← Environmental Law Center← Centro de Derecho Ambiental
OutcomeResultado
The conviction and preceding trial were annulled for lack of reasoning, and a retrial was ordered.Se anuló la sentencia condenatoria y el debate que la precedió por falta de fundamentación, ordenándose el juicio de reenvío.
SummaryResumen
The Sentencing Appeals Court of the Third Judicial Circuit of Alajuela annulled the conviction and the preceding trial, ordering a new trial. The case involved a conviction for violating the Forestry Law (Article 58(a)), to the detriment of natural resources, for allegedly building a warehouse and a two‑story structure that encroached upon the protection zone of the El Colegio Creek in Monteverde. The appeals court upheld the grounds of the appeal, finding that the lower court’s judgment lacked adequate reasoning. It held that the trial judge merely described the evidence without rationally explaining how she concluded that the defendant had engaged in the act of “invading.” The appeals court also identified contradictions in the determination of who owned the property and omissions in assessing evidence on the age of the structures—some potentially predating the entry into force of Law 7575—and on whether the works were new invasions or mere remodeling. Because the rules of sound criticism and the duty to provide reasons (Article 142 of the Criminal Procedure Code) were breached, the judgment was rendered ineffective.El Tribunal de Apelación de Sentencia del Tercer Circuito Judicial de Alajuela anuló la sentencia condenatoria y el debate que la precedió, ordenando un juicio de reenvío. Se trataba de una condena por el delito de infracción a la Ley Forestal (artículo 58 inciso a), en perjuicio de los recursos naturales, impuesta al imputado por presuntamente construir una bodega y una edificación de dos plantas que invadían la zona de protección de la Quebrada El Colegio, en Monteverde. El tribunal de apelación acogió los motivos del recurso al considerar que la sentencia de instancia adolecía de una falta de fundamentación adecuada. Señaló que el juzgador se limitó a describir la prueba, pero no explicó razonadamente cómo arribó a la conclusión de que el imputado ejecutó la conducta de “invadir”. Además, encontró contradicciones en la determinación de la titularidad del inmueble y omisiones en la valoración de las pruebas sobre la antigüedad de las estructuras –algunas podrían ser previas a la vigencia de la Ley 7575– y sobre si las obras constituían nuevas invasiones o simples remodelaciones. Al violarse las reglas de la sana crítica y el deber de motivación (artículo 142 del Código Procesal Penal), el fallo devino ineficaz.
Key excerptExtracto clave
The grounds are upheld. Having examined the grounds of challenge, this Appeals Chamber notes that although the appellant labels some of them as violations of substantive law or breaches of the right to a defense, in reality all of them seek to claim a lack of reasoning or erroneous motivation in the challenged judgment, which, according to the appellant, ultimately influenced the conviction. In this regard, once this Sentencing Appeals Chamber carried out a comprehensive analysis of the challenged judgment and examined the audio and video recordings of the trial that preceded the appealed judgment, it is evident that the appellant is correct in asserting that the challenged judgment suffers from a lack of reasoning or presents violations of the rules of evidence assessment. As is evident, the lower court failed to provide adequate reasoning for the challenged judgment, as it opted for an exhaustive descriptive account while omitting to refer to the weight it assigned to each evidentiary element and, above all, failing to explain from which evidentiary elements it deduced that the acts charged by the Public Prosecutor’s Office—since the lower court deemed the prosecution’s factual account as proven—were carried out by the accused. Therefore, given that the challenged judgment reveals that the Trial Court merely listed the evidence and, on other occasions, simply made assertions without indicating from which evidentiary elements it derived them, the defect identified by the appellant is confirmed in violation of Article 142 of the Criminal Procedure Code, which breaches Due Process and renders the issued judgment ineffective. Consequently, the appeal filed by attorney [Nombre4] in his capacity as defense counsel for the accused [[Nombre9] ] is upheld, the challenged judgment and the preceding trial are annulled, and the case is remanded for a new proceeding to be decided in accordance with the Law.Se declaran los motivos con lugar. Conocidos los motivos de impugnación, advierte esta Cámara de Apelación que el recurrente aunque titula algunos de ellos como violaciones a la ley sustantiva o quebrantos al derecho de defensa, en realidad todos están dirigidos a reclamar una falta de fundamentación o errónea motivación del fallo recurrido, que a la postre, según el apelante, influyó en la conclusión condenatoria. En este orden, una vez que esta Cámara de Apelación de Sentencia realizó un análisis integral del fallo impugnado y examinó los registros de audio y video del debate que precedió la sentencia recurrida, de los mismos se desprende que lleva razón el recurrente, en cuanto a que la sentencia impugnada adolece de falta de fundamentación o presenta violaciones a las reglas de la valoración de la prueba. Como se evidencia, el a quo no realizó una adecuada fundamentación del fallo impugnado, en tanto se decanta por realizar una exhaustiva fundamentación descriptiva, pero omite referirse al valor que le otorgó a cada uno de los medios probatorios, y sobre todo, no explica de qué elementos probatorios extrae que los hechos acusados por el Ministerio Público -ya que éste fue el cuadro fáctico que tuvo por demostrado- fueron realizados por el justiciable. Así las cosas, al verificarse en el fallo impugnado que el Tribunal de Juicio únicamente realizó una relación de las pruebas y en otras ocasiones simplemente refirió afirmaciones sin indicar de qué elementos probatorios las derivó, se comprueba el vicio apuntado por el quejoso en quebranto del artículo 142 del Código Procesal Penal, lo que lesiona el Debido Proceso y genera la ineficacia del fallo dictado. En consecuencia, se declara con lugar el recurso de apelación de sentencia presentado por el licenciado [Nombre4] en su calidad de abogado defensor del imputado [[Nombre9] ], ordenándose la nulidad de la sentencia impugnada y el debate que la precedió, para que en un juicio de reenvío se resuelva conforme a Derecho.
Pull quotesCitas destacadas
"Como se evidencia, el a quo no realizó una adecuada fundamentación del fallo impugnado, en tanto se decanta por realizar una exhaustiva fundamentación descriptiva, pero omite referirse al valor que le otorgó a cada uno de los medios probatorios, y sobre todo, no explica de qué elementos probatorios extrae que los hechos acusados por el Ministerio Público (…) fueron realizados por el justiciable."
"As is evident, the lower court failed to provide adequate reasoning for the challenged judgment, as it opted for an exhaustive descriptive account while omitting to refer to the weight it assigned to each evidentiary element and, above all, failing to explain from which evidentiary elements it deduced that the acts charged by the Public Prosecutor’s Office (…) were carried out by the accused."
Considerando III
"Como se evidencia, el a quo no realizó una adecuada fundamentación del fallo impugnado, en tanto se decanta por realizar una exhaustiva fundamentación descriptiva, pero omite referirse al valor que le otorgó a cada uno de los medios probatorios, y sobre todo, no explica de qué elementos probatorios extrae que los hechos acusados por el Ministerio Público (…) fueron realizados por el justiciable."
Considerando III
"Así las cosas, al verificarse en el fallo impugnado que el Tribunal de Juicio únicamente realizó una relación de las pruebas y en otras ocasiones simplemente refirió afirmaciones sin indicar de qué elementos probatorios las derivó, se comprueba el vicio apuntado por el quejoso en quebranto del artículo 142 del Código Procesal Penal, lo que lesiona el Debido Proceso y genera la ineficacia del fallo dictado."
