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Res. 00637-2014 Tribunal Contencioso Administrativo Sección III · Tribunal Contencioso Administrativo Sección III · 18/12/2014
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Tribunal Contencioso Administrativo, Tribunal Contencioso Administrativo, Central 2545-00-03 Fax 2545-00-33 Correo Electrónico ...01 _______________________________________________________________________ ASUNTO: APELACIÓN MUNICIPAL RECURRENTE: EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA, S.A. RECURRIDA: MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO No. 637-2014 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA, ANEXO A DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. Goicoechea, a las quince horas veintidós minutos del dieciochode diciembre del dos mil catorce.- Recurso de apelación interpuesto por la empresa EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA, S.A. cédula jurídica número CED2952, representada por Nombre70790 , cédula de identidad número CED80559, en su condición de Gerente General con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma (folio 145 del expediente) ; contra el oficio número A.M.Nº 160-14 del catorce de marzo del dos mil catorce, dictado por el ALCALDE MUNICIPAL DE MONTES DE ORO.
Redacta la jueza Álvarez Molina, con el voto afirmativo de la jueza Carmona Castro y el juez Leiva Poveda; y,
CONSIDERANDO:
Io.- HECHOS PROBADOS. Se tienen como debidamente acreditados los siguientes hechos que resultan relevantes para este proceso:
IIo.- HECHOS NO DEMOSTRADOS. De relevancia para el presente procedimiento, se tienen por no acreditados, los siguientes hechos de importancia:
IIIo.- OBJETO DEL RECURSO. El representante de la empresa apelante indica que la resolución impugnada resulta contraria a derecho, por las siguientes razones: i) Alega que “... es falso que la viabilidad ambiental no se encuentre vigente tal y como se indica en la resolución (... ) Cuando la viabilidad ambiental no estaba firme en sede administrativa, argumentó su ineficacia; y ahora que está firme, argumenta la pérdida de vigencia con una serie de consideraciones que no resisten el menor análisis...” ; ii) En cuanto a los motivos de oportunidad y conveniencia, indica que “... el otorgamiento de un permiso de construcción es un acto reglado, no es un acto discrecional en el que se puedan considerar aspectos de oportunidad y conveniencia, y mucho menos si esas razones, como en este caso, son arbitrarias y se apartan de lo ordenado por un Tribunal de la República...” , en resolución número 251-2012 de las catorce horas treinta minutos del veintidós de junio del dos mil doce, mediante la cual, se anuló el acuerdo en que el Concejo Municipal de Montes de Oro, decidió no conferir más permisos de construcción para rellenos sanitarios en el Cantón.
Sostiene que el fundamento “...que pretende encontrar el Alcalde en su Oficio Nº 348-08 del 21 de julio del 2008, no resiste el menor análisis jurídico, y más bien evidencia el desvío de poder de la Alcaldía. La circunstancia de que en ese oficio el señor Alcalde haya indicado que en el Cantón no se permitirá la construcción de otro relleno sanitario, resulta irrelevante y no tiene eficacia alguna, en relación con la solicitud de permiso formulada por mi representada. Ello es así porque ( ...) las reglas de zonificación solo pueden variarse por el procedimiento legalmente establecido, y la competencia para dictar disposiciones de carácter general - reglamentarias- en el ámbito Municipal, corresponde al Concejo Municipal no al Alcalde ...” ; iii) Respecto a la sostenibilidad del proyecto, considera que “... las manifestaciones incluidas en la resolución que se impugna, en relación con la sostenibilidad del proyecto son meramente subjetivas, carecen de sustento técnico y lindan el campo de la ocurrencia (...) El instrumento de Evaluación Ambiental presentado fue revisado y aprobado de conformidad con la regulación vigente, otorgándose la respectiva viabilidad ambiental.
Con esto se ratifica la viabilidad y sostenibilidad ambiental del proyecto (...) no hay ninguna limitante en la legislación o reglamentación vigente que condicione un permiso de construcción a una sostenibilidad técnica, administrativa y financiera ...”; iv) En relación al alineamiento dado por el MOPT, indica que “... fue presentado en su oportunidad y esta es la tercera vez que se presenta (...) Como bien se sabe, el alineamiento del MOPT lo que busca es fijar es la línea de construcción con el objeto de que se respete las zonas de protección vial independientemente del proyecto que se desarrolle. Lo que se busca es resguardar la zona de protección vial para garantizar las futuras ampliaciones viales de la ruta nacional 1 ...”; v) Sobre el abastecimiento de agua para el proyecto, alega que “... lo indicado por la Municipalidad constituye un hecho falso (...) la municipalidad nos solicitó que debíamos justificar que el AYA nos daría la cantidad de agua que requeríamos para la construcción y operación del proyecto.
