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Res. 00295-2014 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago · Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago · 10/07/2014
OutcomeResultado
The criminal acquittal is upheld based on an invincible mistake of law, but the rejection of the civil damages claim is overturned and a retrial is ordered solely on civil liability and restoration of the site.Se confirma la absolución penal del imputado por error de prohibición invencible, pero se anula el rechazo de la acción civil resarcitoria y se ordena reenvío para nueva sustanciación únicamente sobre la responsabilidad civil y la restitución del sitio.
SummaryResumen
The Cartago Criminal Appeals Court reviewed the acquittal of a defendant charged with invasion of a protected area for filling a stream bed on his property with debris. The trial court had acquitted based on doubts about the public status of the stream, lack of intent, absence of environmental harm, and a supposed violation of the principle of congruence between charge and sentence. The Appeals Chamber rejected the Public Prosecutor's appeal but partially upheld the State's appeal as civil party. It confirmed the acquittal on criminal charges, but on different grounds: the defendant acted under an invincible mistake of law, because the Water Directorate initially informed him the stream was not public domain, a ruling later revised months after the acts. The court classified this as a mistake of law (prohibition) rather than a mistake of fact, given the legal complexity of the “protected area” concept. However, it overturned the rejection of the civil claim for damages, finding that environmental harm did occur and the trial court failed to provide adequate reasoning. It ordered a retrial solely on the civil liability and the request for restoration of the site, with participation of the current landowner.El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago revisó la absolución de un imputado por el delito de invasión de área de protección, tras haber rellenado con escombros el cauce de una quebrada que discurría por su propiedad. El tribunal de juicio absolvió argumentando duda sobre el carácter público del cauce, falta de dolo, ausencia de lesión al bien jurídico y quiebre de la correlación entre acusación y sentencia. La Cámara de Apelación rechazó el recurso del Ministerio Público, pero acogió parcialmente el de la Procuraduría como actor civil. Confirmó la absolución penal pero por una razón distinta: el imputado actuó bajo un error de prohibición invencible, pues la Dirección de Aguas le informó en un primer momento que el cauce no era de dominio público, cambiando el criterio meses después. Se calificó el error como de prohibición, no de tipo, por la complejidad normativa del concepto de área de protección. No obstante, anuló el rechazo de la acción civil resarcitoria y ordenó un reenvío para nueva sustanciación, al considerar que sí existió daño ambiental y que el tribunal no fundamentó adecuadamente su decisión sobre la responsabilidad civil.
Key excerptExtracto clave
Based on the foregoing, the first pronouncement issued by the Water Directorate official of MINAE, Mr. [Name22], on the nature of the watercourse passing in front of the properties in conflict, arose from the defendant’s own request, who sought the corresponding determination from the authority responsible for establishing whether it was a public or private watercourse, and the official concluded that it was not a public watercourse, at the very time the defendant was carrying out the filling of his lot with earth and debris. […] Thus, it is fully demonstrated that the defendant approached the appropriate administrative body to determine whether the watercourse crossing his property was public domain, receiving an official response that it was not, after a specialist and public official with competence to do so conducted the corresponding study and walked the relevant watercourse, so that, as the trial court resolved, it is not possible to attribute to the defendant [Name1] knowledge that said watercourse was public domain, within the terms established in Article 1 of the Water Law and for purposes of determining the existence of a protection zone as regulated by Articles 33 and 58 of the Forestry Law. It is clear and evident from the foregoing that the defendant acted under a mistake regarding knowledge of the public domain character of the watercourse on which he carried out the filling with earth and debris, a mistake which in turn prevented him from knowing of the existence of a protection zone of fifteen meters on each side of the watercourse’s banks and along its length; equally, said mistake was invincible, because the defendant, fulfilling his duty to inform himself, requested the corresponding pronouncement from the competent state authority, being informed that the watercourse in question was not public domain, a pronouncement that, although it was later revoked, occurred several months after the facts attributed to him in the charge and the indictment had been committed.De acuerdo con lo anterior, el primer pronunciamiento que emitió el funcionario de la Dirección de Aguas del MINAE, señor [Nombre22] , sobre la naturaleza del cauce que pasa frente a las propiedades en conflicto, surge por gestión del propio encartado, quien solicitó el pronunciamiento respectivo al órgano encargado de determinar si se estaba en presencia de un cauce de dominio público o privado, concluyendo el respectivo funcionario que no se trataba de un cauce de dominio público, ello justo en el momento en que el imputado está realizando la labor de relleno de su lote, con tierra y escombro. [...] Así las cosas, está plenamente demostrado que el encartado recurrió ante el órgano administrativo correspondiente para que se determinara si el cauce que pasaba por su propiedad era de dominio público, recibiendo como respuesta oficial, que no lo era, luego de que un especialista y funcionario público con competencia para ello, realizara el estudio correspondiente y recorriendo el cauce respectivo, de manera que, tal y como lo resolvió el Tribunal de Juicio, no es posible atribuirle al imputado [[Nombre1] ] que conociera que el mencionado cauce era de dominio público, en los términos que lo establece el artículo 1° de la Ley de Aguas y para los efectos de determinar la existencia de una zona de protección según lo regulan los artículos 33 y 58 de la Ley Forestal. Es claro y evidente a partir de lo antes expuesto, que el encartado actuó bajo error en cuanto al conocimiento del carácter de dominio público del cauce sobre el cual realizó un relleno con tierra y escombro, error que a su vez le impidió conocer la existencia de una zona de protección de quince metros a cada lado de la rivera del cauce y a lo largo de mismo; así mismo que dicho error fue de carácter invencible, porque el justiciable, cumpliendo con el deber de informarse, solicitó del órgano estatal competente el pronunciamiento respectivo, siendo informado de que el cauce en cuestión no era de dominio público, pronunciamiento que si bien fue revocado, ello sucedió varios meses después de haber realizado los hechos que se le atribuyeron en la acusación y la querella.
Pull quotesCitas destacadas
"Así las cosas, el imputado [Nombre [Nombre4]] realizó una acción típica y antijurídica pero no culpable, por haberse excluido en virtud de un error de prohibición invencible el elemento de la culpabilidad de la conciencia de la antijuridicidad, tal y como lo prevé el numeral 35 del Código Penal."
"Thus, the defendant [Name4] carried out an action that was typical and unlawful but not culpable, because the element of guilt—awareness of unlawfulness—was excluded by virtue of an invincible mistake of law, as provided in article 35 of the Penal Code."
Considerando II.D, párrafo final
"Así las cosas, el imputado [Nombre [Nombre4]] realizó una acción típica y antijurídica pero no culpable, por haberse excluido en virtud de un error de prohibición invencible el elemento de la culpabilidad de la conciencia de la antijuridicidad, tal y como lo prevé el numeral 35 del Código Penal."
Considerando II.D, párrafo final
"El error sobre un elemento normativo simple del tipo debe ser tratado como un error de tipo y cuando el elemento normativo es complejo, como un error de prohibición, porque solamente en el segundo supuesto se afecta la comprensión de la antijuridicidad de la conducta."
"A mistake regarding a simple normative element of the crime definition should be treated as a mistake of fact, and when the normative element is complex, as a mistake of law, because only in the latter case is the understanding of the unlawfulness of the conduct affected."
Considerando II.D, desarrollo doctrinal
"El error sobre un elemento normativo simple del tipo debe ser tratado como un error de tipo y cuando el elemento normativo es complejo, como un error de prohibición, porque solamente en el segundo supuesto se afecta la comprensión de la antijuridicidad de la conducta."
Considerando II.D, desarrollo doctrinal
"dicho error fue de carácter invencible, porque el justiciable, cumpliendo con el deber de informarse, solicitó del órgano estatal competente el pronunciamiento respectivo, siendo informado de que el cauce en cuestión no era de dominio público, pronunciamiento que si bien fue revocado, ello sucedió varios meses después de haber realizado los hechos."
"Said mistake was invincible, because the defendant, fulfilling his duty to inform himself, requested the corresponding pronouncement from the competent state authority and was informed that the watercourse in question was not public domain, a pronouncement which, although it was later revoked, occurred several months after the acts had been committed."
Considerando II.D, conclusión del error
"dicho error fue de carácter invencible, porque el justiciable, cumpliendo con el deber de informarse, solicitó del órgano estatal competente el pronunciamiento respectivo, siendo informado de que el cauce en cuestión no era de dominio público, pronunciamiento que si bien fue revocado, ello sucedió varios meses después de haber realizado los hechos."
Considerando II.D, conclusión del error
Full documentDocumento completo
Res: 2014-295 Court of Appeal of the Criminal Sentence of Cartago, Section Two. At eleven hours fifteen minutes on the tenth of July of two thousand fourteen.
Appeal of a criminal sentence filed in the present case against [Nombre [Nombre1]], an adult, [...], for the crime of Invasion of a Protected Area (Invasión de Área de Protección), to the detriment of Natural Resources. The judges Jorge A. Camacho Morales, Gustavo Chan Mora, and Ingrid Estrada Venegas intervene in the decision on the appeal. Appearing on appeal were the attorneys [Nombre2], in the capacity of Assistant State Attorney (Procurador Adjunto), and [Nombre3], representative of the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público).
