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Res. 00071-2014 Tribunal Contencioso Administrativo Sección IV · Tribunal Contencioso Administrativo Sección IV · 26/08/2014

Train-whistle noise pollution — regulatory limitsContaminación sónica por silbato del tren — límites reglamentarios

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OutcomeResultado

Partially grantedParcialmente con lugar

The claim was partially granted, ordering INCOFER to adjust the whistles of all its trains passing near the plaintiffs’ homes so as not to exceed the maximum limit of Article 20 of Executive Decree 28718-S, within one calendar month.Se declaró parcialmente con lugar la demanda, ordenando al INCOFER graduar el silbato de todos sus trenes que transiten por la cercanía del domicilio de los actores para no exceder el límite máximo del artículo 20 del Decreto Ejecutivo 28718-S, en un plazo de un mes natural.

SummaryResumen

The Administrative Litigation Tribunal, Section IV, heard neighbors’ claims against the State and INCOFER for noise pollution from train whistles near San Pedro de Montes de Oca. The plaintiffs sought substitution of whistles with light signals. After extensive doctrinal analysis of normal and abnormal administrative conduct, and reviewing contradictory rulings from the Constitutional Chamber, the Tribunal held that the administrative jurisdiction exercises plenary legality review, not bound by constitutional rulings on legality. Interpreting Article 23 of the Noise Pollution Control Regulation (Executive Decree 28718-S), it ruled that exceptions for accident-prevention devices do not legitimize routine, disproportionate excess noise beyond the limits of Article 20. Applying a human presumption based on home measurements showing levels exceeding the 65 dB daytime limit, it partially granted the claim. It ordered INCOFER to adjust the whistles of all trains passing near the plaintiffs’ homes to stay within Article 20 limits, and awarded costs against the defendants.El Tribunal Contencioso Administrativo, Sección IV, conoció de una demanda de vecinos de la línea férrea en San Pedro de Montes de Oca contra el Estado y el INCOFER por contaminación sónica provocada por el silbato del tren. Los actores solicitaron la sustitución del silbato por un sistema de señales lumínicas. Luego de un extenso análisis doctrinario sobre la conducta administrativa normal y anormal, el Tribunal examinó los precedentes contradictorios de la Sala Constitucional y sostuvo que la jurisdicción contencioso-administrativa ejerce un control de legalidad plenario, no vinculado por las decisiones constitucionales cuando estas versan sobre legalidad. Interpretó el artículo 23 del Reglamento para el Control de Contaminación por Ruido (Decreto Ejecutivo 28718-S) en el sentido de que las excepciones para artefactos de prevención de accidentes no legitiman excesos de ruido fuera de los topes del artículo 20 de forma ordinaria y desproporcionada. Aplicando la presunción humana, dado que mediciones domiciliarias acreditaron que el silbato superaba el límite diurno de 65 dB, declaró parcialmente con lugar la demanda. Ordenó al INCOFER graduar el silbato de todos sus trenes que transiten por la cercanía del domicilio de los actores para no exceder el límite máximo del artículo 20, y condenó en costas a los demandados.

Key excerptExtracto clave

From a reading of the cited rule, this Tribunal finds that it does not legitimize excess sound that might be caused above the levels established in Article 20 of the referenced Regulation when, as in this case, it unnecessarily affects the rights of third parties. While the rule permits the extraordinary use of higher levels to prevent accidents, that does not mean it legitimizes ordinary use when the purpose of the acoustic signal can be fulfilled using ordinary levels. It is clear to this Tribunal that the rule provides for two scenarios. First, the "normal" noise regulation, applicable according to the specific zone, which technically prescribes a maximum sound level not harmful to citizens' rights. Second, a provision for exceptional or "abnormal" circumstances, in which a higher noise level is legitimate in light of very particular and uncommon events. Focusing the analysis on the plaintiffs' situation, it is on the record that technical measurements taken at their homes—unchallenged in scope or methodology—show that the train-whistle level exceeds the maximum permitted daytime level (65 dB), without the co-defendants proving otherwise, as their case theory focused instead on the necessity of the mechanism and the application of Article 23 of the Regulation to this specific case.De una lectura de la norma de cita estima este Tribunal que la misma no legitima el exceso de sonido que podría provocarse por encima de los niveles establecidos en el artículo 20 del Reglamento de cita, cuando como en el caso, los mismos provocan una afectación a los derechos de terceros, de manera innecesaria. Si bien la norma permite el uso extraordinario de niveles superiores para impedir accidentes, no significa que legitime su uso ordinario, cuando usando los niveles ordinarios se cumpla el cometido de la señal acústica. Para este Tribunal es claro que la norma prevé en su contenido dos supuestos. En primer término la regulación "normal" del ruido, aplicable según la zona en concreto y la cual presenta y contempla de manera técnica un nivel máximo de sonido no lesivo a los derechos de los ciudadanos. Por otra, se presenta una previsión de circunstancias excepcionales o "anormales", en las cuales es legítimo un nivel superior de ruido atendiendo a eventos muy particulares y no comunes. Concretando el análisis de la situación de los actores se advierte que consta en autos que en mediciones técnicas realizada en su domicilio, - y no cuestionadas en cuanto sus alcances y metodología empleada- se ha demostrado que el nivel del silbato del tren excede el nivel máximo permitido para el período diurno (65DB), sin que los codemandados hayan probado lo contrario, dado que su teoría del caso se ha centrado, más bien en la necesidad de dicho mecanismo y la aplicación del artículo 23 del Reglamento en mención para el caso en particular.

Pull quotesCitas destacadas

  • "Para este Tribunal es claro que la norma prevé en su contenido dos supuestos. En primer término la regulación "normal" del ruido, aplicable según la zona en concreto y la cual presenta y contempla de manera técnica un nivel máximo de sonido no lesivo a los derechos de los ciudadanos. Por otra, se presenta una previsión de circunstancias excepcionales o "anormales", en las cuales es legítimo un nivel superior de ruido atendiendo a eventos muy particulares y no comunes."

    "It is clear to this Tribunal that the rule provides for two scenarios. First, the "normal" noise regulation, applicable according to the specific zone, which technically prescribes a maximum sound level not harmful to citizens' rights. Second, a provision for exceptional or "abnormal" circumstances, in which a higher noise level is legitimate in light of very particular and uncommon events."

    Considerando IX

  • "Para este Tribunal es claro que la norma prevé en su contenido dos supuestos. En primer término la regulación "normal" del ruido, aplicable según la zona en concreto y la cual presenta y contempla de manera técnica un nivel máximo de sonido no lesivo a los derechos de los ciudadanos. Por otra, se presenta una previsión de circunstancias excepcionales o "anormales", en las cuales es legítimo un nivel superior de ruido atendiendo a eventos muy particulares y no comunes."

    Considerando IX

  • "El interés público no debe ser visto como contradictorio con el interés mismo de los ciudadanos a la hora de adopción de una determinada conducta administrativa, ni puede ser excusa para que un grupo de la colectividad pueda ver lesionados sus derechos de manera impune, cuando se ejerce la voluntad administrativa de forma irrazonable o inmotivada."

    "The public interest should not be seen as contradictory to the citizens' own interest when a given administrative conduct is adopted, nor can it be an excuse for a group of the community to see their rights harmed with impunity, when the administrative will is exercised unreasonably or without justification."

    Considerando IX

  • "El interés público no debe ser visto como contradictorio con el interés mismo de los ciudadanos a la hora de adopción de una determinada conducta administrativa, ni puede ser excusa para que un grupo de la colectividad pueda ver lesionados sus derechos de manera impune, cuando se ejerce la voluntad administrativa de forma irrazonable o inmotivada."

    Considerando IX

  • "De una lectura de la norma de cita estima este Tribunal que la misma no legitima el exceso de sonido que podría provocarse por encima de los niveles establecidos en el artículo 20 del Reglamento de cita, cuando como en el caso, los mismos provocan una afectación a los derechos de terceros, de manera innecesaria. Si bien la norma permite el uso extraordinario de niveles superiores para impedir accidentes, no significa que legitime su uso ordinario, cuando usando los niveles ordinarios se cumpla el cometido de la señal acústica."

    "From a reading of the cited rule, this Tribunal finds that it does not legitimize excess sound that might be caused above the levels established in Article 20 of the referenced Regulation when, as in this case, it unnecessarily affects the rights of third parties. While the rule permits the extraordinary use of higher levels to prevent accidents, that does not mean it legitimizes ordinary use when the purpose of the acoustic signal can be fulfilled using ordinary levels."

    Considerando IX

  • "De una lectura de la norma de cita estima este Tribunal que la misma no legitima el exceso de sonido que podría provocarse por encima de los niveles establecidos en el artículo 20 del Reglamento de cita, cuando como en el caso, los mismos provocan una afectación a los derechos de terceros, de manera innecesaria. Si bien la norma permite el uso extraordinario de niveles superiores para impedir accidentes, no significa que legitime su uso ordinario, cuando usando los niveles ordinarios se cumpla el cometido de la señal acústica."

    Considerando IX

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Procedural marks

VIII.- General Considerations on Administrative Conduct: The public administration manifests itself through a series of material and formal conducts that have the capacity to create legal effects impacting the personal sphere of the administered. These conducts are generated by public entities in their various manifestations of creating goods and services aimed at satisfying public ends, and they have as their primary guide the fulfillment of the principles inherent to public service, such as continuity, efficiency, adaptation to all change, and equality of treatment for users. In principle, these conducts carry a presumption of legitimacy, which is only destroyed by a departure of the administrative function from administrative norms or by demonstration of unlawful action on the part of a public servant. In this line of thought, we must distinguish between the normal functioning of the Administration and that action which may be considered abnormal. In the first set of legitimate material administrative conducts, we find the normal provision of a public service, direct coercion, anomalous coercion (in administrative states of urgency or necessity), and the preparation and execution of administrative acts. In this last case, it is based on the prior existence of a formal administrative conduct, which requires a series of material actions or operations so that it can be executed and produce its legal effects in the real world. In the second group of conducts, we are in the presence of two assumptions of unlawful manifestations by the Administration. In the first specific assumption, we speak of the voie de fait (vía de hecho), in which case it is necessary to indicate that it corresponds to an abnormal administrative conduct by the Administration, constituting an arbitrary material action; in the second, we have the non-action of the Administration, translated into material legal inactivity, translated into the non-fulfillment of public obligations or the doing so in a tardy or incomplete manner. In this line of thought, a distinction must be made between factual material inactivity (the failure to do what is due by the Administration) and positive material inactivity, which consists of cases where a material action producing damage is deployed and nothing is done to prevent it, as well as trilateral-effects inactivity, which occurs when, beyond the link between an entity and an administered party, the former does nothing to prevent the latter from affecting third parties. Complementary to the preceding reasoning is the existence of situations of power or active situations of citizens vis-à-vis the Administration, through which the Administered party exercises powers, subjective rights, and legitimate interests, which, if harmed by the described conducts or inactivities, could generate liability or correlative obligations for the public subject causing the harm. Additionally, every administered party possesses situations of duty or passive relations vis-à-vis the State, among which are subjection, obligations, burdens, and public duties. In all these cases, there is a duty on the part of the Administered party to tolerate a public material or formal conduct, provided that it is not illegitimate, whether in its imposition or its exercise. Having made the foregoing considerations, we proceed to the analysis of the merits.

IX.- On the Merits: In its complaint, the plaintiff seeks the following: "a.- That INCOFER be ordered, within the non-extendable period of 3 months, to install an appropriate signal system at all level crossings of the railway line with public roads (streets and avenues) located on the route from the Circunvalación highway crossing in San Pedro de Montes de Oca (Taco Bell Restaurant and vicinity of the UCR) westward to the bifurcation of the railway line at Avenida 3, Calles 31 and 33, and from there to the Estación al Atlántico, on one side, and to Barrio González Lahmman, Avenida Segunda, Calle 21, on the other, so that the locomotives completely eliminate the use of the whistle when passing in front of our dwelling houses." It bases its request on the consideration that they suffer nuisance from the train whistle when it passes near their homes, given that it is activated in a noisy and excessive manner. For their part, the co-defendants indicate that in the present case we are dealing with one of the exceptions of Article 23 of the Reglamento para el Control de la Contaminación por Ruido, and thus the train whistle cannot be considered either excessive or disproportionate, given that it follows the technical guidelines defined in relation to this instrument. In this regard, this Tribunal considers it appropriate to first analyze what the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) has resolved on the subject. In this line of thought, vote number 2006-5928, of fifteen hours on May second, two thousand six, indicated the following: "The train horn must also confine itself to the noise emission limits regulated in the National Ordinance, given that it is not an isolated noise as the respondent seeks to portray it, but rather a present and accumulated noise for the residents of the railway lines, who must constantly suffer the horn and the excessive noise generated by the train's circulation. Note, on this matter, that multiple sources of sound emissions impact the environment daily, which highlights the need to consider environmental noise as a product of multiple emissions that contribute to generating levels of acoustic pollution that are not advisable from a sanitary, well-being, and productivity perspective; hence it is necessary, from every point of view, to include the noise generated by the train horn as one more harmful source that must be subject to sanitary controls by the State and, specifically, through the Ministry of Health. As the appellants claim and in accordance with the technical criteria outlined by the authorities of the World Health Organization, the train whistle at 5:05 a.m. exceeding 70 decibels, exceeds the permitted levels and constitutes a gross interruption of sleep that surpasses 45 decibels as the limit for individual noise. (...) Sonic pollution (contaminación sónica) generated by the train whistle leads to an unavoidable obligation of the public authorities to find a fair balance between the economic well-being that the use of the train as a public transport means may generate and the effective enjoyment of the fundamental rights to domicile, privacy in private and family life, as well as the right to health and a healthy and balanced environment. While this Tribunal shares the view that the use of a public transport medium such as rail transport is important and road safety must also be ensured, the truth is that in the interest of sustainable development, reasonable measures must be adopted in addition to the use of the horn to control the train's passage through urban routes..." As can be seen, the Constitutional Chamber first considers the respective train whistle subject to the limits of the ordinance and therefore deems it necessary to subject it to them, in a balance between public and private interest. Subsequently, the Chamber's position is maintained over time, as it deems it necessary to protect the right to tranquility and privacy of an appellant, in the following manner: "IV.- ON SONIC POLLUTION IN THE SPECIFIC CASE. Marlene María de los Ángeles Carrillo Jaén indicated that she resides in Condomio Rosa del Norte in Santa Rosa de Santo Domingo de Heredia. She claimed that her health has been affected as a consequence of the sonic pollution produced by the train horn, specifically, from the San José – Heredia service and vice versa. On this matter, the Minister of Health reported under the solemnity of oath, with the timely warning of the consequences, including criminal ones, that the obstruction of the administration of justice in this venue may bring (Article 44 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional), that '(...) the noise generated by the activity of the train's passage exceeds the limits established in the Reglamento de Control de Ruido (...)' (see report at folio 12). As was specified, the background noise corresponded to 60.4 dB under normal conditions, while with the train's passage, levels ranged from 69 dB to 79 dB. The excessiveness of these measurements is obvious if one considers that the maximum level, according to daytime regulations for a residential zone, is 65 dB (visible at folio 15). Under the considerations set forth in the preceding section and, taking into account the categorical nature of the test results carried out by the competent authorities, this Constitutional Tribunal must intervene in the present matter, in order to restore the protected party to the full enjoyment and exercise of her fundamental rights. V.- ON THE INSTALLATION OF SWITCHES (AGUJAS) AND LUMINOUS SIGNALS. According to the protected party's criterion, switches (agujas) and luminous signals should be installed at intersections, in order to reduce the use of the horn to alert vehicles and passersby. In this regard, the Executive President of the Instituto Costarricense de Ferrocarriles indicated that '(...) the possibility of installing luminous signals or switches (agujas) is an option that has been under evaluation in the institution, however, the nature of the service currently provided by the train traveling between Heredia and San José (...) is more akin to trams or light trains operating in other latitudes, and due to their low speed and stopping frequency, such options are technically not appropriate (...)' (see report at folio 6). It is important to clarify to the appellant that this Constitutional Tribunal cannot analyze the technical criteria put forth by the respondent authority. Such a claim would undoubtedly exceed the summary nature of the amparo proceeding, as well as the competence granted to this Chamber, as configured by the Law and the Political Constitution itself. If she maintains any disagreement in this regard, she may, if she deems it appropriate, resort to the ordinary venues of legality. This being so, this grievance must be dismissed. VI.- CONCLUSION. By virtue of the foregoing, it is necessary to partially grant the appeal, solely with respect to the noted sonic pollution. THEREFORE (POR TANTO): The appeal is partially granted. Miguel Antonio Carabaguíaz Murillo, in his capacity as Executive President of the Instituto Costarricense de Ferrocarriles, or whoever holds said position, is ordered to take the necessary technical measures to reduce to reasonable limits the noise produced by the horn of the railway on the San José – Heredia service, in its passage by the vicinity of Condominio Rosa del Norte located in Santa Rosa de Santo Domingo de Heredia, the foregoing without endangering road safety. The respondent is warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, a prison sentence of three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo appeal, and fails to comply with it or fails to have it complied with, provided the crime is not more severely punished. The Instituto Costarricense de Ferrocarriles is condemned to pay the costs, damages, and losses caused by the facts serving as the basis for this declaration, which will be liquidated in the execution of judgment of the contentious-administrative jurisdiction. In all other respects, the appeal is dismissed. Notify the present resolution to Miguel Antonio Carabaguíaz Murillo, in his capacity as Executive President of the Instituto Costarricense de Ferrocarriles, or whoever holds said position, personally. LET IT BE COMMUNICATED”.- (vote 2009-019103 of eleven hours and one minute on December eighteenth, two thousand nine). However, this position yielded ground over time, under a criterion of social necessity. In this line of thought, the indicated Chamber modifies its criterion with the passage of time and incurs in mutually discrepant resolutions, as indicated by vote number 2010-20536, of sixteen hours on December 7, 2010, in which the following was ordered: "This Tribunal has heard various amparo appeals in which it was alleged that the noise caused by the urban train caused nuisances that violated the appellants' right to a healthy and ecologically balanced environment. It must be noted that in hearing these matters, the Chamber has issued a series of criteria that even prove contradictory, as will be indicated below. Thus, in rulings numbers 2006-5928 of fifteen hours on May second, two thousand six, 2009-19103 of eleven hours and one minute on December eighteenth, two thousand nine, and 3342-2010 of eight hours and fifty-eight minutes on February nineteenth, two thousand ten, the Tribunal granted the filed appeals, after verifying that the noise caused by the urban train and the train to Heredia exceeded reasonable limits, ordering, at that time, that the train sound be reduced. On the other hand, in rulings numbers 2007-15263 of twelve hours and forty-five minutes on October nineteenth, two thousand seven, 2009-16822 of eleven hours and forty minutes on October thirtieth, two thousand nine, and 2010-4509 of eight hours and forty-five minutes on March fifth, two thousand ten, the Chamber dismissed the appeals filed considering, in the first two cases, that the train whistle functioned as a safety mechanism for vehicles and people circulating near the railway lines, and also that it had not been possible to prove that the noise caused by the railway horn exceeded legal limits, in the last of the cases. IV.- Now then, in the specific case, the appellant alleges that the sound emitted by the horn of the train passing near his home is unbearable, and therefore he considers the provisions of Article 50 of the Political Constitution violated. Given this claim, this Tribunal requested the Ministry of Health to proceed to carry out a sonic measurement at the protected party's dwelling, which determined that the average noise produced was 71.3 decibels, and that it was within the exceptions provided for by Article 23 of the Reglamento para el Control de Contaminación por Ruido, since it is emitted for the purpose of avoiding accidents, as the Executive President of Incofer alleges in his report. Furthermore, it must be pointed out that it is a public and notorious fact that the railway line located near the protected party's dwelling crosses a road that is quite busy with vehicles, whose drivers do not have an optimal degree of visibility to see the train, because a large part of the railway line is hidden by constructions located around it, which greatly hinders the ability of drivers or passersby circulating through the site to know, with the necessary advance notice, when the urban train will pass through the road crossing. In view of the foregoing, this Tribunal considers that, in the present matter, no violation of the protected party's fundamental rights can be verified, since it is necessary for the train driver to sound its horn in order to alert drivers to its passage and thus prevent accidents that could potentially cause the loss of human lives. In that sense, it is worth recalling that already in ruling number 2007-15263 mentioned above, as well as in vote number 2006-16628 of eleven hours and two minutes on November seventeenth, two thousand six, the Chamber indicated that the right to tranquility, like any other right, is limited by a series of circumstances inherent to social coexistence, which compel one to tolerate nuisances in the interest of the common good. By virtue of the foregoing, the Tribunal considers that in the present matter, the noise caused by the train horn precisely constitutes one of those disturbances that people must tolerate in order to avoid the loss of human lives, severe injuries, and property damage, and that, in any case, it is even endorsed by the Legal Ordinance, as established in Article 23 of the Reglamento para el Control de Contaminación por Ruido, as indicated by the Minister of Health in her report. This assertion is reinforced by the reports issued by the Minister of Obras Públicas y Transportes, the Director General of Traffic Engineering (Ingeniería de Tránsito), and the Executive Director of the National Road Council (Consejo Nacional de Vialidad), who are in agreement in affirming the need for the train to sound its horn at road crossings, in order to warn drivers of its passage and thus prevent traffic accidents. Likewise, it is pertinent to indicate that from the report issued by the Director General of Traffic Engineering and the Executive Director of the Road Safety Council (Consejo de Seguridad Vial), it is inferred that this latter authority plans for the year two thousand eleven the execution of a project for the installation of special traffic lights for railway road crossings, hence it is denoted that the Administration is taking the relevant actions to gradually reduce the need for the railway engineer to sound the horn when traveling through such sites." A clear example of this erratic attitude of the Constitutional Chamber in the face of this problem of violation of fundamental rights presented for its consideration is vote No. 2011-015975 of nine hours thirty minutes on November twenty-fifth, two thousand eleven, in which, in the face of an alleged non-compliance with one of its votes, the Constitutional Chamber concludes as follows: "I.- The appellant alleges that the order issued by the Chamber in ruling number 2009-019103 of 11:01 hours on December 18, 2009, has not been complied with. II.- The present amparo was granted because this Chamber had it as accredited that: the background noise corresponded to 60.4 dB under normal conditions, while with the train's passage, levels ranged from 69 dB to 79 dB. The excessiveness of these measurements is obvious if one considers that the maximum level, according to daytime regulations for a residential zone, is 65 dB (...)'. Therefore, by means of the aforementioned ruling 2009-019103, the following was ordered: 'The appeal is partially granted. Miguel Antonio Carabaguíaz Murillo, in his capacity as Executive President of the Instituto Costarricense de Ferrocarriles, or whoever holds said position, is ordered to take the necessary technical measures to reduce to reasonable limits the noise produced by the horn of the railway on the San José - Heredia service, in its passage by the vicinity of Condominio Rosa del Norte located in Santa Rosa de Santo Domingo de Heredia, the foregoing without endangering road safety. The respondent is warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, a prison sentence of three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo appeal, and fails to comply with it or fails to have it complied with, provided the crime is not more severely punished. The Instituto Costarricense de Ferrocarriles is condemned to pay the costs, damages, and losses caused by the facts serving as the basis for this declaration, which will be liquidated in the execution of judgment of the contentious-administrative jurisdiction. In all other respects, the appeal is dismissed. Notify the present resolution to Miguel Antonio Carabaguíaz Murillo, in his capacity as Executive President of the Instituto Costarricense de Ferrocarriles, or whoever holds said position, personally.' Now then, in the species, and as inferred from the report issued under oath by the respondent authority, the corresponding administrative steps were taken that resulted in the effective reduction of the noise caused by the train horn. Moreover, from the report issued by the respondent authorities and from the evidence provided to the record, it is inferred that the INCOFER authorities arranged the necessary measures to comply with the order issued by this Chamber in ruling 2009-019103 of 11:01 hours on December 18, 2009. It must be kept in mind that the reduction of the sound emitted by the train whistle must be applied within reasonable limits, since it constitutes a preventive signal for drivers of motor vehicles who are going to cross the railway line, as well as for passersby, and therefore the reduction of this noise must occur in such a way that road safety is not put at risk. For which reason it is pertinent to dismiss the appellant's petition". (emphasis is ours). It should even be noted that this position is reaffirmed over time in favor of maintaining the noise, unduly transferring the burden of proving its impact to the user. In this sense, vote 2011-001086 of ten hours and two minutes on January twenty-eighth, two thousand eleven, reasoned as follows: "... the Chamber determined that the exceedance of the individual noise limit – set at forty-five decibels – due to sounding the train horn – which raises the noise to more than seventy decibels – is a situation that, due to the sonic pollution it causes, must be regulated by the corresponding administrative instances, so that the operation of this means of transport can be balanced with the right to a healthy environment. But in this case, as a result of the pronouncements of this Tribunal, the respondents indicate under oath that the sound produced by the whistle is a signal for drivers at road crossings and is within permitted limits and is used internationally as a preventive measure, coupled with the fact that it is not the only existing noise in the place, where a large number of motor vehicles travel. Starting from this declaration, it is valid to conclude that the train horn in the indicated zone, although it is highly audible to neighbors, passersby, and drivers, does not impose an exceptional burden on the ambient noise that already exists in said zone, and therefore it is inappropriate to affirm that there is an environmental violation caused in an isolated manner by the operation of this alarm. On the contrary, the sonic situation of the sector is the product of the union of different factors where the railway horn is one among many, and one which, moreover, also does not contribute significantly to the increase in the decibels that are heard. Likewise, it is a preventive alarm system, used at dangerous intersections, that contributes to reducing the risk of accidents with victims. For these reasons, the appeal is dismissed...." However, curiously, in other cases, the Chamber has maintained its original position. Thus, vote No. 2010-003342 of eight hours and fifty-eight minutes on February nineteenth, two thousand ten, resolved as follows: "... from the public and notorious fact that the noise of the INCOFER train horns exceeds reasonable limits, which in the present case produce sonic pollution at the Liceo de Costa Rica and its surroundings, it is inferred that there is a violation of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment by that Institute, and therefore the amparo must be granted and INCOFER ordered to adopt the necessary technical measures to reduce to reasonable limits the noise of its train horns...". In other cases, the Constitutional Chamber has allowed itself to carry out substantive technical assessments on particular situations. In this line of thought, vote No. 2011-004427 of ten hours and six minutes on April first, two thousand eleven, stated: "III.- The specific case. The alleged sonic pollution. In the case under study, the appellants' dwelling is adjacent to the railway line on which the trains covering the Heredia-San José-Montes de Oca and vice versa, and Pavas-San José-Montes de Oca and vice versa routes travel, specifically near the intersection of Universidad Latina. It is demonstrated, with the evidence ordered for better provision, that the ambient noise in the zone where the dwelling is located is 58.5 decibels, noise which, combined with the sound of the railway horn – generating source – rises to an average between 84.5 and 75.8 decibels, reaching a maximum peak of 94 decibels (see report at folio 59). Thus, it is clear that the regularity of the ambient noise plus the generating source is far from being excessive with respect to the ambient noise that already exists in that zone, from which it follows that the nuisance that the claimants must tolerate is proportional to the road safety purpose intended with these mechanisms, thus being framed within the regulations or exceptions that the Ministry of Health itself indicates in its reports, especially when the railway crossing is located in a zone of such high traffic as the one where the appellants' dwelling is located. On the other hand, the appellants themselves reported that the recently purchased train does not generate a major problem. Consequently, the alleged constitutional violation must be dismissed, and therefore the appeal must be dismissed regarding this point. IV.- On the application of other safety mechanisms. On the other hand, the appellants state that the use of the horn can be eliminated or restricted, and in its place, that the respondent authority provide other safety mechanisms such as switches (agujas) and luminous or sound signals. On this matter, the respondent authority states that these options have been evaluated, but given the nature of the service currently provided in terms of speed and multiple stops, such options are not technically appropriate, since they also depend on the observance paid by drivers; likewise, the placement of these mechanisms would also bring about a problem in the flow of traffic, especially in congested areas. It must be indicated to the protected party that the Chamber has already ruled in the sense that the placement of the mentioned type of safety mechanisms is a matter of technical competence of the Instituto Costarricense de Ferrocarriles that falls outside the scope of competence of the constitutional jurisdiction; thus, it is that entity that must determine the appropriateness of their installation – see, in this sense, ruling of this Chamber number 2007-10155, of eleven hours thirty-nine minutes on July twentieth, two thousand seven – and if in this case, as reported, its implementation is inappropriate, this technical criterion must be followed because the Chamber lacks other elements to order otherwise. In any case, the knowledge acquired by the Chamber through the substantiation of other similar guarantee actions informs that a project exists between the respondent authorities and the instances of the Ministry of Obras Públicas y Transportes for the implementation of other road safety alternatives at railway intersections (special traffic lights), whose components should be executed during the years 2011 and 2012, and therefore the respondent authority must be urged to execute all actions within its scope of competence, so that the planned plans are duly applied when technically so determined". Even in a more recent vote, the Constitutional Chamber, without delving into the degree of impact that may arise, rejects a filed appeal, again employing convenience criteria.