Para satisfacer el requisito el AYA mediante oficio RPC- 2013-116 de fecha 19 de julio del 2013, suscrito por el Director Regional de la Región Pacífico Central del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados fue claro en indicar que nos suministraría la cantidad de agua necesaria para la construcción y operación del proyecto ( ...) Obsérvese que el AYA puede vendernos hasta 56 metros cúbicos por día los cuales satisface la demanda de agua potable tanto para las labores constructivas como operativas del proyecto (...) Nuestra empresa aportó la información en su momento con relación al agua potable, por lo que es falso que no la hubiéramos aportado ...” ; vi) En cuanto al visto bueno de Nombre2449 y aplicación de la “Matriz de Criterios de Uso de Suelo según la Vulnerabilidad a la Contaminación de Acuíferos para la Protección del Recurso Hídrico” , estima que “... la exigencia que se formula carece de fundamentación legal, y resulta antojadiza y arbitraria .
La viabilidad ambiental del proyecto se otorgó en el año 2009 y el nuevo requisito de contar con el visto bueno de Nombre2449 se dio hasta el año 2013; razón por la cual no procede en este caso particular ...”; vii) Respecto a no haber adjuntado el permiso de la Dirección de Aguas del MINAE para la edificación de dos puentes, indica que “... mi representada optó, para evitar más atrasos en la tramitación de este expediente por prescindir de la construcción de estos puentes y solicitar el permiso de construcción respectivo sin incluir dichos puentes ...” ; viii) Con relación al tanque de almacenamiento de combustible, señala que en el “... Estudio de Impacto Ambiental del proyecto se indicó claramente los aspectos relacionados con la estación de consumo de combustible, concretamente en las páginas 145, 146 y 147 se detalla la forma y la infraestructura de la zona de almacenamiento de combustible destinada para el autoconsumo de la maquinaria.
La información se presentó, se evaluó y se aprobó en su momento. Como resultado de esto se otorgó la viabilidad ambiental del proyecto como un todo integral ...”; ix) Sobre el oficio número 348-08, sostiene que “... podría pensarse que ese tema está precluído, pero por lo resuelto por ese Tribunal en resolución Nº 251-2012 de las catorce horas treinta minutos del veintidós de junio del dos mil doce, (...) le enmendó la plana a la Municipalidad de Montes de Oro ( ...) Un oficio donde el señor Alcalde manifiesta su deseo de no otorgar permisos para más de un relleno sanitario, carece de eficacia en relación con las solicitudes que se presenten, las cuales deben examinarse a la luz de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables...” .
IVo.- SOBRE LA ALEGADA FALTA DE VIGENCIA DE LA VIABILIDAD AMBIENTAL OTORGADA A LA EMPRESA RECURRENTE. De conformidad con los artículos 31 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos (Ley 8839) y 2 del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación e Impacto Ambiental (Decreto Ejecutivo 31849, vigente al momento en que se otorgó la viabilidad ambiental a la empresa EBI), todas las actividades, las obras o los proyectos nuevos que procesen, almacenen, recuperen, traten, eliminen y dispongan residuos ordinarios y peligrosos, deberán cumplir el trámite de evaluación de impacto ambiental, previo a la obtención de los permisos o las licencias de construcción u operación. En ese sentido, por su naturaleza y finalidad, el trámite de la Evaluación de Impacto Ambiental, debe haberse completado y aprobado de previo al inicio de actividades del proyecto, obra o actividad. Esto es particularmente relevante cuando se trate de la aprobación de anteproyectos, proyectos y segregaciones con fines urbanísticos o industriales, trámites pertinentes al uso del suelo, permisos constructivos y aprovechamientos de recursos naturales.
Por su parte, y de acuerdo a lo dispuesto en el inciso 1) del numeral 46 del Decreto Ejecutivo 31849 (vigente al momento en que se otorgó la viabilidad ambiental a la empresa EBI), la viabilidad o licencia ambiental, una vez otorgada, tendrá una validez máxima de dos años de previo al inicio de actividades de la actividad, obra o proyecto. En caso de que, en ese plazo, no se inicien las actividades, el desarrollador deberá requerir, de previo al vencimiento, una prórroga de su vigencia ante la Nombre3456, conforme con el procedimiento que se establecerá en el Manual de EIA, que a su vez remite a lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley General de la Administración Pública. Cabe destacar que contra las resoluciones que denieguen u otorguen una viabilidad ambiental, “... cabrán los recursos que dispone la Ley General de la Administración Pública, los cuales se tramitarán con apego a ese Cuerpo de Leyes...” (artículo 45 párrafo último del Decreto Ejecutivo 31849, vigente al momento en que se otorgó la viabilidad ambiental a la empresa EBI).
A partir de lo anterior, este Tribunal considera que lleva razón el Alcalde Municipal de Montes de Oro, al afirmar que al momento en que la empresa recurrente solicita por segunda ocasión el permiso de construcción (diecisiete de enero y cuatro de febrero del dos mil catorce), había expirado el plazo máximo de dos años de la viabilidad ambiental, contados a partir de que fue otorgada. Ello por cuanto: i) La viabilidad ambiental se otorgó a la recurrente por parte de la SETENA, el dieciséis de diciembre del dos mil nueve, por lo que, a partir de esa fecha, el plazo máximo de vigencia de dos años previsto en el inciso 1) del artículo 46 del Decreto Ejecutivo 31849 (vigente al momento en que se otorgó la viabilidad ambiental a la empresa EBI), vencía el dieciséis de diciembre del dos mil once. En este punto, es necesario resaltar que en el apartado décimo de la parte dispositiva de la resolución 2966-2009-SETENA, se establece que “...
