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Res. 00006-2014 Tribunal Contencioso Administrativo Sección V · Tribunal Contencioso Administrativo Sección V · 27/01/2014
OutcomeResultado
The Municipality of Liberia is held strictly liable; ordered to cease dumping and clean up, with environmental repair quantification deferred to the enforcement stage.Se condena a la Municipalidad de Liberia por responsabilidad objetiva, ordenando el cese y limpieza, y remitiendo la cuantificación de la reparación ambiental a ejecución de sentencia.
SummaryResumen
The ruling partially grants the claim by Los Tres Inversionistas S.A. against the Municipality of Liberia, holding the municipality strictly liable under Article 190 of the General Public Administration Act. The court found that the municipality dumped solid waste without authorization on two properties owned by the plaintiff, affecting approximately 6.9 hectares, which constituted illegal and abnormal conduct violating the rights to property, a healthy environment, and health. The court rejected the exceptions of statute of limitations, expiration, lack of standing, and lack of right, as well as the municipality's arguments of urgency, public service continuity, and alleged toleration. It ordered an immediate halt to dumping, cleanup of the affected areas, environmental damage repair—to be quantified at the enforcement stage—and payment for loss of property value and consequential damages for temporary loss of possession, plus costs. The court declined to approve the specific restoration plan proposed by the plaintiff due to insufficient evidence on the land's prior condition.La sentencia declara parcialmente con lugar la demanda presentada por Los Tres Inversionistas S.A. contra la Municipalidad de Liberia, condenando a esta última por responsabilidad objetiva conforme al artículo 190 de la Ley General de la Administración Pública. El tribunal determinó que la Municipalidad depositó desechos sólidos sin autorización en dos fincas propiedad de la actora, afectando un área de aproximadamente 6.9 hectáreas, lo que configuró una conducta ilícita y anormal lesiva a los derechos de propiedad, a un ambiente sano y a la salud. Se rechazaron las excepciones de prescripción, caducidad, falta de legitimación y falta de derecho, así como los argumentos municipales de urgencia, continuidad del servicio público y supuesta tolerancia. Se ordenó el cese inmediato del depósito, la limpieza de los terrenos, la reparación del daño ambiental —cuya magnitud se determinará en ejecución de sentencia—, y el pago de la pérdida de valor de los inmuebles y del daño emergente por la pérdida temporal de posesión, además de las costas procesales. El tribunal desestimó la aprobación del plan de reparación propuesto por la actora por falta de certeza probatoria sobre el estado anterior del terreno.
Key excerptExtracto clave
Based on the proven facts in this case, the Court has no doubt that the strict liability of the Administration governed by the General Public Administration Act, under Article 190, has been established. Each and every element of this framework has been introduced into the record through the evidence adduced. First, it has been proven that the Municipality of Liberia caused damage to the properties registered under folio real numbers 30878-000 and 34528-000, owned by the plaintiff. The conduct that produced the harm was precisely the dumping of solid waste on the plaintiff's properties without permission, authorization, or consent. This damage affected 25,518 square meters of the first property and 43,651 square meters of the second. Our legal system, at its apex, in Article 45 of the Constitution, guarantees the inviolability of private property. Thus, the act of dumping garbage on properties adjacent to the municipal dump constitutes an infringement of a fundamental right, protected as noted above by the Constitution. Moreover, Articles 21 and 50 of the Constitution protect the rights to health and to a healthy and ecologically balanced environment. The act of dumping garbage on private property implies an infringement of these constitutional rights, sufficient to constitute the illegal and abnormal conduct required by the General Public Administration Act as a criterion for liability. Additionally, the dumping was carried out without any treatment, which aggravates the unlawfulness and abnormality of this case due to the environmental impact.De conformidad con los hechos que se han tenido acreditados en esta causa, para el Tribunal no existe duda alguna, que en el caso de marras se ha configurado la responsabilidad objetiva de la Administración que regula la Ley General de la Administración Pública, a partir del artículo 190. Todos y cada uno de los elementos que componen este esquema se han allegado a los autos, por medio de la prueba que ha sido evacuada. En primer término, se ha probado que la Municipalidad de Liberia causó un daño, en las propiedades que responden a los números de folio real del Partido de Guanacaste 30878-000 y 34528-000, propiedad de la parte accionante. La conducta que produjo el menoscabo, fue precisamente el depósito de desechos sólidos en las fincas de la demandante, sin que existiera permiso, autorización o consentimiento de su parte. Dicho daño afectó 25.518 metros cuadrados de la primera y 43.651 metros cuadrados en la segunda. Nuestro ordenamiento jurídico en su cúspide, en el artículo 45, dispone la inviolabilidad de la propiedad privada. De esa forma, la conducta encaminada a tirar basura en las fincas aledañas al vertedero municipal, se configura en una afectación a un derecho fundamental, garantizado, como se expuso anteriormente, por la Constitución Política. Por otro lado, la Carta Política en sus artículos 21 y 50, protegen el derecho a la salud y a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El hecho, de depositar basura en una propiedad privada, implica afectación a éstos derechos de rango constitucional, suficiente para configurar la conducta ilícita y anormal que dispone la Ley General de la Administración Pública como criterio de imputación. A lo anterior, se debe agregar el hecho de que el depósito de los materiales de desecho se llevó a cabo sin tratamiento alguno, lo cual agrava la ilicitud y anormalidad de la presente causa, por el impacto que esto genera en el ambiente.
Pull quotesCitas destacadas
"Ninguna persona está obligada a soportar lesiones jurídicas en su esfera patrimonial o extra patrimonial, como sucedió en el caso de la parte demandante."
"No one is required to endure legal harm to their patrimonial or extra-patrimonial sphere, as occurred in the case of the plaintiff."
Considerando VIII
"Ninguna persona está obligada a soportar lesiones jurídicas en su esfera patrimonial o extra patrimonial, como sucedió en el caso de la parte demandante."
Considerando VIII
"Resulta reprochable, desde el punto de vista de la responsabilidad objetiva que la Municipalidad demandada utilice los principios de Nombre40855, conocidos como los del servicio público, para justificar, en la continuidad, su conducta de depositar basura en propiedad ajena."
"From the strict liability standpoint, it is reprehensible for the defendant municipality to invoke public service principles to justify, under the guise of continuity, its conduct of dumping garbage on another's property."
Considerando VIII
"Resulta reprochable, desde el punto de vista de la responsabilidad objetiva que la Municipalidad demandada utilice los principios de Nombre40855, conocidos como los del servicio público, para justificar, en la continuidad, su conducta de depositar basura en propiedad ajena."
Considerando VIII
"Establecida la obligación de reparar y analizados los argumentos de la parte demandada como teoría del caso, para refutar la demanda los cuales no son de recibo, como se explicó anteriormente, lo procedente es llevar a cabo el análisis de las pretensiones de la parte accionante, que se refieren a la reparación del daño."
"Having established the duty to repair and analyzed the defendant's arguments as the theory of the case—none of which are accepted—we proceed to examine the plaintiff's claims regarding damage repair."
Considerando VIII
"Establecida la obligación de reparar y analizados los argumentos de la parte demandada como teoría del caso, para refutar la demanda los cuales no son de recibo, como se explicó anteriormente, lo procedente es llevar a cabo el análisis de las pretensiones de la parte accionante, que se refieren a la reparación del daño."
Considerando VIII
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ORDINARY PROCEEDING (PROCESO DE CONOCIMIENTO) ORDINARY PROCEEDING CASE FILE No. 09-002671-1027-CA PLAINTIFF: COMPAÑÍA LOS TRES INVERSIONISTAS S.A.
DEFENDANT: MUNICIPALIDAD DE LIBERIA JUDGMENT No. 006-2014-V ADMINISTRATIVE AND CIVIL TAX COURT. FIFTH SECTION. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ, GOICOECHEA. ANNEX A.- At eight thirty in the morning on veintisiete de enero del año dos mil catorce.- Ordinary proceeding brought by the company Los Tres Inversionistas S.A., represented by its attorneys-in-fact (apoderados), Federico Torrealba Navas, divorced, attorney, resident of San José, bearer of identification card CED16431 (f. 23), and Alexander Araya Zúñiga, married, attorney, resident of San José, identification card CED91266 (f. 25), Adelita Olivares Ferreto, of legal age, single, attorney, resident of San José, identification card CED91267 (f.497), against Municipalidad de Liberia, represented by its Mayor, Luis Gerardo Castañeda Díaz, of legal age, married once, retired teacher, identification card CED91268 (f.198), who granted a special power of attorney (poder especial) to attorney Cristina Gutiérrez Chaves, of legal age, married, attorney, identification card CED91269 (f. 729).
BACKGROUND (RESULTANDO)
Presiding Judge Mena García drafts the opinion, with the affirmative votes of Judges Vargas Vargas and Sánchez Navarro; and
WHEREAS:
Four days before the oral and public trial, the defendant sent a fax to the Court asserting the defenses of statute of limitations (prescripción) and expiration (caducidad), on the ground that, pursuant to Article 39 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, the period for filing an action is one year, although, according to the defendant, the events date back to 2007. This document was disclosed to the plaintiff on the day of trial, and the plaintiff was given an opportunity to respond at that time. In that regard, the plaintiff stated that the proceeding at issue was not intended to obtain declarations of nullity, but was instead a public-finance civil proceeding (proceso civil de hacienda) or an administrative civil-liability proceeding. Accordingly, the negative limitation period (prescripción negativa) is 4 years. The plaintiff asserts that the harm began in 2007 and that the action was filed in 2009, meaning that the mandatory period had not elapsed.
The plaintiff adds that the damage has continued over time and therefore has an ongoing effect. On the day of trial, the Court deferred resolution of the defenses until issuance of the judgment on the merits (folio 768 of the judicial case file, digital recording, beginning at 10:49:33, disc 1, 22 de enero del 2013). Regarding the issue in dispute, the plaintiff is correct in asserting that the limitation period applicable to public-finance civil matters is 4 years. It must be borne in mind that the Código Procesal Contencioso Administrativo contains a special provision governing expiration of the right of action in this type of proceeding. Thus, insofar as relevant, Article 41 of Ley n.º 8508 provides: “The maximum period for initiating the proceeding shall be the same as that established by the legal system as the limitation period for the respective substantive right at issue in the following circumstances: 1) In public-finance civil matters...” The limitation period for the substantive right referred to in the cited provision is the 4-year period established by Article 198 of the Ley General de la Administración Pública, Ley n.º 6227.
In accordance with the foregoing, the defendant is incorrect in asserting that the limitation rule applicable to this case is Article 39 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, because, as explained, a special provision exists. Moreover, if the events occurred in 2007, as the defendant itself acknowledged during the oral trial, that mandatory period had not elapsed between that date and the filing of the action. For that reason, and in accordance with the foregoing, the defenses of statute of limitations and expiration asserted by the defendant Municipalidad must be denied.
The following facts are deemed relevant to the resolution of this matter:
In essence, the plaintiff seeks to hold the Municipalidad de Liberia liable for the damage caused by transferring sanitary-landfill operations onto two properties belonging to it. It asserts that this activity caused ecological damage and consequential damages (daño emergente).
In essence, it contends that, because of an urgent need resulting from the closure of the sanitary landfill by the competent authorities, it was compelled, as an emergency measure, to deposit solid waste in a controlled dump (vertedero controlado) on the plaintiff’s property. It states that it used only one hectare. It alleges that the plaintiff tacitly permitted it to deposit and process the canton’s solid waste until construction of the sanitary landfill began. It also denies that forest, as defined by the Ley Forestal, existed on the plaintiff’s land and therefore maintains that the alleged environmental damage did not occur.
The case at bar concerns a proceeding seeking a declaration that the Municipalidad de Liberia is subject to an affirmative obligation (obligación de hacer) to cease depositing garbage on the plaintiff’s properties and entering those properties. It also seeks remediation of the environmental damage (daño ambiental) caused to the land owned by the plaintiff, as well as consequential damages (daño emergente) arising from the reduction in the market value (valor venal) of the properties and the temporary loss of possession of the parcels registered in her name.
As stated in the recitals of this judgment, during the public oral trial that began in January of last year, the representative of the Municipalidad de Liberia submitted, in support of her theory of the case, a topographic survey (levantamiento topográfico), appearing at folio 770 of the judicial case file. Based on the registered cadastral maps (planos catastrados) from 1972, 1986 and 2008 for the properties involved in the dispute at issue, the survey referred to a reestablishment of the boundaries (replanteamiento) of the properties involved, which affected the extent of the alleged damage being litigated in this proceeding. That evidence contradicted the expert report (experticia) submitted by the plaintiff. For that reason, in order to ascertain the substantive truth, which this jurisdiction is legally required to pursue under the Code of Administrative Procedure, the Court suspended further proceedings in the trial and ordered an expert appraisal (peritaje) as evidence for further adjudication (prueba para mejor resolver).
To that end, it ordered the appointment of a Surveying Engineer to determine the actual on-the-ground measurements of the parcels owned by the plaintiff and the defendant. Once those actual measurements had been established, the expert was to determine the area of the plaintiff’s properties that may have been affected by the deposit of solid waste, establishing its dimensions and value. That oral ruling was reiterated in writing on the same day as the trial, by means of the ruling issued at 17:00, appearing at folio 793 of the judicial case file. On 25 de enero del 2013, the plaintiff deposited the corresponding fees so that a surveying engineer could be appointed, as reflected at folio 799 of the aforementioned case file. Subsequently, on 4 de febrero del 2013, Nombre12891 was appointed to conduct the appraisal. For that reason, on 12 de febrero del 2013, Nombre12891 appeared before the Court to accept the appointment, as may be verified at folio 801 of the judicial case file.
Thereafter, on 11 de marzo del 2013, Nombre12891 submitted his expert report at folio 803 of the judicial case file. On 15 de marzo del 2013, the appraisal was disclosed to the parties, as may be confirmed at folio 820 of the judicial case file. On 21 de marzo del 2013, the parties submitted their observations concerning the expert document (folios 821-827 of the judicial case file). Next, on 9 de abril del 2013, the Court requested that Nombre12891 provide further detail and clarification regarding the report (folio 832). On 22 de abril del 2013, Nombre12891 submitted a document (folio 838). On 7 de mayo del 2013, the Court disclosed Nombre12891’s document to the parties (folio 839). On 19 de junio del 2013, the Court directed Nombre12891 to comply with the Court’s requirements for the appraisal, as may be verified at folio 842 of the judicial case file. On 24 de junio del 2013, Nombre12891 submitted a document in compliance with the Judicial Body’s directive, folio 843 of the judicial case file.
That document was again disclosed to the parties on 1 de julio del 2013. Then, on 9 de julio del 2013, the parties submitted their observations concerning Nombre12891’s response. On 29 de julio del 2013, because he had failed to comply with the Court’s requirements concerning the evidence for further adjudication, the appointment of Expert Nombre12891 was ordered revoked, as may be verified at folio 859 of the judicial case file. The Court even ordered the Executive Directorate of the Poder Judicial to investigate what had occurred with the professional, in view of the manner in which he handled the matter and the statements he made in writing when responding to the Court (folio 870 of the judicial case file). Next, on 20 de agosto del 2013, the Court ruled on a motion for reconsideration (recurso de revocatoria) filed by the defendant against the ruling ordering the revocation of the expert’s appointment.
