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Res. 00133-2014 Tribunal de Apelación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda · Tribunal de Apelación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda · 27/03/2014
OutcomeResultado
The Court modifies the first-instance judgment, increasing the just compensation to ¢1,805,067.43 plus interest and costs, and rejects the expropriated party's claim for environmental damage compensation within the special expropriation valuation proceeding, due to lack of standing.El Tribunal modifica la sentencia de primera instancia, incrementando la indemnización justa a ¢1.805.067,43 más intereses y costas, y rechaza la pretensión del expropiado de obtener reparación por daño ambiental dentro del proceso especial de fijación del justiprecio, por falta de legitimación.
SummaryResumen
The Court rules on the appeal against a judgment that set the compensation for the establishment of an electrical line easement in favor of ICE on a property in Puriscal. The expropriated party argued that the compensation was derisory and should include environmental damage caused by tree felling in the river protection zone. The Court upholds the decision to reject the judicial appraisal due to methodological flaws, but increases the unit land value to ¢705.47/m² and applies the 'before and after' comparative method to calculate severance damages, fixing total compensation at ¢1,805,067.43 plus interest. Regarding environmental damage, the Court holds that the expropriated party lacks standing to claim compensation for environmental damage in this special proceeding, as the State holds the right of action for environmental harm under Articles 46 and 48 of the Organic Law of the Environment, Article 54 of the Biodiversity Law, and Article 58 of the Forestry Law. However, it clarifies that the expropriated party may claim the value of the felled trees as material damage directly from ICE, but not within this proceeding.El Tribunal resuelve el recurso de apelación contra la sentencia que fijó el justiprecio por la constitución de una servidumbre de paso de línea eléctrica a favor del ICE sobre un inmueble en Puriscal. El expropiado alegó que la indemnización era irrisoria y que debía incluir el daño ambiental causado por la tala de árboles en la zona de protección del río. El Tribunal confirma la validez de apartarse del avalúo judicial por sus deficiencias metodológicas, pero eleva el valor unitario del terreno a ¢705,47/m² y aplica el método comparativo del 'antes y después' para calcular el daño al remanente, fijando la indemnización total en ¢1.805.067,43 más intereses. En cuanto al daño ambiental, el Tribunal sostiene que el expropiado carece de legitimación para reclamar indemnización por ese concepto en este proceso especial, ya que la titularidad de la acción por daño ambiental corresponde al Estado, conforme a los artículos 46 y 48 de la Ley Orgánica del Ambiente, 54 de la Ley de Biodiversidad y 58 de la Ley Forestal. Sin embargo, aclara que sí podría reclamar el valor de los árboles talados como daño material directamente al ICE, pero no dentro de este proceso.
Key excerptExtracto clave
In this Chamber's consideration, the issue raised should indeed have received a different treatment, although not the one expected by the defendant and now appellant. To understand why, it is necessary to recall that, in accordance with Article 2(e) of the Organic Law of the Environment, No. 7554 of October 4, 1995, 'Environmental damage constitutes a crime of a social nature, as it affects the very foundations of society's existence; economic, because it attacks materials and resources indispensable for productive activities; cultural, insofar as it endangers the way of life of communities; and ethical, because it threatens the very existence of present and future generations.' From this perspective, notwithstanding that any person is entitled to act in defense of the environment (a matter in which both legislation and constitutional case law recognize a genuine actio popularis, for example, in Article 105 of the Biodiversity Law, No. 7788 of April 30, 1998), the same does not apply regarding claims for civil liability arising from environmental damage, a field in which the State holds the right of action, based on provisions—both general and specifically regarding forestry matters, which are of interest here—such as Articles 46 and 48 of the aforementioned Organic Law of the Environment; Article 54 of the Biodiversity Law; and the last paragraph of Article 58 of the Forestry Law, No. 7575 of February 13, 1996. Consequently, the appellant defendant lacks standing to seek patrimonial compensation for environmental damage, strictly understood as such. However, if what he is requesting is rather compensation for the value of the trees on his property that had to be felled to allow the passage of the electrical line installed by ICE, as purely material damage, he may perfectly well file the corresponding claim against that entity, a matter whose adjudication lies outside this special proceeding.En la consideración de esta Cámara, el tema planteado efectivamente debió recibir un tratamiento diverso, aunque no el que espera el demandado y ahora recurrente. Para entender por qué, es necesario recordar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 inciso e) de la Ley Orgánica del Ambiente (LOA), Nº 7554 del 4 de octubre de 1995, “El daño al ambiente constituye un delito de carácter social, pues afecta las bases de la existencia de la sociedad; económico, porque atenta contra las materias y los recursos indispensables para las actividades productivas; cultural, en tanto pone en peligro la forma de vida de las comunidades, y ético, porque atenta contra la existencia misma de las generaciones presentes y futuras”. Desde esta óptica, sin perjuicio de que cualquier persona está legitimada para gestionar en tutela del ambiente (materia en la que tanto la legislación como la jurisprudencia constitucional reconocen la existencia de una verdadera acción popular, por ejemplo, en lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley de Biodiversidad –LB– Nº 7788 del 30 de abril de 1998), no ocurre lo mismo en lo referente al reclamo de responsabilidades civiles originadas en el daño ambiental, campo en el cual la titularidad del derecho de acción la tiene propiamente el Estado, a partir de lo dispuesto –tanto en general, como en lo específicamente relativo a la materia forestal que aquí interesa– en normas tales como los artículos 46 y 48 de la citada LOA; 54 de la LB y 58, párrafo último, de la Ley Forestal, Nº 7575 del 13 de febrero de 1996. En consecuencia, el accionado apelante carece de legitimación para pretender reparaciones patrimoniales por concepto de daño ambiental, entendido estrictamente como tal. Ahora bien, si lo que peticiona más bien es la retribución del valor de los árboles de su propiedad que debieron ser talados para posibilitar el paso de la línea eléctrica colocada por el ICE, a modo de daño puramente material, perfectamente puede formular el reclamo correspondiente a esa entidad, aspecto cuyo conocimiento es ajeno a este proceso especial.
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"El daño al ambiente constituye un delito de carácter social, pues afecta las bases de la existencia de la sociedad; económico, porque atenta contra las materias y los recursos indispensables para las actividades productivas; cultural, en tanto pone en peligro la forma de vida de las comunidades, y ético, porque atenta contra la existencia misma de las generaciones presentes y futuras."
"Environmental damage constitutes a crime of a social nature, as it affects the very foundations of society's existence; economic, because it attacks materials and resources indispensable for productive activities; cultural, insofar as it endangers the way of life of communities; and ethical, because it threatens the very existence of present and future generations."
Considerando VII
"El daño al ambiente constituye un delito de carácter social, pues afecta las bases de la existencia de la sociedad; económico, porque atenta contra las materias y los recursos indispensables para las actividades productivas; cultural, en tanto pone en peligro la forma de vida de las comunidades, y ético, porque atenta contra la existencia misma de las generaciones presentes y futuras."
Considerando VII
"Cualquier persona está legitimada para gestionar en tutela del ambiente... no ocurre lo mismo en lo referente al reclamo de responsabilidades civiles originadas en el daño ambiental, campo en el cual la titularidad del derecho de acción la tiene propiamente el Estado."
"Any person is entitled to act in defense of the environment... the same does not apply regarding claims for civil liability arising from environmental damage, a field in which the State holds the right of action."
Considerando VII
"Cualquier persona está legitimada para gestionar en tutela del ambiente... no ocurre lo mismo en lo referente al reclamo de responsabilidades civiles originadas en el daño ambiental, campo en el cual la titularidad del derecho de acción la tiene propiamente el Estado."
Considerando VII
"La indemnización constituye la piedra angular de la expropiación. El expropiado tiene derecho a la reparación integral, sea al equivalente económico comprensivo del valor real del bien o derecho expropiado, y del daño consecuente (emergente y lucro cesante) de la privación de su propiedad."
"Indemnification constitutes the cornerstone of expropriation. The expropriated party has the right to full reparation, i.e., the economic equivalent comprising the real value of the expropriated asset or right, and the consequential damage (damnum emergens and lucrum cessans) from the deprivation of his property."
Considerando IV
"La indemnización constituye la piedra angular de la expropiación. El expropiado tiene derecho a la reparación integral, sea al equivalente económico comprensivo del valor real del bien o derecho expropiado, y del daño consecuente (emergente y lucro cesante) de la privación de su propiedad."
Considerando IV
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**III.- ON THE MERITS.** Before analyzing the specific issues debated through the grievances raised, this collegiate body permits itself to recall that, in this type of matter, the principle that conditions its jurisdiction is that which derives from Article 45, first paragraph, of the Political Constitution, according to which the expropriatory act must always be preceded by prior and just compensation, to the owner of the property or right subject to dispossession. This is a fundamental guarantee, which tends—as unanimously recognized by national doctrine and jurisprudence—to prevent that, for the sake of satisfying public interests, only a few (those who suffer the uprooting of their property) should bear what corresponds to the community that benefits from it and, to that extent, the judicial proceedings for fixing just compensation have the essential purpose of giving effect to the general clause of equality before public burdens, by virtue of which it is the general community that must bear the cost for what interests it, compensating, through the taxes they pay, all its members who suffer a particular prejudice. This is what occurs with the power under analysis, in which a person is dispossessed of one of their belongings, to subject it to a common use, allocate it to a public service, or satisfy another preponderant public interest. Recall that in accordance with Article 28 of the current Expropriation Law, No. 7495 of May 3, 1995, and its reforms, this “special process” (as it is called) only takes place when there is disagreement by the expropriated party with the administrative valuation or when some legal impediment exists to reaching an agreement at the administrative stage; that is, it is designed to give full content, through judicial means, to that constitutional postulate and to establish here what could not be defined previously: the fair value of the property to deliver it to the affected party.- **IV.-** Regarding the question of what constitutes fair compensation, jurisprudence has already given a categorical answer, as it has been noted, for a long time, that this is the market, current, cash market price of the property or the price closest to the date of the final judgment. The Constitutional Chamber, in its ruling No. 2002-4878 of 14:53 hours of May 22, 2002, stated:
“VII.- On compensation.- Another aspect to consider is that the state’s power to expropriate a property—for it to be constitutionally valid—is conditioned upon the owner’s patrimony remaining unharmed, that is, without damage, hence the special protection the legislator provided by establishing the summary proceeding on the fair price. Compensation is an economic compensation owed for the sacrifice imposed on the owner in the public interest, and it matters to fully restore to the owner the same economic value of which they are deprived and also to cover the damages and losses that are a consequence of the expropriation. It must be fair and prior, therefore it must comprise the payment of the objective value of the expropriated property, the damages and losses caused directly or indirectly by the dispossession, keeping the expropriated party’s patrimony economically intact. In protection of the owner and in accordance with numeral 45 of the Political Constitution, numeral 30 of the Expropriation Law regulates a special expropriation process in which only matters related to the review of the administrative valuation of the expropriated property will be discussed, to fix the amount of compensation, and in which in this type of proceedings the only thing that can be discussed is the fair price of the property subject to the limitation, and through which the competent judge appoints a judicial expert to carry out the study; even a third-party expert in discord can be appointed at the request of one of the parties to carry out the corresponding valuation. Although the articles questioned refer to a summary process to establish that the amount of compensation is fair, this must be understood as meaning that the expropriation is perfected by fair compensation, as ownership is transferred to the administration through an administrative act that establishes the characteristics of the property and the payment of fair compensation. The three conditions must concur for the expropriation to be validly perfected (...) what is sought in the special process established in the cited articles is the satisfaction of the owner’s economic claims, which are aimed at being paid a fair price for the limitation imposed on their property and obeys the nature of the process within which the amount of compensation to be paid by the administration is established (...) In that sense, it is important to clarify that the object and purpose of this summary procedure at the level of the courts of justice is to review the administrative valuation, in order to establish and set the final amount of compensation to be paid in favor of the expropriated party, i.e., it is only intended to discuss the fair price of the property subject to expropriation, and not to ‘review’ the administrative expropriation procedure, as the petitioner erroneously attempts to propose and for which they indicate due process is violated (...).” (Emphasis added. In identical sense, see judgment No. 2004-08015 of 16:25 hours of July 21, 2004).
The preceding precedent, with binding effects for all public authorities in accordance with the provisions of Article 13 of the Constitutional Jurisdiction Law, defines with absolute clarity the content of Article 45 of the Fundamental Charter, regarding the subject of expropriation, and sets the basic principles by which its administrative and judicial processing must be governed. From these it follows: a) that the Administration must restore to the owner the same property or right of which they are deprived, together with the damages and losses caused, which are a consequence of the dispossession; b) that compensation must be fair and prior and must include the objective value of the property; c) that the judicial proceedings are intended solely to discuss the fair price for that dispossession, i.e., to define the final amount of compensation; and, d) that this fair price will always be the current value of what was expropriated. The foregoing completes the constitutional content of the right of property and cannot be ignored by this authority, which in any case, agrees entirely with those postulates. Furthermore, it is true that this is the position assumed by the various bodies of this specialized jurisdiction for many years, and which is maintained to date. Thus, the First Chamber of the Court, in its well-known judgment No. 166-F-92 of 16:20 hours of December 18, 1992, which, in what is of interest, indicated:
“XIX.- Compensation constitutes the cornerstone of expropriation. The expropriated party has the right to full reparation, i.e., the economic equivalent encompassing the real value of the expropriated property or right, and the consequential damage (emerging damage and lost profits) from the deprivation of their property. The aim is to maintain a balance of values, for if this were broken, to the detriment of the expropriated party, a confiscation would occur. If compensation is lacking, one will be in the presence of other institutions (forfeiture, confiscations, limitations of social interest, etc.). It can be defined as a technique for converting rights to keep the owner’s patrimony intact: the value of the expropriated property or right, and the damage, is substituted by its economic or monetary value. Therefore, the guiding idea of expropriation is the principle of leaving the expropriated party’s patrimony in a state equal to that preceding the deprivation, through a conversion, commutation, or substitution of values (value of the expropriated goods for an equivalent value in money). The cause for expropriation compensation lies in the need to leave the expropriated party’s patrimony unharmed, and not in the production of damage by lawful conduct, since expropriation is an administrative activity deliberately aimed at dispossession. Compensation is likewise justified insofar as expropriation is a special contribution that imposes a sacrifice. It breaks with the principle of equality before public burdens. For this reason, the administered party’s patrimonial balance must be reestablished. As can be seen, compensation is not a price, that is, the consideration in an exchange relationship representing the monetary value of a property whose ownership is transferred from one subject to another. To compensate is to exempt from all damage and loss through a complete reparation, which is not achieved if any of them persists, and there is detriment. It is to restore them to a situation similar to the previous one. Compensation is consubstantial, or inherent, to expropriation, that is, it is a sine qua non requirement for its functioning. There is an inseparable link between both institutions. There is no expropriation without compensation. Every expropriation generates the duty to compensate in a prior manner (Ubi expropriatio ibi indemnitas)...