La vigencia de esta viabilidad será por un período de DOS AÑOS para el inicio de las obras. En caso de no iniciarse las obras en el tiempo establecido, se procederá a aplicar lo establecido en la legislación vigente ...” (folios 101 a 106 del expediente; el resaltado no es del original) ; ii) Si bien es cierto, el seis y el siete de enero del dos mil diez, se plantearon recursos de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución número 2966-2009-SETENA de las ocho horas cuarenta minutos de dieciséis de diciembre del dos mil nueve, mediante la cual, se otorgó a la empresa apelante la viabilidad ambiental; también lo es, que se tiene por no acreditado que la Nombre3456 o el Ministro de Ambiente y Energía, hayan ordenado la aplicación de una medida cautelar de suspensión de la viabilidad ambiental, mientras se tramitaban y resolvían los recursos de revocatoria y apelación en subsidio interpuestos en su contra (no se desprende de los documentos visibles de folio 80 a 92, 107 a 110 del expediente).
Ello adquiere relevancia, porque de conformidad con lo dispuesto en el párrafo último del numeral 45 del Decreto Ejecutivo 31849 (vigente al momento en que se otorgó la viabilidad ambiental a la empresa EBI), la tramitación de los recursos de revocatoria con apelación en subsidio que se interpongan contra el pronunciamiento que deniegue u otorgue una viabilidad ambiental, se realizará conforme a lo dispuesto en la Ley General de la Administración Pública, la cual, en el numeral 148 establece que los recursos administrativos no tendrán efecto suspensivo de la ejecución, pero el servidor que dictó el acto, su superior jerárquico o la autoridad que decide el recurso, podrán suspender la ejecución cuando la misma pueda causar perjuicios graves o de imposible o difícil reparación, lo cual, no sucedió en este caso ; iii) Ahora bien, sin perjuicio de la eventual responsabilidad administrativa que podría generarle a la Municipalidad de Montes de Oro, el que mediante oficio número D.I.M. / Nº 489-2013 del diecinueve de agosto del dos mil trece, rechazara la solicitud de permiso de construcción número Placa17956 planteada en el año dos mil trece por la empresa apelante, bajo el argumento de que “... éste (sic) Gobierno Local, no puede jugarse el chance de conceder un permiso de construcción, sin tener resuelto los recursos y en firme la resolución de Nombre3456 ya indicada, por ser un asunto de índole ambiental , en dónde prevalecen los derechos de la colectividad, antes que los derechos particulares...” (folio 63 del expediente), motivo que resulta contrario a lo dispuesto en los numerales 148 de la Ley General de la Administración Pública y 45 párrafo último y 46 del Decreto Ejecutivo 31849 (vigente al momento en que se otorgó la viabilidad ambiental a la empresa EBI); lo cierto es, que este Tribunal tiene por no demostrado, que la empresa apelante impugnara en tiempo y en forma, el oficio D.I.M.
Nº 489-2013 del diecinueve de agosto del dos mil trece (aparte b del considerando II de esta resolución) y en ese sentido, la recurrente no puede alegar ignorancia de la ley (numeral 129 párrafo 2º de la Constitución Política), no sólo porque las normas legales y reglamentarias antes citadas no lo autorizan, sino también, porque la apelante tenía pleno conocimiento del plazo de vencimiento de la viabilidad ambiental, pues en el apartado décimo de la parte dispositiva de la resolución 2966-2009-SETENA en que se otorga la viabilidad ambiental, se establece que “... La vigencia de esta viabilidad será por un período de DOS AÑOS para el inicio de las obras. En caso de no iniciarse las obras en el tiempo establecido, se procederá a aplicar lo establecido en la legislación vigente ...” (folios 101 a 106 del expediente; el resaltado no es del original); iv) Aunado a lo anterior, tampoco se tiene por acreditado que la empresa recurrente hubiese gestionado en tiempo y en forma ante la SETENA, la prórroga de la viabilidad ambiental número 2966-2009-SETENA, otorgada para el Proyecto denominado “ Parque de Tecnología Ambiental Galagarza” , en los términos indicados por el artículo 46 del Decreto Ejecutivo número 31849 (aparte a del considerado II de esta resolución), prórroga que en todo caso, de haberse solicitado y otorgado oportunamente, sólo hubiera tenido el efecto de extender el plazo de vigencia de la viabilidad ambiental por un año más (numeral 258 inciso 1) de la Ley General de la Administración Pública).