Resulting:
1. That through Judgement Number 110-2013 of eleven hours on the eighteenth of March of two thousand thirteen, the Criminal Trial Court of the First Judicial Circuit of the Southern Zone, Pérez Zeledón venue, resolved: "THEREFORE (Por tanto): In accordance with the foregoing and Articles 28, 29 and 41 of the Political Constitution, 8 and 9 of the American Convention on Human Rights, 1, 6, 9, 142, 184, 265 to 270, 360 to 366 of the Code of Criminal Procedure (Código Procesal Penal), 1, 30, 34 and 45 of the Criminal Code (Código Penal), in application of the universal principle in dubio pro reo, [Nombre [Nombre4]] IS ACQUITTED (SE ABSUELVE) of all punishment and responsibility for the crime of INVASION OF A PROTECTED AREA (INVASIÓN DE ÁREA DE PROTECCIÓN) attributed to him as committed to the detriment of NATURAL RESOURCES. The civil action for compensation (acción civil resarcitoria) brought against him by the State IS DECLARED WITHOUT MERIT (SIN LUGAR). The request for restitution of things to their prior state is rejected, without prejudice to the ability of the neighbors affected by the works or the Municipality of Pérez Zeledón to request or order it through the corresponding channels. This sentence is issued without special award of costs (costas), and the expenses of the criminal proceeding are to be borne by the State. NOTIFY. [Nombre5]. Judge." (sic)
2. That against the previous ruling, the attorneys [Nombre2] and [Nombre3] filed the appeal.
3. That having verified the respective deliberation in accordance with the provisions of Article 466 of the Code of Criminal Procedure, reformed by Law 8837 published on the ninth of December of two thousand eleven (Creation of the Sentence Appeal Remedy), the Court considered the issues raised in the appeal.
4. That the relevant legal prescriptions have been observed in the proceedings.
Drafted by Judge [Nombre6], and;
Considering:
The appeal filed by the Public Prosecutor's Office is rejected, and the appeal filed by the Office of the Attorney General of the Republic is upheld. From the study of the intellectual reasoning of the appealed decision, this Chamber of Appeals determines that the Trial Court acquitted the defendant [[Name1]] of the crime of invasion of a protection area, presenting several theories as the basis for said acquittal, the first of which is that a conviction could not be issued without disregarding the principle of correlation between accusation and judgment; the second, that a reasonable doubt persisted regarding the public domain nature of the waters; the third, that it was not demonstrated that the defendant acted willfully; and finally, that the protected legal interest was not harmed (cf. judgment on pages 98 to 132, electronic numbering). A) The Trial Court is not correct in proposing as a theory to acquit the accused that, in the event of convicting him, the principle of correlation between accusation and judgment would be disregarded.
In summary, the lower court argues that the complaint and the accusation placed the facts in a location different from where they occurred, by stating that the defendant affected the [Name15] creek; however, although the evidence shows that the [Name15] creek exists, it is located very far from the scene of the events, approximately 820 meters away (cf. intellectual reasoning of the judgment visible in the digital file, folios 98 to 132, digital numbering), a point on which the appellant agrees, so it is not a disputed issue that the [Name15] creek was not affected by the action of the accused. The judge concluded by stating that the defendant defended himself against the charge of having invaded the protection zone of the [Name15] creek, even hiring an expert to demonstrate that he had not invaded its protection area, and therefore the Court cannot now tell the accused that it was not the [Name15] creek but some other one, meaning this is an insurmountable defect, since a modification regarding the location of the facts would be essential and therefore unacceptable (cf. intellectual reasoning of the judgment visible in the digital file, folios 98 to 132, electronic numbering).
In light of the factual assertions of the accusation and the complaint, the reasoning presented by the Trial Court is not tenable. The first and second facts of the accusation describe the following: "1-. The victims [Name [Name27]] and [Name [Name28]] are the owners of the properties registered in the Public Property Registry, Real Folio registration numbers: [[Placa2]] and [[Placa3]] respectively, which border the southern boundary of the property of the accused [[Name1]]. 2- That through the cited properties of the victims [Name [Name29]] and [[Name30]], as well as through the property of the accused [[Placa4]], which are located in the locality of Rivas de Pérez Zeledón, 300 meters north of the church, passes the public domain watercourse of the [Name31] creek, and the origin of this watercourse is due to the presence of three water currents, these being the [Name10] spring, [Name11] spring, and a water intake from the Buena Vista River" (cf. accusation in the judgment visible in the digital file, folios 98 to 132, electronic numbering).
For its part, the complaint contains the following fact: "FIRST: Without being able to determine an exact date, but certainly between the months of February and April 2009, the defendant [Name [Name4]], on his property, located in the locality of Rivas de Pérez Zeledón, exactly 300 meters north of the locality's church, carried out a series of tasks using heavy machinery consisting of filling with red earth and debris the creek that runs through his property of [Name32], whose watercourse is a product of the presence of three water currents, namely the [Name10] spring, [Name11] spring, and water intake from the Buena Vista River, invading" (cf. decision of 16:37 hours on March 25, 2013, of the Criminal Court of the First Judicial Circuit of the Southern Zone, Pérez Zeledón, which corrects a material error, visible in the digital file). As the appellant states, the only problem that has arisen in this specific case is simply one of nomenclature, by calling a watercourse by the name [Name15] which has no official name, which in no way affects the location of the scene of the events that was provided in both the accusation and the complaint: 300 meters north of the church of Rivas de Pérez Zeledón, exactly on the defendant's property, where a watercourse passed, such that no defenselessness was caused, nor did the scene of the events become indeterminate, by the simple circumstance of having erroneously called the cited watercourse the [Name15] creek.
Both the accusation and the complaint make it clear that the watercourse regarding which the action of invasion is attributed to the defendant is the one that passes through his property. B) The second theory outlined in the judgment to acquit the defendant [[Name1]] is that there is doubt regarding the public domain nature of the waters that flow through the watercourse invaded by the accused. In that sense, the ruling states that there is a reasonable doubt that those waters, which at certain times of the year flow through the ditch opened by the river, and which were affected by the fill placed by the defendant, can be considered public domain. It notes that witness [Name33], who has worked for 28 years in that field and is in charge of Control and Protection at MINAE, said that an official from the Water Directorate had been brought to the site to indicate whether or not the watercourse was public domain, since the Water Directorate is in charge of determining that, meaning that if the water that flows is public domain, it would automatically be a protection area, of 15 meters measured on both sides of the watercourse, which depends on the criteria of the Water Directorate.
The Court notes that Mr. [Name34], despite having visited the site on three occasions, does not know if the watercourse is public domain, and it is widespread knowledge in the community that through that ditch, opened by Hurricane César, according to what the neighboring witnesses reported, flows not only rainwater but also, at certain times of the year, water from an intake taken from the Buena Vista River. It is also indicated that witnesses [Name24], who lives in the community, and [Name35], declared that rainwater flows through that ditch; the Water Directorate official, [Name36], during the first visit concluded that the waters flowing through the mentioned ditch are not public domain, although during a later visit he changed his criteria, because there are two springs that feed those waters. The Sentencing Judge considered that witness [Name13] is not impartial, as a personal interest on his part was evident; he is a friend of the complainants and was an essential piece in bringing this matter to trial, and he was also the person who asked [Name9] for the reconsideration of his report, took him to some springs, and assured him that they flow into the irrigation channel of the La Bonita nursery concession and end up being part of the watercourse of the creek diverted by the accused.
The jurisdictional authority concludes that it is not clear if, through those properties, in addition to the water from the intake or concession of the nursery, water from two springs also flows, which could very well flow into the [Name15] creek, because Mr. [Name9] had inspected the watercourse on his first visit concluding that it was not public domain, questioning how he concluded on the second visit that those springs flow into said watercourse, which he did not explain, and it seemed that he based his conclusion exclusively on what [Name37] indicated to him (cf. intellectual reasoning of the judgment visible in the digital file). The Trial Court, in assessing the evidence, concludes in a manner contrary to the rules of sound judicial discretion, violating the principle of derivation, by establishing the existence of a reasonable doubt regarding the public domain nature of the waters that flow through the watercourse that passes through the accused's lot.
The Judge bases the doubt on the testimony of witness [Name33], because he did not know whether the waters flowing through the cited watercourse were of public domain or not, when said witness was clear that it was Mr. [Name22], as an official of the Water Directorate, who was responsible for determining the legal nature of the watercourse and the waters, but since this official determined, in a second inspection, that the waters flowing through the watercourse passing through the property of the accused and the victims are fed by two water intakes, she then questions that said inspection was carried out at the insistence of a MINAE official (Ricardo [Name38]), who was a friend of the victims and who showed a personal interest in visiting the site many times and for having requested the second inspection and having taken [Name22] to the water sources. What is relevant in this matter is not whether witness [Name13] might have had a personal interest in having the waters flowing through the mentioned watercourse declared public domain, but rather the effective verification of the existence of the springs by [Name36], an official vested with the authority to make the respective declaration, and, of course, that said springs flowed through the watercourse in question, this last aspect also being questioned by the lower court Judge, by stating, speculatively (as it lacks any evidentiary basis), that [Name9] acted relying on what [Name39] told him, implying that he did not carry out the corresponding verifications, when from his testimony, it is clear that he traveled the watercourse, went to the tributaries, and traveled the water intake channel for the use of Viveros La Bonita, which in turn flows into the watercourse, managing to determine that the springs flow into the channel, and this in turn into the watercourse subject to this ruling (cf. testimony of witness [Name36] in the judgment visible in the digital file).
