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Res. 00042-2014 Tribunal Contencioso Administrativo Sección VIII · Tribunal Contencioso Administrativo Sección VIII · 30/05/2014
OutcomeResultado
The Tribunal dismissed the entire action, upheld the closure of premises operating without health and municipal permits, denied the requested compensation, and ordered the plaintiffs to pay costs.El Tribunal rechazó íntegramente la demanda, declaró válida la clausura del establecimiento que operaba sin permisos sanitarios y municipales, denegó la indemnización reclamada e impuso las costas a los actores.
SummaryResumen
The Tribunal dismissed the action against the State and upheld the legality of the closure ordered by the Ministry of Health. Although the plaintiff claimed that the closed premises were his home and that products were stored there only temporarily for inventory and subsequent destruction, the evidence showed that cosmetics and food products were prepared, stored, sold, and distributed there without the required health and municipal permits. The closure order was issued by the competent authority, through the applicable procedure, and had grounds, content, and a purpose consistent with the legal system. The plaintiffs also failed to establish arbitrariness, abuse of power, undue administrative delay, or willful misconduct or gross negligence by public officials. Because the administrative action was lawful, no causal connection supported compensation for the alleged material and moral damages. Article 195 of the General Public Administration Law also precludes liability when the affected interest is unlawful or contrary to public order.El Tribunal declaró sin lugar la demanda presentada contra el Estado y confirmó la legalidad de la clausura ordenada por el Ministerio de Salud. Aunque el actor afirmaba que el inmueble clausurado era su casa de habitación y que únicamente almacenaba temporalmente productos para inventariarlos y destruirlos, la prueba demostró que allí se preparaban, almacenaban, vendían y distribuían cosméticos y alimentos sin los permisos sanitarios y municipales correspondientes. La orden de cierre fue dictada por el órgano competente, mediante el procedimiento aplicable y con un motivo, contenido y finalidad conformes al ordenamiento jurídico. Tampoco se acreditaron arbitrariedad, exceso de poder, dilaciones indebidas ni dolo o culpa grave de los funcionarios. Al ser legítima la actuación administrativa, no existió nexo causal que permitiera indemnizar los daños materiales y morales reclamados. Además, el artículo 195 de la Ley General de la Administración Pública excluye responsabilidad cuando el interés lesionado es ilegítimo o contrario al orden público.
Key excerptExtracto clave
As to the OBJECTIVE ELEMENTS of the challenged act, as stated, they concern GROUNDS composed of the legal and factual reasons making its issuance necessary and valid; in this case, the measure was a closure order because the plaintiff was conducting a commercial activity without any authorization. Its CONTENT was clear, precise, possible and, above all, lawful, because it ordered the cessation of an activity conducted illegally. The challenge seeking nullification of the actions and measures issued by the Ministry of Health must therefore be rejected as unfounded. After analyzing the documentary and testimonial evidence, the Tribunal concluded that the plaintiff had no legal right supporting either the claims for nullification or the remaining relief. It found that the premises closed by the Ministry of Health were not a home but a place where products of Nombre146591 Natural were marketed and sold without authorization from the Ministry of Health or the local municipality. The compensation claim was therefore unfounded because, absent an unlawful administrative action, the necessary causal connection between the defendant administration's conduct or omission and the harm alleged by the company and Nombre146597 was not established. The defenses of lack of active and passive standing and lack of interest are rejected, and the State's defense of lack of legal right is upheld. Consequently, the action filed by Nombre146591 NATURAL SOCIEDAD ANÓNIMA and Nombre146592 against the STATE is DISMISSED IN ITS ENTIRETY. The plaintiffs shall bear both sets of costs.Ahora bien, en cuanto a los ELEMENTOS OBJETIVOS del acto cuestionado, como se indicó, se observa que los mismos refieren a un MOTIVO, compuesto por las razones jurídicas y fácticas que hacen necesaria y valida su emisión, siendo que en este caso se trata de una orden de clausura por cuanto el actor realizaba una actividad comercial sin autorización alguna, resultando su CONTENIDO claro, preciso, posible, y sobre todo, lícito ya que se ordena el cese de una actividad que se realiza en forma ilegal. Por lo que el reproche de nulidad de las actuaciones y actos emitidos por el Ministerio de Salud debe ser rechazado por improcedente.- El Tribunal luego de un análisis de los elementos de prueba aportadas (documental y testimonial) llegó a la conclusión de que al actor no le asiste derecho alguno, acogiendo la falta de derecho, respecto no sólo de las nulidades, sino de las demás pretensiones, llegó al convencimiento de que lo clausurado por el Ministerio de Salud, no es una casa de habitación, sino un lugar en donde se comercializan y venden los productos de Nombre146591 Natural sin autorización por parte del Ministerio de Salud y de la Municipalidad del lugar, entonces lo reclamado por este concepto resulta improcedente, ya que al no decretarse la ilegitimidad de la actuación administrativa, no se configuró el nexo de causalidad necesario entre la acción u omisión de la administración demandada y las afecciones alegadas tanto por la Sociedad como por el Nombre146597 . Se rechazan las excepciones de falta de legitimación activa y pasiva, falta de interés y se acoge la defensa de falta de derecho alegada por la representación estatal. En consecuencia se DECLARA SIN LUGAR EN TODOS SUS EXTREMOS, la demandada interpuesta por Nombre146591 NATURAL SOCIEDAD ANÓNIMA Y Nombre146592 contra el ESTADO . Son ambas costas a cargo de los actores.
Pull quotesCitas destacadas
"Se concluye que las pretensiones del actor carecen de fuerza legal, ya que su reclamó tiene como base, el ejercicio de una actividad ilegal, por lo que debe declararse improcedente en todos sus extremos la demanda."
"The Tribunal concludes that the plaintiff's claims lack legal merit because they are based on the conduct of an illegal activity; the action must therefore be dismissed in its entirety."
Considerando VIII
"Se concluye que las pretensiones del actor carecen de fuerza legal, ya que su reclamó tiene como base, el ejercicio de una actividad ilegal, por lo que debe declararse improcedente en todos sus extremos la demanda."
Considerando VIII
"Amén de ello, la Ley General de la Administración Pública en su artículo 195 dispone que no existe responsabilidad aún y cuando se cause un daño cuando el interés lesionado resulte ilegítimo o contrario al orden público que es el caso que nos ocupa."
"Moreover, Article 195 of the General Public Administration Law provides that liability does not arise, even when damage is caused, if the affected interest is unlawful or contrary to public order, as it is in this case."
Considerando VIII
"Amén de ello, la Ley General de la Administración Pública en su artículo 195 dispone que no existe responsabilidad aún y cuando se cause un daño cuando el interés lesionado resulte ilegítimo o contrario al orden público que es el caso que nos ocupa."
Considerando VIII
"Si lo que se pretende es la responsabilidad objetiva para la administración demandada, es lo cierto que este órgano colegiado, determinó que los actos administrativos no contienen vicio alguno de ilegalidad."
"If strict liability of the defendant administration is sought, this collegiate body has determined that the administrative acts contain no defect of illegality."
Considerando VII
"Si lo que se pretende es la responsabilidad objetiva para la administración demandada, es lo cierto que este órgano colegiado, determinó que los actos administrativos no contienen vicio alguno de ilegalidad."
Considerando VII
"Lo pretendido debe ser rechazado, para determinar una responsabilidad como la pretendida, debió la parte actora traer al proceso a los funcionarios del Ministerio de Salud que emitieron los actos que a su parecer resultan ilegales o arbitrarios con demostración de que en su actuar, existió dolo o culpa grave."
"The requested relief must be rejected because, to establish the alleged liability, the plaintiff was required to bring into the proceedings the Ministry of Health officials who issued the allegedly unlawful or arbitrary acts and prove that they acted willfully or with gross negligence."
Considerando VII
"Lo pretendido debe ser rechazado, para determinar una responsabilidad como la pretendida, debió la parte actora traer al proceso a los funcionarios del Ministerio de Salud que emitieron los actos que a su parecer resultan ilegales o arbitrarios con demostración de que en su actuar, existió dolo o culpa grave."
Considerando VII
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Case File No. 13-000211-1028-CA Proceeding/ Full Trial Proceeding (proceso de conocimiento) Plaintiff/Nombre146591 Natural Sociedad Anónima and Nombre146592 Service of Process/ Lic. Orlando Ramírez Retana Defendant/ The State (Ministerio de Salud) Service of Process/ Licda Georgina Inés Chaves Olarte No. 42- 2014 SECCIÓN OCTAVA DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, GOICOECHEA, at sixteen hours and twenty-two minutes on treinta de Mayo del año dos mil catorce.- Full trial proceeding brought by Nombre146592, of legal age, single, holder of a degree in Economics, resident of San José, identity card number CED8629, acting on his own behalf and as representative (pursuant to a general power of attorney with registration date 31 de agosto del 2011) of the company Nombre146591 NATURAL SOCIEDAD ANÓNIMA, against THE STATE, represented by State Attorney GEORGINA INES CHAVES OLARTE, married, of legal age, attorney, resident of Moravia, identity card number CED568.- BACKGROUND
Drafted by Judge Jiménez Quesada;
CONSIDERING:
In that capacity, the motions for reconsideration (recursos de reconsideración) and the concurrent motion for nullity (incidente de nulidad concomitante) against decisions DM-PB-1520-2012 and DM-PB-1541-2012 are admitted, because it was stated at the preliminary hearing that the Court was required to issue the corresponding ruling (folios 71 to 76 of the court case file).
For the resolution of this matter, the following factual record is deemed established:
(folios 22 to 33 and 140 to 162 of the Nombre146591 Natural establishment case file (expediente));
The plaintiff failed to prove: 1) That Nombre146597 practices a liberal profession (profesión liberal) on the property located in Pavas, 50 meters east and 25 meters south of Cemaco, house No. 80; 2) That the products found on the property located at Dirección17762, ° , were intended for the personal consumption or use of Nombre146597; 3) That Nombre146597 or the company Nombre146591 NATURAL had municipal authorization or an operating permit (permiso de funcionamiento) from the Ministry of Health to market and distribute natural products on the property located in Pavas, 50 meters east and 25 meters south of Cemaco, house No. 80; 4) That the property located in Pavas, 50 meters east and 25 meters south of Cemaco, house No. 80, was a dwelling and that Nombre146597 resided there; 5) Which officials were responsible for the acts alleged to have harmed their interests.-
Counsel for the plaintiff seeks recognition of the lawfulness of the actions undertaken by Nombre146591 Natural, on the grounds that it had previously requested authorization to move expired products, or products with other characteristics that prevented their distribution, to a location other than its warehouse in Heredia; that this request was submitted to the Governing Office of the Heredia Health Area; and that, because no response was issued, the positive administrative silence (silencio positivo) provided for in Article 330 of the General Law of Public Administration applied. The plaintiff argues that, because positive administrative silence therefore took effect, closure report (acta de clausura) ARS-HMR-01-ILL-22-09-2011 dated September 22, 2011, must be declared null and void, since it was arbitrary. The plaintiff further argues that the premises closed were the dwelling and personal office of Nombre146597, rendering the order unlawful.