"Therefore, given that the challenged judgment reveals that the Trial Court merely listed the evidence and, on other occasions, simply made assertions without indicating from which evidentiary elements it derived them, the defect identified by the appellant is confirmed in violation of Article 142 of the Criminal Procedure Code, which breaches Due Process and renders the issued judgment ineffective."
Considerando III
"Así las cosas, al verificarse en el fallo impugnado que el Tribunal de Juicio únicamente realizó una relación de las pruebas y en otras ocasiones simplemente refirió afirmaciones sin indicar de qué elementos probatorios las derivó, se comprueba el vicio apuntado por el quejoso en quebranto del artículo 142 del Código Procesal Penal, lo que lesiona el Debido Proceso y genera la ineficacia del fallo dictado."
Considerando III
Full documentDocumento completo
JUDICIAL BRANCH JUDICIAL BRANCH SENTENCE APPEALS COURT OF THE THIRD JUDICIAL CIRCUIT OF ALAJUELA, SAN RAMÓN Tel: 2456-9069 tapelacion-sra @Poder-Judicial.go.cr Fax: 2445-5193 _______________________________________________________________________________________ Res: 2014-00324 SENTENCE APPEALS COURT OF THE THIRD JUDICIAL CIRCUIT OF ALAJUELA, SECTION [Dirección1]. San Ramón, at three fifty-three in the afternoon (03:53 p.m.) on the twenty-seventh of May, two thousand fourteen.
SENTENCE APPEAL filed in the present case against [Nombre [Nombre1]], of legal age, CED1 for the CRIME OF VIOLATION OF THE FORESTRY LAW (INFRACCIÓN A LA LEY FORESTAL), to the detriment of NATURAL RESOURCES. Judge [Nombre2] and judges [Nombre3] and Yadira Godínez Segura participate in the decision of the appeal. Appearing in the sentence appeal are attorney [Nombre4], private defense counsel for the accused herein, attorney [Nombre5], criminal prosecutor, and attorney [Nombre6], representative of the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público).
WHEREAS:
1.- That by judgment number 64-P-2013 of eight twenty-nine in the morning on February 18, two thousand thirteen, the Trial Court of Puntarenas, resolved: "THEREFORE: In accordance with the foregoing, Articles 39 and 41 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, 1, 6, 142, 184, 267, 360 to 367 of the Code of Criminal Procedure (Código Procesal Penal), 1, 30, 31, 45, 50, 69, 63, 71 to 74, 103 of the Penal Code (Código Penal), Articles 33 and 58 of the Forestry Law (Ley Forestal), it was resolved to declare [Nombre [Nombre7]] guilty as the responsible perpetrator (autor responsable) of a crime of VIOLATION OF THE FORESTRY LAW for the acts attributed to him to the detriment of NATURAL RESOURCES, a penalty of one year of imprisonment is imposed, and the BENEFIT OF CONDITIONAL SUSPENSION OF THE SENTENCE (BENEFICIO DE EJECUCIÓN CONDICIONAL DE LA PENA) is granted for a term of three years, warning that if a new crime is committed within a period of six months or more, this benefit will be revoked, and the DEMOLITION OF THE CONSTRUCTION THAT IS INVADING THE PROTECTION ZONE OF THE [Dirección2] STREAM (quebrada) is ordered.- It is resolved without special award of costs. Notify by reading" (sic).
2.- That against the preceding pronouncement, attorney [Nombre4], private defense counsel for the accused herein, filed a sentence appeal.
3.- That having verified the respective deliberation in accordance with the provisions of Article 465 of the Code of Criminal Procedure (Código Procesal Penal), the Court proceeded to hear the appeal.
4.- That in the proceedings, the pertinent legal requirements have been observed.
Drafted by the sentence appeals judge [Nombre8]; and,
WHEREAS:
I.Attorney [Nombre4], acting as private defense counsel for the accused [[Nombre9] ], filed a sentence appeal against judgment number 64-P-2013 of 08:29 a.m. on February 18, 2013 of the Trial Court of Puntarenas, which ordered the conviction of the accused [[Nombre9] ] for a crime of Violation of the Forestry Law (Ley Forestal), and ordered the demolition of the construction that is invading the protection zone of the [Dirección2] Stream (Quebrada [Dirección2]).
II.The first ground of the sentence appeal is directed at indicating disagreement with the assessment of the evidence and the violation of the principle of innocence of the defendant. The appellant considers that in the case at hand, the inspectors from the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications (MINAET), when they arrived at the scene of the events, encountered four persons, who, according to their own statement, were carrying out remodeling work. However, they were not identified and interviewed, much less reported for those tasks. That the witnesses merely limited themselves to indicating that they were undocumented Nicaraguans, assuming as a true and certain fact that they had been hired by the accused. However, despite that presumption, there is no material act that links Mr. [Nombre [Nombre1]] as the employer of those persons, or that he had some other type of contractual relationship. Furthermore, the appellant considers that the judgment states that the work was halted because Mr. [Nombre [Nombre10]] did not have the municipal permit, which is equally false as the accused never carried out any proceeding before the Municipality of Monteverde, simply because he was not the owner of that property. That it was the former municipal official, Eng. [Nombre11], who, despite having all the computer resources to find out who was the owner of that property, merely assumed that the defendant was the owner. The appellant also adds that the appealed judgment "lightly" (verbatim copy folio 320) attributes ownership of the property to Mr. [Nombre [Nombre10]], even though the documentary evidence indicates otherwise, and the ruling even bases this on the fact that the defendant never indicated to the officials the existence of another possible owner, but such a conclusion violates the defendant's right not to testify at trial or not to provide evidence against himself. Therefore, the appellant considers that the erroneous reasoning causes a violation of the defendant's principle of innocence and, therefore, the ruling issued should be revoked and the accused acquitted, or alternatively, the judgment annulled so that a new trial may be held. As a second ground of the appeal, the complainant claims an improper interpretation and application of the Law, by applying norms with retroactive effect. Thus, the appellant affirms that the Court has not given the importance and significance that the Defense's argument entails, regarding that the Forestry Law (Ley Forestal) number 7575 of February 5, 1996, is not applicable to the present case. That the law in question has a terrible formal defect that is exhibited in its Article 73, since it establishes that the legislation is of public order, but at the same time deprives Law number 4465 and 7174 of all effect and legal value, so that their provisions became non-existent. Given the foregoing, the appellant considers that since the property of the Canton of Puntarenas, real property registration number [[Placa1]], which is described in cadastral plan number [Valor [Nombre7]], was registered on June 14, 1995, the provisions or restrictions on property contemplated by Law number 7575 could not be applied, since it came into effect on February 5, 1996. Furthermore, the complainant affirms that the witness [[Nombre12] ] was extremely clear and precise, in that she has known the building questioned by the MINAET Inspectors since 1989 or 1990, that is, well in advance of the entry into force of Law No. 7575. Therefore, the appellant argues, that if the defendant committed any crime, it would have to be concluded that it resulted from the application of Forestry Law (Ley Forestal) No. 4465, which is currently repealed. By reason of the foregoing, the complainant claims that by applying Article 58 of Law No. 7575 against the accused [Nombre [Nombre1]], the trial court gave retroactive effect to the law, to the detriment of Article 45 of the Political Constitution, given that the company owning the property has not been compensated nor are there limitations noted in the Public Registry. That the illegitimate interpretation made by the Court affects the defendant's right, because the judgment generates liability in both the civil and criminal spheres. For this reason, the appellant requests that the ruling issued be revoked and the accused be acquitted. As a third ground of appeal, the appellant shows disagreement with the demolition order for the construction located on land that does not belong to Mr. [Nombre [Nombre1]]. That the Court has been reluctant to conduct a study of the property, in accordance with a correct and true "registry technique" (cfr. folio 336), which is why it has not been able to define an important aspect, such as who is the true owner of the property of the Canton of Puntarenas, registered at real property folio [Placa2] [ ]. For the complainant, in hearing a case for Violation of the Forestry Law (Ley Forestal), the first thing that must be demonstrated is who is the owner of the land on which the alleged events occurred, since only once this has been resolved could one consider establishing the criminal or patrimonial liabilities that may be pertinent. However, from the examination of the judgment, it is clear that this aspect has been left outside the analysis of the facts, despite the fact that at folio 171 there is a literal certification of the property, in which it is indicated that the property belongs to the company of this [Placa3] called "[[Placa4] ]", legal identification number [CED2 ]. That the logical step was to find out who is the legal representative of such company in order to summon them to court. Above all, due to the patrimonial consequences that the proceeding could entail for the true registered owner, who has the right to effectively and efficiently exercise their right of defense enshrined in Articles 39 and 41 of the Political Constitution. That neither the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público) nor the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República) provided the certification of legal representation of the mentioned company, which was an elementary step to establish patrimonial liability. Thus, a demolition order was issued without determining upon whom that obligation falls. For this claim, the appellant requests that the accused be acquitted or alternatively that the appealed judgment be annulled regarding these points.
