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Res. 01679-2013 Sala Primera de la Corte · Sala Primera de la Corte · 12/12/2013

Residential Use Permits in Mixed Wildlife RefugesPermisos de uso habitacional en refugios mixtos

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OutcomeResultado

Partially grantedParcialmente con lugar

The Chamber denied the claimant’s cassation appeal and preserved the denial of the residential permit, but granted SINAC’s appeal to award costs and interest to both defendants.La Sala rechazó la casación del actor y mantuvo la denegatoria del permiso habitacional, pero acogió la del SINAC para imponer al vencido las costas e intereses a favor de ambos demandados.

SummaryResumen

The First Chamber upheld the dismissal of a claim by a possessor seeking a residential use permit within the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge. It clarified that a mixed-ownership refuge is not entirely part of the State Natural Heritage; that status applies to its forested areas and wetlands. Nevertheless, the disputed property was also located in the maritime-terrestrial zone, and the claimant failed to prove ownership or possession predating the refuge, so it was treated as public-domain property. The Chamber interpreted Article 152 of the Wildlife Conservation Law Regulation as granting the Administration discretion rather than imposing a duty to issue a permit whenever formal requirements are met. Any authorization must comply with environmental legislation and conservation objectives; residential use is not among the research, training, and ecotourism activities permitted in the refuge. The Chamber rejected the claimant’s cassation appeal but granted SINAC’s appeal solely to award litigation costs and interest to both defendants rather than only to the State.La Sala Primera confirmó el rechazo de la demanda de un poseedor que pretendía obtener un permiso de uso para su vivienda dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. Aclaró que no todo el refugio mixto constituye patrimonio natural del Estado: esa condición corresponde a sus áreas boscosas y humedales. Sin embargo, el inmueble discutido también se encontraba en la zona marítimo terrestre y el actor no acreditó propiedad ni posesión anterior a la creación del refugio, por lo que se consideró bien de dominio público. La Sala interpretó que el artículo 152 del Reglamento a la Ley de Conservación de Vida Silvestre confiere a la Administración una potestad discrecional, no una obligación de otorgar permisos cuando se satisfacen requisitos formales. Estos deben ajustarse a la legislación ambiental y a los fines de conservación; el uso habitacional no corresponde a las actividades de investigación, capacitación y ecoturismo permitidas. Finalmente, acogió el recurso del SINAC únicamente para reconocerle también las costas e intereses.

Key excerptExtracto clave

In view of the foregoing, it is clear that the granting of use permits in the maritime-terrestrial zone (restricted zone), as contemplated in Article 152 of the Regulation to the Wildlife Conservation Law, is a power granted to the Administration. After verifying compliance with the requirements and conditions established by the relevant regulations (the Wildlife Conservation Law, the Forestry Law, the Regulation to the Forestry Law, and related laws), the Administration may choose whether to grant the permit; it therefore cannot be understood as a mandatory rule ordering the Administration to issue the permit, as the appellant contends. Accordingly, the Tribunal did not err in finding that this is not a mandatory rule but a discretionary power allowing the Administration, based on technical criteria and the activities proposed, to grant or deny the permit. As to the cassation appellant’s assertion that, according to the Tribunal, use permits cannot be issued, it must be clarified that the judges recognized the possibility of authorizing activities “compatible with the purposes of conserving and developing natural resources and endangered species” (page 233). They nevertheless found that, in this case, a land-use permit for a residence was an activity different from the research, training, and ecotourism allowed within the Gandoca-Manzanillo Refuge and was therefore unlawful.En atención a lo expuesto, es notorio que el otorgamiento de permisos de uso en la zona marítimo terrestre (zona restringida) contemplado en la norma 152 del Reglamento a la Ley de Conservación de Vida Silvestre, es una facultad concedida a la Administración, quien luego de verificar si se cumplen con los requisitos y condiciones dispuestos en la normativa pertinente (Ley de Conservación de Vida Silvestre, Ley Forestal, Reglamento a la Ley Forestal y leyes conexas), puede optar por concederlo o no, en tales términos no puede entenderse entonces como una norma imperativa, que ordene a la Administración otorgar el permiso, como lo supone el recurrente. Por ende, el Tribunal no se equivoca, al señalar que no se trata de una norma imperativa, sino una potestad discrecional, que le permite en razón de criterios técnicos y atendiendo a las actividades que se quieran desarrollar, conceder o no el permiso. En cuanto a la apreciación del casacionista, acerca de que para el Tribunal no pueden otorgarse permisos de uso; debe aclararse que los Juzgadores admitieron la posibilidad de autorizar actividades “compatibles con los fines de conservación y desarrollo de los recursos naturales y de las especies en vías de extinción” (folio 233), pero estimaron que, en este caso, el permiso de uso de suelo para habitación, es una actividad diversa a la investigación, capacitación y ecoturismo, permitidas dentro del Refugio Gandoca-Manzanillo, por ende, resultaba ilegal.

Pull quotesCitas destacadas

  • "Para esta Sala, de los preceptos transcritos no logra colegirse que la totalidad del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, Categoría Mixta sea patrimonio natural del Estado."

    "For this Chamber, the provisions transcribed do not support the conclusion that the entirety of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge, Mixed Category, constitutes State Natural Heritage."

    Considerando IV

  • "Para esta Sala, de los preceptos transcritos no logra colegirse que la totalidad del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, Categoría Mixta sea patrimonio natural del Estado."

    Considerando IV

  • "Por ende, de acuerdo a las normas apuntadas la condición de patrimonio natural otorgada al Refugio está asociada a aquellas zonas que presenten las características dichas."

    "Therefore, under the cited rules, the Refuge’s status as State Natural Heritage is associated with those zones possessing the stated characteristics."

    Considerando IV

  • "Por ende, de acuerdo a las normas apuntadas la condición de patrimonio natural otorgada al Refugio está asociada a aquellas zonas que presenten las características dichas."

    Considerando IV

  • "En consecuencia, al tratarse de un terreno no solo ubicado en un Refugio de Vida Silvestre, sino a la vez en ZMT, como el mismo recurrente admite, pues gestiona el permiso amparado en la norma que concede ese tipo de autorizaciones y al no lograr acreditar la titularidad sobre dicho inmueble, esta Sala coincide con el Tribunal que se trata de un bien de dominio público."

    "Consequently, because the land is located not only within a Wildlife Refuge but also in the maritime-terrestrial zone, as the appellant himself acknowledges, and because he failed to prove title to the property, this Chamber agrees with the Tribunal that it is public-domain property."

    Considerando IV

  • "En consecuencia, al tratarse de un terreno no solo ubicado en un Refugio de Vida Silvestre, sino a la vez en ZMT, como el mismo recurrente admite, pues gestiona el permiso amparado en la norma que concede ese tipo de autorizaciones y al no lograr acreditar la titularidad sobre dicho inmueble, esta Sala coincide con el Tribunal que se trata de un bien de dominio público."

    Considerando IV

  • "Lo anterior, evidencia que ese extremo al ser imperativo, no está ligado o asociado a que las partes lo hayan peticionado o no, ya que el Juzgador tiene el deber de resolver sobre ese punto en los términos indicados en el precepto de comentario."

    "This shows that, because the ruling on costs is mandatory, it does not depend on whether the parties requested it, since the judge has a duty to decide that issue under the terms of the cited provision."

    Considerando IX

  • "Lo anterior, evidencia que ese extremo al ser imperativo, no está ligado o asociado a que las partes lo hayan peticionado o no, ya que el Juzgador tiene el deber de resolver sobre ese punto en los términos indicados en el precepto de comentario."

    Considerando IX

Full documentDocumento completo

Sections

Procedural marks

*100043191027CA* Res. 001679-F-S1-2013 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine thirty-five a.m. on December twelve, two thousand thirteen.

Ordinary proceeding (proceso de conocimiento) brought before the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda by Nombre10628, marital status not indicated, businessman, resident of Limón; against the ESTADO, represented by State Attorney Susana Fallas Cubero, marital status not indicated, and the SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN, represented by its executive director, Nombre80047, single, business administrator. Appearing as special judicial attorneys-in-fact (apoderados especiales judiciales) are Nombre167570, for the plaintiff, marital status and domicile not indicated; and Nombre148433, for SINAC, resident of Heredia. The natural persons are of legal age and, subject to the qualifications stated, married, attorneys, and residents of San José.

