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Res. 00685-2013 Tribunal Agrario · Tribunal Agrario · 19/07/2013

Precautionary measure in melina plantation dispute annulled due to procedural defenselessnessMedida cautelar en disputa por plantación de melina y anulación por indefensión procesal

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OutcomeResultado

Precautionary measure revoked and nullity declaredMedida cautelar revocada y nulidad declarada

The precautionary measure suspending forestry activities is revoked, and a subsequent order is annulled for due process violation; instead, controlled exploitation of the already-cut wood is authorized under court expert supervision, applying article 65 of the Forestry Law by analogy.Se revoca la medida cautelar que suspendía las actividades forestales y se declara la nulidad de una resolución posterior por violación al debido proceso; en su lugar, se autoriza el aprovechamiento controlado de la madera ya cortada bajo supervisión judicial pericial, aplicando analógicamente el artículo 65 de la Ley Forestal.

SummaryResumen

The Agrarian Tribunal hears two appeals against orders from the Agrarian and Civil Court of Puntarenas in an ordinary proceeding regarding ownership and possession of overlapping properties, where the plaintiff sought a precautionary measure to suspend forestry activities by the defendant, who was extracting wood from a melina plantation. The first order (April 5, 2013) granted the measure and ordered the logging to stop. The second order (May 15, 2013), without resolving the pending appeal or the requested clarification, authorized the defendant to dispose of the wood upon posting a mortgage bond, based on a report from a forestry regent hired by that party, without considering the plaintiff's opposition or respecting the granted hearing period, thereby causing defenselessness. The Tribunal declares the second order null for violating due process, the adversarial principle, and the right of defense, and revokes the first precautionary measure, denying the total suspension of activities. Instead, it establishes a controlled exploitation regime for the already-cut wood, with intervention of a court-appointed expert, analogous application of article 65 of the Forestry Law (confiscation), and subjection to article 31 of the same law, to balance the interests of the parties and prevent loss of the forest resource, without prejudice to the final judgment on ownership of the disputed area. It also orders the lower court to correct numerous procedural irregularities and to address the involvement of third parties not formally joined to the proceedings.El Tribunal Agrario conoce dos apelaciones contra resoluciones del Juzgado Agrario y Civil de Puntarenas en un proceso ordinario sobre propiedad y posesión de fincas traslapadas, donde el demandante solicitó como medida cautelar la suspensión de actividades forestales de la parte demandada, quien extraía madera de una plantación de melina. La primera resolución (5 de abril de 2013) acogió la medida y ordenó suspender la tala. La segunda (15 de mayo de 2013), sin resolver la apelación pendiente ni la aclaración solicitada, autorizó a la parte demandada a disponer de la madera previa garantía hipotecaria, basándose en un informe del regente forestal contratado por esa parte, sin considerar la oposición del demandante ni respetar el plazo de audiencia conferido, lo que provocó indefensión. El Tribunal declara la nulidad de la segunda resolución por vulnerar el debido proceso, el contradictorio y el derecho de defensa, y revoca la primera medida cautelar, rechazando la suspensión total de actividades. Dispone en su lugar un régimen de aprovechamiento controlado de la madera ya cortada, con intervención de un perito judicial, aplicación analógica del artículo 65 de la Ley Forestal (decomiso) y sujeción al artículo 31 de esa misma ley, para equilibrar los intereses de las partes y evitar la pérdida del recurso forestal, sin perjuicio de lo que se resuelva en sentencia sobre la propiedad del área en conflicto. Además, ordena al Juzgado corregir múltiples irregularidades procesales y resolver sobre la intervención de terceros no incorporados formalmente al proceso.

Key excerptExtracto clave

X.- Regarding the appeal filed by the defendant against the order of 11:30 a.m. on April 5, 2013, it must be noted that to determine the appropriateness of the precautionary measure requested by the plaintiff, it is necessary to verify whether the request meets the required legal prerequisites. It is necessary to prove a founded fear that the defendant, prior to judgment, may cause serious or difficult to repair harm to the plaintiff's right. [...] From the cited evidence, it is inferred that the trees were extracted from a plantation, therefore, no permit is required under article 28 of the Forestry Law. [...] From the foregoing, it follows that if what exists in the disputed area is a plantation, no MINAE permit is needed for its exploitation, hence the suspension order issued by the Court is deemed inappropriate. [...] the Court shall place said goods at the disposal of the defendant as judicial depositary so that it may auction them on the Bolsa de Productos Forestales, in analogical application of article 65 of the Forestry Law, regarding the confiscation of forest products. The foregoing must be documented, and the procedure for transporting the wood must correspond to that established in article 31 of the Forestry Law.X.- En relación con el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la resolución de las 11 horas 30 minutos del 5 de abril de 2013, debe señalarse que para determinar la procedencia de la medida cautelar solicitada por la parte demandante, es preciso verificar si la gestión cumple con los presupuestos legales requeridos. Es preciso acreditar que exista fundado temor de que la parte demandada, antes de la sentencia, le cause al derecho de la demandante, una lesión grave o de difícil reparación. [...] De las probanzas citadas se extrae, se trata de árboles extraídos de una plantación, por ende, no requiere de permiso para ello de acuerdo a lo dispuesto por el numeral 28 de la Ley Forestal. [...] De lo anterior se deduce, si lo existente en el área en litis es una plantación, no es preciso para su explotación permiso del MINAE para tal efecto, de ahí se estime improcedente la orden de suspensión declarada por el Juzgado. [...] el Juzgado pondrá en disposición dichos bienes de la parte demandada como depositaria judicial para que ésta los subaste en la Bolsa de Productos Forestales, en aplicación analógica del artículo 65 de la Ley Forestal, referente al decomiso de productos forestales. Lo anterior deberá quedar documentado y el procedimiento para trasegar la madera deberá corresponder al establecido en el artículo 31 de la Ley Forestal.

Pull quotesCitas destacadas

  • "De las probanzas citadas se extrae, se trata de árboles extraídos de una plantación, por ende, no requiere de permiso para ello de acuerdo a lo dispuesto por el numeral 28 de la Ley Forestal."

    "From the cited evidence, it is inferred that the trees were extracted from a plantation, therefore, no permit is required under article 28 of the Forestry Law."

    Considerando X

  • "De las probanzas citadas se extrae, se trata de árboles extraídos de una plantación, por ende, no requiere de permiso para ello de acuerdo a lo dispuesto por el numeral 28 de la Ley Forestal."

    Considerando X

  • "el Juzgado pondrá en disposición dichos bienes de la parte demandada como depositaria judicial para que ésta los subaste en la Bolsa de Productos Forestales, en aplicación analógica del artículo 65 de la Ley Forestal, referente al decomiso de productos forestales."

    "the Court shall place said goods at the disposal of the defendant as judicial depositary so that it may auction them on the Bolsa de Productos Forestales, in analogical application of article 65 of the Forestry Law, regarding the confiscation of forest products."

    Considerando X

  • "el Juzgado pondrá en disposición dichos bienes de la parte demandada como depositaria judicial para que ésta los subaste en la Bolsa de Productos Forestales, en aplicación analógica del artículo 65 de la Ley Forestal, referente al decomiso de productos forestales."

    Considerando X

  • "el Juzgado dictó la resolución de las 13 horas 40 minutos del 15 de mayo de 2013, sin haberse vencido aún el plazo de tres días conferido a la demandante de la gestión formulada por la parte demandada de rendir una contragarantía. Lo anterior vulneró principio del debido proceso y con él, el contradictorio y el derecho de defensa, dejando a la parte demandante en estado de indefensión."

    "the Court issued the order of 1:40 p.m. on May 15, 2013, without the three-day period granted to the plaintiff regarding the defendant's request to provide a counterbond having yet expired. The foregoing violated the principle of due process and, with it, the adversarial principle and the right of defense, leaving the plaintiff in a state of defenselessness."

    Considerando X

  • "el Juzgado dictó la resolución de las 13 horas 40 minutos del 15 de mayo de 2013, sin haberse vencido aún el plazo de tres días conferido a la demandante de la gestión formulada por la parte demandada de rendir una contragarantía. Lo anterior vulneró principio del debido proceso y con él, el contradictorio y el derecho de defensa, dejando a la parte demandante en estado de indefensión."

    Considerando X

Full documentDocumento completo

Sections

Procedural marks

Procesal Agrarian Court Date of Resolution: July 19, 2013, at 13:35 Type of matter: Ordinary proceeding Analyzed by: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Content of Interest:

Type of content: Majority vote Branch of Law: Agrarian Procedural Law Topic: Precautionary measures in the agrarian proceeding Subtopics:

Purpose and prerequisites. Application of the environmental principle of linkage to science and technique.