Thus, ruling No. 2013-013523 of nine hours five minutes of October eleventh, two thousand thirteen, resolved: "IV.- Regarding the specific case. In the present matter, the petitioners, who are residents of Cartago, allege that the noise generated by the train horn that passes near their homes does not allow them to [live in peace], a situation they consider contrary to their right to tranquility. In his report, the Executive President of INCOFER explains that the train horn is an instrument used to alert pedestrians and drivers of the presence of the railway, in order to prevent incidents. In view of the foregoing, this Chamber considers that in the present matter there is no violation whatsoever of the rights protected by the Political Constitution, since the noise generated by the interurban train horn is precisely one of the disturbances that, as a product of social coexistence, the protected parties are obliged to endure, because its purpose is to prevent accidents that could generate both material losses and loss of human life. Likewise, it must be taken into account that from the report rendered under oath by the appealed authority, it is clear that the incorporation of light signals or switches on the route of the metropolitan train of San José is not a technically appropriate option, since the nature of the service currently provided is more similar to that of a tram or light rail, a situation that requires the use of the horn as a means of alerting about the passage of the train. Thus, by reason of the foregoing, this Chamber considers that the present appeal must be dismissed, as is hereby done." As is evident, there is no single position by our Constitutional Court on the matter, insofar as it has oscillated between the protection of the fundamental rights of the petitioners and the safeguarding of the public service provided. For the purposes of the contentious-administrative jurisdiction, what has been resolved in one sense or another, while highly respectable, in no way binds our analysis, given that the considerations to be made will be from the point of view of a legality analysis and not of injury to the Political Constitution.

This Court is of the opinion that what has been resolved by the Constitutional Chamber from the scope of its own competences does not exclude the necessary legality control of administrative conduct, established in articles 1.1 and 1.2 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, as they provide: "1) The Contentious-Administrative Jurisdiction, established in article 49 of the Political Constitution, has the purpose of protecting the legal situations of every person, guaranteeing or re-establishing the legality of any conduct of the Public Administration subject to Administrative law, as well as hearing and resolving the various aspects of the legal-administrative relationship. 2) The grounds of illegality comprise any infraction, by action or omission, of the legal order, including deviation of power." The scope of the contentious-administrative jurisdiction since the entry into force of the Código Procesal Contencioso Administrativo has been defined as a "plenary and universal control" from which practically no administrative conduct can escape. In this sense, it has been indicated "... the new CPCA, by employing a concept as broad and generic as administrative conduct, avoids any legislative restriction of the plenary and universal legality control designed by the constituent, since, as we shall see, it is complemented, even, with the notion of a legal-administrative relationship which has a very vast content and functions as a residual clause to address or comprehend any legal relationship that is subject to an Administrative Law regime...." Jinesta Lobo. Ernesto. en El Nuevo Proceso Contencioso Administrativo. Escuela Judicial. By reason of the foregoing, this Court considers that alleged defects in a specific administrative conduct for reasons of legality must, unfailingly, be heard and resolved. It would be wrong for Judges, if perceiving defects of legality in an administrative conduct, to abstain from ruling on the matter and maintain an act that departs from the applicable legal order, with evident impact on the interests or rights of an Administrated Party. In accordance with what has been indicated, ruling 01469-2011 of November 30, 2011 of the First Chamber of the Supreme Court of Justice must be taken into consideration, regarding the scope of the binding nature of the rulings of the Constitutional Chamber, as it provided the following: "..... the binding nature of a ruling is referred to, not the parties that litigated, (since it is clear that what is ordered by the competent body binds them, insofar as their controversy has already been definitively decided), but to other subjects unrelated to the process, expressly determined by a (constitutional or legal) norm. In what is of interest to this process, this principle is recognized with respect to the final decisions adopted by the Constitutional Chamber. In this way, mandate 13 of the LJC states: “The jurisprudence and precedents of the constitutional jurisdiction are binding erga omnes, except for itself.” It is observed that the wording of this norm may lend itself to misunderstandings regarding the object of the binding nature, by reason of its apparent breadth. However, from its concordance with the first precepts of the same normative body –which define its material competence– and 8 subsection 1) third paragraph of the LOPJ, it is determined that this only resides in pronouncements referring to the Law of the Constitution. More simply, to the interpretations of the block of constitutionality issued by this body. It is clear that the competence of that Court (and the delimitation with that corresponding to the contentious-administrative jurisdiction), is a topic distinct from the binding nature of its rulings; however, it nourishes or defines its object. Thus, insofar as it is responsible for guaranteeing fundamental rights and freedoms (precept 48 of the Carta Magna), exercising control over the constitutionality of norms of any nature and of acts subject to Public Law, and resolving conflicts of competence among the Powers of the State (norm 10 ibidem), or what is the same, ruling on conflicts and questions of constitutional order, the explanations that it proffers regarding the Law of the Constitution are what are imposed on those who apply or interpret legal aspects and on all persons (physical or legal, public or private). Now then, the hypothesis of eventual interpretations of infra-constitutional norms that the Constitutional Court may incur in deserves attention. In this scenario, what is established by that Body does not limit or obligate the remaining courts (among them, clearly, the contentious-administrative courts), because the binding nature, as stated, is limited to questions of constitutional nature and transcendence (it is reiterated, what is proper to its competence). In this same line of thought, in judgment no. 1000-F-SI-2010 of 9 hours 35 minutes of August 26, 2010, this Chamber indicated that “[…] the binding nature of precedents emanating from the constitutional jurisdiction occurs, solely, regarding the interpretation of the scope of fundamental rights and constitutional norms, and not regarding aspects of legality […]”. See, in the same sense, resolution no. 226-F-SI-2008 of 15 hours 26 minutes of March 14, 2008. Also, the Constitutional Chamber itself has indicated: “[…] as provided in the final paragraph of article 8.1 of the Ley Orgánica del Poder Judicial, when constitutional precedents or jurisprudence exist to resolve the case, the judge is obliged to interpret and apply the norms or acts proper to the matter, in accordance with such precedents or jurisprudence, even if to do so he must disapply laws or other norms that result incompatible with them, provided that, clearly, the same hypotheses or scenarios are involved, so that the situation under the Judge's knowledge is identical to that resolved by the constitutional precedent or jurisprudence. This is so, moreover, by virtue of the fact that article 13 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional establishes that 'the jurisprudence and precedents of the constitutional jurisdiction are binding erga omnes,' given that they offer the way in which acts subject to public law and the regulations in general can be understood to conform with the Law of the Constitution. Furthermore, this same norm, in principle, applies to the Constitutional Chamber itself, by virtue of the provisions of article 9([sic] of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, either to dismiss or to resolve on the merits any action or proceeding brought before it, with the caveat, and this is obvious because it concerns the Constitutional Court itself, that the jurisprudence and precedents bind it insofar as it finds no reasons to vary its own theses or criteria. If, as is rigorous, the Law of the Constitution is composed not only of constitutional values, principles, and norms, but also of other parameters of constitutionality (instruments of international law, practices secundum constitutionem, etc.) and the jurisprudential production that the Constitutional Chamber generates in the exercise of its competence and which is necessarily integrated at the same normative level that it interprets or applies, the Chamber can and must, in exercise of its competence, be able to adjust its own interpretations, when circumstances merit it” (underline added). Finally, this Chamber considers it necessary to note that the binding nature of a constitutional ruling does not depend on whether it is upholding or dismissing, as the judges indicated in the contested judgment, because that situation cannot be deduced from canon 55 of the LJC. Regarding this, that norm provides: “The rejection of the recurso de amparo does not prejudge the responsibilities that the author of the grievance may have incurred. The offended party or the Administration, as the case may be, may bring or exercise the corresponding actions, or apply the pertinent measures.” (The underline is not in the original). It is inferred that it regulates a different factual aspect: the eventual responsibility of the author of the grievance, not whether the judgment is binding. Along this same line, the Court of Cassation of the Contentious-Administrative Jurisdiction provided: “[…] they are reviewable before the contentious-administrative jurisdiction, both the scenarios where the constitutional court has dismissed or declared without merit the recurso de amparo or habeas corpus filed, for considering that the contested conduct is not directly contrary to the Law of the Constitution, since in that scenario, no allusion is made to the legality of the act or conduct (the exclusive domain of contentious judges), and those in which, the unconstitutionality having been declared, the justiciable party deems it appropriate to discuss the conformity of the actions with the block of legality. In these cases, the administrated party can resort to the contentious-administrative route to assert their eventual subjective rights or legitimate interests and request that it be determined in that instance whether the contested conducts or acts are or are not contrary to the legal order. Hence, the interpretation made by the defendant, in the sense that all rulings issued by the Constitutional Chamber produce res judicata, is not valid, insofar as the analysis carried out by that decision-making body is different from that performed by the Contentious-Administrative Court” (resolution no. 107-F-SI-2010 of 8 hours 30 minutes of April 30, 2010, the underline does not correspond to the original)....." In accordance with the foregoing, it is appropriate to conduct the legality analysis of the conducts submitted to the knowledge of this Court and consequently it is necessary to refer to article 23 of Decreto Ejecutivo number 28718-S, denominated "Reglamento para el Control de Contaminación por Ruido," as it states the following: "Article 23.- Exceptions. The following actions will be exempt from the requirements established in the previous article. - Daytime Period (6:00 hours and 20:00 hours) - Sounds from temporary projects for the repair and maintenance of homes and their dependencies. - Sounds produced by the discharge of light firearms in authorized shooting ranges. - Sounds produced during the installation and repair of essential public services - Strictly necessary sounds produced by emergency personnel, police, firefighters or ambulance drivers and similar personnel, or by the equipment used by said personnel during the fulfillment of their duties in order to protect health, physical integrity, community safety or in tasks that must be performed after a public disaster. Also included are electrical generating plants, substations and water pumping equipment during temporary emergency cases. - Sounds produced by devices for the prevention of accidents. - Sounds produced in eventual public events and non-routine parades. - Sounds caused by alarms, bell towers and similar that have a duration of five (5) minutes. - Sound caused by the non-amplified human voice. - Sound caused by animals. - Any other activity that, by technical criteria, does not generate a sonic contamination problem." From a reading of the cited norm, this Court considers that it does not legitimize the excess of sound that could be caused above the levels established in article 20 of the cited Reglamento, when, as in the case, they cause an unnecessary impact on the rights of third parties. Although the norm permits the extraordinary use of higher levels to prevent accidents, it does not mean that it legitimizes their ordinary use, when using the ordinary levels the purpose of the acoustic signal is fulfilled. For this Court it is clear that the norm provides for two scenarios in its content. Firstly, the "normal" regulation of noise, applicable according to the specific zone and which technically presents and contemplates a maximum sound level not harmful to the rights of citizens. Secondly, a provision is presented for exceptional or "abnormal" circumstances, in which a higher noise level is legitimate in response to very particular and uncommon events. In these cases, legitimacy is given by these characteristics and the Administration is not permitted to qualify them extensively for any scenario that, despite maintaining normality, is sought to be cloaked with a presumed abnormality. The classification of a specific situation into one or the other scenario will depend on the verification of whether the use of sound intensity above the normal legally permitted level is strictly necessary, reasonable, and proportional or not, which, as presented in the case under analysis, its demonstration must be the burden of the Administration, and of which no evidence is shown in the case file. From a reading of the indicated regulations, it is clearly observed that the mentioned legal order foresees the existence of noise levels as a burden that the administrated party must endure for the mere fact of social coexistence. This legal impact will vary depending on the site where the person is located, inasmuch as it will not be the same noise that a person living in the city must endure as that endured by another who lives in the countryside. It is reasonable that in this line of thought, in order for the common interest, according to circumstances, one or the other are obliged to lawfully endure the weight that we all must carry for the mere fact of being a "social animal" and coexisting with noise-generating activities, which are inherent to the society in which we live and to the use of existing mechanical and technological means. It is also observed from the regulations that, as part of said burden, there exist qualified, temporary, necessary, or superior-interest circumstances that impose the duty to endure higher-range noise levels. In this sense, although the citizen has a series of fundamental rights to protect, there is a correlative duty of coexistence in the face of non-significant or temporary disturbances to their exercise. The foregoing, inasmuch as the enjoyment of rights is not unrestricted, but rather is marked by the very essence of the right and the rights of others. However, for this Court it is evident that the restrictions and impacts on citizens' rights in such cases must be interpreted restrictively and under principles of reasonableness and proportionality. Thus, although the mentioned regulations establish exceptions to the pre-established maximum noise levels, it should not be understood that they can be considered a means to legitimize any noise without limit, alleging such scenarios in an unmotivated and unnecessary manner. Above all, it must be remembered that the very existence of an activity of economic and social interest does not legitimize the existence of a prohibition against the rights of those affected and/or benefited by its provision, nor does it eliminate the obligation of those responsible for its administration, whether public or private, to adopt the necessary measures, whether to indemnify the damage, to slow it down, or to implement the corresponding technical measures to avoid harmful effects. The public interest must not be seen as contradictory to the very interest of citizens when adopting a specific administrative conduct, nor can it be an excuse for a group of the community to see their rights violated with impunity, when the administrative will is exercised in an unreasonable or unmotivated manner. In the case under analysis, this Court, taking into consideration the evidentiary element seen in the process, deems the use of the train whistle as a preventive measure linked to the public service provided to be appropriate and necessary (see testimonial statement of Jorge Manuel Lopez, Operations Manager of the co-defendant entity). In this line of thought, the sound that does not exceed the specific limits established in the legal order is in conformity with the legal order and is not reprehensible. It is not established in the case file that the administrative conduct as such is contrary to law or the public interest. It is a fact that every citizen who lives in the vicinity of a railway line will have the duty to endure the normal nuisances generated by the passing of the train. This is a burden inherent to social coexistence and to the very fact of dwelling in an urban center with the existence of a series of private and public services at their disposal. In these cases, there is a normal functioning of the Administration, which, although it causes a singular sacrifice, is not of special gravity. Interpreting that every disturbance under such conditions is unlawful would mean rendering ordinary administrative action nugatory, insofar as the mere passing of a train itself causes – without the need for a whistle– vibration and some level of noise additional to the ordinary level. In these cases, we are faced with a normal functioning of the Administration, generating results that are expectable and possible from a particular activity, especially in situations like the railway in our country, where it is public and notorious that the railway line has remained in the same place for many decades, making it expected by the corresponding neighbors that its normal and ordinary use, within the technical and legality limits, will generate effects, both positive and negative, on their legal spheres. The foregoing does not mean that this Court embraces the so-called doctrine of "pre-occupation," (according to which a polluting activity existing prior to an individual settling in a particular location must be tolerated). However, the mentioned fact does acquire relevance for specifying the existence of a specific level of legal tolerability, when technically reasonable margins of impact are established due to the normal functioning of an activity. Nevertheless, the constant and unfounded use of the whistle above the levels established in article 20 of the regulation in reference is indeed considered unlawful by this Court. In these cases, we would be facing a particularity of damage, in which a disruption of equality before public burdens occurs, due to the reiteration and excess of noise during key hours for the full exercise of the right to privacy and intimacy of citizens. In these cases, the persistence and intensity cause a legitimate functioning – a sound I must endure due to social coexistence – to cease being admissible and shift to an injurious sphere of the affected party's legal sphere. This Court considers that compliance with and observance of administrative norms do not place the administrated party in a situation of such precariousness that there are no limits in their application or that the private interest possesses no relevance when an excess in administrative conduct is invoked. In such scenarios, the Administration cannot disdain or ignore a legal impact as such, under the protection of the mere invocation of a social necessity. It is for this reason that this Court expresses a dissenting opinion with what was resolved by the Constitutional Chamber on the issue, insofar as the considerations of social necessity cannot signify, in re ipsa, an abdication of the need to analyze the particular situation regarding the specific violation presented in a case submitted to our knowledge. In this line of thought, every legal sphere of a citizen possesses an accumulation of rights inherent to their condition as a human person. The right to a healthy and balanced environment and the right to the exercise of an intimacy free from disturbances are connatural to every social being. Our Legal Order defines contamination (contaminación) in article 62 of the Ley Orgánica del Ambiente, Law No. 7554 of October 4, 1996, in the following manner: “Contamination of the atmosphere is considered to be the presence within it and in concentrations higher than the permissible levels established of solid particles, dust, smoke, vapor, gases, foul odors, radiation, noise, imperceptible acoustic waves, and other polluting agents that the Executive Branch defines as such in the regulation.” Moreover, the cited Reglamento para el control de la contaminación por ruido defines noise contamination (contaminación por ruido) in the following sense: “Any sound emission that adversely affects the health or safety of human beings, property, or the enjoyment thereof, according to the norms established in this Reglamento.” In relation to the connection between noise and the impact on the mentioned rights, it is relevant to cite ruling No. 5681-1993 of 14:09 hrs. of November 5, 1993, where the Constitutional Chamber indicated: “(…) The right to intimacy finds its basis in article 24 of the Political Constitution, and refers basically to the right the individual has to the development of their personality within a sphere of autonomy, that allows them to function in an environment to which those people they do not wish cannot have access. Man is initially a social being, but this does not mean that he functions solely within that sphere of life, but rather that he needs a sphere of intimacy, of interior life that includes silence and retreat. Intimacy, then, includes the tranquility within that space, which in turn constitutes a limit for others. Precisely, from the relationship of article 24 with article 28 of our Political Constitution, the principle of freedom that governs individuals has as one of its limits not harming third parties or their well-being, deducing the protection of their sphere of intimacy and tranquility. Possessing a sphere of freedom implies that each person has the right to isolate themselves from the community. Noise is an unequivocal mode of disturbance to the tranquility to which persons are entitled, especially at the level of greatest intimacy that corresponds to the place where one resides. Consequently, the fact that the authorities have not protected this right, permitting the operation of an activity that was harmful to that tranquility, makes them responsible for that lack of protection. …”. In accordance with the foregoing, it is evident that the existence of excessive noise levels will have negative effects on the most intimate legal sphere of the person and consequently are unlawful. As is observed, in the case under examination, the human presumption (presunción humana) can be applied as an element of conviction for this Court, in strict application of article 417 of the Código Procesal Civil, as it provides the following: "Article 417.- Human presumption. Human presumptions only constitute evidence if they are a direct, precise, and logically deduced consequence of a proven fact. The evidence of presumptions must be serious and concord with the other evidence provided in the process." Regarding the figure of presumption, the First Chamber of the Supreme Court of Justice has stated the following: “For a human presumption to exist as a means of proof, it is necessary, in the first place, that a positive or negative event, certain, occurs from which the one desired to be known must be deduced. The existence or non-existence of this occurrence, denominated in a broad sense the basic fact, or more technically the indication, must be duly accredited in the process to ensure the viability of the presumption. Thus it is deduced from article 417 of the Código Procesal Civil: 'Human presumptions only constitute evidence if they are a direct, precise, and logically deduced consequence of a proven fact.' The Chamber has indicated that this type of presumption '…is the result of the exercise of the discretionary authority granted to the judge to assess the evidence, deriving the presumption then from other facts that have been taken as true' (no. 848-F, of 14 hours 45 minutes of October 31, 2001). This connection, which must be direct and precise, between the basic fact or indication and the occurrence sought to be derived (consequence fact), is verified in accordance with purely logical norms, with the rules of human judgment, a task carried out by the Judge invested with discretionary power according to their conscience and discernment. It is the judge who exclusively infers a fact or act from such evidence, as their internal conviction inspires them within a framework of reasonableness and rationality, in a logical prius that does not violate sound criticism, hence, their judgment stands, unless it is proven to be contrary to the evidence that the proofs display, either through error of fact or of law in their estimation regarding the basic or indicative facts, or that the inference borders on the absurd for contradicting common sense or natural phenomena” (judgment no. 25-F-2007, of 10 hours 45 minutes of January 19, 2007) (bold text is not in the original). (On this matter, one may consult, among others, the judgments of the same Chamber no. 27 of 10 hours 30 minutes of May 5, 1993, no. 217 of 15 hours of May 5, 1999 and no. 848 of 14 hours 45 minutes of October 31, 2001). In accordance with the foregoing, an excess of noise above the regulatory permitted limit creates a presumption of an impact on the claimants in the process. Therefore, an activity carried out by a public entity that generates such results and these are maintained over time, despite the complaints of the Administrated Parties, is contrary to the legal order and obligates the adoption of the necessary corrective or compensatory measures, as the case may be and according to what is sought by the party. The adoption of public conducts, whether executed directly or through third parties, consequently implies the provision of not generating an impact beyond what is technically and proportionally reasonable, so as not to exercise the activity or service in such a way that it generates a harmful use thereof, beyond what is legally permitted when dealing with a normal functioning in which an abnormality of the result obtained is not sought to the detriment of third parties. In the case at hand, a noise level exceeding the commented limits would only be non-contrary to the legal order when it is undoubtedly necessary for the prevention of a specific accident, given the imminence of its occurrence. Focusing the analysis of the situation of the claimants, it is observed that it is established in the case file that in technical measurements taken at their domicile – and not questioned regarding their scope and methodology employed – it has been demonstrated that the level of the train whistle exceeds the maximum level permitted for the daytime period (65DB), without the co-defendants having proven otherwise, given that their theory of the case has focused, rather, on the need for said mechanism and the application of article 23 of the Reglamento in reference to the particular case.

This Tribunal considers that the evidence gathered on the public thoroughfare and considered as a judicial inspection in the preliminary stage of the proceedings does not acquire greater evidentiary relevance, given that, firstly, it was not conducted at the domicile of the plaintiffs—it does not demonstrate the specific sonic impact at the particular times when the train circulates—and it was conducted at a distance of more than one hundred meters from the railway line, at an hour of high traffic volume and different from the periods when the train circulates and the whistle is considered necessary as a warning measure for drivers. As is evident, the objective circumstances in which the train operates are very different from those of time and place that are the object of the proceedings (note that the theory of the case of the co-defendant parties is based on the fact that the train service has defined schedules during daytime periods and is not constant). Given the foregoing, since the sound of the train whistle exceeds reasonable legal limits, sonic pollution is produced against the plaintiffs and, therefore, their rights have been violated. Thus, since this Tribunal considers that the referenced regulation does not contemplate the ordinary and permanent situation of the use of the whistle, and therefore, under the demonstrated conditions, it is excessive and disproportionate, it is considered that the claim should be partially granted, given that exceeding the regulatory limits necessarily implies an annoyance to whoever suffers it, but on the understanding that it is not appropriate to prohibit the use of said audible device within the margins established by Article 20 of the indicated regulatory body. Therefore, this Tribunal does not deem it appropriate to order the substitution of the whistle with a signal system (given that there are no technical criteria regarding the sufficiency, appropriateness, and necessity in the specific case of the railways administered by the co-defendant entity) but rather that, in application of Article 122 of the Contentious Administrative Procedure Code, what is possible to order is to direct the co-defendant entity, once this judgment is final, to adjust the whistle of all its trains that transit near the plaintiffs' domicile, in such a way that the maximum limit permitted in Article 20 of executive decree number 28718-S, called "Reglamento para el Control de Contaminación por Ruido," is not exceeded. It is not possible to refer in the operative part of this judgment to the Consejo de Seguridad Vial's project for the provision and installation of traffic light systems for railway crossings, in process since the year two thousand twelve, given that this body with instrumental legal personality was not sued. However, it is appropriate to remind the State of its duty to execute any project that reduces both the impact on third parties due to the operation of the railway and the risk to drivers due to said service, such that the principles of efficacy and efficiency in the functioning of the administration must be applied (art. 4 LGAP, 3 and 5 LAFRPP). All of the foregoing, as a necessary and approved measure to restore the protectable legal situation of the plaintiffs and taking into account that it has been duly demonstrated that the same is being violated by the excessive level of the train whistle over the regulatory limit, given their condition as neighbors of the railway line. In application of Article 131.3 of the same Code, the Instituto Costarricense de Ferrocarriles is granted a term of one calendar month to execute what is ordered by this resolution.” ...

Citations of Legislation and Doctrine Related Judgments CONTENTIOUS ADMINISTRATIVE TRIBUNAL Central 2545-0003. Fax 2545-0033. Email ...01 Second Judicial Circuit of San José, Address05 ( ) FILE: 11-006486-1027-CA PROCEEDINGS FOR DECLARATORY JUDGMENT PLAINTIFF: Name22259 , Name22260 , Carl Dieter c.c. Carlos Lehmann Struve, Name22262 DEFENDANTS: The State, the Instituto Costarricense de Ferrocarriles No. 71 2014-IV.

CONTENTIOUS ADMINISTRATIVE AND CIVIL TREASURY TRIBUNAL. FOURTH SECTION. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ. Address01 , Annex A Building, at eight o'clock on August twenty-sixth, two thousand fourteen.

Proceedings for Declaratory Judgment filed by Name22259 , single, physician, Spanish citizen, bearer of residency card number CED87452 , Name22260 , married, physician, bearer of identity card number CED17870- - , Carl Dieter c.c. Carlos Lehmann Struve, married, dentist, bearer of identity card number CED17871- - and Name22262 , married, attorney, bearer of identity card number CED87453- - . All of legal age, residents of San José, represented by Name22263 , of legal age, attorney, bearer of identity card number CED28375- - , in his capacity as Special Judicial Proxy, against The State represented by Name21325 , of legal age, married, attorney, resident of San José, bearer of identity card number CED38- - , in his capacity as Attorney B and the Instituto Costarricense de Ferrocarriles, represented by Name22264 , of legal age, attorney, bearer of identity card number CED87454- - , in his capacity as General Judicial Proxy.-

WHEREAS:

1.- That the plaintiff files the present proceedings and requests the following:

a.- That INCOFER be ordered, within the non-extendable term of 3 months, to proceed to place an appropriate signal system at all at-grade crossings of the railway line with public roads (streets and avenues) that are located on the route going from the Circunvalación highway crossing in San Pedro de Montes de Oca (Taco Bell Restaurant and vicinity of the UCR) westward until reaching the fork of the railway line at avenida 3, streets Placa19415 , and from there to the Atlántico station, on one side, and to Address13081 , , on the other, so that the locomotives completely eliminate the use of the whistle when they pass in front of our dwelling houses.

b.- That it be ordered, upon expiry of the 3-month term without the ordered works having been carried out, the train service be suspended until the corresponding works are completed.

c.- That the Environmental Protection Directorate of the Ministry of Health be ordered to ensure that INCOFER complies with what is ordered in this judgment, and in case of non-compliance, to issue the respective sanitary order to halt the train until such works are carried out.

d.- That the defendants be ordered to pay procedural and personal costs.

2.- That once the due process was served to the State and the co-defendant Institute, by means of a ruling at ten hours and thirty-nine minutes on March twenty-second, 2012, the former opposed the claim and raised the defenses of lack of active standing ad processum with respect to Mr. Name110691 and lack of right, and the latter rejected the claim and raised the defense of lack of right. Both requested the imposition of costs plus interest.

3.- That the survivors of Mr. Name110691 desisted from continuing with the proceedings.

4.- That at eight hours and thirty minutes on June twenty-first, two thousand thirteen, the preliminary hearing was held in the present proceedings with the attendance of all parties, the claims of the lawsuit were adjusted, the disputed facts were determined, and the documentary evidence, judicial inspection, and testimonial evidence from the parties were admitted.

5.- That on July eighth, two thousand fourteen, the oral and public trial hearing was held in these proceedings, and a judicial inspection was conducted, with the presence of the parties and before the same Tribunal issuing the judgment.

6. That on August fourth, two thousand fourteen, the oral and public trial hearing continued in these proceedings, with the presence of the parties and before the same Tribunal issuing the judgment.

7.- That in the proceedings before this Tribunal, no nullities requiring correction have been observed, and the judgment is issued within the term established for that purpose by numeral 111.1 of the Contentious Administrative Procedure Code, after deliberation and by unanimity.- Drafted by Judge Campos Hidalgo,

WHEREAS:

I.- Regarding the theory of the case of the plaintiff and its main reasoning: That from a review of the claim, the plaintiff bases its claims on the following arguments:

a.- That the plaintiffs suffer annoyance from the train whistle when it passes close to their homes.

b.- That despite having knowledge of said situation, the officials of the co-defendant Institute have done nothing to prevent said impact from occurring.

c.- That the annoyances originate as the train whistle is activated in a noisy and excessive manner.

d.- That the Environmental Protection Directorate also ignored the complaints filed in that regard, despite being legally obligated to take the necessary measures to protect against sonic pollution.

e.- That Article 23 of the Reglamento para el Control de la Contaminación por Ruido does not apply to the train whistle.

f.- That INCOFER is obligated to place an appropriate signal system at road crossings.

g.- That sonic and acoustic pollution harms fundamental rights of the plaintiffs, such as health and privacy.