XX.- Compensation must be prior. Its legal nature is determined by that character. The ‘prior’ nature has become one of the presumptions of legitimacy for the exercise of the expropriatory power. It is a presumption of validity and effectiveness. Dispossession without prior compensation constitutes a de facto expropriation or a confiscation. The justification for this characteristic arises from the imperative need not to defer or prolong indefinitely over time the patrimonial impoverishment generated by the expropriation. If compensation is postponed to a moment after the deprivation, the expropriated party will be financing or granting forced credit, which is inadmissible based on the principle of equality before public burdens; the prior nature, then, refers to its timing and not its content, and it must be so, consequently, in relation to the transfer of ownership...
XXI.- This is why it is explainable how one of the basic constitutional requirements for the viability of expropriation is the condition of ‘prior’ compensation. There cannot be a loss of ownership and its correlative transfer to the expropriator as long as compensation has not been fixed and paid. With the exceptions established in the constitution, of war or national commotion. The prior nature of the compensation explains how, until compensation is paid, there is no transfer of ownership.
XXII.- Compensation must be fair. This brings up its objectivity and fullness. Fair insofar as it must keep the expropriated party’s patrimony intact and unharmed, through the conversion of rights (substituting the value of a property or right for its monetary equivalent), and must be based on objective criteria, because the value in the marketplace or market value (common market value), in cash, or in equivalent terms, must be recognized, as if between a buyer willing to buy and a seller willing to sell, both informed of the business, and without obligation to do so. It is the same concept of objective, current, or cash market value, even of equitable value in the marketplace; consequently, compensation will be unfair if it is merely symbolic or derisory. It is essentially a ‘replacement value’, i.e., that which allows the acquisition of a property analogous to the one lost through dispossession, perhaps not in the same place—if it concerns real estate—as this is materially impossible, but in any other part. Replacement value is the possibility offered to the expropriated party to acquire a similar thing; it is therefore about a replacement of values and possibilities and not of the same thing, as that is an absurdity (V. Chamber of Cassation No. 92 of 14 hours 45 minutes of October 7, 1970). Thus, the expropriator must compensate the cash market value (market value) updated to the time of the final judgment. It consists of the real value of a property subject to the free play of supply and demand, with all the forms of fluctuation that impact as a consequence of inflation or deflation, at that moment. Expropriation compensation must represent the economic equivalent of the sacrifice, and is aimed at the full reintegration of their patrimony. If it balances the rights of the expropriator and the expropriated party, the latter must obtain, and the former must provide, full reparation for the loss of property. It is also called ‘fair compensation,’ as this concept is inherent to the idea of economic balance and commutative relationship. ‘Fair’ requires it to be rigorously objective: it implies externally assessing the value of what was sacrificed and the consequential damages, as such, without interjecting subjective assessments. In simple terms, fair compensation means compensating according to the law (secundum ius)...
XXIII.- Compensation must be full. The patrimony of the passive subject must remain unharmed. An expropriation without equitable compensation constitutes a confiscation. Fullness supposes compensation for the—effective—real value (current marketplace or market value) of the property (including its accessories) and all consequential damages, detriment, and expenses of the dispossession, quantum that is determined in the appraisal. It is called full insofar as there must be a conversion of the right of property into its economic equivalent. Compensation cannot be a source of gain or riches, only of full reparation of the value of what was expropriated and the consequential damage, that is, it cannot constitute a means of granting profits at the community’s expense.” The same ruling, further on, clearly expresses the following:
‘XXV.- The moment of calculation or appraisal of the compensation is of vital importance, due to the influence of inflationary or deflationary processes, currency devaluation, the mutation of the value of goods in the market, the time of judicial processes, and the lack of concurrence between its fixation and the deprivation. If expropriation tends to balance the situation prior to and subsequent to the expropriatory act, the moment of appraisal of the compensation cannot be underestimated. In this regard, doctrine has outlined several guidelines: 1) the date of the taking: expropriation decree; 2) Beginning of the expropriation proceeding, this externalizes the State’s will to carry out the expropriation, but does not by itself produce the transfer of ownership. 3) the moment of occupation, possession, or dispossession by the expropriator; 4) at the moment the final judgment is rendered. It has been noted, if there is no galloping monetary depreciation, the value at the moment of dispossession; in the contrary case, the value in force on the date of the final judgment. The latter may be the solution most adjusted to the constitutional requirement of ‘prior’ compensation, that is, the transfer of ownership only operates if the respective compensation is paid in advance, and since this is determined in the final judgment, that is the moment to quantify it. In the case of the other proposed solutions, the lapse between the appraisal and the final judgment is usually prolonged, making them inconvenient. In sum, the date of the final judgment is the closest to the payment of the compensation, and therefore must be the temporal parameter for setting fair and full compensation.” (Emphasis added.)
In accordance with the foregoing, this collegiate body understands that the Contentious-Administrative Judge, in this type of matter, has full competence to determine the fair price, with expert assistance, and not merely to review whether the valuation carried out by the Administration, at a given historical moment, was correct for that date, regardless of the time it takes to conclude the matter at the jurisdictional stage. The expropriated property must be fairly valued according to the conditions it was in at the time its taking was decided. The Law itself prevents taking into consideration future events, expectations of rights, or increased values derived from the project that caused the dispossession, and it is in that sense that this numeral should be interpreted (see Article 22 ibid).- The judicial procedure is designed to give content to the concept of “fair compensation,” which must be understood in the terms just set forth and, through that lens, the citation of the legislative acts and the statement of motives for the bill that resulted in the current wording of said precept—Article 30—would not allow arriving at a conclusion different from the one indicated here, at least not without disrupting the will of the 1949 constituent, which on this topic remains intact. If the “review” of the valuation were immediate, there would be no problem, because the price recorded there, if correctly calculated, would indeed correspond to the fair price of which the Constitution and the law speak; but that is not what normally occurs in practice, where months and years often elapse before the State initiates the judicial proceedings.- **V.-** In the specific case, the Tribunal considers that the appellant is only partially correct regarding their allegations, which requires modifying the appealed judgment in the manner that will be stated. The primary discrepancy lies, evidently, in what concerns the value at which the property affected by the easement being constituted should be estimated, given the marked differences between the two appraisals rendered. On the one hand, the administrative estimate determined a unit value of ¢6,180,000.00 per hectare; that is, ¢618.00 per square meter, based on which the value of the easement was set at the amount of ¢366,969.65 and the damage to the remainder at ¢32,259.95. On the other, the judicial appraisal set the value per square meter at ¢1,200.00, arriving at the figure of ¢712,562.40 for the value of the easement and ¢9,201,860.16 for damage to the remainder. The a quo decided to depart from this latter estimate, considering it unfounded. In this regard, it stated:
“Another deficiency is the lack of calculation methodology regarding how the unit value of the land was calculated; the procedure is unknown. However, it is known that a determining factor in calculating the unit value of land is its size, and in this case, the expert used erroneous data. Another circumstance is the market study in Annex 9; 4 properties are indicated, for which very little information is provided. Their location, the farm number, and their characteristics are unknown. The foregoing aimed at establishing the possibility of a comparison with the farm subject to expropriation. In this case, the administrative valuation has more reliable information not only because it provides the calculation methodology but because a clearer description of the comparison farms is provided (folio 22). Furthermore, the map of land values by homogeneous zones was provided (folio 23). The value per square meter is better justified in the administrative valuation (see folio 10), not to mention that the administrative valuation used the correct size of the farm.” This Chamber considers those objections reasonable, particularly the one according to which it is not possible to appreciate how the expert arrived at fixing the value of ¢1,200.00 per square meter, since they neither explain it in the methodology (f. 174-175) nor does this data emerge from the comparative data contained in Annex 9 of their report (f. 223-224). Certainly, the undersigned share the view that the administrative valuation is better supported in relation to this aspect, despite which—and as will be seen later—we also do not consider it appropriate to base the calculations on the average figure contained in that study.- **VI.-** The appellant considers that, regarding the market value of the land (and, consequently, in determining the amount of compensation), the trial judge should have taken as a reference parameter the amount of the offer that the Empresa Propietaria de la Red (EPR; f. 61) made at the time to the expropriated party. The appealed judgment specified in this regard:
“Regarding the offer prior to the appraisal by the Empresa Propietaria de la Red at folio 61, in the sum of ¢1,900,000.00, this is not a binding figure for the ICE, given that the official administrative valuation is number 755-2011. The plaintiff Institute can change amounts and appraisals according to its needs, but with due justification; the evidence in this sense is not useful for fixing the fair price.” Indeed, even if ICE has a stake in EPR (and this was even reaffirmed by the former’s legal representative in his presentation during the oral hearing), the truth is that legally they are two independent entities, such that any proposal made to the defendant by the latter evidently cannot legally bind ICE. In any case, there is no justification in the file that supports on what basis the offered price was determined. Thus, the grievance lacks legal basis and must be rejected.- **VII.-** Regarding the alleged existence of environmental damage that was not adequately considered in the challenged judgment, it must be said that the following is read in that ruling:
“It also makes arguments about alleged environmental damage, but provides no proof and indicates it will report it to the competent criminal and administrative authorities; while it is true that photographs of trees painted with coordinate numbers are provided, this in itself does not produce environmental damage. Other photographs showing the felling of a few trees to establish a trail (folios 63-87) also do not demonstrate damage or an impact of significant magnitude. The expropriated party does not provide any technical study proving that the creation of the trail seen in the photographs caused sufficiently significant damage, as the expropriated party claims. In any case, it is evident that there was tree felling to establish the easement area. However, this activity should be viewed comprehensively when establishing the price of the easement and not separately, since the tree felling seen in the photographs is a consequence of the easement and does not as such produce environmental damage and is considered low intensity. It is noted that the expropriated party requests the assessment of the environmental damage by the expert, and that the office appoints the expert requested by the expropriated party; however, when the expert Roberto Loría (Expert requested by the party) carried out his valuation, he did not consider the alleged environmental damage pointed out by the expropriated party, and the latter had no objection in this regard. On the contrary, the expropriated party expresses their conformity with the judicial appraisal performed. This denotes that the environmental damage alleged by the party does not exist; the judicial expert did not consider its existence, for that reason did not value it, and the expropriated party has accepted that situation, since it did not present an objection to the appraisal that left out the alleged environmental damage, and expressly indicates that it accepts it.” In this Chamber’s consideration, the issue raised should indeed have received different treatment, though not the one the defendant and now appellant expects. To understand why, it is necessary to recall that, in accordance with the provisions of Article 2, subsection e) of the Organic Environmental Law (LOA), No. 7554 of October 4, 1995, “Damage to the environment constitutes a crime of a social nature, as it affects the foundations of society’s existence; economic, because it attacks the materials and resources indispensable for productive activities; cultural, insofar as it endangers the way of life of communities; and ethical, because it threatens the very existence of present and future generations.” From this perspective, without prejudice to any person having standing to bring actions in protection of the environment (a matter in which both legislation and constitutional jurisprudence recognize the existence of a true popular action, for example, in the provisions of Article 105 of the Biodiversity Law –LB– No. 7788 of April 30, 1998), the same does not hold true regarding claims for civil liabilities arising from environmental damage, a field in which the right of action is properly held by the State, based on the provisions—both in general, and specifically regarding the forest law matter relevant here—in norms such as Articles 46 and 48 of the cited LOA; 54 of the LB, and 58, last paragraph, of the Forest Law, No. 7575 of February 13, 1996. Consequently, the defendant-appellant lacks standing to seek monetary reparations for environmental damage, strictly understood as such. Now then, if they are rather seeking payment for the value of the trees of their property that had to be felled to allow the passage of the power line placed by ICE, by way of purely material damage, they can perfectly well bring the corresponding claim against that entity, an aspect whose knowledge is foreign to this special process. Thus, the grievance raised must be rejected.” The constitution of an easement right for the passage of electrical lines shall encumber the property located in district 02 Mercedes Sur, Canton 04 Puriscal, of the Province of San José, registration number 267020-000, of an agricultural nature, with boundaries: to the North with Gerardo Guerrero, to the South with Río Arenal and Fidel Sánchez, to the East with Río Arenal and Fidel Sánchez, to the West with a road and Gerardo Guerrero. It measures sixty-eight thousand seven hundred twelve square meters. The easement has a length along the center line of 31.43 meters, an area of 989.67 m², with a width of 30 meters, and has an irregular shape. It affects the property at the Northeast corner and occupies 1.44% of the total area of the property, entering through the western boundary with an Azimuth of 99º34'46" which is maintained upon exiting through the Eastern boundary. The boundaries are to the North with the remainder of the farm, to the South with the remainder of the farm, to the East with Río Arenal, to the West with Mayra (sic). The matter is resolved without a special award for interest and costs. Destine the expropriated property to the public purpose indicated. Record the constitution of said easement over the cited land in the Public Registry, expressly indicating that the servient tenement is burdened with the transmission line easement constituted in this act. The registration of said easements shall be exempt from the payment of fees, taxes, stamps, registration fees, and other fiscal charges. Within the easement strip, the following activities are prohibited: Construction of dwelling houses, offices, commercial establishments, educational, sports, and agricultural facilities; planting of crops that are periodically burned (for example, sugar cane); planting of flooded crops (for example, rice); the permanence of vegetation (trees or crops) that in its final growth stage approaches within five meters of the lowest conducting cables, when these are under conditions of maximum load or contingency; earthworks (movimientos de tierra) that through accumulation raise or alter the natural level of the ground; storage of flammable or explosive materials; and accumulation of materials or other objects that approach within five meters of the lowest conducting cables, when these are under conditions of maximum load or contingency. In the event of planning an excavation in the vicinity of the support structures of the transmission lines, the Instituto Costarricense de Electricidad must be consulted beforehand. Access must be permitted to officials in charge of the construction and maintenance of the work. Once this provision becomes final, the Notary of said Institution is duly authorized to carry out the corresponding protocolization of documents.- Let it be notified." - 4.- Disagreeing with said ruling, the respondent appealed (f. 246-254), an appeal that was admitted (f. 260) and by virtue of which this Office hears the case on appeal.- 5.- The oral hearing referred to in Article 133 of the Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA) took place starting at 8:30 a.m. on March 13, 2014, with the attendance of both parties, in which they presented their grievances and formulated conclusions (hearing recorded and attached to the expediente in its corresponding electronic format; minute at f. 261-262).- 6.- This resolution is issued after deliberation and unanimously. No grounds for nullity capable of invalidating the proceedings are noted.- Judge Hess Araya writes; and,
