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Res. 00907-2013 Tribunal Agrario · Tribunal Agrario · 26/09/2013
OutcomeResultado
The lower court judgment is upheld, ordering Azucarera El Viejo S.A. to compensate for damages and losses from the total loss of the watermelon crop caused by drift of the herbicide 2,4-D applied to an adjacent sugarcane field, under the strict liability regime of Article 32 of the Phytosanitary Protection Law.Se confirma la sentencia de primera instancia que condenó a Azucarera El Viejo S.A. a indemnizar los daños y perjuicios por la pérdida total del cultivo de sandía debido a la deriva del herbicida 2,4-D aplicado en un cañal colindante, bajo el régimen de responsabilidad objetiva del artículo 32 de la Ley de Protección Fitosanitaria.
SummaryResumen
The Agrarian Court upholds the judgment against Azucarera El Viejo S.A. for damages to a watermelon crop caused by drift of the herbicide 2,4-D applied to an adjacent sugarcane field. The ruling analyzes the strict liability regime under Article 32 of the Phytosanitary Protection Law, which mandates compensation for damages to agriculture, livestock, human health, and the environment resulting from the application of agricultural chemicals. The court rejects the defendant's arguments regarding alleged fault-based liability and clarifies that under this regime, the plaintiff must prove the damage and a probable or adequate causal link, without needing to demonstrate fault or intent. Once such causal link is reasonably established, the defendant must prove that the damage was due to the victim's own fault, a third party's act, or force majeure. Evidentiary standards are relaxed, allowing technical reports and testimonies that, while not reaching absolute certainty, enable the inference of a connection between the spraying and the damage. The court particularly values the report from a MAG official, the defendant's admission of fumigation, and the insufficiency of the late and chain-of-custody-deficient laboratory evidence presented by the defendant to exonerate itself.El Tribunal Agrario confirma la condena a Azucarera El Viejo S.A. por los daños causados a un cultivo de sandía debido a la deriva del herbicida 2,4-D aplicado en un cañal colindante. La sentencia analiza el régimen de responsabilidad objetiva previsto en el artículo 32 de la Ley de Protección Fitosanitaria, que obliga a resarcir los daños ocasionados a la agricultura, la ganadería, la salud humana y el ambiente por la aplicación de sustancias químicas de uso agrícola. El tribunal rechaza los argumentos de la demandada sobre una supuesta responsabilidad subjetiva y aclara que, en este régimen, la parte actora debe probar el daño y una relación de causalidad probable o adecuada, sin necesidad de demostrar culpa o dolo. Una vez acreditada razonablemente esa causalidad, corresponde a la demandada probar que el daño se debió a la culpa de la víctima, hecho de un tercero o caso fortuito. Se flexibilizan los estándares de prueba, admitiéndose informes técnicos y testimonios que, sin alcanzar certeza absoluta, permiten inferir la vinculación entre la fumigación y el daño. El tribunal valora especialmente el informe de un funcionario del MAG y la admisión de la fumigación por la demandada, así como la insuficiencia de las pruebas de laboratorio tardías y sin cadena de custodia aportadas por la accionada para eximirse de responsabilidad.
Key excerptExtracto clave
Article 32 of the Phytosanitary Protection Law establishes a clear strict liability regime, rendering inapplicable the criticism that the judgment has an erroneous legal basis. It is not a mixed liability system as suggested by the appellant, since the norm does not make such a distinction. It literally stipulates that "those who import, manufacture, formulate, repackage, rewrap, distribute, store, transport, sell, and apply chemical, biological, or related substances for agricultural use shall be obliged to compensate for the damages and losses that, through their actions or omissions, they cause to agriculture, livestock, human health, and the environment." Thus, once the plaintiff has reasonably demonstrated causation—that is, that the alleged damage has a high reasonable probability of having been originated by the risky activity carried out by the defendant—the latter must consequently demonstrate that its activity did not generate the damage, and that it is attributable to the victim's own act or that of a third party. Certainly, due to the type of risky activity involving the application of chemical products in agriculture, proof of the causal link with respect to the damages it may cause is often indirect, mediate, or circumstantial, which imbues the burden of proof and its assessment with its own particular nuances. Traditional evidentiary requirements are made more flexible, but this does not imply the elimination of the demonstration of causation.El artículo 32 de la Ley de Protección Fitosanitaria, establece un claro régimen de responsabilidad objetiva, de ahí que sea improcedente el reproche que la sentencia tiene una base jurídica errada. No se trata de un sistema de responsabilidad mixto como lo sugiere el recurrente, pues la norma no hace ese tipo de distinción. Literalmente se estipula que "quienes importen, fabriquen, formulen, reenvasen, reempaquen, distribuyan, almacenen, transporten, vendan y apliquen sustancias químicas, biológicas o afines para uso agrícola, estarán obligados a resarcir los daños y perjuicios que, con sus acciones u omisiones, ocasionen a la agricultura, la ganadería, la salud humana, y el ambiente". De esta forma, comprobada por parte del actor en forma razonable la causalidad, es decir, que el daño alegado tiene una alta probabilidad razonable de haber sido originado por la actividad de riesgo realizada por la parte demandada, debe en consecuencia la segunda demostrar que su actividad no ha sido la que generó el daño, y que es achacable al hecho de la víctima o de un tercero. Ciertamente por el tipo de actividad riesgosa de aplicación de productos químicos en la agricultura, la prueba del nexo causal en cuanto a los daños que ésta pueda producir muchas veces es indirecta o mediata, o indiciaria, lo que impregna de matices propios o particulares lo referente a la carga de la prueba y a la valoración de la misma. Se flexibilizan los requerimientos tradicionales de prueba, pero ello no implica que se elimine la demostración de la causalidad.
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"El artículo 32 de la Ley de Protección Fitosanitaria, establece un claro régimen de responsabilidad objetiva... quienes importen, fabriquen, formulen, reenvasen, reempaquen, distribuyan, almacenen, transporten, vendan y apliquen sustancias químicas, biológicas o afines para uso agrícola, estarán obligados a resarcir los daños y perjuicios que, con sus acciones u omisiones, ocasionen a la agricultura, la ganadería, la salud humana, y el ambiente."
"Article 32 of the Phytosanitary Protection Law establishes a clear strict liability regime... those who import, manufacture, formulate, repackage, rewrap, distribute, store, transport, sell, and apply chemical, biological, or related substances for agricultural use shall be obliged to compensate for the damages and losses that, through their actions or omissions, they cause to agriculture, livestock, human health, and the environment."
Considerando III
"El artículo 32 de la Ley de Protección Fitosanitaria, establece un claro régimen de responsabilidad objetiva... quienes importen, fabriquen, formulen, reenvasen, reempaquen, distribuyan, almacenen, transporten, vendan y apliquen sustancias químicas, biológicas o afines para uso agrícola, estarán obligados a resarcir los daños y perjuicios que, con sus acciones u omisiones, ocasionen a la agricultura, la ganadería, la salud humana, y el ambiente."
Considerando III
"Una vez comprobada por parte del actor en forma razonable la causalidad, es decir, que el daño alegado tiene una alta probabilidad razonable de haber sido originado por la actividad de riesgo realizada por la parte demandada, debe en consecuencia la segunda demostrar que su actividad no ha sido la que generó el daño, y que es achacable al hecho de la víctima o de un tercero."
"Once the plaintiff has reasonably demonstrated causation—that is, that the alleged damage has a high reasonable probability of having been originated by the risky activity carried out by the defendant—the latter must consequently demonstrate that its activity did not generate the damage, and that it is attributable to the victim's own act or that of a third party."
Considerando III
"Una vez comprobada por parte del actor en forma razonable la causalidad, es decir, que el daño alegado tiene una alta probabilidad razonable de haber sido originado por la actividad de riesgo realizada por la parte demandada, debe en consecuencia la segunda demostrar que su actividad no ha sido la que generó el daño, y que es achacable al hecho de la víctima o de un tercero."
Considerando III
"Se flexibilizan los requerimientos tradicionales de prueba, pero ello no implica que se elimine la demostración de la causalidad. La demostración del nexo causal no significa que se requiera "seguridad o certidumbre total" pues es válido se presuma o infiera de determinadas conductas, ya que se trata de una posibilidad cierta, de una probabilidad en grado de razonabilidad."
"Traditional evidentiary requirements are made more flexible, but this does not imply the elimination of the demonstration of causation. The demonstration of the causal link does not mean that 'total security or certainty' is required, since it is valid to presume or infer it from certain behaviors, as it is a matter of a certain possibility, a probability to a degree of reasonableness."
Considerando III
"Se flexibilizan los requerimientos tradicionales de prueba, pero ello no implica que se elimine la demostración de la causalidad. La demostración del nexo causal no significa que se requiera "seguridad o certidumbre total" pues es válido se presuma o infiera de determinadas conductas, ya que se trata de una posibilidad cierta, de una probabilidad en grado de razonabilidad."
Considerando III
"Por la naturaleza de la actividad riesgosa desplegada, la carga de la prueba tiene sus particularidades propias en la responsabilidad objetiva, producto de una redefinición del sistema clásico, que en nuestro ordenamiento se concreta en la Ley de Protección Fitosanitaria, a fin de dar una verdadera respuesta a problemas concretos de la producción agraria moderna."
"Given the nature of the risky activity carried out, the burden of proof has its own particularities in strict liability, the result of a redefinition of the classic system which, in our legal order, is embodied in the Phytosanitary Protection Law, in order to provide a true response to concrete problems of modern agricultural production."
Considerando IV
"Por la naturaleza de la actividad riesgosa desplegada, la carga de la prueba tiene sus particularidades propias en la responsabilidad objetiva, producto de una redefinición del sistema clásico, que en nuestro ordenamiento se concreta en la Ley de Protección Fitosanitaria, a fin de dar una verdadera respuesta a problemas concretos de la producción agraria moderna."
Considerando IV
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**III.** Having meticulously analyzed this matter, this jurisdictional body considers that the appellant is not correct in its criticism contained in the first three grievances, described above, which will be examined together in this recital, given the close relationship they have with the principles that inform objective liability. In the first place, it is essential to point out that Article 32 of the Phytosanitary Protection Law establishes a clear regime of objective liability, hence the reproach that the judgment has an erroneous legal basis is unfounded. It is not a mixed liability system as the appellant suggests, because the rule does not make that type of distinction. It literally stipulates that "those who import, manufacture, formulate, repackage, redistribute, distribute, store, transport, sell, and apply chemical, biological, or related substances for agricultural use shall be obligated to compensate for the damages and losses (daños y perjuicios) that, through their actions or omissions, they cause to agriculture, livestock, human health, and the environment." Thus, objective liability in cases of application of chemical substances for agricultural use is indeed legally defined, and this implies that the principles of this type of legal concept are applicable to them. The First Chamber (Sala Primera), in a ruling shared by this Tribunal (Tribunal), had already pronounced on the regime of objective liability enshrined in said norm, in a fattiespecie similar to the one at hand. Thus, in Voto No. 607-F-02 at sixteen hours and fifteen minutes on August seventh, it established: "IV. Before making specific reference to the objections relating to the assessment of the evidence, it is appropriate, given its importance regarding the matter of the burden of proof, to briefly analyze the different forms of extra-contractual civil liability (responsabilidad civil extracontractual). Faced with an event producing damages to third parties, the Costa Rican legal system obligates its repair if it was caused by the fault (culpa) of the agent. This is the rule of Article 1045 of the Civil Code (Código Civil), coinciding with the provisions of numerals 1382 and 1383 of the French Civil Code, whose regulations, as is well known, inspired an entire codifying movement that determined the content of many of the civil codes of the last century. Among others, the Argentine (Art. 1109 of the Civil Code) and the Spanish (Art. 1902 of the Civil Code). Its foundation derives in turn from an evolutionary process, the origin of which is attributed to the Roman lex Aquilia. However, it is in the Common Law, influenced by the canonists and consequently by Christian thought and the concept of sin, that the obligation to compensate came to be conceived as a consequence of a reprehensible act. Damage, within this conception, if not attributable to a third party, could only be the work of God and therefore not compensable or indemnifiable. The offended party had no choice but to resign themselves. This ideological position, briefly outlined, together with the prevailing economic and social situation during the transition from the 18th to the 19th century, decisively influenced the codification process, beginning, of course, with the Napoleonic Code, from which ours derives, and therein lies the rule indicated above. However, by then, even though the first industrial revolution had been experienced, its effects had barely been felt. Faced with a basically agricultural, livestock, and artisanal economy, the problem of imputation was not transcendent. Furthermore, the individualistic character inspiring 19th-century codifications obviously harmonized better with that rule. It was argued that subjects make decisions on their own account and must assume their consequences. Fault (culpa), as a criterion of imputation, applied when a subject exceeded the exercise of their freedom, causing damage to another. Compensation required that the agent acted at least with negligence or imprudence. The prevailing rule was, therefore, subjective civil liability (responsabilidad civil subjetiva) or liability for fault (culpa), which, as seen, the Costa Rican legislator originally adopted as the only alternative. Now, from the moment the effects of the industrial revolution and later the technological one began to manifest, and particularly as a consequence of the great world wars, that rule began to be deficient in the face of reality. New theories developed by scientific doctrine and later special regulations emerged under its impulse. Certainly, fault (culpa) as a criterion of imputation did not cease to operate, but new guidelines were imposed. In short, the theory of risk was born and consolidated, whose doctrine would become the source of novel legislation. Synthetically, it proposes that if someone creates a risk above the admissible average standards, obtaining benefits from the risky activity, there is no reason for them not to cover the damages it produces. Reality has taken it upon itself to recognize the potential of this theory. However, it cannot be applied without limits. The absurdities to which it can lead have made it necessary to regulate it so that it operates only in concrete situations, both regarding the definition of damages subject to compensation and the establishment of compensation rates. To recapitulate, compensation for damages is regulated, in Costa Rican law, by a general rule, that of liability for fault (culpa), but it also admits objective liability (responsabilidad objetiva) in cases where legislation expressly authorizes it and following the parameters it itself establishes. The foundations from which one and the other form of extra-contractual civil liability (responsabilidad civil extracontractual) derive, as anticipated, raise practical questions relating to the burden of proof that it is pertinent to clarify, and which directly affect the resolution of the present case. Faced with Article 1045 of the Civil Code (Código Civil), for the victim or their successors to be compensated for the damage, in addition to proving it, the causal link (relación de causalidad) between the harmful act and the fault (culpa) of the agent must be demonstrated. From this arises the maxim that whoever alleges fault (culpa) must prove it. In objective liability (responsabilidad objetiva), the criterion of imputation is not malice (dolo) or fault (culpa), so it will not have to be proven. This form of liability admits exonerating causes that tend to break the causal link, such as force majeure or the act of the victim. In that case, whoever alleges them must prove them. This form of liability should not be confused with other subjective forms, also exceptional, where the burden of proof is reversed for reasons of equity. Here, the victim does not have to prove the fault (culpa) of the agent; it will be the latter who must prove their lack of fault (culpa), generally understood as a fortuitous event. Among these is the so-called indirect liability or liability for the acts of others (responsabilidad indirecta o por hecho ajeno), in its two forms, in eligendo and in vigilando. The law obligates the person who entrusts another with the execution of a specific task to choose someone competent and to supervise its execution. If the person entrusted, in the execution and within the scope of the trust granted, causes damages to third parties, the latter can directly sue the principal, who will be liable for the malicious or negligent act of the person entrusted. What is presumed, in these cases, is the fault (culpa) of the principal (in eligendo or in vigilando), not that of the person entrusted. Faced with this presumption, the principal can prove their lack of fault (culpa). V. The activity carried out by the appellant company is clearly framed within the many that generate risks above the admissible average standards. The administrative regulations regulate this activity and establish the guidelines to follow for the successful performance of its exercise (Regulations for Agricultural Aviation Activities, Number 15846, of November 6, 1984). However, those regulations do not establish civil liability (responsabilidad civil) for the damages caused by the activity. It is the Phytosanitary Protection Law number 7664, and the Civil Aviation Law number 5050 of December 11, 1972, that regulate it. The first provides: 'Those who import, manufacture, formulate, repackage, redistribute, distribute, store, transport, sell, and apply chemical, biological, or related