FINDINGS OF FACT

  1. 1Based on the facts he set forth and the legal provisions he cited, the plaintiff brought an ordinary proceeding seeking a judgment declaring: “1. That this action is granted in all respects. 2. That Article 152 of the Regulations (Decree [sic] 32633 of March 10, 2005) to the Ley de Conservación de Vida Silvestre, number 7317 of October 30, 1992, is a provision currently in force and, therefore, must be applied.- 3. That Article 152 of the Regulations to the Ley de Conservación de Vida Silvestre, Executive Decree number 32633 of March 2005, is a special provision applicable to Mixed Refuges (Refugios Mixtos). 4. That, pursuant to the Principle of Juridicity (Principio de Juricidad) enshrined in Article 129 of the Constitución Política, provisions currently in force are binding upon the Administration, which therefore cannot decline to apply them without violating that principle and the Principle of Legality (Principio de Legalidad), enshrined in section 11 ibidem (sic) and Article 11 of the Ley General de Administración Pública.- 5.That, pursuant to the Principle of Juridicity, the Administration is mandatorily required to apply Article 152 of the Regulations to the Ley de Conservación de Vida Silvestre and the Reglamento de Zonificación del Refugio de Vida Silvestre Mixto Gandoca-Manzanillo and therefore must proceed to grant the requested use permit (permiso de uso).- 6. That the uncertainty and legal insecurity caused by the unjustified refusal to grant me the requested use permit for the land on which my home stands have caused me significant non-pecuniary harm (daño moral). 7.- That the State be ordered to pay the costs of this action.”
  2. 2The attorneys-in-fact for the defendants opposed the complaint. The State’s attorney-in-fact raised the defenses (excepciones) of compulsory joinder of necessary defendants (litis consorcio pasivo necesario) (decided at the preliminary hearing) and lack of a legal right (falta de derecho). The SINAC representative, in turn, raised the defenses of lack of a legal right, lack of standing (falta de legitimación activa), and lack of interest (falta de interés).
  3. 3At 9:05 a.m. on June 7, 2011, the preliminary hearing (audiencia preliminar) was held, at which the representatives of both parties addressed the court.
  4. 4The Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Quinta, composed of Judge Ana Isabel Vargas Vargas and Judges Sergio Mena García and José Martín Conejo Cantillo, ruled in judgment no. 241-2011, issued at 10:10 a.m. on December 7, 2011: “The defenses of lack of standing and lack of interest are rejected. The defense of lack of a legal right is upheld. The complaint filed by Nombre10628 against the State and the Sistema Nacional de Áreas de Conservación is dismissed in all respects. Both categories of costs shall be borne by the losing party, together with interest in favor of the State until fully paid.”
  5. 5The plaintiff files an appeal on points of law (recurso de casación), stating the grounds on which he relies to refute the Tribunal’s position.
  6. 6The statutory requirements have been observed in the proceedings before this Chamber.

Opinion drafted by Justice González Camacho

CONSIDERING

I.In the complaint, Mr. Nombre10628 states that, by public deed (escritura pública), on October 27, 2003, he acquired a possessory right (derecho de posesión) over real property located in the “urban grid of the locality of Manzanillo de Talamanca,” where his home is situated. Because his transferor was processing the use permit, the MINAET office in Manzanillo told him to pay the corresponding fee (canon), which he did for the 2007-2010 three-year period by depositing the funds into the Fondo de Vida Silvestre account. Accordingly, on August 27, 2010, he applied to the Director of the Área de Conservación Amistad-Caribe of MINAET (hereinafter ACLAC) for a use permit for the aforementioned property, pursuant to Article 152 of the Regulations to the Ley de Conservación de Vida Silvestre (Decree no. 32633) and the Reglamento de Zonificación del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo (Decree no. 34946-MINAET).

However, official letter ACLAC-AL-248-2010 of September 14, 2010 denied his request, stating that the decision was based on the provisions contained in report DFOE-PGAA-59-2008 of the Contraloría General de la República, dated December 10, 2008 (concerning MINAET’s management of the country’s protected coastal wilderness areas, which states, among other things, that under environmental regulations use permits may be granted in National Wildlife Refuges (Refugios Nacionales de Vida Silvestre) only for research, ecotourism, and training), and official letter SINAC-SE-139 of January 23, 2009 (which instructs the Conservation Areas (Áreas de Conservación) to refrain from granting permits or any type of concessions in Mixed or State National Wildlife Refuges, except for activities permitted by Article 18 of the Ley Forestal). In view of the foregoing, he brings this proceeding against the State and the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (hereinafter SINAC), principally seeking declarations that: official letter ACLAC-AL-248-2010 of September 14, 2010 is null and void; pursuant to the Principle of Juridicity, Article 152 of the Regulations to the Ley de Conservación de Vida Silvestre and the Reglamento de Zonificación del Refugio de Vida Silvestre Mixto Gandoca-Manzanillo must be applied, as they are mandatory for the Administration, which must therefore grant him the requested use permit for “the land on which” his “home stands” (folio 5); the non-pecuniary harm caused to him must be recognized; and the State must be ordered to pay both categories of costs.

SINAC’s special judicial attorney-in-fact opposed the complaint and raised the defenses of lack of a legal right, lack of standing, lack of interest, failure to join a necessary defendant (integración de la litisconsorcio pasiva necesaria), and an act not subject to challenge (acto no susceptible de impugnación). The State’s representative, in turn, opposed the complaint and asserted the defense of lack of a legal right. In an interlocutory ruling (interlocutoriamente), the defense of failure to join a necessary defendant was denied. The Tribunal rejected the defenses of lack of standing and lack of interest and upheld the defense of lack of a legal right. It dismissed the complaint in all respects and ordered that “both categories of costs be borne by the losing party, together with interest in favor of the State until fully paid” (folio 234). Both parties file appeals on points of law.

PLAINTIFF’S APPEAL ON POINTS OF LAW

II.The plaintiff’s special judicial attorney-in-fact offers the following evidence before this Chamber, swearing that he had no prior knowledge of it: a) a petition for review (recurso de revisión) filed by Nombre229807, in her capacity as Executive Director of the Consejo Nacional de Áreas de Conservación (CONAC) and the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), against report no. DFOE-AE-IF-03-2011, Study on the Zoning of the Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo; b) a CD containing a document prepared at the end of 2011 by the Comité Local (COLAC), Manzanillo sector, Área de Conservación Amistad Caribe, concerning the refuge’s origin, development, and current situation; c) a 2012 aerial photograph showing the location of the land for which he applied for the use permit; d) a map prepared by Nombre415 in 1986; e) a map prepared by the IDA in 1993 showing the layout and dimensions of the lots and a chart listing the names of the various possessors in the Manzanillo population center; f) a CD containing a document prepared to illustrate the harmonious planning of the Refugio de Vida Silvestre Mixto Gandoca-Manzanillo; g) a petition for review filed by Nombre101208, Minister of Environment, Energy and Telecommunications, in March 2009, challenging the Contraloría’s position regarding Mixed Refuges.

Article 145 of the Código Procesal Contencioso Administrativo permits documentary evidence (prueba documental) to be submitted while an appeal on points of law is being processed, provided that the party swears that he had no prior knowledge of it and that it concerns facts arising after the challenged judgment. In this case, the appellant (casacionista) swore that he had no prior knowledge of it. Nevertheless, the evidence submitted before this Chamber does not concern facts arising after the challenged decision, because it consists primarily of documents issued before the challenged judgment was rendered and refers to conditions at the Refuge that likewise do not postdate the judgment; accordingly, it must be rejected.

III.He raises the following grounds: first, lack of reasoning (falta de motivación). In his view, the Tribunal merely repeats the defendant’s assertions without conducting a logical and coherent analysis of the legislation in force. He adds that the lack of legal grounds (falta de fundamentación) is manifest: the Judges do not explain how it can be a mixed wildlife refuge (refugio de vida silvestre mixto), where private property and the State’s natural heritage (patrimonio natural del Estado) coexist, in the absence of a direct purchase or expropriation proceeding (proceso expropiatorio), in accordance with the requirements of Articles 3, 22, and 71 of Ley 4465; Article 2 of the Ley Forestal; and Article 18 of the Ley de Conservación de la Fauna Silvestre. The problem, he cautions, is that the Tribunal does not understand what constitutes the State’s natural heritage under the law and therefore errs in stating that the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre, hereinafter ZMT) or Mixed Wildlife Refuges form part thereof.