According to the foregoing, the lower court Judge incorrectly derives conclusions from the evidence that are not extracted from it, such as that [Name9] was guided by what [Name40] said regarding the springs flowing into the water intake channel used by Viveros La Bonita, as well as by basing a doubt on this matter, when the witness was clear in affirming that he had verified, through the respective tour, the previous circumstance, as well as the existence of the springs. Based on the foregoing, this Chamber concludes that the evidence presented at trial demonstrated with full certainty that the watercourse subject to this proceeding is of public domain. C) The fourth theory presented by the Trial Judge as grounds for the acquittal is the lack of harm to the protected legal interest, stating that the conflict does not originate from an impact on natural resources, but rather from a particular annoyance to the victims, which constitutes a crime of property damage and not environmental damage due to invasion of a protection area, highlighting that works affecting or intervening the watercourse have also been carried out on the victims' properties, and that other citizens were never accused of affecting the environment.
The Judge reasons that the victims never filed a lawsuit against the defendant for the damage caused to them, but rather pressured to bring the conflict into the criminal sphere, which is not the appropriate one to resolve it. After again reproaching the actions of witness [Name40], she states that this is an urbanized area, that there are homes, a [Placa5], that there is no forest and no wildlife, and that [Name40] himself said it was an urban area; furthermore, the public road is at the edge of the creek, the watercourse was formed by the action of Hurricane César, and the victims themselves carried out piping works and a retaining wall, hence the impact on the environment, natural resources, or water resources is not apparent in the defendant's conduct. Further on, she states that there is no life in the waters that flow through the watercourse in question, and that the waters are polluted, and that one cannot speak of a significant injury to the legal interest in an area intensely modified by human action, in a watercourse that was opened by a natural phenomenon, and the existence of a protection zone is in doubt (cf. intellectual reasoning of the judgment in the digital file).
The grounds that emerge from the judgment to deny the existence of an injury to the protected legal interest are unfounded. Part of the error incurred by the Judge originates from the previous theory, by incorrectly considering that there was a reasonable doubt that the waters flowing through the watercourse crossing the defendant's property are not of public domain. If a correct assessment and analysis of the evidence lead to the opposite conclusion, there would be no possibility whatsoever of rejecting the existence of injury to the protected legal interest of natural resources and the environment. The Forest Law (Ley Forestal) in Article 33 establishes a protection zone consisting, in this specific case, of a strip of 15 meters measured horizontally on both banks of the creek (because it is located in a rural zone), a zone in which the elimination of all types of trees is prohibited (Article 34 of the Forest Law) and the invasion of a protected area is sanctioned as a crime (Article 58 ibidem).
To invade is to occupy a place abnormally or irregularly or to break in or enter by force, as defined by the Dictionary of the Royal Academy. In this specific case, the defendant was accused of having invaded a protection zone, occupying it irregularly, by proceeding to eliminate a public domain watercourse by filling it with earth and debris, an activity which, had it existed, would undoubtedly seriously affect the environment, represented by one of its most important resources, water, and eliminate the protection zone, intended to protect forest resources when they exist and to allow forest regeneration when they do not, as in the case at hand, which in turn contributes to the protection of the water, which even if polluted requires protection precisely to reverse that impact. Protection zones are important both in forests and in urban areas, so much so that the Forest Law establishes particular signage for the determination of protection zones in urban areas, such that the protection of the environment, and particularly forest and water resources, does not lose validity due to the fact that they are located in "areas highly intervened by human action"; on the contrary, under such conditions is when the protection of natural resources must be maximized, as they are more exposed to being affected, as is stated to have happened in this specific case, where furthermore the public domain waters are polluted by mixing with sewage from the homes.
Likewise, the fact that other persons, including the victims, have not been attended to or held responsible to date for having invaded the protection zone of the unnamed watercourse that passes through their properties does not eliminate the impact on the legal interest that the specific conduct attributed to the accused could have caused, nor would it in itself negate the eventual criminal and civil liability that could correspond to him. D) Regarding the theory of lack of intent argued in the challenged judgment, the following intellectual reasoning is recorded: "[...] And even considering that the water intake from the concession alone does not make that watercourse public domain (as Mr. [Name9] considered when he made his first inspection) but the diversion of two springs into the said intake changes its nature, even assuming that, one must ask whether the defendant's action would be willful.
Indeed, regarding the subjective element of the crime, if it is public knowledge in the community that the Vivero La Bonita draws water from the river through an intake or irrigation channel at certain times of the year, it has not been proven that Mr. [Name [Name4]] has lived in the community or knew of the two springs that are said to flow into that channel. Knowing of the existence of the water intake, anyone could fall into error, because even a specialist in the field responsible for declaring whether a watercourse is public domain or not, like Mr. [Name9], apparently made a mistake. Intent on the part of the defendant was not proven, the knowledge and will to invade a public domain watercourse; rather, it is observed that officials with extensive knowledge do not know if this is a public domain watercourse, like [Name33], with which there are elements to consider that the defendant would have acted under error regarding the nature of that watercourse ...if it were to be considered proven that two springs have been diverted and are flowing toward that watercourse, regarding which a doubt subsists as already analyzed-.
The defendant acted with full intention when filling the lot without a municipal permit, but that is not what is being judged, but rather the invasion of the protection area of a creek, and on this point the error would have been made. So the condition of public domain is neither clear to this Judge, nor is there evidence that regarding that element of the crime, the defendant's action was willful, this precisely because witnesses unanimously declared that through that ditch or canyon, the waters of an intake flow at certain times, which is not a natural watercourse, but an artificial one, created to supply the needs of Viveros La Bonita" (cf. judgment, pages 123 to 124 electronic numbering). The legal nature of the watercourse in question is decisive in this specific case to establish whether or not a protection area existed under the terms established by Article 33 of the Forest Law, and consequently, the presence of the normative element of the criminal offense in Article 58 ibidem, which is precisely the existence of a protection area.
As already stated, this Chamber is of the opinion that based on the evidence presented at trial, there is no reason to doubt—as the Trial Court does—the public domain nature of the watercourse in question. Regarding the error under which the accused acted concerning the knowledge of said element, this Chamber considers that the analysis carried out by the Sentencing Court is in accordance with the rules of sound judicial discretion, and adequately sets forth the reasons why the accused could have acted without knowing that the watercourse passing through his property was of public domain and that it was in turn protected by a protection area of 15 meters on both sides of it, an error that was definitively invincible, an aspect not assessed by the lower court, but which clearly emerges from the evidence as will be seen below. According to the accusation, the facts subject to this proceeding occurred between the months of February and April 2009.
The first technical and official report issued in the proceeding regarding the nature of the watercourse of the creek, which according to the accusation the defendant invaded, is report number IMN-DA-0788-2009, dated March 18, 2009, and signed by Mr. [Name22] as a technician from the Water Department of the National Meteorological Institute. Said report indicates that based on an evaluation conducted on March 11, 2009, it was determined, in the case of [Name [Name4]], that the unnamed source, a tributary of the General River, "Is Not a Public Domain Watercourse," which is justified as follows: "In an inspection conducted and after consulting the cartography, the National Registry of Water Use Concessions, and the Registry of Pronouncements on Watercourses kept by this department, it is established that no public domain watercourse was located on the property; what is observed is a body of water corresponding to a water intake originating from the General River" (cf. digital file, page 155, electronic numbering).
Expert [Name22] declared at trial that his functions included defining whether a current was a public domain watercourse or not, and that "There are two ways to handle a pronouncement on a watercourse, one is for the property owner to do it when there is uncertainty regarding the source; the first time I appeared it was at the reference of the property owner; a tour of the source is made; I made a first report and it was indicated that it was not a public domain watercourse based on the tour conducted" (cf. witness testimony inserted in the judgment visible in the digital file). According to the foregoing, the first pronouncement issued by the MINAE Water Directorate official, Mr. [Name22], on the nature of the watercourse passing in front of the properties in conflict, was generated by a request from the accused himself, who requested the respective pronouncement from the body responsible for determining whether one was in the presence of a public domain or private watercourse, with the respective official concluding that it was not a public domain watercourse, just at the moment when the defendant was carrying out the task of filling his lot with earth and debris.
The appealing Prosecutor, Mr. [Name12], affirmed that the first report prepared by [Name22], denying the public domain condition to the watercourse running through the properties of the defendant and the victims, was a product of an error in which the defendant induced said official, hiding from him that the watercourse of the creek was fed by waters from two springs known by the names of [Name41] and [Name11]; such an affirmation completely lacks evidentiary support, because as the lower court Judge correctly reasoned, there is no proof whatsoever that the accused [[Name1]] had knowledge of the existence of the springs that fed that watercourse, nor even that he was a person from the area. On the other hand, from the testimony of witness [Name42], it is determined that in the assessment conducted, he traveled the watercourse in question, and that it was not until later, when some colleagues from the Conservation Area requested a new inspection and took him to two sites, entered some properties, and showed him some springs, that it was possible to determine at that moment that it was a public domain watercourse, and therefore he changed his criteria.