"X.- In relation to the appeal filed by the defendant against the resolution issued at 11:30 a.m. on April 5, 2013, it must be noted that to determine the appropriateness of the precautionary measure requested by the plaintiff, it is necessary to verify whether the petition meets the required legal prerequisites. It is necessary to prove that there is a well-founded fear that the defendant, before the judgment, will cause a serious or difficult-to-repair harm to the plaintiff's right. In this regard, the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, in vote 3929 issued at 15:24 on July 18, 1995, stated: 'Before developing this point, it is essential to highlight that precautionary measures themselves are not unconstitutional and that they are legally viable, provided they meet the substantive prerequisites necessary for their adoption, namely: the current interest of the petition; the possibility of the main claim being accepted; the serious, irreparable, or difficult-to-repair nature of the harm sought to be avoided; a position favorable to the public interest; judicial control and means of challenge; and the temporary nature of the measure. On this matter, the Chamber, in judgment number 7190-94 of fifteen hours and twenty-four minutes on December six, nineteen ninety-four, established that: \"...Precautionary or protective measures, according to the most qualified doctrine, arise in the proceeding as a necessity to guarantee effective jurisdictional protection and can therefore be conceptualized as 'a set of procedural powers of the judge—whether jurisdictional or administrative justice—to resolve before the final decision, with the specific purpose of preserving the real conditions indispensable for the issuance and execution of the final act.' The doctrine understands that instrumentality and provisionality are two fundamental characteristics of precautionary measures and that their main configurative elements require that they must be: a) lawful and legally possible; b) provisional, since they expire with the issuance of the final act; c) substantiated, that is, having a real factual basis in relation to the particular case; d) modifiable, in the sense that they are susceptible to being increased or decreased to adapt to new needs; e) accessory, since they are justified within a principal proceeding; f) preventive in nature, since their purpose is to avoid inconveniences to the interests and rights represented in the principal proceeding; g) of protective effects, seeking to maintain a state of fact or law during the development of the proceeding, preventing situations that could harm the effectiveness of the judgment or final act; h) homogeneous and not responding to characteristics of identity with respect to the substantive right protected, so that they are effective preventive measures and not anticipated acts of execution…\"' From what was stated by the aforementioned Chamber, with binding character, it follows that for the appropriateness of precautionary measures, it is necessary to verify the current interest of the petition; the possibility of the main claim being accepted; the serious, irreparable, or difficult-to-repair nature of the harm sought to be avoided; a position favorable to the public interest; judicial control and means of challenge; and the temporary nature of the measure. Likewise, it must be determined that the requested measure does not correspond to anticipated acts of execution based on what is claimed. In this regard, it is important to consider that in the complaint, that party requested a declaration that it is the sole owner of the property registration number CED1, plotted on plan P-052511-1962; that it has exercised possession of said property since 1962 in a public, peaceful, uninterrupted manner, as owner, adding the possession of the previous transferors, for which it requested the partial cancellation of cadastral plan P-0011421-1974 and the property registration number CED2 in the area where it overlaps with the first property cited; that the activity of timber extraction carried out by the defendant has been in bad faith, for which it requests that the defendant be ordered to pay damages and losses, be ordered to vacate, cease the disruptive acts, and pay costs (folios 13 and 14). In the alternative, it requested that the overlap area be divided into equal parts, demarcated, and the corresponding modifications made to the Cadastre and the Registry, and that the defendant be ordered to pay damages, losses, and costs (folio 14). As a precautionary measure, it requested that the suspension of the forest activities being carried out on the property be ordered, an order be issued to the Colegio de Ingenieros Agrónomos not to register forest management (regencia forestal) contracts in the area in litigation, and that this order be communicated to the Ministerio de Ambiente y Energía—hereinafter MINAE—and coordination with the administrative police for the performance of judicial inspections (reconocimientos judiciales) at the site (folio 15 and 23). In the document issued by the Police Delegation of Paquera on March 13, 2013, it states there is a 'large quantity of freshly cut timber pieces lying on the ground, which is within the property of Mr. [Name1] () …” (folio 32), without specifying how many trees the reference to that large quantity of trees referred to; however, in the report of the judicial inspection carried out by the Court at 9 a.m. on April 5, 2013, it was recorded that there is an area of approximately three hectares felled, 'four tree trunks of melina species about seven yards long and a diameter of approximately fourteen inches' (folio 41) and 'five groups of melina logs, approximately fifty pieces ready to be loaded onto a truck' (folio 42). The private report signed by [Name2], who claims to be an Associate Surveyor, indicates that the felled timber is located within property 15816-000 and provides a montage of the involved plans (folios 33 to 36). This document was not brought to the attention of the defendant; however, since the latter subsequently appeared in the proceeding, it is considered that no defenselessness was caused. From the documentary evidence provided to the expediente, it follows that property 15816-000 is registered in the plaintiff's name (registration certification from folio 7); right 001 of property 59511-000 belongs to [Name3] (registration certification from folio 3) and 002 to Corporación Bella Vista del Golfo Sociedad Anónima (registration certification from folio 5). The Court, in a resolution issued at 11:30 a.m. on April 5, 2013, granted the precautionary measure requested by the plaintiff, ordered the suspension of forest activities on the property in litigation, including those carried out by the defendant, and to communicate this decision to the persons who are working on the felling and extraction of melina trees through the Public Force of Paquera, under warning of 'opening proceedings' for the crime of disobedience to authority in case of non-compliance; to issue official letters to the Ministerio de Ambiente y Energía for it to order the suspension of all activity aimed at timber extraction, and to the Colegio de Ingenieros Agrónomos not to register forest management (regencia forestal) contracts in favor of the defendant (folio 46). The Tribunal considers that there is appearance of good right in this case, since, according to a judgment of verisimilitude based on the evidence provided so far, it is deduced that the felled timber corresponds to the area in litigation claimed in the complaint; likewise, there is a danger of delay since the possible duration of this proceeding could generate a burdensome effect for the plaintiff on what is claimed if that resource is eventually disposed of without any control, and for the related timber, it could lose its economic value if not extracted in a timely manner. In its appeal, the defendant refers to the report issued by SINAC No. ACT-OSRLP-194-2013 identified as 'inspection report for conflict over the harvesting (aprovechamiento) of melina plantation and reopening of a road, Campiñas de Paquera sector' requested by the Court, arguing, among other things, that the environmental harm to which the a quo refers was not significant and that there is a commitment between the businessman and the public administration, specifically, the Área de Conservación Tempisque of MINAE, to rehabilitate the stream beds once the rains begin so as not to affect the normal pluvial course. It added that SETENA pronounced that only a municipal permit is necessary for the specific rehabilitation of the road, and forest plantations do not need a cutting permit, since the Certificado de Origen de Plantación Forestal No. 005-2013 exists for the extraction of that timber, whose current forest manager (regente forestal) is engineer Fernando Rojas Conejo, who, with the endorsement of the Colegio de Ingenieros Agrónomos, certified that the origin of the timber comes from the property owned by Corporación Bella Vista del Golfo Sociedad Anónima, according to the Forest Management Form (Formulario de Regencia Forestal) of the Colegio de Ingenieros Agrónomos No. 001496G and the Certificate of Origin for the Transport of Timber from a forest plantation No. 095359G. The appellant relies on the certified document identified as '³Graphic report on melina plantations in La Campiña de Río Grande Paquera´ (folio 28) and the Forest Management Form No. 001496G of the forest manager (regente forestal) Fernando Rojas Conejo (folio 69). Likewise, on document ACT-OSRLP-194-2013 from the Lepanto Paquera Subregion of the Área de Conservación Tempisque dated April 8, 2013, called 'Inspection report for conflict over harvesting of Melina plantation and reopening of a road, Campiñas de Paquera sector,' in which it was indicated that the work to reopen the road was carried out with the minimum necessary impact required to enable a road unused for many years and does not represent a significant environmental impact since no trees were removed and no significant earthworks (movimientos de tierra) were carried out. It is added in the referenced document that the road in question was rehabilitated to extract melina timber from a forest plantation established 15 or 20 years ago and that said harvesting does not represent a significant environmental impact to the environment, being strictly necessary activities to harvest and extract said timber in accordance with the cited Certificado de Origen de Plantación No. 005-2013 (folios 71 to 76). From the cited evidence, it is clear that these are trees extracted from a plantation; therefore, no permit is required according to the provisions of numeral 28 of the Forest Law (Ley Forestal). This rule provides: 'Exception from cutting permit. Forest plantations, including agroforestry systems and individually planted trees and their products, shall not require a cutting, transport, industrialization, or export permit. However, in cases where, before this law came into effect, a forest contract exists, signed with the State to receive Forest Payment Certificates or income tax deductions, cutting must be carried out in accordance with the provisions of the management plan approved by the State Forest Administration.' In this regard, the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, in vote [Telf1] issued at 14:30 on April 10, 2013, ordered: '…requiring a cutting permit or even another less burdensome measure could only result in discouraging investment in forest plantations, making timber more expensive, and, consequently, making irrational exploitation, even outside the legal system, of the forest more lucrative.' More broadly, in vote 12716-2012 issued at 16:01 on September 12, 2012, that Chamber stated: 2The Chamber adopts the opinion provided on the case by the Procuraduría General de la República, in the sense that, as a constitutional principle that conditions the State's action in environmental protection, the principle of the objectification of environmental protection (tutela ambiental) or the principle of linkage to science and technique is recognized: 'it translates into the need to support decision-making in this matter with technical studies, both regarding acts and provisions of a general nature—both legal and regulatory—, from which the requirement of "linkage to science and technique" is derived, thereby conditioning the Administration's discretion in this matter.' (resolution No. 17126-2006). 'environmental principle' of the linkage to science and technique that governs environmental matters, insofar as administrative decisions that may have an impact on the environment require technical support to back them, and in such condition, they limit and condition the Administration's discretion in its actions." (vote No. 14293-2005 reaffirmed by 11562-2006). "It is based on the principle that environmental standards must have technical support, as their application must be based on limits that determine the conditions under which the use and exploitation of natural resources must be subject." (Vote No. [Telf2]). In turn, it is related to the principle of reasonableness as a parameter of constitutionality: "The principle of reasonableness, in relation to the fundamental right to the environment, compels that the norms issued regarding this matter are duly supported by serious technical studies, even when no other legal provision expressly establishes it." (Vote No. [Telf3], emphasis ours). "Thus, the application of this environmental principle is directly linked to a parameter of constitutionality of conduct—administrative and of private individuals—and of the regulations governing the matter, such as reasonableness—according to the development of the jurisprudence of our Constitutional Court—insofar as its purpose is to tend towards the sustainability of the use of natural resources and the elements that make up the environment, through their 'appropriate use'; and by virtue of which it is clear that environmental protection must be directed towards the adequate and intelligent use of its elements and in their natural, sociocultural, technological, and political relationships, to thereby safeguard the heritage to which present and future generations have a right; insofar as it is through the production and use of technology that it should be promoted to obtain, not only economic gains (freedom of enterprise) but above all a favorable development and evolution of the environment and natural resources with the human being, that is, without causing damage or harm to them, as our Constitutional Court has considered in its extensive jurisprudence, even since its origins, such as in the supra-cited judgments number 3705-93 and number 2006-17126." (Vote No. [Telf4]).´From this it is deduced that if what exists in the area in litigation is a plantation, a permit from MINAE for its exploitation is not necessary, hence the suspension order issued by the Court is considered inappropriate. In addition to this, in this case, the extraction did not imply a significant environmental impact. Therefore, the Tribunal does not share what was stated by the first-instance judge when referring to potential environmental harm; and even the suspension of permits for extraction, since, being a melina plantation, such permits are unnecessary. In the Certificate of Origin No. 095359 G, it was indicated that the timber would be extracted from property [Address1] and 002 (folio 78), which authorizes the extraction of timber on 5 hectares with a volume of 780 cubic meters, out of a total of 15 hectares of arboreal melina plantation (folios 78 and 79 and 107 to 115). Regarding the document on folio 80, it is written in a language different from Spanish and the proponent party did not present the required translation. However, from the other evidence, it is deduced that the felled melina plantation forms part of the area in litigation, such that, since it is in the judgment where the rights over that sector will be defined, until that decision is made, Corporación Bella Vista del Golfo Sociedad Anónima must be authorized to dispose of those trees (folio 69), prior to which, the Court must appoint an expert according to the list of forest engineers of the Judicial Branch, to determine with exactitude the quantity of felled trees, their location in relation to the plans of the properties of the involved parties, their species, their condition, and if their harvesting (aprovechamiento) is possible under current conditions, and their estimated market value. Once this data is available, the Court shall make said goods available to the defendant as judicial depositary so that it may auction them on the Bolsa de Productos Forestales, applying analogously Article 65 of the Forest Law, referring to the seizure of forest products. The foregoing shall be documented and the procedure for transporting the timber must correspond to that established in Article 31 of the Forest Law. If such products cannot be sold at public auction, any person may harvest them, upon deposit with the Court of the value assigned by expert appraisal. In addition, the expert appointed must, based on the inspection of the area in litigation and the documentation contained in this expediente, indicate the date on which those tree species will be ready to be harvested, the quantity, and their geographic location. For this purpose, the defendant must deposit into the Court's account, within a period of eight days, the amount the Court sets for fees and travel expenses of the expert it appoints, under warning that in case of non-compliance, it will be deemed uninterested in the harvesting for sale of the felled trees, in which case the Court must appoint a judicial depositary for them. The costs of storing the trees, while they cannot be offered for sale or are properly harvested, with prior authorization from the Court, shall be borne by the plaintiff. In the event that the defendant does not accept being the judicial depositary of the felled trees—in the cited scenarios—the Court may appoint another suitable natural or legal person to proceed accordingly. All the foregoing must be verified on-site by the Court, which in turn must proceed to appoint the expert, administer their oath, and proceed as indicated, once this resolution is final, with the due speed considering the urgency of the measure for better harvesting of the forest resource and the prevailing weather conditions in the area. The foregoing, because the valuation of the felled trees given by the managing forest engineer (ingeniero forestal regente) [Name4] does not correspond to that of a judicial expert according to the list that guarantees objectivity for the involved parties; and the plaintiff objected to the valuation given by him and other data provided. The foregoing, based on Article 242 of the Civil Procedure Code, applied supplementarily in accordance with numerals 6, 26, and 79 of the Agricultural Jurisdiction Law (Ley de Jurisdicción Agraria), and 27, 28, 31, 56, and 65 of the Forest Law.-" ... 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SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.- At thirteen hours and thirty-five minutes on July nineteen, two thousand thirteen.- * ORDINARY PROCEEDING established by [Name1], of legal age, married, agricultural engineer, resident of Palmares, identity card CED1 - - ; against CORPORACIÓN BELLA VISTA DEL GOLFO SOCIEDAD ANÓNIMA, legal identity card CED2 - - , represented by its president [Name3], of a single surname due to his United States nationality, of legal age, single, engineer, passport CED3 ; and its vice-president [Name4] , passport CED4 , both in their capacity as unlimited general proxies, in the capacity of President and Vice-President, respectively, being able to act jointly or separately; and [Name2] , of legal age, identity card CED5- , resident of Betania* de San Pedro. Acting as special judicial attorneys, of the plaintiff, lawyer Roberto Soto Vega, identity card CED6- , Bar Association member eight thousand forty-three; and of the co-defendant Corporación Bella Vista del Golfo Sociedad Anónima, lawyer Randall Emilio Ramírez Calero, identity card CED7- - , Bar Association member eighteen thousand seven hundred forty-three. The proceeding is processed in the Civil and Agrarian Court of Puntarenas, acting as Agrarian.- * Judge Vargas Vásquez drafts; and, WHEREAS (CONSIDERANDO):

I.The facts deemed proven in the resolution issued at 8:30 a.m. on April 5, 2013, are embraced, being consistent with the evidence in the record, adding as evidence to the second fact the report issued by the Police Delegation of Paquera, dated March 13, 2013, on folio 32. Of the same nature, the following is added in this Instance: 3rd Right 001 of property 59511-000 belongs to [Name2] (registration certification from folio 3) and 002 to Corporación Bella Vista del Golfo Sociedad Anónima (registration certification from folios 3 and 5). 4th In the Certificate of Origin No. 095359 G, it was indicated that the timber would be extracted from [Address1], which authorizes the extraction of timber on 5 hectares, with a volume of 780 cubic meters, out of a total of 15 hectares of arboreal melina plantation (folios 78 and 79 and 107 to 115).-*

II.In this proceeding, upon filing the complaint, Mr. [Name1] requested as a precautionary measure the suspension of the forest activities being carried out in the area in litigation, the issuance of an order to the Colegio de Ingenieros Agrónomos not to register forest management (regencia forestal) contracts in the area in litigation, and that this order be communicated to the Ministerio de Ambiente y Energía—hereinafter MINAE—and coordination with the administrative police for the performance of judicial inspections (reconocimientos judiciales) at the site (folio 15 and 23). The Court conducted such an inspection of the property as recorded in the report issued at 9 a.m. on April 5, 2013 (folio 41). Then, in a resolution issued at 11:30 a.m. on April 5, 2013, it granted the precautionary measure requested by the plaintiff, declaring the following: it ordered the suspension of forest activities on the property in litigation, including those carried out by the defendant, and to communicate this decision to the persons who were working on the felling and extraction of melina trees, through the Public Force of Paquera, under warning of 'opening proceedings' for the crime of disobedience to authority in case of non-compliance; to issue official letters to the Ministerio de Ambiente y Energía for it to order the suspension of all activity aimed at timber extraction, and to the Colegio de Ingenieros Agrónomos not to register forest management (regencia forestal) contracts in favor of the defendant (folio 46).-*

III.The defendant filed an appeal against this pronouncement in a brief submitted to the court on April 10, 2013 (folio 91).*