The plaintiff also claims that the appeals filed were decided by the State after the applicable deadlines had expired. The plaintiff additionally seeks damages (daños y perjuicios), assessing Nombre146597’s non-pecuniary harm (daño moral) at five million colones and that of Nombre146591 Natural at fifteen million colones. The State, for its part, maintains that the acts complied with the law. It contends that Nombre146591 held an operating permit to conduct its activities in Heredia but had no permit to store products at a different establishment. An inspection visit was initially ordered, but the plaintiff refused to allow it; an application for a search warrant (solicitud de allanamiento) was therefore submitted to a judge, and it was determined that a large quantity of expired or relabeled products, as well as primary packaging materials, was present in the house. Such items were also found in an apartment located one hundred meters from the place where the first proceeding was conducted, and the apartment was therefore closed.
However, the seals were removed, and Ministry officials conducted another inspection, confirming the presence of people inside the property. The premises do not function as a dwelling, but rather as an office and warehouse for products and primary materials. The State requested dismissal of the complaint, with an award of costs (costas) and interest until full payment. (video of the oral and public trial)
This issue has been analyzed by this Court. Thus, in Judgment Nº 163-2012 of fourteen hours and twenty minutes on 20 de agosto del 2012, the Sixth Section stated in its Considerando III: “...The public interest (interés público) that it is called upon to protect constitutes the purposive or teleological element that justifies conferring sovereign powers (potestades de imperio) upon certain Public Administrations within the particular context of their spheres of action. That public interest constitutes the ultimate purpose of the service-provision function of such administrative units and the ultimate purpose of their actions, an interest that prevails over any interest that a Public Administration itself may have (arts. 113, 131 LGAP). For that reason, and because it is the legitimizing basis of the powers conferred upon them, their competencies and powers must be exercised to satisfy that interest.
This is indeed apparent from section 66.1 of Ley No. 6227/78, insofar as it provides that sovereign powers and their exercise, as well as public duties and their performance, may not be waived or transferred and are not subject to limitation periods. In many situations, however, those powers are exercised within the framework of an administrative proceeding (procedimiento administrativo), which may be initiated ex officio or at the request of a party. In the latter case (an application by an interested party), the proper exercise of public powers entails the duty to issue an express administrative act (acto expreso) within the time limits imposed by the legal system for each type of application. This is established, as a matter of principle, in section 134 LGAP. Nevertheless, it is common for the Administration to fail to respond to the request after that period has expired, in which case the legal and procedural consequence of such inaction must be distinguished and determined.
On the one hand, section 139 of the aforementioned Ley No. 6227/78 states that the Administration’s silence cannot express its will unless otherwise provided by law. In other words, although the Administration’s failure to respond may be regarded as a dysfunction or abnormal operation (due to neglect) in the exercise of public power, it has different effects depending on the particular situation under analysis. Thus, public law establishes two doctrines intended to regulate the consequences of governmental inaction: negative administrative silence (silencio negativo) and affirmative administrative silence (silencio positivo). In simple terms, negative administrative silence constitutes a deemed denial (denegación ficta) of an administrative petition when the Administration has not ruled within the period granted to it for doing so. It is a presumption that the request has been denied, the purpose of which is to enable the regulated party (administrado) to exercise the right to seek administrative review before the Administration itself or to proceed directly to the administrative-litigation jurisdiction (jurisdicción contencioso administrativa) to seek protection of the party’s legal position.
Negative administrative silence is not a rejection of the application, but rather a presumption that makes it possible to pursue the aforementioned challenge; that is, it does not mean that the application has actually been rejected, because there is no manifest expression of governmental intent, but only the possibility of bypassing that stage and continuing with the administrative proceeding. It may be said that, when exhaustion of administrative remedies (agotamiento de la vía administrativa) was mandatory in all matters (before Judgment 3669-2006 of the Sala Constitucional and article 31.1 of the Código Procesal Contencioso Administrativo), negative administrative silence imposed a burden on the regulated party because it required the party to pursue the available administrative remedies in order to obtain an act subject to judicial review (acto preleable) and then seek judicial protection.
At present, however, because it is optional, it provides a means either to advance the proceeding or to initiate a judicial action. This is established by subsection 3 of section 261 of the aforementioned Ley General, as follows: “3. If, upon expiration of the indicated periods, no express decision has been communicated, the regulated party’s claim or petition shall be deemed rejected by reason of the Administration’s silence, whether for purposes of filing the applicable administrative remedies or, where appropriate, an administrative-litigation action, the latter under the terms and with the effects specified by the Código Procesal Contencioso-Administrativo.” Put more simply, administrative inaction entails rejection of the application—or appeal—for purposes of advancing the proceeding, but it does not mean that, substantively and legally, the petition has been denied. Indeed, section 329.3 of the LGAP states with complete clarity that an act issued after the deadline shall be valid for all legal purposes unless otherwise provided.
This entails the Administration’s duty to rule on the application submitted to it even when the deadline for issuing its decision has expired and negative administrative silence may be deemed to have occurred, since its authority to decide does not lapse as a result. Unlike affirmative administrative silence, negative administrative silence is not an act, but a presumption of deemed rejection for the purposes stated ut supra. On the other hand, in certain cases, notwithstanding the foregoing, governmental inaction in issuing a formal decision produces, as a legal effect, what is known as affirmative administrative silence. In such cases, the Administration’s silence is construed in favor of the petitioner, and the application is deemed to have been decided favorably as submitted. From that perspective, section 330 of Ley No. 6227/78 states: “The Administration’s silence shall be construed as affirmative when expressly so provided or when the matter concerns authorizations or approvals that must be granted in the exercise of oversight and supervisory functions./ 2.
Silence shall also be construed as affirmative in the case of applications for permits, licenses, and authorizations.” For this to occur, however, several elements must be present, because affirmative administrative silence cannot be deemed applicable to every application involving a permit, license, or authorization. Indeed, a superficial reading of subsection two of section 330 LGAP could lead to the mistaken conclusion that the doctrine of affirmative administrative silence applies or takes effect in connection with any request for an authorization, license, or permit. This Court does not share that position. Such an interpretation would mean, as a practical matter, that regardless of what was requested, the governmental omission would amount to a form of administrative consent for the performance of the acts underlying the interested party’s petition. This would be so regardless of whether the request had a significant effect on public order, public health, and public safety.
An authorization (autorización) may be defined as the removal of a legal obstacle to the performance of required conduct. A permit (permiso), for its part, consists of administrative permission to engage in conduct that is, in principle, prohibited. A license (licencia), meanwhile, consists of an authorization governed by prescribed rules. From that standpoint, it is necessary to analyze in each case whether a private—or public—request is governed by affirmative or negative administrative silence. Otherwise, the existence of negative administrative silence would make no sense except during the appeals stage, because, aside from administrative claims, many applications submitted to the Administration ultimately seek the granting of a permit, license, or authorization. Consider, for example, an application for a permit to operate a compensated public passenger-transportation service (art. 25 of Ley No. 3503) that meets the requirements of that legislation, where the deadline for deciding the matter has expired and no governmental act has been issued.
In such a case, it would clearly be untenable to conclude that affirmative administrative silence had occurred. On the contrary, the Administration’s silence in that case would not be the silence contemplated in section 330 LGAP, but rather would have the effect specified in article 261, subsections 1 and 3, of that same body of law. Hence, Ley Forestal, No. 7575, expressly and unequivocally provides in section 4 that affirmative administrative silence is inapplicable to environmental matters. The same effect applies to public-domain property (bienes demaniales), as a consequence of the legal regime applicable to the public domain (art. 262 Código Civil), the procedural treatment of which may be seen, among other provisions, in section 34.2 of Ley No. 8508 (CPCA). As may be seen, section 330 LGAP itself establishes that affirmative administrative silence applies when expressly provided by law.
By way of example only, this is the case with the duty to process matters involving administrative procurement—art. 16 of Ley No. 7494—and, in that same field, the failure to respond to an objection appeal—art. Placa26161—. In such expressly regulated cases, the legal system establishes a period different from that prescribed by section 261 LGAP, which usually coincides with the one-month period governed by section 330 of Ley No. 6227/78. In ordinary circumstances, however, the period for deciding petitions is the 2-month period governed by the aforementioned section 261 LGAP, and the effects of silence are negative or denials. Consequently, this Court does not agree with the position that every authorization, permit, or license entails application of the doctrine of affirmative administrative silence in all cases. Rather, the convergence of a series of factors must be analyzed in each case.
First, whether an express provision establishes the applicability of affirmative administrative silence. Second, in the absence of such an express provision, whether the regulated party’s petition concerns a matter to which that doctrine may apply. In such cases—and only in those cases—silence shall apply when it is established: a) that the application was submitted in compliance with all requirements established by the legal system for that particular case; and b) that, after expiration of the period established by the legal system for the Administration to decide the matter, no express act was issued. For these purposes, Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, No. 8220 of 04 de marzo del 2002, published in La Gaceta No. 49 of 11 de marzo del 2002, establishes the procedure for proving affirmative administrative silence. In that regard, section 7 literally states: “Procedure for applying affirmative administrative silence When applications concern the granting of permits, licenses, or authorizations, they shall be deemed approved if the period granted to the Administration by the legal system for deciding them expires without a decision.
For affirmative administrative silence to apply, it shall suffice for the regulated party to submit to the Administration a duly authenticated sworn statement (declaración jurada) attesting that all requirements necessary for the granting of the permits, licenses, or authorizations have been fulfilled and that the Administration did not decide the matter within the corresponding period. / These requirements shall be solely those expressly stipulated in statutes, executive decrees, or regulations, in accordance with article 4 of this law./Within three business days following receipt of the sworn statement, the Administration must issue a document stating that the period for applying affirmative administrative silence elapsed and that the application was not decided in due time.