He contends that the findings of fact (hechos probados) reproduce the first four recitals (considerandos) of Decreto 16614 but omit recitals five and six, which provide: “5°: That the area has beaches with great tourism potential under regulated management. / 6°: That it is the function of the State to ensure the conservation of renewable natural resources, particularly those that foster the greatest well-being and social, economic, political, and ecological development of the region’s inhabitants.” These recitals concern the social, economic, political, and ecological circumstances of the inhabitants and demonstrate the absence of reasoning. In his opinion, the Judges failed to distinguish between public-domain property (bien demanial) under Article 261 of the Código Civil and what must be understood as the State’s natural heritage under Article 13 of Ley Forestal 7575. Second, violation of due process (debido proceso).

He states that the State requested a judicial inspection (reconocimiento judicial) to determine, among other matters, whether the land for which his principal had requested a use permit (permiso de uso) was within the ZMT. That evidentiary measure was scheduled but was not conducted because another hearing had been set for the same date. He states that the State subsequently withdrew its request for the inspection, possibly because it did not want the reality of the large population living in the urban sector of Manzanillo to be observed. His client requested that it be conducted because the State alleged that the property was outside the ZMT, which meant that he did not have to request a permit and that it was necessary to establish the actual conditions on the ground. He cautions that the State’s request for the inspection was granted, while the plaintiff’s was denied, thereby violating due process.

He states that the judgment errs in assuming that the requested permit would endanger the environment and that the place for which it is sought forms part of the State’s natural heritage; these matters could have been clarified through the inspection that was denied. Third, errors of fact and law, by assigning evidentiary weight (valor probatorio) that it does not possess to the State’s assertions, without conducting a critical and coherent analysis and in contravention of the rules of logic, science, and experience. First, he states that the Tribunal errs in asserting that a Mixed Wildlife Refuge is part of the State’s natural heritage. It merely repeats the defendant’s assertions without considering that, under the law and the Constitución Política, private property is inviolable and may be taken only for a duly demonstrated public interest and upon prior compensation (Article 45 of the Constitution).

Moreover, evidentiary weight is given to the proposition that the ZMT is part of the State’s natural heritage, which, he insists, is untrue. Nor was due weight given to the fact that SINAC endorsed the survey map (plano) of his client’s predecessor and the one prepared in his client’s name, bearing the legend “it is for a use permit”; he argues that if it were not intended for that purpose, it would not have been endorsed, nor would it have included the notation that MINAET is the entity that will grant use permits in accordance with the applicable regulations. Fourth, improper interpretation of Article 152 of the Reglamento a la Ley de Vida Silvestre, by stating that the authority to grant the use permit is discretionary. This reveals a position inconsistent with the proposition that the refuge is part of the State’s natural heritage and that, consequently, use permits cannot be granted, broadly interpreting the provision to the detriment of the regulated party (administrado) without stating the grounds for that interpretation.

He contends that the word “may” must be understood as “shall” where all requirements imposed by the regulations created for that purpose have been met, as well as those established in the Management Plan (Plan de Manejo) or refuge zoning plan (zonificación), since, under identical circumstances, granting a permit to one person but not to another would violate the principle of equality (principio de igualdad). Fifth, violation of the following provisions: Article 45 of the Constitución Política; Article 37 of the Ley Orgánica del Ambiente; Article 13 of Ley Forestal 7575; Decreto 34946 (Management Plan or zoning plan for the refuge); and Article 152 of the Reglamento a la Ley de Conservación de Vida Silvestre, by stating that the Refugio Mixto Gandoca-Manzanillo is part of the State’s natural heritage.

IV.Although the first objection (reparo) refers to a lack of reasoning, it is clear that the plaintiff is expressing disagreement with the Tribunal’s reasoning, since he questions how a mixed wildlife refuge containing private property can be part of the State’s natural heritage when no expropriation proceeding has occurred. He adds that the Tribunal errs in stating that the ZMT and Mixed Wildlife Refuges are part of the State’s natural heritage and that it failed to distinguish between public-domain property (Article 261 of the Código Civil) and natural heritage (Article 13 of the Ley Forestal). This objection will be analyzed together with the fifth claim (cargo), in which he also challenges the assertion that the Refugio Mixto de Gandoca Manzanillo is part of the State’s natural heritage. In the judgment under appeal, the Tribunal held that, in furtherance of the constitutional right to a healthy and ecologically balanced environment (Article 50), the legal system affords “…special protection to the State’s Natural Heritage, which comprises, on the one hand, protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas), in any of their management categories (Forest Reserves, Protected Zones, Biological Reserves, National Wildlife Refuges, etc., Article 32 of the Ley Orgánica del Ambiente), as well as all other forests and forest lands or lands suited for forestry belonging to the State and public institutions (Article 13 of the Ley Forestal).

Among the protected wilderness areas, under the Wildlife Refuge category, is the Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo…” (recital IV). The provisions cited above state as follows: Article 32 of the Ley Orgánica del Ambiente (no. 7554 of 4 de octubre de 1995), “Classification of protected wilderness areas. The Executive Branch, through the Ministerio del Ambiente y Energía, may establish protected wilderness areas under any of the management categories that may be established and those listed below: a) Forest reserves. b) Protected zones. c) National parks. d) Biological reserves. e) National wildlife refuges. f) Wetlands. g) Natural monuments. / These management categories and any created in the future shall be administered by the Ministerio del Ambiente y Energía, except those established in Article 33 of this Law. Municipalities must assist in preserving these areas.” Article 13 of the Ley Forestal, meanwhile, provides: “The State’s natural heritage shall consist of the forests and forest lands of national reserves, areas declared inalienable, properties registered in its name, and those belonging to municipalities, autonomous institutions, and other Public Administration agencies, except for real property securing credit transactions with the Sistema Bancario Nacional that becomes part of their assets…” In this Chamber’s view, it cannot be inferred from the quoted provisions that the entirety of the Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, Mixed Category, is part of the State’s natural heritage.

However, that Refuge is divided into 15 zones pursuant to its Reglamento de Zonificación (Decreto no. 34946-MINAET of 6 de noviembre de 2008), and the forested areas and wetlands located there form part of the State’s natural heritage (Article 3). Accordingly, under the cited provisions, the Refuge’s status as natural heritage is associated with those zones exhibiting the stated characteristics. Another important issue for the appellant is the public-domain status (demanialidad) of the land. In this regard, the Tribunal stated: “…The copy of the notarized instrument does indeed record the sale of a possessory right (derecho de posesión) over the aforementioned property; however, this Chamber observes that the instrument itself states that the land is located within the Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo. Likewise, the copy of the registered cadastral survey map (plano catastrado) indicates that it was then (2003) under the administration of the Ministerio de Ambiente y Energía and bears an endorsement issued by the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, which similarly states that the property is located within the aforementioned Refuge.

All the foregoing demonstrates, first, that the possession that the seller purports to transfer arose after the Refuge was created (…) Consequently, the lot described therein forms part of the aforementioned Refuge and is owned by the Costa Rican State; in other words, it forms part of the public domain (demanio público).” (folio 229). In addition, it was deemed unproven (hechos no probados) that the property described in registered cadastral survey map L-882794-2003 had been possessed by private parties before the creation of the Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, and that the plaintiff owns the property in question. Consequently, because the land is located not only within a Wildlife Refuge but also within the ZMT, as the appellant himself acknowledges by seeking the permit under the provision authorizing that type of permission, and because he failed to prove title (titularidad) to the property, this Chamber agrees with the Tribunal that it is public-domain property.

V.Regarding the second ground, he alleges that the judicial inspection was denied as evidence. As the appellant himself states, this item of evidence was offered by the State’s representative when answering the complaint (folio 116); however, in a submission filed on 9 de junio de 2011, the representative stated: “…I waive the judicial inspection and technical report offered as evidence at folio 114 of the case file and reiterated at the preliminary hearing; and I request that we be summoned to present closing arguments.” (folio 152). At the oral and public trial held on 16 de noviembre de 2011, the plaintiff’s representative requested that it be admitted as evidence to assist the Tribunal in reaching its decision (prueba para mejor resolver), but the Tribunal denied the request on the ground that the issue in dispute in this matter is one of law and that the judicial inspection was therefore irrelevant (oral trial recording 11:48:02-11:50:07).