It argues that the resolution is far from the factual reality regarding the alleged environmental harm that occurred, since from the pronouncement of April eight, 2013, issued by the Sistema Nacional de Áreas de Conservación—hereinafter SINAC—of MINAE, number ACT-OSRLP-194-2013, identified as 'Inspection report for conflict over harvesting of melina plantation and reopening of a road, Campiñas de Paquera sector' requested by the Court, the following is clear: a) the road was rehabilitated with the approval of the Municipality; b) in its rehabilitation, the environmental harm was minimal and acceptable by the State as necessary; c) there is a commitment between the businessman and the Public Administration, specifically, the Área de Conservación Tempisque of MINAE, to rehabilitate the stream beds once the rains begin, so as not to affect the normal pluvial course; d) the Secretaría Técnica Nacional Ambiental—hereinafter SETENA—pronounced that only a municipal permit was necessary for the rehabilitation of that road; possible plantations in 'protection zones (zonas protectoras)' were incentivized by the State; e) no environmental harm was caused to the farms adjacent to the road; f) forest plantations do not need a cutting permit, since the Certificado de Origen de Plantación Forestal No. 005-2013 exists for the extraction of that timber, whose current forest manager (regente forestal) is engineer Fernando Rojas Conejo, who, with the endorsement of the Colegio de Ingenieros Agrónomos, certified that the origin of the timber comes from the property owned by Corporación Bella Vista del Golfo Sociedad Anónima, according to the Forest Management Form (Formulario de Regencia Forestal) of the Colegio de Ingenieros Agrónomos No. 001496G and the Certificate of Origin for the Transport of Timber from a forest plantation No. 095359G. The appellant adds that the Área de Conservación Tempisque of MINAE did not consider it necessary to file any complaint, as actions have been taken lawfully and in accordance with and respect for the national laws and municipal ordinances provided for these cases. It cites as facts of interest that the plaintiff did not prove that he holds any right over the 20 hectares of melina he claims are his at the northeastern end of the property; and adds that within the 145 hectares of [Name1]'s property, there is only one sector at the southern end with trees of that species, reported to the Fondo Nacional de Financiamiento Forestal—hereinafter FONAFIFO—to obtain payment for environmental services (pago de servicios ambientales), but not at the northern end, a sector where he only has fallow land (charral) or natural forest in regeneration, which was verified by the forest manager (regente forestal). The appellant transcribes some parts of the appealed resolution linked to the prerequisites of precautionary measures, objecting to them with the arguments cited and states that its represented party is the only one that has demonstrated a real right over the alleged property, while the plaintiff bases his claim 'on his word of mouth' and on a report contracted from an associate surveyor, with an academic degree lower than that of a surveyor engineer, with a master's degree in valuation, the latter being the study that engineer [Name5] has. It stated that there is no melina in the overlap area, and there are other forest managers (regentes forestales) who attest that the cut timber is within its represented party's property, and not on the plaintiff's. It indicates that the expert hired by Mr. [Name1] erroneously affirmed that the land portions in supposed overlap are his property and cover 17,256 square meters, which should not merit credibility, since what an expert can determine is that 'eventually there are areas in overlap,' without having the authority to determine the ownership of these areas, as it is the court that can decide on this. It questions why, even in the event that this fact is true, the extraction of 200,000 square meters of plantation melina timber must be stopped, if only 8.5% (17,256 square meters) of the total is in a potential overlap. It mentions that there is no harm to the environment, as is clear from report ACT-OSRLP-194-2013, and even less so in forested areas; and in the area subject to environmental services payments, owned by [Name1], its represented party has never worked, as it has always carried out its work on the land of Bella Vista del Golfo Sociedad Anónima, the exclusive owner of a 20-hectare melina plantation, 20 years old.

2. The appellant requests that the precautionary measures granted in the appealed decision be set aside and, alternatively, requests that Viento del Oeste Sociedad Anónima, represented by [Name3], be admitted as the holder of the property right to 10 hectares of melina plantation, purchased for 60,000 United States dollars, since December 8, 2011, in a contract that was executed for that purpose between Viento del Oeste Sociedad Anónima and co-owner [Name2], as evidenced in case file EXPN2 of the Cóbano de Puntarenas Prosecutor's Office; that the timber be delivered to this company, as a third-party good-faith acquirer, and that it be allowed to continue extracting the remaining timber, until it has been satisfied with the delivery of the 10 hectares purchased. The appellant adds that, should any type of patrimonial guarantee be necessary to cover the possible pecuniary damage to any aggrieved party, the company Viento del Oeste Sociedad Anónima is willing to provide a secured guarantee by way of a mortgage, in the amount deemed appropriate, in favor of the Court or whomever the Court deems necessary, in order to continue with the extraction and to continue safeguarding the "agrariedad" (agrarian nature), thereby causing the least possible social or economic damage to companies not party to the litigation and that have their rights secured by valid and effective contracts. Likewise, it proposes delimiting the area in conflict using the expert study ordered by the plaintiff, only to that extent and for those purposes; so that work in that area does not continue, and the legitimately purchased timber can continue to be extracted from the rest of the farm owned by Corporación Bella Vista del Golfo Sociedad Anónima and [Name2] (folios 59 to 67).-*

IV.The Court, in a decision issued at 7:15 a.m. on April 15, 2013, rejected the request for modification of the precautionary measure; it admitted the appeal filed by the defendant before this Tribunal (folio 101). *

Furthermore, it ordered that transport guides be requested from the forest regent (regente forestal) and that the value of the cut timber be indicated, so that, prior to delivering it to Viento del Oeste Sociedad Anónima—given that the latter has a contract with Corporación Bella Vista del Golfo Sociedad Anónima—it deposits the money resulting from the valuation of the cut trees to the order of the Court. Subsequently, the representative of the defendant and of Viento del Oeste Sociedad Anónima requested that a guarantee be ordered for the sum of 2,730,108 colones. The foregoing, based on the appraisal of the timber felled at the site, prepared by engineer [Name6], in the sum of 4,041,244 colones, of which 25.741 cubic meters have a value of 1,311,136 colones, corresponding to timber harvested outside the area in litigation, that is, outside the area of plan overlap (traslape de planos), and therefore the amount located in the area of possible and eventual overlaps is 2,730,108 colones, this being, he concludes, the amount to be guaranteed. Based on this, he requested as an alternative precautionary measure that Viento del Oeste Sociedad Anónima be permitted to deliver, as payment for said timber, a first-degree mortgage guarantee, in favor of the Court, on the farm registered under CED8, sequence 002, an encumbrance to which the registered owner, Corporación Bella Vista del Golfo Sociedad Anónima, consents (folios 104 to 106). * V.- The Court, in a decision issued at 7:15 a.m. on May 6, 2013, granted a hearing * to the plaintiff regarding the petition filed by the defendant and warned the latter to clarify whether it was withdrawing the appeal filed against the decision issued at 11:30 a.m. on April 5, 2013 (folio 117). This ruling was communicated to the parties on May 10 (folios 118 and 119). Within the granted period, the plaintiff opposed the expert report submitted by the defendant, stating that "it does not reflect the real values nor the existing volume on the farm" (folio 136), and therefore requested that, should any counter-security (contracautelar) measure be admitted, an expert be appointed and that said evidence be paid for by the defendant, to determine the current commercial price, value, and volume of the cut product and that existing in collection yards (patios de acopio) and skid trails (patios de arrastre). He added that the subject matter of the lawsuit (litis) covers and encompasses the entirety of the farm, since the extraction of the forest product was carried out within the property of his represented party and not on that of the defendant. He indicated that the counter-measure (contramedida) is improper, but that if it were to be admitted, an expert should be appointed and the amount determined should be deposited in the Court's account or a secured guarantee (garantía real) be provided over the profits from the commercialization of the timber for the prevailing party (folio 136).-* VI.- In a decision issued at 1:40 p.m. on May 15, 2013, the Court noted that when issuing the precautionary measure, it considered it prudent to immobilize the timber at the site where it was located, due to the possible environmental damage, and later asked the defendant to assess the price of that timber, through the forest regent, in order to guarantee the same, prior to its release; arguments based on which—and without mentioning or analyzing the allegations made by the plaintiff within the granted period—it authorized [Name3] to provide a first-degree mortgage guarantee in favor of the Court over the farm of his represented party registered in the District (Partido) of Puntarenas, under registration number [Placa1], for the sum of 4,041,244 colones, thereby being authorized to dispose of the timber once the respective guarantee is recorded, rendering without effect the restrictions ordered before MINAE, the Colegio de Ingenieros Agrónomos, and the Administrative Police (Policía Administrativa) (folios 133 and 134). That ruling was communicated to the plaintiff on May 17 (folio 135) and to the defendant on May 15 (folio 137).-*

VII.The plaintiff, in a brief without an issuance date and with a fax receipt stamp from the Civil Court of Puntarenas dated March 21, 2013 (folio 138), the original of which was filed on May 23 (folio 146), requested clarification and addition (aclaración y adición) of the decision issued at 1:40 p.m. on May 15 of said year. In his petition, he questions that the Court did not clarify or add the following: how is a mortgage constituted in favor of a judicial body to guarantee the results of the proceeding?; who appears on behalf of the Court?; how is the enforcement of a potential mortgage in favor of a judicial office materialized?; must the farm to be mortgaged by typical precautionary measure be recorded?; and how is the decision adopted if, within the legal period, he opposed the decision taken in the ruling issued at 7:15 a.m. on May 6, 2013? He stated that he reserved the right to file an appeal against the aforementioned decision, once the petition for addition and clarification is resolved. The Tribunal considers that although the fax in which the clarification and addition was requested has a receipt date of March 21, 2013 (folio 138), it was actually filed on May 21 since its original was filed on May 23 (folio 138), coupled with the fact that it is referring to a decision issued on May 15, in such a way that it could not be March, as the Court erroneously recorded. Hence, such clarification and addition was filed within the legal period, without it having been resolved, as will be analyzed below.-*

VIII.- The plaintiff filed an appeal with concomitant nullity against the decision issued at 1:40 p.m. on May 15, 2013 (folio 140). Regarding the grounds for nullity, he alleged: 1st The Court, when deciding, still had pending the term granted in the order issued at 7:15 a.m. on May 6, which referred to the request made by the co-defendant, in such a way that it decided without considering his position on the matter, coupled with the fact that he formulated opposition to said petition. 2nd The decision alludes that on April 15, in a decision issued at 7:15 a.m., it ordered the defendant to carry out an expert appraisal and deposit the value in the Court's account; however, that ruling was never notified to him, nor was the defendant's request brought to his attention, leaving him in a state of defenselessness (indefensión). In addition to this, he was aggrieved because, in his opinion, essential elements for the adoption of precautionary measures are absent, such as the appearance of good right (apariencia de buen derecho), since, as he accredited, the entirety of the cut forest product was taken from the area of the plaintiff's farm, not in the area claimed as overlapping. He argues that the measure is illegal because there has been no change of circumstances for the Court to vary its criterion and authorize forest extraction through the improper use of the institution of a mortgage in favor of a judicial authority, as if the Court were a subject of law, coupled with the fact that the decision contains obscure terms and constitutes an unenforceable mortgage in favor of a farm with a lawsuit recorded.-*

IX.The Civil and Agrarian Court of Puntarenas, acting as Agrarian Court, without ruling on the request for clarification and addition filed by the plaintiff, issued a decision at 7:15 a.m. on May 27, 2013, in which it admitted with devolutive effect (efecto devolutivo) the appeal with concomitant nullity filed by said party against the ruling issued at 1:40 p.m. on the 15th of said month and year (folio 147). *

X.From the analysis of the proceeding, it is evident that in this case there are two decisions issued by the originating Court against which appeals were admitted, with devolutive effect, before this Tribunal, related to the precautionary measure requested by the plaintiff. The first of these, as noted, was issued at 11:30 a.m. on April 5, 2013, and therein the precautionary measure requested by the plaintiff was granted, ordering the suspension of all forest activities carried out on the property (folio 46). In the second, issued at 1:40 p.m. on May 15 of said year, the cited Court authorized Mr. [Name3] to dispose of the forest product upon providing a mortgage guarantee in favor of the Court (folio 133). An appeal was filed against both; the one filed by the defendant against the first one was admitted with devolutive effect, but without proceeding to send the case file to the Tribunal, the second decision was issued. Against this latter decision—issued at 1:40 p.m. on May 15 of the current year—clarification and addition was requested; and additionally, the co-defendant Corporación Bella Vista del Golfo Sociedad Anónima filed an appeal with concomitant nullity. The Court admitted the appeal without referring to the cited clarification and addition. In accordance with the foregoing, the Tribunal considers that although in principle it should first hear the appeal filed against the initial decision issued at 11:30 a.m. on April 5, 2013, in this case the nullity petition filed against the decision issued at 1:40 p.m. on May 15 must be analyzed as a priority, in order to assess whether it is necessary to correct procedural irregularities before issuing a criterion on the grievances raised. In this order of ideas, the representative of Mr. [Name1], as a ground for nullity of the decision in question, indicated that the defendant had been ordered to carry out an expert appraisal and deposit the value in the Court's account; however, that ruling was never notified to him, nor was the defendant's request brought to his attention, leaving him in a state of defenselessness. Indeed, in the appealed decision issued at 1:40 p.m. on May 15, the Court stated: \"At the time the precautionary measures were issued, at eleven-thirty in the morning on April fifth, two thousand thirteen, with the elements the judicial Authority had at hand, it considered it prudent to immobilize* the timber at the site where it was located; since the possible environmental damage caused was even considered; later, in the decision issued at seven-fifteen in the morning on April fifteenth, two thousand thirteen, the judicial Authority reconsiders the measure and asks the affected party to make an economic valuation of said timber by the forest regent, and that in order to deliver this timber to them, they had to deposit the indicated sum to the order of the Court...\" (folio 133). From the study of the case file, it follows that in the decision issued at 7:15 a.m. on April 15, 2013, the Court admitted the appeal filed by the defendant against the decision issued at 11:30 a.m. on April 5, according to a correction it made in an order issued at 7:00 a.m. on April 23, 2013, as it had put an incorrect date for the appealed decision (folio 101). In that same ruling, it rejected the defendant's petition to vary the issued—and appealed—precautionary measure, ordered the forest regent to provide the timber transport guides (guías de transporte) and indicate the value of the cut timber, so that, prior to the delivery of the latter to Viento del Oeste Sociedad Anónima, the respective guarantee be rendered (folio 99). That ruling issued at 7:00 a.m. on April 23, 2013, contrary to what was stated by the defendant as a ground for nullity, was notified to the latter and to the defendant on April 23 (folios 102 and 103); therefore, they could not allege ignorance of it, coupled with the fact that they subsequently appeared in the proceeding (article 196 of the Civil Procedure Code (Código Procesal Civil), applied supplementarily). The plaintiff alleges as another ground for nullity that the Court, when deciding, still had pending the term granted in the order issued at 7:15 a.m. on May 6, which referred to the request made by the co-defendant to render a guarantee, in such a way that the decision was issued without considering his position on the matter, coupled with the fact that he formulated opposition to said petition. Having analyzed the processing given to the case file, it is evident that the plaintiff is correct, since the Court issued the decision at 1:40 p.m. on May 15, 2013, without the three-day period granted to the plaintiff regarding the petition filed by the defendant to render counter-security (contragarantía) having yet expired. The foregoing violated the principle of due process (debido proceso) and, with it, the adversarial principle (contradictorio) and the right of defense, leaving the plaintiff in a state of defenselessness, especially since they exercised their right within the granted period, opposing the request for counter-security, the report on the value of the timber price submitted by the defendant, and additionally, arguing that the area in litigation is constituted by the entire sector of the plantation and not just a part, since, they stated, it was planted on the farm of their represented party, not in the overlapping area. Hence, the Tribunal considers that there was an impact on the right of said party, since when deciding, the Court did not analyze such points, limiting itself to ruling on the counter-security (contracautela) request presented by the defendant based on a report submitted by the latter, so this second ground of nullity raised by the plaintiff is shared.-*