The witness concluded his testimony by indicating that if he went to the site it was because there was doubt, as the watercourse did not appear on the cartographic sheet. This new criterion is set forth in report number IMN-DA-2452-2009 on pages 364 to 366 of the electronic file (electronic numbering), and it is dated August 3, 2009, several months after the events. Thus, it is fully demonstrated that the accused resorted to the corresponding administrative body to determine whether the watercourse passing through his property was of public domain, receiving as an official response that it was not, after a specialist and public official with the authority to do so conducted the corresponding study and traveled the respective watercourse, such that, as the Trial Court decided, it is not possible to attribute to the defendant [[Name1]] knowledge that the mentioned watercourse was of public domain, under the terms established by Article 1 of the Water Law (Ley de Aguas) and for the purposes of determining the existence of a protection zone as regulated by Articles 33 and 58 of the Forest Law.
It is clear and evident from the foregoing that the accused acted under error regarding the knowledge of the public domain nature of the watercourse on which he placed fill dirt and debris, an error which in turn prevented him from knowing of the existence of a protection zone of fifteen meters on each side of the bank of the watercourse and along its length; likewise, said error was of an invincible nature, because the defendant, complying with the duty to inform himself, requested the respective pronouncement from the competent state body, being informed that the watercourse in question was not of public domain, a pronouncement that, although it was later revoked, occurred several months after he had carried out the acts attributed to him in the accusation and the complaint. It remains to determine the nature of the invincible error incurred by the defendant and its legal consequences.
Clearly, the "protection area" element of the criminal offense in Article 58 of the Forest Law is a normative element of a legal nature, the determination of which is achieved by combining Articles 33 and 58 of the Forest Law and 1 and 2 of the Water Law, and in this specific case, also an administrative pronouncement. According to Article 58 of the Forest Law, "A prison sentence of three months to three years shall be imposed on anyone who: a) Invades an area of conservation or protection, whatever its management category, or other areas of forests or subject to the forest regime, regardless of the area occupied; regardless of whether they are private lands of the State or other bodies of the Public Administration or lands of private domain. The authors or participants of the act shall not have the right to any compensation for any construction or work they have carried out on the invaded lands" (the [Placa6] does not belong to the original).
According to the accusation, the defendant carried out fill work with earth and debris in the protection area of a creek located in Rivas de Pérez Zeledón, through which public domain waters flow. Said protection area, in this specific case, would be constituted by a strip of fifteen meters measured horizontally on both banks of the creek because it is a rural zone (Article 33 Forest Law), as indicated by witness [Name33], a MINAE official in charge of Control and Protection (cf. testimony in the judgment visible in the digital file). Now then, protection areas are defined based on watercourses through which public domain waters flow, which are those that meet the conditions established in Article 1 of the Water Law, a rule according to which "The following are waters of the public domain: [...] IV.- Those of rivers and their direct or indirect tributaries, streams, or springs from the point where the first permanent waters emerge to their mouth in the sea or lakes, lagoons, or estuaries; banks of national property and, in general, all those that originate on public domain lands; [...]".
In turn, Article 2 of the cited law establishes that the cited waters "are national property and the domain over them is not lost nor has been lost when by execution of artificial works or previous uses, the natural characteristics are altered or have been altered." Said rule excepts only those "waters that are used by virtue of contracts entered into by the State, which shall be subject to the conditions authorized in the respective concession." Finally, Article 3 of the Water Law also declares that the watercourses of public domain currents are national property. Error regarding a normative element of the criminal offense, for a broad doctrinal sector, should be treated as an error regarding the unlawfulness itself and therefore as a mistake of law (error de prohibición); for others, it continues to be an error of fact (error de tipo) and must be treated as such (cf. [Name43]. General Theory of Crime.
Third Edition, Bogotá, Editorial Nomos S. A., 2010, p. 148). For this Chamber of Appeals, an error regarding a simple normative element of the offense must be treated as an error of fact, and when the normative element is complex, as a mistake of law, because only in the second case is the understanding of the unlawfulness of the conduct affected, while in the first, the interpretation made by the perpetrator does not decide on the knowledge or lack thereof of the permitted or prohibited nature of his action. In this regard, this Court has decided the following: "III.- For merely illustrative purposes and without this prejudging the existence or not of an error in the present matter (an issue that, if applicable, must be analyzed by whoever conducts the remand ordered), it must be indicated that Article 61 subsection a) of the Forest Law contains a normative element of the offense, since it is required, for purposes of objective criminality, that the action of use be carried out without the permit of the Administration or exceeding it (not complying with that permit).
This means that this criminal offense first of all requires that the acting subject knows that he is carrying out some of the actions that can constitute a use of forest products, but he must also know that he carries out these actions without having, or without complying with, the required permit from the authorities. The central issue to elucidate, once the pertinent evidentiary requirements have been overcome, is therefore whether E.V.B. and the other defendant in this case were or were not induced into error by someone, to then specify—if applicable—what kind of error it is, and finally, whether it is of a surmountable or insurmountable nature." For this analysis, an adequate process of legal reasoning must be followed, free of the errors and contradictions that have been pointed out regarding the challenged judgment. In the view of this Court of Appeals, generally speaking (again without this prejudging its existence in the case under study), an error concerning normative elements that are simple in nature, which do not pose greater complexity, should be treated as an error of type (error de tipo), because the interpretation made by the actor regarding this kind of specific elements does not decide on his knowledge or lack thereof of the permitted or prohibited nature of his action (as occurs by definition with indirect and direct errors of prohibition [error de prohibición indirecto y directo]), but rather is made regarding an element used in the statute to already carry out the very typical description of the act.
Stated simply, in the event that these normative elements of a simple nature are missing, the act will lack typical relevance, because one of the requirements for typical subsumption to proceed, according to the description made by the statute, would be missing; for which reason the appropriate course would be to consider it an error of type because it occurs regarding one of the “necessary requirements for the crime to exist, according to its description” (as indicated in numeral 34 of the Penal Code [Código Penal]). In this hypothetically posed sense, if the forest extraction (aprovechamiento forestal) carried out enjoys the permits granted by the State, it will lack typical relevance from the outset; for which it is absolutely consequential to conclude that if the acting subject erroneously considers that the extraction is being carried out based on a permit, said error falls directly on a conforming requirement of objective typicity, and must be treated as an error of type.
If the error regarding a normative element of the type prevents the subject from knowing that he is carrying out a forest extraction that does not comply with the respective permits, such error would exclude intent (dolo), for which reason such error should be treated as an error of type, which would exclude subjective typicity from the outset (in this regard: [Name44], Criminal Law. General Part. Madrid, Civitas, pp. 462-463)." (cf. Court of Appeals of the Sentence of Cartago, vote No. 2014-206, at 1:35 p.m. on May 29, 2014). The element "protection area (área de protección)" contained in the criminal type of Article 58 of the Forestry Law (Ley Forestal), is a complex juridical normative element, since for its determination at least five provisions from two normative bodies (Forestry Law, Water Law [Ley de aguas]) must be integrated, and in the specific case, an administrative pronouncement.
As it stands, the accused [Name [Name4]] carried out an action that is typical and unlawful but not culpable, since the element of culpability, namely the awareness of unlawfulness (conciencia de la antijuridicidad), was excluded by virtue of an invincible error of prohibition (error de prohibición invencible), as provided for in numeral 35 of the Penal Code: "A person is not culpable who, through an invincible error, believes that the act he performs is not subject to penalty. If the error were not invincible, the penalty provided for the act may be mitigated, in accordance with the provisions of Article 79" (the highlighting is not part of the original). Although in the challenged judgment the accused was acquitted on the grounds that subjective typicity (intentional) was not established, due to the existence of an error of type, and even though this Court does not share that this solution is the technically correct one in the specific case, the fact is that the same conclusion of acquitting the accused is reached by applying the effects of an invincible error of prohibition, which renders the requested remand inconsequential, and instead requires declaring these portions of the appeals filed by the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público) without merit.
III.Regarding the civil action for damages (acción civil resarcitoria), which was the subject of the appeal filed by the representative of the Procuraduría General de la República, the Trial Court lacked proper reasoning when rejecting it, on the grounds that no damage to the environment occurred, that there is doubt as to whether a public domain watercourse is at issue, and that the damage to the adjacent properties can only be claimed by the directly injured parties, who did not file a civil action for damages. In the terms set forth, the rejection of the civil action for damages is unfounded, because the preceding paragraphs established the existence of defects in the reasoning of the judgment, by establishing a reasonable doubt as to the public domain nature of the watercourse encroached upon by the defendant and the non-existence of environmental damage, to which reference is made. Therefore, the appeal filed by Lic. [Name2], representative of the State as complainant and civil party, is granted, by virtue of which the challenged judgment is declared partially ineffective, solely to the extent that the civil action for damages was dismissed and the order for the restitution of things to their original state was rejected, ordering in this regard a remand trial (juicio de reenvío) for new proceedings, in which the current owner of the land where the events occurred must be given participation. In all other respects, the ruling remains intact.
