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Res. 00100-2014 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago · Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago · 17/03/2014

Acquittal for lack of criminality in cleaning a trail on private property inside Turrialba Volcano National ParkAbsolución por atipicidad en limpieza de sendero en propiedad privada dentro de Parque Nacional Volcán Turrialba

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OutcomeResultado

GrantedCon lugar

The criminal appeal is granted; the conviction is overturned, and the defendant is acquitted of all criminal and civil liability for the crime of invasion of a protected area, as his conduct was found to lack criminality.Se declara con lugar el recurso de apelación penal, se anula la condena y se absuelve al imputado de toda pena y responsabilidad penal y civil por el delito de invasión de área de protección, al considerarse que no cometió delito alguno por atipicidad del hecho.

SummaryResumen

The Criminal Appeals Court of Cartago overturns the conviction for invasion of a protected area, holding that the lower court erroneously applied Article 58 of the Forestry Law 7575 and the ICT Law. The correct laws were Article 7 of the Land and Colonization Law and Articles 32(c) and 37 of the Environmental Organic Law. The court finds that the defendant's property, although located within the Turrialba Volcano National Park, is private land held under a legitimate title. The State had neither purchased nor expropriated the land with prior compensation, nor had the owner voluntarily submitted to the forestry regime. Cleaning a pre-existing trail on his own farm does not constitute a crime; thus, the defendant is acquitted of all criminal and civil liability due to lack of criminality of the act.El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago anula la condena por invasión de área de protección impuesta al imputado, al considerar que la normativa aplicada por el juez de primera instancia —artículo 58 de la Ley Forestal 7575 y la Ley del ICT— era incorrecta. El tribunal determina que las normas correctas eran el artículo 7 de la Ley de Tierras y Colonización y los artículos 32 inciso c) y 37 de la Ley Orgánica del Ambiente. Concluye que la propiedad del acusado, aunque ubicada dentro del Parque Nacional Volcán Turrialba, es de dominio privado con título legítimo, y que el Estado no había adquirido esos terrenos mediante compra o expropiación previa indemnización, ni el dueño se había sometido voluntariamente al régimen forestal. La conducta de limpiar un sendero preexistente en su propia finca no constituye delito alguno, por lo que se decreta la absolutoria del imputado por atipicidad del hecho tanto en sede penal como en la acción civil resarcitoria.

Key excerptExtracto clave

From the foregoing, it is established without a doubt that the accused committed no crime, because although the property subject to this litigation is within a National Park, as provided in the article under comment, it is also a private property acquired with a legitimate title, and therefore the accused cannot be subject to criminal prosecution, unless it is demonstrated, as clearly stated in Article 37 of this law, that two conditions have been met: a) that forced purchase, i.e., expropriation, has occurred, with prior payment or compensation to the property owner, and b) that the owner of the farm located within a National Park has voluntarily submitted to the forestry regime. Once these conditions are met, if a person carries out activities on the property that no longer belongs to them because it was sold to the State or because it was submitted to a forestry regime, they could potentially face charges for the crime that the Prosecutor's Office seeks to prove. However, in the present case, the Public Prosecutor's Office never provided sufficient and necessary evidence to show that the accused [...] carried out the cleaning of the road or trail on State property acquired through the aforementioned means.De lo ut retro citado, se establece sin lugar a dudas que el imputado no cometió delito alguno, por cuanto si bien la propiedad objeto de esta litis está dentro de un Parque Nacional, tal y como lo preceptúa el artículo de comentario, de igual forma es una propiedad privada adquirida con un título legítimo, por lo cual no puede ser objeto de persecución penal el encartado de marras, salvo que se demostrara como lo informa claramente el artículo 37 de esta ley, que se han dado dos supuestos a saber; a) que se haya dado la compra forzosa o sea la expropiación, eso si previo pago o indemnización al titular del inmueble y b) que en forma voluntaria el dueño de la finca que está dentro de un Parque Nacional se someta al régimen forestal. Cumplidos los supuestos dichos, si una persona realiza actividades dentro de la finca que ya no le pertenece por vendersela al Estado o por haberse sometido a un régimen forestal, pues eventualmente podría enfrentar cargos por el delito que la Fiscalía procure probar, pero en el caso de marras, el Ministerio Público nunca aportó la prueba suficiente y necesaria que hiciera notar que el imputado [...] ejerció la acción de limpieza del camino o sendero sobre una propiedad del Estado, adquirida por los medios que se han señalado.

Pull quotesCitas destacadas

  • "Como se observa del fallo apelado, el Juez del Tribunal utilizó el artículo 58 de la ley 7575 y aunque no se incluya en el "Por tanto ", dentro de la fundamentación de la misma incluye la mención a la ley del Instituto Costarricense de Turismo. La aplicación de dichas normas es errática en el caso sub litem, pues tal y como lo hicieron notar expresamente en la audiencia oral tanto el representante del Ministerio Público, como el Procurador de la República, la utilización correcta de normas en el caso concreto lo son el artículo 7 de la Ley de Tierras y Colonización, y el numeral 32 inciso c y 37 de la Ley Orgánica del Ambiente."

    "As can be seen from the appealed judgment, the Trial Court Judge used Article 58 of Law 7575, and although it is not included in the 'Therefore' clause, the reasoning includes a reference to the Costa Rican Tourism Institute Law. The application of these norms is erratic in the present case, because as expressly pointed out in the oral hearing by both the Public Prosecutor and the Attorney General of the Republic, the correct norms applicable here are Article 7 of the Land and Colonization Law and Articles 32(c) and 37 of the Environmental Organic Law."

    Considerando III

  • "Como se observa del fallo apelado, el Juez del Tribunal utilizó el artículo 58 de la ley 7575 y aunque no se incluya en el "Por tanto ", dentro de la fundamentación de la misma incluye la mención a la ley del Instituto Costarricense de Turismo. La aplicación de dichas normas es errática en el caso sub litem, pues tal y como lo hicieron notar expresamente en la audiencia oral tanto el representante del Ministerio Público, como el Procurador de la República, la utilización correcta de normas en el caso concreto lo son el artículo 7 de la Ley de Tierras y Colonización, y el numeral 32 inciso c y 37 de la Ley Orgánica del Ambiente."

    Considerando III

  • "De lo ut retro citado, se establece sin lugar a dudas que el imputado no cometió delito alguno, por cuanto si bien la propiedad objeto de esta litis está dentro de un Parque Nacional, tal y como lo preceptúa el artículo de comentario, de igual forma es una propiedad privada adquirida con un título legítimo, por lo cual no puede ser objeto de persecución penal el encartado de marras, salvo que se demostrara como lo informa claramente el artículo 37 de esta ley, que se han dado dos supuestos a saber; a) que se haya dado la compra forzosa o sea la expropiación, eso si previo pago o indemnización al titular del inmueble y b) que en forma voluntaria el dueño de la finca que está dentro de un Parque Nacional se someta al régimen forestal."

    "From the foregoing, it is established without a doubt that the accused committed no crime, because although the property subject to this litigation is within a National Park, as provided in the article under comment, it is also a private property acquired with a legitimate title, and therefore the accused cannot be subject to criminal prosecution, unless it is demonstrated, as clearly stated in Article 37 of this law, that two conditions have been met: a) that forced purchase, i.e., expropriation, has occurred, with prior payment or compensation to the property owner, and b) that the owner of the farm located within a National Park has voluntarily submitted to the forestry regime."

    Considerando III

  • "De lo ut retro citado, se establece sin lugar a dudas que el imputado no cometió delito alguno, por cuanto si bien la propiedad objeto de esta litis está dentro de un Parque Nacional, tal y como lo preceptúa el artículo de comentario, de igual forma es una propiedad privada adquirida con un título legítimo, por lo cual no puede ser objeto de persecución penal el encartado de marras, salvo que se demostrara como lo informa claramente el artículo 37 de esta ley, que se han dado dos supuestos a saber; a) que se haya dado la compra forzosa o sea la expropiación, eso si previo pago o indemnización al titular del inmueble y b) que en forma voluntaria el dueño de la finca que está dentro de un Parque Nacional se someta al régimen forestal."

    Considerando III

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Sections

Procedural marks

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago Date of Resolution: March 17, 2014 at 10:03 Case File: 10-000910-0359-PE Type of matter: Criminal appeal Analyzed by: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Judgment with protected data, in accordance with current regulations Content of Interest:

Content type: Majority vote Branch of Law: Criminal Law Topic: Invasion of a conservation or protection area Subtopics:

Clearing of a trail on private property located within a national park. Nullity of judgment due to erroneous normative application and issuance of acquittal for atypicality of the act.