XI.- The Tribunal deems it necessary to point out that there are other procedural irregularities that must be corrected, in accordance with the powers granted by article 26 of the Agrarian Jurisdiction Law (Ley de Jurisdicción Agraria). In the first place, it must be noted that the Court, despite having admitted with devolutive effect the appeal filed by the defendant against the decision issued at 11:30 a.m. on April 5, 2013 (folio 46), in which it ordered the suspension of activities carried out in the area in litigation by the defendant, continued processing the precautionary measure without sending a copy of the case file to the Tribunal for it to rule on the already admitted appeal. Subsequently, it issued a second decision, also appealed, at 1:40 p.m. on May 15, 2013 (folio 133), in which it varied the content of the first decision by authorizing \"...Mr. Gabriel Raúl Hernández, to, with the formalities of law, render a first-degree mortgage guarantee, in favor of the Court, over the farm of his represented party registered in the District (partido) of Puntarenas, real folio 59511-002, for the sum of four million forty-one thousand two hundred forty-four net colones, this according to a report rendered by Forest Regent Engineer Fernando Rojas Conejo...\" and ordered the restrictions ordered in the originally appealed decision issued at 11:30 a.m. on April 5, 2013, be set aside. The procedural technique used by the Court is incorrect; however, the Tribunal does not consider that it nullifies what was processed due to the omission of complying with the formalities of law, but rather because in this second ruling the plaintiff is left in a state of defenselessness—as rightly pointed out in the concomitant nullity petition—because it varied what was initially decided based on a report from the forest regent contracted by the defendant, the result of which was objected to by the plaintiff, who requested that the report be rendered by an expert appointed by the Court. That objection was not considered by the Court, nor was the objection by the representative of Mr. [Name1] to the timber that said regent considered in his report, deeming it biased as it does not include what, it is stated, was planted entirely on Mr. [Name1]'s farm, not on the overlapping portion of the properties. Even more serious is the fact that in the decision issued at 1:40 p.m. on May 15, 2013—the second appealed decision— [Name3] is authorized to dispose of the timber, without specifying in what capacity, since in principle it appears to be in his personal capacity, although he does not act as such in the proceeding; as representative of the defendant Corporación Bella Vista del Golfo Sociedad Anónima; or, as representative of Viento del Oeste Sociedad Anónima, which, although it is also not a party to the proceeding, is mentioned by the Court in orders issued at 7:15 a.m. on April 15, 2013 as the acquirer of the timber (folio 99) and in an order issued at 7:15 a.m. on May 6 of that year as the petitioner for the granting of the guarantee (folio 117). Finally, the Tribunal observes that the Court, contrary to the provisions of article 161 of the Civil Procedure Code, applied supplementarily, omitted to rule on the request for clarification and addition filed by the plaintiff against the decision issued at 1:40 p.m. on May 15, 2013, and proceeded to admit the appeal, thus violating that rule and the principle of procedural preclusion (preclusión procesal), since the decision that admits that petition integrates the principal one, the appeal of which shall be counted after the finality of the latter, whether it is granted or denied. Consequently, the Tribunal considers that the decision issued at 1:40 p.m. on May 15, 2013, must be annulled, as it was issued prematurely without considering the objections raised by the plaintiff to the request for counter-security (contracautela) made by the defendant, and for not specifying in what capacity it authorized [Name3] to dispose of the forest resource. As it is unnecessary, a ruling is omitted on the grievances stated in the appeal filed by the plaintiff against the decision issued at 1:40 p.m. on May 13, 2013.-* X.- Regarding the appeal filed by the defendant against the decision issued at 11:30 a.m. on April 5, 2013, it must be noted that to determine the appropriateness of the precautionary measure requested by the plaintiff, it is necessary to verify whether the petition meets the required legal prerequisites. It is necessary to demonstrate that there is a well-founded fear that the defendant, before the judgment, may cause the plaintiff's right a serious injury or one that is difficult to repair. In this regard, the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) of the Supreme Court of Justice, in Vote 3929, rendered at 3:24 p.m. on July 18, 1995, stated: \"Before developing this point, it is essential to highlight that 'precautionary measures' in themselves are not unconstitutional and that they are legally viable, to the extent that they meet the substantive prerequisites necessary for their adoption, namely: the current interest of the petition; the possibility of the main claim being granted; the serious, irreparable or difficult-to-repair nature of the damage sought to be avoided; a favorable position of the public interest; judicial control and means of challenge; and the temporality of the measure. On this matter, the Chamber, by judgment number 7190-94, rendered at three twenty-four in the afternoon on December sixth, nineteen ninety-four, established that: \"...Assurance* or precautionary measures, according to the most qualified doctrine, arise in proceedings as a necessity to guarantee effective jurisdictional protection and therefore can be conceptualized as 'a set of procedural powers of the judge—whether jurisdictional or administrative justice—to resolve prior to the final decision, with the specific purpose of preserving the real conditions indispensable for the issuance and execution of the final act.' The doctrine understands that instrumentality and provisionality are two fundamental characteristics of precautionary measures and that their main configurative elements require that they must be: a) legal and legally possible; b) provisional, since they expire with the issuance of the final act; c) grounded, that is, have a real factual basis in relation to the particular case; d) modifiable, in the sense that they are susceptible to being increased or decreased to adapt to new necessities; e) accessory, since they are justified within a main proceeding; f) preventive in nature, since their purpose is to avoid inconvenience to the interests and rights represented in the main proceeding; g) of assuring effect, aimed at maintaining a state of fact or law during the development of the proceeding, preventing situations that could harm the effectiveness of the judgment or final act; h) be homogeneous and not respond to characteristics of identity regarding the substantive right protected, in order for them to be effective preventive measures and not anticipated acts of execution...\". From what was stated by the cited Chamber, with binding effect, it follows that for the appropriateness of precautionary measures, it is necessary to verify the current interest of the petition; the possibility of the main claim being granted; the serious, irreparable or difficult-to-repair nature of the damage sought to be avoided; a favorable position of the public interest; judicial control and means of challenge; and the temporality of the measure. Likewise, it must be determined that the requested measure does not correspond to anticipated acts of execution in accordance with what is sought. In this regard, it is important to take into consideration that in the lawsuit, said party requested that it be declared the sole owner of the farm registered under CED9, depicted on plan P-052511-1962; that it has exercised possession of said property since 1962 in a public, peaceful, uninterrupted manner, as owner, adding the possession of the previous transmitting possessors, and therefore requested the partial cancellation of cadastral plan P-0011421-1974 and the farm registered under CED10 in the area where it overlaps with the first cited property; that the timber extraction activity carried out by the defendant has been in bad faith, therefore it requests that the defendant be ordered to pay damages (daños) and losses (perjuicios), that its eviction (desalojo) be ordered, the cessation of disturbing acts, and the payment of costs (costas) (folios 13 and 14). Subsidiarily, it requested that the overlapping area be divided equally, demarcated, and the corresponding modifications be made to the Cadastre and the Registry, and that the defendant be ordered to pay damages, losses, and costs (folio 14). It requested as a precautionary measure that the suspension of the forest activities being carried out on the property be ordered, that an order be issued to the Colegio de Ingenieros Agrónomos so that forest regency (regencia forestal) contracts are not registered in the area in litigation, and that said order be communicated to the Ministry of Environment and Energy (Ministerio de Ambiente y Energía) —hereinafter MINAE— and coordination with the administrative police (policía administrativa) for conducting judicial inspections (reconocimientos judiciales) at the site (folio 15 and 23). In the document issued by the Paquera Police Delegation on March 13, 2013, it is indicated that there is \"a large quantity of recently cut timber pieces lying on the ground, which is located within the property of Mr. [Name7] () …” * (folio 32), without specifying how many trees were being referred to when this large quantity of trees was mentioned; however, in the record of the judicial inspection carried out by the Court at 9:00 a.m. on April 5, 2013, it was recorded that there is an area of approximately three hectares felled, “four tree trunks (sic) of melina species, seven varas in length and approximately fourteen inches in diameter” (folio 41) and “five groups of melina logs of approximately fifty esquivas ready to be loaded onto a truck” (folio 42). The private report signed by [Name8], who says he is an Associate Topographer, indicates that the felled timber is located within farm 15816-000 and provides an overlay of the involved plans (folios 33 to 36). That document was not brought to the attention of the defendant; however, since the latter appeared in the proceedings subsequently, it is considered that no defenselessness was caused. From the documentary evidence submitted to the case file, it is evident that farm 15816-000 is registered in the name of the plaintiff (registry certification on folio 7); right 001 of farm 59511-000 belongs to [Name2] (registry certification on folio 3) and 002 to Corporación Bella Vista del Golfo Sociedad Anónima (registry certification on folio 5). The Court, in a decision issued at 11:30 a.m. on April 5, 2013, granted the precautionary measure requested by the plaintiff, ordered the suspension of forest activities on the property in litigation, including that carried out by the defendant, and to communicate such decision to the persons who are working on the felling and extraction of melina trees through the Public Force (Fuerza Pública) of Paquera, under warning that in case of non-compliance, “proceedings would be initiated\" for the crime of disobedience to authority; to issue official letters to the Ministry of Environment and Energy to order the suspension of all activity aimed at timber extraction, and to the Colegio de Ingenieros Agrónomos not to register forest regency contracts in favor of the defendant (folio 46). The Tribunal considers that there is an appearance of good right in this case, since, according to a judgment of plausibility (juicio de verosimilitud) based on the evidence submitted so far, it follows that the felled timber corresponds to the area in litigation claimed in the lawsuit; likewise, there is danger of delay (peligro de demora) since the possible duration of this proceeding could cause a burdensome effect on what is sought by the plaintiff if that resource is eventually disposed of without any control, and the linked timber could lose its economic value if it is not extracted in a timely manner. In its appeal, the defendant refers to the report issued by SINAC No. ACT-OSRLP-194-2013 identified as “inspection report for conflict regarding harvesting of melina plantation and reopening of road, Campiñas de Paquera sector” requested by the Court, arguing, among other things, that the environmental damage alluded to by the lower court (a quo) was not significant and that there is a commitment between the entrepreneur and the public administration, specifically, the Tempisque Conservation Area (Área de Conservación Tempisque) of MINAE, to rehabilitate the stream beds once the rains begin so as not to affect the normal pluvial course. He added that SETENA pronounced that only a municipal permit is necessary for the specific road rehabilitation, and forest plantations do not need a felling permit, as the Certificate of Origin for Forest Plantation No. 005-2013 exists for the extraction of this timber, whose current forest regent is engineer Fernando Rojas Conejo, who, with the endorsement of the Colegio de Ingenieros Agrónomos, certified that the origin of the timber comes from the farm owned by Corporación Bella Vista del Golfo Sociedad Anónima, according to the Forest Regency Form of the Colegio de Ingenieros Agrónomos No. 001496G and Certificate of Origin for the Transport of Timber from a forest plantation No. 095359G. The appellant relies on the certified document identified as “Graphic Report on melina plantations in La Campiña de Río Grande Paquera” (folio 28) and the Forest Regency Form No. 001496G of forest regent Fernando Rojas Conejo (folio 69). Likewise, on document ACT-OSRLP-194-2013 of the Lepanto Paquera Subregion of the Tempisque Conservation Area, dated April 8, 2013, called “Inspection report for conflict harvesting Melina plantation and reopening of road, Campiñas de Paquera sector,” in which it was indicated that the work to reopen the road was carried out with the minimum necessary impact required to enable a road unused for many years and do not represent a significant environmental impact (impacto ambiental) since no trees were removed nor significant earthworks (movimientos de tierra) carried out.