En ese supuesto, la vigencia de la viabilidad ambiental se hubiera extendido -en principio- hasta el año 2012, ya que el plazo original de dos años vencía el dieciséis de diciembre del 2011, razón por la cual, aún y cuando se le hubiera concedido la prórroga por la mitad del plazo originalmente otorgado, la viabilidad ambiental no hubiera estado vigente para la fecha en que la recurrente solicitó por primera vez (año 2013) el permiso de construcción ante la Municipalidad de Montes de Oro; v) Por todo lo expuesto, este Tribunal considera que la viabilidad ambiental otorgada a la empresa EBI, no se encuentra vigente desde el dieciséis de diciembre del dos mil once, y por ende, la denegatoria de la solicitud del permiso de construcción impugnada en este recurso, no resulta contraria a derecho en ese aspecto esencial. En virtud de que la existencia y vigencia de la viabilidad ambiental, constituye un requisito sine qua non para la obtención de los permisos o las licencias de construcción u operación (artículos 31 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos (Ley 8839) y 2 del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación e Impacto Ambiental) , este Tribunal omite pronunciamiento sobre los agravios restantes planteados por la empresa apelante, dado que al no estar vigente el requisito esencial de la viabilidad ambiental, no tendría ninguna incidencia en el resultado final de este recurso, analizar los demás motivos en que se sustentó la denegatoria del permiso de construcción.
En consecuencia y por las razones dadas, se declara sin lugar el recurso interpuesto y da por agotada la vía administrativa.- Vo.- Sin perjuicio de lo analizado en el considerando anterior, este Tribunal considera necesario hacer las precisiones que de seguido se exponen. En primera instancia, cabe aclarar al Alcalde Municipal de Montes de Oro, que el oficio número 348-08 del treinta y uno de julio del dos mil ocho (folios 172 y 173 del expediente), constituye un acto de trámite, dirigido a la Secretaría General de la Nombre3456 y en el que manifiesta una posición no sustentada en criterios técnicos o en normas legales vigentes, respecto a que “... el principal motivo de la presente nota, es dejar patente mi decisión, como Autoridad Local, en el sentido que nuestro cantón no está dispuesto a permitir la construcción de dos nuevos rellenos sanitarios en Montes de Oro...” . Aunado a lo anterior, dicho acto de trámite no es oponible en perjuicio de la empresa recurrente, porque en virtud de su misma naturaleza no fue comunicado a terceros.
En consecuencia, sostener que “...La probabilidad de que en Montes de Oro, existan dos rellenos sanitarios, fue debidamente desarrollada y fundamentada mediante el oficio Nº 348-08, del 31 de julio del 2008, emitido por el suscrito y dirigido justamente al Expediente 1375-07 del proyecto que hoy es objeto de análisis , por lo que al encontrarse en firme esta disposición, para este despacho este es un tema ya precluído ...”, resulta manifiestamente improcedente. Asimismo, cabe aclarar al Alcalde Municipal de Montes de Oro, que de conformidad con lo dispuesto en el inciso p) del numeral 13 del Código Municipal, el órgano competente para dictar las medidas de ordenamiento urbano -como en este caso-, es el Concejo Municipal y no la Alcaldía , por lo que, intervenir en asuntos y funciones que competen al Concejo Municipal, está prohibido de acuerdo al inciso c) del artículo 31 del Código Municipal.
Por último y derivado de lo anteriormente expuesto, es menester reiterar lo considerado por este Tribunal en resolución número 251-2012 de las catorce horas treinta minutos del veintidós de junio del dos mil doce, en el sentido de que el otorgamiento o no de un permiso de construcción, constituye materia reglada y por ende, no sujeta al ejercicio de potestades con contenido discrecional.
VIo.- En segundo lugar, si bien es cierto, resulta loable que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en aras de velar por la preservación de los mantos acuíferos de todo el territorio nacional, haya ordenado a todas las Municipalidades del país mediante sentencia número 2012-008892, la aplicación obligatoria de la “Matriz de criterios de uso del suelo según la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos para la protección del recurso hídrico en el cantón Poás", “...en todos los cantones o zonas en donde se cuente con mapas de vulnerabilidad aprobados o confeccionados por el Nombre2449 y, en todo caso, debe servir de guía y orientación técnica para la elaboración de las políticas sobre el uso del suelo , mientras tales cantones o zonas no cuenten con una matriz propia elaborada por el Nombre2449 con la participación de las otras instituciones que elaboraron la matriz, y que garantice el mismo o un nivel más elevado de protección del recurso hídrico ...”; también lo es, que sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7 inciso
POR TANTO.
Por las razones dadas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra el oficio número A.M.Nº 160-14 del catorce de marzo del dos mil catorce, dictado por el Alcalde Municipal de Montes de Oro y se da por agotada la vía administrativa. Tomen nota tanto el Concejo como el Alcalde Municipal, de lo indicado en los considerandos V y VI de esta resolución.- Marianella Álvarez Molina Jorge Leiva Poveda Siria Carmona Castro ASUNTO: APELACIÓN MUNICIPAL RECURRENTE: EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA, S.A.