If the Administration does not issue this document within the specified period, the application of affirmative administrative silence (silencio positivo) shall be deemed accepted, and the applicant may continue the procedures for obtaining the corresponding permit, license, or authorization, except in cases where affirmative administrative silence is inapplicable under a constitutional provision./ In complying with this procedure, the Administration shall coordinate internally to inform the procedural simplification officer (oficial de simplificación de trámites), in accordance with Articles 8 and 11 of this law./No institution may disregard or reject the application of affirmative administrative silence, which operates by operation of law. / Where appropriate, the Administration shall apply the administrative nullity procedure (procedimiento de nulidad en sede administrativa) governed by Article 173 of the Ley General de la Administración Pública or initiate judicial proceedings for a declaration of injury to the public interest (proceso judicial de lesividad) to demonstrate that the applicable requirements were not met." (As amended by Article 1 of Law No. 8990 of 27 September 2011) It should be noted that this wording was not in force when the petitioner filed the request for affirmative administrative silence, nor was it in force when the act was issued or the complaint was filed; therefore, the matter must be resolved under the text in force at that time.
Before the amendment enacted by Law No. 8990, that provision stated: "In the case of applications for the granting of permits, licenses, or authorizations, once the period established by law for the Administration to issue its decision has expired without a decision having been rendered, the applications shall be deemed approved. Once this situation has arisen, the interested party may: a) Submit a written notice to the Administration stating that the application was submitted in complete form and that the Administration did not decide it within the prescribed period. On the following business day, the Administration shall issue a written notice declaring that the period did in fact expire and the application was not approved, and that affirmative administrative silence therefore applied; or b) Appear before a notary public so that the notary may certify, by means of a notarial instrument (acta notarial), that the application was submitted in complete form and that the Administration did not decide it within the prescribed period." This position is accepted by this collegial body (órgano colegiado).
According to the established facts, Sociedad Nombre146591 Natural was registered in the Public Property Registry on 23 de febrero del 2005, and its judicial and extrajudicial representation was vested in the president and secretary, acting separately or jointly; its President was Ms. Nombre146592 and its secretary is Ms. Ana Gabriela Quirós Mora; and the company has a warehouse where it stores the items that it ordinarily markets in the Heredia area. Likewise, on 31 de agosto del 2011, Mr. Nombre146592 (the Company President’s brother) acquired the status of general attorney-in-fact without monetary limitation (Apoderado Generalísimo sin limite de suma), with the powers and obligations established by law. On 01 de agosto del 2011, Nombre146597 (without holding legal authority to represent the company Sinergia) addressed a letter to the Ministry of Health in Heredia, from which it may be gathered that he informed that entity that he had been the victim of theft and that, for that reason, “I will have to transfer to my residence (the same place where I maintain my office in the practice of my profession, since I am not only the Manager of Nombre146591 Natural)” the expired, damaged, or mislabeled product; he expressly stated, “I request that this communication and request be taken into consideration and that the necessary official communications be issued.” It cannot in any way be inferred from the foregoing that the claimant was requesting authorization to transfer merchandise to another storage location, since what he did was notify the Heredia Health Area of a situation.
Nevertheless, this Court will proceed on the premise that authorization was implicitly being sought to transfer merchandise that, in the appellant’s words, was “expired or damaged and intended for subsequent destruction.” Based on this hypothesis, we shall analyze whether positive administrative silence (silencio positivo) must apply as requested by the representative of the claimant company. The Court has two grounds for rejecting this claim. The first is that, in health matters or matters involving a public interest, the doctrine of positive administrative silence does not apply, as held in various judgments issued by the Constitutional Chamber, which has stated that “...if a qualified public interest is involved, this precludes the effectiveness of silence” (N° 5506-94 de las 09 horas 42 del 23 de setiembre de 1994); in other words, it cannot be applied. Along the same lines, it has held that “...In view of the foregoing arguments, this Chamber deems it necessary to clarify that the doctrine of positive administrative silence, particularly in cases such as this one, could in no way be understood as merely the passage of the period within which the Administration was required to rule on a matter, because the protection of the right to health is at stake” (Voto No. 1999-1149 de las 19:33 horas del 17 de febrero de 1999).
It is clear that the oversight and enforcement activities carried out by the Ministry of Health serve to safeguard Public Health, which, pursuant to section 1 of Ley 5395, is a matter of public interest protected by the State; therefore, that doctrine does not apply to the circumstances underlying the claimant’s request. Even if positive administrative silence were deemed admissible in the aforementioned area, the second ground is that the claimant did not comply with the procedure established by Ley Ley No. 8990, as amended by Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, No. 8220 del 04 de marzo del 2002, publicada en La Gaceta No. 49 del 11 de marzo del 2002, for establishing positive administrative silence. That procedure requires the submission of a letter to the Administration stating that the application was filed in complete form and that the Administration failed to decide it within the prescribed period, so that, on the following business day, the Administration may issue an official communication declaring that the period did in fact expire and the application was not approved, and that positive administrative silence therefore applied; alternatively, the applicant may appear before a notary public to have the notary certify, by means of a notarial instrument (acta notarial), that the application for authorization was filed in complete form and that the Administration did not decide it within the prescribed period.
However, the claimant did not establish that either of these actions had been taken. Let us consider another premise that provides a third ground: even if positive administrative silence could apply to what the claimant requested, despite his lacking any representative authority on 01 de agosto del 2011, there is another legal obstacle, because the document (the request submitted to the Heredia Health Area) introduced into evidence by the claimant states that “The products to be destroyed would be: nail polishes, lipsticks, eye shadows, face powders, makeup, blushes, facial masks, facial pencils, colognes, facial and body creams, and others,” and it is only the transfer of those products that could, in principle, be deemed authorized. However, the ARS-HMR assessment and seizure records (acta de valoración y de decomiso) of 22 de setiembre del 2011, prepared by Ministry of Health officials and the judicial authority, established that the products found at the property located at Dirección17763 , , , included, in addition to cosmetics, various food products, namely: “Quirbee Batisoya, powdered soy food, jars of NUNAAT Chocolat Special, 75 ml jars of Palo Santo essence for burning, secondary packaging, Toya Geel labels for secondary packaging, Nombre146600 Batisoya, as well as a large quantity of candies, syrup, royal jelly, rolls of labels that had expired or bore an expiration date of 31 de diciembre del 2000, and 18 boxes containing twelve units of liquor each.
In the garage warehouse, boxes of spilled oil were observed, along with 15 gallons containing liquid (which Nombre146597 stated was for personal consumption), a drum containing powder inside a bag, as well as a TorRey-brand scale, a forklift, bags containing primary packaging material, caps, jars, and empty containers bearing an expiration date of 31 de diciembre del 2009. A large quantity of expired product and a sack of salt were found in the bathroom.” These products do not correspond to those described and in relation to which the claimant believed he had requested authorization to transfer them from his storage warehouse. Regarding the application of article 16 of Reglamento General de Permisos de Funcionamiento, the positive administrative silence provided for in that provision applies only to operating permits (permisos de funcionamiento), which is not the situation before us. It should be recalled that the company Nombre146591 Natural Sociedad Anónima held an operating permit for its warehouse in Heredia; therefore, the claimant’s request concerning the transfer of products is not equivalent to an application for a health permit (permiso sanitario) to which that doctrine could apply.
It is therefore concluded that the claimant’s request for the application of positive administrative silence and recognition of the lawfulness of his conduct is unfounded, primarily because of the limitation imposed by the Constitutional Chamber and, additionally, because he failed to establish its validity as required by the legal system; the products found at the commercial premises did not correspond to those listed in the letter dated 01 de agosto del 2011; notice of the transfer was given by a person who lacked legal authorization from Nombre146591 Natural, since Nombre146597 did not acquire the status of general attorney-in-fact without monetary limitation for the company until 31 de agosto del 2011; and, moreover, article 16 of Reglamento General para Permiso de Funcionamiento del Ministerio de Salud does not apply to him because the request did not concern an operating permit.
VI.Continuation: The plaintiff alleged the nullity of Closure Report ARS-HMR-01-ILL-22-09-2011", issued at 11: 33 hours on September 22, 2011, on the grounds that it was arbitrary on the part of officials of the Ministry of Health, since they had closed a residence and the office in which the undersigned practices professionally." In the opinion of this collegiate body, that objection is inadmissible in light of the evidence submitted. It is established that on September 01, 2011, the Mata Redonda Health Area received from Licda Maribel Badilla an anonymous complaint against Nombre146592 for selling expired and relabeled products to pharmacies and health-food stores throughout the country. The address provided for the place where the activity was being conducted improperly was behind Cemaco, Mata Redonda, from Cemaco 25 meters east and 25 meters south, Dirección17760, and the company name was given as Nombre146591 Natural.
Consequently, and pursuant to the powers granted by the Health Law and the General Regulations on Operating Permits, upon receiving this information the administration sent its officials to inspect the premises. We note that every agricultural, industrial, commercial, or service activity or establishment requires a health permit (permiso sanitario), which certifies that the activity has been authorized by the competent administration (Article 1 of the cited Regulations). Likewise, officials of the Ministry of Health have powers to supervise and control the activities conducted (section 70 of the same body of law) and are responsible for ensuring that such activities are carried out in compliance with the law. They therefore do not require a formal complaint to conduct an investigation or inspection, as these functions are inherent in their supervisory and oversight authority. Upon arriving at the premises, Nombre146597 refused to allow them to enter, obstructing the oversight and supervisory work of the Governing Health Unit (Unidad Rectora de Salud) and failing to comply with his obligations as an administered party (administrado).
In order to fulfill its pre-established legal obligations, the administration requested a search warrant (orden de Allanamiento) from the Misdemeanor and Small Claims Judge of Nombre9940, which was granted by a ruling issued at 10 hours on September 16, 2011. When the officials of the Ministry of Health and the judicial authority appeared at the premises, they verified that the location was neither a residence nor, much less, an office where the plaintiff practiced his profession independently—a circumstance that he also failed to substantiate in any way—but rather a commercial establishment where natural products were sold and prepared. This circumstance is established unequivocally by the statements of Nombre146594, who indicated: "We arrived at a house because it is a house, because the area is residential, not commercial; however, when we arrived with the Judge, Nombre146597 allowed us to conduct the assessment.