III.Since the three grounds of challenge in the sentence appeal filed by attorney [Nombre4] in his capacity as defense counsel for the accused are linked, they are heard jointly. The grounds are granted. Having heard the grounds of challenge, this Court of Appeal observes that although the appellant titles some of them as violations of substantive law or breaches of the right of defense, they are all actually directed at claiming a lack of reasoning or erroneous motivation of the appealed ruling, which, ultimately, according to the appellant, influenced the conviction conclusion. In this regard, once this Sentence Appeals Court conducted a comprehensive analysis of the challenged ruling and examined the audio and video records of the trial that preceded the appealed judgment, it is clear from them that the appellant is correct in that the challenged judgment suffers from a lack of reasoning or presents violations of the rules of evidence assessment. In this sense, it must be based on the fact that the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público) accused the defendant [Nombre [Nombre1]] of having violated Article 58 of Law number 7575, published on April 16, 1996, specifically in its subsection a) which regulates: "...Imprisonment of three months to three years shall be imposed on whoever: a) Invades a conservation or protection area, whatever its management category, or other areas of forests or land subject to the forestry regime, whatever the area occupied; regardless of whether it involves private lands of the State or other Public Administration bodies or lands in the private domain. The perpetrators or participants in the act shall not have the right to any compensation for any construction or work they may have carried out on the invaded lands...". Typical action governed by the main verb "invade", the meaning of which comprises "...To irrupt, to enter by force. (..) To occupy a place abnormally or irregularly. (...) Said of a thing: To enter and spread in a determined place or environment..." (cfr. Dictionary of the Royal Spanish Academy, twenty-second edition, http://lema.rae.es/drae/?val=invadir). Therefore, the typical conduct conforms to the norm when someone undertakes, enters, occupies, or irrupts into a conservation or protection area, regardless of whether it involves private lands of the State or other Public Administration bodies or lands in the private domain. Thus, based on the accusation of the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público) and the complaint filed by the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República), it was unavoidable for the Trial Court to determine whether the accused had invaded - irrupted into or occupied - the protection zone of the [Dirección2] Stream (Quebrada [Dirección2]), or conversely, as the technical defense's thesis argued, that he did not participate in the events that occurred. Notwithstanding the foregoing, although the trial court considered the factual scenario accused by the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público) as proven, it never explained the logical path it used to reach such a conviction conclusion, since it merely limited itself to describing the evidentiary elements obtained from the witnesses and the documentary evidence incorporated into the adversarial proceeding, but never explained under what reasoning it considered that such evidentiary elements allowed verification that the accused and complained-of acts were carried out by the defendant. In this manner, the trial judge refers to the complaint filed by the Ministry of Environment and Energy number ACA-T-01-OAUMV made on March 28, 2006, and transcribes it in the judgment, then states that there is an ocular inspection report, with the lower court (a quo) proceeding to describe what is stated in said report. Next, the ruling indicates the existence of the Municipal Council official letter dated March 28, 2006, number IM-17-06, which is likewise described, also referring to the notification on folio 5 of the main file, indicating its content in the judgment. Subsequently, the ruling points out that said documentary evidence is complemented by the testimonies of [Nombre [Nombre13]], [Nombre [Nombre14]], and [Nombre [Nombre15]], of which the criminal judge makes a synthesis, to finally carry out an assessment of said evidence and indicate: "...The aforementioned witnesses are in agreement in indicating that there is a new construction specifically in the years 2005 and 2006. That an inspection was carried out on the property of Mr. [Nombre [Nombre10]], and the essential construction invading the protection zone of the [Dirección2] Stream (Quebrada [Dirección2]) was pointed out to him. He was warned and seals were placed closing the work. Warning him that he must not continue with it. That Mr. [Nombre [Nombre10]] was notified personally and Mr. [Nombre [Nombre10]] signed as the owner of the property. The Court considers that the declarations of these witnesses regarding the manner, time, and place of the events are coincident, which is why they are credible to the Court..." (cfr. folios 308 to 309). As is evident, the lower court (a quo) did not adequately substantiate the challenged ruling, as it opted for an exhaustive descriptive substantiation but omitted to refer to the value it granted to each piece of evidence, and above all, it does not explain from which evidentiary elements it deduces that the events accused by the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público) - since this was the factual scenario it considered proven - were carried out by the defendant. In accordance with this approach, important issues were left unmotivated, such as: i) what was the action or omission that the defendant [Nombre [Nombre7]] executed and his criminal participation, and ii) what did the invasion of the protection zone of the [Dirección2] Stream (Quebrada [Dirección2]) consist of. Regarding the first topic, the accusation made by the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público) establishes that the accused "developed" (cfr. folio 93) - in clear allusion to the verb to build - through third parties who received his orders, a warehouse thirteen meters long by six meters wide and a two-story building, which permanently invade the protection zone of the [Dirección2] Stream (Quebrada [Dirección2]). However, despite the judgment considering it proven that the defendant was the perpetrator (autor) of the demonstrated act, it does not explain in any way how this conclusion is reached. Even the ruling describes that witness [Nombre [Nombre13]] declared that: "...On March 28, at ten fifteen a.m., an ocular inspection was carried out on the property of the accused [Nombre [Nombre1]], in Santa Elena de Monteverde, [Dirección3] Public Force, accompanied by Mr. [Nombre [Nombre16]], Municipal Official of the district of Monteverde, in addition to Mrs. [Nombre [Nombre17]]. Where a warehouse building, 13 meters long by 6 meters wide, made of zinc and a perling structure with two floors, was found, the above over the El Colegio Stream, it being understood that it is over the riverbed...." (cfr. folio 307), but the criminal judge does not explain from which evidentiary element she could reasonedly derive that the defendant was the one who carried out such construction or warehouse, whether personally or through third parties, or the relationship of these with the accused, despite the fact that it became known through the witness that said warehouse was already built when they arrived. This lack of reasoning is complemented by contradictory reasoning, when the judge affirms in her ruling: "...Regarding the argument raised by the defense that Mr. [Nombre [Nombre10]] is not the owner of the property, the Court considers that he was identified, he was warned, and he never indicated to the officials the existence of another possible owner. Mr. [Nombre [Nombre10]] was the person who handled matters before the Municipality, and never pointed out any other person as the possible owner. Furthermore, he appears as the legal representative of [Nombre [Nombre18]], who at most should be considered a third party in an eventual administrative proceeding..." (cfr. folio 309). That is, the Trial Court considers it proven that [Nombre [Nombre1]] is the owner of the property where the events are committed - ownership that is endorsed throughout the ruling - but then states that the defendant is a legal representative of the company [Nombre [Nombre18]], which is understood to be the owner of the property. And the fact is that, although the criminal offense does not require for its configuration that the agent be the titleholder or possessor of the property where the protection zone is invaded - which is why the appellant is not correct in this argument - it is true that in this specific case, the accusatory hypothesis focuses on the fact that the buildings that were constructed were located on the defendant's property, that these invaded the protection zone, and that they had been built by third parties under the orders of the defendant. Hence, the contradictory reasoning does indeed fall upon an essential issue. This is without forgetting that the lower court (a quo) affirms that the defendant is the legal representative of the company [Nombre [Nombre18]], but omits to point out from which evidentiary element legally incorporated into the adversarial proceeding