RECURRIDA: MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
Tribunal Contencioso Administrativo, Tribunal Contencioso Administrativo, Central 2545-00-03 Fax 2545-00-33 Correo Electrónico ...01 _______________________________________________________________________ ASUNTO: APELACIÓN MUNICIPAL RECURRENTE: EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA, S.A. RECURRIDA: MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO No. 637-2014 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA, ANEXO A DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. Goicoechea, a las quince horas veintidós minutos del dieciochode diciembre del dos mil catorce.- Recurso de apelación interpuesto por la empresa EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA, S.A. cédula jurídica número CED2952, representada por Nombre70790 , cédula de identidad número CED80559, en su condición de Gerente General con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma (folio 145 del expediente) ; contra el oficio número A.M.Nº 160-14 del catorce de marzo del dos mil catorce, dictado por el ALCALDE MUNICIPAL DE MONTES DE ORO.
Redacta la jueza Álvarez Molina, con el voto afirmativo de la jueza Carmona Castro y el juez Leiva Poveda; y,
CONSIDERANDO:
Io.- HECHOS PROBADOS. Se tienen como debidamente acreditados los siguientes hechos que resultan relevantes para este proceso:
IIo.- HECHOS NO DEMOSTRADOS. De relevancia para el presente procedimiento, se tienen por no acreditados, los siguientes hechos de importancia:
IIIo.- OBJETO DEL RECURSO. El representante de la empresa apelante indica que la resolución impugnada resulta contraria a derecho, por las siguientes razones: i) Alega que “... es falso que la viabilidad ambiental no se encuentre vigente tal y como se indica en la resolución (... ) Cuando la viabilidad ambiental no estaba firme en sede administrativa, argumentó su ineficacia; y ahora que está firme, argumenta la pérdida de vigencia con una serie de consideraciones que no resisten el menor análisis...” ; ii) En cuanto a los motivos de oportunidad y conveniencia, indica que “... el otorgamiento de un permiso de construcción es un acto reglado, no es un acto discrecional en el que se puedan considerar aspectos de oportunidad y conveniencia, y mucho menos si esas razones, como en este caso, son arbitrarias y se apartan de lo ordenado por un Tribunal de la República...” , en resolución número 251-2012 de las catorce horas treinta minutos del veintidós de junio del dos mil doce, mediante la cual, se anuló el acuerdo en que el Concejo Municipal de Montes de Oro, decidió no conferir más permisos de construcción para rellenos sanitarios en el Cantón.
Sostiene que el fundamento “...que pretende encontrar el Alcalde en su Oficio Nº 348-08 del 21 de julio del 2008, no resiste el menor análisis jurídico, y más bien evidencia el desvío de poder de la Alcaldía. La circunstancia de que en ese oficio el señor Alcalde haya indicado que en el Cantón no se permitirá la construcción de otro relleno sanitario, resulta irrelevante y no tiene eficacia alguna, en relación con la solicitud de permiso formulada por mi representada. Ello es así porque ( ...) las reglas de zonificación solo pueden variarse por el procedimiento legalmente establecido, y la competencia para dictar disposiciones de carácter general - reglamentarias- en el ámbito Municipal, corresponde al Concejo Municipal no al Alcalde ...” ; iii) Respecto a la sostenibilidad del proyecto, considera que “... las manifestaciones incluidas en la resolución que se impugna, en relación con la sostenibilidad del proyecto son meramente subjetivas, carecen de sustento técnico y lindan el campo de la ocurrencia (...) El instrumento de Evaluación Ambiental presentado fue revisado y aprobado de conformidad con la regulación vigente, otorgándose la respectiva viabilidad ambiental.
Con esto se ratifica la viabilidad y sostenibilidad ambiental del proyecto (...) no hay ninguna limitante en la legislación o reglamentación vigente que condicione un permiso de construcción a una sostenibilidad técnica, administrativa y financiera ...”; iv) En relación al alineamiento dado por el MOPT, indica que “... fue presentado en su oportunidad y esta es la tercera vez que se presenta (...) Como bien se sabe, el alineamiento del MOPT lo que busca es fijar es la línea de construcción con el objeto de que se respete las zonas de protección vial independientemente del proyecto que se desarrolle. Lo que se busca es resguardar la zona de protección vial para garantizar las futuras ampliaciones viales de la ruta nacional 1 ...”; v) Sobre el abastecimiento de agua para el proyecto, alega que “... lo indicado por la Municipalidad constituye un hecho falso (...) la municipalidad nos solicitó que debíamos justificar que el AYA nos daría la cantidad de agua que requeríamos para la construcción y operación del proyecto.
