Coalición Floresta Logo Coalición Floresta Search Buscar
Language: English
About Acerca de Contact Contacto Search Buscar Notes Notas Donate Donar Environmental Law Derecho Ambiental
About Acerca de Contact Contacto Search Buscar Notes Notas Donate Donar Environmental Law Derecho Ambiental
Language: English
Beta Public preview Vista previa

← Environmental Law Center← Centro de Derecho Ambiental

Invincible mistake of law based on administrative ruling in invasion of protected areaError de prohibición invencible por pronunciamiento administrativo en invasión de área de protección

View document ↓ Ver documento ↓ View original source ↗ Ver fuente original ↗

Loading…Cargando…

OutcomeResultado

Partially grantedParcialmente con lugar

The criminal acquittal is upheld based on an invincible mistake of law, but the rejection of the civil damages claim is overturned and a retrial is ordered solely on civil liability and restoration of the site.Se confirma la absolución penal del imputado por error de prohibición invencible, pero se anula el rechazo de la acción civil resarcitoria y se ordena reenvío para nueva sustanciación únicamente sobre la responsabilidad civil y la restitución del sitio.

SummaryResumen

The Cartago Criminal Appeals Court reviewed the acquittal of a defendant charged with invasion of a protected area for filling a stream bed on his property with debris. The trial court had acquitted based on doubts about the public status of the stream, lack of intent, absence of environmental harm, and a supposed violation of the principle of congruence between charge and sentence. The Appeals Chamber rejected the Public Prosecutor's appeal but partially upheld the State's appeal as civil party. It confirmed the acquittal on criminal charges, but on different grounds: the defendant acted under an invincible mistake of law, because the Water Directorate initially informed him the stream was not public domain, a ruling later revised months after the acts. The court classified this as a mistake of law (prohibition) rather than a mistake of fact, given the legal complexity of the “protected area” concept. However, it overturned the rejection of the civil claim for damages, finding that environmental harm did occur and the trial court failed to provide adequate reasoning. It ordered a retrial solely on the civil liability and the request for restoration of the site, with participation of the current landowner.El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago revisó la absolución de un imputado por el delito de invasión de área de protección, tras haber rellenado con escombros el cauce de una quebrada que discurría por su propiedad. El tribunal de juicio absolvió argumentando duda sobre el carácter público del cauce, falta de dolo, ausencia de lesión al bien jurídico y quiebre de la correlación entre acusación y sentencia. La Cámara de Apelación rechazó el recurso del Ministerio Público, pero acogió parcialmente el de la Procuraduría como actor civil. Confirmó la absolución penal pero por una razón distinta: el imputado actuó bajo un error de prohibición invencible, pues la Dirección de Aguas le informó en un primer momento que el cauce no era de dominio público, cambiando el criterio meses después. Se calificó el error como de prohibición, no de tipo, por la complejidad normativa del concepto de área de protección. No obstante, anuló el rechazo de la acción civil resarcitoria y ordenó un reenvío para nueva sustanciación, al considerar que sí existió daño ambiental y que el tribunal no fundamentó adecuadamente su decisión sobre la responsabilidad civil.

Key excerptExtracto clave

Based on the foregoing, the first pronouncement issued by the Water Directorate official of MINAE, Mr. [Name22], on the nature of the watercourse passing in front of the properties in conflict, arose from the defendant’s own request, who sought the corresponding determination from the authority responsible for establishing whether it was a public or private watercourse, and the official concluded that it was not a public watercourse, at the very time the defendant was carrying out the filling of his lot with earth and debris. […] Thus, it is fully demonstrated that the defendant approached the appropriate administrative body to determine whether the watercourse crossing his property was public domain, receiving an official response that it was not, after a specialist and public official with competence to do so conducted the corresponding study and walked the relevant watercourse, so that, as the trial court resolved, it is not possible to attribute to the defendant [Name1] knowledge that said watercourse was public domain, within the terms established in Article 1 of the Water Law and for purposes of determining the existence of a protection zone as regulated by Articles 33 and 58 of the Forestry Law. It is clear and evident from the foregoing that the defendant acted under a mistake regarding knowledge of the public domain character of the watercourse on which he carried out the filling with earth and debris, a mistake which in turn prevented him from knowing of the existence of a protection zone of fifteen meters on each side of the watercourse’s banks and along its length; equally, said mistake was invincible, because the defendant, fulfilling his duty to inform himself, requested the corresponding pronouncement from the competent state authority, being informed that the watercourse in question was not public domain, a pronouncement that, although it was later revoked, occurred several months after the facts attributed to him in the charge and the indictment had been committed.De acuerdo con lo anterior, el primer pronunciamiento que emitió el funcionario de la Dirección de Aguas del MINAE, señor [Nombre22] , sobre la naturaleza del cauce que pasa frente a las propiedades en conflicto, surge por gestión del propio encartado, quien solicitó el pronunciamiento respectivo al órgano encargado de determinar si se estaba en presencia de un cauce de dominio público o privado, concluyendo el respectivo funcionario que no se trataba de un cauce de dominio público, ello justo en el momento en que el imputado está realizando la labor de relleno de su lote, con tierra y escombro. [...] Así las cosas, está plenamente demostrado que el encartado recurrió ante el órgano administrativo correspondiente para que se determinara si el cauce que pasaba por su propiedad era de dominio público, recibiendo como respuesta oficial, que no lo era, luego de que un especialista y funcionario público con competencia para ello, realizara el estudio correspondiente y recorriendo el cauce respectivo, de manera que, tal y como lo resolvió el Tribunal de Juicio, no es posible atribuirle al imputado [[Nombre1] ] que conociera que el mencionado cauce era de dominio público, en los términos que lo establece el artículo 1° de la Ley de Aguas y para los efectos de determinar la existencia de una zona de protección según lo regulan los artículos 33 y 58 de la Ley Forestal. Es claro y evidente a partir de lo antes expuesto, que el encartado actuó bajo error en cuanto al conocimiento del carácter de dominio público del cauce sobre el cual realizó un relleno con tierra y escombro, error que a su vez le impidió conocer la existencia de una zona de protección de quince metros a cada lado de la rivera del cauce y a lo largo de mismo; así mismo que dicho error fue de carácter invencible, porque el justiciable, cumpliendo con el deber de informarse, solicitó del órgano estatal competente el pronunciamiento respectivo, siendo informado de que el cauce en cuestión no era de dominio público, pronunciamiento que si bien fue revocado, ello sucedió varios meses después de haber realizado los hechos que se le atribuyeron en la acusación y la querella.

Pull quotesCitas destacadas

  • "Así las cosas, el imputado [Nombre [Nombre4]] realizó una acción típica y antijurídica pero no culpable, por haberse excluido en virtud de un error de prohibición invencible el elemento de la culpabilidad de la conciencia de la antijuridicidad, tal y como lo prevé el numeral 35 del Código Penal."

    "Thus, the defendant [Name4] carried out an action that was typical and unlawful but not culpable, because the element of guilt—awareness of unlawfulness—was excluded by virtue of an invincible mistake of law, as provided in article 35 of the Penal Code."

    Considerando II.D, párrafo final

  • "Así las cosas, el imputado [Nombre [Nombre4]] realizó una acción típica y antijurídica pero no culpable, por haberse excluido en virtud de un error de prohibición invencible el elemento de la culpabilidad de la conciencia de la antijuridicidad, tal y como lo prevé el numeral 35 del Código Penal."

    Considerando II.D, párrafo final

  • "El error sobre un elemento normativo simple del tipo debe ser tratado como un error de tipo y cuando el elemento normativo es complejo, como un error de prohibición, porque solamente en el segundo supuesto se afecta la comprensión de la antijuridicidad de la conducta."

    "A mistake regarding a simple normative element of the crime definition should be treated as a mistake of fact, and when the normative element is complex, as a mistake of law, because only in the latter case is the understanding of the unlawfulness of the conduct affected."

    Considerando II.D, desarrollo doctrinal

  • "El error sobre un elemento normativo simple del tipo debe ser tratado como un error de tipo y cuando el elemento normativo es complejo, como un error de prohibición, porque solamente en el segundo supuesto se afecta la comprensión de la antijuridicidad de la conducta."

    Considerando II.D, desarrollo doctrinal

  • "dicho error fue de carácter invencible, porque el justiciable, cumpliendo con el deber de informarse, solicitó del órgano estatal competente el pronunciamiento respectivo, siendo informado de que el cauce en cuestión no era de dominio público, pronunciamiento que si bien fue revocado, ello sucedió varios meses después de haber realizado los hechos."

    "Said mistake was invincible, because the defendant, fulfilling his duty to inform himself, requested the corresponding pronouncement from the competent state authority and was informed that the watercourse in question was not public domain, a pronouncement which, although it was later revoked, occurred several months after the acts had been committed."

    Considerando II.D, conclusión del error

  • "dicho error fue de carácter invencible, porque el justiciable, cumpliendo con el deber de informarse, solicitó del órgano estatal competente el pronunciamiento respectivo, siendo informado de que el cauce en cuestión no era de dominio público, pronunciamiento que si bien fue revocado, ello sucedió varios meses después de haber realizado los hechos."

    Considerando II.D, conclusión del error

Full documentDocumento completo

Procedural marks

Res: 2014-295 Court of Appeal of the Criminal Sentence of Cartago, Section Two. At eleven hours fifteen minutes on the tenth of July of two thousand fourteen.

Appeal of a criminal sentence filed in the present case against [Nombre [Nombre1]], an adult, [...], for the crime of Invasion of a Protected Area (Invasión de Área de Protección), to the detriment of Natural Resources. The judges Jorge A. Camacho Morales, Gustavo Chan Mora, and Ingrid Estrada Venegas intervene in the decision on the appeal. Appearing on appeal were the attorneys [Nombre2], in the capacity of Assistant State Attorney (Procurador Adjunto), and [Nombre3], representative of the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público).

Resulting:

1. That through Judgement Number 110-2013 of eleven hours on the eighteenth of March of two thousand thirteen, the Criminal Trial Court of the First Judicial Circuit of the Southern Zone, Pérez Zeledón venue, resolved: "THEREFORE (Por tanto): In accordance with the foregoing and Articles 28, 29 and 41 of the Political Constitution, 8 and 9 of the American Convention on Human Rights, 1, 6, 9, 142, 184, 265 to 270, 360 to 366 of the Code of Criminal Procedure (Código Procesal Penal), 1, 30, 34 and 45 of the Criminal Code (Código Penal), in application of the universal principle in dubio pro reo, [Nombre [Nombre4]] IS ACQUITTED (SE ABSUELVE) of all punishment and responsibility for the crime of INVASION OF A PROTECTED AREA (INVASIÓN DE ÁREA DE PROTECCIÓN) attributed to him as committed to the detriment of NATURAL RESOURCES. The civil action for compensation (acción civil resarcitoria) brought against him by the State IS DECLARED WITHOUT MERIT (SIN LUGAR). The request for restitution of things to their prior state is rejected, without prejudice to the ability of the neighbors affected by the works or the Municipality of Pérez Zeledón to request or order it through the corresponding channels. This sentence is issued without special award of costs (costas), and the expenses of the criminal proceeding are to be borne by the State. NOTIFY. [Nombre5]. Judge." (sic)

2. That against the previous ruling, the attorneys [Nombre2] and [Nombre3] filed the appeal.

3. That having verified the respective deliberation in accordance with the provisions of Article 466 of the Code of Criminal Procedure, reformed by Law 8837 published on the ninth of December of two thousand eleven (Creation of the Sentence Appeal Remedy), the Court considered the issues raised in the appeal.