It is added in the aforementioned document that the road in question was rehabilitated to extract melina wood from a forest plantation (plantación forestal) established 15 or 20 years ago and that said harvesting (aprovechamiento) does not represent a significant environmental impact (impacto ambiental) on the environment, being strictly necessary to be able to harvest and extract said wood pursuant to the cited Plantation Origin Certificate (Certificado de Origen de Plantación) N° 005-2013 (folios 71 to 76). From the cited evidence, it is inferred that these are trees extracted from a plantation; therefore, no permit is required for this in accordance with the provisions of numeral 28 of the Ley Forestal. This norm provides: “Exception from harvesting permit (permiso de corta). Forest plantations, including agroforestry systems and individually planted trees and their products, shall not require a harvesting, transportation, industrialization, or export permit. However, in cases where before this law's entry into force there exists a forest contract, signed with the State to receive Forest Payment Certificates (Certificados de Abono Forestal) or income tax deduction, the harvest must be carried out in accordance with the provisions of the management plan (plan de manejo) approved by the State Forest Administration.” In this regard, the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) of the Supreme Court of Justice, in vote [Telf1] of 14 hours 30 minutes on April 10, 2013, ordered: “…requiring a harvesting permit or even another less burdensome measure could only have the consequence of discouraging investment in forest plantations, making wood more expensive and, consequently, making irrational exploitation, even outside the legal framework, of the forest more lucrative.” More broadly, in vote 12716-2012 of 16 hours 1 minute on September 12, 2012, said Chamber indicated: 2The Chamber adopts the opinion provided on the case by the Procuraduría General de la República, in the sense that, as a constitutional principle conditioning the State's actions in environmental protection, the principle of the objectivization of environmental protection (principio de la objetivación de la tutela ambiental) or principle of linkage to science and technique (principio de la vinculación a la ciencia y a la técnica) is recognized: “it translates into the need to support decision-making in this matter with technical studies, both in relation to acts and provisions of a general nature —both legal and regulatory—, from which derives the requirement of 'linkage to science and technique', which conditions the Administration's discretion in this matter.” (resolution No. 17126-2006). “environmental principle of linkage to science and technique that governs environmental matters, insofar as administrative decisions that may affect the environment require technical support to back them, and in such condition, they limit and condition the Administration's discretion in its actions.” (vote No. 14293-2005 reiterated by 11562-2006). “It starts from the principle that environmental norms must have technical support, since their application must start from limits that determine the conditions under which the use and harvesting of natural resources must be subjected.” (Vote No. [Telf2]). In turn, it is related to the principle of reasonableness as a parameter of constitutionality: “The principle of reasonableness, in relation to the fundamental right to the environment, obliges that the norms issued regarding this matter be duly motivated by serious technical studies, even if there were no other legal norm expressly establishing it.” (Vote No. [Telf3], emphasis added). “Thus, the application of this environmental principle is directly linked to a parameter of constitutionality of the conduct —administrative and of individuals— and of the norms governing the matter, such as reasonableness —according to the development of the jurisprudence of our Constitutional Court— insofar as its purpose is to tend towards the sustainability of the [sic] use of natural resources and the elements that make up the environment, through their 'adequate use'; and by virtue of which it is clear that environmental protection must be directed towards the adequate and intelligent use of its elements and in their natural, sociocultural, technological, and political relations, in order to safeguard the heritage to which present and future generations have a right; insofar as through the production and use of technology, it must be promoted to obtain, not only economic gains (freedom of enterprise) but above all a favorable development and evolution of the environment and natural resources with human beings, that is, without causing them harm or damage, as our Constitutional Court has considered, in its extensive jurisprudence, including from its origins, thus in the aforementioned judgments number 3705-93 and number 2006-17126.” (Vote No. [Telf4]). From the foregoing, it is deduced that if what exists in the area in dispute is a plantation, a MINAE permit is not necessary for its exploitation; hence, the suspension order declared by the Court is deemed improper. Added to this, in this case, the extraction did not imply a significant environmental impact. Therefore, the Tribunal does not share what was stated by the first-instance judge in referring to an eventual environmental damage (daño ambiental eventual); and even to the suspension of extraction permits, since when dealing with a melina plantation, such permits are unnecessary. In the Origin Certificate N° 095359 G, it was indicated that the wood would be extracted from farm [Dirección2] and 002 (folio 78), in which the extraction of wood in 5 hectares with a volume of 780 cubic meters, out of a total of 15 hectares of melina arborea* plantation, is authorized (folios 78 and 79 and 107 to 115). Regarding the document at folio 80, it is written in a language different from Spanish and the proponent party did not submit the required translation. However, from the other evidence, it is deduced that the cut melina plantation forms part of the area in dispute, such that, since it is in the judgment where the rights over that sector will be defined, until that decision is rendered, Corporación Bella Vista del Golfo Sociedad Anónima must be authorized to dispose of those trees (folio 69), prior to which the Court must appoint an expert according to the roster of forestry engineers (ingenieros forestales) of the Judicial Branch to accurately determine the quantity of cut trees, their location in relation to the farm maps of the parties involved, the species of these, their condition, and whether their harvesting is possible under current conditions, and the estimated market value. Once these data are available, the Court shall place said goods at the disposal of the defendant party as judicial depositary (depositaria judicial) so that it may auction them on the Forest Products Exchange (Bolsa de Productos Forestales), in analogous application of Article 65 of the Ley Forestal, concerning the seizure of forest products. The foregoing must be documented, and the procedure for moving the wood must correspond to that established in Article 31 of the Ley Forestal. If such products cannot be sold at public auction, any person may harvest them, upon deposit with the Court of the value assigned by expert appraisal. In addition, the appointed expert must, based on the survey they conduct of the area in dispute and the documentation contained in this file, indicate the date on which those tree species are ready to be harvested, the quantity, and their geographic location. For this purpose, the defendant party must deposit into the Court's account within eight days the amount fixed by the Court for the fees and travel expenses of the appointed expert, with the warning that in case of non-compliance, it will be deemed uninterested in the harvesting for the sale of the cut trees, in which case the Court must appoint a person as judicial depositary of the same. The costs of storage of the trees, while they cannot be placed for sale or are duly harvested, with prior authorization from the Court, shall be borne by the plaintiff party. In the event that the defendant party does not accept being the judicial depositary of the cut trees —in the cited scenarios— the Court may appoint another suitable natural or legal person to proceed accordingly. All of the foregoing must be verified on-site by the Court, which in turn must proceed to appoint the expert, manage their oath-taking, and proceed as indicated, once this resolution is final, with due speed considering the urgency of the measure for better harvesting of the forest resource and the prevailing climatic conditions in the area. The foregoing, because the valuation of the cut trees provided by the managing forestry engineer (ingeniero forestal regente) [Nombre6] does not correspond to that of a judicial expert according to the roster that guarantees objectivity for the parties involved; and the plaintiff party opposed the valuation provided by him and other contributed data. The foregoing, based on Article 242 of the Code of Civil Procedure, applied supplementarily in accordance with numerals 6, 26, and 79 of the Ley de Jurisdicción Agraria, and 27, 28, 31, 56, and 65 of the Ley Forestal.- XI.- Likewise, after analyzing the handling given to the file, the Tribunal deems that the Court must comply with the institutional circulars and guidelines, specifically Nº 82-95 of October 19, 1995, Article LXVIII issued by the Full Court (Corte Plena), to avoid procedural irregularities that may affect the proceedings, among them, listing on the file cover the name of Mrs. [Nombre2] as co-defendant and verifying that the due process (debido proceso) of that party as well as the rest is respected; and that the index of proceedings reflects the actual processing of the file. Furthermore, it must rule on the actions taken in this process by Mr. Gabriel Raúl Hernández on behalf of Viento del Oeste Sociedad Anónima, which does not yet appear as a party or intervener (folio 57); nonetheless, Mr. Hernández has repeatedly acted jointly as representative of this and of the co-defendant Corporación Bella Vista del Golfo Sociedad Anónima (folios 59 and 104). It is also clarified that the document at folio 132 on which three signatures appear at the bottom, dated May 15, 2013, but without a received stamp, is not considered for the issuance of this resolution because the signatures do not appear authenticated, the persons who supposedly signed it and are lawyers did not affix their stamp, and it was not presented by any of them since it does not even have proof of receipt. The received stamp of the document at folio 129 corresponds only to that document as it mentions the presentation of three folios on May 13 (folio 129). Finally, it must notify the Guardia Civil of Paquera and the regional MINAE office, which were informed about the content of the revoked resolution (folios 43 to 45), about the issuance of this pronouncement.-

POR TANTO:

The resolution of eleven hours thirty minutes on April five, two thousand thirteen, is revoked. In its place, the precautionary measure requested by the plaintiff party under the conditions proposed by it is rejected, with the following being ordered at this Instance: Until judgment is rendered or the circumstances under which this precautionary measure is dictated change, the co-defendant Corporación Bella Vista del Golfo Sociedad Anónima is authorized to dispose of the cut trees located in the conflict area; prior to this, the Court shall appoint an expert according to the roster of forestry engineers of the Judicial Branch, to accurately determine the quantity of cut trees, their location in relation to the farm maps of the parties involved, the species of these, their condition, whether their harvesting is possible under current conditions, and the estimated market value. Once these data are available, the Court shall place said goods at the disposal of the defendant party as judicial depositary so that it may place them on the Forest Products Exchange. The foregoing must be documented, and the procedure for moving the wood must correspond to that established in Article 31 of the Ley Forestal. If such products cannot be sold at public auction, any person may harvest them, upon deposit with the Court of the value assigned by expert appraisal. The appointed expert must also, based on the judicial survey (reconocimiento judicial) they conduct of the area in dispute with the accompaniment of the agrarian judge, the attending parties, and the documentation contained in this file, indicate the date on which the remaining tree species are ready to be harvested according to their current condition and the proceedings before MINAE, and the quantity of those plantation trees according to the respective technical procedure. The defendant party must deposit into the Court's account within the period of eight days that the Court will grant, the amount fixed for the fees and travel expenses of the appointed expert, with the warning that in case of non-compliance, it will be deemed uninterested in the harvesting for the sale of the cut trees, in which case the Court must appoint another natural or legal person as judicial depositary of the same to proceed as indicated. The costs of storage of the trees, if they cannot be sold or are not duly harvested, with prior authorization from the Court, shall be borne by the plaintiff party. In the event that the defendant party does not accept being the judicial depositary of the cut trees —in the cited scenarios— the Court may appoint another suitable natural or legal person to proceed accordingly. All of the foregoing must be verified on-site by the Court, which in turn must proceed to appoint the expert, manage their oath-taking, and proceed as indicated, once this resolution is final, with due speed considering the urgency of the measure for better harvesting of the forest resource and the prevailing climatic conditions in the area. The resolution of thirteen hours forty minutes on May fifteen, two thousand thirteen, is annulled. The Court must comply with the institutional circulars and guidelines, specifically Nº 82-95 of October 19, 1995, Article LXVIII issued by the Full Court, to avoid procedural irregularities that may affect the proceedings, among them, listing on the file cover the name of Mrs. [Nombre2] as co-defendant and verifying that the due process of that party as well as the rest is respected; and that the index of proceedings reflects the actual processing of the file. In addition, the Court must rule on the actions taken in this process by Mr. [Nombre3] on behalf of Viento del Oeste Sociedad Anónima, which does not yet appear as a party or intervener. Regarding the document added at folio one hundred thirty-two, the Court must resolve what corresponds to it appearing added to the file without a date of receipt and, if necessary, order the respective disciplinary investigation. Finally, the Court must notify the Guardia Civil of Paquera and the regional MINAE office, which were informed about the content of the revoked resolution, about the issuance of this pronouncement.- * * * * * * * * * HK4QGQCSO3M61 * * [Nombre9] - * * * * * * * * * JUEZ/A DECISOR/A * * * IA1ATDMH2MW61 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * UGXXRBHOFBY61* * [Nombre10] - * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * [Nombre11] -* * JUEZ/A DECISOR/A * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * JUEZ/A DECISOR/A* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Classification prepared by CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL of the Judicial Branch. Reproduction and/or distribution in onerous form is prohibited.

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Secciones

Tribunal Agrario Clase de asunto: Proceso ordinario Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Derecho Procesal Agrario Tema: Medidas cautelares del proceso agrario Subtemas:

Finalidad y presupuestos. Aplicación del principio ambiental de la vinculación a la ciencia y a la técnica.