Para satisfacer el requisito el AYA mediante oficio RPC- 2013-116 de fecha 19 de julio del 2013, suscrito por el Director Regional de la Región Pacífico Central del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados fue claro en indicar que nos suministraría la cantidad de agua necesaria para la construcción y operación del proyecto ( ...) Obsérvese que el AYA puede vendernos hasta 56 metros cúbicos por día los cuales satisface la demanda de agua potable tanto para las labores constructivas como operativas del proyecto (...) Nuestra empresa aportó la información en su momento con relación al agua potable, por lo que es falso que no la hubiéramos aportado ...” ; vi) En cuanto al visto bueno de Nombre2449 y aplicación de la “Matriz de Criterios de Uso de Suelo según la Vulnerabilidad a la Contaminación de Acuíferos para la Protección del Recurso Hídrico” , estima que “... la exigencia que se formula carece de fundamentación legal, y resulta antojadiza y arbitraria .
La viabilidad ambiental del proyecto se otorgó en el año 2009 y el nuevo requisito de contar con el visto bueno de Nombre2449 se dio hasta el año 2013; razón por la cual no procede en este caso particular ...”; vii) Respecto a no haber adjuntado el permiso de la Dirección de Aguas del MINAE para la edificación de dos puentes, indica que “... mi representada optó, para evitar más atrasos en la tramitación de este expediente por prescindir de la construcción de estos puentes y solicitar el permiso de construcción respectivo sin incluir dichos puentes ...” ; viii) Con relación al tanque de almacenamiento de combustible, señala que en el “... Estudio de Impacto Ambiental del proyecto se indicó claramente los aspectos relacionados con la estación de consumo de combustible, concretamente en las páginas 145, 146 y 147 se detalla la forma y la infraestructura de la zona de almacenamiento de combustible destinada para el autoconsumo de la maquinaria.
La información se presentó, se evaluó y se aprobó en su momento. Como resultado de esto se otorgó la viabilidad ambiental del proyecto como un todo integral ...”; ix) Sobre el oficio número 348-08, sostiene que “... podría pensarse que ese tema está precluído, pero por lo resuelto por ese Tribunal en resolución Nº 251-2012 de las catorce horas treinta minutos del veintidós de junio del dos mil doce, (...) le enmendó la plana a la Municipalidad de Montes de Oro ( ...) Un oficio donde el señor Alcalde manifiesta su deseo de no otorgar permisos para más de un relleno sanitario, carece de eficacia en relación con las solicitudes que se presenten, las cuales deben examinarse a la luz de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables...” .
IVo.- SOBRE LA ALEGADA FALTA DE VIGENCIA DE LA VIABILIDAD AMBIENTAL OTORGADA A LA EMPRESA RECURRENTE. De conformidad con los artículos 31 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos (Ley 8839) y 2 del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación e Impacto Ambiental (Decreto Ejecutivo 31849, vigente al momento en que se otorgó la viabilidad ambiental a la empresa EBI), todas las actividades, las obras o los proyectos nuevos que procesen, almacenen, recuperen, traten, eliminen y dispongan residuos ordinarios y peligrosos, deberán cumplir el trámite de evaluación de impacto ambiental, previo a la obtención de los permisos o las licencias de construcción u operación. En ese sentido, por su naturaleza y finalidad, el trámite de la Evaluación de Impacto Ambiental, debe haberse completado y aprobado de previo al inicio de actividades del proyecto, obra o actividad. Esto es particularmente relevante cuando se trate de la aprobación de anteproyectos, proyectos y segregaciones con fines urbanísticos o industriales, trámites pertinentes al uso del suelo, permisos constructivos y aprovechamientos de recursos naturales.
Por su parte, y de acuerdo a lo dispuesto en el inciso 1) del numeral 46 del Decreto Ejecutivo 31849 (vigente al momento en que se otorgó la viabilidad ambiental a la empresa EBI), la viabilidad o licencia ambiental, una vez otorgada, tendrá una validez máxima de dos años de previo al inicio de actividades de la actividad, obra o proyecto. En caso de que, en ese plazo, no se inicien las actividades, el desarrollador deberá requerir, de previo al vencimiento, una prórroga de su vigencia ante la Nombre3456, conforme con el procedimiento que se establecerá en el Manual de EIA, que a su vez remite a lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley General de la Administración Pública. Cabe destacar que contra las resoluciones que denieguen u otorguen una viabilidad ambiental, “... cabrán los recursos que dispone la Ley General de la Administración Pública, los cuales se tramitarán con apego a ese Cuerpo de Leyes...” (artículo 45 párrafo último del Decreto Ejecutivo 31849, vigente al momento en que se otorgó la viabilidad ambiental a la empresa EBI).
A partir de lo anterior, este Tribunal considera que lleva razón el Alcalde Municipal de Montes de Oro, al afirmar que al momento en que la empresa recurrente solicita por segunda ocasión el permiso de construcción (diecisiete de enero y cuatro de febrero del dos mil catorce), había expirado el plazo máximo de dos años de la viabilidad ambiental, contados a partir de que fue otorgada. Ello por cuanto: i) La viabilidad ambiental se otorgó a la recurrente por parte de la SETENA, el dieciséis de diciembre del dos mil nueve, por lo que, a partir de esa fecha, el plazo máximo de vigencia de dos años previsto en el inciso 1) del artículo 46 del Decreto Ejecutivo 31849 (vigente al momento en que se otorgó la viabilidad ambiental a la empresa EBI), vencía el dieciséis de diciembre del dos mil once. En este punto, es necesario resaltar que en el apartado décimo de la parte dispositiva de la resolución 2966-2009-SETENA, se establece que “...