We became aware of the internal situation and found a small reception room where they possibly attend to the public, people; that is where they attended to us, and they have a small room used for meetings. At the back, I believe, is Don Nombre146592’s office and a warehouse. If I remember correctly, on the right there is a garage that serves as a warehouse for storing products, and above that garage, which is accessed by means of a platform, there is also a warehouse where the gentleman stores products." The witness also stated that they had found a large quantity of products and that, when they went to the garage, "we found a large quantity of liquor, as well as other products in jars or containers whose contents we do not know; the gentleman says they are for personal use. There are about five or six large gallons.... In the warehouse above the garage there is a large quantity of raw material, consisting of unlabeled bottles that are obviously containers for repackaging products." The same conclusion follows from the description of the premises provided by witness Nombre146605, who visited the location on May 08, 2012, to follow up on the complaint and the activities of Nombre146591 Natural.
She stated that when she arrived, "they open the door for me and show me into a small room; then Nombre146597 attends to me, and when I ask whether I may take photographs, he says no, because that violates his right to privacy. We walk through the premises. The place appears to be a residence, but in each of the rooms there are computers, desks, warehouses, a reception area, and a garage. I identify myself and explain the reason for the visit, and we conduct a walkthrough." She stated that, as of that date, there were still a large number of boxes at the premises, and Nombre146597 again alleged that "they were inventory he had for destruction." She continued: "At the entrance there is a living room; to the right there is a reception area; then there is a hallway where there was a scale; then there is a dining room; then there is Nombre146597’s office, where there is an armchair and a closet.
When the closet is opened, a large quantity of material can be seen. He indicates that these are samples for suppliers or samples retained from certain lots. Across from it is a warehouse containing material both on the racks and on the floor." These observations and descriptions were indisputably corroborated by the photographs appearing on pages 43 through 48 of the main case file, from which it can be established with certainty that there are numerous shelves containing boxes at the premises. This makes it evident that, contrary to the plaintiff’s representation, the property in question is not used as a residence, since it does not contain furnishings typical of a dwelling. Rather, it is a location where Nombre146591 Natural conducted the commercial activity of distributing and preparing natural products without the corresponding permits, activities that continued even until May 08, 2012, when the aforementioned official conducted the follow-up visit.
In addition to the products found, a large quantity of raw materials, such as packaging and labels, was discovered in the rooms, as was even a forklift that the plaintiff plainly used to move products into the warehouses concealed above the ceiling. This improper operation was duly established through the testimony of the Ministry of Health officials, the search record prepared by a judicial authority, and the photographs submitted. This Court therefore reaches the same conclusion as the defendant administration: the activity conducted by the plaintiff at the property located at Dirección17758, 25 meters east and 25 meters south, Dirección17760, was clearly commercial in nature and involved the production and distribution of natural products; it did not even remotely constitute the independent practice of his profession. In view of this evidence, this Chamber gives no credence whatsoever to the accommodating and untruthful account provided by the plaintiff’s witness and former employee, Nombre146593, who, after being warned of the penalties imposed by law for the offense of perjury, stated that the property was Don Nombre146592’s residence and that no economic activity was conducted there.
The Court determined that this assertion was false and that products were being sold improperly on the property without the corresponding operating permits (permisos de funcionamiento). Once this irregularity was verified by officials of the Ministry of Health, the legal prerequisite existed for issuance of closure report N° ARS-HMR-01-TII-22 of September 22, 2001. That report was based on Nombre146591 Natural’s lack of authorization to conduct the aforementioned activity, and the closure of the property was therefore ordered pursuant to General Regulations for the Issuance of Health Operating Permits by the Ministry of Health, N°34728-S, in order to suppress the violator’s conduct, which placed Public Health at serious risk or in danger, in the full exercise of the Ministry’s powers and authority in furtherance of the public purpose for which it was created. The act in question was duly served, as evidenced by the document signed by Nombre146597.
It was issued upon verification that the plaintiff was conducting a commercial activity without the corresponding permits, a situation that this collegiate body clearly cannot endorse. This body reproaches the lack of transparency with which the plaintiff now seeks to have this judicial authority legitimize a situation that is plainly contrary to the legal system by maintaining that the premises should be declared his residence, when that assertion does not even remotely correspond to the facts established in accordance with the foregoing considerations. The allegation is therefore foolish and implausible. In addition to the foregoing, it is undeniable that, with respect to its SUBJECTIVE ELEMENTS, and in accordance with the facts presented, the challenged act was issued by the competent body (Article 26 of the aforementioned Regulations). The prescribed proceeding was followed for that purpose, in observance of the principles governing due process, and the plaintiff was notified of both the consequences of the act issued and the penalties for noncompliance.
When the foregoing is assessed in light of Article 182 of the General Law of Public Administration, no violation is found with respect to the acting party, the procedure, or the form of the act or preparatory acts performed by the defendant administration that would entail nullity of the elements examined. As for the OBJECTIVE ELEMENTS of the challenged act, as noted, they refer to GROUNDS consisting of the legal and factual reasons rendering its issuance necessary and valid. In this case, the act is a closure order because the plaintiff was conducting a commercial activity without any authorization. Its CONTENT is clear, precise, possible, and, above all, lawful, because it orders the cessation of an activity conducted illegally. The challenge seeking nullity of the actions taken and acts issued by the Ministry of Health must therefore be rejected as unfounded.-
As a final objection, the plaintiff (actor) seeks to hold the officials liable for failure to comply with the legally established time limits for responding to the various remedies provided for under the General Public Administration Act (Ley General de la Administración Pública), as well as for failure to comply with the formal requirements governing administrative acts (actos administrativos). The relief sought must be denied. To establish liability of the kind sought, the plaintiff should have joined to the proceedings the Ministry of Health officials who issued the acts that, in his opinion, were unlawful or arbitrary, and demonstrated that they acted with intent or gross negligence (dolo o culpa grave). If what is sought is strict liability (responsabilidad objetiva) on the part of the defendant Administration, the fact remains that this collegiate body determined that the administrative acts contain no defect of illegality (vicio de ilegalidad).
The plaintiff failed to demonstrate that the conduct of the administrative agencies was disproportionate, arbitrary, much less devoid of legal basis. This Chamber has already declared that those acts reflect a single reality: at the closed premises located in Pavas, 100 meters east, 50 meters south, and 100 meters west of Cemaco, house number 80—which the plaintiff claims is his residence—he conducts a commercial activity in which products are prepared, sold, and distributed by Nombre146591 Natural Sociedad Anónima. Regarding the delay in responding to the remedies filed, it was established that the petitioner filed motions for reconsideration and appeals (recursos de revocatoria y apelación) against each and every act issued in connection with the closure by the Ministry of Health, even though some of those acts were not subject to such remedies because they were actions supported by judicial authority.
It was also established that the Administration addressed each of them in a timely and proper manner; that, before issuing its decisions, it requested technical reports from its agencies and information on the monitoring of the activity irregularly conducted by Nombre146591, which reports and information were also challenged; that the denials were issued through duly reasoned acts; and that no abuse of authority, arbitrariness, or delay in resolving the plaintiff corporation’s claims was shown. As for the removal of the official who initially handled Nombre146597’s case, this was an act of transparency by the Ministry of Health. The relevant document shows that the official’s removal was ordered, but also notes that he acted diligently and in accordance with the law, and that his removal was not due to misconduct but was intended to ensure impartiality and provide the plaintiff with greater assurance; in any event, that circumstance does not render the Ministry of Health’s conduct invalid.
Moreover, the other acts issued in the case file entitled Nombre146591 Natural Sociedad Anónima that were not subject to annulment address each of the arguments raised by Mr. Nombre146592 and were issued by competent officials with due regard for legality in both their objective and subjective elements.-
The petitioner quantified this claim at TWENTY MILLION COLONES, consisting of fifteen million colones for the company and five million for non-pecuniary damages (daño moral) suffered by Nombre146592. After analyzing the evidence submitted—documentary and testimonial—the Court concluded that the plaintiff has no legal right to relief and upheld the defense of lack of legal right (falta de derecho), not only with respect to the claims for annulment but also with respect to the remaining claims. It was persuaded that the premises closed by the Ministry of Health are not a residence but a place where Nombre146591 Natural’s products are marketed and sold without authorization from the Ministry of Health or the local Municipality. The relief claimed on this basis is therefore improper because, since the administrative action was not declared unlawful, the necessary causal link (nexo de causalidad) was not established between the defendant Administration’s act or omission and the harm alleged by both the Corporation and Nombre146597.
Moreover, Article 195 of the Ley General de la Administración Pública provides that there is no liability, even where harm is caused, when the affected interest is unlawful or contrary to public order (orden público), as is the case here. It was determined that the plaintiff unlawfully conducted an activity without the required permits, which was why the establishment was ordered closed; he then violated that closure order by removing the seals placed by the defendant Administration, in a clear display of disrespect for public authority. Accordingly, the damages he seeks arise from unlawful conduct and cannot be compensated because his actions contravene the administrative legal system (ordenamiento jurídico administrativo) to the detriment of Public Health. It is therefore concluded that the plaintiff’s claims lack legal merit because they are based on the conduct of an unlawful activity, and the complaint must consequently be dismissed in its entirety.
The State raised the defenses of lack of standing to sue and to be sued (falta de legitimación activa y pasiva), arguing that the verbatim certification concerning the company’s incorporation does not identify the plaintiff as its representative. In response to the defense raised by the State Attorney, the petitioner submitted to the record a certificate stating that, on 31 August 2011, a general power of attorney with full authority (poder generalísimo) granted to Nombre146597 by Nombre146591 Natural Sociedad Anónima was registered with the Registro Nacional; the defect identified was therefore cured. It is concluded that Mr. Nombre146592 has standing to bring suit: his principal was directly affected by the acts challenged against the defendant and seeks compensation for its conduct. The defense of lack of interest (falta de interés) was also raised and must be denied, since the dispute remains unresolved and the parties continue to seek its adjudication by this judicial body.-
In the opinion of the majority of this collegiate body, the witness Nombre146593 testified before this authority after being duly sworn and warned of the penalties imposed by law for the offense of perjury (falso testimonio), but did so in an accommodating manner and contrary to the facts. A copy of the video recording of the oral and public trial shall therefore be sent to the State’s prosecuting authority so that an investigation may be initiated against him for the offense of perjury.
Because there are no grounds for granting an exemption, costs shall be borne by the unsuccessful party, as provided in section 193 of the Administrative Judicial Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo).