4. That the relevant legal prescriptions have been observed in the proceedings.

Drafted by Judge [Nombre6], and;

Considering:

I.- A) Attorney [Nombre3], Auxiliary Prosecutor of the First Judicial Circuit of the Southern Zone, filed an appeal against sentence No. 110-2013 of 11:00 hours on March 18, 2013, issued by the Criminal Trial Court of Pérez Zeledón. In the first ground, he alleges disagreement with the assessment of the evidence due to a violation of the rules of sound criticism (sana crítica) and a lack of intellectual reasoning (fundamentación intelectiva). The appellant argues that the statement contained in proven fact 2, in the sense that water from a straw (paja) only flows through the stream in certain seasons, is not true because the watercourse is permanent throughout the year, which is confirmed by [Nombre [Nombre7]] and [Nombre [Nombre8]], who live next to the accused's lot where the course of the stream was affected, as well as by the declaration of [Nombre9], an official of the Water Department of MINAE, who issued report IMN-DA-2452-2009, viewable in the electronic file images 73 to 76. The challenger states that the doubt that assists the judge is based on an earlier report (No. IMN-DA-0788-2009), in which the accused induced the witness [Nombre9] into error, when he conducted the inspection, hiding from him that the stream's watercourse was fed by the waters of two springs (nacientes) (known by the names [Nombre10] and [Nombre11]). Attorney [Nombre12] affirms that the judge incurs another improper assessment of evidence, issuing subjective and unfounded criteria, by estimating that the variation in [Nombre9]'s criterion is due to pressure from the witness [Nombre13], when [Nombre9] himself declared that the correction was because the accused himself deceived him regarding the origin of the waters, so that when [Nombre13] pointed out the error to him, he made the correction out of ethics and justice and never mentioned having received pressure in this regard. The challenger concludes by pointing out that it is not a current of water through which rainwater flows but rather waters from springs, all of which converts the watercourse into a stream and therefore into public domain waters. The second ground is based on the defect of incorrect application of the principle in dubio pro reo. Still in relation to proven fact 2 in the sentence, the Prosecutor alleges that the judge's doubt is supported by the study carried out by the biologist [Nombre14], contracted by the accused, arguing that it did not unduly benefit him, because he testified coherently and consistently with the evidence produced, but the specialist declared that he did not enter any of the properties nor did he corroborate that the indicated springs feed the stream whose watercourse the accused diverted and obstructed, since he conducted the study from the street, circumstances that detract from the biologist's study, who is also not the suitable professional to render a study of such a nature, as [Nombre9] is, who is an official of the Water Department. This is how, from proven fact 2, by denying that watercourse the character of a stream, an entire erroneous scheme of the sentence is generated that violates Articles 33 of the Forestry Law (Ley Forestal) and 1 of the Water Law. The third ground presents a claim against the challenged resolution based on the existence of the defect of violation of the principle of congruence between accusation and sentence, stating that the appealed sentence analyzes that, according to the second fact of the accusation, the stream called [Nombre15] passes through the properties of the injured parties, but the judge indicates that it is not that stream, and that this implies an essential variation of the alleged factual hypothesis, an erroneous position arising in this regard for the following reasons: (i) Although the accusation names the stream [Nombre15], it also locates the properties of the injured parties and the accused in the locality of Rivas de Pérez Zeledón, 300 meters north of the church, and that the stream is fed by the waters of the [Nombre10] and [Nombre11] springs, as well as a straw from the Buenavista River, which are sufficient reasons to prove that there is a stream that passes in front of said properties. (ii) There is a certain fact that a stream passes through the properties of the injured party and the accused and that it was obstructed and its course diverted by the accused, which is sufficient for the waters that flow through its watercourse to be considered public domain and for the stream to have a protected area (área de protección) in accordance with Article 33 of the Forestry Law, an area that was invaded by the accused, as the witnesses acknowledged. (iii) The sentence indicates that the cartographic location of the [Nombre15] stream places it 820 meters from the place where the fill was verified, which is irrelevant and in no way violates the right of defense because: a) As witness [Nombre9] proved, the cartographic sheets do not record all the watercourses, rivers, and streams that make up the country's hydrographic network, because the cartographic sheets are updated periodically, and the courses of rivers, tributaries, streams, etc., vary much more frequently, without a cartographic sheet being able to prevail over physical reality. b) It matters little whether the neighbors call that stream [Nombre15] or otherwise; what is significant and legally relevant is its existence, its public domain character, and that its protected area was invaded and altered by the accused. c) The consultation made by the judge of the Cartographic Sheet Costa Rica 099 San Isidro: 3444 II via the internet is totally illegitimate, because it implies production and incorporation of evidence not permitted to the judge and was not made known to the parties, and due to lack of credibility because of outdatedness and because it is not known if the consulted source is official or not. In the fourth ground, it is alleged that for the judge it was not proven that the accused acted with intent (dolo), when the testimonial evidence is overwhelming in affirming the contrary. There is no possibility of considering that the accused's conduct was protected by an error of law (error de derecho), by some cause of justification, or by force majeure. The agent's interest was to give the lot a higher commercial value in order to sell it, as was proven with the testimony of Mrs. [Nombre16], who acknowledged that the land is in her name because she lent her name to a friend of her children, Mr. [Nombre17], which confirms that the accused sought profit for himself and achieved it. The witness [[Nombre18]] was absolutely clear in pointing to the accused as the one who brought the debris material to the land, and the witness [[Nombre19]] mentions the name of the person whom the defendant entrusted the work to, Mr. [Nombre20], and it was the accused who disobeyed the precautionary measure issued by MINAE, all of which shows intentional conduct on the part of the accused. Fifth Ground: It is argued that the judge argued that the works carried out by the defendant did not cause any damage to natural resources, but only an annoyance to the injured parties, since by not draining well, the waters flooded the area and a mudhole was produced, and also that other neighbors have carried out similar works and that no one has reported them. She also mentioned that no forest was affected, that there is a road next to the stream, and that it is a zone highly intervened by human action. The challenger states that the judge's reasoning is removed from logic, sound criticism, and objective assessment of the evidence. The file is full of photographs that reveal the gravity of the results: flooded streets, overflowing of the stream, isolated homes, etc. Furthermore, Article 58 of the Forestry Law describes the criminal conduct as invasion of a conservation or protection area and does not require that the invasion take place in a forested area (área boscosa) or with some type of trees in its vicinity. Nor does the fact that other neighbors have built civil works on the same stream diminish the affectation, since the fact that others act illegally does not legitimize the accused's conduct, and the existence of a road on the edge of the stream is due to the State's imperium powers, whereby for reasons of public interest it is legitimate to build such types of works, complying with the requirements of the law. It is requested to "revoke" the sentence and order the corresponding remittal. B) Attorney [Nombre2], representative of the State, who appears as complainant (querellante) and civil party (actor civil), also filed an appeal against the aforementioned sentence No. 110-2013. In the first ground, he develops the defect of improper and erroneous reasoning (fundamentación), which, he considers, presents the challenged ruling. Attorney [Nombre2] argues that the A quo affirms in the proven facts, that in the front part of the injured parties' properties, a ditch or depression was formed as a result of Hurricane César, and that rainwater flows through it and on some occasions water from a straw or channel used by Viveros la Bonita for irrigation, leaving her in doubt as to whether waters from natural springs discharge into said watercourse since it has no name and does not appear on the San Isidro Cartographic Sheet. Furthermore, according to the complaint and the accusation, the [Nombre15] stream was affected. The grievances are specified as follows: (i) The judge gives credibility to the witness [Nombre21], indicating that he, in issuing his opinion, based it on the San Isidro cartographic sheet of the IGN, in which no public domain watercourse appears on the injured parties' property, that he had walked about two and a half kilometers up along the public street and had also based it on the first report rendered by the official of the Water Directorate, Mr. [Nombre22], an official who in the second report was conclusive in that the stream is not identified by any name and that he visited the place of the events because the watercourse does not exist cartographically, however, the sentence does not establish a parameter or basis to indicate and affirm that a watercourse that is not on the cartographic sheet does not materially exist, when the cartographic sheet is an instrument that does not provide exact and precise criteria about all watercourses. All of the above makes the reasoning of the sentence insufficient to consider that the earthworks (movimiento de tierras) and the water diversion carried out by the accused was not carried out in a public domain watercourse. (ii) In relation to the defect in the accusation and the complaint that the Trial Court sets out in the sentence, in the sense that the accused had invaded the public domain stream called [Nombre15], for having been proven that said stream is far from the injured parties' properties and has not been affected, such that he could not now be told that it was another stream. In this regard, the appellant states that the fact that it was determined in the contradictory proceeding that it was not the [Nombre15] stream that was invaded does not automatically mean that the criminal action cannot proceed, because this does not alter the factual details of the place of the punishable act and its description, or the time in which it was committed, but rather a simple variation in nomenclature that does not affect the congruence that the ruling must have. (iii) Regarding the A quo judge's doubt as to whether it was a public domain watercourse or not, the challenger states that for the jurisdictional authority the witnesses were not sufficiently clear in this regard and that the witness [Nombre23] could not establish said nature of the watercourse, which is reproached by detracting from his credibility, when he was very clear in indicating what his functions were in MINAET, and that it was up to the officials of the Water Directorate to determine the character or not of a public domain watercourse, so that although the witness [Nombre23] works as the head of a conservation area and has worked in that institution for a long time, responsibilities that do not correspond to him cannot be attributed to him, and on which he has no obligation to pronounce. (iv) The A quo judge reached a reasonable doubt as to whether the watercourse was of public domain or not, it being proven that the accused did carry out a fill that caused a pooling of water that damages the neighboring properties. In this regard, the challenger states that the injured parties [[Nombre18]] and [[Nombre19]] were in agreement that the accused blocked the stream's watercourse. In the same way, the MINAE witnesses indicated that this small stream is formed by a straw of water and several springs, but that they could not determine if the watercourse is of public domain, because it is the competence of the General Directorate of Waters of MINAET, resulting that the official of said unit determined that the waters of a straw and the [Nombre10] and [Nombre11] springs, which are permanent flows, ran through the watercourse in question, without there being controversy in any other evidence. For his part, witness [Nombre24] confirmed that on his property there are two water springs that have flow all year round and that flow to a straw of water and continue downwards, without it being evident to him how far. The expert (perito) [Nombre14], who was contributed by the defense, declared that in the accused's lot, which was full of vegetation, he did not observe water and that the [Nombre15] stream is about eight hundred meters from the place and that he conducted the expert examination from the street, so without entering and parting the vegetation he could not determine the existence of water and its origin, and he did acknowledge that by law it is the Water Directorate that determines whether a watercourse is of public domain or not. From the above, the challenger concludes, there is no controversy that there exists a small stream that reaches the accused's lot, which was filled, and the body of water was thereby diverted. (v) It is claimed that the Trial Judge states that the conflict originates not from an affectation of natural resources but from particular annoyances to the aggrieved parties [[Nombre19]] and [[Nombre18]] and refused to order the restitution of things to their original state, because Mrs. [Nombre25], who bought the lot, is not the owner of the property so as to bear said restitution of things to their prior state, this because the witness declared that although the property is in her name, she bought it in the name of another, so that faced with the principle of registry publicity (publicidad registral) and Mrs. [Nombre26] being the registered owner, she is obligated to bear said restoration, regardless of whether a crime was committed or not or the damages caused to a third party, as follows from Articles 103 of the Criminal Code, 123 and 124 of the Current Rules on Civil Liability (Responsabilidad Civil) of the 1941 Criminal Code in relation to Article 41 of the Political Constitution, and restitution may be ordered even when the thing is in the possession of a third party, and it is not required that the civil action for compensation has been brought, as established by jurisprudence (votes numbers 52-f of January 31, 1990, CED1 of November 7, 1991, and CED2 of May 19, 2000, all from the Third Chamber of the Supreme Court of Justice). In the second ground, the defect of contradictory and insufficient reasoning regarding the civil action and the complaint, and violation of substantive law, is presented as a defect of the sentence. This section claims that the Trial Court declared the civil action for compensation without merit, arguing succinctly that it could not be determined who caused the damages, the challenger pointing out in this regard that it is not enough to reject the civil action that the accused was acquitted in the criminal sphere, supporting the foregoing with vote No. 672 of 9:20 hours on July 17, 1998, of the Third Chamber and No. 1854-96 of 15:03 hours of the Constitutional Chamber. The appellant also alleges that both section 103 of the Criminal Code and 1045 of the Civil Code establish that liability originates in the damage produced, so that, regardless of whether the existence of a crime is confirmed, every unlawful (antijurídica) injury must be compensated, that is, provided it was the product of fault attributable to the accused; in support of his position, the challenger cites and partially transcribes vote No. 627 of 10:15 hours on June 27, 1997, also from the Third Chamber. Subsequently, the challenger refers to strict liability (responsabilidad civil objetiva), which does not require the requirement of fault and is simply based on the production of damage, the challenger estimating that the "same occurs in the present case where the conflict lies in that the properties of the injured parties in the front part are flooded because of a ditch that was formed by the passage of Hurricane César, since through that naturally formed depression, waters flow from a [Placa1], which is fed in turn by waters from a river and the natural influx of two springs, and these form an unnamed stream. The accused deposited earth and material of different kinds on the property that belonged to him at that time and diverted the watercourse of said unnamed stream." In support of his thesis, the appellant makes doctrinal citations on strict liability and transcribes vote No. 672-98 of 09:30 hours on July 17, 1998. It is requested that the appeal be declared with merit and a new ruling be issued.

