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Res. 00400-2013 Tribunal de Apelación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda · Tribunal de Apelación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda · 05/07/2013
OutcomeResultado
The Court modified the judgment by setting compensation at CRC 1,848,494,000 and awarding interest from December 27, 1982, eliminated indexation, rejected the inclusion of six additional hectares, and otherwise affirmed the decision.El Tribunal modificó el fallo para fijar la indemnización en ₡1.848.494.000 y reconocer intereses desde el 27 de diciembre de 1982, eliminó la indexación, rechazó incorporar seis hectáreas adicionales y mantuvo los demás extremos.
SummaryResumen
The Court decided the appeals filed by the State and Desarrollos Playas Manuel Antonio S.A. against the judicial valuation of compensation for the partial expropriation of 18 hectares and 4,849.38 square meters incorporated into Manuel Antonio National Park. It modified the total compensation award, setting it at CRC 1,848,494,000, and rejected the inflation-indexing method applied at first instance. The Court held that interest was payable on the difference between the administrative appraisal and the judicial award beginning on December 27, 1982, rather than only from the formal transfer of possession in 2010. It reasoned that inclusion of the property within the park, together with administrative actions preventing its free use, had effectively dispossessed the owner and emptied the essential content of its property right as of 1982. The Court declined to include another six hectares in the award because their unsuitability for lawful use was not established, and it maintained the costs award against the State.El Tribunal resolvió las apelaciones interpuestas por el Estado y Desarrollos Playas Manuel Antonio S.A. contra la fijación judicial del justiprecio por la expropiación parcial de 18 hectáreas y 4.849,38 metros cuadrados incorporados al Parque Nacional Manuel Antonio. Modificó la indemnización total y la fijó en ₡1.848.494.000, rechazando la indexación aplicada en primera instancia. Determinó que procedía reconocer intereses sobre la diferencia entre el avalúo administrativo y la indemnización judicial desde el 27 de diciembre de 1982, y no solamente desde la puesta en posesión formal de 2010. Consideró que la incorporación del inmueble al parque, junto con las actuaciones administrativas que impidieron su libre aprovechamiento, había producido desde 1982 una desposesión efectiva y el vaciamiento del contenido esencial del derecho de propiedad. Rechazó incluir otras seis hectáreas en el justiprecio porque no se demostró que el remanente fuera inadecuado para su explotación y mantuvo la condena en costas contra el Estado.
Key excerptExtracto clave
Accordingly, this Court finds that the effective dispossession of the property occurred many years before the trial court carried out the formal transfer of possession on September 7, 2010, because the historical circumstances of the property, as recognized by the Constitutional Chamber and by the Administration itself in the cited report, demonstrate that the effective deprivation of the property occurred when it was incorporated within the boundaries of Manuel Antonio National Park. Although this is acknowledged to have occurred on February 15, 1980, the company accepts that interest be recognized from the publication date of Law 6794 of August 25, 1982, which occurred on December 27, 1982. Interest on the difference between the administrative appraisal and the amount fixed in the judgment is therefore recognized from that date; the appealed decision is modified in this respect. Judgment No. 392-2013 of 8:00 a.m. on February 28, 2013, is modified as follows: (a) the total amount that the State must pay Desarrollos Playas Manuel Antonio Sociedad Anónima as compensation is set at CRC 1,848,494,000 (one billion eight hundred forty-eight million four hundred ninety-four thousand colones); (b) interest is awarded on the difference between the administrative appraisal and the amount granted in the judgment, from December 27, 1982, until actual payment; (c) the appealed decision is reversed insofar as it applied an indexing method to the amount fixed as compensation; and (d) this decision shall be communicated to the General Directorate of Taxation for the matters within its authority, thereby supplementing the appealed decision. In all other respects, the judgment under appeal remains unchanged.En razón de lo cual, estima este Tribunal, que la desposesión efectiva del bien, se dio muchos años antes de que el juzgado de instancia procediera a llevar a cabo la puesta en posesión formal el día 07 de setiembre del 2010, ya que la realidad histórica de la finca reconocida por el Tribunal Constitucional y la propia admnistración en el informe citado, dan fe que la privación efectiva de la propiedad en cuestión, sucedió con su incorporación dentro de los límites del Parque Nacional Manuel Antonio, que aún y cuando se reconoce sucedió el 15 de febrero de 1980, la sociedad se conforma en que se reconozcan los réditos a partir de la fecha de publicación de la Ley 6794 del 25 de agosto de 1982, lo que sucedió se dio el 27 de diciembre de 1982, momento a partir del cual se reconocen intereses sobre la diferencia resultante entre el avalúo administrativo y lo fijado en sentencia; en este extremo se modifica la resolución recurrida. Se modifica la sentencia número 392-2013 de las 08 horas del 28 de febrero del dos mil trece, en los siguientes extremos: a) Se fija el monto total que deberá indemnizar el Estado a la empresa Desarrollos Playas Manuel Antonio Sociedad Anónima en la suma de ¢1.848.494.000 (mil ochocientos cuarenta y ocho millones cuatrocientos noventa y cuatro mil colones). b) Se reconocen intereses sobre la diferencia resultante entre el avalúo administrativo y el monto otorgado en sentencia, a partir del 27 de diciembre de 1982 y hasta su efectivo pago. c) Se revoca la resolución recurrida en cuanto aplicó el método de indexación sobre el valor fijado por concepto de indemnización. d) Se ordena comunicar la presente resolución a la Dirección General de Tributación, para lo de su cargo; extremo en el cual se adiciona la resolución recurrida. En todo lo demás se mantiene incólume la sentencia venida en alzada.
Pull quotesCitas destacadas
"La posesión es un hecho concreto y, la existencia de actos de defensa constituye una muestra irrebatible, de que el Estado sí la ejerce sobre la franja expropiada."
"Possession is a concrete fact, and the existence of protective actions provides irrefutable evidence that the State does exercise it over the expropriated tract."
Considerando X
"La posesión es un hecho concreto y, la existencia de actos de defensa constituye una muestra irrebatible, de que el Estado sí la ejerce sobre la franja expropiada."
Considerando X
"Bajo tal inteligencia, quedó establecido por el Tribunal Constitucional, que la actividad de las autoridades administrativas que incluyeron dentro de los límites del Parque Nacional Manuel Antonio el bien objeto de las presentes diligencias, mediante Decreto Ejecutivo Número 11148-A del 15 de febrero de 1980, ratificado por la Ley 6794 del 25 de agosto de 1982, fueron los actos que consumaron el despojo del bien a la sociedad demandada, privándose desde aquel momento del disfrute del derecho fundamental de propiedad consagrado en el numeral 45 de la Constitución Política."
"Under this reasoning, the Constitutional Chamber established that the actions of the administrative authorities incorporating the property at issue into Manuel Antonio National Park through Executive Decree No. 11148-A of February 15, 1980, ratified by Law 6794 of August 25, 1982, were the acts that consummated the dispossession of the defendant company, depriving it from that moment of the enjoyment of the fundamental property right protected by Article 45 of the Constitution."
Considerando X
"Bajo tal inteligencia, quedó establecido por el Tribunal Constitucional, que la actividad de las autoridades administrativas que incluyeron dentro de los límites del Parque Nacional Manuel Antonio el bien objeto de las presentes diligencias, mediante Decreto Ejecutivo Número 11148-A del 15 de febrero de 1980, ratificado por la Ley 6794 del 25 de agosto de 1982, fueron los actos que consumaron el despojo del bien a la sociedad demandada, privándose desde aquel momento del disfrute del derecho fundamental de propiedad consagrado en el numeral 45 de la Constitución Política."
Considerando X
"Estima este Tribunal que no es aplicable a la especie el numeral 17 de la Ley de Expropiaciones, pues no resulta posible determinar de manera cierta y fundada, que la porción del terreno indicada, sea inadecuada para su explotación el los términos que establece el ordenamiento jurídico, la prueba es totalmente inconducente al respecto."
"This Court finds that Article 17 of the Expropriations Law does not apply because it is not possible to determine with certainty and adequate grounds that the identified portion of land is unsuitable for use under the terms established by law; the evidence is wholly insufficient in that respect."
Considerando XI
"Estima este Tribunal que no es aplicable a la especie el numeral 17 de la Ley de Expropiaciones, pues no resulta posible determinar de manera cierta y fundada, que la porción del terreno indicada, sea inadecuada para su explotación el los términos que establece el ordenamiento jurídico, la prueba es totalmente inconducente al respecto."
Considerando XI
"Es claro que la parte expropiada ha debido acudir a esta instancia jurisdiccional en resguardo de su derecho fundamental de propiedad, obteniendo una sentencia favorable a sus pretensiones indemnizatorias."
"It is clear that the expropriated party was required to resort to this judicial proceeding to protect its fundamental property right and obtained a judgment favorable to its compensation claims."
Considerando XII
"Es claro que la parte expropiada ha debido acudir a esta instancia jurisdiccional en resguardo de su derecho fundamental de propiedad, obteniendo una sentencia favorable a sus pretensiones indemnizatorias."
Considerando XII
Full documentDocumento completo
Case Judgment N° 400-2013 COURT OF APPEALS FOR ADMINISTRATIVE AND CIVIL TREASURY MATTERS, ANNEX A OF THE SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ. Dirección01, at fifteen hours on cinco de julio del dos mil trece.- Proceedings to determine fair compensation (justiprecio) in an expropriation (expropiación), conducted before the Administrative and Civil Treasury Court under expediente número 10-00336-1028-CA, brought by the State, represented by State Attorney A, Laura Araya Rojas, resident of Moravia, identification card CED483, single, attorney with bar registration number CED21712, against: Desarrollos Playas Manuel Antonio S.A., represented by its special judicial attorney-in-fact (mandataria especial judicial), María Gabriela Biolley Aymerich, identification card CED76724, attorney with bar registration number CED126642. The aforementioned persons are adults.- RESULTS:
Judge Yazmín Aragón Cambronero authors the opinion, and
CONSIDERING:
I).- EVIDENCE TO ASSIST IN REACHING A DECISION (PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER): Pursuant to Article 148 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, in conjunction with Article 331 of the Código Procesal Civil, and because it is relevant to resolving the grounds of appeal (agravios) under consideration, only the following evidence offered during the oral hearing is admitted as evidence to assist in reaching a decision: 1) Certifications issued by the Registro Público de la Propiedad concerning the following certified copies of deeds (testimonios de escrituras) executed before Notary Public Jorge Fallas Aguilar: A) at 16:00 hours on veintiocho de octubre de mil novecientos ochenta y uno, included at folios 781 through 786 of the record. B) At 14:00 hours on once de diciembre de 1981, included at folios 789 through 784 of the principal case file. 2) Certified copy of a consultation made to the Ministerio de Hacienda concerning the land valuation maps for the Cantón de Aguirre, updated as of 21 de octubre del 2009, included at folios 379 through 385 of the record.
II).- PROVEN FACTS: For purposes of issuing the ruling required by law, the list of proven facts is replaced with the following:
IV.Grounds for Appeal of the State’s Representative: During the oral hearing held before this Collegiate Body, the State’s representative stated that the Trial Judge took appraisal (avalúo) number AA-76-2007 and applied it to the property being valued in these proceedings, which does not reflect the actual circumstances of the properties. She therefore considered it necessary to describe both properties in order to demonstrate the differences between them. She thus stated that, in accordance with official letter SINAC-DE-238 dated 01 de marzo del 2011 (at pages 390 to 409 of the court record), the property now being expropriated is not suitable for agricultural or forestry exploitation; it is a landlocked parcel (fundo enclavado) whose only means of access is through Parque Nacional Manuel Antonio, which constitutes an unlawful easement (servidumbre). Furthermore, pursuant to Article 7 of Ley 5100, construction is prohibited, and panoramic views are available from only 15% of the property because it is surrounded by forest that may not be cleared, as may be inferred from the above-cited report.
By contrast, the property valued in expert appraisal AA-76-2007 has entirely different characteristics, since it has access to a paved public road along its northern and southern boundaries, access to all public utilities, is near educational institutions and public and private offices, and is outside the Parque Nacional. The land-use conditions (uso del suelo) are different, insofar as the property subject to expropriation is useful only for conservation purposes because it is located within the Parque Nacional. She contends that applying the cited expert appraisal without analyzing the differences violated not only the principles of reasonableness and proportionality, but also the principle of full compensation for harm (reparación integral del daño), thereby resulting in unjust enrichment by assigning equal appreciation in value to properties with dissimilar conditions, without making any adjustment and without it being reasonable to consider mere observation an objective parameter.
