoriedad. Las disposiciones de la presente resolución, así como la conducta administrativa formal y material que conforme al ordenamiento jurídico resulte de urgente necesidad para garantizar la efectiva y continua prestación del servicio público de suministro de gas licuado de petróleo, desde su etapa de almacenamiento y envasado hasta su distribución al consumidor final, en forma segura y ágil, se realizarán atendiendo al principio de ejecutoriedad de los actos administrativos regulado en el artículo 146, párrafo primero de la Ley 6627, General de la Administración Pública. / CUADRAGÉSIMO SEGUNDO: Sanciones. El incumplimiento a las disposiciones, obligaciones y prohibiciones de la presente resolución se considera un incumplimiento de la calidad en la prestación de los servicios públicos, por lo que será sancionado con la cancelación de la concesión y con la fijación de las multas que correspondan según el artículo 38 inciso h) de la Ley No. 7593 Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) del 09 de agosto de 1996 y sus reformas. .../ CUADRAGÉSIMO CUARTO: Las disposiciones de la presente resolución constituye parte del ordenamiento jurídico costarricense en materia del servicio público de distribución de GLP, conforme al carácter del título habilitante de carácter contractual entre el Estado y el concesionario, según la calificación y alcances dados en los artículos 5, 9, 10, 11, 14 inciso j) y 41 incisos c, d y m, de la Ley No. 7593 Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) del 09 de agosto de 1996 y sus reformas, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 de fecha 05 de setiembre de 1996 y sus reformas. / Por esta razón sus eventuales modificaciones no deberán propiciar una disminución del grado de protección a los bienes jurídicos de protección a la salud, seguridad humana y de protección al ambiente, conforme a la legislación vigente en general, a los criterios de ciencia y de la técnica, y conforme a los compromisos adquiridos por Costa Rica en tratados internacionales, específicamente sobre la obligación de estimar altos niveles de protección ambiental. / Estas disposiciones, incluyendo los plazos dispuestos para su cumplimiento, podrán ser modificados directamente con la promulgación de adendas, correcciones o a través de un Decreto Ejecutivo que regule el marco general de la prestación del servicio público del GLP." Finalmente, se le advirtió de la posibilidad de impugnar tal decisión, a través de la formulación de los recursos ordinarios administrativos (folios 23 a 52, 53 a 82, 83 a 113 y 121 a 149, respectivamente; todas las referencias, del expediente administrativo en versión digital); 5.) Que en el Diario Oficial La Gaceta número 163, del veintiséis de agosto del dos mil catorce, la Autoridad Reguladora publicó la Resolución RIE-052-2014, de las catorce horas veintiséis minutos del veintiuno de agosto anterior, que es Lineamientos para la trazabilidad de petróleo en plantas envasadoras. OT-178-2014, con el siguiente contenido:

"Considerando:

I.—Que de conformidad con lo establecido en el artículo 5° inciso d) de la Ley N° 7593, el suministro de combustibles derivados de hidrocarburos, dentro de los que se incluye el gas destinado a abastecer la demanda nacional en planteles de distribución y gas destinado al consumidor final, es un servicio público, regulado por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP).

II.—Que de conformidad con lo establecido en las resoluciones del Ministerio de Ambiente y Energía: R-D-657-2009 del 15 de diciembre del 2009, R-614-2013 del 17 de noviembre del 2013, R-537-2013 del 11 de noviembre del 2013, R-536-2013 del 12 de noviembre del 2013, R-437-2014 del 2 de julio del 2014, R-0595-2014 del 27 de mayo del 2014 y R-0414-2014 del 23 de junio del 2014; las empresas Petrogas S. A., Gas Nacional Zeta S. A. “Planta Guápiles”, Gas Nacional Zeta S. A. “Planta El Coyol”, Gas Nacional Zeta S. A. “Planta La Lima”, Gas Nacional Zeta S. A. “Planta Bagaces”, Gas TOMZA de Costa Rica S. A. y Envasadora Super Gas GLP S. A., respectivamente, se encuentran autorizadas a prestar el servicio público de suministro de gas licuado de petróleo.

III.—Que mediante el Decreto N° 32921 denominado “Resolución N° 152 (COMIECO-XXXIII) Reglamentos Técnicos sobre Transporte Terrestre Hidrocarburos, Gas Licuado de Petróleo a Granel; Recipientes a Presión Cilindros Portátiles y Productos de Petróleo, Gases Licuados de Petróleo”, publicado en La Gaceta N° 52 del 14 de marzo del 2006, se establecieron “[…] las especificaciones de diseño y fabricación, así como los métodos de prueba y ensayo a que deben someterse los envases cilíndricos portátiles para contener gas licuado de petróleo (GLP) […]”. Dicho Decreto entró a regir a partir del 30 de mayo del 2006.

IV.—Que en el apartado 7.13 del Anexo 5 “RTCA 23.01.29:05 Recipientes a presión. Cilindros portátiles para contener GLP. Especificaciones de fabricación” del mencionado Decreto, se establecieron los siguientes requisitos para el marcado permanente de los cilindros que se utilicen para comercializar el gas licuado de petróleo (GLP):

“[…] 7.13 Marcado de los cilindros 4.13.1 Los cilindros de acero o aluminio deben tener como mínimo la siguiente información, grabada en forma permanente y en bajo relieve en el cuello protector del cilindro, con caracteres de 6 mm de altura como mínimo y 0.4 mm como máximo de profundidad:

  • a)La clase de cilindro (según clasificación), seguida de la presión de diseño, en kPa (o psi).
  • b)El número de serie del cilindro.
  • c)Nombre, razón social o siglas del fabricante y de la empresa envasadora de GLP.
  • d)Nombre del país de fabricación.
  • e)La expresión “GLP” o “LPG”.
  • f)La capacidad nominal de gas licuado de petróleo en unidades del Sistema Internacional (SI).
  • g)La tara del cilindro en unidades del Sistema Internacional (SI).
  • h)El mes y año de fabricación.
  • i)Norma o reglamento de fabricación del cilindro.

[…]” V.—Que el artículo 4° de la Ley N° 7593, establece como objetivos de la Autoridad Reguladora: “[…] d) Formular y velar porque se cumplan los requisitos de calidad, cantidad, oportunidad, continuidad y confiabilidad necesarios para prestar en forma óptima, los servicios públicos sujetos a su autoridad. […]” VI.—Que el artículo 6° de la Ley N° 7593, establece como obligaciones de la Aresep lo siguiente: “[…] b) Realizar inspecciones técnicas de las propiedades, plantas y equipos destinados a prestar el servicio público, cuando lo estime conveniente para verificar la calidad, confiabilidad, continuidad, los costos, precios y las tarifas del servicio público. […]” VII.—Que de conformidad con lo establecido en el “Reglamento interno de organización y funciones de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y su órgano desconcentrado (RIOF)”, le corresponde a la Intendencia de Energía, regular y fiscalizar la calidad, la cantidad, la confiabilidad, la continuidad y la oportunidad necesaria para prestar en forma óptima los servicios públicos bajo su competencia; evaluar el cumplimiento de los reglamentos técnicos, normativa y otras disposiciones que especifican aspectos tales como: estándares, condiciones de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima con que deben suministrarse los servicios públicos; y realizar, cuando sea conveniente, inspecciones técnicas de las propiedades, plantas y equipos destinados a prestar el servicio público, para verificar el cabal cumplimiento de las obligaciones de los prestadores.

VIII.—Que en ejercicio de las referidas competencias, la Intendencia de Energía de la ARESEP, ha implementado un programa de evaluación de la calidad del servicio prestado por todas las plantas envasadoras de GLP del país.

IX.—Que dentro del marco del referido programa de evaluación de la calidad de GLP en plantas envasadoras, de las inspecciones visuales externas de cilindros de GLP realizadas durante el primer cuatrimestre del año en curso, se obtuvo como resultado que un 60% de cilindros muestran incumplimientos en la información de identificación, dentro de los que se incluyen un 26% de cilindros sin número de serie. (Informe de evaluación de la calidad del servicio de gas licuado de petróleo (GLP) I Cuatrimestre 2014).

X.—Que para llevar a cabo un debido ejercicio de la competencia de velar porque se cumplan los requisitos de calidad, cantidad, oportunidad, continuidad y confiabilidad necesarios para prestar en forma óptima el servicio público de GLP, es necesario contar con el correcto y completo marcado de los cilindros portátiles de GLP, que permita su trazabilidad a lo largo de la cadena de suministro.

XI.—Que para garantizar la seguridad en la prestación del servicio público de suministro de gas licuado de petróleo y no poner en riesgo la salud y la vida de sus usuarios, se hace necesario retirar del mercado aquellos cilindros que no cumplan con lo establecido en el RTCA 23.01.29:05 mencionado, debido a que sin ello es imposible su trazabilidad a lo largo de la cadena de suministro. XII.—Que de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley N° 7593, es obligación de los prestadores de los servicios públicos:

[…] a) Cumplir con las disposiciones que dicte la Autoridad Reguladora en materia de prestación del servicio, de acuerdo con lo establecido en las leyes y los reglamentos respectivos.

  • b)Mantener instalaciones y equipos en buen estado, de manera que no constituyan peligro para personas ni propiedades, y no causen interrupción del servicio.
  • c)Suministrar oportunamente, a la Autoridad Reguladora, la información que les solicite, relativa a la prestación del servicio. […]
  • f)Permitir a la Autoridad Reguladora el acceso a sus instalaciones y equipos, así como la comunicación con el personal, para cumplir con esta ley y su reglamento. […]
  • j)Brindar el servicio en condiciones adecuadas y con la regularidad y seguridad que su naturaleza, la concesión o el permiso indiquen […]

XIII.—Así mismo (sic), según se indica en el artículo 24 de la Ley 7593, es obligación de los prestadores de los servicios públicos:

[…] Artículo 24.—Suministro de información. A solicitud de la Autoridad Reguladora, las entidades reguladas suministrarán informes, reportes, datos, copias de archivo y cualquier otro medio electrónico o escrito donde se almacene información financiera, contable, económica, estadística y técnica relacionada con la prestación del servicio público que brindan. Para el cumplimiento exclusivo de sus funciones, la Autoridad Reguladora tendrá la potestad de inspeccionar y registrar los libros legales y contables, comprobantes, informes, equipos y las instalaciones de los prestadores. […]

XIV.—Que de conformidad con lo señalado en los considerandos que preceden, lo procedente es establecer las condiciones y lineamientos necesarias para que esta Intendencias pueda llevar a cabo una debida labor de fiscalización del servicio público brindado por todas las plantas envasadoras de GLP del país, tal y como se dispone. Por tanto, EL INTENDENTE DE ENERGÍA, RESUELVE:

I.—Reiterar a todas las empresas envasadoras de gas licuado de petróleo (GLP): Gas Nacional Zeta S. A. Gas TOMZA de Costa Rica S. A., Envasadora Super Gas GLP S. A. y Petrogas S. A., y a todos aquellos prestadores del servicio público de suministro de gas licuado de petróleo que cuenten con una autorización vigente por parte del MINAE para envasar GLP; su deber de cumplir con las condiciones establecidas en el “RTCA 23.01.29:05 Recipientes a presión. Cilindros portátiles para contener GLP. Especificaciones de fabricación” del Decreto N° 32921, en particular con los requisitos relacionados al marcado permanente de los cilindros de acero o aluminio destinados a la comercialización del GLP.