II.-ON THE MERITS OF THE APPEALS FILED. The appeal filed by the Public Prosecutor's Office is rejected, and the appeal filed by the Office of the Attorney General of the Republic is upheld. From the study of the intellectual reasoning of the appealed decision, this Chamber of Appeals determines that the Trial Court acquitted the defendant [[Name1]] of the crime of invasion of a protection area, presenting several theories as the basis for said acquittal, the first of which is that a conviction could not be issued without disregarding the principle of correlation between accusation and judgment; the second, that a reasonable doubt persisted regarding the public domain nature of the waters; the third, that it was not demonstrated that the defendant acted willfully; and finally, that the protected legal interest was not harmed (cf. judgment on pages 98 to 132, electronic numbering). A) The Trial Court is not correct in proposing as a theory to acquit the accused that, in the event of convicting him, the principle of correlation between accusation and judgment would be disregarded. In summary, the lower court argues that the complaint and the accusation placed the facts in a location different from where they occurred, by stating that the defendant affected the [Name15] creek; however, although the evidence shows that the [Name15] creek exists, it is located very far from the scene of the events, approximately 820 meters away (cf. intellectual reasoning of the judgment visible in the digital file, folios 98 to 132, digital numbering), a point on which the appellant agrees, so it is not a disputed issue that the [Name15] creek was not affected by the action of the accused. The judge concluded by stating that the defendant defended himself against the charge of having invaded the protection zone of the [Name15] creek, even hiring an expert to demonstrate that he had not invaded its protection area, and therefore the Court cannot now tell the accused that it was not the [Name15] creek but some other one, meaning this is an insurmountable defect, since a modification regarding the location of the facts would be essential and therefore unacceptable (cf. intellectual reasoning of the judgment visible in the digital file, folios 98 to 132, electronic numbering). In light of the factual assertions of the accusation and the complaint, the reasoning presented by the Trial Court is not tenable. The first and second facts of the accusation describe the following: "1-. The victims [Name [Name27]] and [Name [Name28]] are the owners of the properties registered in the Public Property Registry, Real Folio registration numbers: [[Placa2]] and [[Placa3]] respectively, which border the southern boundary of the property of the accused [[Name1]]. 2- That through the cited properties of the victims [Name [Name29]] and [[Name30]], as well as through the property of the accused [[Placa4]], which are located in the locality of Rivas de Pérez Zeledón, 300 meters north of the church, passes the public domain watercourse of the [Name31] creek, and the origin of this watercourse is due to the presence of three water currents, these being the [Name10] spring, [Name11] spring, and a water intake from the Buena Vista River" (cf. accusation in the judgment visible in the digital file, folios 98 to 132, electronic numbering). For its part, the complaint contains the following fact: "FIRST: Without being able to determine an exact date, but certainly between the months of February and April 2009, the defendant [Name [Name4]], on his property, located in the locality of Rivas de Pérez Zeledón, exactly 300 meters north of the locality's church, carried out a series of tasks using heavy machinery consisting of filling with red earth and debris the creek that runs through his property of [Name32], whose watercourse is a product of the presence of three water currents, namely the [Name10] spring, [Name11] spring, and water intake from the Buena Vista River, invading" (cf. decision of 16:37 hours on March 25, 2013, of the Criminal Court of the First Judicial Circuit of the Southern Zone, Pérez Zeledón, which corrects a material error, visible in the digital file). As the appellant states, the only problem that has arisen in this specific case is simply one of nomenclature, by calling a watercourse by the name [Name15] which has no official name, which in no way affects the location of the scene of the events that was provided in both the accusation and the complaint: 300 meters north of the church of Rivas de Pérez Zeledón, exactly on the defendant's property, where a watercourse passed, such that no defenselessness was caused, nor did the scene of the events become indeterminate, by the simple circumstance of having erroneously called the cited watercourse the [Name15] creek. Both the accusation and the complaint make it clear that the watercourse regarding which the action of invasion is attributed to the defendant is the one that passes through his property. B) The second theory outlined in the judgment to acquit the defendant [[Name1]] is that there is doubt regarding the public domain nature of the waters that flow through the watercourse invaded by the accused. In that sense, the ruling states that there is a reasonable doubt that those waters, which at certain times of the year flow through the ditch opened by the river, and which were affected by the fill placed by the defendant, can be considered public domain. It notes that witness [Name33], who has worked for 28 years in that field and is in charge of Control and Protection at MINAE, said that an official from the Water Directorate had been brought to the site to indicate whether or not the watercourse was public domain, since the Water Directorate is in charge of determining that, meaning that if the water that flows is public domain, it would automatically be a protection area, of 15 meters measured on both sides of the watercourse, which depends on the criteria of the Water Directorate. The Court notes that Mr. [Name34], despite having visited the site on three occasions, does not know if the watercourse is public domain, and it is widespread knowledge in the community that through that ditch, opened by Hurricane César, according to what the neighboring witnesses reported, flows not only rainwater but also, at certain times of the year, water from an intake taken from the Buena Vista River. It is also indicated that witnesses [Name24], who lives in the community, and [Name35], declared that rainwater flows through that ditch; the Water Directorate official, [Name36], during the first visit concluded that the waters flowing through the mentioned ditch are not public domain, although during a later visit he changed his criteria, because there are two springs that feed those waters. The Sentencing Judge considered that witness [Name13] is not impartial, as a personal interest on his part was evident; he is a friend of the complainants and was an essential piece in bringing this matter to trial, and he was also the person who asked [Name9] for the reconsideration of his report, took him to some springs, and assured him that they flow into the irrigation channel of the La Bonita nursery concession and end up being part of the watercourse of the creek diverted by the accused. The jurisdictional authority concludes that it is not clear if, through those properties, in addition to the water from the intake or concession of the nursery, water from two springs also flows, which could very well flow into the [Name15] creek, because Mr. [Name9] had inspected the watercourse on his first visit concluding that it was not public domain, questioning how he concluded on the second visit that those springs flow into said watercourse, which he did not explain, and it seemed that he based his conclusion exclusively on what [Name37] indicated to him (cf. intellectual reasoning of the judgment visible in the digital file). The Trial Court, in assessing the evidence, concludes in a manner contrary to the rules of sound judicial discretion, violating the principle of derivation, by establishing the existence of a reasonable doubt regarding the public domain nature of the waters that flow through the watercourse that passes through the accused's lot. The Judge bases the doubt on the testimony of witness [Name33], because he did not know whether the waters flowing through the cited watercourse were of public domain or not, when said witness was clear that it was Mr. [Name22], as an official of the Water Directorate, who was responsible for determining the legal nature of the watercourse and the waters, but since this official determined, in a second inspection, that the waters flowing through the watercourse passing through the property of the accused and the victims are fed by two water intakes, she then questions that said inspection was carried out at the insistence of a MINAE official (Ricardo [Name38]), who was a friend of the victims and who showed a personal interest in visiting the site many times and for having requested the second inspection and having taken [Name22] to the water sources. What is relevant in this matter is not whether witness [Name13] might have had a personal interest in having the waters flowing through the mentioned watercourse declared public domain, but rather the effective verification of the existence of the springs by [Name36], an official vested with the authority to make the respective declaration, and, of course, that said springs flowed through the watercourse in question, this last aspect also being questioned by the lower court Judge, by stating, speculatively (as it lacks any evidentiary basis), that [Name9] acted relying on what [Name39] told him, implying that he did not carry out the corresponding verifications, when from his testimony, it is clear that he traveled the watercourse, went to the tributaries, and traveled the water intake channel for the use of Viveros La Bonita, which in turn flows into the watercourse, managing to determine that the springs flow into the channel, and this in turn into the watercourse subject to this ruling (cf. testimony of witness [Name36] in the judgment visible in the digital file). According to the foregoing, the lower court Judge incorrectly derives conclusions from the evidence that are not extracted from it, such as that [Name9] was guided by what [Name40] said regarding the springs flowing into the water intake channel used by Viveros La Bonita, as well as by basing a doubt on this matter, when the witness was clear in affirming that he had verified, through the respective tour, the previous circumstance, as well as the existence of the springs. Based on the foregoing, this Chamber concludes that the evidence presented at trial demonstrated with full certainty that the watercourse subject to this proceeding is of public domain. C) The fourth theory presented by the Trial Judge as grounds for the acquittal is the lack of harm to the protected legal interest, stating that the conflict does not originate from an impact on natural resources, but rather from a particular annoyance to the victims, which constitutes a crime of property damage and not environmental damage due to invasion of a protection area, highlighting that works affecting or intervening the watercourse have also been carried out on the victims' properties, and that other citizens were never accused of affecting the environment. The Judge reasons that the victims never filed a lawsuit against the defendant for the damage caused to them, but rather pressured to bring the conflict into the criminal sphere, which is not the appropriate one to resolve it. After again reproaching the actions of witness [Name40], she states that this is an urbanized area, that there are homes, a [Placa5], that there is no forest and no wildlife, and that [Name40] himself said it was an urban area; furthermore, the public road is at the edge of the creek, the watercourse was formed by the action of Hurricane César, and the victims themselves carried out piping works and a retaining wall, hence the impact on the environment, natural resources, or water resources is not apparent in the defendant's conduct. Further on, she states that there is no life in the waters that flow through the watercourse in question, and that the waters are polluted, and that one cannot speak of a significant injury to the legal interest in an area intensely modified by human action, in a watercourse that was opened by a natural phenomenon, and the existence of a protection zone is in doubt (cf. intellectual reasoning of the judgment in the digital file). The grounds that emerge from the judgment to deny the existence of an injury to the protected legal interest are unfounded. Part of the error incurred by the Judge originates from the previous theory, by incorrectly considering that there was a reasonable doubt that the waters flowing through the watercourse crossing the defendant's property are not of public domain. If a correct assessment and analysis of the evidence lead to the opposite conclusion, there would be no possibility whatsoever of rejecting the existence of injury to the protected legal interest of natural resources and the environment. The Forest Law (Ley Forestal) in Article 33 establishes a protection zone consisting, in this specific case, of a strip of 15 meters measured horizontally on both banks of the creek (because it is located in a rural zone), a zone in which the elimination of all types of trees is prohibited (Article 34 of the Forest Law) and the invasion of a protected area is sanctioned as a crime (Article 58 ibidem). To invade is to occupy a place abnormally or irregularly or to break in or enter by force, as defined by the Dictionary of the Royal Academy. In this specific case, the defendant was accused of having invaded a protection zone, occupying it irregularly, by proceeding to eliminate a public domain watercourse by filling it with earth and debris, an activity which, had it existed, would undoubtedly seriously affect the environment, represented by one of its most important resources, water, and eliminate the protection zone, intended to protect forest resources when they exist and to allow forest regeneration when they do not, as in the case at hand, which in turn contributes to the protection of the water, which even if polluted requires protection precisely to reverse that impact. Protection zones are important both in forests and in urban areas, so much so that the Forest Law establishes particular signage for the determination of protection zones in urban areas, such that the protection of the environment, and particularly forest and water resources, does not lose validity due to the fact that they are located in "areas highly intervened by human action"; on the contrary, under such conditions is when the protection of natural resources must be maximized, as they are more exposed to being affected, as is stated to have happened in this specific case, where furthermore the public domain waters are polluted by mixing with sewage from the homes. Likewise, the fact that other persons, including the victims, have not been attended to or held responsible to date for having invaded the protection zone of the unnamed watercourse that passes through their properties does not eliminate the impact on the legal interest that the specific conduct attributed to the accused could have caused, nor would it in itself negate the eventual criminal and civil liability that could correspond to him. D) Regarding the theory of lack of intent argued in the challenged judgment, the following intellectual reasoning is recorded: "[...] And even considering that the water intake from the concession alone does not make that watercourse public domain (as Mr. [Name9] considered when he made his first inspection) but the diversion of two springs into the said intake changes its nature, even assuming that, one must ask whether the defendant's action would be willful. Indeed, regarding the subjective element of the crime, if it is public knowledge in the community that the Vivero La Bonita draws water from the river through an intake or irrigation channel at certain times of the year, it has not been proven that Mr. [Name [Name4]] has lived in the community or knew of the two springs that are said to flow into that channel. Knowing of the existence of the water intake, anyone could fall into error, because even a specialist in the field responsible for declaring whether a watercourse is public domain or not, like Mr. [Name9], apparently made a mistake. Intent on the part of the defendant was not proven, the knowledge and will to invade a public domain watercourse; rather, it is observed that officials with extensive knowledge do not know if this is a public domain watercourse, like [Name33], with which there are elements to consider that the defendant would have acted under error regarding the nature of that watercourse ...if it were to be considered proven that two springs have been diverted and are flowing toward that watercourse, regarding which a doubt subsists as already analyzed-. The defendant acted with full intention when filling the lot without a municipal permit, but that is not what is being judged, but rather the invasion of the protection area of a creek, and on this point the error would have been made. So the condition of public domain is neither clear to this Judge, nor is there evidence that regarding that element of the crime, the defendant's action was willful, this precisely because witnesses unanimously declared that through that ditch or canyon, the waters of an intake flow at certain times, which is not a natural watercourse, but an artificial one, created to supply the needs of Viveros La Bonita" (cf. judgment, pages 123 to 124 electronic numbering). The legal nature of the watercourse in question is decisive in this specific case to establish whether or not a protection area existed under the terms established by Article 33 of the Forest Law, and consequently, the presence of the normative element of the criminal offense in Article 58 ibidem, which is precisely the existence of a protection area. As already stated, this Chamber is of the opinion that based on the evidence presented at trial, there is no reason to doubt—as the Trial Court does—the public domain nature of the watercourse in question. Regarding the error under which the accused acted concerning the knowledge of said element, this Chamber considers that the analysis carried out by the Sentencing Court is in accordance with the rules of sound judicial discretion, and adequately sets forth the reasons why the accused could have acted without knowing that the watercourse passing through his property was of public domain and that it was in turn protected by a protection area of 15 meters on both sides of it, an error that was definitively invincible, an aspect not assessed by the lower court, but which clearly emerges from the evidence as will be seen below. According to the accusation, the facts subject to this proceeding occurred between the months of February and April 2009. The first technical and official report issued in the proceeding regarding the nature of the watercourse of the creek, which according to the accusation the defendant invaded, is report number IMN-DA-0788-2009, dated March 18, 2009, and signed by Mr. [Name22] as a technician from the Water Department of the National Meteorological Institute. Said report indicates that based on an evaluation conducted on March 11, 2009, it was determined, in the case of [Name [Name4]], that the unnamed source, a tributary of the General River, "Is Not a Public Domain Watercourse," which is justified as follows: "In an inspection conducted and after consulting the cartography, the National Registry of Water Use Concessions, and the Registry of Pronouncements on Watercourses kept by this department, it is established that no public domain watercourse was located on the property; what is observed is a body of water corresponding to a water intake originating from the General River" (cf. digital file, page 155, electronic numbering). Expert [Name22] declared at trial that his functions included defining whether a current was a public domain watercourse or not, and that "There are two ways to handle a pronouncement on a watercourse, one is for the property owner to do it when there is uncertainty regarding the source; the first time I appeared it was at the reference of the property owner; a tour of the source is made; I made a first report and it was indicated that it was not a public domain watercourse based on the tour conducted" (cf. witness testimony inserted in the judgment visible in the digital file). According to the foregoing, the first pronouncement issued by the MINAE Water Directorate official, Mr. [Name22], on the nature of the watercourse passing in front of the properties in conflict, was generated by a request from the accused himself, who requested the respective pronouncement from the body responsible for determining whether one was in the presence of a public domain or private watercourse, with the respective official concluding that it was not a public domain watercourse, just at the moment when the defendant was carrying out the task of filling his lot with earth and debris. The appealing Prosecutor, Mr. [Name12], affirmed that the first report prepared by [Name22], denying the public domain condition to the watercourse running through the properties of the defendant and the victims, was a product of an error in which the defendant induced said official, hiding from him that the watercourse of the creek was fed by waters from two springs known by the names of [Name41] and [Name11]; such an affirmation completely lacks evidentiary support, because as the lower court Judge correctly reasoned, there is no proof whatsoever that the accused [[Name1]] had knowledge of the existence of the springs that fed that watercourse, nor even that he was a person from the area. On the other hand, from the testimony of witness [Name42], it is determined that in the assessment conducted, he traveled the watercourse in question, and that it was not until later, when some colleagues from the Conservation Area requested a new inspection and took him to two sites, entered some properties, and showed him some springs, that it was possible to determine at that moment that it was a public domain watercourse, and therefore he changed his criteria. The witness concluded his testimony by indicating that if he went to the site it was because there was doubt, as the watercourse did not appear on the cartographic sheet. This new criterion is set forth in report number IMN-DA-2452-2009 on pages 364 to 366 of the electronic file (electronic numbering), and it is dated August 3, 2009, several months after the events. Thus, it is fully demonstrated that the accused resorted to the corresponding administrative body to determine whether the watercourse passing through his property was of public domain, receiving as an official response that it was not, after a specialist and public official with the authority to do so conducted the corresponding study and traveled the respective watercourse, such that, as the Trial Court decided, it is not possible to attribute to the defendant [[Name1]] knowledge that the mentioned watercourse was of public domain, under the terms established by Article 1 of the Water Law (Ley de Aguas) and for the purposes of determining the existence of a protection zone as regulated by Articles 33 and 58 of the Forest Law. It is clear and evident from the foregoing that the accused acted under error regarding the knowledge of the public domain nature of the watercourse on which he placed fill dirt and debris, an error which in turn prevented him from knowing of the existence of a protection zone of fifteen meters on each side of the bank of the watercourse and along its length; likewise, said error was of an invincible nature, because the defendant, complying with the duty to inform himself, requested the respective pronouncement from the competent state body, being informed that the watercourse in question was not of public domain, a pronouncement that, although it was later revoked, occurred several months after he had carried out the acts attributed to him in the accusation and the complaint. It remains to determine the nature of the invincible error incurred by the defendant and its legal consequences. Clearly, the "protection area" element of the criminal offense in Article 58 of the Forest Law is a normative element of a legal nature, the determination of which is achieved by combining Articles 33 and 58 of the Forest Law and 1 and 2 of the Water Law, and in this specific case, also an administrative pronouncement. According to Article 58 of the Forest Law, "A prison sentence of three months to three years shall be imposed on anyone who: a) Invades an area of conservation or protection, whatever its management category, or other areas of forests or subject to the forest regime, regardless of the area occupied; regardless of whether they are private lands of the State or other bodies of the Public Administration or lands of private domain. The authors or participants of the act shall not have the right to any compensation for any construction or work they have carried out on the invaded lands" (the [Placa6] does not belong to the original). According to the accusation, the defendant carried out fill work with earth and debris in the protection area of a creek located in Rivas de Pérez Zeledón, through which public domain waters flow. Said protection area, in this specific case, would be constituted by a strip of fifteen meters measured horizontally on both banks of the creek because it is a rural zone (Article 33 Forest Law), as indicated by witness [Name33], a MINAE official in charge of Control and Protection (cf. testimony in the judgment visible in the digital file). Now then, protection areas are defined based on watercourses through which public domain waters flow, which are those that meet the conditions established in Article 1 of the Water Law, a rule according to which "The following are waters of the public domain: [...] IV.- Those of rivers and their direct or indirect tributaries, streams, or springs from the point where the first permanent waters emerge to their mouth in the sea or lakes, lagoons, or estuaries; banks of national property and, in general, all those that originate on public domain lands; [...]". In turn, Article 2 of the cited law establishes that the cited waters "are national property and the domain over them is not lost nor has been lost when by execution of artificial works or previous uses, the natural characteristics are altered or have been altered." Said rule excepts only those "waters that are used by virtue of contracts entered into by the State, which shall be subject to the conditions authorized in the respective concession." Finally, Article 3 of the Water Law also declares that the watercourses of public domain currents are national property. Error regarding a normative element of the criminal offense, for a broad doctrinal sector, should be treated as an error regarding the unlawfulness itself and therefore as a mistake of law (error de prohibición); for others, it continues to be an error of fact (error de tipo) and must be treated as such (cf. [Name43]. General Theory of Crime. Third Edition, Bogotá, Editorial Nomos S. A., 2010, p. 148). For this Chamber of Appeals, an error regarding a simple normative element of the offense must be treated as an error of fact, and when the normative element is complex, as a mistake of law, because only in the second case is the understanding of the unlawfulness of the conduct affected, while in the first, the interpretation made by the perpetrator does not decide on the knowledge or lack thereof of the permitted or prohibited nature of his action. In this regard, this Court has decided the following: "III.- For merely illustrative purposes and without this prejudging the existence or not of an error in the present matter (an issue that, if applicable, must be analyzed by whoever conducts the remand ordered), it must be indicated that Article 61 subsection a) of the Forest Law contains a normative element of the offense, since it is required, for purposes of objective criminality, that the action of use be carried out without the permit of the Administration or exceeding it (not complying with that permit). This means that this criminal offense first of all requires that the acting subject knows that he is carrying out some of the actions that can constitute a use of forest products, but he must also know that he carries out these actions without having, or without complying with, the required permit from the authorities. The central issue to elucidate, once the pertinent evidentiary requirements have been overcome, is therefore whether E.V.B. and the other defendant in this case were or were not induced into error by someone, to then specify—if applicable—what kind of error it is, and finally, whether it is of a surmountable or insurmountable nature." For this analysis, an adequate process of legal reasoning must be followed, free of the errors and contradictions that have been pointed out regarding the challenged judgment. In the view of this Court of Appeals, generally speaking (again without this prejudging its existence in the case under study), an error concerning normative elements that are simple in nature, which do not pose greater complexity, should be treated as an error of type (error de tipo), because the interpretation made by the actor regarding this kind of specific elements does not decide on his knowledge or lack thereof of the permitted or prohibited nature of his action (as occurs by definition with indirect and direct errors of prohibition [error de prohibición indirecto y directo]), but rather is made regarding an element used in the statute to already carry out the very typical description of the act. Stated simply, in the event that these normative elements of a simple nature are missing, the act will lack typical relevance, because one of the requirements for typical subsumption to proceed, according to the description made by the statute, would be missing; for which reason the appropriate course would be to consider it an error of type because it occurs regarding one of the “necessary requirements for the crime to exist, according to its description” (as indicated in numeral 34 of the Penal Code [Código Penal]). In this hypothetically posed sense, if the forest extraction (aprovechamiento forestal) carried out enjoys the permits granted by the State, it will lack typical relevance from the outset; for which it is absolutely consequential to conclude that if the acting subject erroneously considers that the extraction is being carried out based on a permit, said error falls directly on a conforming requirement of objective typicity, and must be treated as an error of type. If the error regarding a normative element of the type prevents the subject from knowing that he is carrying out a forest extraction that does not comply with the respective permits, such error would exclude intent (dolo), for which reason such error should be treated as an error of type, which would exclude subjective typicity from the outset (in this regard: [Name44], Criminal Law. General Part. Madrid, Civitas, pp. 462-463)." (cf. Court of Appeals of the Sentence of Cartago, vote No. 2014-206, at 1:35 p.m. on May 29, 2014). The element "protection area (área de protección)" contained in the criminal type of Article 58 of the Forestry Law (Ley Forestal), is a complex juridical normative element, since for its determination at least five provisions from two normative bodies (Forestry Law, Water Law [Ley de aguas]) must be integrated, and in the specific case, an administrative pronouncement. As it stands, the accused [Name [Name4]] carried out an action that is typical and unlawful but not culpable, since the element of culpability, namely the awareness of unlawfulness (conciencia de la antijuridicidad), was excluded by virtue of an invincible error of prohibition (error de prohibición invencible), as provided for in numeral 35 of the Penal Code: "A person is not culpable who, through an invincible error, believes that the act he performs is not subject to penalty. If the error were not invincible, the penalty provided for the act may be mitigated, in accordance with the provisions of Article 79" (the highlighting is not part of the original). Although in the challenged judgment the accused was acquitted on the grounds that subjective typicity (intentional) was not established, due to the existence of an error of type, and even though this Court does not share that this solution is the technically correct one in the specific case, the fact is that the same conclusion of acquitting the accused is reached by applying the effects of an invincible error of prohibition, which renders the requested remand inconsequential, and instead requires declaring these portions of the appeals filed by the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público) without merit.