It follows from the foregoing that the Judges’ decision not to obtain the evidence at issue did not render the party unable to present its defense (indefensión) for reasons not attributable to it (Article 137 subsection b) of the CPCA); rather, it demonstrates the exercise of the adjudicatory body’s authority to admit or reject evidence offered to assist it in reaching its decision. It must be added that, if the plaintiff regarded the judicial inspection as essential, he should have offered it when he filed his complaint, which he did not do. Under the circumstances described, this Chamber finds that neither an inability to present a defense nor a violation of due process has been established; accordingly, the objection must be rejected.

VI.In the third objection, he alleges the improper weighing of the statements made by the State’s representative and of the plans endorsed by SINAC, which led the Tribunal to determine erroneously that a Mixed Wildlife Refuge (Refugio de Vida Silvestre Mixto) and the maritime-terrestrial zone (ZMT) constitute State natural heritage (patrimonio natural del Estado). The Tribunal’s ruling resulted from the application of the Wildlife Conservation Act (Ley de Conservación de Vida Silvestre) and its Regulations; Ley Forestal; and the Maritime-Terrestrial Zone Act (Ley de Zona Marítimo Terrestre), rather than from the weighing of evidence; therefore, because he does not specifically challenge that legislation, the claim cannot alter the ruling and is accordingly rejected.

VII.As his fourth ground of appeal, he cites the improper interpretation of provision 152 of the Regulations to the Wildlife Conservation Act (Reglamento a la Ley de Conservación de Vida Silvestre) (Decreto Ejecutivo no. 32633), because the Tribunal considered the granting of a permit of use (permiso de uso) to be discretionary. In his claims for relief, the plaintiff requested a declaration that this provision remains in force and is mandatory, and therefore that the requested permit be granted to him. The cited provision states: “SINAC may grant permits of use in the maritime-terrestrial zone (restricted zone) located within the boundaries of Mixed-Ownership Refuges, pursuant to article 82 of the Wildlife Act, Nº 7317, Art. 19 of Ley Forestal 7575, article 11 of the Regulations to Ley Forestal, Decreto Ejecutivo 25721-MINAE, and other related laws.” In view of the wording of that provision, it is necessary to consider article 82 of the Wildlife Conservation Act, no. 7317, which provides: “National fauna and wildlife refuges are those that the Executive Branch declares or has declared as such for the protection and study of wild flora and fauna, particularly species that are endangered.

For classification purposes, there are three types of national wildlife refuges: a) State-owned refuges. / b) Mixed-ownership refuges. / c) Privately owned refuges. / The natural resources located within national wildlife refuges shall fall under the exclusive jurisdiction and management of the General Directorate of Wildlife of the Ministry of Environment and Energy, as provided in this Act and its Regulations. / Individuals or legal entities wishing to undertake development activities or projects and exploit natural resources located within type b and c refuges shall require authorization from the General Directorate of Wildlife. Such authorization shall be granted in accordance with conservation criteria and strict ‘sustainability’ in the protection of natural resources, and shall be evaluated through the submission of an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) of the proposed activity, following the applicable technical and scientific methodology. / This assessment shall be paid for by the interested party and prepared by professionals qualified in the field of natural resources.” Article 18 of Ley Forestal, no. 7575, must also be considered (because article 19 falls under Title Three, Private Forest Property, the correct article must be 18, as the Tribunal noted), Authorization of Activities: “Within State natural heritage, the State may conduct or authorize research, training, and ecotourism activities once approved by the Minister of Environment and Energy, who shall determine, when appropriate, whether environmental impact assessments must be conducted, as established by the regulations to this Act.” Article 11 of the Regulations to Ley Forestal, Decreto Ejecutivo 25721-MINAE, states: “On land previously declared to be State Natural Heritage, both within and outside Protected Wilderness Areas, only training, ecotourism, and research activities shall be permitted; these activities shall be subject to the management plan for the Protected Wilderness Area and to other regulations established herein, as follows….” In light of the foregoing, it is evident that the granting of permits of use in the maritime-terrestrial zone (restricted zone), as contemplated in provision 152 of the Regulations to the Wildlife Conservation Act, is a power conferred upon the Administration, which, after verifying compliance with the requirements and conditions established in the applicable legislation (Wildlife Conservation Act, Ley Forestal, Regulations to Ley Forestal, and related laws), may choose whether to grant the permit.

Accordingly, it cannot be understood as a mandatory provision requiring the Administration to grant the permit, as the appellant contends. The Tribunal therefore did not err in stating that this is not a mandatory provision but rather a discretionary power (potestad discrecional) allowing it, on the basis of technical criteria and in consideration of the activities sought to be undertaken, to grant or deny the permit. As to the cassation appellant’s (casacionista) view that, according to the Tribunal, permits of use cannot be granted, it should be clarified that the judges acknowledged the possibility of authorizing activities “compatible with the objectives of conserving and developing natural resources and endangered species” (folio 233), but found that, in this case, the land-use permit (permiso de uso de suelo) for residential purposes constituted an activity other than the research, training, and ecotourism permitted within Refugio Gandoca-Manzanillo and was therefore unlawful.

The appellant did not challenge those arguments, and accordingly the Chamber will not examine them. Because no violation of article 152 of the Regulations to the Wildlife Conservation Act, Decreto Ejecutivo no. 32633, has been established, this claim must be rejected.

SINAC’S CASSATION APPEAL

VIII.SINAC’s special judicial attorney raises a single claim. He states that the Tribunal ordered the “defendant” to pay costs and the corresponding interest solely in favor of the State because, in its opinion, the State was the party that requested them. He maintains that the judgment exercised the power to exempt the losing party from payment of costs by indicating that only the State was entitled to them, thereby preventing SINAC from asserting that claim during enforcement proceedings (ejecución). He argues that the partial exemption ordered is contrary to article 193 of the Administrative Litigation Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo). He adds that, according to this Chamber, although cassation is an extraordinary form of review, the CPCA embodies an anti-formalist approach that permeates all procedural mechanisms so that the Chamber may, in most cases, examine the violations alleged by the parties, an examination that cannot exclude either the exercise of the power to exempt the losing party from payment of costs or the general rule requiring costs to be imposed on that party.

In this matter, he insists, the Tribunal partially exempted the losing party from paying the costs of the proceedings by ruling that only the State could claim payment because it was the party that had requested them; that justification, he states, is not among the grounds provided by law for exempting the losing party from costs, demonstrating the erroneous application of the cited article. He adds that this type of partial exemption is likewise absent from national procedural law and that the judges therefore could not rule as they did. He emphasizes that his client answered the complaint on time, raised defenses, offered evidence, participated in the preliminary hearing, and submitted closing arguments in which it expressly requested that the plaintiff be ordered to pay the costs of the proceedings; therefore, the justification stated in the judgment is without merit.

IX.SINAC’s representative bases his objection on the violation of article 193 of the CPCA through the exemption of “the defendant” [sic] from paying costs in favor of SINAC. The analysis must begin by noting that this reference is incorrect and must be understood to mean that the plaintiff was ordered to pay, since the cited obligation was imposed on the plaintiff. Regarding costs, the Tribunal stated: “With respect to this item, pursuant to article 193 of the Administrative Litigation Procedure Code, this Tribunal finds that none of the grounds for exemption provided in that article is present; consequently, both attorneys’ fees and litigation costs (costas personales y procesales), together with interest until paid in full, are awarded solely in favor of the State, which requested them.” (folio 234). The cited provision states: “In judgments and orders having the effect of a judgment, the losing party shall be ordered to pay attorneys’ fees and litigation costs, and such a ruling shall be issued sua sponte (de oficio).

Notwithstanding the foregoing, the losing party may be exempted from payment of costs when: a) The judgment is rendered on the basis of evidence whose existence the opposing party could reasonably not have known and, as a result, that party’s opposition was justified. / b) In the Tribunal’s opinion, the nature of the issues disputed provided sufficient grounds for litigation.” For this Chamber, under the cited legislation, it is clear that in judgments such as the one under review, a ruling on attorneys’ fees and litigation costs must be made sua sponte; that is, the judges are required by law to impose them on the losing party unless they find that one of the grounds authorizing an exemption applies. This demonstrates that, because this requirement is mandatory, it does not depend on whether the parties requested such an award, since the judge has a duty to rule on that issue in the terms set forth in the provision under discussion.