II.—Reiterar a todas las empresas envasadoras de gas licuado de petróleo, que todos los cilindros de acero o aluminio utilizados para la comercialización de gas licuado de petróleo que hayan sido incorporados al parque nacional a partir del 30 de mayo del 2006, deberán poseer en el cuello protector, de forma grabada y permanente, la siguiente información:

1. La clase de cilindro (según clasificación), seguida de la presión de diseño, en kPa (o psi).

2. El número de serie del cilindro.

3. Nombre, razón social o siglas del fabricante y de la empresa envasadora de GLP.

4. Nombre del país de fabricación.

5. La expresión “GLP” o “LPG”.

6. La capacidad nominal de gas licuado de petróleo en unidades del Sistema Internacional (SI).

7. La tara del cilindro en unidades del Sistema Internacional (SI).

8. El mes y año de fabricación.

9. Norma o reglamento de fabricación del cilindro.

III.—Establecer a todas las empresas envasadoras de gas licuado de petróleo, que en cada una de sus plantas deberán mantener actualizados y a disposición de la Autoridad Reguladora, los registros de todos los cilindros con los certificados de fabricante según el número de serie troquelado, incorporados al parque nacional a partir del 30 de mayo del 2006 que cumplen con lo establecido en el RTCA 23.01.29:05 y que han sido utilizados para envasar, distribuir y comercializar gas licuado de petróleo dentro del territorio nacional.

IV.—Ordenar a todas las empresas envasadoras de gas licuado de petróleo, que dentro de los primeros cinco días hábiles de enero del 2015, deberán presentar a la Intendencia de Energía de la ARESEP el registro de todos los cilindros fabricados a partir del 30 de mayo del 2006 que se han utilizado para envasar, distribuir y comercializar gas licuado de petróleo.

V.—Ordenar a todas las empresas envasadoras, que dentro de los primeros cinco días hábiles de enero 2015, deberán presentar a la Intendencia de Energía de la ARESEP el registro del parque total de cilindros que utiliza para envasar, distribuir y comercializar gas licuado de petróleo.

VI.—Ordenar a todas las empresas envasadoras de gas licuado de petróleo, que a más tardar el 1° de enero del 2015 deberán retirar del mercado los cilindros que no cumplan con lo establecido en el RTCA 23.01.29:05 mencionado y que deberán remitir a la Intendencia de Energía el informe de destrucción, adjuntando las respectivas actas de destrucción de dichos cilindros, autenticadas por un notario público y refrendadas por el regente de cada empresa, para garantizar la adecuada disposición de los residuos.

VII.—Ordenar a todas las empresas envasadoras de gas licuado de petróleo, que a partir de febrero del 2015 y dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes, deberán remitir a la Intendencia de Energía de la ARESEP un reporte del mes inmediato anterior que contenga el registro de los cilindros nuevos incorporados a la cadena de comercialización de GLP, cilindros recalificados y cilindros que hayan sido destruidos. Para los cilindros destruidos se deberá incorporar en el reporte las actas de destrucción autenticadas por un notario público y refrendadas por el regente de cada empresa, garantizando la adecuada disposición de los residuos.

VIII.—Establecer que la información indicada en los Por Tanto IV, V, VI y VII de esta resolución, deberá registrarse y remitirse por medio del formulario que proporciona la Autoridad Reguladora en su página web: www.aresep.go.cr sectores regulados, sección de energía/hidrocarburos/calidad en documento físico y electrónico.

En cumplimiento de lo que ordenan los artículos 245 y 345 de la Ley General de la Administración Pública (L. G. A. P.) se informa que contra esta resolución pueden interponerse los recursos ordinarios de revocatoria y de apelación y el extraordinario de revisión. El de revocatoria podrá interponerse ante el Intendente de Energía, a quien corresponde resolverlo y los de apelación y de revisión podrán interponerse ante la Junta Directiva, a la que corresponde resolverlos.

De conformidad con el artículo 346 de la L. G. A. P., los recursos de revocatoria y de apelación deberán interponerse en el plazo de tres días hábiles contado a partir del día hábil siguiente al de la notificación y, el extraordinario de revisión, dentro de los plazos señalados en el artículo 354 de dicha ley" (La Gaceta Digital; folios 165 a 166 del expediente administrativo, en versión digital y folios 1 a 2 del expediente judicial); 6.) Que contra la anterior decisión, la empresa Gas Nacional Zeta Sociedad Anónima formuló los recursos ordinarios de revocatoria con apelación en subsidio; los cuales fueron rechazados, ad portas el primero, por estimarse extemporánea su formulación, mediante resolución RIE-087-2014, de las diez horas veintiocho minutos del seis de noviembre del dos mil catorce y de plano el segundo, por inadmisible, mediante acuerdo de la Junta Directiva número 13-07-2015, de la sesión ordinaria 7-2015, del diecinueve de febrero del dos quince, oportunidad en la que tuvo por agotada la vía administrativa (acta de notificación a folio 175; resoluciones a folios 187 a 189 y 218 a 221 del expediente administrativo en formato digital); 7.) Que al nueve de enero del dos mil quince, la empresa Gas Nacional Zeta Sociedad Anónima reportó a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, el siguiente inventario:

Capacidad del cilindro Fabricados a partir del 30 de mayo del 2006 Parque total (*)Cilindros retirados del parque entre el 01 de enero del 2014 y el 31 de diciembre del 2014 8,589 litros / 4,5 kg 0 10,972 - 17,195 litros /9,0 kg 1782 12,052 - 21,495 litros /11,3 kg 59,400 808,181 21.974,0 34,392 litros / 18,1 kg 2,690 4,131 191.0 85,981 litros / 45,3 kg 5,772 44,087 1,471.0 TOTAL 69.644 879.423 23.636.0 (Folio 208 del expediente administrativo en modalidad digital y 121 del expediente judicial); y, 8.) Que el incremento en el número de accidentes relacionados con la utilización de cilindros de gas licuado de petróleo, es debido a: "1. Problemas en las válvulas que incluye entre otros el deterioro de empaques. / 2. Daños físicos por deformación y mal acople con el regulador y otras fugas por la válvula cuyo daño no puede ser determinado por el personal que atiende la emergencia. / 3. Daños en el cilindro. / 4. Daños en las mangueras y conectores. / 5. Daños en equipos y sistemas periféricos", de donde, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica en informe CBCR-024109-2013-DGB-00501, del tres de agosto del dos mil trece, concluyó que "... un alto porcentaje de las emergencias se produce por la antigüedad y deterioro del cilindro y por el uso de válvulas de acople rápido y reguladores en mal estado" y " (D)el total de las emergencias atendidas, 2778 emergencias (95%) se han presentado en cilindros pequeños conocidos como de 25 libras (predominantemente de uso doméstico). Por otra parte 2680 emergencias (91%) de los casos atendidos tuvieron problemas en válvulas. Durante el presente año (2013) el Cuerpo de Bomberos ha atendido un total de 4264 emergencias por GLP" (resoluciones R-537-2013-MINAE, de las nueve horas veinticinco minutos del once de noviembre del dos mil trece; R-536-2013-MINAE, de las nueve horas veinte minutos del doce de noviembre del dos mil trece; R-614-2013-MINAE, de las quince horas del diecisiete de noviembre del dos mil trece y R-437-2014-MINAE, de las diez horas quince minutos del dos de julio del dos mil catorce, del Ministro de Ambiente y Energía, a folios 53 a 82, 23 a 52, 83 a 113 y 121 a 149, respectivamente; todas las referencias, del expediente administrativo en versión digital); IV.- DE LOS HECHOS NO PROBADOS.- También de importancia para la resolución de este asunto, se tiene como no acreditado lo siguiente:

1.) Que el contenido de los títulos habilitantes de la empresa actora para la prestación del servicio público de distribución de gas licuado de petróleo a consumidores finales, desde la etapa de envasado hasta el consumidor final -conforme a las resoluciones R-537-2013-MINAE, de las nueve horas veinticinco minutos del once de noviembre del dos mil trece; R-614-2013-MINAE, de las quince horas del diecisiete de noviembre del dos mil trece y R-437-2014-MINAE, de las diez horas quince minutos del dos de julio del dos mil catorce, del Ministro de Ambiente y Energía- haya sido impugnado por la interesada; 2.) La cantidad de cilindros que conforman el parque de la empresa Gas Nacional Zeta Sociedad Anónima, que no cumplan con la exigencia de la información troqueleada o en relieve conforme a la normativa que rige la materia; 3.) La afectación del giro empresarial de la sociedad actora con la vigencia y ejecución de la resolución RIE-052-2014, de las catorce horas veintiséis minutos del veintiuno de agosto del dos mil catorce, de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, publicada en el Diario Oficial La Gaceta número 163, del veintiséis de ese mismo mes y año.