La vigencia de esta viabilidad será por un período de DOS AÑOS para el inicio de las obras. En caso de no iniciarse las obras en el tiempo establecido, se procederá a aplicar lo establecido en la legislación vigente ...” (folios 101 a 106 del expediente; el resaltado no es del original) ; ii) Si bien es cierto, el seis y el siete de enero del dos mil diez, se plantearon recursos de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución número 2966-2009-SETENA de las ocho horas cuarenta minutos de dieciséis de diciembre del dos mil nueve, mediante la cual, se otorgó a la empresa apelante la viabilidad ambiental; también lo es, que se tiene por no acreditado que la Nombre3456 o el Ministro de Ambiente y Energía, hayan ordenado la aplicación de una medida cautelar de suspensión de la viabilidad ambiental, mientras se tramitaban y resolvían los recursos de revocatoria y apelación en subsidio interpuestos en su contra (no se desprende de los documentos visibles de folio 80 a 92, 107 a 110 del expediente).
Ello adquiere relevancia, porque de conformidad con lo dispuesto en el párrafo último del numeral 45 del Decreto Ejecutivo 31849 (vigente al momento en que se otorgó la viabilidad ambiental a la empresa EBI), la tramitación de los recursos de revocatoria con apelación en subsidio que se interpongan contra el pronunciamiento que deniegue u otorgue una viabilidad ambiental, se realizará conforme a lo dispuesto en la Ley General de la Administración Pública, la cual, en el numeral 148 establece que los recursos administrativos no tendrán efecto suspensivo de la ejecución, pero el servidor que dictó el acto, su superior jerárquico o la autoridad que decide el recurso, podrán suspender la ejecución cuando la misma pueda causar perjuicios graves o de imposible o difícil reparación, lo cual, no sucedió en este caso ; iii) Ahora bien, sin perjuicio de la eventual responsabilidad administrativa que podría generarle a la Municipalidad de Montes de Oro, el que mediante oficio número D.I.M. / Nº 489-2013 del diecinueve de agosto del dos mil trece, rechazara la solicitud de permiso de construcción número Placa17956 planteada en el año dos mil trece por la empresa apelante, bajo el argumento de que “... éste (sic) Gobierno Local, no puede jugarse el chance de conceder un permiso de construcción, sin tener resuelto los recursos y en firme la resolución de Nombre3456 ya indicada, por ser un asunto de índole ambiental , en dónde prevalecen los derechos de la colectividad, antes que los derechos particulares...” (folio 63 del expediente), motivo que resulta contrario a lo dispuesto en los numerales 148 de la Ley General de la Administración Pública y 45 párrafo último y 46 del Decreto Ejecutivo 31849 (vigente al momento en que se otorgó la viabilidad ambiental a la empresa EBI); lo cierto es, que este Tribunal tiene por no demostrado, que la empresa apelante impugnara en tiempo y en forma, el oficio D.I.M.
Nº 489-2013 del diecinueve de agosto del dos mil trece (aparte b del considerando II de esta resolución) y en ese sentido, la recurrente no puede alegar ignorancia de la ley (numeral 129 párrafo 2º de la Constitución Política), no sólo porque las normas legales y reglamentarias antes citadas no lo autorizan, sino también, porque la apelante tenía pleno conocimiento del plazo de vencimiento de la viabilidad ambiental, pues en el apartado décimo de la parte dispositiva de la resolución 2966-2009-SETENA en que se otorga la viabilidad ambiental, se establece que “... La vigencia de esta viabilidad será por un período de DOS AÑOS para el inicio de las obras. En caso de no iniciarse las obras en el tiempo establecido, se procederá a aplicar lo establecido en la legislación vigente ...” (folios 101 a 106 del expediente; el resaltado no es del original); iv) Aunado a lo anterior, tampoco se tiene por acreditado que la empresa recurrente hubiese gestionado en tiempo y en forma ante la SETENA, la prórroga de la viabilidad ambiental número 2966-2009-SETENA, otorgada para el Proyecto denominado “ Parque de Tecnología Ambiental Galagarza” , en los términos indicados por el artículo 46 del Decreto Ejecutivo número 31849 (aparte a del considerado II de esta resolución), prórroga que en todo caso, de haberse solicitado y otorgado oportunamente, sólo hubiera tenido el efecto de extender el plazo de vigencia de la viabilidad ambiental por un año más (numeral 258 inciso 1) de la Ley General de la Administración Pública).