In this case, the Tribunal stated in the challenged judgment that no ground permitting an exemption was present; nevertheless, it chose to exempt the plaintiff partially from the costs owed to SINAC by stating that the award was in favor of the State, which had requested them. That assertion is inconsistent with the recording of the oral trial because, when presenting closing arguments, SINAC’s representative requested that the plaintiff be ordered to pay costs (12:42:15-12:42:22). Such justification for granting an exemption is inconsistent with the article under analysis, and the Tribunal may not add circumstances not provided for in the provision. Accordingly, because the complaint was dismissed in all respects and this Chamber finds grounds to modify that decision, it shall grant the appeal filed by SINAC’s representative and consequently order the plaintiff to pay both attorneys’ fees and litigation costs in favor of the appellant as well, together with interest thereon from the date the judgment becomes final.

X.For the reasons stated, the appeal filed by the plaintiff’s representative must be rejected, and the appeal filed by SINAC’s representative shall be granted. Consequently, the Tribunal’s judgment is vacated solely insofar as it ordered the losing party to pay both attorneys’ fees and litigation costs, together with interest, in favor of the State until paid in full. In its place, the losing party is ordered to pay both attorneys’ fees and litigation costs, together with interest in favor of the defendants until paid in full.

POR TANTO

The evidence offered for consideration before ruling (prueba para mejor resolver) is denied. The plaintiff’s appeal is dismissed. The appeal filed by SINAC’s representative is granted. Consequently, the Tribunal’s judgment is vacated solely insofar as it ordered the losing party to pay both attorneys’ fees and litigation costs, together with interest, in favor of the State until paid in full. In its place, the losing party is ordered to pay both attorneys’ fees and litigation costs and the corresponding interest until paid in full.

Anabelle León Feoli Luis Guillermo Rivas Loáiciga Román Solís Zelaya Óscar Eduardo González Camacho Carmenmaría Escoto Fernández Nombre165154 Telephone numbers: (506) 2295-3658 or 2295-3659, email address ...36

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*100043191027CA* Res. 001679-F-S1-2013 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA . San José, a las nueve horas treinta y cinco minutos del doce de diciembre de dos mil trece.

Proceso de conocimiento establecido en el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda por Nombre10628 , no indica estado civil, empresario, vecino de Limón; contra el ESTADO, representado por la procuradora Susana Fallas Cubero, no indica estado civil, y el SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN , representado por su directora ejecutiva, Nombre80047 , soltera, administradora de empresas. Figuran como apoderados especiales judiciales, del actor, Nombre167570 , no indica estado civil, ni domicilio; por el SINAC, Nombre148433 , vecino de Heredia. Las personas físicas son mayores de edad, y con las salvedades hechas, casados, abogados y vecinos de San José.

RESULTANDO

  1. 1Con base en los hechos que expuso y disposiciones legales que citó, el actor estableció proceso de conocimiento, para que en sentencia se declare: "1. Con lugar esta acción en todos sus extremos. 2. Que el artículo 152 del Reglamento( Decreto [sic] 32633 de 10 de marzo del 2005) a la Ley de Conservación de Vida Silvestre, número 7317 de 30 de octubre de 1992, es una norma vigente y por lo tanto, de aplicación obligatoria.- 3. Que el artículo 152 del Reglamento a la Ley de Conservación de Vida Silvestre, Decreto Ejecutivo número 32633 de marzo del 2005, es una norma especial para los Refugios Mixtos. 4. Que conforme al Principio de Juricidad consagrado en el artículo 129 de la Constitución Política, las normas vigentes son obligatorias para la administración y por lo tanto no puede desaplicarlas sin transgredir ese principio y el Principio de Legalidad, consagrados en el numeral 11 ibidem (sic) y en el artículo 11 de la Ley General de Administración Pública.- 5.Que conforme al Principio de Juricidad, la aplicación del artículo 152 del Reglamento a la Ley de Conservación de Vida Silvestre y el Reglamento de Zonificación del Refugio de Vida Silvestre Mixto Gandoca-Manzanillo, es de orden imperativo para la administración y por lo tanto debe proceder a otorgar el permiso de uso solicitado.- 6. Que la incertidumbre y la inseguridad jurídica, provocadas por la injustificada negativa a otorgarme el permiso de uso solicitado para el terreno donde se asienta mi casa de habitación, me ha causado un daño moral importante. 7.- Que se condene al Estado al pago de las costas de esta acción.”
  2. 2Los apoderados de la parte demandada contestaron negativamente. El apoderado estatal opuso las excepciones de litis consorcio pasivo necesario (resuelta en audiencia preliminar) y falta de derecho. Por su parte, el representante del SINAC opuso las excepciones de falta de derecho, falta de legitimación activa y falta de interés.
  3. 3Al ser las 9 horas 5 minutos del 7 de junio de 2011, se efectuó la audiencia preliminar, oportunidad en que hicieron uso de la palabra los representantes de ambas partes.
  4. 4El Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Quinta, integrada por la Jueza Ana Isabel Vargas Vargas y los Jueces Sergio Mena García y José Martín Conejo Cantillo, en sentencia no. 241-2011 de las 10 horas 10 minutos del 7 de diciembre de 2011, resolvió: “Se rechazan las defensas de falta de legitimación activa y falta de interés. Se acoge la defensa de falta de derecho. se declara sin lugar en todos sus extremos la demanda interpuesta por Nombre10628 contra el Estado y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Son ambas costas a cargo del vencido, más los intereses a favor del Estado hasta su efectivo pago.”
  5. 5El actor formula recurso de casación indicando las razones en que se apoya para refutar la tesis del Tribunal.
  6. 6En los procedimientos ante esta Sala se han observado las prescripciones de ley.

Redacta el magistrado González Camacho

CONSIDERANDO

I.En la demanda, el señor Nombre10628 indica que, mediante escritura pública, el 27 de octubre de 2003 adquirió un derecho de posesión sobre un inmueble ubicado en el “cuadrante urbano de la localidad de Manzanillo de Talamanca ” donde tiene su casa. En atención a que su transmitente estaba gestionando el permiso de uso, la oficina del MINAET en Manzanillo le dijo que pagara el canon correspondiente, lo cual hizo para el trienio 2007-2010 a través de depósito bancario a la cuenta del Fondo de Vida Silvestre. En consecuencia, el 27 de agosto de 2010 solicitó el permiso de uso para la citada propiedad al Director del Área de Conservación Amistad-Caribe del MINAET (en adelante ACLAC), conforme lo dispone el artículo 152 del Reglamento a la Ley de Conservación de Vida Silvestre (Decreto no. 32633) y el Reglamento de Zonificación del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo (Decreto no. 34946-MINAET).

Sin embargo, en oficio ACLAC-AL-248-2010 de 14 de setiembre de 2010 se le denegó lo peticionado, argumentando que la decisión se fundamentaba en las disposiciones contenidas en el informe de la Contraloría General de la República DFOE-PGAA-59-2008 de 10 de diciembre de 2008 (sobre la gestión del MINAET en las áreas silvestres protegidas, costeras del país, donde entre otras cosas se indica que en los Refugios Nacionales de Vida Silvestre, de acuerdo a la normativa ambiental, únicamente se pueden otorgar permisos de uso para investigación, ecoturismo y capacitación) y en el oficio SINAC-SE-139 de 23 de enero de 2009 (donde se informa a las Áreas de Conservación abstenerse de otorgar permisos o cualquier tipo de concesiones en Refugios Nacionales de Vida Silvestre Mixtos o Estatales, excepto para actividades permitidas por el artículo 18 de la Ley Forestal). En virtud de lo expuesto, plantea este proceso contra el Estado y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (en adelante SINAC) para que en lo medular se declare: la nulidad del oficio ACLAC-AL-248-2010 de 14 de setiembre de 2010.

Conforme al principio de juricidad se aplique el artículo 152 del Reglamento a la Ley de Conservación de Vida Silvestre y el Reglamento de Zonificación del Refugio de Vida Silvestre Mixto Gandoca-Manzanillo, los cuales son de orden imperativo para la Administración, por lo tanto, debe proceder a otorgarle el permiso de uso solicitado para “el terreno donde se asienta” su “ casa de habitación” (folio 5). Se le reconozca el daño moral causado y se condene al Estado al pago de ambas costas. El apoderado especial judicial del SINAC contestó negativamente y opuso las excepciones de: falta de derecho, legitimación activa, interés, integración de la litisconsorcio pasiva necesaria, acto no susceptible de impugnación. Por su parte, la representante estatal contestó de forma negativa y alegó la defensa de falta de derecho. Interlocutoriamente, se denegó la excepción de litisconsorcio pasiva necesaria.