She argues that the decision should have analyzed both comparisons thoroughly to determine whether that value adjustment was feasible, since conditions exist that preclude analogous application. She further states that the judgment set forth a mathematical equation and applied an indexation formula from 31 de julio del 2007 to 27 de febrero de 2013 without explaining the method; she also considers this improper because it was not debated and the party did not request it. She argues that the judgment rejects the administrative appraisal because the report failed to include the technical operations performed and the scientific principles applied, disregarding the fact that these were submitted in a filing dated 19 de enero de 2011; the administrative expert assessment therefore complies with the parameters required by the legal system. She contends that the expert appraisal prepared by Engineer Nombre161173 does not satisfy the requirements established by law and must therefore be disregarded, as the judge correctly stated and as confirmed by official letter number SVA-043-11 dated 11 de junio del 2011, appearing at pages 526-531 of the record, which identifies the deficiencies in the appraisal submitted and notes its lack of reliability.
The report of the third tie-breaking expert (tercer perito en discordia) was partially disregarded by the judge in light of the findings of the Dirección de Tributación in an official letter appearing at pages 678 to 686, because it failed to meet the minimum requirements for an appraisal. She concludes that none of the judicial expert appraisals fully complied with the requirements of the Ley de Expropiaciones, whereas the administrative expert assessment conforms to law and the merits of the record. She therefore requests that the amount established in the administrative appraisal be set as the fair compensation (justiprecio), and that the provisions concerning the payment of costs and interest be reversed as improper.
IV).- Grounds for Appeal of the Representative of the Expropriated Party: For her part, the representative of the respondent company contends that the judgment is riddled with defects that necessarily require it to be declared null and void, because the applicable rules governing valuation practices and procedures in the country were not used when valuing the property. She argues that the compensation must reflect the replacement value of the expropriated property so that it is sufficient to acquire another property under comparable conditions, as established by the binding case law of the Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. She further states that market value was not used, even though evidence issued by the Colegio de Ingenieros Agrónomos, entitled “Régimen de Valoración por Mercado,” establishes these rules. She contends that neither the Dirección de Tributación appraiser, the tie-breaking expert, nor the judge applied this case law or the market-valuation procedures issued by that professional association, and that the decision is therefore null and void.
She argues that the Plan Director Urbano del Cantón de Aguirre places the property within the Cantón’s urban zone, in the Corredor Turístico Manuel Antonio, whose specific location is defined in Article 88 as extending from central Quepos to Playa Manuel Antonio, while Article 109 places it between Centro de Quepos and Playa Espadilla. She argues that all uses are authorized in this zone, with no maximum limits for residential or hotel development, while the regulatory plan (plan regulador) permits construction on up to fifty percent of the property’s area; therefore, there is no doubt that the property is located in the urban tourism zone of Cantón de Aguirre. She contends that the foregoing is relevant for determining the date on which the property was acquired, which must be deemed a proven fact, as well as the date on which the property became part of the Parque; thus, the property was acquired on 28 de octubre de 1981, and it was included in the Parque pursuant to Ley 6794 de 27 de diciembre de 1982.
She argues that, when assigning values below market value and taking into account the property’s circumstances, including all the restrictions applicable to the area located within the Parque, consideration must be given to Article 45 of the Constitución Política, which provides that restrictions on property rights may be imposed only by law and cannot be deemed imposed through administrative acts. It was in the aforementioned law expanding the Parque Nacional that restrictions were imposed on the property’s boundaries until 2010, when the declaration of public purpose (declaratoria de utilidad pública) was recorded. She contends that the amount of the administrative appraisal is insufficient to acquire another comparable property in the Quepos area, where the party wishes to remain. She argues that the judge logically used the value assigned by the Administration to the other portion of the property now being expropriated, and that it is not true that such property has characteristics different from those of the property now being expropriated.
The appraiser conducted the field inspection of the entire property on the same day, assigning one value to the area within the Parque and another to the area outside it; at page 349, the appraiser’s notes state: “land identical to the 18 hectares.” Nevertheless, she contends that the appraisal does not reflect the property’s actual value. She states that it is not a landlocked parcel, as it has access from the road; it is in fact a property adjoining the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre), through which the Quepos-Manuel Antonio road runs. It is false that an easement is required to access the property, which has approximately 300 meters of frontage through which access to the property is provided. The judge did not consider the valuations of the Órgano de Normalización Técnica. She contends that the only expert appraisal satisfying the requirements of Article 22 of the Ley de Expropiaciones is the one submitted by Engineer Nombre161173, which causes the least harm to the interests of the party she represents and was not challenged by the Procuraduría.
She requests that the underlying inflation index (índice subyacente de inflación) established by the Banco Central de Costa Rica be applied to Engineer Nombre161173’s expert appraisal, as that index has already been used by the State itself to update the administrative appraisal of the property at issue in these proceedings. Regarding interest, she contends that the decision violates Article 45 of the Constitución Política and Article 11 of the Ley de Expropiaciones because it awards interest from the formal act of delivery of possession (puesta en posesión) carried out in setiembre del 2010, when in fact, since the promulgation of Ley 6794 del 27 de diciembre de 1982, each and every attribute of ownership was deprived of substance, as declared by the Sala Constitucional in Voto Nº 5302-99 de las 17 horas y 18 minutos del 07 de julio 1999, which ordered the State to commence expropriation proceedings immediately.
Nevertheless, the State took 11 years to initiate them. She therefore requests that interest be awarded from the promulgation of the law, the date on which the State effectively took possession of the property, or, alternatively, from the date on which the Sala Constitucional issued its decision. She requests that the award of costs be upheld, given the need to undertake numerous procedures to obtain the expropriation. She added that six hectares are not included in the expropriation decree, which included only the 18 hectáreas 4849.38 metros cuadrados indicated in plan number P-448727-97. She further stated that Article 17 of the Ley de Expropiaciones establishes the judge’s jurisdiction to determine a valuation for the area excluded from the expropriation decree, an issue the judge failed to decide, thereby, she argues, rendering the judgment incongruent (incongruente). She clarifies that the remaining portion is under consideration in administrative proceedings.
V).- REGARDING THE APPLICATION FOR NULLITY FILED BY THE EXPROPRIATED PARTY: Pursuant to section 197 of the Code of Civil Procedure, nullity (nulidad) should be declared only in those cases in which the defective procedural activity is of such magnitude that it causes a fundamental defect in the formality or progress of the proceedings, directly affecting the parties’ right of defense or the normal course of the proceedings, provided that it is not possible to reinstate the proceeding or correct the action, since in this area the doctrinal principle that there is no nullity for nullity’s sake must be observed. In the case at hand, the representative of the expropriated company considers that the judgment is riddled with defects that compromise its validity to the point that she requests that it be declared null and void. She essentially argues that the court below (a quo) did not apply the rules governing valuation practices and procedures in the country, namely, “The Market Valuation Regime”; and that the case law of the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice was also violated, which has established with binding effect that compensation in expropriation matters must correspond to the replacement value of the expropriated property.
This Collegiate Body considers that the claim of nullity asserted cannot be accepted, since a detailed review of the judgment makes it possible to determine that the trial judge properly assessed the expert reports submitted in the record, set forth the reasons why he considered that the value established in the administrative appraisal (avalúo administrativo) did not conform to the fair-price principle (principio del justo precio), and proceeded to set the compensation within the parameters prescribed by article 40 of the Expropriations Law, which provides, insofar as relevant: “(...) All evidence, including the expert’s report, shall be assessed by the judge as a whole, in accordance with the rules of rational sound judgment (sana crítica racional) and taking into account the criteria of article 22 of this Law. For this purpose, the judge may depart from the expert opinions or any other evidence in order to review the administrative appraisal.(...) Under no circumstances may the amount of compensation exceed the highest amount estimated in the appraisals.(...)”.
The partial transcription of the provision shows, first, that the assessment of the evidence (including technical evidence) in expropriation proceedings must be conducted in accordance with the rules of sound judgment, and that the adjudicator is free to depart from the expert opinions if, on reasoned grounds, the adjudicator considers that they do not conform to the fair-price principle, which is the very purpose of the expropriation proceedings pursuant to sections 45 of the Political Constitution and 01 of the Expropriations Law. Second, in this area there is no prescribed evidentiary rule (prueba tasada) requiring the adjudicator to apply a single valuation method in determining the amount of compensation. Third, the law imposes only one limitation on the adjudicator when setting the fair value (justiprecio): the adjudicator may not exceed the maximum amount established in the appraisals, which constitutes the upper limit that may be awarded in the judgment, nor may the lower limit provided in the expert reports be disregarded.
The judgment under appeal reasonably discloses the reasons that led the court below to set the amount of compensation, subject, as already stated, to the rules governing the matter. Although neither party agreed with the fair value established, this is an issue to be debated at the appellate level and may be reviewed through the substantive grounds of appeal raised against the decision; it in no way constitutes a ground for nullity of the judgment. Finally, it should be noted that the replacement value of the property in expropriation proceedings is limited by the maximum and minimum values established in the appraisals contemplated by the legal system, which likewise constitutes a substantive ground of appeal reviewable at the appellate level, subject to the limitations established by law. This Chamber does not consider that the judgment under appeal flagrantly violates the binding case law of the Constitutional Chamber concerning the replacement value of the property, since the Constitutional Body’s decisions on the matter must not be applied independently of the limits imposed by the legislature in article 40 of the aforementioned Law. In conclusion, there are no grounds for nullity that would invalidate the judgment, and the asserted ground of appeal is therefore rejected.
That is what occurs with the power under review, whereby a person is dispossessed of one of their belongings so that it may be put to common use, allocated to a public service, or used to satisfy another overriding public interest.- It should be recalled that, pursuant to article 28 of the Expropriations Law currently in force, Nº 7495 of tres de mayo de mil novecientos noventa y cinco and its amendments, this “special proceeding” (proceso especial), as it is called, takes place only when the expropriated party disagrees with the administrative appraisal, or when some legal impediment prevents an agreement from being reached through administrative proceedings (sede administrativa); that is, it is intended to give full effect through judicial proceedings to that constitutional principle and to establish here what could not be determined in the prior proceeding: the fair value of the property to be paid to the affected party.- As to what constitutes fair compensation, the case law has already provided an unequivocal answer, having long held that it is the property’s current market sale price, or the price closest to that prevailing on the date of the final judgment. The Constitutional Chamber, in its judgment number 2002-4878, of las catorce horas con cincuenta y tres minutos del veintidós de mayo del dos mil dos, stated:
VII.Regarding compensation.- Another aspect to consider is that the State’s power to expropriate property—in order to be constitutionally valid—is conditioned upon the owner’s assets remaining unimpaired, that is, without loss, hence the special protection provided by the legislature in establishing summary proceedings (juicio sumario) concerning fair value. Compensation is the financial reparation owed for the sacrifice imposed upon the owner in the public interest and entails fully restoring to the owner the same economic value of which the owner is deprived, as well as covering the damages (daños y perjuicios) resulting from the expropriation. It must be fair and prior and must therefore include payment of the objective value of the expropriated property and the damages caused directly or indirectly by the dispossession, thereby keeping the expropriated party’s assets economically intact.
To protect the owner and in accordance with section 45 of the Political Constitution, section 30 of the Expropriations Law governs a special expropriation proceeding in which only matters relating to review of the administrative appraisal of the expropriated property are to be addressed for the purpose of establishing the amount of compensation; in this type of proceeding, the only matter that may be disputed is the fair value of the property subject to the restriction, and the competent judge appoints a court expert (perito judicial) to conduct the study. At the request of either party, a third expert to resolve a disagreement (perito tercero en discordia) may even be appointed to conduct the corresponding appraisal. Although the challenged articles refer to summary proceedings to establish that the amount of compensation is fair, they must be understood to mean that fair compensation perfects the expropriation, insofar as title is transferred to the Administration through an administrative act establishing the characteristics of the property and the payment of fair compensation.
All three conditions must be met for the expropriation to be validly perfected (...) what is sought in the special proceeding established in the cited articles is the satisfaction of the owner’s financial claims, which are directed toward obtaining payment of a fair price for the restriction imposed upon the owner’s property and arise from the nature of the proceeding in which the amount of compensation to be paid by the Administration is established (...) In this regard, it is important to clarify that the object and purpose of this summary procedure before the courts of justice is to review the administrative appraisal in order to establish and set the final amount of compensation payable to the expropriated party; that is, the sole purpose is to adjudicate the fair price of the property subject to expropriation, not to “review” the administrative expropriation procedure, as the petitioner erroneously seeks to argue and on the basis of which the petitioner claims that due process is violated (...)” (emphasis added; to the same effect, see judgment Nº 8015 of las dieciséis horas con veinticinco minutos del veintiuno de julio del dos mil cuatro).