II.- Regarding the theory of the case of the representation of the co-defendants and its main reasoning: That from a review of the claim, the representatives of the co-defendants base their claims on the following arguments:

a.- That the proximity of the train's passage to the plaintiffs' dwellings is not demonstrated.

b.- That the train service has defined schedules during daytime periods and is not constant.

c.- That the noise of the train horn is a necessary prevention measure to avoid accidents and loss of human lives.

d.- That in the present case we are in one of the exceptions of Article 23 of the Reglamento para el Control de la Contaminación por Ruido.

e.- That the train whistle cannot be considered excessive or disproportionate, given that it follows the technical guidelines defined in this regard.

f.- That it cannot be claimed that the Ministry of Health has not acted, solely because the resolution obtained by the plaintiffs was not according to their convenience.

g.- That the administrative complaints filed by the plaintiff have been duly resolved.

h.- That a reminder was sent to the Consejo de Seguridad Vial about the need to signal the railway crossings to reduce the need for using the train whistle.

i.- That the Constitutional Chamber itself has considered the train whistle as an essential audible signal for the passage of the urban train and necessary for the protection of third parties.

j.- That in the present case, the public interest at stake must prevail, in order to guarantee the continuity of the public service provided and road safety.

k.- That the plaintiffs' rights are limited by circumstances inherent to social coexistence.

V.- Regarding the object of the proceedings: In accordance with the reasoning put forth by the plaintiff, it is noted that the purpose of the proceedings is to determine whether the material conduct objected to is illegitimate or not, insofar as it is either founded on Article 23 of the Reglamento para el Control de la Contaminación por Ruido or, on the contrary, constitutes a positive material inactivity generating harm to the plaintiffs.

VI.- Reasoning of the Tribunal:

VI.I.- Particularly regarding the proven facts: Of this nature, and of importance for the resolution of the matter, during the proceedings the following facts have been demonstrated to this Tribunal:

A.- That from the dwelling of each of the plaintiffs, the noise emitted by the train whistle is heard when it travels along the railway line that is in its proximity (folios 024 to 055 of the judicial file, testimonial statement of Name110692 ) B.- That Messrs. Walter Morales Vega and Name22262 have filed respective requests for intervention to the Ministry of Health (folios 06 to 08, 11, 13, 15 administrative file of the Area Rectora of San Pedro of the Ministry of Health) C.- That on July 1, 2010, officials of the Unidad de Rectoría of the Ministry of Health conducted sonic measurement at the domicile of the plaintiff Name22262 , obtaining the following result: "The result of the noise measurement of the generating entity plus ambient noise. Copies of the session reports are attached. Average. Placa19418:65.9, S017:84.4, S018:67.8dB (A). The result of the ambient noise measurement with inactive source. Copies of the session reports are attached. Average. S019: 45.3 dB (A). (folios 20 to 32 of the administrative file of the Area Rectora of San Pedro of the Ministry of Health) D.- That in noise measurements conducted in June of the year 2011 by Mr. Name110692 , Acoustic Engineer of the company Diseño Acústico S.A. hired by the plaintiffs, the following measurements were determined:

"Place of Measurement Background Noise Leq National Regulation Amount of dB exceeded Lmax Residence Mr. Name110694 48.8 68.4 65 3.4 80.4 Residence Mr. Name110691 49.3 78.4 65 13.4 91.3 Residence Ms. Name22262 47.3 82.8 65 17.8 92.9 Residence Mr. Name22260 55.4 78.2 65 13.2 93.5 Residence Mr. Carlos Lehmann 63.6 81.5 65 16.5 94.4" (folios 024 to 055 of the judicial file, testimonial statement of Name110692 ) Name7575.- That in response to the plaintiffs' complaint dated August 1, 2011, regarding the excessive noise of the train whistle when passing by their home, filed with the Ministry of Health, via official letter DAJ-UGJ-A-1595-11 of August 10, 2011, they were informed that said sound falls within the assumptions of Article 23 of the Reglamento para el Control de Contaminación por Ruido. The foregoing was confirmed by resolution DM-RC-4274-11 at twelve hours and six minutes on August twenty-ninth, two thousand eleven, by the Minister of Health (folios 042 to 051 of the administrative file of the Area Rectora of San Pedro of the Ministry of Health) F.- That the Consejo de Seguridad Vial has been developing a project for the provision and installation of traffic light systems for railway crossings since the year two thousand twelve (folios 144 to 146 of the judicial file) G.- That the train whistle is a means used to alert vehicles of its passage at road crossings (testimonial statement of Jorge Manuel Lopez) VII.- Facts not proven:

The existence of unproven facts of importance is not observed.

VIII.- General considerations regarding administrative conduct: The public administration manifests itself through a series of material and formal conducts that have the virtue of creating legal effects that impact the personal sphere of the citizens. Said conducts are generated by public entities in their different manifestations of creating goods and services destined to satisfy public aims and have as their primary guide the fulfillment of the principles inherent to public service, such as continuity, efficiency, adaptation to any change, and equal treatment of users. In principle, said conducts carry a presumption of legitimacy, which is only destroyed upon the departure of the administrative function from administrative rules or upon demonstration of an unlawful act by a public servant. In this line of thought, we must distinguish between the normal functioning of the Administration and that action which may be considered abnormal. In the first set of legitimate material administrative conducts, we find the normal provision of a public service, direct coercion, anomalous coercion (in administrative states of urgency or necessity), and the preparation and execution of administrative acts. In this last case, it starts from the prior existence of a formal administrative conduct that requires a series of actions or material operations for it to be executed and produce its legal effects in the real world. In the second group of conducts, we are in the presence of two scenarios of unlawful manifestations of the Administration. In the first specific scenario, we speak of the de facto route (vía de hecho), in which case it is necessary to indicate that it corresponds to an abnormal administrative conduct of the Administration, constituting an arbitrary material action; in the second, we have the non-action of the Administration, translated into a material legal inactivity, reflected in the non-fulfillment of public obligations or in acting tardily or incompletely. In this line of thought, a distinction must be made between factual material inactivity (the failure to do what is due by the Administration) and positive material inactivity, which consists of cases where a material action producing harm is deployed and nothing is done to prevent it, as well as trilateral effects inactivity, which occurs when, beyond the link between an entity and a citizen, the former does nothing to prevent the latter from affecting third parties. Complementary to the foregoing reasoning is the existence of positions of power or active situations of citizens vis-à-vis the Administration, through which the individual exercises powers, subjective rights, and legitimate interests, which, if harmed by the described conducts or inactivity, could generate liability or correlative obligations for the public subject causing the impact. Additionally, every individual has duty situations or passive relationships vis-à-vis the State, among which are subjection, obligations, charges, and public duties. In all these cases, there is a duty of the individual to bear a material or formal public conduct, provided that it is not illegitimate, whether in its imposition or its exercise. Having made the foregoing considerations, we proceed to the substantive analysis.

IX.- On the merits: In its claim, the plaintiff requests the following: "a.- That INCOFER be ordered, within the non-extendable term of 3 months, to proceed to place an appropriate signal system at all at-grade crossings of the railway line with public roads (streets and avenues) that are located on the route going from the Circunvalación highway crossing in San Pedro de Montes de Oca (Taco Bell Restaurant and vicinity of the UCR) westward until reaching the fork of the railway line at Address13082 , , and from there to the Atlántico station, on one side, and to Address13081 , , on the other, so that the locomotives completely eliminate the use of the whistle when they pass in front of our dwelling houses." The plaintiff bases the requested action on the consideration that they suffer annoyance from the train whistle when it passes close to their homes, since it is activated in a noisy and excessive manner. For their part, the co-defendants indicate that in the present case we are in one of the exceptions of Article 23 of the Reglamento para el Control de la Contaminación por Ruido, such that the train whistle cannot be considered excessive or disproportionate, given that it follows the technical guidelines defined in relation to this instrument. In this regard, this Tribunal deems it appropriate to first conduct an analysis of what has been resolved by the Constitutional Chamber on the subject. In this line of thought, vote number 2006-5928, at fifteen hours on May second, two thousand six, indicated the following: "The train horn must also be circumscribed to the noise emission limits regulated in the National Ordering, given that it is not an isolated noise as the respondent attempts to portray it, but rather a present and accumulated noise for the neighbors of the railway lines, who constantly have to suffer the horn and the excessive noise generated by the circulation of the train. Note, on this point, that daily, multiple sources of sound emissions impact the environment, highlighting the need to consider environmental noise as a product of multiple emissions that contribute to generating levels of acoustic pollution that are hardly recommendable from a health, well-being, and productivity standpoint, hence it is necessary, from every point of view, to include the noise generated by the train horn as yet another harmful source that must be subject to health controls by the State and, specifically, through the Ministry of Health. As the petitioners accuse, and in accordance with the technical criteria outlined by the authorities of the World Health Organization, the train whistle at 5:05 a.m. exceeding 70 decibels, exceeds the permitted levels and constitutes a gross interruption to sleep that surpasses the 45 decibel limit for individual noise. (…) The sonic pollution generated by the train whistle leads to an inescapable obligation of the public authorities to find the fair balance between the economic well-being that may be generated by the use of the train as a means of public transport and the effective enjoyment of the fundamental rights to home, privacy in private and family life, as well as the right to health and a healthy and balanced environment. While this Tribunal shares that the use of a means of public transportation such as rail transport is important and road safety must also be ensured, the truth is that in the pursuit of sustainable development, reasonable measures in addition to the use of the horn must be adopted to control the passage of the train through urban roads..." As is noted, firstly, the Constitutional Chamber considers the respective train whistle subject to the limits of the legal order and therefore deems it necessary to subject it to the same, in a balance between public and private interests. Subsequently, the Chamber's position is maintained over time, insofar as it deems it necessary to protect the right to tranquility and privacy of a petitioner, in the following manner: "IV.- REGARDING SONIC POLLUTION IN THE SPECIFIC CASE. Name110693 indicated that she resides in the Condomio Rosa del Norte in Santa Rosa de Santo Domingo de Heredia. She claimed that her health has been affected as a consequence of the sonic pollution produced by the train horn, specifically, of the San José – Heredia service and vice versa. On this point, the Minister of Health reported under the solemnity of oath, with the timely warning of the consequences, including criminal ones, that the obstruction of the administration of justice in this venue may entail (Article 44 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional), that “(…) the noise generated by the activity of the train's passage exceeds the limits established in the Reglamento de Control de Ruido (…)” (see report at folio 12). As was specified, the background noise corresponded to 60.4 dB under normal conditions, while with the train's passage, levels ranged from 69 dB to 79 dB. The excessiveness of said measurements is evident if one considers that the maximum level, according to daytime regulations for a residential zone, is 65 dB (visible at folio 15). Under the considerations set out in the preceding section and, in light of the categorical nature of the result of the tests conducted by the competent authorities, this Constitutional Tribunal must intervene in the present matter, in order to restore the petitioner to the full enjoyment and exercise of her fundamental rights. V.- REGARDING THE INSTALLATION OF SWITCHES AND LIGHT SIGNALS. According to the petitioner's criterion, switches and light signals must be installed at intersections, in order to reduce the use of the horn to alert vehicles and pedestrians. In this regard, the Executive President of the Instituto Costarricense de Ferrocarriles indicated that “(…) the possibility of installing light signals or switches is an option that has been under evaluation at the institution, however the nature of the service currently provided by the train that travels between Heredia and San José (…) is more akin to the trams or light trains that operate in other latitudes, and due to its low speed and frequency of stops, said options are technically not appropriate (…)” (see report at folio 6). It is important to clarify to the petitioner that this Constitutional Tribunal cannot analyze the technical criteria put forward by the respondent authority. Said claim would exceed, without a doubt, the summary nature of the amparo proceeding, as well as the competence granted to this Chamber, as configured by Law and the Political Constitution itself. If she maintains any disagreement in this sense, she may resort, if she sees fit, to the ordinary channels of legality. Thus, this grievance must be dismissed. VI.- CONCLUSION. In virtue of the foregoing, the appeal must be partially granted, only with respect to the noted sonic pollution. THEREFORE: The appeal is partially granted. Miguel Antonio Carabaguíaz Murillo, in his capacity as Executive President of the Instituto Costarricense de Ferrocarriles, or whoever holds said position in his stead, is ordered to take the necessary technical measures to reduce to reasonable limits the noise produced by the railway horn of the San José – Heredia service, in its passage through the vicinity of the Address13083 located in Santa Rosa de Santo Domingo de Heredia, without jeopardizing road safety. The respondent is warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment of three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo proceeding, and fails to comply with it or fails to enforce it, provided the offense is not more severely punished. The Instituto Costarricense de Ferrocarriles is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts serving as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the enforcement of the judgment in contentious-administrative proceedings. In all other respects, the appeal is denied. Notify this resolution to Miguel Antonio Carabaguíaz Murillo, in his capacity as Executive President of the Instituto Costarricense de Ferrocarriles, or whoever holds said position in his stead, in person. LET IT BE COMMUNICATED”.- (vote 2009-019103 at eleven hours and one minute on December eighteenth, two thousand nine). However, this position progressively gave ground over time, under a criterion of social necessity. In this line of thought, the indicated Chamber modified its criterion with the passage of time and fell into mutually discrepant resolutions, as indicated by vote number 2010-20536, at sixteen hours on December 7, 2010, which provided the following: "This Tribunal has heard various amparo appeals in which it was alleged that the noise caused by the urban train caused annoyances that violated the right to a healthy and ecologically balanced environment of the petitioners. It must be indicated that in hearing said matters, the Chamber has issued a series of criteria that are even contradictory, as will be indicated below. Thus, in judgments numbers 2006-5928 at fifteen hours on May second, two thousand six, 2009-19103 at eleven hours and one minute on December eighteenth, two thousand nine, and 3342-2010 at eight hours and fifty-eight minutes on February nineteenth, two thousand ten, the Tribunal granted the appeals, after verifying that the noise caused by the urban train and the train to Heredia exceeded reasonable limits, ordering, at that time, that the train sound be reduced. On the other hand, in judgments numbers 2007-15263 at twelve hours and forty-five minutes on October nineteenth, two thousand seven, 2009-16822 at eleven hours and forty minutes on October thirtieth, two thousand nine, and 2010-4509 at eight hours and forty-five minutes on March fifth, two thousand ten, the Chamber dismissed the appeals filed, considering, in the first two cases, that the train whistle functioned as a safety mechanism for vehicles and persons circulating in the vicinity of the railway lines, and also that it had not been possible to verify that the noise caused by the railway horn exceeded legal limits, in the last of the cases. IV.- Now, in the specific case, the petitioner alleges that the sound emitted by the horn of the train passing near his home is unbearable, and therefore considers the provisions of Article 50 of the Political Constitution violated.

In response to this complaint, this Court requested the Ministry of Health to carry out a sound measurement in the protected person's dwelling, which determined that the average noise produced was 71.3 decibels, and that this fell within the exceptions provided for in Article 23 of the Regulation for the Control of Noise Pollution (Reglamento para el Control de Contaminación por Ruido), since it is emitted for the purpose of preventing accidents, as alleged by the Executive President of Incofer in his report. Likewise, it should be noted that it is a public and notorious fact that the railway line located near the protected person's dwelling crosses a road that is quite heavily traveled by vehicles, whose drivers do not have an optimal degree of visibility to see the train, because a large part of the railway line is hidden by buildings located around it, which makes it very difficult for drivers or pedestrians traveling through the site to know, with the necessary advance notice, when the urban train will pass through the road crossing. In view of the foregoing, this Court considers that, in the present matter, no violation of the fundamental rights of the protected person can be verified, since it is necessary for the train driver to sound its horn in order to alert drivers to its passage and thus prevent accidents that could lead to the loss of human lives. In this regard, it is worth recalling that already in the aforementioned judgment number 2007-15263, as well as in vote number 2006-16628 of eleven hours and two minutes of November seventeenth, two thousand six, the Chamber indicated that the right to tranquility, like any other right, is limited by a series of circumstances inherent to social coexistence, which oblige one to endure annoyances for the sake of the common good. By virtue of the foregoing, the Court considers that in the present matter the noise caused by the train horn constitutes, precisely, one of those disturbances that people must endure in order to prevent the loss of human lives, severe injuries, and damage to property, and that, in any case, it is even endorsed by the Legal System, as established in Article 23 of the Regulation for the Control of Noise Pollution (Reglamento para el Control de Contaminación por Ruido), as indicated by the Minister of Health in her report. This assertion is reinforced in the reports rendered by the Minister of Public Works and Transport (Ministro de Obras Públicas y Transportes), the General Director of Traffic Engineering (Director General de Ingeniería de Tránsito), and the Executive Director of the National Road Council (Consejo Nacional de Vialidad), who are unanimous in affirming the need for the train to activate its horn at road crossings in order to warn drivers of its passage and thus prevent traffic accidents. Likewise, it is worth indicating that from the report rendered by the General Director of Traffic Engineering (Director General de Ingeniería de Tránsito) and the Executive Director of the Road Safety Council (Consejo de Seguridad Vial), it is clear that the latter authority has planned for the year two thousand eleven the execution of a project for the installation of special traffic lights for railway road crossings, hence it is evident that the Administration is carrying out the pertinent actions in order to gradually reduce the need for the railway engineer to sound his horn when traveling through said sites." A clear example of this erratic attitude of the Constitutional Chamber in the face of this problem of infringement of fundamental rights brought before its cognizance is vote No. 2011-015975 of nine hours thirty minutes of November twenty-fifth, two thousand eleven, in which, faced with an alleged non-compliance with one of its votes, the Constitutional Chamber concludes the following: "I.- The appellant alleges that what was ordered by the Chamber in judgment number 2009-019103 of 11:01 hours of December 18, 2009, has not been complied with. II.- This amparo was granted because this Chamber deemed it proven that: the background noise corresponded to 60.4 dB under normal conditions, while with the passage of the train, the levels ranged from 69 dB to 79 dB. The excessiveness of said measurements is obvious if one considers that the maximum level, according to daytime regulations, for a residential zone, is 65 dB («)´. Therefore, by means of the cited judgment 2009-019103, the following was ordered: ³The amparo is partially granted. Miguel Antonio Carabaguíaz Murillo, in his capacity as Executive President of the Costa Rican Railway Institute (Instituto Costarricense de Ferrocarriles), or whoever exercises said position in his stead, is ordered to take the necessary technical measures to reduce to reasonable limits the noise produced by the horn of the railway for the San José ±Heredia service, during its passage through the vicinity of the address 13083 located in Santa Rosa de Santo Domingo de Heredia, the foregoing without jeopardizing road safety. The respondent is warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), a prison sentence of three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo proceeding, and does not comply with it or does not enforce it, provided that the offense is not more severely punished. The Costa Rican Railway Institute (Instituto Costarricense de Ferrocarriles) is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the judgment in the administrative litigation court. In all other respects, the amparo is dismissed. Let this resolution be notified to Miguel Antonio Carabaguíaz Murillo, in his capacity as Executive President of the Costa Rican Railway Institute (Instituto Costarricense de Ferrocarriles), or to whoever exercises said position in his stead, in person." Now, in the present case, and as is evident from the report rendered under oath by the respondent authority, the corresponding administrative actions were carried out that resulted in the effective reduction of the noise caused by the train horn. Moreover, from the report rendered by the respondent authorities and the evidence provided to the record, it is clear that the authorities of INCOFER ordered the necessary measures to comply with what was ordered by this Chamber in judgment 2009-019103 of 11:01 hours of December 18, 2009. It must be borne in mind that the reduction of the sound emitted by the train's horn whistle must be applied within reasonable limits, since it constitutes a preventive signal for drivers of motor vehicles about to cross the railway line, as well as for pedestrians, so the reduction of this noise must occur in such a way that road safety is not jeopardized. Therefore, it is pertinent to dismiss the appellant's petition." (emphasis added). It is even noticeable that this position is reaffirmed over time in favor of maintaining the noise, inadequately shifting the burden of demonstrating its impact onto the user. In this regard, vote 2011-001086 of ten hours and two minutes of January twenty-eighth, two thousand eleven, reasoned as follows: "... the Chamber determined that exceeding the individual noise limit—set at forty-five decibels—due to the activation of the train horn—which raises the noise to more than seventy decibels—is a situation that, due to the noise pollution it causes, must be regulated by the corresponding administrative bodies, so that the operation of this means of transportation can be balanced with the right to a healthy environment. But in this case, as a result of the pronouncements of this Court, the respondents under oath indicate that the sound produced by the horn whistle is a signal for drivers at road crossings, is within the permitted limits, and is used internationally as a preventive measure, in addition to the fact that it is not the only noise existing in the place, where a large number of motor vehicles travel. Based on this statement, it is valid to conclude that the train horn in the indicated zone, although highly heard by residents, pedestrians, and drivers, does not impose an exceptional burden on the ambient noise that already exists in that zone, so it is improper to claim that there is an environmental violation caused in isolation by the operation of this alarm. On the contrary, the sound situation of the sector is the product of the union of different factors, where the train horn is one among many, and one which, moreover, does not contribute significantly to the increase in the decibels that are heard. Furthermore, it is a preventive alarm system, used at dangerous intersections, which contributes to reducing the risk of accidents with victims. For these reasons, the amparo is dismissed...." Nonetheless, curiously, in other cases, the Chamber has maintained its original position. Thus, vote No. 2010-003342 of eight hours and fifty-eight minutes of February nineteenth, two thousand ten, resolved the following: "... from the public and notorious fact that the noise of the INCOFER train horns exceeds reasonable limits, which in the present case produces noise pollution in the Liceo de Costa Rica and its surroundings, it is evident that there is a violation of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment by that Institute, therefore the amparo must be granted and INCOFER ordered to adopt the necessary technical measures to reduce the noise of its train horns to reasonable limits...." In other cases, the Constitutional Chamber has allowed itself to carry out substantive technical assessments of particular situations. In this order of ideas, vote No. 2011-004427 of ten hours and six minutes of April first, two thousand eleven, stated: "III.- The specific case. The alleged noise pollution. In the case under study, the dwelling of the protected persons is adjacent to the railway line on which the trains covering the routes Heredia-San José-Montes de Oca and vice versa, and Pavas-San José-Montes de Oca and vice versa travel, specifically near the Universidad Latina intersection. It is demonstrated, through the evidence ordered for a better resolution, that the ambient noise in the zone where the dwelling is located is 58.5 decibels, a noise which, combined with the sound of the train horn—generating source—rises to an average between 84.5 and 75.8 decibels, reaching a maximum peak of 94 decibels (see report on folio 59). Thus, it is clear that the regularity of the ambient noise plus the generating source is far from being excessive with respect to the ambient noise that already exists in that zone, from which it follows that the annoyance that the claimants must endure is proportional to the road safety purpose sought with these mechanisms, thus falling within the regulations or exceptions that the Ministry of Health itself indicates in its reports, especially when the railway crossing is located in an area with such high traffic as the one where the protected persons' dwelling is located. On the other hand, the protected persons themselves reported that the recently purchased train does not generate a major problem. Consequently, the alleged constitutional violation must be ruled out, and therefore the amparo must be dismissed with respect to this issue. IV.- Regarding the application of other safety mechanisms. Furthermore, the claimants state that the use of the horn can be eliminated or restricted, and in its place, that the respondent authority provide other safety mechanisms such as warning lights and luminous or audible signals. On this particular matter, the respondent authority states that these options have been evaluated, but given the nature of the service currently provided in terms of speed and multiple stops, such options are not technically appropriate, since they also depend on the observance exercised by drivers; likewise, the placement of these mechanisms would also create a problem for traffic flow, especially in busy areas. The protected person must be informed that the Chamber has already pronounced itself to the effect that the placement of the type of safety mechanisms mentioned is a matter of technical competence of the Costa Rican Railway Institute (Instituto Costarricense de Ferrocarriles) that falls outside the scope of competence of the constitutional jurisdiction; thus, it must be that entity that determines the appropriateness of their installation—see, in this regard, judgment of this Chamber number 2007-10155, of eleven hours thirty-nine minutes of July twentieth, two thousand seven—and if in this case, as reported, their implementation is inappropriate, this technical criterion must be followed because the Chamber lacks other elements to order otherwise. In any case, the knowledge acquired by the Chamber through the substantiation of other similar guarantee actions informs that there is a project between the respondent authorities and the bodies of the Ministry of Public Works and Transport (Ministerio de Obras Públicas y Transportes) for the implementation of other road safety alternatives at railway intersections (special traffic lights), the components of which should be executed during the years 2011 and 2012, so the respondent authority must be urged to execute all actions within its scope of competence, so that the planned matters are duly applied when technically determined." Even in a more recent vote, the Constitutional Chamber, without delving into the degree of impact that may arise, dismisses a filed amparo, again using criteria of convenience. Thus, vote No. 2013-013523 of nine hours five minutes of October eleventh, two thousand thirteen, resolved: "IV.- Regarding the specific case. In the present matter, the claimants, who are residents of Cartago, allege that the noise generated by the train horn that passes near their houses does not allow them [to live peacefully], a situation they consider contrary to their right to tranquility. In his report, the Executive President of INCOFER explains that the train horn is an instrument used to alert pedestrians and drivers to the presence of the train in order to prevent incidents. In view of the foregoing, this Chamber considers that in the present matter there is no violation whatsoever of the rights protected by the Political Constitution, since the noise generated by the interurban train horn is precisely one of the disturbances that, as a product of social coexistence, the protected persons are obliged to endure, because its purpose is to prevent accidents that could cause both material losses and loss of human life. Likewise, it must be taken into account that from the report rendered under oath by the respondent authority, it is evident that the incorporation of light signals or warning lights on the route of the San José metropolitan train is not a technically appropriate option, since the nature of the service currently provided is more akin to that of a tram or light rail, a situation that requires the use of the horn as a means of warning about the train's passage. Thus, based on the foregoing, this Chamber considers that the present amparo must be dismissed, as is hereby done." As can be seen, there is no single position on the matter from our Constitutional Court, as it has oscillated between protecting the fundamental rights of the claimants and safeguarding the public service provided. For the purposes of the administrative litigation jurisdiction, what is resolved in one sense or the other, although highly respectable, in no way binds our analysis, given that the considerations to be made will be from the point of view of a legality analysis and not of an injury to the Political Constitution. This Court is of the opinion that what is resolved by the Constitutional Chamber within the scope of its own competences does not exclude the necessary legality control of the administrative conduct, established in Articles 1.1 and 1.2 of the Administrative Litigation Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo), as they provide: "1) The Administrative Litigation Jurisdiction, established in Article 49 of the Political Constitution, has the purpose of protecting the legal situations of every person, guaranteeing or restoring the legality of any conduct of the Public Administration subject to Administrative Law, as well as hearing and resolving the various aspects of the administrative-legal relationship. 2) The grounds of illegality comprise any infraction, by action or omission, of the legal system, including misuse of power." The scope of the administrative litigation jurisdiction, from the entry into force of the Administrative Litigation Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo), has been defined as a "plenary and universal control" from which practically no administrative conduct can escape. In this sense, it has been indicated "... the new CPCA, by employing a concept as broad and generic as that of administrative conduct, avoids any legislative restriction of the plenary and universal legality control designed by the constituent, since, as we shall see, it is even complemented by the notion of the administrative-legal relationship, which has a very broad content and functions as a residual clause to address or encompass any legal relationship that is subject to an Administrative Law regime...." Jinesta Lobo. Ernesto. in The New Administrative Litigation Process (El Nuevo Proceso Contencioso Administrativo). Judicial School. By reason of the foregoing, this Court considers that alleged flaws in a specific administrative conduct on legality grounds must inevitably be considered and resolved. Judges would be wrong if, perceiving legality flaws in an administrative conduct, they abstained from pronouncing on the matter and maintained an act that deviates from the applicable legal system, with evident impact on the interests or rights of an Administrated Party. In accordance with the foregoing, consideration must be given to vote 01469-2011 of November 30, 2011, of the First Chamber of the Supreme Court of Justice, regarding the scope of the binding nature of the votes of the Constitutional Chamber, as it provided the following: "..... the binding nature of a ruling refers not to the parties that litigated (for it is clear that what is ordered by the competent body binds them, insofar as their dispute has already been definitively decided), but to other subjects unrelated to the process, expressly determined by a norm (constitutional or legal). In what is relevant to this process, this principle is recognized with respect to the final decisions adopted by the Constitutional Chamber. In this way, mandate 13 of the LJC states: “The jurisprudence and precedents of the constitutional jurisdiction are binding erga omnes, except for itself.” It is observed that the wording of this norm may lend itself to misunderstandings regarding the object of the binding nature, due to its apparent breadth. However, from its concordance with the first precepts of the same normative body—which defines its material competence—and Article 8, subsection 1), third paragraph of the LOPJ, it is determined that this binding nature resides only in pronouncements referring to the Law of the Constitution. More simply, it refers to the interpretations of the constitutionality block issued by this body. It is clear that the competence of that Court (and the demarcation with that corresponding to the administrative litigation jurisdiction) is a different topic from the binding nature of its rulings; however, it nourishes or defines its object. Thus, insofar as it is responsible for guaranteeing fundamental rights and freedoms (precept 48 of the Magna Carta), exercising control of the constitutionality of norms of any nature and of acts subject to Public Law, and resolving conflicts of competence among the Powers of the State (norm 10 ibid.), or what is the same, pronouncing on conflicts and questions of constitutional order, the explanations of the Law of the Constitution that it proffers are what impose themselves on those who apply or interpret legal aspects and on all persons (physical or juridical, public or private). Now then, the hypothesis of eventual interpretations of infra-constitutional norms that the Constitutional Court may make deserves attention. In this scenario, what is established by that Body does not limit or bind the remaining courts (among them, of course, the administrative litigation courts), since the binding nature, as has been said, is limited to matters of a constitutional nature and significance (it is reiterated, matters within its own competence). In this same order of ideas, in judgment No. 1000-F-SI-2010 of 9 hours 35 minutes of August 26, 2010, this Chamber indicated that “[…] the binding nature of precedents emanating from the constitutional jurisdiction occurs only with respect to the interpretation of the scope of fundamental rights and constitutional norms, not with regard to aspects of legality […]”. See, in the same sense, resolution No. 226-F-SI-2008 of 15 hours 26 minutes of March 14, 2008. Also, the Constitutional Chamber itself has pointed out: “[…] as provided for in the final paragraph of Article 8.1 of the Organic Law of the Judicial Branch (Ley Orgánica del Poder Judicial), when there are precedents or constitutional jurisprudence to resolve the case, the judge is obliged to interpret and apply the norms or acts proper to the matter, in accordance with such precedents or jurisprudence, even if to do so he/she must disapply laws or other norms that are incompatible with them, provided, of course, that the same hypotheses or scenarios are involved, so that the situation under the Judge's cognizance is identical to that resolved by the precedent or constitutional jurisprudence. This is so, furthermore, by virtue of the fact that Article 13 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional) establishes that 'the jurisprudence and precedents of the constitutional jurisdiction are binding erga omnes,' since they offer the way in which acts subject to public law and the regulations in general can be understood in accordance with the Law of the Constitution. Moreover, this same norm, in principle, applies to the Constitutional Chamber itself, by virtue of the provisions of Article 9 ([sic] of the Law of Constitutional Jurisdiction), whether to reject or to resolve on the merits any action or petition brought before it, with the exception, and this is obvious since it concerns the Constitutional Court itself, that the jurisprudence and precedents bind it insofar as it does not find reasons to vary its own theses or criteria. If, as is rigorously so, the Law of the Constitution is comprised not only of constitutional values, principles, and norms, but also of other parameters of constitutionality (instruments of international law, practices secundum constitutionem, etc.) and the very jurisprudential production that the Constitutional Chamber generates in the exercise of its competence and which is necessarily integrated at the same normative level it interprets or applies, the Chamber can and must, in the exercise of its competence, be capable of adapting its own interpretations as circumstances merit” (underlining added). Finally, this Chamber considers it necessary to point out that the binding nature of a constitutional judgment does not depend on whether it is for the claimant or against the claimant, as the judges indicated in the challenged ruling, because such a situation cannot be deduced from canon 55 of the LJC. In this regard, that norm provides: “The dismissal of the amparo does not prejudge the responsibilities that the author of the grievance may have incurred. The offended party or the Administration, as the case may be, may bring or exercise the corresponding actions, or apply the pertinent measures.” (The underlining is not from the original). It is inferred that it regulates a different factual aspect: the eventual responsibility of the author of the grievance, not whether the judgment is binding. Along these same lines, the Cassation Court of Administrative Litigation provided: “[…] matters are reviewable before the administrative litigation jurisdiction, both in scenarios where the constitutional court has dismissed or denied the filed amparo or habeas corpus, considering that the challenged conduct is not directly contrary to the Law of the Constitution, because in that scenario, it does not refer to the legality of the act or conduct (which is the exclusive domain of administrative litigation judges), as well as in those where, the non-conformity with the Magna Carta having been declared, the litigant deems it appropriate to discuss the conformity of the actions with the legality block. In these cases, the administrated party may resort to the administrative litigation route to assert their eventual subjective rights or legitimate interests and request that it be determined in that instance whether the challenged conducts or acts are contrary to the legal system or not. Hence, the interpretation made by the defendant, to the effect that all rulings issued by the Constitutional Chamber produce res judicata, is not valid, insofar as the analysis carried out by said decision-making body is different from that which the Administrative Litigation Court has conducted” (resolution No. 107-F-SI-2010 of 8 hours 30 minutes of April 30, 2010, underlining does not correspond to the original)....." In accordance with the foregoing, it is appropriate to carry out the legality analysis of the conducts submitted to the cognizance of this Court, and consequently, it is necessary to refer to Article 23 of Executive Decree (Decreto Ejecutivo) number 28718-S, called "Regulation for the Control of Noise Pollution (Reglamento para el Control de Contaminación por Ruido)", as it states the following: "Article 23.- Exceptions. The following actions shall be exempt from the requirements established in the preceding article. - Daytime Period (6:00 hours to 20:00 hours) - Sounds from temporary projects for the repair and maintenance of homes and their dependencies. - Sounds produced by the discharge of light firearms in authorized shooting ranges. - Sounds produced during the installation and repair of essential public services. - Strictly necessary sounds produced by emergency personnel, police, firefighters, or ambulance drivers and other similar personnel, or by the equipment used by the cited personnel during the fulfillment of their duties in order to protect the health, physical integrity, and safety of the community or in tasks that must be carried out after a public disaster. Also included are electric power generating plants, substations, and water pumping equipment during temporary emergency cases. - Sounds produced by devices for the prevention of accidents. - Sounds produced during occasional public events and non-routine parades. - Sounds caused by alarms, bell towers, and similar devices that have a duration of five (5) minutes. - Sound caused by the unamplified human voice. - Sound caused by animals. - Any other activity that, in the technical opinion, does not generate a problem of noise pollution." From a reading of the cited norm, this Court considers that it does not legitimize the excess of sound that could be caused above the levels established in Article 20 of the cited Regulation, when, as in this case, they cause an unnecessary impact on the rights of third parties. Although the norm allows the extraordinary use of higher levels to prevent accidents, it does not mean it legitimizes its ordinary use, when using ordinary levels fulfills the purpose of the acoustic signal. For this Court, it is clear that the norm provides for two scenarios in its content. In the first place, the "normal" noise regulation, applicable according to the specific zone and which technically provides for and contemplates a maximum sound level that is not harmful to the rights of citizens. On the other hand, there is a provision for exceptional or "abnormal" circumstances, in which a higher noise level is legitimate in response to very particular and uncommon events. In these cases, the legitimacy is given by these characteristics, and the Administration is not permitted to qualify them extensively for any situation that, despite maintaining normality, is intended to be vested with presumed abnormality. The placement of a specific situation in one scenario or the other will depend on verifying whether the use of higher-than-normal sound intensity is strictly necessary, reasonable, and proportional or not, a determination which, as presented in the case under analysis, must be the Administration's burden to demonstrate, and of which no evidence is evident in the record. From a reading of the indicated regulations, it is clearly noted that the indicated legal system foresees the existence of noise levels as a burden that the administrated party must bear for the mere fact of social coexistence. This legal impact will be variable, depending on the site where the person is located, as the noise that a person living in the city must endure will not be the same as that endured by someone living in the countryside.