"III.- [...] The fourth ground of appeal filed is upheld. Elements not taken into account by the appellant are added. Acquittal. The appellant lawyer raises the fourth ground on the merits, as he considers that the legislation applied in this case is erroneous, since the trial Judge relied on Article 58 of Law 7575 and on the Law of the Costa Rican Tourism Institute, given that these regulations do not set forth the hypothesis for which his defendant was found guilty of invasion of a protected area, because the cited laws do not include in their treatment matters relating to the Turrialba Volcano, nor to the two-kilometer radius from the volcano's crater that his defendant supposedly invaded. The appellant is indeed correct, as an error in judging (vicio iniudicando) is detected in the judgment under review, because the regulations used by the trial Judge to find an individual responsible for the crime of invasion of a protected area are incorrect. As observed in the appealed ruling, the trial Judge used Article 58 of Law 7575, and although it is not included in the "Por tanto", within its reasoning, it includes mention of the Law of the Costa Rican Tourism Institute. The application of these rules is erratic in the case sub litem, because, as was expressly noted during the oral hearing by both the representative of the Public Prosecutor's Office and the Procurator of the Republic, the correct application of rules in the specific case are Article 7 of the Law of Lands and Colonization, and numerals 32, subsection c, and 37 of the Organic Environmental Law. Let us observe that in the specific case, the Trial Court chose to acquit the accused of all penalty and criminal liability for the crimes of Illegal harvesting of forest products on private property and of land-use change (cambio de uso del suelo) to the detriment of Natural Resources. Upon reviewing the reasoning for the acquittal, this Court of Appeal finds that the a quo considered it proven that the farm is precisely the private property of the accused and that the proven facts lie in the fact that the accused hired someone to clear a road that ran to the center of his property, a trail or stretch that had existed for a long time prior (the appellant in the hearing spoke of sixty or seventy years, and no party presented a contrary argument). The trial judge considered it proven (and therefore acquits) that the accused did not change the land-use and also did not exploit natural resources on private property, reasoning as follows in the relevant part: "Now then, in the case under review, it is the opinion of the undersigned of this verdict that the factual hypothesis contained in the prosecutorial accusatory document regarding the crime of illegal harvesting of forest products on private property has not been demonstrated, this because there is no description of facts that would allow the existence of such criminal activity to be considered. Furthermore, regarding the legal classification of land-use change, it is important to highlight at this time the serious and essential inconsistencies existing between the classification and the various and contradictory factual descriptions that could be considered proven, which also allow for the dismissal of said classification. This is in accordance with Article 61, subsection c) in relation to Article 19 of Law 7575, which requires as an action the change of use....the lands are not covered in forest as part of the objective elements of the offense, since from the documentary evidence, particularly the documentary evidence offered by the defense, photocopies of deeds from folios 101 to 111, photographic sequence of folios 112 and 113, it is reflected that the area is not forest. To the foregoing, it must be added that according to the testimonial evidence offered by the defense, the lands have been dedicated for many years prior to the current owner to dairy cattle work.... and that the witnesses have recognized the existence for a long time..." (see folios 159 and 160 of the case file). From what is transcribed, several premises are then established. Firstly, and observing the evidentiary documents from folio 110, that the defendant [Nombre1] is the representative, with the status of unlimited general agent, of the corporation "Altos Montes del Volcán Turrialba," a corporation that in turn owns the properties of the Partido de Cartago, registered under the real folio numbers ninety-one thousand six hundred twenty, sequences zero zero one, zero zero two, zero zero three, and zero zero four; ninety-nine thousand one hundred sixty-seven, sequences zero zero one, zero zero two, zero zero three, and zero zero four, whose descriptions are indicated in the deeds from folios 101 and following. Precisely those properties are the ones that are within the Parque Nacional Volcán Turrialba and are also the ones that for many years have been used for agricultural activity, properly an old dairy that existed at the site and of which the photographs from folios 112 to 114 of the records give account. The conditions of said farm, its old economic activity, and its location are demonstrated by all the evidence used at trial, and it is precisely the property that is the object of this matter and that already from a long time before, and the contested ruling so recognizes, had the road or trail that the defendant ordered to be cleared through third parties. The situation in the case sub litem must be clarified, since the defect detected does not refer to the manner in which it was demonstrated irrefutably that it was the accused and no other person who ordered the clearing of the already existing trail. Moreover, that the work was done within the protection radius of two kilometers distance from the crater of the Turrialba Volcano, but the proven situations were established under the protection of the use of erroneous laws, as was mentioned. In order to attribute any criminal conduct to the accused for the clearing of the trail within his property, that is, private property, numerals 1 and 7 of the Law of Lands and Colonization, in conjunction with numerals 32, subsection c) and 37 of the Organic Environmental Law, should have been observed. In the relevant part, the first cited Law indicates: "CHAPTER I GENERAL PROVISIONS Purposes, Regime of Possession of Rural Immovable Property Article 1º.- The present law has as its object: 1.- To determine that land ownership must be promoted for the gradual increase of its productivity and for a just distribution of its product, elevating the social condition of the peasant and making him a conscious participant in the economic-social development of the Nation; 2.- To contribute to the flourishing of republican, private, and public virtues, linking the citizen to a healthy regime of land possession; 3.- To contribute to a more just distribution of wealth; 4.- To contribute to the conservation and proper use of the reserves of renewable natural resources of the Nation; 5.- To avoid the concentration of national lands in the hands of those who use them for speculation or exploitation to the detriment of the Nation's interests. Lands in the hands of such interests must revert to the State in the manner determined by the Constitution and the law; 6.- To determine that land must not be used for the exploitation of the agricultural worker. The State, by all means within its power, shall stimulate the formation of agricultural cooperatives to combine the dignity of small property with the efficiency of large enterprise; and 7.- To recognize, in accordance with the foregoing, the existence and legitimacy of private property (emphasis is not from the original). It is established, in accordance with the transcribed concepts, that the legislator established that even though the State has and should have an interest in the conservation and protection of lands and natural resources, it also must protect, recognize, and ensure the legitimacy of private property of natural or legal persons. Continuing with the legislative study that concerns us for the resolution of this appeal, numeral 7, subsection e) of the cited law must be observed, where matters relating to the Turrialba Volcano are specifically established, and not as erratically used in the judgment, using other regulations. Let us see: "CHAPTER II Agricultural Property of the State Article 7º. - As long as the State, by its own volition or by indication of the Ministry of Agriculture or the Institute of Lands and Colonization, considering reasons of national convenience, does not determine the lands that must remain under its domain, the following shall be considered inalienable and not susceptible to acquisition by denunciation or possession, except for those that were under private domain, with legitimate title: e) A zone of two kilometers in radius, centered on the crater, or main summit around the volcanoes Barba, Poás, Arenal, Cerro Chato, Tenorio, Santa María, and Rincón de la Vieja; of two kilometers wide on one and the other side of the ridge constituted by the various peaks of Miravalles; the zone on the Irazú and Turrialba volcanoes from 3,000 meters of altitude and towards the summit; the páramos of the Cordillera de Talamanca from 3,000 meters of altitude and towards the summit; a zone of three kilometers in radius centered on the summit of Cerro [Dirección1]; the plains around Cerro [Dirección2] Grande above 3,000 meters of altitude; a zone of two kilometers wide on one and the other side of the Cordillera between Cerro Zurquí and Cerro Hondura. Eventually, the Institute shall create other forest reserves that shall also serve as a sanctuary or refuge for wild animal life and in which hunting in any of its forms shall be prohibited. If for that use it becomes necessary to establish easements (servidumbres) over private properties, the Institute shall compensate them equitably (emphasis is not from the original). As observed from the cited numeral, the Law of Lands and Colonization is the regulation that should have been applied to the specific case, as it is precisely the one that establishes the two-kilometer radius centered on the crater for its protection and also expressly includes the Turrialba Volcano. What happens is that this article consistently follows the legislator's spirit of protecting private property, because even though the property and said distance of two kilometers in radius are within a National Park, as is the Parque Nacional Volcán Turrialba, it does not operate against the interests of a third party who holds it under private domain and with legitimate title, as occurs in the case sub litem, where it was demonstrated that the defendant has legitimate title of ownership over the land in question, and therefore, there is no unlawfulness whatsoever in his conduct. Now then, the atypicality of the act carried out by the defendant is demonstrated even more strongly by the provisions found in Articles 32, subsection c) and 37 of the Organic Environmental Law, rules that in the relevant part state: "CHAPTER VII PROTECTED WILD AREAS ARTICLE 32.- Classification of protected wild areas The Executive Branch, through the Ministry of Environment and Energy, may establish protected wild areas, in any of the management categories that are established and in those indicated below: a) Forest reserves. b) Protective zones. c) National parks. d) Biological reserves. e) National wildlife refuges. f) Wetlands. g) Natural monuments. These management categories and those created in the future shall be administered by the Ministry of Environment and Energy, except those established in Article 33 of this law. Municipalities must collaborate in the preservation of these areas. ARTICLE 37.- Powers of the Executive Branch When establishing protected wild areas, whatever their management category, the Executive Branch, through the Ministry of Environment and Energy, is empowered to include, within their limits, the private farms or parts of farms necessary to fulfill the objectives indicated in this law and to implement them in accordance with the respective management plan, or to create the legal easements for ecological protection and the fulfillment of this law. In the case of national parks, biological reserves, or state national wildlife refuges, the lands shall be acquired by purchase, expropriation, or both procedures, upon prior compensation. In the cases of forest reserves, protective zones, mixed wildlife refuges, and wetlands, the properties or their parts may also be purchased or expropriated, unless, by request of the owner, they voluntarily submit to the forest regime. Said subjection shall be registered in the Public Registry of Property, as an encumbrance on the property, which shall be maintained during the time established in the management plan. The private farms affected according to the provisions of this article, by being located in national parks, biological reserves, wildlife refuges, forest reserves, and protective zones, shall be included within the state protected areas only from the moment at which they have been paid for or legally expropriated, except when they voluntarily submit to the Forest Regime. In the case of forest reserves, protective zones, and wildlife refuges, and in the event that payment or expropriation has not been carried out and while it is being carried out, the areas shall be subject to an environmental management plan that includes the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) and subsequently, to the plan for management, recovery, and replacement of resources." (Thus amended this paragraph by Article 72, subsection c), of the Forest Law No. 7575 of February 13, 1996, which in turn has been amended by Article 114 of Law No. 7788 of April 30, 1998). The Executive Branch is empowered so that, through the Ministry of Environment and Energy, it carries out the expropriations contemplated in this article, in accordance with the provisions of the Expropriation Law No. 7495 of May 3, 1995 (emphasis is not from the original). From that cited above, it is established without a doubt that the defendant committed no crime whatsoever, because although the property object of this litigation is within a National Park, as set forth in the article under discussion, it is likewise private property acquired with a legitimate title, for which reason the defendant cannot be subject to criminal prosecution, unless it were demonstrated, as Article 37 of this law clearly informs, that two scenarios have occurred, namely: a) that a forced sale, that is, expropriation, has taken place, that is, with prior payment or compensation to the property owner, and b) that the owner of the farm that is within a National Park has voluntarily submitted to the forest regime. Once said scenarios are fulfilled, if a person carries out activities within the farm that no longer belongs to them because it was sold to the State or because they submitted to a forest regime, then they could eventually face charges for the crime that the Prosecutor's Office seeks to prove. But in this case, the Public Prosecutor's Office never provided the sufficient and necessary evidence to make it known that the defendant [[Nombre2]] carried out the action of clearing the road or trail on a State property, acquired by the means that have been indicated. As both the Prosecutor's Office and the Procurator's Office stated in the oral hearing, since the Public Prosecutor's Office did not demonstrate such implications, no crime committed by the defendant [[Nombre2]] can be determined, because as of the date of the trial and according to the evidence used by the Trial Judge, the farms that are the object of the process are still his private property, and there is no news whatsoever of expropriation or voluntary surrender of the Farm to the State. Hence the lack of typicity, which results in the acquittal of the defendant. Consequently, as requested by the defense, the appeal must be upheld, the ruling must be annulled with respect to the aspects of conviction, both criminal and civil, and instead, the defendant must be acquitted of all penalty and liability for the act attributed." ... See more Legislation and Doctrine Citations Res: 2014-100 Tribunal de Apelación de la Sentencia Penal de Cartago, section one. At ten hours and three minutes on the seventeenth of March of two thousand fourteen.

Appeal of criminal judgment filed in the present case against [[Nombre1]], [...], for the crime of Violation of the Forest Law, to the detriment of Natural Resources. Participating in the decision of the appeal are Judges [Nombre2], Jorge Arturo Rojas Fonseca, and Jaime Robleto Gutiérrez. Appearing on appeal were Attorney [Nombre3], as private defense counsel for the accused, as well as Attorney [Nombre4], in her capacity as representative of the Procuraduría General de la República.