WHEREAS:
I.- ON THE PROVEN AND UNPROVEN FACTS. As they are consistent with what is accredited in the case file, the lists of proven and unproven facts from the lower court judgment are approved. Two additional unproven facts are added, with the following text: "4) That, as a result of the constitution of the easement, an 'enclosed area' of 516.23 m² arises at the northeast end of the encumbered property, which area is unusable for any beneficial purpose (there is no evidence in this regard). 5) That the limitations derived from the easement imposed on the respondent's property empty the domain of its content or change the use for which it is intended (there is no evidence in this regard)."- II.- GRIEVANCES OF THE APPELLANT. The appellant argues, in summary, that the appealed judgment is contrary to law and to the merits of the case file, because it violates the constitutional principle that enshrines the indemnifiable sacrifice, which determines that the expropriation must be compensated at a fair price and based on market value, as well as the factual situation surrounding the expropriation. He considers that the judge downplayed the market value of the expropriated property indicated by the judicial expert appraisal and the "before and after" methodology used. He dismissed the expert's calculations, ignoring the importance of determining the true damage caused to the expropriated party, since the fair price determined is clearly inappropriate. He considers it evident in this case that the indemnity is derisory and does not even qualify as symbolic, because the easement affects many of the attributes of the property. The limitations imposed are many, in addition to the fact that ICE officials must be allowed access to the farm, which violates the right to possess with exclusion. The court "seeks to establish an indemnity of a value equivalent to that of a household appliance or a television." The fact that the Red Operating Company initially offered the sum of ¢1,900,000, an amount much higher than that determined in the administrative appraisal, must be considered. The appealed judgment does not determine why the ICE changed its offer and, on the contrary, punishes the expropriated party by awarding the lower of the values it considered in the specific case as the expropriation price. Furthermore, it commits a very serious error by considering it an unproven fact that the establishment of the easement caused environmental damage, since the tree felling carried out in the protection zone of the river that crosses the expropriated property is appreciated in the on-site inspection that was conducted. The ruling also did not take into account that there is a portion of land behind the place where the cables were located that becomes practically unusable and which must be part of the claimed indemnity. Finally, the acquisition value of the property in the eighties can never be considered a reference point to extrapolate the current value, as the area is now very different from what it was in those years. He requests that the appealed resolution be revoked and that the legally appropriate ruling be issued. Subsidiarily, he requests that the resolution be annulled and the expediente returned to the a quo so that a fair and equitable price may be determined.- III.- ON THE MERITS. Before analyzing the specific issues debated through the formulated grievances, this collegiate body allows itself to recall that, in this type of matter, the principle conditioning its competence is that derived from Article 45, first paragraph, of the Constitución Política, according to which the expropriatory act must always be preceded by a prior and fair indemnity to the owner of the property or right subject to dispossession. This is a fundamental guarantee, which aims –as is unanimously recognized by national doctrine and jurisprudence– to prevent that, in the interest of satisfying public interests, only a few (those who suffer the displacement of their property) should bear what corresponds to the community that benefits from it and, to that extent, the judicial proceedings for fixing the fair price have the essential purpose of enforcing the general clause of equality before public burdens, by virtue of which it is the community in general that must bear the cost for what is of interest to it, compensating all of its members, through the taxes they pay, to anyone who suffers a particular harm. This is what occurs with the power under analysis, in which a person is deprived of one of his belongings to subject it to a common use, destine it to a public service, or satisfy another preponderant public interest. Recall that in accordance with Article 28 of the current Expropriations Law, No. 7495 of May 3, 1995, and its reforms, this "special proceeding" (as it is called) only takes place when there is disagreement by the expropriated party with the administrative appraisal or when some legal impediment exists to reaching an agreement in the administrative venue; that is, it is provided to give full content, through the judicial channel, to that constitutional postulate and to establish here what could not be defined beforehand: the fair value of the property to deliver to the affected party.- IV.- Regarding the question of what constitutes fair compensation, jurisprudence has already provided a resounding answer, since it has been indicated, for a long time, that this is the market, current selling price of the property or the closest price to the date of the final judgment. The Sala Constitucional, in its ruling No. 2002-4878 of 2:53 p.m. on May 22, 2002, stated:
"VII.- On indemnity.- Another aspect to consider is that the state's power to expropriate property - to be constitutionally valid - is conditioned on the owner's patrimony remaining unharmed, that is, without damage, hence the special protection that the legislator provided by establishing a summary proceeding on the fair price. The indemnity is an economic compensation due for the sacrifice imposed on the owner in the public interest, and it involves fully restoring to the owner the same economic value of which he is deprived and also covering the damages and losses that are a consequence of the expropriation. It must be just and prior, for which it must comprise the payment of the objective value of the expropriated property, the damages and losses caused directly or indirectly by the dispossession, keeping the expropriated party's patrimony economically intact. To protect the owner and in accordance with Article 45 of the Constitución Política, Article 30 of the Expropriations Law regulates a special expropriation proceeding in which only matters related to the review of the administrative appraisal of the expropriated property shall be discussed, to fix the amount of the indemnity, and in which, in this type of proceedings, the only thing that can be discussed is the fair price of the property subject to the limitation, and through which the competent judge appoints a judicial expert to carry out the study; even a third dissenting expert may be appointed at the request of one of the parties to carry out the corresponding appraisal. Although the questioned articles refer to a summary proceeding to establish that the indemnity amount is just, this must be understood to mean that the expropriation is perfected by the just indemnity, since dominion is transferred to the administration through an administrative act that establishes the characteristics of the property and the payment of the just indemnity. The three conditions must concur for the expropriation to be validly perfected (...) what is sought in the special proceeding established in the cited articles is the satisfaction of the economic claims of the owner, which are directed at being paid a fair price for the limitation imposed on his property and responds to the nature of the proceeding within which the amount of the indemnity to be paid by the administration is established (...) In that sense, it is important to clarify that the object and purpose of this summary proceeding at the level of the courts of justice is to review the administrative appraisal, in order to establish and fix the final amount of the indemnity to be paid in favor of the expropriated party, that is, only the fair price of the property subject to expropriation is sought to be discussed, and not to 'review' the administrative expropriation procedure, as the claimant erroneously attempts to propose and for which he indicates due process is violated (...)." (Emphasis added. In the identical sense, see ruling No. 2004-08015 at 4:25 p.m. on July 21, 2004).
The foregoing precedent, with binding effects for all public authorities pursuant to the provisions of Article 13 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, defines with absolute clarity the content of Article 45 of the Carta Fundamental, regarding the topic of expropriation, and sets the basic principles by which its administrative and judicial processing must be governed. From these it follows: a) that the Administration must restore to the owner the same property or right of which he is deprived, together with the resulting damages and losses that are a consequence of the dispossession; b) that the indemnity must be just and prior and must encompass the objective value of the property; c) that the judicial proceedings have the sole purpose of discussing the fair price for that dispossession, that is, defining the definitive amount of the indemnity; and, d) that this fair price shall always be the current value of what is expropriated. The foregoing completes the constitutional content of the property right and cannot be ignored by this authority, which in any case fully concurs with those postulates. Furthermore, it is true that this is the position assumed by the various bodies of this specialized jurisdiction for many years and which is maintained to date. Thus, the Sala Primera de la Corte, in its well-known ruling No. 166-F-92 at 4:20 p.m. on December 18, 1992, which in what is of interest indicated:
"XIX.- The indemnity constitutes the cornerstone of expropriation. The expropriated party has the right to full reparation, that is, to the comprehensive economic equivalent of the real value of the expropriated property or right, and the consequent damage (incidental and lost profits) from the deprivation of his property. It is a matter of thus maintaining a balance of values, since if this were broken, to the detriment of the expropriated party, a confiscation would occur. If the indemnity is lacking, one is in the presence of other institutions (seizures, confiscations, limitations of social interest, etc.). It can be defined as a technique of conversion of rights to keep the owner's patrimony unharmed: the value of the expropriated property or right, and the damage, is substituted by its economic or monetary value. Therefore, the guiding idea of expropriation is constituted by the principle of leaving the expropriated party's patrimony in a state equal to that preceding the deprivation, through a conversion, commutation, or substitution of values (value of the expropriated property for an equivalent value in money). The cause of the expropriatory indemnity lies in the need to leave the expropriated party's patrimony unharmed, and not in the production of damage through lawful conduct, since expropriation is an administrative activity deliberately oriented toward dispossession. The indemnity is also justified in that expropriation is a special contribution that imposes a sacrifice. It breaks with the principle of equality before public burdens. For this reason, the administered party's patrimonial equilibrium must be reestablished. As can be seen, the indemnity is not a price, that is, the consideration in an exchange relationship that represents the monetary value of a property whose ownership is transferred from one subject to another. To indemnify is to exempt from all damage and harm through a complete compensation, which is not achieved if any of them persists, and there is detriment. It is to restore one to a situation similar to the previous one. The indemnity is consubstantial, or inherent, to expropriation, that is, it is a sine qua non requirement for its operation. There is an inseparable nexus between the two institutions. There is no expropriation without indemnity. Every expropriation generates the duty to indemnify in advance (Ubi expropriatio ibi indemnitas)...
XX.- The indemnity must be prior. Its legal nature is determined by that character. The prior nature has become one of the prerequisites for the legitimacy of the exercise of the expropriatory power. It is a prerequisite for validity and effectiveness. Dispossession without prior indemnity constitutes a de facto expropriation or a confiscation. The justification for this characteristic arises from the imperative need not to defer or prolong indefinitely in time the patrimonial impoverishment generated by the expropriation. If the indemnity is postponed to a time after the deprivation, the expropriated party will be financing or granting forced loans, which is inadmissible according to the principle of equality before public burdens; the prior character, then, refers to its timing and not to its content, and must consequently be so in relation to the transfer of dominion...
XXI.- This explains why one of the basic constitutional requirements for the viability of expropriation is the condition of 'prior' indemnity. There cannot be a loss of property and its correlative transfer to the expropriator as long as the indemnity has not been fixed and paid. With the exceptions established in the constitution, of war or national commotion. The prior character of the indemnity explains how, as long as the indemnity is not paid, there is no transfer of dominion.
XXII.- The indemnity must be just. This brings to mind its objectivity and completeness. Just in that it must keep the expropriated party's patrimony intact and unharmed, through the conversion of rights (substituting the value of a property or right for its monetary equivalent), and must be based on objective criteria, since it must recognize the market value or market price (common market price), in cash, or in equivalent terms, as if between a willing buyer and a willing seller, both informed of the transaction and under no obligation to do so. It is the same concept of objective, current, or selling value, even equitable market value; consequently, the indemnity will be unjust if it is merely symbolic or derisory. It is a 'replacement value' in substance, that is, the value that allows the acquisition of a property analogous to the one lost through the dispossession, perhaps not in the same location -if dealing with real estate-, as that is materially impossible, but somewhere else. The replacement value is the possibility offered to the expropriated party to acquire a similar thing; it is then a replacement of values and possibilities, and not of the same thing, as that is an absurdity (See Sala de Casación No. 92 at 2:45 p.m. on October 7, 1970). Thus, the expropriator must indemnify the selling value (market value) updated to the time of the final judgment. It consists of the real value of a property subject to the free interplay of supply and demand, with all forms of fluctuation that have repercussions as a consequence of inflation or deflation, at that moment. The expropriatory indemnity must represent the economic equivalent of the sacrifice, and is oriented toward the full restoration of his patrimony. If it balances the rights of the expropriator and the expropriated party, the latter must obtain, and the former must provide, full reparation for the loss of property. It is also called 'fair price' (justiprecio), since that concept is inherent to the idea of economic balance and commutative relationship. Just obliges it to be rigorously objective: it implies externally appraising the value of what is sacrificed and the consequent damages, as such, without interjecting subjective appreciations. In simple terms, just indemnity means to indemnify according to law (secundum ius)...
XXIII.- The indemnity must be integral. The patrimony of the passive subject must remain unharmed. An expropriation without equitable indemnity constitutes a confiscation. Integrality implies an indemnity of the real -effective- (current market or market) value of the property (including its accessories) and all damages, diminutions in value, and expenses consequent to the dispossession, the quantum of which is determined in the valuation. It is said to be full in that there must be a conversion of the property right into its economic equivalent. The indemnity cannot be a source of gain or wealth, only of integral reparation for the value of what is expropriated and the consequent damage, that is, it cannot constitute a means of granting profits at the expense of the community." The same ruling, further on, clearly expresses the following:
'XXV.- The moment for calculating or appraising the indemnity is of vital importance, due to the influence of inflationary or deflationary processes, currency devaluation, the change in value of goods in the market, the length of judicial processes, and the lack of concomitance between its fixing and the deprivation. If expropriation tends to balance the situation prior to and after the expropriatory act, the moment of appraisal of the indemnity cannot be underestimated. In this regard, doctrine has set out several guidelines: 1) the date of the affectation: expropriatory decree; 2) Commencement of the expropriation proceeding; this externalizes the State's will to carry out the expropriation, but does not by itself produce the transfer of dominion. 3) the moment of occupation, possession, or dispossession by the expropriator; 4) at the moment of issuing the final judgment. It has been noted that, if there is no rampant monetary depreciation, the value at the moment of dispossession; otherwise, the value in effect on the date of the final judgment. The latter may be the solution most adjusted to the constitutional requirement of 'prior' indemnity, that is, the transfer of property only operates if the respective indemnity is paid in advance, and since this is determined in the final judgment, that is the moment to quantify it. In the case of the other proposed solutions, the lapse between the appraisal and the final judgment is usually prolonged, making them inconvenient as a result. In short, the date of the final judgment is the closest to the payment of the indemnity, for which reason it must be the temporal parameter for fixing the just and full indemnity." (Emphasis added.)