Por Tanto:
The appeal filed by Lic. [Name2], representative of the State, as complainant and civil party, is granted, by virtue of which the challenged judgment is declared partially ineffective, solely to the extent that the civil action for damages was dismissed and the order for the restitution of things to their original state was rejected, ordering in this regard a remand trial (juicio de reenvío) for new proceedings, in which the current owner of the land where the events occurred must be given participation. In all other respects, the ruling remains intact. The appeal formulated by Lic. [Name3], Prosecutor, is rejected. Let it be notified.
Jorge A. Camacho Morales Gustavo Chan Mora Ingrid Estrada Venegas Judges of the Criminal Sentence Appeals Tribunal C/: [Name [Name4]] Of/: Natural Resources D/: Encroachment on a Protection Area kcalderon Criminal Sentence Appeals Tribunal of Cartago. Telephone: [Telf1] or [Telf2]. Fax: [Telf3]. Email: [...]
Res: 2014-295 Tribunal de Apelación de la Sentencia Penal de Cartago, Sección Segunda. A las once horas quince minutos del diez de julio de dos mil catorce.
Recurso de apelación de sentencia penal interpuesto en la presente causa seguida contra [[Nombre1] ], mayor, [...], por el delito de Invasión de Área de Protección , en perjuicio de Los Recursos Naturales. Intervienen en la decisión del recurso, los jueces Jorge A. Camacho Morales, Gustavo Chan Mora e Ingrid Estrada Venegas. Se apersonaron en apelación, los licenciados [Nombre2] en calidad de Procurador Adjunto y [Nombre3] representante del Ministerio Público.
Resultando:
1. Que mediante sentencia Número 110-2013 de las once horas del dieciocho de marzo de dos mil trece, el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, sede Pérez Zeledón, resolvió: "POR TANTO : De conformidad con lo expuesto y artículos 28, 29 y 41 de la Constitución Política, 8 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1, 6, 9, 142, 184, 265 a 270, 360 a 366 del Código Procesal Penal, 1, 30, 34 y 45 del Código Penal, en aplicación del principio universal in dubio pro reo SE ABSUELVE de toda pena y responsabilidad a [Nombre [Nombre4]] por el delito de INVASIÓN DE ÁREA DE PROTECCIÓN que se le atribuyó como cometido en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES. Se declara SIN LUGAR la acción civil resarcitoria incoada en su contra por el Estado. Se rechaza la solicitud de restitución de las cosas a su estado anterior, sin perjuicio de que los vecinos afectados por las obras o la Municipalidad de Pérez Zeledón puedan solicitarlo u ordenarlo en la vía correspondiente. Se dicta esta sentencia sin especial condenatoria en costas, son los gastos del proceso penal a cargo del Estado. NOTIFÍQUESE. [Nombre5] . Jueza. " (sic)
2. Que contra el anterior pronunciamiento, los licenciados [Nombre2] y [Nombre3] interpusieron el recurso de apelación.
3. Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 466 del Código Procesal Penal, reformado por Ley 8837 publicada el nueve de diciembre de dos mil once (Creación de Recurso de Apelación de la Sentencia), el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el recurso.
4 . Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.
Redacta el Juez [Nombre6] , y;
Considerando:
Se rechaza el recurso de apelación formulado por el Ministerio Público y se acoge el recurso de apelación interpuesto por la Procuraduría General de la República. Del estudio de la fundamentación intelectiva de la resolución recurrida, determina esta Cámara de apelación, que el Tribunal de Juicio absolvió al imputado [[Nombre1] ] por el delito de invasión de área de protección, exponiendo como fundamento de dicha absolutoria varias tesis, la primera de ellas es que no podría emitirse una sentencia condenatoria sin desconocer el principio de correlación entre acusación y sentencia; la segunda, es que persistió una duda razonable sobre la naturaleza de dominio público de las aguas; la tercera, que no se demostró que el imputado actuara dolosamente, y por último, que no se lesionó el bien jurídico tutelado (cfr. sentencia de páginas 98 a 132, numeración electrónica). A) No lleva razón el Tribunal de Juicio al plantear como tesis para absolver al acusado que, en caso de condenarlo, se inobservaría el principio de correlación entre acusación y sentencia.
En resumen, argumenta la Autoridad Jurisdiccional A quo, que la querella y la acusación ubicaron los hechos en un lugar distinto al que sucedieron, al señalar que el imputado afectó la quebrada [Nombre15], sin embargo, si bien la prueba demuestra que la quebrada [Nombre15] existe, la misma se encuentra muy alejada del lugar de los hechos, aproximadamente a unos 820 metros (cfr. fundamentación intelectiva de la sentencia visible en expediente digital, folios 98 a 132, numeración digital), en lo que concuerda el recurrente, por lo que no es un tema controvertido que la quebrada [Nombre15] no fue afectada por la acción del encartado. Concluyó la juzgadora señalando que el imputado se defendió de la imputación de haber invadido la zona de protección de la quebrada [Nombre15], contratando incluso un perito para demostrar que no había invadido su área de protección, por lo que no puede ahora el Tribunal decirle al encartado que no fue la quebrada [Nombre15], pero sí alguna otra, por lo que se está ante un defecto insalvable, ya que una modificación respecto del lugar de los hechos sería esencial y por ende inaceptable (cfr. fundamentación intelectiva de la sentencia visible en expediente digital, folios 98 a 132, numeración electrónica).
A la luz de los planteamientos fácticos de la acusación y la querella, los razonamientos expuestos por el Tribunal de Juicio no son atendibles. En los hechos primero y segundo de la acusación se describe lo siguiente: "1-. Las Ofendidas [Nombre [Nombre27]] Y [Nombre [Nombre28]] son propietarias de las fincas inscritas en el Registro Público de la Propiedad, Folio Real matrícula número: [[Placa2] ] y [[Placa3] ] respectivamente que colindan por el lindero sur de la propiedad del encartado [[Nombre1] ]. 2- Que por las citadas propiedades tanto de las ofendidas [Nombre [Nombre29]] Y [[Nombre30] ], como por la propiedad del encartado [[Placa4] ] que se ubican en la localidad de Rivas de Pérez Zeledón 300 metros al norte de la iglesia, pasa el cauce de agua de dominio público de la quebrada de [Nombre31] y el origen de este cauce se da por la presencia de tres corrientes de agua, estas son la naciente [Nombre10] , naciente [Nombre11] y paja de agua del río Buena vista" (cfr. acusación en sentencia visible en expediente digital, folios 98 a 132, numeración electrónica).
Por su parte, en la querella consta el siguiente hecho: "PRIMERO: Sin poderse determinar con exactitud una fecha, pero sí entre los meses de febrero a abril del 2009, el imputado [Nombre [Nombre4]], en la finca de su propiedad, ubicada en la localidad de Rivas de Pérez Zeledón, exactamente 300 metros norte de la iglesia de la localidad, realizó una serie de labores mediante el uso de maquinaria pesada consistentes en rellenar con tierra roja y escombros la quebrada que transcurre por su propiedad de [Nombre32] , cuyo cauce es producto de la presencia de tres corrientes de agua, sean la naciente [Nombre10] , naciente [Nombre11] y paja de agua del Río Buena Vista invadiendo" (cfr. resolución de las 16:37 horas del 25 de marzo de 2013 del Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, Pérez Zeledón, que corrige error material, visible en expediente digital). Tal y como lo expone el impugnante, el único problema que se ha presentado en el caso concreto es simplemente de nomenclatura, al llamar con el nombre de [Nombre15] un cauce de agua que no tiene denominación alguna, lo cual en nada afecta la ubicación del lugar de los hechos que se realizó tanto en la acusación como en la querella: 300 metros al norte de iglesia de Rivas de Pérez Zeledón, exactamente en la propiedad del imputado, por donde pasaba un cauce de agua, de manera que no se causó indefensión alguna ni el lugar de los hechos se tornó indeterminado, por la simple circunstancia de haber llamado erróneamente al citado cauce de agua, quebrada [Nombre15].
Tanto la acusación como la querella dejan claro que el cauce respecto del cual se le atribuye al justiciable la acción de invasión, es el que pasa por su propiedad. B) La segunda tesis esbozada en la sentencia para absolver al justiciable [[Nombre1] ], es que existe una duda sobre la naturaleza de dominio público de las aguas que discurren por el cauce invadido por el encartado. En ese sentido se expone en el fallo que existe una duda razonable de que esas aguas, que en ciertas épocas del año discurren por la zanja que abrió el río, y que fueron afectadas por el relleno que hizo el imputado, puedan ser consideradas de dominio público. Refiere que el testigo [Nombre33] , quien tiene 28 años de Trabajar en ese campo y es encargado de Control y Protección del MINAE, dijo que al sitio se había llevado al funcionario de la Dirección de Aguas para que indicara si el cauce era o no de dominio público, pues la Dirección de Aguas es la encargada de determinar eso, de manera que si el agua que fluye es de dominio público, sería área de protección automáticamente, de 15 metros que se miden a ambos lados del cauce, lo cual depende del criterio de la Dirección de Aguas.