El Tribunal rechazó las defensas de falta de legitimación activa e interés; acogió la de derecho. Declaró sin lugar en todos sus extremos la demanda e impuso “ambas costas a cargo del vencido, más los intereses a favor del Estado hasta su efectivo pago” (folio 234). Ambas partes formulan recurso de casación.

RECURSO DE CASACIÓN DEL ACTOR

II.El apoderado especial judicial del actor ofrece ante esta Sala la siguiente prueba, la cual jura no haber conocido con anterioridad: a) recurso de revisión incoado por Nombre229807 , en su condición de Directora Ejecutiva del Consejo Nacional de Áreas de Conservación (CONAC) y del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) contra el informe no. DFOE-AE-IF-03-2011 Estudio sobre la zonificación del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo; b) CD con documento elaborado a finales del año 2011 por el Comité Local (COLAC) sector Manzanillo Área de Conservación Amistad Caribe sobre el origen, evolución y situación actual del refugio; c) fotografía aérea de 2012 donde se señala la ubicación del terreno sobre el que solicitó el permiso de uso; d) mapa elaborado por Nombre415 realizado en 1986; e) mapa elaborado por el IDA en 1993 donde se realizó el trazado con la dimensión de los lotes y un cuadro con nombres de los diferentes poseedores en el centro de población Manzanillo; f) CD con documento elaborado para ilustrar la planificación armónica del Refugio de Vida Silvestre Mixto Gandoca-Manzanillo; g) recurso de revisión interpuesto por Nombre101208 , Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones en marzo de 2009, donde combate la tesis de la Contraloría sobre los Refugios Mixtos.

El artículo 145 del Código Procesal Contencioso Administrativo permite que se aporte prueba documental durante la tramitación del recurso de casación, la cual jure no haber conocido con anterioridad y verse sobre hechos nuevos y posteriores a la sentencia recurrida. En este caso, el casacionista juró no haberla conocido con anterioridad. Sin embargo, las probanzas aportadas ante esta Sala no versan sobre hechos nuevos y posteriores al fallo combatido, ya que se trata en su mayoría de documentos emitidos antes del dictado del fallo recurrido y están referidos a las condiciones del Refugio, las cuales tampoco resultan de una data posterior al dictado de la sentencia; así las cosas se impone su rechazo.

III.Reclama los siguientes motivos: primero, falta de motivación. En su criterio, el Tribunal repite lo manifestado por la parte demandada, sin hacer un análisis lógico y coherente de la normativa vigente. Agrega, la falta de fundamentación es palmaria, los Juzgadores no indican cómo puede ser un refugio de vida silvestre mixto, donde existe propiedad privada y patrimonio natural del Estado, sin que haya existido compra directa o un proceso expropiatorio, conforme los requisitos de los artículos 3, 22 y 71 de la Ley 4465; 2 de la Ley Forestal; 18 de la Ley de Conservación de la Fauna Silvestre. El problema, advierte, es que el Tribunal no sabe que es conforme a la ley, el patrimonio natural del Estado, por lo que se equivoca al afirmar que la zona marítimo terrestre (en adelante ZMT) o los Refugios Mixtos de Vida Silvestre son parte de este. En los hechos probados, aduce, se transcriben los primeros cuatro considerandos del Decreto 16614, pero se omiten los considerandos cinco y seis donde se establece, “5°: Que la zona posee playas de gran potencial turístico bajo manejo regulado. / 6°: Que es función del Estado velar por la conservación de los recursos naturales renovables especialmente aquellos que impliquen el mejor bienestar y desarrollo social, económico, político y ecológico de los pobladores de la región .”, relacionados con la parte social, económica, política y ecológica de los pobladores, evidenciando la ausencia de motivación.

En su opinión, los Juzgadores no supieron distinguir entre un bien demanial conforme al precepto 261 del Código Civil y lo que se debe entender como patrimonio natural del Estado de acuerdo al artículo 13 de la Ley Forestal 7575. Segundo, violación del debido proceso. Menciona, el Estado solicitó un reconocimiento judicial para verificar, entre otras cosas, si el terreno sobre el que su poderdante pidió el permiso de uso estaba dentro o no de la ZMT. Esa diligencia se programó, pero no se efectuó, porque en la fecha señalada estaba previsto otro señalamiento. Posteriormente, indica, el Estado desistió del reconocimiento, posiblemente porque no le convenía que se observara la realidad de la numerosa población en el cuadrante urbano de Manzanillo. Su representado solicitó que se realizara, porque el Estado alegaba que estaba fuera de la ZMT, lo que implicaba que no tenía que pedir permiso y era necesario acreditar la realidad en el campo.

Advierte, al Estado se le aceptó el reconocimiento, pero al actor se le denegó, con lo cual se violentó el debido proceso. En la sentencia, menciona, se comete un error al suponer que se solicita un permiso el cual pone en peligro el medio ambiente y que el lugar donde se pretende se otorgue es patrimonio natural del Estado; aspectos que pudieron haberse aclarado con el reconocimiento que se le rechazó. Tercero, errores de hecho y de derecho, al atribuirle un valor probatorio que no tiene a lo dicho por el Estado, sin realizar un análisis crítico, coherente, contraviniendo las reglas de la lógica, ciencia y experiencia. En primer término, refiere, el Tribunal se equivoca al afirmar que un Refugio de Vida Silvestre Mixto es patrimonio natural del Estado. Ya que lo que hace es repetir lo manifestado por la parte demandada, sin analizar que conforme a la ley y la Constitución Política, la propiedad privada es inviolable y solo puede privarse de ella por interés público debidamente demostrado y previa indemnización (artículo 45 Constitucional).

Además, se le da un valor probatorio a la tesis de que la ZMT es patrimonio natural del Estado, lo cual insiste, no es cierto. Por otro lado, no se ponderó el hecho de que el SINAC visó el plano del antecesor y el confeccionado a nombre de su representado, con la leyenda “es para permiso de uso”; sino fuera para ese fin, arguye, no se visaría, ni se le agregaría la nota de que el MINAET es quien otorgará los permisos de uso conforme a la normativa aplicable. Cuarto, indebida interpretación del artículo 152 del Reglamento a la Ley de Vida Silvestre, al señalar que la potestad de otorgar el permiso de uso es facultativa. Lo cual evidencia una posición contradictoria con la tesis de que el refugio es patrimonio natural del Estado, por ende, no se pueden otorgar permisos de uso, interpretando en sentido amplio en perjuicio del administrado, sin fundamentar ese criterio. Aduce, la frase “podrá” debe entenderse como “deberá” en los casos en que se hayan cumplido con todos los requisitos exigidos en la normativa creada para ese fin y lo que al respecto disponga el Plan de Manejo o zonificación del refugio, ya que en las mismas condiciones sería violatorio del principio de igualdad, otorgarle el permiso a una persona y a otra no. Quinto, vulneración de los preceptos: 45 de la Constitución Política; 37 de la Ley Orgánica del Ambiente; 13 de la Ley Forestal 7575; Decreto 34946 (Plan de Manejo o de zonificación para el refugio); 152 del Reglamento a la Ley de Conservación de Vida Silvestre; al señalar que el Refugio Mixto Gandoca-Manzanillo es patrimonio natural del Estado.