The foregoing precedent, which is binding on all public authorities pursuant to article 13 of the Law on Constitutional Jurisdiction, defines with absolute clarity the content of article 45 of the Fundamental Charter as it pertains to expropriation and establishes the basic principles that must govern its administrative and judicial processing.- The following follows from those principles: a) the Administration must restore to the owner the same property or right of which the owner is deprived, together with the resulting damages caused by the taking; b) compensation must be fair and prior and must include the property’s objective value; c) the sole purpose of judicial proceedings is to adjudicate the fair price for that dispossession, that is, to determine the final amount of the “compensation”; and d) that fair value shall always be the current value of the property expropriated.- The foregoing completes the constitutional content of the right to property and cannot be disregarded by this authority, which, in any event, fully agrees with those principles.- Furthermore, this has indeed been the position adopted by the various bodies of this specialized Jurisdiction for many years, and it remains so to date.- Thus, the First Chamber of the Court, in its well-known judgment 166-F-92, of las dieciséis horas veinte minutos del dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y dos, stated, insofar as relevant:
“XIX.- Compensation (indemnización) constitutes the cornerstone of expropriation (expropiación). The expropriated party (expropiado) is entitled to full reparation (reparación integral), that is, the economic equivalent encompassing the actual value of the expropriated property or right and the consequential damages (daño consecuente)—actual damages and lost profits (daño emergente y lucro cesante)—resulting from the deprivation of the party’s property. The purpose is thus to maintain a balance of values, since if that balance were disrupted to the detriment of the expropriated party, a confiscation (confiscación) would occur. In the absence of compensation, other legal institutions would be involved, such as forfeitures (comisos), confiscations, restrictions in the social interest (limitaciones de interés social), and so forth. Compensation may be defined as a technique for converting rights so as to preserve the owner’s estate intact: the value of the expropriated property or right and the damages are replaced by their economic or monetary value.
Accordingly, the guiding principle of expropriation is to leave the expropriated party’s estate in the same condition as before the deprivation, through a conversion, commutation, or substitution of values—the value of the expropriated property being replaced by an equivalent monetary value. The basis for expropriation compensation (indemnización expropiatoria) lies in the need to leave the expropriated party’s estate unharmed, rather than in the infliction of harm through lawful conduct, because expropriation is an administrative activity deliberately directed toward dispossession (despojo). Compensation is likewise justified insofar as expropriation is a special contribution (contribución especial) that imposes a sacrifice. It departs from the principle of equality in bearing public burdens (principio de igualdad ante las cargas públicas). The individual’s financial equilibrium must therefore be restored.
As can be seen, compensation is not a price—that is, the consideration in an exchange relationship representing the monetary value of property whose ownership is transferred from one person to another. To compensate means to relieve a person of all loss and damage through complete redress (resarcimiento cabal), which is not achieved if any loss or damage persists and a diminution remains. It means restoring that person to a situation similar to the prior one. Compensation is intrinsic or inherent to expropriation; in other words, it is a sine qua non requirement for expropriation to operate. There is an inseparable nexus between the two legal institutions. There is no expropriation without compensation. Every expropriation gives rise to the duty to provide prior compensation (indemnización previa) (Ubi expropriatio ibi indemnitas)... XX.- Compensation must be prior. Its legal nature (naturaleza jurídica) is determined by that characteristic.
Prior payment has become one of the prerequisites for the legitimacy of exercising the power of expropriation (potestad expropiatoria). It is a prerequisite for validity and effectiveness. Dispossession (desapoderamiento) without prior compensation constitutes a de facto expropriation (expropiación de hecho) or a confiscation. This characteristic is justified by the compelling need to avoid deferring or indefinitely prolonging the impoverishment of the estate caused by expropriation. If compensation is postponed until after the deprivation, the expropriated party will be financing or extending compulsory credit, which is inadmissible under the principle of equality in bearing public burdens. The prior character therefore refers to the timing, not the content, of compensation and must consequently precede the transfer of title (transmisión del dominio)... XXI.- This explains why the requirement that compensation be ‘prior’ is one of the basic constitutional safeguards (recaudos constitucionales) for the viability of expropriation.
Ownership cannot be lost and correspondingly transferred to the expropriating authority (expropiante) until compensation has been determined and paid, subject to the exceptions established in the Constitution for war or national unrest. The prior character of compensation explains why no transfer of title occurs until compensation is paid. XXII.- Compensation must be fair. This brings its objectivity and completeness into consideration. It is fair insofar as it must preserve the expropriated party’s estate intact and unharmed through the conversion of rights—replacing the value of property or a right with its monetary equivalent—and must be based on objective criteria, because the prevailing or market value (valor en plaza o de mercado), payable in cash or on equivalent terms, must be recognized as though the transaction were between a willing buyer and a willing seller, both informed about the transaction and neither under an obligation to proceed.
This is the same concept as objective, current, or sale value (valor objetivo, actual o venal), including equitable prevailing value; consequently, compensation will be unfair if it is merely symbolic or nominal. In substance, it is a ‘replacement value’ (valor de reposición), meaning the amount that would make it possible to acquire property analogous to that lost through dispossession, perhaps not in the same location—where real property is concerned—because that may be physically impossible, but elsewhere. Replacement value is the opportunity afforded to the expropriated party to acquire a similar thing; it therefore entails the replacement of values and opportunities rather than replacement with the very same thing, as that would be absurd (V. Sala de Casación Nº 92 de las 14 horas 45 minutos del 7 de octubre de 1970). Thus, the expropriating authority must compensate the sale value (market value), updated as of the time of the final judgment (sentencia definitiva).
This consists of the actual value of property governed by the free operation of supply and demand, including all fluctuations resulting from inflation or deflation at that time. Expropriation compensation must represent the economic equivalent of the sacrifice and is intended to restore the estate in full. If it balances the rights of the expropriating authority and the expropriated party, the latter must receive—and the former must provide—full reparation for the loss of ownership. It is also called the ‘fair price’ (justiprecio), since that concept is inherent in the idea of economic equilibrium and a commutative relationship (relación conmutativa). Fairness requires rigorous objectivity: it entails externally assessing the value of what was sacrificed and the resulting damages as such, without introducing subjective considerations. In simple terms, fair compensation means compensation in accordance with the law (secundum ius)...
XXIII.- Compensation must be comprehensive. The estate of the affected party (sujeto pasivo) must remain unharmed. An expropriation without equitable compensation constitutes a confiscation. Comprehensiveness entails compensation for the actual—effective—value, meaning the current prevailing or market value, of the property, including its appurtenances (accesorios), as well as all damages, diminution in value, and expenditures resulting from the loss of possession (desposesión), the amount of which is determined in the appraisal (tasación). It is described as full insofar as the ownership right must be converted into its economic equivalent. Compensation cannot be a source of profit or wealth, but only full reparation for the value of what was expropriated and the resulting damages; that is, it cannot serve as a means of granting profits at the community’s expense.” Later, the same ruling states the following with absolute clarity:
“XXV.- The time at which compensation is calculated or appraised is of vital importance because of the effects of inflationary or deflationary processes, currency devaluation, changes in the market value of property, the duration of judicial proceedings, and the lack of simultaneity between its determination and the deprivation. If expropriation is intended to balance the situation before the taking (acto ablatorio) with the situation afterward, the time at which compensation is appraised cannot be underestimated. In this regard, legal scholarship (doctrina) has established several guidelines:
VII.In the specific case, the property that is the subject of these proceedings was initially incorporated within the boundaries of Parque Nacional Manuel Antonio by Decreto Ejectutivo Nº1148-A del 15 de febrero de 1980, from which time it became subject to the use restrictions established by the legal system (ordenamiento jurídico), as ratified by Ley 6794 del 25 de agosto de 1982. However, it was not until the judgment issued by the Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, in voto número 5302-99 de las 17:18 horas del 07 de julio de 1999, (nineteen years after the restrictions were imposed by decree), that the State was ordered to complete the expropriation process (proceso de expropiación) as promptly as possible. Notwithstanding the foregoing, the first report from the Administración Tributaria de Puntarenas, number AA-75-2007, dates from 31 de julio de dos mil siete and was updated through appraisal (avalúo) number AA-124-2008 de 11 de noviembre de 2008 by the same administrative body, (nine years after the aforementioned decision of the Sala Constitucional was issued).
The expropriation proceedings (diligencias de expropiación) were filed on 13 de abril del año 2010, one year and five months after the price of the property was set at the administrative level; it should also be noted that, since then, the value of the property in which the State is interested has been disputed through the appointment of the expert appraisers (peritos) required by law. According to the record, following the aforementioned decision of the Sala Constitucional 5302-99, the property had already been deprived of its substance by Ley 5100 del 13 de noviembre de 1972, published in la Gaceta Número 223 del 23 de noviembre siguiente, with the Tribunal Constitucional stating, insofar as relevant: “(...), it is concluded that Desarrollos Manuel Antonio Sociedad Anónima is legally barred by Ley 5100 and administratively barred by the actions of the authorities of the Ministerio de Ambiente y Energía from freely using its property.
Although the restrictions imposed on the property in question deprive the company’s property right of its minimum essential content, the State has failed to pay it the amount corresponding to the expropriation ordered specifically by Ley 5100 (...). Given the remedial nature of the rulings of the Sala Constitucional, the Ministerio del Ambiente y Energía, the Tribunal Fiscal Administrativo, and the other bodies with jurisdiction over the matter are ordered to act promptly and diligently to take the measures necessary to complete the expropriation procedure as soon as possible (...)”. Notwithstanding the foregoing, the State Attorney (Procuradora) has insisted that the State should pay only the amount determined by the Ministerio de Hacienda office in noviembre del 2008. That position is entirely without basis, not only because of the extraordinarily pathological delay that the respondent company has endured in obtaining the compensation guaranteed to it by the Constitution and the law, but also because the principles arising from the fundamental right to private property require the fair price (justo precio), as already indicated, to be as close as possible to the amount established in the final judgment.
For these reasons, this Court must reject the primary claim in the appeal filed by the State seeking to have the amount determined by the administrative appraisal in el año 2008 set as the fair price, because that appraisal is plainly outdated and far removed from the actual value of the property that is the subject of these proceedings. It bears stating in advance that the property’s valuation cannot be reduced because of its location within the boundaries of Parque Nacional Manuel Antonio, since that location resulted from the exercise of public powers derived from artículo 45 Constitucional, which must not affect payment of the fair price arising from the compulsory deprivation of the property.
VIII). For purposes of determining the fair price (justo precio) payable as compensation (indemnización) in these expropriation proceedings (diligencias de expropiación), the particular characteristics of the property involved must be described, since counsel for the State has insisted, in her grounds of appeal (agravios) before this Collegiate Body, that it is necessary to distinguish between the characteristics of the property covered by appraisal (avalúo) number AA-76-2007—which essentially valued the remainder (remanente) of property number 16766-000 and was used as a benchmark by the trial judge in determining the value of the property involved in these proceedings—because, as the appellant understands it, the properties have dissimilar conditions. After analyzing the evidence (elementos probatorios) contained in the record, this Collegiate Body concludes that, in this case, the property registered under number Placa11532 corresponds to a 499.305.18-square-meter real-estate unit, from which the 18-hectare, 4.849.38-square-meter lot will in due course be subdivided in order to devote it to the stated public purpose.
Accordingly, it is not currently possible to distinguish the conditions of the property to be subdivided from those of the parent property (finca madre) of which it remains a part, since it is only through the judgment issued in these proceedings that its registration in the name of the State is ordered and the State’s notary is authorized to place the relevant documents into the notarial record (protocolización de piezas). Until this occurs, it is in fact a single property, the remainder of which will continue to belong to the expropriated entity. It therefore cannot be asserted that appraisal AA-76-2007, which valued the portion of land that will not be expropriated and set the unit value per square meter at ¢70.000.00, took into account characteristics entirely dissimilar from those of the expropriated portion. Based on the judicial inspection (reconocimiento judicial) conducted by this Court, as well as the testimony of engineer José Luis Palacios Alvarado, there is no doubt that the aforementioned property has all public utilities and direct road access, in addition to an excellent panoramic view over much of its territory, as acknowledged in the various expert appraisals (peritajes).
Due to the conservation measures adopted, which have allowed the forest to regenerate, that forest obstructed the view toward the Océano Pacífico on the date of the inspection conducted by this Chamber. Although the portion being expropriated was incorporated within the boundaries of Parque Nacional Manuel Antonio pursuant to Decreto Ejecutivo Nº 1148-A del 15 de febrero de 1980 and Ley 6794 del 25 de agosto de 1982 (published on 27 de diciembre de ese año), thereby imposing a series of restrictions that deprived the right of ownership of its essential content, this condition, which goes beyond that fundamental right, cannot serve as a basis for finding that the conservation-area characteristics of the land to be expropriated negatively affect the property’s valuation. It should be noted that Ingeniero Palacios Alvarado conducted the field inspection of the entire property on 25 de junio del 2007, resulting in two valuations of the same property: appraisal number AA-75-2007 set the value per hectare at ¢14.000.000.00 for a portion of land measuring 18 hectares and 4.849.38 square meters, whereas appraisal AA-76-2007 set the value per hectare at ¢70.000.000 for the remainder measuring 10 hectares and 9419.02 square meters.