Refiere el Tribunal que don [Nombre34], pese a que visitó el lugar en tres ocasiones no sabe si el cauce es de dominio público y es conocimiento generalizado en la comunidad que por esa zanja, abierta por el huracán César, según lo informaron las testigos vecinas, discurren no solo aguas llovidas, sino también, en ciertas épocas del año, el agua de una paja tomada del Río Buena Vista. También se indica que los testigos [Nombre24] , quien vive en la comunidad y [Nombre35] , declararon que por esa zanja discurren aguas llovidas; el funcionario de la Dirección de Aguas, [Nombre36] , en la primera visitó concluyó que las aguas que discurren por la mencionada zanja no son de dominio público, aunque en una visita posterior cambió de criterio, porque hay dos nacientes que alimentan esas aguas. Estimó la Jueza Sentenciadora que el testigo [Nombre13] no es imparcial, al evidenciarse un interés personal de su parte, es amigo de las quejosas y fue pieza esencial para que este asunto llegara a juicio, fue además la persona que pidió a [Nombre9] la reconsideración de su informe, lo lleva a unas nacientes de agua y le asegura que las mismas desembocan en el canal de la concesión de aguas de viveros La Bonita y que acaban siendo parte del cauce de la quebrada desviada por el encartado.
Concluye la autoridad jurisdiccional que no está claro si por esas propiedades además del agua de la paja o concesión del vivero discurre el agua procedente de dos nacientes, que bien podría ser que desemboquen en la quebrada [Nombre15], porque don [Nombre9] había inspeccionado el cauce en su primera visita concluyendo que no era dominio público, preguntándose cómo es que concluye en la segunda visita que esas nacientes desembocan en dicho cauce, lo cual no explicó y pareciera que se basó exclusivamente en lo que le indicó [Nombre37] (cfr. fundamentación intelectiva de la sentencia visible en expediente digital). El Tribunal de Juicio, al valorar la prueba concluye de manera contraria a las reglas de la sana crítica, violentando el principio de derivación, al establecer la existencia de una duda razonable en cuanto la naturaleza de dominio público de las aguas que discurren por el cauce de agua que pasa por el lote del encartado.
La Juzgadora sustenta la duda en la declaración del testigo [Nombre33] , porque el mismo no conocía si las aguas que discurren por el citado cauce eran de dominio público o no, cuando dicho testigo fue claro en que a quien le correspondía determinar la naturaleza jurídica del cauce y las aguas era al señor [Nombre22] , como funcionario de la Dirección de Aguas, pero como este funcionario determinó, en una segunda inspección, que las aguas que discurren por el cauce que pasa por la propiedad del encartado y las ofendidas se alimenta de dos pajas de aguas, entonces cuestiona que dicha inspección se haya realizado por insistencia de un funcionario del MINAE (Ricardo [Nombre38]), que era amigo de las ofendidas y que mostró un interés personal por visitar el lugar muchas veces y por haber solicitado la segunda inspección y haber llevado a [Nombre22] hasta las fuentes de agua. Lo relevante en este asunto no es si el testigo [Nombre13] podía tener un interés personal en que se declara que las aguas que discurren por el mencionado cauce son de dominio público, sino la efectiva constatación de la existencia de las nacientes por parte de [Nombre36] , funcionario investido de la competencia para realizar la respectiva declaratoria, y por supuesto, que dichas nacientes discurrieran por el cauce en cuestión, aspecto este último que también se pone en duda por la Jueza A quo, al señalar, de manera especulativa (por carecer de fundamento probatorio alguno), que [Nombre9] actuó confiado en lo que le manifestó [Nombre39] , dando a entender que no realizó las verificaciones correspondientes, cuando de la declaración de éste, se desprende que él recorrió el cauce, fue a las afluentes y recorrió el canal de la paja de agua para el aprovechamiento de Viveros La Bonita, que a su vez desemboca en el cauce, logrando determinar que las nacientes discurren en el canal, y este a su vez en el cauce objeto del pronunciamiento (cfr. declaración del testigo [Nombre36] en la sentencia visible en expediente digital).
De acuerdo con lo anterior, la Jueza A quo deriva incorrectamente conclusiones de la prueba que no se extraen de la misma, como que [Nombre9] se guió por el dicho de [Nombre40] en cuanto a que las nacientes desembocaban en el canal de la paja de agua de la que servía Viveros La Bonita, así mismo al fundamentar una duda al respecto, cuando el testigo fue claro en afirmar que había comprobado mediante el recorrido respectivo, la anterior circunstancia, así como la existencia de las nacientes. De acuerdo a lo expuesto, esta Cámara concluye que la prueba evacuada en el debate demostró con plena certeza que el cauce objeto de este proceso es de dominio público. C) La cuarta tesis expuesta por la Jueza de Juicio como fundamento de la sentencia absolutoria lo es la falta de lesión del bien jurídico tutelado, señalando que el conflicto no se origina en una afectación de recursos naturales, sino en una molestia particular a las ofendidas, que configura un delito de daños y no un daño al ambiente por invasión de un área de protección, resaltando que las propiedades de las víctimas también se han realizado obras que afectan el cauce o lo intervienen y que nunca se acusó a otros ciudadanos por afectar el medio ambiente.
Razona la Juzgadora que las ofendidas nunca plantearon una demanda contra el imputado por el daño que se les ocasionó, sino que presionaron para llevar el conflicto a la vía penal que no es la idónea para resolverlo. Luego de reprochar nuevamente la actuación del testigo [Nombre40] , expone que se está hablando de una zona urbanizada, que hay viviendas, una [Placa5] , que no existe bosque y no hay vida silvestre, y que el mismo [Nombre40] dijo que se trataba de una zona urbana, además, la calle pública queda a la orilla de la quebrada, el cauce se formó por la acción del huracán César y que las mismas ofendidas realizaron obras de entubamiento y un muro de contención, de ahí que la afectación del medio ambiente, los recursos naturales o hídricos no se aprecia en la conducta del imputado. Más adelante refiere que en las aguas que discurren por el cauce en cuestión no hay vida y que las aguas bajan contaminadas y que no se puede hablar de lesión significativa del bien jurídico en una zona modificada intensamente por la acción humana, en un cauce que fue abierto por un fenómeno natural y la existencia de una zona de protección se encuentra en duda (cfr. fundamentación intelectiva de la sentencia en expediente digital).
Los fundamentos que se desprenden de la sentencia para negar la existencia de una lesión al bien jurídico tutelado son improcedentes. Parte del error en que incurre la Juzgadora se origina en la tesis anterior, al considerar incorrectamente que había una duda razonable en cuanto a que las aguas que discurren por el cauce que atraviesa la propiedad del justiciable no son de dominio público. Si una correcta valoración y análisis de la prueba llevan a concluir lo contrario, no habría posibilidad alguna de rechazar la existencia de lesión al bien jurídico tutelado de los recursos naturales y el medio ambiente. La Ley Forestal en el numeral 33 establece una zona de protección consistente, en el caso concreto, en una franja de 15 metros medidos horizontalmente a ambos lados de las riberas de la quebrada (por estar ubicada en zona rural), zona en la que se prohíbe la eliminación de todo tipo de árboles (artículo 34 de la Ley Forestal) y se sanciona como delito la invasión de una zona protegida (artículo 58 ibídem).
Invadir es ocupar anormal o irregularmente un lugar o irrumpir o entrar por la fuerza, según define el Diccionario de la Real Academia dicho término. En el caso concreto, al imputado se le atribuyó el haber invadido una zona de protección, ocupándola de manera irregular, al proceder a eliminar un cauce de aguas de dominio público, al rellenarlo con tierra y escombro, actividad que de haber existido, sin duda afectaría gravemente el medio ambiente, representado por uno de sus recursos más importantes como es el agua, y eliminado la zona de protección, destinada a proteger los recursos forestales cuando los hay y a permitir la regeneración del bosque cuando no existen, como en el caso de marras, lo que a su vez contribuye a la protección del agua, que aunque esté contaminada requiere protección precisamente para revertir esa afectación. Las zonas de protección son importantes tanto en los bosques como en las áreas urbanas, tanto así que la Ley Forestal establece señalizaciones particulares para la determinación de zonas de protección en áreas urbanas, de manera que no pierde vigencia la protección del medio ambiente y particularmente de los recursos forestales e hídricos, por el hecho de que se encuentren en "zonas altamente intervenidas por la acción humana", por el contrario, en tales condiciones es cuando se debe extremar la protección de los recursos naturales, por encontrarse más expuestos a ser afectados, como se refiere, ha sucedido en el caso concreto, donde además las aguas de dominio público están contaminadas al mezclarse con aguas servidas de las viviendas.
De igual manera, el hecho de que no se haya atendido hasta el momento, o responsabilizado a otras personas, incluidas las ofendidas, por haber invadido la zona de protección del cauce sin nombre que pasa por sus propiedades, no elimina la afectación al bien jurídico que la conducta concreta atribuida al encartado pudo haber provocado, ni ello enervaría por sí mismo, la eventual responsabilidad penal y civil que pudiera corresponderle. D) En relación a la tesis de la falta de dolo que se esgrime en la sentencia impugnada, consta la siguiente fundamentación intelectiva: "[...] Y aún de considerar que la paja de agua de la concesión por sí sola no convierte ese cauce en dominio público (como lo estimó don [Nombre9] cuando hizo su primera inspección) pero el desvío de dos nacientes hacia la dichosa paja le cambia su naturaleza, aun suponiendo eso, hay que preguntarse si la acción del imputado sería dolosa.