Whereas:

1. That through judgment No. 88-2013 of sixteen hours thirty-five minutes on the fourteenth of November of two thousand thirteen, the Trial Court of Cartago, Turrialba seat, resolved: "POR TANTO: In accordance with the foregoing and the cited norms, Articles 39 and 41 of the Political Constitution, 8, subsection 1, of the American Convention on Human Rights, 10 of the American Declaration of Human Rights, 9, subsection 2, of the Covenant on Civil and Political Rights, 1, 4, 5, 6, 9, 341 to 359, 361 to 367 of the Penal Code. Articles 58, subsection a), 61, subsections a and c of Law No. 7575, 122, 124, 126, 135, 137 of the Penal Code of 1941; 1045 and 1048 of the Civil Code. The Court resolves: [Nombre5] is acquitted of all penalty and liability for the crimes of illegal harvesting of forest products on private property and land-use change to the detriment of NATURAL RESOURCES of which he was accused. [[Nombre1]] is declared the responsible offender of the crime of INVASION OF A PROTECTED AREA to the detriment of NATURAL RESOURCES. As a sanction, the penalty of THREE MONTHS OF PRISON is imposed, which shall be served at the place and in the manner indicated by penitentiary regulations, after crediting any pre-trial detention he may have suffered. Once the judgment is final, register it in the Judicial Registry of Offenders, and send the standard testimonies to the Penalty Enforcement Court, National Institute of Criminology, and Center for Penitentiary Information. Based on the requirements of Article 59 of the Penal Code, the benefit of penalty execution suspension is granted for three years, during which period he may not be convicted of a willful crime punishable by more than six months; otherwise, the benefit shall be revoked, and he shall serve the imposed penalty. Furthermore, he is enjoined NOT to disturb the area covered by the two-kilometer radius of the crater of the Turrialba volcano. Regarding the Civil Claim for damages brought by the State, the civil defendant [[Nombre1]] is ordered to pay TWENTY-TWO MILLION NINE HUNDRED TWO THOUSAND SIX HUNDRED SIXTEEN COLONES plus legal interest for damages. Said sum, liquid and due, must be deposited by the civil defendant into the current account of this Court, for mere warning, within fifteen days of the finality of this ruling; otherwise, it must be enforced in the ordinary civil jurisdiction. Notify by reading. WILSON FLORES FALLAS. TRIAL JUDGE." (sic)

2. That against the foregoing pronouncement, Attorney [Nombre6] [Nombre7] filed the appeal.

3. That once the respective deliberation was verified in accordance with the provisions of Article 466 of the Criminal Procedure Code, amended by Law 8837 published on the ninth of December of two thousand eleven (Creation of the Appeal Against Judgment), the Court considered the issues raised in the appeal.

4. That the relevant legal formalities have been observed in the proceedings.

Judge [Nombre8] drafts, and;

Considering:

I.Through a brief filed on December 6, 2013, Attorney [Nombre3], in his capacity as private defense counsel for the defendant [[Nombre1]], files an appeal of judgment against the ruling of the Criminal Trial Court of Turrialba, judgment number 88-2013 of sixteen hours thirty-five minutes on the fourteenth of November of the year two thousand thirteen for the crime of Invasion of a protected area and others to the detriment of Natural Resources. The appellant bases his challenge on Articles 437, 439, 452, 458, 459, 460, 463, 465, 466 in relation to numbers 1, 2, 9, 142, 180, 181, 183, all of the Criminal Procedure Code, and Articles 30, 31, 34, 45 of the Penal Code and 58, subsection a of the Forest Law 7575. Given that said appeal was filed in a timely manner according to the legal deadline. By virtue of the application of the principles of informality, breadth, accessibility, and flexibility inherent to the criminal judgment appeal, it is considered that the present challenge meets the basic and minimum prerequisites required for it to allow the knowledge and decision of the objections raised by the appellant with a view to the comprehensive review of the contested judgment, as established by Article 8.2h of the American Convention on Human Rights, and Articles 458, 459, 460, and 462 of the Criminal Procedure Code, whose disagreements he sets forth as follows.

Judge of Appeal [Nombre8] drafts, and; II.- First ground (form): Disrespect and violation of due process. He begins his claim indicating that a demonstrated factual framework was established, and his client was convicted as the perpetrator of the crime of invasion of a protected area without there being evidence pointing to him as the one who carried out the action, since he was not seen using machinery for it, nor paying third parties for such work. They limited themselves to indicating that the farm belongs to the defendant and that there was a tractor clearing a road. That the statements gathered at the scene are illegal because the defendant was never informed of his constitutional rights to have a lawyer and not to testify against himself. Likewise, the deponent who drove the tractor was a suspicious witness, and the judge himself at the trial warned him that he could refrain from testifying, but when he made these warnings, the deponent had already testified, and despite that, in an illegitimate manner, the Judge used the statement to convict the accused. He claims that the method of obtaining the evidence and its assessment was unlawful. He requests that, based on that, the accused be acquitted of all penalty and liability. Second ground: Disagreement with the determination of facts. The appellant expresses his dissatisfaction with the judgment because it was demonstrated that the farm belongs to the accused and is duly registered in the Public Registry of Property as a private farm. That there is talk of two kilometers where nothing can be done in relation to the cone of the Turrialba Volcano, but that even though it is a National Park, there are no notices, boundary markers, or dividing fences to establish that the defendant knew the limit beyond which he could not be, or the boundaries of his farm. That the SINAC officials themselves used cutting-edge technology to establish the locations (GPS), but that at the site there is no way the defendant had the intent (dolo) to act against natural resources. In his opinion, one cannot speak of an "invasion" if the defendant did not know what the limits were, and therefore, he refers to the existence of a mistake of fact (error de tipo). He requests that the defendant be acquitted of all penalty and liability. Third ground: Disagreement with the assessment of the evidence, violation of the rules of sound criticism. He says that the Judge declares his client the sole and responsible perpetrator of a crime of invasion of a protected area, ignoring that the land or farm is private property, that it belongs to his client, since everything is registered with the Property Registry and cadastre. That the crime requires intent, and such knowledge cannot be presumed in these offenses. That the farm was a dairy, and the road has existed for many years; that what the defendant did was clear a trail or track that already existed and that led to said dairy, which was closed due to the effects of volcanic ash, but that the activity occurred before the defendant became owner of the farm. That he does not convict the accused for land-use change, as it did not occur, nor for the invasion they attributed to him, since he did not alter the limits of the National Park, he only cleared the already existing road. He requests that he be acquitted of the alleged crime of invasion of the National Park. Fourth ground: (merits) Disagreement with the application of the substantive norm on criminal liability. The appellant argues that the Judge used the rules erroneously, since the application of Article 58 of the Forest Law 7575 cannot be given, as it does not contemplate any signage regarding National Parks. Likewise, the Law of the Costa Rican Tourism Institute could not be used in the species for the same reason, as the Turrialba Volcano is not designated as a National Park by the former law. That the defendant provided certifications of possessory acts on the farm since it is his property, and therefore, the indicated norms cannot be applied. He requests the acquittal of his client, since he never invaded areas of the National Park because they are private lands, and the degree of public domain status was not indicated. Fifth ground: Disagreement with the award of damages. The appellant presents his claim regarding the sentence to pay twenty-two million nine hundred two thousand six hundred sixteen colones plus legal interest for environmental damage, a situation he rejects, as he emphasizes that there was no invasion of the National Park. Besides the foregoing, the same Judge acquitted the accused of all penalty and liability for the crimes of land-use change and forest harvesting, and yet no quantification is made in relation to the only crime for which he was convicted, taking into account that the expert report was for the sum of the three charged crimes. He requests that the judgment be revoked in all its aspects, that the accused be acquitted of all penalty and criminal liability, and that he be exonerated from payment of such civil aspects.

III.- Regarding the oral hearing: Based on the request of Attorney [Nombre7], an oral hearing was scheduled and took place at nine hours and forty-five minutes on the fifth of March of two thousand fourteen, with the presence of the Judges of Appeal of Judgment, Attorneys [Nombre9], Jaime Robleto Gutiérrez, and [Nombre10], who presided. The appellant, the defendant, as well as the representative of the Criminal Procurator's Office and the Appeals Prosecutor of the Public Prosecutor's Office, appeared. At the proceeding, after concluding the arguments, both the Procurator's Office and the Prosecutor's Office agreed with the appellant, both requesting the acquittal of the accused. The fourth ground of appeal filed is upheld. Elements not taken into account by the appellant are added. Acquittal. The appellant lawyer raises the fourth ground on the merits, as he considers that the legislation applied in this case is erroneous, since the trial Judge relied on Article 58 of Law 7575 and on the Law of the Costa Rican Tourism Institute, given that these regulations do not set forth the hypothesis for which his defendant was found guilty of invasion of a protected area, because the cited laws do not include in their treatment matters relating to the Turrialba Volcano, nor to the two-kilometer radius from the volcano's crater that his defendant supposedly invaded. The appellant is indeed correct, as an error in judging (vicio iniudicando) is detected in the judgment under review, because the regulations used by the trial Judge to find an individual responsible for the crime of invasion of a protected area are incorrect. As observed in the appealed ruling, the trial Judge used Article 58 of Law 7575, and although it is not included in the "Por tanto", within its reasoning, it includes mention of the Law of the Costa Rican Tourism Institute.