In accordance with the foregoing, this collegiate body understands that the Judge of the Contentious-Administrative jurisdiction, in this type of matter, has full competence to determine the fair price, with expert assistance, and not just to review whether the valuation carried out by the Administration at a specific historical moment was correct for that date, regardless of the time it takes to conclude the matter in the jurisdictional venue. The expropriated property must be fairly appraised according to the conditions in which it was at the time of deciding its affectation. The Law itself prevents taking into consideration future events, expectations of rights, or increased values derived from the project that gave rise to the dispossession, and it is in that sense that this provision must be interpreted (see Article 22 idem).- The judicial procedure is provided to give content to the concept of "just indemnity," which must be understood in the terms just set forth and, therefore, the citation of the legislative records and the explanatory statement of the bill that led to the current wording of said precept –Article 30– would not allow reaching a conclusion different from that indicated here, at least not without upsetting the will of the constituent of 1949, which in this matter remains unchanged. If the "review" of the appraisal were immediate, there would be no problem, since the price recorded there, if correctly calculated, would respond to the fair price of which the Constitution and the law speak; but that is not what normally occurs in practice, where months and years often pass before the State initiates the judicial proceedings.- V.- In the specific case, the Tribunal considers that the appellant is only partially correct in his arguments, which requires modifying the judgment under appeal in the manner that will be stated. The fundamental discrepancy evidently lies in the value at which the property affected by the easement being constituted should be appraised, given the marked differences between the two appraisals rendered. On the one hand, the administrative estimate determined a unit value of ¢6,180,000.00 per hectare; that is, ¢618.00 per square meter, based on which the value of the easement was fixed at the amount of ¢366,969.65 and the damage to the remainder at ¢32,259.95. On the other hand, the judicial appraisal fixed the value per square meter at ¢1,200.00, arriving at the sum of ¢712,562.40 for the value of the easement and ¢9,201,860.16 for damage to the remainder. The a quo decided to depart from this latter estimate, considering it unfounded. In this regard, it stated:
"Another deficiency is the lack of calculation memory regarding the form in which the unit value of the land was calculated, the procedure is unknown, although it is known that a determining factor in calculating the unit value of a land is its size, and in this case the expert used an erroneous datum, another circumstance is the market study of annex 9, 4 properties are indicated, about which very little information is provided, their location is unknown, the farm number, nor the characteristics of the same, the foregoing in order to establish the possibility of a comparison with the farm subject to expropriation, in this case the administrative appraisal has more reliable information not only because it provides the calculation memories but because a clearer description of the farms being compared is provided (folio 22), furthermore the map of land values by homogeneous zones was provided (folio 23), the value per square meter is better justified in the administrative appraisal (see folio 10), not to mention that the administrative appraisal used the correct measurement of the farm." This Chamber considers said objections reasonable, particularly that according to which it is not possible to appreciate in what way the expert arrived at the fixing of a value of ¢1,200.00 per square meter, since he neither explains it in the methodology (f. 174-175) nor does said datum emerge from the comparative data contained in annex 9 of his report (f. 223-224). Certainly, the undersigned share the view that the administrative appraisal is better supported regarding this aspect, despite which –and as will be seen further on– we do not consider it appropriate to base the calculations on the average figure contained in that study either.- VI.- The appellant considers that, regarding the market value of the land (and, consequently, in determining the amount of the indemnity), the lower court judge should have taken as a reference parameter the amount of the offer that the Red Operating Company (Empresa Propietaria de la Red, EPR) made to the expropriated party at the time (f. 61). The appealed ruling specified in this regard:
"Regarding the offer prior to the appraisal by the Red Operating Company on folio 61, in the sum of ¢1,900,000.00, it is not a figure binding on the ICE, since the official administrative appraisal is number 755-2011, the plaintiff Institute can change the amounts and appraisals according to its needs, but with due justification; the evidence in this sense is not useful for fixing the fair price." Indeed, even though the ICE holds a stake in the EPR (and this was even reaffirmed by the first entity's legal representative in his presentation during the oral hearing), the fact is that legally they are two entities independent of each other, such that any proposal made to the respondent by the second evidently cannot legally bind the ICE. In any case, there is no justification in the expediente supporting the basis on which the determination of the offered price was reached. Therefore, the grievance lacks legal support and must be rejected.- VII.- Regarding the alleged existence of environmental damage that was not adequately considered in the appealed judgment, it must be said that in that pronouncement the following is read:
"It also makes arguments about alleged environmental damage, but provides no evidence and indicates that it will report it to the competent criminal and administrative authorities; while it is true that photographs of trees painted with the coordinate number are provided, this in itself does not produce environmental damage, other photographs showing the cutting of some trees (sic) to establish a path (folios 63-87), also do not demonstrate damage or an impact of significant magnitude, the expropriated party does not provide any technical study demonstrating that the formation of the path seen in photographs caused damage sufficiently large as the expropriated party claims, in any case it is evident that there was tree felling to establish the easement area, however said activity must be viewed integrally, at the time of establishing the price of the easement, and not separately since the tree felling seen in the photographs is a consequence of the easement and does not produce environmental damage as such and is considered of low intensity. It is noted that the expropriated party requests the assessment of environmental damage by the expert, and that the court appoints the expert requested by the expropriated party; however, when expert Roberto Loría (Expert requested by the party) carried out his valuation, he did not consider the alleged environmental damage indicated by the expropriated party, and that the latter had no objection in this regard, on the contrary the expropriated party expresses its conformity with the judicial expert appraisal carried out." The foregoing indicates that the environmental damage alleged by the party does not exist; the judicial expert did not consider its existence, for that reason did not assess it, and the expropriated party has accepted that situation, since it did not object to the expert report that omitted the alleged environmental damage, and expressly states that it accepts it.” In the consideration of this Chamber, the issue raised indeed should have received different treatment, although not the one expected by the defendant and now appellant. To understand why, it is necessary to recall that, in accordance with the provisions of Article 2, subsection e) of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente, LOA), No. 7554 of October 4, 1995, “Damage to the environment constitutes an offense of a social nature, as it affects the foundations of society's existence; economic, because it threatens the materials and resources indispensable for productive activities; cultural, insofar as it endangers the way of life of communities; and ethical, because it threatens the very existence of present and future generations.” From this perspective, without prejudice to the fact that any person has standing to act in protection of the environment (a matter in which both legislation and constitutional case law recognize the existence of a genuine popular action, for example, in the provisions of Article 105 of the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad –LB–) No. 7788 of April 30, 1998), the same does not hold true with respect to claims for civil liabilities arising from environmental damage, a field in which the right of action belongs properly to the State, based on the provisions –both in general, and specifically regarding the forest matter of interest here– in rules such as Articles 46 and 48 of the aforementioned LOA; 54 of the LB; and 58, final paragraph, of the Forest Law (Ley Forestal), No. 7575 of February 13, 1996. Consequently, the defendant appellant lacks standing to seek pecuniary reparations for environmental damage, strictly understood as such. That said, if what he is instead requesting is compensation for the value of the trees on his property that had to be felled to allow the passage of the power line installed by ICE, by way of purely material damage, he may perfectly well file the corresponding claim against that entity, an aspect whose consideration is foreign to this special proceeding. Thus, the grievance raised must be rejected.
VIII.- ASPECTS THAT MUST BE CONSIDERED IN THE DETERMINATION OF JUST COMPENSATION (JUSTIPRECIO). As can be deduced from everything explained up to this point, even though the Court endorses the fact that the lower court decided to depart from the judicial appraisal for the purposes of setting the compensation to be paid to the defendant for the constitution of the easement (servidumbre) for the power line across his property, given the deficiencies noted therein, leaning instead toward the administrative appraisal, we also consider that the latter must be reviewed with respect to two specific aspects: 1) the value, per square meter, of the property; and, 2) the methodology for calculating the damage to the remainder. However, before proceeding with the corresponding determination, it is necessary to specify the following aspects, all of relevance for such purposes:
IX.- COMPUTATION OF COMPENSATION. Based on the premises just stated, it becomes possible to proceed with the calculation of the corresponding amounts. Having reviewed the tables of comparable properties contained in the administrative appraisal (folios 10, 18, and 22) and bearing in mind the uselessness of the figure of ¢1,200 per square meter used in the judicial appraisal, this Chamber considers it fair and reasonable to set the unit value of the land of interest here at the sum of seven hundred five colones and forty-seven céntimos (¢705.47) per square meter, established by ICE itself for reference number three of the homologation study. Indeed, this decision takes into account not only the similarity factors highlighted in that study with respect to the property of the defendant herein, but also the degree of age of the appraisal conducted by ICE, in light of the requirement that the value set be as closely adjusted as possible to the real and current circumstances of the property, without exceeding the highest sum estimated in the appraisals. Moreover, it is not superfluous to indicate that, according to the photographic evidence in the record and what is evident from the judicial inspection conducted, the farm in question indeed possesses great scenic beauty, which undoubtedly operates as a value-enhancing factor. For its part, to determine the damage to the remainder, it is appropriate to apply the aforementioned comparative “before and after” method, for the reasons set forth above. Thus:
A. Calculation of compensation for constitution of the easement (servidumbre):
· Easement (servidumbre) area: 989.67 m² · Unit value of the land: ¢705.47/m² · Affectation factor: 60% (0.60) Consequently:
· 989.67 m² x ¢705.47/m² x 0.60 = ¢418,909.50 Therefore, the amount of compensation corresponding to this item is set at the sum of four hundred eighteen thousand nine hundred nine colones and fifty céntimos.
B. Calculation of compensation for damage to the remainder:
· Property area: 68,712.00 m² · Easement (servidumbre) area, relative to the total farm: 1.44% (0.0144) (see folio 8) · Area affected by the easement (servidumbre) (remainder): 100% - 1.44% = 98.56% (0.9856) Consequently, the value of the farm without the easement (servidumbre) (“before”) is established as follows:
· 68,712.00 m² x ¢705.47/m² = ¢48,474,254.64 For its part, the value of the farm with the easement (servidumbre) (“after”) is determined as follows:
· (68,712.00 m² - 989.67 m²) x ¢705.47/m² x 0.9856 = ¢47,088,096.71 Finally, the difference between “before” and “after” is:
· ¢48,474,254.64 - ¢47,088,096.71 = ¢1,386,157.93 In accordance with the above, the value of the damage to the remainder is set at the amount of one million three hundred eighty-six thousand one hundred fifty-seven colones and ninety-three céntimos.
C. Calculation of the total compensation due:
Sum of the figures established in steps A and B above:
· ¢418,909.50 + ¢1,386,157.93 = ¢1,805,067.43 That is, a global amount of one million eight hundred five thousand sixty-seven colones and forty-three céntimos.
X.- DETERMINATION OF INTEREST. The judgment under appeal, as can be seen from its operative part already transcribed above, did not take into consideration the provisions of Article 11 of the Expropriations Law (Ley de Expropiaciones), No. 7495 of May 3, 1995, and its amendments, according to which the expropriating Administration is obligated to recognize interest to the expropriated party, ex officio and at the prevailing legal rate, from the dispossession of the asset (which occurred on December 5, 2012: folio 141) and until effective payment. And it adds that –as in this case (see folios 138-139)– when there is a deposit of the administrative appraisal, the interest shall be calculated on the difference between that deposit and the just compensation (justiprecio). In this sense, the aforementioned judgment must be supplemented accordingly. To conclude, it is appropriate to impose costs on the expropriating party, which shall be calculated on the principal and the interest to be liquidated in due course.
XI.- NOTIFICATIONS. Finally, in accordance with numeral 40 of the recently cited Expropriations Law (Ley de Expropiaciones) and because it was likewise omitted, it is ordered that the ruling be communicated to the Dirección General de Tributación and the Municipality of Puriscal, for their respective responsibilities. In this respect, the appealed resolution is also supplemented.
THEREFORE (POR TANTO):
Judgment number 1766-2013 of ten hours and three minutes of September tenth, two thousand thirteen, is modified in the following respects: a) The total amount that the Instituto Costarricense de Electricidad must compensate the defendant is set at one million eight hundred five thousand sixty-seven colones and forty-three céntimos; b) The plaintiff entity must also recognize interest to the expropriated party, at the prevailing legal rate, from December fifth, two thousand twelve, and until effective payment, which shall be calculated on the difference between the deposit already made and the just compensation (justiprecio); c) The expropriating party is ordered to pay both costs, which shall be calculated on the principal and the interest to be liquidated in due course; and, d) It is ordered that the ruling be communicated to the Dirección General de Tributación and the Municipality of Puriscal, for their respective responsibilities. In all other respects, the judgment brought on appeal remains unaltered. LET IT BE NOTIFIED.
YAZMÍN ARAGÓN CAMBRONERO HUBERT FERNÁNDEZ ARGÜELLO CHRISTIAN HESS ARAYA Classification prepared by CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL of the Poder Judicial. Reproduction and/or distribution for profit is prohibited.
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Tribunal de Apelación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda Clase de asunto: Diligencias de fijación del justiprecio en expropiación Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Contenido de Interés:
Temas Estrategicos: Ambiental Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Derecho Administrativo Tema: Indemnización por expropiación Subtemas:
Competencia y atribuciones del juez para fijar el precio justo actual del bien. Legitimación para interponer reclamo de responsabilidades civiles originadas en el daño ambiental.
Tema: Expropiación Subtemas:
Competencia y atribuciones del juez para fijar el precio justo actual del bien. Legitimación para interponer reclamo de responsabilidades civiles originadas en el daño ambiental.
Tema: Avalúo administrativo para expropiación Subtemas:
Competencia y atribuciones del juez para fijar el precio justo actual del bien.
Tema: Daño ambiental Subtemas:
Legitimación para interponer reclamo de responsabilidades civiles originadas por expropiación.
Tema: Legitimación en el proceso contencioso administrativo Subtemas:
Reclamo de responsabilidades civiles originadas en el daño ambiental en caso de expropiación.