it derives this conclusion, it not being possible for this Court of Appeal to justify the same in any of the evidence duly incorporated into the adversarial proceeding (cfr. folios 297 to 301 and 306), which verifies a violation of the rule of derivation or sufficient reason. This same deficiency appears again in the ruling when it is considered accredited that "...2 The criminal action was developed by the accused [Nombre [Nombre7]] with full knowledge, since the respective Municipal permits, previously processed by the accused, had been denied, being rejected with the indication that his property was invading the protection zone of the El Colegio Stream, Rodríguez tributary..." (cfr. folio 306 reverse), but it is omitted to motivate from which evidentiary elements the lower court (a quo) extracted such a conclusion, that is, that the defendant had requested construction permits prior to the construction of the buildings and that these were rejected because they were located within the protection zone, when there is no evidentiary element that refers to such affirmation. On the other hand, this lack of reasoning was perpetuated in the ruling when the trial court addressed the issue of how the protection zone was invaded. On this point, the judgment states: "...The defense indicates that there is imprecision (sic) regarding the measurements of the lot where the protection zone of up to 800 meters is located, taking into account the literal certification and the cadastral plan that appears in the complaint. The Court considers that there is a very clear expert report, specifically the one carried out by the physical forensics department of the Judicial Branch, unique number 06-200743-431-PE, which is clear and precise in indicating the measure of invasion of the protection zone, indicating that there is an invasion of 229 meters in the [Dirección2] Stream (Quebrada [Dirección2]), so for the Court, the factual hypothesis that the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público) has proposed is fully accredited..." (cfr. folios 308 to 309). As can be noted, the lower court (a quo) refers the parties to the expert report prepared by the Department of Physical Forensics, which states that the invasion of the protection zone occurred over 229 meters, but it does not mention what value it gave to this piece of evidence, what evidentiary elements it extracted - besides the area - from said piece of evidence, and how it allowed accrediting that in that area the warehouse and the two-story building that the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público) accused were the buildings invading the protection zone were built. Imprecision that was repeated when later in the ruling the judge affirmed, "...In the case at hand, the accused [Nombre [Nombre19]] disrespected this right knowing that within his property, construction works were carried out within the protected area, developing the 2-story building. They pointed out to Mr. [Nombre [Nombre10]] from where the protection zone began, this is documented by the closure report made by Mrs. [Nombre [Nombre20]] ratifying what Mr. [Nombre21] says. Indicating to him that he could not build within the zone of the stream. It is clear that the defendant did not heed the warnings and ignored the authorities..." (Verbatim copy from folio 310 front and back). So, the protection zone of the El Colegio Stream was invaded when the defendant only built the two-story building, or was it also invaded with the construction of the warehouse thirteen meters long by six meters wide, which was considered built within the protection area according to the section of proven facts. Lack of precision that, although it might seem unimportant, since with one or the other construction within the protection zone the criminal offense would be configured, it is true that the judgment issues a demolition order for the construction that invades the protection zone of the El Colegio Stream, so the issue of adequately defining which works or buildings invade the protection zone turns out to be an unavoidable resolution and of unquestionable motivation, which, as was evidenced, was omitted in the appealed judgment. Parallel to the foregoing, although the appellant is not correct in stating that the criminal law to be applied must be the one in force at the time the property was registered, since the temporal application of criminal law obeys the time of validity of the norm when the punishable act is committed (cfr. Article 11 of the Penal Code), it is indeed of primary importance in this specific case that the ruling contains an adequate delimitation of the buildings that were constructed within the protection zone of the El [Dirección4] Stream and when they were built, given that in accordance with the principle of legality, conduct carried out prior to the criminal prohibition of the conduct of invading a protection zone, typical of Article 58 of the Forestry Law (Ley Forestal) number 7575, could not be sanctioned, even if its effects persist over time to the detriment of natural resources. This aspect was not clear in the questioned ruling, since regarding this the lower court (a quo) only indicated: "...The Court considers that the defense is also not correct in indicating that the construction invading the protection zone is very old, the foregoing because the witness [Nombre [Nombre22]] stated that she has observed a structure since the 80s, because she has been a neighbor of the place for a long time. The acts that concern us and have been accredited date from 2005 and 2006, and in that sense, there is sufficient technical evidence that supports this version. Since it is clear from the documentary and testimonial evidence that there is a new construction built and that remains from the aforementioned years to date..." (cfr. folio 309 front and back). Thus, with a deficient technique, very similar to that found throughout the ruling, the judge, despite accepting as demonstrated the existence of a structure in the protection zone that was built prior to the effective date of Law number 7575, does not motivate from which evidentiary elements she can derive which of these buildings were constructed in the protection zone in 2006 and 2007 as accused by the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público) and the complainant, or which correspond to remodeling of pre-existing constructions prior to the validity of Law number 7575, and whether these remodelings represent a new invasion of the protection zone or not. An issue that was not only brought into discussion by the technical defense of the accused in the closing arguments stage, but was introduced into the adversarial proceeding by witnesses [Nombre [Nombre13]] (digital file c0101130205140000.vgz from counter 14:19:59 to 14:20:26 and 14:21:01 to 14:23:01, also in digital file c0100130205150000.vgz from counter 15:01:04 to 15:01:53), [Nombre [Nombre15]] (digital file c0100130205150000.vgz from counter 15:13:08 to 15:15:01), [Nombre11] (audio file from counter 12:00 to 14:11), and [Nombre [Nombre22]], the latter who stated: "...Yes, I know the construction, the area where that construction is, since I have lived in Monteverde for many years, more or less since eighty-nine, I think around that time that exists, more or less eighty-nine or ninety, I don't specify the detail more or less, but I do know the place. Around more or less eighty-nine, ninety, what do I know, around then... At that time, I remember because we worked in health, a building like a kind of workshop, large, and like above the stream like a platform, construction nothing more. Yes, of course. I think it is El Colegio Stream. ...(The building), it has always been nearby, because there has always been a wall channeling the stream, that's what I know... It's that the workshop was almost touching the wall (...) Well, currently the building is there, the same building that has always been there, only one part not, what was the workshop... What I know is that what happened there were remodelings.. I am not precise, some time ago I think... The workshop was touching the stream. In that sector what there are are plants, planted trees, nothing more..." (file c0102130205155401.vgz from counter 15:57:35 to 15:59:43 and file c0100130205160000.vgz from counter 16:00:22 to 16:01:00). Therefore, it was an obligation of the criminal judge to resolve such topics, a duty that was breached in the judgment under review as the appellant claimed, since it is not explained in a reasoned manner what the invasion of the protection zone of the El [Dirección4] Stream consisted of and what the defendant's participation in the events was. This being the case, upon verifying in the challenged ruling that the Trial Court only provided a list of the evidence and on other occasions simply referred to affirmations without indicating from which evidentiary elements it derived them, the defect pointed out by the complainant is confirmed, in breach of Article 142 of the Code of Criminal Procedure (Código Procesal Penal), which violates Due Process and renders the issued ruling ineffective. Consequently, the sentence appeal filed by attorney [Nombre4] in his capacity as defense attorney for the accused [[Nombre9] ] is granted, ordering the annulment of the challenged judgment and the trial that preceded it, so that in a new trial on remand (juicio de reenvío), it is resolved in accordance with the Law.