Then, on 25 de agosto del 2013, the Court requested that the Oficina de Ingeniería Forense del Poder Judicial conduct the appraisal, as may be verified at folio 871 of the judicial case file. On 19 de setiembre del 2013, Nombre635 was set for 25 de setiembre del 2013 to conduct the appraisal, as shown at folio 875 of the judicial case file. Subsequently, on 29 de octubre del 2013, Nombre635 was set for 21 de noviembre del 2013 to continue the public oral trial, as may be verified at folio 876 of the judicial case file. Next, on 18 de noviembre del 2013, the aforementioned scheduled date (señalamiento) was vacated because the expert opinion had not been received, and continuation of the trial was scheduled for 2 de diciembre del 2013. On 21 de noviembre del 2013, the Sección de Ingeniería Forense issued the opinion, which appears at folio 896 of the judicial case file. That same day, the aforementioned opinion was disclosed to the parties, as may be confirmed at folio 901 of the judicial case file.
Thereafter, on 26 de noviembre del 2013, continuation of the trial was rescheduled for 7 de enero del 2014 at the plaintiff’s request (folios 907 and 908). On 27 and 28 de noviembre, the parties submitted their observations concerning the opinion (folios 917-920). On 2 de diciembre del 2013, it was ordered that, during the public oral trial, the parties would question the expert orally concerning his opinion. To regularize these proceedings (sanear) and prevent nullities (nulidades) in connection with the actions described above, although continuation of the trial has been delayed and almost a year has elapsed since the evidence for further adjudication was ordered, the fact remains that this situation is attributable neither to the Court nor to the parties. It arose initially from the processing of Nombre12891’s first appraisal because, after several directives were issued requiring him to comply with the Court’s requests, his appointment had to be revoked and the assistance of the Sección de Ingeniería Forense del Poder Judicial had to be requested to conduct the appraisal.
This Court has acted diligently, as shown by the various procedural actions, and has moved the expert evidence for further adjudication forward in a timely manner. It must be borne in mind that the taking of evidence for further adjudication cannot be subject to a fixed deadline because the time required will depend on how long it takes to produce that evidence. The basis for requiring evidence of this nature was the argument advanced by the Municipalidad de Liberia in its theory of the case concerning the reestablishment of the boundaries, which affected the extent of the damage that is the essential subject matter of this case and raised reasonable doubt because it contradicted the expert reports submitted by the plaintiff. In the present case, the time elapsed is attributable to the difficulties encountered in producing the evidence, which were beyond the Court’s control. For that reason, notwithstanding the time that has elapsed, and based on the constitutional principles of effective judicial protection (tutela judicial efectiva) and prompt and full justice (justicia pronta y cumplida), all procedural acts from the 2013 trial and its continuation remain valid.
It must be borne in mind that certain acts are unique and cannot be reproduced, such as the expert and testimonial evidence taken in January 2013, which would lose its spontaneity and credibility if ordered to be taken again. In any event, those evidentiary acts are preserved in the digital recording of the trial, to which the parties and the Court have access. Based on the foregoing, in order to comply with the aforementioned principles, preserve those acts, and avoid declaring nullity merely for nullity’s sake, the Court decided to continue the public oral trial once the Oficina de Ingeniería Forense del Poder Judicial issued its opinion. After this evidence was taken during the continuation of the trial, the parties were given the floor to present their closing arguments. The trial was closed, and judgment was rendered within the period prescribed by the CPCA. Finally, another point of interest should be noted: from the moment the Court ordered the revocation of Nombre12891’s appointment, the documents he submitted and that appear in the record have no validity whatsoever within the proceeding for purposes of deciding this case and issuing a ruling on the merits.
For this reason, as stated in the ruling issued at eleven o’clock on veintiocho de agosto del 2013, appearing at folio 871, the sum of ¢500.000 (quinientos mil colones), corresponding to the deposit for the appraisal fees appearing at folio 799 of the judicial case file, is ordered returned to the plaintiff.
The plaintiff comes before this court to seek full compensation for the damage caused by the Municipalidad de Liberia, including in its claim environmental damage (daño ambiental), as well as actual damages (daño emergente). In this regard, it states that it owns two parcels adjoining municipal land used as a waste-disposal site. It alleges that in 2007, the defendant Municipality encroached upon its properties and installed the garbage dump there. It adds that, according to a topographical expert appraisal (peritaje topográfico) and a technical report, the affected area comprises five hectares, two thousand one hundred seventy square meters, and fourteen square decimeters. It further characterizes as makeshift the manner in which the territorial entity proceeded to dump solid waste, since it neither established a sanitary landfill nor took the corresponding measures. It explains that the existing flora and fauna were razed, leaving behind a mountain of garbage.
It adds that the recovery horizon for the land is 10 years. In its defense, the defendant territorial entity argues that the Ministry of Health and the institutions involved purportedly tolerated the situation because of the urgent need faced by the canton after the Environmental Court closed the municipal sanitary landfill, forcing it, as an emergency measure, to deposit solid waste in a controlled dump on the plaintiff’s property. It asserts that the Municipality used approximately one hectare of the plaintiff’s land. It also states that, once it has the permits from Nombre3456 and the Ministry of Health, the landfill will resume operations and the solid waste will be removed from the small portion of land identified above. In support of the emergency measures, it relies on the principle of continuity of public service (principio de continuidad del servicio público), which it is required to uphold.
It further considers that, in view of the emergency, the principles of continuity of public service, the right to health, and the right to a healthy environment, the right to property becomes relative and must yield to the other rights mentioned. At the same time, it states that there was tolerance on the part of the defendant because, at meetings in the responsible Departments, the plaintiff granted permission to deposit and treat the canton’s solid waste until construction of the sanitary landfill began. It also states that there is an action to recover possession (proceso reivindicatorio) brought by Mr. Nombre115463, who claims possession and title to properties 34528-000 and 30878-000. According to its theory of the case, the alleged tolerance constitutes the ground for exemption from liability (causa de exoneración de responsabilidad) under the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública), known as contributory fault of the injured party (culpa de la víctima).
It further alleges that there is no shared boundary whatsoever with the plaintiff’s property, in accordance with registered cadastral plan (plano catastrado) G-623106-86. It also denies the existence of forest, within the meaning of the Ley Forestal, on the land owned by the plaintiff. To award any compensation under the strict-liability framework (responsabilidad objetiva) governing the Public Administration, as set forth in our Ley General de la Administración Pública, hereinafter LGAP, a thorough analysis of each of its components or elements is required to determine whether the Public Administration bears strict liability. Accordingly, it is necessary to identify whether damage exists (196 LGAP), which must be actual, quantifiable, and attributable to an identifiable person (efectivo, evaluable e individualizable) (196 LGAP), as well as the causal relationship (relación de causalidad) between such damage and the public entity or official; whether there are grounds exempting liability (causas eximentes de responsabilidad) that break the causal link (nexo de causalidad) (190 LGAP); and whether grounds for attribution (criterios de imputación) exist, meaning whether the harmful conduct occurred lawfully or unlawfully, and normally or abnormally.
With respect to liability for lawful and normal conduct (responsabilidad por conducta lícita y normal), the special nature of the damage requires that only a small proportion of persons be affected and that the severity of the injury be exceptional. Under this framework, compensation covers the value of the damage, but not consequential losses (perjuicios). These concepts comprising “special damage” (daño especial) are what the law recognizes as indeterminate legal concepts (conceptos jurídicos indeterminados), and it is for the judges in each case to give them content and determine whether the subjective right (derecho subjetivo) was distorted. Conversely, in analyzing the existence of liability for unlawful and abnormal conduct (responsabilidad por conducta ilícita y anormal), which is what the claimant alleges, it is essential to determine whether the Administration acted contrary to the legal system or to the unequivocal rules of science or technology, respectively.
Under this ground for attribution, compensation for damages is full because, unlike the preceding ground, consequential losses are recoverable. In analyzing the present case, given the manner in which the relief sought in the complaint has been framed, it is essential to establish the cause of the damage, namely, the defendant territorial entity’s encroachment upon the plaintiff’s land and its deposit of garbage there. To support its theory of the case, the claimant company called expert witness (testigo perito) Olman Alberto Barrantes Molina to testify regarding the damage caused and its valuation; this professional holds a degree in environmental economics, with an emphasis in agro-environmental studies. He stated that he evaluated two reports: a hydrogeological report and a topographical survey of the affected area. He explained that his profession does not enable him to determine the damage and that, for this reason, he conducted his valuation on the basis of the hydrogeological studies by Ms.
Nombre115462 and the topographical expert appraisal by Mr. Nombre115464. Thus, based on their conclusions, he determined how the condition of the land could be changed and quantified the damage. He further stated, regarding the condition of the land, that it had already been subject to human intervention, such as timber and material extraction. Nevertheless, a process of natural reforestation subsequently occurred in the affected area. For this reason, he considered that, on a scale from zero to one hundred, the conservation level was 80%; however, after the waste was deposited, it fell to 10%. This was because a geomorphological change occurred: a hill was removed and the level of the garbage was also raised. He said that some damage was irreversible, such as the damage to the hill, while other damage could be repaired using engineering techniques. He explained that the methodology used to calculate the value of the environmental damage considered 4 components, including the recovery cost and, at the same time, the establishment of a buffer zone (zona de amortiguamiento) between the affected area and the remainder of the property, which accounts for 2% of the total valuation.
Another component corresponds to the recommendation in the geological study, which suggests, as a remedial measure, cleaning the area and carrying out the necessary civil and engineering works to stabilize the soil and provide an alternative use for this section of the land, which cannot be different from its current use. This would entail removing the waste materials, treating them, replacing the soil, and providing adequate stability to prevent further effects. This component represents 90% of the environmental damage value recognized in his valuation. He stated that, had the waste been treated in accordance with the applicable regulations, this component would have been lower. He added that another component of the methodology is a social cost arising from the inability to enjoy the affected areas. He added that his valuation corresponds to a solution presented to him by a professional.
Accordingly, other solutions may exist that are less or more expensive. He stated that his study does not propose a remediation plan (plan reparador), but rather estimates the cost of restoring the environment as closely as possible to its prior condition. The economic damage caused by the disposal of the garbage is $1.779.433,82. He emphasized that this amount corresponds to the date of the visit and that, as of today, it would be necessary to assess whether the Municipality had implemented any mechanism or improvement that changed the situation. He explained that the area is not ecologically diverse and does not have great agricultural potential. He also explained to the Court that he did not know when the plaintiff acquired the property. Nor did he determine the condition of the property at the time the damage was assessed. For his valuation, he interpreted aerial photographs from 1950 and 2000, as well as some from NASA.
He also mentioned that he considered the condition of the other adjoining areas that were not affected (audiovisual record of the trial, disc 1, beginning at 11:29:27, 22 de enero del 2013, folios 70 to 79 of the judicial case file). Likewise, the claimant company called Ms. Nombre115462, a geologist specializing in hydrogeology who works as a private consultant and who conducted an environmental assessment (diagnóstico ambiental) of the properties owned by the plaintiff. This consisted of an evaluation of the environmental conditions she was able to observe. She explained that she evaluated the geomorphological and geological features and the surface water and groundwater, which are the most visible aspects of the environment. Nombre635 that she visited the properties to conduct the study. By observing the land, as well as aerial photographs, she was able to determine that changes had occurred in the property’s geomorphology.
She mentioned that she was able to verify that a hill was no longer intact. Nombre635 that this geomorphological impact constitutes damage if carried out without a permit. Such changes affect the landscape and are irreversible. She added that she found slope instability (inestabilidad de taludes), cracks, and trenches characteristic of unstable land. She stated that this situation may create landslide risks. She said that she found damage to the bedrock layer in the affected sector. Thus, the environmental impact arises from the removal of subsoil material, and for that reason it is no longer possible to restore the land to its original condition. The effect on groundwater is that removing part of the subsoil reduces the distance between the crust and the groundwater, thereby allowing bacteria to reach the water table (nivel freático) more quickly, depending on the thickness of the material removed.
She clearly stated that no analyses were conducted to determine whether the groundwater had been affected or whether wells or springs (manantiales) existed either on the property or nearby. With regard to surface water, she stated that during her visit she observed a small stream called quebrada arenas, where she found garbage in the streambed, which is a natural drainage channel. She explained that the water quality was probably affected, but it was not analyzed. She stated that she did not know where the surface water flowed. When surface water is contaminated, it in turn contaminates the rivers into which it flows, which also affects other rivers into which those waters flow. She mentioned that she prepared a remediation and recovery plan (plan de reparación y recuperación) for the area. She stated that the first step is to remove the garbage from the site and stabilize the slopes with gabions or suitable vegetation.
She also recommended conducting sampling every six months to monitor changes in water quality because of the effects of leachate (lixiviados), which is highly polluting. She considers that the water could be restored to its initial condition. She also stated that water-quality issues are outside her area of expertise. Nombre635 that she was unable to determine the volume of garbage on the properties. She added that, although she observed the affected area, she did not quantify it.
He stated that although it is a small area in relation to the property, the impact itself does exist. He explained that a diagnostic assessment (diagnóstico) entails a field visit to observe and analyze. The terrain is composed of rocks known as tuffs from the Liberia Formation; this type of rock produces very abundant soil. Soil is the disintegration of rock, and therefore it is powdery and whitish. He mentioned that, using the aerial photograph, he was able to determine that waste had been disposed of in the area since 2005, based on the color visible in the photograph appearing at folio 96. He also stated that he did not determine the existence of aquifers (mantos acuíferos). He explained that the geological damage arose from the unlawful use of materials, through their extraction without authorization and their use, since the soil was removed in an attempt to conceal the garbage. He stated that he did not quantify the damage to surface waters; his assessments were based on the visit he conducted (audiovisual recording of the trial, beginning at 14:08:46, disc 1, 22 de enero del 2013).
In turn, the plaintiff offered the testimony of Mr. Nombre115464, who told the Court that he measured the registered cadastral plans (planos catastrados) of the plaintiff’s properties, as well as the area encroached upon by the garbage and, two years later, a boundary marker (lindero) installed by the Municipality in 2010. He specified that he performed the first measurement during Holy Week in 2008 and defined the boundaries of the property because the plaintiff’s properties had been encroached upon by individuals who had created a plan for possessory information proceedings (información posesoria) that overlapped the plans already in existence. He explained that he measured all of the properties using the registered plans. The boundaries coincided at the rear and followed the shape of the road. He mentioned that he was able to determine that the Municipality had entered the plaintiff’s property.
In the course of his work, he observed solid waste (desechos sólidos) on the plaintiff’s property. He further stated that workers and waste pickers (buzos), as well as trucks, were present on the plaintiff company’s property. As for the trucks, he saw them in mid-2010, during his third visit. During his second visit, he focused on measuring the encroached area. In that area, he observed that earth had been moved to cover the garbage. He stated that he prepared a plan showing that the encroachment onto the plaintiff’s land measured 52170.14 m2. He confirmed that he prepared the plan appearing at folio 56 of the judicial case file (audiovisual recording of the trial, beginning at 15:56:52, disc 1, 22 de enero del 2013). Finally, the plaintiff called Mr. Alexander Araya Zúñiga as a witness. Having served as the plaintiff’s legal adviser, he stated that he was present at a meeting with the Municipalidad de Liberia approximately 5 years earlier, which was held after they learned of the encroachment upon and dumping of garbage on the plaintiff company’s properties.