It is reasonable that in this line of thought, in the interest of the common good, according to the circumstances, one or the other may be obligated to lawfully bear the weight that we all must carry by the mere fact of being a "social animal" and coexisting with noise-generating activities, which are inherent to the society in which we live and to the use of existing mechanical and technological means. It is also noted from the regulations that, as part of this burden, there are qualified, temporary, necessary, or overriding-interest circumstances that impose the duty to tolerate higher ranges of noise levels. In this sense, while the citizen has a series of fundamental rights to protect, there is a correlative duty of coexistence in the face of non-significant or temporary disturbances to their exercise. The foregoing, insofar as the enjoyment of rights is not unrestricted, but is bounded by the very essence of the right and the rights of others. However, for this Court it is evident that the restrictions and impacts on the rights of citizens in such cases must be interpreted restrictively and under principles of reasonableness and proportionality. Thus, while the regulations in question establish exceptions to the pre-established maximum noise levels, it should not be understood that these can be considered a way to legitimize any noise without limit, by alleging such assumptions in an unmotivated and unnecessary manner. Above all, it must be remembered that the very existence of an activity of economic and social interest does not legitimize the existence of an interdiction of the rights of those who are affected and/or benefited by its provision, nor does it negate the obligation of those responsible for its administration, whether public or private, to adopt the necessary measures, whether to compensate for the damage, to mitigate it, or to implement the corresponding technical measures to avoid harmful effects. The public interest should not be seen as contradictory to the very interest of the citizens when adopting a specific administrative conduct, nor can it be an excuse for a group of the community to see their rights injured with impunity when administrative will is exercised unreasonably or without motivation. In the case under analysis, this Court, taking into consideration the evidentiary elements seen in the proceeding, deems the use of the train whistle appropriate and necessary as a preventive measure linked to the public service provided (see witness statement of Jorge Manuel Lopez, Operations Manager of the co-defendant entity). In this line of thought, sound that does not exceed the established limits in the legal system is in accordance with the legal system and is not reproachable. There is no record in the case file that the administrative conduct as such is contrary to the law or the public interest. It is a fact that every citizen living near a railway line will have the duty to tolerate the normal annoyances generated by the passing of the train. It is a burden inherent to social coexistence and to the very fact of residing in an urban center with the existence of a series of private and public services within reach. In these cases, there is a normal functioning of the Administration, which, although it causes a singular sacrifice, is not of special gravity. To interpret that any disturbance under such conditions is unlawful would mean rendering ordinary administrative action nugatory, since the mere passing of a train per se—without the need for a whistle—provokes vibration and some level of noise additional to the ordinary. We are, in these cases, before a normal functioning of the Administration, generating expected and possible results of a particular activity, especially in situations such as that of the railway in our country, where it is public and notorious that the railway line has remained in the same place for many decades, making it expected by the corresponding neighbors that its normal and ordinary use, within technical and legal limits, will generate effects, both positive and negative, on their legal spheres. The foregoing does not mean that this Court embraces the so-called "pre-occupancy" doctrine (according to which one must tolerate a polluting activity that existed prior to a person settling in a given place). However, the indicated fact does acquire relevance in specifying the existence of a specific level of legal tolerability, when reasonable margins of impact are technically established due to the normal functioning of an activity. Nevertheless, the constant and unfounded use of the whistle above the levels established in Article 20 of the regulation in question is considered unlawful by this Court. In these cases, we would be before a special type of damage, in which there is a rupture of equality before public burdens, given the reiteration and excess of noise during key hours for the full exercise of citizens' right to privacy and intimacy. In these cases, the persistence and intensity cause a legitimate functioning—sound that I must tolerate due to social coexistence—to cease being admissible and to move into a sphere harmful to the affected party's legal sphere. This Court considers that compliance with and observance of administrative norms do not place the administered party in a situation of such precariousness that there are no limits to their application, or that private interest has no relevance when an excess in administrative conduct is invoked. The Administration, before such assumptions, cannot scorn or ignore a legal impact as such, under the protection of the mere invocation of a social need. It is for this reason that this Court expresses a criterion differing from that resolved by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) on the subject, insofar as considerations of social need cannot mean in re ipsa an abdication of the need to analyze the particular situation regarding the concrete infringement present in a case brought before us. In this line of thought, every legal sphere of a citizen possesses a set of rights inherent to their condition as a human person. The right to a healthy and balanced environment and the right to exercise an intimacy free from disturbances are connatural to every social being. Our Legal System defines pollution (contaminación) in Article 62 of the Organic Law of the Environment (Ley Orgánica del Ambiente), Law No. 7554 of October 4, 1996, as follows: "Atmospheric pollution is considered the presence in it, and in concentrations higher than the permissible levels set, of solid particles, dust, smoke, vapor, gases, bad odors, radiation, noise, imperceptible acoustic waves, and other polluting agents that the Executive Power defines as such in the regulation." On the other hand, the indicated Regulation for the Control of Noise Pollution (Reglamento para el control de la contaminación por ruido) defines noise pollution as: "Any sound emission that adversely affects the health or safety of human beings, property, or the enjoyment thereof, according to the norms established in this Regulation." Regarding the link between noise and the impact on the mentioned rights, it is relevant to cite vote No. 5681-1993 of 2:09 p.m. on November 5, 1993, where the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) indicated: "(…) The right to privacy (intimidad) finds its basis in Article 24 of the Political Constitution, and refers basically to the right of the individual to develop their personality within a sphere of autonomy, which allows them to function in an environment to which those persons they do not wish cannot have access. Man is, in principle, a social being, but this does not mean that it is solely in that sphere of life where he develops, but that he needs a sphere of privacy (intimidad), of interior life that includes silence and retreat. Privacy (intimidad), then, includes tranquility within that space, which in turn constitutes a limit for others. Precisely, from the relationship of Article 24 with Article 28 of our Political Constitution, the principle of liberty that governs individuals has as one of its limits not prejudicing third parties, their well-being, deducing the protection of their sphere of privacy (intimidad) and tranquility. Possessing a sphere of liberty implies that each person has the right to isolate themselves from the community. Noise is an unequivocal mode of disturbance to the tranquility to which persons are entitled, especially at the level of greatest privacy corresponding to the place where one resides. Consequently, the fact that the authorities have not protected this right, allowing the operation of an activity that was harmful to that tranquility, makes them responsible for that lack of protection. …". In accordance with the foregoing, it is evident that the existence of excessive noise levels will have negative effects on the most intimate legal sphere of the person and consequently are unlawful. As noted, in the case under examination, the human presumption (presunción humana) can be applied as an element of conviction of this Court, in strict application of Article 417 of the Code of Civil Procedure (Código Procesal Civil), which provides as follows: "Article 417.- Human presumption. Human presumptions only constitute evidence if they are a direct, precise, and logically deduced consequence of a proven fact. The evidence of presumptions must be serious and consistent with the other evidence provided in the proceeding." Regarding the figure of presumption, the First Chamber of the Supreme Court of Justice (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia) has stated the following: "For a presumption to exist as a means of proof, it is necessary, first of all, that there be a positive or negative event, certain, from which the one intended to be known must be deduced. The existence or nonexistence of this event, broadly termed the base fact or more technically the indicium (indicio), must be duly accredited in the proceeding to ensure the viability of the presumption. This is deduced from Article 417 of the Code of Civil Procedure (Código Procesal Civil): 'Human presumptions only constitute evidence if they are a direct, precise, and logically deduced consequence of a proven fact.' The Chamber has indicated that this type of presumption '…is the result of the exercise of the discretion granted to the judge to assess the evidence, thereby deriving the presumption from other facts that have been held as true' (no. 848-F, of 14 hours 45 minutes on October 31, 2001). This connection, which must be direct and precise, between the base fact or indicium and the event intended to be derived (consequence fact), is verified according to purely logical norms, to the rules of human judgment, a task carried out by the Judge vested with discretionary power according to their conscience and discernment. It is the Judge who exclusively infers a fact or act from such evidence, as their internal conviction inspires them within a framework of reasonableness and rationality, in a logical prius that does not violate sound criticism, hence their judgment is maintained, unless it is demonstrated to be contrary to the evidence presented, either by mediating error of fact or error of law in its estimation with respect to the base or indiciary facts, or because the inference borders on the absurd because it contradicts common sense or natural phenomena" (judgment no. 25-F-2007, of 10:45 a.m. on January 19, 2007) (the bold is not from the original). (On this particular, one may consult, among others, judgments from the same Chamber, no. 27 of 10:30 a.m. on May 5, 1993, no. 217 of 3:00 p.m. on May 5, 1999, and no. 848 of 14:45 on October 31, 2001). In accordance with the foregoing, an excess of noise above the regulatory permitted limit gives rise to a presumption of an impact on the plaintiffs in the proceeding. Therefore, an activity carried out by a public entity that generates such results and maintains them over time, despite the complaints of the Administered parties, is contrary to the legal system and obligates the adoption of the necessary corrective or compensatory measures, as the case may be and as sought by the party. The adoption of public conduct, whether executed directly or through third parties, consequently implies the foresight of not generating an impact beyond what is technically and proportionally reasonable, in order not to exercise the activity or service in such a way that generates a harmful use thereof, beyond what is legally permitted when facing a normal functioning where abnormality of the result obtained to the detriment of third parties is not sought. In the case at hand, a noise level that exceeds the commented limits would only not be contrary to the legal system when it is undoubtedly necessary for the prevention of a specific accident, given the imminence of its occurrence. Concretizing the analysis of the plaintiffs' situation, it is noted that the case file shows that technical measurements carried out at their domicile—and not questioned as to their scope and methodology used—have demonstrated that the level of the train whistle exceeds the maximum level permitted for the daytime period (65DB), without the co-defendants having proven otherwise, given that their theory of the case has focused, rather, on the necessity of said mechanism and the application of Article 23 of the Regulation in question to this particular case. This Court deems that the test carried out on the public road and considered as an inspection in the preliminary stage of the proceeding does not acquire greater evidentiary relevance, insofar as, in the first place, it was not performed at the plaintiffs' domicile—it does not demonstrate the specific sonic impact at the particular hours when the train circulates—and it was performed at a distance of more than one hundred meters from the railway line, at an hour of high traffic volume and different from the periods when the train circulates and the whistle is considered necessary as a warning measure for drivers. As evidenced, the objective circumstances in which the train operates are very different from those of time and place that are the object of the proceeding (note how the very theory of the case of the defendant parties is founded on the fact that the train service has defined schedules during daytime periods and is not constant). Given the foregoing, by exceeding reasonable legal limits, the sound of the train whistle produces noise pollution (contaminación sónica) to the plaintiffs and therefore has violated their rights. Thus, as this Court deems that the referred norm does not contemplate the ordinary and permanent situation of the use of the whistle and therefore the latter, under the demonstrated conditions, is excessive and disproportionate, it is considered that the claim should be partially granted, given that the excess over regulatory limits necessarily implies an annoyance to whomever suffers it, but with the understanding that it is not appropriate to prevent the use of said auditory means within the margins established by Article 20 of the indicated normative body. Therefore, this Court does not deem it appropriate to order the substitution of the whistle with a system of signals (given that there are no technical criteria on the sufficiency, appropriateness, and necessity in the specific case of the railways administered by the co-defendant entity), but rather that, in application of Article 122 of the Administrative Litigation Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo), what is possible to order is to direct the co-defendant entity, as of the finality of this judgment, to adjust the whistle of all its trains that transit near the plaintiffs' domicile, in such a manner that the maximum limit permitted in Article 20 of Executive Decree (Decreto Ejecutivo) number 28718-S, called "Regulation for the Control of Noise Pollution" (Reglamento para el Control de Contaminación por Ruido), is not exceeded. It is not possible to refer in the operative part of this judgment to the project of the Road Safety Council (Consejo de Seguridad Vial) for the provision and installation of traffic light systems for railway crossings, in process since the year two thousand twelve, given that this body with instrumental legal personality was not sued, but it is appropriate to remind the State of its duty to execute any project that both mitigates the impact on third parties due to the operation of the railway, and the risk to drivers due to said service, so that the principles of efficacy and efficiency in the functioning of the administration must be applied (art. Placa19416, Placa19417). All the foregoing, as a necessary and approved measure to reestablish the protected legal situation of the plaintiffs and considering that it has been duly demonstrated that it is being violated by the excessive level above the regulatory limit of the train whistle, given their condition as residents near the railway line. In application of Article 131.3 of the same Code, the Costa Rican Institute of Railways (Instituto Costarricense de Ferrocarriles) is granted a term of one calendar month to execute what is ordered by this resolution.

X.- The plaintiff additionally requests that "b.- It be ordered that, upon expiration of the 3-month term without the ordered works having been carried out, the train service be suspended until the corresponding works are completed. c.- The Environmental Protection Directorate of the Ministry of Health be ordered to ensure that INCOFER complies with what is ordered in this judgment, and in case of non-compliance, to issue the respective sanitary order to halt the train until such works are carried out." In this regard, this Court deems it appropriate to reject the request, insofar as these claims are accessory to the principal claim that was rejected, and being that what is requested is, in any case, more proper to an execution of judgment stage, should the co-defendant entity fail to comply with its obligation to act, given the obligatory nature of what is resolved (art. 126 of the CPCA). In any case, it should be noted that in the present case, it has been demonstrated that, shielded by a very broad interpretation of Executive Decree (Decreto Ejecutivo) number 28718-S, the officials of the Ministry of Health, while the administrative claims filed by the plaintiff have been duly resolved, neglected compliance with their legal obligations, permitting the existence of constant noise unlawfully to the detriment of the plaintiffs, so they must take note of what is resolved in this resolution when applying said normative body.

XI.- Defenses:

Regarding the lack of active standing to sue (falta de legitimación activa ad procesum) with respect to Mr. Nombre110691: A ruling is omitted, given that his survivors withdrew from the proceeding.

Regarding the lack of right (falta de derecho): It is appropriate to partially grant it for the reasons indicated supra.

XII.- Costs (Costas): Article 193 of the Administrative Litigation Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo) establishes that procedural and personal costs (costas procesales y personales) are imposed on the losing party by the sole fact of being so, a pronouncement that must be made even ex officio, according to numeral 119.2 ibidem. As the defendant parties are not within the assumptions for exoneration from those costs, their sanction proceeds. It is not superfluous to remember that every proceeding generates expenses for the party and its recognition for the victorious party depends on the condemnation in costs. In this case, to obtain their right, the plaintiffs have legitimately appeared before the courts, which mandates their recognition in the judgment.

THEREFORE (POR TANTO) The defense of lack of right (falta de derecho) raised by the State is partially rejected. Consequently, the claim is declared partially with merit and therefore is granted only in the following sense: The Costa Rican Institute of Railways (Instituto Costarricense de Ferrocarriles) is ordered to adjust the whistle of all its trains that transit near the plaintiffs' domicile, in such a manner that its volume does not exceed the maximum limit permitted in Article 20 of Executive Decree (Decreto Ejecutivo) number 28718-S, called "Regulation for the Control of Noise Pollution" (Reglamento para el Control de Contaminación por Ruido). The foregoing, within a term of one calendar month counted from the finality of this resolution. Let the State take note of what is indicated in recitals (considerandos) IX and X of the reasoning part of this judgment. Both costs are the responsibility of the defendant parties.

Rodrigo Alberto Campos Hidalgo Francisco Muñoz Chacón Rodrigo Huertas Durán Classification prepared by the JURISPRUDENTIAL INFORMATION CENTER (CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL) of the Judicial Branch. Its reproduction and/or distribution for profit is prohibited.

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Tribunal Contencioso Administrativo Sección IV Clase de asunto: Proceso de conocimiento Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Derecho Procesal Contencioso Administrativo Tema: Proceso contencioso administrativo Subtemas:

Contaminación sónica debido al silbato del tren. Consideraciones generales sobre la conducta de la administración pública.

Tema: Administración pública Subtemas:

Análisis general sobre las conductas materiales y formales.

Tema: Contaminación sónica Subtemas:

Improcedente sustituir silbato del tren por un sistema de señales en un proceso contencioso administrativo.

Tema: Presunción humana Subtemas:

Consideraciones relacionadas en caso donde el silbato del tren produce contaminación sónica en proceso contencioso administrativo.

“VIII.- Consideraciones generales sobre la conducta administrativa: La administración pública se manifiesta mediante una serie de conductas materiales y formales que tienen la virtud de crear efectos jurídicos que inciden en la esfera personal de los administrados. Dichas conductas son generadas por los entes públicos en sus diferentes manifestaciones de creación de bienes y servicios destinados a la satisfacción de los fines públicos y tienen como norte primordial el cumplimiento de los principios propios del servicio público, como son la continuidad, la eficiencia, la adaptación a todo cambio y la igualdad de trato a los usuarios. En principio, dichas conductas revisten una presunción de legitimidad, que sólo se ve destruída ante el apartamiento de la función administrativa de las normas administrativas o ante demostración de un actuar antijurídico por parte de un servidor público. En este orden de ideas, debemos distinguir entre funcionamiento normal de la Administración, de aquel actuar que puede estimarse revestido de anormalidad. En el primer conjunto de conductas administrativas materiales legítimas encontramos la prestación normal de un servicio público, la coacción directa, la coacción anómala (en estados administrativos de urgencia o necesidad) y la preparación y ejecución de actos administrativos. En este último caso, se parte de la existencia previa de una conducta administrativa formal, que requiere una serie de actuaciones u operaciones materiales para que la misma pueda ser ejecutada y surtir sus efectos jurídicos en el mundo real. En el segundo grupo de conductas, estamos en presencia de dos supuestos de manifestaciones antijurídicas de la Administración. En el primer supuesto en concreto, hablamos de la vía de hecho, en cuyo caso es menester indicar que la misma corresponde a una conducta administrativa anormal de la Administración, constituyéndose una actuación material arbitraria, en el segundo, tenemos la no actuación de la Administración, traducida en una inactividad jurídica material, traducida en el no cumplimiento de las obligaciones públicas o en el hacer de manera tardía o incompleta. En este orden de ideas, debe distinguirse entre la inactividad material fáctica (el no hacer de lo debido por parte de la Administración) de la inactividad material positiva, que consiste en los casos en que se despliega una actuación material productora de un daño y no se hace nada para evitar el mismo, así como de la inactividad de efectos trilaterales, que se da cuando más allá de la vinculación entre un ente y un administrado, aquella no hace nada para que éste no afecte a terceros. Complementario de los razonamientos anteriores, es la existencia de situaciones de poder o activas de los ciudadanos frente a la Administración, mediante las cuales, el Administrado ejerce potestades, derechos subjetivos e intereses legítimos, que de ser lesionados por las conductas o inactividades descritas, podrían generar responsabilidad o correlativas obligaciones para el sujeto público causante de la afectación. De manera adicional, todo administrado posee situaciones deber o relaciones pasivas frente al Estado, entre las cuales se encuentran la sujeción, las obligaciones, las cargas y los deberes públicos. En todos estos casos, hay un deber del Administrado de soportar una conducta material o formal pública, siempre y cuando la misma no revista ilegitimidad, ya sea en su imposición o en su ejercicio. Hechas las anteriores consideraciones procede realizar el análisis de fondo.