“X.- En relación con el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la resolución de las 11 horas 30 minutos del 5 de abril de 2013, debe señalarse que para determinar la procedencia de la medida cautelar solicitada por la parte demandante, es preciso verificar si la gestión cumple con los presupuestos legales requeridos. Es preciso acreditar que exista fundado temor de que la parte demandada, antes de la sentencia, le cause al derecho de la demandante, una lesión grave o de difícil reparación. Al respecto, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en voto 3929 de las 15 horas 24 minutos del 18 de julio de 1995, señaló: "De previo a desarrollar este punto, resulta imprescindible destacar que las "medidas cautelares" en sí mismas no son inconstitucionales y que éstas resultan jurídicamente viables, en la medida que cumplan con los presupuestos de fondo necesarios para su adopción, a saber: el interés actual de la petición; la posibilidad de acogimiento de la pretensión principal; el carácter grave, irreparable o difícil de reparar del daño que se pretende evitar; una posición favorable del interés público; control judicial y medios de impugnación; y la temporalidad de la medida. Sobre el particular, la Sala por sentencia número 7190-94 de las quince horas con veinticuatro minutos del seis de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, estableció que: "...Las medidas asegurativas o cautelares, según la más calificada doctrina, surgen en el proceso como una necesidad que permita garantizar una tutela jurisdiccional efectiva y por ello se pueden conceptualizar como "un conjunto de potestades procesales del juez -sea justicia jurisdiccional o administrativa- para resolver antes del fallo, con el específico fin de conservar las condiciones reales indispensables para la emisión y ejecución del acto final". La doctrina entiende que la instrumentalidad y la provisionalidad son dos características fundamentales de las medidas cautelares y que sus principales elementos configurativos, exigen que deban ser: a) lícitas y jurídicamente posibles; b) provisionales, puesto que se extinguen con el dictado del acto final; c) fundamentadas, es decir, tener un sustento fáctico real con relación al caso particular; d) modificables, en el sentido que son susceptibles de aumentarse o disminuirse para adaptarlas a nuevas necesidades; e) accesorias, puesto que se justifican dentro de un proceso principal; f) de naturaleza preventiva, ya que tienen como objeto evitar inconveniencias a los intereses y derechos representados en el proceso principal; g) de efectos asegurativos, al pretender mantener un estado de hecho o de derecho durante el desarrollo del proceso, previniendo situaciones que puedan perjudicar la efectividad de la sentencia o acto final; h) ser homogéneas y no responder a características de identidad respecto del derecho sustantivo tutelado, con el fin de que sean medidas preventivas efectivas y no actos anticipados de ejecución…". De lo expuesto por la citada Sala, con carácter vinculante, se desprende que para la procedencia de las medidas cautelares es preciso verificar el interés actual de la petición; la posibilidad de acogimiento de la pretensión principal; el carácter grave, irreparable o difícil de reparar del daño que se pretende evitar; una posición favorable del interés público; control judicial y medios de impugnación; y la temporalidad de la medida. De la misma forma, debe determinarse que la medida solicitada no corresponda a actos anticipados de ejecución conforme a lo pretendido. Al respecto, es importante tomar en consideración que en la demanda, dicha parte solicitó se declarara es la única propietaria de la finca matrícula CED1, graficada en el plano P-052511-1962; que ha ejercido posesión en dicho inmueble desde el año 1962 en forma pública, pacífica, ininterrumpida, a título de dueño, sumando la posesión de los anteriores poseedores transmitentes, por lo que pidió, se cancelase parcialmente el plano catastrado P-0011421-1974 y la finca matrícula CED2 en el área en que traslapa con el primer fundo citado; que la actividad de extracción de la madera realizada por la demandada ha sido de mala fe, por lo que pide se le condene al pago de los daños y los perjuicios, se disponga su desalojo, el cese de los actos perturbatorios y el pago de las costas (folios 13 y 14). En forma subsidiaria pidió se dividiera por partes iguales el área de traslape, se demarcara y se hicieran las modificaciones de rigor al Catastro y al Registro, se impusiera a la parte demandada el pago de los daños, los perjuicios y las costas (folio 14). Solicitó como medida cautelar se ordene la suspensión de las actividades forestales que se están realizando en el inmueble, la emisión de una orden al Colegio de Ingenieros Agrónomos para que no se inscriban contratos de regencia forestal en el área en litis y que esa orden sea comunicada al Ministerio de Ambiente y Energía -en adelante MINAE- y la coordinación con la policía administrativa para la realización de reconocimientos judiciales en el sitio (folio 15 y 23). En el documento emitido por la Delegación Policial de Paquera, el 13 de marzo de 2013, se indica hay "gran cantidad de piezas de madera recién cortada y tirada al suelo, lo cual se encuentra dentro de la propiedad del señor [Nombre1] () …” (folio 32), sin especificarse a cuántos árboles se refería cuando se hizo referencia a esa gran cantidad de árboles; sin embargo, en el acta del reconocimiento judicial realizado por el Juzgado a las 9 horas del 5 de abril de 2013, se hizo constar que existe un área de aproximadamente tres hectáreas taladas, “cuatro troncos de arboles (sic) de las especies de melina de un largo de siete varas y un diámetro de aproximadamente catorce pulgadas” (folio 41) y “cinco grupos de trozas de melina como aproximadamente cincuenta esquivas listas para ser cargas en un camión” (folio 42). El informe privado rubricado por [Nombre2] , quien dice ser Topógrafo Asociado, señala que la madera talada se encuentra ubicada dentro de la finca 15816-000 y aporta un montaje de los planos involucrados (folios 33 a 36). Ese documento no fue puesto en conocimiento de la parte demandada; sin embargo, al haberse ésta apersona al proceso con posterioridad se estima, no se le causó indefensión. De la documental aportada al expediente se desprende que la finca 15816-000 está inscrita a nombre del demandante (certificación registral de folio 7); el derecho 001 de la finca 59511-000 le pertenece a [Nombre3] (certificación registral de folio 3) y el 002 de Corporación Bella Vista del Golfo Sociedad Anónima (certificación registral de folio 5). El Juzgado, en resolución de las 11 horas 30 minutos del 5 de abril de 2013 acogió la medida cautelar solicitada por la parte demandante, ordenó suspender las actividades forestales en el inmueble en litis, incluyendo la realizada por la parte demandada y comunicar tal decisión a las personas que se encuentran laborando en la tala y extracción de árboles de melina por medio de la Fuerza Pública de Paquera, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de “abrir causa" por el delito de desobediencia a la autoridad; expedir oficios al Ministerio de Ambiente y Energía para que ordene la suspensión de toda actividad tendiente a la extracción de madera y al Colegio de Ingenieros Agrónomos para que no inscriba contratos de regencia forestal a favor de la parte demandada (folio 46). Estima el Tribunal que existe apariencia de buen derecho en este caso, puesto que, conforme a un juicio de verosimilitud basado en la prueba hasta ahora aportada, se deduce, la madera talada corresponde al área en litis reclamada en la demanda; de igual forma, hay peligro de demora puesto que con la posible duración de este proceso se puede generar a la demandante un efecto gravoso en lo pretendido si eventualmente se dispone de ese recurso sin control alguno, y a la madera vinculada, de perder su valor económico si no se extrae de manera oportuna. En su apelación, la parte demandada remite al informe emitido por el SINAC N°ACT-OSRLP-194-2013 identificado como “informe de inspección por conflicto de aprovechamiento de plantación de melina y reapertura de camino, sector Campiñas de Paquera” solicitado por el Juzgado, argumentando entre otras cosas, que el daño ambiental al que hace alusión el a quo no fue significativo y existe un compromiso entre el empresario y la administración pública, concretamente, el Área de Conservación Tempisque del MINAE de rehabilitar los causes de la quebrada, una vez comiencen las lluvias para no afectar el recorrido pluvial normal. Agregó, la SETENA se pronunció acerca de que únicamente es necesario un permiso municipal para la rehabilitación del camino en específico y las plantaciones forestales no necesitan permiso de corta, pues para la extracción de esa madera se cuenta con el Certificado de Origen de Plantación Forestal N° 005-2013, cuyo regente forestal actual es el ingeniero Fernando Rojas Conejo, quien con el aval del Colegio de Ingenieros Agrónomos certificó que el origen de la madera proviene de la finca propiedad de Corporación Bella Vista del Golfo Sociedad Anónima, según Formulario de Regencia Forestal del Colegio de Ingenieros Agrónomos N° 001496G y Certificado de Origen para el Transporte de Madera proveniente de una plantación forestal N° 095359G. Se basa el recurrente en el documento certificado identificado como ³Informe gráfico sobre plantaciones de melina en La Campiña de Río Grande Paquera´(folio 28) y el Formulario de Regencia Forestal N° 001496G del regente forestal Fernando Rojas Conejo (folio 69). De igual forma, en el documento ACT-OSRLP-194-2013 de la Subregión Lepanto Paquera del Área de Conservación Tempisque fechado 8 de abril de 2013 , denominado “Informe de inspección por conflicto aprovechamiento de plantación de Melina y reapertura de camino, sector Campiñas de Paquera´,en el que se indicó, las labores para reabrir el camino fueron realizados con el mínimo impacto necesario que amerita poder habilitar una vía en desuso por muchos años y no representan un impacto ambiental significativo pues no se eliminaron árboles ni se realizaron movimientos de tierra significativos. Se adiciona en el referido documento que la vía en referencia se rehabilitó para extraer madera de melina proveniente de una plantación forestal establecida hace 15 o 20 años y que dicho aprovechamiento no representa un significativo impacto ambiental para el medio, siendo las estrictamente necesarias para poder aprovechar y extraer dicha madera conforme al Certificado de Origen de Plantación N° 005-2013 citado (folios 71 a 76). De las probanzas citadas se extrae, se trata de árboles extraídos de una plantación, por ende, no requiere de permiso para ello de acuerdo a lo dispuesto por el numeral 28 de la Ley Forestal. Esta norma dispone: “Excepción de permiso de corta. Las plantaciones forestales, incluidos los sistemas agroforestales y los árboles plantados individualmente y sus productos, no requerirán permiso de corta, transporte, industrialización ni exportación. Sin embargo, en los casos en que antes de la vigencia de esta ley exista un contrato forestal, firmado con el Estado para recibir Certificados de Abono Forestal o deducción del impuesto sobre la renta, la corta deberá realizarse conforme a lo establecido en el plan de manejo aprobado por la Administración Forestal del Estado". Al respecto, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en voto [Telf1] de las 14 horas 30 minutos del 10 de abril de 2013, dispuso: “…exigir permiso de corta o, incluso, otra medida menos gravosa, solo podría traer como consecuencia desincentivar la inversión en plantaciones forestales, encarecer la madera y, en consecuencia, hacer más lucrativa la explotación irracional, incluso al margen del ordenamiento jurídico, del bosque.” De manera más amplia, en el voto 12716-2012 de las 16 horas 1 minuto del 12 de setiembre de 2012, dicha Sala señaló: 2La Sala hace propias opinión que sobre el caso ha brindado la Procuraduría General de la República, en el sentido de que, como principio constitucional que condiciona la actuación del Estado en la protección del ambiente, se reconoce, el principio de la objetivación de la tutela ambiental o principio de la vinculación a la ciencia y a la técnica: “se traduce en la necesidad de acreditar con estudios técnicos la toma de decisiones en esta materia, tanto en relación con actos como de las disposiciones de carácter general -tanto legales como reglamentarias-, de donde se deriva la exigencia de la "vinculación a la ciencia y a la técnica", con lo cual, se condiciona la discrecionalidad de la Administración en esta materia.” ( resolución No. 17126-2006). “principio ambiental” de la vinculación a la ciencia y a la técnica" que rige la materia ambiental, en tanto las decisiones administrativas que pueden tener incidencia en el ambiente requieren de un sustento técnico que las respalde, y en tal condición, limitan y condicionan la discrecionalidad de la Administración en su actuación.” (voto No. 14293-2005 reiterado por el 11562-2006). “Se parte del principio de que las normas ambientales deben tener un sustento técnico, pues su aplicación tiene que partir de límites que determinen las condiciones en las cuáles debe sujetarse el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.” (Voto No. [Telf2]). A su vez, se relaciona con el principio de razonabilidad como parámetro de constitucionalidad: “El principio de razonabilidad, en relación con el derecho fundamental al ambiente, obliga a que las normas que se dicten con respecto a esta materia estén debidamente motivadas en estudios técnicos serios, aún cuando no existiera otra normativa legal que así lo estableciera expresamente.” (Voto No. [Telf3], el destacado es nuestro). “Así, la aplicación de este principio ambiental está directamente vinculada con un parámetro de constitucionalidad de la conducta -administrativa y de los particulares- y de la normativa que rige la materia, como lo es la razonabilidad -según desarrollo de la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional- en tanto su finalidad es tender a la sostenibilidad del el [sic] uso de los recursos naturales y de los elementos que conforman el ambiente , a través de su " uso adecuado "; y en virtud de los cuales queda claro que la protección al ambiente debe encaminarse a la utilización adecuada e inteligente de sus elementos y en sus relaciones naturales, socioculturales, tecnológicos y de orden político, para con ello salvaguardar el patrimonio al que tienen derecho las generaciones presentes y futuras; en tanto a través de la producción y uso de la tecnología es que debe de promoverse que se obtengan, no sólo ganancias económicas (libertad de empresa) sino sobre todo un desarrollo y evolución favorable del medio ambiente y los recursos naturales con el ser humano, esto es, sin que se cause a éstos daño o perjuicio, como lo ha considerado nuestro Tribunal Constitucional, en su amplia jurisprudencia, inclusive desde sus orígenes, así en las sentencias supra citadas número 3705-93 y número 2006-17126.” (Voto No. [Telf4]).´De lo anterior se deduce, si lo existente en el área en litis es una plantación, no es preciso para su explotación permiso del MINAE para tal efecto, de ahí se estime improcedente la orden de suspensión declarada por el Juzgado. Aunado a ello, en este caso, la extracción no implicó una afectación ambiental significativa. De ahí, no comparte el Tribunal lo expuesto por el juez de primera instancia al hacer referencia a un daño ambiental eventual; e inclusive a la suspensión de permisos para extracción, pues al tratarse de plantación de melina, tales permisos son innecesarios. En el Certificado de Origen N° 095359 G se señaló, la madera sería extraída de la finca [Dirección1] y 002 (folio 78), en el que se autoriza la extracción de la madera en 5 hectáreas con un volumen de 780 metros cúbicos, de un total de 15 hectáreas de plantación de melina arborea (folios 78 y 79 y 107 a 115). En relación con el documento de folio 80, el mismo está redactado con un idioma diferente al español y la parte proponente no presentó la traducción requerida. Sin embargo, de las demás probanzas se deduce, la plantación de melina cortada forma parte del área en litis, de manera tal que al ser en sentencia donde se definan los derechos sobre ese sector, hasta tanto no se produzca esa decisión, deberá autorizarse a Corporación Bella Vista del Golfo Sociedad Anónima para que disponga de esos árboles (folio 69), previo a lo cual, deberá el Juzgado designar una persona experta conforme al rol de ingenieros forestales del Poder Judicial, para que determine con exactitud la cantidad de árboles cortados, su ubicación en relación con los planos de las fincas de las partes involucradas, las especies de éstos, el estado de los mismos y si es posible su aprovechamiento en las condiciones actuales, y el valor estimado de mercado. Una vez se tengan esos datos, el Juzgado pondrá en disposición dichos bienes de la parte demandada como depositaria judicial para que ésta los subaste en la Bolsa de Productos Forestales, en aplicación analógica del artículo 65 de la Ley Forestal, referente al decomiso de productos forestales. Lo anterior deberá quedar documentado y el procedimiento para trasegar la madera deberá corresponder al establecido en el artículo 31 de la Ley Forestal. Si tales productos no logran ser vendidos en subasta pública, podrá aprovecharlos cualquier persona, previo depósito en el Juzgado del valor asignado pericialmente. Además, la persona experta que se designe deberá, con base en el reconocimiento que realice del área en litis y la documentación que consta en este expediente, indicar la fecha en que esas especies arbóreas estén listas para ser aprovechadas, la cantidad y ubicación geográfica de éstas. Para tal efecto, la parte demandada deberá depositar en la cuenta del Juzgado en el plazo de ocho días, el monto que el Juzgado fije por honorarios y gastos de traslado de la persona experta que designe, con el apercibimiento de que en caso de incumplimiento se tendrá por no interesada en el aprovechamiento para la venta de los árboles cortados, en cuyo caso el Juzgado deberá designar a una persona depositaria judicial de los mismos. Los costos del depósito de los árboles, mientras no puedan ser colocados a la venta o sean debidamente aprovechados, previa autorización del Juzgado, correrán por cuenta de la parte demandante. En caso de que la parte demandada no acepte ser depositaria judicial de los árboles cortados -en los supuestos citados- el Juzgado podrá designar a otra persona física o jurídica idónea para que proceda conforme. Todo lo anterior deberá ser verificado en el sitio por el Juzgado, el que a su vez deberá proceder a designar la persona experta, gestionar su juramentación y proceder conforme se señala, una vez firme esta resolución, con la celeridad debida considerando la urgencia de la medida para un mejor aprovechamiento del recurso forestal y de las condiciones climáticas imperantes en la zona. Lo anterior, debido a que la valoración de los árboles cortados dada por el ingeniero forestal regente [Nombre4] no responde a la de una persona experta judicial conforme al rol que garantice objetividad a las partes involucradas; y la parte demandante se opuso a la valoración dada por éste y demás datos aportados. Lo anterior, con fundamento en el artículo 242 del Código Procesal Civil, aplicado supletoriamente conforme a los numerales 6, 26 y 79 de la Ley de Jurisdicción Agraria, y 27, 28, 31, 56 y 65 de la Ley Forestal.-” ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas * * * * * * * * * * *131600070642AG* * * * PROCESO:* * * * * * * * * * * * MEDIDAS CAUTELARES* ACTORA:* * * * * * * * * * * * * * * * [Nombre1] * DEMANDADO/A:* CORPORACION BELLA VISTA DEL GOLFO S.A. Y [Nombre2]* * * * * * * * * * * * * * * * * * * [Nombre2] * * * VOTO N°* 685-F-13 * TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las trece horas y treinta y cinco minutos del diecinueve de julio de dos mil trece.- * PROCESO ORDINARIO establecido por [Nombre1] , mayor, casado, ingeniero agrónomo, vecino de palmares, cédula de identidad CED1 - - ; contra CORPORACIÓN BELLA VISTA DEL GOLFO SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica CED2 - - , representada por su presidente [Nombre3] , de único apellido en razón de su nacionalidad estadounidense, mayor, soltero, ingeniero, pasaporte CED3 ; y su vicepresidente [Nombre4] , pasaporte CED4 , ambos en calidad de apoderados generalísimos sin límite de suma, en la condición de Presidente y Vicepresidente, respectivamente, pudiendo actuar conjunta o separadamente; y [Nombre2] , mayor, cédula de identidad CED5- , vecina de Betania* de San Pedro. Actúan como apoderados especiales judiciales, de la parte actora el letrado Roberto Soto Vega, cédula de identidad CED6- , colegiado ocho mil cuarenta y tres; y de la codemandada Corporación Bella Vista del Golfo Sociedad Anónima, el licenciado Randall Emilio Ramírez Calero, cédula de identidad CED7- - , colegiado dieciocho mil setecientos cuarenta y tres. El proceso se tramita en el Juzgado Agrario y Civil de Puntarenas, actuando como Agrario.- * Redacta la jueza Vargas Vásquez; y, * CONSIDERANDO:*