In addition to him, the meeting was attended by Mr. Augusto Otárola, Environmental Manager, David Walker, and Mr. Nombre115461, the representative of the company that owned the real properties. As he explained, they expressed concern at the meeting regarding the large amount of garbage dumped on their properties. In response, the Municipality stated that the dumping had been carried out due to an urgent situation. He added that, during his visits to the site, he personally verified the presence of garbage on the plaintiff’s properties. During another visit to the site, he even observed tractors inside the plaintiff’s property. He mentioned that he sent a letter to Mr. Augusto of the Municipality asking them to stop dumping garbage. In another letter, signed by Mr. Nombre115461, the Municipality was asked to stop dumping garbage. He added that, at the meeting he attended, Mr. Nombre115461 never consented to garbage being dumped on his property.
At folio 58 of the judicial case file, the witness identified the letter he sent to the Municipality setting out the circumstances of the garbage dumping and encroachment upon the property. Regarding this letter, he said he did not recall receiving a formal response from the Municipality. He recalled going there twice and meeting with the legal adviser to report informally that the activity was continuing on the plaintiff company’s land (digital recording, beginning at 16:30:50, disc 1, 22 de enero del 2013). To support its theory of the case, the defendant offered and requested the testimony of Mr. Nombre115461, who appeared as a witness and explained that, when they learned of the situation on the properties of the entity he represented, the person who conducted the study told them that garbage had been dumped there 5 years earlier. He explained that he learned of the situation in early 2008 and, for that reason, went with his attorney, Mr.
Alex Araya, to the Municipalidad de Liberia. They spoke with an official named Nombre20997 and with the Mayor. He recalled going to the Municipality approximately three times, and his attorney appeared before the Municipality on other occasions to have the matter stopped. He explained that his attorney submitted oral and written requests to stop the dumping of garbage on the properties of the entity he represented. He explained that, when he went to the Municipality, his intention was to stop what the Municipality was doing. In that regard, he stated that he clearly expressed that he did not want garbage dumped on his property (audiovisual recording of the trial, beginning at 16:54:52, disc 1, 22 de enero del 2013). Mr. Renán Alonso Zamora Álvarez, who was called by the defendant and is an official of the Municipalidad de Liberia, also appeared. Nombre635 that when he joined the territorial entity, it was dumping solid waste on an adjoining property pursuant to an order from the Environmental Court, and therefore began dumping the waste at a location different from the one that had been closed.
According to him, this occurred in early 2008. He stated that he heard other people mention that they had met with Nombre115461. Nombre635 that he did not learn of Mr. Nombre115461’s refusal to allow solid waste to be dumped there until the lawsuit was filed. Nombre635 that after the complaint, the plaintiff hired security guards. He noted that the boundaries between the properties were unclear. He mentioned that the owner preceding the plaintiff company had intended to donate part of the land, but the donation was never completed. For that reason, it was believed that the location where the waste was being dumped belonged to the Municipality. He also mentioned that the plaintiff had a dispute with another person concerning the property. For that reason, in his opinion, the Municipality did not clearly know which property belonged to the plaintiff. The witness was shown folio 59 of the judicial case file, which contains official letter UGAML-64-05-2008, dated 22 de mayo del 2008; in that regard, he stated that he had probably seen the document.
At the same time, Nombre635 that he did not recall having responded to the document. Nor did he recall forwarding the document to another official for a response. He stated that he did not recall seeing the health order (orden sanitaria) appearing at folio 109 of the judicial case file (digital recording of the trial, beginning at 8:47:12, disc 1, 23 de enero del 2013). Mr. Nombre23565, a municipal geographer, also appeared and told the Court that, according to an official letter from geographer Marco Garro, who works for the Municipality, an affected area of approximately 2.5 hectares on the plaintiff’s property was identified using GPS. That report appears at folios 329 through 331 of the judicial case file. Likewise, he explained that a survey (levantamiento) appears at folio 770 and is related to the aforementioned official letter. He stated that it had been very difficult to demarcate the property boundaries; for that reason, the boundaries were re-established, and the survey at folio 770 demarcates the affected area (audiovisual recording, beginning at 10:04:41, disc 1, 23 de enero del 2013).
Finally, the municipal entity offered the testimony of Mr. Augusto Otárola Guerrero, who identified the document appearing at folios 261 through 262 of the judicial case file, official letter UGAML-003-01-2010, through which he issued his opinion regarding the economic appraisal (evaluación económica) prepared by engineer Olman Barrantes Molina. Regarding Mr. Barrantes Molina’s expert assessment (pericia), he criticized the assertion that a forest exists at the site, since what exists in the area is ignimbrite. In his view, these are marginal lands that are not even suitable for livestock. He explained that trees do not grow at the site because the land is arid. He also questioned the methodology used for the economic valuation of environmental damage (valoración económica del daño ambiental), asserting that the methodology used by Mr. Barrantes is not official. In his opinion, the environmental damage was overvalued.
He further stated that the projects developed by the Municipality had given the properties in the area some value. According to him, the soils are not permeable, making contamination of the subsoil difficult. He also questioned the fact that no drilling had been performed to determine whether such contamination existed. Nombre635 that the existence of aquifers in the area is uncertain and that further testing is required to determine it. He stated that the municipal sanitary landfill (relleno sanitario) receives hospital waste, which is sterilized in autoclaves. Other types of waste, such as fetuses or organs, are deposited in pits in Liberia. He stated that the Municipalidad de Liberia used the plaintiff’s properties because it believed that they belonged to the Municipality, in connection with a donation and a land dispute between the plaintiff and another man whose surname was Nombre115463.
In addition to the foregoing, there was the emergency situation and the lack of boundary demarcation. For that reason, waste was dumped on the plaintiff’s properties. He stated that, at a meeting attended by him, Mr. Nombre115461, his attorney, and Mayor Carlos Marín, they discussed the possibility of benefiting from the situation. According to him, Mr. Nombre115461 gave them time to continue dumping the garbage. He stated that Mr. Nombre115461 had armed guards who permitted the garbage to enter; however, after the lawsuit was filed, they no longer allowed it. On the other hand, he questioned Ms. Nombre115462’s report because she did not make specific measurements or measure the alleged impacts (audiovisual recording, beginning at 12:01:09, disc 1, 23 de enero del 2013). Finally, engineer Moisés Arias Sancho of the Forensic Engineering Section of the Poder Judicial appeared at the Court’s request as a measure to assist its decision.
He explained that the methodology used consisted of satellite measurements through the GPS constellation, a highly accurate topographic process similar to that performed using conventional equipment. This methodology was used because the tracts of land were quite large and because both parties had identified the points of interest. Nombre635 that the properties are adjoining; there was no division between the plaintiff’s property and its neighbor to the north, while there was a division from the neighbor to the south because two streams converged there, La Zopilota and another whose name he did not recall. Points of interest were taken primarily from those streams because no living-fence boundaries existed; the only definite boundaries at the site were the streams and the main road. Everything related to the plaintiff’s property was addressed first, followed by that related to the Municipality. The territorial entity has a boundary staking (replanteo), which is incomplete and marked only by concrete posts.
He added that, using the field information, he processed the data in his office with specialized data-measurement software and verified it against the properties’ registered survey plans (planos catastrados). He explained that this led him to conclude that the properties are delimited in the registry, but in the field they are adjacent to one another. The property located to the north has no physical boundary markers; there were no points of interest in that area. However, there were important points of interest, such as the streams (quebradas), since, given the large size of the properties, the streams delineate them quite well. Another conclusion he reached was that, although these properties are delimited by recently issued registered survey plans, the earlier plans from 1972 remain applicable; nevertheless, the 2008 plans very accurately reflect what is shown on the 1972 plan, except for the plan for the parcel subdivided (segregado) and conveyed to the Municipalidad de Liberia so that it could operate the landfill.
The other part of his conclusions concerns the affected area belonging to the plaintiff. In that regard, he explained that excavations approximately 50 centimeters deep were made on the plaintiff’s properties in order to observe the solid waste. Regarding his survey, appearing at folio 900 of the judicial case file, he stated that what is shown in green and red represents the boundaries of the 1972 plans corresponding to the plaintiff’s properties. The figure outlined in blue is the plan of the Municipalidad de Liberia. The purple hatched areas correspond to the areas affected by solid waste; those areas were affected by earthworks (movimientos de tierra). To determine the affected areas, the perimeter was located and excavations 50 or 40 centimeters deep were made to identify the deposit of materials, along with earthworks carried out for that purpose. He stated that the affected areas total approximately 6 hectares and added that his report specifies both the total affected area and the area affected on each property.
He explained that, technically, all plans contain legal and accurate information that is reflected on the properties; nevertheless, Nombre635 that the property conveyed to the Municipalidad de Liberia was subdivided from the 1972 plan, and this is reflected in the 2008 plans. The 1972 and 2008 plans show the same areas and the same adjoining owners, and there is no significant difference other than the area subdivided and conveyed to the Municipalidad. Nombre635 that the alleged overlap (traslape) is logical because of the subdivision from the 1972 plan, since it originated from the plaintiff’s property. He stated that the issue concerning the location of the properties, insofar as it affects the extent of the damage, results from the boundary staking (replanteo) carried out by the Municipalidad de Liberia, which is depicted with circles and identified in his survey. He stated that when he went to the site, only that sector had been staked; the rest had been removed because it is a disputed area.
He indicated that the staked line is the one that differs from the registered survey plan depicting that property. The overlap may arise from the physical conditions, but not from the registered survey plans. He added that the staking does not conform to the registered survey plans. The line of posts does not match the registered survey plan. Although there are no boundary markers, the southwestern boundary coincides with the registered survey plan; the staked line is what falls outside the plan’s configuration. He further explained that, technically, it is impossible to take the staking into account when locating the Municipalidad’s plan because it does not coincide with the boundary-line features. He also explained that an overlap is the superimposition of one property upon another; in this specific case, the 1986 property plan overlaps the 1972 plan. He emphasized that this overlap should not be misinterpreted as an encroachment (usurpación), because it resulted from the subdivision of the property at that time.
The overlap has no effect because it arose from the subdivision of the land that was subsequently conveyed to the Municipalidad; it has no effect at present. He stated that when the property is subdivided and the plans are prepared, the overlap ceases to exist. Regarding the plans, he explained that although the 2008 plan contains the changes resulting from the subdivision, it is not associated with the real-property folio, because the plan associated with it is the 1972 plan. When the portion subdivided and conveyed to the Municipalidad is deducted from what appears on the 1972 plan, the result coincides with what is shown on the 2008 plan. As for the other property, it remains unchanged because the subdivision was not taken from it. He further explained that staking entails taking office data and marking it in the field; in this particular case, the Municipalidad had a plan whose boundaries were not marked in the field, so it marked them there.
He stated that, from a technical standpoint, he disagreed with the staking performed by the Municipalidad de Liberia because it used other features pertaining to the property as a whole, such as the road and the southern boundary of the Municipalidad’s property. He indicated that the staking did not result in any type of registration in the cadastre or the Registro Público. Staking is performed in reverse, since the field is examined first and the cadastre afterward. He explained that the 1986 and 2008 plans remain valid. Nombre635 that, ultimately, the overlap amounts to a subdivision rather than an encroachment. He explained that the affected area is the area that underwent earthworks and the deposit of solid waste (digital recording, beginning at 9:06:25, disc 2, 7 de enero del 2014). Based on the facts established in this proceeding, the Court has no doubt whatsoever that, in the case at hand, the strict liability (responsabilidad objetiva) of the Administration governed by the Ley General de la Administración Pública, beginning with Article 190, has been established.
Each and every element comprising this framework has been entered into the record through the evidence admitted and presented. First, it has been proven that the Municipalidad de Liberia caused damage to the properties identified by real-property folio numbers 30878-000 and 34528-000 of the Partido de Guanacaste, which belong to the plaintiff. The conduct that caused the harm was specifically the deposit of solid waste on the plaintiff’s properties without its permission, authorization, or consent. That damage affected 25.518 square meters of the first property and 43.651 square meters of the second. At the highest level of our legal system, Article 45 provides that private property is inviolable. Accordingly, the conduct consisting of dumping garbage on the properties adjoining the municipal dump constitutes an infringement of a fundamental right guaranteed, as stated above, by the Constitución Política.
Furthermore, Articles 21 and 50 of the Carta Política protect the right to health and to a healthy and ecologically balanced environment. Depositing garbage on private property entails an infringement of these constitutional rights, which is sufficient to establish the unlawful and abnormal conduct (conducta ilícita y anormal) prescribed by the Ley General de la Administración Pública as the basis for attribution of liability (criterio de imputación). To this must be added the fact that the waste materials were deposited without any treatment whatsoever, which aggravates the unlawfulness and abnormality at issue in this case because of the resulting environmental impact. Moreover, there is a causal link (nexo causal) between this unlawful and abnormal conduct and the damage, both of which have also been established in this proceeding. This is because, throughout the proceedings, the Municipalidad has never denied, as part of its theory of the case, that it deposited the garbage on the properties adjoining its own property, which was used as a municipal solid-waste disposal site.
Its dispute, as will be discussed below, concerns the extent of the damage. Thus, once the damage, the conduct that caused it, the basis for attribution of liability, and the causal link have been established, the obligation to provide redress, arising from the strict liability imposed by Articles 190 et seq. of the Ley General de la Administración Pública, necessarily follows. Under these circumstances, the Municipalidad de Liberia is obligated to repair the damage caused and compensate the resulting losses. This is because no person is required to endure legal injury to their pecuniary or non-pecuniary interests, as occurred in the plaintiff’s case. The defendant territorial entity has asserted several alleged grounds for exemption from liability, which this Chamber finds unacceptable under the Ley General de la Administración Pública. First, it alleges an emergency situation, an issue it has raised since filing its answer to the complaint and which its witnesses likewise reiterated.
First, under Article 190 of the Ley General de la Administración Pública, this is not a ground capable of breaking the causal link for liability. Nor is it an excuse that justifies the conduct undertaken by the Municipalidad de Liberia. From the standpoint of strict liability, it is reprehensible for the defendant Municipalidad to invoke the principles of Nombre40855, known as the public-service principles, to justify, on the basis of continuity, its conduct of depositing garbage on another’s property. This argument is plainly contrary to the strict-liability framework and to the very principles of public service, since conduct of such magnitude cannot be legitimized when it infringes fundamental rights protected at the constitutional level, including private property, a healthy environment, and public health. On the contrary, the conduct undertaken by the Municipalidad not only gives rise to liability for damages; its officials would also not be exempt from criminal, civil, and administrative liability.