V.- DEL OBJETO DE LA DEMANDA.- En su demanda, la sociedad actora formula una única pretensión, en la que requiere la declaratoria de nulidad absoluta de lo que denomina directriz relativa a la trazabilidad de los cilindros para envasado de gas licuado de petróleo, emitida por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, y que publicó en el Diario Oficial La Gaceta número 163, del veintiséis de agosto del dos mil catorce. Sustenta su acción, en que lo en ella dispuesto -propiamente de la relación de los Considerandos II y VI-, infringe el contenido de la libertad de empresa consagrado en el artículo 46 de la Constitución Política, a los principios de razonabilidad y proporcionalidad y los principios de irretroactividad de la ley y de seguridad jurídica, en los términos del canon 34 de la Carta Fundamental, por lo siguiente: a.) Que existe ilogicidad entre lo dispuesto en los Considerandos II y VI de la actuación impugnada, por cuanto, en la primera disposición se dice expresamente que la exigencia de la información que deben tener los cilindros de gas licuado de petróleo, conforme a las condiciones establecidas en la norma técnica centroamericana RTCA 23.01.29:05, lo es únicamente respecto de aquellos que fueron incorporados al parque nacional a partir del treinta de mayo del dos mil seis; mientras que en la segunda disposición, se dispuso que debían de retirarse del mercado los cilindros que al primero de enero del dos mil quince no cumpliesen aquella regulación técnica. Alega que, al tenor de lo dispuesto en el numeral 16.1, en relación con el 132 y 160 de la Ley General de la Administración Pública, el contenido de esta actuación es impreciso, incoherente y contradictorio, dado que "con una regla los cilindros anteriores al 2006 son legales; con la otra no lo son"; en tanto, "el párrafo VI castiga a la empresa si los cilindros fabricados antes del 2006 incumplen las reglas de fabricación del 2006"; de donde concluye en su nulidad absoluta; b.) Que de conformidad con los principios de seguridad jurídica e irretroactividad de la ley, no puede alterarse un derecho adquirido o situación jurídica consolidada surgida al amparo de normativa anterior; infracción que también se da con ocasión de la aplicación e interpretación que produce un efecto desproporcionado o irrazonable al titular de un derecho adquirido o situación jurídica consolidada, reitera, sobre la base de la normativa anterior; todo lo anterior, en los términos expresados por la Sala Constitucional en su jurisprudencia (así por ejemplo, en la sentencias número 1147-90, 12239-2006 y 7723-2008). Así alega la pervivencia del derecho abolido, aún con ocasión de la vigencia de normativa nueva, en tanto este nuevo orden jurídico, sólo aplicaría para las nuevas situaciones. En el caso, indica que los cilindros adquiridos con anterioridad a la vigencia de la nueva normativa, cumplían con las regulaciones vigentes a ese momento, sin poder conocer los requerimientos técnicos que se definirían en el futuro; de donde alega que no puede exigírsele ni sancionársele por que aquellos cilindros no cumplan con aquellas nuevas regulaciones y tampoco que se le exija eliminar esos cilindros; c.) Que es desproporcionado e irrazonable el plazo establecido para poder modificar todos los cilindros adquiridos con anterioridad al treinta de mayo del dos mil seis, que lo fue de apenas de cuatro meses; siendo que conforme a certificación de recalificación de la empresa Cilindros para Gas Sociedad Anónima (CILGAS), al tener una existencia de ochocientos mil cilindros a recalificar, duraría en esa tarea, en un turno de las siete horas a las quince horas, de lunes a viernes, ciento treinta y cuatro meses o lo que es lo mismo, once años y dos meses, y en dos turnos, de las seis horas a las catorce y de las catorce horas a las diez horas, sesenta y siete meses, que se traduce en cinco años siete meses. Así que considera que lo normado es material y técnicamente imposible de cumplir, contrario a las reglas de la ciencia y de la técnica, con grave afectación de la empresa y del país en general, por cuanto, existe el riesgo de que se de un desabastecimiento de cilindros a nivel nacional, en atención a que la mayoría de los existentes son anteriores al treinta de mayo del dos mil seis. Aquí nuevamente acusa la infracción de los artículos 16.1, 158.2 y 160 de la Ley General de la Administración Pública; y d.) Que la anterior situación repercute en la infracción del contenido esencial de la libertad de empresa, al tenor del cual, toda empresa tiene el derecho a mantenerse en el ejercicio de su actividad comercial, industrial o agrícola, salvo que su titular lo decida voluntariamente o como consecuencia de las fuerzas del mercado; de manera que toda acción gubernamental que obligue a cerrar un negocio, se constituye en un una actuación inconstitucional. Señala que el cumplimiento o ejecución de la actuación impugnada lo obligaría a cesar su actividad comercial, al compelerle a sacar del mercado a los cilindros adquiridos anteriores al treinta de mayo del dos mil seis, en tanto no puede operar con menos del cincuenta por ciento del giro comercial actual. (Demanda a folios 17 a 28 y audiencia de réplica a folios 134 a 136.)

VI.- DE LA POSICIÓN DE LA ARESEP.- Por su parte, el personero de ARESEP se opone la demanda, con la formulación de las defensas de fondo de falta de legitimación pasiva y falta de derecho, al tenor de las cuales, pide su desestimatoria, con la consecuente condena en costas, con base en las siguientes razones: a.) Que los lineamientos de trazabilidad de los cilindros de gas impugnados en este proceso, tienen su sustento en la normativa técnica centroamerica aprobada y vigente desde el año dos mil seis y contenida en el Decreto Ejecutivo 32921-COMEX-MINAE-MEIC y en las competencias de fiscalización y control de la forma en que se prestan los servicios públicos, a fin de que respondan a los principios de calidad, confiabilidad, continuidad y prestación óptima de la actividad prestacional que nos ocupa, potestades que el ordenamiento jurídico le ha delegado a esa institución autónoma -propiamente en los artículos 4 incisos c) y d) y 6 incisos a) y b) de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, número 7593-; b.) Que la exigencia establecida en la actuación impugnada resulta adecuada, al tender a garantizar la seguridad del servicio público de suministro de gas, en tanto hace referencia a información que debe contener todo cilindro de gas para su comercialización, conforme a la norma técnica centroamericana 23.01.29:05, que es vital para poder darle trazabilidad al cilindro, y sacarlo del mercado cuando éste no cumple con los requisitos de calidad establecido en las regulaciones técnicas. Advierte que por trazabilidad debe entenderse "al proceso de evaluación de la conformidad del producto con la normativa técnica centroamericana, con el fin de dar seguimiento al cilindro desde que ingresa al mercado nacional y hasta que sale y es destruido. Está ligada a la información troqueleada en el cuello del envase en donde el número de serie es el elemento más importante pues debe estar ligado a la existencia de un registro que lleve la empresa envasadora" a tal efecto. Así, concluye, se trata de un aspecto claro de seguridad que completa el mecanismo de seguimiento y fiscalización, que es necesario para dar seguridad a los usuarios de este servicio público, y con ello, el eventual establecimiento de responsabilidades ante la inadecuada prestación del servicio público. Lo anterior por cuanto las empresas concesionarias del servicio público de distribución de gas licuado de petróleo a consumidores finales, desde la etapa de envasado hasta el consumidor final, son las responsables de su parque de cilindros. Indica que se trata de una actividad altamente riesgosa y peligrosa, por lo que se deben de extremar los cuidados en lo que refiere a la manipulación de los cilindros. Insiste, que hay un peligro real y potencial de dejarse sin efecto la normativa impugnada, y responde a la técnica; c.) Que la exigencia de la información que deben contener los cilindros de gas no es desproporcionada ni irrazonable en lo que refiere al plazo temporal para su implementación, en atención a que el Decreto Ejecutivo por el que se incorporó al ordenamiento jurídico nacional, está vigente desde el treinta de mayo del dos mil seis; lo que se constituye en un plazo de más de cinco años para su implementación de parte de las empresas concesionarias que prestan este servicio público en el país. Agrega además que en los títulos habilitantes para aquella prestación -que datan de noviembre del dos mil trece y julio del dos mil catorce- la empresa actora se obligó al cumplimiento de esta -y otras- norma técnica, es decir, sabía de los requerimientos técnicos de los cilindros de gas para su envasado, comercialización y distribución; y no objetó en su momento aquellas exigencias, lo que les hace contratos firmes y eficaces. Insiste que los requerimientos que ahora reclama la empresa Gas Nacional Zeta Sociedad Anónima, son anteriores a la publicación de la resolución RIE-052-2014. Agrega que la actividad mercantil que realiza la sociedad actora está en una situación particular, en tanto, ello sólo lo es mediante el otorgamiento de la respectiva concesión, lo que hace que esté en un régimen de sujeción especial, de donde no se trata de una actividad que se deje a la libre iniciativa del particular, sino al contrario, por el interés público que la rige, la Administración tiene la prerrogativa de su regulación y control; d.) Que el contenido de la actuación no es contradictorio ni tampoco lesivo de los principios de irretroactividad de la ley ni de seguridad jurídica, en tanto, como lo señaló en sede administrativa -cuando rechazó el recurso de revocatoria-, la exigencia de eliminación de los cilindros contenida en el Considerando VI de la Resolución RIE-052-2014, es en relación a los cilindros incorporados al parque con posterioridad al treinta de mayo del dos mil seis, que es a los que se hace referencia en los Considerandos anteriores de esa misma actuación. De manera que los cilindros que deben de sacarse o destruirse del parque son los que no cumplen con las disposiciones ordenadas, pero en relación a los fabricados después de la indicada fecha; y e.) Advierte que no hay un sólo elemento objetivo del que pueda derivarse la generación de un daño a la empresa actora, con ocasión de la ejecución e implementación de la resolución impugnada, en tanto no ha habido desabastecimiento nacional de los cilindros de gas, la valoración que hace el ingeniero químico de los posibles daños no está sustentada en criterio técnico, refiriendo más bien a apreciaciones subjetivas y a situaciones hipotéticas e irreales. Llama la atención que es la única empresa nacional que se dedique que preste este servicio público que presentó impugnación contra esta actuación, más no así las otras que intervienen en el mercado nacional -como TOMZA de Costa Rica Sociedad Anónima y Envasadora Super Gas GLP Sociedad Anónima-. En este sentido, aclara que la actora confunde el contenido de la actuación impugnada, en tanto no refiere a la labor de calificación de los cilindros de gas, sino únicamente a los lineamientos de trazabilidad de los mismos, y en tal sentido, para el cumplimiento de los requerimientos técnicos de estos elementos, se cuentan con otras opciones más, además de la que le puede ofrecer la empresa Cilindros para Gas Sociedad Anónima -CILGAS- como lo sería la importación de cilindros. Por otro lado indica que conforme a los informes de la propia empresa con ocasión de la adopción de la resolución 500-RCR-2011, el ingreso más fuerte de la actividad comercial, proviene de la venta de gas a granel con un 84% de la venta total a nivel nacional, y que refiere a la actividad comercial, industrial y estaciones de servicio; frente a un 45% de venta por cilindro, que es la de uso residencial; de donde evidencia que no se produciría la afectación que acusa en su demanda. En todo caso, alega que la afectación económica de la empresa no puede estar por encima de la seguridad de los usuarios, más cuando ha tenido tiempo suficiente para adaptarse al cambio de las regulaciones técnicas que interesan. (Contestaciones de la medida cautelar solicitada a folios 32 a 61 y 62 a 91 y contestación de la demanda a folios 102 a 119.)

VII.- ACLARACIÓN EN CUANTO AL OBJETO DE IMPUGNACIÓN Y LA COMPETENCIA DE ESTE TRIBUNAL PARA RESOLVER ESTE ASUNTO.- En razón de la forma cómo están planteadas las alegaciones de parte de la empresa actora, en tanto señala como quebrantado el contenido esencial de un derecho fundamental -artículo 46 de la Constitución Política-, así como a varios principios constitucionales, a saber de la irretroactividad de la ley, razonabilidad y proporcionalidad, todo lo anterior en relación a una actuación concreta de la Administración, es que se estima pertinente clarificar lo concerniente a lo que se resolverá en este asunto.