IX.- Sobre el fondo: En su demanda, la parte actora pide lo siguiente: "a.- Se ordene a INCOFER que dentro del plazo improrrogable de 3 meses proceda a colocar un sistema de señales apropiado en todos los cruces a nivel de la línea férrea con caminos públicos (calles y avenidas) que se encuentran en el recorrido que va desde el cruce de carretera de circunvalación en San Pedro de Montes de Oca (Restaurante Taco Bell e inmediaciones de la UCR) hacia el oeste hasta llegar a la bifurcacion de la línea ferrea en avenida 3, calles 31 y 33, y desde allí hasta la estación al Atlántico, por un lado y hasta Barrio González Lahmman avenida segunda, calle 21, por el otro, con el fin de que las locomotoras eliminen completamente el uso del silbato cuando pasen frente a nuestras casas de habitación". Funda lo solicitado en tanto considera que sufren molestias por el silbato del tren cuando pasa de manera cercana a sus viviendas, dado que el mismo se activa de manera ruidosa y desmedida. Por su parte, los codemandados indican que en el presente caso estamos en una de las excepciones del artículo 23 del Reglamento para el Control de la Contaminación por ruido, siendo así que el silbato del tren no puede ser considerado ni desmedido ni desproporcionado, dado que sigue las pautas técnicas definidas con relación a este instrumento. Al respecto, estima este Tribunal, realizar en primer término un análisis de lo resuelto por la Sala Constitucional sobre el tema. En este orden de ideas, el voto número 2006-5928, de las quince horas del dos de mayo de dos mil seis, indicó lo siguiente: "La bocina del tren también debe circunscribirse a los límites de emisión de ruido regulados en el Ordenamiento Nacional, dado que, no se trata de un ruido aislado como lo pretende hacer ver el recurrido, sino que es un ruido presente y acumulado para los vecinos de las líneas férreas, quienes tienen que sufrir constantemente la bocina y el ruido excesivo generado por la circulación del tren. Nótese, sobre el particular que, diariamente, inciden sobre el ambiente múltiples focos de emisiones sonoras, con lo que se destaca la necesidad de considerar el ruido ambiental como producto de múltiples emisiones que contribuyen a generar niveles de contaminación acústica poco recomendables desde el punto de vista sanitario, del bienestar y de la productividad, de ahí que es necesario, desde todo punto de vista, incluir el ruido generado por la bocina del tren, como una fuente nociva más que debe estar sujeta a controles sanitarios por parte del Estado y, específicamente, a través del Ministerio de Salud. Tal y como lo acusan los recurrentes y de conformidad con los criterios técnicos esbozados por las autoridades de la Organización Mundial de la Salud, el silbato del tren a las 5:05 a.m. sobrepasando los 70 decibeles, excede los niveles permitidos y constituye una interrupción grosera al sueño que supera los 45 decibelios como límite al ruido individual. (…) La contaminación sónica generada por el silbato del tren conduce a una obligación ineludible de las autoridades públicas de encontrar el equilibrio justo entre el bienestar económico que puede generar la utilización del tren como medio de transporte público y el efectivo disfrute de los derechos fundamentales al domicilio, la intimidad en la vida privada y familiar, así como el derecho a la salud y a un medio ambiente sano y equilibrado. Si bien este Tribunal comparte que la utilización de un medio de transporte público como lo es el transporte ferroviario es importante y se debe velar, asimismo, por la seguridad vial, lo cierto es que en aras del desarrollo sostenible, se deben adoptar medidas razonables además del uso de la bocina para controlar el paso del tren por las vías urbanas..." Como se advierte, en un primer término la Sala Constitucional considera sujeto a los límites del ordenamiento el respectivo silbato del tren y por ende, estima necesario someterlo a los mismos, en un equilibrio entre el interés público y de los particulares. Con posterioridad, la posición de la Sala se ve mantenida en el tiempo, en tanto estima necesario tutelar el derecho a la tranquilidad y la intimidad de una recurrente, de la siguiente manera: "IV.- SOBRE LA CONTAMINACIÓN SÓNICA EN EL CASO CONCRETO. Marlene María de los Ángeles Carrillo Jaén indicó que reside en el Condomio Rosa del Norte en Santa Rosa de Santo Domingo de Heredia. Reclamó que se ha visto afectada en su salud, como consecuencia de la contaminación sónica que produce la bocina del tren, específicamente, del servicio San José – Heredia y viceversa. Sobre el particular, la Ministra de Salud informó bajo la solemnidad del juramento, con el oportuno apercibimiento de las consecuencias, incluso penales, que puede traer la obstaculización de la administración de justicia en esta sede (artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional), que “(…) el ruido generado por la actividad del paso del tren, sobrepasa los límites establecidos en el Reglamento de Control de Ruido (…)” (ver informe a folio 12). Según se precisó, el ruido de fondo correspondía a 60.4 dB en condiciones normales, mientras que con el paso del tren, los niveles oscilaron entre 69 dB hasta 79 dB. Lo excesivo de dichas mediciones salta a la vista si se considera que el nivel máximo, según la normativa diurna, para una zona habitacional, es de 65 dB (visible a folio 15). Bajo las consideraciones expuestas en el acápite anterior y, atendiendo a lo categórico del resultado de las pruebas llevadas a cabo por las autoridades competentes, este Tribunal Constitucional debe intervenir en el presente asunto, en aras de restablecer a la tutelada en el pleno goce y ejercicio de sus derechos fundamentales. V.- SOBRE LA INSTALACIÓN DE AGUJAS Y SEÑALES LUMINOSAS. Según el criterio de la amparada, se deben instalar agujas y señales luminosas en las intersecciones, con el fin de aminorar la utilización de la bocina para alertar a los vehículos y a los transeúntes. Al respecto, el Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Ferrocarriles indicó que “(…) la posibilidad de instalar señales luminosas o agujas, es una opción que se ha venido valorando en la institución, sin embargo la naturaleza del servicio que da actualmente del tren que transita entre Heredia y San José (…) se asimila más a los tranvías o trenes livianos que funcionan en otras latitudes, y por su baja velocidad y frecuencia de paradas, dichas opciones técnicamente no son apropiadas (…)” (ver informe a folio 6). Es importante aclarar a la recurrente que este Tribunal Constitucional no puede entrar a analizar los criterios técnicos esgrimidos por la autoridad recurrida. Dicha pretensión excedería, sin lugar a dudas, la naturaleza sumaria del proceso de amparo, así como la competencia otorgada a esta Sala, tal y como está configurada por la Ley y la propia Constitución Política. De mantener alguna inconformidad en este sentido, puede acudir, si lo tiene a bien, a las vías ordinarias de legalidad. Así las cosas, este agravio debe ser desestimado. VI.- CONCLUSIÓN. En mérito de lo expuesto, se impone declarar parcialmente con lugar el recurso, únicamente, en lo que respecta a la contaminación sónica apuntada. POR TANTO: Se declara parcialmente con lugar el recurso. Se ordena a Miguel Antonio Carabaguíaz Murillo, en su condición de Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Ferrocarriles, o a quien en su lugar ejerza dicho cargo, que tome las medidas técnicas necesarias para reducir a límites razonables el ruido que produce la bocina del ferrocarril del servicio San José – Heredia, en su paso por las inmediaciones del Condominio Rosa del Norte ubicado en Santa Rosa de Santo Domingo de Heredia, lo anterior, sin poner en riesgo la seguridad vial. Se advierte al recurrido que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Instituto Costarricense de Ferrocarriles al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. Notifíquese la presente resolución a Miguel Antonio Carabaguíaz Murillo, en su condición de Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Ferrocarriles, o a quien en su lugar ejerza dicho cargo, en forma personal. COMUNÍQUESE”.- (voto 2009-019103 de once horas y uno minutos del dieciocho de diciembre del dos mil nueve). No obstante, esta posición fue cediendo terreno con el tiempo, bajo un criterio de necesidad social. En este orden de ideas, la indicada Sala modifica su criterio con el transcurso del tiempo e incurre en resoluciones discrepantes entre sí, tales y como lo indica el voto número 2010-20536, de las dieciséis horas del 7 de diciembre de 2010, en donde se dispuso lo siguiente: "Este Tribunal ha conocido diversos recursos de amparo en los que se acusaba que el ruido provocado por el tren urbano causaba molestias que vulneraban el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado de los recurrentes. Debe indicarse que al conocer dichos asuntos, la Sala ha emitido una serie de criterios que incluso resultan contradictorios, tal y como se indicará a continuación. Así, en las sentencias números 2006-5928 de las quince horas del dos de mayo de dos mil seis, 2009-19103 de las once horas y un minuto del dieciocho de diciembre de dos mil nueve, y 3342-2010 de las ocho horas y cincuenta y ocho minutos del diecinueve de febrero del dos mil diez, el Tribunal declaró con lugar los recursos interpuestos, luego de constatar que el ruido provocado por el tren urbano y el tren a Heredia sobrepasaban los límites razonables, ordenando, en ese momento, que se redujera el sonido del tren. Por otra parte, en las sentencias números 2007-15263 de las doce horas con cuarenta y cinco minutos del diecinueve de octubre de dos mil siete, 2009-16822 de las once horas y cuarenta minutos del treinta de octubre del dos mil nueve, y 2010-4509 de las ocho horas y cuarenta y cinco minutos del cinco de marzo del dos mil diez, la Sala desestimó los recursos planteados por considerar, en los dos primeros casos, que el silbato del tren funcionaba como un mecanismo de seguridad para los vehículos y personas que circulaban en las cercanías de las vías férreas, así como que no se había podido comprobar que el ruido provocado por la bocina del ferrocarril superaba los límites legales, en el último de los casos. IV.- Ahora bien, en el caso concreto, el recurrente acusa que el sonido emitido por la bocina del tren que pasa por las cercanías de su hogar resulta insoportable, por lo que estima vulnerado lo dispuesto por el artículo 50 de la Constitución Política. Ante dicho reclamo, este Tribunal solicitó al Ministerio de Salud que procediera a efectuar una medición sónica en la vivienda del amparado, la que determinó que el ruido promedio producido era de 71.3 decibeles, y que éste se encontraba dentro de las excepciones previstas por el artículo 23 del Reglamento para el Control de Contaminación por Ruido, pues es emitido con el fin de evitar accidentes, tal y como alega el Presidente Ejecutivo del Incofer en su informe. Asimismo, debe señalarse que es un hecho público y notorio que la vía férrea que se ubica en las cercanías de la vivienda del amparado, atraviesa una vía que es bastante concurrida por parte de vehículos, cuyos conductores no tienen un grado de visibilidad óptimo para ver al tren, debido a que gran parte de la vía férrea se encuentra oculta por construcciones que se ubican a su alrededor, lo que dificulta, en gran manera, que los conductores o transeúntes que circulan por el sitio puedan conocer, con la antelación necesaria, cuando pasará el tren urbano por el cruce de vía. Con vista en lo anterior, este Tribunal considera que, en el presente asunto, no puede constatarse vulneración alguna a los derechos fundamentales del tutelado, pues resulta necesario que el conductor del tren accione la bocina de éste, con el fin de alertar a los conductores sobre su paso y evitar así accidentes que puedan llegar a provocar la pérdida de vidas humanas. En ese sentido, conviene recordar que ya en la sentencia número 2007-15263 antes mencionada, así como en el voto número 2006-16628 de las once horas y dos minutos del diecisiete de noviembre del dos mil seis, la Sala indicó que el derecho a la tranquilidad, al igual que cualquier otro derecho, se encuentran limitados por una serie de circunstancias propias de la convivencia social, las cuales obligan a soportar molestias en aras del bien común. En virtud de lo anterior, el Tribunal estima que en el presente asunto el ruido provocado por la bocina del tren se constituye, precisamente, en una de esas perturbaciones que deben soportar las personas en aras de evitar la pérdida de vidas humanas, lesiones severas y daños a los bienes, y que, en todo caso, se encuentra incluso avalada por el Ordenamiento Jurídico, al estar establecida en el artículo 23 del Reglamento para el Control de Contaminación por Ruido, tal y como indica la Ministra de Salud en su informe. Dicha afirmación se refuerza en los informes rendidos por el Ministro de Obras Públicas y Transportes, el Director General de Ingeniería de Tránsito, y el Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad, quienes son contestes en afirmar la necesidad de que el tren active su bocina en los cruces de vía, con el fin de advertir a los conductores sobre su paso, y evitar así accidentes de tránsito. Asimismo, conviene indicar que del informe rendido por el Director General de Ingeniería de Tránsito y el Director Ejecutivo del Consejo de Seguridad Vial, se desprende que esta última autoridad tiene previsto para el año dos mil once la ejecución de proyecto para la instalación de semáforos especiales para los cruces de vía del ferrocarril, de ahí que se denote que la Administración se encuentra realizando las acciones del caso, con el fin de ir reduciendo la necesidad de que el maquinista del ferrocarril suene su bocina cuando transite por dichos sitios." Ejemplo claro de esta actitud errática de la Sala Constitucional ante este problema de afectación de derechos fundamentales presentado ante su conocimiento, es el voto Nº 2011-015975 de las nueve horas treinta minutos del veinticinco de noviembre de dos mil once, en donde ante un alegado incumplimiento de uno de sus votos, la Sala Constitucional, concluye con lo siguiente: "I.- La recurrente acusa que no se ha cumplido lo ordenado por la Sala en la sentencia número 2009-019103 de las 11:01 horas del 18 de diciembre de 2009. II.- El presente amparo se declaró con lugar por cuanto esta Sala tuvo por acreditado que: el ruido de fondo correspondía a 60.4 dB en condiciones normales, mientras que con el paso del tren, los niveles oscilaron entre 69 dB hasta 79 dB. Lo excesivo de dichas mediciones salta a la vista si se considera que el nivel máximo, según la normativa diurna, para una zona habitacional, es de 65 dB («)´. Por ende, mediante la citada sentencia 2009-019103, se ordenó lo siguiente: ³Se declara parcialmente con lugar el recurso. Se ordena a Miguel Antonio Carabaguíaz Murillo, en su condición de Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Ferrocarriles, o a quien en su lugar ejerza dicho cargo, que tome las medidas técnicas necesarias para reducir a límites razonables el ruido que produce la bocina del ferrocarril del servicio San José ±Heredia, en su paso por las inmediaciones del Condominio Rosa del Norte ubicado en Santa Rosa de Santo Domingo de Heredia, lo anterior, sin poner en riesgo la seguridad vial. Se advierte al recurrido que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Instituto Costarricense de Ferrocarriles al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. Notifíquese la presente resolución a Miguel Antonio Carabaguíaz Murillo, en su condición de Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Ferrocarriles, o a quien en su lugar ejerza dicho cargo, en forma personal.´ Ahora bien, en la especie, y según se desprende del informe rendido bajo juramento por parte de la autoridad recurrida, se realizaron las gestiones administrativas correspondientes que derivaron en la efectiva disminución del ruido ocasionado por la bocina del tren. Por lo demás, del informe rendido por las autoridades recurridas y de las pruebas aportadas a los autos se desprende que, las autoridades del INCOFER dispusieron las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo ordenado por esta Sala en la sentencia 2009-019103 de las 11:01 horas del 18 de diciembre de 2009. Se debe tener presente que la reducción del sonido emitido por la pitoreta del tren se tiene que aplicar dentro de límites razonables, pues constituye una señal preventiva para los conductores de vehículos automotores que van a cruzar por la vía férrea, lo mismo que para los transeúntes, por lo que la reducción de este ruido se tiene que dar de tal forma que no se ponga en riesgo la seguridad vial. Por lo que es pertinente desestimar la gestión de la recurrente". (el destacado es nuestro). Inclusive, es de advertir que esta posición con el tiempo se va reafirmando en favor de mantener el ruido, trasladando de manera inadecuada la carga de demostración de la afectación del mismo, al usuario. En este sentido, el voto 2011-001086 de las diez horas y dos minutos del veintiocho de enero del dos mil once, razonó lo siguiente: "... la Sala determinó que la superación del límite de ruido individual –fijado en cuarenta y cinco decibeles- con motivo de accionar la bocina del tren –lo cual eleva el ruido a más de setenta decibeles- es una situación que por la contaminación sónica que provoca debe ser regulada por las instancias administrativas correspondientes, de manera que logre equilibrarse el funcionamiento de este medio de transporte con el derecho a disponer de un ambiente sano. Pero en este caso, producto de los pronunciamientos de este Tribunal, los recurridos bajo juramento indican que el sonido que produce la pitoreta es una señal para los conductores en los cruces de vías y se encuentra entre los límites permitidos y es usado internacionalmente como medida de prevención, aunado a que no es el único ruido existente en el lugar, donde transitan gran cantidad de vehículos automotor. Partiendo de esta declaración, es válido concluir que la bocina del tren en la zona indicada, si bien es altamente escuchada por los vecinos, transeúntes y conductores, no impone una carga excepcional sobre el ruido ambiente que por sí mismo ya existe en dicha zona, por lo que resulta impropio afirmar que existe una violación ambiental provocada de manera aislada por el funcionamiento de esta alarma. Por el contrario, la situación sónica del sector es producto de la unión de diferentes factores donde la bocina del ferrocarril es uno entre tantos, y el que, por demás, tampoco contribuye de manera significativa al aumento en los decibeles que se escuchan. Asimismo, se trata de un sistema de alarma de carácter preventivo, que utilizado en intersecciones peligrosas que contribuye a aminorar el riesgo de accidentes con víctimas. Por estas razones, el recurso se desestima...." No obstante, curiosamente, en otros supuestos, la Sala ha mantenido su posición primigenia. Así el voto Nº 2010-003342 de ocho horas y cincuenta y ocho minutos del diecinueve de febrero del dos mil diez, resolvió lo siguiente: "... del hecho público y notorio de que el ruido de las bocinas de los trenes del INCOFER superan los límites razonables, que en el presente caso, producen contaminación sónica en el Liceo de Costa Rica y sus inmediaciones, se desprende que existe una vulneración del derecho fundamental al ambiente sano y ecológicamente equilibrado por parte de ese Instituto, por lo que el amparo debe declararse con lugar y ordenarse al INCOFER que adopte las medidas técnicas necesarias para reducir a límites razonables el ruido de las bocinas de sus ferrocarriles...". En otros casos, la Sala Constitucional se ha permitido realizar valoraciones técnicas de fondo sobre las situaciones particulares. En este orden de ideas, el voto Nº 2011-004427 de las diez horas y seis minutos del uno de abril del dos mil once, indicó: "III.- El caso concreto. La aducida contaminación sónica. En el caso bajo estudio, la vivienda de los amparados es colindante con la vía férrea por la cual transitan los ferrocarriles que cubren las rutas Heredia-San José-Montes de Oca y viceversa, y Pavas-San José-Montes de Oca y viceversa, propiamente cerca de la intersección de la Universidad Latina. Se demuestra, con la prueba ordenada para mejor proveer, que el ruido ambiente en la zona donde se ubica la vivienda, es de 58.5 decibeles, ruido al que aunado el sonido de la bocina del ferrocarril –fuente generadora- asciende a un promedio entre los 84.5 y 75.8 decibeles, llegando en un pico máximo a los 94 decibeles (ver informe de folio 59). Así, es claro que la regularidad del ruido ambiente más la fuente generadora dista de ser excesivo respecto del ruido ambiente que ya existe en esa zona, de donde resulta que la molestia que deben soportar los accionantes, es proporcional con la finalidad de seguridad vial pretendida con estos mecanismos, estando así enmarcado dentro de las regulaciones o excepciones que el propio Ministerio de Salud indica en sus informes, especialmente cuando el cruce ferroviario se encuentra en una zona de tan alto tránsito como en la que se ubica la vivienda de los amparados. Por otra parte, los propios amparados informaron que el tren comprado recientemente no genera mayor problema. En consecuencia, debe descartarse la aducida violación constitucional, por lo que el recurso debe ser declarado sin lugar en cuanto a este extremo. IV.- Sobre la aplicación de otros mecanismos de seguridad. Por otra parte, refieren los recurrentes que el uso de la bocina puede ser eliminado o restringido, y en su lugar, que la autoridad recurrida disponga otros mecanismos de seguridad como agujas y señales lumínicas o sonoras. Sobre el particular, refiere la autoridad recurrida que esas opciones se han valorado, pero dada la naturaleza del servicio que actualmente se presta en cuando a la velocidad y las múltiples paradas, tales opciones no son técnicamente apropiadas, pues incluso también dependen de la observancia que presten los conductores; de igual manera, la colocación de estos mecanismos traería también un problema en la fluidez del tránsito, especialmente en zonas concurridas. Debe indicarse al amparado que ya la Sala se ha pronunciado en el sentido que la colocación del tipo de mecanismos de seguridad mencionados, es un asunto de competencia técnica del Instituto Costarricense de Ferrocarriles que escapa al ámbito de competencias de la jurisdicción constitucional; así, debe ser dicha entidad la que determine la procedencia de su instalación –ver, en este sentido, sentencia de esta Sala número 2007-10155, de las once horas treinta y nueve minutos del veinte de julio de dos mil siete-, y si en este caso, tal como se informa, resulta inapropiada su implementación, debe seguirse este criterio técnico pues carece la Sala de otros elementos para disponer lo contrario. En todo caso, el conocimiento adquirido por la Sala con la substanciación de otras acciones de garantía similares, informa que existe un proyecto entre las autoridades recurridas y las instancias del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, para la implementación de otras alternativas de seguridad vial en las intersecciones ferroviarias (semáforos especiales), cuyos componentes deberían ejecutarse durante los años 2011 y 2012, por lo que debe instarse a la autoridad recurrida a la ejecución de todas las acciones que se encuentren dentro de su ámbito de competencias, para que los planes previstos sean debidamente aplicados cuando técnicamente así se determine". Inclusive, en un voto más reciente, la Sala Constitucional sin ahondar el grado de afectación que puede suscitarse, rechaza un recurso planteado, empleando nuevamente criterios de conveniencia. Así el voto Nº 2013-013523 de las nueve horas cinco minutos del once de octubre de dos mil trece, resolvió: "IV.- Sobre el caso concreto. En el presente asunto, los recurrentes, quienes son vecinos de Cartago, aducen que el ruido generado por la bocina del tren que pasa cerca de sus casas no les permite, situación que estima contraria a su derecho a la tranquilidad. En su informe, el Presidente Ejecutivo del INCOFER, explica que la bocina del tren es un instrumento utilizado para alertar a los peatones y conductores sobre la presencia del ferrocarril, con el fin de evitar incidentes. Con vista en lo anterior, esta Sala estima que en el presente asunto no existe violación alguna a los derechos tutelados por la Constitución Política, ya que el ruido generado por la bocina del tren interurbano es precisamente una de las perturbaciones que como producto de la convivencia social los amparados se encuentran obligadas a soportar, pues el mismo tiene la finalidad de evitar que se produzcan accidentes que pudieran generar tanto pérdidas materiales como de vidas humanas. Asimismo, debe tomarse en cuenta que del informe rendido bajo juramento por la autoridad recurrida, se desprende que la incorporación de señales luminosas o agujas en la travesía del tren metropolitano de San José, no es una opción técnicamente apropiada, pues la naturaleza del servicio que actualmente se brinda, se asemeja más a la de un tranvía o tren liviano, situación que obliga a utilizar la bocina como medio de alerta sobre el paso del tren. Así, en razón de lo expuesto anteriormente, esta Sala considera que el presente recurso debe ser desestimado, como en efecto se hace." Como se advierte no existe una posición única por parte de nuestro Tribunal Constitucional en la materia, en tanto que ha oscilado entre la tutela de los derechos fundamentales de los recurrentes y la salvaguarda del servicio público prestado. Para efectos de la jurisdicción contencioso administrativa, lo resuelto en uno u otro sentido, si bien sumamente respetable, en nada vincula nuestro análisis, habida cuenta que las consideraciones que se realizarán, serán desde el punto de vista de un análisis de legalidad y no de lesión a la Constitución Política. E ste Tribunal es del criterio que lo resuelto por la Sala Constitucional desde el ámbito de sus competencias propias, no excluye el necesario control de legalidad de la conducta administrativa, establecido en los artículos 1.1 y 1.2 del Código Procesal Contencioso Administrativo, en tanto disponen: "1) La Jurisdicción Contencioso-Administrativa, establecida en el artículo 49 de la Constitución Política, tiene por objeto tutelar las situaciones jurídicas de toda persona, garantizar o restablecer la legalidad de cualquier conducta de la Administración Pública sujeta al Derecho administrativo, así como conocer y resolver los diversos aspectos de la relación jurídico-administrativa. 2) Los motivos de ilegalidad comprenden cualquier infracción, por acción u omisión, al ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder". Los alcances de la jurisdicción contencioso administrativa a partir de la entrada en vigencia del Código Procesal Contencioso Administrativo, han sido definidos como un "control plenario y universal" del cual no se puede escapar prácticamente ninguna conducta administrativa. En este sentido, se ha indicado "... el nuevo CPCA al emplear un concepto tan amplio y genérico como el de conducta administrativa evita cualquier restricción legislativa del control de legalidad plenario y universal diseñado por el constituyente, puesto que, como veremos, se complementa, incluso, con la noción de relación jurídico-administrativa la cual tiene un contenido muy basto y funciona a modo de cláusula residual para abordar o comprender cualquier relación jurídica que esté sometida a un régimen de Derecho Administrativo...." Jinesta Lobo. Ernesto. en El Nuevo Proceso Contencioso Administrativo. Escuela Judicial. En razón de lo anterior, este Tribunal estima que alegados vicios de una conducta administrativa determinada por motivos de legalidad, indefectiblemente, es necesario entrar a su conocimiento y resolución. Mal harían los Juzgadores, si advirtiendo vicios de legalidad en una conducta administrativa, se abstengan de pronunciarse al respecto y mantengan un acto, que se aparta del ordenamiento jurídico aplicable, con evidente afectación a intereses o derechos de un Administrado. Conteste con lo indicado, debe tomarse en consideración el voto 01469-2011 de 30 de noviembre de 2011 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, sobre los alcances de la vinculatoriedad de los votos de la Sala Constitucional, en tanto dispuso lo siguiente: "..... la vinculatoriedad de un fallo está referida, no ya a las partes que contendieron, (pues es claro que lo dispuesto por el órgano competente les obliga, en tanto su controversia ya fue decidida en forma definitiva), sino a otros sujetos ajenos al proceso, determinados expresamente por una norma (constitucional o legal). En lo que a este proceso interesa, se reconoce este principio respecto de las decisiones finales adoptadas por la Sala Constitucional. De esta manera, el mandato 13 de la LJC versa: “La jurisprudencia y los precedentes de la jurisdicción constitucional son vinculantes erga omnes, salvo para sí misma”. Se observa que la redacción de esta norma puede prestarse a equívocos en cuanto al objeto de la vinculatoriedad, en razón de su aparente amplitud. No obstante, de su concordancia con los preceptos primero del mismo cuerpo normativo –que define su competencia material- y 8 inciso 1) párrafo tercero de la LOPJ, se determina que ésta sólo reside en los pronunciamientos referidos al Derecho de la Constitución. Más sencillo, a las interpretaciones que del bloque de constitucionalidad emita este órgano. Es claro que la competencia de aquel Tribunal (y el deslinde con la que corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa), es un tema diverso al de la vinculatoriedad de sus fallos; sin embargo, nutre o define su objeto. Así las cosas, en tanto le corresponde garantizar los derechos y libertades fundamentales (precepto 48 de la Carta Magna), ejercer el control de la constitucionalidad de las normas de cualquier naturaleza y de los actos sometidos al Derecho Público, y la resolución de los conflictos de competencia entre los Poderes del Estado (norma 10 ibídem), o lo que es igual, pronunciarse sobre los conflictos y cuestionamientos de orden constitucional, las explicaciones que del Derecho de la Constitución profiera es lo que se impone a quienes aplican o interpretan aspectos jurídicos y a todas las personas (físicas o jurídicas, públicas o privadas). Ahora bien, merece atención la hipótesis de eventuales interpretaciones en que pueda incurrir el Tribunal Constitucional de las normas infraconstitucionales. En este supuesto, lo establecido por aquel Órgano no limita u obliga a los restantes tribunales (entre ellos, claro está, a los contencioso administrativos), pues la vinculatoriedad, como se dijo, se limita a las cuestiones de naturaleza y trascendencia constitucional (se reitera, lo propio de su competencia). En este mismo orden de ideas, en sentencia n.° 1000-F-SI-2010 de las 9 horas 35 minutos del 26 de agosto de 2010, esta Cámara indicó que “[…] la vinculatoriedad de los precedentes emanados de la jurisdicción constitucional se da, únicamente, respecto de la interpretación de los alcances de los derechos fundamentales y las normas constitucionales, no así en cuanto a aspectos de legalidad […]”. Véase, en igual sentido, la resolución n.° 226-F-SI-2008 de las 15 horas 26 minutos del 14 de marzo de 2008. También, la propia Sala Constitucional ha señalado: “[…] tal y como lo dispone el párrafo final del artículo 8.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando existan precedentes o jurisprudencia constitucional para resolver el caso, el juez está obligado a interpretar y aplicar las normas o actos propios del asunto, conforme con tales precedentes o jurisprudencia incluso si para hacerlo haya de desaplicar leyes u otras normas que resulten incompatibles con ellos, siempre y cuando, claro está, se trate se las mismas hipótesis o supuestos, de modo que la situación bajo el conocimiento del Juez resulta idéntica a la resuelta por el precedente o la jurisprudencia constitucional. Esto es así, además, por virtud de que el artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece que "la jurisprudencia y los precedentes de la jurisdicción constitucional son vinculantes erga omnes", dado que ofrecen la forma en que los actos sujetos al derecho público y la normativa en general, pueden entenderse conforme con el Derecho de la Constitución . Además , esta misma norma, en principio, se aplica a la propia Sala Constitucional, por virtud de lo dispuesto en el artículo 9( [sic] de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, ya para inadmitir o para resolver por el fondo cualquier acción o gestión ante ella intentada, con la salvedad, y esto es obvio por tratarse del propio Tribunal Constitucional, que la jurisprudencia y los precedentes lo vinculan en tanto no encuentre razones para variar sus propias tesis o criterios. Si, como es de rigor, el Derecho de la Constitución está integrado no solamente por los valores, principios y normas constitucionales, sino también por otros parámetros de constitucionalidad (instrumentos de derecho internacional, prácticas secundum constitutionem, etc) y la propia producción jurisprudencial que en ejercicio de su competencia va generando la Sala Constitucional y que necesariamente se integra al mismo nivel normativo que interpreta o aplica, la Sala puede y debe, en ejercicio de su competencia, estar en capacidad de ir adecuando sus propias interpretaciones, cuando las circunstancias lo ameritan” (el subrayado se agrega). Finalmente, esta Sala considera necesario señalar que la vinculatoriedad de una sentencia constitucional no depende de si es estimatoria o desestimatoria, según lo señalaron los juzgadores en el fallo impugnado, porque del canon 55 de la LJC no puede desprenderse esa situación. Al respecto, dispone esa norma: “El rechazo del recurso de amparo no prejuzga sobre las responsabilidades en que haya podido incurrir el autor del agravio. El ofendido o la Administración, en su caso, podrán promover o ejercitar las acciones que correspondan, o aplicar las medidas pertinentes.” (Lo subrayado no es del original). Se colige que regula un aspecto fáctico distinto: la eventual responsabilidad del autor del agravio, no si la sentencia es vinculante. En esta misma línea, el Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo dispuso: “[…] son revisables ante la jurisdicción contencioso administrativa, tanto los supuestos donde el tribunal constitucional, haya desestimado o declarado sin lugar el recurso de amparo o habeas corpus planteado, por considerar que la conducta impugnada, no resulta contraria de manera directa al Derecho de la Constitución, pues en ese supuesto, no se alude a la legalidad del acto o conducta (de resorte exclusivo de los jueces contenciosos), como aquellos en los cuales, declarada la inconformidad con la Carta Magna, el justiciable estime oportuno, discutir la conformidad de las actuaciones, con el bloque de legalidad. En estos casos, el administrado puede acudir a la vía contencioso administrativa, para hacer valer sus eventuales derechos subjetivos o intereses legítimos y requerir se determine en esa instancia, si las conductas o actos impugnados resultan o no contrarios al ordenamiento jurídico. De ahí que no sea válida la interpretación hecha por el demandado, en el sentido de que producen cosa juzgada todos los fallos emitidos por la Sala Constitucional, en tanto el análisis que efectúa dicho órgano decisor, es distinto del que ha realizado el Tribunal Contencioso Administrativo” (resolución n.° 107-F-SI-2010 de las 8 horas 30 minutos del 30 de abril de 2010, el subrayado no corresponde al original)....." De conformidad con lo anterior, resulta procede realizar el análisis de legalidad de las conductas sometidas a conocimiento de este Tribunal y por consiguiente es menester referirse al artículo 23 del decreto ejecutivo número 28718-S, denominado "Reglamento para el Control de Contaminación por Ruido", en tanto señala lo siguiente: "Artículo 23.- Excepciones. Las siguientes acciones estarán exentas de los requisitos establecidos en el artículo anterior. - Periodo Diurno (6,00 horas y las 20,00 horas) - Sonidos por proyectos temporales para la reparación y mantenimiento de hogares y sus dependencias. - Sonidos producidos por el disparo de armas livianas de fuego en polígonos de tiro autorizados. - Sonidos producidos durante la instalación y reparación de servicios públicos esenciales - Sonidos estrictamente necesarios producidos por personal de emergencia, policías, bomberos o conductores de ambulancias y otros similares, o por el equipo utilizado por el citado personal durante el cumplimiento de sus deberes a fin de proteger la salud, integridad física, seguridad de la comunidad o en labores que deban realizarse después de un desastre público. Se incluyen además las plantas generadoras de electricidad, subestaciones y equipo de bombeo de agua durante casos de emergencia temporal. - Sonidos producidos por artefactos para la prevención de accidentes. - Sonidos producidos en actos públicos eventuales y paradas no rutinarias. - Sonidos causados por alarmas, campanario y similares que tengan una duración de cinco (5) minutos. - Sonido causado por la voz humana no amplificada. - Sonido causado por animales. - Cualquier otra actividad que a criterio técnico no genere un problema de contaminación sónica". De una lectura de la norma de cita estima este Tribunal que la misma no legitima el exceso de sonido que podría provocarse por encima de los niveles establecidos en el artículo 20 del Reglamento de cita, cuando como en el caso, los mismos provocan una afectación a los derechos de terceros, de manera innecesaria. Si bien la norma permite el uso extraordinario de niveles superiores para impedir accidentes, no significa que legitime su uso ordinario, cuando usando los niveles ordinarios se cumpla el cometido de la señal acústica. Para este Tribunal es claro que la norma prevé en su contenido dos supuestos. En primer término la regulación "normal" del ruido, aplicable según la zona en concreto y la cual presenta y contempla de manera técnica un nivel máximo de sonido no lesivo a los derechos de los ciudadanos. Por otra, se presenta una previsión de circunstancias excepcionales o "anormales", en las cuales es legítimo un nivel superior de ruido atendiendo a eventos muy particulares y no comunes. En estos casos, la legitimidad la da estas características y no es permitido que la Administración las califique de manera extensiva para cualquier supuesto que a pesar de guardar normalidad, se pretenda revestir de una presunta anormalidad. La ubicación de una situación concreta en uno u otro supuesto dependerá de la verificación de si el uso de la intensidad superior a lo normal a lo debido del ruido, es estrictamente necesaria, razonable y proporcional o no, lo cual, tal y como se presenta en el caso de análisis, debe ser carga de la Administración, su demostración, y de lo cual no se evidencia prueba en los autos. De una lectura de la normativa indicada, se advierte con claridad que el ordenamiento jurídico indicado prevé la existencia de niveles de ruido como una carga que debe soportar el administrado por el mero hecho de la convivencia social. Esta afectación jurídica, será variable, dependiendo del sitio en donde el mismo se encuentre, en tanto que no será lo mismo el ruido que debe soportar una persona que viva en la ciudad que otra que habite en el campo. Resulta razonable que en este orden de ideas, en orden al interés común, según las circunstancias, uno u otro, estén obligados a soportar de manera lícita el peso que todos debemos cargar por el mero hecho de ser un "animal social" y convivir con actividades generadoras de ruido, que son inherentes a la sociedad en la que vivimos y al uso de los medios mecánicos y tecnológicos existentes. También se advierte de la normativa, que como parte de dicha carga, existen circunstancias calificadas, temporales, necesarias o de interés superior, que imponen el deber de soportar niveles de rango superior de ruido. En este sentido, si bien el ciudadano tiene una serie de derechos fundamentales a tutelar, existe un correlativo deber de convivencia ante perturbaciones no significativas o temporales a su ejercicio. Lo anterior, en tanto que el disfrute de los derechos no es irrestricto, sino que se encuentra marcado por la propia esencia del derecho y los derechos de los demás. No obstante, para este Tribunal es evidente que las restricciones y afectaciones a los derechos de los ciudadanos en tales casos, deben ser interpretadas de manera restrictiva y bajo principios de razonabilidad y proporcionalidad. Así, si bien la normativa en mención establece excepciones a los niveles máximos preestablecidos de ruido, no debe entenderse que las mismas puedan ser consideradas una vía que legitime cualquier ruido sin límite, alegando tales supuestos, de manera inmotivada e innecesaria. Ante todo debe recordarse que la existencia misma de una actividad de interés económico y social, no legitima la existencia de una interdicción de los derechos de aquellos que sean afectados y/o beneficiados por su prestación, ni enerva la obligación de los responsables de su administración, sean públicos o privados, de adoptar las medidas necesarias, sea para indemnizar el daño, sea para ralentizarlo o para implementar las medidas técnicas correspondientes para evitar efectos lesivos. El interés público no debe ser visto como contradictorio con el interés mismo de los ciudadanos a la hora de adopción de una determinada conducta administrativa, ni puede ser excusa para que un grupo de la colectividad pueda ver lesionados sus derechos de manera impune, cuando se ejerce la voluntad administrativa de forma irrazonable o inmotivada. En el caso de análisis, este Tribunal, tomando en consideración el elemento probatorio visto en el proceso, estima procedente y necesario el uso del silbato del tren como una medida preventiva y vinculada con el servicio público prestado (ver declaración testimonial de Jorge Manuel Lopez, Gerente de Operaciones del ente codemandado). En este orden de ideas, el sonido que no exceda los límites propios establecidos en el ordenamiento, es conforme al ordenamiento jurídico y no resulta reprochable. No consta en autos que la conducta administrativa como tal, sea contraria al derecho o al interés público. Es un hecho que todo ciudadano que viva en las cercanías de una vía férrea tendrá el deber de soportar las molestias normales que el discurrir del tren le genere. Es una carga propia de la convivencia social y del hecho mismo de habitar en un centro urbano con la existencia de una serie de servicios privados y públicos a su alcance. Hay en estos casos, un funcionamiento normal de la Administración, que si bien provoca un sacrificio singular, no es de especial gravedad. Interpretar que toda perturbación en tales condiciones es antijurídico, significaría tornar nugatorio el actuar ordinario administrativo, en tanto que el mero transcurrir de un tren provoca per se - sin necesidad de uso de silbato- vibración y algún nivel de ruido adicional al ordinario. Estamos en estos casos ante un funcionamiento normal de la Administración, generador de resultados esperables y posibles de una actividad en particular, máxime en situaciones como la del ferrocarril en nuestro país, en donde es público y notorio, que la vía férrea se ha mantenido en el mismo sitio por muchas décadas, siendo esperable por parte de los vecinos correspondientes, que su uso normal y ordinario, dentro de los límites técnicos y de legalidad, generen efectos, tanto positivos como negativos sobre sus esferas jurídicas. Lo anterior, no significa que este Tribunal acuerpe la denominada doctrina de la "pre-ocupación", (según la cual se debe tolerar la actividad contaminante, existente de manera previa a que un sujeto se instale en determinado lugar). Sin embargo, sí adquiere relevancia el indicado hecho para concretar la existencia de un específico nivel de soportabilidad jurídica, cuando técnicamente se establecen márgenes razonables de afectación con motivo de un funcionamiento normal de una actividad. No obstante, el uso constante e infundado del silbato por encima de los niveles establecidos en el artículo 20 del reglamento en mención, sí lo estima este Tribunal como antijurídico. En estos casos, estaríamos ante una especialidad del daño, en la cual se da un rompimiento de la igualdad ante las cargas públicas, ante la reiteración y exceso del ruido en horas claves para el pleno ejercicio del derecho a la privacidad e intimidad de los ciudadanos. En estos casos, las persistencia e intensidad hace que un funcionamiento legítimo - sonido que debo soportar por la convivencia social- deje de ser admisible para trasladarse a un ámbito lesivo de la esfera jurídica del afectado. Considera este Tribunal que el acatamiento y observancia de las normas administrativas no colocan al administrado en una situación de precariedad tal, que no se tenga límites en la aplicación de las mismas o que el interés privado no posea ninguna relevancia cuando se invoca un exceso en la conducta administrativa. La Administración ante tales supuestos no puede desdeñar, ni obviar una afectación jurídica como tal, bajo el amparo de la mera invocación de una necesidad social. Es por esta razón que este Tribunal manifiesta un criterio discrepante con lo resuelto por la Sala Constitucional sobre el tema, en tanto que las consideraciones de necesidad social, no pueden significar in re ipsa, una abdicación de la necesidad de análisis de la situación particular en orden a la vulneración concreta que se presente en un caso sometido a nuestro conocimiento. En este orden de ideas, toda esfera jurídica de un ciudadano posee un cúmulo de derechos inherentes a su condición de persona humana. El derecho a un ambiente sano y equilibrado y el derecho al ejercicio de una intimidad libre de perturbaciones son connaturales a todo ser social. Nuestro Ordenamiento Jurídico, define la contaminación en el artículo 62 de la Ley Orgánica del Ambiente, Ley Nº 7554 de 4 de octubre de 1996, de la siguiente manera: “Se considera contaminación de la atmósfera la presencia en ella y en concentraciones superiores a los niveles permisibles fijados de partículas sólidas, polvo, humo, vapor, gases, malos olores, radiaciones, ruidos, ondas acústicas imperceptibles y otros agentes de contaminación que el Poder Ejecutivo defina como tales en el reglamento.” Por otra parte, el indicado Reglamento para el control de la contaminación por ruido, define la contaminación por ruido, en el siguiente sentido: “Cualquier emisión de sonido que afecte adversamente la salud o seguridad de los seres humanos, la propiedad o el disfrute de la misma, según las normas que se establecen en este Reglamento.” Con relación a la vinculación del ruido con la afectación a los derechos mencionados, es de relevancia citar el voto Nº 5681-1993 de las 14:09 hrs. del 5 de noviembre de 1993, en donde la Sala Constitucional indicó: “(…) El derecho a la intimidad encuentra su base en el artículo 24 de la Constitución Política, y se refiere básicamente, al derecho que tiene el particular al desarrollo de su personalidad dentro de una esfera de autonomía, que le permita desenvolverse en un ámbito al cual no puedan tener acceso aquellas personas que él no desee. El hombre es en principio, un ser social, pero esto no significa que sea únicamente en ese ámbito de la vida en que se desenvuelve, sino que necesita de una esfera de intimidad, de vida interior que incluye el silencio y el retiro. La intimidad, pues, incluye la tranquilidad dentro de ese espacio, que a su vez constituye límite para los demás. Precisamente, de la relación del artículo 24 con el 28 de nuestra Constitución Política, el principio de libertad que rige para los individuos, tiene como uno de sus límites el no perjudicar a terceros, su bienestar, deduciéndose la protección de su ámbito de intimidad y tranquilidad. El poseer una esfera de libertad implica que cada persona tiene derecho a aislarse de la comunidad. El ruido, es un modo inequívoco de perturbación a la tranquilidad a la que tienen derecho las personas, máxime en el nivel de mayor intimidad que corresponde al lugar en donde se reside. Consecuentemente, el que las autoridades no hayan tutelado este derecho, permitiendo el funcionamiento de una actividad que era dañina a esa tranquilidad les hace responsables de esa desprotección. …”. De conformidad con lo anterior, es evidente que la existencia de niveles de ruido excesivos tendrán efectos negativos sobre la esfera jurídica más íntima de la persona y consecuentemente resultan antijurídicos. Como se advierte, en el caso en examen, se puede aplicar la presunción humana como elemento de convicción de este Tribunal, en estricta aplicación del artículo 417 del Código Procesal Civil, en tanto dispone lo siguiente: "Artículo 417.- Presunción humana. Las presunciones humanas solo constituyen prueba si son consecuencia directa, precisa y lógicamente deducida de un hecho comprobado. La prueba de presunciones deberá ser grave y concordar con las demás rendidas en el proceso". Con respecto a la figura de la presunción, ha dicho, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia lo siguiente: “ Para que exista una presunción como medio de prueba es necesario, en primer término, que se de un acontecimiento positivo o negativo, cierto del que ha de deducirse el que se quiere conocer. La existencia o inexistencia de este acaecimiento denominado en sentido amplio hecho base, o más técnicamente indicio, tiene que estar debidamente acreditado en el proceso para que asegure la viabilidad de la presunción. Así se deduce del artículo 417 del Código Procesal Civil: “Las presunciones humanas sólo constituyen prueba si son consecuencia directa, precisa y lógicamente deducida de un hecho comprobado”. La Sala ha indicado que este tipo de presunción “…es el resultado del ejercicio de la discrecionalidad otorgada al juzgador para apreciar la prueba, derivando entonces la presunción de otros hechos que se han tenido por ciertos” (no. 848-F, de las 14 horas 45 minutos del 31 de octubre del 2001). Esta conexión, que debe ser directa y precisa, entre el hecho base o indicio y el acaecimiento que se pretende derivar (hecho consecuencia), se verifica con arreglo a normas puramente lógicas, a las reglas del criterio humano, tarea que lleva a cabo el Juez investido de poder discrecional según su conciencia y discernimiento. Es éste quien de modo exclusivo infiere de tal prueba un hecho o acto, según su convicción interna le inspire dentro de un marco de razonabilidad y racionalidad, en un prius lógico que no atente con la sana crítica, de ahí que, su juicio se mantiene, salvo se demuestre ser contrario a la evidencia que las pruebas ostentan, ya sea por mediar error de hecho o de derecho en su estimación respecto de los hechos base o indiciarios, o bien, que la inferencia raye en lo absurdo por contrariar el sentido común o los fenómenos naturales” (sentencia no. 25-F-2007, de las 10 horas 45 minutos del 19 de enero de 2007) (la negrita no es del original). (Sobre el particular, pueden consultarse entre otras, las sentencias de la misma Sala no. 27 de las 10 horas 30 minutos del 5 de mayo de 1993, no. 217 de las 15 horas del 5 de mayo de 1999 y no. 848 de las 14 horas 45 minutos del 31 de octubre del 2001). De conformidad con lo anterior, un exceso en el ruido sobre el tope reglamentariamente permitido, hace presumir una afectación a los actores en el proceso. Por lo anterior, una actividad realizada por un ente público que genere tales resultados y se mantengan estos en el tiempo, a pesar de los reclamos de los Administrados, es contraria al ordenamiento jurídico y obliga a adoptar las medidas correctivas o indemnizatorias necesarias, según sea el caso y lo pretendido por la parte. La adopción de conductas públicas, sean ejecutadas de manera directa o por medio de terceros, implica, consecuentemente, la previsión de no generación de una afectación más allá de lo técnica y proporcionalmente razonable, a efecto de no ejercer la actividad o servicio de tal manera que genere un uso dañoso de la misma, más allá de lo jurídicamente permitido cuando se está ante un funcionamiento normal en el que no se busca una anormalidad del resultado obtenido en perjuicio de terceros. En el caso de marras, únicamente no sería contrario al ordenamiento el nivel de ruido que exceda los límites de comentario, cuando sea indudablemente necesario para la prevención de un accidente en particular, ante la inminencia de su acaecimiento. Concretando el análisis de la situación de los actores se advierte que consta en autos que en mediciones técnicas realizada en su domicilio, - y no cuestionadas en cuanto sus alcances y metodología empleada- se ha demostrado que el nivel del silbato del tren excede el nivel máximo permitido para el período diurno (65DB), sin que los codemandados hayan probado lo contrario, dado que su teoría del caso se ha centrado, más bien en la necesidad de dicho mecanismo y la aplicación del artículo 23 del Reglamento en mención para el caso en particular. Estima este Tribunal que la prueba realizada en la vía pública y considerada como reconocimiento en la etapa preliminar del proceso, no adquiere mayor relevancia probatoria, en tanto que en primer término no fue realizada en el domicilio de los actores -no demuestra la afectación sónica en concreto a las horas en particular en que circula el tren- y se realizó a una distancia de más de cien metros de la vía férrea, en una hora de alto volumen de tránsito y diferente a los períodos en que circula el tren y se considera necesario el silbato como medida de aviso a los conductores. Como se evidencia, las circunstancias objetivas en que opera el tren son muy diferentes a aquellas de tiempo y lugar objeto del proceso (nótese como la misma teoría del caso de las partes demandadas se funda en que el servicio del tren cuenta con horarios definidos en períodos diurnos y no es constante). Dado lo anterior, al superar el sonido del silbato del tren, los límites legales razonables, se produce contaminación sónica a los actores y por ende se ha vulnerado sus derechos. Así las cosas, al estimar este Tribunal que la referida norma no contempla la situación ordinaria y permanente del uso del silbato y por ende éste en las condiciones demostradas resulta excesivo y desproporcionado, se considera que procede parcialmente acoger la demanda, dado que el exceso sobre los límites reglamentarios implica necesariamente una molestia a quien lo sufre), mas en el entendido de que no es procedente impedir el uso de dicho medio auditivo dentro de los márgenes que establece el artículo 20 del indicado cuerpo normativo. Por lo anterior, no estima este Tribunal procedente ordenar la sustitución del silbato por un sistema de señales, (dado que no se cuenta con criterios técnicos sobre la suficiencia, procedencia y necesidad en el caso concreto de los ferrocarriles administrados por el ente codemandado) sino que en aplicación del artículo 122 del Código Procesal Contencioso Administrativo, lo que resulta posible de disponer es ordenar al ente codemandado que a partir de la firmeza de la presente sentencia, gradúe el silbato de todos sus trenes que transiten por la cercanía del domicilio de los actores, de manera tal que no se exceda el límite máximo permitido en el artículo 20 del decreto ejecutivo número 28718-S, denominado "Reglamento para el Control de Contaminación por Ruido". No es posible referirse en la parte dispositiva de la presente sentencia al proyecto del Consejo de Seguridad Vial para la provisión e instalación de sistemas de semáforos para cruces del ferrocarril, en trámite desde el año dos mil doce, dado que este órgano con personalidad jurídica instrumental no fue demandado, mas si resulta procedente recordar al Estado su deber de ejecutar cualquier proyecto que ralentize tanto la afectación a terceros con motivo del funcionamiento del ferrocarril, como el riesgo para conductores con motivo de dicho servicio, siendo así que se deben aplicar los principios de eficacia y eficiencia en el funcionamiento de la administración (art. 4 LGAP, 3 y 5 LAFRPP). Todo lo anterior, como una medida necesaria y aprobada para restablecer la situación jurídica tutelable de los actores y habida cuenta que se ha tenido por debidamente demostrado que la misma está siendo vulnerada con el nivel excesivo sobre el límite reglamentario del silbato del tren, dada su condición de vecinos de la vía férrea. En aplicación del artículo 131.3 del mismo Código, se concede al Instituto Costarricense de Ferrocarriles un término de un mes natural para que ejecute lo ordenado por la presente resolución.” ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Central 2545-0003. Fax 2545-0033. Correo Electrónico ...01 Segundo Circuito Judicial de San José, Dirección05 ( ) PROCESO DE CONOCIMIENTO ACTOR: Nombre22259 , Nombre22260 , Carl Dieter c.c. Carlos Lehmann Struve, Nombre22262 DEMANDADOS: El Estado, el Instituto Costarricense de Ferrocarriles No. 71 2014-IV.