“III.- SOBRE EL FONDO. De previo a analizar las cuestiones concretas debatidas a través de los agravios formulados, este órgano colegiado se permite recordar que, en este tipo de asuntos, el principio que condiciona su competencia es el que deriva del artículo 45, párrafo primero, de la Constitución Política, conforme al cual el acto expropiatorio debe siempre estar precedido de una previa y justa indemnización, al dueño del bien o derecho objeto de despojo. Es esa una garantía fundamental, que propende –como lo reconocen unánimemente la doctrina y la jurisprudencia patrias– a impedir que, en aras de la satisfacción de los intereses públicos, sean sólo unos pocos (los que sufren el desarraigo de su propiedad) quienes deban soportar lo que corresponde a la colectividad que se beneficia con aquél y, en esa medida, las diligencias judiciales de fijación del justiprecio, tienen por finalidad esencial la de hacer efectiva la cláusula general de igualdad ante las cargas públicas, por cuya virtud es la comunidad en general la que debe cargar por lo que le interesa, indemnizando a todos los miembros de ésta, a través de los impuestos que pagan, a quien sufra un perjuicio particular. Eso es lo que ocurre con la potestad en análisis, en la que se desapodera a una persona de una de sus pertenencias, para someterla a un uso común, afectarla a un servicio público o satisfacer otro interés público preponderante. Recuérdese que de conformidad con el artículo 28 de la Ley de Expropiaciones vigente, Nº 7495 del 3 de mayo de 1995 y sus reformas, este “proceso especial” (como se le denomina), únicamente tiene lugar cuando existe disconformidad del expropiado con el avalúo administrativo o cuando está presente algún impedimento legal para llegar a un acuerdo en sede administrativa; es decir, que está previsto para dar cabal contenido, en vía judicial, a aquel postulado constitucional y establecer aquí lo que no pudo definirse en la previa: el valor justo del bien para entregarlo al afectado.- IV.- A la cuestión de cuál es el resarcimiento justo, ya la jurisprudencia ha dado una respuesta tajante, pues se ha señalado, desde vieja data, que éste es el precio venal de mercado y actual del bien o el más cercano al de la fecha de la sentencia definitiva. La Sala Constitucional, en su fallo Nº 2002-4878 de las 14:53 horas del 22 de mayo del 2002, señaló:
“VII.- Sobre la indemnización.- Otro aspecto a considerar es que la potestad estatal para expropiar un bien - para que sea constitucionalmente válida- está condicionada a que el patrimonio de su propietario quede indemne, es decir sin daño, de ahí la especial protección que el legislador dispuso al establecer el juicio sumario sobre el justo precio. La indemnización es una compensación económica debida por el sacrificio impuesto al propietario en el interés público, e importa restituir íntegramente al propietario el mismo valor económico de que se le priva y cubrir además los daños y perjuicios que sean consecuencia de la expropiación. Esta debe ser justa y previa, por ello debe de comprender el pago del valor objetivo del bien expropiado, los daños y perjuicios causados directa o indirectamente por el desapoderamiento, manteniendo económicamente incólume el patrimonio del expropiado. En protección al propietario y de acorde al numeral 45 de la Constitución Política el numeral 30 de la Ley Expropiaciones regula acerca un proceso especial de expropiación en el que sólo se discutirá asuntos relacionados con la revisión del avalúo administrativo del bien expropiado, para fijar el monto de la indemnización y en cual en este tipo de diligencias lo único que es posible discutir es el justiprecio del bien objeto de la limitación y mediante el cual el juez competente nombra un perito judicial para que realice el estudio; incluso se puede nombrar a petición de alguna de las partes un perito tercero en discordia para que realice el avalúo correspondiente. Si bien los artículos cuestionados se refieren a un proceso sumario para establecer el monto de la indemnización sea justa, éste debe de entenderse que con la indemnización justa se perfecciona la expropiación, por cuanto se transfiere el dominio a la administración mediante un acto administrativo que establece las características del bien y el pago de la indemnización justa. Las tres condiciones deben de concurrir para que válidamente quede perfeccionada la expropiación (...) lo pretendido en el proceso especial establecido en los artículos citados, es la satisfacción de las pretensiones económicas del propietario, las cuales se dirigen a que se le pague un precio justo por la limitación que se le impone a su propiedad y obedece a la naturaleza del proceso dentro del cual se establece el monto de indemnización a pagar por la administración (...) En ese sentido es importante aclarar que el objeto y fin de este procedimiento sumario a nivel de los tribunales de justicia, es el de revisar el avalúo administrativo, con el fin de establecer y fijar el monto final de la indemnización a cancelar a favor del expropiado, sea, solo se pretende discutir el precio justo del bien objeto de la expropiación, no así “revisar” el procedimiento administrativo de expropiación, tal y como lo pretende plantear erróneamente el accionante y para lo cual indica se viola el debido proceso (...)”. (Énfasis agregados. En idéntico sentido, véase la sentencia Nº 2004-08015 de las 16:25 horas del 21 de julio del 2004).
El anterior precedente, de efectos vinculantes para todas las autoridades públicas a tenor de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, define con absoluta claridad el contenido del artículo 45 de la Carta Fundamental, en punto al tema de la expropiación y fija los principios básicos por los que debe regirse el trámite administrativo y judicial de ésta. De ellos se desprende: a) que la Administración debe restituir al propietario el mismo bien o derecho de que se le priva, junto con los daños y perjuicios ocasionados, que sean consecuencia del despojo; b) que la indemnización debe ser justa y previa y debe comprender el valor objetivo del bien; c) que las diligencias judiciales tienen por objeto, únicamente, discutir el justo precio por ese desapoderamiento, esto es, definir el monto definitivo de la indemnización; y, d) que ese justiprecio será siempre el valor actual de lo expropiado. Lo expuesto completa el contenido constitucional del derecho de propiedad y no puede ser desconocido por esta autoridad, la que en todo caso, concuerda en un todo con esos postulados. Además, es lo cierto que esa es la posición asumida por los diversos órganos de esta jurisdicción especializada, desde hace muchos años, y que se mantiene hasta la fecha. Así, la Sala Primera de la Corte, en su conocida sentencia Nº 166-F-92 de las 16:20 horas del 18 de diciembre de 1992, que en lo que interesa indicó:
“XIX.- La indemnización constituye la piedra angular de la expropiación. El expropiado tiene derecho a la reparación integral, sea al equivalente económico comprensivo del valor real del bien o derecho expropiado, y del daño consecuente (emergente y lucro cesante) de la privación de su propiedad. Se trata de mantener así un equilibrio de valores, pues si éste fuera roto, en detrimento del expropiado, se produciría una confiscación. Si falta la indemnización se estará en presencia de otras instituciones (comisos, confiscaciones, limitaciones de interés social, etc.). Se puede definir como una técnica de conversión de derechos para mantener incólume el patrimonio del propietario: el valor del bien o derecho expropiado, y el daño es sustituido por su valor económico o monetario. Por ello la idea rectora de la expropiación la constituye el principio de dejar el patrimonio del expropiado en un estado igual al precedente a la privación, mediante una conversión, conmutación o sustitución de valores (valor de los bienes expropiados por un valor equivalente en dinero). La causa de la indemnización expropiatoria está en la necesidad de dejar el patrimonio del expropiado indemne, y no en la producción de un daño por conducta lícita, ya que la expropiación es una actividad administrativa deliberadamente orientada al despojo. La indemnización se justifica, igualmente, en cuanto la expropiación es una contribución especial que impone un sacrificio. Rompe con el principio de igualdad ante las cargas públicas. Por esto debe restablecerse el equilibrio patrimonial del administrado. Como se ve la indemnización no es un precio, es decir, la contraprestación de una relación de cambio que representa el valor monetario de un bien cuya propiedad se transmite de un sujeto a otro. Indemnizar es eximir de todo daño y perjuicio a través de un resarcimiento cabal, el cual no se logra si alguno de ellos persiste, y hay desmedro. Es restablecerle a una situación similar a la anterior. La indemnización es consustancial, o inherente, a la expropiación, es decir es un requisito sine qua non para su funcionamiento. Hay un nexo inescindible entre ambas instituciones. No hay expropiación sin indemnización. Toda expropiación genera el deber de indemnizar de manera previa (Ubi expropriatio ibi indemnitas)...
XX.- La indemnización debe ser previa. Su naturaleza jurídica está determinada por ese carácter. Lo previo se ha erigido en uno de los presupuestos de legitimidad del ejercicio de la potestad expropiatoria. Es un presupuesto de validez y eficacia. El desapoderamiento sin indemnización previa constituye una expropiación de hecho o una confiscación. La justificación de esa característica surge de la imperiosa necesidad de no diferir o prolongar indefinidamente en el tiempo el empobrecimiento patrimonial generado por la expropiación. Si la indemnización es postergada a un momento ulterior al de la privación, el expropiado estará financiando u otorgando créditos forzosos, lo cual resulta inadmisible en función del principio de igualdad ante las cargas públicas, el carácter de previo, entonces, está referido a su oportunidad y no a su contenido y debe serlo, consecuentemente, en relación a la transmisión del dominio...
XXI.- Es por esto explicable como uno de los recaudos constitucionales básicos para la viabilidad de la expropiación es la condición de indemnización “previa”. No puede haber pérdida de la propiedad y su correlativa transmisión al expropiante en tanto no se haya fijado y pagado la indemnización. Con las salvedades establecidas en la constitución, de guerra o conmoción nacional. El carácter previo de la indemnización explica como hasta tanto no se pague la indemnización no existe transmisión del dominio.
XXII.- La indemnización debe ser justa. Esto trae a colación su objetividad y plenitud. Justa en cuanto debe mantener intacto e incólume el patrimonio del expropiado, mediante la conversión de derechos (sustituyendo el valor de un bien o derecho por su equivalente monetario), y debe fundarse en criterios objetivos, pues debe reconocerse el valor en plaza o de mercado (común de mercado), al contado, o en términos equivalentes, como si fuere entre un comprador deseoso de comprar y un vendedor deseoso de vender, ambos informados del negocio, y sin obligación de hacerlo. Es el mismo concepto de valor objetivo, actual o venal, incluso de valor equitativo en plaza, consecuentemente la indemnización será injusta si es meramente simbólica o irrisoria. Se trata de un ‘valor de reposición’ en sustancia, sea el que permita adquirir un bien análogo al perdido con el desapoderamiento, quizá no en el mismo sitio -si se trata de inmuebles-, por ser ello imposible materialmente, sino en cualquier otra parte. El valor de reposición es la posibilidad que se le brinda al expropiado de adquirir una cosa similar, tratase entonces de una reposición de valores y posibilidades y no de la misma cosa, por ser ello un absurdo (V. Sala de Casación Nº 92 de las 14 horas 45 minutos del 7 de octubre de 1970). Así el expropiador deberá indemnizar el valor venal (de mercado) actualizado al momento de la sentencia definitiva. Consiste en el valor real de un bien sujeto al libre criterio de la oferta y la demanda, con todas las formas de oscilación que repercuten como consecuencia de la inflación o deflación, en ese momento. La indemnización expropiatoria debe representar el equivalente económico del sacrificio, y está orientada al pleno reintegro de su patrimonio. Si equilibra los derechos del expropiante y del expropiado, el segundo debe obtener, y el primero debe satisfacer, una reparación plenaria por la pérdida de la propiedad. También se le denomina ‘justiprecio’, pues ese concepto es inherente a la idea de equilibrio económico y relación conmutativa. Justa obliga a ser rigurosamente objetiva: supone apreciar externamente el valor de lo sacrificado y de los daños consecuentes, como tales, sin intercalar apreciaciones de índole subjetiva. En términos sencillos, la indemnización justa significa indemnizar conforme a la ley (secundum ius)...
XXIII.- La indemnización debe ser integral. El patrimonio del sujeto pasivo debe quedar indemne. Una expropiación sin indemnización equitativa constituye una confiscación. La integralidad supone una indemnización del valor real -efectivo- (actual en plaza o de mercado) del bien (incluidos sus accesorios) y todos los daños, desmerecimientos y erogaciones consecuentes de la desposesión, quantum que se determina en la tasación. Se dice plena en cuanto debe haber una conversión del derecho de propiedad en su equivalente económico. La indemnización no puede ser fuente de ganancia o riquezas, sólo de reparación integral del valor de lo expropiado y del daño consecuente, es decir, no puede constituir un medio de otorgar lucros a expensas de la comunidad.” El mismo fallo, más adelante, expresa con claridad lo siguiente:
‘XXV.- El momento del cálculo o tasación de la indemnización es de vital importancia, por la influencia de los procesos inflacionarios o deflacionarios, la devaluación de la moneda, la mutación del valor de los bienes en el mercado, el tiempo de los procesos judiciales, y la falta de concomitancia entre su fijación y la privación. Si la expropiación tiende a equilibrar la situación anterior con la posterior al acto ablatorio no puede subestimarse al momento de la tasación de la indemnización. Al respecto, la doctrina ha trazado varias pautas: 1) la fecha de la afectación: decreto expropiatorio; 2) Inicio del juicio expropiatorio, éste exterioriza la voluntad del Estado de efectuar la expropiación, pero no produce por sí la transmisión del dominio. 3) el momento de la ocupación, posesión o desapropio por parte del expropiante; 4) al momento de dictarse la sentencia definitiva. Se ha señalado, si no hay una depreciación monetaria galopante, el valor del momento de la desposesión, caso contrario, el vigente a la fecha de la sentencia definitiva. La última puede ser la solución más ajustada al requisito constitucional de la indemnización ‘previa’, es decir, la transmisión de la propiedad únicamente opera si se paga anticipadamente la respectiva indemnización, y como ésta se determina en la sentencia definitiva ese es el momento para cuantificarla. En el caso de las otras soluciones propuestas el lapso entre la tasación y la sentencia definitiva suele ser prolongado resultando por ello inconvenientes. En suma, la fecha de la sentencia definitiva es la más próxima al del pago de la indemnización, por lo cual debe ser el parámetro temporal para fijar la indemnización justa y plena.” (Énfasis agregados.)