Primero: Conforme a la previsión del numeral 49 de la Carta Fundamental, que desarrolla el primero del Código Procesal Contencioso Administrativo, el ámbito competencial de la Jurisdicción Contencioso Administrativa está restringido "al control de la legalidad de la función administrativa", esto es, en relación a todas las formas de manifestación de la conducta de la Administración Pública (esto es, la formal -referida a los actos administrativos concretos y los de carácter general, incluyendo los de contenido normativo-, la material -tanto la referida a la prestación de los servicios públicos y a la coacción anómala, como a las vías de hecho- y lo que ha sido dado en llamar la "disfunción" administrativa, relativa a la conducta omisiva, tanto en el ámbito formal -no resolución de recursos, al tenor de la que se ha desarrollado la teoría del acto presunto, como en el material -como sería la no prestación de un servicio público-). Por mandato constitucional, interesa resaltar que el análisis o examen que corresponde hacer a los Jueces Contenciosos es el de la legalidad de la conducta administrativa sometida al control de esta Jurisdicción. Así, conforme al bloque de juridicidad o de legalidad, debemos atender a la jerarquía normativa, que en lo que respecta a las fuentes escritas, inicia con la Carta Fundamental, tratados de derechos humanos -con rango igual o superior a las normas de la Constitución Política, si tienen mayor garantía en el contenido mínimo de aquel derecho, como lo ha señalado de manera reiterada la jurisprudencia de la Sala Constitucional, así por ejemplo en sentencias 2313-95, 1319-97, 6830-98), tratados internacionales, leyes, reglamentos ejecutivos, reglamentos de organización y funcionamiento; y tratándose de las fuentes no escritas, se tienen a la costumbre, jurisprudencia y principios generales del derecho; lo anterior al tenor de lo dispuesto en los numerales 6 y 7 de la Ley General de la Administración Pública. Pero interesa resaltar que, también integran este bloque de juridicidad o legalidad, las reglas unívocas de la ciencia y de la técnica, así como los "principios elementales de justicia, lógica y conveniencia", como se establece de manera expresa de la relación de los artículos 16.1, 158.4 y 160 de la Ley General de cita; de los que también pueden derivarse los principios de razonabilidad y proporcionalidad.

Segundo: En atención a lo anterior, esta Cámara de Juzgadores (Contenciosos Administrativos) atenderá al reclamo planteado, desde el punto de vista de la infracción del bloque de legalidad, en los términos supra explicados. Ahora bien, cualquier declaración respecto de la supuesta inconstitucionalidad de la actuación impugnada, excedería a la competencia de esta Jurisdicción, en razón del control concentrado de constitucionalidad en la Sala respectiva de la Corte Suprema de Justicia, al tenor del mandato de los numerales 10 y 48 de la Carta Fundamental. Lo único que puede revisar esta Autoridad es la legalidad de lo impugnado, se repite, teniendo como basamento el bloque de legalidad, que comprende, claro está, en su cúspide, a la Constitución Política, tanto en sus normas como en sus principios.

Tercero: Finalmente, interesa resaltar que, aún y cuando la pretensión que se hace, está dirigida a que se declare la nulidad absoluta de toda la resolución REI-052-2014, de las catorce horas veintiséis minutos del veintiuno de agosto del dos mil seis, y publicada en el Diario Oficial La Gaceta número 163, del veintiséis de agosto del dos mil catorce, que son Lineamientos para la trazabilidad en la comercialización de cilindros de gas licuado de petróleo en plantas envasadoras, las alegaciones que sustentan esta acción se dirigen en exclusiva al contenido del Considerando VI, en tanto se estima contradictorio con la disposición del Considerando II, y por ello, violatorio de los principios y normas supra indicados. En razón de lo anterior, sólo se analizarán los quebrantos esbozados, que se insiste, refieren únicamente a aquella regulación; que dice en su literalidad:

VI.—Ordenar a todas las empresas envasadoras de gas licuado de petróleo, que a más tardar el 1° de enero del 2015 deberán retirar del mercado los cilindros que no cumplan con lo establecido en el RTCA 23.01.29:05 mencionado y que deberán remitir a la Intendencia de Energía el informe de destrucción, adjuntando las respectivas actas de destrucción de dichos cilindros, autenticadas por un notario público y refrendadas por el regente de cada empresa, para garantizar la adecuada disposición de los residuos." Consecuentemente, de estimarse su ilegalidad, la nulidad se referiría única y exclusivamente a este extremo de la actuación impugnada, manteniéndose en todo lo demás, por no haber sido objeto de reproche alguno ante esta instancia, no pudiéndose hacer una revisión oficiosa de su integralidad.

VIII.- DEL ENVASADO, TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP) A CONSUMIDORES FINALES, COMO SERVICIO PÚBLICO.- En tanto ha sido alegada la infracción del contenido esencial de la libertad de empresa, contenido en el artículo 46 de la Constitución Política, con ocasión de la adopción e implementación de la resolución RIE-052-2014, de las catorce horas veintiséis minutos del veintiuno de agosto del dos mil catorce, dictada por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, y que fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta número 163, del veintiséis de agosto del dos mil catorce, que son Lineamientos para la trazabilidad en la comercialización de cilindros de gas licuado de petróleo en plantas envasadoras; se estima pertinente, previo a la revisión de la legalidad de la actuación impugnada, determinar el régimen jurídico de la distribución de este producto a los consumidores finales, desde la etapa de envasado hasta el consumidor final en nuestro país. En efecto, debe considerarse que al tenor de lo establecido en el artículo 5 inciso d) subinciso 2) de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, número 7593, del veintiocho de marzo de mil novecientos noventa y seis, y vigente a partir del cinco de setiembre siguiente, y sus reformas, esta actividad se constituye en servicio público. Esta condición hace por sí mismo que su ejercicio esté sujeto a regulaciones del Derecho Administrativo, tanto en lo atinente al sujeto encargado de la materia y el fin -por reserva legal, como expresión del principio de regulación mínima establecido en el numeral 12 de la Ley General de la Administración Pública-, como en lo que refiere a los principios que lo rigen -continuidad, eficiencia, adaptación al cambio, igualdad, calidad, cantidad, oportunidad y confiabilidad necesarios para que la prestación sea óptima (artículos 4 de la citada Ley General, número 6227 y 4 inciso d) de la Ley número 7593)-; y su desarrollo, a través de concesión tanto a entes públicos como de particulares, conforme a las previsiones establecidas en la ley. Al tenor de lo anterior, su ejercicio no es libre, en un doble sentido, en tanto no puede ser realizada por cualquier persona, en virtud de la autonomía de su voluntad, sino que requiere de un título habilitante para que pueda participar de ella -en este caso, referida al envasado, transporte, distribución y comercialización al consumidor final del gas licuado de petróleo (GLP) en el ámbito nacional- a través de la correspondiente concesión y/o permiso, autorizado por sujeto competente; y además, necesariamente se sujeta el desarrollo de esta actividad a las disposiciones legales que regulan la prestación de los servicios públicos en general y de esta actividad, que valga la indicación, es de carácter sumamente técnico y científico, por ser de alta peligrosidad y riesgosa la actividad que comprende su realización. En razón de lo anterior, se configura en un régimen de sujeción especial de los concesionarios en su relación con la Administración, al tenor del cual, se reconocen facultades especiales al ente encargado de la materia. En este caso, debe de recordarse que entre otras funciones, le corresponde al Ministerio de Ambiente y Energía, la definición y planificación de las políticas nacionales relacionadas con los recursos energéticos y de protección ambiental -como se infiere del artículo 2 incisos a) y b) de la Ley Orgánica del Ministerio de Ambiente y Energía, número 7152-; así como la dirección, control, fiscalización y vigilancia de las actividades relacionadas con el suministro de combustibles, como lo prevé de manera expresa el numeral 5 de la citada Ley 7593, cometido al tenor del cual, le corresponde dar autorización de las concesiones en esta materia. Por su parte, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, funge como ente regulador que fiscaliza el cumplimiento de las normas de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima de este servicio público, labor que hace a través de la regulación y fiscalización contable, financiera y técnica de los prestatarios, para lo cual puede dictar los reglamentos técnicos que estime necesario para el cumplimiento de los principios que rigen la materia (artículo 25 Ídem); hace inspecciones técnicas a las plantas y equipos afectos a la prestación del servicio público, fija las tarifas y precios del servicio, investiga y resuelve quejas (en los términos del numeral 10 Ibidem); y tiene competencia para otorgar, modificar, traspasar, declarar caduca o revocar una concesión, así como establecer las multas correspondientes, ante el incumplimiento de parte del prestatario (artículos 15 y 38 Ibídem). Consecuentemente, al tenerse esta actividad (la de distribución y comercialización del gas licuado de petróleo -GLP-) como servicio público, su regulación, desarrollo e implementación debe tender a la satisfacción del interés general, que priva por sobre el interés particular, como se infiere de lo dispuesto en los numerales 4 y 10.1 de la Ley General de la Administración Pública.

IX.- DE LA NATURALEZA JURÍDICA DE LA ACTUACIÓN IMPUGNADA.- Previo a hacer el análisis de legalidad solicitado en este proceso, también se estima necesario atender a la especial naturaleza jurídica de la actuación impugnada. Indica la empresa actora que se trata de una directriz, sin embargo, no concuerda esta Cámara de Juzgadores con esa calificación. Al respecto, debe de recordarse que en el Derecho Administrativo, la directriz se constituye en un acto administrativo atípico, de carácter general no normativo, y que es dictado por el Poder Ejecutivo dentro del ámbito de la tutela administrativa que ejerce, como Ente Mayor, frente a los entes menores (instituciones descentralizadas), y en tal sentido, en tanto no hay una relación de jerarquía del primero respecto de las segundas, es que se le faculta dictar lineamientos de política general, y en tal sentido, establece fines, objetivos y metas, a un sector institucional, y no dirigido a una institución en particular. Precisamente encuentra su justificación en la potestad de dirección encomendada al Ente Mayor, para procurar la coherencia de acción administrativa en el aparato estatal, como mecanismo de ordenación -se insiste de carácter general y no en la forma de orden- de diversos organismos, para orientar con ello el cumplimiento de los fines públicos encomendados a las diversas instituciones, y con ello lograr el cumplimiento de los planes y programas definidos por el Poder Ejecutivo. Nada de lo anterior se corresponde con el contenido de la actuación impugnada. En efecto, sí debemos de señalar que con la resolución RIE-0452-2014, de las catorce horas veintiséis minutos del veintiuno de agosto del dos mil catorce, dictada por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, y que fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta número 163, del veintiséis de agosto del dos mil catorce, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos adopta un acto administrativo de carácter general, pero dirigida no a la organización administrativa del aparato estatal, sino a quienes ostentan la condición de concesionarios y permisionarios que están autorizados para prestar el servicio público de suministro y distribución del gas licuado de petróleo (GLP). Y revisado su contenido, advertimos que establece disposiciones atinentes a la trazabilidad en la comercialización de los cilindros de este tipo de gas en las plantas envasadoras. Obviamente se trata de una regulación dictada por la Autoridad Reguladora dentro del ejercicio de su competencia -en los términos previstos en el citado artículo 25 de la Ley número 7593, que en su literalidad dispone:

"Articulo 25.- Reglamentación La Autoridad Reguladora emitirá y publicará los reglamentos técnicos, que especifiquen las condiciones de calidad, cantidad, contabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima, con que deberán suministrarse los servicios públicos, conforme a los estándares específicos existentes en el país o en el extranjero, para cada caso." (Así reformado por el artículo 41 aparte e) de la Ley número 8660, del ocho de agosto del dos mil ocho.)