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. SECCIÓN CUARTA. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. Dirección01 , Edificio Anexo A, a las ocho horas del veintiséis de agosto de dos mil catorce.

Proceso de Conocimiento interpuesto por Nombre22259 , soltero, médico, ciudadano español, portador de la cédula de residencia número CED87452 , Nombre22260 , casado, médico, portador de la cédula de identidad número CED17870- - , Carl Dieter c.c. Carlos Lehmann Struve, casado, odontólogo, portador de la cédula de identidad número CED17871- - y Nombre22262 , casada, abogada, portadora de la cédula de identidad número CED87453- - . Todos mayores de edad, vecinos de San José. representados por Nombre22263 , mayor de edad, abogado, portador de la cédula de identidad número CED28375- - , en su condición de Apoderado Especial Judicial, contra El Estado representado por Nombre21325 , mayor de edad, casado, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número CED38- - , en su condición de Procurador B y El Instituto Costarricense de Ferrocarriles, representado por Nombre22264 , mayor de edad, abogado, portador de la cédula de identidad número CED87454- - , en su condición de Apoderado General Judicial.-

RESULTANDO:

1.- Que la parte actora interpone el presente proceso y solicita lo siguiente:

a.- Se ordene a INCOFER que dentro del plazo improrrogable de 3 meses proceda a colocar un sistema de señales apropiado en todos los cruces a nivel de la línea férrea con caminos públicos (calles y avenidas) que se encuentran en el recorrido que va desde el cruce de carretera de circunvalación en San Pedro de Montes de Oca (Restaurante Taco Bell e inmediaciones de la UCR) hacia el oeste hasta llegar a la bifurcacion de la línea ferrea en avenida 3, calles Placa19415 , y desde allí hasta la estación al Atlántico, por un lado y hasta Dirección13081 , , por el otro, con el fin de que las locomotoras eliminen completamente el uso del silbato cuando pasen frente a nuestras casas de habitación.

b.- Se ordene al vencimiento del plazo de los 3 meses sin que se hayan realizado las obras ordenadas, se suspenderá el servicio de trenes hasta que se finiquiten las obras correspondientes.

c.- Se ordene a la Dirección de Protección al ambiente del Ministerio de Salud velar porque el INCOFER cumpla con lo ordenado en esta sentencia, y en caso de incumplimiento que emita la respectiva orden sanitaria de paralización del tren hasta que tales obras sean realizadas.

d.- Se condene a los demandados en el pago de costas procesales y personales 2.- Que conferido el traslado de rigor al Estado y al Instituto codemandado, mediante auto de las diez horas con treinta y nueve minutos del veintidós de marzo de 2012, el primero se opuso a la demanda e interpuso las defensas de falta de legitimación activa ad procesum con respecto al señor Nombre110691 y de falta de derecho y el segundo, rechazó la demanda y opuso la defensa de falta de derecho. Ambos pidieron la condena en costas más intereses.

3.- Que los supérstites del señor Nombre110691 desistieron de continuar con el proceso.

4.- Que a las ocho horas con treinta minutos del veintiuno de junio de dos mil trece, se realizó la audiencia preliminar en el presente proceso con la asistencia de todas las partes, se ajustó las pretensiones de la demanda, se determinaron los hechos controvertidos, se admitió la prueba documental, reconocimiento judicial y testimonial de las partes.

5.- Que el día ocho de julio de dos mil catorce, se realizó la audiencia de juicio oral y pública en este proceso y se realizó reconocimiento judicial, con la presencia de las partes y ante el mismo Tribunal que dicta la sentencia.

6. Que el día cuatro de agosto de dos mil catorce, se continuó la audiencia de juicio oral y pública en este proceso, con la presencia de las partes y ante el mismo Tribunal que dicta la sentencia.

7.- Que en los procedimientos ante este Tribunal no se han observado nulidades que deban ser subsanadas y la sentencia se dicta dentro del plazo establecido al efecto por el numeral 111.1 del Código Procesal Contencioso Administrativo, previa deliberación y por unanimidad.- Redacta el Juez Campos Hidalgo,

CONSIDERANDO

I.- Sobre la teoría del caso de la parte actora y sus principales razonamientos: Que de una revisión de la demanda, la parte actora funda sus pretensiones en los siguientes argumentos:

a.- Que los actores sufren molestias por el silbato del tren cuando pasa de manera cercana a sus viviendas.

b.- Que a pesar de tener conocimiento sobre dicha situación los funcionarios del Instituto codemandado no han hecho nada para evitar que se presente dicha afectación.

c.- Que las molestias se originan en tanto que el silbato del tren se activa de manera ruidosa y desmedida.

d.- Que la Dirección de Protección del Ambiente también hizo caso omiso de las quejas planteadas en tal sentido, a pesar de que está legalmente obligado a realizar las medidas necesarias para proteger de la contaminación sónica.

e.- Que el artículo 23 del Reglamento para el Control de la Contaminación por ruido, no aplica al silbato del tren.

f.- Que el INCOFER está obligado a colocar un sistema de señales apropiadas en los cruces de vías.

g.- Que la contaminación sónica y acústica lesiona derechos fundamentales de los actores, como la salud y su intimidad.

II.- Sobre la teoría del caso de la representación de los codemandados y sus principales razonamientos: Que de una revisión de la demanda, l os representantes de los codemandados fundan sus pretensiones en los siguientes argumentos:

a.- Que no está demostrada la cercanía del paso del tren con la vivienda de los actores.

b.- Que el servicio del tren cuenta con horarios definidos en periodos diurnos y no es constante.

c.- Que el ruido de la sirena del tren es una medida de prevención necesaria para evitar accidentes y pérdida de vidas humanas.

d.- Que en el presente caso estamos en una de las excepciones del artículo 23 del Reglamento para el Control de la Contaminación por ruido.

e.- Que el silbato del tren no puede ser considerado ni desmedido ni desproporcionado, dado que sigue las pautas técnicas definidas al respecto.

f.- Que no puede alegarse que no se ha actuado por parte del Ministerio de Salud, solamente porque la resolución obtenida por los actores no fue según su conveniencia.

g.- Que los reclamos administrativos presentados por la parte actora han sido debidamente resueltos.

h.- Que se remitió al Consejo de Seguridad Vial un recordatorio sobre la necesidad de señalizar los cruces de vía del ferrocarril para reducir la necesidad de uso del silbato del tren.

i.- Que la propia Sala Constitucional ha considerado el silbato del tren como una señal sonora esencial para el paso del tren urbano y necesaria para la protección de terceros.

j.- Que en el presente caso debe tener preminencia el interés público en juego, a fin de garantizar la continuidad del servicio público prestado y la seguridad vial.

k.- Que los derechos de los actores se encuentran limitados por circunstancias propias de la convivencia social.

V.- Sobre el objeto del proceso: De conformidad con los razonamientos esgrimidos la parte actora, se advierte que el objeto del proceso es determinar si las conductas materiales objetadas resultan ilegítimas o no en tanto o bien se encuentran fundadas en el artículo 23 del Reglamento para el Control de la Contaminación por ruido o por el contrario se constituyen en una inactividad material positiva generadora de un daño a los actores.

VI.- Razonamientos del Tribunal:

VI.I.- En particular sobre los hechos probados: De esta naturaleza, y de importancia para la resolución del asunto, durante el proceso para este Tribunal han quedado demostrados los siguientes hechos:

A.- Que desde la vivienda de cada uno de los actores se escucha el ruido que emite el silbato del tren al transcurrir por la vía férrea que se encuentra en su proximidad (folios 024 a 055 del expediente judicial, declaración testimonial de Nombre110692 ) B.- Que los señores Walter Morales Vega y Nombre22262 han presentado sendas solicitudes de intervención al Ministerio de Salud (folios 06 a 08, 11, 13, 15 administrativo del Area Rectora de San Pedro del Ministerio de Salud) C.- Que el 1 de julio de 2010, funcionarios de la Unidad de Rectoría del Ministerio de Salud realizaron medición sónica en el domicilio de la actora Nombre22262 , obteniendo el siguiente resultado: "El resultado de la medición del ruido del ente generador más ruido ambiente. Se adjuntan copias del reportes de sesión. Promedio. Placa19418:65.9, S017:84,4, S018:67.8dB (A). El resultado de la mediación de ruido ambiente con fuente inactiva. Se adjunta copias de los reportes de sesión. Promedio. S019: 45,3 dB (A). (folios 20 a 32 del expediente administrativo del Area Rectora de San Pedro del Ministerio de Salud) D.- Que en mediciones de ruido realizadas en junio del año 2011 por el Señor Nombre110692 , Ingeniero Acústico de la empresa Diseño Acústico S.A. contratado por los actores, se determinaron las siguientes mediciones:

"Lugar de medición Ruido de fondo Leq Reglamento Nacional Cantidad de dB sobrepasado Lmax Residencia Sr. Nombre110694 48,8 68,4 65 3,4 80,4 Residencia Sr. Nombre110691 49,3 78,4 65 13,4 91,3 Residencia Sra. Nombre22262 47,3 82,8 65 17,8 92,9 Residencia Sr. Nombre22260 55,4 78,2 65 13,2 93,5 Residencia Sr. Carlos Lehmann 63,6 81,5 65 16,5 94,4" (folios 024 a 055 del expediente judicial, declaración testimonial de Nombre110692 ) Nombre7575.- Que ante reclamo de los actores de fecha 1 de agosto de 2011 con respecto al ruido excesivo del silbato del tren cuando pasa por su hogar, presentado ante el Ministerio de Salud, mediante oficio DAJ-UGJ-A-1595-11 de 10 de agosto de 2011, se les informa que dicho sonido se encuentra dentro de los supuestos del artículo 23 del Reglamento para el Control de Contaminación por Ruido. Lo anterior fue confirmado mediante resolución DM-RC-4274-11 de doce horas con seis minutos del veintinueve de agosto de dos mil once de la Ministra de Salud (folios 042 a 051 del expediente administrativo del Area Rectora de San Pedro del Ministerio de Salud) F.- Que el Consejo de Seguridad Vial desarrolla un proyecto para la provisión e instalación de sistemas de semáforos para cruces del ferrocarril desde el año dos mil doce (folios 144 a 146 del expediente judicial) G.- Que el silbato del tren es un medio empleado para alertar a los vehículos sobre su paso en cruces de vía (declaración testimonial de Jorge Manuel Lopez) VII.- Hechos no probados:

No se advierte la existencia de hechos no probados de importancia.