III.- Regarding the civil action for damages (acción civil resarcitoria), which was the subject of the appeal filed by the representative of the Procuraduría General de la República, the Trial Court lacked proper reasoning when rejecting it, on the grounds that no damage to the environment occurred, that there is doubt as to whether a public domain watercourse is at issue, and that the damage to the adjacent properties can only be claimed by the directly injured parties, who did not file a civil action for damages. In the terms set forth, the rejection of the civil action for damages is unfounded, because the preceding paragraphs established the existence of defects in the reasoning of the judgment, by establishing a reasonable doubt as to the public domain nature of the watercourse encroached upon by the defendant and the non-existence of environmental damage, to which reference is made. Therefore, the appeal filed by Lic. [Name2], representative of the State as complainant and civil party, is granted, by virtue of which the challenged judgment is declared partially ineffective, solely to the extent that the civil action for damages was dismissed and the order for the restitution of things to their original state was rejected, ordering in this regard a remand trial (juicio de reenvío) for new proceedings, in which the current owner of the land where the events occurred must be given participation. In all other respects, the ruling remains intact.

Por Tanto:

The appeal filed by Lic. [Name2], representative of the State, as complainant and civil party, is granted, by virtue of which the challenged judgment is declared partially ineffective, solely to the extent that the civil action for damages was dismissed and the order for the restitution of things to their original state was rejected, ordering in this regard a remand trial (juicio de reenvío) for new proceedings, in which the current owner of the land where the events occurred must be given participation. In all other respects, the ruling remains intact. The appeal formulated by Lic. [Name3], Prosecutor, is rejected. Let it be notified.

Jorge A. Camacho Morales Gustavo Chan Mora Ingrid Estrada Venegas Judges of the Criminal Sentence Appeals Tribunal C/: [Name [Name4]] Of/: Natural Resources D/: Encroachment on a Protection Area kcalderon Criminal Sentence Appeals Tribunal of Cartago. Telephone: [Telf1] or [Telf2]. Fax: [Telf3]. Email: [...]

Marcadores

Res: 2014-295 Tribunal de Apelación de la Sentencia Penal de Cartago, Sección Segunda. A las once horas quince minutos del diez de julio de dos mil catorce.

Recurso de apelación de sentencia penal interpuesto en la presente causa seguida contra [[Nombre1] ], mayor, [...], por el delito de Invasión de Área de Protección , en perjuicio de Los Recursos Naturales. Intervienen en la decisión del recurso, los jueces Jorge A. Camacho Morales, Gustavo Chan Mora e Ingrid Estrada Venegas. Se apersonaron en apelación, los licenciados [Nombre2] en calidad de Procurador Adjunto y [Nombre3] representante del Ministerio Público.