Consecuentemente, se trata de un acto de carácter general de contenido normativo. Y en este sentido, luego de conocida la materia de que trata, encuentra esta Cámara que es corolario o réplica del Anexo 5 (RTCA 23.02.29:05, de recipientes a presión, cilindros portátiles para contener GLP, "... de aplicación a los envases cilíndricos portátiles, con capacidad desde 4,5 kg (10 libras) hasta 45,4 kg (100 libras) de propano comercial, butano comercial o sus mezclas, los cuales se fabrican con una presión de diseño de 1 655 kPa (240 psi) y que se utilizan para almacenamiento y transporte de gas licuado de petróleo para consumo doméstico, industrial y comercial ...") del Decreto Ejecutivo número 32921-COMEX-MINAE-MEIC, del dieciséis de diciembre del dos mil cinco, por el que el Presidente de la República y los Ministros de Comercio Exterior, Ambiente y Energía y de Economía, Industria y Comercio aprobaron la Resolución número 152-2005 (COMIECO-XXXIII) del Consejo de Ministros Centroamericanos de Integración Económica, que comprende varios Reglamentos Técnicos Centroamericanos sobre la materia de transporte terrestre de hidrocarburos, gas licuado de petróleo (GLP), de las condiciones técnicas de los cilindros y sus válvulas y la comercialización de productos de petróleo, gases licuados de petróleo: propano comercial, butano comercial y sus mezclas, especificaciones. Esta normativa fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta número52, del catorce de marzo del dos mil seis, con fecha de rige a partir del treinta de mayo del dos mil seis -hecho probado 1.- Definido lo anterior, se procede al análisis de legalidad que se requirió a este Tribunal.

X.- DE LA CONFORMIDAD CON EL ORDENAMIENTO JURÍDICO NACIONAL DE LA CONDUCTA ADMINISTRATIVA IMPUGNADA.- Se procede al examen por separado de las alegaciones puntuales que se hicieron a la regulación impugnada de parte de la empresa actora, sobre la base de las siguientes consideraciones:

Primero: Debemos atender al contenido de la disposición impugnada, que en su literalidad dispone:

"VI.— Ordenar a todas las empresas envasadoras de gas licuado de petróleo, que a más tardar el 1° de enero del 2015 deberán retirar del mercado los cilindros que no cumplan con lo establecido en el RTCA 23.01.29:05 mencionado y que deberán remitir a la Intendencia de Energía el informe de destrucción, adjuntando las respectivas actas de destrucción de dichos cilindros, autenticadas por un notario público y refrendadas por el regente de cada empresa, para garantizar la adecuada disposición de los residuos." [Hecho probado 5.)].

Del texto transcrito se advierten dos obligaciones concretas para las empresas envasadoras del gas licuado de petróleo autorizadas a prestar el servicio público de su distribución en el mercado nacional: la primera, la de retirar del mercado los cilindros que no cumplan con los requerimientos técnicos de aquellos cilindros establecidos en la norma técnica centroamericana RTCA: 23.01.29:05, para lo cual, estableció un plazo perentorio al primero de enero del dos mil quince; y la segunda, la de reportar a la Intendencia de Energía de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, la destrucción de aquellos cilindros, con la copia del acta respectiva, autenticada por notario público y refrendada por el regente de cada empresa. Estos mandatos no son nuevos ni extraños para las empresas que brindan este servicio público. En este sentido, en el mismo conjunto regulatorio que contiene la disposición impugnada, en el Considerando II. se les recordó a las interesadas "... que todos los cilindros de acero o aluminio utilizados para la comercialización de gas licuado de petróleo que hayan sido incorporados al parque nacional a partir del 30 de mayo del 2006, deberán poseer en el cuello protector, de forma grabada y permanente, la siguiente información:

1. La clase de cilindro (según clasificación), seguida de la presión de diseño, en kPa (o psi).

2. El número de serie del cilindro.

3. Nombre, razón social o siglas del fabricante y de la empresa envasadora de GLP.

4. Nombre del país de fabricación.

5. La expresión “GLP” o “LPG”.

6. La capacidad nominal de gas licuado de petróleo en unidades del Sistema Internacional (SI).

7. La tara del cilindro en unidades del Sistema Internacional (SI).

8. El mes y año de fabricación.

9. Norma o reglamento de fabricación del cilindro." [Hecho probado 5.)].

En efecto, la exigencia de la información que debe contener todo cilindro de gas licuado de petróleo fueron establecidas con ocasión de la publicación del Decreto Ejecutivo número 32921-COMEX-MINAE-MEIC, del dieciséis de diciembre del dos mil cinco, que aprobó la Resolución 152-2005 (COMIECO-XXXIII) del Consejo de Ministros Centroamericanos de Integración Económica, incorporando con ello al ordenamiento jurídico nacional, los siguientes Reglamentos Técnicos Centroamericanos: Anexo 1: RTCA 13.01.25:05, relativo al transporte terrestre de hidrocarburos líquidos (excepto GLP); Anexo 2: RTCA 13.01.26:05, relativo al transporte terrestre del gas licuado de petróleo (GLP) a granel; Anexo 3: RTCA 23.01.27:05, de recipientes a presión, Cilindros Portátiles para contener GLP, válvula de acoplamiento roscado (tipo POL), y que aplica "... a las válvulas de acoplamiento roscado (tipo POL) para carga y descarga de gas licuado de petróleo (GLP) ..."; Anexo 4: RTCA 23.01.28:05 , de recipientes de presión a presión, cilindros portátiles para contener GLO, válvula de acoplamiento rápido, que aplica "... a las válvulas para acoplamiento rápido para carga y descarga de gas licuado de petróleo (GLP) ..."; Anexo 5: RTCA 23.02.29:05 , de recipientes a presión, cilindros portátiles para contener GLP, "... de aplicación a los envases cilíndricos portátiles, con capacidad desde 4,5 kg (10 libras) hasta 45,4 kg (100 libras) de propano comercial, butano comercial o sus mezclas, los cuales se fabrican con una presión de diseño de 1 655 kPa (240 psi) y que se utilizan para almacenamiento y transporte de gas licuado de petróleo para consumo doméstico, industrial y comercial ..."; y Anexo 6: RTCA 75.01.21:05, de productos de petróleo, gases licuados de petróleo: propano comercial, butano comercial y sus mezclas, especificaciones -hecho probado 1.)-. Esta normativa fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta número 52, del catorce de marzo del dos mil seis, con fecha de rige a partir del treinta de mayo del dos mil seis, como se dispuso de manera expresa en el artículo 2 de este Decreto -hecho probado 1.)-. Y es precisamente en el Anexo 5, RTCA 23.02.29:05, en el artículo 7.13, dentro de las especificaciones generales, que se detalló que los cilindros portátiles de gas licuado de petróleo (GLP) deben tener como mínimo la siguiente información "... grabada en forma permanente y en bajo relieve en el cuello protector del cilindro, con caractereses de 6 mm de altura como mínimo y 0,4 mm como máximo de profundidad:

  • a)La clase de cilindro (según clasificación), seguida de la presión de diseño, en kPa (o psi).
  • b)El número de serie del cilindro.
  • c)Nombre, razón social o siglas del fabricante y de la empresa envasadora.
  • d)Nombre del país de fabricación.
  • e)La expresión "GLP" o LPG".
  • f)La capacidad nominal de gas licuado de petróleo en unidades del Sistema Internacional (IS).
  • g)La tara del cilindro en unidades del Sistema Internacional (IS).
  • h)El mes y año de fabricación. / i) Norma o reglamento de fabricación del cilindro." [Hecho probado 2.)] De igual suerte, en lo que refiere a la empresa actora, en las resoluciones R-537-2013-MINAE, de las nueve horas veinticinco minutos del once de noviembre del dos mil trece; R-536-2013-MINAE, de las nueve horas veinte minutos del doce de noviembre del dos mil trece; R-614-2013-MINAE, de las quince horas del diecisiete de noviembre del dos mil trece y R-437-2014-MINAE, de las diez horas quince minutos del dos de julio del dos mil catorce, del Ministro de Ambiente y Energía, se le reiteró en lo particular, de la obligación de identificar los cilindros, en los siguientes términos:

"DÉCIMO CUARTO: Identificación del cilindro. A partir de la comunicación de la presente resolución ninguna persona física o jurídica titular de una concesión, autorización o permiso para prestar el servicio público de suministro de gas licuado de petróleo, desde su etapa de almacenamiento y envasado hasta su distribución al consumidor final, ni ninguna otra persona podrá utilizar, envasar, distribuir ni comercializar cilindros para contener gas licuado de petróleo, que no cuenten en forma clara, con los datos impresos físicamente en el cuerpo del cilindro en forma permanente, mediante troqueleado o relieve original de fabricación, correspondientes a la siguiente información:

  • 1)Número de serie.
  • 2)Identificación de la empresa concesionaria y dueña de la marca comercial bajo la que se distribuye el cilindro y su contenido.
  • 3)La clase de cilindro, seguida de la presión del diseño.
  • 4)Nombre del país de fabricación.
  • 5)La expresión "GLP".
  • 6)Capacidad nominal de GLP en unidad del SI.
  • 7)La tara del cilindro en unidades del SI.
  • 8)Mes y año de fabricación.
  • 9)Norma de fabricación.
  • 10)Color distintivo. / En caso de que surjan conflictos entre concesionarios por el uso o exclusividad del color distintivo de los cilindros, el MINAE podrá resolver dicho conflicto y ordenar a los concesionarios el uso del color distintivo que el MINAE escoja." [Hecho probado 4.) El resaltado no es del original.]