En concordancia con lo expuesto, este órgano colegiado entiende que, el Juez de lo contencioso administrativo, en este tipo de asuntos, tiene plena competencia para determinar el justo precio, con ayuda pericial, y no sólo para revisar si la valoración efectuada por la Administración, en un momento histórico determinado, estaba correcta para esa fecha, con independencia del tiempo que tarde en concluir el asunto en sede jurisdiccional. El bien expropiado debe justipreciarse según las condiciones en que se encontraba al momento de decidir su afectación. La propia Ley, impide tomar en consideración hechos futuros, expectativas de derechos o plusvalías derivadas del proyecto que originó la desposesión, y es en ese sentido que debe interpretarse ese numeral (ver artículo 22 ídem).- El procedimiento judicial está previsto para darle contenido al concepto de “indemnización justa”, la que debe entenderse en los términos recién expuestos y, por allí, la cita de las actas legislativas y de la exposición de motivos del proyecto de ley que derivó en la redacción actual de dicho precepto –artículo 30– no permitirían arribar a una conclusión distinta de la aquí señalada, al menos no sin trastocar la voluntad del constituyente de 1949, que en este tema se mantiene incólume. Si la “revisión” del avalúo fuera inmediata, no habría ningún problema, pues el precio allí consignado, si se calculó correctamente, sí respondería al precio justo del que hablan la Constitución y la ley; pero eso no es lo que normalmente ocurre en la práctica, en donde muchas veces transcurren meses y años para que el Estado promueva las diligencias judiciales.- V.- En el caso concreto, considera el Tribunal que el recurrente lleva razón sólo parcialmente en cuanto a sus alegatos, lo cual impone modificar la sentencia venida en alzada de la forma en que se dirá. La discrepancia primordial radica, evidentemente, en lo tocante al valor en que se debe estimar el inmueble afectado por la servidumbre que se constituye, dadas las marcadas diferencias entre los dos avalúos rendidos. Por una parte, la estimación administrativa determinó un valor unitario de ¢6.180.000,00 por hectárea; es decir, ¢618,00 por metro cuadrado, con base en lo cual se fijó el valor de la servidumbre en el monto de ¢366.969,65 y el daño al remanente en ¢32.259,95. Por otra, el avalúo judicial fijó en ¢1.200,00 el valor del metro cuadrado, arribando a la cifra de ¢712.562,40 por concepto de valor de la servidumbre y ¢9.201.860,16 por daño al remanente. El a quo dispuso apartarse de esta última estimación, por considerarla infundada. Al respecto dijo:
“Otra deficiencia es la falta de memoria de cálculo respecto de la forma en que se calculó el valor unitario del terreno, se desconoce el procedimiento, no obstante se sabe que un factor determinante en el cálculo del valor unitario de un terreno es su extensión, y en este caso el perito utilizó un dato erróneo, otra circunstancia es el estudio de mercado del anexo 9, se indican 4 propiedades, de las cuales se aporta muy poco de información, se desconoce su ubicación, el número de finca, ni las características de las mismas, lo anterior con el fin de establecer la posibilidad de una comparación con la finca objeto de la expropiación, en este caso el avalúo administrativo, tiene información más confiable no solo porque aporta las memorias de cálculo sino porque se aporta una descripción más clara de las fincas objeto de comparación (folio 22), además que se aportó el mapa de valores de terrenos por zonas homogéneas (folio 23), el valor del metro cuadrado está mejor justificado en el avalúo administrativo (ver folio 10), sin mencionar que en el avalúo administrativo se utilizó la medida correcta de la finca.” Esta Cámara considera razonables dichas objeciones, particularmente aquella según la cual no se logra apreciar de qué manera llegó el perito a la fijación de valor de ¢1.200,00 por metro cuadrado, pues ni lo explica en la metodología (f. 174-175) ni se desprende dicho dato a partir de los datos comparativos contenidos en el anexo 9 de su informe (f. 223-224). Ciertamente, compartimos los suscritos que el avalúo administrativo está mejor sustentado en lo relativo a este aspecto, a pesar de lo cual –y como se verá más adelante– tampoco consideramos apropiado basar los cálculos en la cifra promedio contenida en ese estudio.- VI.- El recurrente considera que, en lo relativo al valor de mercado del terreno (y, consecuentemente, en la determinación del monto de indemnización), el juzgador de instancia debió haber tomado como parámetro de referencia el monto de la oferta que en su momento hizo al expropiado la Empresa Propietaria de la Red (EPR; f. 61). Especificó el fallo recurrido al respecto:
“Respecto del ofrecimiento anterior al avalúo por parte de la Empresa Propietaria de la Red de folio 61, en la suma de ¢1.900.000,00 no es una cifra vinculante para el ICE, toda vez que el avalúo administrativo oficial es el número 755-2011, el Instituto actor puede cambiar los montos y los avalúos según sus necesidades, pero con la debida motivación; la prueba en este sentido no resulta de utilidad para la fijación del justo precio.” En efecto, aun cuando el ICE tenga participación en la EPR (y así incluso lo reafirmó el apoderado del primero en su exposición realizada durante la audiencia oral), lo cierto es que jurídicamente se trata de dos entidades independientes entre sí, de manera tal que cualquier propuesta hecha al demandado por la segunda evidentemente no puede comprometer legalmente al ICE. De toda suerte, no se cuenta con ninguna justificación en el expediente que sustente con base en qué se llevó a la determinación del precio ofertado. Así las cosas, el agravio carece de sustento jurídico y debe ser rechazado.- VII.- En lo relativo a la aducida existencia de un daño ambiental que no fue adecuadamente considerado en la sentencia impugnada, debe decirse que en dicho pronunciamiento se lee lo siguiente:
“También realiza argumentos sobre un supuesto daño ambiental, pero no aporta prueba e indica que denunciará ante las autoridades competentes penales y administrativas; si bien es cierto se aporta fotografías de árboles pintados con el número de las coordenadas, esto en sí mismo no produce un daño ambiental, otras fotografías donde se muestra la corta de algunos arboles (sic) para establecer un sendero (folios 63-87), tampoco demuestra un daño o impacto de una magnitud importante, la parte expropiada no aporta ningún estudio técnico, que demuestre que la conformación del sendero visto en fotografías causó un daño suficientemente grande como lo asegura el expropiado, en todo caso es evidente que hubo un tala de árboles para establecer el área de la servidumbre, no obstante dicha actividad debe verse en forma integral, al momento de establecerse el precio de la servidumbre y no por separado ya que la tala de árboles visto en las fotografías es una consecuencia de la servidumbre no produce como tal un daño ambiental y se considera de baja intensidad. Se toma nota que la parte expropiada solicita la valoración del daño ambiental, por parte del perito, y que el despacho nombra al perito solicitado por la parte expropiada; no obstante cuando el perito Roberto Loría (Perito solicitado por la parte) realizó su valoración, no consideró el supuesto daño ambiental señalado por la parte expropiada, y que esta última, no tuvo objeción al respecto, por el contrario la parte expropiada manifiesta su conformidad con el peritaje judicial realizado. Lo anterior denota que no existe el daño ambiental alegado por la parte, el perito judicial no consideró su existencia, por esa razón no lo valoró y la parte expropiada, ha aceptado dicha situación, puesto que no presentó objeción al peritaje que dejó por fuera el supuesto daño ambiental, y expresamente indica que lo acepta.” En la consideración de esta Cámara, el tema planteado efectivamente debió recibir un tratamiento diverso, aunque no el que espera el demandado y ahora recurrente. Para entender por qué, es necesario recordar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 inciso e) de la Ley Orgánica del Ambiente (LOA), Nº 7554 del 4 de octubre de 1995, “El daño al ambiente constituye un delito de carácter social, pues afecta las bases de la existencia de la sociedad; económico, porque atenta contra las materias y los recursos indispensables para las actividades productivas; cultural, en tanto pone en peligro la forma de vida de las comunidades, y ético, porque atenta contra la existencia misma de las generaciones presentes y futuras”. Desde esta óptica, sin perjuicio de que cualquier persona está legitimada para gestionar en tutela del ambiente (materia en la que tanto la legislación como la jurisprudencia constitucional reconocen la existencia de una verdadera acción popular, por ejemplo, en lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley de Biodiversidad –LB– Nº 7788 del 30 de abril de 1998), no ocurre lo mismo en lo referente al reclamo de responsabilidades civiles originadas en el daño ambiental, campo en el cual la titularidad del derecho de acción la tiene propiamente el Estado, a partir de lo dispuesto –tanto en general, como en lo específicamente relativo a la materia forestal que aquí interesa– en normas tales como los artículos 46 y 48 de la citada LOA; 54 de la LB y 58, párrafo último, de la Ley Forestal, Nº 7575 del 13 de febrero de 1996. En consecuencia, el accionado apelante carece de legitimación para pretender reparaciones patrimoniales por concepto de daño ambiental, entendido estrictamente como tal. Ahora bien, si lo que peticiona más bien es la retribución del valor de los árboles de su propiedad que debieron ser talados para posibilitar el paso de la línea eléctrica colocada por el ICE, a modo de daño puramente material, perfectamente puede formular el reclamo correspondiente a esa entidad, aspecto cuyo conocimiento es ajeno a este proceso especial. Así las cosas, el agravio planteado debe rechazarse.” ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas Tribunal Contencioso Administrativo Calle Blancos de Goicoechea Central: 2545-0003 Ÿ Fax: 2545-0033 Ÿ Correo: [email protected] Proceso: Expropiación Actor: Instituto Costarricense de Electricidad Demandado: Manuel Mauricio Hernández Córdoba N° 133-2014 TRIBUNAL DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. Segundo Circuito Judicial de San José, a las diez horas con treinta minutos del veintisiete de marzo del dos mil catorce.- Diligencias de fijación del justiprecio en expropiación, tramitadas ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD (ICE), representado por su apoderado especial judicial Lic. Víctor Julio Cerdas Fallas, abogado, vecino de Zapote, con cédula de identidad número 1-337-525 (f. 38); contra MANUEL MAURICIO HERNÁNDEZ CÓRDOBA, arquitecto, vecino de San Pedro de Montes de Oca, con cédula de identidad número 5-155-328 (f. 45). Ambas personas físicas citadas son mayores y casados.-
RESULTANDO:
1.- El ICE promovió este proceso por medio de demanda planteada el 26 de setiembre del 2012 (f. 39-42), para que se establezca el precio que debe pagar al accionado por la constitución de un derecho de servidumbre para el paso de la línea de transmisión eléctrica denominada SIEPAC (tramo Parrita – Palmar Norte), sobre el inmueble matrícula 267.020-000 situado en Mercedes Sur de Puriscal, provincia de San José y que es propiedad del segundo.- 2.- El expropiado se opuso al avalúo administrativo (f. 45-50).- 3.- El juez, Lic. Pablo Zeledón Hernández, dictó sentencia Nº 1766-2013 de las 10:03 horas del 10 de setiembre del 2013 (f. 236-245), cuya parte dispositiva indica: “Se confirma el avalúo administrativo número 755-2011, se fija la indemnización total que debe pagar el Instituto Costarricense de Electricidad a Mauricio Hernández Cordoba (sic), en la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE COLONES CON SESENTA CENTIMOS. La constitución de un derecho de servidumbre para el paso de líneas eléctricas recaerá sobre el inmueble ubicado en el distrito 02 Mercedes Sur, Cantón 04 Puriscal, de la Provincia de San José, matrícula 267020-000, de naturaleza para agricultura, sus linderos: al Norte con Gerardo Guerrero, al Sur con Río Arenal y Fidel Sánchez, al Este con Río Arenal y Fidel Sánchez, al Oeste con calle y Gerardo Guerrero. Mide sesenta y ocho mil setecientos doce metros cuadrados. La servidumbre tiene una longitud sobre la línea del centro de 31,43 metros, un área de 989,67 m2, con 30 metros de ancho, posee una forma irregular. Afecta a la propiedad por la esquina Noreste y ocupa 1.44% del área total de la propiedad, ingresando por la colindancia oeste con un Azimut de 99º34`46 el cual se mantiene al salir por la colindancia Este. Los linderos son al Norte con resto de la finca, al Sur resto de la finca, al Este con Río Arenal, al Oeste con Mayra (sic). Se resuelve sin especial condenatoria en intereses y costas. Destínese lo expropiado al fin público indicado. Inscríbase en el Registro Público la constitución de dicha servidumbre sobre el terreno citado, indicándose expresamente que sobre el fundo sirviente pesa la servidumbre de líneas de transmisión que en este acto se constituye. La inscripción de dichas servidumbres estará exenta del pago de derechos, impuestos, timbres, derechos de registro y demás cargas fiscales. Dentro de la franja de servidumbre se prohíben las siguientes actividades: Construcción de casas de habitación, oficinas, comercios, instalaciones educativas, deportivas y agropecuarias, siembra de cultivos que se quemen periódicamente (por ejemplo caña de azúcar), siembra de cultivos anegados (por ejemplo arroz), permanencia de vegetación (árboles o cultivos) que en su desarrollo final se aproxime a cinco metros de los cables conductores más bajos, cuando éstos se encuentren en condiciones de carga máxima o de contingencia, movimientos de tierra que por acumulación eleven o alteren el nivel natural del suelo, almacenamiento de materiales inflamables o explosivos y acumulación de materiales u otros objetos que se aproximen a cinco metros de los cables conductores más bajos, cuando éstos se encuentren en condiciones de carga máxima o de contingencia. En caso de planear una excavación en las cercanías de las estructuras de soporte de las líneas de transmisión, deberán antes consultar al Instituto Costarricense de Electricidad. Se debe permitir el acceso a funcionarios encargados de la construcción y mantenimiento de la obra. Una vez que la presente disposición adquiera firmeza, queda debidamente autorizada la Notaria de dicha Institución para que realice la protocolización de piezas correspondiente.- Notifíquese.” - 4.- Inconforme con dicho fallo, apeló el accionado (f. 246-254), recurso que fue admitido (f. 260) y en virtud del cual conoce este Despacho en alzada.- 5.- La audiencia oral a que refiere el artículo 133 del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA) tuvo lugar a partir de las 8:30 horas del 13 de marzo del 2014, con asistencia de ambas partes, en la que expusieron sus agravios y formularon conclusiones (audiencia grabada y que consta adjunta al expediente en su correspondiente soporte electrónico; minuta a f. 261-262).- 6.- Esta resolución se dicta previa deliberación y en forma unánime. No se notan causales de nulidad capaces de invalidar lo actuado.- Redacta el juez Hess Araya; y,
CONSIDERANDO:
I.- SOBRE LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por resultar contestes con lo acreditado en autos, se aprueba las relaciones de hechos probados y no probados de la sentencia venida en instancia. Se agrega dos hechos improbados adicionales, con el texto siguiente: “4) Que, como resultado de la constitución de la servidumbre, se da lugar a la existencia de un ‘área enclavada’ de 516.23 m² en el extremo noreste del inmueble gravado, la cual resulta inutilizable para cualquier fin provechoso (no hay prueba al respecto). 5) Que las limitaciones derivadas de la servidumbre que se impone al inmueble del demandado vacíen de contenido el dominio o cambien el uso al que se encuentra destinado (no hay prueba al respecto).”- II.- AGRAVIOS DEL APELANTE. Arguye el recurrente, resumidamente, que la sentencia que se recurre es contraria a derecho y al mérito de los autos, porque es violatoria del principio constitucional que consagra el sacrificio indemnizable que determina que la expropiación debe resarcirse con un precio justo y con base en el valor de mercado, así como de la situación fáctica que rodea la expropiación. Considera que el juez restó importancia al valor de mercado del bien expropiado señalado por el peritaje judicial y a la metodología del “antes y después” utilizada. Desechó los cálculos del perito, obviando la importancia de determinar el verdadero daño causado al expropiado, ya que el justiprecio determinado es a todas luces inapropiado. Estima que resulta evidente en este caso que la indemnización es irrisoria y no alcanza tan siquiera para calificarse como simbólica, pues la servidumbre afecta muchos de los atributos de la propiedad. Las limitaciones que se impone son muchas, en adición a que deberá permitirse a funcionarios del ICE acceder a la finca, lo cual vulnera el derecho a poseer con exclusión. El juzgado “pretende establecer una indemnización de un valor equivalente al de un electrodoméstico o un televisor”. Debe considerarse el hecho de que la Empresa Propietaria de la Red inicialmente ofreció la suma de ¢1.900.000, cifra mucho mayor a la determinada en el avalúo administrativo. La sentencia recurrida no determina porqué el ICE cambió su ofrecimiento y, por el contrario, castiga al expropiado adjudicando al precio de la expropiación el valor menor de los que consideró en el caso concreto. Además, comete un gravísimo error al considerar como hecho no probado que el establecimiento de la servidumbre provocara un daño ambiental, pues en el reconocimiento que se practicó se aprecia la tala de árboles realizada en la zona de protección del río que atraviesa el inmueble expropiado. Tampoco tomó en cuenta el fallo que existe una porción de terreno posterior al lugar donde se ubicaron los cables que queda prácticamente inutilizable y que debe ser parte de la indemnización reclamada. Finalmente, el valor de adquisición del inmueble en los años ochenta nunca puede considerarse punto de referencia para extraer el valor actual, pues la zona ahora es muy distinta a lo que era en esos años. Solicita que se revoque la resolución impugnada y se proceda a dictar la que en derecho corresponda. Subsidiariamente, pide que se anule la resolución y se devuelva el expediente al a quo para que determine un precio justo y equitativo.- III.- SOBRE EL FONDO. De previo a analizar las cuestiones concretas debatidas a través de los agravios formulados, este órgano colegiado se permite recordar que, en este tipo de asuntos, el principio que condiciona su competencia es el que deriva del artículo 45, párrafo primero, de la Constitución Política, conforme al cual el acto expropiatorio debe siempre estar precedido de una previa y justa indemnización, al dueño del bien o derecho objeto de despojo. Es esa una garantía fundamental, que propende –como lo reconocen unánimemente la doctrina y la jurisprudencia patrias– a impedir que, en aras de la satisfacción de los intereses públicos, sean sólo unos pocos (los que sufren el desarraigo de su propiedad) quienes deban soportar lo que corresponde a la colectividad que se beneficia con aquél y, en esa medida, las diligencias judiciales de fijación del justiprecio, tienen por finalidad esencial la de hacer efectiva la cláusula general de igualdad ante las cargas públicas, por cuya virtud es la comunidad en general la que debe cargar por lo que le interesa, indemnizando a todos los miembros de ésta, a través de los impuestos que pagan, a quien sufra un perjuicio particular. Eso es lo que ocurre con la potestad en análisis, en la que se desapodera a una persona de una de sus pertenencias, para someterla a un uso común, afectarla a un servicio público o satisfacer otro interés público preponderante. Recuérdese que de conformidad con el artículo 28 de la Ley de Expropiaciones vigente, Nº 7495 del 3 de mayo de 1995 y sus reformas, este “proceso especial” (como se le denomina), únicamente tiene lugar cuando existe disconformidad del expropiado con el avalúo administrativo o cuando está presente algún impedimento legal para llegar a un acuerdo en sede administrativa; es decir, que está previsto para dar cabal contenido, en vía judicial, a aquel postulado constitucional y establecer aquí lo que no pudo definirse en la previa: el valor justo del bien para entregarlo al afectado.- IV.- A la cuestión de cuál es el resarcimiento justo, ya la jurisprudencia ha dado una respuesta tajante, pues se ha señalado, desde vieja data, que éste es el precio venal de mercado y actual del bien o el más cercano al de la fecha de la sentencia definitiva. La Sala Constitucional, en su fallo Nº 2002-4878 de las 14:53 horas del 22 de mayo del 2002, señaló:
“VII.- Sobre la indemnización.- Otro aspecto a considerar es que la potestad estatal para expropiar un bien - para que sea constitucionalmente válida- está condicionada a que el patrimonio de su propietario quede indemne, es decir sin daño, de ahí la especial protección que el legislador dispuso al establecer el juicio sumario sobre el justo precio. La indemnización es una compensación económica debida por el sacrificio impuesto al propietario en el interés público, e importa restituir íntegramente al propietario el mismo valor económico de que se le priva y cubrir además los daños y perjuicios que sean consecuencia de la expropiación. Esta debe ser justa y previa, por ello debe de comprender el pago del valor objetivo del bien expropiado, los daños y perjuicios causados directa o indirectamente por el desapoderamiento, manteniendo económicamente incólume el patrimonio del expropiado. En protección al propietario y de acorde al numeral 45 de la Constitución Política el numeral 30 de la Ley Expropiaciones regula acerca un proceso especial de expropiación en el que sólo se discutirá asuntos relacionados con la revisión del avalúo administrativo del bien expropiado, para fijar el monto de la indemnización y en cual en este tipo de diligencias lo único que es posible discutir es el justiprecio del bien objeto de la limitación y mediante el cual el juez competente nombra un perito judicial para que realice el estudio; incluso se puede nombrar a petición de alguna de las partes un perito tercero en discordia para que realice el avalúo correspondiente. Si bien los artículos cuestionados se refieren a un proceso sumario para establecer el monto de la indemnización sea justa, éste debe de entenderse que con la indemnización justa se perfecciona la expropiación, por cuanto se transfiere el dominio a la administración mediante un acto administrativo que establece las características del bien y el pago de la indemnización justa. Las tres condiciones deben de concurrir para que válidamente quede perfeccionada la expropiación (...) lo pretendido en el proceso especial establecido en los artículos citados, es la satisfacción de las pretensiones económicas del propietario, las cuales se dirigen a que se le pague un precio justo por la limitación que se le impone a su propiedad y obedece a la naturaleza del proceso dentro del cual se establece el monto de indemnización a pagar por la administración (...) En ese sentido es importante aclarar que el objeto y fin de este procedimiento sumario a nivel de los tribunales de justicia, es el de revisar el avalúo administrativo, con el fin de establecer y fijar el monto final de la indemnización a cancelar a favor del expropiado, sea, solo se pretende discutir el precio justo del bien objeto de la expropiación, no así “revisar” el procedimiento administrativo de expropiación, tal y como lo pretende plantear erróneamente el accionante y para lo cual indica se viola el debido proceso (...)”. (Énfasis agregados. En idéntico sentido, véase la sentencia Nº 2004-08015 de las 16:25 horas del 21 de julio del 2004).
El anterior precedente, de efectos vinculantes para todas las autoridades públicas a tenor de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, define con absoluta claridad el contenido del artículo 45 de la Carta Fundamental, en punto al tema de la expropiación y fija los principios básicos por los que debe regirse el trámite administrativo y judicial de ésta. De ellos se desprende: a) que la Administración debe restituir al propietario el mismo bien o derecho de que se le priva, junto con los daños y perjuicios ocasionados, que sean consecuencia del despojo; b) que la indemnización debe ser justa y previa y debe comprender el valor objetivo del bien; c) que las diligencias judiciales tienen por objeto, únicamente, discutir el justo precio por ese desapoderamiento, esto es, definir el monto definitivo de la indemnización; y, d) que ese justiprecio será siempre el valor actual de lo expropiado. Lo expuesto completa el contenido constitucional del derecho de propiedad y no puede ser desconocido por esta autoridad, la que en todo caso, concuerda en un todo con esos postulados. Además, es lo cierto que esa es la posición asumida por los diversos órganos de esta jurisdicción especializada, desde hace muchos años, y que se mantiene hasta la fecha. Así, la Sala Primera de la Corte, en su conocida sentencia Nº 166-F-92 de las 16:20 horas del 18 de diciembre de 1992, que en lo que interesa indicó:
“XIX.- La indemnización constituye la piedra angular de la expropiación. El expropiado tiene derecho a la reparación integral, sea al equivalente económico comprensivo del valor real del bien o derecho expropiado, y del daño consecuente (emergente y lucro cesante) de la privación de su propiedad. Se trata de mantener así un equilibrio de valores, pues si éste fuera roto, en detrimento del expropiado, se produciría una confiscación. Si falta la indemnización se estará en presencia de otras instituciones (comisos, confiscaciones, limitaciones de interés social, etc.). Se puede definir como una técnica de conversión de derechos para mantener incólume el patrimonio del propietario: el valor del bien o derecho expropiado, y el daño es sustituido por su valor económico o monetario. Por ello la idea rectora de la expropiación la constituye el principio de dejar el patrimonio del expropiado en un estado igual al precedente a la privación, mediante una conversión, conmutación o sustitución de valores (valor de los bienes expropiados por un valor equivalente en dinero). La causa de la indemnización expropiatoria está en la necesidad de dejar el patrimonio del expropiado indemne, y no en la producción de un daño por conducta lícita, ya que la expropiación es una actividad administrativa deliberadamente orientada al despojo. La indemnización se justifica, igualmente, en cuanto la expropiación es una contribución especial que impone un sacrificio. Rompe con el principio de igualdad ante las cargas públicas. Por esto debe restablecerse el equilibrio patrimonial del administrado. Como se ve la indemnización no es un precio, es decir, la contraprestación de una relación de cambio que representa el valor monetario de un bien cuya propiedad se transmite de un sujeto a otro. Indemnizar es eximir de todo daño y perjuicio a través de un resarcimiento cabal, el cual no se logra si alguno de ellos persiste, y hay desmedro. Es restablecerle a una situación similar a la anterior. La indemnización es consustancial, o inherente, a la expropiación, es decir es un requisito sine qua non para su funcionamiento. Hay un nexo inescindible entre ambas instituciones. No hay expropiación sin indemnización. Toda expropiación genera el deber de indemnizar de manera previa (Ubi expropriatio ibi indemnitas)...
XX.- La indemnización debe ser previa. Su naturaleza jurídica está determinada por ese carácter. Lo previo se ha erigido en uno de los presupuestos de legitimidad del ejercicio de la potestad expropiatoria. Es un presupuesto de validez y eficacia. El desapoderamiento sin indemnización previa constituye una expropiación de hecho o una confiscación. La justificación de esa característica surge de la imperiosa necesidad de no diferir o prolongar indefinidamente en el tiempo el empobrecimiento patrimonial generado por la expropiación. Si la indemnización es postergada a un momento ulterior al de la privación, el expropiado estará financiando u otorgando créditos forzosos, lo cual resulta inadmisible en función del principio de igualdad ante las cargas públicas, el carácter de previo, entonces, está referido a su oportunidad y no a su contenido y debe serlo, consecuentemente, en relación a la transmisión del dominio...
XXI.- Es por esto explicable como uno de los recaudos constitucionales básicos para la viabilidad de la expropiación es la condición de indemnización “previa”. No puede haber pérdida de la propiedad y su correlativa transmisión al expropiante en tanto no se haya fijado y pagado la indemnización. Con las salvedades establecidas en la constitución, de guerra o conmoción nacional. El carácter previo de la indemnización explica como hasta tanto no se pague la indemnización no existe transmisión del dominio.
XXII.- La indemnización debe ser justa. Esto trae a colación su objetividad y plenitud. Justa en cuanto debe mantener intacto e incólume el patrimonio del expropiado, mediante la conversión de derechos (sustituyendo el valor de un bien o derecho por su equivalente monetario), y debe fundarse en criterios objetivos, pues debe reconocerse el valor en plaza o de mercado (común de mercado), al contado, o en términos equivalentes, como si fuere entre un comprador deseoso de comprar y un vendedor deseoso de vender, ambos informados del negocio, y sin obligación de hacerlo. Es el mismo concepto de valor objetivo, actual o venal, incluso de valor equitativo en plaza, consecuentemente la indemnización será injusta si es meramente simbólica o irrisoria. Se trata de un ‘valor de reposición’ en sustancia, sea el que permita adquirir un bien análogo al perdido con el desapoderamiento, quizá no en el mismo sitio -si se trata de inmuebles-, por ser ello imposible materialmente, sino en cualquier otra parte. El valor de reposición es la posibilidad que se le brinda al expropiado de adquirir una cosa similar, tratase entonces de una reposición de valores y posibilidades y no de la misma cosa, por ser ello un absurdo (V. Sala de Casación Nº 92 de las 14 horas 45 minutos del 7 de octubre de 1970). Así el expropiador deberá indemnizar el valor venal (de mercado) actualizado al momento de la sentencia definitiva. Consiste en el valor real de un bien sujeto al libre criterio de la oferta y la demanda, con todas las formas de oscilación que repercuten como consecuencia de la inflación o deflación, en ese momento. La indemnización expropiatoria debe representar el equivalente económico del sacrificio, y está orientada al pleno reintegro de su patrimonio. Si equilibra los derechos del expropiante y del expropiado, el segundo debe obtener, y el primero debe satisfacer, una reparación plenaria por la pérdida de la propiedad. También se le denomina ‘justiprecio’, pues ese concepto es inherente a la idea de equilibrio económico y relación conmutativa. Justa obliga a ser rigurosamente objetiva: supone apreciar externamente el valor de lo sacrificado y de los daños consecuentes, como tales, sin intercalar apreciaciones de índole subjetiva. En términos sencillos, la indemnización justa significa indemnizar conforme a la ley (secundum ius)...
XXIII.- La indemnización debe ser integral. El patrimonio del sujeto pasivo debe quedar indemne. Una expropiación sin indemnización equitativa constituye una confiscación. La integralidad supone una indemnización del valor real -efectivo- (actual en plaza o de mercado) del bien (incluidos sus accesorios) y todos los daños, desmerecimientos y erogaciones consecuentes de la desposesión, quantum que se determina en la tasación. Se dice plena en cuanto debe haber una conversión del derecho de propiedad en su equivalente económico. La indemnización no puede ser fuente de ganancia o riquezas, sólo de reparación integral del valor de lo expropiado y del daño consecuente, es decir, no puede constituir un medio de otorgar lucros a expensas de la comunidad.” El mismo fallo, más adelante, expresa con claridad lo siguiente:
‘XXV.- El momento del cálculo o tasación de la indemnización es de vital importancia, por la influencia de los procesos inflacionarios o deflacionarios, la devaluación de la moneda, la mutación del valor de los bienes en el mercado, el tiempo de los procesos judiciales, y la falta de concomitancia entre su fijación y la privación. Si la expropiación tiende a equilibrar la situación anterior con la posterior al acto ablatorio no puede subestimarse al momento de la tasación de la indemnización. Al respecto, la doctrina ha trazado varias pautas: 1) la fecha de la afectación: decreto expropiatorio; 2) Inicio del juicio expropiatorio, éste exterioriza la voluntad del Estado de efectuar la expropiación, pero no produce por sí la transmisión del dominio. 3) el momento de la ocupación, posesión o desapropio por parte del expropiante; 4) al momento de dictarse la sentencia definitiva. Se ha señalado, si no hay una depreciación monetaria galopante, el valor del momento de la desposesión, caso contrario, el vigente a la fecha de la sentencia definitiva. La última puede ser la solución más ajustada al requisito constitucional de la indemnización ‘previa’, es decir, la transmisión de la propiedad únicamente opera si se paga anticipadamente la respectiva indemnización, y como ésta se determina en la sentencia definitiva ese es el momento para cuantificarla. En el caso de las otras soluciones propuestas el lapso entre la tasación y la sentencia definitiva suele ser prolongado resultando por ello inconvenientes. En suma, la fecha de la sentencia definitiva es la más próxima al del pago de la indemnización, por lo cual debe ser el parámetro temporal para fijar la indemnización justa y plena.” (Énfasis agregados.)