En ese supuesto, la vigencia de la viabilidad ambiental se hubiera extendido -en principio- hasta el año 2012, ya que el plazo original de dos años vencía el dieciséis de diciembre del 2011, razón por la cual, aún y cuando se le hubiera concedido la prórroga por la mitad del plazo originalmente otorgado, la viabilidad ambiental no hubiera estado vigente para la fecha en que la recurrente solicitó por primera vez (año 2013) el permiso de construcción ante la Municipalidad de Montes de Oro; v) Por todo lo expuesto, este Tribunal considera que la viabilidad ambiental otorgada a la empresa EBI, no se encuentra vigente desde el dieciséis de diciembre del dos mil once, y por ende, la denegatoria de la solicitud del permiso de construcción impugnada en este recurso, no resulta contraria a derecho en ese aspecto esencial. En virtud de que la existencia y vigencia de la viabilidad ambiental, constituye un requisito sine qua non para la obtención de los permisos o las licencias de construcción u operación (artículos 31 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos (Ley 8839) y 2 del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación e Impacto Ambiental) , este Tribunal omite pronunciamiento sobre los agravios restantes planteados por la empresa apelante, dado que al no estar vigente el requisito esencial de la viabilidad ambiental, no tendría ninguna incidencia en el resultado final de este recurso, analizar los demás motivos en que se sustentó la denegatoria del permiso de construcción.
En consecuencia y por las razones dadas, se declara sin lugar el recurso interpuesto y da por agotada la vía administrativa.- Vo.- Sin perjuicio de lo analizado en el considerando anterior, este Tribunal considera necesario hacer las precisiones que de seguido se exponen. En primera instancia, cabe aclarar al Alcalde Municipal de Montes de Oro, que el oficio número 348-08 del treinta y uno de julio del dos mil ocho (folios 172 y 173 del expediente), constituye un acto de trámite, dirigido a la Secretaría General de la Nombre3456 y en el que manifiesta una posición no sustentada en criterios técnicos o en normas legales vigentes, respecto a que “... el principal motivo de la presente nota, es dejar patente mi decisión, como Autoridad Local, en el sentido que nuestro cantón no está dispuesto a permitir la construcción de dos nuevos rellenos sanitarios en Montes de Oro...” . Aunado a lo anterior, dicho acto de trámite no es oponible en perjuicio de la empresa recurrente, porque en virtud de su misma naturaleza no fue comunicado a terceros.
En consecuencia, sostener que “...La probabilidad de que en Montes de Oro, existan dos rellenos sanitarios, fue debidamente desarrollada y fundamentada mediante el oficio Nº 348-08, del 31 de julio del 2008, emitido por el suscrito y dirigido justamente al Expediente 1375-07 del proyecto que hoy es objeto de análisis , por lo que al encontrarse en firme esta disposición, para este despacho este es un tema ya precluído ...”, resulta manifiestamente improcedente. Asimismo, cabe aclarar al Alcalde Municipal de Montes de Oro, que de conformidad con lo dispuesto en el inciso p) del numeral 13 del Código Municipal, el órgano competente para dictar las medidas de ordenamiento urbano -como en este caso-, es el Concejo Municipal y no la Alcaldía , por lo que, intervenir en asuntos y funciones que competen al Concejo Municipal, está prohibido de acuerdo al inciso c) del artículo 31 del Código Municipal.
Por último y derivado de lo anteriormente expuesto, es menester reiterar lo considerado por este Tribunal en resolución número 251-2012 de las catorce horas treinta minutos del veintidós de junio del dos mil doce, en el sentido de que el otorgamiento o no de un permiso de construcción, constituye materia reglada y por ende, no sujeta al ejercicio de potestades con contenido discrecional.
VIo.- En segundo lugar, si bien es cierto, resulta loable que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en aras de velar por la preservación de los mantos acuíferos de todo el territorio nacional, haya ordenado a todas las Municipalidades del país mediante sentencia número 2012-008892, la aplicación obligatoria de la “Matriz de criterios de uso del suelo según la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos para la protección del recurso hídrico en el cantón Poás", “...en todos los cantones o zonas en donde se cuente con mapas de vulnerabilidad aprobados o confeccionados por el Nombre2449 y, en todo caso, debe servir de guía y orientación técnica para la elaboración de las políticas sobre el uso del suelo , mientras tales cantones o zonas no cuenten con una matriz propia elaborada por el Nombre2449 con la participación de las otras instituciones que elaboraron la matriz, y que garantice el mismo o un nivel más elevado de protección del recurso hídrico ...”; también lo es, que sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7 inciso
POR TANTO.
Por las razones dadas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra el oficio número A.M.Nº 160-14 del catorce de marzo del dos mil catorce, dictado por el Alcalde Municipal de Montes de Oro y se da por agotada la vía administrativa. Tomen nota tanto el Concejo como el Alcalde Municipal, de lo indicado en los considerandos V y VI de esta resolución.- Marianella Álvarez Molina Jorge Leiva Poveda Siria Carmona Castro ASUNTO: APELACIÓN MUNICIPAL RECURRENTE: EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA, S.A.
RECURRIDA: MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
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