Furthermore, the defendant has asserted as a ground for exemption what it characterizes as contributory fault of the victim (culpa de la víctima), namely, the plaintiff’s alleged consent to the deposit of solid waste on its property. In this regard, it must be borne in mind that the Municipalidad de Liberia has never denied depositing waste outside the boundaries of the sanitary landfill, given that it has sought to excuse its actions on the basis of the urgent need it faced. Thus, from the outset, it made a unilateral decision. Despite this, through its theory of the case and its witnesses, it has attempted to portray that initial unilateral decision as consensual, a characterization that the Court does not find supported and considers inconsistent with the evidence admitted and presented before it. First, it has been established that once the plaintiff’s representative, Mr. Nombre115461, learned of the situation at the beginning of 2008, he met, together with his attorney, Alexander Araya Zúñiga, with representatives of the Municipalidad to express his concern regarding the large quantity of garbage deposited on the properties.
On that occasion, he told them that he did not want garbage deposited on his property. Subsequently, on 21 de mayo del 2008, Alexander Araya, acting as counsel for the plaintiff, sent a letter to Augusto Otárola, Environmental Manager of the Municipalidad de Liberia, which clearly reflects disagreement with the territorial entity’s conduct. Through the testimony of its witnesses Renán Zamora Álvarez and Augusto Otárola Guerrero, the Municipalidad has attempted to prove the existence of an alleged meeting at which the plaintiff’s representative consented to the deposit of solid waste.
Neither of these witnesses is deemed credible by the Court, because both are officials directly involved in the case, which could give rise to some form of liability on their part. For that reason, their statements could be intended to protect a personal interest. At the same time, during the examination conducted by the Municipality’s representative, Mr. Zamora Álvarez initially stated, regarding the alleged consent of the plaintiff’s representative, that he had heard other people mention that they had met with him and that he had given permission. Nombre635 further stated that he did not learn of Mr. Nombre115461’s refusal to allow solid waste to be deposited until the complaint was filed. Notwithstanding the foregoing, during cross-examination, counsel for the plaintiff showed Mr. Zamora the document appearing at folio 59 of the judicial case file, in which the Environmental Manager, through official letter UGAML-64-05-2008, dated May 22, 2008, forwarded to him the response to the official letter from Licenciado Alexander Araya, counsel for the plaintiff at that time, concerning the solid waste.
This reveals a major contradiction in his testimony, because it is not true that he learned of the refusal only when the complaint was filed; according to the official letter he received, he was informed of the situation that Mr. Nombre115461 was raising in the administrative proceedings (sede administrativa). Accordingly, the alleged exemption from liability (eximente de responsabilidad) asserted is rejected. On the other hand, another central element of the defendant’s theory of the case has focused on matters related to the topography and location of the properties. In its answer to the complaint, the Municipality asserted that it was untrue that the plaintiff’s properties bordered municipal land. In that regard, its witnesses stated that garbage had been dumped on an adjoining property; however, they never expressly stated that the adjoining property belonged to the plaintiff. Based on the evidence received and established in the evidentiary record—specifically, the report of the Forensic Engineering Section of the Poder Judicial, prepared by court-appointed expert (perito judicial) Moisés Sancho Arias—this question has been fully resolved.
Through both the explanations he provided as a result of his site visit and the survey (levantamiento) he conducted, as well as his analysis of the various plats (planos) at issue, it has been established that the Municipality’s land borders the plaintiff’s property registered under folio Placa21674. On the other hand, according to a document appearing at folios 329 to 331 of the judicial case file, prepared by geographer Marco Garro, the survey appearing at folio 770, and the testimony of Mr. Nombre23565, the Municipality acknowledged only one hectare as the encroached area, based on a re-establishment of the boundaries (replanteamiento de los linderos) of its land, which directly affected the placement of the plats and, consequently, the extent of the damage. This evidence contradicted the evidence submitted by the plaintiff concerning the alleged extent of the damage. For that reason, the Court ordered additional evidence for a better determination (prueba para mejor resolver), in light of the question that arose concerning the plats recorded in the property registry from 1972, and those from 1986 and 2008 to which both parties referred, as well as the differences in area among them.
Based on the evidence received, the Court was able to establish that there is no overlap amounting to encroachment (traslape entendido como usurpación) between the properties recorded under real-property folio (folio real) n.º Placa21674 and n.º Placa21679, owned by the plaintiff and defendant, respectively; rather, the apparent overlap is the result of the subdivision (segregación) of the Municipality’s land. This is because, as of today, property number 30878-000 remains associated in the property registry with plat G-0003427-1972, which does not reflect the subdivision of the Municipality-owned lot n.º 56577-000. That overlap appearing at the plat level has no effect whatsoever on the determined extent of the damage to the affected areas of the plaintiff’s property. Accordingly, the arguments submitted by the defendant entity are rejected in these proceedings and do not exempt it from liability.
Having established the duty to repair and having analyzed the defendant’s arguments presented as its theory of the case to refute the complaint—which are rejected, as explained above—the Court must now analyze the plaintiff’s claims concerning reparation of the damage. With respect to reparation of the environmental damage (daño ambiental), a claim that the plaintiff bases on the report of Mr. Barrantes Molina, who conducted that valuation, the Court has certain doubts upon applying the rules of sound rational judgment (sana crítica racional) (audiovisual recording of the trial, beginning at 12:17:16 of the first disc). First, as noted supra, Mr. Barrantes clearly stated that, given the nature of his profession, he did not determine the damage; he merely valued it on the basis of the reports of Ms. Nombre115462 and Nombre115464. He also stated that he visited the site once, after the damage had occurred, and therefore could not determine the condition of the affected area beforehand or at the time the plaintiff acquired the properties.
To calculate the damage, he relied on aerial photographs from 1950 and 2000 and a NASA photograph from 2005, as well as his interpretation of them. He also considered the condition of the property’s other areas. When these explanations by Mr. Barrantes are compared with the requirements for the buffer zone (zona de amortiguamiento), appearing at folio 75 of the judicial case file, 5.000 trees are counted there, together with planting supplies and labor. Notwithstanding the foregoing, the record contains no evidence that this number of trees was present when the plaintiff acquired the land at issue (terrenos objeto de litis). Furthermore, Mr. Barrantes Nombre635 stated that he used the condition of the unaffected adjoining areas as a benchmark; however, this case has not established the number of trees per square meter present on the surface of those areas used as a benchmark. Nor is the species of tree that supposedly grew during the stated regeneration process identified.
Although Mr. Barrantes explained that the regenerating forest in that area cannot be compared, for example, with that of Monteverde, he did not precisely identify the type of forest and ecosystem that develops there, which would be necessary to determine the types of tree and plant species that must be planted and their specific cost in order to restore the site. Thus, the valuation of the environmental damage is confusing and inconsistent in the Court’s view. Second, Mr. Barrantes stated that another component of the methodology to which he assigned a value was the social component; however, this item is unclear because the property is privately owned and has not been shown to perform any social function that directly affects a specific social group so as to warrant establishing an amount of compensation. Third, Mr. Barrantes emphatically stated that his valuation corresponds to the date of the visit and may therefore change over time.
Under these circumstances, if the plan is approved now, as requested by the plaintiff, conditions could be different by the time it is implemented. For that reason, it would not be appropriate to approve the valuation as requested by the plaintiff, particularly considering that, according to the expert opinion issued by the expert from the Forensic Engineering Section, the affected area is larger. Accordingly, this Chamber cannot grant claim number six of the complaint, which seeks approval of the remediation plan (plan de reparación) based on Mr. Barrantes’s report and of the amount determined therein. Furthermore, it is important to address the report of Ms. Nombre115462, which attempts to demonstrate the effect on the land’s geomorphology, including the alleged disappearance of a hill and the impact on surface water and groundwater (aguas superficiales y subterráneas). Although Ms. Nombre115462 stated at the oral and public trial that she had conducted an assessment of the damage caused by the deposit of solid waste, the Court finds that it lacks precision regarding the geomorphological impact, the disappearance of the hill, and the impact on surface water and groundwater.
Although she mentions these matters, her report is incomplete because she did not conduct other tests or studies to determine with certainty the existence of these types of water. Nor did she identify the hill, its size, and the extent of the impact with the required precision. Her statements in the oral and public trial on this subject were based on mere assumptions, as she expressly stated that she had not conducted specific tests. With respect to surface water, it is noteworthy that she referred only to quebrada arena, but did not indicate whether other watercourses were affected, even though Engineer Moisés Arias mentioned the existence of another creek, Zopilota. Nor did Ms. Nombre115462 determine the condition of these waters before the harmful event occurred. With respect to the alleged hill, although Nombre635 stated that it had disappeared, she could not specify its dimensions and location.
The foregoing does not mean that the Court disregards the possible existence of these consequences resulting from the Municipality’s deposit of solid waste on the plaintiff’s properties, which would constitute the effects and extent of the damage. Nor does the Collegiate Body (Órgano Colegiado) disregard the fact that the damage must be repaired, since this is the unavoidable consequence of a finding of liability. The underlying issue is the manner in which the reparation must be carried out, because, as explained supra, the consequences of this damage and the manner of repairing it have not been duly established. For that reason, the Court is currently unable to determine the scope of those consequences and how the damage must be repaired. The dumping of garbage on the plaintiff’s properties causes additional damage, as shown by Engineer Moisés Arias’s expert report, which even determined its extent and location.
Notwithstanding the foregoing, the impact on the environment and its magnitude have not been duly established. Therefore, pursuant to article 122 inciso m) iii) of the Código Procesal Contencioso Administrativo, determination of the consequences caused by the deposit of solid waste on the plaintiff’s properties, as well as the manner in which the reparation must be carried out, is deferred to the judgment-enforcement phase (fase de ejecución de sentencia), subject in all respects to the evidence presented in that phase. Furthermore, regarding the plaintiff’s claim seeking cessation of the Municipality’s conduct of dumping garbage and entering its properties, it must be borne in mind, pursuant to artículo 126, 158 y 159 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, that because this conduct is abnormal and unlawful, as explained above, the territorial entity must immediately and permanently cease it.
In this regard, it must be noted that, in this case, the plaintiff filed an application for a prima facie interim measure (medida cautelar prima facie) seeking an order requiring the defendant territorial entity to refrain from depositing solid waste on the properties it owns.
For that reason, on June 3, 2010, the judge presiding over the procedural stage, by judgment 2126-2010, granted the preliminary injunction (medida cautelar) sought by the plaintiff; that judgment was affirmed by the Court of Appeals on July 29, 2010. Accordingly, the cessation of the conduct was ordered through preliminary injunctive relief as of that date. Nevertheless, for purposes of rendering the judgment on the merits, which finally resolves the proceeding, the Municipalidad de Liberia must refrain from engaging in any conduct aimed at dumping waste on the claimant’s properties or entering them. Failure to comply with this order shall result in criminal, disciplinary, and civil liability for any municipal official involved and for the Mayor. The plaintiff also seeks compensation for the market value (valor venal) of the property as pecuniary loss (daño emergente). However, given the manner in which the claims have been adjudicated in this judgment, which recognizes full remediation of the damage caused to the properties by the deposit of solid waste, awarding payment of the property’s market value would be incompatible, since an order has been entered requiring full remediation of the damage caused.
The appropriate remedy is therefore to recognize the loss in value of the claimant’s properties based on the affected areas, rather than their market value as requested by the claimant, since the latter is mutually exclusive with full remediation of the damage. Finally, with respect to the claim for pecuniary loss arising from the temporary loss of possession of the plaintiff’s properties, the Court finds it warranted because such loss resulted from the deposit of solid waste on her land. It must therefore be determined during the judgment-enforcement phase (fase de ejecución de sentencia), with the assistance of whatever expert evidence (prueba pericial) may be necessary for that purpose.
This Court considers that the affirmative defenses of statute of limitations (prescripción) and lapse (caducidad) must be denied, in accordance with recital I (considerando I) of this decision. Likewise, the affirmative defense of failure to state a legal right (falta de derecho), raised by the Municipalidad de Liberia, must be denied in accordance with the discussion in recital VIII (considerando VIII) of this decision; consequently, the action brought by Los Tres Inversionistas S.A. against the Municipalidad de Liberia is partially granted. With respect to the affirmative defense of lack of standing to sue and be sued (falta de legitimación activa y pasiva), raised by the defendant, standing (legitimación) is the capacity to be a party in a specific administrative-law proceeding (proceso contencioso administrativo), which is acquired only when the party has a particular relationship to the subject matter of the proceeding.
Article 10 of the CPCA establishes who may bring an action before this court; likewise, Article 12, in its eight subsections, provides for a broad range of circumstances in which a person shall be deemed a defendant in a proceeding. In this case, the plaintiff directs its claims against the Municipalidad de Liberia, attributing liability to it for depositing solid waste (desechos sólidos) on its property. The foregoing is sufficient to deem the Municipalidad the defendant in this proceeding and the corporation duly authorized to be the plaintiff in the procedural legal relationship.
Because none of the grounds established in Article 193 of the Código Procesal Contencioso Administrativo for exempting the Municipalidad de Liberia from paying costs is present, it is ordered to pay both sets of costs in favor of the plaintiff.
POR TANTO
The affirmative defenses of statute of limitations, lapse, lack of standing to sue and be sued, and failure to state a legal right are denied; consequently, the action brought by Los Tres Inversionistas S.A. against the Municipalidad de Liberia is partially granted. Any matter not expressly granted herein shall be deemed denied.
PROCESO DE CONOCIMIENTO PROCESO DE CONOCIMIENTO ACTOR: COMPAÑÍA LOS TRES INVERSIONISTAS S.A.
DEMANDADO: MUNICIPALIDAD DE LIBERIA SENTENCIA No. 006-2014-V TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. SECCIÓN QUINTA. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, GOICOECHEA. ANEXO A.- A las ocho horas treinta minutos del veintisiete de enero del año dos mil catorce.- Proceso de conocimiento incoado por la compañía los Tres Inversionistas S.A., representada por sus apoderados señores Federico Torrealba Navas, divorciado, abogado, vecino de San José, portador de la cédula CED16431 (f. 23) y Alexander Araya Zúñiga, casado, abogado, vecino de San José, cédula de identidad CED91266 (f. 25), Adelita Olivares Ferreto, mayor, soltera, abogada, vecina de San José, cédula de identidad CED91267 (f.497), en contra de la Municipalidad de Liberia, representada por su Alcalde, señor Luis Gerardo Castañeda Díaz, mayor, casado una vez, profesor pensionado, cédula CED91268 (f.198), quien otorgó poder especial a la licenciada Cristina Gutiérrez Chaves, mayor, casada, abogada, cédula de identidad CED91269 (f. 729).
RESULTANDO
6 .- El 29 de julio de 2010, el Tribunal de apelaciones confirmó la sentencia n.º 2126-2010 de la medida cautelar (f. 473 del expediente judicial).
7 .- Que el 7 de junio del 2012, el Juez Paulo André Alonso Soto, llevó a cabo la audiencia preliminar. En dicha audiencia rechazó, mediante la sentencia n.° 1009-2012, la defensa previa de litis pendencia. A la vez, solicitó aclarar a la parte actora sobre los hechos de su demanda. Por ese motivo suspendió la audiencia para que la entidad demandada contestara los hechos que faltaban (folio 676 del expediente judicial).
9 .- Que el 29 de agosto del 2012, el Juez Edgar Leal Gómez, llevó a cabo la audiencia preliminar. En dicha audiencia no se llevaron a cabo ajustes de las pretensiones (folio 714 del expediente judicial).