substances for agricultural use shall be obligated to compensate for the damages and losses (daños y perjuicios) that, through their actions or omissions, they cause to agriculture, livestock, human health, and the environment' (Article 32). The second establishes: 'Every natural or legal person who uses aircraft intended for agricultural aviation shall be liable (responderá) for the damages they cause to the persons or property of third parties on the surface' (Article 107). Both clearly establish an objective liability (responsabilidad objetiva); neither obligates the victim to prove any subjective element of imputation. Therefore, it is sufficient to prove the damage and the causal link to impute civil liability (responsabilidad civil) to the subjects who must objectively respond, according to the cited norms. The Chamber, in a case similar to the present one, admitted objective liability (responsabilidad objetiva), today more than ever compelled in the face of ecological problems" (The underlining is not from the original. Voto of the First Chamber (Sala Primera) No. 398-F-01 at 16:00 hours on June 6, 2001). In this vein, the plaintiff party does not need to prove the fault (culpa) or malice (dolo) of the subject producing the damage, but rather the damage itself and the probable causal link (relación de causalidad), since even in objective civil liability (responsabilidad civil objetiva), there must be proof of that link or connection between the risky activity set in motion by the agent and the damage caused, and this is the line of reasoning followed in the first instance judgment. The causal link (relación de causalidad) is not foreign to objective liability (responsabilidad objetiva) as the appellant claims, hence this Tribunal (Tribunal) does not share the assessment or interpretation of the defendant's Legal Representative, that the issue of the causal link referred to in the assumption of numeral 1048 of the Civil Code (Código Civil) applies to the case where there is no causal link between the action of the vehicle driver and the death or injury of the person, as liability can be attributed to the company or person operating the service for the risky and dangerous activity they carry out. The foregoing, because what the appellant alludes to is rather an issue of joint and several liability (solidaridad), and as indicated, the causal link is an element that is present even in the assumption of the objective regime, only with its own particularities regarding evidence. Certainly, due to the type of risky activity of applying chemical products in agriculture, the proof of the causal link regarding the damages it can produce is often indirect, mediate, or circumstantial, which imbues the matter of the burden of proof and its assessment with its own specific nuances. The traditional requirements of proof are made more flexible, but this does not imply eliminating the demonstration of causality. Furthermore, legal doctrine, regarding objective liability for environmental damage, has developed principles that this Tribunal (Tribunal) considers extendable to the assumptions of risky activities, since they logically share the same trunk or structure of objective liability (responsabilidad objetiva). These new criteria tend to break away from certain or extremely rigorous formulas inherited from subjective civil liability (responsabilidad civil subjetiva), which have evolved into concepts such as "adequate causality" (Mosset, Volume I, 1999, pp. 110 and 111). The demonstration of the causal link does not mean that "total security or certainty" is required, as it is valid for it to be presumed or inferred from certain behaviors, since it is a question of a certain possibility, of a probability to a degree of reasonableness (Mosset, Volume I, 1999, p. 113). Others refer that the criterion of probability is based on the universal rules of experience, that is, to "establish the link of cause and effect between two events, it is necessary to make a retrospective judgment of probability or suitability whose formulation is as follows: is the action or omission being judged per se suitable or adequate to normally provoke that consequence? That judgment must be placed not from the perspective of the acting subject, but in the abstract, on an objective plane, disregarding what actually happened, attending to what usually occurs" (Goldenbert, 2001, p. 28). Similarly, the theory of the "dangerous condition" has been noted, regarding the cause-effect analysis, according to which, if the action or omission can be considered, in the abstract, as creating a danger capable of promoting the harmful event: a) either the burden of proof weighing on the plaintiff is "relaxed" or b) it leads directly to a reversal of said burden. (Mosset, Volume I, 1999, p. 115). In this way, once the plaintiff has reasonably proven causality, that is, that the alleged damage has a high reasonable probability of having been caused by the risk activity performed by the defendant party, the latter must consequently prove that its activity was not what generated the damage, and that it is attributable to the act of the victim or a third party. In a recent Voto, No. 457 at fourteen hours and thirty minutes on April tenth, two thousand thirteen, the First Chamber of the Supreme Court of Justice (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia) has ruled in this sense. Although that judgment analyzes the issue of objective liability (responsabilidad objetiva) in consumer matters, it also develops concepts applicable to that originating from risk activities and their effects regarding the burden of proof. Under this view, the appellant is not correct in its claim that an improper interpretation of Article 317 of the Civil Procedure Code (Código Procesal Civil) was made, because for the stated reasons, regarding that causality, the burden of proof in objective liability (responsabilidad objetiva) implies that the plaintiff must demonstrate that reasonably probable link between the damage and the risky activity carried out by the defendant, and the latter must prove that the damage was rather caused by an act of the victim or a third party, and that it does not originate from its own activity. On the other hand, the complaint that the application of objective liability (responsabilidad objetiva) was not invoked in the lawsuit is not acceptable, since upon analyzing it, specifically the legal grounds section, in its formulation the party precisely cites the Phytosanitary Protection Law (folio 66).
**IV.** Regarding the fourth and fifth grievances, the appellant party is also incorrect. Certainly, in the response to the lawsuit, it was alleged that the plaintiff party carried out fumigation work concurrently with the defendant's work, which has been accredited by the statements contained in the second fact of the lawsuit (folio 59). But contrary to what the defendant party maintains, the plaintiff did prove the "adequate causality" that the application of the chemical products that the defendant had made in the cane field had the capacity to cause the damage that was evidenced in the watermelon crop, hence if the defendant intended to prove that it was rather due to an act of the victim, they should have proven it. It was not a matter for the defendant to prove that the watermelon samples taken to the laboratory did not contain the chemical applied in the cane field, but rather to credibly prove that this damage was due to products that the plaintiff applied to their own watermelon plantation, and not merely to generate doubt or speculation. Before referring to the evidence, it is necessary to point out that every agricultural crop logically requires the application of chemical or biological substances to control pests, diseases, or weeds, hence if the appellant's argument were accepted, in the vast majority of cases, compensation for damages caused by third parties to those crops could not be granted, because the party appearing as the defendant could always construct an argument that it is due to the chemicals that are normally applied in every production process. As explained in the preceding recital, due to the nature of the risky activity carried out, the burden of proof has its own particularities in objective liability (responsabilidad objetiva), a product of a redefinition of the classic system, which in our legal system is specified in the Phytosanitary Protection Law, in order to give a true response to concrete problems of modern agricultural production (producción agraria). In this case, the evidence regarding the mentioned causality is abundant, which is reasoned and extensively assessed in the judgment. There is a technical report, issued by Engineer Noel Pomares Zúñiga, as an official of the Ministry of Agriculture and Livestock (MInisterio de Agricultura y Ganadería), from Filadelfia, Carrillo, Guanacaste, in which he indicates that on July 22, 2002, he inspected the farm possessed by the plaintiff (bordering, of course, the farm where the defendant's cane field is located), where two lots of watermelon were found, and were observed "heavily affected in the foliar part of the watermelon plants by a drowsy appearance of the leaves as if they had been affected by a hormonal herbicide." He also indicated that the wind direction from the east [Address1] unfortunately favored the dispersion of particles. It is clear from his report that he indicates watermelon is very sensitive to the 2,4 D herbicide, and that the closer the plants were to the cane field lot, the more they presented "symptoms of intoxication." Although he notes that only a laboratory study could say "with complete certainty" that it was due to the effect of 2,4 D molecules, he also points out that "field experience and knowledge of the effects of that hormonal [herbicide] on broad leaves in general and cucurbits" "ostensibly" indicate the presence of damage due to the effect of that herbicide (folios 33 and 34). This is a report from a public official who works in the competent Ministry on the matter and is knowledgeable about the crop, which gives it significant probative value, and this Tribunal (Tribunal) sees no reason whatsoever to discredit it. For its part, in the response to the lawsuit, the defendant party accepts as true "that on July 19 and 20, 2002, the property that my represented party was leasing to El Malijo S.A. was fumigated" (folio 132). Note that the party acknowledges that it fumigated its cane field, and although from that moment it attempts to indicate that its fumigation was not the agent causing the damage, accusing that the plaintiff had also sprayed that day, it is important to emphasize that at no time did it deny that it was the chemical 2,4 D referred to in the second fact of the lawsuit, as it tries to make it appear in this appeal. The fact was admitted as true, except for what was specifically clarified in the same response to it, but it never denied that it was that substance. Both evidentiary elements allow accrediting that adequate causality in the sense that the application of 2.4 D on the farm where the defendant's cane field is located caused the damage, the moment when the intoxication of the watermelon nearest to it began to be evidenced, which is complemented by the technical report that declares that if that chemical were applied, this type of affectation would effectively occur in the watermelon field. The minimum rules of logic and human experience allow deducing this reasonable probability that the activity of applying that chemical 2,4 D caused the damage to the watermelon crop. Given the matter before us, it was not necessary for the plaintiff to scientifically prove with absolute certainty the specific presence of the chemical in the watermelons. Furthermore, in the expert report, issued within this proceeding by Engineer Luis Alberto Aguilar Rodríguez (folio 206), it is confirmed that the herbicide 2,4 D is a systemic product that is absorbed through the leaves or the root and is transported by the sap throughout the entire body, reaching internal tissues and unsprayed parts, it accumulates in growth regions and induces malformations that kill the plant, it is used for controlling broadleaf weeds, with wind being a good disperser. He adds that since cucurbits are broadleaf plants, they are very sensitive to this herbicide, and that because of this he can state "that the observations described by the technician Eng. [Name1]. Noel Pomares Zúñiga, correspond to damage caused by the herbicide 2,4D." Under this line of reasoning, it is concluded that the plaintiff party reasonably fulfilled the burden of proof, and with the evidentiary means available to them, especially since, due to the type of event, obtaining other evidentiary elements becomes more difficult over time. Now, the defendant did not prove that the damage to the watermelon crop was due to the plaintiff party's own spraying activities. One of the elements it tries to use to discharge its liability is the fact that the plaintiff mentioned in the lawsuit that they were concurrently carrying out those tasks that day; however, the plaintiff proved that what they applied in their plantation were substances to give more foliage to the crop (declaration of [Name2] at folio 181) and that these sprays had been done previously without any damage having occurred (declaration of [Name3] at folio 183). Such declarations take on vital importance if added to the fact that during the visit of Engineer Pomares Zúñiga, it was verified that the intoxication was most evident precisely in the area near the cane crop, hence it is highly unlikely to think that the plaintiff self-applied the 2,4 D or another substance that could generate that type of damage. Furthermore, if the defendant considered that it had never applied 2,4 D to fumigate the cane field, it is strikingly noticeable that it did not then prove which chemical it actually applied, since it had the evidence within its reach to discharge the attributed liability. Note that the witnesses offered by the defendant were unable to indicate which substance they dispersed in the cane plantation. The aforementioned laboratory tests cited in the appeal and found at folios 112 to 130, performed by Laboratorio Químico Lambda, on which the appellant intends to base its criticism of the evidence assessment, are not sufficient proof to release it from its liability. In the first place, the tests were carried out one month after the events, and the effective date of the sample collection is unknown. At least from the declaration of [Name4], that temporal circumstance cannot be deduced (folio 222), an aspect that was objected to by the plaintiff in the reply to the response (folio 146). Likewise, from the declaration of Rafael Isaac Amón Pérez, Manager of said Chemical Laboratory, it is inferred that the samples were brought to the laboratory by the defendant, without any participation from the laboratory, and even assuming that the plaintiff had participated in or authorized the collection as witness [Name4] intends to suggest, the truth is that the rest of the chain of custody of that evidence has not been accredited, as criticized in the judgment. But notwithstanding the foregoing, this Tribunal (Tribunal) considers that the important thing to highlight is that the witness himself stated that he could not guarantee "absolute zero" and that in said results, when stating "less than," it would therefore mean the absence of the chemicals. Thus, the inherent limitations of that laboratory test make it impossible for it to prevail over all the other elements proven by the plaintiff party, in addition to the problems related to the custody of that evidence. Discharging the burden of proof for the defendant is not summarized or limited solely to demonstrating that certain chemicals of its choosing are not present in the samples at the quantification limit of the procedures and techniques applied, but rather it should have gone further and requested an analysis of the presence of other chemicals that, in its judgment, were applied by the plaintiff and that would be the agents producing the damage. This Tribunal (Tribunal) gives credence to what was observed by Engineer Pomares Zúñiga regarding the fact that the watermelon plants presented an "intoxication," and the high probability that if they had been in contact with 2,4D, that would have been the result, as well as the unfavorable wind direction, and the greater evidence of affectation in the sector closest to the cane field, hence the useful evidence that the defendant party should have provided was a comprehensive laboratory analysis to determine the reasons for the intoxication. The appellant attempts to justify one of its attacks by claiming that the deponent [Name4] testified that he did not know if 2,4 D was applied on the property where the cane was planted; however, as stated above, the defendant did not deny this in the response, and should have proven what it actually applied on its farm. The appellant points out that the expert [Name5] did not rule out that other agents, both chemical and biological, are potentially causative of those results, but it was the defendant who should have proven that. On the other hand, the reproaches it makes regarding the lack of objectivity of [Name6], in favor of the plaintiff, are incorrect, because rather, the fact that he holds a position in the Agricultural Services Agency (Agencia de Servicios Agropecuarios) of the M.A.G., and that this generates a continuous and direct relationship with the plaintiff party, a function of direct advice to the producer, rather makes him a knowledgeable and qualified witness, in addition to the fact that he coincides with the witnesses in that the plants truly showed damage, and his technical conclusions were ratified by the judicial expert. The fact that the judgment omits to consider that this engineer in that same report indicates that only with a laboratory report is it possible to establish or rule out the presence of the 2.4 D herbicide does not detract from or diminish the value of his report, because absolute certainty was not necessary to prove and Engineer Pomares Zúñiga himself pointed out that from his technical experience he could assert without difficulty that 2,4 D could cause the damage. Likewise, his statements in the report regarding the plaintiff's virtues as a producer, and the damage they suffered as a result of the events, do not reduce their credibility, since his report has a good technical basis, subsequently endorsed by the judicial expert, and these affirmations, as indicated in the judgment, must be contextualized in light of the impact caused by the serious magnitude of the damage caused." Filed before the Agrarian Court of the First Judicial Circuit of Guanacaste, Liberia.
WHEREAS:
I.- The plaintiff filed an ordinary lawsuit, estimated in the sum of eighteen million colones, requesting that the judgment declare the following: "In accordance with the facts set forth and legal grounds, I request that the judgment declare that the defendant company must compensate the undersigned plaintiff for the damages and losses (daños y perjuicios) which consist of: DAMAGES: Total loss of 8 hectares of watermelon: 6 hectares for an amount of ¢8,087,400 and 2 hectares for an amount of ¢5,280,000, in accordance with document No. 7, for a total of ¢13,358,400.00. LOSSES: That it be ordered to pay interest on the indicated sum at the rate set by the National Banking System for six-month deposits, from the moment of the loss until the date of effective payment" (folio 68).- II.- The defendant Azucarera el Viejo S.A., answered the lawsuit filed against it in terms visible on folios 131 to 139, and filed the defenses of lack of right, lack of passive standing to be sued (falta de legitimación ad causam pasiva), and lack of action.