POR TANTO
The defenses of lack of standing to sue and to be sued and lack of interest are denied, and the defense of lack of legal right asserted by the State’s representative is upheld. Consequently, the complaint filed by Nombre146591 NATURAL SOCIEDAD ANÓNIMA AND Nombre146592 against the STATE is DISMISSED IN ITS ENTIRETY. Both categories of costs shall be borne by the plaintiffs. The matter concerning the witness Nombre146593 is referred to the Ministerio Público so that an investigation may be initiated for the offense of perjury. NOTICE SHALL BE GIVEN.
Sady Jiménez Quesada Alner Palacios García Laura García Carballo SEPARATE OPINION.- Dr. Alner Palacios García. Although I concur with my colleagues in the ratio decidendi, I must dissent from Considerando X and from the operative portion—solely insofar as it concerns that section—because I do not share their assessment of the testimony of the witness Nombre146593. Although his testimony was accommodating toward the plaintiff, I considered it sufficient simply to find his statements not credible when his version was compared with the other evidence, without inferring the possible commission of criminally punishable conduct by the witness. THAT IS ALL.-
Proceso/ Conocimiento Actor/Nombre146591 Natural Sociedad Anónima y Nombre146592 Notificaciones/ Lic. Orlando Ramírez Retana Demandado/ El Estado (Ministerio de Salud) Notificaciones/ Licda Georgina Inés Chaves Olarte Nº 42- 2014 SECCIÓN OCTAVA DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, GOICOECHEA, a las dieciséis horas veintidós minutos del treinta de Mayo del año dos mil catorce.- Proceso de conocimiento interpuesto por Nombre146592 , mayor, soltero, licenciado en Economía, vecino de San José, cédula de identidad número CED8629 en su carácter personal y como representante (según poder generalísimo con fecha de inscripción 31 de agosto del 2011), de la empresa Nombre146591 NATURAL SOCIEDAD ANÓNIMA, contra EL ESTADO , en la cabeza de la señora procuradora GEORGINA INES CHAVES OLARTE, casada , mayor de edad, abogada, vecina de Moravia, con cédula de identidad número CED568.-
RESULTANDO
Redacta la Jueza Jiménez Quesada;
CONSIDERANDO:
En dicha naturaleza se admiten los recursos de reconsideración e incidente de nulidad concomitante contra las resoluciones DM-PB-1520-2012 y DM-PB-1541-2012, por cuanto en la audiencia preliminar se indicó que el Tribunal debía hacer el pronunciamiento correspondiente (folios 71 a 76 del expediente judicial)
Para la resolución del presente asunto se tiene como cierto el siguiente cuadro fáctico:
No logró demostrar la parte actora 1) Que el Nombre146597 ejerza una profesión liberal dentro del inmueble ubicado en Pavas, de Cemaco 50 este 25 sur casa N° 80; 2) Que los productos encontrados en el el inmueble ubicado en Dirección17762, ° , sean para consumo o uso personal del Nombre146597 ; 3) Que el Nombre146597 o la empresa Nombre146591 NATURAL cuenten con la autorización Municipal o de funcionamiento por parte del Ministerio de Salud para comercializar y distribuir productos naturales dentro del inmueble ubicado en Pavas, de Cemaco 50 este 25 sur casa N° 80; 4) Que el inmueble ubicado en Pavas, de Cemaco 50 este 25 sur casa N° 80 sea una casa de habitación y que en ella reside el Nombre146597 ; 5) Cuales eran los funcionarios responsables de los actos que estima lesivos a sus intereses.-
Pretende la representación de la parte actora, la legitimidad de la actuación realizada por Nombre146591 Natural, ya que previamente había solicitado autorización para trasladar el producto vencido o con otras características que imposibilitaran su distribución a un lugar diferente al de su bodega que se ubica en Heredia, que tal solicitud fue dirigida a la oficina Rectora del Área de Salud de Heredia, y siendo que no se dio respuesta a la misma se aplicó el silencio positivo previsto por el artículo 330 de la Ley General de la Administración Pública. Que por ese motivo al haber operado el silencio positivo debe decretarse la nulidad del acta de clausura ARS-HMR-01-ILL-22-09-2011 del 22 de setiembre del 2011, dado que fue arbitraria. Que lo clausurado es una casa de habitación y oficina personal del Nombre146597 resultando ilegal dicha orden. Peticiona además que los recursos formulados fueron atendidos de forma extemporánea por el Estado.
Agrega una pretensión de daños y perjuicios, estimando el daño moral del Nombre146597 en la suma de cinco millones de colones y con respecto a Nombre146591 Natural por quince millones de colones. Por su parte el Estado, sostiene que los actos se encuentran ajustados a derecho. Que Nombre146591 contaba un permiso de funcionamiento para ejercer la actividad en Heredia, pero no tenía permiso para mantener productos en un establecimiento distinto. Que se dispuso en primera instancia una visita, que no fue aceptada por el actor, por lo que se acudió a una solicitud de allanamiento a un Juez, determinándose que en la casa se encontraba gran cantidad de producto vencido o reetiquetado así como material primario para empaque, lo cual también fue ubicado en un Apartamento a cien metros del lugar de donde se práctico la primera diligencia en razón de ello fue clausurado. Sin embargo se quitaron los sellos y se volvió a realizar por parte de funcionarios del Ministerio una inspección corroborándose la presencia de gente dentro del inmueble.
Que los locales no funcionan como casa de habitación sino como oficina y bodega de productos para material primario. Solicitó el rechazo de la demanda con condenatoria en costas e intereses hasta su efectivo pago. (video de juicio oral y público)
Este tema ha sido analizado por este Tribunal, así en el fallo Nº 163-2012 de las catorce horas veinte minutos del 20 de agosto del 2012, la Sección Sexta en su considerando III se indicó " ..El interés público que está llamada a tutelar, constituye el elemento finalista o teleológico que justifica el conferimiento de potestades de imperio a determinadas Administraciones Públicas en el contexto particular de sus marcos de acción. Tal interés público constituye el fin último del eje prestacional de tales unidades administrativas y el fin último de sus actuaciones, interés que prevalece sobre el mismo interés que pueda tener una Administración Pública (arts. 113, 131 LGAP). Por tal motivo, y siendo la base legitimante de las potestades que le son conferidas, las competencias y potestades han de ser ejercitadas para tal satisfacción. Así en efecto se colige del ordinal 66.1 de la Ley No. 6227/78 en cuanto señala que las potestades de imperio y su ejercicio, los deberes públicos y cumplimiento son irrenunciables, intransmisibles e imprescriptibles.
Ahora bien, en múltiples supuestos, esas potestades se ejercen en el marco de un procedimiento administrativo, que puede gestarse de oficio o a gestión de parte. En esta último caso (gestión de parte interesada), el debido ejercicio de los poderes públicos supone el deber de emitir acto expreso dentro de los márgenes temporales que imponga el ordenamiento jurídico en cada tipo de gestión. Así se establece, en tesis de principio, en el canon 134 LGAP. Con todo, es usual que vencido ese plazo, la Administración no emite respuesta sobre lo peticionado, ante lo cual, debe discriminarse y precisarse la consecuencia jurídico-procedimental de esa inercia. Por un lado, el numeral 139 de la citada Ley No. 6227/78 indica que el silencio de la Administración no puede reflejar su voluntad, salvo ley que disponga lo contrario. Es decir, la falta de respuesta de la Administración, si bien puede considerarse una patología o funcionamiento anormal (por desidia) del ejercicio del poder público, tiene efectos diversos, según se trate del supuesto a analizar.
De este modo, el ordenamiento jurídico público fija dos figuras que pretenden regular las incidencias de la inercia pública, a saber, el silencio negativo y el silencio positivo. El silencio negativo, en términos simples, constituye una denegación ficta de la petición administrativa, si dentro del plazo conferido a la Administración para resolver, no se ha pronunciado. Se trata de una presunción de rechazo de lo peticionado, cuya finalidad es abrir la facultad del administrado de ejercer sus derechos recursivos frente a la misma administración, o bien, acudir directamente a la jurisdicción contencioso administrativa para buscar la tutela de su situación jurídica. El silencio negativo no es un rechazo de la gestión, sino una conjetura que posibilita el ejercicio impugnaticio referido, es decir, no supone que la gestión ha sido efectivamente rechazada, pues no hay voluntad pública manifiesta, sino solo la posibilidad de saltar esa instancia y continuar en el procedimiento administrativo.
Puede decirse, cuando el agotamiento de la vía administrativa era imperativo en todas las materias (previo al fallo 3669-2006 de la Sala Constitucional y el artículo 31.1 del Código Procesal Contencioso Administrativo), el silencio negativo era una carga para el administrado, pues le exigía ejercer las sendas recursivas para obtener un acto preleable y luego acudir a la tutela jurisdiccional. Empero, en la actualidad, en tanto facultad, se constituye en una posibilidad para accionar el curso del procedimiento o bien, instaurar una causa judicial. Así lo establece el inciso 3 del ordinal 261 de la Ley General de previa cita, en el siguiente sentido: "3. Si al cabo de los términos indicados no se ha comunicado una resolución expresa, se entenderá rechazado el reclamo o petición del administrado en vista del silencio de la Administración, sea para la interposición de los recursos administrativos procedentes o de la acción contenciosa en su caso, esto último en los términos y con los efectos señalados por la Código Procesal Contencioso-Administrativo.".
Más simple, la inercia administrativa supone el rechazo de la gestión - del recurso- para efectos de avanzar en el procedimiento, pero ello no implica que desde el plano material-jurídico, la petición ha sido denegada. Incluso, el numeral 329.3 de la LGAP establece con toda claridad que el acto dictado fuera de plazo será válido para todo efecto legal, salvo regla en contrario. Esto supone el deber de la Administración de pronunciarse sobre la gestión que le ha sido presentada, aún cuando ha fenecido el plazo para emitir su conducta y pueda entenderse ocurrido el silencio negativo, siendo que su competencia para resolver no decae por esta circunstancia. A diferencia del silencio positivo, el negativo no es un acto, sino una conjetura de rechazo ficta para los efectos señalados ut supra. Por otro lado, en determinados casos, al margen de lo señalado, la inercia pública en la emisión de la conducta formal lleva, como efecto jurídico, al denominado silencio positivo.