En efecto, en cuanto al elemento subjetivo del tipo, si es de conocimiento público de la comunidad que el Vivero La Bonita saca aguas del río por medio de una paja o canal de irrigación en ciertas épocas del año, no se ha demostrado que don [Nombre [Nombre4]] haya vivido en la comunidad o conociera las dos nacientes que se dice desembocan en ese canal, conociendo la existencia de la paja de agua cualquier persona puede caer en error, pues incluso un especialista en la materia y responsable de declarar si un cauce es o no de dominio público, como don [Nombre9] , al parecer se equivocó. No se demostró el dolo en el imputado, el conocimiento y voluntad de invadir un cauce de dominio público, más bien se aprecia que funcionarios con amplios conocimientos no saben si ese es un cauce de dominio público, como [Nombre33] , con lo cual existen elementos para estimar que el imputado habría actuado bajo error en cuanto a la naturaleza de ese cauce ...si es que se tuviera por probado que se han desviado dos nacientes y están fluyendo hacia ese cauce, sobre lo que subsiste una duda como ya se analizó-.
El imputado actuó con plena intención al realizar el relleno del lote sin contar con permiso municipal, pero no es eso lo que se está juzgando, sino la invasión del área de protección de una quebrada y sobre este punto habría versado el error. De suerte que ni la condición de dominio público está clara para esta juzgadora, ni la demostración de que respecto a ese elemento del tipo, la acción del imputado fuese dolosa, esto en razón precisamente de que de forma unánime los testigos declararon que por esa zanja o cañón fluyen en ciertas épocas las aguas de una paja que no es un cauce natural, sino artificial, creado para suplir las necesidades del Vivero La Bonita" (cfr. sentencia, páginas 123 a 124 numeración electrónica). La naturaleza jurídica del cauce en cuestión es determinante en el caso concreto para establecer si existía o no una área de protección en los términos que lo establece el artículo 33 de la Ley Forestal, y en consecuencia, la presencia del elemento normativo del tipo penal del numeral 58 ibídem, que es precisamente la existencia de un área de protección.
Tal y como ya se expuso, esta Cámara es del criterio de que a partir de la prueba evacuada en el debate, no hay razón para dudar -como lo hace el Tribunal de Juicio- de la naturaleza de dominio público del cauce de marras. En relación al error con que actuó el encartado respecto del conocimiento de dicho elemento, considera esta Cámara que el análisis realizado por el Tribunal de Sentencia resulta acorde con las reglas de la sana crítica, y expone de manera adecuada las razones por las cuales el encartado pudo haber actuado desconociendo que el cauce que pasaba por su propiedad era de dominio público y que estaba protegido a su vez por un área de protección de 15 metros a ambos lados del mismo, error que definitivamente era invencible, aspecto que no valoró el A quo, pero que claramente se desprende de la prueba según se verá de seguido. De acuerdo con la acusación, los hechos objeto de este proceso acontecieron entre los meses de febrero y abril de 2009.
El primer informe técnico y oficial que se rinde en el proceso respecto de la naturaleza del cauce de la quebrada, que de acuerdo con la acusación, invadió el justiciable, es el número IMN-DA-0788-2009, que data del 18 de marzo de 2009 y aparece suscrito por el señor [Nombre22] como técnico del Departamento de Aguas del Instituto Meteorológico Nacional. En dicho informe se señala que a partir de una evaluación realizada el 11 de marzo de 2009, se determinó, en el caso de [Nombre [Nombre4]], que la fuente sin nombre, afluente del Río General, "No es Cause de Dominio Público", lo que se justifica de la manera siguiente: "En inspección realizada y consultada la cartografía, el Registro Nacional de Concesiones de Aprovechamiento de Aguas y el Registro de Pronunciamientos de Cauces de Agua, que lleva ese departamento, se establece que en la propiedad no se localizó ningún cauce de dominio público, lo que se observa es un cuerpo de agua el cual corresponde a una paja de agua proveniente del Río General" (cfr. expediente digital, página 155, numeración electrónica).
El perito [Nombre22] declaró en debate que entre sus funciones estaban las de definir si una corriente era un cauce de dominio público o no, y que "Hay dos formas de manejar un pronunciamiento de cauce, una es que la haga el propietario del inmueble cuando hay incertidumbre en cuanto a la fuente, la primera vez me presenté por referencia del propietario del inmueble, se hace un recorrido por la fuente, hice un primer informe y se indicó que no era cauce de dominio público debido al recorrido hecho" (cfr. declaración del testigo inserta en la sentencia visible en el expediente digital). De acuerdo con lo anterior, el primer pronunciamiento que emitió el funcionario de la Dirección de Aguas del MINAE, señor [Nombre22] , sobre la naturaleza del cauce que pasa frente a las propiedades en conflicto, surge por gestión del propio encartado, quien solicitó el pronunciamiento respectivo al órgano encargado de determinar si se estaba en presencia de un cauce de dominio público o privado, concluyendo el respectivo funcionario que no se trataba de un cauce de dominio público, ello justo en el momento en que el imputado está realizando la labor de relleno de su lote, con tierra y escombro.
El Fiscal recurrente, licenciado [Nombre12] afirmó que el primer informe que confeccionó [Nombre22] , negándole la condición de dominio público al cauce que discurre por las propiedades del imputado y las ofendidas, fue producto de un error en que el imputado indujo al citado funcionario, ocultándole que el cauce de la quebrada se alimentaba de aguas de dos nacientes conocidas con los nombres de [Nombre41] y [Nombre11] , tal afirmación carece en absoluto de sustento probatorio, porque como bien lo razonó la Juzgadora A quo, no existe prueba alguna de que el encartado [[Nombre1] ] tuviera conocimiento de la existencia de las nacientes que alimentaban ese cause, ni siquiera que fuera una persona del lugar. Por otro lado, de la declaración del testigo [Nombre42] se determina que en la valoración realizada, él recorrió el cauce en cuestión, y que no fue sino posteriormente, cuando unos compañeros del Área de Conservación le solicitaron una nueva inspección y lo llevaron a dos sitios, se introdujeron a unas propiedades y le mostraron unas nacientes, lográndose determinar en ese momento, que se trataba de cauce de dominio público y por ello cambió el criterio.
Concluyó el testigo su declaración indicando que si fue al sitio es porque había duda, al no aparecer el cauce en la hoja cartográfica. Ese nuevo criterio se expone en el informe número IMN-DA-2452-2009 de páginas 364 a 366 del expediente electrónico (numeración electrónica) y el mismo tiene como fecha 3 de agosto de 2009, varios meses después de los hechos. Así las cosas, está plenamente demostrado que el encartado recurrió ante el órgano administrativo correspondiente para que se determinara si el cauce que pasaba por su propiedad era de dominio público, recibiendo como respuesta oficial, que no lo era, luego de que un especialista y funcionario público con competencia para ello, realizara el estudio correspondiente y recorriendo el cauce respectivo, de manera que, tal y como lo resolvió el Tribunal de Juicio, no es posible atribuirle al imputado [[Nombre1] ] que conociera que el mencionado cauce era de dominio público, en los términos que lo establece el artículo 1° de la Ley de Aguas y para los efectos de determinar la existencia de una zona de protección según lo regulan los artículos 33 y 58 de la Ley Forestal.
Es claro y evidente a partir de lo antes expuesto, que el encartado actuó bajo error en cuanto al conocimiento del carácter de dominio público del cauce sobre el cual realizó un relleno con tierra y escombro, error que a su vez le impidió conocer la existencia de una zona de protección de quince metros a cada lado de la rivera del cauce y a lo largo de mismo; así mismo que dicho error fue de carácter invencible, porque el justiciable, cumpliendo con el deber de informarse, solicitó del órgano estatal competente el pronunciamiento respectivo, siendo informado de que el cauce en cuestión no era de dominio público, pronunciamiento que si bien fue revocado, ello sucedió varios meses después de haber realizado los hechos que se le atribuyeron en la acusación y la querella. Resta por determinar la naturaleza del error invencible en que incurrió el justiciable y sus consecuencias jurídicas. Claramente el elemento "área de protección" del tipo penal del numeral 58 de la Ley Forestal es un elemento normativo de tipo jurídico, cuya determinación se logra conjugando los numerales 33 y 58 de la Ley Forestal y 1 y 2 de la Ley de Aguas, y en el caso concreto además, un pronunciamiento administrativo.
De acuerdo con el numeral 58 de la Ley Forestal "Se impondrá prisión de tres meses a tres años a quien: a) Invada un área de conservación o protección , cualquiera que sea su categoría de manejo, u otras áreas de bosques o sometidos al régimen forestal, cualquiera que sea el área ocupada; independientemente de que se trate de terrenos privados del Estado u otros organismos de la Administración Pública o de terrenos de dominio particular. Los autores o partícipes del acto no tendrán derecho a indemnización alguna por cualquier construcción u obra que hayan realizado en los terrenos invadidos" (el [Placa6] no pertenece al original). Según la acusación, el justiciable realizó trabajos de relleno con tierra y escombros en el área de protección de una quebrada ubicada en Rivas de Pérez Zeledón, por el que discurren aguas de dominio público. Dicha área de protección, en el caso concreto, estaría constituida por una franja de quince metros medidos horizontalmente a ambos lados de la rivera de la quebrada por tratarse de una zona rural (artículo 33 Ley Forestal), según lo señaló el testigo [Nombre33] , funcionario del MINAE y encargado de Control y Protección (cfr. declaración en sentencia visible en expediente digital).