THEREFORE:
The sentence appeal filed by attorney [Nombre4] in his capacity as defense attorney for the accused [[Nombre9] ] is granted. By virtue of the foregoing, the issued judgment and the trial that preceded it are annulled, ordering a new trial on remand (juicio de reenvío) for a new substantiation in accordance with the Law. NOTIFY.- [Nombre2] Yadira Godínez Segura [Nombre3] Sentence Appeals Judge and Judges File: 06-200743-431-pe Accused: [[Nombre9] ] Crime: VIOLATION OF THE FORESTRY LAW (INFRACCIÓN A LA LEY FORESTAL) Victim: NATURAL RESOURCES [Nombre23]
PODER JUDICIAL PODER JUDICIAL TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA, SAN RAMÓN Tel: 2456-9069 tapelacion-sra @Poder-Judicial.go.cr Fax: 2445-5193 _______________________________________________________________________________________ Res: 2014-00324 TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA, SECCIÓN [Dirección1]. San Ramón, a las quince horas cincuenta y tres minutos (03:53 p.m.) del veintisiete de mayo de dos mil catorce.
RECURSO DE APELACIÓN DE SENTENCIA interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre [Nombre1]], mayor, CED1 por el DELITO DE INFRACCIÓN A LA LEY FORESTAL, en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES. Intervienen en la decisión del recurso, el juez [Nombre2] y las juezas [Nombre3] y Yadira Godínez Segura. Se apersonan en apelación de sentencia, el licenciado [Nombre4] , defensor particular del aquí imputado, el licenciado [Nombre5] , procurador penal y la licenciada [Nombre6] , representante del Ministerio Público.
RESULTANDO:
1.- Que mediante sentencia número 64-P-2013 de las ocho horas con veintinueve minutos del 18 de febrero del año dos mil trece, el Tribunal de Juicio de Puntarenas, resolvió: "POR TANTO: De conformidad con lo expuesto, artículos 39 y 41 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, 1,6, 142,184,267,360 a 367, del Código Procesal Penal,1, 30, 31, 45, 50, 69,63, 71, a 74, 103 Código Penal, artículos 33 y 58 de le Ley Forestal se resolvió declarar a [Nombre [Nombre7]] autor responsable de un delito de INFRACCION A LA LEY FORESTAL por los hechos que se le venían atribuyendo en perjuicio de los RECURSOS NATURALES se dicta la pena de un año de prisión se le concede el BENEFICIO DE EJECUCIÓN CONDICIONAL DE LA PENA por un término de tres años, advirtiendo que de cometer un nuevo delito dentro del período de seis meses o más, se revocará este beneficio, se ordena la DEMOLICIÓN DE LA OBRA QUE ESTA INVADIENDO LA ZONA DE PROTECCIÓN DE LA QUEBRADA [Dirección2] .- Se resuelve sin especial condenatoria en costas. Notifíquese mediante lectura" (sic).
2.- Que contra el anterior pronunciamiento, el licenciado [Nombre4] , defensor particular del aquí imputado, interpuso recurso de apelación de sentencia.
3.- Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465 del Código Procesal Penal, el Tribunal procedió a conocer del recurso.
4.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.
Redacta el juez de apelación de sentencia [Nombre8] ; y,
CONSIDERANDO:
I.El licenciado [Nombre4] , en calidad de defensor particular del imputado [[Nombre9] ], presentó recurso de apelación contra la sentencia número 64-P-2013 de las 08:29 horas del 18 de febrero del 2013 del Tribunal de Juicio de Puntarenas, que ordenó la condenatoria del imputado [[Nombre9] ] por un delito de Infracción a la Ley Forestal, y ordenó la demolición de la obra que está invadiendo la zona de protección de la Quebrada [Dirección2] .
II.El primer motivo del recurso de apelación de sentencia, se dirige a señalar una inconformidad con la valoración de la prueba y la violación al principio de inocencia del justiciable. Estima que en el caso de estudio, los inspectores del Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), cuando llegaron al lugar de los hechos se encontraron con cuatro personas, que según su propio dicho, estaban realizando trabajos de remodelación. Sin embargo, no fueron identificados y entrevistados, menos denunciados por esas labores. Que los testigos únicamente se limitaron a indicar que eran nicaragüenses indocumentados, asumiendo como hecho cierto y verdadero, que habían sido contratados por el encartado. Empero, pese a esa presunción, no existe ningún acto material que ligue a Don [Nombre [Nombre1]] como patrono de esas personas, o que tuviera algún otro tipo de relación contractual. Además, estima que en la sentencia se afirma que los trabajos se paralizaron porque don [Nombre [Nombre10]] no contaba con el permiso municipal, lo cual resulta igualmente falso en tanto el encartado nunca realizó trámite alguno ante el Municipio de Monteverde, sencillamente porque no era el dueño de esa propiedad. Que fue la ex-funcionaria municipal, Ing. [Nombre11] , quien a pesar disponer de todos los medios informáticos para averiguar quién era el propietario de ese inmueble, se limitó a asumir que el justiciable era el dueño. Agrega también el impugnante, que de manera muy "ligera" (copia textual folio 320) en la sentencia apelada se atribuye a Don [Nombre [Nombre10]] ser el dueño de la propiedad, a pesar que la prueba documental indica lo contrario, incluso el fallo fundamenta eso en que el justiciable nunca manifestó a los funcionarios la existencia de otro posible dueño, pero tal conclusión lesiona el derecho del justiciable a no declarar en el debate o a no aportar prueba en su contra. Por ello estima, que la errada fundamentación ocasiona una lesión al principio de inocencia del justiciable y por ello debe revocarse el fallo dictado y absolverse al encartado, o en su lugar, se anule la sentencia para que se lleve a cabo un nuevo juicio. Como segundo motivo del recurso de apelación, reclama el quejoso una indebida interpretación y aplicación del Derecho, por aplicar normas con efecto retroactivo. Así, el impugnante afirma que el Tribunal no le ha dado la importancia y trascendencia que reviste el alegato de la Defensa, en cuanto a que la Ley Forestal número 7575 del 5 de febrero de 1996, no es aplicable al presente caso. Que la ley en cuestión tiene un terrible vicio formal que se exhibe en su artículo 73, ya que establece que la legislación es de orden público, pero al mismo tiempo deja sin efecto ni valor legal alguno a las leyes número 4465 y 7174, de modo que sus disposiciones quedaron inexistentes. Dado lo anterior, estima el recurrente, que al haberse inscrito la finca del Partido de Puntarenas matricula de folio real nº [[Placa1] ], que se describe en el plano catastro nº [Valor [Nombre7]] el día 14 de junio de 1995, no podría aplicarse las disposiciones o restricciones a la propiedad que contempla la ley número 7575, ya que ésta entró a regir hasta el 5 de febrero de 1996. Además afirma el quejoso, que la testigo [[Nombre12] ] fue sumamente clara y precisa, en cuanto a que la edificación cuestionada por los Inspectores del MINAET la conoce desde el año 1989 o 1990, es decir, con mucha antelación a la entrada en vigencia la Ley Nº7575. Por ello, aduce el impugnante, que de haber cometido el justiciable algún delito, tendría que haberse concluido que resultó de la aplicación de la Ley Forestal nº 4465, la que actualmente se encuentra derogada. En