VIII.- Consideraciones generales sobre la conducta administrativa: La administración pública se manifiesta mediante una serie de conductas materiales y formales que tienen la virtud de crear efectos jurídicos que inciden en la esfera personal de los administrados. Dichas conductas son generadas por los entes públicos en sus diferentes manifestaciones de creación de bienes y servicios destinados a la satisfacción de los fines públicos y tienen como norte primordial el cumplimiento de los principios propios del servicio público, como son la continuidad, la eficiencia, la adaptación a todo cambio y la igualdad de trato a los usuarios. En principio, dichas conductas revisten una presunción de legitimidad, que sólo se ve destruída ante el apartamiento de la función administrativa de las normas administrativas o ante demostración de un actuar antijurídico por parte de un servidor público. En este orden de ideas, debemos distinguir entre funcionamiento normal de la Administración, de aquel actuar que puede estimarse revestido de anormalidad. En el primer conjunto de conductas administrativas materiales legítimas encontramos la prestación normal de un servicio público, la coacción directa, la coacción anómala (en estados administrativos de urgencia o necesidad) y la preparación y ejecución de actos administrativos. En este último caso, se parte de la existencia previa de una conducta administrativa formal, que requiere una serie de actuaciones u operaciones materiales para que la misma pueda ser ejecutada y surtir sus efectos jurídicos en el mundo real. En el segundo grupo de conductas, estamos en presencia de dos supuestos de manifestaciones antijurídicas de la Administración. En el primer supuesto en concreto, hablamos de la vía de hecho, en cuyo caso es menester indicar que la misma corresponde a una conducta administrativa anormal de la Administración, constituyéndose una actuación material arbitraria, en el segundo, tenemos la no actuación de la Administración, traducida en una inactividad jurídica material, traducida en el no cumplimiento de las obligaciones públicas o en el hacer de manera tardía o incompleta. En este orden de ideas, debe distinguirse entre la inactividad material fáctica (el no hacer de lo debido por parte de la Administración) de la inactividad material positiva, que consiste en los casos en que se despliega una actuación material productora de un daño y no se hace nada para evitar el mismo, así como de la inactividad de efectos trilaterales, que se da cuando más allá de la vinculación entre un ente y un administrado, aquella no hace nada para que éste no afecte a terceros. Complementario de los razonamientos anteriores, es la existencia de situaciones de poder o activas de los ciudadanos frente a la Administración, mediante las cuales, el Administrado ejerce potestades, derechos subjetivos e intereses legítimos, que de ser lesionados por las conductas o inactividades descritas, podrían generar responsabilidad o correlativas obligaciones para el sujeto público causante de la afectación. De manera adicional, todo administrado posee situaciones deber o relaciones pasivas frente al Estado, entre las cuales se encuentran la sujeción, las obligaciones, las cargas y los deberes públicos. En todos estos casos, hay un deber del Administrado de soportar una conducta material o formal pública, siempre y cuando la misma no revista ilegitimidad, ya sea en su imposición o en su ejercicio. Hechas las anteriores consideraciones procede realizar el análisis de fondo.

IX.- Sobre el fondo: En su demanda, la parte actora pide lo siguiente: "a.- Se ordene a INCOFER que dentro del plazo improrrogable de 3 meses proceda a colocar un sistema de señales apropiado en todos los cruces a nivel de la línea férrea con caminos públicos (calles y avenidas) que se encuentran en el recorrido que va desde el cruce de carretera de circunvalación en San Pedro de Montes de Oca (Restaurante Taco Bell e inmediaciones de la UCR) hacia el oeste hasta llegar a la bifurcacion de la línea ferrea en Dirección13082 , , y desde allí hasta la estación al Atlántico, por un lado y hasta Dirección13081 , , por el otro, con el fin de que las locomotoras eliminen completamente el uso del silbato cuando pasen frente a nuestras casas de habitación". Funda lo solicitado en tanto considera que sufren molestias por el silbato del tren cuando pasa de manera cercana a sus viviendas, dado que el mismo se activa de manera ruidosa y desmedida. Por su parte, los codemandados indican que en el presente caso estamos en una de las excepciones del artículo 23 del Reglamento para el Control de la Contaminación por ruido, siendo así que el silbato del tren no puede ser considerado ni desmedido ni desproporcionado, dado que sigue las pautas técnicas definidas con relación a este instrumento. Al respecto, estima este Tribunal, realizar en primer término un análisis de lo resuelto por la Sala Constitucional sobre el tema. En este orden de ideas, el voto número 2006-5928, de las quince horas del dos de mayo de dos mil seis, indicó lo siguiente: "La bocina del tren también debe circunscribirse a los límites de emisión de ruido regulados en el Ordenamiento Nacional, dado que, no se trata de un ruido aislado como lo pretende hacer ver el recurrido, sino que es un ruido presente y acumulado para los vecinos de las líneas férreas, quienes tienen que sufrir constantemente la bocina y el ruido excesivo generado por la circulación del tren. Nótese, sobre el particular que, diariamente, inciden sobre el ambiente múltiples focos de emisiones sonoras, con lo que se destaca la necesidad de considerar el ruido ambiental como producto de múltiples emisiones que contribuyen a generar niveles de contaminación acústica poco recomendables desde el punto de vista sanitario, del bienestar y de la productividad, de ahí que es necesario, desde todo punto de vista, incluir el ruido generado por la bocina del tren, como una fuente nociva más que debe estar sujeta a controles sanitarios por parte del Estado y, específicamente, a través del Ministerio de Salud. Tal y como lo acusan los recurrentes y de conformidad con los criterios técnicos esbozados por las autoridades de la Organización Mundial de la Salud, el silbato del tren a las 5:05 a.m. sobrepasando los 70 decibeles, excede los niveles permitidos y constituye una interrupción grosera al sueño que supera los 45 decibelios como límite al ruido individual. (…) La contaminación sónica generada por el silbato del tren conduce a una obligación ineludible de las autoridades públicas de encontrar el equilibrio justo entre el bienestar económico que puede generar la utilización del tren como medio de transporte público y el efectivo disfrute de los derechos fundamentales al domicilio, la intimidad en la vida privada y familiar, así como el derecho a la salud y a un medio ambiente sano y equilibrado. Si bien este Tribunal comparte que la utilización de un medio de transporte público como lo es el transporte ferroviario es importante y se debe velar, asimismo, por la seguridad vial, lo cierto es que en aras del desarrollo sostenible, se deben adoptar medidas razonables además del uso de la bocina para controlar el paso del tren por las vías urbanas..." Como se advierte, en un primer término la Sala Constitucional considera sujeto a los límites del ordenamiento el respectivo silbato del tren y por ende, estima necesario someterlo a los mismos, en un equilibrio entre el interés público y de los particulares. Con posterioridad, la posición de la Sala se ve mantenida en el tiempo, en tanto estima necesario tutelar el derecho a la tranquilidad y la intimidad de una recurrente, de la siguiente manera: "IV.- SOBRE LA CONTAMINACIÓN SÓNICA EN EL CASO CONCRETO. Nombre110693 indicó que reside en el Condomio Rosa del Norte en Santa Rosa de Santo Domingo de Heredia. Reclamó que se ha visto afectada en su salud, como consecuencia de la contaminación sónica que produce la bocina del tren, específicamente, del servicio San José – Heredia y viceversa. Sobre el particular, la Ministra de Salud informó bajo la solemnidad del juramento, con el oportuno apercibimiento de las consecuencias, incluso penales, que puede traer la obstaculización de la administración de justicia en esta sede (artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional), que “(…) el ruido generado por la actividad del paso del tren, sobrepasa los límites establecidos en el Reglamento de Control de Ruido (…)” (ver informe a folio 12). Según se precisó, el ruido de fondo correspondía a 60.4 dB en condiciones normales, mientras que con el paso del tren, los niveles oscilaron entre 69 dB hasta 79 dB. Lo excesivo de dichas mediciones salta a la vista si se considera que el nivel máximo, según la normativa diurna, para una zona habitacional, es de 65 dB (visible a folio 15). Bajo las consideraciones expuestas en el acápite anterior y, atendiendo a lo categórico del resultado de las pruebas llevadas a cabo por las autoridades competentes, este Tribunal Constitucional debe intervenir en el presente asunto, en aras de restablecer a la tutelada en el pleno goce y ejercicio de sus derechos fundamentales. V.- SOBRE LA INSTALACIÓN DE AGUJAS Y SEÑALES LUMINOSAS. Según el criterio de la amparada, se deben instalar agujas y señales luminosas en las intersecciones, con el fin de aminorar la utilización de la bocina para alertar a los vehículos y a los transeúntes. Al respecto, el Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Ferrocarriles indicó que “(…) la posibilidad de instalar señales luminosas o agujas, es una opción que se ha venido valorando en la institución, sin embargo la naturaleza del servicio que da actualmente del tren que transita entre Heredia y San José (…) se asimila más a los tranvías o trenes livianos que funcionan en otras latitudes, y por su baja velocidad y frecuencia de paradas, dichas opciones técnicamente no son apropiadas (…)” (ver informe a folio 6). Es importante aclarar a la recurrente que este Tribunal Constitucional no puede entrar a analizar los criterios técnicos esgrimidos por la autoridad recurrida. Dicha pretensión excedería, sin lugar a dudas, la naturaleza sumaria del proceso de amparo, así como la competencia otorgada a esta Sala, tal y como está configurada por la Ley y la propia Constitución Política. De mantener alguna inconformidad en este sentido, puede acudir, si lo tiene a bien, a las vías ordinarias de legalidad. Así las cosas, este agravio debe ser desestimado. VI.- CONCLUSIÓN. En mérito de lo expuesto, se impone declarar parcialmente con lugar el recurso, únicamente, en lo que respecta a la contaminación sónica apuntada. POR TANTO: Se declara parcialmente con lugar el recurso. Se ordena a Miguel Antonio Carabaguíaz Murillo, en su condición de Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Ferrocarriles, o a quien en su lugar ejerza dicho cargo, que tome las medidas técnicas necesarias para reducir a límites razonables el ruido que produce la bocina del ferrocarril del servicio San José – Heredia, en su paso por las inmediaciones del Dirección13083 ubicado en Santa Rosa de Santo Domingo de Heredia, lo anterior, sin poner en riesgo la seguridad vial. Se advierte al recurrido que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Instituto Costarricense de Ferrocarriles al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. Notifíquese la presente resolución a Miguel Antonio Carabaguíaz Murillo, en su condición de Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Ferrocarriles, o a quien en su lugar ejerza dicho cargo, en forma personal. COMUNÍQUESE”.- (voto 2009-019103 de once horas y uno minutos del dieciocho de diciembre del dos mil nueve). No obstante, esta posición fue cediendo terreno con el tiempo, bajo un criterio de necesidad social. En este orden de ideas, la indicada Sala modifica su criterio con el transcurso del tiempo e incurre en resoluciones discrepantes entre sí, tales y como lo indica el voto número 2010-20536, de las dieciséis horas del 7 de diciembre de 2010, en donde se dispuso lo siguiente: "Este Tribunal ha conocido diversos recursos de amparo en los que se acusaba que el ruido provocado por el tren urbano causaba molestias que vulneraban el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado de los recurrentes. Debe indicarse que al conocer dichos asuntos, la Sala ha emitido una serie de criterios que incluso resultan contradictorios, tal y como se indicará a continuación. Así, en las sentencias números 2006-5928 de las quince horas del dos de mayo de dos mil seis, 2009-19103 de las once horas y un minuto del dieciocho de diciembre de dos mil nueve, y 3342-2010 de las ocho horas y cincuenta y ocho minutos del diecinueve de febrero del dos mil diez, el Tribunal declaró con lugar los recursos interpuestos, luego de constatar que el ruido provocado por el tren urbano y el tren a Heredia sobrepasaban los límites razonables, ordenando, en ese momento, que se redujera el sonido del tren. Por otra parte, en las sentencias números 2007-15263 de las doce horas con cuarenta y cinco minutos del diecinueve de octubre de dos mil siete, 2009-16822 de las once horas y cuarenta minutos del treinta de octubre del dos mil nueve, y 2010-4509 de las ocho horas y cuarenta y cinco minutos del cinco de marzo del dos mil diez, la Sala desestimó los recursos planteados por considerar, en los dos primeros casos, que el silbato del tren funcionaba como un mecanismo de seguridad para los vehículos y personas que circulaban en las cercanías de las vías férreas, así como que no se había podido comprobar que el ruido provocado por la bocina del ferrocarril superaba los límites legales, en el último de los casos. IV.- Ahora bien, en el caso concreto, el recurrente acusa que el sonido emitido por la bocina del tren que pasa por las cercanías de su hogar resulta insoportable, por lo que estima vulnerado lo dispuesto por el artículo 50 de la Constitución Política. Ante dicho reclamo, este Tribunal solicitó al Ministerio de Salud que procediera a efectuar una medición sónica en la vivienda del amparado, la que determinó que el ruido promedio producido era de 71.3 decibeles, y que éste se encontraba dentro de las excepciones previstas por el artículo 23 del Reglamento para el Control de Contaminación por Ruido, pues es emitido con el fin de evitar accidentes, tal y como alega el Presidente Ejecutivo del Incofer en su informe. Asimismo, debe señalarse que es un hecho público y notorio que la vía férrea que se ubica en las cercanías de la vivienda del amparado, atraviesa una vía que es bastante concurrida por parte de vehículos, cuyos conductores no tienen un grado de visibilidad óptimo para ver al tren, debido a que gran parte de la vía férrea se encuentra oculta por construcciones que se ubican a su alrededor, lo que dificulta, en gran manera, que los conductores o transeúntes que circulan por el sitio puedan conocer, con la antelación necesaria, cuando pasará el tren urbano por el cruce de vía. Con vista en lo anterior, este Tribunal considera que, en el presente asunto, no puede constatarse vulneración alguna a los derechos fundamentales del tutelado, pues resulta necesario que el conductor del tren accione la bocina de éste, con el fin de alertar a los conductores sobre su paso y evitar así accidentes que puedan llegar a provocar la pérdida de vidas humanas. En ese sentido, conviene recordar que ya en la sentencia número 2007-15263 antes mencionada, así como en el voto número 2006-16628 de las once horas y dos minutos del diecisiete de noviembre del dos mil seis, la Sala indicó que el derecho a la tranquilidad, al igual que cualquier otro derecho, se encuentran limitados por una serie de circunstancias propias de la convivencia social, las cuales obligan a soportar molestias en aras del bien común. En virtud de lo anterior, el Tribunal estima que en el presente asunto el ruido provocado por la bocina del tren se constituye, precisamente, en una de esas perturbaciones que deben soportar las personas en aras de evitar la pérdida de vidas humanas, lesiones severas y daños a los bienes, y que, en todo caso, se encuentra incluso avalada por el Ordenamiento Jurídico, al estar establecida en el artículo 23 del Reglamento para el Control de Contaminación por Ruido, tal y como indica la Ministra de Salud en su informe. Dicha afirmación se refuerza en los informes rendidos por el Ministro de Obras Públicas y Transportes, el Director General de Ingeniería de Tránsito, y el Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad, quienes son contestes en afirmar la necesidad de que el tren active su bocina en los cruces de vía, con el fin de advertir a los conductores sobre su paso, y evitar así accidentes de tránsito. Asimismo, conviene indicar que del informe rendido por el Director General de Ingeniería de Tránsito y el Director Ejecutivo del Consejo de Seguridad Vial, se desprende que esta última autoridad tiene previsto para el año dos mil once la ejecución de proyecto para la instalación de semáforos especiales para los cruces de vía del ferrocarril, de ahí que se denote que la Administración se encuentra realizando las acciones del caso, con el fin de ir reduciendo la necesidad de que el maquinista del ferrocarril suene su bocina cuando transite por dichos sitios." Ejemplo claro de esta actitud errática de la Sala Constitucional ante este problema de afectación de derechos fundamentales presentado ante su conocimiento, es el voto Nº 2011-015975 de las nueve horas treinta minutos del veinticinco de noviembre de dos mil once, en donde ante un alegado incumplimiento de uno de sus votos, la Sala Constitucional, concluye con lo siguiente: "I.- La recurrente acusa que no se ha cumplido lo ordenado por la Sala en la sentencia número 2009-019103 de las 11:01 horas del 18 de diciembre de 2009. II.- El presente amparo se declaró con lugar por cuanto esta Sala tuvo por acreditado que: el ruido de fondo correspondía a 60.4 dB en condiciones normales, mientras que con el paso del tren, los niveles oscilaron entre 69 dB hasta 79 dB. Lo excesivo de dichas mediciones salta a la vista si se considera que el nivel máximo, según la normativa diurna, para una zona habitacional, es de 65 dB («)´. Por ende, mediante la citada sentencia 2009-019103, se ordenó lo siguiente: ³Se declara parcialmente con lugar el recurso. Se ordena a Miguel Antonio Carabaguíaz Murillo, en su condición de Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Ferrocarriles, o a quien en su lugar ejerza dicho cargo, que tome las medidas técnicas necesarias para reducir a límites razonables el ruido que produce la bocina del ferrocarril del servicio San José ±Heredia, en su paso por las inmediaciones del Dirección13083 ubicado en Santa Rosa de Santo Domingo de Heredia, lo anterior, sin poner en riesgo la seguridad vial. Se advierte al recurrido que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Instituto Costarricense de Ferrocarriles al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. Notifíquese la presente resolución a Miguel Antonio Carabaguíaz Murillo, en su condición de Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Ferrocarriles, o a quien en su lugar ejerza dicho cargo, en forma personal.´ Ahora bien, en la especie, y según se desprende del informe rendido bajo juramento por parte de la autoridad recurrida, se realizaron las gestiones administrativas correspondientes que derivaron en la efectiva disminución del ruido ocasionado por la bocina del tren. Por lo demás, del informe rendido por las autoridades recurridas y de las pruebas aportadas a los autos se desprende que, las autoridades del INCOFER dispusieron las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo ordenado por esta Sala en la sentencia 2009-019103 de las 11:01 horas del 18 de diciembre de 2009. Se debe tener presente que la reducción del sonido emitido por la pitoreta del tren se tiene que aplicar dentro de límites razonables, pues constituye una señal preventiva para los conductores de vehículos automotores que van a cruzar por la vía férrea, lo mismo que para los transeúntes, por lo que la reducción de este ruido se tiene que dar de tal forma que no se ponga en riesgo la seguridad vial. Por lo que es pertinente desestimar la gestión de la recurrente". (el destacado es nuestro). Inclusive, es de advertir que esta posición con el tiempo se va reafirmando en favor de mantener el ruido, trasladando de manera inadecuada la carga de demostración de la afectación del mismo, al usuario. En este sentido, el voto 2011-001086 de las diez horas y dos minutos del veintiocho de enero del dos mil once, razonó lo siguiente: "... la Sala determinó que la superación del límite de ruido individual –fijado en cuarenta y cinco decibeles- con motivo de accionar la bocina del tren –lo cual eleva el ruido a más de setenta decibeles- es una situación que por la contaminación sónica que provoca debe ser regulada por las instancias administrativas correspondientes, de manera que logre equilibrarse el funcionamiento de este medio de transporte con el derecho a disponer de un ambiente sano. Pero en este caso, producto de los pronunciamientos de este Tribunal, los recurridos bajo juramento indican que el sonido que produce la pitoreta es una señal para los conductores en los cruces de vías y se encuentra entre los límites permitidos y es usado internacionalmente como medida de prevención, aunado a que no es el único ruido existente en el lugar, donde transitan gran cantidad de vehículos automotor. Partiendo de esta declaración, es válido concluir que la bocina del tren en la zona indicada, si bien es altamente escuchada por los vecinos, transeúntes y conductores, no impone una carga excepcional sobre el ruido ambiente que por sí mismo ya existe en dicha zona, por lo que resulta impropio afirmar que existe una violación ambiental provocada de manera aislada por el funcionamiento de esta alarma. Por el contrario, la situación sónica del sector es producto de la unión de diferentes factores donde la bocina del ferrocarril es uno entre tantos, y el que, por demás, tampoco contribuye de manera significativa al aumento en los decibeles que se escuchan. Asimismo, se trata de un sistema de alarma de carácter preventivo, que utilizado en intersecciones peligrosas que contribuye a aminorar el riesgo de accidentes con víctimas. Por estas razones, el recurso se desestima...." No obstante, curiosamente, en otros supuestos, la Sala ha mantenido su posición primigenia. Así el voto Nº 2010-003342 de ocho horas y cincuenta y ocho minutos del diecinueve de febrero del dos mil diez, resolvió lo siguiente: "... del hecho público y notorio de que el ruido de las bocinas de los trenes del INCOFER superan los límites razonables, que en el presente caso, producen contaminación sónica en el Liceo de Costa Rica y sus inmediaciones, se desprende que existe una vulneración del derecho fundamental al ambiente sano y ecológicamente equilibrado por parte de ese Instituto, por lo que el amparo debe declararse con lugar y ordenarse al INCOFER que adopte las medidas técnicas necesarias para reducir a límites razonables el ruido de las bocinas de sus ferrocarriles...". En otros casos, la Sala Constitucional se ha permitido realizar valoraciones técnicas de fondo sobre las situaciones particulares. En este orden de ideas, el voto Nº 2011-004427 de las diez horas y seis minutos del uno de abril del dos mil once, indicó: "III.- El caso concreto. La aducida contaminación sónica. En el caso bajo estudio, la vivienda de los amparados es colindante con la vía férrea por la cual transitan los ferrocarriles que cubren las rutas Heredia-San José-Montes de Oca y viceversa, y Pavas-San José-Montes de Oca y viceversa, propiamente cerca de la intersección de la Universidad Latina. Se demuestra, con la prueba ordenada para mejor proveer, que el ruido ambiente en la zona donde se ubica la vivienda, es de 58.5 decibeles, ruido al que aunado el sonido de la bocina del ferrocarril –fuente generadora- asciende a un promedio entre los 84.5 y 75.8 decibeles, llegando en un pico máximo a los 94 decibeles (ver informe de folio 59). Así, es claro que la regularidad del ruido ambiente más la fuente generadora dista de ser excesivo respecto del ruido ambiente que ya existe en esa zona, de donde resulta que la molestia que deben soportar los accionantes, es proporcional con la finalidad de seguridad vial pretendida con estos mecanismos, estando así enmarcado dentro de las regulaciones o excepciones que el propio Ministerio de Salud indica en sus informes, especialmente cuando el cruce ferroviario se encuentra en una zona de tan alto tránsito como en la que se ubica la vivienda de los amparados. Por otra parte, los propios amparados informaron que el tren comprado recientemente no genera mayor problema. En consecuencia, debe descartarse la aducida violación constitucional, por lo que el recurso debe ser declarado sin lugar en cuanto a este extremo. IV.- Sobre la aplicación de otros mecanismos de seguridad. Por otra parte, refieren los recurrentes que el uso de la bocina puede ser eliminado o restringido, y en su lugar, que la autoridad recurrida disponga otros mecanismos de seguridad como agujas y señales lumínicas o sonoras. Sobre el particular, refiere la autoridad recurrida que esas opciones se han valorado, pero dada la naturaleza del servicio que actualmente se presta en cuando a la velocidad y las múltiples paradas, tales opciones no son técnicamente apropiadas, pues incluso también dependen de la observancia que presten los conductores; de igual manera, la colocación de estos mecanismos traería también un problema en la fluidez del tránsito, especialmente en zonas concurridas. Debe indicarse al amparado que ya la Sala se ha pronunciado en el sentido que la colocación del tipo de mecanismos de seguridad mencionados, es un asunto de competencia técnica del Instituto Costarricense de Ferrocarriles que escapa al ámbito de competencias de la jurisdicción constitucional; así, debe ser dicha entidad la que determine la procedencia de su instalación –ver, en este sentido, sentencia de esta Sala número 2007-10155, de las once horas treinta y nueve minutos del veinte de julio de dos mil siete-, y si en este caso, tal como se informa, resulta inapropiada su implementación, debe seguirse este criterio técnico pues carece la Sala de otros elementos para disponer lo contrario. En todo caso, el conocimiento adquirido por la Sala con la substanciación de otras acciones de garantía similares, informa que existe un proyecto entre las autoridades recurridas y las instancias del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, para la implementación de otras alternativas de seguridad vial en las intersecciones ferroviarias (semáforos especiales), cuyos componentes deberían ejecutarse durante los años 2011 y 2012, por lo que debe instarse a la autoridad recurrida a la ejecución de todas las acciones que se encuentren dentro de su ámbito de competencias, para que los planes previstos sean debidamente aplicados cuando técnicamente así se determine". Inclusive, en un voto más reciente, la Sala Constitucional sin ahondar el grado de afectación que puede suscitarse, rechaza un recurso planteado, empleando nuevamente criterios de conveniencia. Así el voto Nº 2013-013523 de las nueve horas cinco minutos del once de octubre de dos mil trece, resolvió: "IV.- Sobre el caso concreto. En el presente asunto, los recurrentes, quienes son vecinos de Cartago, aducen que el ruido generado por la bocina del tren que pasa cerca de sus casas no les permite, situación que estima contraria a su derecho a la tranquilidad. En su informe, el Presidente Ejecutivo del INCOFER, explica que la bocina del tren es un instrumento utilizado para alertar a los peatones y conductores sobre la presencia del ferrocarril, con el fin de evitar incidentes. Con vista en lo anterior, esta Sala estima que en el presente asunto no existe violación alguna a los derechos tutelados por la Constitución Política, ya que el ruido generado por la bocina del tren interurbano es precisamente una de las perturbaciones que como producto de la convivencia social los amparados se encuentran obligadas a soportar, pues el mismo tiene la finalidad de evitar que se produzcan accidentes que pudieran generar tanto pérdidas materiales como de vidas humanas. Asimismo, debe tomarse en cuenta que del informe rendido bajo juramento por la autoridad recurrida, se desprende que la incorporación de señales luminosas o agujas en la travesía del tren metropolitano de San José, no es una opción técnicamente apropiada, pues la naturaleza del servicio que actualmente se brinda, se asemeja más a la de un tranvía o tren liviano, situación que obliga a utilizar la bocina como medio de alerta sobre el paso del tren. Así, en razón de lo expuesto anteriormente, esta Sala considera que el presente recurso debe ser desestimado, como en efecto se hace." Como se advierte no existe una posición única por parte de nuestro Tribunal Constitucional en la materia, en tanto que ha oscilado entre la tutela de los derechos fundamentales de los recurrentes y la salvaguarda del servicio público prestado. Para efectos de la jurisdicción contencioso administrativa, lo resuelto en uno u otro sentido, si bien sumamente respetable, en nada vincula nuestro análisis, habida cuenta que las consideraciones que se realizarán, serán desde el punto de vista de un análisis de legalidad y no de lesión a la Constitución Política. E ste Tribunal es del criterio que lo resuelto por la Sala Constitucional desde el ámbito de sus competencias propias, no excluye el necesario control de legalidad de la conducta administrativa, establecido en los artículos 1.1 y 1.2 del Código Procesal Contencioso Administrativo, en tanto disponen: "1) La Jurisdicción Contencioso-Administrativa, establecida en el artículo 49 de la Constitución Política, tiene por objeto tutelar las situaciones jurídicas de toda persona, garantizar o restablecer la legalidad de cualquier conducta de la Administración Pública sujeta al Derecho administrativo, así como conocer y resolver los diversos aspectos de la relación jurídico-administrativa. 2) Los motivos de ilegalidad comprenden cualquier infracción, por acción u omisión, al ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder". Los alcances de la jurisdicción contencioso administrativa a partir de la entrada en vigencia del Código Procesal Contencioso Administrativo, han sido definidos como un "control plenario y universal" del cual no se puede escapar prácticamente ninguna conducta administrativa. En este sentido, se ha indicado "... el nuevo CPCA al emplear un concepto tan amplio y genérico como el de conducta administrativa evita cualquier restricción legislativa del control de legalidad plenario y universal diseñado por el constituyente, puesto que, como veremos, se complementa, incluso, con la noción de relación jurídico-administrativa la cual tiene un contenido muy basto y funciona a modo de cláusula residual para abordar o comprender cualquier relación jurídica que esté sometida a un régimen de Derecho Administrativo...." Jinesta Lobo. Ernesto. en El Nuevo Proceso Contencioso Administrativo. Escuela Judicial. En razón de lo anterior, este Tribunal estima que alegados vicios de una conducta administrativa determinada por motivos de legalidad, indefectiblemente, es necesario entrar a su conocimiento y resolución. Mal harían los Juzgadores, si advirtiendo vicios de legalidad en una conducta administrativa, se abstengan de pronunciarse al respecto y mantengan un acto, que se aparta del ordenamiento jurídico aplicable, con evidente afectación a intereses o derechos de un Administrado. Conteste con lo indicado, debe tomarse en consideración el voto 01469-2011 de 30 de noviembre de 2011 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, sobre los alcances de la vinculatoriedad de los votos de la Sala Constitucional, en tanto dispuso lo siguiente: "..... la vinculatoriedad de un fallo está referida, no ya a las partes que contendieron, (pues es claro que lo dispuesto por el órgano competente les obliga, en tanto su controversia ya fue decidida en forma definitiva), sino a otros sujetos ajenos al proceso, determinados expresamente por una norma (constitucional o legal). En lo que a este proceso interesa, se reconoce este principio respecto de las decisiones finales adoptadas por la Sala Constitucional. De esta manera, el mandato 13 de la LJC versa: “La jurisprudencia y los precedentes de la jurisdicción constitucional son vinculantes erga omnes, salvo para sí misma”. Se observa que la redacción de esta norma puede prestarse a equívocos en cuanto al objeto de la vinculatoriedad, en razón de su aparente amplitud. No obstante, de su concordancia con los preceptos primero del mismo cuerpo normativo –que define su competencia material- y 8 inciso 1) párrafo tercero de la LOPJ, se determina que ésta sólo reside en los pronunciamientos referidos al Derecho de la Constitución. Más sencillo, a las interpretaciones que del bloque de constitucionalidad emita este órgano. Es claro que la competencia de aquel Tribunal (y el deslinde con la que corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa), es un tema diverso al de la vinculatoriedad de sus fallos; sin embargo, nutre o define su objeto. Así las cosas, en tanto le corresponde garantizar los derechos y libertades fundamentales (precepto 48 de la Carta Magna), ejercer el control de la constitucionalidad de las normas de cualquier naturaleza y de los actos sometidos al Derecho Público, y la resolución de los conflictos de competencia entre los Poderes del Estado (norma 10 ibídem), o lo que es igual, pronunciarse sobre los conflictos y cuestionamientos de orden constitucional, las explicaciones que del Derecho de la Constitución profiera es lo que se impone a quienes aplican o interpretan aspectos jurídicos y a todas las personas (físicas o jurídicas, públicas o privadas). Ahora bien, merece atención la hipótesis de eventuales interpretaciones en que pueda incurrir el Tribunal Constitucional de las normas infraconstitucionales. En este supuesto, lo establecido por aquel Órgano no limita u obliga a los restantes tribunales (entre ellos, claro está, a los contencioso administrativos), pues la vinculatoriedad, como se dijo, se limita a las cuestiones de naturaleza y trascendencia constitucional (se reitera, lo propio de su competencia). En este mismo orden de ideas, en sentencia n.° 1000-F-SI-2010 de las 9 horas 35 minutos del 26 de agosto de 2010, esta Cámara indicó que “[…] la vinculatoriedad de los precedentes emanados de la jurisdicción constitucional se da, únicamente, respecto de la interpretación de los alcances de los derechos fundamentales y las normas constitucionales, no así en cuanto a aspectos de legalidad […]”. Véase, en igual sentido, la resolución n.° 226-F-SI-2008 de las 15 horas 26 minutos del 14 de marzo de 2008. También, la propia Sala Constitucional ha señalado: “[…] tal y como lo dispone el párrafo final del artículo 8.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando existan precedentes o jurisprudencia constitucional para resolver el caso, el juez está obligado a interpretar y aplicar las normas o actos propios del asunto, conforme con tales precedentes o jurisprudencia incluso si para hacerlo haya de desaplicar leyes u otras normas que resulten incompatibles con ellos, siempre y cuando, claro está, se trate se las mismas hipótesis o supuestos, de modo que la situación bajo el conocimiento del Juez resulta idéntica a la resuelta por el precedente o la jurisprudencia constitucional. Esto es así, además, por virtud de que el artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece que "la jurisprudencia y los precedentes de la jurisdicción constitucional son vinculantes erga omnes", dado que ofrecen la forma en que los actos sujetos al derecho público y la normativa en general, pueden entenderse conforme con el Derecho de la Constitución . Además , esta misma norma, en principio, se aplica a la propia Sala Constitucional, por virtud de lo dispuesto en el artículo 9( [sic] de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, ya para inadmitir o para resolver por el fondo cualquier acción o gestión ante ella intentada, con la salvedad, y esto es obvio por tratarse del propio Tribunal Constitucional, que la jurisprudencia y los precedentes lo vinculan en tanto no encuentre razones para variar sus propias tesis o criterios. Si, como es de rigor, el Derecho de la Constitución está integrado no solamente por los valores, principios y normas constitucionales, sino también por otros parámetros de constitucionalidad (instrumentos de derecho internacional, prácticas secundum constitutionem, etc) y la propia producción jurisprudencial que en ejercicio de su competencia va generando la Sala Constitucional y que necesariamente se integra al mismo nivel normativo que interpreta o aplica, la Sala puede y debe, en ejercicio de su competencia, estar en capacidad de ir adecuando sus propias interpretaciones, cuando las circunstancias lo ameritan” (el subrayado se agrega). Finalmente, esta Sala considera necesario señalar que la vinculatoriedad de una sentencia constitucional no depende de si es estimatoria o desestimatoria, según lo señalaron los juzgadores en el fallo impugnado, porque del canon 55 de la LJC no puede desprenderse esa situación. Al respecto, dispone esa norma: “El rechazo del recurso de amparo no prejuzga sobre las responsabilidades en que haya podido incurrir el autor del agravio. El ofendido o la Administración, en su caso, podrán promover o ejercitar las acciones que correspondan, o aplicar las medidas pertinentes.” (Lo subrayado no es del original). Se colige que regula un aspecto fáctico distinto: la eventual responsabilidad del autor del agravio, no si la sentencia es vinculante. En esta misma línea, el Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo dispuso: “[…] son revisables ante la jurisdicción contencioso administrativa, tanto los supuestos donde el tribunal constitucional, haya desestimado o declarado sin lugar el recurso de amparo o habeas corpus planteado, por considerar que la conducta impugnada, no resulta contraria de manera directa al Derecho de la Constitución, pues en ese supuesto, no se alude a la legalidad del acto o conducta (de resorte exclusivo de los jueces contenciosos), como aquellos en los cuales, declarada la inconformidad con la Carta Magna, el justiciable estime oportuno, discutir la conformidad de las actuaciones, con el bloque de legalidad. En estos casos, el administrado puede acudir a la vía contencioso administrativa, para hacer valer sus eventuales derechos subjetivos o intereses legítimos y requerir se determine en esa instancia, si las conductas o actos impugnados resultan o no contrarios al ordenamiento jurídico. De ahí que no sea válida la interpretación hecha por el demandado, en el sentido de que producen cosa juzgada todos los fallos emitidos por la Sala Constitucional, en tanto el análisis que efectúa dicho órgano decisor, es distinto del que ha realizado el Tribunal Contencioso Administrativo” (resolución n.° 107-F-SI-2010 de las 8 horas 30 minutos del 30 de abril de 2010, el subrayado no corresponde al original)....." De conformidad con lo anterior, resulta procede realizar el análisis de legalidad de las conductas sometidas a conocimiento de este Tribunal y por consiguiente es menester referirse al artículo 23 del decreto ejecutivo número 28718-S, denominado "Reglamento para el Control de Contaminación por Ruido", en tanto señala lo siguiente: "Artículo 23.- Excepciones. Las siguientes acciones estarán exentas de los requisitos establecidos en el artículo anterior. - Periodo Diurno (6,00 horas y las 20,00 horas) - Sonidos por proyectos temporales para la reparación y mantenimiento de hogares y sus dependencias. - Sonidos producidos por el disparo de armas livianas de fuego en polígonos de tiro autorizados. - Sonidos producidos durante la instalación y reparación de servicios públicos esenciales - Sonidos estrictamente necesarios producidos por personal de emergencia, policías, bomberos o conductores de ambulancias y otros similares, o por el equipo utilizado por el citado personal durante el cumplimiento de sus deberes a fin de proteger la salud, integridad física, seguridad de la comunidad o en labores que deban realizarse después de un desastre público. Se incluyen además las plantas generadoras de electricidad, subestaciones y equipo de bombeo de agua durante casos de emergencia temporal. - Sonidos producidos por artefactos para la prevención de accidentes. - Sonidos producidos en actos públicos eventuales y paradas no rutinarias. - Sonidos causados por alarmas, campanario y similares que tengan una duración de cinco (5) minutos. - Sonido causado por la voz humana no amplificada. - Sonido causado por animales. - Cualquier otra actividad que a criterio técnico no genere un problema de contaminación sónica". De una lectura de la norma de cita estima este Tribunal que la misma no legitima el exceso de sonido que podría provocarse por encima de los niveles establecidos en el artículo 20 del Reglamento de cita, cuando como en el caso, los mismos provocan una afectación a los derechos de terceros, de manera innecesaria. Si bien la norma permite el uso extraordinario de niveles superiores para impedir accidentes, no significa que legitime su uso ordinario, cuando usando los niveles ordinarios se cumpla el cometido de la señal acústica. Para este Tribunal es claro que la norma prevé en su contenido dos supuestos. En primer término la regulación "normal" del ruido, aplicable según la zona en concreto y la cual presenta y contempla de manera técnica un nivel máximo de sonido no lesivo a los derechos de los ciudadanos. Por otra, se presenta una previsión de circunstancias excepcionales o "anormales", en las cuales es legítimo un nivel superior de ruido atendiendo a eventos muy particulares y no comunes. En estos casos, la legitimidad la da estas características y no es permitido que la Administración las califique de manera extensiva para cualquier supuesto que a pesar de guardar normalidad, se pretenda revestir de una presunta anormalidad. La ubicación de una situación concreta en uno u otro supuesto dependerá de la verificación de si el uso de la intensidad superior a lo normal a lo debido del ruido, es estrictamente necesaria, razonable y proporcional o no, lo cual, tal y como se presenta en el caso de análisis, debe ser carga de la Administración, su demostración, y de lo cual no se evidencia prueba en los autos. De una lectura de la normativa indicada, se advierte con claridad que el ordenamiento jurídico indicado prevé la existencia de niveles de ruido como una carga que debe soportar el administrado por el mero hecho de la convivencia social. Esta afectación jurídica, será variable, dependiendo del sitio en donde el mismo se encuentre, en tanto que no será lo mismo el ruido que debe soportar una persona que viva en la ciudad que otra que habite en el campo. Resulta razonable que en este orden de ideas, en orden al interés común, según las circunstancias, uno u otro, estén obligados a soportar de manera lícita el peso que todos debemos cargar por el mero hecho de ser un "animal social" y convivir con actividades generadoras de ruido, que son inherentes a la sociedad en la que vivimos y al uso de los medios mecánicos y tecnológicos existentes. También se advierte de la normativa, que como parte de dicha carga, existen circunstancias calificadas, temporales, necesarias o de interés superior, que imponen el deber de soportar niveles de rango superior de ruido. En este sentido, si bien el ciudadano tiene una serie de derechos fundamentales a tutelar, existe un correlativo deber de convivencia ante perturbaciones no significativas o temporales a su ejercicio. Lo anterior, en tanto que el disfrute de los derechos no es irrestricto, sino que se encuentra marcado por la propia esencia del derecho y los derechos de los demás. No obstante, para este Tribunal es evidente que las restricciones y afectaciones a los derechos de los ciudadanos en tales casos, deben ser interpretadas de manera restrictiva y bajo principios de razonabilidad y proporcionalidad. Así, si bien la normativa en mención establece excepciones a los niveles máximos preestablecidos de ruido, no debe entenderse que las mismas puedan ser consideradas una vía que legitime cualquier ruido sin límite, alegando tales supuestos, de manera inmotivada e innecesaria. Ante todo debe recordarse que la existencia misma de una actividad de interés económico y social, no legitima la existencia de una interdicción de los derechos de aquellos que sean afectados y/o beneficiados por su prestación, ni enerva la obligación de los responsables de su administración, sean públicos o privados, de adoptar las medidas necesarias, sea para indemnizar el daño, sea para ralentizarlo o para implementar las medidas técnicas correspondientes para evitar efectos lesivos. El interés público no debe ser visto como contradictorio con el interés mismo de los ciudadanos a la hora de adopción de una determinada conducta administrativa, ni puede ser excusa para que un grupo de la colectividad pueda ver lesionados sus derechos de manera impune, cuando se ejerce la voluntad administrativa de forma irrazonable o inmotivada. En el caso de análisis, este Tribunal, tomando en consideración el elemento probatorio visto en el proceso, estima procedente y necesario el uso del silbato del tren como una medida preventiva y vinculada con el servicio público prestado (ver declaración testimonial de Jorge Manuel Lopez, Gerente de Operaciones del ente codemandado). En este orden de ideas, el sonido que no exceda los límites propios establecidos en el ordenamiento, es conforme al ordenamiento jurídico y no resulta reprochable. No consta en autos que la conducta administrativa como tal, sea contraria al derecho o al interés público. Es un hecho que todo ciudadano que viva en las cercanías de una vía férrea tendrá el deber de soportar las molestias normales que el discurrir del tren le genere. Es una carga propia de la convivencia social y del hecho mismo de habitar en un centro urbano con la existencia de una serie de servicios privados y públicos a su alcance. Hay en estos casos, un funcionamiento normal de la Administración, que si bien provoca un sacrificio singular, no es de especial gravedad. Interpretar que toda perturbación en tales condiciones es antijurídico, significaría tornar nugatorio el actuar ordinario administrativo, en tanto que el mero transcurrir de un tren provoca per se - sin necesidad de uso de silbato- vibración y algún nivel de ruido adicional al ordinario. Estamos en estos casos ante un funcionamiento normal de la Administración, generador de resultados esperables y posibles de una actividad en particular, máxime en situaciones como la del ferrocarril en nuestro país, en donde es público y notorio, que la vía férrea se ha mantenido en el mismo sitio por muchas décadas, siendo esperable por parte de los vecinos correspondientes, que su uso normal y ordinario, dentro de los límites técnicos y de legalidad, generen efectos, tanto positivos como negativos sobre sus esferas jurídicas. Lo anterior, no significa que este Tribunal acuerpe la denominada doctrina de la "pre-ocupación", (según la cual se debe tolerar la actividad contaminante, existente de manera previa a que un sujeto se instale en determinado lugar). Sin embargo, sí adquiere relevancia el indicado hecho para concretar la existencia de un específico nivel de soportabilidad jurídica, cuando técnicamente se establecen márgenes razonables de afectación con motivo de un funcionamiento normal de una actividad. No obstante, el uso constante e infundado del silbato por encima de los niveles establecidos en el artículo 20 del reglamento en mención, sí lo estima este Tribunal como antijurídico. En estos casos, estaríamos ante una especialidad del daño, en la cual se da un rompimiento de la igualdad ante las cargas públicas, ante la reiteración y exceso del ruido en horas claves para el pleno ejercicio del derecho a la privacidad e intimidad de los ciudadanos. En estos casos, las persistencia e intensidad hace que un funcionamiento legítimo - sonido que debo soportar por la convivencia social- deje de ser admisible para trasladarse a un ámbito lesivo de la esfera jurídica del afectado. Considera este Tribunal que el acatamiento y observancia de las normas administrativas no colocan al administrado en una situación de precariedad tal, que no se tenga límites en la aplicación de las mismas o que el interés privado no posea ninguna relevancia cuando se invoca un exceso en la conducta administrativa. La Administración ante tales supuestos no puede desdeñar, ni obviar una afectación jurídica como tal, bajo el amparo de la mera invocación de una necesidad social. Es por esta razón que este Tribunal manifiesta un criterio discrepante con lo resuelto por la Sala Constitucional sobre el tema, en tanto que las consideraciones de necesidad social, no pueden significar in re ipsa, una abdicación de la necesidad de análisis de la situación particular en orden a la vulneración concreta que se presente en un caso sometido a nuestro conocimiento. En este orden de ideas, toda esfera jurídica de un ciudadano posee un cúmulo de derechos inherentes a su condición de persona humana. El derecho a un ambiente sano y equilibrado y el derecho al ejercicio de una intimidad libre de perturbaciones son connaturales a todo ser social. Nuestro Ordenamiento Jurídico, define la contaminación en el artículo 62 de la Ley Orgánica del Ambiente, Ley Nº 7554 de 4 de octubre de 1996, de la siguiente manera: “Se considera contaminación de la atmósfera la presencia en ella y en concentraciones superiores a los niveles permisibles fijados de partículas sólidas, polvo, humo, vapor, gases, malos olores, radiaciones, ruidos, ondas acústicas imperceptibles y otros agentes de contaminación que el Poder Ejecutivo defina como tales en el reglamento.” Por otra parte, el indicado Reglamento para el control de la contaminación por ruido, define la contaminación por ruido, en el siguiente sentido: “Cualquier emisión de sonido que afecte adversamente la salud o seguridad de los seres humanos, la propiedad o el disfrute de la misma, según las normas que se establecen en este Reglamento.” Con relación a la vinculación del ruido con la afectación a los derechos mencionados, es de relevancia citar el voto Nº 5681-1993 de las 14:09 hrs. del 5 de noviembre de 1993, en donde la Sala Constitucional indicó: “(…) El derecho a la intimidad encuentra su base en el artículo 24 de la Constitución Política, y se refiere básicamente, al derecho que tiene el particular al desarrollo de su personalidad dentro de una esfera de autonomía, que le permita desenvolverse en un ámbito al cual no puedan tener acceso aquellas personas que él no desee. El hombre es en principio, un ser social, pero esto no significa que sea únicamente en ese ámbito de la vida en que se desenvuelve, sino que necesita de una esfera de intimidad, de vida interior que incluye el silencio y el retiro. La intimidad, pues, incluye la tranquilidad dentro de ese espacio, que a su vez constituye límite para los demás. Precisamente, de la relación del artículo 24 con el 28 de nuestra Constitución Política, el principio de libertad que rige para los individuos, tiene como uno de sus límites el no perjudicar a terceros, su bienestar, deduciéndose la protección de su ámbito de intimidad y tranquilidad. El poseer una esfera de libertad implica que cada persona tiene derecho a aislarse de la comunidad. El ruido, es un modo inequívoco de perturbación a la tranquilidad a la que tienen derecho las personas, máxime en el nivel de mayor intimidad que corresponde al lugar en donde se reside. Consecuentemente, el que las autoridades no hayan tutelado este derecho, permitiendo el funcionamiento de una actividad que era dañina a esa tranquilidad les hace responsables de esa desprotección. …”. De conformidad con lo anterior, es evidente que la existencia de niveles de ruido excesivos tendrán efectos negativos sobre la esfera jurídica más íntima de la persona y consecuentemente resultan antijurídicos. Como se advierte, en el caso en examen, se puede aplicar la presunción humana como elemento de convicción de este Tribunal, en estricta aplicación del artículo 417 del Código Procesal Civil, en tanto dispone lo siguiente: "Artículo 417.- Presunción humana. Las presunciones humanas solo constituyen prueba si son consecuencia directa, precisa y lógicamente deducida de un hecho comprobado. La prueba de presunciones deberá ser grave y concordar con las demás rendidas en el proceso". Con respecto a la figura de la presunción, ha dicho, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia lo siguiente: “ Para que exista una presunción como medio de prueba es necesario, en primer término, que se de un acontecimiento positivo o negativo, cierto del que ha de deducirse el que se quiere conocer. La existencia o inexistencia de este acaecimiento denominado en sentido amplio hecho base, o más técnicamente indicio, tiene que estar debidamente acreditado en el proceso para que asegure la viabilidad de la presunción. Así se deduce del artículo 417 del Código Procesal Civil: “Las presunciones humanas sólo constituyen prueba si son consecuencia directa, precisa y lógicamente deducida de un hecho comprobado”. La Sala ha indicado que este tipo de presunción “…es el resultado del ejercicio de la discrecionalidad otorgada al juzgador para apreciar la prueba, derivando entonces la presunción de otros hechos que se han tenido por ciertos” (no. 848-F, de las 14 horas 45 minutos del 31 de octubre del 2001). Esta conexión, que debe ser directa y precisa, entre el hecho base o indicio y el acaecimiento que se pretende derivar (hecho consecuencia), se verifica con arreglo a normas puramente lógicas, a las reglas del criterio humano, tarea que lleva a cabo el Juez investido de poder discrecional según su conciencia y discernimiento. Es éste quien de modo exclusivo infiere de tal prueba un hecho o acto, según su convicción interna le inspire dentro de un marco de razonabilidad y racionalidad, en un prius lógico que no atente con la sana crítica, de ahí que, su juicio se mantiene, salvo se demuestre ser contrario a la evidencia que las pruebas ostentan, ya sea por mediar error de hecho o de derecho en su estimación respecto de los hechos base o indiciarios, o bien, que la inferencia raye en lo absurdo por contrariar el sentido común o los fenómenos naturales” (sentencia no. 25-F-2007, de las 10 horas 45 minutos del 19 de enero de 2007) (la negrita no es del original). (Sobre el particular, pueden consultarse entre otras, las sentencias de la misma Sala no. 27 de las 10 horas 30 minutos del 5 de mayo de 1993, no. 217 de las 15 horas del 5 de mayo de 1999 y no. 848 de las 14 horas 45 minutos del 31 de octubre del 2001). De conformidad con lo anterior, un exceso en el ruido sobre el tope reglamentariamente permitido, hace presumir una afectación a los actores en el proceso. Por lo anterior, una actividad realizada por un ente público que genere tales resultados y se mantengan estos en el tiempo, a pesar de los reclamos de los Administrados, es contraria al ordenamiento jurídico y obliga a adoptar las medidas correctivas o indemnizatorias necesarias, según sea el caso y lo pretendido por la parte. La adopción de conductas públicas, sean ejecutadas de manera directa o por medio de terceros, implica, consecuentemente, la previsión de no generación de una afectación más allá de lo técnica y proporcionalmente razonable, a efecto de no ejercer la actividad o servicio de tal manera que genere un uso dañoso de la misma, más allá de lo jurídicamente permitido cuando se está ante un funcionamiento normal en el que no se busca una anormalidad del resultado obtenido en perjuicio de terceros. En el caso de marras, únicamente no sería contrario al ordenamiento el nivel de ruido que exceda los límites de comentario, cuando sea indudablemente necesario para la prevención de un accidente en particular, ante la inminencia de su acaecimiento. Concretando el análisis de la situación de los actores se advierte que consta en autos que en mediciones técnicas realizada en su domicilio, - y no cuestionadas en cuanto sus alcances y metodología empleada- se ha demostrado que el nivel del silbato del tren excede el nivel máximo permitido para el período diurno (65DB), sin que los codemandados hayan probado lo contrario, dado que su teoría del caso se ha centrado, más bien en la necesidad de dicho mecanismo y la aplicación del artículo 23 del Reglamento en mención para el caso en particular. Estima este Tribunal que la prueba realizada en la vía pública y considerada como reconocimiento en la etapa preliminar del proceso, no adquiere mayor relevancia probatoria, en tanto que en primer término no fue realizada en el domicilio de los actores -no demuestra la afectación sónica en concreto a las horas en particular en que circula el tren- y se realizó a una distancia de más de cien metros de la vía férrea, en una hora de alto volumen de tránsito y diferente a los períodos en que circula el tren y se considera necesario el silbato como medida de aviso a los conductores. Como se evidencia, las circunstancias objetivas en que opera el tren son muy diferentes a aquellas de tiempo y lugar objeto del proceso (nótese como la misma teoría del caso de las partes demandadas se funda en que el servicio del tren cuenta con horarios definidos en períodos diurnos y no es constante). Dado lo anterior, al superar el sonido del silbato del tren, los límites legales razonables, se produce contaminación sónica a los actores y por ende se ha vulnerado sus derechos. Así las cosas, al estimar este Tribunal que la referida norma no contempla la situación ordinaria y permanente del uso del silbato y por ende éste en las condiciones demostradas resulta excesivo y desproporcionado, se considera que procede parcialmente acoger la demanda, dado que el exceso sobre los límites reglamentarios implica necesariamente una molestia a quien lo sufre), mas en el entendido de que no es procedente impedir el uso de dicho medio auditivo dentro de los márgenes que establece el artículo 20 del indicado cuerpo normativo. Por lo anterior, no estima este Tribunal procedente ordenar la sustitución del silbato por un sistema de señales, (dado que no se cuenta con criterios técnicos sobre la suficiencia, procedencia y necesidad en el caso concreto de los ferrocarriles administrados por el ente codemandado) sino que en aplicación del artículo 122 del Código Procesal Contencioso Administrativo, lo que resulta posible de disponer es ordenar al ente codemandado que a partir de la firmeza de la presente sentencia, gradúe el silbato de todos sus trenes que transiten por la cercanía del domicilio de los actores, de manera tal que no se exceda el límite máximo permitido en el artículo 20 del decreto ejecutivo número 28718-S, denominado "Reglamento para el Control de Contaminación por Ruido". No es posible referirse en la parte dispositiva de la presente sentencia al proyecto del Consejo de Seguridad Vial para la provisión e instalación de sistemas de semáforos para cruces del ferrocarril, en trámite desde el año dos mil doce, dado que este órgano con personalidad jurídica instrumental no fue demandado, mas si resulta procedente recordar al Estado su deber de ejecutar cualquier proyecto que ralentize tanto la afectación a terceros con motivo del funcionamiento del ferrocarril, como el riesgo para conductores con motivo de dicho servicio, siendo así que se deben aplicar los principios de eficacia y eficiencia en el funcionamiento de la administración (art. Placa19416 , Placa19417 ). Todo lo anterior, como una medida necesaria y aprobada para restablecer la situación jurídica tutelable de los actores y habida cuenta que se ha tenido por debidamente demostrado que la misma está siendo vulnerada con el nivel excesivo sobre el límite reglamentario del silbato del tren, dada su condición de vecinos de la vía férrea. En aplicación del artículo 131.3 del mismo Código, se concede al Instituto Costarricense de Ferrocarriles un término de un mes natural para que ejecute lo ordenado por la presente resolución.