Nótese que las anteriores resoluciones, son precisamente los títulos habilitadores de la empresa Gas Nacional Zeta Sociedad Anónima, para que de manera legítima preste el servicio público de distribución y suministro de gas licuado de petróleo a los consumidores finales, desde la etapa del envase hasta la entrega al consumidor final, en las plantas que tiene la empresa en la Garita de Alajuela, Guadalupe de Cartago, Guápiles y Bagaces -plantas de El Coyol, la Lima, Guápiles y Bagaces- [Hecho probado 4.)] En todas las anteriores resoluciones se le prorrogó la concesión del servicio público indicado a la empresa actora en las plantas indicadas por el plazo de cinco años a partir del once, doce y diecisiete de noviembre del dos mil trece y dos de julio del dos mil catorce, respectivamente -hecho probado 3.)-. Y en todas y en cada una de las indicadas resoluciones, se supeditó el otorgamiento de la concesión otorgada al cumplimiento de las regulaciones técnicas que se detallaron en esas autorizaciones, relativas a las disposiciones específicas a la operación de las plantas de envasado, de los cilindros, equipos y transporte, entre las que que se insiste, está contenida la referida a la identificación de los cilindros (cláusula Décima cuarta); así como en lo que interesa en este asunto, el estado de los cilindros (cláusula Décima quinta), las reglas sobre la antigüedad de los cilindros y pruebas de calificación (cláusula Décima sexta), y las obligaciones derivadas de la reprobación de las pruebas a los cilindros y eliminación de éstos (cláusula Décima sétima). De manera expresa se estableció la sujeción de la prestación de la actividad que interesa a lo normado en esa autorización (cláusulas Cuadragésima primera y Cuadragésimo cuarta), y que se insiste, es réplica de la normativa técnica centroamericana que rige la materia, incorporada al ordenamiento jurídico nacional al tenor del Decreto Ejecutivo 32921-COMEX-MINAE-MEIC. También en los referidos títulos habilitantes, se supeditó el ejercicio de la actividad autorizada a la aplicación de las sanciones administrativas, a adoptarse en caso de incumplimiento de todas las exigencias y normas técnicas establecidas, entre las que figura la cancelación de la concesión, además de las multas respectivas (cláusula Cuadragésima segunda). [Hecho probado 4.)] Resulta más que evidente que las anteriores condiciones eran conocidas por la empresa actora, precisamente con ocasión de la notificación de aquellas autorizaciones; siendo importante insistir, que el giro comercial de su actividad lo realiza en un ámbito de sujeción especial con las Administraciones autorizante, fiscalizadora y reguladora, al ser un servicio público. No consta de su parte, que se haya opuesto a tales requerimientos ni condiciones cuando se le otorgaron las renovaciones de su concesión [hecho no probado 1.)], por lo que puede presumirse su conformidad absoluta con aquellos.

Segundo: Al tenor de lo anterior, no entiende este Tribunal el sustento de la impugnación que se formula. En efecto, es de hacer notar que la regulación ordenada por la Resolución RIE-052-2014, de la la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, encuentra su sustento (motivo) precisamente en las competencias regulatorias y fiscalizadoras de la autoridad que lo dicta, en los términos en que está previsto en los artículos 4, 5, 6 y 25 de la citada Ley número 7593; y en la trascendencia que tiene en la prestación de este servicio, el cumplimiento de la exigencia de la información de los cilindros de gas licuado de petróleo, en tanto se trata de información vital para darle trazabilidad a estos cilindros. Y es que en este sentido debemos partir de la realidad de que esta actividad de la distribución y comercialización del gas licuado de petróleo es sumamente riesgosa y peligrosa, de donde la exigencia para la implementación de medidas de seguridad no son vanales o inútiles, no siendo prudente ni razonable escatimar las acciones preventivas y de control, de parte, primero de las instituciones públicas involucradas, y segundo, de los particulares que intervienen como concesionarios y/o permisionarios en la prestación de este servicio público. Y es que en efecto, es del conocimiento público que se han producido no pocos eventos, con consecuencias trágicas por la no atención adecuada de los cilindros. En este sentido, tal y como se consignó en todos los títulos habilitantes de la empresa actora para la prestación del servicio público de distribución y comercialización del gas licuado de petróleo, resulta ejemplarizante el informe CBCR-024109-2013-DGB-00501, del tres de agosto del dos mil trece del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, en el que concluyó que el incremento dramático en el número de accidentes relacionados con la utilización de cilindros de gas licuado de petróleo, el cual señaló que es debido a: "1. Problemas en las válvulas que incluye entre otros el deterioro de empaques. / 2. Daños físicos por deformación y mal acople con el regulador y otras fugas por la válvula cuyo daño no puede ser determinado por el personal que atiende la emergencia. / 3. Daños en el cilindro. / 4. Daños en las mangueras y conectores. / 5. Daños en equipos y sistemas periféricos" -hecho probado 8.)-. Así, entiende esta Cámara de Juzgadores que la exigencia de la consignación de la información requerida por norma técnica centroamericana establecida en la actuación impugnada resulta adecuada, en tanto tiende a garantizar la seguridad del servicio público de suministro y distribución de gas, ya que la información que se exige incorporar al cuello del cilindro (de manera troqueleada) hace posible determinar no sólo la empresa envasadora y distribuidora responsable del bien, sino también de las condiciones reales de cada cilindro, desde su número de serie, que es importante por los reportes que debe tener al efecto cada empresa envasadora y distribuidora -lo que efectiviza el control, se insiste, tanto de parte de la Administración como de la empresa prestataria del servicio-, hasta las características individuales de cada uno de los cilindros. La antigüedad y los datos de la fabricación de los mismos es un elemento sustancial, en razón de las pruebas a las que deben someterse -como se estableció en la cláusula décimo sexta de las resoluciones R-537-2013-MINAE, R-536-2013-MINAE, R-614-2013-MINAE y R-437-2014-MINAE, hecho probado 4.)-, pruebas que son vitales a efecto de verificar la calidad y confiabilidad de los cilindros usados para el envasado y distribución del gas licuado de petróleo. Es importante en esta materia tomar conciencia de la trascendencia de la trazabilidad de los cilindros destinados a la prestación de este servicio público, en tanto atiende precisamente al proceso de evaluación de la conformidad del producto con la normativa técnica centroamericana, con el fin de dar seguimiento al cilindro, desde que ingresa al mercado nacional y hasta que sale del mismo, para ser destruido. En razón de lo anterior, se trata de un aspecto indispensable para garantizar la seguridad en la prestación de este servicio público, y que por la materia de que trata, está ligado a las acciones de control, seguimiento y fiscalización, que es necesario para dar seguridad a los usuarios de este servicio público, y al eventual establecimiento de responsabilidades ante la inadecuada prestación del mismo.

Tercero: En razón de lo dicho en el apágrafe anterior, no entiende la lógica de la lectura que propone la institución demandada en aras de defender la legitimidad y legalidad de la disposición establecida en el Considerado VI. de la resolución RIE-052-2014, por ella adoptada; y que de alguna manera resulta acorde con la tesis esgrimida por la empresa demandante en esta acción. En efecto, no obstante que en los Considerandos anteriores (del I. al V.) de esta actuación, de manera expresa se refirió a los cilindros incorporados al parque de cada una de las empresas autorizadas para la prestación del servicio público de envasado y distribución de gas licuado de petróleo en el mercado nacional con posterioridad a la vigencia del Decreto Ejecutivo número 32921-COMEX-MINAE-MEIC, esto es al treinta de mayo del dos mil seis, no por ello debe de entenderse que la disposición impugnada también lo sea únicamente para aquellos cilindros. Al contrario, por la significación de esta exigencia, en los términos supra explicados, es que no puede entenderse excepcionados de su aplicación aún los que fueron adquiridos por la empresa actora -y en igualdad de condiciones, de las otras empresas autorizadas para brindar este servicio público- con anterioridad a esa data. Y esta consideración, no hace de suyo, ni que la disposición sea oscura, ni contradictoria, ni que se infrinjan los principios de irretroactividad de la normativa y seguridad jurídica como fuera alegado en esta demanda. En efecto, tan claro es el contenido, que fue impugnado -en sede administrativa y ahora jurisdiccional- por la empresa aquí actora en el real sentido que tiene: hay un plazo establecido como fecha límite, para hacer cumplir la exigencia de la información en los cilindros, a todo el parque de las empresas que prestan el servicio público, sin diferenciar la fecha en que fueron incorporados al parque de cada uno de ellos, ni la fecha de su fabricación. En este sentido, ilógico y contrario a las reglas de la ciencia y de la técnica sería excepcionar de esta exigencia a parte de los cilindros que sirven de instrumento para la prestación de este servicio, se repite, dada la significancia que tiene en la seguridad de los usuarios su cumplimiento. Y contrario de lo argüido, con la disposición impugnada y su implementación de parte de la Administración, en la forma señalada, tampoco se afecta ningún derecho adquirido ni tampoco ninguna situación jurídica consolidada, en los términos alegados. En efecto, para explicar lo anterior, debemos partir de la definición de tales conceptos, y para ello acudimos a la dada por el Tribunal Constitucional en su sentencia número 2765-97, las quince horas con tres minutos del veinte de mayo de mil novecientos noventa y siete, que lo hizo en los siguientes término:

"Los conceptos de "derecho adquirido" y "situación jurídica consolidada" aparecen estrechamente relacionados en la doctrina constitucionalista. Es dable afirmar que, en términos generales, el primero denota a aquella circunstancia consumada en la que una cosa –material o inmaterial, trátese de un bien previamente ajeno o de un derecho antes inexistente– ha ingresado en (o incidido sobre) la esfera patrimonial de la persona, de manera que ésta experimenta una ventaja o beneficio constatable. Por su parte, la "situación jurídica consolidada" representa no tanto un plus patrimonial, sino un estado de cosas definido plenamente en cuanto a sus características jurídicas y a sus efectos, aun cuando éstos no se hayan extinguido aún. Lo relevante en cuanto a la situación jurídica consolidada, precisamente, no es que esos efectos todavía perduren o no, sino que –por virtud de mandato legal o de una sentencia que así lo haya declarado– haya surgido ya a la vida jurídica una regla, clara y definida, que conecta a un presupuesto fáctico (hecho condicionante) con una consecuencia dada (efecto condicionado). Desde esta óptica, la situación de la persona viene dada por una proposición lógica del tipo «si..., entonces...»; vale decir: si se ha dado el hecho condicionante, entonces la "situación jurídica consolidada" implica que, necesariamente, deberá darse también el efecto condicionado. En ambos casos (derecho adquirido o situación jurídica consolidada), el ordenamiento protege –tornándola intangible– la situación de quien obtuvo el derecho o disfruta de la situación, por razones de equidad y de certeza jurídica. En este caso, la garantía constitucional de la irretroactividad de la ley se traduce en la certidumbre de que un cambio en el ordenamiento no puede tener la consecuencia de sustraer el bien o el derecho ya adquirido del patrimonio de la persona, o de provocar que si se había dado el presupuesto fáctico con anterioridad a la reforma legal, ya no surja la consecuencia (provechosa, se entiende) que el interesado esperaba de la situación jurídica consolidada. Ahora bien, específicamente en punto a ésta última, se ha entendido también que nadie tiene un "derecho a la inmutabilidad del ordenamiento", es decir, a que las reglas nunca cambien. Por eso, el precepto constitucional no consiste en que, una vez nacida a la vida jurídica, la regla que conecta el hecho con el efecto no pueda ser modificada o incluso suprimida por una norma posterior; lo que significa es que –como se explicó– si se ha producido el supuesto condicionante, una reforma legal que cambie o elimine la regla no podrá tener la virtud de impedir que surja el efecto condicionado que se esperaba bajo el imperio de la norma anterior. Esto es así porque, se dijo, lo relevante es que el estado de cosas de que gozaba la persona ya estaba definido en cuanto a sus elementos y a sus efectos, aunque éstos todavía se estén produciendo o, incluso, no hayan comenzado a producirse. De este modo, a lo que la persona tiene derecho es a la consecuencia, no a la regla." En el caso que nos ocupa, no existe ni un derecho adquirido ni tampoco una situación jurídica consolidada al tenor de los cuales, la empresa Gas Nacional Zeta Sociedad Anónima o cualquier otro prestatario del servicio público que nos interesa en este asunto, pueda legítimamente incumplir la normativa técnica centroamericana , que regula las condiciones para hacer efectiva la trazabilidad de los cilindros destinados al servicio público de envasado y distribución de gas licuado de petróleo, y con ello, poner en riesgo la seguridad de los usuarios del mismo. Es cierto como afirma la actora, que dicha regulación entró a regir a partir del treinta de mayo del dos mil seis, pero no por ello legitimó que todos los cilindros adquiridos por esa empresa con anterioridad a esa data, fuesen avalados para continuar la prestación de este servicio público. No existe una sola norma que así lo disponga; ni tampoco las autoridades administrativas involucradas así lo reconocieron en acto administrativo alguno. Al contrario, se establecieron normas -también técnicas- para calificar aquellos cilindros, a fin de adaptarlos a la nuevas exigencias, haciéndose incluso la determinación de las pruebas a las que deben ser sometidos con ocasión del transcurso de los años, es decir, por el factor de antigüedad, así como los protocolos a seguir para la destrucción de los cilindros que no cumplan aquellas exigencias, como se constata de los títulos habilitantes de la empresa -resoluciones R-537-2013-MINAE, R-536-2013-MINAE, R-614-2013-MINAE y R-437-2014-MINAE, hecho probado 4.)-. Así las cosas, bien puede concluirse que no hay un derecho adquirido, ni una situación jurídica consolidada a poner en riesgo la salud y seguridad de la población en general y de los usuarios en lo particular, que es la consecuencia directa del incumplimiento de la norma técnica centroamericana RTCA: 23.01.29:05, incorporada al ordenamiento jurídico nacional con el Decreto Ejecutivo 32921-COMEX-MINAE-MEIC, a la que replica la Resolución RIE-052-2014 de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Es por lo dicho que entiende este Tribunal que la actora confunde el contenido del principio de irretroactividad de la normativa. Nótese que su aplicación se da con posterioridad a la fecha vigencia de la normativa que regula la materia que nos ocupa; no existiendo normativa que excepcione o modere su aplicación, según se indicó; de manera que no se entiende la lógica de la supuesta infracción al principio comentado -de irretroactividad de la ley-. Se explica, la normativa regulatoria que se implementa con ocasión de la disposición impugnada en este proceso, lo es dentro de la vigencia de esa regulación. Igual suerte debe correr la alegación de la infracción del principio de seguridad jurídica, por cuanto como ya se señaló, la exigencia impugnada está vigente desde el treinta de mayo del dos mil seis, y fue expresa e individualmente comunicada a la actora, cuando se le prorrogó la concesión que la legitima para distribuir y comercializar el gas licuado de petróleo, lo que ocurrió en los años dos mil trece y dos mil catorce; de donde no hay actuación intempestiva o sorpresiva, al contrario, sabía con antelación las condiciones y requerimientos que ahora intenta desconocer.

Cuarto: Igual suerte debe correr el alegato de supuesta irrazonabilidad o desproporcionalidad de la disposición impugnada, que fue centrado en el aspecto temporal de la vinculatoriedad de la misma. Se acusó que cuatro meses para transformar o recalificar el inventario de cilindros adquiridos con anterioridad al treinta de mayo del dos mil seis, hacían que la tarea fuese material y técnicamente imposible de realizar; plazo que cuenta a partir de la promulgación y vigencia de la resolución RIE-052-2014, de la Autoridad Reguladora, lo que ocurrió el veintiséis de agosto de ese año y hasta el primero de enero del dos mil quince, que es la fecha límite establecida en la norma impugnada -hecho probado 5.)-. Pero nuevamente se equivoca aquí la empresa actora. No se trata de regulaciones novedosas las que se le están exigiendo cumplir a las empresas concesionarias y permisionarias del servicio público de distribución del gas licuado de petróleo, entre ellas a la aquí demandante -hechos probados 3.) y 5.)-. Al contrario, no puede la demandante alegar desconocimiento de esta exigencia, que en modo alguno es intempestiva ni sorpresiva, en atención a que dicha regulación está vigente desde mayo del dos mil seis -hechos probados 1.) y 2.)-, lo que curiosamente reconoce la propia demandante; sino que además se le exigió de manera concreta para cada una de las plantas que tiene en el país -en total 4-, cuando se le prorrogó la concesión de este servicio público por cinco años, a partir del once, doce y diecisiete de noviembre del dos mil trece y dos de julio del dos mil catorce -hecho probado 4)-. En efecto esta exigencia está contenida en las condiciones específicas que establecen la forma en que debía prestar el servicio público autorizado; conocimiento al tenor del cual, estaba llamada a tomar las medidas correctivas (administrativas, operativas, económicas y financieras) necesarias para adecuar su actividad conforme a las regulaciones técnicas de la materia. Así, en modo alguno fueron cuatro meses para implementar dicha regulación, sino más de ocho años los que han tenido las empresas prestatarias de este servicio público a fin de adecuarse a lo normado en esta materia, plazo que en modo alguno se estima irrazonable. Por otro lado, llama la atención a estos Juzgadores las alegaciones que se hacen en este extremo de la demanda, y la prueba en la que se intenta sustentar, para acreditar esta supuesta irrazonabilidad y desproporcionalidad de la medida que se impugna; por cuanto del contenido de la norma en modo alguno se ordena a las empresas autorizadas para prestar la actividad a la que refiere, de eliminar todos los cilindros existentes adquiridos con anterioridad a la vigencia de la normativa, sea con anterioridad al treinta de mayo del dos mil seis; sino únicamente aquellos que no cumplen con la normativa vigente; entre los cuales, obviamente estarán comprendidos, tanto los adquiridos con anterioridad a esa fecha como los posteriores. Nótese que el reporte que hace del parque de cilindros de Gas Nacional Zeta Sociedad Anónima únicamente refiere a la cantidad total en relación a la fecha de su adquisición por la empresa, teniendo como punto de partida la vigencia del Decreto Ejecutivo 32921-COMEX-MINAE-MEIC. Sin embargo, no existe un sólo dato o información respecto de cuantos de los cilindros adquiridos con anterioridad a su vigencia -sea, al treinta de mayo del dos mil seis- no cumplen las regulaciones técnicas centroamericanas -hecho no probado 2.)-. De donde se constituye en una argumentación de causa falsa el sostener que, sólo porque la actora tenga en su inventario 809.779 cilindros adquiridos con anterioridad al treinta de mayo del dos mil seis -cantidad obtenida de la resta del total del parque (879.423), los fabricados con posterioridad a esa fecha (69.644), conforme al reporte que hiciera la propia interesada el nueve de enero del dos mil quince a la Autoridad Reguladora, hecho probado 7.)-, todos esos cilindros deben ser eliminados por incumplir los requisitos técnicos de la materia. Ello no sólo no es posible deducirlo, sino que tampoco es probado. Nótese que dentro de las exigencias establecidas a la empresa actora, con ocasión de la prórroga de la concesión a sus plantas en el país, se le exigió una calidad y condiciones particulares de los cilindros, así como el trámite para su revisión, control y evaluación, así como los protocolos para el desecho o eliminación de los que no pasan las pruebas -cláusulas Décimo cuarta, Décimo quinta y Décimo sexta y Décimo sétima, hecho probado 4.)-. Así, no resulta posible concluir la existencia del riesgo empresarial al que se encuentra sometida la empresa, con ocasión de la implementación y aplicación de la disposición en este proceso impugnada. Además cabe advertir que la prueba aportada no se estima pertinente. Tratándose de certificaciones de contadores públicos, no obstante que conforme al ordenamiento jurídico ejercen una múnera pública, al tenor de lo cual, tienen fe pública, en el caso, se repite, lo certificado únicamente refiere al ingreso que representa para la empresa, la utilización de cilindros adquiridos con anterioridad al treinta de mayo del dos mil seis (folios 4 a 6); lo cual hace que no sea útil a los intereses de la actora en este proceso. Por otra parte, no resulta posible darle credibilidad a la declaración del ingeniero químico Nombre22216 (folios 11 a 13), en atención a que carece de respaldo técnico y científico en relación a su contenido; por lo que se coincide con la institución demandada, que se constituyen en meras apreciaciones subjetivas, sin sustento objetivo alguno. Así las cosas, no es posible tener por acreditado en este proceso la afectación o un daño al giro comercial de la empresa actora con ocasión de la vigencia e implementación de la Resolución RIE-052-2014 de la Autoridad Reguladora -hecho no probado 3.)-. Y finalmente, tampoco resulta posible darle la utilidad que pretende la actora a la certificación de "recalificación" que aporta la empresa Cilindros para Gas Sociedad Anónima (CILGAS), que rola a folios 14 a 15, por cuanto lo que hace es únicamente un cálculo matemático del tiempo a durar para calificar la cantidad de cilindros que tiene la actora adquiridos antes del treinta de mayo del dos mil seis, ello suponiendo que todos ellos incumplen aquella regulación técnica, y que en el lapso transcurrido desde su vigencia, no se ha procurado su corrección. Ninguno de esos datos han sido aportados, ni pueden inferirse de la documentación aportada. En este sentido, se estima que cualquier efecto negativo que la implementación de la disposición impugnada sería culpa atinente únicamente a la actora, en tanto ha tenido tiempo suficiente para solventar la adecuación de su negocio a las regulaciones adoptadas por el Estado Costarricense; se repite más de ocho años desde su vigencia, eso teniendo como basamento los plazos establecidos en la citada certificación, de once años dos meses (ciento treinta y cuatro meses), para un turno diaria, en jornada de las siete horas a las diecisiete horas, de lunes a viernes, para un total de ochocientos mil cilindros; o de cinco años siete meses (sesenta y siete meses) en dos turnos de las seis horas a las catorce horas y de las catorce horas a las veintidós horas, para un total de ochocientos mil cilindros. Conviene recordar que, como lo ha señalado la propia jurisprudencia constitucional -así por ejemplo, en las sentencias número 2000-2858, de las quince horas cincuenta y cuatro minutos del veintinueve de marzo del dos mil y 2001-732, de las doce horas veinticuatro minutos del veintiséis de enero del dos mil uno-, y se infiere de lo dispuesto en el numeral 317 del Código Procesal Civil, le corresponde la carga de la prueba, esto es la acreditación de la infracción de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, a quien haga esa alegación; salvo que se trate de una irrazonabilidad evidente y manifiesta, lo que no se da en este caso.