III.- Judge Ruth Alpízar Rodríguez, of the Agrarian Court of the First Judicial Circuit of Guanacaste, Liberia, in judgment number 171-S-2012, at fifteen forty-five hours on October twenty-fourth, two thousand twelve, resolved: "THEREFORE: The defenses of lack of right, lack of passive standing, and lack of action filed by the defendant are dismissed. The present ordinary lawsuit filed by [Name1] against AZUCARERA EL VIEJO is DECLARED WITH MERIT, in the manner that will be stated, it being understood as denied what is not expressly indicated, whereby the defendant is ordered to pay the following items, derived from the damages (daños) suffered due to the loss of the watermelon crop on eight hectares: 1) The cost of planting the crop and the labor costs to carry it out. The amount or sums to be granted for such items shall be established in the sentence execution phase based on the following criteria: The lost crop was planted in a staggered manner on flat land, and had two varieties, which were planted in two lots on different dates: The first lot had four hectares of quetzalí and two hectares of mickylee, cultivated on May thirteenth, 2002, and at the date of the loss they were at the beginning of harvest, on July nineteenth, two thousand two. The second lot, of two hectares, had one hectare of each cited variety, and was planted on June second, 2002. At the date of the loss, they were in a state of small fruit and flowering. The topography of all the land was flat and the planting was done with a density of three meters between rows and one meter between plants. 2) The defendant is ordered to pay interest on the sums that are established in sentence execution, at the legal interest rate, that is, that paid by the Banco Nacional de Costa Rica for six-month certificates of deposit, in colones. Interest must be paid from the finality of the resolution that establishes the total amount to be indemnified and until its effective payment. 3) The payment of the procedural and personal costs of the proceeding is imposed on the defendant." (highlighting is from the original text at folio 329 to 330).- IV.- Licenciado Marco Antonio Vásquez Víquez, in his capacity as special judicial attorney-in-fact of the defendant, filed an appeal with express indication of the reasons upon which they relied to refute the thesis of the lower court." (folios 333 to 340).- V.- In the substantiation of the proceeding, the legal prescriptions have been observed, and no errors or omissions capable of producing the nullity of the decision are observed.- Drafted by Judge Fisher González and;
CONSIDERING
I.The Court adopts the list of proven and unproven facts contained in the appealed decision, finding good support in the merit of the case file.
II.Licenciado Marco Antonio Vásquez Víquez, in his capacity as Special Judicial Attorney-in-Fact of the defendant, files an appeal against the judgment issued by the Agrarian Court of Liberia No. 171-S-2012 at 15:45 hours on October 24, 2012. He expresses several grounds of disagreement, which, in order to facilitate their analysis, have been summarized and ordered by this Court in the following manner: 1) The appealed judgment has a legally erroneous basis. It starts from a strict joint and several objective liability, founded on articles 32 of the Phytosanitary Protection Law (Ley de Protección Fitosanitaria), and 2, 98 and 101 of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente), and it is also established that for this specific case, the existence of the damage (daño) or loss (perjuicio), the objective magnitude of the damage, that the causer was not the affected person, and the causal relationship between the damage and the action must be demonstrated. However, it simultaneously points out that for the defendant to be released from liability, it is up to her to prove that she was not the one who caused the damage, due to fault of the victim, a fortuitous event, or an act of a third party, based on Article 317 of the Civil Procedure Code (Código Procesal Civil). The appellant considers this reasoning contradictory. It is not feasible to refer to the causal relationship between the damage and the action alleged as its generator and at the same time affirm the application of objective liability. The causal relationship is far removed from normal causal relationships, and the best example is article 1048 of the Civil Code, which reflects a case where a causal relationship does not exist between the action of the vehicle's driver and the death or injury of the person, but rather liability is attributed to the company or person operating the service, who did not participate in the action, but rather due to the risky and dangerous activity carried out. Objective liability is foreign to the causal relationships required by civil liability (responsabilidad civil), whether contractual or subjective extracontractual, and its requirements must be legally defined, according to article 1048 of the Civil Code. 2) The basis of the claim filed against the defendant, contrary to what the judgment considers, centers on the issue of subjective extracontractual liability, regulated in articles 1045 and 1046 of the Civil Code, a case in which the causal relationship applies. Nor has the plaintiff put forth a case of liability for environmental damage (daño ambiental), a case in which one would be under the normative premise of objective liability. Article 32 of the Phytosanitary Protection Law indeed contains the provision for objective liability, when it alludes to environmental matters, but also to cases of subjective extracontractual liability, by prescribing compensation for the damages and losses (daños y perjuicios) that, by action or omission, are caused to agriculture, livestock, human health, and the environment. As established in the judgment of the First Chamber (Sala Primera) No. 607 of August 7, 2002, in subjective extracontractual liability, the party alleging must prove, while in objective extracontractual liability, the party seeking exemption must prove the cause or reason that exempts them. In the appealed judgment, no element is provided to assess the factual reason why the defendant must be considered in a position of objective liability; this implies a violation of the duty to properly substantiate judicial resolutions. 3) The judgment blames the defendant, based on article 317 of the Civil Procedure Code, for not proving that it was not her activity that caused the damage. That procedural consequence is contrary to that same rule, since it was the plaintiff who affirmed that the defendant caused the harmful event based on subjective extracontractual civil liability, and it was therefore up to her to prove the causal relationship, the defendant having the right to rely on the evidence that was accredited. In this sense, the judgment improperly inverts the burden of proof regulated in article 317 of the Civil Procedure Code, demanding that the defendant prove a cause for exoneration instead of demanding that the plaintiff prove the alleged liability. 4) From the answer to the complaint, the defendant alleged that the plaintiff carried out fumigation work concurrently with the defendant's work, and this has been so accredited. Thus, witness [Name2] asserted that the day before the damage was noted on the watermelon plants, at the behest of his employer [Name1], he was fumigating the plantation, work they did while employees of the defendant's farm were also working. In this sense, the judgment erroneously stated that the defendant did not provide proof that the damage was due to the fumigation done by the plaintiff, whereas the proper thing, according to the rules of the burden of proof, was for the plaintiff to demonstrate that it had not been her responsibility. 5) Regarding the rest of the evidence, and eliminating the objective liability interpreted in the appealed judgment, it has not been proven nor has it been accepted by the defendant that the herbicide 2,4 D was applied. Thus, witness [Name3] stated that he did not know if this 2,4 D was applied on the property where the sugarcane was planted. For his part, the expert [Name4], without having seen first-hand the effects that the plaintiff indicates occurred in the crops, merely limits himself to asserting that they are compatible with said pesticide, without ruling out that other agents, both chemical and biological, are potentially causative of those results. The expert did not assert that solely and exclusively the said pesticide has the effects noted by official Pomares Zúñiga, and in the absence of other probative elements indicating that fumigation with 2,4 D had been done, and this not having been so accepted in the answer, it is not viable for the lower court (a quo) to validly presume that this was the causative agent of the alleged damages (daños). For his part, the statement of [Name5], rather than objective reports, contains assessments that are apparent from the following: - he holds a position in the Agricultural Services Agency of the M.A.G., which places him in a continuous and direct relationship with the plaintiff; he exercises a direct advisory function to the producer. As he apologetically states at the end of the document: "I render this report as closely aligned to reality as possible, given within our functions, without profit motive, made solely at the request of a distressed small producer client of this Extension Agency, an excellent, hard-working, and diligent farmer, such as Mr. [Name1]". The judgment omits to consider that this engineer, in that same report, indicates that only with a laboratory report is it possible to establish or rule out the presence of the herbicide 2,4 D. The latter is what the defendant tried to do by contracting a study of samples collected on the plaintiff's property, which the witness evidence attests to and which was carried out by mutual agreement with the plaintiff. Thus, witness [Name3] stated that analyses were ordered for the leaves of the watermelon plants, that this was agreed upon during the visit, and that he understood the samples were taken and sent for analysis. Therefore, it is not permissible to rule out the technical evidence from the laboratories contracted by the defendant, since there is correlation and background showing that the samples were taken with the plaintiff's consent and that the result was that the presence of the pesticide 2,4 D was ruled out. 6) Neither should the inspection record prepared by police authority Clímaco Vásquez Moraga have been ruled out, or rather interpreted in the manner the lower court did, since one aspect that is particularly striking from that record contradicts the plaintiff's affirmations regarding the extent and coverage of the damage (daño). It must be observed that the record indicates the damage is reduced to a lot of approximately two hectares, not six nor eight, with supposed damage in sight to six rows. The resolution dismisses that conclusion. The lower court, without technical proof, assumes a progressive action of a chemical agent for which there is not even proof occurred at the site; rather, to the contrary, expert [Name4] stated that the effect of 2,4 D is immediate. According to the foregoing, the application of the pesticide 2,4 D has not been proven with the existing evidence in the judicial file, nor has it been undoubtedly demonstrated that there exists any causal relationship between the defendant's actions and the claimed damages (daños) (she herself fumigated concomitantly), and finally, the extent of the damages (daños) the plaintiff asserts has also not been demonstrated, for which reason the lawsuit should have been declared without merit.
III.Having meticulously analyzed the present matter, this jurisdictional body considers that the appellant is not correct in his criticism contained in the first three grievances described above, which will be examined together in this considering, given the close relationship they have with the principles that inform objective liability. In the first order, it is essential to point out that article 32 of the Phytosanitary Protection Law establishes a clear regime of objective liability; hence, the reproach that the judgment has a legally erroneous basis is improper. It is not a mixed liability system as the appellant suggests, for the rule does not make that type of distinction. Literally, it stipulates that "those who import, manufacture, formulate, repackage, re-containerize, distribute, store, transport, sell, and apply chemical, biological, or related substances for agricultural use, shall be obligated to compensate for the damages and losses (daños y perjuicios) that, by their actions or omissions, they cause to agriculture, livestock, human health, and the environment." Thus, objective liability in cases of application of chemical substances for agricultural use is indeed legally defined, and this implies that the principles of that type of legal figure are applicable to them. The First Chamber, in a decision shared by this Court, had already pronounced on the regime of objective liability enshrined in said rule, in a species of fact similar to the one before us. Thus, in Vote No. 607-F-02 at sixteen hours and fifteen minutes of August seventh, it established: "IV. Before making specific reference to the objections relating to the evaluation of evidence, it is appropriate, due to the importance it has regarding the issue of the evidentiary burden, to briefly analyze the different forms of extracontractual civil liability. In the face of an event producing damages (daños) to third parties, the Costa Rican legal system obligates their repair if caused by the agent's fault. This is the rule of article 1045 of the Civil Code, coinciding with the provisions of articles 1382 and 1383 of the French Civil Code, whose regulations, as is well known, infused an entire codifying movement that determined the content of many civil codes of the past century. Among others, the Argentine (art. 1109 of the Civil Code) and the Spanish (art. 1902 of the Civil Code). Its foundation derives in turn from an evolutionary process, the origin of which is attributed to the Roman lex Aquilia. However, it was in Common Law (Derecho Común), influenced by canonists and consequently by Christian thought and the concept of sin, that the obligation to compensate came to be conceived as a consequence of a reprehensible act. The damage (daño), within this conception, if not attributable to a third party, could be nothing but the hand of God and, therefore, not compensable or indemnifiable. The offended party had no choice but to resign themselves. This ideological position, briefly outlined, together with the prevailing socio-economic situation during the transition from the 18th to the 19th century, decisively influenced the codification process, beginning, of course, with the Napoleonic Code, from which our own derives and hence the rule indicated above. However, by then, despite having experienced the first industrial revolution, its effects had scarcely been felt. In a fundamentally agricultural, livestock, and artisanal economy, the problem of imputation was not transcendental. Furthermore, the individualistic nature inspiring 19th-century codifications obviously synergized better with that rule. Subjects, it was argued, make their own decisions and must assume their consequences. Fault, as a criterion of imputation, applied when a subject exceeded the exercise of their freedom, causing damage (daño) to another. Compensation required that the agent acted with at least negligence or imprudence. The prevailing rule was, therefore, subjective civil liability or fault-based liability, which, as seen, the Costa Rican legislator originally assumed as the sole alternative. Now, from the moment the effects of the industrial revolution and, later, the technological revolution began to manifest, particularly as a consequence of the great world wars, that rule began to prove deficient in the face of reality. Under its impulse, new theories developed by legal scholarship emerged, and later, special legislation. Certainly, fault did not cease to operate as a criterion of imputation, but new standards were imposed. In sum, the theory of risk was born and consolidated, a doctrine that would become the source of innovative legislation. Synthetically, it proposes that if someone creates a risk above average admissible standards, obtaining benefits from the risky activity, there is no reason not to cover the damages (daños) it produces. Reality has taken charge of recognizing the potential of this theory. However, it is not feasible to apply it limitlessly. The absurdities it can lead to have forced its regulation so that it operates only in specific cases, both regarding the definition of compensable damages (daños) and the establishment of compensation rates. To recapitulate, compensation for damages (daños) is regulated in Costa Rican law by a general rule, that of fault-based liability, but it also admits objective liability in cases where legislation expressly authorizes it and following the parameters that it itself provides. The foundations from which one and the other form of extracontractual civil liability derive, as anticipated, raise practical questions relating to the burden of proof which are worth clarifying, and which directly impact the resolution of the present case. In the face of article 1045 of the Civil Code, for the victim or their successors to be compensated for the damage (daño), besides proving it, the causal relationship between the harmful event and the agent's fault must be demonstrated. From this arises the maxim that he who alleges fault must prove it. In objective liability, the criterion of imputation is not fraud or fault, so it will not need to be proven. This form of liability admits causes for exoneration that tend to break the causal nexus, such as force majeure or the act of the victim. In that case, whoever alleges them must prove them. This form of liability should not be confused with other subjective ones, also exceptional, wherein the burden of proof is inverted for reasons of equity. Here, the victim does not have to prove the agent's fault; it will be the latter who must prove his lack of fault, generally understood as a fortuitous event. Among these is the so-called indirect liability or liability for the acts of others, in its two manifestations: in eligendo and in vigilando. The law obligates one who entrusts another with the performance of certain work, to choose someone suitable and to supervise its execution. If the person entrusted causes damages (daños) to third parties during the execution and within the scope of the trust granted, they can sue the principal directly, who will be liable for fraudulent or negligent conduct by the entrusted party. What is presumed, in these cases, is the fault of the principal (in eligendo or in vigilando), not that of the entrusted party. Faced with this presumption, the principal can demonstrate his lack of fault. V. The activity carried out by the appellant company clearly falls within the many activities that generate risks above average admissible standards. Administrative regulations regulate this activity and establish guidelines for the successful exercise thereof (Regulation for Agricultural Aviation Activities (Reglamento para las Actividades de Aviación Agrícola), Number 15846, of November 6, 1984). However, these regulations do not establish civil liability for the damages (daños) caused by the activity. It is the Phytosanitary Protection Laws number 7664, and Civil Aviation number 5050 of December 11, 1972, that regulate it. The first provides: 'Those who import, manufacture, formulate, repackage, re-containerize, distribute, store, transport, sell, and apply chemical, biological, or related substances for agricultural use, shall be obligated to compensate for the damages and losses (daños y perjuicios) that, by their actions or omissions, they cause to agriculture, livestock, human health, and the environment' (article 32). The second establishes: 'Any natural or legal person using aircraft intended for agricultural aviation shall be liable for the damages (daños) caused to persons or property of third parties on the surface' (article 107). Both clearly establish an objective liability; neither obligates the victim to demonstrate any subjective element of imputation. Therefore, it is sufficient to prove the damage (daño) and the causal relationship to attribute civil liability to the subjects who must objectively respond, according to the cited rules. In a case similar to the present, this Chamber admitted objective liability, now more necessary than ever in the face of ecological problems" (The underlining is not part of the original. Vote of the First Chamber No. 398-F-01 of 16:00 hours on June 6, 2001). In this line of thought, the plaintiff does not need to demonstrate the fault or fraud of the subject producing the damage (daño), but rather the damage itself and the probable causal relationship, since even in objective civil liability, there must be proof of that link or connection between the risky activity put into operation by the agent and the damage caused, and along that same line of reasoning the first-instance judgment decides. The causal relationship is not foreign to objective liability as the appellant claims; hence, this Court does not share the appreciation or interpretation of the defendant's Attorney-in-Fact that the issue of the causal relationship referred to in article 1048 of the Civil Code applies for the case where a causal relationship does not exist between the action of the vehicle's driver and the death or injury of the person, as liability can be attributed to the company or person operating the service due to the risky and dangerous activity they carry out. The foregoing, because what the appellant alludes to is rather a matter of joint and several liability, and as indicated, the causal nexus is an element that is present even in the objective regime, only with its own particularities regarding proof. Certainly, due to the type of risky activity involving the application of chemical products in agriculture, the proof of the causal nexus regarding the damages (daños) it may produce is often indirect or mediate, or circumstantial, which imbues matters relating to the burden of proof and its evaluation with their own or particular nuances. The traditional requirements of proof are made more flexible, but this does not imply eliminating the demonstration of causation. Further elaborating, the legal doctrine, regarding objective liability for environmental damage (daño ambiental), has developed principles that this Court considers extendable to cases of risky activities, since they logically share the same trunk or structure of objective liability. These new criteria tend to break with the certain or extremely rigorous formulas inherited from subjective civil liability, which have evolved into concepts such as "adequate causation" (Mosset, Volume I, 1999, p.110 and 111). The demonstration of the causal nexus does not mean that "total security or certainty" is required, as it is valid for it to be presumed or inferred from certain conduct, since it involves a certain possibility, a probability to a degree of reasonableness (Mosset, Volume I, 1999, p.113). Others refer that the probability criterion is based on the universal rules of experience, that is, to "establish the cause-and-effect link between two events, it is necessary to perform a retrospective judgment of probability or suitability whose formulation is the following: is the action or omission being judged, per se, apt or adequate to normally provoke that consequence? That judgment must be placed not from the perspective of the acting subject, but in the abstract, on an objective level, with independence from what actually happened, attending to what usually occurs" (Goldenbert, 2001, p. 28). Similarly, the theory of "dangerous condition" has been pointed out, regarding the cause-effect analysis, according to which, if the action or omission can be considered, in the abstract, as creating a danger capable of promoting the harmful event: a) the burden of proof resting on the plaintiff is "relaxed" or b) an inversion of such burden is reached directly." (Mosset, Volume I, 1999, p. 115). Thus, once the plaintiff has reasonably proven causation, that is, that the alleged damage (daño) has a high reasonable probability of having been originated by the risk activity carried out by the defendant, the latter must consequently demonstrate that her activity was not what generated the damage, and that it is attributable to the act of the victim or a third party. In a recent vote, No. 457 at fourteen hours thirty minutes of April tenth, two thousand thirteen, the First Chamber of the Supreme Court of Justice has pronounced in this sense. Although that judgment analyzes the issue of objective liability in consumer matters, it also develops concepts applicable to that originating from risky activities and its effects regarding the burden of proof. Under this reasoning, the appellant is incorrect that an improper interpretation of article 317 of the Civil Procedure Code was made, since for the stated reasons, regarding that causation, the burden of proof in objective liability implies that the plaintiff must demonstrate that reasonably probable link between the damage (daño) and the risky activity carried out by the defendant, and the latter must prove that the damage was rather caused by an act of the victim or a third party, and that it does not originate from her activity. On the other hand, the complaint that the application of objective liability was not invoked in the lawsuit is not acceptable, since upon analyzing it, specifically the section on legal grounds, the plaintiff in its formulation precisely cites the Phytosanitary Protection Law (folio 66).