10 .- Que el 3 de octubre del 2012, el Juez Tramitador Paulo André Alonso Soto, a solicitud de la parte demandada, ordenó declarar inevacuable la prueba pericial requerida, al no haber depositado los honorarios correspondientes (folio 762 del expediente judicial).
24- Que el día 1 de julio del 2013, el documento que aportó el señor Nombre12891 , fue puesto en conocimiento de las partes (folio 846 del expediente judicial).
Redacta el Juez ponente Mena García, con el voto afirmativo de las Juezas Vargas Vargas y Sánchez Navarro y;
CONSIDERANDO:
Cuatro días antes del juicio oral y público, la parte demandada remitió un fax al Tribunal, mediante el cual interpuso las excepciones de prescripción y caducidad, al considerar que de conformidad con el artículo 39 del Código Procesal Contencioso Administrativo, el plazo para incoar una demanda es de un año, pese a lo anterior, según su dicho, los hechos se remontan desde el año 2007. Este documento se puso en conocimiento de la parte actora el día del juicio y se le concedió audiencia en ese momento. Al respecto indicó que el proceso de marras, no estaba encaminado a determinar nulidades, sino que se trata de un proceso civil de hacienda o de responsabilidad civil administrativa. En tal sentido, el plazo de prescripción negativa es de 4 años. Afirma que la afectación inició en el año 2007 y la demanda se interpuso en el año 2009, por lo que no ha transcurrido dicho plazo fatal. Añade que el daño se ha prolongado en el tiempo, por lo que tiene un efecto continuo.
El día del juicio, el Tribunal reservó para el dictado de la sentencia de fondo la resolución de las excepciones (folio 768 del expediente judicial, soporte digital, a partir de las 10:49:33, disco 1, 22 de enero del 2013). Sobre el punto en discusión, lleva razón la parte actora al afirmar que el plazo de prescripción aplicable a los asuntos civiles de hacienda es de 4 años. Se debe tener presente que el Código Procesal Contencioso Administrativo, contiene una norma especial que regula la caducidad de la acción en este tipo de procesos. De esa forma, en lo que interesa, el artículo 41 de la Ley n.º 8508 dispone: "El plazo máximo para incoar el proceso será el mismo que disponga el ordenamiento jurídico como plazo de prescripción para el respectivo derecho de fondo que se discute en los siguientes supuestos: 1) En materia civil de hacienda..." El plazo de prescripción del derecho de fondo, al que hace referencia el canon citado, es el que dispone el artículo 198 de la Ley General de la Administración Pública, Ley n.º 6227, que es de 4 años.
De conformidad con lo expuesto, no lleva razón la parte demandada al indicar que la norma de prescripción aplicable al caso es la del artículo 39 del Código Procesal Contencioso Administrativo, pues como fue expuesto existe norma especial. Por otra parte, si los hechos son del año 2007, como lo reconoció la misma parte demandada en el juicio oral, desde esa fecha, al momento en el que la demanda fue interpuesta, dicho plazo fatal no había transcurrido. Por ese motivo, de acuerdo con lo expuesto es que deben ser rechazadas las excepciones de prescripción y caducidad interpuestas por la Municipalidad demandada.
De importancia para la resolución de este asunto se tienen como de esta naturaleza los siguientes:
En lo fundamental, la accionante solicita la responsabilidad de la Municipalidad de Liberia por los daños ocasionados, al trasladar las actividades de un relleno sanitario a dos propiedades que le pertenecen. Afirman que dicha actividad, ha causado un daño ecológico y un daño emergente.
En lo esencial, considera que por la urgente necesidad, al haber sido cerrado el relleno sanitario, por las autoridades competentes, se vio obligada, como medida urgente, a depositar desechos sólidos en un vertedero controlado en la propiedad del actor. Afirma, que utilizó únicamente una hectárea. Acusa una supuesta tolerancia por parte de la demandada, para que realizara el depósito y tratamiento de desechos sólidos del cantón, hasta que iniciara la construcción del relleno sanitario. Rechaza además la existencia de bosque, en los términos de la Ley Forestal, en los terrenos propiedad de la actora, motivo por el cual, considera que no se ha producido el daño ambiental alegado.
El sub lite, trata de un proceso, en el que se solicita declarar a cargo de la Municipalidad de Liberia, una obligación de hacer, que consiste en cesar el depósito de basura en las propiedades de la actora, así como la incursión en dichos inmuebles. Se requiere además, la reparación del daño ambiental causado en los terrenos propiedad de la accionante, así como el daño emergente, por la disminución del valor venal de las propiedades y la pérdida temporal de la posesión de las fincas inscritas a su nombre.
Tal y como quedó reseñado en los resultandos de la presente sentencia, en el juicio oral y público que inició en enero del año pasado, la representante de la Municipalidad de Liberia, como sustento de su teoría del caso aportó un levantamiento topográfico, visible a folio 770 del expediente judicial, mediante el cual, con base en los planos catastrados de 1972, 1986 y 2008, de las propiedades involucradas en el litigio de marras, hizo referencia a un replanteamiento de los límites de las propiedades involucradas, que incidía en la magnitud del supuesto daño que se discute en esta sede, prueba que contradecía la experticia presentada por la parte actora. Por ese motivo, con la finalidad de encontrar la verdad real, norte a seguir en la presente jurisdicción, por imperativo legal del Código Procesal Contencioso Administrativo, el Tribunal suspendió la continuación del juicio y ordenó como prueba para mejor resolver un peritaje.
A ese efecto se ordenó el nombramiento de un Ingeniero Topógrafo, para que determinara la medida real en la materialidad del terreno, de las fincas propiedad de la actora y de la demandada. Una vez establecida esta medida real, debía determinar la posible área afectada por el depósito de desechos sólidos, en las propiedades de la actora, estableciendo, respecto de ésta su medida y valor. Dicha resolución oral fue reiterada el mismo día del juicio, por escrito, mediante resolución de las 17:00, visible a folio 793 del expediente judicial. El día 25 de enero del 2013, la parte actora llevó a cabo el depósito de los honorarios correspondientes, para que nombrara un ingeniero topógrafo, esto se encuentra en el folio 799 del mismo expediente mencionado. Posteriormente, el día 4 de febrero del 2013, se nombró al señor Nombre12891 , para que llevara a cabo la pericia. Por ese motivo, el 12 de febrero del 2013, el señor Nombre12891 se apersonó al Despacho para asumir el cargo, lo cual se puede corroborar a folio 801 del expediente judicial.
Con posterioridad, el 11 de marzo del 2013, el señor Nombre12891 presentó su informe pericial, a folio 803 del expediente judicial. El día 15 de marzo del 2013, el peritaje fue puesto en conocimiento de las partes, lo cual se puede constatar a folio 820 del expediente judicial. El día 21 de marzo del 2013, las partes hicieron sus observaciones en relación con el documento pericial (folios 821-827 del expediente judicial). Seguidamente, el día 9 de abril del 2013, el Tribunal solicitó precisar y aclarar el informe al señor Nombre12891 (folio 832). El día 22 de abril del 2013, el señor Nombre12891 presentó documento (folio 838). El 7 de mayo del 2013, el Tribunal puso en conocimiento de las partes el documento del señor Nombre12891 (folio 839). El 19 de junio del 2013, el Tribunal previno al señor Nombre12891 para que atendiera los requerimientos del Tribunal en la pericia, lo cual se puede verificar en el folio 842 del expediente judicial.
El 24 de junio del 2013, el señor Nombre12891 presentó documento, atendiendo la prevención del Órgano Judicial, folio 843 del expediente judicial. Dicho documento fue puesto nuevamente en conocimiento de las partes el día 1 de julio del 2013. Luego, el día 9 de julio del 2013, las partes presentaron sus observaciones, en relación con la contestación del señor Nombre12891 . El 29 de julio del 2013, al no cumplir con los requerimientos del Tribunal, en la prueba para mejor resolver, se ordenó revocar el nombramiento del Perito Nombre12891 , lo que se puede corroborar en el folio 859 del expediente judicial. Incluso, el Tribunal ordenó a la Dirección Ejecutiva del Poder Judicial, investigar lo acaecido con el profesional, en virtud de la forma en la que atendió el asunto, así como sus manifestaciones que plasmó por escrito al responder al Tribunal (folio 870 del expediente judicial). Seguidamente, el día 20 de agosto del 2013, se atendió recurso de revocatoria, interpuesto por la parte demandada, en contra de la resolución que ordenaba la revocatoria del nombramiento del perito.
Luego, el día 25 de agosto del 2013, el Tribunal solicitó a la Oficina de Ingeniería Forense del Poder Judicial, para que llevara a cabo el peritaje, lo cual se puede corroborar a folio 871 del expediente judicial. El 19 de setiembre del 2013, se Nombre635 el día 25 de setiembre del 2013, para llevar a cabo la pericia, visible a folio 875 del expediente judicial. Posteriormente, el día 29 de octubre del 2013, se Nombre635 el día 21 de noviembre del 2013, para continuar el juicio oral y público, que se puede corroborar en el folio 876 del expediente judicial. Seguidamente, el 18 de noviembre del 2013, se revocó el señalamiento antes dicho, en virtud de que no se había recibido el dictamen pericial, se programó la continuación del juicio para el día 2 de diciembre del 2013. El día 21 de noviembre del 2013, la Sección de Ingeniería Forense emitió el dictamen, que se puede apreciar a folio 896 del expediente judicial.
Ese mismo día, se puso en conocimiento de las partes el dictamen mencionado, lo cual se puede constatar a folio 901 del expediente judicial. De seguido, el día 26 de noviembre del 2013, se reprogramó la continuación del juicio para el día 7 de enero del 2014, a solicitud de la parte actora (folios 907 y 908). Los días 27 y 28 de noviembre las partes llevaron a cabo sus observaciones sobre el dictamen (folios 917-920). El 2 de diciembre del 2013, se dispuso que en el juicio oral y público se llevaría a cabo el interrogatorio de las partes de forma oral al perito, en relación con su dictamen. Con la finalidad de sanear el presente proceso y evitar nulidades, de las actuaciones que se han indicado con anterioridad, si bien se ha prolongado en el tiempo la continuación del juicio y ha transcurrido casi un año, desde el momento en el que se ordenó la prueba para mejor resolver, lo cierto es que esta situación no es imputable ni al Tribunal ni a las partes.
Obedeció en primer término al trámite que llevó el primer peritaje del señor Nombre12891 , dado que después de varias prevenciones que se llevaron a cabo, para que cumpliera con lo requerido por el Tribunal, su nombramiento tuvo que ser revocado y solicitar a la Sección de Ingeniería Forense del Poder Judicial la colaboración para llevar a cabo la pericia. Este Tribunal ha sido diligente, lo cual se constata en las distintas actuaciones procesales y ha dado un impulso oportuno al trámite de la prueba pericial para mejor resolver. Se debe tener presente, que la realización de una prueba para mejor resolver no puede estar sujeta a un plazo, ya que dependerá del tiempo que requiera llevar a cabo su evacuación. El sustento de requerir una prueba de esta naturaleza obedeció al alegato que llevó a cabo la Municipalidad de Liberia en su teoría del caso, en relación con un replanteamiento, que incidía en la magnitud del daño, objeto esencial de esta causa, lo cual generó una duda razonable, al contradecir las pericias aportadas por la parte actora.
En el presente caso, el tiempo transcurrido obedece a las vicisitudes que se presentaron con la realización de la prueba, lo cual resulta ajeno al Tribunal. Por ese motivo, pese al tiempo que ha transcurrido, con fundamento en los principios de rango constitucional de tutela judicial efectiva y justicia pronta y cumplida, se mantienen todos los actos procesales del juicio del año 2013, así como los de su continuación. Se debe tener en cuenta que existen actuaciones únicas e irreproducibles, como lo son las pruebas periciales y testimoniales evacuadas en enero del año 2013, las cuales perderían su espontaneidad y credibilidad de ordenarse nuevamente su evacuación, en todo caso, dichos actos probatorios constan en el soporte digital del juicio, al que tienen acceso las partes y el Tribunal. Con fundamento en lo anterior, con la finalidad de cumplir con los principios antes mencionados, así como la conservación de estos actos y evitar el dictado de nulidades por la nulidad misma, se decidió continuar con el juicio oral y público, una vez que la Oficina de Ingeniería Forense del Poder Judicial emitió su dictamen.
Evacuada esta prueba en la continuación del juicio, se procedió dar la palabra a las partes para que emitieran sus conclusiones. El debate se cerró y se procedió al dictado de sentencia, dentro del plazo que dispone el CPCA. Finalmente, resulta de interés hacer otra acotación, en el sentido de que desde el momento en el que el Tribunal ordenó la revocatoria del nombramiento del señor Nombre12891 , los documentos que aportó y constan en autos, no tienen ninguna validez dentro del proceso, a efectos resolver la presente causa y emitir la resolución de fondo. Por este motivo, se ordena devolver a la parte actora, tal y como se indicó en la resolución de las once horas del veintiocho de agosto del 2013, visible a folio 871, la suma de ¢500.000 (quinientos mil colones), que corresponde al depósito de honorarios para el peritaje, que consta a folio 799 del expediente judicial.
La parte actora acude a esta sede para solicitar la reparación integral de los daños causados por la Municipalidad de Liberia, incluye dentro de su pretensión el daño ambiental, así como el daño emergente. En ese sentido, indica que es propietaria de dos fundos que colindan con un terreno municipal que se utiliza como lugar para depositar desechos. Acusa que en el año 2007, la Municipalidad demandada invadió sus propiedades e instaló allí el botadero de basura. Agrega que de acuerdo con peritaje topográfico e informe técnico, la zona afectada es de cinco hectáreas dos mil ciento setenta metros cuadrados con catorce decímetros. Califica además de empírica la forma en la que la entidad territorial procedió a tirar los desechos sólidos, pues no estableció un relleno sanitario, ni tomó las medidas correspondientes. Explica que arrasó con la flora y fauna existente, lo que quedó fue una montaña de basura.
Agrega que el horizonte de recuperación de los terrenos, es de 10 años. En su defensa, la entidad territorial demandada, argumenta la supuesta tolerancia del Ministerio de Salud y de las instituciones involucradas, por la urgente necesidad, que enfrentaba el cantón, al haber sido clausurado por el Tribunal Ambiental el relleno sanitario municipal, se vio obligada, como medida urgente, a depositar desechos sólidos en un vertedero controlado en la propiedad del actor. Según afirma, lo que utilizó la Municipalidad del terreno de la parte actora es una hectárea, aproximadamente. Menciona además, que al contar con los permisos de Nombre3456, y del Ministerio de Salud, el relleno estará funcionando nuevamente y se procederá a remover los desechos sólidos de la pequeña porción de terreno indicada. Para sustentar las medidas de urgencia, se fundamenta en el principio de continuidad del servicio público, que se encuentra obligada a cumplir.