En estos casos, el silencio de la administración se entiende como favorable al petente, siendo que su gestión se entiende por resuelta en términos favorables a como ha sido planteada. Desde esa óptica, el ordinal 330 de la Ley No. 6227/78 indica: "El silencio de la Administración se entenderá positivo cuando así se establezca expresamente o cuando se trate de autorizaciones o aprobaciones que deban acordarse en el ejercicio de funciones de fiscalización y tutela./ 2. También se entenderá positivo el silencio cuando se trate de solicitudes de permisos, licencias y autorizaciones." Empero, para que ello ocurra han de concurrir varios elementos, pues no en toda solicitud que suponga un permiso, licencia o autorización podría hablarse de la procedencia de un silencio positivo. En efecto, la lectura superficial del inciso segundo del ordinal 330 LGAP podría llevar al equívoco de entender que en cualquier petición de autorización, licencia o permiso, aplica u opera la figura del silencio positivo.
Esta postura no es compartida por este Tribunal. La comprensión en los términos dichos supone, como efecto práctico, que al margen de lo pedido, la omisión pública llevaría a una suerte de anuencia administrativa para el ejercicio de los actos que sustentan la petición del interesado. Ello al margen que lo pedido tenga una gran incidencia en el orden público, la salud y la seguridad pública. La autorización puede definirse como la remoción de un obstáculo legal para el ejercicio de una conducta debida. Por su lado, el permiso consiste en la habilitación administrativa para el desarrollo de una conducta, en principio vedada. En tanto que la licencia consiste en una autorización de contenido reglado. Desde ese plano, es menester analizar en cada caso, cuando la petición privada (o pública) se regula por la figura del silencio positivo o bien, cuando está afecta al silencio negativo. De otro modo, no tendría lógica la existencia del silencio negativo, salvo para la fase recursiva, pues a excepción de los reclamos administrativos, en múltiples gestiones que se someten a conocimiento de la administración, a fin de cuentas, se busca el otorgamiento de un permiso, de una licencia o de una autorización.
Puede pensarse en el caso de una solicitud de permiso para explotación de la actividad del transporte público remunerado de personas (art. 25 de la Ley No. 3503), que reúna los requisitos de esa legislación y vencido el plazo para resolver, no exista acto público. En tal caso, sería inviable a todas luces pensar en un silencio positivo. Por el contrario, el silencio de la Administración en ese caso no sería el previsto en el ordinal 330 LGAP, sino el efecto señalado en el artículo 261 incisos 1 y 3 de ese mismo cuerpo legal. De ahí que de manera expresa, en la Ley Forestal, No. 7575, el canon 4 señale de manera diáfana la improcedencia del silencio positivo en materia ambiental. Igual efecto se produce en los bienes demaniales, por derivación del régimen jurídico aplicable al dominio público (art. 262 Código Civil), tratamiento que en términos procesales puede verse, entre otros, en los preceptos 34.2 de la Ley No. 8508 (CPCA).
Como puede verse, el mismo numeral 330 LGAP establece que procede el silencio positivo cuando se establezca de manera expresa por ley. Es el caso, a modo de simple referencia, del deber de tramitación en materia de contratación administrativa -art. 16 de la Ley No. 7494-, y en ese mismo campo, la omisión de respuesta del recurso de objeción -art. Placa26161 -. En tales casos, expresamente regulados, el ordenamiento jurídico establece un plazo diverso al fijado por el canon 261 LGAP, que usualmente empata con el lapso de un mes regulado por el mandato 330 de la Ley No. 6227/78. Empero, en la normalidad de las situaciones, el plazo para resolver las peticiones es de 2 meses regulado en el mencionado precepto 261 LGAP y los efectos del silencio son negativos o denegatorios. En consecuencia, no comparte este Tribunal la posición que toda autorización, permiso o licencia supone, en todos los casos, la aplicación de la figura del silencio positivo.
Para ello es necesario analizar en cada caso la convergencia de una serie de factores. De un lado, si existe regulación expresa que fije la pertinencia del silencio positivo. Por otro, de no haber ese desarrollo explícito, si la petición del administrado, trata de una materia en la que es de posible aplicación esa figura. En tales casos -y solo en esos-, el silencio aplicará cuando se acredite: a) que la gestión fue presentada cumpliendo la totalidad de requisitos fijados por el ordenamiento jurídico para ese caso en particular; y b) que vencido el plazo fijado por el ordenamiento jurídico para que la Administración resuelva el trámite, no haya recaído acto expreso. Para los efectos, la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, No. 8220 del 04 de marzo del 2002, publicada en La Gaceta No. 49 del 11 de marzo del 2002, establece el procedimiento para tener por acreditado el silencio positivo.
En ese sentido, el numeral 7 indica en su tenor literal: "Procedimiento para aplicar el silencio positivo Cuando se trate de solicitudes para el otorgamiento de permisos, licencias o autorizaciones, vencido el plazo de resolución otorgado por el ordenamiento jurídico a la Administración, sin que esta se haya pronunciado, se tendrán por aprobadas. Para la aplicación del silencio positivo bastará con que el administrado presente a la Administración una declaración jurada, debidamente autenticada, haciendo constar que ha cumplido con todos los requisitos necesarios para el otorgamiento de los permisos, las licencias o las autorizaciones y que la Administración no resolvió dentro del plazo correspondiente. / Estos requisitos serán únicamente los estipulados expresamente en las leyes, los decretos ejecutivos o los reglamentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la presente ley./La Administración, dentro de los tres días hábiles siguientes a la recepción de la declaración jurada, deberá emitir un documento donde conste que transcurrió el plazo para la aplicación del silencio positivo y la solicitud no fue resuelta en tiempo.
Si la Administración no emite este documento dentro del plazo señalado, se tendrá por aceptada la aplicación del silencio positivo y el administrado podrá continuar con los trámites para obtener el permiso, la licencia o la autorización correspondientes, salvo en los casos en que por disposición constitucional no proceda el silencio positivo./ En el cumplimiento de este procedimiento, la Administración deberá coordinar a lo interno para informar al oficial de simplificación de trámites, de conformidad con los artículos 8 y 11 de esta ley./Ninguna institución podrá desconocer o rechazar la aplicación del silencio positivo que, opera de pleno derecho. / Cuando sea procedente, la Administración aplicará el procedimiento de nulidad en sede administrativa regulado en el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública o iniciará un proceso judicial de lesividad para demostrar que los requisitos correspondientes no fueron cumplidos." (Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 8990 del 27 de setiembre del 2011) Cabe destacar, esta redacción no era la vigente al momento en que el accionante presentó la solicitud del silencio positivo, ni la vigente al momento de dictarse el acto o formular la demanda, por lo que, el tema ha de ser resuelto con el texto vigente a ese momento.
Tal norma señalaba antes de la reforma realizada por la Ley No. 8990: "Cuando se trate de solicitudes para el otorgamiento de permisos, licencias o autorizaciones, vencido el plazo de resolución otorgado por el ordenamiento jurídico a la Administración, sin que esta se haya pronunciado, se tendrán por aprobadas. Producida esta situación, el interesado podrá: a) Presentar una nota a la Administración donde conste que la solicitud fue presentada en forma completa y que la Administración no la resolvió en tiempo. La Administración deberá emitir, al día hábil siguiente, una nota que declare que, efectivamente, el plazo transcurrió y la solicitud no fue aprobada, por lo que aplicó el silencio positivo o bien b) Acudir ante un notario público para que certifique, mediante acta notarial, que la solicitud fue presentada en forma completa y que la Administración no la resolvió en tiempo." Posición que es aceptada por este órgano colegiado.
Según los hechos acreditados, se tiene que la Sociedad Nombre146591 Natural fue inscrita en el Registro Público de la propiedad el día 23 de febrero del 2005 y que la representación judicial y extrajudicial la tenía el presidente y el secretario en forma separada o conjunta, que su Presidenta era la señora Nombre146592 y la secretaria es la señora Ana Gabriela Quirós Mora, que la empresa cuenta con una bodega donde mantiene los artículos que en principio comercializa en la zona de Heredia. De la misma forma que el día 31 de agosto del 2011, el señor Nombre146592 (hermano de la Presidenta de la Sociedad) adquirió la condición de Apoderado Generalísimo sin limite de suma con las potestades y obligaciones que establece la Ley. Que el 01 de agosto del 2011, el Nombre146597 (sin ostentar la representación legal de la empresa Sinergia), dirigió una nota al Ministerio de Salud de Heredia y de la lectura de la misma se extrae que hace del conocimiento de la entidad citada que ha sido objeto de robos y que por esa razón " tendré que trasladar a mi casa de habitación (misma donde tengo mi oficina en ejercicio de mi profesión, pues no sólo soy Gerente de Nombre146591 Natural) " el producto vencido, dañado o mal etiquetado, expresamente dijo " Ruego tomar en consideración esta comunicación y solicitud y dirigir los oficios necesarios ".
De lo anterior no puede extraerse de manera alguna que el actor, lo que estaba solicitando era una autorización para traspasar una mercadería a otro sitio de almacenamiento, ya que lo que se hizo fue una comunicación de una situación al Área de Salud de Heredia. Pero este Tribunal va a partir del hecho de que implícitamente se estaba pretendiendo una autorización para el traslado de la mercadería en palabras del inconforme"vencida o dañada para su posterior destrucción". Partiendo de esta hipótesis, analizaremos si conforme lo solicitó el representante de la sociedad accionante, debe aplicarse el silencio positivo. El Tribunal tiene dos fundamentos para el rechazó de ésta pretensión. La primera es que en materia de Salud o que conlleve un interés público la figura del silencio positivo no es aplicable, según lo dispuesto en diferentes fallos emitidos por la Sala Constitucional al indicar que ".. sí media un interés público calificado esto imposibilita la eficacia del silencio" (N° 5506-94 de las 09 horas 42 del 23 de setiembre de 1994), en otras palabras que éste no puede ser aplicado, en igual sentido ha ordenado que "..
Frente a lo argumentado anteriormente, estima esta Sala que es necesario aclarar que la figura del silencio positivo, especialmente en casos como el presente, de ninguna manera podría concebirse como el simple transcurso del plazo durante el cual la Administración debió pronunciarse sobre un asunto; ello por encontrarse la protección del derecho a la salud de por medio " (Voto No. 1999-1149 de las 19:33 horas del 17 de febrero de 1999). Es claro que detrás de la actividad de fiscalización y control que realiza el Ministerio de Salud, esta el resguardo de la Salud Pública, que conforme lo dispone el numeral 1 de la Ley 5395 es un bien de interés público tutelado por el Estado, por ende no aplica dicha figura al presupuesto que solicitó el actor. En el supuesto de que se pensara que resulta admisible el silencio positivo en la materia citada, como segunda razón, se tiene que el actor no cumplió con el procedimiento establecido por la Ley Ley No. 8990 reformada por la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, No. 8220 del 04 de marzo del 2002, publicada en La Gaceta No. 49 del 11 de marzo del 2002, para tener por acreditado el silencio positivo, como es la presentación de una nota dirigida a la Administración donde conste que la solicitud fue presentado de forma completa y que la Administración no resolvió en tiempo, para que ésta emitiera al día siguiente hábil, un oficio donde se declare que efectivamente el plazo transcurrió y la solicitud no fue aprobada, por lo que aplicó el silencio positivo o bien acudir ante un notario público para que certifique, mediante acta notarial, que la autorización fue presentada en forma completa y que la Administración no la resolvió en tiempo, sin embargo estas acciones que no fueron acreditada por la parte actora.