Resultando:

1. Que mediante sentencia Número 110-2013 de las once horas del dieciocho de marzo de dos mil trece, el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, sede Pérez Zeledón, resolvió: "POR TANTO : De conformidad con lo expuesto y artículos 28, 29 y 41 de la Constitución Política, 8 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1, 6, 9, 142, 184, 265 a 270, 360 a 366 del Código Procesal Penal, 1, 30, 34 y 45 del Código Penal, en aplicación del principio universal in dubio pro reo SE ABSUELVE de toda pena y responsabilidad a [Nombre [Nombre4]] por el delito de INVASIÓN DE ÁREA DE PROTECCIÓN que se le atribuyó como cometido en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES. Se declara SIN LUGAR la acción civil resarcitoria incoada en su contra por el Estado. Se rechaza la solicitud de restitución de las cosas a su estado anterior, sin perjuicio de que los vecinos afectados por las obras o la Municipalidad de Pérez Zeledón puedan solicitarlo u ordenarlo en la vía correspondiente. Se dicta esta sentencia sin especial condenatoria en costas, son los gastos del proceso penal a cargo del Estado. NOTIFÍQUESE. [Nombre5] . Jueza. " (sic)

2. Que contra el anterior pronunciamiento, los licenciados [Nombre2] y [Nombre3] interpusieron el recurso de apelación.

3. Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 466 del Código Procesal Penal, reformado por Ley 8837 publicada el nueve de diciembre de dos mil once (Creación de Recurso de Apelación de la Sentencia), el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el recurso.

4 . Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

Redacta el Juez [Nombre6] , y;

Considerando:

I.- A) El licenciado [Nombre3] , Fiscal Auxiliar del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, interpuso recurso de apelación contra la sentencia N° 110-2013 de las 11:00 horas del 18 de marzo de 2013, dictada por el Tribunal Penal de Pérez Zeledón. En el primer motivo alega inconformidad con la valoración de la prueba por violación a las reglas de la sana crítica y falta de fundamentación intelectiva. Aduce el recurrente que la afirmación contenida en el hecho 2 tenido por demostrado, en el sentido de que sólo en algunas épocas discurre por la quebrada aguas de una paja, no es cierta porque el cauce es permanente durante todo el año, lo cual confirman [Nombre [Nombre7]] y [Nombre [Nombre8]] que viven junto al lote del imputado, en donde se afectó el curso de la quebrada, así como con la declaración de [Nombre9] , funcionario de Aguas del MINAE, quien emitió el informe IMN- DA-2452-2009, visible en el expediente electrónico imágenes 73 a 76. Refiere el impugnante que la duda que le asiste a la juzgadora se fundamenta en un informe anterior (N° IMN-DA-0788-2009), en que el imputado indujo en error al testigo [Nombre9] , cuando hizo la inspección, ocultándole que el cauce de la quebrada se alimentaba de las aguas de dos nacientes (conocidas con los nombres de [Nombre10] y [Nombre11] ). Afirma el licenciado [Nombre12] que la jueza incurre en otra valoración indebida de prueba, emitiendo criterios subjetivos e infundados, al estimar que la variación del criterio de [Nombre9] se debe a presiones del testigo [Nombre13] , cuando el propio [Nombre9] declaró que la corrección se debió a que el propio imputado lo engañó respecto del origen de las aguas, de modo que cuando [Nombre13] le hizo ver el error, él realizó la corrección por ética y por justicia y nunca refirió haber recibido presiones al respecto. Concluye el impugnante señalando que no se trata de una corriente de agua por donde discurren aguas llovidas sino aguas de nacientes, todo lo cual convierte el cauce en una quebrada y por ende en aguas de dominio público. El segundo motivo se fundamenta en el vicio de incorrecta aplicación del principio in dubio pro reo. Siempre con relación al hecho 2° tenido por demostrado en la sentencia, alega el Fiscal, que la duda de la juzgadora se sustenta en el estudio realizado por el biólogo [Nombre14] , contratado por el imputado, argumentando que no lo benefició indebidamente, pues declaró de manera coherente y consistente con la prueba evacuada, pero el especialista declaró que él no ingresó a ninguna de las propiedades ni corroboró que las nacientes indicadas alimentan la quebrada cuyo cauce desvió y obstruyó el imputado, ya que realizó el estudio desde la calle, circunstancias que desvirtúan el estudio del biólogo, quien además no es el profesional idóneo para rendir un estudio de tal naturaleza, como sí lo es [Nombre9] quien es funcionario del Departamento de Aguas. Es así como del hecho probado 2, al negarle carácter de quebrada a dicho cauce se genera todo un esquema equívoco de la sentencia que violenta los artículos 33 de la Ley Forestal y 1 de la Ley de Aguas. El tercer motivo presenta un reclamo contra la resolución impugnada sobre la base de la existencia del vicio de violación al principio de congruencia entre acusación y sentencia, exponiendo que en la sentencia recurrida se analiza que, de acuerdo con el hecho segundo de la acusación, por las propiedades de las ofendidas pasa la quebrada denominada [Nombre15], pero la juzgadora indica que no se trata de dicha quebrada, y que ello implica una variación esencial de la hipótesis fáctica acusada, surgiendo al respecto una posición errónea por lo siguiente: (i) Si bien la acusación denomina a la quebrada [Nombre15], también ubica las propiedades de las ofendidas y del imputado en la localidad de Rivas de Pérez Zeledón, 300 metros al norte de la iglesia y que la quebrada es alimentada por las aguas de las nacientes [Nombre10] y [Nombre11] , así como una paja proveniente del Río Buenavista, lo que son razones suficientes para acreditar que hay una quebrada que pasa al frente de dicha propiedades. (ii) Hay un hecho cierto de que una quebrada pasa por las propiedades de la ofendida del imputado y que la misma fue obstruida y desviado su curso por parte del imputado, lo que es suficiente para que las aguas que discurren por su cauce deban tenerse como de dominio público y que la quebrada tiene un área de protección conforme al artículo 33 de la Ley Forestal, área que fue invadida por el imputado, según lo reconocieron los testigos. (iii) En la sentencia se indica que la ubicación cartográfica de la quebrada [Nombre15] la ubica a 820 metros del lugar donde se verificó el relleno, lo que es irrelevante y en modo alguno violenta el derecho de defensa porque: a) Conforme lo acreditó el testigo [Nombre9] , las hojas cartográficas no registran la totalidad de cauces, ríos y quebradas que integran la red hidrográfica del país, ello porque las hojas cartográficas se actualiza cada cierto tiempo y los cauces de ríos, afluentes, quebradas, etc., varían con mucha mayor frecuencia, sin que pueda primar una hoja cartográfica sobre una realidad física. b) Poco importa si los vecinos llaman a esa quebrada [Nombre15] o de otra manera, lo significativo y jurídicamente relevante es su existencia, su carácter de dominio público y que su área de protección fue invadida y alterada por el imputado. c) La consulta hecha por la jueza de la Hoja Cartográfica Costa Rica 099 San Isidro: 3444 II vía internet, es totalmente ilegítima, porque implica producción e incorporación de prueba no permitida al juzgador y no fue puesta en conocimiento de las partes, y por la falta de credibilidad por desactualización y porque no se sabe si la fuente consultada es oficial o no. En el cuarto motivo se alega que para la juzgadora no quedó acreditado que el imputado actuara con dolo, cuando la prueba testimonial es contundente en afirmar lo contrario. No hay posibilidad de considerar que la conducta del imputado estuviera amparada en un error de derecho, en alguna causa de justificación o por fuerza mayor. El interés del agente fue darle un mayor valor comercial al lote para venderlo, como se acreditó con el testimonio de la señora [Nombre16] , quien reconoció que el terreno se encuentra a su nombre porque prestó su nombre a un amigo de sus hijos, el señor [Nombre17] , lo que confirma que el imputado pretendía lucro para sí y lo logró. La testigo [[Nombre18] ] fue absolutamente clara en señalar al imputado como el que llevó el material de escombro al terreno y la testigo [[Nombre19] ] menciona el nombre de la persona a quien el justiciable encargó los trabajos, el señor [Nombre20] y fue el imputado quien desacató la medida cautelar girada por el MINAE, todo lo cual evidencia un actuar doloso del encartado. Quinto Motivo: Se aduce que la juzgadora argumentó que las obras que llevó a cabo el justiciable no causaron daño alguno a los recursos naturales, sino tan solo una molestia a las ofendidas, ya que al no drenar bien las aguas se inundaba la zona y se producía un lodazal, y también que otros vecinos han realizado obras similares y que nadie los ha denunciado. También refirió que no se afectó bosque alguno, que hay una calle junto a la quebrada y que es una zona altamente intervenida por la acción humana. Expone el impugnante que el razonamiento de la juzgadora se encuentra alejado de la lógica, la sana crítica y la valoración objetiva de las pruebas. En el expediente abundan fotografías que revelan la gravedad de los resultados: calles inundadas, desbordamiento de la quebrada, viviendas aisladas, etc., además el artículo 58 de la Ley Forestal describe la conducta delictiva como invasión de un área de conservación o protección y no exige que la invasión tenga lugar en un área boscosa o con algún tipo de árboles en su cercanías. Tampoco demerita la afectación, el que otros vecinos hayan construido obras civiles sobre la misma quebrada, puesto que el que otros actúen ilegalmente no legitima la conducta del imputado, y la existencia de una vía a la orilla de la quebrada obedece a las potestades de imperio del Estado, en que por razones de interés público sí está legitimado para construir ese tipo de obras cumpliendo los requisitos de ley. Se solicita "revocar" la sentencia y ordenar el reenvío correspondiente. B) El licenciado [Nombre2] , representante del Estado, quien figura como querellante y actor civil, también interpuso recurso de apelación contra la sentencia N° 110-2013 supra citada. En el primer motivo desarrolla el defecto de indebida y errónea fundamentación, que considera, presenta el fallo impugnado. Aduce el licenciado [Nombre2] que la A quo afirma en los hechos probados, que en la parte frontal de las propiedades de las ofendidas se formó una zanja o depresión producto del Huracán César y que por la misma discurre agua llovida y en algunas ocasiones agua proveniente de una paja o canal utilizado por Viveros la Bonita para irrigación, quedándole la duda de si aguas provenientes de nacientes naturales desembocan en dicho cause ya que no tiene nombre y ni aparece en la Hoja Cartográfica San Isidro. Además que de acuerdo con la querella y la acusación, se afectó la quebrada [Nombre15]. Los agravios se concretan de la siguiente manera: (i) La jueza le otorga credibilidad al testigo [Nombre21] indicando que éste, para emitir su criterio, se basó en la hoja cartográfica San Isidro del IGN, en la que no aparece ningún cauce de dominio público en la propiedad de las ofendidas, que había caminado como dos kilómetros y medio hacia arriba por la calle pública y se había basado también en el primer informe rendido por el funcionario de la Dirección de Aguas el señor [Nombre22] , funcionario que en el segundo informe fue contundente en cuanto a que la quebrada no está identificada con ningún nombre y que él visitó el lugar de los hechos porque el cauce no existe cartográficamente, sin embargo en la sentencia no se establece parámetro o fundamento para indicar y afirmar que un cauce que no está en la hoja cartográfica, no existe materialmente, cuando la hoja cartográfica es un instrumento que no brinda criterios exactos y precisos acerca de todos los cauces. Todo lo anterior hace que la fundamentación de la sentencia sea insuficiente para considerar que el movimiento de tierras y la desviación de aguas que realizó el imputado, no se hizo en un cau ce de dominio público. (ii) En relación al defecto de la acusación y la querella que expone el Tribunal de Juicio en la sentencia, en el sentido de que el imputado había invadido la quebrada de dominio público denominada [Nombre15], por haberse comprobado que dicha quebrada está lejana de las propiedades de las ofendidas y que no ha sido afectada, por lo que ahora no podría venir a decírsele que fue otra quebrada. Al respecto refiere el recurrente que el hecho de que en el contradictorio se haya determinado que no fue la quebrada [Nombre15] la invadida, no quiere decir automáticamente que no se pueda proseguir con la acción penal, porque ello no altera los detalles fácticos del lugar del hecho punible y la descripción de este, o el tiempo en que fue realizado, sino una simple variación en cuanto a la nomenclatura que no afecta la congruencia que debe tener el fallo. (iii) En lo que respecta a la duda de la Jueza A quo, en cuanto a si se trataba de un cauce de dominio público o no, claros al respecto y que el testigo [Nombre23] no pudo establecer dicha naturaleza del cauce, lo que se le reprocha restándole credibilidad, cuando fue muy claro en indicar cuáles eran sus funciones en el MINAET, y que le correspondía a los funcionarios de la Dirección de Aguas determinar el carácter o no de dominio público del cauce, de manera que aunque el testigo [Nombre23] labore como jefe de un área de conservación y haya laborado en esa institución por mucho tiempo, no se le pueden endilgar responsabilidades que no le corresponden, y sobre las cuales no tiene obligación de pronunciarse. (iv) La Jueza A quo llegó a una duda razonable en cuanto a si el cauce era de dominio público o no, siendo que está comprobado que el imputado sí realizó un relleno que causó un empozamiento de agua que perjudica a los fundos vecinos. Al respecto refiere el impugnante que las ofendidas [[Nombre18] ] y [[Nombre19] ] fueron contestes en cuanto a que el imputado bloqueó el cauce de la quebrada. De la misma manera los testigos del MINAE indicaron que esa pequeña quebrada se forma de una paja de agua y de varias nacientes, pero que ellos no podrían determinar si el cauce es de dominio público, porque es competencia de la Dirección General de Aguas del MINAET, resultando que el funcionario de dicha dependencia determinó que por el cauce de marras discurrían las aguas de una paja y de las nacientes [Nombre10] y [Nombre11] que son caudales permanentes, sin que exista controversia en alguna otra prueba. Por su parte el testigo [Nombre24] ratificó que en su propiedad existen dos nacientes de agua que tienen caudal todo el año y que discurren hasta una paja de agua y continúan hacia abajo sin que le conste hasta donde. El perito [Nombre14] , que fue aportado por la defensa declaró que en el lote del acusado que estaba lleno de vegetación no observó agua y que la quebrada [Nombre15] está como a ochocientos metros del lugar y que la pericia la realizó desde la calle, por lo que sin ingresar y apartar la vegetación no pudo determinar la existencia de agua y su procedencia, siendo que sí reconoció que por ley es la Dirección de Aguas quien determina si un cause es de dominio público o no. A partir de lo anterior, concluye el impugnante, no existe controversia de que sí existe una pequeña quebrada que llega hasta el lote del acusado, el cual fue rellenado, y con ello desviado el cuerpo de agua. (v) Se reclama que la Juzgadora de Mérito expone que el conflicto se origina no en una afectación de los recursos naturales sino en molestias particulares a las agraviadas [[Nombre19] ] y [[Nombre18] ] y se negó a disponer la restitución de las cosas a su estado original, porque la señora [Nombre25] que compró el lote, no es la propietaria del inmueble como para soportar dicha restitución de las cosas a su estado anterior, ello por cuanto la testigo declaró que si bien la propiedad está a nombre de ella, lo compró a nombre de otro, de manera que estando frente al principio de la publicidad registral y siendo la señora [Nombre26] la propietaria registral, sí está obligada a soportar el restablecimiento dicho, independientemente de si se cometió o no un delito o de los daños que se causen a un tercero, tal y como se desprende los artículos 103 del Código Penal, 123 y 124 de las Reglas Vigentes Sobre Responsabilidad Civil del Código Penal de 1941 en relación con el artículo 41 de la Constitución Política, pudiendo ordenarse la restitución aún y cuando la cosa se hallare en poder de un tercero, y no se requiere que se haya instaurado la acción civil resarcitoria, tal y como lo ha establecido la jurisprudencia (votos números 52-f del 31 de enero de 1990, CED1 del 7 de noviembre de 1991 y CED2 del 19 de mayo de 2000, todos de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia). En el segundo motivo se expone como defecto de la sentencia el de fundamentación contradictoria e insuficiente en cuanto a la acción civil y la querella violación de la ley sustantiva. Se reclama en este apartado que el Tribunal de Juicio declaró sin lugar la acción civil resarcitoria argumentando de manera sucinta que no se pudo determinar quién causó los daños, apuntando al respecto el impugnante que no basta para rechazar la acción civil que se haya absuelto al imputado en lo penal, respaldando lo anterior en el voto N° 672 de las 9:20 horas del 17 de julio de 1998 de la Sala Tercera y el N° 1854-96 de las 15:03 horas de la Sala Constitucional. También alega el recurrente, que tanto el numeral 103 del Código Penal como el 1045 del Código Civil establecen que la responsabilidad se origina en el daño producido, por lo que, independientemente de que se constate la existencia de un delito, toda lesión antijurídica debe ser resarcida, es decir siempre que haya sido producto de una culpa atribuible al imputado, en respaldo de su posición el impugnante cita y transcribe parcialmente el voto N° 627 de las 10:15 horas del 27 de junio de 1997, también de la Sala Tercera. Posteriormente el impugnante hace referencia a la responsabilidad civil objetiva que no exige el requisito de la culpa y se basa simplemente en la producción del daño, estimando el impugnante que lo "mismo ocurre en el caso presente donde el conflicto radica en que las propiedades de las ofendidas en la parte del frente se inundan a causa de una zanja que se formó por el paso del Huracán César ya que por esa depresión formada naturalmente, transcurren aguas provenientes de una [Placa1] , la cual es alimentada a su vez por aguas de un río y de la afluencia natural de dos nacientes y estas conforman una quebrada sin nombre. El imputado depositó tierra y material de distinta clase en el inmueble que le pertenecía para esa época y desvió el cauce de dicha quebrada sin nombre". En apoyo a su tesis el recurrente realiza citas doctrinarias sobre la responsabilidad civil objetiva y transcribe el voto N° 672-98 de las 09:30 horas del 17 de julio de 1998. Se solicita se declare con lugar el recurso de apelación y se dicte un nuevo fallo.