The application of those norms is erratic in the case sub litem, since, as both the representative of the Public Prosecutor's Office and the Procurador de la República expressly noted at the oral hearing, the correct norms to apply to the specific case are Article 7 of the Ley de Tierras y Colonización and sections 32(c) and 37 of the Ley Orgánica del Ambiente. Let us observe that in the specific case, the Trial Court opted to acquit the accused of all punishment and criminal liability for the offenses of illegal harvesting of forest products on private property and land-use change (cambio de uso del suelo) to the detriment of Natural Resources. Upon reviewing the reasoning for the acquittal, this Chamber of Appeals finds that the a quo held it as proven that the farm is indeed the private property of the accused and that the demonstrated facts consist of the accused hiring someone to clear a path that reached the center of his property, a trail or stretch that had existed for a long time prior (the appellant at the hearing spoke of sixty or seventy years, and no party presented any argument to the contrary). The trial court held it as proven (and thus acquitted) that the accused did not change the land use and did not harvest natural resources on private property, reasoning as follows in the relevant part: "Now, in the case under study, it is the opinion of the undersigned of this verdict that the factual hypothesis contained in the prosecutorial charging document regarding the offense of illegal harvesting of forest products on private property has not been demonstrated, because there is no description of facts that would allow the existence of such criminality to be considered. Furthermore, regarding the legal classification of land-use change, it is important to highlight at this time the serious and essential inconsistencies between the classification and the diverse and contradictory factual descriptions that could be considered proven, which also allow said classification to be dismissed, in accordance with Article 61(c) in relation to Article 19 of Ley 7575, the required action is the change of use....the lands are not covered by forest as part of the objective elements of the offense, since the documentary evidence, particularly the documentary evidence offered by the defense, photocopies of deeds from folios 101 to 111, photographic sequence from folios 112 and 113, reflects that the area is not a forest; to the foregoing must be added that according to the testimonial evidence offered by the defense, the lands have been used for dairy cattle operations for many years prior to the current owner.... and the witnesses have recognized the existence for a long time..." (see folios 159 and 160 of the expediente). From the transcribed text, several premises are therefore established. First, and observing the evidentiary documents at folio 110, the accused [Name1] is the representative, with the character of general unlimited power of attorney without limit of sum, of the company "Altos Montes del Volcán Turrialba," a company which is in turn the owner of the real properties in the Partido de Cartago, registered under the real folio numbers ninety-one thousand six hundred twenty, sequences zero zero one, zero zero two, zero zero three, and zero zero four, ninety-nine thousand one hundred sixty-seven, sequences zero zero one, zero zero two, zero zero three, and zero zero four, whose descriptions are indicated in the deeds from folio 101 onwards. Precisely those real properties are the ones that are within the Parque Nacional Volcán Turrialba and are likewise the ones that for many years have been used for agricultural activity, specifically an old dairy that existed at the site and of which the photographs at folios 112 through 114 of the record give account. The conditions of said farm, its former economic activity, and its location are demonstrated by all the evidence used at trial, and it is precisely the property that is the subject of this matter and which, since a long time ago, and so the impugned ruling recognizes, had the path or trail that the accused ordered cleared through third parties. The situation in the case sub litem must be clarified, because the defect detected does not refer to the manner in which it was conclusively demonstrated that it was the accused and no other person who ordered the clearing of the already existing trail. Moreover, the work was done within the protection radius of two kilometers distance from the crater of the Volcán Turrialba, but the demonstrated situations were done under the protection of erroneous laws, as mentioned. In order to attribute any criminal conduct to the accused for carrying out the clearing of the trail within his fund (fundo), that is, private property, the provisions of Articles 1 and 7 of the Ley de Tierras y Colonización in conjunction with sections 32(c) and 37 of the Ley Orgánica del Ambiente should have been observed. In the relevant part, the first cited Law states: "CHAPTER I GENERAL PROVISIONS Purposes, Regime of Possession of Rural Real Property Article 1.- This law has as its purpose: 1.- To determine that land ownership must be promoted for the gradual increase of its productivity and for a just distribution of its product, elevating the social condition of the peasant and making him a conscious participant in the economic-social development of the Nation; 2.- To contribute to the flourishing of republican virtues, private and public, linking the citizen to a healthy regime of land possession; 3.- To contribute to a more just distribution of wealth; 4.- To contribute to the conservation and adequate use of the Nation's renewable natural resource reserves; 5.- To prevent the concentration of national lands in the hands of those who use them for speculation or exploitation to the detriment of the interests of the Nation. Lands in the hands of such interests must return to the State in the manner determined by the Constitution and the law; 6.- To determine that land must not be used for the exploitation of the agricultural worker. The State, by all means at its disposal, shall stimulate the formation of agricultural cooperatives to combine the dignity of the small property with the efficiency of the large enterprise; and 7.- To recognize, in accordance with the foregoing, the existence and legitimacy of private property (the highlighting is not from the original). It is established, in accordance with the transcribed concepts, that the legislator established that even though the State has and must have an interest in the conservation and protection of lands and natural resources, it also has an interest in the protection, recognition, and legitimacy of the private property of natural or legal persons. Continuing with the legislative study that concerns us for the resolution of this appeal, section 7(e) of the cited law must be observed, which properly establishes the matter relating to the Volcán Turrialba and not, as erratically used in the judgment, other regulations. Let us see: "CHAPTER II Agricultural Property of the State Article 7.- While the State, by its own will or by indication of the Ministry of Agriculture or the Instituto de Tierras y Colonización, attending to reasons of national convenience, does not determine the lands that must be kept under its domain, the following shall be considered inalienable and not susceptible to acquisition by denouncement or possession, except those that are under private domain, with legitimate title: e) A zone of two kilometers in radius, centered on the crater, or main summit, around the volcanoes Barba, Poás, Arenal, Cerro Chato, Tenorio, Santa María, and Rincón de la Vieja; of two kilometers wide on one and the other side of the ridge constituted by the various peaks of Miravalles; the zone on the volcanoes Irazú and Turrialba starting from 3,000 meters of altitude and towards the summit; the páramos of the Cordillera de Talamanca starting from 3,000 meters of altitude and towards the summit; a zone of three kilometers in radius centered on the summit of the [Dirección1]; the savannas around Cerro [Dirección2] above 3,000 meters of altitude; a zone of two kilometers wide on one and the other side of the mountain range between the Cerros Zurquí and Hondura. In due course, the Institute shall create other forest reserves that will also serve as sanctuaries or refuges for wild animal life, and in which hunting in any of its forms shall be prohibited. If for such use it is necessary to establish easements (servidumbres) over private properties, the Institute shall compensate them equitably (the highlighting is not from the original). As can be observed from the cited section, the Ley de Tierras y Colonización is the regulation that should have been applied to the specific case, because it is precisely the one that establishes the two kilometers in radius centered on the crater for its protection and also expressly includes the Volcán Turrialba. What occurs is that this article coherently follows the legislator's spirit of protecting private property, because even though the property and said distance of two kilometers in radius are within a National Park, such as that of the Volcán Turrialba, it does not operate against the interests of a third party who holds it under private domain and with legitimate title, as occurs in the case sub litem, where it was demonstrated that the accused holds legitimate title of ownership to the land in question, and therefore, there is no unlawfulness whatsoever in his conduct. Now, the lack of typicality (atipicidad) of the actions carried out by the accused is demonstrated even more forcefully by the provisions found in Articles 32(c) and 37 of the Ley Orgánica del Ambiente, norms which in the relevant part read: "CHAPTER VII PROTECTED WILDERNESS AREAS ARTICLE 32.- Classification of protected wilderness areas The Executive Branch, through the Ministry of Environment and Energy, may establish protected wilderness areas, in any of the management categories that are established and in those indicated below: a) Forest reserves. b) Protective zones. c) National parks. d) Biological reserves. e) National wildlife refuges. f) Wetlands. g) Natural monuments. These management categories and those created in the future shall be administered by the Ministry of Environment and Energy, except for those established in Article 33 of this law. The municipalities must collaborate in the preservation of these areas. ARTICLE 37.- Powers of the Executive Branch When establishing protected wilderness areas, whatever their management category, the Executive Branch, through the Ministry of Environment and Energy, is empowered to include, within their limits, the private farms or parts of private farms necessary to fulfill the objectives indicated in this law and to implement them in accordance with the respective management plan, or to create legal easements (servidumbres legales) for ecological protection and compliance with this law. In the case of national parks, biological reserves, or state national wildlife refuges, the lands shall be acquired by purchase, expropriation, or both procedures, upon prior indemnification. In the cases of forest reserves, protective zones, mixed wildlife refuges, and wetlands, the properties or parts thereof may also be purchased or expropriated, unless, at the owner's request, they are voluntarily submitted to the forestry regime (régimen forestal). Such subjection shall be registered in the Public Property Registry as an encumbrance (afectación) on the real property, which shall be maintained during the time established in the management plan. The private farms affected according to the provisions of this article, by being located in national parks, biological reserves, wildlife refuges, forest reserves, and protective zones, shall become included within the state protected areas only from the moment when they have been paid for or legally expropriated, except when they are voluntarily submitted to the Forestry Regime (Régimen Forestal). In the case of forest reserves, protective zones, and wildlife refuges, and in the event that payment or expropriation has not been carried out, and while it is being carried out, the areas shall be subject to an environmental management plan (plan de ordenamiento ambiental) that includes the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) and subsequently, the management plan for recovery and restoration of resources." (Thus reformed this paragraph by Article 72(c) of the Ley Forestal No. 7575 of February 13, 1996, which in turn has been reformed by Article 114 of Law No. 7788 of April 30, 1998) The Executive Branch is empowered so that, through the Ministry of Environment and Energy, it may carry out the expropriations contemplated in this article, in accordance with the provisions of the Expropriation Law No. 7495 of May 3, 1995 (the highlighting is not from the original). From the ut retro cited, it is established without a doubt that the accused committed no offense, because even though the property subject to this litis is within a National Park, as stipulated by the article under commentary, it is likewise a private property acquired with a legitimate title, for which reason the aforesaid accused cannot be subject to criminal prosecution, unless it were demonstrated, as Article 37 of this law clearly informs, that two scenarios have occurred, namely: a) that a forced purchase, that is, expropriation, has taken place, with prior payment or indemnification to the holder of the real property; and b) that the owner of the farm that is within a National Park voluntarily submitted to the forestry regime (régimen forestal). Once such scenarios have been fulfilled, if a person carries out activities within the farm that no longer belongs to him because he sold it to the State or because he submitted to a forestry regime, then he could potentially face charges for the offense that the Prosecutor's Office seeks to prove. But in the case at hand, the Public Prosecutor's Office never provided sufficient and necessary evidence to demonstrate that the accused [Name1] carried out the action of clearing the path or trail on State-owned property, acquired by the means indicated. As both the Prosecutor's Office and the Procurador stated at the oral hearing, since the Public Prosecutor's Office did not demonstrate such scope, no offense committed by the accused [Name1] can be determined, because up to the date of the debate, and according to the evidence used by the Trial Judge, the farms subject to the process are still his private property and there is no notice of any expropriation or voluntary transfer of the Farm to the State, hence the lack of typicality (tipicidad), which results in the acquittal of the accused. Consequently, as requested by the defense, the appeal must be granted on the merits, the ruling must be annulled in the aspects of the conviction, both criminal and civil, and instead the accused must be acquitted of all punishment and liability for the attributed act.

Por tanto:

Se declara con lugar el recurso por el fondo. Se anula el fallo en los extremos de la condenatoria tanto penal como civil y en su lugar se absuelve al imputado [Name1] de toda pena y responsabilidad por el hecho atribuido. Notifíquese.- [Nombre2] Jorge Arturo Rojas Fonseca Jaime Robleto Gutiérrez Jueces del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal C/: [Name1] Of/: Los Recursos Naturales D/: Infracción a la Ley Forestal JORTIZS Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago. Teléfonos: [Telf1] ó [Telf2]. Fax: [Telf3]. Correo electrónico: [...]