IV.Regarding the fourth and fifth grievance, the appellant is also incorrect. Certainly, in the answer to the complaint, it was alleged that the plaintiff carried out fumigation work concurrently with the defendant's work, which has been accredited by the statements contained in the second fact of the complaint (folio 59). But contrary to what the defendant maintains, the plaintiff did demonstrate the "adequate causation," that the application of chemical products that the defendant had made in the sugarcane field had the capacity to cause the damage (daño) that materialized in the watermelon crop; hence, if the defendant intended to demonstrate that it was rather due to an act of the victim, she should have proven it. It was not a matter of the defendant demonstrating that the watermelon samples taken to the laboratory did not contain the chemical applied in the sugarcane field, but rather of credibly proving that this damage (daño) was due to products applied by the plaintiff to his own watermelon plantation, and not merely generating a simple doubt or speculation. Before referring to the evidence, it is necessary to point out that any agricultural crop logically requires the application of chemical or biological substances to control pests, diseases, or weeds; hence, if the appellant's argument were accepted, in the vast majority of cases, compensation for damages (daños) caused by third parties to those crops could not be granted, since an argument could always be constructed by the party appearing as defendant that it is due to the chemicals normally applied in every productive process. As explained in the preceding considering, due to the nature of the risky activity carried out, the burden of proof has its own particularities in objective liability, a product of a redefinition of the classic system, which in our legal system is concretized in the Phytosanitary Protection Law, in order to provide a real response to concrete problems of modern agricultural production. In this case, the evidence is abundant regarding the mentioned causation, which is reasoned and evaluated broadly in the judgment.
A technical report appears, issued by Engineer Noel Pomares Zúñiga, as an official of the Ministry of Agriculture and Livestock (MInisterio de Agricultura y Ganadería), from Filadelfia, Carrillo, Guanacaste, in which he indicates that on July 22, 2002, he inspected the farm in the possession of the plaintiff (bordering, of course, with the farm where the defendant's sugarcane field is located), where two plots of watermelon were found, and they were observed \"strongly affected in the foliar part of the watermelon plants by a drowsy appearance of the leaves as if they had been affected by a hormonal herbicide.\" He also indicated that the wind direction from east to [Dirección1] unfortunately favored the dispersal of particles. It can be inferred from his report that it indicates watermelon is very sensitive to the 2,4 D herbicide, and that the closer the plants were to the sugarcane plot, the more they presented \"symptoms of intoxication (síntomas de intoxicación).\" Although he points out that only a laboratory study could say \"with complete certainty\" that it was due to the effect of the 2,4 D molecules, he also notes that \"field experience and knowledge of the effects of that hormonal on broad leaves in general and cucurbits\" \"ostensibly\" indicate the presence of damage from the effect of that herbicide (folio 33 and 34). This is a report from a public official who works in the competent Ministry on the matter and knowledgeable in the cultivation, which gives it significant evidentiary value, and this tribunal sees no reason whatsoever to discredit it. For its part, in the response to the complaint, the defendant accepts as true \"that on July 19 and 20, 2002, the property my client leased from El Malijo S.A. was fumigated\" (folio 132). Note that the party acknowledges that it fumigated its sugarcane field, and although from that moment it attempts to indicate that its fumigation was not the agent that caused the damage, accusing that the plaintiff had also sprayed that day, it is important to emphasize that at no time did it deny that it was the chemical 2,4 D referred to in the second fact of the complaint, as it tries to suggest in this appeal. The fact was admitted as true, with the exception of what was specifically clarified in the same response to it, but it never denied that it was that substance. Both elements of evidence allow accrediting that adequate causation in the sense that the application of 2.4 D on the farm where the defendant's sugarcane field is located caused the damage, at which time the intoxication of the watermelon closest to it began to become evident, which is complemented by the technical report that rules that if that chemical were applied, that type of affectation would indeed occur in the watermelon field. The minimum rules of logic and human experience allow deducing that reasonable probability that the activity of applying that 2,4 D chemical caused the damage to the watermelon crop. Given the matter before us, it was not necessary for the plaintiff to prove with absolute scientific certainty the specific presence of the chemical in the watermelons. Furthermore, in the expert opinion report, rendered within this proceeding by Engineer Luis Alberto Aguilar Rodríguez (folio 206), the fact is confirmed that the 2,4 D herbicide is a systemic product that is absorbed by the leaves or the root and is transported by the sap throughout the entire body reaching internal tissues and unsprayed parts, accumulates in growth regions and induces malformations that kill the plant, serving for broadleaf weed control, the wind being a good disperser. He adds that since cucurbits are broadleaf they are very sensitive to that herbicide, and that due to this, he can state \"that the observations described by the technical Engineer [Nombre6]. Noel Pomares Zúñiga, correspond to damage caused by the 2,4D herbicide.\" Under this line of reasoning, it is concluded that the plaintiff party reasonably met the burden of proof, and with the means of proof within its reach, especially since, due to the type of event, the passage of time makes obtaining other evidentiary elements increasingly difficult. Now then, the defendant did not demonstrate that the damage to the watermelon crop was due to the spraying activity of the plaintiff party itself. One of the elements it tries to use to discharge its liability is the fact that the plaintiff mentioned in the complaint that on that day it was concurrently performing those tasks, however, the claimant proved that what it applied to its plantation were substances to give more foliage to the crop (statement of [Nombre7] at folio 181) and that those sprayings had been done previously without any damage having occurred (statement of [Nombre2] at folio 183). Such statements take on vital importance if added to the fact that in the visit of Engineer Pomares Zúñiga, it was verified that the intoxication was evident with greater magnitude precisely in the area close to the sugarcane crop, hence it is very improbable to think that the plaintiff self-applied the 2,4 D or another substance that could generate that type of damage. In addition, if the defendant considered that it had never applied 2,4 D to fumigate the sugarcane field, it draws powerful attention that it did not then demonstrate what the chemical it actually applied was, since it had the means of proof at its disposal in order to discharge the liability attributed to it. Note that the witnesses offered by the defendant were not able to indicate what the substance dispersed in the sugarcane plantation then was. The aforementioned laboratory tests cited in the appeal, and appearing on folio 112 to 130, carried out by the Lambda Chemical Laboratory (Laboratorio Químico Lambda), on which the appellant intends to base its censure of the evidence assessment, are not sufficient proof to free itself from its liability. In the first place, they were tests carried out a month after the events, the effective date of sample collection being unknown. At least from the statement of [Nombre3], that temporal circumstance cannot be deduced (folio 222), an aspect that was objected to by the plaintiff in its reply to the response (folio 146). Likewise, from the statement of Rafael Isaac Amón Pérez, Manager of said Chemical Laboratory, it is inferred that the samples were brought to the laboratory by the defendant, without any participation of the laboratory, and even assuming that the plaintiff had participated in or authorized the collection as the witness [Nombre3] attempts to suggest, the truth is that the rest of the chain of custody of that proof has not been accredited, as is censured in the judgment. But notwithstanding the foregoing, this Tribunal considers that what is important to highlight is that the witness himself stated that he could not guarantee \"absolute zero\" and that in said results, stating \"less than\" would then mean the absence of the chemicals. Thus, the inherent limitations of that laboratory test do not make it possible for it to prevail over all the other elements that the plaintiff party demonstrated, coupled with the deficiencies related to the custody of that proof. The discharge of proof for the defendant is not summarized or limited solely to demonstrating that certain chemicals of its choice are not present in the samples within the quantification limit of the applied procedures and techniques, but rather it should have gone further and requested an analysis of the presence of other chemicals that, in its judgment, were applied by the plaintiff and that would be the agents producing the damage. This Tribunal gives credence to what Engineer Pomares Zúñiga observed in that the watermelon plants presented an \"intoxication,\" and the high probability that if they had been in contact with the 2,4D, that would have been the result, as well as the unfavorable wind direction, and the greater evidence of affectation in the sector closest to the sugarcane field, hence the useful proof that the defendant party should have provided was a comprehensive laboratory analysis to determine the reasons for the intoxication. The appellant attempts to justify one of its attacks by alleging that the deponent [Nombre3] declared that he did not know if 2,4 D was applied on the property where the sugarcane was planted, however, as stated supra, the defendant did not deny this in the response, and it should have demonstrated what it actually applied on its farm. The appellant points out that the expert [Nombre4] did not rule out that other agents, both chemical and biological, are potentially causing those results, but it was the defendant who should have demonstrated that. For its part, the reproaches it makes regarding the lack of objectivity of [Nombre5], in favor of the plaintiff, are unfounded, since rather the fact that he holds a position in the Agricultural Services Agency (Agencia de Servicios Agropecuarios) of the M.A.G., and that this generates a continuous and direct relationship with the plaintiff party, a function of direct advisory to the producer, rather makes him a knowledgeable and qualified witness, besides coinciding with the witnesses in that the plants truly showed damage, and his technical conclusions were ratified by the judicial expert. The fact that the judgment omits to take into account that this engineer, in that same report, indicates that only with a laboratory report is it feasible to establish or rule out the presence of 2.4 D herbicide, does not detract from or diminish the value of his report, for absolute certainty was not necessary to demonstrate and Engineer [Nombre5] himself pointed out that from his technical experience he could affirm without difficulty that 2,4 D could cause the damage. Likewise, his statements in the report regarding the plaintiff's virtues as a producer, and the affectation suffered as a result of the events, do not detract from his credibility, as his report has a good technical basis, later endorsed by the judicial expert, and those affirmations, as indicated in the judgment, must be contextualized before the impact caused by the serious magnitude of the damage caused.
V.Regarding the last reproach, relating to the extent of the affected area, the appellant indicates that from the inspection record prepared by the police authority Clímaco Vásquez Moraga, an aspect is particularly striking that contradicts the statements of the plaintiff party regarding the extent and coverage of the damage. It specifically accuses that the record indicates it is reduced to a plot of approximately two hectares, not six or eight, with visible damage alleged of six rows and that the judgment dismisses that conclusion. Certainly, a police record made on July 20, 2002 (folio 4) appears, however, in the judgment of this Tribunal it does not contradict the remaining evidentiary elements that have allowed accrediting the affectation of the entire crop. The foregoing because in that record, contrary to what the appellant interprets, it is not established in a clear and categorical manner that the damage was only to six rows, as from its integral reading it is concluded that it is not known if what the officer indicates is because he observed it or because the affected party told him. Said proof must be assessed in conjunction with other more precise elements, which have been widely cited and assessed in the first-instance judgment. In the first place, the record on folio 32, from the Ministry of Agriculture and Livestock, carried out on August 5, 2002, in which the total loss of both watermelon plots is ruled, and that even an attempt was made to counteract the intoxication with sugar and milk but without result. In the same sense, the report of Engineer Pomares Zúñiga in which it is ruled that both plots were seen to be strongly affected, noting that the intoxication was more serious the closer they were to the sugarcane field (folio 33), which is confirmed by the testimonial evidence of [Nombre7] and [Nombre2] (folio 181 to 183). The fact that greater intoxication was evident in one sector than in another does not detract from the total affectation, which is confirmed precisely in the report made by [Nombre8] on August 5, cited supra. Thus, although the judgment refers to a kind of progressive action of the agent in subsequent days, which the appellant reproaches by stating that there is no technical proof in that sense and that rather the expert [Nombre4] stated that the effect of 2, 4 D is immediate, it is not really relevant, because there is technical proof that shows the intoxication was total, and most importantly, that there was no way to solve the problem.
POR TANTO
The ruling is confirmed.
VANNESSA FISHER GONZÁLEZ - JUEZ/A DECISOR/A [Nombre9] [Nombre1] - JUEZ/A DECISOR/A [Nombre10] - JUEZ/A DECISOR/A Classification prepared by the JURISPRUDENTIAL INFORMATION CENTER (CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL) of the Judicial Branch. Its reproduction and/or distribution for profit is prohibited.
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Tribunal Agrario Clase de asunto: Proceso ordinario Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Sentencias Relacionadas Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Derecho Agrario Tema: Daños y perjuicios en materia agraria Subtemas:
Responsabilidad objetiva en casos de aplicación de sustancias químicas para uso agrícola. Efectos en cuanto a la carga de la prueba.
Tema: Responsabilidad civil objetiva Subtemas:
Daños y perjuicios en casos de aplicación de sustancias químicas para uso agrícola. Efectos en cuanto a la carga de la prueba.
Tema: Daños y perjuicios derivados del uso de agroquímicos Subtemas:
Responsabilidad objetiva en casos de aplicación de sustancias químicas para uso agrícola. Efectos en cuanto a la carga de la prueba.
Tema: Prueba en materia agraria Subtemas:
Responsabilidad objetiva en casos de aplicación de sustancias químicas para uso agrícola.