II.-SOBRE EL FONDO DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN PLANTEADOS. Se rechaza el recurso de apelación formulado por el Ministerio Público y se acoge el recurso de apelación interpuesto por la Procuraduría General de la República. Del estudio de la fundamentación intelectiva de la resolución recurrida, determina esta Cámara de apelación, que el Tribunal de Juicio absolvió al imputado [[Nombre1] ] por el delito de invasión de área de protección, exponiendo como fundamento de dicha absolutoria varias tesis, la primera de ellas es que no podría emitirse una sentencia condenatoria sin desconocer el principio de correlación entre acusación y sentencia; la segunda, es que persistió una duda razonable sobre la naturaleza de dominio público de las aguas; la tercera, que no se demostró que el imputado actuara dolosamente, y por último, que no se lesionó el bien jurídico tutelado (cfr. sentencia de páginas 98 a 132, numeración electrónica). A) No lleva razón el Tribunal de Juicio al plantear como tesis para absolver al acusado que, en caso de condenarlo, se inobservaría el principio de correlación entre acusación y sentencia. En resumen, argumenta la Autoridad Jurisdiccional A quo, que la querella y la acusación ubicaron los hechos en un lugar distinto al que sucedieron, al señalar que el imputado afectó la quebrada [Nombre15], sin embargo, si bien la prueba demuestra que la quebrada [Nombre15] existe, la misma se encuentra muy alejada del lugar de los hechos, aproximadamente a unos 820 metros (cfr. fundamentación intelectiva de la sentencia visible en expediente digital, folios 98 a 132, numeración digital), en lo que concuerda el recurrente, por lo que no es un tema controvertido que la quebrada [Nombre15] no fue afectada por la acción del encartado. Concluyó la juzgadora señalando que el imputado se defendió de la imputación de haber invadido la zona de protección de la quebrada [Nombre15], contratando incluso un perito para demostrar que no había invadido su área de protección, por lo que no puede ahora el Tribunal decirle al encartado que no fue la quebrada [Nombre15], pero sí alguna otra, por lo que se está ante un defecto insalvable, ya que una modificación respecto del lugar de los hechos sería esencial y por ende inaceptable (cfr. fundamentación intelectiva de la sentencia visible en fácticos de la acusación y la querella, los razonamientos expuestos por el Tribunal de Juicio no son atendibles. En los hechos primero y segundo de la acusación se describe lo siguiente: "1-. Las Ofendidas [Nombre [Nombre27]] Y [Nombre [Nombre28]] son propietarias de las fincas inscritas en el Registro Público de la Propiedad, Folio Real matrícula número: [[Placa2] ] y [[Placa3] ] respectivamente que colindan por el lindero sur de la propiedad del encartado [[Nombre1] ]. 2- Que por las citadas propiedades tanto de las ofendidas [Nombre [Nombre29]] Y [[Nombre30] ], como por la propiedad del encartado [[Placa4] ] que se ubican en la localidad de Rivas de Pérez Zeledón 300 metros al norte de la iglesia, pasa el cauce de agua de dominio público de la quebrada de [Nombre31] y el origen de este cauce se da por la presencia de tres corrientes de agua, estas son la naciente [Nombre10] , naciente [Nombre11] y paja de agua del río Buena vista" (cfr. acusación en sentencia visible en expediente digital, folios 98 a 132, numeración electrónica). Por su parte, en la querella consta el siguiente hecho: "PRIMERO: Sin poderse determinar con exactitud una fecha, pero sí entre los meses de febrero a abril del 2009, el imputado [Nombre [Nombre4]], en la finca de su propiedad, ubicada en la localidad de Rivas de Pérez Zeledón, exactamente 300 metros norte de la iglesia de la localidad, realizó una serie de labores mediante el uso de maquinaria pesada consistentes en rellenar con tierra roja y escombros la quebrada que transcurre por su propiedad de [Nombre32] , cuyo cauce es producto de la presencia de tres corrientes de agua, sean la naciente [Nombre10] , naciente [Nombre11] y paja de agua del Río Buena Vista invadiendo" (cfr. resolución de las 16:37 horas del 25 de marzo de 2013 del Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, Pérez Zeledón, que corrige error material, visible en expediente digital). Tal y como lo expone el impugnante, el único problema que se ha presentado en el caso concreto es simplemente de nomenclatura, al llamar con el nombre de [Nombre15] un cauce de agua que no tiene denominación alguna, lo cual en nada afecta la ubicación del lugar de los hechos que se realizó tanto en la acusación como en la querella: 300 metros al norte de iglesia de Rivas de Pérez Zeledón, exactamente en la propiedad del imputado, por donde pasaba un cauce de agua, de manera que no se causó indefensión alguna ni el lugar de los hechos se tornó indeterminado, por la simple circunstancia de haber llamado erróneamente al citado cauce de agua, quebrada [Nombre15]. Tanto la acusación como la querella dejan claro que el cauce respecto del cual se le atribuye al justiciable la acción de invasión, es el que pasa por su propiedad. B) La segunda tesis esbozada en la sentencia para absolver al justiciable [[Nombre1] ], es que existe una duda sobre la naturaleza de dominio público de las aguas que discurren por el cauce invadido por el encartado. En ese sentido se expone en el fallo que existe una duda razonable de que esas aguas, que en ciertas épocas del año discurren por la zanja que abrió el río, y que fueron afectadas por el relleno que hizo el imputado, puedan ser consideradas de dominio público. Refiere que el testigo [Nombre33] , quien tiene 28 años de Trabajar en ese campo y es encargado de Control y Protección del MINAE, dijo que al sitio se había llevado al funcionario de la Dirección de Aguas para que indicara si el cauce era o no de dominio público, pues la Dirección de Aguas es la encargada de determinar eso, de manera que si el agua que fluye es de dominio público, sería área de protección automáticamente, de 15 metros que se miden a ambos lados del cauce, lo cual depende del criterio de la Dirección de Aguas. Refiere el Tribunal que don [Nombre34], pese a que visitó el lugar en tres ocasiones no sabe si el cauce es de dominio público y es conocimiento generalizado en la comunidad que por esa zanja, abierta por el huracán César, según lo informaron las testigos vecinas, discurren no solo aguas llovidas, sino también, en ciertas épocas del año, el agua de una paja tomada del Río Buena Vista. También se indica que los testigos [Nombre24] , quien vive en la comunidad y [Nombre35] , declararon que por esa zanja discurren aguas llovidas; el funcionario de la Dirección de Aguas, [Nombre36] , en la primera visitó concluyó que las aguas que discurren por la mencionada zanja no son de dominio público, aunque en una visita posterior cambió de criterio, porque hay dos nacientes que alimentan esas aguas. Estimó la Jueza Sentenciadora que el testigo [Nombre13] no es imparcial, al evidenciarse un interés personal de su parte, es amigo de las quejosas y fue pieza esencial para que este asunto llegara a juicio, fue además la persona que pidió a [Nombre9] la reconsideración de su informe, lo lleva a unas nacientes de agua y le asegura que las mismas desembocan en el canal de la concesión de aguas de viveros La Bonita y que acaban siendo parte del cauce de la quebrada desviada por el encartado. Concluye la autoridad jurisdiccional que no está claro si por esas propiedades además del agua de la paja o concesión del vivero discurre el agua procedente de dos nacientes, que bien podría ser que desemboquen en la quebrada [Nombre15], porque don [Nombre9] había inspeccionado el cauce en su primera visita concluyendo que no era dominio público, preguntándose cómo es que concluye en la segunda visita que esas nacientes desembocan en dicho cauce, lo cual no explicó y pareciera que se basó exclusivamente en lo que le indicó [Nombre37] (cfr. fundamentación intelectiva de la sentencia visible en expediente digital). El Tribunal de Juicio, al valorar la prueba concluye de manera contraria a las reglas de la sana crítica, violentando el principio de derivación, al establecer la existencia de una duda razonable en cuanto la naturaleza de dominio público de las aguas que discurren por el cauce de agua que pasa por el lote del encartado. La Juzgadora sustenta la duda en la declaración del testigo [Nombre33] , porque el mismo no conocía si las aguas que discurren por el citado cauce eran de dominio público o no, cuando dicho testigo fue claro en que a quien le correspondía determinar la naturaleza jurídica del cauce y las aguas era al señor [Nombre22] , como funcionario de la Dirección de Aguas, pero como este funcionario determinó, en una segunda inspección, que las aguas que discurren por el cauce que pasa por la propiedad del encartado y las ofendidas se alimenta de dos pajas de aguas, entonces cuestiona que dicha inspección se haya realizado por insistencia de un funcionario del MINAE (Ricardo [Nombre38]), que era amigo de las ofendidas y que mostró un interés personal por visitar el lugar muchas veces y por haber solicitado la segunda inspección y haber llevado a [Nombre22] hasta las fuentes de agua. Lo relevante en este asunto no es si el testigo [Nombre13] podía tener un interés personal en que se declara que las aguas que discurren por el mencionado cauce son de dominio público, sino la efectiva constatación de la existencia de las nacientes por parte de [Nombre36] , funcionario investido de la competencia para realizar la respectiva declaratoria, y por supuesto, que dichas nacientes discurrieran por el cauce en cuestión, aspecto este último que también se pone en duda por la Jueza A quo, al señalar, de manera especulativa (por carecer de fundamento probatorio alguno), que [Nombre9] actuó confiado en lo que le manifestó [Nombre39] , dando a entender que no realizó las verificaciones correspondientes, cuando de la declaración de éste, se desprende que él recorrió el cauce, fue a las afluentes y recorrió el canal de la paja de agua para el aprovechamiento de Viveros La Bonita, que a su vez desemboca en el cauce, logrando determinar que las nacientes discurren en el canal, y este a su vez en el cauce objeto del pronunciamiento (cfr. declaración del testigo [Nombre36] en la sentencia visible en expediente digital). De acuerdo con lo anterior, la Jueza A quo deriva incorrectamente conclusiones de la prueba que no se extraen de la misma, como que [Nombre9] se guió por el dicho de [Nombre40] en cuanto a que las nacientes desembocaban en el canal de la paja de agua de la que servía Viveros La Bonita, así mismo al fundamentar una duda al respecto, cuando el testigo fue claro en afirmar que había comprobado mediante el recorrido respectivo, la anterior circunstancia, así como la existencia de las nacientes. De acuerdo a lo expuesto, esta Cámara concluye que la prueba evacuada en el debate demostró con plena certeza que el cauce objeto de este proceso es de dominio público. C) La cuarta tesis expuesta por la Jueza de Juicio como fundamento de la sentencia absolutoria lo es la falta de lesión del bien jurídico tutelado, señalando que el conflicto no se origina en una afectación de recursos naturales, sino en una molestia particular a las ofendidas, que configura un delito de daños y no un daño al ambiente por invasión de un área de protección, resaltando que las propiedades de las víctimas también se han realizado obras que afectan el cauce o lo intervienen y que nunca se acusó a otros ciudadanos por afectar el medio ambiente. Razona la Juzgadora que las ofendidas nunca plantearon una demanda contra el imputado por el daño que se les ocasionó, sino que presionaron para llevar el conflicto a la vía penal que no es la idónea para resolverlo. Luego de reprochar nuevamente la actuación del testigo [Nombre40] , bosque y no hay vida silvestre, y que el mismo [Nombre40] dijo que se trataba de una zona urbana, además, la calle pública queda a la orilla de la quebrada, el cauce se formó por la acción del huracán César y que las mismas ofendidas realizaron obras de entubamiento y un muro de contención, de ahí que la afectación del medio ambiente, los recursos naturales o hídricos no se aprecia en la conducta del imputado. Más adelante refiere que en las aguas que discurren por el cauce en cuestión no hay vida y que las aguas bajan contaminadas y que no se puede hablar de lesión significativa del bien jurídico en una zona modificada intensamente por la acción humana, en un cauce que fue abierto por un fenómeno natural y la existencia de una zona de protección se encuentra en duda (cfr. fundamentación intelectiva de la sentencia en expediente digital). Los fundamentos que se desprenden de la sentencia para negar la existencia de una lesión al bien jurídico tutelado son improcedentes. Parte del error en que incurre la Juzgadora se origina en la tesis anterior, al considerar incorrectamente que había una duda razonable en cuanto a que las aguas que discurren por el cauce que atraviesa la propiedad del justiciable no son de dominio público. Si una correcta valoración y análisis de la prueba llevan a concluir lo contrario, no habría posibilidad alguna de rechazar la existencia de lesión al bien jurídico tutelado de los recursos naturales y el medio ambiente. La Ley Forestal en el numeral 33 establece una zona de protección consistente, en el caso concreto, en una franja de 15 metros medidos horizontalmente a ambos lados de las riberas de la quebrada (por estar ubicada en zona rural), zona en la que se prohíbe la eliminación de todo tipo de árboles (artículo 34 de la Ley Forestal) y se sanciona como delito la invasión de una zona protegida (artículo 58 ibídem). Invadir es ocupar anormal o irregularmente un lugar o irrumpir o entrar por la fuerza, según define el Diccionario de la Real Academia dicho término. En el caso concreto, al imputado se le atribuyó el haber invadido una zona de protección, ocupándola de manera irregular, al proceder a eliminar un cauce de aguas de dominio público, al rellenarlo con tierra y escombro, actividad que de haber existido, sin duda afectaría gravemente el medio ambiente, representado por uno de sus recursos más importantes como es el agua, y eliminado la zona de protección, destinada a proteger los recursos forestales cuando los hay y a permitir la regeneración del bosque cuando no existen, como en el caso de marras, lo que a su vez contribuye a la protección del agua, que aunque esté contaminada requiere protección precisamente para revertir esa afectación. Las zonas de protección son importantes tanto en los bosques como en las áreas urbanas, tanto así que la Ley Forestal establece señalizaciones particulares para la determinación de zonas de protección en áreas urbanas, de manera que no pierde vigencia la protección del medio ambiente y particularmente de los recursos forestales e hídricos, por el hecho de que se encuentren en "zonas altamente intervenidas por la acción humana", por el contrario, en tales condiciones es cuando se debe extremar la protección de los recursos naturales, por encontrarse más expuestos a ser afectados, como se refiere, ha sucedido en el caso concreto, donde además las aguas de dominio público están contaminadas al mezclarse con aguas servidas de las viviendas. De igual manera, el hecho de que no se haya atendido hasta el momento, o responsabilizado a otras personas, incluidas las ofendidas, por haber invadido la zona de protección del cauce sin nombre que pasa por sus propiedades, no elimina la afectación al bien jurídico que la conducta concreta atribuida al encartado pudo haber provocado, ni ello enervaría por sí mismo, la eventual responsabilidad penal y civil que pudiera corresponderle. D) En relación a la tesis de la falta de dolo que se esgrime en la sentencia impugnada, consta la siguiente fundamentación intelectiva: "[...] Y aún de considerar que la paja de agua de la concesión por sí sola no convierte ese cauce en dominio público (como lo estimó don [Nombre9] cuando hizo su primera inspección) pero el desvío de dos nacientes hacia la dichosa paja le cambia su naturaleza, aun suponiendo eso, hay que preguntarse si la acción del imputado sería dolosa. En efecto, en cuanto al elemento subjetivo del tipo, si es de conocimiento público de la comunidad que el Vivero La Bonita saca aguas del río por medio de una paja o canal de irrigación en ciertas épocas del año, no se ha demostrado que don [Nombre [Nombre4]] haya vivido en la comunidad o conociera las dos nacientes que se dice desembocan en ese canal, conociendo la existencia de la paja de agua cualquier persona puede caer en error, pues incluso un especialista en la materia y responsable de declarar si un cauce es o no de dominio público, como don [Nombre9] , al parecer se equivocó. No se demostró el dolo en el imputado, el conocimiento y voluntad de invadir un cauce de dominio público, más bien se aprecia que funcionarios con amplios conocimientos no saben si ese es un cauce de dominio público, como [Nombre33] , con lo cual existen elementos para estimar que el imputado habría actuado bajo error en cuanto a la naturaleza de ese cauce ...si es que se tuviera por probado que se han desviado dos nacientes y están fluyendo hacia ese cauce, sobre lo que subsiste una duda como ya se analizó-. El imputado actuó con plena intención al realizar el relleno del lote sin contar con permiso municipal, pero no es eso lo que se está juzgando, sino la invasión del área de protección de una quebrada y sobre este punto habría versado el error. De suerte que ni la condición de dominio público está clara para esta juzgadora, ni la demostración de que respecto a ese elemento del tipo, la acción del imputado fuese dolosa, esto en razón precisamente de que de forma unánime los testigos declararon que por esa zanja o cañón fluyen en ciertas épocas las aguas de una paja que no es un cauce natural, sino artificial, creado para suplir las necesidades del Vivero La Bonita" (cfr. sentencia, páginas 123 a 124 numeración electrónica). La naturaleza jurídica del cauce en cuestión es determinante en el caso concreto para establecer si existía o no una área de protección en los términos que lo establece el artículo 33 de la Ley Forestal, y en consecuencia, la presencia del elemento normativo del tipo penal del numeral 58 ibídem, que es precisamente la existencia de un área de protección. Tal y como ya se expuso, esta Cámara es del criterio de que a partir de la prueba evacuada en el debate, no hay razón para dudar -como lo hace el Tribunal de Juicio- de la naturaleza de dominio público del cauce de marras. En relación al error con que actuó el encartado respecto del conocimiento de dicho elemento, considera esta Cámara que el análisis realizado por el Tribunal de Sentencia resulta acorde con las reglas de la sana crítica, y expone de manera adecuada las razones por las cuales el encartado pudo haber actuado desconociendo que el cauce que pasaba por su propiedad era de dominio público y que estaba protegido a su vez por un área de protección de 15 metros a ambos lados del mismo, error que definitivamente era invencible, aspecto que no valoró el A quo, pero que claramente se desprende de la prueba según se verá de seguido. De acuerdo con la acusación, los hechos objeto de este proceso acontecieron entre los meses de febrero y abril de 2009. El primer informe técnico y oficial que se rinde en el proceso respecto de la naturaleza del cauce de la quebrada, que de acuerdo con la acusación, invadió el justiciable, es el número IMN- DA-0788-2009, que data del 18 de marzo de 2009 y aparece suscrito por el señor [Nombre22] como técnico del Departamento de Aguas del Instituto Meteorológico Nacional. En dicho informe se señala que a partir de una evaluación realizada el 11 de marzo de 2009, se determinó, en el caso de [Nombre [Nombre4]], que la fuente sin nombre, afluente del Río General, "No es Cause de Dominio Público", lo que se justifica de la manera siguiente: "En inspección realizada y consultada la cartografía, el Registro Nacional de Concesiones de Aprovechamiento de Aguas y el Registro de Pronunciamientos de Cauces de Agua, que lleva ese departamento, se establece que en la propiedad no se localizó ningún cauce de dominio público, lo que se observa es un cuerpo de agua el cual corresponde a una paja de agua proveniente del Río General" (cfr. expediente digital, página 155, numeración electrónica). El perito [Nombre22] declaró en debate que entre sus funciones estaban las de definir si una corriente era un cauce de dominio público o no, y que "Hay dos formas de manejar un pronunciamiento de cauce, una es que la haga el propietario del inmueble cuando hay incertidumbre en cuanto a la fuente, la primera vez me presenté por referencia del propietario del inmueble, se hace un recorrido por la fuente, hice un primer informe y se indicó que no era cauce de dominio público debido al recorrido hecho" (cfr. declaración del testigo inserta en la sentencia visible en el expediente digital). De acuerdo con lo anterior, el primer pronunciamiento que emitió el funcionario de la Dirección de Aguas del MINAE, señor [Nombre22] , sobre la naturaleza del cauce que pasa frente a las propiedades en conflicto, surge por gestión del propio encartado, quien solicitó el pronunciamiento respectivo al órgano encargado de determinar si se estaba en presencia de un cauce de dominio público o privado, concluyendo el respectivo funcionario que no se trataba de un cauce de dominio público, ello justo en el momento en que el imputado está realizando la labor de relleno de su lote, con tierra y escombro. El Fiscal recurrente, licenciado [Nombre12] afirmó que el primer informe que confeccionó [Nombre22] , negándole la condición de dominio público al cauce que discurre por las propiedades del imputado y las ofendidas, fue producto de un error en que el imputado indujo al citado funcionario, ocultándole que el cauce de la quebrada se alimentaba de aguas de dos nacientes conocidas con los nombres de [Nombre41] y [Nombre11] , tal afirmación carece en absoluto de sustento probatorio, porque como bien lo razonó la Juzgadora A quo, no existe prueba alguna de que el encartado [[Nombre1] ] tuviera conocimiento de la existencia de las nacientes que alimentaban ese cause, ni siquiera que fuera una persona del lugar. Por otro lado, de la declaración del testigo [Nombre42] se determina que en la valoración realizada, él recorrió el cauce en cuestión, y que no fue sino posteriormente, cuando unos compañeros del Área de Conservación le solicitaron una nueva inspección y lo llevaron a dos sitios, se introdujeron a unas propiedades y le mostraron unas nacientes, lográndose determinar en ese momento, que se trataba de cauce de dominio público y por ello cambió el criterio. Concluyó el testigo su declaración indicando que si fue al sitio es porque había duda, al no aparecer el cauce en la hoja cartográfica. Ese nuevo criterio se expone en el informe número IMN-DA-2452-2009 de páginas 364 a 366 del expediente electrónico (numeración electrónica) y el mismo tiene como fecha 3 de agosto de 2009, varios meses después de los hechos. Así las cosas, está plenamente demostrado que el encartado recurrió ante el órgano administrativo correspondiente para que se determinara si el cauce que pasaba por su propiedad era de dominio público, recibiendo como respuesta oficial, que no lo era, luego de que un especialista y funcionario público con competencia para ello, realizara el estudio correspondiente y recorriendo el cauce respectivo, de manera que, tal y como lo resolvió el Tribunal de Juicio, no es posible atribuirle al imputado [[Nombre1] ] que conociera que el mencionado cauce era de dominio público, en los términos que lo establece el artículo 1° de la Ley de Aguas y para los efectos de determinar la existencia de una zona de protección según lo regulan los artículos 33 y 58 de la Ley Forestal. Es claro y evidente a partir de lo antes expuesto, que el encartado actuó bajo error en cuanto al conocimiento del carácter de dominio público del cauce sobre el cual realizó un relleno con tierra y escombro, error que a su vez le impidió conocer la existencia de una zona de protección de quince metros a cada lado de la rivera del cauce y a lo largo de mismo; así mismo que dicho error fue de carácter invencible, porque el justiciable, cumpliendo con el deber de informarse, solicitó del órgano estatal competente el pronunciamiento respectivo, siendo informado de que el cauce en cuestión no era de dominio público, pronunciamiento que si bien fue revocado, ello sucedió varios meses después de haber realizado los hechos que se le atribuyeron en la acusación y la querella. Resta por determinar la naturaleza del error invencible en que incurrió el justiciable y sus consecuencias jurídicas. Claramente el elemento "área de protección" del tipo penal del numeral 58 de la Ley Forestal es un elemento normativo de tipo jurídico, cuya determinación se logra conjugando los numerales 33 y 58 de la Ley Forestal y 1 y 2 de la Ley de Aguas, y en el caso concreto además, un pronunciamiento administrativo. De acuerdo con el numeral 58 de la Ley Forestal "Se impondrá prisión de tres meses a tres años a quien: a) Invada un área de conservación o protección , cualquiera que sea su categoría de manejo, u otras áreas de bosques o sometidos al régimen forestal, cualquiera que sea el área ocupada; independientemente de que se trate de terrenos privados del Estado u otros organismos de la Administración Pública o de terrenos de dominio particular. Los autores o partícipes del acto no tendrán derecho a indemnización alguna por cualquier construcción u obra que hayan realizado en los terrenos invadidos" (el [Placa6] no pertenece al original). Según la acusación, el justiciable realizó trabajos de relleno con tierra y escombros en el área de protección de una quebrada ubicada en Rivas de Pérez Zeledón, por el que discurren aguas de dominio público. Dicha área de protección, en el caso concreto, estaría constituida por una franja de quince metros medidos horizontalmente a ambos lados de la rivera de la quebrada por tratarse de una zona rural (artículo 33 Ley Forestal), según lo señaló el testigo [Nombre33] , funcionario del MINAE y encargado de Control y Protección (cfr. declaración en sentencia visible en expediente digital). Ahora bien, las áreas de protección se definen en función de cauces por los que discurren aguas de dominio público, que son aquellos que cumplen con los presupuestos establecidos en el artículo 1° de la Ley de Aguas, norma según la cual "Son aguas del dominio público: [...] IV.- Las de los ríos y sus afluentes directos o indirectos, arroyos o manantiales desde el punto en que broten las primeras aguas permanentes hasta su desembocadura en el mar o lagos, lagunas o esteros; riberas de propiedad nacional y, en general, todas las que nazcan en terrenos de dominio público; [...]". Por su lado, el numeral 2 de la citada ley establece que las citadas aguas "son propiedad nacional y el dominio sobre ellas no se pierde ni se ha perdido cuando por ejecución de obras artificiales o de aprovechamientos anteriores se alteren o se hayan alterado las características naturales". Dicha norma exceptúa únicamente aquellas "aguas que se aprovechan en virtud de contratos efectuados por el Estado, las cuales se sujetarán a las condiciones autorizadas en la respectiva concesión". Por último el numeral 3 de la Ley de Aguas declara también que son propiedad nacional, los cauces de las corrientes de dominio público. El error sobre un elemento normativo del tipo penal, para un amplio sector doctrinal debe ser tratado como un error sobre la antijuridicidad misma y por lo tanto como un error de prohibición, para otros, continúa siendo un error de tipo y debe ser tratado como tal (cfr. [Nombre43] . Teoría General del Delito. Tercera Edición, Bogotá, Editorial Nomos S. A., 2010, p. 148). Para esta Cámara de Apelación, el error sobre un elemento normativo simple del tipo debe ser tratado como un error de tipo y cuando el elemento normativo es complejo, como un error de prohibición, porque solamente en el segundo supuesto se afecta la comprensión de la antijuridicidad de la conducta, mientras que en el primero, la interpretación que realiza el autor no decide sobre el conocimiento o no del carácter permitido o prohibido de su acción. Al respecto ha resuelto este Tribunal lo siguiente: "III.- Con meros fines ilustrativos y sin que esto prejuzgue sobre la existencia o no de un error en el presente asunto (tema que, dado el caso, deberá analizar quien realice el juicio de reenvío que se ordena), debe indicarse que el artículo 61 inciso a) de la Ley Forestal contiene un elemento normativo del tipo, desde que se impone, para efectos de tipicidad objetiva, que la acción de aprovechamiento se realice sin el permiso de la Administración o excediendo (no ajustándose a ese permiso). Esto significa que este tipo penal requiere, primero que todo, que el sujeto actuante conozca que realiza algunas de las acciones que pueden conformar un aprovechamiento de producto forestal, pero además debe saber que realiza esas acciones sin contar con, o sin ajustarse al permiso de la autoridades, requerido al efecto. El tema central a dilucidar, superadas las exigencias probatorias pertinentes, por lo tanto es si E.V.B. y el otro imputado en esta causa fueron o no inducidos a error por alguien, para luego precisar -dado el caso-, de qué clase de error se trata y, finalmente, si este es de carácter vencible o invencible. Para este análisis debe seguirse un adecuado proceso de fundamentación jurídica, libre de los yerros y contradicciones que se han señalado en relación con la sentencia impugnada. Según considera esta Cámara de Apelación, de manera general (de nuevo sin que esto prejuzgue su existencia para el caso en estudio), el error sobre elementos normativos que tienen una naturaleza simple, que no revisten mayor complejidad, debe ser tratado como un error de tipo, ya que la interpretación que realiza el autor sobre esta clase de elementos concretos no decide sobre su conocimiento o no sobre el carácter permitido o prohibido de su acción (como sucede por definición con el error de prohibición indirecto y directo), sino que es realizada sobre un elemento utilizado en la norma para realizar ya la propia descripción típica del hecho. Dicho de manera simple, en el caso de que falten estos elementos normativos de naturaleza simple, el hecho carecerá de relevancia típica, porque faltaría una de las exigencias para que proceda la subsunción típica, según la descripción que hace la norma; razón por la cual lo que correspondería es considerar el error de tipo porque este se da sobre una de las “exigencias necesarias para que el delito exista, según su descripción” (según lo indica el numeral 34 del Código Penal). En este sentido planteado hipotéticamente, si el aprovechamiento forestal realizado goza de los permisos que concede el Estado, el mismo carecerá, de entrada, de relevancia típica; por lo que resulta absolutamente consecuentemente concluir que si el sujeto actuante considera erróneamente que el aprovechamiento se realiza con base en un permiso, dicho yerro recae directamente sobre un requisito conformador de tipicidad objetiva, y debe ser tratado como error de tipo. Si el error sobre un elemento normativo del tipo, le impide al sujeto conocer que realiza un aprovechamiento forestal que no cumple con los permisos respectivos, tal error excluiría el dolo, por lo que tal yerro debería ser tratado como un error de tipo, el cual excluiría de entrada la tipicidad subjetiva (al respecto: [Nombre44] , . Derecho Penal. Parte General. Madrid, Civitas, pp. 462-463)." (cfr. Tribunal de Apelación de Sentencia de Cartago, voto N° 2014-206, de las 13:35 horas del 29 de mayo de 2014). El elemento " área de protección" que contiene el tipo penal del artículo 58 de la Ley Forestal, es un elemento normativo jurídico complejo, pues para su determinación debe integrarse al menos cinco normas de dos cuerpos normativos (Ley Forestal, Ley de aguas) y en el caso concreto, un pronunciamiento administrativo. Así las cosas, el imputado [Nombre [Nombre4]] realizó una acción típica y antijurídica pero no culpable, por haberse excluido en virtud de un error de prohibición invencible el elemento de la culpabilidad de la conciencia de la antijuridicidad, tal y como lo prevé el numeral 35 del Código Penal: " No es culpable, el que por error invencible cree que el hecho que realiza no está sujeto a pena. Si el error no fuere invencible, la pena prevista para el hecho podrá ser atenuada, de acuerdo con lo que establece el artículo 79" (el destacado no pertenece al original). Si bien en la sentencia impugnada se absolvió al imputado por estimar que no se configuró la tipicidad subjetiva (dolosa), por la existencia de un error de tipo, y a pesar de que esta Cámara no comparte que en el caso concreto tal solución como la técnicamente correcta, lo cierto es que a la misma conclusión de absolver al imputado se llega aplicando los efectos de un error de prohibición invencible, lo que hace inconducente el reenvío solicitado, y por el contrario impone declarar sin lugar estos extremos de los recursos planteados por el Ministerio Público.