Ahora bien, las áreas de protección se definen en función de cauces por los que discurren aguas de dominio público, que son aquellos que cumplen con los presupuestos establecidos en el artículo 1° de la Ley de Aguas, norma según la cual "Son aguas del dominio público: [...] IV.- Las de los ríos y sus afluentes directos o indirectos, arroyos o manantiales desde el punto en que broten las primeras aguas permanentes hasta su desembocadura en el mar o lagos, lagunas o esteros; riberas de propiedad nacional y, en general, todas las que nazcan en terrenos de dominio público; [...]". Por su lado, el numeral 2 de la citada ley establece que las citadas aguas "son propiedad nacional y el dominio sobre ellas no se pierde ni se ha perdido cuando por ejecución de obras artificiales o de aprovechamientos anteriores se alteren o se hayan alterado las características naturales". Dicha norma exceptúa únicamente aquellas "aguas que se aprovechan en virtud de contratos efectuados por el Estado, las cuales se sujetarán a las condiciones autorizadas en la respectiva concesión".
Por último el numeral 3 de la Ley de Aguas declara también que son propiedad nacional, los cauces de las corrientes de dominio público. El error sobre un elemento normativo del tipo penal, para un amplio sector doctrinal debe ser tratado como un error sobre la antijuridicidad misma y por lo tanto como un error de prohibición, para otros, continúa siendo un error de tipo y debe ser tratado como tal (cfr. [Nombre43] . Teoría General del Delito. Tercera Edición, Bogotá, Editorial Nomos S. A., 2010, p. 148). Para esta Cámara de Apelación, el error sobre un elemento normativo simple del tipo debe ser tratado como un error de tipo y cuando el elemento normativo es complejo, como un error de prohibición, porque solamente en el segundo supuesto se afecta la comprensión de la antijuridicidad de la conducta, mientras que en el primero, la interpretación que realiza el autor no decide sobre el conocimiento o no del carácter permitido o prohibido de su acción.
Al respecto ha resuelto este Tribunal lo siguiente: "III.- Con meros fines ilustrativos y sin que esto prejuzgue sobre la existencia o no de un error en el presente asunto (tema que, dado el caso, deberá analizar quien realice el juicio de reenvío que se ordena), debe indicarse que el artículo 61 inciso a) de la Ley Forestal contiene un elemento normativo del tipo, desde que se impone, para efectos de tipicidad objetiva, que la acción de aprovechamiento se realice sin el permiso de la Administración o excediendo (no ajustándose a ese permiso). Esto significa que este tipo penal requiere, primero que todo, que el sujeto actuante conozca que realiza algunas de las acciones que pueden conformar un aprovechamiento de producto forestal, pero además debe saber que realiza esas acciones sin contar con, o sin ajustarse al permiso de la autoridades, requerido al efecto. El tema central a dilucidar, superadas las exigencias probatorias pertinentes, por lo tanto es si E.V.B. y el otro imputado en esta causa fueron o no inducidos a error por alguien, para luego precisar -dado el caso-, de qué clase de error se trata y, finalmente, si este es de carácter vencible o invencible.
Para este análisis debe seguirse un adecuado proceso de fundamentación jurídica, libre de los yerros y contradicciones que se han señalado en relación con la sentencia impugnada. Según considera esta Cámara de Apelación, de manera general (de nuevo sin que esto prejuzgue su existencia para el caso en estudio), el error sobre elementos normativos que tienen una naturaleza simple, que no revisten mayor complejidad, debe ser tratado como un error de tipo, ya que la interpretación que realiza el autor sobre esta clase de elementos concretos no decide sobre su conocimiento o no sobre el carácter permitido o prohibido de su acción (como sucede por definición con el error de prohibición indirecto y directo), sino que es realizada sobre un elemento utilizado en la norma para realizar ya la propia descripción típica del hecho. Dicho de manera simple, en el caso de que falten estos elementos normativos de naturaleza simple, el hecho carecerá de relevancia típica, porque faltaría una de las exigencias para que proceda la subsunción típica, según la descripción que hace la norma; razón por la cual lo que correspondería es considerar el error de tipo porque este se da sobre una de las “exigencias necesarias para que el delito exista, según su descripción” (según lo indica el numeral 34 del Código Penal).
En este sentido planteado hipotéticamente, si el aprovechamiento forestal realizado goza de los permisos que concede el Estado, el mismo carecerá, de entrada, de relevancia típica; por lo que resulta absolutamente consecuentemente concluir que si el sujeto actuante considera erróneamente que el aprovechamiento se realiza con base en un permiso, dicho yerro recae directamente sobre un requisito conformador de tipicidad objetiva, y debe ser tratado como error de tipo. Si el error sobre un elemento normativo del tipo, le impide al sujeto conocer que realiza un aprovechamiento forestal que no cumple con los permisos respectivos, tal error excluiría el dolo, por lo que tal yerro debería ser tratado como un error de tipo, el cual excluiría de entrada la tipicidad subjetiva (al respecto: [Nombre44] , . Derecho Penal. Parte General. Madrid, Civitas, pp. 462-463)." (cfr. Tribunal de Apelación de Sentencia de Cartago, voto N° 2014-206, de las 13:35 horas del 29 de mayo de 2014).
El elemento " área de protección" que contiene el tipo penal del artículo 58 de la Ley Forestal, es un elemento normativo jurídico complejo, pues para su determinación debe integrarse al menos cinco normas de dos cuerpos normativos (Ley Forestal, Ley de aguas) y en el caso concreto, un pronunciamiento administrativo. Así las cosas, el imputado [Nombre [Nombre4]] realizó una acción típica y antijurídica pero no culpable, por haberse excluido en virtud de un error de prohibición invencible el elemento de la culpabilidad de la conciencia de la antijuridicidad, tal y como lo prevé el numeral 35 del Código Penal: " No es culpable, el que por error invencible cree que el hecho que realiza no está sujeto a pena. Si el error no fuere invencible, la pena prevista para el hecho podrá ser atenuada, de acuerdo con lo que establece el artículo 79" (el destacado no pertenece al original). Si bien en la sentencia impugnada se absolvió al imputado por estimar que no se configuró la tipicidad subjetiva (dolosa), por la existencia de un error de tipo, y a pesar de que esta Cámara no comparte que en el caso concreto tal solución como la técnicamente correcta, lo cierto es que a la misma conclusión de absolver al imputado se llega aplicando los efectos de un error de prohibición invencible, lo que hace inconducente el reenvío solicitado, y por el contrario impone declarar sin lugar estos extremos de los recursos planteados por el Ministerio Público.
III.Respecto de la acción civil resarcitoria, que sí fue objeto del recurso de apelación interpuesto el representante de la Procuraduría General de la República, el Tribunal de Sentencia incurrió en falta de fundamentación al rechazar la misma, por considerar que no ocurrió un daño en el ambiente y que existe duda respecto de si se está en presencia de un cauce de dominio público y que el daño a las propiedades contiguas solo puede ser reclamado por las perjudicadas directas, quienes no interpusieron acción civil resarcitoria. En los términos expuestos, el rechazo de la acción civil resarcitoria es infundada, porque en los párrafos precedentes se determinó la existencia de defectos de fundamentación de la sentencia, al establecer una duda razonable en cuanto a la naturaleza de dominio público del cauce invadido por el justiciable y la inexistencia de daño al ambiente, a lo cual se remite. Así las cosas, se acoge el recurso de apelación interpuesto por el licenciado [Nombre2] , representante del Estado como querellante y actor civil, en virtud de lo cual se declara parcialmente ineficaz la sentencia impugnada, únicamente en cuanto se declaró sin lugar la acción civil resarcitoria y se rechazó ordenar la restitución de las cosas a su estado original, ordenándose al respecto juicio de reenvío para nueva sustanciación, en el cual deberá dársele participación a la propietaria actual del terreno donde sucedieron los hechos. En lo demás el fallo permanece incólume.
Por Tanto:
Se declara con lugar el recurso de apelación planteado por el licenciado [Nombre2] , representante del Estado, como querellante y actor civil, en virtud de lo cual se declara ineficaz parcialmente la sentencia impugnada, únicamente en cuanto se declaró sin lugar la acción civil resarcitoria y se rechazó ordenar la restitución de las cosas a su estado original, ordenándose al respecto juicio de reenvío para nueva sustanciación , en el cual deberá dársele participación a la propietaria actual del terreno donde sucedieron los hechos. En lo demás, el fallo permanece incólume. Se rechaza el recurso de apelación formulado por el licenciado [Nombre3] , Fiscal. Notifíquese.
Jorge A. Camacho Morales Gustavo Chan Mora Ingrid Estrada Venegas Jueces del Tribunal de Apelación de la Sentencia Penal C/: [Nombre [Nombre4]] Of/: Los Recursos Naturales D/: Invasión de Área de Protección kcalderon Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago. Teléfonos: [Telf1] ó [Telf2]. Fax: [Telf3]. Correo electrónico: [...]
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