Considera además, que ante la urgencia, los principios de continuidad del servicio público, el derecho a la salud y a un ambiente sano, el derecho de propiedad se relativiza y debe ceder ante los otros mencionados. A la vez indica que existió tolerancia por parte de la demandada, pues en reuniones en los Departamentos encargados, existió permiso del demandante para realizar el depósito y tratamiento de desechos sólidos, del cantón, hasta que iniciara la construcción del relleno sanitario. Además, manifiesta que existe un proceso reivindicatorio del señor Nombre115463 , que alega la posesión y la titularidad de las fincas 34528-000 y 30878-000. Según su teoría del caso, la tolerancia alegada, se configura como la causa de exoneración de responsabilidad de la Ley General de la Administración Pública, denominada culpa de la víctima. Alega además que no existe colindancia alguna con la finca de la actora, de conformidad con el plano catastrado G-623106-86.
Rechaza además la existencia de bosque, en los términos de la Ley Forestal, en los terrenos propiedad de la actora. Para llevar a cabo el reconocimiento de cualquier indemnización bajo el esquema de responsabilidad objetiva de la Administración Pública, que contiene nuestra Ley General de la Administración Pública, en adelante LGAP, se hace necesario hacer un minucioso análisis de cada uno de sus componentes o elementos para verificar si existe o no responsabilidad objetiva de la Administración Pública. De esta manera se debe identificar la existencia del daño (196 LGAP), que debe ser efectivo, evaluable e individualizable (196 LGAP), a su vez la relación de causalidad entre dicho daño y el ente público o funcionario, si existen causas eximentes de responsabilidad que rompan el nexo de causalidad (190 LGAP), además de concretar la existencia de criterios de imputación, esto quiere decir que la conducta dañosa se produjo de forma lícita o ilícita, normal o anormal.
En lo que respecta a la responsabilidad por conducta lícita y normal, por la especialidad del daño, requiere la existencia de una pequeña proporción de afectados y que la intensidad de dicha lesión sea excepcional. Bajo este esquema, la indemnización cubre el valor del daño, más no los perjuicios. Estos conceptos que componen el "daño especial", son los que se conocen en derecho como los conceptos jurídicos indeterminados, y serán los Juzgadores en cada caso que deberá darles contenido y determinar si el derecho subjetivo se desnaturalizó. Por otro lado, para abordar el análisis de la existencia de responsabilidad por conducta ilícita y anormal, que es la que alega la parte accionante, resulta medular determinar la existencia de una actuación de la Administración contraria al ordenamiento jurídico o a las reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, respectivamente. Bajo esta causa de imputación el reconocimiento de los daños es pleno, ya que a diferencia de la anterior se reconocen los perjuicios.
Al abordar el análisis del presente caso, dada la forma en la que se encuentran planteadas las pretensiones de la demanda, resulta fundamental tener acreditada la causa del daño, esto es, la invasión a los terrenos de la parte actora, por parte del ente territorial demandado, así como el depósito de basura en éstos. Para sustentar su teoría del caso, la sociedad accionante, ofreció al testigo perito Olman Alberto Barrantes Molina, para que hiciera referencia a los daños causados y su justipreciación, dicho profesional, es licenciado en economía ambiental, con énfasis en agroambiental. Manifestó que procedió a hacer la valoración de dos informes, uno hidrogeológico y otro levantamiento topográfico del área afectada. Explicó que por su profesión no puede determinar el daño, por ese motivo, con base en los estudios de hidrogeología de la señora Nombre115462 y el peritaje topográfico del señor Nombre115464 , llevó a cabo su valoración.
De esa forma, con base en sus conclusiones estableció la forma de cambiar la situación del terreno y cuantificar el daño. Afirmó además, en relación con el estado de los terrenos, que ya se había producido la intervención del ser humano en éstos, como la extracción maderera y de materiales. No obstante, con posterioridad, ocurrió un proceso de reforestación natural del área afectada. Por este motivo, consideró que de cero a cien, el nivel de conservación era de un 80%, no obstante, con el depósito de los desechos, se llegó a un nivel de conservación de un 10%. Lo anterior porque ocurrió un cambio geomorfológico, se removió una loma, además, se subió el nivel de la basura. Dijo que había unos daños irreversibles, como los de la loma y otros reparables, con base en técnicas de la ingeniería. Explicó que la metodología para hacer el cálculo de la valoración del daño ambiental, tuvo en cuenta 4 componentes, que son el costo de recuperación y a la vez el establecimiento de una zona de amortiguamiento, entre el área afectada y el resto de la propiedad, que responde a un 2% de la valoración total.
El otro componente obedece a la recomendación que dio el estudio geológico, que sugiere como medida de reparación, de llevar a cabo limpieza en el área y obras civiles y de ingeniería necesaria, para darle estabilidad al suelo y darle un uso alternativo a esta sección del terreno, que no puede ser otra distinta a la que tiene en el momento. De esa forma extraer los materiales de desecho, tratarlos y volver a colocar el suelo y darle una estabilidad adecuada para evitar otros efectos. Este componente representa el 90% del valor del daño ambiental que está reconociendo en su valoración. Afirmó que si los desechos hubiesen sido tratados de acuerdo con la normativa, este componente hubiera sido menor. Agregó que el otro componente de la metodología es un costo social, y por el no disfrute de las áreas afectadas. Añadió que su valoración obedece a una solución que le presenta un profesional. De esa forma, pueden existir otras soluciones, más baratas o más caras.
Manifestó que su estudio no propone un plan reparador, sino el costo de volver el ambiente a la condición en que se encontraba, más cercana posible. El daño económico causado por la disposición de la basura es de $1.779.433,82. Enfatizó que ese monto corresponde al día de la visita, al día de hoy se deber valorar si la Municipalidad implementó algún mecanismo o mejora que cambie la situación. Explicó que la zona no es diversa desde el punto de vista ecológico, tampoco de un gran potencial agrícola. Le explicó además al Tribunal que no tenía conocimiento cuando fue adquirida la propiedad por la actora. Tampoco determinó el estado en que se encontraba la propiedad al momento de determinar el daño. Para hacer su valoración llevó a cabo una interpretación de fotografías aéreas de los años 1950 y 2000, así como unas de la NASA. También mencionó que tuvo en cuenta el estado en que se encontraban las otras áreas aledañas que no fueron afectadas (soporte audiovisual del juicio, disco 1, a partir de las 11:29:27, 22 de enero del 2013, folios 70 a 79 del expediente judicial).
De igual modo, la sociedad accionante, ofreció a la señora Nombre115462 , geóloga, con una especialidad en hidrogeología, que se dedica a ser consultora privada, quien llevó a cabo un diagnóstico ambiental en las fincas propiedad de la parte actora. Lo anterior consiste en una valoración de las condiciones del ambiente que pudo observar. Explicó que valoró la parte geomorfológica, geológica y de aguas superficiales y subterráneas que son las más visibles en el ambiente. Nombre635 que para hacer el estudio visitó las fincas. Al observar el terreno, así como fotografías aéreas, puedo determinar que hubo cambios en la geomorfología de la finca. Mencionó que pudo verificar que una loma no estaba completa. Nombre635 que esta afectación geomorfológica responde a un daño si se hace sin permiso. Dichos cambios afectan el paisaje y son irreversibles. Agregó que encontró inestabilidad de taludes en el terreno, grietas y zanjas propias de un terreno inestable.
Esta situación, mencionó, puede traer riesgos de deslizamientos. Dijo haber encontrado afectación a la capa rocosa, del sector afectado. De ese modo, la afectación al medio ambiente se presenta en virtud de la remoción del material de subsuelo, por ese motivo, ya no es posible volver a las condiciones originales en las que se encontraba el terreno. El efecto que se produce sobre las aguas subterráneas es que al quitar parte del subsuelo, hay menos distancia entre la corteza y el agua subterránea, de ese modo las bacterias llegarían más rápido al nivel freático, lo que depende del espesor de material que se haya removido. Fue clara en indicar que no se llevaron a cabo análisis para determinar si las aguas subterráneas se encontraban afectadas, ni la existencia de pozos o manantiales, ni en la finca, ni en las cercanías. Mencionó, en relación con las aguas superficiales, que en su visita observó una pequeña quebrada, llamada quebrada arenas, en la que encontró basura en el cauce de la quebrada, que es un drenaje natural.
Explicó que probablemente la calidad del agua se vio afectada, pero no fue analizada. Indicó que no sabía hacia donde iban las aguas superficiales. Al contaminarse las aguas superficiales, éstas a su vez contaminan los ríos donde llegan , los cuales también afectan otros ríos donde llegan dichas aguas. Mencionó que hizo un plan de reparación y recuperación de la zona. Lo primero según manifestó es retirar la basura del sitio, estabilizar taludes con gaviones o vegetación adecuada. Recomendó además llevar a cabo muestreos semestralmente, para ver la evolución en la calidad de las aguas, esto por el efecto de los lixiviados, que son altamente contaminantes. Considera que se podría recuperar el estado inicial de las aguas. Mencionó también, que el tema de calidad de aguas es ajeno a sus conocimientos. Nombre635 que no pudo determinar el volumen de basura de las fincas. Agregó que si bien observó el área afectada, no la cuantificó.
Manifestó que si bien se trata de un área pequeña, en relación con la finca, la afectación como tal existe. Explicó que un diagnóstico implica una visita de campo para observar y analizar. La composición del terreno es de rocas denominadas tobas de la formación de Liberia, el tipo de roca produce un suelo muy abundante. El suelo es la disgregación de la roca, por lo que es polvoroso y blanquecino. Mencionó que con la fotografía aérea pudo determinar que desde el año 2005 había disposición de desechos en la zona, de conformidad con la fotografía que consta a folio 96, por el color que se distingue. Manifestó a la vez, que no determinó la existencia de mantos acuíferos. Explicó que el daño en la geología se da por el uso de materiales en forma ilegal, al extraerlos sin permiso y la utilización del mismo, pues se removió para tratar de esconder la basura. Manifestó que no cuantificó el daño en las aguas superficiales, sus apreciaciones se basan en la visita que llevó a cabo (soporte audiovisual del juicio, a partir de las 14:08:46, disco 1, 22 de enero del 2013).
A su vez, la parte actora ofreció el testimonio del señor Nombre115464 , quien le manifestó al Tribunal que midió los planos catastrados de las propiedades de la parte actora, así como el área invadida por la basura y dos años más tarde un lindero que colocó la Municipalidad, en el año 2010. Precisó que la primera medición la hizo en semana Santa del año 2008, definió los linderos de la finca porque existía una invasión en las propiedades de la actora, de unas personas que habían creado un plano para información posesoria, que traslapaba los planos que ya existían. Explicó que midió la totalidad de las fincas con los planos inscritos. Los linderos coincidían en la parte trasera y en la forma de la calle. Mencionó que logró determinar que la Municipalidad había ingresado en la propiedad de la parte actora. En su labor, pudo percibir la existencia de desechos sólidos en la propiedad de la parte actora.
Agregó también, que en la finca de la sociedad demandante había trabajadores y buzos, así como camiones. En lo que respecta a los camiones, los vio a mediados del año 2010, en su tercera visita. En su segunda visita, se dedicó a medir el área invadida. Pudo observar en el área invadida que habían movido tierra para tapar la basura. Indicó que generó un plano que le daba 52170.14 m2 la invasión en los terrenos de la actora. Corroboró que elaboró el plano visible a folio 56 del expediente judicial (soporte audiovisual del juicio, a partir de las 15:56:52, disco 1, 22 de enero del 2013). Finalmente, la parte actora ofreció como testigo al señor Alexander Araya Zúñiga, quien ha fungido como asesor legal de la parte actora, afirmó que estuvo presente en una reunión con la Municipalidad de Liberia, aproximadamente 5 años atrás, que se dio a raíz del conocimiento que tenían de la invasión y depósito de basura en las propiedades de la sociedad demandante.
En la reunión se encontraban además de él, el señor Augusto Otárola, Gestor Ambiental, David Walker y el representante de la sociedad propietaria de los inmuebles señor Nombre115461 . Según explicó, en la reunión manifestaron la preocupación por la gran cantidad de basura depositada en sus propiedades. En ese sentido, la Municipalidad indicó que fue por un asunto de urgencia que llevó a cabo el depósito. Agrega que pudo corroborar por las visitas que realizó en el sitio la existencia de la basura en las propiedades de la parte actora. En otra visita que realizó al sitio, pudo observar incluso los tractores dentro de la propiedad de la actora. Mencionó que envió una carta al señor Augusto de la Municipalidad para que dejaran de tirar basura. En otra carta, firmada por el señor Nombre115461 , le solicitó a la Municipalidad que dejara de tirar basura. Agregó que en la reunión en la que estuvo presente en ningún momento hubo consentimiento del señor Nombre115461 para que tiraran basura en su propiedad.
El testigo reconoció a folio 58 del expediente judicial, la carta que envió a la Municipalidad, en la que exponían la situación del depósito de basura e invasión de la propiedad. En relación con esta carta, dijo que no recordaba haber recibido una respuesta formal de la Municipalidad. Recuerda haberse presentado en dos ocasiones y haberse reunido con la asesora legal, para indicar, de manera informal, que la actividad continuaba en los terrenos de la empresa actora (soporte digital, a partir de las 16:30:50, disco 1, 22 de enero del 2013). La parte demandada, para sustentar su teoría del caso ofreció solicitó la declaración, del señor Nombre115461 , quien compareció como testigo y explicó que cuando conocieron de la situación en las propiedades de su representada, la persona que llevó a cabo el estudio, les indicó que 5 años atrás estaban depositando basura. Explicó que a principios del año 2008, se enteró de la situación y por ese motivo se presentó con su abogado, el licenciado Alex Araya en la Municipalidad de Liberia.
Conversaron con un funcionario de nombre Nombre20997 y con el Alcalde. Recuerda haberse presentado en la Municipalidad unas tres veces, además su abogado se apersonó a la Municipalidad en otras ocasiones, para que detuvieran el asunto. Explicó que su abogado de forma verbal y escrita presentó solicitudes para que detuvieran la actividad de tirar basura en las propiedades de su representada. Explicó que cuando se presentó en la Municipalidad su intención era de detener lo que estaba haciendo la Municipalidad. Al respecto mencionó que fue claro en manifestar que no quería que depositaran la basura en su propiedad (soporte audiovisual del juicio, a partir de las 16:54:52, disco 1, 22 de enero del 2013). Compareció también el señor Renán Alonso Zamora Álvarez , ofrecido por la parte demandada, quien es funcionario de la Municipalidad de Liberia, Nombre635 que cuando ingresó la entidad territorial, ésta se encontraba depositando desechos sólidos en una propiedad aledaña, con motivo de una orden del Tribunal Ambiental, por lo que empezó a tirar los desechos en un lugar distinto al que había sido clausurado.
Esto ocurrió, según indicó, a principios del año 2008. Indicó que escuchó a otras personas mencionar que se habían reunido con Nombre115461. Nombre635 que tuvo conocimiento de la negativa del señor Nombre115461 de que no se depositaran desechos sólidos hasta que presentó la demanda. Nombre635 que después de la denuncia, la parte actora contrató guardas. Hizo referencia a que los límites entre las propiedades no eran claros. Mencionó que el dueño anterior a la sociedad actora, tuvo la intención de donar una parte del terreno, pero esto nunca se llegó a concretar. Por ese motivo se creía que donde estaban tirando los desechos era propiedad de la Municipalidad. Mencionó además que la demandante tenía un conflicto con otra persona sobre la propiedad. Por ese motivo, según su criterio, no era claro para la Municipalidad cuál era su propiedad. Al testigo se le mostró el folio 59 del expediente judicial, que es el oficio UGAML-64-05-2008, del 22 de mayo del 2008, al respecto mencionó que probablemente conoció ese documento.