Both valuations were based on an identical location, approximately 2.8 kilometers from Escuela de Manuel Antonio toward Espadilla, and on the same land-use condition, as stated in both appraisals: “(...) This property has an excellent panoramic view due to its elevation and proximity to the beach. According to the land-use capacity map, the soils on this property are classified as Class VIII; under this classification, these lands do not meet the minimum conditions for any agricultural, livestock, or forestry production activity. Land in this class is useful only as an area for preserving flora and fauna, protecting aquifer recharge areas, maintaining genetic reserves, and conserving scenic beauty. (...)” (Thus, appraisals: AA-75-2007, folio 448, and AA-76-2007, folio 367, both from the court record). In view of the foregoing, the State’s ground of appeal asserting that a distinction must be drawn between the conditions of the parent property and those of the land to be subdivided for the public purpose of incorporating it into Parque Nacional Manuel Antonio cannot be accepted.
As repeatedly stated, this is a single real-estate unit that must be valued as such; therefore, the trial judge did not violate the principles of reasonableness and proportionality by applying to the expropriated property the value established by the administration in appraisal AA-76-2007. Nor can it be found that the trial court’s valuation of ¢70.000.000 per hectare gives rise to unjust enrichment (enriquecimiento sin causa) for the expropriated party, since this was a value recognized by the administration in 2007—already six years ago—and is plainly outdated and inconsistent with the fair-price principle referenced in Article One of Ley 7495. Nevertheless, this Collegiate Body also finds unacceptable the expropriated entity’s request that the amount established by expert (perito) Nombre161173 be awarded. That expert divided the unit value per square meter into two categories: a) for the section with a panoramic view, covering an area of 167.436.57 m2, the sum of ¢45.000.00; and b) for the section without a panoramic view, covering 17.412.81 m2, the sum of ¢9.000.00.
This Court considers that, although a panoramic view—in this case toward the Océano Pacífico—is a factor that increases the value of properties located near the coastline, where tourism is the principal development activity, the property at issue does not have land-use conditions permitting its owners to undertake such development. It is an established fact that the property has been subject to restrictions preventing its exploitation since before Ley 6794 del 27 de diciembre de 1982. It is therefore a factor that cannot be regarded as determinative in establishing such a pronounced difference between one area and another. The expert himself acknowledged this in his expert report (experticia), stating: “(...) The area where the appraised property is located is highly desirable because of its location and the panoramic ocean views it offers; therefore, if it were not subject to the restrictions imposed by law, its value should be comparable to that of the surrounding area.
(...)” (folio 169 of the principal record). It is an established fact that the soils of the property to be expropriated are classified as Class VIII, meaning that their sole use is as an area for preserving flora and fauna, protecting aquifer recharge areas, maintaining genetic reserves, and conserving scenic beauty. These are all highly relevant factors in protecting the natural resources that have characterized our country in recent decades and warrant compensation that complies with the principles cited above. Nevertheless, the price of the land cannot be equated with that of properties having the legal conditions necessary for tourism or commercial exploitation, which, paradoxically, are located within the same tourism corridor of Nombre161172 in the Cantón de Aguirre. In this respect, the Court agrees with the trial judge that these values cannot be equated. In light of the foregoing, and given the property’s special conditions and the application of the principles of reasonableness and proportionality, the value per hectare should be set at ¢100.000.000.
Accordingly, the total compensation payable by the State for the expropriated land is set at ¢1.848.494.000 (one billion eight hundred forty-eight million four hundred ninety-four thousand colones), thereby modifying the value established as just compensation (justiprecio) in the judgment under appeal.
In his judgment, the judge found that, given the age of the administrative appraisal, it was necessary to index the amount recognized by the administration. He stated that he would apply the indexation formula (fórmula indexadora) from 31 de julio del 2007 to 27 de febrero del 2013, clarifying that this method was applied solely to determine the current value per hectare, pursuant to voto número 166-F-92 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. On this issue, counsel for the State stated that not only had neither party requested indexation, but also that the indexation method used in this case had not even been explained. Counsel for the expropriated company, for her part, argues that the amount awarded in the judgment must be indexed in accordance with the Core Inflation Index established by Banco Central de Costa Rica, which the administrative expert had already used to update his appraisal.
On this issue, this Collegiate Body considers that indexation should not be applied to the amount established in the judgment. First, it should be borne in mind that, although the then-representatives of the expropriated party, upon entering an appearance in the proceedings (apersonarse a los autos), expressly requested: “(...) Compensation is also sought for the indexation experienced by the property as a result of the depreciation of Costa Rican currency. (...).” (folio 156), the fact remains that these proceedings contain technical expert evidence (prueba técnica pericial) and valuations from Municipalidad de Aguirre that enable the adjudicator to determine the fair price on a reasonably supported basis at the time judgment is rendered. It is clear that the amount awarded as compensation does not correspond to the value of the property in 1982 or to the value established by the administration in 2007.
Rather, the property’s current conditions were taken into account in its valuation, including the utilities it now has, its location in an area of extensive tourism development, and its nature. These factors formed the basis for estimating the price payable by the State. Furthermore, Article 11 of Ley 7495 provides for statutory interest (intereses legales) from the dispossession (desposesión) of the property, which entails the inclusion of the indexation component. This means that awarding both indexation and interest would constitute a double payment not permitted by the legal system. For these reasons, the decision under appeal is reversed insofar as it awarded indexation on the amount established in the judgment as the value per hectare, and the expropriated party’s request for indexation is instead denied.
X).- REGARDING THE AWARD OF INTEREST (RECONOCIMIENTO DE INTERESES): With respect to the payment of interest, counsel for the State states that the judgment should be reversed on this point because, if compensation (indemnización) is set at the amount recognized in the administrative appraisal (avalúo administrativo), there is no difference on which payment of interest may be awarded. This ground for appeal cannot be sustained because, in accordance with the preceding findings, a compensation amount greater than that awarded in the administrative proceedings has in fact been set in these proceedings, which, pursuant to section 11 of Ley 7495, requires the award of interest on the resulting difference between the administrative appraisal and the amount awarded in the judgment. Furthermore, with respect to interest, counsel for the respondent company states that the ruling violates article 45 of the Constitución Política and section 11 of the Ley de Expropiaciones because it awards interest from the formal act of taking possession (puesta en posesión), carried out in September 2010, when, in fact, since the enactment of Ley 6794 of 27 December 1982, each and every attribute of ownership had been deprived of all content, as declared by the Sala Constitucional in Voto Nº 5302-99 at 17 hours and 18 minutes on 07 July 1999, in which the State was ordered to commence expropriation proceedings immediately.
She therefore requests that interest be awarded from the enactment of the law, the point at which the State took de facto possession of the property, and, in the alternative, asks that it be awarded from the date on which the ruling of the Sala Constitucional was issued. This Court finds that possession is a concrete fact and that the existence of protective measures constitutes irrefutable evidence that the State does exercise possession over the expropriated strip. Indeed, section 11 of the Ley de Expropiaciones provides, insofar as relevant: “(...) The Administration shall be required, on its own motion and at the applicable statutory rate, to award interest to the expropriated party from the dispossession (desposesión) of the property. (...)”; in the present case, the Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, in the aforementioned ruling 5302-99 at 17:18 hours on 07 July 1999, clearly established, with the force of substantive res judicata (cosa juzgada material), that: “(...) Desarrollos Manuel Antonio Sociedad Anónima is legally prevented by Ley 5100 and administratively prevented by the actions of the authorities of the Ministerio de Ambiente y Energía from making free use of its property.
Although the restrictions imposed on the property in question deprive the company’s property right of its minimum essential content, the State has failed to pay the company the amount corresponding to the expropriation ordered specifically through Ley 5100 (...)”. Under that interpretation, the Constitutional Court established that the actions of the administrative authorities that included the property at issue in these proceedings within the boundaries of Parque Nacional Manuel Antonio, through Decreto Ejecutivo Número 11148-A of 15 February 1980, ratified by Ley 6794 of 25 August 1982, were the acts that consummated the taking (despojo) of the property from the respondent company, depriving it from that time onward of the enjoyment of the fundamental right to property enshrined in section 45 of the Constitución Política. This was even acknowledged by the public administration itself, through the Dirección Ejecutiva del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, in the report entitled: “Technical Justification to Be Considered in Determining the Actual Value of Real Property Recorded under Folio Real Nº 6-16766-000, Cadastral Plan Nº P-448727-1997, belonging to Desarrollos Playas de Manuel Antonio S.A., legal entity identification number CED126643, located within Parque Nacional Manuel Antonio” (emphasis added), which was issued in March 2011 and stated, insofar as relevant: “(...) The property was incorporated within the boundaries of PNMA through Decreto Ejecutivo Nº 11148-A (expanding the Park), on 15 February 1980; therefore, since that date, this portion of the property has been subject to the use restrictions established by the legal system (...) Historically, since the property was incorporated into PNMA, protection has been absolute because it is covered by mature primary forest and forest undergoing recovery; this circumstance consolidates the Park’s ecosystem in its recent use plans, including the Plan de Desarrollo Turístico Sostenible para el Parque Nacional Manuel Antonio y su Área de Influencia (...).
As follows from the preceding paragraphs, due to its forest cover (cobertura boscosa) and its topography, consisting of class VII and VIII lands (unsuitable for agricultural or livestock uses), the property was subject to restrictions even before its incorporation into the Park in 1980 and, under the use and the principle of irreducibility of the forest (principio de irreductibilidad del bosque), it has been subject to the use restrictions in effect since the enactment of the Ley Forestal in 1969, Ley 4465, articles 4, 6, 47, among others. It has therefore been subject to these restrictions since long before the declaration of public interest and before its incorporation within the boundaries of PNMA, where special legislation applies and imposes additional restrictions (...)” (Thus, folios 403, 410 and 411, emphasis added). Accordingly, this Court finds that the effective dispossession of the property occurred many years before the trial court formally placed the State in possession on 07 September 2010, since the historical circumstances of the property, as acknowledged by the Constitutional Court and by the administration itself in the cited report, attest that the effective deprivation of the property in question occurred when it was incorporated within the boundaries of Parque Nacional Manuel Antonio.
Although it is acknowledged that this occurred on 15 February 1980, the company accepts that returns be awarded from the publication date of Ley 6794 of 25 August 1982, which occurred on 27 December 1982; interest on the resulting difference between the administrative appraisal and the amount set in the judgment is therefore awarded from that time. The appealed decision is modified on this point.
XI.-) APPLICATION OF SECTION 17 OF THE LEY DE EXPROPIACIONES: The expropriated party seeks to have the judgment include, as part of the fair compensation (justiprecio) and pursuant to section 17 of the Ley de Expropiaciones, a total of 06 hectares that are not included in the expropriation decree, an issue which, it explains, remains under discussion in the administrative proceedings. This Court finds that section 17 of the Ley de Expropiaciones is not applicable to this case because it cannot be determined with certainty and on a reasoned basis that the specified portion of land is unsuitable for development under the terms established by the legal system; the evidence is wholly irrelevant in this regard. This is further confirmed by the fact that, in the administrative proceedings, the parties are discussing the possibility of expropriating the 06 hectares of land in order to incorporate them into Parque Nacional Manuel Antonio, as was acknowledged at the appropriate time by counsel for the expropriated party. Accordingly, this ground for appeal must be rejected.
XII.-) COSTS (COSTAS): In her appeal, counsel for the State requested reversal of the judgment with respect to costs. This ground for appeal cannot be sustained because it is clear that the expropriated party was compelled to resort to this judicial forum to protect its fundamental right to property and obtained a judgment granting its claims for compensation. Therefore, pursuant to section 221 of the Código Procesal Civil, the award of costs against the State must be upheld.
XIII.-) Pursuant to section 40 of Ley de Expropiaciones number 7495 of 03 May 1995, as amended, the Dirección General de Tributación is hereby ordered to be notified of this decision for action within its remit. The appealed decision is supplemented on this point.