“III. Analizado minuciosamente el presente asunto, considera este órgano jurisdiccional que no lleva razón el apelante en su censura comprendida en los primeros tres agravios, supra descritos, los cuales se examinarán en conjunto en este considerando, dada la estrecha relación que tienen con los principios que informan a la responsabilidad objetiva. En primer orden, es imprescindible apuntar, que el artículo 32 de la Ley de Protección Fitosanitaria, establece un claro régimen de responsabilidad objetiva, de ahí que sea improcedente el reproche que la sentencia tiene una base jurídica errada. No se trata de un sistema de responsabilidad mixto como lo sugiere el recurrente, pues la norma no hace ese tipo de distinción. Literalmente se estipula que "quienes importen, fabriquen, formulen, reenvasen, reempaquen, distribuyan, almacenen, transporten, vendan y apliquen sustancias químicas, biológicas o afines para uso agrícola, estarán obligados a resarcir los daños y perjuicios que, con sus acciones u omisiones, ocasionen a la agricultura, la ganadería, la salud humana, y el ambiente". Así las cosas, la responsabilidad objetiva en casos de aplicación de sustancias químicas para uso agrícola, sí está legalmente tipificada, y ello implica que les sean aplicables los principios de ese tipo de figura. Ya la Sala Primera, en un fallo que comparte este Tribunal, se había pronunciado en torno al régimen de responsabilidad objetiva que se consagra en dicha norma, en una fattiespecie similar a las que nos ocupa. Así en Voto No. 607-F-02 de las dieciséis horas y quince minutos del siete de agosto estableció: "IV. Antes de hacer concreta referencia a las objeciones relativas a la valoración de la prueba, resulta apropiado, por la importancia que tiene en orden al tema de la carga probatoria, analizar brevemente las diferentes formas de responsabilidad civil extracontractual. Ante un evento productor de daños a terceros, el ordenamiento jurídico costarricense obliga a su reparación si fue causado por culpa del agente. Es la regla del artículo 1045 del Código Civil, coincidente con lo dispuesto en los numerales 1382 y 1383 del Código Civil francés, cuya normativa, como es bien conocido, insufló todo un movimiento codificador determinante del contenido de muchos de los códigos civiles del siglo pasado. Entre otros, el argentino (art. 1109 del Código Civil) y el español (art. 1902 del Código Civil). Su fundamento deriva a su vez de un proceso evolutivo, cuyo origen se atribuye a la lex Aquilia romana. Sin embargo, es en el Derecho Común, influenciado por los canonistas y consecuentemente por el pensamiento cristiano y el concepto de pecado, que la obligación de resarcir viene a concebirse como una consecuencia de un hecho reprochable. El daño, dentro de esta concepción, si no era imputable a un tercero no podía ser sino obra de la mano de Dios y por lo mismo no resarcible ni indemnizable. Al ofendido no le quedaba sino resignarse. Esta posición ideológica, brevemente esquematizada, aunada a la situación económico social imperante durante la transición del siglo XVIII al XIX, influyó decididamente en el proceso de codificación, comenzando, desde luego por el Código Napoleónico, de donde deriva el nuestro y por allí la regla supra indicada. Con todo, para entonces, a pesar de haberse vivido la primera revolución industrial, sus efectos escasamente se habían sentido. Frente a una economía básicamente agrícola, ganadera y artesanal, el problema de la imputación no era trascendente. Además, el carácter individualista inspirador de las codificaciones decimonónicas, obviamente sintonizaba mejor con esa regla. Los sujetos, se argüía, toman las decisiones por su cuenta y deben asumir sus consecuencias. La culpa, como criterio de imputación, tenía lugar cuando un sujeto se excedía en el ejercicio de su libertad, causando a otro un daño. El resarcimiento exigía que el agente actuase al menos con negligencia o imprudencia. La regla imperante era, pues, la responsabilidad civil subjetiva o por culpa, que, según se vio, asume originariamente como única alternativa el legislador costarricense. Ahora bien, desde el momento en que los efectos de la revolución industrial y posteriormente la tecnológica, comienzan a manifestarse y en particular como secuela de las grandes guerras mundiales, aquella regla comienza a ser deficitaria frente a la realidad. Surgen, bajo su impulso, nuevas teorías desarrolladas por la doctrina científica y más tarde una normativa especial. Ciertamente no dejó de operar la culpa como criterio de imputación, pero se imponen nuevas pautas. Nace y se consolida, en suma, la teoría del riesgo, cuya doctrina vendría a ser fuente de una novedosa legislación. Sintéticamente propone que si alguien crea un riesgo por encima de los estándares medios admisibles, obteniendo beneficios de la actividad riesgosa, no hay razón para que no cubra los daños que ella produzca. La realidad se ha encargado de reconocer la virtualidad de esta teoría. Empero no es dable aplicarla ilimitadamente. Los absurdos a los que puede conducir, han obligado a regularla para que opere solo frente a supuestos concretos, tanto en lo que mira a la tipificación de los daños pasibles de indemnización, cuanto al establecimiento de las tasas indemnizatorias. Recapitulando, el resarcimiento de los daños está regulado, en el derecho costarricense por una regla general, la de la responsabilidad por culpa, pero admite también la responsabilidad objetiva en los casos en que la legislación expresamente la autoriza y siguiendo los parámetros que ella misma dispone. Los fundamentos de donde derivan una y otra forma de responsabilidad civil extracontractual, como se adelantó, plantean cuestiones prácticas relativas a la carga de la prueba que conviene aclarar, y que inciden directamente en la resolución del presente caso. Frente al artículo 1045 del Código Civil, para que la víctima o sus causahabientes sean resarcidos del daño, además de probarlo, debe demostrarse la relación de causalidad entre el hecho dañoso y la culpa del agente. De aquí surge la máxima de que quien alega culpa, debe demostrarla. En la responsabilidad objetiva, el criterio de imputación no es el dolo o la culpa, por lo que no habrá que demostrarla. Esta forma de responsabilidad admite causas de exoneración que tienden a quebrar el nexo causal, como la fuerza mayor o el hecho de la víctima. En ese caso, quien las alegue debe probarlas. No debe confundirse esta forma de responsabilidad con otras de carácter subjetivo, también excepcionales, donde la carga de la prueba se invierte por razones de equidad. Aquí la víctima no tiene que demostrar la culpa del agente, será éste quien deba probar su falta de culpa, entendida generalmente como caso fortuito. Entre estas está la denominada responsabilidad indirecta o por hecho ajeno, en sus dos manifestaciones, in eligendo e in vigilando. La ley obliga, a quien encarga a otro la realización de determinado trabajo, a elegir a alguien apto y a vigilar su ejecución. Si el encargado en la ejecución y dentro del ámbito de confianza otorgado, causa daños a terceros, éstos pueden demandar directamente al mandante, quien responderá por un actuar doloso o culposo del encargado. Lo que se presume, en estos casos, es la culpa del mandante (in eligendo o in vigilando), no la del encargado. Ante esa presunción, el mandante puede demostrar su falta de culpa. V. La actividad desplegada por la empresa recurrente se enmarca, con claridad, dentro de las muchas que generan riesgos por encima de los estándares medios admisibles. La normativa administrativa regula esta actividad y establece las pautas a seguir para el buen resultado de su ejercicio (Reglamento para las Actividades de Aviación Agrícola, Número 15846, del 6 de noviembre de 1984). Sin embargo esa normativa no establece la responsabilidad civil por los daños que se ocasionen con la actividad. Son las Leyes de Protección Fitosanitaria número 7664, y la de Aviación Civil número 5050 del 11 de diciembre de 1972, las que la regulan. La primera dispone: Quienes importen, fabriquen, formulen, reenvasen, reempaquen, distribuyan, almacenen, transporten, vendan y apliquen sustancia químicas, biológicas o afines para uso agrícola, estarán obligados a resarcir los daños y perjuicios que, con sus acciones u omisiones, ocasionen a la agricultura, la ganadería, la salud humana y el ambiente”(artículo 32). La segunda establece: “Toda persona física o jurídica que utilice aeronaves destinadas a la aviación agrícola responderá por los daños que cause a las personas o bienes de terceros en la superficie “(artículo 107). Ambas determinan claramente una responsabilidad objetiva, ninguna obliga a la víctima a demostrar algún elemento subjetivo de imputación. Por ello basta con que se pruebe el daño y la relación de causalidad para imputar la responsabilidad civil a los sujetos que objetivamente deben responder, según las normas citadas. La Sala en un caso similar al presente, admitió la responsabilidad objetiva, hoy más que nunca obligada frente a problemas de orden ecológico" (Lo subrayado no es del original. Voto de la Sala Primera N° 398-F-01 de las 16:00 horas del 6 de junio del 2001). En este orden de ideas, no debe la parte actora demostrar la culpa o el dolo del sujeto productor del daño, sino el daño en sí y la relación de causalidad probable, ya que aún en la responsabilidad civil objetiva debe existir la prueba de ese ligamen o vinculación entre la actividad riesgosa puesta en marcha por el agente, y el daño ocasionado, y en esa misma línea de razonamiento se resuelve en la sentencia de primera instancia. La relación de causalidad no es extraña a la responsabilidad objetiva como lo afirma el recurrente, de ahí que no se comparta por parte de este Tribunal la apreciación o interpretación del Apoderado de la demandada, que el tema de la relación de causalidad a que se refiere el supuesto del ordinal 1048 del Código Civil, lo es para el caso que no se da una relación de causalidad entre la acción del chofer del vehículo y la muerte o lesión de la persona, al poder atribuirse responsabilidad a la empresa o persona explotadora del servicio por la actividad riesgosa y peligrosa que realiza. Lo anterior, porque más bien lo que alude el apelante es un tema de solidaridad, y conforme se indicó, el nexo causal es un elemento que está presente aún en el supuesto del régimen objetivo, solamente que con particularidades propias en cuanto a la prueba. Ciertamente por el tipo de actividad riesgosa de aplicación de productos químicos en la agricultura, la prueba del nexo causal en cuanto a los daños que ésta pueda producir muchas veces es indirecta o mediata, o indiciaria, lo que impregna de matices propios o particulares lo referente a la carga de la prueba y a la valoración de la misma. Se flexibilizan los requerimientos tradicionales de prueba, pero ello no implica que se elimine la demostración de la causalidad. A mayor abundamiento, ya la doctrina, en cuanto a la responsabilidad objetiva por daño ambiental, ha desarrollado principios, que estima este Tribunal son extendibles a los supuestos de actividades riesgosas, toda vez lógicamente comparten el mismo tronco o estructura de la responsabilidad objetiva. Esos nuevos criterios tienden a romper con fórmulas certeras o en extremo rigurosas heredadas de la responsabilidad civil subjetiva, que han evolucionado a conceptos como el de "causalidad adecuada" (Mosset, Tomo I, 1999, p.110 y 111). La demostración del nexo causal no significa que se requiera "seguridad o certidumbre total" pues es válido se presuma o infiera de determinadas conductas, ya que se trata de una posibilidad cierta, de una probabilidad en grado de razonabilidad (Mosset, Tomo I, 1999, p.113). Otros refieren, que el criterio de probablidad se funda en las reglas universales de la experiencia, es decir, para "establecer la vinculación de causa a efecto entre dos sucesos, es necesario realizar un juicio retrospectivo de probabilidad o idoneidad cuya formulación es la siguiente: ¿la acción u omisión que se juzga per se es apta o adecuada para provocar normalmente esa consecuencia ? Ese juicio debe emplazarse no desde la óptica del sujeto actuante, sino en abstracto, en un plano objetivo, con prescindencia de lo efectivamente sucedido, atendiendo a lo que usualmente ocurre" (Goldenbert, 2001, p 28). De igual modo se ha apuntado, la teoría de la "condición peligrosa", a propósito del análisis causa-efecto, según la cual, si la acción u omisión puede considerarse, en abstracto, como creadora de un peligro capaz de promover el suceso dañoso: a) o se "relaja" la carga de la prueba que pesa sobre el actor o b) se llega directamente a una inversión de dicha carga". (Mosset, Tomo I, 1999, p 115). De esta forma, comprobada por parte del actor en forma razonable la causalidad, es decir, que el daño alegado tiene una alta probabilidad razonable de haber sido originado por la actividad de riesgo realizada por la parte demandada, debe en consecuencia la segunda demostrar que su actividad no ha sido la que generó el daño, y que es achacable al hecho de la víctima o de un tercero. En un voto reciente, No.457 de las catorce horas treinta minutos del diez de abril del dos mil trece, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado en este sentido. Si bien en esa sentencia se analiza el tema de la responsabilidad objetiva en materia de consumidor, igualmente se desarrollan conceptos aplicables a la que se origina por actividades de riesgo y sus efectos en cuanto a la carga de la prueba. Bajo esta tesitura no lleva razón el apelante, que se haya efectuado una interpretación indebida del artículo 317 del Código Procesal Civil, ya que por las razones dichas, en cuanto a esa causalidad, la carga de la prueba en responsabilidad objetiva, implica que el actor debe de demostrar esa vinculación razonablemente probable entre el daño y la actividad riesgosa desplegada por el demandado, y este último probar que el daño ha sido más bien causado por un hecho de la víctima o de un tercero, y que no se origina en su actividad. Por otro lado, no resulta de recibo el reclamo que en la demanda no se invocó la aplicación de la responsabilidad objetiva, toda vez analizada la misma, propiamente el acápite de los fundamentos de derecho, en su formulación la parte cita precisamente a la Ley de Protección Fitosanitaria (folio 66).