IV.En el primer reparo pese a que se alude a la falta de motivación, es claro que lo expuesto por el actor es su disconformidad con los razonamientos esgrimidos por Tribunal, pues cuestiona cómo un refugio de vida silvestre mixto, donde existe propiedad privada es patrimonio natural, sin que se haya dado un proceso expropiatorio. Agrega, se equivoca el Tribunal al afirmar que la ZMT y los Refugios Mixtos de Vida Silvestre son patrimonio natural del Estado; y no supo distinguir entre un bien demanial (artículo 261 del Código Civil) y patrimonio natural (precepto 13 de la Ley Forestal). Este reparo se analizará en conjunto con el quinto cargo donde también cuestiona la afirmación en torno a que el Refugio Mixto de Gandoca Manzanillo es patrimonio natural. En la sentencia recurrida el Tribunal estableció que en aras del derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (artículo 50), el ordenamiento jurídico brinda “…especial protección a la tutela del Patrimonio Natural del Estado, el que se encuentra integrado por un lado, por las áreas silvestres protegidas, en cualquiera de sus categorías de manejo (Reservas Forestales, Zonas Protectoras, Reservas Biológicas, Refugios Nacionales de Vida Silvestre, etc., artículo 32 de la Ley Orgánica del Ambiente), así como por los demás bosques y terrenos forestales o de aptitud forestal que pertenecen al Estado e instituciones públicas (artículo 13 de la Ley Forestal).

Dentro de las áreas silvestres protegidas, bajo la categoría de Refugio de Vida Silvestre, se encuentra el Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo…” (considerando IV). Las normas citadas supra disponen lo siguiente: artículo 32 de la Ley Orgánica del Ambiente (no. 7554 de 4 de octubre de 1995), “Clasificación de las áreas silvestres protegidas. El Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio del Ambiente y Energía, podrá establecer áreas silvestres protegidas, en cualquiera de las categorías de manejo que se establezcan y en las que se señalan a continuación: a) Reservas forestales. b) Zonas protectoras. c) Parques nacionales. d) Reservas biológicas. e) Refugios nacionales de vida silvestre. f) Humedales. g) Monumentos naturales. / Esas categorías de manejo y las que se creen en el futuro, serán administradas por el Ministerio del Ambiente y Energía, salvo las establecidas en el artículo 33 de esta ley.

Las municipalidades deben colaborar en la preservación de estas áreas.” Mientras que el artículo 13 de la Ley Forestal dispone, “El patrimonio natural del Estado estará constituido por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio…” Para esta Sala, de los preceptos transcritos no logra colegirse que la totalidad del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, Categoría Mixta sea patrimonio natural del Estado. Sin embargo, ese Refugio se encuentra dividido en 15 zonas de acuerdo a lo dispuesto en su Reglamento de Zonificación (Decreto no. 34946-MINAET de 6 de noviembre de 2008), siendo las áreas boscosas y los humedales que allí se encuentran patrimonio natural del Estado (artículo 3).

Por ende, de acuerdo a las normas apuntadas la condición de patrimonio natural otorgada al Refugio está asociada a aquellas zonas que presenten las características dichas. Otro punto importante para el recurrente es la demanialidad del terreno, al respecto el Tribunal señaló, “…Efectivamente consta en la copia de la escritura pública la venta de un derecho de posesión sobre el inmueble antes referido; sin embargo, observa esta Cámara que la misma escritura consigna que se trata de un terreno que se ubica dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, asimismo la copia del plano catastrado indica que se encuentra bajo la administración en aquel momento (2003), del Ministerio de Ambiente y Energía, y, contiene un visado emitido por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, el que, igualmente señala que es un inmueble ubicado dentro del mencionado Refugio. Todo lo anterior evidencia en primer lugar que la posesión que dice transmitir el vendedor es posterior a la creación del Refugio (…) En consecuencia, el lote que allí se describe forma parte del citado Refugio y es propiedad del Estado Costarricense, en otras palabras, forma parte del demanio público.

(folio 229). Aunado a lo dicho, se tuvo como hechos no probados, que el inmueble descrito en el plano catastrado L-882794-2003 estuviere en posesión de particulares antes de la creación del Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo. Y que el actor sea el propietario del referido inmueble. En consecuencia, al tratarse de un terreno no solo ubicado en un Refugio de Vida Silvestre, sino a la vez en ZMT, como el mismo recurrente admite, pues gestiona el permiso amparado en la norma que concede ese tipo de autorizaciones y al no lograr acreditar la titularidad sobre dicho inmueble, esta Sala coincide con el Tribunal que se trata de un bien de dominio público.

V.Respecto al segundo motivo alega que se le denegó como prueba el reconocimiento judicial. Como el propio recurrente menciona, ese elemento probatorio lo ofreció la representación estatal al contestar la demanda (folio 116); sin embargo, en oficio presentado el 9 de junio de 2011 manifestó, “…prescindo del reconocimiento judicial e informe técnico ofrecidos como prueba al folio 114 del expediente y reiterados en la audiencia preliminar; y solicito se nos cite para formular las conclusiones.” (folio 152). En el juicio oral y público, celebrado el 16 de noviembre de 2011, el representante de la parte actora solicitó que se tuviera como prueba para mejor resolver, la cual fue denegada por el Tribunal con el argumento de que el punto en discusión en este asunto es normativo y por ende el reconocimiento judicial resulta inconducente (grabación de juicio oral 11:48:02-11:50:07). De lo expuesto se colige que, la decisión de los Juzgadores de no recabar la probanza de comentario no configura la indefensión de la parte por causa no imputable a ella (artículo 137 inciso b) del CPCA), sino demuestra el ejercicio de la facultad atribuida al órgano decisor de admitir o no aquellas pruebas ofrecidas para mejor resolver.

Debe agregarse que, si el actor consideraba esencial el reconocimiento judicial, debió ofrecerlo desde el momento en que interpuso su demanda, lo cual no hizo. En las condiciones señaladas, esta Sala considera que no se configura indefensión, ni violación al debido proceso, por ende, el reparo deberá rechazarse.

VI.En el tercer reparo acusa la indebida ponderación de lo dicho por la representación estatal y de los planos visados por el SINAC, lo cual llevó al Tribunal a establecer erróneamente que un Refugio de Vida Silvestre Mixto y la ZMT son patrimonio natural del Estado. Lo resuelto por el Tribunal obedece a la aplicación de la Ley de Conservación de Vida Silvestre y su Reglamento; Ley Forestal; Ley de Zona Marítimo Terrestre, no a la ponderación de pruebas, por ende, al no atacar esa normativa de manera específica, el cargo resulta inútil para variar lo resuelto, por ende, se rechaza.

VII.Como cuarto agravio menciona la indebida interpretación del precepto 152 del Reglamento a la Ley de Conservación de Vida Silvestre (Decreto Ejecutivo no. 32633), al considerar el Tribunal que el otorgamiento del permiso de uso es facultativo. El actor en sus pretensiones solicitó que se declarara que es una norma vigente y de aplicación obligatoria, por tanto se le otorgue el permiso rogado. La norma invocada dispone, “El SINAC podrá otorgar permisos de uso, en la zona marítima terrestre (zona restringida) comprendida dentro de los límites de los Refugios de Propiedad Mixta, de acuerdo al artículo 82 de la Ley Vida Silvestre, Nº 7317, al artículo 19 de la Ley Forestal 7575 y el artículo 11 del reglamento a la Ley Forestal, Decreto Ejecutivo 25721-MINAE y otras leyes conexas.” En atención a la redacción de esa norma es necesario tener presente lo establecido en los artículos: 82 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre, no. 7317, el cual dispone, “Son refugios nacionales de fauna y vida silvestre, los que el Poder Ejecutivo declare o haya declarado como tales, para la protección e investigación de la flora y la fauna silvestres, en especial de las que se encuentren en vías de extinción.

Para efecto de clasificarlos, existen tres clases de refugios nacionales de vida silvestre: a) Refugios de propiedad estatal. / b) Refugios de propiedad mixta. /c) Refugios de propiedad privada. / Los recursos naturales comprendidos dentro de los refugios nacionales de vida silvestre, quedan bajo la competencia y el manejo exclusivo de la Dirección General de Vida Silvestre del Ministerio de Ambiente y Energía, según se determina en la presente Ley y en su Reglamento./ Las personas físicas o jurídicas que deseen realizar actividades o proyectos de desarrollo y de explotación de los recursos naturales, comprendidos en los refugios de tipo b y c, requerirán de la autorización de la Dirección General de Vida Silvestre. Dicha autorización deberá otorgarse con criterios de conservación y de estricta "sostenibilidad" en la protección de los recursos naturales y se analizará mediante la presentación de una evaluación de impacto de la acción por desarrollar, siguiendo la metodología técnico científica que se aplica al respecto./ Esta evaluación será costeada por el interesado y será elaborada por profesionales competentes en el campo de los recursos naturales.” Así como el 18 de la Ley Forestal, no. 7575, (ya que el 19 corresponde al Título Tercero, Propiedad Forestal Privada, así que lo correcto debe ser el 18, tal como lo apuntó el Tribunal), Autorización de Labores, “En el patrimonio natural, el Estado podrá realizar o autorizar labores de investigación, capacitación y ecoturismo, una vez aprobadas por el Ministro del Ambiente y Energía, quien definirá, cuando corresponda, la realización de evaluaciones del impacto ambiental, según lo establezca el reglamento de esta ley.” El artículo 11 del Reglamento a la Ley Forestal, Decreto Ejecutivo 25721-MINAE, señala, “En los terrenos previamente declarados como Patrimonio Natural del Estado, tanto dentro de las Áreas Silvestres Protegidas como fuera de ellas, sólo se permitirá realizar actividades de capacitación, ecoturismo e investigación, estas actividades estarán sujetas a lo establecido en el plan de manejo del Área Silvestre Protegida y otras regulaciones establecidas en la presente normativa, de la siguiente manera…”.