POR TANTO:
The claimed nullity (nulidad) is denied. The following evidence offered during the oral hearing is admitted as evidence to assist the Court in rendering its decision (prueba para mejor resolver): 1) Certifications issued by the Registro Público de la Propiedad concerning the following certified copies of deeds executed before Notary Public Jorge Fallas Aguilar: A) at 16:00 hours on twenty-eight October nineteen eighty-one, included at folios 781 through 786 of the record. B) At 14:00 hours on eleven December 1981, included at folios 789 through 784 of the principal case file. 2) Certified copy of an inquiry made to the Ministerio de Hacienda concerning the land valuation maps for Cantón de Aguirre, updated as of 21 October 2009, included at folios 379 through 385 of the record. Judgment number 392-2013 at 08 hours on 28 February two thousand thirteen is modified as follows: a) The total amount that the State must pay as compensation to Desarrollos Playas Manuel Antonio Sociedad Anónima is set at ¢1.848.494.000 (one billion eight hundred forty-eight million four hundred ninety-four thousand colones). b) Interest is awarded on the resulting difference between the administrative appraisal and the amount awarded in the judgment, from 27 December 1982 until payment in full. c) The appealed decision is reversed insofar as it applied the indexation method (método de indexación) to the amount set as compensation. d) The Dirección General de Tributación is hereby ordered to be notified of this decision for action within its remit; the appealed decision is supplemented on this point. In all other respects, the judgment under appeal remains undisturbed.
Yazmín Aragón Cambronero Nombre159815 . Evelyn Solano Ulloa Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda Judgment Nº 400 -2013 at 15:00 hours on 05 July 2013
Proceso de Expropiación del Estado contra Desarrollos Playas Manuel Antonio S.A.
Sentencia N° 400-2013 TRIBUNAL DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, ANEXO A DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. Dirección01 , a las quince horas del cinco de julio del dos mil trece.- Diligencias de fijación del justiprecio en expropiación, tramitadas ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, bajo el expediente número 10-00336-1028-CA, promovidas por el Estado, en la persona de la Procuradora A, Laura Araya Rojas, vecina de Moravia, cédula CED483, soltera, abogada con carné número CED21712, contra: Desarrollos Playas Manuel Antonio S.A., representada por su mandataria especial judicial: María Gabriela Biolley Aymerich, cédula CED76724, abogada con carné número CED126642. Las personas citadas son mayores.-
RESULTANDO:
Redacta la Jueza Yazmín Aragón Cambronero, y
CONSIDERANDO:
I).- PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER: De conformidad con los artículos 148 del Código Procesal Contencioso Administrativo, en concordancia con el numeral 331 del Código Procesal Civil, por ser de relevancia a efecto de resolver los agravios debatidos, se admite con carácter de prueba para mejor resolver, únicamente la siguiente ofrecida durante la audiencia oral celebrada: 1) Certificaciones emanadas del Registro Público de la Propiedad , de los siguientes testimonios de escrituras otorgadas ante el Notario Público Jorge Fallas Aguilar: A) las 16:00 horas del veintiocho de octubre de mil novecientos ochenta y uno, agregada a los folios 781 al 786 de los autos. B) A las 14:00 horas del once de diciembre de 1981, agregada a folios 789 a 784 del expediente principal. 2) Copia certificada de consulta realizada al Ministerio de Hacienda, de los mapas para valoración de terrenos en el Cantón de Aguirre, actualizado al 21 de octubre del 2009, agregada de folios 379 a 385 de los autos.
II).- HECHOS PROBADOS: A efecto de resolver lo que en derecho corresponda, se sustituye el elenco de hechos probados por el siguiente:
IV.Agravios de la Representante del Estado : La señora representante del Estado, señaló durante la audiencia oral celebrada ante este Órgano Colegiado, que el Juzgador de Instancia, tomó el avalúo número AA-76-2007 y lo transmitió a la finca objeto de valoración en el presente proceso, lo cual no resulta conforme a la realidad de los inmuebles, por lo que estimó necesario realizar una descripción de ambas fincas, a efecto de evidenciar la diferencia existente entre ellas. Así señaló que de conformidad con el oficio SINAC-DE-238 de fecha 01 de marzo del 2011 (de folios 390 a 409 del expediente judicial), la finca que hoy se expropia, no es susceptible de explotación agrícola ni forestal, se trata de un fundo enclavado, cuyo único ingreso es por el Parque Nacional Manuel Antonio, lo que constituye una servidumbre ilegal. Además de conformidad con el artículo 7 de la Ley 5100, le están vedadas las construcciones y, la vista panorámica únicamente se presenta en un 15% del inmueble, ello por encontrarse rodeada de bosque que no puede ser talado, según es posible desprender del informe supra citado.
Por otra parte, la finca valorada en el peritaje AA-76-2007, cuenta con características totalmente diferentes, pues tiene salida a calle pública asfaltada hacia los linderos norte y sur, cuenta acceso a todos los servicios públicos, es cercana a centros educativos y oficinas públicas y privadas, está fuera del Parque Nacional. Las condiciones del uso del suelo son diferentes, en tanto que el bien objeto de la expropiación únicamente tiene utilidad de protección, ello por encontrarse dentro del Parque Nacional. Estima que al trasladar el peritaje indicado, sin analizar las diferencias, se violentaron no solo los principios de razonabilidad y proporcionalidad, sino también el de reparación integral del daño, pasando a convertirse en un enriquecimiento indebido, al otorgarle igual plusvalía a bienes con condiciones disímiles, sin realizar ajuste alguno y, sin que resulte dable pensar que la simple observación constituya un parámetro objetivo.
Aduce que el fallo debió analizar profundamente ambas comparaciones, para verificar la factibilidad de ese ajuste de valor, pues existen condiciones que impiden la aplicación análoga. Por otra parte indica, que la sentencia puntualizó una ecuación matemática y aplicó una fórmula indexatoria, del 31 de julio del 2007 al 27 de febrero de 2013, sin explicar el método; además considera que resulta improcedente, pues no fue debatido y la parte no lo solicitó. La sentencia, argumenta, descarta la valoración administrativa por carecer el informe de las operaciones técnicas realizadas y los principios científicos aplicados, desconociendo que ello se aportó en escrito de fecha 19 de enero de 2011, por lo que la experticia administrativa cumple con los parámetros requeridos por el ordenamiento jurídico. Estima que el peritaje del Ing. Nombre161173 , no se conforma con los presupuestos que establece la ley, por lo que debe ser descartado, tal y como acertadamente lo indica el juez y, se confirma en el oficio número SVA-043-11 del 11 de junio del 2011, visible a folios 526-531 del expediente, en el que se señalan las deficiencias del peritaje rendido, señalándose su falta de confiabilidad.
El informe del tercer perito en discordia, es descartado parcialmente por el juzgador, atendiendo lo señalado por la Dirección de Tributación, en oficio visible a folios 678 a 686, por no cumplir con los requerimientos mínimos para un avalúo. Concluye que ninguno de los peritajes judiciales cumplió a cabalidad con lo ordenado en la Ley de Expropiaciones, mientras que, la experticia administrativa se ajusta a derecho y al mérito de los autos, por lo que solicita se disponga como justiprecio el fijado en el avalúo administrativo, revocando lo relativo al pago de las costas e intereses por improcedentes.
IV).- Agravios de la representante de la parte expropiada: La señora representante de la sociedad demandada, por su lado, estima que la sentencia está plagada de vicios que devienen necesariamente en la declaratoria de nulidad de la misma, pues a la hora de valorar el inmueble no utiliza la normativa que corresponde en los usos y prácticas de valoración del país. Aduce, que la indemnización debe responder al valor de sustitución de la cosa expropiada, de manera que resulte suficiente para adquirir otro bien en condiciones análogas, según lo ha establecido la jurisprudencia vinculante de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Por otra parte señala que, no se hace uso del valor de mercado, aún y cuando existe prueba emanada del Colegio de Ingenieros Agrónomos, denominada "Régimen de Valoración por Mercado", que establece estas reglas; considera que, ni el perito de Tributación ni el tercero en discordia y tampoco el juez, hicieron uso de esta jurisprudencia, ni de los procedimientos de valoración por mercado emanados del citado ente corporativo, razón por la cual el fallo resulta nulo.
Argumenta que el Plan Director Urbano del Cantón de Aguirre, ubica el bien en la zona urbana del Cantón, en el Corredor Turístico Manuel Antonio, el cual en su artículo 88 establece la localización de manera concreta de este corredor, desde el centro de Quepos hasta la Playa Manuel Antonio, en tanto que el numeral 109, lo ubica desde el Centro de Quepos hasta la Playa Espadilla. Aduce, que los usos autorizados en esta zona son todos, sin que existan límites máximos para un desarrollo residencial u hotelero, en tanto, el plan regulador permite construir hasta en un cincuenta por ciento de la cabida del bien; razones por las cuales no existe duda de que el bien se ubica en la zona urbano turística del Cantón de Aguirre. Lo anterior, considera, toma interés a efecto de determinar la fecha de adquisición del inmueble, lo que debe tenerse como hecho probado, además de la data en la que el inmueble ingresó a formar parte del Parque; así el bien fue adquirido el 28 de octubre de 1981 y su inclusión en el parque se da por Ley 6794 de 27 de diciembre de 1982.
Argumenta que, a la hora de dar valores menores a los del mercado y tener en cuenta la situación de la propiedad con todas las limitaciones del área ubicada dentro del parque; debe estimarse que el artículo 45 de la Constitución Política, establece que las únicas limitaciones a la propiedad se deben dar por ley, no es posible tener por impuestas las mismas mediante actos administrativos. Es en la anterior ley en donde se amplía el Parque Nacional que se establecen las limitaciones al margen de la finca hasta el 2010, cuando se anota la declaratoria de utilidad pública. Estima que, con el monto del avalúo administrativo no es posible adquirir otro bien semejante en la zona de Quepos, donde es interés de la parte permanecer. Aduce que el juez de manera lógica, utilizó el valor que la administración le dio al otro fragmento de la finca hoy expropiada, sin que resulte cierto que el inmueble tenga características diferentes al bien hoy expropiado; el perito realizó el reconocimiento de campo de toda la finca el mismo día, dando una valoración diferente al área dentro del parque y otra para la que se encuentra fuera del parque, a folio 349, el perito en sus anotaciones señala : "terreno igual al de las 18 hectáreas" .
Sin embargo, considera, que el avalúo no se corresponde con el valor real de bien. Indica, que no se trata de un fundo enclavado, el mismo tiene acceso por la carretera, en realidad se trata de un finca que colinda con la zona marítimo terrestre, por donde transcurre la carretera Quepos-Manuel Antonio; resulta falso que se requiera de una servidumbre para acceder al inmueble, el que cuenta con aproximadamente 300 metros de frente por el cual se da acceso a la finca. El juez no tomó en cuenta las valoraciones del Órgano de Normalización Técnica. Estima que el único peritaje que reúne los requisitos del artículo 22 de la Ley de Expropiaciones, es el rendido por el ingeniero Nombre161173 , que es el que menos lesiona los intereses de su representada, mismo que no fue objetado por la Procuraduría. Solicita se aplique el índice subyacente de inflación, al peritaje del Ing. Nombre161173 , que establece el Banco Central de Costa Rica, el cual incluso ya fue utilizado por el propio Estado, al actualizar el avalúo administrativo de la finca objeto de las presentes diligencias.
En lo relativo a los intereses, considera que el fallo viola el artículo 45 de la Constitución Política y el 11 de la Ley de Expropiaciones, pues otorga intereses a partir del acto formal de puesta en posesión relizado en el mes de setiembre del 2010, cuando lo cierto es, que desde la promulgación de la Ley 6794 del 27 de diciembre de 1982, se vació el contenido de todos y cada uno de los atributos de la propiedad, tal y como lo declaró la Sala Constitucional en Voto Nº 5302-99 de las 17 horas y 18 minutos del 07 de julio 1999, en el que se ordenó al Estado dar inicio de inmediato a los trámites de expropiación, sin embargo, le tomó 11 años iniciarlos, por lo que solicita se le otorguen intereses desde la promulgación de la ley, fecha desde la cual el Estado de hecho tomó posesión del inmueble y, subsidiariamente pide se otorguen intereses desde la fecha del dictado del voto de la Sala Constitucional.
Solicita se mantenga la condenatoria en costas, dada la necesidad que han tenido de realizar múltiples trámites a efecto de lograr la expropiación. Agregó que existen seis hectáreas que no se encuentran incluidas dentro del decreto expropiatorio, el que sólo incluyó las 18 hectáreas 4849.38 metros cuadrados, que se indican en el plano número P-448727-97 , agregando, que en el artículo 17 de la Ley de Expropiaciones establece la competencia del juez para fijar una valoración por la zona que ha sido excluida por el decreto expropiatorio, aspecto que el juez no resolvió y que según indica la torna en incongruente. Aclara que la parte faltante está en discusión en sede administrativa.