Partamos de otro supuesto que nos va dar el insumo para un tercer motivo, que si es posible la aplicación del silencio positivo a lo peticionado por el actor sin contar con representación alguna el día 01 de agosto del 2011, tenemos otra barrera de legalidad, debido a que el documento (solicitud realizada al Área de Salud de Heredia) aportado al proceso como prueba por la parte actora, indica que "Los productos a destruir serian: esmaltes, labiales, sombras faciales, polvos faciales, maquillaje, rubores, mascaras faciales, lápices faciales, colonias cremas faciales y corporales y otros" y es precisamente sobre estos que podría considerarse en principio autorizado el traslado. Sin embargo de las acta de valoración y de decomiso ARS-HMR del 22 de setiembre del 2011, realizadas por los funcionarios del Ministerio de Salud y la autoridad judicial, se constató que el producto encontrado en el inmueble ubicado en Dirección17763 , , , además de cosméticos, eran alimentos varios a saber: " Quirbee Batisoya, Alimento de Soya en polvo, frascos de NUNAAT Chocolat Special, frascos de Palo Santo por 75 ml esencia para quemadas, empaque secundario, etiquetas Toya Geel para empaque secundarios, Nombre146600 Batisoya, así como gran cantidad de confites, jarabe, jalea real, rollos de etiquetas vencidas o con fecha de vencimiento 31 de diciembre del 2000, 18 cajas con doce unidades cada una de licor.
En la bodega del garaje se observaron cajas de aceite derramado, 15 galones conteniendo liquido (indica el Nombre146597 de consumo personal), un estañon con un polvo adentro de una bolsa, también se encontró una romana marca TorRey, un monta cargas, bolsas con material de empaque primario, tapas, frascos, envases vacíos con fecha de vencimiento 31 de diciembre del 2009. En el baño se encontraba gran cantidad de producto vencido y un saco de sal", productos que no corresponden a los descritos y sobre los cuales peticionó el actor a su entender una autorización de traslado de su bodega de almacenamiento. En cuanto a la aplicación del artículo 16 del Reglamento General de Permisos de Funcionamiento, se tiene que el silencio positivo que dispone la norma, es atribuible sólo a los permisos de funcionamiento, que no es el caso que nos ocupa, recordemos que la empresa Nombre146591 Natural Sociedad Anónima, contaba con un permiso de funcionamiento con respecto a la bodega que tiene en Heredia y por tanto lo peticionado por el actor sobre el traslado de productos no equivale a una solicitud de permiso sanitario que permita otorgar esta figura.
Entonces se concluye que lo peticionado por el actor sobre la aplicación del silencio positivo y la legitimidad de su actuar, resulta improcedente, en principio por la limitante impuesta por la Sala Constitucional, agregado a ello, por cuanto no acredito su validez conforme lo dispone el ordenamiento jurídico; el producto encontrado en el local comercial no correspondía al señalado en la nota de fecha 01 de agosto del 2011; la comunicación del traslado fue realizado por una persona que no contaba con autorización legal de parte de Nombre146591 Natural, ya que el Nombre146597 , es hasta el día 31 de agosto del 2011 que adquirió la condición de Apoderado Generalísimo sin Límite de Suma de sociedad y amén de ello no le es aplicable el artículo 16 del Reglamento General para Permiso de Funcionamiento del Ministerio de Salud, ya que lo peticionado no corresponde a un permiso de funcionamiento.
VI.Continuación: El actor, alegó la nulidad del acta de Clausura ARS-HMR-01-ILL-22-09-2011", de las 11: 33 horas del 22 de setiembre del 2011, dado que la misma fue arbitraria por parte de funcionarios del Ministerio de Salud, al haberse clausurado una casa de habitación y la oficina en la que el suscrito se desenvuelve profesionalmente". Reproche que a criterio de este órgano colegiado a la luz de las probanzas aportadas no resulta admisible. Se tiene que el día 01 de setiembre del 2011, se recibió en el Area de Salud de Mata Redonda, por parte de la Licda Maribel Badilla, una denuncia anónima contra Nombre146592 , por vender productos vencidos, reetiquetados a Farmacias y Macrobióticas por todo el país y se aportó como dirección del lugar donde se ejercía la actividad de forma irregular, detrás de Cemaco, Mata Redonda de Cemaco 25 metros al este 25 metros al sur, Dirección17760 y como nombre de la empresa Nombre146591 Natural.
Que en virtud de ello y conforme a las potestades otorgadas por la Ley de Salud y el Reglamento General de Permisos de Funcionamiento, la administración ante la noticia, envió a sus funcionarios para que realizaran una inspección en el lugar. Acotamos que toda actividad o establecimiento agropecuario, industrial comercial o de servicio requieren de un permiso sanitario, que certifica que la actividad se encuentra autorizada por la administración competente (artículo 1 del Reglamento de cita), de la misma forma que los funcionarios del Ministerio de Salud, tienen las potestades de fiscalización y control de las actividades que se realicen (numeral 70 del mismo cuerpo legal) y son los encargados de velar porque tales acciones se lleven a cabo con sometimiento de la Ley, de allí que no requieren de una denuncia formal para realizar una investigación o inspección, al ser inherentes al poder de fiscalización y control.
Que una vez que arribaron al lugar, el Nombre146597 , no les permitió el ingreso, obstaculizando la labor de control y fiscalización de la Unidad Rectora de Salud e incumpliendo con sus obligaciones como administrado y con el fin de cumplir con las obligaciones legales pre-establecidas, la administración solicitó, una orden de Allanamiento ante el Juez Contravencional y de Menor Cuantía de Nombre9940, la cual fue aprobada por resolución de las 10 horas del 16 de setiembre del 2011. Apersonados al lugar los funcionarios del Ministerio de Salud y la autoridad judicial, constataron que el lugar, no era una casa de habitación y menos aún una oficina donde el actor ejercía de forma liberal su profesión (situación que además no acreditó de forma alguna), sino que se trataba de un establecimiento comercial en donde se vendían y preparaban productos naturales, tal situación se desprende sin lugar a inequívocos de las declaraciones de Nombre146594 , quién indicó que " LLegamos a una casa porque es una casa, porque la zona es residencial, no comercial, sin embargo cuando llegamos con el Juez, el Nombre146597 nos permite hacer la valoración, nos percatamos de la situación interna, nos encontramos con una salita de recepción donde atienden posiblemente al publico, gente, ahí nos atendieron, y tienen una salita como de reuniones, al fondo creo que esta la oficina de Don Nombre146592 y una bodega.
Si más no me acuerdo a mano derecha hay una cochera que es bodega para almacenar producto y sobre esa cochera, que se accesa por medio de una plataforma, también hay una bodega, donde el señor almacena productos". También manifestó que habían encontrado gran cantidad de producto y que cuando se dirigieron a la cochera "encontramos gran cantidad de licor, más producto como en botes o recipientes que no sabemos que son, que el señor dice que son de uso personal son como cinco o seis galones grandes... En la bodega que esta sobre la cochera hay gran cantidad de materia primario, ya que son botellas que no tienen etiqueta pero que obviamente son envases para reenvasar producto". A igual conclusión se llega con la descripción del lugar que realizó la testigo Nombre146605 , ya que el día 08 de mayo del 2012, visito el lugar con el fin de darle seguimiento a la denuncia y a las actividades de Nombre146591 Natural, relato que cuando llegó al lugar " me abren me pasan a una salita luego me atiende el Nombre146597 y que si puedo tomar fotografías, dice que no, porque eso viola su derecho a la intimidad.
Se hace el recorrido el lugar en apariencia es una vivienda, pero cada en cada uno de los aposentos hay computadoras, escritorios, bodegas, una recepción y un garaje, me identificó e indico el motivo de la visita, se hace un recorrido". Indica que existían a esa fecha todavía en el lugar gran cantidad de cajas alegando el Nombre146597 nuevamente que "eran para inventario que tiene para destruirlos". Continúa indicando que "al inicio hay una sala, al lado derecho hay una recepción, luego hay un pasadizo donde había una balanza, luego hay un comedor, luego esta la oficina del Nombre146597 hay un sillón, un closet, cuando se abre se observa que hay gran cantidad de material, él indica que son muestras para los proveedores o muestras que se dejan de algunos lotes. Al frente lo que hay es una bodega donde hay material, tanto en los Racs como en el piso". Observaciones y descripción que fueron corroboradas de forma indubitable con las fotografías que rolan de los folios 43 a 48 del expediente principal, donde puede determinarse con certeza, que existen en el lugar, una gran cantidad de anaqueles, con cajas, haciendo evidente que el inmueble en cuestión no esta destinado como pretende hacer ver el actor con una casa de habitación, ya que no contiene el mobiliario propio de una vivienda, sino que es un local en donde se realizaba la actividad comercial, de distribución y preparación de productos naturales por parte de Nombre146591 Natural, sin contar con los permisos correspondientes, acciones que se mantuvieron inclusive hasta el día 08 de mayo del 2012, cuando la funcionaria citada realizó la visita de seguimiento.
Además de los productos encontrados, en los aposentos del lugar se determino la existencia de gran cantidad de producto primario como empaques, etiquetas y hasta un montacargas que obviamente es utilizando por el actor para el traslado de producto a las bodegas que tenía ocultas en el cielo razo. Este ejercicio de forma irregular fue debidamente acreditado con la declaración de los funcionarios del Ministerio de Salud, el acta de allanamiento realizada por una autoridad judicial así como por las fotografías aportadas, llegando éste Tribunal a la misma conclusión que la administración demandada, que la actividad que realizaba el actor en el inmueble ubicado en Dirección17758 25 metros al este 25 metros al sur, Dirección17760 , es evidentemente del tipo comercial de elaboración y distribución de productos naturales, y que no responde ni por asomo al ejercicio liberal de su profesión. Ante estas probanzas, esta Cámara no otorga credibilidad alguna a la versión complaciente y apartada de la verdad que narro el testigo (ex-empleado) de la parte actora (Nombre146593 ) cuando expreso advertido de las penas con que la Ley castiga el delito de falso testimonio, que esa era la casa de habitación de Don Nombre146592 y que no se realizaba actividad económica en el lugar, cuando el Tribunal determinó que tal situación es falsa y que en el inmueble se comercializa producto de forma irregular sin contar con los permisos de funcionamiento correspondientes.