razón de lo anterior, reclama el quejoso, al haber aplicado el Juzgador de instancia el artículo 58 de la Ley Nº7575 en contra del encartado [Nombre [Nombre1]], se le está dando efecto retroactivo a la ley, en detrimento del artículo 45 de la Constitución Política, toda vez que no se ha indemnizado a la empresa propietaria del inmueble ni existen limitaciones anotadas en el Registro Público. Que la interpretación ilegítima que realiza el Tribunal afecta el derecho del imputado, porque la sentencia genera responsabilidad desde el orden civil y penal. Por ello solicita se revoque el fallo dictado y se absuelva al encartado. Como tercer motivo de apelación, el recurrente muestra inconformidad con la orden de demolición de la obra que se ubica en un terreno que no pertenece a don [Nombre [Nombre1]]. Que el Tribunal se ha mostrado renuente en realizar un estudio del inmueble, con apego a una correcta y verdadera "técnica registral" (cfr. folio 336), razón por la cual no ha podido definir un aspecto importante, como lo es quién es el verdadero dueño de la finca del Partido de Puntarenas, inscrita al folio real [Placa2] [ ]. Para el quejoso, en el conocimiento de una causa por Infracción a la Ley Forestal, lo primero que se debe demostrar es quién es el propietario del predio sobre el cual ocurrieron los supuestos hechos, ya que solamente una vez que se ha resuelto ello, se podría pensar en establecer las responsabilidades penales o patrimoniales que resultaren pertinentes. No obstante, del examen de la sentencia se desprende que este aspecto ha quedado al margen del análisis de los hechos, pese a que a folio 171 consta una certificación literal de la finca, en la cual se indica que el inmueble pertenece a la sociedad de esta [Placa3] denominada "[[Placa4] ]", cédula jurídica nº [CED2 ]. Que lo lógico era averiguar quien es el representante legal de tal sociedad a fin de llamarlo a estrados judiciales. Sobre todo, por las consecuencias patrimoniales que podría acarrear el proceso al verdadero propietario registral, quien tiene el derecho a ejercer efectiva y eficazmente su derecho de defensa consagrado en los artículos 39 y 41 de la Constitución Política. Que ni el Ministerio Público ni la Procuraduría General de la República, aportaron la certificación de personería de la sociedad mencionada, lo que era un paso elemental para deducir la responsabilidad patrimonial. Así, se giró una orden de demolición sin determinar sobre quién recae esa obligación. Por tal reclamo, solicita se absuelva al encartado o en su lugar se anule la sentencia recurrida en cuanto a estos extremos.
III.Por encontrarse ligados los tres motivos de impugnación del recurso de apelación de sentencia del licenciado [Nombre4] en su calidad de defensor del imputado, se entran a conocer conjuntamente los mismos. Se declaran los motivos con lugar. Conocidos los motivos de impugnación, advierte esta Cámara de Apelación que el recurrente aunque titula algunos de ellos como violaciones a la ley sustantiva o quebrantos al derecho de defensa, en realidad todos están dirigidos a reclamar una falta de fundamentación o errónea motivación del fallo recurrido, que a la postre, según el apelante, influyó en la conclusión condenatoria. En este orden, una vez que esta Cámara de Apelación de Sentencia realizó un análisis integral del fallo impugnado y examinó los registros de audio y video del debate que precedió la sentencia recurrida, de los mismos se desprende que lleva razón el recurrente, en cuanto a que la sentencia impugnada adolece de falta de fundamentación o presenta violaciones a las reglas de la valoración de la prueba. En este sentido, debe partirse que el Ministerio Público acusó al encartado [Nombre [Nombre1]], por haber infringido el artículo 58 de la Ley número 7575 que fue publicada el 16 de abril de 1996, específicamente en su inciso a) que regula: "...Se impondrá prisión de tres meses a tres años a quien: a) Invada un área de conservación o protección, cualquiera que sea su categoría de manejo, u otras áreas de bosques o terrenos sometidos al régimen forestal, cualquiera que sea el área ocupada; independientemente de que se trate de terrenos privados del Estado u otros organismos de la Administración Pública o de terrenos de dominio particular. Los autores o participes del acto no tendrán derecho a indemnización alguna por cualquier construcción u obra que hayan realizado en los terrenos invadidos...". Acción típica que se encuentra regida por el verbo rector "invadir", cuyo significado comprende "...Irrumpir, entrar por la fuerza. (..) Ocupar anormal o irregularmente un lugar. (...) Dicho de una cosa: Entrar y propagarse en un lugar o medio determinados..." (cfr. Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, vigésima segunda edición,http://lema.rae.es/drae/?val=invadir). Por ende, la conducta típica se adecua a la norma, cuando alguien acometa, entre, ocupe o irrumpa en un área de conservación o protección, independientemente de que se trate de terrenos privados del Estado u otros organismos de la Administración Pública o de terrenos de dominio particular. Así, partiendo de la acusación del Ministerio Público y la querella formulada por la Procuraduría General de la República, para el Tribunal de Juicio resultaba ineludible el determinar si el encartado había invadido -irrumpido u ocupado- la zona de protección de la Quebrada [Dirección2] , o por el contrario, como tesis de la defensa técnica, que éste no tuvo una participación en los eventos acaecidos. Empero lo dicho, el órgano juzgador aunque tuvo por demostrado el cuadro fáctico acusado por el Ministerio Público, nunca expuso el iter lógico que utilizó para llegar a tal conclusión condenatoria, ya que se limitó a realizar una descripción de los elementos probatorios obtenidos de los testigos y la prueba documental incorporada al contradictorio, pero nunca expuso bajo qué razonamiento estimó que tales elementos probatorios permitían verificar que los hechos acusados y querellados fueron realizados por el justiciable. De esta manera, la juzgadora hace referencia a la denuncia establecida por el Ministerio de Ambiente y Energía número ACA-T-01-OAUMV formulada el 28 de marzo del año 2006 y transcribe la misma en la sentencia, luego establece que existe un acta de inspección ocular procediendo el a quo a describir lo dicho en dicha acta. Seguidamente, se indica en el fallo sobre la existencia del oficio del Consejo Municipal de fecha 28 de marzo del año 2006 número IM-17-06, el cual igualmente se describe, haciendo referencia también a la notificación de folio 5 del expediente principal, indicándose en la sentencia su contenido. Posteriormente, en el fallo se hace señalamiento a que dicha prueba documental se complementa con los testimonios de [Nombre [Nombre13]], [Nombre [Nombre14]] y [Nombre [Nombre15]], de los cuales la juzgadora penal realiza una síntesis, para finalmente realizar una valoración de dicha prueba e indicar: "...Los testigos precitados son contestes en indicar que existe una obra nueva propiamente en los años del 2005 y 2006. Que se realiza una inspección en la propiedad de don [Nombre [Nombre10]], y se le señala la obra