IV.En lo que concierne al cuarto y quinto agravio, tampoco lleva razón la parte apelante. Ciertamente en la contestación de la demanda se alegó que la parte actora realizó labores de fumigación en forma concurrente con las labores de la demandada, lo cual ha quedado acreditado con las manifestaciones contenidas en el hecho segundo de la demanda (folio 59). Pero contrario a lo que sostiene la parte demandada, sí se demostró por parte del actor la "causalidad adecuada", de que la aplicación de los productos químicos que había hecho la accionada en el cañal tenían la capacidad de provocar el daño que se patentizó en el cultivo de sandía, de ahí que si la accionada pretendía demostrar que era más bien por un hecho de la víctima, debió de haberlo probado. No se trataba que el demandado demostrara que las muestras de sandía, llevadas al laboratorio, no tenían presente el químico aplicado en el cañal, sino acreditar en forma razonable que ese daño se debía a productos que aplicara el actor en su propia plantación de sandía, y no limitarse a generar una mera duda o especulación. Previo a referir la prueba, es menester apuntar que todo cultivo agrícola requiere lógicamente de aplicación de sustancias químicas o biológicas para controlar plagas o enfermedades, o malezas, de ahí que de aceptarse el argumento del recurrente, en la gran mayoría de los casos no podrían concederse indemnizaciones por daños de terceros a esos cultivos, pues siempre se podría construir una alegato por parte de quien figure como demandado, que se debe a los químicos que se aplican normalmente en todo proceso productivo. Tal y como se explicó en el considerando precedente, por la naturaleza de la actividad riesgosa desplegada, la carga de la prueba tiene sus particularidades propias en la responsabilidad objetiva, producto de una redefinición del sistema clásico, que en nuestro ordenamiento se concreta en la Ley de Protección Fitosanitaria, a fin de dar una verdadera respuesta a problemas concretos de la producción agraria moderna. En la especie la prueba es abundante en cuanto a la causalidad aludida, lo cual se razona y valora en forma amplia en la sentencia. Consta un informe técnico, emitido por el Ingeniero Noel Pomares Zúñiga, como funcionario del MInisterio de Agricultura y Ganadería, de Filadelfia, Carrillo, Guanacaste, en el que indica que el 22 de julio del 2002 realizó la inspección de la finca en posesión del actor (colindante claro está con la finca donde se ubica el cañal de la demandada), en donde se encontraban dos lotes de sandía, y se observaron "fuertemente afectados en la parte foliar de las matas de sandía por un aspecto adormilado de las hojas tal como si fuesen sido afectados por un herbicida hormonal". Igualmente indicó que la dirección del viento de este a [Dirección1] lamentablemente favoreció la dispersión de partículas. Se desprende de su informe, que indica la sandía es muy sensible al herbicida 2,4 D, y que entre más cerca estaban las plantas del lote de caña, más presentaban "síntomas de intoxicación". Aunque señala que solamente un estudio de laboratorio podría decir "con toda certeza" que era por efecto de las moléculas de 2,4 D, a su vez apunta que "la experiencia de campo y el conocimiento sobre los efectos de ese hormonal sobre las hojas anchas en general y las cucurbitáceas" indican "ostensiblemente" la presencia de daños por efecto de ese herbicida (folio 33 y 34). Se trata de un informe de un funcionario público que trabaja en el MInisterio competente en la materia y conocedor del cultivo, lo cual le da un importante valor probatorio, y no ve este tribunal motivo alguno para restarle fe. Por su parte, en la contestación a la demanda, la parte demandada acepta como cierto "que el día 19 y 20 de julio de 2002 se procedió a fumigar el inmueble que mi representada arrendaba a El Malijo S.A" (folio 132). Nótese que la parte reconoce que fumigó su cañal, y aunque desde ese momento pretende indicar que no fue su fumigación el agente provocador del daño, acusando que el actor había también atomizado ese día, es importante recalcar que en ningún momento negó que se tratara del químico 2,4 D referido en el hecho segundo de la demanda, como lo pretende hacer ver en este recurso. El hecho fue admitido como cierto, con excepción de lo que específicamente fue aclarando en la misma respuesta al mismo, pero nunca desmintió que se tratara de esa sustancia. Ambos elementos probatorios, permiten acreditar esa causalidad adecuada en el sentido que la aplicación de 2.4 D en la finca donde se ubica el cañal del demandado provocó el daño, momento en el cual se empieza a evidenciar la intoxicación de la sandía más próxima al mismo, lo que se complementa con el informe técnico que dictamina que si se aplicara ese químico efectivamente ocurriría esa tipo de afectación en el sandillal. Las reglas mínimas de la lógica y la experiencia humana, permiten deducir esa probabilidad razonable de que la actividad de aplicación de ese químico 2,4 D provocó el daño en el cultivo de sandía. No era necesaria, dada la materia que nos ocupa, que el actor con absoluta certeza demostrara científicamente la específica presencia del químico en las sandías. A mayor abundamiento, en el informe pericial, rendido dentro de este proceso por el Ingeniero Luis Alberto Aguilar Rodríguez (folio 206), se confirma el hecho que el herbicida 2,4 D es un producto sistémico que se absorbe por las hojas o la raiz y se transporta por la savia a todo el cuerpo alcanzando tejidos internos y partes no rociadas, se acumula en regiones de crecimiento e induce malformaciones que matan a la planta, que sirve para el control de maleza de hoja ancha, siendo el viento un buen dispersador. Agrega que dado que las curcubitáceas son de hoja ancha son muy sensibles a ese herbicida, y que debido a ello puede manifestar "que las observaciones descritas por el técnico Ing. [Nombre1]. Noel Pomares Zúñiga, corresponde a un daño causado por el herbicida 2,4D". Bajo este orden de ideas, se concluye que la parte actora cumplió en forma razonable con la carga de la prueba, y con los medios probatorios que tenía a su alcance, máxime que por el tipo de evento, con el paso del tiempo se va dificultando la obtención de otros elementos probatorios. Ahora bien, no demostró el demandado que el daño en el cultivo de sandía, se debiera a la actividad de atomizos de la propia parte actora. Uno de los elementos que pretende hacer valer para descargar su responsabilidad es el hecho que el actor mencionara en la demanda que ese día estuvo haciendo en forma concurrente esas labores, sin embargo, el accionante acreditó que lo que aplicó en su plantación fueron sustancias para dar más follaje al cultivo (declaración de [Nombre2] a folio 181) y que esos atomizos anteriomente se habían hecho sin que hubiese pasado algún daño (declaración de [Nombre3] a folio 183). Tales declaraciones cobran vital importancia si se suman al hecho de que en la visita del Ingeniero Pomares Zúñiga, se constató que la intoxicación se evidenciaba con mayor magnitud precisamente en el área próxima al cultivo de caña, de ahí que resulte muy poco probable pensar que el propio actor se autoaplicó el 2,4 D u otra sustancia que pudiese generar ese tipo de daño. Además si el demandado consideraba que nunca había aplicado el 2,4 D para fumigar el cañal, llama poderosamente la atención que no demostrara entonces cuál fue el químico que realmente aplicó, pues tenía las probanzas a su alcance, a fin de descargar la responsabilidad achacada. Nótese que los testigos ofrecidos por el demandado no fueron capaces de indicar cuál fue entonces la sustancia que dispersaron en la plantación de caña. Las mencionadas pruebas de laboratorio que se citan el recurso de apelación, y que constan a folio 112 a 130, realizadas por el Laboratorio Químico Lambda, en las que pretende el recurrente basar su censura a la valoración de la prueba, no son prueba suficiente para liberarse de su responsabilidad. En primer término fueron pruebas realizadas un mes después de los hechos, desconociéndose la fecha efectiva de recolección de la muestra. Al menos de la declaración de [Nombre4] no se logra desprender esa circunstancia temporal (folio 222), aspecto que se objetó por parte de la actora en la réplica a la contestación (folio 146). Asimismo, de la declaración de Rafael Isaac Amón Pérez, Gerente de dicho Laboratorio Químico, se infiere que las muestras fueron llevadas al laboratorio por parte de la demandada, sin ninguna participación del laboratorio, y aún suponiendo que la actora hubiese participado o autorizado la recolección como lo pretende sugerir el testigo [Nombre4] , lo cierto es que el resto de la cadena de custodia de esa prueba no ha sido acreditada, tal y como se censura en la sentencia. Pero no obstante lo anterior, estima este Tribunal, que lo importante a resaltar es que el propio testigo manifestó que no podía garantizar "el cero absoluto" y que en dichos resultados al consignarse "menor a" significaría entonces la ausencia de los químicos. Así las cosas, las limitaciones propias de esa prueba de laboratorio no hace posible que predomine sobre todos los otros elementos que demostró la parte actora, aunado a los padecimientos relacionados con la custodia de esa prueba. La descarga de la prueba para el demandado, no se resume o limita únicamente a demostrar que determinados químicos de su escogencia no están presentes en las muestras para el límite de cuantificación de los procedimientos y técnicas aplicadas, sino que debió de haber ido más allá y pedir un análisis de la presencia de otros químicos que a su juicio fueron aplicados por el actor y que serían los agentes productores del daño. A este Tribunal le merece fe lo observado por el Ingeniero Pomares Zúñiga en cuanto a que las plantas de sandía presentaban una "intoxicación", y la alta probabilidad de que de haber estado en contacto con el 2,4D ese hubiese sido el resultado, así como la dirección del viento en forma desfavorable, y la mayor evidencia de afectación en el sector más cercano al cañal, de ahí que la prueba útil que debió de haber aportado la parte demandada era un análisis de laboratorio integral que determinara los motivos de la intoxicación. El recurrente pretende justificar uno de sus embates aduciendo que el deponente [Nombre4] declaró que desconocía si en la propiedad donde estaba sembrada la caña se aplicó el 2,4 D, sin embargo, tal y como se expuso supra eso no lo negó el demandado en la contestación, y debió de haber demostrado que fue lo que en realidad aplicó en su finca. Señala el apelante, que el perito [Nombre5] , no descartó que otros agentes tanto químicos como biológicos sean potencialmente causantes de esos resultados, pero el que debió de haber demostrado eso era el demandado. Por su parte, los reproches que hace en cuanto a la falta de objetividad de [Nombre6] , en pro del actor, no lleva razón, pues más bien el hecho de que ocupe una posición en la Agencia de Servicios Agropecuarios del M.A.G., y que ello genere una relación continua y directa con la parte actora, función de asesoría directa al productor, más bien lo convierte en un testigo conocedor y calificado, además que que coincide con los testigos en cuanto a que las plantas verdaderamente se mostraban con un daño, y sus conclusiones técnicas fueron ratificadas por el perito judicial. El hecho de que en la sentencia se omite tomar en cuenta que ese ingeniero en ese mismo informe indica que únicamente con un informe de laboratorio es dable establecer o descartar la presencia de herbicida 2.4 D, no desvirtúa o resta valor a su informe, pues la absoluta certeza no era necesario demostrarla y el propio Ingeniero Pomares Zúñiga apuntó que de su experiencia técnica podía aseverar sin dificultad que el 2,4 D podría causar el daño. Asimismo sus manifestaciones en el informe en torno a las virtudes del actor como productor, y la afectación que sufrió a raíz de los hechos, no le restan credibilidad, toda vez su informe tiene una buena base técnica, avalado posteriormente por el perito judicial, y esas afirmaciones como se indica en la sentencia, deben de ser contextualizadas ante el impacto que se tuvo por la seria magnitud del daño causado.”
... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas *050005380388CI* PROCESO: ORDINARIO ACTOR/A: [Nombre1] DEMANDADO/A: AZUCARERA EL VIEJO S.A VOTO N° 907-F-13 TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las quince horas y treinta y uno minutos del veintiséis de setiembre de dos mil trece.- PROCESO ORDINARIO establecido por [Nombre1] , mayor, casado, agricultor, vecino de Bagaces, Guanacaste, cédula de identidad numero CED1 - - ; contra AZUCARERA EL VIEJO SOCIEDAD ANÓNIMA., cédula jurídica número CED2 - - , representada por su presidente con facultades de apoderado generalísimo sin limite de suma Álvaro Jenkins Rodríguez, mayor, casado, vecino de San José, cédula de identidad número CED3 - - . Actúa como abogada directora de la parte actora la licenciada Alejandra Larios Trejos, cédula de identidad número CED4 - - , colegiada número catorce mil ochenta y nueve; y como apoderado especial judicial de la parte demandada el letrado Marco Antonio Vásquez Víquez, mayor, abogado, vecino de San José, cédula de identidad número CED5 - - . Tramitado ante el Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de Guanacaste, Liberia.
RESULTANDO:
I.- La parte actora interpuso demanda ordinaria, estimada en la suma de dieciocho millones de colones, solicitando que en sentencia se declare lo siguiente:"De conformidad con los hechos expuestos y fundamentos de derecho, pido que en sentencia se declare que la sociedad demandada, debe indemnizar los daños y perjuicios al suscrito actor los cuales consisten: DAÑOS: Perdida total de 8 hectáreas de sandía: 6 hectáreas por un monto de ¢8.087.400 y 2 hectáreas por un monto de ¢ 5.280.000, de conformidad con el documento No. 7. para un total de ¢ 13.358.400.oo. PERJUICIOS: Que se condene al pago de intereses sobre la suma indicada al tipo fijado por el Sistema Bancario Nacional para depósitos a seis meses plazo, desde el momento del siniestro hasta la fecha de efectivo pago" (folio 68).- II.- La parte demandada Azucarera el Viejo S.A., contesto la demanda incoada en su contra a términos visibles a folios 131 a 139, e interpuso las excepciones de falta de derecho, falta de legitimación ad causam pasiva y falta de acción.
III.- La jueza Ruth Alpízar Rodríguez, del Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de Guanacaste, Liberia, en sentencia número 171-S-2012, de las quince horas cuarenta y cinco minutos del veinticuatro de octubre del dos mil doce, resolvió: “POR TANTO: Se rechazan las excepciones de falta de derecho, falta de legitimación pasiva y falta de acción, interpuestas por la parte demandada. Se declara CON LUGAR la presente demanda ordinaria establecida por [Nombre1] contra AZUCARERA EL VIEJO, en la forma que se dirá, entendiéndose por denegado lo que expresamente no se indique, por lo que se condena a la demandada al pago de los siguientes extremos, derivados de los daños sufridos por la pérdida del cultivo de sandía en ocho hectáreas: 1) El costo de siembra del cultivo y los costos de la mano de obra para realizarlo. El importe o montos a conceder por tales extremos, se establecerán en la fase de ejecución de sentencia con base en los siguientes criterios: El cultivo perdido se hizo en forma escalonada en un terreno plano, y tenía dos variedades, que se sembraron en dos lotes en fechas diferentes: El primer lote tenía cuatro hectáreas de quetzalí y dos hectáreas de mickylee, se cultivó el trece de mayo del 2002, y para la fecha de la pérdida estaban en inicio de cosecha, el diecinueve de julio del dos mil dos. El segundo lote, de dos hectáreas, tenía una hectárea de cada variedad citada, y se sembraron el dos de junio del 2002. Para la fecha de la pérdida estaban en estado de fruta pequeña y floración. La topografía de todo el terreno era plana y la siembra se hizo con una densidad de tres metros entre surcos y un metro entre plantas. 2) Se condena a la demandada al pago de intereses sobre las sumas que se establezcan en ejecución de sentencia, a la tasa de interés legal, es decir, la pagada por el Banco Nacional de Costa Rica por los certificados de depósito a seis meses plazo, en colones. Los intereses deberán ser cancelados a partir de la firmeza de la resolución que establezca el monto total a indemnizar y hasta su efectivo pago. 3) Se impone el pago de las costas procesales y personales del proceso a la parte demandada." (lo destacado es del texto original a folio 329 a 330).
IV.- El Licenciado Marco Antonio Vásquez Víquez, en su condición de apoderado especial judicial de la parte demandada, interpuso recurso de apelación con indicación expresa de las razones en que se apoyaron para refutar la tesis del juzgado de instancia." (folios 333 a 340).
V.- En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones legales, y no se observa la existencia de errores u omisiones capaces de producir la nulidad del fallo.- Redacta la Jueza Fisher González y;
CONSIDERANDO
I.El Tribunal prohija la relación de hechos probados y no probados contenida en el fallo recurrido por encontrar buen sustento en el mérito de los autos.