V).- SOBRE LA GESTION DE NULIDAD FORMULADA POR LA EXPROPIADA: De conformidad con el numeral 197 del Código Procesal Civil, la nulidad únicamente debe declararse en aquellos casos en los que la actividad procesal defectuosa, sea de tal magnitud que provoque un vicio esencial para la ritualidad o marcha del procedimiento, que incida de manera directa en el derecho de defensa de las partes o bien, en el curso normal del procedimiento; siempre que no resulte posible reponer el trámite o corregir la actuación; pues en esta materia debe estarse a lo dispuesto en el principio doctrinario de que no existe la nulidad por la nulidad misma. En el caso de marras, la señora representante de la sociedad expropiada, estima que el fallo se encuentra plagado de vicios que comprometen su validez al punto de solicitar se proceda a declarar su nulidad, básicamente aduce que el a quo no utilizó la normativa que corresponde en los usos y prácticas de valoración del país, como lo es " El Régimen de Valoración de Mercado"; además de que se violentó la jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la que de manera vinculante ha establecido que la indemnización en materia expropiatoria debe responder al valor de sustitución de la cosa expropiada.
Estima este Órgano Colegiado, que el agravio de nulidad formulado no resulta de recibo, toda vez que de una detallada revisión del fallo, es posible determinar que el señor juez de instancia, realizó una adecuada valoración de los peritajes rendidos en autos, estableció los motivos por los cuales consideró que el valor fijado en el avalúo administrativo no se adecuaba al principio del justo precio y procedió a fijar la indemnización dentro de los parámetros previstos en el artículo 40 de la Ley de Expropiaciones, norma que establece en lo que resulta de interés: "(...) Todas las pruebas, incluido el informe del perito, serán apreciadas por el juez en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica racional y tomando en cuenta los criterios del artículo 22 de esta Ley. Para ello, el juez podrá apartarse de los dictámenes periciales o de cualquier otra prueba, con tal de revisar el avalúo administrativo.(...) En ningún caso, el monto de la indemnización podrá exceder de la suma mayor estimada en los avalúos.(...)".
La transcripción parcial de la norma, deja en envidencia en primer término que la valoración de la prueba (incluyendo la técnica), en el proceso expropiatorio se debe de realizar conforme a las reglas de la sana crítica, dándose la libertad al juzgador de separarse de los dictámenes periciales, si estima de manera fundada que los mismos no se conforman con el principio de justo precio, objeto mismo de las diligencias expropiatorias de conformidad con lo dispuesto en los numerales 45 de la Constitución Política y 01 de la Ley de Expropiaciones. En segundo lugar, en esta materia no existe una prueba tasada que obligue al juzgador a aplicar un único método de valoración a efecto de determinar el monto de la indemnización. En tercer término, la ley establece al juzgador una sola limitación para al fijar el justiprecio, no exceder el monto máximo fijado en los avalúos, aspecto que se constituye el límite superior que podrá estimarse en sentencia, así como tampoco puede transgrederse en el límite inferior otorgado en los peritajes.
La sentencia recurrida permite conocer de manera razonable los motivos que llevaron al a quo a fijar al monto de la indemnización, sujetándose como ya se dijo a las normas que rigen la materia. Si bien ninguna de las partes se conformó con el justiprecio fijado, este es un aspecto que se discute en segunda instancia y que es posible revisar por vía de los agravios de fondo formulados contra lo resuelto y que de ninguna forma se yergue como un motivo de nulidad del fallo. Finalmente es de observar, que el valor de reposición del bien dentro de los procesos expropiatorios se encuentra limitado a los valores máximo y mínimo fijados en los avalúos que prevee el ordenamiento jurídico, lo que también constituye un agravio de fondo revisable en segunda instancia con las limitaciones fijadas en la ley. No estima esta Cámara que el fallo recurrido transgreda de manera grosera la jurisprudencia vinculante de la Sala Constitucional referente al valor de reposición del bien, pues los fallos del Órgano Constitucional en la materia no se deben aplicar de manera independiente a los límites impuestos por el legislador en el artículo 40 de la Ley supra citada. En conclusión, no existen motivos de nulidad que invaliden el fallo y por tanto se rechaza el agravio esgrimido.
VII.Sobre la indemnización.- Otro aspecto a considerar es que la potestad estatal para expropiar un bien - para que sea constitucionalmente válida- está condicionada a que el patrimonio de su propietario quede indemne, es decir sin daño, de ahí la especial protección que el legislador dispuso al establecer el juicio sumario sobre el justo precio. La indemnización es una compensación económica debida por el sacrificio impuesto al propietario en el interés público, e importa restituir íntegramente al propietario el mismo valor económico de que se le priva y cubrir además los daños y perjuicios que sean consecuencia de la expropiación. Esta debe ser justa y previa, por ello debe de comprender el pago del valor objetivo del bien expropiado, los daños y perjuicios causados directa o indirectamente por el desapoderamiento, manteniendo económicamente incólume el patrimonio del expropiado. En protección al propietario y de acorde al numeral 45 de la Constitución Política el numeral 30 de la Ley Expropiaciones regula acerca un proceso especial de expropiación en el que sólo se discutirá asuntos relacionados con la revisión del avalúo administrativo del bien expropiado, para fijar el monto de la indemnización y en cual en este tipo de diligencias lo único que es posible discutir es el justiprecio del bien objeto de la limitación y mediante el cual el juez competente nombra un perito judicial para que realice el estudio; incluso se puede nombrar a petición de alguna de las partes un perito tercero en discordia para que realice el avalúo correspondiente.
Si bien los artículos cuestionados se refieren a un proceso sumario para establecer el monto de la indemnización sea justa, éste debe de entenderse que con la indemnización justa se perfecciona la expropiación, por cuanto se transfiere el dominio a la administración mediante un acto administrativo que establece las características del bien y el pago de la indemnización justa. Las tres condiciones deben de concurrir para que válidamente quede perfeccionada la expropiación (...) lo pretendido en el proceso especial establecido en los artículos citados, es la satisfacción de las pretensiones económicas del propietario, las cuales se dirigen a que se le pague un precio justo por la limitación que se le impone a su propiedad y obedece a la naturaleza del proceso dentro del cual se establece el monto de indemnización a pagar por la administración (...) En ese sentido es importante aclarar que el objeto y fin de este procedimiento sumario a nivel de los tribunales de justicia, es el de revisar el avalúo administrativo, con el fin de establecer y fijar el monto final de la indemnización a cancelar a favor del expropiado, sea, solo se pretende discutir el precio justo del bien objeto de la expropiación, no así "revisar" el procedimiento administrativo de expropiación, tal y como lo pretende plantear erróneamente el accionante y para lo cual indica se viola el debido proceso (...)" (énfasis agregados; en idéntico sentido, véase la sentencia Nº 8015 de las dieciséis horas con veinticinco minutos del veintiuno de julio del dos mil cuatro).
El anterior precedente, que por cierto resulta vinculante para todas las autoridades públicas, a tenor de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, define con absoluta claridad el contenido del artículo 45 de la Carta Fundamental, en punto al tema de la expropiación, y fija los principios básicos por los que debe regirse el trámite administrativo y judicial de ésta.- De ellos se desprende lo siguiente: a) que la Administración debe restituir al propietario, el mismo bien o derecho de que se le priva, junto con los daños y perjuicios ocasionados, que sean consecuencia del despojo; b) que la indemnización debe ser justa y previa y debe comprender el valor objetivo del bien; c) que las diligencias judiciales tienen por objeto, únicamente, discutir el justo precio por ese desapoderamiento, esto es, definir el monto definitivo de la "indemnización"; y d) que ese justiprecio será siempre el valor actual de lo expropiado.- Lo expuesto completa el contenido constitucional del derecho de propiedad y no puede ser desconocido por esta autoridad, la que en todo caso, concuerda en un todo con esos postulados.- Además, es lo cierto que esa es la posición asumida por los diversos órganos de esta Jurisdicción especializada, desde hace muchos años, y que se mantiene hasta la fecha.- Así, la Sala Primera de la Corte, en su conocida sentencia 166-F-92, de las dieciséis horas veinte minutos del dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y dos, que en lo que interesa indicó:
“XIX.- La indemnización constituye la piedra angular de la expropiación. El expropiado tiene derecho a la reparación integral, sea al equivalente económico comprensivo del valor real del bien o derecho expropiado, y del daño consecuente (emergente y lucro cesante) de la privación de su propiedad. Se trata de mantener así un equilibrio de valores, pues si éste fuera roto, en detrimento del expropiado, se produciría una confiscación. Si falta la indemnización se estará en presencia de otras instituciones (comisos, confiscaciones, limitaciones de interés social, etc.). Se puede definir como una técnica de conversión de derechos para mantener incólume el patrimonio del propietario: el valor del bien o derecho expropiado, y el daño es sustituido por su valor económico o monetario. Por ello la idea rectora de la expropiación la constituye el principio de dejar el patrimonio del expropiado en un estado igual al precedente a la privación, mediante una conversión, conmutación o sustitución de valores (valor de los bienes expropiados por un valor equivalente en dinero).
La causa de la indemnización expropiatoria está en la necesidad de dejar el patrimonio del expropiado indemne, y no en la producción de un daño por conducta lícita, ya que la expropiación es una actividad administrativa deliberadamente orientada al despojo. La indemnización se justifica, igualmente, en cuanto la expropiación es una contribución especial que impone un sacrificio. Rompe con el principio de igualdad ante las cargas públicas. Por ésto debe restablecerse el equilibrio patrimonial del administrado. Como se ve la indemnización no es un precio, es decir, la contraprestación de una relación de cambio que representa el valor monetario de un bien cuya propiedad se transmite de un sujeto a otro. Indemnizar es eximir de todo daño y perjuicio a través de un resarcimiento cabal, el cual no se logra si alguno de ellos persiste, y hay desmedro. Es restablecerle a una situación similar a la anterior.
La indemnización es consustancial, o inherente, a la expropiación, es decir es un requisito sine qua non para su funcionamiento. Hay un nexo inescindible entre ambas instituciones. No hay expropiación sin indemnización. Toda expropiación genera el deber de indemnizar de manera previa (Ubi expropriatio ibi indemnitas)... XX.- La indemnización debe ser previa. Su naturaleza jurídica está determinada por ese carácter. Lo previo se ha erigido en uno de los presupuestos de legitimidad del ejercicio de la potestad expropiatoria. Es un presupuesto de validez y eficacia. El desapoderamiento sin indemnización previa constituye una expropiación de hecho o una confiscación. La justificación de esa característica surge de la imperiosa necesidad de no diferir o prolongar indefinidamente en el tiempo el empobrecimiento patrimonial generado por la expropiación. Si la indemnización es postergada a un momento ulterior al de la privación, el expropiado estará financiando u otorgando créditos forzosos, lo cual resulta inadmisible en función del principio de igualdad ante las cargas públicas, el carácter de previo, entonces, está referido a su oportunidad y no a su contenido y debe serlo, consecuentemente, en relación a la transmisión del dominio...
XXI.- Es por esto explicable como uno de los recaudos constitucionales básicos para la viabilidad de la expropiación es la condición de indemnización "previa". No puede haber pérdida de la propiedad y su correlativa transmisión al expropiante en tanto no se haya fijado y pagado la indemnización. Con las salvedades establecidas en la constitución, de guerra o conmoción nacional. El carácter previo de la indemnización explica como hasta tanto no se pague la indemnización no existe transmisión del dominio. XXII.- La indemnización debe ser justa. Esto trae a colación su objetividad y plenitud. Justa en cuanto debe mantener intacto e incólume el patrimonio del expropiado, mediante la conversión de derechos (sustituyendo el valor de un bien o derecho por su equivalente monetario), y debe fundarse en criterios objetivos, pues debe reconocerse el valor en plaza o de mercado (común de mercado), al contado, o en términos equivalentes, como si fuere entre un comprador deseoso de comprar y un vendedor deseoso de vender, ambos informados del negocio, y sin obligación de hacerlo.
Es el mismo concepto de valor objetivo, actual o venal, incluso de valor equitativo en plaza, consecuentemente la indemnización será injusta si es meramente simbólica o irrisoria. Se trata de un "valor de reposición" en sustancia, sea el que permita adquirir un bien análogo al perdido con el desapoderamiento, quizá no en el mismo sitio -si se trata de inmuebles-, por ser ello imposible materialmente, sino en cualquier otra parte. El valor de reposición es la posibilidad que se le brinda al expropiado de adquirir una cosa similar, tratase entonces de una reposición de valores y posibilidades y no de la misma cosa, por ser ello un absurdo (V. Sala de Casación Nº 92 de las 14 horas 45 minutos del 7 de octubre de 1970). Así el expropiador deberá indemnizar el valor venal (de mercado) actualizado al momento de la sentencia definitiva. Consiste en el valor real de un bien sujeto al libre criterio de la oferta y la demanda, con todas las formas de oscilación que repercuten como consecuencia de la inflación o deflación, en ese momento.