III.- Respecto de la acción civil resarcitoria, que sí fue objeto del recurso de apelación interpuesto el representante de la Procuraduría General de la República, el Tribunal de Sentencia incurrió en falta de fundamentación al rechazar la misma, por considerar que no ocurrió un daño en el ambiente y que existe duda respecto de si se está en presencia de un cauce de dominio público y que el daño a las propiedades contiguas solo puede ser reclamado por las perjudicadas directas, quienes no interpusieron acción civil resarcitoria. En los términos expuestos, el rechazo de la acción civil resarcitoria es infundada, porque en los párrafos precedentes se determinó la existencia de defectos de fundamentación de la sentencia, al establecer una duda razonable en cuanto a la naturaleza de dominio público del cauce invadido por el justiciable y la inexistencia de daño al ambiente, a lo cual se remite. Así las cosas, se acoge el recurso de apelación interpuesto por el licenciado [Nombre2] , representante del Estado como querellante y actor civil, en virtud de lo cual se declara parcialmente ineficaz la sentencia impugnada, únicamente en cuanto se declaró sin lugar la acción civil resarcitoria y se rechazó ordenar la restitución de las cosas a su estado original, ordenándose al respecto juicio de reenvío para nueva sustanciación, en el cual deberá dársele participación a la propietaria actual del terreno donde sucedieron los hechos. En lo demás el fallo permanece incólume.