esencial que invade la zona de protección, de la Quebrada [Dirección2] . Se le previene y se le colocan sellos clausurando la obra. Advirtiéndole que no debe continuar con la misma. Que se le notifica a don [Nombre [Nombre10]] personalmente y don [Nombre [Nombre10]] firma como dueño de la propiedad. El Tribunal considera que las declaraciones de estos testigos en cuanto al modo, tiempo y lugar de los hechos son coincidentes, por lo que le merecen credibilidad..." (cfr. folio 308 a 309). Como se evidencia, el a quo no realizó una adecuada fundamentación del fallo impugnado, en tanto se decanta por realizar una exhaustiva fundamentación descriptiva, pero omite referirse al valor que le otorgó a cada uno de los medios probatorios, y sobre todo, no explica de qué elementos probatorios extrae que los hechos acusados por el Ministerio Público -ya que éste fue el cuadro fáctico que tuvo por demostrado- fueron realizados por el justiciable. En apego a esta forma, se dejaron sin motivar temas de importancia, como: i) cuál fue la acción u omisión que ejecutó el justiciable [Nombre [Nombre7]] y su participación delictiva, y ii) en qué consistió la invasión a la zona de protección de la Quebrada [Dirección2] . Sobre el primero de los temas, la acusación formulada por el Ministerio Público establece que el encartado "desarrolló" (cfr. folio 93) -en clara alusión al verbo construir- por medio de terceras personas que recibían sus órdenes, una bodega de trece metros de largo, por seis metros de ancho y una edificación de dos plantas, las cuales invaden permanentemente la zona de protección de la Quebrada [Dirección2] . Sin embargo, pese a que la sentencia tiene por demostrado que el justiciable resultó autor del hecho demostrado, no
testigo [Nombre [Nombre13]] declaró que: "...El día 28 de Marzo al ser las diez horas con quince minutos se realiza una inspección ocular en la propiedad del imputado [Nombre [Nombre1]] , en Santa Elena de Monteverde, [Dirección3] Fuerza Publica,en compañía del señor [Nombre [Nombre16]] F uncionario Municipal del distrito de Monteverde además de la señora [Nombre [Nombre17]]. En donde se encontró una edificación de una bodega de 13 metros de largo por 6 metros de ancho en Zinc y estructura de perling con doble planta, lo anterior sobre la Quebrada el Colegio, entendiéndose que la misma esta sobre el cauce...." (cfr. folio 307), pero la jueza penal no explica de qué elemento probatorio pudo derivar razonadamente que el justiciable fue quien realizó dicha construcción o bodega, sea en forma personal o a través de terceras personas, o la relación de éstas con el encartado, pese a que se conoció por el testigo, que dicha bodega ya estaba construida para cuando ellos llegaron. Falta de fundamentación que se complementa con una fundamentación contradictoria, cuando la juzgadora afirma en su fallo: "...En cuánto al alegato planteado por la defensa de que don [Nombre [Nombre10]] no es el dueño de la propiedad, el Tribunal considera que si fue identificado, fue advertido, y nunca manifestó a los funcionarios la existencia de otro posible dueño. Don [Nombre [Nombre10]] era la persona que hacía las gestiones ante la Municipalidad, y nunca señalo a ninguna otra persona como posible dueño. Además aparece como representante legal del [Nombre [Nombre18]], quien a lo sumo deberá tenerse como un tercero en un eventual proceso administrativo..." (cfr. folio 309). Es decir, tiene el Tribunal de Juicio por demostrado que [Nombre [Nombre1]] es el dueño de la propiedad en dónde se cometen los hechos -titularidad que se endosa en todo el fallo-, pero luego refiere que el justiciable es un representante legal de la sociedad [Nombre [Nombre18]], quien se entiende es la dueña de la finca. Y es que, aunque el tipo penal no exija para su configuración que el agente sea el titular o poseedor del bien donde se invada la zona de protección -por lo que no lleva razón el impugnante en este argumento-, cierto resulta que en el caso concreto, la hipótesis acusatoria se centra en que las edificaciones que se construyeron estaban ubicadas en la propiedad del imputado, que éstas invadían la zona de protección, y que habían sido construidas por terceras personas bajo órdenes del justiciable. De ahí que la fundamentación contradictoria sí recae sobre un tema esencial. Ello sin olvidar que el a quo afirma que el justiciable es el representante legal de la sociedad [Nombre [Nombre18]], pero omite señalar de qué elemento probatorio legalmente incorporado al contradictorio deriva tal conclusión, no siendo posible para esta Cámara de Apelación justificar la misma en ninguna de las pruebas debidamente incorporadas al contradictorio (cfr. folios 297 a 301 y 306), lo que verifica una violación a la regla de derivación o razón suficiente. Esta misma falencia vuelve a presentarse en el fallo cuanto se tiene por acreditado que "...2 La acción delictiva la desarrolló el acusado [Nombre [Nombre7]],con pleno conocimiento, ya que se le habían denegado los respectivos permisos Municipales, previamente gestionados por el acusado, siendo rechazados con la indicación de que su propiedad se encontraba invadiendo la zona de protección de la Quebrada el Colegio afluente Rodríguez..." (cfr. folio 306 vuelto), pero se omite motivar de qué elementos probatorios el a quo extrajo tal conclusión, sea que el justiciable había solicitado permisos de construcción con anticipación a la construcción de las edificaciones y que éstos fueron rechazados por estar ubicadas dentro de la zona de protección, cuando tampoco existe elemento probatorio que refiera tal afirmación. Por otro lado, esta falta de fundamentación se perpetuó en el fallo, cuando el órgano juzgador trató el tema de la forma en que se invadió la zona de protección. Sobre este punto la sentencia señala: "...Indica la defensa que existe impresición(sic) en cuanto a las medidas del lote dónde se encuentra la zona de protección de hasta 800 metros, tomando en cuenta la certificación literal y el plano catastrado que consta en la querella. Considera el Tribunal que existe un peritaje muy claro propiamente el realizado por el departamento de pericias físicas del Poder Judicial número único 06-200743-431- PE que es claro y preciso en indicar la medida de invasión a la zona de protección que indica que hay una invasión de 229 metros en la Quebrada [Dirección2] , por lo que para el Tribunal queda plenamente acreditada la hipótesis fáctica que ha planteado el Ministerio Público..." (cfr. folio 308 a 309). Como se nota, el a quo remite a las partes a la pericia elaborada por el Departamento de Pericias Físicas, que refiere que la invasión a la zona de protección se dio en 229 metros, pero no menciona qué valor otorgó a este medio de prueba, qué elementos probatorios extrajo -además del área- de dicho medio de prueba, y cómo éste permitía acreditar que en dicha área se construyó la bodega y la edificación de dos plantas que acusó el Ministerio Público eran las edificaciones que invadían la zona de protección. Imprecisión que se volvió a repetir cuando la juzgadora más adelante en el fallo afirmó, "...En el caso que nos ocupa el encartado [Nombre [Nombre19]] irrespetó este