Quinto: Finalmente, cabría concluir que, al no haberse acreditado la actora la afectación al giro comercial de su empresa con ocasión de la vigencia e implementación de la resolución RIE-052-2014, de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos -hecho no probado 3.)-, ello conllevaría a desestimar el alegado quebranto del contenido de la libertad de empresa, contenido en el artículo 46 de la Constitución Política. Pero se estima necesario agregar -en mayor abundamiento- que, dicha libertad pública, en los términos en que está concebida en nuestro país, no es ni nunca ha sido irrestricta, en tanto siempre ha estado sujeto a las regulaciones y condicionamientos que el ordenamiento jurídico establece. Adicionalmente, a partir de la reforma operada mediante la Ley número 7607, de veintinueve de mayo de mil novecientos noventa y seis, por la cual se le introdujo el párrafo final al artículo 46 de la Constitución Política, se incorporan una serie de garantías y derechos efectivos para los consumidores, según lo dispone expresamente la norma, en tanto dispone textualmente:

"Los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses económicos; a recibir información adecuada y veraz; la libertad de elección, y a un trato equitativo. El Estado apoyará los organismos que ellos constituyan para la defensa de sus derechos. La ley regulará esas materias." Al tenor de lo anterior, se constituye en obligación para el Estado, el contemplar y desarrollar las medidas que hagan efectivos tales derechos, correspondiéndole en el caso concreto, a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, tratándose de la implementación y regulación de los servicios públicos, competencia que le ha otorgado la ley -artículos 4, 5, 6 y 28 de la citada Ley 7593-. De manera, que el contenido de la libertad empresarial también entraña la protección de la seguridad, la salud y el medio ambiente, y correlativamente tales contenidos se configuran en verdaderos derechos fundamentales para el consumidor y el usuario, la demanda de acciones positivas por parte de la Administración, a fin de garantizar la salud y el ambiente con ocasión de actividades de los agentes económicos en medio del mercado. La jurisprudencia de la Sala Constitucional ha sido abundante y reiterada en el sentido indicado, así por ejemplo:

"... como lo ha expresado esta Sala en reiteradas ocasiones, la libertad empresarial no es absoluta ni ilimitada, y tal garantía debe someterse a las regulaciones legales que necesariamente deben cumplirse previamente, máxime cuando, como en el presente caso, existe normativa al respecto -precisamente la que está siendo impugnada en esta acción de inconstitucionalidad- ..., ya que cualquier persona puede desarrollar su comercio libremente, siempre y cuando reúna los requisitos previamente establecidos por ley, y lo haga cumpliendo con las exigencias establecidas para el comercio de que se trate (ver entre otras en este sentido, la resolución número 1042-90, de las quince horas veinticinco minutos, del treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y resolución número 611-91, de las catorce horas cinco minutos del veintidós de marzo de mil novecientos noventa y uno.) Este criterio fue sustentado de antemano por la Corte Plena, que en sesión ordinaria de nueve de julio de mil novecientos setenta y nueve al conocer del veto del proyecto legislativo número 5098 consideró:

«La libertad de comercio que existe como garantía constitucional, es el derecho que cualquier persona tiene de escoger, sin más restricciones, la actividad comercial legalmente permitida que más convenga a sus interrese. Pero ya en ejercicio de esa actividad, la persona debe someterse a las regulaciones que la ley establece, como sería la fijación de precios al consumidor, la de pagar determinados salarios a los trabajadores y eventualmente la limitación de ganancias que se estime conveniente. De modo que el ejercicio del comercio no conlleva el derecho a una libertad irrestricta, máxime cuando, como en el caso, se está en presencia de una regulación que se considera de interés general.»” (Sentencia número 143-93, de las dieciséis horas del once de enero de mil novecientos noventa y cuatro. El resaltado es del original.)

"[...] el artículo 46 constitucional no establece una garantía individual y absoluta a favor del empresario; sino que tiene sus límites definidos por la actividad que el Estado despliega en beneficio de la generalidad de sus ciudadanos." (Sentencia número 0550-95, de las dieciséis treinta y tres minutos del treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y cinco. El resaltado es del original.)

"Por ello es que la doctrina justifica la corrección de las "externalidades" cuando el comportamiento del agente económico afecta, o puede afectar directamente el bienestar –salud, seguridad y/o ambiente- de los otros agentes en el mercado; lo cual puede suceder con el manejo de sustancias, materiales o productos tóxicos o peligrosos. Normalmente, los agentes económicos buscan producir sus bienes y servicios a costos más bajos, de ahí que en sus metas por reducirlos, e implementar la eficiencia de su actividad productiva, en ocasiones se muestren proclives a la afectación del ambiente. Esto genera la obligación del Estado, dentro de los límites de su función social, de procurar su defensa, mediante los mecanismos que el legislador implemente; so pena de incurrirse en una inactividad material administrativa, violatoria de la libertad de empresa. Así, una interpretación integral del Derecho de la Constitución, lleva a integrar el contenido del artículo 46 con el 50 constitucional, de manera que el ejercicio de la libertad de comercio por parte del agente económico, no atente contra el derecho a un ambiente sano, y ecológicamente equilibrado, en los términos señalados con anterioridad en la jurisprudencia constitucional –entre otras, ver sentencia número 3705-93-, ni la seguridad ciudadana –sentencia número 2776-97- y en consecuencia, de los derechos de los usuarios. En este sentido, debe considerarse que la regulación y normativa en materia de salud es de orden público, es decir, aquella en la que el Estado interviene a fin de asegurar en la sociedad su organización, moral, política, social y económica." (Sentencia número 2003-2864, de las quince horas veintinueve minutos del nueve de abril del dos mil tres.)

(En igual sentido, y del indicado alto Tribunal Constitucional, pueden consultarse, entre otras, las resoluciones número 1042-90, de las quince horas veinticinco minutos, del treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa; número 0611-91, de las catorce horas cinco minutos del veintidós de marzo de mil novecientos noventa y uno; número 1029-96, de las dieciséis horas treinta y nueve minutos del veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y seis; número en sentencia número 2776-97, de las quince horas treinta y seis minutos del veinte de mayo de mil novecientos noventa y siete; número 6066-98, de las dieciséis horas treinta minutos del veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y ocho; número 7973-98, de las quince horas dieciocho minutos del once de noviembre de mil novecientos noventa y ocho; número 1734-99, de las dieciséis horas del nueve de marzo de mil novecientos noventa y nueve.) Consecuentemente, también en relación con este extremo debe de desestimarse la acción, siendo que la disposición impugnada no es desproporcionada ni irrazonable, como fue alegado; al contrario se constituye en un instrumento que pretende coadyuvar a la seguridad y salud de los usuarios del servicio público de suministro y distribución de gas licuado de petróleo.

XI.- DE LOS PRESUPUESTOS DE FONDO DE LA DEMANDA.- Al contestar la demanda, la representación de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos opuso las defensas de fondo de falta de legitimación pasiva y de falta de derecho. Debe recordarse que conforme a la doctrina procesal y la jurisprudencia contenciosa (en este sentido, puede consultarse la sentencia de casación 34-1961, de las diez horas veinte minutos del veintidós de marzo de mil novecientos sesenta y uno), se reconocen como presupuestos sustanciales para el dictado de toda sentencia, los relativos a la legitimación de las partes intervinientes, el interés en la resolución del conflicto y el derecho; los cuales son revisables aún de oficio por todo juzgador si no fueren formuladas por los demandados en un proceso jurisdiccional y en ese orden riguroso. En cuanto al primer elemento -de la legitimación-, no fue explicado el razonamiento en que se sustenta la formulación de su defensa. Sin embargo cabe razonarse que resulta evidente que la sociedad actora -Gas Nacional Zeta Sociedad Anónima- se encuentra debidamente legitimada para accionar en esta vía, con ocasión de la conducta administrativa desplegada por la Administración que le atañe, propiamente con ocasión de la promulgación de una disposición técnica regulatoria, a saber la resolución RIE-052-2014, de las catorce horas veintiséis minutos del veintiuno de agosto del dos mil catorce, publicada en el Diario Oficial La Gaceta número 163, del veintiséis de ese mismo mes y año; que la actora estima lesiva a sus intereses; y con ello se cumple el presupuesto establecido en el numeral 10 inciso a) del Código Procesal Contencioso Administrativo. Consecuentemente, es que se estima que existe también legitimación ad causam pasiva respecto de la institución autónoma demandada por cuanto es la autora de la conducta administrativa objeto de este proceso, lo que resulta conforme con lo dispuesto en el inciso 1) del numeral 12. Cabe señalarse que, en relación con el segundo presupuesto de fondo, es incuestionable que el tema en discusión reviste interés actual para las partes intervinientes en razón de las pretensiones que se formulan en demanda, no existiendo ni arreglo conciliatorio ni tampoco gestión de desistimiento de la acción. Y por último, es con fundamento en las consideraciones dadas en esta decisión, que se determina la improcedencia de toda la demanda formulada en todos sus extremos, de manera que debe acogerse en tal sentido la defensa de falta de derecho opuesta por la entidad accionada.

XII.- DE LAS COSTAS.- De conformidad con el numeral 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas procesales y personales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo. La dispensa de esta condena solo es viable cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. En la especie, no encuentra este órgano colegiado motivo para aplicar las excepciones que fija la normativa aplicable y quebrar el postulado de condena al vencido, de manera que se condena a la sociedad actora al pago de las costas derivadas de este proceso, sea las personales y las procesales de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, relegándose a la etapa de ejecución lo relativo a la determinación de las sumas correspondientes.

POR TANTO:

Se rechaza la defensa de falta de legitimación ad causam pasiva y se acoge la defensa de falta de derecho. En consecuencia, se declara SIN LUGAR en todos los extremos la demanda interpuesta por Nombre136779 contra la AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. Se condena a la sociedad actora al pago de las costas procesales y personales derivadas de esta acción, que se liquidarán en la fase de ejecución de sentencia, una vez firme este pronunciamiento.

Silvia Consuelo Fernández Brenes Nombre136069 Nombre136022 Proceso ordinario contencioso administrativo de fallo directo (art. 69 del CPCA) Gas Nacional Zeta Sociedad Anónima contra la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

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Implementing decreesDecretos que afectan

    TopicsTemas

    • Off-topic (non-environmental)Fuera de tema (no ambiental)

    Concept anchorsAnclajes conceptuales

    • Ley 7593 Art. 25
    • Constitución Política Art. 46
    • Ley 7593 Arts. 4, 5, 6
    • Ley 8660 Art. 41
    • Decreto Ejecutivo 32921-COMEX-MINAE-MEIC RTCA 23.01.29:05

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