Por Tanto:

Se declara con lugar el recurso de apelación planteado por el licenciado [Nombre2] , representante del Estado, como querellante y actor civil, en virtud de lo cual se declara ineficaz parcialmente la sentencia impugnada, únicamente en cuanto se declaró sin lugar la acción civil resarcitoria y se rechazó ordenar la restitución de las cosas a su estado original, ordenándose al respecto juicio de reenvío para nueva sustanciación , en el cual deberá dársele participación a la propietaria actual del terreno donde sucedieron los hechos. En lo demás, el fallo permanece incólume. Se rechaza el recurso de apelación formulado por el licenciado [Nombre3] , Fiscal. Notifíquese.

Jorge A. Camacho Morales Gustavo Chan Mora Ingrid Estrada Venegas Jueces del Tribunal de Apelación de la Sentencia Penal C/: [Nombre [Nombre4]] Of/: Los Recursos Naturales D/: Invasión de Área de Protección kcalderon Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago. Teléfonos: [Telf1] ó [Telf2]. Fax: [Telf3].

3

Document not found. Documento no encontrado.

Implementing decreesDecretos que afectan

    TopicsTemas

    • Environmental Criminal LiabilityResponsabilidad Penal Ambiental
    • Forestry Law 7575 — Land Use and Forest ProtectionLey Forestal 7575 — Uso del Suelo y Protección Forestal

    Concept anchorsAnclajes conceptuales

    • Ley 7575 Art. 33
    • Ley 7575 Art. 58
    • Ley de Aguas Art. 1
    • Ley de Aguas Art. 2
    • Código Penal Art. 35
    • Código Penal Art. 34
    • Código Penal Art. 103
    • Constitución Política Art. 41

    Spanish key termsTérminos clave en español

    News & Updates Noticias y Actualizaciones

    All articles → Todos los artículos →

    Weekly Dispatch Boletín Semanal

    Field reporting and policy analysis from Costa Rica's forests. Reportajes y análisis de política desde los bosques de Costa Rica.

    ✓ Subscribed. ✓ Suscrito.

    One email per week. No spam. Unsubscribe in one click. Un correo por semana. Sin spam. Cancela en un clic.

    Or WhatsApp channelO canal de WhatsApp →
    Coalición Floresta © 2026 · All rights reserved © 2026 · Todos los derechos reservados

    Stay Informed Mantente Informado

    Conservation news and action alerts, straight from the field Noticias de conservación y alertas de acción, directo desde el campo

    Email Updates Actualizaciones por Correo

    Weekly updates, no spam Actualizaciones semanales, sin spam

    Successfully subscribed! ¡Suscripción exitosa!

    WhatsApp Channel Canal de WhatsApp

    Join to get instant updates on your phone Únete para recibir actualizaciones instantáneas en tu teléfono

    Join Channel Unirse al Canal
    Coalición Floresta Coalición Floresta © 2026 Coalición Floresta. All rights reserved. © 2026 Coalición Floresta. Todos los derechos reservados.
    🙏