I.Se prohíjan los hechos tenidos por acreditados en la resolución de las 8 horas 30 minutos del 5 de abril de 2013, al ser acordes con las probanzas constantes en autos, agregándose como prueba al segundo hecho el informe emitido por la Delegación Policial de Paquera, del 13 de marzo de 2013, de folio 32. De tal naturaleza, se adiciona en esta Instancia lo siguiente: 3º El derecho 001 de la finca 59511-000 le pertenece a [Nombre2] (certificación registral de folio 3) y el 002 de Corporación Bella Vista del Golfo Sociedad Anónima (certificación registral de folios 3 y 5). 4º En el Certificado de Origen N° 095359 G se señaló, la madera sería extraída de la [Dirección1] , y en el que se autoriza la extracción de la madera en 5 hectáreas, con un volumen de 780 metros cúbicos, de un total de 15 hectáreas de plantación de melina arbórea (folios 78 y 79 y 107 a 115).-*

II.En este proceso, al plantear la demanda, el señor [Nombre1] , pidió como medida cautelar la suspensión de las actividades forestales que se están realizando en el área en litis, la emisión de una orden al Colegio de Ingenieros Agrónomos para que no se inscribiesen contratos de regencia forestal en el área en litis, y que esa orden se comunicase al Ministerio de Ambiente y Energía -en adelante MINAE- y la coordinación con la policía administrativa para la realización de reconocimientos judiciales en el sitio (folio 15 y 23). El Juzgado realizó tal un reconocimiento del inmueble según consta en acta de las 9 horas del 5 de abril de 2013 (folio 41). Luego, en resolución de las 11 horas 30 minutos del 5 de abril de 2013, acogió la medida cautelar solicitada por la parte demandante, declarando lo siguiente: ordenó suspender las actividades forestales en el inmueble en litis, incluyendo la realizada por la parte demandada y comunicar tal decisión a las personas que se encontrasen laborando en la tala y extracción de árboles de melina, por medio de la Fuerza Pública de Paquera, con apercibimiento, en caso de incumplimiento, de “abrir causa” por el delito de desobediencia a la autoridad; expedir oficios al Ministerio de Ambiente y Energía para que ordenase la suspensión de toda actividad tendiente a la extracción de madera y al Colegio de Ingenieros Agrónomos para que no inscribiese contratos de regencia forestal a favor de la parte demandada (folio 46).-*

III.La parte demandada interpuso recurso de apelación contra dicho pronunciamiento en memorial presentado a estrados el 10 de abril de 2013 (folio 91).*

Argumenta, la resolución dista de la realidad fáctica en cuanto se refiere al posible daño ambiental ocurrido, pues del pronunciamiento del ocho de abril de 2013, emitido por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación -en adelante SINAC- del MINAE, número ACT-OSRLP-194-2013, identificado como “Informe de inspección por conflicto de aprovechamiento de plantación de melina y reapertura de camino, sector Campiñas de Paquera” solicitado por el Juzgado, se desprende: a) el camino se rehabilitó con el visto bueno de la Municipalidad; b) en su rehabilitación el daño ambiental fue mínimo y asumible por el Estado como necesario; c) existe un compromiso entre el empresario y la Administración Pública, concretamente, el Área de Conservación Tempisque del MINAE, de rehabilitar los causes de la quebrada, una vez comiencen las lluvias, para no afectar el recorrido pluvial normal; d) la Secretaría Técnica Nacional Ambiental -en adelante SETENA- se pronunció acerca de que únicamente era necesario un permiso municipal para la rehabilitación de ese camino; las posibles plantaciones en “zonas protectoras” fueron incentivadas por el Estado; e) no se realizaron daños ambientales en las fincas aledañas al camino; f) las plantaciones forestales no necesitan permiso de corta, pues para la extracción de esa madera se cuenta con el Certificado de Origen de Plantación Forestal N° 005-2013, cuyo regente forestal actual es el ingeniero Fernando Rojas Conejo, quien, con el aval del Colegio de Ingenieros Agrónomos, certificó que el origen de la madera proviene de la finca propiedad de Corporación Bella Vista del Golfo Sociedad Anónima, según Formulario de Regencia Forestal del Colegio de Ingenieros Agrónomos N° 001496G y Certificado de Origen para el Transporte de Madera, proveniente de una plantación forestal N° 095359G. Agrega el recurrente, el Área de Conservación Tempisque del MINAE no consideró necesario interponer denuncia alguna, pues se ha actuado a derecho y con apego y respeto a las leyes nacionales y ordenanzas municipales previstas para estos casos. Cita, como hechos de interés que la parte demandante no probó que ostente algún derecho sobre las 20 hectáreas de melina que alega son suyas en el extremo noreste del inmueble; y agrega, dentro de las 145 hectáreas de la finca de [Nombre1] , sólo hay un sector en el extremo sur con árboles de esa especie, reportados al Fondo Nacional de Financiamiento Forestal -en adelante FONAFIFO- para lograr el pago de servicios ambientales, no así en el extremo norte, sector en el que sólo tiene charral o bosque natural en regeneración, lo cual fue constatado por el regente forestal. El recurrente transcribe algunas partes de la resolución recurrida vinculadas con los presupuestos de las medidas cautelares, objetándolas con los argumentos citados y señala, su representada es la única que ha demostrado tener derecho real sobre la propiedad alegada, mientras que el demandante se basa “en su decir de boca” y en un informe contratado a un topógrafo asociado, con un grado académico inferior al de un ingeniero topógrafo, con maestría en valuación, siendo este último el estudio con el que cuenta el ingeniero [Nombre5] . Señaló, no existe melina en el área de traslape, y hay otros regentes forestales quienes dan fe de que la madera cortada está dentro de la finca de su representado, y no en la del demandante. Indica, el perito contratado por el señor [Nombre1] afirmó, erróneamente, que las porciones de tierra en supuesto traslape son propiedad de éste y abarca 17.256 metros cuadrados, lo cual no debe merecer credibilidad, pues lo que puede determinar un perito es que “eventualmente existen áreas en traslape”, sin tener potestad para determinar la propiedad de estas áreas, pues es el tribunal quien puede decidir sobre ello. Se cuestiona el porqué aún en la eventualidad de que ese hecho sea cierto, debe detenerse la extracción de 200.000 metros cuadrados de madera de melina de plantación, si sólo un 8.5% (17.256 metros cuadrados) del total está en un eventual traslape. Menciona, no hay daño al ambiente, conforme se desprende del informe ACT-OSRLP-194-2013, y menos aún en zonas boscosas; y en la zona sometida a pago de servicios ambientales, propiedad de [Nombre1] , su representada nunca ha trabajado, pues siempre ha desarrollado sus labores en el terreno de Bella Vista del Golfo Sociedad Anónima, exclusiva dueña de una plantación de 20 hectáreas de melina, de 20 años de antigüedad. 2° El recurrente pide se dejen sin efecto las medidas cautelares otorgadas en la resolución recurrida y pide de manera subsidiaria admitir a Viento del Oeste Sociedad Anónima, representada por [Nombre3] , como detentador del derecho de propiedad de 10 hectáreas de plantación de melina, compradas por 60.000 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, desde el 8 de diciembre de 2011, en un contrato que para ese efecto fue confeccionado entre Viento del Oeste Sociedad Anónima y la copropietaria [Nombre2] , conforme se desprende del expediente EXPN2 de la Fiscalía de Cóbano de Puntarenas; se entregue la madera a esta empresa, al ser tercera adquirente de buena fe y se le permita continuar extrayendo la madera restante, hasta habérsele satisfecho con la entrega de las 10 hectáreas compradas. Agrega el recurrente, de ser necesario algún tipo de garantía de índole patrimonial para respaldar el posible daño pecuniario de cualquier perjudicado, la empresa Viento del Oeste Sociedad Anónima está dispuesta a dar garantía real por medio de hipoteca, en la cantidad que se estime pertinente, a favor del Juzgado o de quien éste estime necesario, para poder continuar con la extracción y seguir resguardando la “agrariedad”, logrando con ello provocar el menor daño social o económico a empresas ajenas al litigio y que tienen sus derechos asegurados por medio de contratos válidos y efectivos. Así mismo, propone delimitar el área en conflicto utilizando el estudio pericial ordenado por el demandante, sólo en ese extremo y para tales efectos; de tal forma que no se continúe laborando en esa área y poder continuar extrayendo la madera legítimamente comprada y del resto de la finca propiedad de Corporación Bella Vista del Golfo Sociedad Anónima y [Nombre2] (folios 59 a 67).-*

IV.El Juzgado, en resolución de las 7 horas 15 minutos del 15 de abril de 2013, rechazó la solicitud de modificación de la medida cautelar; admitió para ante este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada (folio 101). *

Además, ordenó pedir las guías de transporte al regente forestal e indicar el valor de la madera cortada, para que, previa entrega de ésta a Viento del Oeste Sociedad Anónima -al tener ésta un contrato con Corporación Bella Vista del Golfo Sociedad Anónima- deposite el dinero resultante de la valoración de los árboles cortados a la orden del Juzgado. Posteriormente, el representante de la demandada y de Viento del Oeste Sociedad Anónima, solicitaron se ordenara garantía por la suma de 2.730.108 colones. Lo anterior, con base en el avalúo de la madera talada en el sitio, hecho por el ingeniero [Nombre6] , en la suma de 4.041.244 colones, de la cual, 25,741 metros cúbicos poseen un valor de 1.311.136 colones, que corresponde a madera aprovechada fuera del área en litigio, es decir, fuera de la zona de traslape de planos, por lo que el monto que se encuentra en el área de posibles y eventuales traslapes es de 2.730.108 colones, siendo éste, concluye, el monto a garantizar. Con base en ello, pidió como medida cautelar alterna se admita que Viento del Oeste Sociedad Anónima entregue como pago de tal madera una garantía hipotecaria de primer grado, a favor del Juzgado, sobre la finca matrícula CED8, secuencia 002, gravamen que consiente la titular registral, Corporación Bella Vista del Golfo Sociedad Anónima (folios 104 a 106). * V.- El Juzgado, en resolución de las 7 horas 15 minutos del 6 de mayo de 2013, confirió audiencia a * la parte demandante de la gestión realizada por la parte demandada y previno a ésta aclarar si estaba desistiendo del recurso de apelación incoado contra la resolución de las 11 horas 30 minutos del 5 de abril de 2013 (folio 117). Este pronunciamiento fue comunicado a las partes el 10 de mayo (folios 118 y 119). Dentro del plazo conferido, la parte demandante se opuso al peritaje aportado por la demandada, indicando que "no refleja los valores reales ni el volumen existente en la finca" (folio 136) por lo que solicitó, de ser admitida alguna medida contracautelar, se nombre una persona experta y que sea cancelada esa prueba por la accionada, para que determine el precio, valor y volumen actual y comercial del producto cortado y el existente en patios de acopio y de arrastre. Agregó, el objeto de la litis abarca y comprende la totalidad de la finca, pues la extracción del producto forestal se realizó dentro de la propiedad de su representada y no en la de la demandada. Indicó que la contramedida es improcedente, pero que de admitirse, debía designarse una persona experta y que el monto que se determine se deposite en la cuenta del Juzgado o se rinda una garantía real sobre las utilidades de la comercialización de la madera para la parte gananciosa (folio 136).-* VI.- En resolución de las 13 horas 40 minutos del 15 de mayo de 2013, el Juzgado señaló que al momento de emitir la medida cautelar consideró prudente inmovilizar la madera en el sitio que se encontraba, ante el posible daño ambiental y luego, pidió a la parte demandada valorar el precio de esa madera, por parte del regente forestal, a fin de garantizar el mismo, previa entrega del recurso; argumentos con base en los cuales -y sin mencionar ni analizar los alegatos expuestos por la parte demandante, dentro del plazo conferido- autorizó a [Nombre3] a rendir garantía hipotecaria de primer grado a favor del Juzgado sobre la finca de su representada inscrita en el Partido de Puntarenas, matrícula [Placa1] por la suma de 4.041.244 colones, quedando autorizado a disponer de la madera una vez conste la respectiva garantía, dejándose sin efecto las restricciones ordenadas ante el MINAE, el Colegio de Ingenieros Agrónomos y la Policía Administrativa (folios 133 y 134). Ese pronunciamiento fue comunicado a la parte demandante el 17 de mayo (folio 135) y a la demandada el 15 de mayo (folio 137).-*