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Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago Clase de asunto: Recurso de apelación penal Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Derecho Penal Tema: Invasión de área de conservación o protección Subtemas:

Limpieza de sendero en propiedad privada ubicada dentro de un parque nacional. Nulidad de sentencia por errónea aplicación normativa y dictado de absolutoria por atipicidad del hecho.

“III.- […] Se declara con lugar el cuarto motivo de apelación interpuesto. Se agregan elementos no tomados en cuenta por el recurrente. Absolutoria. El abogado apelante plantea en el cuarto motivo de fondo, pues considera que la legislación aplicada en la especie es errónea, ya que el Juez de instancia echó mano de la ley 7575 en su artículo 58 y de la Ley del Instituto Costarricense de Turismo, siendo que en dichas normativas no se plantea la hipótesis por la cual fue encontrado culpable su defendido de invasión de área protegida, por cuanto las leyes de cita no incluyen para su tratamiento lo relativo al Volcán Turrialba, ni lo referente a los dos kilómetros de radio del cráter del volcán que supuestamente invadió su defendido. Efectivamente lleva razón el impugnante por cuanto en la sentencia sometida a análisis se detecta un vicio iniudicando , pues la normativa utilizada por el Juez de instancia para encontrar autor responsable de un delito de invasión de área protegida es incorrecta. Como se observa del fallo apelado, el Juez del Tribunal utilizó el artículo 58 de la ley 7575 y aunque no se incluya en el "Por tanto ", dentro de la fundamentación de la misma incluye la mención a la ley del Instituto Costarricense de Turismo. La aplicación de dichas normas es errática en el caso sub litem, pues tal y como lo hicieron notar expresamente en la audiencia oral tanto el representante del Ministerio Público, como el Procurador de la República, la utilización correcta de normas en el caso concreto lo son el artículo 7 de la Ley de Tierras y Colonización, y el numeral 32 inciso c y 37 de la Ley Orgánica del Ambiente. Veamos que en el caso concreto el Tribunal de Juicio opta por absolver de toda pena y responsabilidad penal al acusado de los delitos de Aprovechamiento ilegal de productos forestales en propiedad privada y de cambio de uso del suelo en perjuicio de los Recursos Naturales. Al observar la fundamentación de la absolutoria, ésta Cámara de Apelación encuentra que el a quo tuvo por acreditado que precisamente la finca es propiedad privada del acusado y que los hechos demostrados radican en que el endilgado contrató a alguien para que limpiara un camino que llegaba hasta el centro de su propiedad, sendero o trecho que existía de mucho tiempo atrás (el recurrente en la audiencia habló de sesenta o setenta años y ninguna parte presentó alegato contrario a ello). El juzgador de instancia tuvo por acreditado ( y por eso absuelve) que el acusado no cambió el uso del suelo y tampoco hizo aprovechamiento de recursos naturales en propiedad privada, razonando de la siguiente forma en lo que interesa: " Ahora bien, en el caso bajo estudio, es el criterio del suscriptor de este veredicto que no se ha demostrado la hipótesis fáctica contendida en la pieza acusatoria fiscal con respecto al delito de aprovechamiento ilegal de productos forestales en propiedad privada, esto porque no existe una descripción de hechos que permitan considerar la existencia de tal delincuencia. Además, en lo relativo a la calificación legal de cambio de suelo, interesa destacar en este momento las serias y esenciales inconsistencias existente entre la calificación y las diversos y contradictorias descripciones fácticas que se podrían tener por probadas que también permiten desechar dicha calificación esto de conformidad con el artículo 61 inciso c) con relación al artículo 19 de la ley 7575 se requiere como acción el cambio de uso....los terrenos no están cubiertos de bosque como parte de los elementos objetivos del tipo, pues de la prueba documental particular de la prueba documental ofrecida por la defensa, fotocopias de escrituras de folio 101 a 111, secuencia fotográfica de folio 112 y 113, se refleja que la zona no es un bosque , a lo anterior hay que agregar que conforme a la prueba testimonial ofrecida por la defensa los terrenos se han dedicado durante muchos años antes del actual propietario a labores de ganado de leche.... y que los testigos han reconocido la existencia desde hace mucho tiempo ..." (ver folios 159 y 160 del expediente). De lo transcrito se establece entonces varias premisas, en primer lugar y observando los documentos probatorios de folio 110, que el imputado [Nombre [Nombre1]] es el representante con carácter de apoderado generalísimo sin limite de suma de la sociedad "Altos Montes del Volcán Turrialba", sociedad que es dueña a su vez de los inmuebles del Partido de Cartago, inscritos bajo los folios reales números noventa y un mil seiscientos veinte secuencias cero cero uno, cero cero dos, cero cero tres y cero cero cuatro, noventa y nueve mil ciento sesenta y siete secuencias cero cero uno, cero cero dos , cero cero tres y cero cero cuatro, cuyas descripciones se indican en las escrituras de folios 101 y siguientes. Precisamente dichos inmuebles son los que están dentro del Parque Nacional Volcán Turrialba y son de igual forma los que desde hace muchos años son usados para la actividad agrícola, propiamente una antigua lechería que existía en el sitio y que dan cuenta las fotografías de folios 112 a 114 de los autos. Las condiciones de dicha finca, su antigua actividad económica, y su ubicación queda demostrado por toda la prueba que se utilizó en el juicio y es precisamente la propiedad que es objeto de este asunto y que ya desde mucho tiempo atrás y así lo reconoce el fallo impugnado, tenía el camino o sendero que el imputado mandó a limpiar a través de terceras personas. La situación en el caso sub litem,hay que aclararla pues el vicio detectado no se refiere al modo en que se demostró en forma fehaciente que fue el encartado y no otra persona quien mandó a limpiar el sendero ya existente. Además que el trabajo se hizo dentro del radio de protección que de dos kilómetros de distancia del cráter del Volcán Turrialba, pero las situaciones demostradas se hicieron al amparo de la utilización de leyes erróneas como se mencionó para poderle atribuir alguna conducta delictiva al encartado por la realización de la limpieza del sendero dentro de su fundo o sea propiedad privada, debía observarse los numerales del 1, 7 de la Ley de Tierras y Colonización en concordancia con los numerales 32 inciso c) y 37 de la Ley Orgánica del Ambiente. En lo que interesa la primer Ley de cita indica: " CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES Finalidades, Régimen de Posesión de la Propiedad Rural Inmueble Artículo 1º.- La presente ley tiene por objeto: 1.- Determinar que la propiedad de la tierra se debe promover para el aumento gradual de su productividad y para una justa distribución de su producto, elevando la condición social del campesino y haciéndolo partícipe consciente del desarrollo económico-social de la Nación; 2.- Contribuir al florecimiento de las virtudes republicanas,privadas y públicas, vinculando al ciudadano a un régimen sano de posesión de la tierra; 3.- Contribuir a una más justa distribución de la riqueza;4.- Contribuir a la conservación y uso adecuados de las reservas derecursos naturales renovables de la Nación; 5.- Evitar la concentración de tierras nacionales en manos de quienes las utilicen para especulación o explotación en perjuicio de los intereses de la Nación. Las tierras en manos de esos intereses deben volver al Estado en la forma que determinan la Constitución y la ley; 6.-Determinar que la tierra no debe utilizarse para la explotación del trabajador agrícola. El Estado, por todos los medios a su alcance, estimulará la formación de cooperativas agrícolas para combinar la dignidad de la pequeña propiedad con la eficiencia de la gran empresa; y 7.- Reconocer, de conformidad con lo anteriormente expuesto, la existencia y legitimidad de la propiedad privada (el resaltado no es del original). Se establece de conformidad con los conceptos transcritos, que el legislador estableció que a pesar de que el Estado tenga y deba tener interés en la conservación y protección de las tierras y de los recursos naturales, también la protección, reconocimiento y legitimidad de la propiedad privada de las personas físicas o jurídicas. Siguiendo con el estudio legislativo que nos compete para la resolución de este recurso, se debe observar el numeral 7 inciso e) de la citada ley, donde se establece propiamente lo relativo al Volcán Turrialba y no como erraticamente en sentencia se utilizó otra normativa, veamos: " CAPITULO II Propiedad Agrícola del Estado Artículo 7º. -Mientras el Estado, por voluntad propia o por indicación del Ministerio de Agricultura o del Instituto de Tierras y Colonización, atendiendo razones de conveniencia nacional, no determine los terrenos que deben mantenerse bajo su dominio, se considerarán inalienables y no susceptibles de adquirirse por denuncio o posesión, salvo los que estuvieren bajo el domino privado, con título legítimo, los siguientes: e) Una zona de dos kilómetros de radio, con centro en el cráter, o cima principal alrededor de los volcanes Barba, Poás, Arenal, Cerro Chato, Tenorio, Santa María y Rincón de la Vieja; de dos kilómetros de ancho a uno y otro lados de la fila constituida por los varios picos del Miravalles; la zona en los volcanes Irazú y Turrialba a partir de los 3.000 metros de altitud y hacia la cima; los páramos de la Cordillera de Talamanca a partir de los 3.000 metros de altitud y hacia la cima; una zona de tres kilómetros de radio con centro en la cima del Cerro [Dirección1]; las sabanas alrededor del Cerro [Dirección2] Grande arriba de los 3.000 metros de altitud; una zona de dos kilómetros de ancho a uno y otro lados de la Cordillera entre los Cerros Zurquí y Hondura. Oportunamente creará el Instituto otras reservas forestales que servirán, además, de santuario o refugio de la vida animal silvestre y en los cuales será prohibida la cacería en cualquiera de sus forma. Si para ese uso fuere necesario establecer servidumbres sobre predios de particulares, el Instituto compensará a éstos equitativamente (el resaltado no es del original). Como se observa del numeral de cita, la Ley de Tierras y Colonización es la normativa que debió aplicarse al caso concreto, pues precisamente es la que establece los dos kilómetros de radio con centro en el cráter para su protección y además en forma expresa incluye al Volcán Turrialba, lo que sucede es que se sigue en forma coherente en este artículo el espíritu del legislador de proteger la propiedad privada, pues aunque el bien y dicha distancia de dos kilómetros de radio estén dentro de un Parque Nacional, como lo es el del Volcán Turrialba, no opera contra los intereses de un tercero que la tenga bajo dominio privado y con título legítimo, como ocurre en el sub litem, donde quedó demostrado que el imputado tiene el título legítimo de propiedad sobre el terreno en cuestión y por ende, no hay ilicitud alguna en su conducta. Ahora bien, la atipicidad de lo efectuado por el endilgado se demuestra aún con más fuerza con las disposiciones que se encuentran en los artículos 32 inciso c) y 37 de la Ley Orgánica del Ambiente, normas que en lo que interesan rezan: " CAPITULO VII AREAS SILVESTRES PROTEGIDAS ARTICULO 32.- Clasificación de las áreas silvestres protegidas El Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio del Ambiente y Energía, podrá establecer áreas silvestres protegidas, en cualquiera de las categorías de manejo que se establezcan y en las que se señalan a continuación: a) Reservas forestales. b) Zonas protectoras.c) Parques nacionales .d) Reservas biológicas.e) Refugios nacionales de vida silvestre.f) Humedales.g) Monumentos naturales.Esas categorías de manejo y las que se creen en el futuro, serán administradas por el Ministerio del Ambiente y Energía, salvo las establecidas en el artículo 33 de esta ley. Las municipalidades deben colaborar en la preservación de estas áreas.ARTICULO 37.- Facultades del Poder Ejecutivo Al establecer áreas silvestres protegidas, cualquiera sea su categoría de manejo,el Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio del Ambiente y Energía, queda facultado para incluir, dentro de sus límites, las fincas o partes de fincas particulares necesarias para cumplir con los objetivos señalados en esta ley y para instrumentarlos de acuerdo con el respectivo plan de manejo o crear las servidumbres legales para la protección ecológica y el cumplimiento de la presente ley. Cuando se trate de parques nacionales, reservas biológicas o refugios nacionales de vida silvestre estatales, los terrenos serán adquiridos por compra, expropiación o ambos procedimientos, previa indemnización. En los casos de reservas forestales, zonas protectoras, refugios de vida silvestre mixtos y humedales, los predios o sus partes también podrán comprarse o expropiarse, salvo que, por requerimiento del propietario, se sometan voluntariamente al régimen forestal. Esa sujeción será inscrita en el Registro Público de la Propiedad, como una afectación al inmueble, que se mantendrá durante el tiempo establecido en el plan de manejo. Las fincas particulares afectadas según lo dispuesto por este artículo, por encontrarse en parques nacionales, reservas biológicas, refugios de vida silvestre, reservas forestales y zonas protectoras, quedarán comprendidas dentro de las áreas protegidas estatales solo a partir del momento en que se hayan pagado o expropiado legalmente, salvo cuando en forma voluntaria se sometan al Régimen Forestal. Tratándose de reservas forestales, zonas protectoras y refugios de vida silvestre y en caso de que el pago o la expropiación no se haya efectuado y mientras se efectúa, las áreas quedarán sometidas a un plan de ordenamiento ambiental que incluye la evaluación de impacto ambiental y posteriormente, al plan de manejo, recuperación y reposición de los recursos." (Así reformado este párrafo por el artículo 72, inciso c), de la Ley Forestal No.7575 del 13 de febrero de 1996, que a su vez ha sido reformado por el 114 de la Ley N° 7788 de 30 de abril de 1998) Se faculta al Poder Ejecutivo para que, por medio del Ministerio del Ambiente y Energía, realice las expropiaciones, contempladas en este artículo, de conformidad con lo establecido en la Ley de expropiaciones No. 7495, del 3 de mayo de 1995 (el resaltado no es del original). De lo ut retro citado, se establece sin lugar a dudas que el imputado no cometió delito alguno, por cuanto si bien la propiedad objeto de esta litis está dentro de un Parque Nacional, tal y como lo preceptúa el artículo de comentario, de igual forma es una propiedad privada adquirida con un título legítimo, por lo cual no puede ser objeto de persecución penal el encartado de marras, salvo que se demostrara como lo informa claramente el artículo 37 de esta ley, que se han dado dos supuestos a saber; a) que se haya dado la compra forzosa o sea la expropiación, eso si previo pago o indemnización al titular del inmueble y b) que en forma voluntaria el dueño de la finca que está dentro de un Parque Nacional se someta al régimen forestal. Cumplidos los supuestos dichos, si una persona realiza actividades dentro de la finca que ya no le pertenece por vendersela al Estado o por haberse sometido a un régimen forestal, pues eventualmente podría enfrentar cargos por el delito que la Fiscalía procure probar, pero en el caso de marras, el Ministerio Público nunca aportó la prueba suficiente y necesaria que hiciera notar que el imputado [[Nombre2] ] ejerció la acción de limpieza del camino o sendero sobre una propiedad del Estado, adquirida por los medios que se han señalado. Como lo expusieron tanto la Fiscalía como el Procurador en la vista oral, al no haberse demostrado por el Ministerio Público tales alcances, no puede determinarse delito alguno cometido por el encartado [[Nombre2] ], pues hasta la fecha del debate y de acuerdo a las probanzas utilizadas por el Juez de Juicio, las fincas objeto del proceso aún son propiedad privada de éste y no hay noticia alguna de expropiación o entrega voluntaria de la Finca al Estado, de ahí la falta de tipicidad lo que deviene en la absolutoria del imputado. En consecuencia, conforme lo solicita la defensa, debe declararse con lugar el recurso, anular el fallo en los extremos de la condenatoria tanto penal como civil y en su lugar absolver al imputado de toda pena y responsabilidad por el hecho atribuido.” ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Res: 2014-100 Tribunal de Apelación de la Sentencia Penal de Cartago, sección primera. A las diez horas tres minutos del diecisiete de marzo de dos mil catorce.