derecho a sabiendas de que dentro de su propiedad se realizó dentro de la zona protegida obras de construcción desarrollando la edificación de 2 plantas. Le señalaron a don [Nombre [Nombre10]] a partir de donde había zona de protección esta documentado por el informe de clausura que hace doña [Nombre [Nombre20]] ratifica lo que dice don [Nombre21]. Indicándole que no podía construir dentro de la zona de la quebrada. Queda claro que el imputado no acató las advertencias e hizo caso omiso a las autoridades..." (Copia textual de folio 310 frente y vuelto). Entonces, se invadió la zona de protección de la Quebrada El Colegio al construir el imputado únicamente la edificación de dos plantas, o se invadió también ésta con la construcción de la bodega de trece metros de largo, por seis metros de ancho, que se tuvo por construida dentro del área de protección según el acápite de hechos probados. Falta de precisión que aunque pareciera no revestir importancia, por cuanto con una u otra construcción dentro de la zona de protección se estaría configurando el tipo penal, cierto es que la sentencia emite una orden de demoler la obra que invade la zona de protección de la Quebrada El Colegio, por lo que el tema de definir adecuadamente qué obras o edificaciones invaden la zona de protección, resulta ser uno de ineludible resolución y de incuestionable motivación, lo cual como se evidenció, resultó omiso en la sentencia recurrida. Paralelo a lo expuesto, aunque no lleve razón el impugnante en cuanto a que la ley penal a aplicar debe ser la vigente para el momento en que se inscribió la finca, por cuanto la aplicación en el tiempo de la ley penal obedece a la época de vigencia de la norma para cuando se comete el hecho punible (cfr. Artículo 11 del Código Penal), sí resulta de primordial importancia en el caso concreto, que el fallo contenga una adecuada delimitación de las edificaciones que se construyeron dentro de la zona de protección de la Quebrada El [Dirección4] y cuándo se efectuaron las mismas, toda vez que en apego al principio de legalidad no podría sancionarse conductas realizadas con anterioridad a que se prohibiera penalmente la conducta de invasión a una zona de protección, típica del artículo 58 de la Ley Forestal número 7575, aunque sus efectos permanezcan en el tiempo en detrimento de los recursos naturales. Este aspecto no quedó claro en el fallo cuestionado, ya que sobre ello el a quo solamente indicó: "...Considera el Tribunal que tampoco lleva razón la defensa al indicar que la obra que invade la zona de protección es muy vieja, lo anterior en razón de que la testigo [Nombre [Nombre22]], refirió que ella observa una estructura desde el año 80, en razón de que ella es vecina del lugar desde hace mucho tiempo. Los hechos que nos ocupan y han quedado acreditados datan del año 2005 y 2006 y en ese sentido existe suficiente prueba técnica que da soporte a esta versión. Ya que de la prueba documental y testimonial se desprende que existe una obra nueva construida y que permanece de los años precitados a la fecha..." (cfr. folio 309 frente y vuelto). Así, en una técnica deficiente, muy similar a la encontrada en todo el fallo, la juzgadora pese a que acepta como demostrado la existencia de una estructura en la zona de protección que fue construida con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la Ley número 7575, no motiva de qué elementos probatorios puede derivar cuáles de estas edificaciones fueron construidas en la zona de protección para el año 2006 y 2007 como lo acusó el Ministerio Público y el querellante, o cuáles obedecen a remodelaciones de construcciones preexistentes a la vigencia de la ley número 7575, y si estas remodelaciones representan o no una nueva invasión a la zona de protección. Tema que no sólo fue puesto en discusión por la defensa técnica del imputado en la etapa de conclusiones, sino que fue introducido al contradictorio por los testigos [Nombre [Nombre13]] (archivo digital c0101130205140000.vgz del contador 14:19:59 a 14:20:26 y 14:21:01 a 14:23:01, también en archivo digital c0100130205150000.vgz de contador 15:01:04 a 15:01:53), [Nombre [Nombre15]] (archivo digital c0100130205150000.vgz de contador 15:13:08 a 15:15:01), [Nombre11] (archivo de audio de contador 12:00 a 14:11), y [Nombre [Nombre22]], ésta última quien manifestó: "...Sí conozco la construcción, la zona donde está esa construcción, ya que tengo muchos años de vivir en Monteverde, más o menos como del ochenta y nueve, creo que por ahí existe eso, más o menos ochenta y nueve o noventa, no preciso más o menos el detalle, pero sí conozco el lugar. Como más o menos ochenta y nueve, noventa, qué se yo, por ahí más o menos... En ese entonces, yo recuerdo porque nosotros trabajábamos en salud, un edificio como una especie de taller, grande, y como encima de la quebrada como una plataforma, nada más construcción. Sí claro. Creo que es Quebrada El Colegio. ...(El edificio), siempre ha estado cerca, porque siempre ha habido un muro canalizando la quebrada, es lo que sé... Es que estaba casi pegando al muro el taller (...) Bueno actualmente está el edificio, el mismo edificio que ha estado siempre, sólo una parte no, lo que era el taller... Lo que sé que ahí lo que hubo fue remodelaciones.. No preciso, hace tiempo creo... El taller estaba pegando a la quebrada. En ese sector lo que hay son plantas, árboles sembrados nada más..." (archivo c0102130205155401.vgz de contador 15:57:35 a 15:59:43 y archivo c0100130205160000.vgz de contador 16:00:22 a 16:01:00). Por ende, era una obligación de la juzgadora penal el resolver sobre tales tópicos, deber que fue infringido en la sentencia de estudio como lo acusó el recurrente, en tanto no se explica motivadamente en qué consistió la invasión de la zona de protección de la Quebrada El [Dirección4] y cuál fue la participación del justiciable en los hechos. Así las cosas, al verificarse en el fallo impugnado que el Tribunal de Juicio únicamente realizó una relación de las pruebas y en otras ocasiones simplemente refirió afirmaciones sin indicar de qué elementos probatorios las derivó, se comprueba el vicio apuntado por el quejoso en quebranto del artículo 142 del Código Procesal Penal, lo que lesiona el Debido Proceso y genera la ineficacia del fallo dictado. En consecuencia, se declara con lugar el recurso de apelación de sentencia presentado por el licenciado [Nombre4] en su calidad de abogado defensor del imputado [[Nombre9] ], ordenándose la nulidad de la sentencia impugnada y el debate que la precedió, para que en un juicio de reenvío se resuelva conforme a Derecho.
POR TANTO:
Se declara con lugar el recurso de apelación de sentencia presentado por el licenciado [Nombre4] en su calidad de abogado defensor del imputado [[Nombre9] ]. En virtud de lo anterior, se anula la sentencia emitida y el debate que la precedió, ordenándose el juicio de reenvío para una nueva sustanciación conforme a Derecho. NOTIFÍQUESE.- [Nombre2] Yadira Godínez Segura [Nombre3] Juez y Juezas de Apelación de Sentencia Imputado: [[Nombre9] ] Delito: INFRACCIÓN A LA LEY FORESTAL Ofendido: LOS RECURSOS NATURALES [Nombre23]
Document not found. Documento no encontrado.