Al ser constatada esta irregularidad por los funcionarios del Ministerio de Salud, se otorgó el presupuesto jurídico para la emisión del acta de clausura del 22 de setiembre del 2001 N° ARS-HMR-01-TII-22, que fue motivada por la falta de autorización de parte de Nombre146591 Natural para ejercer la actividad dicha, por lo que se dispuso el cierre del inmueble conforme lo ordena el Reglamento General para el Otorgamiento de Permiso Sanitario de Funcionamiento del Ministerio de Salud, N°34728-S, con el fin de reprimir la conducta del infractor al poner en grave riesgo o peligro la Salud Pública en pleno uso de sus facultades y potestades correlacionadas con el fin público para que fue creada. El acto en cuestión fue debidamente notificada según consta el documento fue firmado por el Nombre146597 . Su emisión se realizó por constatarse que el actor ejercía una actividad comercial sin contar con los permisos correspondientes, situación a todas luces que no puede ser amparada por este órgano colegiado, que reprocha la poca transparencia con que el actor viene a pretender que ésta autoridad judicial, brinde legalidad a una situación que resulta evidentemente contraria al ordenamiento jurídico, al sostener que debe decretarse que el lugar es su casa de habitación cuando ni por asomo, ello corresponde a la realidad determinada según las consideraciones que anteceden.
De ahí que el alegato resulta estólido e inverosímil. Amén de lo indicado, es innegable que el acto cuestionado en los que se refiere a sus ELEMENTOS SUBJETIVOS, de conformidad con los hechos expuestos, fue dictado por el órgano competente (articulo 26 del Reglamento de tan repetida), se realizó para tal efecto el trámite previsto con observancia de los principios que informan el debido proceso, notificándose al actor acerca de las consecuencias del acto emitido, así como de las sanciones por su incumplimiento. Confrontado lo anterior a la luz del artículo 182 de la Ley General de la Administración Pública, no se encuentra infracción alguna en cuanto al sujeto, al procedimiento o la forma del acto o actos preparatorios realizados por la administración demandada, que implique una nulidad en los elementos analizados. Ahora bien, en cuanto a los ELEMENTOS OBJETIVOS del acto cuestionado, como se indicó, se observa que los mismos refieren a un MOTIVO, compuesto por las razones jurídicas y fácticas que hacen necesaria y valida su emisión, siendo que en este caso se trata de una orden de clausura por cuanto el actor realizaba una actividad comercial sin autorización alguna, resultando su CONTENIDO claro, preciso, posible, y sobre todo, lícito ya que se ordena el cese de una actividad que se realiza en forma ilegal. Por lo que el reproche de nulidad de las actuaciones y actos emitidos por el Ministerio de Salud debe ser rechazado por improcedente.-
Como último reproche el actor peticiona, la responsabilidad sobre los funcionarios por el incumplimiento de los plazos legalmente establecidos para dar respuesta a los diferentes recursos previstos por la Ley General de la Administración Pública, así como, de falta de cumplimiento de los requisitos formales de los actos administrativos. Lo pretendido debe ser rechazado, para determinar una responsabilidad como la pretendida, debió la parte actora traer al proceso a los funcionarios del Ministerio de Salud que emitieron los actos que a su parecer resultan ilegales o arbitrarios con demostración de que en su actuar, existió dolo o culpa grave. Si lo que se pretende es la responsabilidad objetiva para la administración demandada, es lo cierto que este órgano colegiado, determinó que los actos administrativos no contienen vicio alguno de ilegalidad. Al no demostrar el actor que la conducta desplegada por las dependencias administrativas, resulten desproporcionados, arbitrarios y menos aún ayunos de contenido legal.
Ya esta Cámara declaró que los mismo responden a una sola realidad, que el actor en el domicilio clausurado ubicado en Pavas, de Cemaco 100 este, 50 sur, 100 oeste casa numero 80, que sostiene es su casa de habitación ejerce una actividad de comercio, donde se preparan, venden y distribuyen productos por parte de Nombre146591 Natural Sociedad Anónima. En cuanto a la situación de la dilación en la respuesta a los recursos presentados, se tuvo por acreditado que el accionante formuló recursos revocatoria y apelación contra todos y cada uno de los actos emitidos con respecto al cierre por parte del Ministerio de Salud, pese a que algunos no contaban con ese remedio, por ser acciones con respaldo jurisdiccional. También que la administración atendido en tiempo y forma cada uno de ellos, que antes de emitir su decisión solicitaba informes técnicos a sus dependencias e información de los seguimientos de la actividad que realizaba en forma irregular Nombre146591 (que también fueron objeto de recurso), que los rechazos fueron emitidos mediante actos debidamente motivados, no evidenciándose exceso de poder, arbitrariedad o dilaciones en la resolución de los reclamos de la sociedad actora.
En cuanto a la separación del funcionario que en principio atendió el caso del Nombre146597 , esta fue una actuación de transparencia por parte del Ministerio de Salud, de su lectura se extrae que se dispuso la separación del funcionario,pero que se acoto que éste actuó de forma diligente, apegado a la juridicidad y que su separación no se debió a una mala conducta, sino para dar pureza y mayor seguridad al actor, situación que en todo caso no tiene como efecto la invalidez de la conducta del Ministerio de Salud. Amén de ello, los demás actos dictados dentro del expediente denominado Nombre146591 Natural Sociedad Anónima y que no fueron objeto de nulidad, responden a cada uno de los argumentos esgrimidos por el señor Nombre146592 , fueron dictados por funcionarios competentes con respeto y legalidad en sus elementos objetivos y subjetivos.-
Cuantificó el accionante este extremos en la suma VEINTE MILLONES DE COLONES, desglosados en quince millones de colones para la empresa y cinco millones por daño moral para Nombre146592 . El Tribunal luego de un análisis de los elementos de prueba aportadas (documental y testimonial) llegó a la conclusión de que al actor no le asiste derecho alguno, acogiendo la falta de derecho, respecto no sólo de las nulidades, sino de las demás pretensiones, llegó al convencimiento de que lo clausurado por el Ministerio de Salud, no es una casa de habitación, sino un lugar en donde se comercializan y venden los productos de Nombre146591 Natural sin autorización por parte del Ministerio de Salud y de la Municipalidad del lugar, entonces lo reclamado por este concepto resulta improcedente, ya que al no decretarse la ilegitimidad de la actuación administrativa, no se configuró el nexo de causalidad necesario entre la acción u omisión de la administración demandada y las afecciones alegadas tanto por la Sociedad como por el Nombre146597 .
Amén de ello, la Ley General de la Administración Pública en su artículo 195 dispone que no existe responsabilidad aún y cuando se cause un daño cuando el interés lesionado resulte ilegítimo o contrario al orden público que es el caso que nos ocupa, en donde se determinó que el actor ejerció una actividad de forma ilegal al no contar con los permisos correspondiente, razón por la cual se decretó el cierre del establecimiento, mismo que incumplió cuando quitó los sellos puestos por la administración demandada en un claro ejemplo de irrespeto a la autoridad pública, por ende el daño que peticiona, proviene de una actuación ilegítima, no pudiendo ser resarcido, ya que sus actos contravienen el ordenamiento jurídico administrativo con perjuicio para la Salud Pública. Se concluye que las pretensiones del actor carecen de fuerza legal, ya que su reclamó tiene como base, el ejercicio de una actividad ilegal, por lo que debe declararse improcedente en todos sus extremos la demanda.
Interpuso el Estado la falta de legitimación activa y pasiva, bajo el argumento de que la certificación literal sobre la constitución de la empresa no reconoce al actor como representante de la misma. El accionante ante la defensa de la señora Procuradora adjuntó a los autos una constancia, certificando que el día 31 de agosto del 2011 , se inscribió en el Registro Nacional, poder generalísimo otorgado al Nombre146597 por parte de Nombre146591 Natural Sociedad Anónima, por lo que el vicio apunto fue subsanado. Se concluye que el señor Nombre146592 , cuenta con legitimación para demandar, su mandante fue objeto directo de los actos cuestionados por la accionada, pretendiendo un resarcimiento por su actuar. También se formuló la falta de interés que debe ser denegada, ya que se mantiene la controversia y el deseo de las partes de que sea ventilada o dilucidada por éste órgano jurisdiccional.-
A criterio de la mayoría de este órgano colegiado, el testigo Nombre146593 , rindió declaración ante esta autoridad debidamente juramentado y advertido de las penas con que la Ley castiga el delito de falso testimonio, de forma complaciente y apartada de la realidad, procede remitir copia del video de juicio oral y publico al ente acusador del Estado con el fin de que se inicie investigación en su contra por el delito de falso testimonio.
Al no existir mérito para exonerar, las costas corren a cargo de la perdidosa, conforme lo dispone el numeral 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo.
POR TANTO
Se rechazan las excepciones de falta de legitimación activa y pasiva, falta de interés y se acoge la defensa de falta de derecho alegada por la representación estatal. En consecuencia se DECLARA SIN LUGAR EN TODOS SUS EXTREMOS, la demandada interpuesta por Nombre146591 NATURAL SOCIEDAD ANÓNIMA Y Nombre146592 contra el ESTADO . Son ambas costas a cargo de los actores. Se remite al Ministerio Público el testigo Nombre146593 , para que se inicie investigación por el delito de falso testimonio. NOTIFÍQUESE.
Sady Jiménez Quesada Alner Palacios García Laura García Carballo NOTA SEPARADA.- Dr. Alner Palacios García. Si bien concurro con mis compañeras en la ratio decidendi, debo separarme del considerando X, y de la parte dispositiva -únicamente- en lo que a éste se refiere, al no compartir la apreciación en cuanto a la declaración del testigo Nombre146593 , que si bien fue complaciente con la parte actora, me resultó suficiente no darle credibilidad a su dicho, al contrastar su versión con los demás elementos probatorios, sin pensar en la eventual comisión de una conducta reprochable en lo penal, en perjuicio del declarante. ES TODO.-
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