Recurso de apelación de sentencia penal interpuesto en la presente causa seguida contra [[Nombre1] ], [...], por el delito de Infracción a la Ley Forestal , en perjuicio de Recursos Naturales. Intervienen en la decisión del recurso, los jueces [Nombre2] , Jorge Arturo Rojas Fonseca y Jaime Robleto Gutiérrez. Se apersonaron en apelación, el licenciado [Nombre3] en calidad de defensor particular del encausado, así como la licenciada [Nombre4] en su condición de representante de la Procuraduría General de la República.

Resultando:

1. Que mediante sentencia No. 88-2013 de las dieciséis horas treinta y cinco minutos del catorce de noviembre de dos mil trece, el Tribunal de Juicio de Cartago sede Turrialba, resolvió: "POR TANTO: De conformidad con lo expuesto y normas citadas, arículos 39 y 41 de la Constitución Política, 8 inciso 1 de la Convención americana de Derechos Humanos, 10 de la declaración Americana de los Derechos Humanos, 9 inciso 2 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, 1 4 5 6 9 341 a 359 361 a 367 del Código Penal. Artículos 58 inciso a), 61 incisos a y c de la Ley Nº 7575, 122, 124, 126, 135, 137 del Código Penal de 1941; 1045 y 1048 del Código Civil. El Tribunal resuelve: Se absuelve de toda pena y responsabilidad al [Nombre [Nombre5]] de los delitos de aprovechamiento ilegal de productos forestales en propiedad privada y cambio de uso de suelo en perjuicio de los RECURSOS NATURALES que se le venían acusando. Se declara autor responsable a [[Nombre1] ] del delito de INVASION DE AREA DE PROTECCIÓN en prejuicio de los RECURSOS NATURALES. Como sanción se le impone la pena TRES MESES DE PRISIÓN , la cual deberá descontar en el lugar y forma que indiquen los reglamentos penitenciarios previo al obono a la prisión preventiva que hubiere sufrido. Firme la sentencia, inscribase en el Registro Judicial de Delincuentes, envíesén los testimonios de estilo al Juzgado de Ejecución de la Pena, Instituto Nacional de Criminología y Centro de Información Penitenciaria. Con base en los requisitos del artículo 59 del Código Penal, se le concede el beneficio de ejecución de la pena por tres años, donde durante dicho período no podrá ser condenando por delito doloso superior a seis meses, de lo contrario se será revocado el beneficio e irá a descontar la penal impuesta. Además, se le impone NO perturbar la zona cubierta por el radio de dos kilómetros del cráter del volcán Turrialba. En cuanto a la Acción Civil resarcitoria incoada por el Estado. Se condena al demandado civil [[Nombre1] ] a pagar por daños la suma de VEINTIDÓS MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS COLONES mas los intereses legales. Dicha suma liquida y exigible deberá ser depositada por el demandado civil en la cuenta corriente de este Tribunal, por mero apercibimiento entre los quince dias de la firmeza del este fallo, caso contrario deberá ser ejecutada en la vía civil ordinaria. Mediante lectura notifiquese. WILSON FLORES FALLAS. JUEZ DE JUICIO." (sic)

2. Que contra el anterior pronunciamiento, el licenciado [Nombre6] [Nombre7] interpuso el recurso de apelación.

3. Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 466 del Código Procesal Penal, reformado por Ley 8837 publicada el nueve de diciembre de dos mil once (Creación de Recurso de Apelación de la Sentencia), el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el recurso.

4 . Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

Redacta el Juez [Nombre8] , y;

Considerando:

I.Mediante escrito presentado en fecha 6 de diciembre de 2013, el licenciado [Nombre3] en su condición de defensor particular del encartado [[Nombre1] ], interpone un recurso de apelación de sentencia en contra del fallo del Tribunal Penal de Juicio de Turrialba, sentencia número 88-2013 de las dieciséis horas treinta y cinco minutos del catorce de noviembre del año dos mil trece por el delito de Invasión a un área de protección y otros en daño de los Recursos Naturales. El recurrente sustenta su impugnación en los artículos 437, 439, 452, 458, 459, 460, 463, 465, 466 en relación con los guarismos 1, 2, 9, 142, 180, 181, 183 todos del Código Procesal Penal, artículos 30, 31, 34, 45 del Código Penal y 58 inciso a de la Ley Forestal 7575. Siendo que dicho recurso se presentó en tiempo conforme al plazo de ley. En virtud de la aplicación de los principios de informalidad, amplitud, accesibilidad y flexibilidad propios del recurso de apelación de sentencia penal, se estima que la impugnación de marras reúne los presupuestos básicos y mínimos que se requieren para que la misma posibilite el conocimiento y decisión de los reparos planteados por el recurrente en orden al examen integral de la sentencia impugnada, tal y como lo establece el artículo 8.2h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y los artículos 458, 459, 460 y 462 del Código Procesal Penal, cuyas inconformidades expone de la siguiente forma.