En concordancia con lo expuesto, este órgano colegiado entiende que, el Juez de lo contencioso administrativo, en este tipo de asuntos, tiene plena competencia para determinar el justo precio, con ayuda pericial, y no sólo para revisar si la valoración efectuada por la Administración, en un momento histórico determinado, estaba correcta para esa fecha, con independencia del tiempo que tarde en concluir el asunto en sede jurisdiccional. El bien expropiado debe justipreciarse según las condiciones en que se encontraba al momento de decidir su afectación. La propia Ley, impide tomar en consideración hechos futuros, expectativas de derechos o plusvalías derivadas del proyecto que originó la desposesión, y es en ese sentido que debe interpretarse ese numeral (ver artículo 22 ídem).- El procedimiento judicial está previsto para darle contenido al concepto de “indemnización justa”, la que debe entenderse en los términos recién expuestos y, por allí, la cita de las actas legislativas y de la exposición de motivos del proyecto de ley que derivó en la redacción actual de dicho precepto –artículo 30– no permitirían arribar a una conclusión distinta de la aquí señalada, al menos no sin trastocar la voluntad del constituyente de 1949, que en este tema se mantiene incólume. Si la “revisión” del avalúo fuera inmediata, no habría ningún problema, pues el precio allí consignado, si se calculó correctamente, sí respondería al precio justo del que hablan la Constitución y la ley; pero eso no es lo que normalmente ocurre en la práctica, en donde muchas veces transcurren meses y años para que el Estado promueva las diligencias judiciales.- V.- En el caso concreto, considera el Tribunal que el recurrente lleva razón sólo parcialmente en cuanto a sus alegatos, lo cual impone modificar la sentencia venida en alzada de la forma en que se dirá. La discrepancia primordial radica, evidentemente, en lo tocante al valor en que se debe estimar el inmueble afectado por la servidumbre que se constituye, dadas las marcadas diferencias entre los dos avalúos rendidos. Por una parte, la estimación administrativa determinó un valor unitario de ¢6.180.000,00 por hectárea; es decir, ¢618,00 por metro cuadrado, con base en lo cual se fijó el valor de la servidumbre en el monto de ¢366.969,65 y el daño al remanente en ¢32.259,95. Por otra, el avalúo judicial fijó en ¢1.200,00 el valor del metro cuadrado, arribando a la cifra de ¢712.562,40 por concepto de valor de la servidumbre y ¢9.201.860,16 por daño al remanente. El a quo dispuso apartarse de esta última estimación, por considerarla infundada. Al respecto dijo:
“Otra deficiencia es la falta de memoria de cálculo respecto de la forma en que se calculó el valor unitario del terreno, se desconoce el procedimiento, no obstante se sabe que un factor determinante en el cálculo del valor unitario de un terreno es su extensión, y en este caso el perito utilizó un dato erróneo, otra circunstancia es el estudio de mercado del anexo 9, se indican 4 propiedades, de las cuales se aporta muy poco de información, se desconoce su ubicación, el número de finca, ni las características de las mismas, lo anterior con el fin de establecer la posibilidad de una comparación con la finca objeto de la expropiación, en este caso el avalúo administrativo, tiene información más confiable no solo porque aporta las memorias de cálculo sino porque se aporta una descripción más clara de las fincas objeto de comparación (folio 22), además que se aportó el mapa de valores de terrenos por zonas homogéneas (folio 23), el valor del metro cuadrado está mejor justificado en el avalúo administrativo (ver folio 10), sin mencionar que en el avalúo administrativo se utilizó la medida correcta de la finca.” Esta Cámara considera razonables dichas objeciones, particularmente aquella según la cual no se logra apreciar de qué manera llegó el perito a la fijación de valor de ¢1.200,00 por metro cuadrado, pues ni lo explica en la metodología (f. 174-175) ni se desprende dicho dato a partir de los datos comparativos contenidos en el anexo 9 de su informe (f. 223-224). Ciertamente, compartimos los suscritos que el avalúo administrativo está mejor sustentado en lo relativo a este aspecto, a pesar de lo cual –y como se verá más adelante– tampoco consideramos apropiado basar los cálculos en la cifra promedio contenida en ese estudio.- VI.- El recurrente considera que, en lo relativo al valor de mercado del terreno (y, consecuentemente, en la determinación del monto de indemnización), el juzgador de instancia debió haber tomado como parámetro de referencia el monto de la oferta que en su momento hizo al expropiado la Empresa Propietaria de la Red (EPR; f. 61). Especificó el fallo recurrido al respecto:
“Respecto del ofrecimiento anterior al avalúo por parte de la Empresa Propietaria de la Red de folio 61, en la suma de ¢1.900.000,00 no es una cifra vinculante para el ICE, toda vez que el avalúo administrativo oficial es el número 755-2011, el Instituto actor puede cambiar los montos y los avalúos según sus necesidades, pero con la debida motivación; la prueba en este sentido no resulta de utilidad para la fijación del justo precio.” En efecto, aun cuando el ICE tenga participación en la EPR (y así incluso lo reafirmó el apoderado del primero en su exposición realizada durante la audiencia oral), lo cierto es que jurídicamente se trata de dos entidades independientes entre sí, de manera tal que cualquier propuesta hecha al demandado por la segunda evidentemente no puede comprometer legalmente al ICE. De toda suerte, no se cuenta con ninguna justificación en el expediente que sustente con base en qué se llevó a la determinación del precio ofertado. Así las cosas, el agravio carece de sustento jurídico y debe ser rechazado.- VII.- En lo relativo a la aducida existencia de un daño ambiental que no fue adecuadamente considerado en la sentencia impugnada, debe decirse que en dicho pronunciamiento se lee lo siguiente:
“También realiza argumentos sobre un supuesto daño ambiental, pero no aporta prueba e indica que denunciará ante las autoridades competentes penales y administrativas; si bien es cierto se aporta fotografías de árboles pintados con el número de las coordenadas, esto en sí mismo no produce un daño ambiental, otras fotografías donde se muestra la corta de algunos arboles (sic) para establecer un sendero (folios 63-87), tampoco demuestra un daño o impacto de una magnitud importante, la parte expropiada no aporta ningún estudio técnico, que demuestre que la conformación del sendero visto en fotografías causó un daño suficientemente grande como lo asegura el expropiado, en todo caso es evidente que hubo un tala de árboles para establecer el área de la servidumbre, no obstante dicha actividad debe verse en forma integral, al momento de establecerse el precio de la servidumbre y no por separado ya que la tala de árboles visto en las fotografías es una consecuencia de la servidumbre no produce como tal un daño ambiental y se considera de baja intensidad. Se toma nota que la parte expropiada solicita la valoración del daño ambiental, por parte del perito, y que el despacho nombra al perito solicitado por la parte expropiada; no obstante cuando el perito Roberto Loría (Perito solicitado por la parte) realizó su valoración, no consideró el supuesto daño ambiental señalado por la parte expropiada, y que esta última, no tuvo objeción al respecto, por el contrario la parte expropiada manifiesta su conformidad con el peritaje judicial realizado. Lo anterior denota que no existe el daño ambiental alegado por la parte, el perito judicial no consideró su existencia, por esa razón no lo valoró y la parte expropiada, ha aceptado dicha situación, puesto que no presentó objeción al peritaje que dejó por fuera el supuesto daño ambiental, y expresamente indica que lo acepta.” En la consideración de esta Cámara, el tema planteado efectivamente debió recibir un tratamiento diverso, aunque no el que espera el demandado y ahora recurrente. Para entender por qué, es necesario recordar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 inciso e) de la Ley Orgánica del Ambiente (LOA), Nº 7554 del 4 de octubre de 1995, “El daño al ambiente constituye un delito de carácter social, pues afecta las bases de la existencia de la sociedad; económico, porque atenta contra las materias y los recursos indispensables para las actividades productivas; cultural, en tanto pone en peligro la forma de vida de las comunidades, y ético, porque atenta contra la existencia misma de las generaciones presentes y futuras”. Desde esta óptica, sin perjuicio de que cualquier persona está legitimada para gestionar en tutela del ambiente (materia en la que tanto la legislación como la jurisprudencia constitucional reconocen la existencia de una verdadera acción popular, por ejemplo, en lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley de Biodiversidad –LB– Nº 7788 del 30 de abril de 1998), no ocurre lo mismo en lo referente al reclamo de responsabilidades civiles originadas en el daño ambiental, campo en el cual la titularidad del derecho de acción la tiene propiamente el Estado, a partir de lo dispuesto –tanto en general, como en lo específicamente relativo a la materia forestal que aquí interesa– en normas tales como los artículos 46 y 48 de la citada LOA; 54 de la LB y 58, párrafo último, de la Ley Forestal, Nº 7575 del 13 de febrero de 1996. En consecuencia, el accionado apelante carece de legitimación para pretender reparaciones patrimoniales por concepto de daño ambiental, entendido estrictamente como tal. Ahora bien, si lo que peticiona más bien es la retribución del valor de los árboles de su propiedad que debieron ser talados para posibilitar el paso de la línea eléctrica colocada por el ICE, a modo de daño puramente material, perfectamente puede formular el reclamo correspondiente a esa entidad, aspecto cuyo conocimiento es ajeno a este proceso especial. Así las cosas, el agravio planteado debe rechazarse.- VIII.- ASPECTOS QUE DEBEN SER CONSIDERADOS EN LA DETERMINACIÓN DEL JUSTIPRECIO. Como se desprende de todo lo explicado hasta este punto, aun cuando el Tribunal avala el hecho de que el a quo haya dispuesto separarse del avalúo judicial a los efectos de fijar la indemnización que deberá pagarse al accionado por la constitución del derecho de servidumbre de paso de línea eléctrica por su propiedad, dadas las deficiencias apuntadas en él, para inclinarse más bien por el avalúo administrativo, estimamos igualmente que ese último debe ser revisado en cuanto a dos aspectos concretos: 1) el valor, por metro cuadrado, del inmueble; y, 2) la metodología de cálculo del daño al remanente. No obstante, antes de ingresar en la determinación correspondiente, es necesario precisar los siguientes aspectos, todos de relevancia a tales propósitos:
A. Cálculo de la indemnización por constitución de la servidumbre:
· Área de la servidumbre: 989,67 m² · Valor unitario del terreno: ¢705,47/m² · Factor de afectación: 60% (0,60) En consecuencia:
· 989,67 m² x ¢705,47/m² x 0,60 = ¢418.909,50 Por ende, se fija el monto de la indemnización correspondiente a este extremo en la suma de cuatrocientos dieciocho mil novecientos nueve colones con cincuenta céntimos.- B. Cálculo de la indemnización por daño al remanente:
· Área de la propiedad: 68.712,00 m² · Área de la servidumbre, respecto del total de la finca: 1,44% (0,0144) (véase f. 8) · Área afectada por la servidumbre (remanente): 100% - 1,44% = 98,56% (0,9856) En consecuencia, el valor de la finca sin la servidumbre (“antes”) se establece así:
· 68.712,00 m² x ¢705,47/m² = ¢48.474.254,64 Por su parte, el valor de la finca con la servidumbre (“después”) se determina así:
· (68.712,00 m² - 989,67 m²) x ¢705,47/m² x 0,9856 = ¢47.088.096,71 Finalmente, la diferencia entre el “antes” y el “después” es:
· ¢48.474.254,64 - ¢47.088.096,71 = ¢1.386.157,93 Conforme a lo dicho, se fija el valor del daño al remanente en la cantidad de un millón trescientos ochenta y seis mil ciento cincuenta y siete colones con noventa y tres céntimos.- C. Cálculo del total de la indemnización debida:
Sumatoria de las cifras establecidas en los pasos A y B anteriores:
· ¢418.909,50 + ¢1.386.157,93 = ¢1.805.067,43 Es decir, un monto global de un millón ochocientos cinco mil sesenta y siete colones con cuarenta y tres céntimos.- X.- DETERMINACIÓN DE INTERESES. El fallo venido en apelación, como se aprecia de su parte dispositiva ya transcrita anteriormente, no tomó en consideración lo estipulado en el artículo 11 de la Ley de Expropiaciones, Nº 7495 del 3 de mayo de 1995 y sus reformas, conforme al cual la Administración expropiante está obligada a reconocer intereses al expropiado, de oficio y a la tasa legal vigente, a partir de la desposesión del bien (que se dio el 5 de diciembre del 2012: f. 141) y hasta el pago efectivo. Y agrega que –como en este caso (véase f. 138-139)– cuando exista un depósito del avalúo administrativo, los intereses se calcularán sobre la diferencia entre éste y el justiprecio. En este sentido deberá ser igualmente adicionada la referida sentencia. Para concluir, procede imponer las costas al expropiante, las que se calculará sobre el principal y los intereses que se liquide oportunamente.- XI.- NOTIFICACIONES. Finalmente, de conformidad con el numeral 40 de la recién citada Ley de Expropiaciones y por haberse omitido igualmente, se ordena comunicar lo resuelto a la Dirección General de Tributación y a la Municipalidad de Puriscal, para lo de sus cargos. En este extremo se adiciona también la resolución recurrida.-
POR TANTO:
Se modifica la sentencia número 1766-2013 de las diez horas con tres minutos del diez de setiembre del dos mil trece, en los siguientes extremos: a) Se fija el monto total que deberá indemnizar el Instituto Costarricense de Electricidad al demandado, en la cantidad de un millón ochocientos cinco mil sesenta y siete colones con cuarenta y tres céntimos; b) Deberá además la entidad accionante reconocer intereses al expropiado, a la tasa legal vigente, a partir del cinco de diciembre del dos mil doce y hasta el pago efectivo, los cuales se calcularán sobre la diferencia entre el depósito ya efectuado y el justiprecio; c) Se condena al expropiante al pago de ambas costas, las que se calculará sobre el principal y los intereses que se liquide oportunamente; y, d) Se ordena comunicar lo resuelto a la Dirección General de Tributación y a la Municipalidad de Puriscal, para lo de sus cargos. En todo lo demás, se mantiene incólume la sentencia venida en alzada. NOTIFÍQUESE.- YAZMÍN ARAGÓN CAMBRONERO HUBERT FERNÁNDEZ ARGÜELLO CHRISTIAN HESS ARAYA Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.
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