A la vez Nombre635 que no recordaba haberle dado respuesta al documento. Tampoco recordaba haber trasladado a otro funcionario el documento para que lo contestara. Mencionó no recordar haber visto la orden sanitaria visible a folio 109 del expediente judicial (soporte digital del juicio, a partir de las 8:47:12 , disco 1, 23 de enero del 2013). Compareció también el señor Nombre23565 , quien es geógrafo municipal, le indicó al Tribunal que de acuerdo con un oficio del geógrafo Marco Garro, quien labora en la Municipalidad, determinó con un GPS un área de afectación de 2.5 hectáreas aproximadamente, en la propiedad de la parte actora. Dicho informe se encuentra visible a folios 329 a 331 del expediente judicial. De igual modo, explicó que existe un levantamiento a folio 770, que se relaciona con el oficio mencionado anteriormente. Mencionó que ha sido muy complicado delimitar los linderos de la propiedad, por ese motivo se hizo el replanteamiento de los límites y el levantamiento a folio 770 delimita el área afectada (soporte audiovisual, a partir de las 10:04:41, disco 1, 23 de enero del 2013).
Finalmente, la entidad municipal ofreció la declaración del señor Augusto Otárola Guerrero, quien reconoció el documento visible de folio 261 a 262 del expediente judicial, oficio UGAML-003-01-2010, mediante el cual emitió su criterio en relación con la evaluación económica del ingeniero Olman Barrantes Molina. En relación con la pericia del señor Barrantes Molina, criticó el hecho de que indicara que en el lugar existe bosque, pues lo que en la zona existe es ignimbrita. Según sus consideraciones, se trata de terrenos marginales, que ni siquiera sirven para ganado. Explicó que en el lugar no crecen árboles, porque el terreno es árido. Cuestionó además la metodología para hacer la valoración económica del daño ambiental, al efecto consideró que la metodología que utilizó el señor Barrantes no es oficial. Según su criterio existe sobrevaloración del daño ambiental. Mencionó además, que la Municipalidad por los proyectos que ha desarrollado ha permitido que las propiedades de la zona tengan algún valor.
Según manifestó, los suelos no son permeables, por lo que es difícil que se contamine el subsuelo. Cuestiona además que no se llevaron a cabo perforaciones para determinar esa contaminación. Nombre635 que es incierta la existencia de mantos acuíferos en la zona, para determinarlo, se requiere hacer más pruebas. Mencionó que el relleno sanitario municipal recibe desechos hospitalarios, que se esterilizan en autoclaves. En lo que respecta a otro tipo, como fetos u órganos, se depositan en fosas en Liberia. Mencionó que la Municipalidad de Liberia utilizó las propiedades del actor en virtud de que se creía que eran de su propiedad, relacionada con una donación y una disputa de tierras entre el actor y otro señor de apellido Nombre115463. A lo anterior le suma la situación de emergencia y la falta de demarcación de los linderos. Por ese motivo depositaron desechos en las propiedades del actor.
Afirmó que en una reunión en la que estuvo presente, con el señor Nombre115461 , su abogado y el alcalde Carlos Marín, se discutió sobre la posibilidad de sacar provecho a la situación. Según indicó, el señor Nombre115461 les concedió un tiempo para seguir depositando la basura. Mencionó que tenía guardas armados y éstos consentían que ingresara la basura, sin embargo, después de la demanda, ya no permitían hacerlo más. Por otro lado, cuestionó el informe de la señora Nombre115462 , por no hacer mediciones concretas o tomar medidas de las supuestas afectaciones (soporte audiovisual, a partir de las 12:01:09, disco 1, 23 de enero del 2013). Finalmente, compareció el ingeniero Moisés Arias Sancho, de la Sección de Ingeniería Forense del Poder Judicial, solicitado para mejor resolver por el Tribunal, explicó que la metodología utilizada fue de mediciones satelitales a la constelación GPS, proceso topográfico de alta exactitud, similares a la del equipo convencional, se utilizó esta metodología por tratarse de terrenos bastante amplios, con los puntos de interés señalados por ambas partes.
Nombre635 que las propiedades son colindantes, no existía una división de la propiedad de la actora hacia su colindante norte, hacia su colindante sur, sí existía división, por encontrarse una confluencia de quebradas, la zopilota y otra que no recuerda el nombre. Se tomaron puntos de interés, principalmente de esas quebradas al no existir una delimitación de cercas vivas, la única delimitación contundente en el sitio, son las quebradas y la calle principal. Se tomó en primera instancia todo lo relacionado con la parte actora y luego con la Municipalidad. El ente territorial tiene un replanteo, que no está completo, que se establece con postes de cemento únicamente. Agregó que con la información de campo, en su oficina procesó los datos, con software especializado para la medición de datos y se hizo la constatación con los planos catastrados de las propiedades. Lo anterior, según explicó lo llevó a concluir que las propiedades registralmente están delimitadas, pero en el campo se encuentra pegadas una de la otra.
La propiedad ubicada al norte no presenta delimitación física, en esa parte no existían puntos de interés. Sin embargo, había puntos de interés importantes como lo son las quebradas, ya que por tener grandes extensiones, las quebradas limitan bastante bien las propiedades. Otra conclusión a la que llegó, es que si bien estas propiedades están delimitadas por planos catastrados de reciente data, siguen aplicando los planos anteriores, de 1972, sin embargo, los del 2008 representan muy bien lo que el plano del año 1972 indica, con excepción del plano que se le segregó a la Municipalidad de Liberia para poder realizar el relleno. La otra parte de sus conclusiones se refiere al área de afectación de la parte actora. Al respecto explicó que en las propiedades de la accionante, hicieron excavaciones de unos 50 centímetros, para poder observar los desechos sólidos. En relación con su levantamiento, visible a folio 900 del expediente judicial, mencionó que lo que se ve en verde y rojo, son los límites de los planos de 1972, correspondientes a las propiedades de la parte actora.
La figura con contornos azules es el plano de la Municipalidad de Liberia. Las áreas de achurado color morado, corresponden a las zonas afectadas por los desechos sólidos, las zonas se encuentran afectadas por el movimiento de tierra. Para determinar las zonas afectadas, se buscó el contorno y se realizaron excavaciones de 50 o 40 centímetros para ver el depósito de materiales, al igual que movimientos de tierra realizados para tal fin. Mencionó que la suma de las áreas afectadas es de 6 hectáreas aproximadamente, agregó además, que su informe indica el área afectada total y por finca. Explicó que técnicamente todos los planos contienen información jurídica y verídica y se plasma en las propiedades, no obstante, Nombre635 que el plano del año 1972, se segregó la propiedad que se le dio a la Municipalidad de Liberia, eso sí se ve representado en los planos del año 2008. Los planos de 1972 y 2008, presentan las mismas áreas, los mismos colindantes, no existe gran diferencia, salvo el área segregada a la Municipalidad.
Nombre635 que el traslape alegado es lógico, en virtud de la segregación del plano del año 1972, pues proviene de la finca de la parte actora. Mencionó que el tema de la ubicación de las propiedades, con incidencia en la magnitud del daño, es un asunto que obedece al replanteo que llevó a cabo la Municipalidad de Liberia, que se encuentra dibujado con círculos y señalado su levantamiento. Mencionó que cuando fue al campo, solamente ese sector estaba replanteado, el resto estaba eliminado, porque se trata de una zona conflictiva. La línea replanteada, según indicó, es la que tiene una diferencia con el plano catastrado que representa esa propiedad. La situación del traslape puede provenir del aspecto físico, pero no de los planos catastrados. Agregó que el replanteo no es concordante con los planos catastrados. La línea de postes no se asemeja al plano catastrado. Si bien no existen linderos, el límite suroeste es coincidente con el plano catastrado, lo que se sale del esquema es la línea replanteada.
Explicó además, que técnicamente resulta imposible tomar en cuenta el replanteo para ubicar el plano de la Municipalidad, pues no es coincidente con los elementos de las líneas que delimitan. Explicó además que traslape es la sobre posición de una finca con otra, en el caso concreto existe un traslape del plano de la propiedad de 1986 con el de 1972. Enfatizó que no se debe mal interpretar ese traslape como una usurpación, porque se debe a la segregación de la finca en ese momento. El traslape no tiene ningún efecto, porque proviene de la segregación del terreno que luego se le dio a la Municipalidad, no tiene efecto en la actualidad. Manifestó, que al momento en el que se segrega la propiedad y se levantan los planos el traslape deja de existir. En relación con los planos explicó que si bien el del año 2008 contiene los cambios operados con la segregación no aparece asociado al folio real, pues el que se encuentra relacionado es el del año 1972.
Al restar lo que fue segregado a la Municipalidad lo que aparece en el plano del año 1972, es coincidente con lo que indica el plano del año 2008. En lo que respecta a la otra finca, se mantiene intacta, porque la segregación no salió de ella. Explicó además que un replanteo lo que implica es tener datos en oficina y plasmarlos en el campo, en ese caso en particular, la Municipalidad tenía un plano que no existía una delimitación en el campo, lo que hizo fue colocarlos en el campo. Afirmó que desde el punto de vista técnico no estaba de acuerdo con el replanteo que hizo la Municipalidad de Liberia, porque tomó otros elementos a nivel global de la propiedad, como la calle y el límite sur de la propiedad de la municipalidad. Según indicó, el replanteo no generó ningún tipo de inscripción en el catastro, ni en el Registro Público. En el replanteo se trabaja a la inversa, pues primero se ve el campo y luego el catastro.
Explicó que los planos de 1986 y 2008 tienen vigencia. Nombre635 que al final, el traslape termina siendo una segregación y no una usurpación. Explicó que la zona afectada es la que sufrió movimientos de tierra y depósito de desechos sólidos (soporte digital, a partir de las 9:06:25, disco 2, 7 de enero del 2014). De conformidad con los hechos que se han tenido acreditados en esta causa, para el Tribunal no existe duda alguna, que en el caso de marras se ha configurado la responsabilidad objetiva de la Administración que regula la Ley General de la Administración Pública, a partir del artículo 190. Todos y cada uno de los elementos que componen este esquema se han allegado a los autos, por medio de la prueba que ha sido evacuada. En primer término, se ha probado que la Municipalidad de Liberia causó un daño, en las propiedades que responden a los números de folio real del Partido de Guanacaste 30878-000 y 34528-000, propiedad de la parte accionante.
La conducta que produjo el menoscabo, fue precisamente el depósito de desechos sólidos en las fincas de la demandante, sin que existiera permiso, autorización o consentimiento de su parte. Dicho daño afectó 25.518 metros cuadrados de la primera y 43.651 metros cuadrados en la segunda. Nuestro ordenamiento jurídico en su cúspide, en el artículo 45, dispone la inviolabilidad de la propiedad privada. De esa forma, la conducta encaminada a tirar basura en las fincas aledañas al vertedero municipal, se configura en una afectación a un derecho fundamental, garantizado, como se expuso anteriormente, por la Constitución Política. Por otro lado, la Carta Política en sus artículos 21 y 50, protegen el derecho a la salud y a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El hecho, de depositar basura en una propiedad privada, implica afectación a éstos derechos de rango constitucional, suficiente para configurar la conducta ilícita y anormal que dispone la Ley General de la Administración Pública como criterio de imputación .
A lo anterior, se debe agregar el hecho de que el depósito de los materiales de desecho se llevó a cabo sin tratamiento alguno, lo cual agrava la ilicitud y anormalidad de la presente causa, por el impacto que esto genera en el ambiente. Por otra parte, existe un nexo causal entre esta conducta ilícita y anormal y el daño, que también se han acreditado en la causa. Esto por cuanto la Municipalidad en su teoría del caso, que ha expuesto a través del proceso, nunca ha negado este hecho, de haber depositado la basura en las fincas aledañas a su propiedad, utilizada como depósito de desechos sólidos municipal. Su discusión, se centra, como se verá más adelante, en la magnitud del daño. De esa forma, una vez determinado el daño, la conducta que lo produjo, el criterio de imputación, así como el nexo causal, la obligación de reparar, como motivo de la responsabilidad objetiva de los artículos 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, resultan inminentes.
Así planteadas las cosas, la Municipalidad de Liberia se encuentra en la obligación de reparar el daño causado, junto con los perjuicios. Lo anterior en virtud de que ninguna persona está obligada a soportar lesiones jurídicas en su esfera patrimonial o extra patrimonial, como sucedió en el caso de la parte demandante. La entidad territorial demandada, ha venido a alegar, como causa eximente de responsabilidad varios supuestos, que resultan inaceptables para ésta Cámara, de conformidad con lo que dispone la Ley General de la Administración Pública. En primer término alega una situación de urgencia, tema que desde el escrito de contestación de demanda ha expuesto, de igual modo fue un tema que reiteraron sus testigos. En primer término, por virtud del artículo 190 de la Ley General de la Administración Pública no es una causal que permita romper el nexo causal de responsabilidad. Por otro lado, tampoco es excusa para justificar la conducta que ha desplegado la Municipalidad de Liberia.
Resulta reprochable, desde el punto de vista de la responsabilidad objetiva que la Municipalidad demandada utilice los principios de Nombre40855, conocidos como los del servicio público, para justificar, en la continuidad, su conducta de depositar basura en propiedad ajena. Este argumento resulta a todas luces contrario al esquema de responsabilidad objetiva y a los mismos principios del servicio público, ya que no se puede legitimar una conducta de tal magnitud que afecte derechos fundamentales, que se protegen a nivel constitucional como es la propiedad privada, el medio ambiente sano y la salud pública. Por el contrario, la conducta desplegada por la Municipalidad no sólo genera responsabilidad patrimonial, pues no estarían exentos sus funcionarios de la penal, patrimonial y administrativa. Por otro lado, la parte demandada ha venido a exponer, como causal eximente, la que ha calificado como culpa de la víctima, una supuesta aceptación de la parte actora para que depositaran en su propiedad desechos sólidos.
Sobre el particular, se debe tener presente que la Municipalidad de Liberia no ha negado en ningún momento que no haya depositado los desechos fuera de los límites del relleno sanitario, dado que se ha excusado en la urgente necesidad en la que se encontró. De ese modo, existió desde el inicio, una decisión unilateral de su parte. Pese a lo anterior, en su teoría del caso y a través de sus testigos ha tratado de darle a esa decisión unilateral inicial un matiz de consenso, que el Tribunal no encuentra y le parece incongruente, de acuerdo con la prueba que ha sido evacuada en esta sede. En primer término, se tiene acreditado que una vez que el representante de la parte actora tuvo conocimiento de la situación a principios del año 2008, señor Nombre115461 , en compañía de su abogado, el licenciado Alexander Araya Zúñiga, se reunió con representantes de la Municipalidad para manifestar su preocupación por la gran cantidad de basura depositada en sus propiedades.