Redacta el Juez de Apelación [Nombre8] y ; II.- Primer motivo(forma): I rrespeto y quebranto al debido proceso. Inicia su reclamo indicando que se tuvo un cuadro fáctico demostrado y se condenó a su representado como autor del delito de invasión de área de protección sin que hubiera prueba que señalara al mismo como el que ejecutó la acción pues no se le vio utilizando maquinaria para ello, ni pagando a terceros para tal trabajo. Se concretaron a indicar que la finca es del justiciable y que había un tractor haciendo una limpieza del camino. Que las versiones que se recogieron en el lugar de los hechos son ilegales pues el imputado nunca fue puesto de sus derechos constitucionales a tener un abogado, a no declarar contra sí mismo. De igual forma el deponente que manejó el tractor, era testigo sospecho y el propio juzgador en el debate le hizo las advertencias de que podía abstenerse de declarar pero que cuando se las hizo ya el señor declarante había depuesto y pese a eso en forma ilegítima el Juzgador uso la declaración para condenar al acusado. Reclama que el medio de obtención de la prueba y su valoración fue ilícita. Solicita que en base a eso se absuelva al acusado de toda pena y responsabilidad. Segundo motivo: Inconformidad con la determinación de los hechos. El apelante informa su descontento con la sentencia pues se demostró que la finca es del acusado y se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la propiedad como finca privada. Que se habla de dos kilómetros donde no se puede hacer nada con relación al cono del Volcán Turrialba, pero que si bien es un Parque Nacional, no se establecen avisos, mojones, cercas divisorias para poder establecer que el imputado sabía hasta donde no podía estar, o hasta donde llegaba su finca. Que los propios funcionarios del Sinac usaron tecnología de punta para establecer las ubicaciones (GPS) pero que en el sitio no hay forma de que el imputado tuviera el dolo para actuar en contra de los recursos naturales. No se puede hablar en su criterio de una "invasión" si el imputado no sabía cuales eran los límites y por ende refiere la existencia de un error de tipo. Solicita que se absuelva al imputado de toda pena y responsabilidad. Tercer motivo: Inconformidad con la valoración de la prueba, violación a las reglas de la sana crítica. Dice que el Juzgador declara autor único y responsable a su cliente de un delito de invasión de un área protegida dejando de lado que el terreno o la finca es de propiedad privada, que es de su cliente, pues todo está inscrito ante el Registro de la Propiedad y catastro. Que el delito es doloso y no se puede presumir en estos ilícitos tal conocimiento. Que la finca era de una lechería y el camino es de muchos años atrás, que lo que hizo el encartado fue limpiar un sendero o trocha que ya existía y que llevaba a la citada lechería que fue cerrada por efectos de la ceniza volcánica pero que la actividad se daba antes de que el imputado fuera dueño de la finca. Que no condena al acusado por cambio de uso del suelo pues no se dio, ni ese ni la invasión que le atribuyeron pues no alteró límites del Parque Nacional, sólo limpió el camino ya existente. Solicita se le absuelva por el supuesto delito de invasión del Parque Nacional. Cuarto motivo: (fondo) Disconformidad con la aplicación de la norma de fondo sobre la responsabilidad penal. Determina el recurrente que el Juzgador utilizó las normas en forma errónea, pues no se puede dar la aplicación de la Ley Forestal 7575 en su artículo 58, ya que esa no contempla ninguna señalización sobre los Parques Nacionales. De igual forma no podría usarse en la especie la Ley del Instituto Costarricense de Turismo por la misma razón de no ser señalado por la anterior ley como un Parque Nacional. Que el imputado aportó certificaciones de actos posesorios en la finca pues es de su propiedad y por ende no se pueden aplicar las normas de estilo indicadas. Solicita la absolutoria de su cliente pues nunca invadió zonas de Parque Nacional pues son terrenos privados y el grado de demanialidad no estuvo señalado. Quinto motivo: Disconformidad con la condena de daños y perjuicios. El recurrente presenta su reclamo en cuanto a la condenatoria al pago de veintidós millones novecientos dos mil seiscientos dieciséis colones más los intereses legales por concepto de daño ambiental, situación que rechaza pues recalca que no hubo ninguna invasión al Parque Nacional. Amén de lo anterior el mismo Juzgador absolvió al acusado de toda pena y responsabilidad por los delitos de cambio de uso del suelo y de aprovechamiento forestal, siendo que no se cuantifica nada con relación al único delito que resultó condenado, tomando en cuenta que el peritaje era por la suma de los tres delitos acusados. Solicita se revoque la sentencia en todos sus extremos, se absuelva de toda pena y responsabilidad penal al acusado y se le exonere de pago de tales extremos civiles.