En atención a lo expuesto, es notorio que el otorgamiento de permisos de uso en la zona marítimo terrestre (zona restringida) contemplado en la norma 152 del Reglamento a la Ley de Conservación de Vida Silvestre, es una facultad concedida a la Administración, quien luego de verificar si se cumplen con los requisitos y condiciones dispuestos en la normativa pertinente (Ley de Conservación de Vida Silvestre, Ley Forestal, Reglamento a la Ley Forestal y leyes conexas), puede optar por concederlo o no, en tales términos no puede entenderse entonces como una norma imperativa, que ordene a la Administración otorgar el permiso, como lo supone el recurrente. Por ende, el Tribunal no se equivoca, al señalar que no se trata de una norma imperativa, sino una potestad discrecional, que le permite en razón de criterios técnicos y atendiendo a las actividades que se quieran desarrollar, conceder o no el permiso.

En cuanto a la apreciación del casacionista, acerca de que para el Tribunal no pueden otorgarse permisos de uso; debe aclararse que los Juzgadores admitieron la posibilidad de autorizar actividades “compatibles con los fines de conservación y desarrollo de los recursos naturales y de las especies en vías de extinción” (folio 233), pero estimaron que, en este caso, el permiso de uso de suelo para habitación, es una actividad diversa a la investigación, capacitación y ecoturismo, permitidas dentro del Refugio Gandoca-Manzanillo, por ende, resultaba ilegal. Esos argumentos no fueron combatidos por el recurrente, así las cosas la Sala no entra a su análisis. Al no encontrarse vulneración alguna al artículo 152 del Reglamento a la Ley de Conservación de Vida Silvestre, Decreto Ejecutivo no. 32633, el cargo deberá rechazarse.

RECURSO DE CASACIÓN DEL SINAC

VIII.El apoderado especial judicial del SINAC acusa un único cargo. Menciona, el Tribunal condenó a la “parte demandada” al pago de las costas y sus respectivos intereses, solamente a favor del Estado, pues en su opinión fue quien las peticionó. Estima que, en la sentencia se hizo uso de la facultad de exonerar del pago de costas a la parte vencida, al indicarse que solo el Estado tenía derecho a ellas, vedando al SINAC la posibilidad de plantear ese reclamo en la ejecución. La exoneración parcial dispuesta, afirma, es contraria a lo establecido en el artículo 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Añade, de acuerdo a lo expresado por esta Sala, si bien la casación es una instancia de carácter extraordinario, el CPCA plantea una vocación antiformalista que permea todos los institutos procesales, para que la Sala pueda ingresar, en la mayoría de las veces, al análisis de los quebrantos invocados por las partes, examen del que no puede excluirse el uso de la facultad para exonerar en el pago de costas al vencido o la regla general que impone a la parte perdidosa la condenatoria.

En este asunto, insiste, el Tribunal exoneró en forma parcial a la parte vencida a cancelar las costas del proceso, al disponer que solo el Estado puede reclamar su pago, ya que fue la parte que lo solicitó; esa justificación, manifiesta, no está prevista en la normativa que autoriza la exoneración de costas a la vencida, lo cual dice de la errónea aplicación del artículo mencionado. Agrega, esa exoneración parcial tampoco se encuentra en la legislación procesal nacional, por ende, los Juzgadores no podían resolver en la forma que lo hicieron. Resalta que, su representado contestó en tiempo, formuló excepciones, ofreció prueba, participó en la audiencia preliminar y presentó conclusiones, en las cuales expresamente solicitó que se condenara al actor al pago de las costas del proceso, de manera que la justificación expuesta en la sentencia carece de mérito.

IX.El representante del SINAC centra su inconformidad en la violación del artículo 193 del CPCA, al eximirse a “la parte demandada” [sic] del pago de costas a favor del SINAC. Debe iniciarse el análisis indicando que la referencia es incorrecta y debe entenderse que se condenó a la parte actora, pues es a ella a quien se le impuso la obligación mencionada. Expresó, el Tribunal sobre las costas, “En cuanto a este rubro, al amparo del numeral 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, este Tribunal considera que no se está en presencia de alguna de las causales de exoneración que dispone dicho artículo, por consiguiente, se impone el pago de ambas costas del proceso y los intereses hasta su efectivo pago a favor únicamente del Estado, quien los peticionó.” (folio 234). El precepto mencionado dispone, “ En las sentencia y los autos con carácter de sentencia, se condenará al vencido al pago de las costas personales y procesales, pronunciamiento que deberá hacerse de oficio.

No obstante lo anterior, la parte vencida podrá ser exonerada del pago de las costas, cuando: a) La sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia verosímilmente no haya conocido la contraria y, por causa de ello, se haya ajustado la oposición de la parte. / b) Por la naturaleza de las cuestiones debatidas haya existido, a juicio del Tribunal, motivo bastante para litigar.” Para esta Sala, de conformidad con la normativa citada, es claro que en las sentencias, como la que aquí se analiza, el pronunciamiento en costas procesales y personales es oficioso, es decir, los Juzgadores por mandato legal deben imponerlas a la parte vencida, salvo que estimen que se configura alguna de las causales que autorizan la exoneración. Lo anterior, evidencia que ese extremo al ser imperativo, no está ligado o asociado a que las partes lo hayan peticionado o no, ya que el Juzgador tiene el deber de resolver sobre ese punto en los términos indicados en el precepto de comentario.

En este caso, el Tribunal menciona en la sentencia combatida que no está en presencia de alguna causal que permita la exoneración, sin embargo, optó por eximir a la parte actora parcialmente de las costas que correspondían al SINAC, al indicar que la condena es a favor del Estado quien las peticionó. Esa afirmación no coincide con la grabación del juicio oral, ya que al emitir las conclusiones, el representante del SINAC pidió que se condenará al actor al pago de las costas (12:42:15-12:42:22). Tal justificación para exonerar no resulta acorde con lo establecido en el artículo objeto de análisis, por lo que no puede el Tribunal incluir supuestos no previstos en la norma. Así las cosas, al haberse declarado la demanda sin lugar en todos sus extremos y encontrando esta Sala motivos para modificar esa decisión, procederá acoger el recurso planteado por el representante del SINAC y en consecuencia imponer a la parte actora el pago de ambas costas también a favor del recurrente, así como los intereses sobre estas últimas, a partir de su firmeza.

X.En mérito de las razones indicadas, deberá rechazarse el recurso interpuesto por el representante de la parte actora y se acogerá el recurso formulado por el representante del SINAC. En consecuencia, se anula la sentencia del Tribunal, únicamente, en cuanto impuso al vencido ambas costas, más los intereses, a favor del Estado hasta su efectivo pago. En su lugar se impone el pago de ambas costas a cargo del vencido, más los intereses a favor de los demandados hasta su efectivo pago.

POR TANTO

Se deniega la prueba ofrecida para mejor resolver. Se declara sin lugar el recurso del actor. Se acoge el formulado por el representante del SINAC. En consecuencia, se anula la sentencia del Tribunal, únicamente, en cuanto impuso al vencido ambas costas, más los intereses, a favor del Estado hasta su efectivo pago. En su lugar, se impone el pago de ambas costas y sus intereses hasta su efectivo pago a cargo del vencido.

Anabelle León Feoli Luis Guillermo Rivas Loáiciga Román Solís Zelaya Óscar Eduardo González Camacho Carmenmaría Escoto Fernández Nombre165154

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