La indemnización expropiatoria debe representar el equivalente económico del sacrificio, y está orientada al pleno reintegro de su patrimonio. Si equilibra los derechos del expropiante y del expropiado, el segundo debe obtener, y el primero debe satisfacer, una reparación plenaria por la pérdida de la propiedad. También se le denomina "justiprecio", pues ese concepto es inherente a la idea de equilibrio económico y relación conmutativa. Justa obliga a ser rigurosamente objetiva: supone apreciar externamente el valor de lo sacrificado y de los daños consecuentes, como tales, sin intercalar apreciaciones de índole subjetiva. En términos sencillos, la indemnización justa significa indemnizar conforme a la ley (secundum ius)... XXIII.- La indemnización debe ser integral. El patrimonio del sujeto pasivo debe quedar indemne. Una expropiación sin indemnización equitativa constituye una confiscación.
La integralidad supone una indemnización del valor real -efectivo- (actual en plaza o de mercado) del bien (incluidos sus accesorios) y todos los daños, desmerecimientos y erogaciones consecuentes de la desposesión, quántum que se determina en la tasación. Se dice plena en cuanto debe haber una conversión del derecho de propiedad en su equivalente económico. La indemnización no puede ser fuente de ganancia o riquezas, sólo de reparación integral del valor de lo expropiado y del daño consecuente, es decir, no puede constituir un medio de otorgar lucros a expensas de la comunidad.” El mismo fallo, más adelante, expresa con absoluta claridad lo siguiente:
“XXV.- El momento del cálculo o tasación de la indemnización es de vital importancia, por la influencia de los procesos inflacionarios o deflacionarios, la devaluación de la moneda, la mutación del valor de los bienes en el mercado, el tiempo de los procesos judiciales, y la falta de concomitancia entre su fijación y la privación. Si la expropiación tiende a equilibrar la situación anterior con la posterior al acto ablatorio no puede subestimarse al momento de la tasación de la indemnización. Al respecto, la doctrina ha trazado varias pautas:
VII.En el caso concreto, en principio el inmueble objeto de las presentes diligencias, se incorporó dentro de los límites del Parque Nacional Manuel Antonio, mediante Decreto Ejectutivo Nº1148-A del 15 de febrero de 1980, momento a partir del cual se le aplicaron las limitaciones de uso establecidas por el ordenamiento jurídico, el que fue ratificado por la Ley 6794 del 25 de agosto de 1982. Sin embargo, no es sino, con el fallo dictado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en voto número 5302-99 de las 17:18 horas del 07 de julio de 1999, (diecinueve años más tarde de la imposición de las limitaciones mediante decreto), que se obliga al Estado a cumplir a la mayor brevedad con el proceso de expropiación. No obstante lo anterior, el primer informe de la Administración Tributaria de Puntarenas, número AA-75-2007, data del 31 de julio de dos mil siete, el que fue actualizado mediante avalúo número AA-124-2008 de 11 de noviembre de 2008 del mismo órgano administrativo, (nueve años después de dictada la resolución de la Sala Constitucional supra citada).
Las diligencias de expropiación se interpusieron el 13 de abril del año 2010, un año y cinco meses después de fijarse el precio del bien en sede administrativa; a lo cual cabe agregar que desde entonces, se está discutiendo, mediante la designación de los peritos que manda el ordenamiento, el valor del inmueble que interesa al Estado, bien que según se acredita en autos, desde la resolución de la Sala Constitucional 5302-99, ya referida, se vació en su contenido a partir de la Ley 5100 del 13 de noviembre de 1972, publicada en la Gaceta Número 223 del 23 de noviembre siguiente, señalando el Tribunal Constitucional en lo que es de interés: " (...), se concluye que Desarrollos Manuel Antonio Sociedad Anónima está imposibilitado jurídicamente por la Ley 5100 y administrativamente por la acción de las autoridades del Ministerio de Ambiente y Energía, para hacer libre uso de su propiedad. A pesar de que las limitaciones impuestas al inmueble en cuestión vacían de su contenido mínimo esencial el derecho de propiedad que le corresponde a la empresa, el Estado ha omitido cancelar a favor de ésta el monto correspondiente a la expropiación ordenada precisamente mediante la Ley 5100 (...).
Dado el carácter reparador de los pronunciamientos de la Sala Constitucional, se ordena al Ministerio del Ambiente y Energía, al Tribunal Fiscal Administrativo y demás órganos competentes en la materia, ejecutar con celeridad y diligencia las acciones necesarias para cumplir a la mayor brevedad posible con el procedimiento de expropiación (...)" . No obstante lo anterior, se ha insistido por parte de la señora Procuradora, en que el Estado sólo debe pagar lo que determinó la oficina del Ministerio de Hacienda en noviembre del 2008, lo cual carece en lo absoluto de fundamento, no sólo por la tardanza en extremo patológica a la que se ha visto expuesta la sociedad demandada, para ver resarcida la indemnización que la Constitución y la Ley le garantizan; sino porque además, los principios que derivan del derecho fundamental a la propiedad privada, obligan a que el justo precio, como ya se ha indicado, resulte el más cercano al fijado en la sentencia definitiva.
Razones por las cuales, este Tribunal debe rechazar la pretensión principal del recurso interpuesto por el Estado, de que se fije como justo precio el determinado por el avalúo administrativo en el año 2008, el cual a todas luces resulta desactualizado y alejado del valor real del bien objeto de las presentes diligencias; el que, se debe adelantar, no puede ser castigado en su valoración, por su ubicación dentro de los límites del Parque Nacional Manuel Antonio, pues ello obedeció al ejercicio de potestades públicas, derivadas del artículo 45 Constitucional, que no deben afectar el pago del justo precio, derivado de la privación forzosa del bien.
VIII). A efecto de determinar el justo precio que corresponde por concepto de indemnización en las presentes diligencias de expropiación, es menester detallar las características propias del inmueble objeto de éstas, ya que, la señora representante del Estado, ha insistido en sus agravios ante este Órgano Colegiado, que resulta necesario distinguir entre las características del bien objeto del avalúo número AA-76-2007, el que básicamente valoró el remanente de la finca número 16766-000 y que fue tomado como parámetro por el juez de instancia en la determinación del valor del inmueble objeto de las presente diligencias, pues se trata según entiende la recurrente, de bienes disímiles en sus condiciones. Este Órgano Colegiado, luego de analizar los elementos probatorios que constan en autos, llega a la conclusión que en la especie, la finca con matrícula número Placa11532, corresponde a la unidad inmobiliaria de 499.305.18 metros cuadrados, de la cual se segregará en su oportunidad, el lote de 18 hectáreas 4.849.38 metros cuadrados a efecto de destinarlo al fin público indicado, de tal manera que no resulta posible distinguir en este momento las condiciones del bien que se ha de segregar, con las de la finca madre de la cual hasta la fecha forma parte, puesto que no es sino con la sentencia que se dicta en las presentes diligencias, que se procede a ordenar su inscripción a nombre del Estado, autorizándose a su notaria a la protocolización de piezas correspondientes, en tanto esto no ocurra es lo cierto que se trata de un único bien, cuyo remanente continuará perteneciendo a la entidad expropiada; por lo que no resulta dable indicar que el avalúo AA-76-2007, que valoró esta porción de terreno que no será expropiada y que fijó el valor unitario del metro cuadrado en ¢70.000.00, hubiere tomado en consideración características totalmente disímiles a la porción expropiada.
Del reconocimiento judicial practicado por este Tribunal, así como del testimonio del ingeniero José Luis Palacios Alvarado, no cabe duda que la finca citada cuenta con todos los servicios públicos y acceso directo a carretera, además de una excelente vista panorámica en gran parte de su territorio (reconocida en los diferentes peritajes), la que gracias a las medidas de conservación adoptadas que han permitido una regeneración del bosque, a la fecha del reconocimiento efectuado por esta Cámara, interfería con la vista hacia el Océano Pacífico. Si bien la porción que se expropia se incorporó dentro de los límites del Parque Nacional Manuel Antonio, desde el Decreto Ejecutivo Nº 1148-A del 15 de febrero de 1980 y la Ley 6794 del 25 de agosto de 1982 (publicada el 27 de diciembre de ese año) y, con ello se establecieron una serie de limitaciones que vaciaron el contenido esencial del derecho de propiedad, esta condición que excede este derecho fundamental, no puede convertirse en obstáculo para indicar, que las características de área de conservación del terreno a expropiar, incidan de manera negativa en la valoración del bien.
Es de observar el hecho, de que el Ingeniero Palacios Alvarado, realiza el reconocimiento de campo en la totalidad de la finca el día 25 de junio del 2007, dando como resultado dos valoraciones sobre un mismo bien, por un lado el avalúo número AA-75-2007, fija el valor de la hectárea en ¢14.000.000.00, esto sobre una porción de terreno de 18 hectáreas 4.849.38 metros cuadrados; en tanto que en el avalúo AA-76-2007, fija el valor por hectárea en la suma de ¢70.000.000, ello sobre el remanente de 10 hectáreas 9419.02 metros cuadrados; lo anterior tomando como base para la valoración, una localización idéntica aproximadamente a 2.8 kilómetros de la Escuela de Manuel Antonio, hacia Espadilla, y con una condición de uso del terreno coincidente, así se señaló en ambos avalúos: "(...) Esta finca tiene una excelente vista panorámica, dada su altura y cercanía a la playa. Según el mapa de capacidad de uso de la tierra, los suelos de esta finca se clasifican como clase VIII, de acuerdo con esta clasificación, estas tierras no reúnen las condiciones mínimas para actividades de producción agropecuaria o forestal alguna.
Las tierras de esta clase tienen utilidad solo como zona de preservación de flora y fauna, protección de áreas de recarga acuífera, reserva genética y belleza escénica. (...)" ( Así avalúos: AA-75-2007, folio 448 y AA-76-2007, folio 367, ambos del expediente judicial). En razón de lo anterior no resulta de recibo el agravio, expuesto por el Estado, en el sentido de que debe diferenciarse entre las condiciones de la finca madre y el terreno que será segregado a fin de cumplir con el fin público de integrarlo como parte del Parque Nacional Manuel Antonio, pues como se ha indicado hasta la saciedad, se trata de una unidad inmobiliaria, que como tal debe de ser valorada, por lo que el juez de instancia no infringió los principios de razonabilidad y proporcionalidad, al trasladar el valor fijado por la administración en el avalúo AA-76-2007 al bien expropiado. También lejos de ello está estimar que con la valoración otorgada en primera instancia de ¢70.000.000 la hectárea, provoque un enriquecimiento sin causa para el expropiado, pues se trata de un valor que reconoció la administración en el año 2007, (hace ya seis años) y que a todas luces resulta desactualizado y no conforme con el principio de justo precio, al que alude el artículo primero de la Ley 7495.
No obstante ello, considera este Órgano Colegiado, tampoco resulta de recibo la pretensión de la entidad expropiada, de otorgar el monto fijado por el perito Nombre161173 , quien dividió el valor unitario del metro cuadrado en dos categorías: a) para la sección con vista panorámica con un área de 167.436.57 m2, la suma de ¢45.000.00 y b) La sección sin vista panorámica de 17.412.81 m2, la suma de ¢9.000.00. Estima este Tribunal que aún y cuando la vista panorámica, en este caso hacia el Océano Pacífico, es un factor valorizante de los inmuebles ubicados cerca del litoral, en los que su principal desarrollo lo constituye la actividad turística; en el caso de estudio la finca no tiene las condiciones de uso del suelo que permitan a sus propietarios un desarrollo de esta índole, pues es un hecho que el bien se encuentra afectado por limitaciones que impiden su explotación incluso antes de la ley 6794 del 27 de diciembre de 1982, por lo que se trata de un factor que no puede considerarse como determinante para establecer una diferencia tan marcada entre una zona y otra; el propio perito así lo reconoce al señalar en su experticia: "(...) La zona donde se ubica la finca valuada presenta una alta deseabilidad por la ubicación y vistas panorámicas al océano que ofrece, de manera que si no tuviera las limitaciones que le impone la ley su valor debería equiparse con su entorno.