En esa ocasión les indicó que no quería que depositaran la basura en su propiedad. Posteriormente, el 21 de mayo del 2008, el licenciado Alexander Araya, en su condición de abogado de la parte actora, dirigió nota al señor Augusto Otárola, Gestor Ambiental de la Municipalidad de Liberia, de la cual se desprende con claridad el desacuerdo con la conducta del ente territorial. La Municipalidad ha pretendido demostrar a través de sus testigos Renán Zamora Álvarez y Augusto Otárola Guerrero, la existencia de una supuesta reunión en la que el representante de la parte actora consintió el depósito de desechos sólidos. Ninguno de estos testigos le merecen credibilidad al Tribunal, en virtud de que ambos son funcionarios directamente involucrados en el caso, que les podría generar algún tipo de responsabilidad. Por ese motivo, sus manifestaciones podrían estar encaminadas a resguardar un interés personal.
A la vez, en el interrogatorio que llevó a cabo la representante de la Municipalidad, en una primera línea el señor Zamora Álvarez indicó, en relación con el supuesto consentimiento del representante de la actora, que escuchó a otras personas mencionar que se habían reunido con él y que había dado permiso. Nombre635 además, que tuvo conocimiento de la negativa del señor Nombre115461 de que no se depositaran desechos sólidos hasta que presentó la demanda. Pese a lo anterior, en el contra interrogatorio, el abogado de la parte actora le mostró al señor Zamora, el documento visible a folio 59 del expediente judicial, en el que el Gestor ambiental le trasladaba, mediante oficio UGAML-64-05-2008, del 22 de mayo del año 2008, la atención del oficio del Licenciado Alexander Araya, abogado de la parte actora en ese momento, en relación con los desechos sólidos. Lo anterior evidencia una gran contradicción en su testimonio, pues no es cierto que tuvo conocimiento de la negativa hasta que fue presentada la demanda, ya que de acuerdo con el oficio que recibió, se le puso en conocimiento la situación que estaba planteando el señor Nombre115461 en sede administrativa.
Por lo expuesto, no es de recibo la supuesta eximente de responsabilidad alegada. Por otro lado, otro de los ejes de la teoría del caso de la parte demandada se ha enfocado a aspectos relacionados con la topografía y ubicación de los inmuebles. En la contestación de la demanda, la Municipalidad afirmó que no era cierto que las propiedades de la actora colindaran con el terreno municipal. En ese sentido, sus testigos manifestaron que se había tirado basura en una propiedad aledaña, sin embargo, nunca manifestaron de forma expresa, que esa propiedad aledaña era la de la parte actora. De la prueba que ha sido evacuada, que se ha tenido acreditada en el elenco probatorio, concretamente, el informe de la Sección de Ingeniería Forense del Poder Judicial, del perito judicial Moisés Sancho Arias, esta duda ha sido despejada totalmente, no sólo con las explicaciones que llevó a cabo, producto de su visita al sitio, sino con el levantamiento que realizó, así como el análisis de los distintos planos que han estado en discusión, se ha logrado acreditar que el terreno de la Municipalidad limita con la finca matrícula Placa21674 de la parte actora.
Por otro lado, de conformidad con un documento, visible a folio 329 al 331 del expediente judicial, del geógrafo Marco Garro, el levantamiento que se encuentra a folio 770, así como la declaración del señor Nombre23565 , la Municipalidad reconocía la existencia únicamente de una hectárea como área invadida, en virtud de un replanteamiento de los linderos de su terreno, que incidía directamente en la colocación de los planos y consecuentemente en la magnitud del daño. Esta prueba contradecía la que aportó la parte actora en relación con el aspecto de la extensión del daño alegado. Por ese motivo, se solicitó la prueba para mejor resolver, ante la duda que surgió en relación con los planos que aparecían inscritos registralmente del año 1972 y a los que hacían referencia ambas partes, de los años 1986 y 2008, así como por la diferencia de cabidas que existía entre unos y otros. De acuerdo con la prueba evacuada, el Tribunal pudo constatar, que entre las fincas bajo el folio real n.º Placa21674 y n.º Placa21679, propiedad de la actora y demandada, respectivamente, no existen un traslape entendido como usurpación, sino que es producto de la segregación que se produjo del terreno de la Municipalidad.
Lo anterior en virtud de que al día de hoy la finca bajo número 30878-000, se encuentra registralmente asociada al plano G-0003427-1972, que no contiene la segregación del lote propiedad de la Municipalidad n.º 56577-000. Dicho traslape que se presenta a nivel de planos no tiene incidencia alguna en la magnitud del daño de las áreas afectadas en la propiedad de la parte accionante, que ha sido determinado. Por lo expuesto, los alegatos que ha presentado la entidad demandada no son de recibo en esta sede, que permitan eximirla de la responsabilidad. Establecida la obligación de reparar y analizados los argumentos de la parte demandada como teoría del caso, para refutar la demanda los cuales no son de recibo, como se explicó anteriormente, lo procedente es llevar a cabo el análisis de las pretensiones de la parte accionante, que se refieren a la reparación del daño. En lo que respecta a la reparación del daño ambiental, pretensión que sustenta la parte actora en el informe del señor Barrantes Molina, quien llevó a cabo esa valoración, al aplicar las reglas de la sana crítica racional, le surgen algunas dudas al Tribunal (soporte audiovisual del juicio, a partir de las 12:17:16 del primer disco).
En primer término, tal y como se reseñó supra, el señor Barrantes fue claro en indicar que con motivo de su profesión, no determinó el daño, solamente hizo su valoración, con base en los informes de la señora Nombre115462 y Nombre115464 . Por otro lado, mencionó que se hizo presente al lugar una vez, cuando los daños se habían producido, motivo por el cual, no pudo determinar la condición en la que se encontraba con anterioridad el área afectada, ni al momento en el que la parte actora adquirió las propiedades. Para calcular el daño, se basó en fotografías aéreas del año 1950, 2000 y de la NASA del año 2005, así como su interpretación. Tuvo en cuenta además el estado de las otras áreas de la propiedad. Al contrastar estas explicaciones del señor Barrantes, con los requerimientos de la zona de amortiguamiento, visibles a folio 75 del expediente judicial, se contabilizan allí 5.000 árboles, así como insumos para su siembra y mano de obra.
Pese a lo anterior, no existe prueba en los autos de que esta cantidad de árboles se encontraban al momento en el que la parte actora adquirió los terrenos objeto de litis. Por otra parte, el señor Barrantes Nombre635 que utilizó como parámetro el estado en el que se encontraban las áreas aledañas, no afectadas, no obstante, no se ha demostrado en esta causa la cantidad de árboles por metro cuadrado que se encontraban en la superficie de estas áreas utilizadas como parámetro. Tampoco se precisa la especie de árbol que supuestamente había crecido en el proceso de regeneración indicado. Si bien el señor Barrantes explicó que el bosque que regenera en esa zona no se puede comparar al de Monteverde, como ejemplo, no fue preciso en indicar el tipo de bosque y ecosistema que allí se desarrolla, para poder determinar el tipo de especies de árboles y plantas que se deben sembrar y su costo específico, para poder restaurar el sitio.
De ese modo, la valoración del daño ambiental, para el Tribunal resulta confusa e incongruente. En segundo término, el señor Barrantes mencionó, que otro de los componentes de la metodología, al que le asignó un valor, es a lo social, no obstante, no es claro este rubro, pues se trata de una propiedad privada, que no se ha demostrado cumpla alguna función social, que afecte de manera directa a un conglomerado social específico, para que se establezca un monto a resarcir. En tercer lugar, el señor Barrantes fue enfático en indicar que su valoración corresponde al día de la visita, por lo que puede cambiar en el tiempo. Así planteadas las cosas, si el plan se aprueba en este momento, como lo solicita la parte actora, al momento en el que se ejecute, otra situación podría presentarse. Por ese motivo, no resultaría apropiado aprobar la valoración como lo solicita la parte actora, si se tiene en cuenta, incluso, de acuerdo con la pericia rendida por el perito de la Sección de Ingeniería Forense que el área afectada es mayor.
De conformidad con lo expuesto, a esta Cámara le resulta imposible acceder a la pretensión número seis, de la demanda, que consiste en aprobar el plan de reparación, que se sustenta en el informe del señor Barrantes, así como la suma allí determinada. Por otra parte, resulta importante hacer una consideración en relación con el informe de la señora Nombre115462 , que intenta demostrar la afectación del terreno en su geomorfología, que comprende la supuesta desaparición de una loma, así como la afectación a las aguas superficiales y subterráneas. Si bien la señora Nombre115462 manifestó en el juicio oral y público, que realizó un diagnostico del daño causado por el depósito de desechos sólidos, para el Tribunal no es preciso en cuanto al tema de la afectación geomorfológica, en la desaparición de la loma y la afectación a las aguas superficiales y subterránteas. En estos aspectos, si bien los menciona, su informe resulta incompleto, pues no llevó a cabo otras pruebas o estudios para determinar con certeza la existencia de este tipo de aguas.
Tampoco ubicó la loma su extensión y afectación con la precisión requerida. S us afirmaciones en el juicio oral y público, al respecto se basaron en meras suposiciones, pues expresamente indicó no haber llevado a cabo pruebas específicas. En lo que respecta a las aguas superficiales, llama la atención que únicamente hizo referencia a la quebrada arena, no obstante no indicó si existían otras que se encontraran afectadas, pues el Ingeniero Moisés Arias mencionó la existencia de otra quebrada, como la Zopilota.Tampoco determinó la señora Nombre115462, cómo se encontraban éstas aguas antes de que ocurriera el evento dañoso. En lo que respecta a la supuesta loma, si bien Nombre635 que había desaparecido, no pudo precisar sus dimensiones y ubicación. Lo anterior, no implica que el Tribunal desconozca la posible existencia de estas consecuencias como producto del depósito de desechos sólidos y que configurarían los efectos y magnitud del daño, por parte de la Municipalidad en las propiedades de la parte actora.
Tampoco desconoce el Órgano Colegiado que deba ser reparado, ya que es la consecuencia ineludible de una determinación de responsabilidad. El tema de fondo al respecto, es la forma o cómo debe llevarse a cabo su reparación, dado que, como se explicó supra, las consecuencias de este daño y su forma de reparación no están debidamente acreditadas. Por ese motivo, el Tribunal no encuentra en este momento la manera de determinar esos alcances y cómo debe ser reparado. El depósito de basura en las propiedades de la parte actora, genera un daño adicional, evidenciado por el informe pericial del Ingeniero Moisés Arias, que incluso se determinó su extensión y ubicación. Pese a lo anterior, el impacto al medio ambiente y su magnitud no se encuentran debidamente acreditados. Por esa razón, de conformidad con el artículo 122 inciso m) iii) del Código Procesal Contencioso Administrativo, se deja para la fase de ejecución de sentencia la determinación de las consecuencias que generó el depósito de desechos sólidos en las propiedades de la parte actora, así como la forma en la que se debe llevar a cabo su reparación, todo esto sujeto a la prueba que en esa sede lo demuestre.
Por otra parte, en relación con la pretensión de la parte actora, relativa al cese de la conducta municipal, de depositar basura e incursionar en sus propiedades, se debe tener presente, de conformidad con lo que disponen los artículo 126, 158 y 159 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que por lo anormal y antijurídico de esta conducta, tal y como ha sido expuesto, la entidad territorial debe acabar inmediata y definitivamente con ese proceder. Al respecto, se debe tener presente que dentro de esta causa, la parte actora presentó solicitud de medida cautelar prima facie, para que se ordenara al ente territorial demandado abstenerse de depositar desechos sólidos en las fincas de su propiedad. Por ese motivo, el día 3 de junio del 2010, el Juez de la etapa de trámite , mediante sentencia 2126-2010, declaró con lugar la medida cautelar solicitada por la parte actora, dicha sentencia fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones, el día 29 de julio de 2010.
Por ese motivo desde esa fecha se ordenó por la vía cautelar el cese de la conducta. No obstante, para efectos del dictado de la sentencia de fondo, que resuelve en definitiva el proceso, debe la Municipalidad de Liberia abstenerse de realizar cualquier conducta encaminada a tirar desechos en las propiedades de la accionante, así como incursionar en sus propiedades. En caso de que esta orden no sea acatada, producirá responsabilidad penal, disciplinaria y civil, de cualquier funcionario municipal y del Alcalde. Por otra parte, solicita la parte actora el reconocimiento del valor venal de la propiedad, como daño emergente, no obstante, por la forma en la que se han atendido las pretensiones en esta sentencia, al reconocerse la reparación integral del daño causado a las propiedades, con motivo del depósito de desechos sólidos, resulta incompatible reconocer el pago del valor venal de la propiedad, pues existe condenatoria para que se repare en forma integral el daño causado.
De ese modo, lo procedente es reconocer la pérdida del valor de las propiedades de la accionante, por las áreas afectadas y no por el valor venal, como lo solicitó la parte accionante, pues ésta última resulta excluyente de la reparación integral del daño. Finalmente, en lo que respecta a la pretensión del daño emergente por la pérdida temporal de la posesión de las fincas de la actora, considera el Tribunal que es procedente, dado que este daño es consecuencia del depósito de desechos sólidos en su terreno, por ese motivo debe reconocerse en la fase de ejecución de sentencia, con el auxilio de la prueba pericial que resulte necesaria para tal efecto.
Este Tribunal considera que debe rechazarse la excepción de prescripción y caducidad, de conformidad con el considerando I de esta resolución. De igual modo debe rechazarse la excepción de falta de derecho, interpuesta por la Municipalidad de Liberia, de conformidad con lo expuesto en el considerando VIII de la presente resolución, como consecuencia de lo expuesto, se declara parcialmente con lugar la demanda en contra de la Municipalidad de Liberia interpuesta por Los Tres Inversionistas S.A. En lo que respecta a la excepción de falta de legitimación activa y pasiva, interpuesta por la demandada, en virtud de que la legitimación es la aptitud para ser parte dentro de un proceso contencioso administrativo concreto, que se obtiene únicamente cuando se encuentre en una relación determinada con el objeto del proceso. El CPCA en el artículo 10 establece quienes pueden ser accionantes en esta sede, en igual sentido en el artículo 12 en sus ocho incisos dispone una amplia gama de situaciones en las cuales se considerará como demandada a una persona dentro de un proceso.
En la especie, la parte actora dirige sus pretensiones en contra de la Municipalidad de Liberia, al atribuirle una responsabilidad por depositar desechos sólidos en su propiedad. Lo anterior es suficiente para considerar a la Municipalidad como la parte pasiva de este proceso y a la sociedad anónima, con la necesaria legitimación para ser la parte activa de la relación jurídica procesal.
Al no encontrarse ninguna de las causales que puedan eximir a la Municipalidad de Liberia del pago de las costas, que establece el artículo 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, se le condena el pago de ambas costas a favor de la parte actora.
POR TANTO
Se rechazan las excepciones de prescripción , caducidad, falta de legitimación activa y pasiva y falta de derecho, en consecuencia se declara parcialmente con lugar la demanda interpuesta por Los Tres Inversionistas S.A. en contra de la Municipalidad de Liberia. En lo no indicado expresamente, entiéndase rechazado.
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