III.- Sobre la audiencia oral: Con fundamento en la petición del licenciado [Nombre7] , se programó una audiencia oral que se llevó a cabo al ser las nueve horas cuarenta y cinco minutos del cinco de marzo de dos mil catorce con la presencia de los Jueces de Apelación de Sentencia, Licenciados [Nombre9] . , Jaime Robleto Gutiérrez y quien presidió [Nombre10] . Se presentó el recurrente, el imputado, así como el representante de la Procuraduría Penal y el Fiscal de impugnaciones del Ministerio Público. En la diligencia el exponente luego de concluir con los alegatos, tanto la Procuraduría y la Fiscalía le dieron la razón solicitando ambos la absolutoria del acusado. Se declara con lugar el cuarto motivo de apelación interpuesto. Se agregan elementos no tomados en cuenta por el recurrente. Absolutoria. El abogado apelante plantea en el cuarto motivo de fondo, pues considera que la legislación aplicada en la especie es errónea, ya que el Juez de instancia echó mano de la ley 7575 en su artículo 58 y de la Ley del Instituto Costarricense de Turismo, siendo que en dichas normativas no se plantea la hipótesis por la cual fue encontrado culpable su defendido de invasión de área protegida, por cuanto las leyes de cita no incluyen para su tratamiento lo relativo al Volcán Turrialba, ni lo referente a los dos kilómetros de radio del cráter del volcán que supuestamente invadió su defendido. Efectivamente lleva razón el impugnante por cuanto en la sentencia sometida a análisis se detecta un vicio iniudicando , pues la normativa utilizada por el Juez de instancia para encontrar autor responsable de un delito de invasión de área protegida es incorrecta. Como se observa del fallo apelado, el Juez del Tribunal utilizó el artículo 58 de la ley 7575 y aunque no se incluya en el "Por tanto ", dentro de la fundamentación de la misma incluye la mención a la ley del Instituto Costarricense de Turismo. La aplicación de dichas normas es errática en el caso sub litem, pues tal y como lo hicieron notar expresamente en la audiencia oral tanto el representante del Ministerio Público, como el Procurador de la República, la utilización correcta de normas en el caso concreto lo son el artículo 7 de la Ley de Tierras y Colonización, y el numeral 32 inciso c y 37 de la Ley Orgánica del Ambiente. Veamos que en el caso concreto el Tribunal de Juicio opta por absolver de toda pena y responsabilidad penal al acusado de los delitos de Aprovechamiento ilegal de productos forestales en propiedad privada y de cambio de uso del suelo en perjuicio de los Recursos Naturales. Al observar la fundamentación de la absolutoria, ésta Cámara de Apelación encuentra que el a quo tuvo por acreditado que precisamente la finca es propiedad privada del acusado y que los hechos demostrados radican en que el endilgado contrató a alguien para que limpiara un camino que llegaba hasta el centro de su propiedad, sendero o trecho que existía de mucho tiempo atrás (el recurrente en la audiencia habló de sesenta o setenta años y ninguna parte presentó alegato contrario a ello). El juzgador de instancia tuvo por acreditado ( y por eso absuelve) que el acusado no cambió el uso del suelo y tampoco hizo aprovechamiento de recursos naturales en propiedad privada, razonando de la siguiente forma en lo que interesa: " Ahora bien, en el caso bajo estudio, es el criterio del suscriptor de este veredicto que no se ha demostrado la hipótesis fáctica contendida en la pieza acusatoria fiscal con respecto al delito de aprovechamiento ilegal de productos forestales en propiedad privada, esto porque no existe una descripción de hechos que permitan considerar la existencia de tal delincuencia. Además, en lo relativo a la calificación legal de cambio de suelo, interesa destacar en este momento las serias y esenciales inconsistencias existente entre la calificación y las diversos y contradictorias descripciones fácticas que se podrían tener por probadas que también permiten desechar dicha calificación esto de conformidad con el artículo 61 inciso c) con relación al artículo 19 de la ley 7575 se requiere como acción el cambio de uso....los terrenos no están cubiertos de bosque como parte de los elementos objetivos del tipo, pues de la prueba documental particular de la prueba documental ofrecida por la defensa, fotocopias de escrituras de folio 101 a 111, secuencia fotográfica de folio 112 y 113, se refleja que la zona no es un bosque , a lo anterior hay que agregar que conforme a la prueba testimonial ofrecida por la defensa los terrenos se han dedicado durante muchos años antes del actual propietario a labores de ganado de leche.... y que los testigos han reconocido la existencia desde hace mucho tiempo ..." (ver folios 159 y 160 del expediente). De lo transcrito se establece entonces varias premisas, en primer lugar y observando los documentos probatorios de folio 110, que el imputado [[Nombre1] ] es el representante con carácter de apoderado generalísimo sin limite de suma de la sociedad "Altos Montes del Volcán Turrialba", sociedad que es dueña a su vez de los inmuebles del Partido de Cartago, inscritos bajo los folios reales números noventa y un mil seiscientos veinte secuencias cero cero uno, cero cero dos, cero cero tres y cero cero cuatro, noventa y nueve mil ciento sesenta y siete secuencias cero cero uno, cero cero dos , cero cero tres y cero cero cuatro, cuyas descripciones se indican en las escrituras de folios 101 y siguientes. Precisamente dichos inmuebles son los que están dentro del Parque Nacional Volcán Turrialba y son de igual forma los que desde hace muchos años son usados para la actividad agrícola, propiamente una antigua lechería que existía en el sitio y que dan cuenta las fotografías de folios 112 a 114 de los autos. Las condiciones de dicha finca, su antigua actividad económica, y su ubicación queda demostrado por toda la prueba que se utilizó en el juicio y es precisamente la propiedad que es objeto de este asunto y que ya desde mucho tiempo atrás y así lo reconoce el fallo impugnado, tenía el camino o sendero que el imputado mandó a limpiar a través de terceras personas. La situación en el caso sub litem,hay que aclararla pues el vicio detectado no se refiere al modo en que se demostró en forma fehaciente que fue el encartado y no otra persona quien mandó a limpiar el sendero ya existente. Además que el trabajo se hizo dentro del radio de protección que de dos kilómetros de distancia del cráter del Volcán Turrialba, pero las situaciones demostradas se hicieron al amparo de la utilización de leyes erróneas como se mencionó para poderle atribuir alguna conducta delictiva al encartado por la realización de la limpieza del sendero dentro de su fundo o sea propiedad privada, debía observarse los numerales del 1, 7 de la Ley de Tierras y Colonización en concordancia con los numerales 32 inciso c) y 37 de la Ley Orgánica del Ambiente. En lo que interesa la primer Ley de cita indica: " CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES Finalidades, Régimen de Posesión de la Propiedad Rural Inmueble Artículo 1º.- La presente ley tiene por objeto: 1.- Determinar que la propiedad de la tierra se debe promover para el aumento gradual de su productividad y para una justa distribución de su producto, elevando la condición social del campesino y haciéndolo partícipe consciente del desarrollo económico-social de la Nación; 2.- Contribuir al florecimiento de las virtudes republicanas,privadas y públicas, vinculando al ciudadano a un régimen sano de posesión de la tierra; 3.- Contribuir a una más justa distribución de la riqueza;4.- Contribuir a la conservación y uso adecuados de las reservas derecursos naturales renovables de la Nación; 5.- Evitar la concentración de tierras nacionales en manos de quienes las utilicen para especulación o explotación en perjuicio de los intereses de la Nación. Las tierras en manos de esos intereses deben volver al Estado en la forma que determinan la Constitución y la ley; 6.-Determinar que la tierra no debe utilizarse para la explotación del trabajador agrícola. El Estado, por todos los medios a su alcance, estimulará la formación de cooperativas agrícolas para combinar la dignidad de la pequeña propiedad con la eficiencia de la gran empresa; y 7.- Reconocer, de conformidad con lo anteriormente expuesto, la existencia y legitimidad de la propiedad privada (el resaltado no es del original). Se establece de conformidad con los conceptos transcritos, que el legislador estableció que a pesar de que el Estado tenga y deba tener interés en la conservación y protección de las tierras y de los recursos naturales, también la protección, reconocimiento y legitimidad de la propiedad privada de las personas físicas o jurídicas. Siguiendo con el estudio legislativo que nos compete para la resolución de este recurso, se debe observar el numeral 7 inciso e) de la citada ley, donde se establece propiamente lo relativo al Volcán Turrialba y no como erraticamente en sentencia se utilizó otra normativa, veamos: " CAPITULO II Propiedad Agrícola del Estado Artículo 7º. -Mientras el Estado, por voluntad propia o por indicación del Ministerio de Agricultura o del Instituto de Tierras y Colonización, atendiendo razones de conveniencia nacional, no determine los terrenos que deben mantenerse bajo su dominio, se considerarán inalienables y no susceptibles de adquirirse por denuncio o posesión, salvo los que estuvieren bajo el domino privado, con título legítimo, los siguientes: e) Una zona de dos kilómetros de radio, con centro en el cráter, o cima principal alrededor de los volcanes Barba, Poás, Arenal, Cerro Chato, Tenorio, Santa María y Rincón de la Vieja; de dos kilómetros de ancho a uno y otro lados de la fila constituida por los varios picos del Miravalles; la zona en los volcanes Irazú y Turrialba a partir de los 3.000 metros de altitud y hacia la cima; los páramos de la Cordillera de Talamanca a partir de los 3.000 metros de altitud y hacia la cima; una zona de tres kilómetros de radio con centro en la cima del [Dirección1] ; las sabanas alrededor del Cerro [Dirección2] arriba de los 3.000 metros de altitud; una zona de dos kilómetros de ancho a uno y otro lados de la Cordillera entre los Cerros Zurquí y Hondura. Oportunamente creará el Instituto otras reservas forestales que servirán, además, de santuario o refugio de la vida animal silvestre y en los cuales será prohibida la cacería en cualquiera de sus forma. Si para ese uso fuere necesario establecer servidumbres sobre predios de particulares, el Instituto compensará a éstos equitativamente (el resaltado no es del original). Como se observa del numeral de cita, la Ley de Tierras y Colonización es la normativa que debió aplicarse al caso concreto, pues precisamente es la que establece los dos kilómetros de radio con centro en el cráter para su protección y además en forma expresa incluye al Volcán Turrialba, lo que sucede es que se sigue en forma coherente en este artículo el espíritu del legislador de proteger la propiedad privada, pues aunque el bien y dicha distancia de dos kilómetros de radio estén dentro de un Parque Nacional, como lo es el del Volcán Turrialba, no opera contra los intereses de un tercero que la tenga bajo dominio privado y con título legítimo, como ocurre en el sub litem, donde quedó demostrado que el imputado tiene el título legítimo de propiedad sobre el terreno en cuestión y por ende, no hay ilicitud alguna en su conducta. Ahora bien, la atipicidad de lo efectuado por el endilgado se demuestra aún con más fuerza con las disposiciones que se encuentran en los artículos 32 inciso c) y 37 de la Ley Orgánica del Ambiente, normas que en lo que interesan rezan: " CAPITULO VII AREAS SILVESTRES PROTEGIDAS ARTICULO 32.- Clasificación de las áreas silvestres protegidas El Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio del Ambiente y Energía, podrá establecer áreas silvestres protegidas, en cualquiera de las categorías de manejo que se establezcan y en las que se señalan a continuación: a) Reservas forestales. b) Zonas protectoras.c) Parques nacionales .d) Reservas biológicas.e) Refugios nacionales de vida silvestre.f) Humedales.g) Monumentos naturales.Esas categorías de manejo y las que se creen en el futuro, serán administradas por el Ministerio del Ambiente y Energía, salvo las establecidas en el artículo 33 de esta ley. Las municipalidades deben colaborar en la preservación de estas áreas.ARTICULO 37.- Facultades del Poder Ejecutivo Al establecer áreas silvestres protegidas, cualquiera sea su categoría de manejo,el Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio del Ambiente y Energía, queda facultado para incluir, dentro de sus límites, las fincas o partes de fincas particulares necesarias para cumplir con los objetivos señalados en esta ley y para instrumentarlos de acuerdo con el respectivo plan de manejo o crear las servidumbres legales para la protección ecológica y el cumplimiento de la presente ley. Cuando se trate de parques nacionales, reservas biológicas o refugios nacionales de vida silvestre estatales, los terrenos serán adquiridos por compra, expropiación o ambos procedimientos, previa indemnización. En los casos de reservas forestales, zonas protectoras, refugios de vida silvestre mixtos y humedales, los predios o sus partes también podrán comprarse o expropiarse, salvo que, por requerimiento del propietario, se sometan voluntariamente al régimen forestal. Esa sujeción será inscrita en el Registro Público de la Propiedad, como una afectación al inmueble, que se mantendrá durante el tiempo establecido en el plan de manejo. Las fincas particulares afectadas según lo dispuesto por este artículo, por encontrarse en parques nacionales, reservas biológicas, refugios de vida silvestre, reservas forestales y zonas protectoras, quedarán comprendidas dentro de las áreas protegidas estatales solo a partir del momento en que se hayan pagado o expropiado legalmente, salvo cuando en forma voluntaria se sometan al Régimen Forestal. Tratándose de reservas forestales, zonas protectoras y refugios de vida silvestre y en caso de que el pago o la expropiación no se haya efectuado y mientras se efectúa, las áreas quedarán sometidas a un plan de ordenamiento ambiental que incluye la evaluación de impacto ambiental y posteriormente, al plan de manejo, recuperación y reposición de los recursos." (Así reformado este párrafo por el artículo 72, inciso c), de la Ley Forestal No.7575 del 13 de febrero de 1996, que a su vez ha sido reformado por el 114 de la Ley N° 7788 de 30 de abril de 1998) Se faculta al Poder Ejecutivo para que, por medio del Ministerio del Ambiente y Energía, realice las expropiaciones, contempladas en este artículo, de conformidad con lo establecido en la Ley de expropiaciones No. 7495, del 3 de mayo de 1995 (el resaltado no es del original). De lo ut retro citado, se establece sin lugar a dudas que el imputado no cometió delito alguno, por cuanto si bien la propiedad objeto de esta litis está dentro de un Parque Nacional, tal y como lo preceptúa el artículo de comentario, de igual forma es una propiedad privada adquirida con un título legítimo, por lo cual no puede ser objeto de persecución penal el encartado de marras, salvo que se demostrara como lo informa claramente el artículo 37 de esta ley, que se han dado dos supuestos a saber; a) que se haya dado la compra forzosa o sea la expropiación, eso si previo pago o indemnización al titular del inmueble y b) que en forma voluntaria el dueño de la finca que está dentro de un Parque Nacional se someta al régimen forestal. Cumplidos los supuestos dichos, si una persona realiza actividades dentro de la finca que ya no le pertenece por vendersela al Estado o por haberse sometido a un régimen forestal, pues eventualmente podría enfrentar cargos por el delito que la Fiscalía procure probar, pero en el caso de marras, el Ministerio Público nunca aportó la prueba suficiente y necesaria que hiciera notar que el imputado [[Nombre1] ] ejerció la acción de limpieza del camino o sendero sobre una propiedad del Estado, adquirida por los medios que se han señalado. Como lo expusieron tanto la Fiscalía como el Procurador en la vista oral, al no haberse demostrado por el Ministerio Público tales alcances, no puede determinarse delito alguno cometido por el encartado [[Nombre1] ], pues hasta la fecha del debate y de acuerdo a las probanzas utilizadas por el Juez de Juicio, las fincas objeto del proceso aún son propiedad privada de éste y no hay noticia alguna de expropiación o entrega voluntaria de la Finca al Estado, de ahí la falta de tipicidad lo que deviene en la absolutoria del imputado. En consecuencia, conforme lo solicita la defensa, debe declararse con lugar el recurso, anular el fallo en los extremos de la condenatoria tanto penal como civil y en su lugar absolver al imputado de toda pena y responsabilidad por el hecho atribuido.

Por tanto:

Se declara con lugar el recurso por el fondo. Se anula el fallo en los extremos de la condenatoria tanto penal como civil y en su lugar se absuelve al imputado [[Nombre1] ] de toda pena y responsabilidad por el hecho atribuido. Notifíquese.- [Nombre2] Jorge Arturo Rojas Fonseca Jaime Robleto Gutiérrez Jueces del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal C/: [[Nombre1] ] Of/: Los Recursos Naturales D/: Infracción a la Ley Forestal JORTIZS Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago. Teléfonos: [Telf1] ó [Telf2]. Fax: [Telf3]. Correo electrónico: [...]

3 Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

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Implementing decreesDecretos que afectan

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      Concept anchorsAnclajes conceptuales

      • Ley de Tierras y Colonización Art. 7
      • Ley Orgánica del Ambiente Art. 32
      • Ley Orgánica del Ambiente Art. 37
      • Ley Forestal 7575 Art. 58

      Spanish key termsTérminos clave en español

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