II.El Licenciado Marco Antonio Vásquez Víquez, en su condición de Apoderado Especial Judicial de la parte demandada, presenta recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Juzgado Agrario de Liberia No. 171-S-2012 de las 15.45 horas del 24 de octubre del 2012. Expresa varios motivos de inconformidad, los cuales a fin de facilitar su análisis, han sido resumidos y ordenados por parte de este Tribunal en la siguiente forma: 1) La sentencia recurrida tiene una base jurídicamente errada. Parte de una responsabilidad objetiva solidaria, fundada en los artículos 32 de la Ley de Protección Fitosanitaria, y 2, 98 y 101 de la Ley Orgánica del Ambiente y se establece a su vez que para este caso concreto debe demostrarse la existencia del daño o perjuicio, la magnitud objetiva del daño, que el causante no haya sido la persona afectada y la relación de causalidad entre el daño y el actuar. Sin embargo, a su vez señala que para que la parte demandada pueda liberarse de responsabilidad le corresponde probar que no fue quien causó el daño, por haber mediado culpa de la víctima, caso fortuito o hecho de un tercero, con fundamento en el 317 del Código Procesal Civil. Ese razonamiento estima el apelante resulta contradictorio. No es dable referir la relación de causalidad entre el daño y el actuar que se alega como generador y a la vez afirmar la aplicación de una responsabilidad objetiva. La relación de causalidad dista mucho de las relaciones normales de causalidad, y el mejor ejemplo es el ordinal 1048 del Código Civil., que refleja un caso en que no se da una relación de causalidad entre la acción del chofer del vehículo y la muerte o lesión de la persona, sino que se atribuye responsabilidad a la empresa o persona explotadora del servicio, que no participó en la acción, sino por la actividad riesgosa y peligrosa que realiza. La responsabilidad objetiva es extraña a las relaciones de causalidad que exige la responsabilidad civil, sea contractual o extracontractual subjetiva, y sus presupuestos debe estar tipificados legalmente, según artículo 1048 del Código Civil. 2) La base de la reclamación presentada contra la parte demandada, contrario a lo que estima la sentencia, se centra sobre el tema de la responsabilidad extracontractual subjetiva, regulada en los artículos 1045 y 1046 del Código Civil, supuesto en que resulta aplicable la relación de causalidad. Tampoco la parte actora ha planteado un supuesto de responsabilidad por daño ambiental, caso en el que sí se estaría bajo el supuesto normativo de responsabilidad objetiva. El artículo 32 de la Ley de Protección Fitosanitaria efectivamente contiene la previsión de responsabilidad objetiva, cuando alude al tema ambiental, pero también a supuestos de responsabilidad subjetiva extracontractual, al prescribir el resarcimiento de los daños y perjuicios que por acción u omisión se ocasionen a la agricultura, ganadería y salud humana. Tal y como se establece en la sentencia de la Sala Primera No. 607 del 7 de agosto del 2002, en la responsabilidad extracontractual subjetiva quien alega debe probar mientras que en la extracontractual objetiva quien pretenda eximirse debe probar la causa o razón que lo exime. En la sentencia recurrida, no se aporta ningún elemento para valorar la razón fáctica por la cual debe considerarse a la demandada en una posición de responsabilidad objetiva, ello implica una violación a la debida fundamentación de las resoluciones judiciales. 3) En la sentencia se achaca a la parte demandada, con base en el ordinal 317 del Código Procesal Civil, el no probar que no fue su actividad lo que causó el daño. Esa consecuencia procesal es contraria a esa misma norma, pues quien afirmó que fue la demandada la que provocó el hecho dañoso sobre la base de una responsabilidad civil extracontractual subjetiva fue la actora, correspondiéndole entonces probar la relación de causalidad, estando la demandada en su derecho a estarse a la prueba que se acreditara. En este sentido la sentencia invierte indebidamente la carga de la prueba regulada en el artículo 317 del Código Procesal Civil, exigiendo a la demandada probar una causa de exoneración en lugar de exigir a la actora que probara la responsabilidad alegada. 4) Desde la contestación de la demanda, se alegó por parte de la accionada que la parte actora realizó labores de fumigación en forma concurrente con las labores de la demandada, y así ha quedado acreditado. Así el testigo [Nombre2] , aseveró que el día anterior a que se notara la afectación en las plantas de sandía, a encargo de su patrono [Nombre1] , estuvo fumigando la plantación, labor que hicieron mientras empleados de la finca de la accionada también laboraban. En este sentido, la sentencia en forma errónea expuso que la demandada no aportó pruebas que el daño se debiera a la fumigación que hiciera el actor, siendo que lo procedente conforme a las reglas de la carga de la prueba, debía la actora demostrar que no había sido su responsabilidad. 5) Con respecto al resto de la prueba, y suprimiendo la responsabilidad objetiva que se interpreta en la sentencia recurrida, no se ha acreditado ni ha sido aceptado por la demandada, que se haya aplicado el herbicida 2.4 D. Así el testigo [Nombre3] expresó que desconocía si en la propiedad donde estaba sembrada la caña se aplicó este 24 D. Por su parte, el perito [Nombre4] , sin haber visto de primera fuente los efectos que la actora indica que se dieron en los cultivos, únicamente se limita a aseverar que son compatibles con dicho plaguicida, sin descartar que otros agentes tanto químicos como biológicos son potencialmente causantes de esos resultados. No aseveró el perito que única y exclusivamente el plaguicida dicho, tenga los efectos notados por el funcionario Pomares Zúñiga, y en ausencia de otro elemento probatorio que indique que se ha estado fumigando con 2,4 D y no haberse así aceptado en la contestación, no resulta viable que el a quo presuponga válidamente que ese ha sido el agente causante de los daños alegados. Por su parte, la versión de [Nombre5] , antes que informes objetivos, contiene valoraciones que se translucen por lo siguiente: - ocupa una posición en la Agencia de Servicios Agropecuarios del M.A.G., lo que lo coloca en una relación continua y directa con la parte actora, ejerce una función de asesoría directa al productor. Tal y como lo expresa apologéticamente al final del documento: "rindo informe lo más apegado a la realidad posible, dado dentro nuestras funciones, sin fin de lucro, solo hecho a solicitud de un afligido pequeño productor cliente de esta Agencia de Extensión, excelente, esforzado y esmerado agricultor, como es el señor [Nombre1] ". La sentencia omite tomar en cuenta que ese ingeniero en ese mismo informe indica que únicamente con un informe de laboratorio es dable establecer o descartar la presencia de herbicida 2.4 D. Esto último fue lo que trató de hacer la demandada al contratar un estudio de muestras recolectadas en el predio de la actora, de la que da fe la prueba testimonial y que se realizó de común acuerdo con la parte actora. Así el testigo [Nombre3] expresó que se mandaron a hacer análisis de las hojas de las plantas de sandía, que ello se acordó en la visita, y que entendió se tomaron las muestras y se mandaron a analizar. Por lo anterior, no es dable descartar la prueba técnica de los laboratorios contratados por la demandada, pues existe correlación y antecedentes de que fueron tomadas las muestras con el consentimiento de la actora y que el resultado fue que se descartó la presencia del plaguicida 2,4 D. 6) Tampoco debió descartarse o más bien interpretarse en la forma como lo hizo el a quo, el acta de inspección confeccionada por la autoridad de policía Clímaco Vásquez Moraga, ya que de esa acta resulta particularmente llamativo un aspecto que contradice las afirmaciones de la parte actora respecto a la extensión y cobertura del daño. Debe de observarse que en el acta se indica se reduce a un lote de aproximadamente dos hectáreas, no de seis ni de ocho, teniendo un supuesto daño a la vista de seis surcos. La resolución descarta esa conclusión. El a quo sin prueba técnica asume una acción progresiva de un agente químico que ni siquiera existe prueba se haya producido en el lugar, más bien de lo contrario el perito [Nombre4] expuso que el efecto del 2, 4 D es inmediato. De acuerdo a lo expuesto no se ha acreditado con la prueba existente en el expediente judicial la aplicación del plaguicida 2, 4 D, tampoco ha quedado demostrado indubitablemente que exista alguna relación de causalidad entre las acciones de la demandada y los daños reclamados (ella misma fumigó en forma concomitante), y finalmente tampoco ha quedado demostrado la extension de los daños que asevera la parte actora, por lo que debió de declararse sin lugar la demanda.
III.Analizado minuciosamente el presente asunto, considera este órgano jurisdiccional que no lleva razón el apelante en su censura comprendida en los primeros tres agravios, supra descritos, los cuales se examinarán en conjunto en este considerando, dada la estrecha relación que tienen con los principios que informan a la responsabilidad objetiva. En primer orden, es imprescindible apuntar, que el artículo 32 de la Ley de Protección Fitosanitaria, establece un claro régimen de responsabilidad objetiva, de ahí que sea improcedente el reproche que la sentencia tiene una base jurídica errada. No se trata de un sistema de responsabilidad mixto como lo sugiere el recurrente, pues la norma no hace ese tipo de distinción. Literalmente se estipula que "quienes importen, fabriquen, formulen, reenvasen, reempaquen, distribuyan, almacenen, transporten, vendan y apliquen sustancias químicas, biológicas o afines para uso agrícola, estarán obligados a resarcir los daños y perjuicios que, con sus acciones u omisiones, ocasionen a la agricultura, la ganadería, la salud humana, y el ambiente". Así las cosas, la responsabilidad objetiva en casos de aplicación de sustancias químicas para uso agrícola, sí está legalmente tipificada, y ello implica que les sean aplicables los principios de ese tipo de figura. Ya la Sala Primera, en un fallo que comparte este Tribunal, se había pronunciado en torno al régimen de responsabilidad objetiva que se consagra en dicha norma, en una fattiespecie similar a las que nos ocupa. Así en Voto No. 607-F-02 de las dieciséis horas y quince minutos del siete de agosto estableció: "IV. Antes de hacer concreta referencia a las objeciones relativas a la valoración de la prueba, resulta apropiado, por la importancia que tiene en orden al tema de la carga probatoria, analizar brevemente las diferentes formas de responsabilidad civil extracontractual. Ante un evento productor de daños a terceros, el ordenamiento jurídico costarricense obliga a su reparación si fue causado por culpa del agente. Es la regla del artículo 1045 del Código Civil, coincidente con lo dispuesto en los numerales 1382 y 1383 del Código Civil francés, cuya normativa, como es bien conocido, insufló todo un movimiento codificador determinante del contenido de muchos de los códigos civiles del siglo pasado. Entre otros, el argentino (art. 1109 del Código Civil) y el español (art. 1902 del Código Civil). Su fundamento deriva a su vez de un proceso evolutivo, cuyo origen se atribuye a la lex Aquilia romana. Sin embargo, es en el Derecho Común, influenciado por los canonistas y consecuentemente por el pensamiento cristiano y el concepto de pecado, que la obligación de resarcir viene a concebirse como una consecuencia de un hecho reprochable. El daño, dentro de esta concepción, si no era imputable a un tercero no podía ser sino obra de la mano de Dios y por lo mismo no resarcible ni indemnizable. Al ofendido no le quedaba sino resignarse. Esta posición ideológica, brevemente esquematizada, aunada a la situación económico social imperante durante la transición del siglo XVIII al XIX, influyó decididamente en el proceso de codificación, comenzando, desde luego por el Código Napoleónico, de donde deriva el nuestro y por allí la regla supra indicada. Con todo, para entonces, a pesar de haberse vivido la primera revolución industrial, sus efectos escasamente se habían sentido. Frente a una economía básicamente agrícola, ganadera y artesanal, el problema de la imputación no era trascendente. Además, el carácter individualista inspirador de las codificaciones decimonónicas, obviamente sintonizaba mejor con esa regla. Los sujetos, se argüía, toman las decisiones por su cuenta y deben asumir sus consecuencias. La culpa, como criterio de imputación, tenía lugar cuando un sujeto se excedía en el ejercicio de su libertad, causando a otro un daño. El resarcimiento exigía que el agente actuase al menos con negligencia o imprudencia. La regla imperante era, pues, la responsabilidad civil subjetiva o por culpa, que, según se vio, asume originariamente como única alternativa el legislador costarricense. Ahora bien, desde el momento en que los efectos de la revolución industrial y posteriormente la tecnológica, comienzan a manifestarse y en particular como secuela de las grandes guerras mundiales, aquella regla comienza a ser deficitaria frente a la realidad. Surgen, bajo su impulso, nuevas teorías desarrolladas por la doctrina científica y más tarde una normativa especial. Ciertamente no dejó de operar la culpa como criterio de imputación, pero se imponen nuevas pautas. Nace y se consolida, en suma, la teoría del riesgo, cuya doctrina vendría a ser fuente de una novedosa legislación. Sintéticamente propone que si alguien crea un riesgo por encima de los estándares medios admisibles, obteniendo beneficios de la actividad riesgosa, no hay razón para que no cubra los daños que ella produzca. La realidad se ha encargado de reconocer la virtualidad de esta teoría. Empero no es dable aplicarla ilimitadamente. Los absurdos a los que puede conducir, han obligado a regularla para que opere solo frente a supuestos concretos, tanto en lo que mira a la tipificación de los daños pasibles de indemnización, cuanto al establecimiento de las tasas indemnizatorias. Recapitulando, el resarcimiento de los daños está regulado, en el derecho costarricense por una regla general, la de la responsabilidad por culpa, pero admite también la responsabilidad objetiva en los casos en que la legislación expresamente la autoriza y siguiendo los parámetros que ella misma dispone. Los fundamentos de donde derivan una y otra forma de responsabilidad civil extracontractual, como se adelantó, plantean cuestiones prácticas relativas a la carga de la prueba que conviene aclarar, y que inciden directamente en la resolución del presente caso. Frente al artículo 1045 del Código Civil, para que la víctima o sus causahabientes sean resarcidos del daño, además de probarlo, debe demostrarse la relación de causalidad entre el hecho dañoso y la culpa del agente. De aquí surge la máxima de que quien alega culpa, debe demostrarla. En la responsabilidad objetiva, el criterio de imputación no es el dolo o la culpa, por lo que no habrá que demostrarla. Esta forma de responsabilidad admite causas de exoneración que tienden a quebrar el nexo causal, como la fuerza mayor o el hecho de la víctima. En ese caso, quien las alegue debe probarlas. No debe confundirse esta forma de responsabilidad con otras de carácter subjetivo, también excepcionales, donde la carga de la prueba se invierte por razones de equidad. Aquí la víctima no tiene que demostrar la culpa del agente, será éste quien deba probar su falta de culpa, entendida generalmente como caso fortuito. Entre estas está la denominada responsabilidad indirecta o por hecho ajeno, en sus dos manifestaciones, in eligendo e in vigilando. La ley obliga, a quien encarga a otro la realización de determinado trabajo, a elegir a alguien apto y a vigilar su ejecución. Si el encargado en la ejecución y dentro del ámbito de confianza otorgado, causa daños a terceros, éstos pueden demandar directamente al mandante, quien responderá por un actuar doloso o culposo del encargado. Lo que se presume, en estos casos, es la culpa del mandante (in eligendo o in vigilando), no la del encargado. Ante esa presunción, el mandante puede demostrar su falta de culpa. V. La actividad desplegada por la empresa recurrente se enmarca, con claridad, dentro de las muchas que generan riesgos por encima de los estándares medios admisibles. La normativa administrativa regula esta actividad y establece las pautas a seguir para el buen resultado de su ejercicio (Reglamento para las Actividades de Aviación Agrícola, Número 15846, del 6 de noviembre de 1984). Sin embargo esa normativa no establece la responsabilidad civil por los daños que se ocasionen con la actividad. Son las Leyes de Protección Fitosanitaria número 7664, y la de Aviación Civil número 5050 del 11 de diciembre de 1972, las que la regulan. La primera dispone: Quienes importen, fabriquen, formulen, reenvasen, reempaquen, distribuyan, almacenen, transporten, vendan y apliquen sustancia químicas, biológicas o afines para uso agrícola, estarán obligados a resarcir los daños y perjuicios que, con sus acciones u omisiones, ocasionen a la agricultura, la ganadería, la salud humana y el ambiente”(artículo 32). La segunda establece: “Toda persona física o jurídica que utilice aeronaves destinadas a la aviación agrícola responderá por los daños que cause a las personas o bienes de terceros en la superficie “(artículo 107). Ambas determinan claramente una responsabilidad objetiva, ninguna obliga a la víctima a demostrar algún elemento subjetivo de imputación. Por ello basta con que se pruebe el daño y la relación de causalidad para imputar la responsabilidad civil a los sujetos que objetivamente deben responder, según las normas citadas. La Sala en un caso similar al presente, admitió la responsabilidad objetiva, hoy más que nunca obligada frente a problemas de orden ecológico" (Lo subrayado no es del original. Voto de la Sala Primera N° 398-F-01 de las 16:00 horas del 6 de junio del 2001). En este orden de ideas, no debe la parte actora demostrar la culpa o el dolo del sujeto productor del daño, sino el daño en sí y la relación de causalidad probable, ya que aún en la responsabilidad civil objetiva debe existir la prueba de ese ligamen o vinculación entre la actividad riesgosa puesta en marcha por el agente, y el daño ocasionado, y en esa misma línea de razonamiento se resuelve en la sentencia de primera instancia. La relación de causalidad no es extraña a la responsabilidad objetiva como lo afirma el recurrente, de ahí que no se comparta por parte de este Tribunal la apreciación o interpretación del Apoderado de la demandada, que el tema de la relación de causalidad a que se refiere el supuesto del ordinal 1048 del Código Civil, lo es para el caso que no se da una relación de causalidad entre la acción del chofer del vehículo y la muerte o lesión de la persona, al poder atribuirse responsabilidad a la empresa o persona explotadora del servicio por la actividad riesgosa y peligrosa que realiza. Lo anterior, porque más bien lo que alude el apelante es un tema de solidaridad, y conforme se indicó, el nexo causal es un elemento que está presente aún en el supuesto del régimen objetivo, solamente que con particularidades propias en cuanto a la prueba. Ciertamente por el tipo de actividad riesgosa de aplicación de productos químicos en la agricultura, la prueba del nexo causal en cuanto a los daños que ésta pueda producir muchas veces es indirecta o mediata, o indiciaria, lo que impregna de matices propios o particulares lo referente a la carga de la prueba y a la valoración de la misma. Se flexibilizan los requerimientos tradicionales de prueba, pero ello no implica que se elimine la demostración de la causalidad. A mayor abundamiento, ya la doctrina, en cuanto a la responsabilidad objetiva por daño ambiental, ha desarrollado principios, que estima este Tribunal son extendibles a los supuestos de actividades riesgosas, toda vez lógicamente comparten el mismo tronco o estructura de la responsabilidad objetiva. Esos nuevos criterios tienden a romper con fórmulas certeras o en extremo rigurosas heredadas de la responsabilidad civil subjetiva, que han evolucionado a conceptos como el de "causalidad adecuada" (Mosset, Tomo I, 1999, p.110 y 111). La demostración del nexo causal no significa que se requiera "seguridad o certidumbre total" pues es válido se presuma o infiera de determinadas conductas, ya que se trata de una posibilidad cierta, de una probabilidad en grado de razonabilidad (Mosset, Tomo I, 1999, p.113). Otros refieren, que el criterio de probablidad se funda en las reglas universales de la experiencia, es decir, para "establecer la vinculación de causa a efecto entre dos sucesos, es necesario realizar un juicio retrospectivo de probabilidad o idoneidad cuya formulación es la siguiente: ¿la acción u omisión que se juzga per se es apta o adecuada para provocar normalmente esa consecuencia ? Ese juicio debe emplazarse no desde la óptica del sujeto actuante, sino en abstracto, en un plano objetivo, con prescindencia de lo efectivamente sucedido, atendiendo a lo que usualmente ocurre" (Goldenbert, 2001, p 28). De igual modo se ha apuntado, la teoría de la "condición peligrosa", a propósito del análisis causa-efecto, según la cual, si la acción u omisión puede considerarse, en abstracto, como creadora de un peligro capaz de promover el suceso dañoso: a) o se "relaja" la carga de la prueba que pesa sobre el actor o b) se llega directamente a una inversión de dicha carga". (Mosset, Tomo I, 1999, p 115). De esta forma, comprobada por parte del actor en forma razonable la causalidad, es decir, que el daño alegado tiene una alta probabilidad razonable de haber sido originado por la actividad de riesgo realizada por la parte demandada, debe en consecuencia la segunda demostrar que su actividad no ha sido la que generó el daño, y que es achacable al hecho de la víctima o de un tercero. En un voto reciente, No.457 de las catorce horas treinta minutos del diez de abril del dos mil trece, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado en este sentido. Si bien en esa sentencia se analiza el tema de la responsabilidad objetiva en materia de consumidor, igualmente se desarrollan conceptos aplicables a la que se origina por actividades de riesgo y sus efectos en cuanto a la carga de la prueba. Bajo esta tesitura no lleva razón el apelante, que se haya efectuado una interpretación indebida del artículo 317 del Código Procesal Civil, ya que por las razones dichas, en cuanto a esa causalidad, la carga de la prueba en responsabilidad objetiva, implica que el actor debe de demostrar esa vinculación razonablemente probable entre el daño y la actividad riesgosa desplegada por el demandado, y este último probar que el daño ha sido más bien causado por un hecho de la víctima o de un tercero, y que no se origina en su actividad. Por otro lado, no resulta de recibo el reclamo que en la demanda no se invocó la aplicación de la responsabilidad objetiva, toda vez analizada la misma, propiamente el acápite de los fundamentos de derecho, en su formulación la parte cita precisamente a la Ley de Protección Fitosanitaria (folio 66).