(...)" (folio 169 del expediente principal). Es un hecho que los suelos del bien a expropiar, se clasifican como de Clase VIII, por lo que su utilidad única es de zona de preservación de flora y fauna, protección de áreas de recarga acuífera, reserva genética y belleza escénica; factores todos muy relevantes en la protección de los recursos naturales que han caracterizado a nuestro país en las últimas décadas y, que merecen una indemnización que cumpla con los principios supra citados, mas sin embargo no resulta posible equiparar el precio del terreno al de aquellos inmuebles que cuentan con las condiciones legales necesarias para su explotación turística o comercial, que paradójicamente se ubican dentro del mismo corredor turístico de Nombre161172 en el Cantón de Aguirre y en este sentido se coincide con el juez de instancia, en que no es dable equiparar estos valores. En consideración con lo expuesto, se estima que dadas las especiales condiciones del inmueble y en aplicación de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, debe estimarse el valor por hectárea en la suma de ¢100.000.000, por lo que se fija el monto total de la indemnización que deberá cancelar el Estado por el terreno expropiado en la suma de: ¢1.848.494.000 (mil ochocientos cuarenta y ocho millones cuatrocientos noventa y cuatro mil colones), con lo cual se modifica el valor fijado en la sentencia recurrida por concepto de justiprecio.
El juez en su sentencia, estimó que dada la vieja data del avalúo administrativo, resultaba necesario proceder a indexar el monto reconocido por la administración, indicando que procedía a aplicar la fórmula indexadora del 31 de julio del 2007 al 27 de febrero del 2013, aclarando que la aplicación del método lo era sólo para determinar el valor por hectárea en este momento, según el voto número 166-F-92 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. La señora representante del Estado, en este extremo ha indicado, que no sólo no fue solicitado por la partes la indexación, sino que además en este caso ni siquiera se explicó cual fue el método indexatorio utilizado. Por su parte la apoderada judicial de la empresa expropiada, señala que debe indexarse la suma otorgada en sentencia, conforme al Índice Subyacente de Inflación establecido por el Banco Central de Costa Rica, el cual ya se utilizó por el perito administrativo al actualizar su avalúo.
En este extremo, considera este Órgano Colegiado, que no procede aplicar la indexación al monto fijado en sentencia, tómese en consideración en primer término que, aún y cuando los entonces representantes de la parte expropiada, al apersonarse a los autos expresamente pidió: " (...) También se reclama la indexación que haya padecido el inmueble al deteriorarse la moneda costarricense. (...)." (folio 156); es lo cierto que en el presente proceso existe prueba técnica pericial y valoraciones de la Municipalidad de Aguirre, que permiten al Juzgador determinar el justo precio, de manera razonablemente fundada al momento de dictar sentencia, resulta claro que el valor asignado por concepto de indemnización, no se corresponde con el que tenía la finca en el año de 1982 y tampoco con el fijado por la administración el año 2007, sino que se tomó en consideración para su valoración las condiciones actuales de la finca tales como: los servicios con los que hoy cuenta, su ubicación en una zona con amplio desarrollo turístico y su naturaleza, tomando en cuenta estos factores es que se estimó el precio a cancelar por el Estado.
Además la Ley 7495 establece en su numeral 11 el reconocimiento de intereses legales, a partir de la desposesión del bien, lo cual implica la inclusión del elemento indexatorio. Esto significa que reconocer indexación e intereses, es un doble pago no admitido por el ordenamiento jurídico. Razones por las cuales, se revoca la resolución recurrida, en cuanto reconoció indexación sobre el monto fijado para el valor de la hectárea en sentencia, en su lugar se rechaza la solicitud de indexación formulada por la parte expropiada.
X).- SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES: En lo referente al pago de intereses la señora Procuradora manifiesta que en este extremo debe ser revocada la sentencia, pues de fijarse la indemnización en lo reconocido por el avalúo administrativo, no existe diferencia que permita reconocer su pago. Agravio que no resulta de recibo puesto que de acuerdo con los considerandos anteriores efectivamente, se ha fijado en esta vía un monto de indemnización mayor al otorgado en sede administrativa, lo que obliga de conformidad con el numeral 11 de la Ley 7495 a reconocer intereses sobre la diferencia resultante entre el avalúo administrativo y lo otorgado en sentencia. Por otra parte, la señora representante de la sociedad demandada señala en lo relativo a los intereses, que el fallo viola el artículo 45 de la Constitución Política y el 11 de la Ley de Expropiaciones, pues otorga intereses a partir del acto formal de puesta en posesión realizado en el mes de setiembre del 2010, cuando lo cierto es, que desde la promulgación de la Ley 6794 del 27 de diciembre de 1982, se vació el contenido de todos y cada uno de los atributos de la propiedad, tal y como lo declaró la Sala Constitucional en Voto Nº 5302-99 de las 17 horas y 18 minutos del 07 de julio 1999, en el que se ordenó al Estado dar inicio de inmediato a los trámites de expropiación, por lo que solicita se le otorguen intereses desde la promulgación de la ley, momento desde la cual el Estado de hecho tomó posesión del inmueble y, subsidiariamente pide se le otorguen desde la fecha del dictado del voto de la Sala Constitucional.
Estima este Tribunal, que la posesión es un hecho concreto y, la existencia de actos de defensa constituye una muestra irrebatible, de que el Estado sí la ejerce sobre la franja expropiada, ciertamente el artículo 11 de la Ley de Expropiaciones, señala en lo que resulta de interés: "(...) La Administración estará obligada a reconocer intereses al expropiado, de oficio y a la tasa legal vigente, a partir de la desposesión del bien. (...)"; en el presente caso, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en citado voto 5302-99 de las 17:18 horas del 07 de julio de 1999, estableció de manera diáfana y con carácter de cosa juzgada material, que: " (...) Desarrollos Manuel Antonio Sociedad Anónima está imposibilitado jurídicamente por la Ley 5100 y administrativamente por la acción de las autoridades del Ministerio de Ambiente y Energía, para hacer libre uso de su propiedad. A pesar de que las limitaciones impuestas al inmueble en cuestión vacían de su contenido mínimo esencial el derecho de propiedad que le corresponde a la empresa, el Estado ha omitido cancelar a favor de ésta el monto correspondiente a la expropiación ordenada precisamente mediante la Ley 5100 (...)" .
Bajo tal inteligencia, quedó establecido por el Tribunal Constitucional, que la actividad de las autoridades administrativas que incluyeron dentro de los límites del Parque Nacional Manuel Antonio el bien objeto de las presentes diligencias, mediante Decreto Ejecutivo Número 11148-A del 15 de febrero de 1980, ratificado por la Ley 6794 del 25 de agosto de 1982, fueron los actos que consumaron el despojo del bien a la sociedad demandada, privándose desde aquel momento del disfrute del derecho fundamental de propiedad consagrado en el numeral 45 de la Constitución Política. Así incluso lo reconoció la propia administración pública, a través de la Dirección Ejecutiva del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, mediante el denominado informe: " Justificación Técnica a Considerar para determinar el Valor Real de la Propiedad Folio Real Nº 6-16766-000, Plano Catastrado Nº P-448727-1997, perteneciente a Desarrollos Playas de Manuel Antonio S.A., cédula jurídica CED126643, ubicada dentro del Parque Nacional Manuel Antonio" (énfasis suplido), el cual fue emitido en marzo del 2011, documento que señaló en lo que resulta de interés: "(...) La finca se incorporó dentro de los límites del PNMA mediante Decreto Ejecutivo Nº 11148-A (de ampliación del Parque), el 15 de febrero de 1980, por lo que desde esa fecha, a esta parte de la propiedad se le aplican las limitaciones de uso establecidas por el ordenamiento jurídico (...) Históricamente desde la incorporación de la finca al PNMA, la protección ha sido absoluta por estar cubierta de bosque primario maduro y bosque en proceso de recuperación; razón que consolida el ecosistema del Parque en los recientes planes de uso del mismo, incluyendo el Plan de Desarrollo Turístico Sostenible para el Parque Nacional Manuel Antonio y su Área de Influencia (...).
Como se desprende de los párrafos anteriores, la propiedad debido a su cobertura boscosa y topografía con terrenos clase VII y VIII (no aptos para usos agropecuarios), presenta limitaciones aún antes de la incorporación al Parque en 1980 y bajo el uso y el principio de irreductibilidad del bosque tiene las limitaciones de uso que rigen desde la promulgación de la Ley Forestal en 1969, Ley 4465, artículos 4, 6, 47 entre otros, por lo que estas limitaciones las tiene desde mucho antes de la declaración de interés público y antes de incorporarla dentro de los límites del PNMA, en donde rige la legislación especial, que impone otras limitaciones (...)" ( Así folios 403, 410 y 411, énfasis suplido). En razón de lo cual, estima este Tribunal, que la desposesión efectiva del bien, se dio muchos años antes de que el juzgado de instancia procediera a llevar a cabo la puesta en posesión formal el día 07 de setiembre del 2010, ya que la realidad histórica de la finca reconocida por el Tribunal Constitucional y la propia admnistración en el informe citado, dan fe que la privación efectiva de la propiedad en cuestión, sucedió con su incorporación dentro de los límites del Parque Nacional Manuel Antonio, que aún y cuando se reconoce sucedió el 15 de febrero de 1980, la sociedad se conforma en que se reconozcan los réditos a partir de la fecha de publicación de la Ley 6794 del 25 de agosto de 1982, lo que sucedió se dio el 27 de diciembre de 1982, momento a partir del cual se reconocen intereses sobre la diferencia resultante entre el avalúo administrativo y lo fijado en sentencia; en este extremo se modifica la resolución recurrida.
XI.-) APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE EXPROPIACIONES: Pretende la parte expropiada que en sentencia se incluya como parte del justiprecio y de conformidad con el artículo 17 de la Ley de Expropiaciones, un total de 06 hectáreas que no se encuentran incluidas dentro del decreto expropiatorio, aspecto sobre el cual aclara, aún existe discusión en sede administrativa. Estima este Tribunal que no es aplicable a la especie el numeral 17 de la Ley de Expropiaciones, pues no resulta posible determinar de manera cierta y fundada, que la porción del terreno indicada, sea inadecuada para su explotación el los términos que establece el ordenamiento jurídico, la prueba es totalmente inconducente al respecto. Lo anterior se reafirma en el hecho, de que en sede administrativa las partes se encuentran discutiendo la posibilidad de expropiar las 06 hectáreas de terreno para integrarlas al Parque Nacional Manuel Antonio, tal y como fue reconocido en su oportunidad por la señora representante de la expropiada. En razón de lo anterior, se estima que el agravio debe de ser rechazado.
XII.-) COSTAS: La señora Procuradora ha solicitado en su recurso se revoque la sentencia en el extremo relativo a costas, agravio que no resulta de recibo, pues es claro que la parte expropiada ha debido acudir a esta instancia jurisdiccional en resguardo de su derecho fundamental de propiedad, obteniendo una sentencia favorable a sus pretensiones indemnizatorias, por lo que de conformidad con el numeral 221 del Código Procesal Civil, debe mantenerse la condenatoria en costas a cargo del Estado.
XIII.-) De conformidad con el numeral 40 de la Ley de Expropiaciones número 7495 del 03 de mayo de 1995 y sus reformas, se ordena comunicar lo resuelto a la Dirección General de Tributación, para lo de su cargo. En este extremo se adiciona la resolución recurrida.
POR TANTO:
Sin lugar la nulidad reclamada. Se admite con carácter de prueba para mejor resolver, la siguiente ofrecida durante la audiencia oral celebrada: 1) Certificaciones emanadas del Registro Público de la Propiedad , de los siguientes testimonios de escrituras otorgadas ante el Notario Público Jorge Fallas Aguilar: A) las 16:00 horas del veintiocho de octubre de mil novecientos ochenta y uno, agregada a los folios 781 al 786 de los autos. B) A las 14:00 horas del once de diciembre de 1981, agregada a folios 789 a 784 del expediente principal. 2) Copia certificada de consulta realizada al Ministerio de Hacienda, de los mapas para valoración de terrenos en el Cantón de Aguirre, actualizado al 21 de octubre del 2009, agregada de folios 379 a 385 de los autos. Se modifica la sentencia número 392-2013 de las 08 horas del 28 de febrero del dos mil trece, en los siguientes extremos: a) Se fija el monto total que deberá indemnizar el Estado a la empresa Desarrollos Playas Manuel Antonio Sociedad Anónima en la suma de ¢1.848.494.000 (mil ochocientos cuarenta y ocho millones cuatrocientos noventa y cuatro mil colones). b) Se reconocen intereses sobre la diferencia resultante entre el avalúo administrativo y el monto otorgado en sentencia, a partir del 27 de diciembre de 1982 y hasta su efectivo pago. c) Se revoca la resolución recurrida en cuanto aplicó el método de indexación sobre el valor fijado por concepto de indemnización. d) Se ordena comunicar la presente resolución a la Dirección General de Tributación, para lo de su cargo; extremo en el cual se adiciona la resolución recurrida. En todo lo demás se mantiene incólume la sentencia venida en alzada.
Yazmín Aragón Cambronero Nombre159815 . Evelyn Solano Ulloa Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda Sentencia Nº 400 -2013 de las 15:00 horas del 05 de julio de 2013
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