X.- La parte actora solicita de manera adicional que " b.- Se ordene al vencimiento del plazo de los 3 meses sin que se hayan realizado las obras ordenadas, se suspenderá el servicio de trenes hasta que se finiquiten las obras correspondientes. c.- Se ordene a la Dirección de Protección al ambiente del Ministerio de Salud velar porque el INCOFER cumpla con lo ordenado en esta sentencia, y en caso de incumplimiento que emita la respectiva orden sanitaria de paralización del tren hasta que tales obras sean realizadas". Al respecto, estima este Tribunal procedente rechazar lo pedido, en tanto que estas pretensiones son accesorias a la principal rechazada y siendo así que lo pedido en todo caso, resulta más propio de una etapa de ejecución de sentencia, en caso de que el ente codemandado incumpliera su obligación de hacer, dada la obligatoriedad de lo resuelto (art. 126 del CPCA). En todo caso, es de advertir que en el presente caso, se ha demostrado que amparados en una muy abierta interpretación del decreto ejecutivo número 28718-S, los funcionarios del Ministerio de Salud, si bien los reclamos administrativos presentados por la parte actora han sido debidamente resueltos, se obvió el cumplimiento de sus obligaciones legales, permitiendo la existencia de un ruido constante de manera antijurídica en perjuicio de los actores, por lo que deberá tomar nota de lo resuelto en la presente resolución a la hora de la aplicación de dicho cuerpo normativo.

XI.- Defensas:

Sobre la falta de legitimación activa ad procesum con respecto al señor Nombre110691 : Se omite pronunciamiento, dado que sus supérstites desistieron del proceso.

Sobre la falta de derecho: Procede acogerla parcialmente por los motivos indicados ut supra.

XII.- Costas: El artículo 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo establece que las costas procesales y personales se imponen al vencido por el solo hecho de serlo, pronunciamiento que debe hacerse incluso de oficio, al tenor del numeral 119.2 ibídem. En razón de no encontrarse las partes demandadas dentro de los supuestos para que se le exonere de aquellas, procede su condena. No está demás recordar que todo proceso produce gastos para la parte y su reconocimiento para la victoriosa depende de la condena en costas. En este caso para obtener su derecho, los actores han concurrido legítimamente a estrados, lo cual obliga a su reconocimiento en sentencia.

POR TANTO

Se rechaza parcialmente la defensa de falta de derecho opuesta por el Estado. En consecuencia se declara parcialmente con lugar la demanda y por consiguiente se acoge únicamente en el siguiente sentido: Se condena al Instituto Costarricense de Ferrocarriles a graduar el silbato de todos sus trenes que transiten por la cercanía del domicilio de los actores, de manera tal que su volumen no se exceda el límite máximo permitido en el artículo 20 del decreto ejecutivo número 28718-S, denominado "Reglamento para el Control de Contaminación por Ruido". Lo anterior, en un plazo de un mes natural contado a partir de la firmeza de la presente resolución. Tome nota el Estado de lo indicado en los considerandos IX y X de la parte considerativa de esta sentencia. Son ambas costas a cargo de las partes demandadas.

Rodrigo Alberto Campos Hidalgo Francisco Muñoz Chacón Rodrigo Huertas Durán Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

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    • Decreto Ejecutivo 28718-S Art. 20
    • Decreto Ejecutivo 28718-S Art. 23
    • Ley Orgánica del Ambiente 7554 Art. 62
    • Código Procesal Civil Art. 417
    • Código Procesal Contencioso Administrativo Arts. 1.1, 1.2, 122, 131.3

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