IV.En lo que concierne al cuarto y quinto agravio, tampoco lleva razón la parte apelante. Ciertamente en la contestación de la demanda se alegó que la parte actora realizó labores de fumigación en forma concurrente con las labores de la demandada, lo cual ha quedado acreditado con las manifestaciones contenidas en el hecho segundo de la demanda (folio 59). Pero contrario a lo que sostiene la parte demandada, sí se demostró por parte del actor la "causalidad adecuada", de que la aplicación de los productos químicos que había hecho la accionada en el cañal tenían la capacidad de provocar el daño que se patentizó en el cultivo de sandía, de ahí que si la accionada pretendía demostrar que era más bien por un hecho de la víctima, debió de haberlo probado. No se trataba que el demandado demostrara que las muestras de sandía, llevadas al laboratorio, no tenían presente el químico aplicado en el cañal, sino acreditar en forma razonable que ese daño se debía a productos que aplicara el actor en su propia plantación de sandía, y no limitarse a generar una mera duda o especulación. Previo a referir la prueba, es menester apuntar que todo cultivo agrícola requiere lógicamente de aplicación de sustancias químicas o biológicas para controlar plagas o enfermedades, o malezas, de ahí que de aceptarse el argumento del recurrente, en la gran mayoría de los casos no podrían concederse indemnizaciones por daños de terceros a esos cultivos, pues siempre se podría construir una alegato por parte de quien figure como demandado, que se debe a los químicos que se aplican normalmente en todo proceso productivo. Tal y como se explicó en el considerando precedente, por la naturaleza de la actividad riesgosa desplegada, la carga de la prueba tiene sus particularidades propias en la responsabilidad objetiva, producto de una redefinición del sistema clásico, que en nuestro ordenamiento se concreta en la Ley de Protección Fitosanitaria, a fin de dar una verdadera respuesta a problemas concretos de la producción agraria moderna. En la especie la prueba es abundante en cuanto a la causalidad aludida, lo cual se razona y valora en forma amplia en la sentencia. Consta un informe técnico, emitido por el Ingeniero Noel Pomares Zúñiga, como funcionario del MInisterio de Agricultura y Ganadería, de Filadelfia, Carrillo, Guanacaste, en el que indica que el 22 de julio del 2002 realizó la inspección de la finca en posesión del actor (colindante claro está con la finca donde se ubica el cañal de la demandada), en donde se encontraban dos lotes de sandía, y se observaron "fuertemente afectados en la parte foliar de las matas de sandía por un aspecto adormilado de las hojas tal como si fuesen sido afectados por un herbicida hormonal". Igualmente indicó que la dirección del viento de este a [Dirección1] lamentablemente favoreció la dispersión de partículas. Se desprende de su informe, que indica la sandía es muy sensible al herbicida 2,4 D, y que entre más cerca estaban las plantas del lote de caña, más presentaban "síntomas de intoxicación". Aunque señala que solamente un estudio de laboratorio podría decir "con toda certeza" que era por efecto de las moléculas de 2,4 D, a su vez apunta que "la experiencia de campo y el conocimiento sobre los efectos de ese hormonal sobre las hojas anchas en general y las cucurbitáceas" indican "ostensiblemente" la presencia de daños por efecto de ese herbicida (folio 33 y 34). Se trata de un informe de un funcionario público que trabaja en el MInisterio competente en la materia y conocedor del cultivo, lo cual le da un importante valor probatorio, y no ve este tribunal motivo alguno para restarle fe. Por su parte, en la contestación a la demanda, la parte demandada acepta como cierto "que el día 19 y 20 de julio de 2002 se procedió a fumigar el inmueble que mi representada arrendaba a El Malijo S.A" (folio 132). Nótese que la parte reconoce que fumigó su cañal, y aunque desde ese momento pretende indicar que no fue su fumigación el agente provocador del daño, acusando que el actor había también atomizado ese día, es importante recalcar que en ningún momento negó que se tratara del químico 2,4 D referido en el hecho segundo de la demanda, como lo pretende hacer ver en este recurso. El hecho fue admitido como cierto, con excepción de lo que específicamente fue aclarando en la misma respuesta al mismo, pero nunca desmintió que se tratara de esa sustancia. Ambos elementos probatorios, permiten acreditar esa causalidad adecuada en el sentido que la aplicación de 2.4 D en la finca donde se ubica el cañal del demandado provocó el daño, momento en el cual se empieza a evidenciar la intoxicación de la sandía más próxima al mismo, lo que se complementa con el informe técnico que dictamina que si se aplicara ese químico efectivamente ocurriría esa tipo de afectación en el sandillal. Las reglas mínimas de la lógica y la experiencia humana, permiten deducir esa probabilidad razonable de que la actividad de aplicación de ese químico 2,4 D provocó el daño en el cultivo de sandía. No era necesaria, dada la materia que nos ocupa, que el actor con absoluta certeza demostrara científicamente la específica presencia del químico en las sandías. A mayor abundamiento, en el informe pericial, rendido dentro de este proceso por el Ingeniero Luis Alberto Aguilar Rodríguez (folio 206), se confirma el hecho que el herbicida 2,4 D es un producto sistémico que se absorbe por las hojas o la raiz y se transporta por la savia a todo el cuerpo alcanzando tejidos internos y partes no rociadas, se acumula en regiones de crecimiento e induce malformaciones que matan a la planta, que sirve para el control de maleza de hoja ancha, siendo el viento un buen dispersador. Agrega que dado que las curcubitáceas son de hoja ancha son muy sensibles a ese herbicida, y que debido a ello puede manifestar "que las observaciones descritas por el técnico Ing. [Nombre6]. Noel Pomares Zúñiga, corresponde a un daño causado por el herbicida 2,4D". Bajo este orden de ideas, se concluye que la parte actora cumplió en forma razonable con la carga de la prueba, y con los medios probatorios que tenía a su alcance, máxime que por el tipo de evento, con el paso del tiempo se va dificultando la obtención de otros elementos probatorios. Ahora bien, no demostró el demandado que el daño en el cultivo de sandía, se debiera a la actividad de atomizos de la propia parte actora. Uno de los elementos que pretende hacer valer para descargar su responsabilidad es el hecho que el actor mencionara en la demanda que ese día estuvo haciendo en forma concurrente esas labores, sin embargo, el accionante acreditó que lo que aplicó en su plantación fueron sustancias para dar más follaje al cultivo (declaración de [Nombre7] a folio 181) y que esos atomizos anteriomente se habían hecho sin que hubiese pasado algún daño (declaración de [Nombre2] a folio 183). Tales declaraciones cobran vital importancia si se suman al hecho de que en la visita del Ingeniero Pomares Zúñiga, se constató que la intoxicación se evidenciaba con mayor magnitud precisamente en el área próxima al cultivo de caña, de ahí que resulte muy poco probable pensar que el propio actor se autoaplicó el 2,4 D u otra sustancia que pudiese generar ese tipo de daño. Además si el demandado consideraba que nunca había aplicado el 2,4 D para fumigar el cañal, llama poderosamente la atención que no demostrara entonces cuál fue el químico que realmente aplicó, pues tenía las probanzas a su alcance, a fin de descargar la responsabilidad achacada. Nótese que los testigos ofrecidos por el demandado no fueron capaces de indicar cuál fue entonces la sustancia que dispersaron en la plantación de caña. Las mencionadas pruebas de laboratorio que se citan el recurso de apelación, y que constan a folio 112 a 130, realizadas por el Laboratorio Químico Lambda, en las que pretende el recurrente basar su censura a la valoración de la prueba, no son prueba suficiente para liberarse de su responsabilidad. En primer término fueron pruebas realizadas un mes después de los hechos, desconociéndose la fecha efectiva de recolección de la muestra. Al menos de la declaración de [Nombre3] no se logra desprender esa circunstancia temporal (folio 222), aspecto que se objetó por parte de la actora en la réplica a la contestación (folio 146). Asimismo, de la declaración de Rafael Isaac Amón Pérez, Gerente de dicho Laboratorio Químico, se infiere que las muestras fueron llevadas al laboratorio por parte de la demandada, sin ninguna participación del laboratorio, y aún suponiendo que la actora hubiese participado o autorizado la recolección como lo pretende sugerir el testigo [Nombre3] , lo cierto es que el resto de la cadena de custodia de esa prueba no ha sido acreditada, tal y como se censura en la sentencia. Pero no obstante lo anterior, estima este Tribunal, que lo importante a resaltar es que el propio testigo manifestó que no podía garantizar "el cero absoluto" y que en dichos resultados al consignarse "menor a" significaría entonces la ausencia de los químicos. Así las cosas, las limitaciones propias de esa prueba de laboratorio no hace posible que predomine sobre todos los otros elementos que demostró la parte actora, aunado a los padecimientos relacionados con la custodia de esa prueba. La descarga de la prueba para el demandado, no se resume o limita únicamente a demostrar que determinados químicos de su escogencia no están presentes en las muestras para el límite de cuantificación de los procedimientos y técnicas aplicadas, sino que debió de haber ido más allá y pedir un análisis de la presencia de otros químicos que a su juicio fueron aplicados por el actor y que serían los agentes productores del daño. A este Tribunal le merece fe lo observado por el Ingeniero Pomares Zúñiga en cuanto a que las plantas de sandía presentaban una "intoxicación", y la alta probabilidad de que de haber estado en contacto con el 2,4D ese hubiese sido el resultado, así como la dirección del viento en forma desfavorable, y la mayor evidencia de afectación en el sector más cercano al cañal, de ahí que la prueba útil que debió de haber aportado la parte demandada era un análisis de laboratorio integral que determinara los motivos de la intoxicación. El recurrente pretende justificar uno de sus embates aduciendo que el deponente [Nombre3] declaró que desconocía si en la propiedad donde estaba sembrada la caña se aplicó el 2,4 D, sin embargo, tal y como se expuso supra eso no lo negó el demandado en la contestación, y debió de haber demostrado que fue lo que en realidad aplicó en su finca. Señala el apelante, que el perito [Nombre4] , no descartó que otros agentes tanto químicos como biológicos sean potencialmente causantes de esos resultados, pero el que debió de haber demostrado eso era el demandado. Por su parte, los reproches que hace en cuanto a la falta de objetividad de [Nombre5] , en pro del actor, no lleva razón, pues más bien el hecho de que ocupe una posición en la Agencia de Servicios Agropecuarios del M.A.G., y que ello genere una relación continua y directa con la parte actora, función de asesoría directa al productor, más bien lo convierte en un testigo conocedor y calificado, además que que coincide con los testigos en cuanto a que las plantas verdaderamente se mostraban con un daño, y sus conclusiones técnicas fueron ratificadas por el perito judicial. El hecho de que en la sentencia se omite tomar en cuenta que ese ingeniero en ese mismo informe indica que únicamente con un informe de laboratorio es dable establecer o descartar la presencia de herbicida 2.4 D, no desvirtúa o resta valor a su informe, pues la absoluta certeza no era necesario demostrarla y el propio Ingeniero [Nombre5] apuntó que de su experiencia técnica podía aseverar sin dificultad que el 2,4 D podría causar el daño. Asimismo sus manifestaciones en el informe en torno a las virtudes del actor como productor, y la afectación que sufrió a raíz de los hechos, no le restan credibilidad, toda vez su informe tiene una buena base técnica, avalado posteriormente por el perito judicial, y esas afirmaciones como se indica en la sentencia, deben de ser contextualizadas ante el impacto que se tuvo por la seria magnitud del daño causado.
V.En cuanto al último reproche, relativo a la extensión del área afectada, señala el apelante que del acta de inspección confeccionada por la autoridad de polícía Clímaco Vásquez Moraga, resulta particularmente llamativo un aspecto que contradice las afirmaciones de la parte actora respecto a la extensión y cobertura del daño. Propiamente acusa que en el acta se indica se reduce a un lote de aproximadamente dos hectáreas, no de seis ni de ocho, teniendo un supuesto daño a la vista de seis surcos y que la sentencia descarta esa conclusión. Ciertamente consta un acta policial realizada el 20 de julio del 2002 (folio 4), sin embargo a juicio de este Tribunal no contradice los restantes elementos probatorios que han permitido acreditar la afectación de todo el cultivo. Lo anterior porque en esa acta, contrario a lo que interpreta el apelante, no se establece en forma clara y categórica que el daño era solamente sobre seis surcos, toda vez de su lectura integral se concluye que no se sabe si lo que indica el oficial es porque lo observó o porque el afectado se lo comentó. Dicha prueba debe de ser valorada en conjunto con otros elementos más precisos, que han sido ampliamente citados y valorados en la sentencia de primera instancia. En primer orden, el acta de folio 32, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, realizada el 5 de agosto del 2002, en el que se dictamina la pérdida total de ambos lotes de sandía, y que incluso se intentó contrarrestar la intoxicación con azúcar y leche pero sin resultado. En el mismo sentido el informe del Ingeniero Pomares Zúñiga en el que se se dictamina que ambos lotes se veían fuertemente afectados, acotando que era más grave la intoxicación entre más cercanos estaban al cañal (folio 33), lo que se confirma con las testimonial de [Nombre7] y [Nombre2] (folio 181 a 183). El hecho de que se evidenciara mayor intoxicación en un sector que en otra, no desvirtúa la afectación total, que se confirma precisamente en el informe practicado por el [Nombre8] el 5 de agosto, supra citado. Así las cosas, aunque en la sentencia se refiere una especie de acción progresiva del agente en días posteriores, lo que reprocha el apelante al afirmar que no hay prueba técnica en ese sentido y que más bien el perito [Nombre4] expuso que el efecto del 2, 4 D es inmediato, no resulta en realidad relevante, porque hay prueba técnica que evidencia que la intoxicación fue total, y lo más importante, que no hubo forma de solventar el problema.
POR TANTO
Se confirma el fallo.
VANNESSA FISHER GONZÁLEZ - JUEZ/A DECISOR/A [Nombre9] [Nombre1] - JUEZ/A DECISOR/A [Nombre10] - JUEZ/A DECISOR/A Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.
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