VII.La parte demandante, en memorial sin fecha de emisión y con sello de recibido de fax del Juzgado Civil de Puntarenas el 21 de marzo de 2013 (folio 138), cuyo original fue presentado el 23 de mayo (folio 146), pidió aclaración y adición de la resolución de las 13 horas 40 minutos del 15 de mayo del citado año. En su gestión, cuestiona que el Juzgado no aclaró ni adicionó lo siguiente: ¿cómo se constituye una hipoteca a favor de un órgano judicial para garantizar los resultados del proceso?; ¿quién comparece en representación del Juzgado?; ¿cómo se materializa la ejecución de una eventual hipoteca a favor de un despacho judicial?; ¿si la finca ha hipotecar por medida cautelar típica debe estar anotada?; y ¿cómo se adopta la resolución si se opuso dentro del plazo legal a la decisión tomada en el pronunciamiento de las 7 horas 15 minutos del 6 de mayo de 2013?. Dijo reservarse el derecho de interponer recurso de apelación contra la aludida resolución, una vez se resuelva sobre la gestión de adición y aclaración. Estima el Tribunal que aunque el fax donde se pidió la aclaración y adición tiene fecha de recibido 21 de marzo de 2013 (folio 138), en realidad se presentó el 21 de mayo puesto que su original se presentó el 23 de mayo (folio 138), aunado al hecho de que está refiriéndose a una resolución que se emitió el 15 de mayo, de manera tal que no podría tratarse de marzo, como por error se estima lo consignó el Juzgado. De ahí, tal aclaración y adición se presentó dentro del plazo legal, sin que la misma fuera resuelta, como se analizará de seguido.-*

VIII.- La parte demandante interpuso recurso de apelación con nulidad concomitante contra la resolución de las 13 horas 40 minutos del 15 de mayo de 2013 (folio 140). En relación con los motivos de nulidad alegó: 1º El Juzgado al resolver, tenía pendiente aún el término concedido en auto de las 7 horas 15 minutos del 6 de mayo, que se refería a la solicitud realizada por la codemandada, de manera tal que se decidió sin considerar su posición al respecto, aunado al hecho de que formuló oposición a tal gestión. 2º La resolución hace alusión que el 15 de abril en resolución de las 7 horas 15 minutos, ordenó al demandado realizar un peritaje y depositar el valor en la cuenta del Despacho; no obstante, ese pronunciamiento nunca le fue notificado y tampoco se puso en conocimiento la solicitud de la demandada, dejándole en estado de indefensión. Aunado a ello, se mostró agraviado porque en su criterio están ausentes elementos esenciales para la adopción de medidas cautelares como la apariencia de buen derecho, pues tal y como acreditó, la totalidad del producto forestal cortado se hizo en el área de la finca de la parte demandante, no en la que se reclama como traslapada. Argumenta, la medida es ilegal porque no ha mediado cambio de circunstancias para que el Juzgado varíe su criterio y autorice la extracción forestal mediante el uso indebido del instituto de la hipoteca a favor de una autoridad judicial, como si el Despacho fuera un sujeto de derecho, aunado al hecho de que la resolución contiene términos oscuros y constituye una hipoteca inejecutable a favor de una finca con una demanda anotada.-*

IX.El Juzgado Civil y Agrario de Puntarenas, actuando como Agrario, sin pronunciarse sobre la solicitud de aclaración y adición planteada por la parte demandante, emitió resolución de las 7 horas 15 minutos del 27 de mayo de 2013, en la que admitió en efecto devolutivo el recurso de apelación con nulidad concomitante interpuesto por dicha parte contra el pronunciamiento de las 13 horas 40 minutos del día 15 del citado mes y año (folio 147). *

X.Del análisis del proceso se desprende que en este caso existen dos resoluciones emitidas por el Juzgado de origen en relación contra las cuales se admitió recurso de apelación, en efecto devolutivo, para ante este Tribunal, vinculadas con la medida cautelar gestionada por la parte demandante. La primera de ellas, como se señaló, fue emitida a las 11 horas 30 minutos del 5 de abril de 2013 y en ella se acogió la medida cautelar solicitada por la parte demandante, disponiéndose la suspensión de todas las actividades forestales desarrolladas en el inmueble (folio 46). En la segunda, dictada a las 13 horas 40 minutos del 15 de mayo del citado año, el Despacho citado autorizó al señor [Nombre3] para que dispusiera del producto forestal previa rendición de garantía hipotecaria a favor del Juzgado (folio 133). Contra ambas se interpuso recurso de apelación; admitiéndose el opuesto por la parte demandada contra la primera en efecto devolutivo, pero sin proceder al envío del expediente al Tribunal, se emitió la segunda resolución. Contra esta última -de las 13 horas 40 minutos del 15 de mayo del año en curso- se pidió aclaración y adición; y además, la codemandada Corporación Bella Vista del Golfo Sociedad Anónima interpuso recurso de apelación con nulidad concomitante. El Juzgado admitió la apelación sin referirse a la aclaración y adición citada. Conforme a lo expuesto, considera el Tribunal que aunque en principio debe conocerse primero sobre la apelación formulada contra la resolución inicial de las 11 horas 30 minutos del 5 de abril de 2013, en este caso debe analizarse prioritariamente la gestión de nulidad planteada contra la dictada a las 13 horas 40 minutos del 15 de mayo, a fin de valorar si es preciso corregir irregularidades procesales antes de emitir criterio sobre los agravios expuestos. En tal orden de ideas, el representante del señor [Nombre1] , como motivo de nulidad de la resolución en referencia indicó, se había ordenado al demandado realizar un peritaje y depositar el valor en la cuenta del Despacho; no obstante, ese pronunciamiento nunca le fue notificado y tampoco se puso en conocimiento la solicitud de la demandada, dejándole en estado de indefensión. En efecto, en la resolución de las 13 horas 40 minutos del 15 de mayo -apelada- el Juzgado indicó: "Al momento que se dictaron las medidas cautelares, de las once horas con treinta minutos del cinco de abril de dos mil trece, con los elementos que la Autoridad judicial tuvo a mano, consideró prudente inmobilizar* la madera en el sitio que se encontraba; ya que incluso se consideró el posible daño ambiental ocasionado; luego en la resolución de las siete horas quince minutos del quince de abril de dos mil trece, la Autoridad judicial, reconsidera la medida y pide a la parte afectada hacer una valoración económica de dicha madera por parte del regente forestal, y que para entregarle esta madera, debía depositar a la orden del Juzgado la suma indicada..." (folio 133). Del estudio del expediente se deduce que en resolución de las 7 horas 15 minutos del 15 de abril de 2013, el Juzgado admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la resolución de las 11 horas 30 minutos del 5 de abril, según corrección que hizo en auto de las 7 horas del 23 de abril de 2013, pues había puesto una fecha de resolución apelada incorrecta (folio 101). En ese mismo pronunciamiento rechazó la gestión de la demandada de variar la medida cautelar emitida -y apelada- ordenó al regente forestal las guías de transporte de la madera e indicar el valor de la madera cortada, para que, previo a la entrega de ésta a Sociedad Viento del Oeste Sociedad Anónima, se rindiera la garantía respectiva (folio 99). Ese pronunciamiento de las 7 horas del 23 de abril de 2013, contrario a lo señalado por la parte demandada como motivo de nulidad, le fue notificado a ésta y a la demandada el 23 de abril (folios 102 y 103); por lo que no podría alegar desconocimiento del mismo, aunado al hecho de que se apersonó posteriormente al proceso (artículo 196 del Código Procesal Civil, aplicado supletoriamente). Alega como otro motivo de nulidad que el Juzgado, al resolver, tenía pendiente aún el término concedido en auto de las 7 horas 15 minutos del 6 de mayo, que se refería a la solicitud realizada por la codemandada de rendir garantía, de manera tal que se emitió sin considerar su posición al respecto, aunado al hecho de que formuló oposición a tal gestión. Analizada la tramitación dada el expediente se evidencia que lleva razón la demandante, pues el Juzgado dictó la resolución de las 13 horas 40 minutos del 15 de mayo de 2013, sin haberse vencido aún el plazo de tres días conferido a la demandante de la gestión formulada por la parte demandada de rendir una contragarantía. Lo anterior vulneró principio del debido proceso y con él, el contradictorio y el derecho de defensa, dejando a la parte demandante en estado de indefensión, máxime si ejerció su derecho dentro del plazo conferido, oponiéndose a la solicitud de contragarantía, al informe del valor del precio de la madera aportado por la parte demandada y además, argumentando que el área en litis está constituida por todo el sector de la plantación y no sólo a una parte, pues señaló, ésta se sembró en la finca de su representada, no en el área traslapada. De ahí, considera el Tribunal, se dio una afectación al derecho de dicha parte, pues al resolver, el Juzgado no analizó tales extremos, limitándose a pronunciarse sobre la solicitud de contracautela expuesta por la parte demandada basada en un informe aportado por ésta, por lo que se comparte este segundo motivo de nulidad expuesto por la parte demandante.-*

XI.- Estima el Tribunal necesario señalar, existen otras irregularidades procesales que deben ser corregidas, conforme a las facultades otorgadas por el artículo 26 de la Ley de Jurisdicción Agraria. En primer orden debe señalarse que el Juzgado, pese a haber admitido en efecto devolutivo el recurso de apelación incoado por la parte demandada contra la resolución de las 11 horas 30 minutos del 5 de abril de 2013 (folio 46), en la que dispuso la suspensión de las actividades realizadas en el área en litis por la parte demandada, siguió con la tramitación de la medida cautelar sin enviar copia del expediente al Tribunal para que se pronunciara sobre la apelación ya admitida. Luego, emitió una segunda resolución, igualmente apelada, de las 13 horas 40 minutos del 15 de mayo de 2013 (folio 133), en la que varió el contenido de la primera decisión al autorizar "...al señor Gabriel Raúl Hernández, para con las formalidades de ley, rinda garantía hipotecaria en primer grado, a favor del Despacho, sobre la finca de su representada inscrita en el partido de Puntarenas, folio real 59511-002, por la suma de cuatro millones cuarenta y un mil doscientos cuarenta y cuatro colones netos, esto según informe rendido por Regente Forestal Ingeniero Fernando Rojas Conejo..." y dispuso dejar sin efecto las restricciones ordenadas en la resolución originalmente apelada de las 11 horas 30 minutos del 5 de abril de 2013. La técnica procesal utilizada por el Juzgado es incorrecta; sin embargo, el Tribunal no considera que la misma produce nulidad de lo tramitado por haberse omitido cumplir con las formalidades de ley, sino porque en este segundo pronunciamiento se deja en estado de indefensión a la parte demandante -como bien lo apunta en la gestión de nulidad concomitante- porque varió lo resuelto inicialmente con base en un informe del regente forestal contratado por la accionada cuyo resultado fue objetado por la demandante, quien pidió el informe lo rindiera un perito nombrado por el Juzgado. Esa objeción no fue considerada por el Despacho, como tampoco lo fue la objeción del representante del señor [Nombre1] a la madera que consideró ese regente en su informe, al estimar que es parcializada al no comprender la que dice se sembró en su totalidad en la finca de éste, no en la parte traslapada de los fundos. Más grave aún es el hecho de que en la resolución de las 13 horas 40 minutos del 15 de mayo de 2013 -segunda apelada- se autoriza a [Nombre3] a disponer de la madera, sin especificarse en que carácter, pues en principio pareciera lo es en su condición personal, aunque no actúa como tal en el proceso; en representación de la demandada Corporación Bella Vista del Golfo Sociedad Anónima; o bien, en representación de Viento del Oeste Sociedad Anónima, la cual aunque tampoco es parte del proceso, las menciona el Juzgado en autos de las 7 horas 15 minutos del 15 de abril de 2013 como adquirente de la madera (folio 99) y en auto de las 7 horas 15 minutos del 6 de mayo de ese año como gestionante del otorgamiento de la garantía (folio 117). Finalmente, observa el Tribunal que el Juzgado, contrariando lo dispuesto en el artículo 161 del Código Procesal Civil, aplicado supletoriamente, omitió pronunciamiento sobre la solicitud de aclaración y adición planteada por la parte demandante contra la resolución de las 13 horas 40 minutos del 15 de mayo de 2013, y procedió a admitir el recurso de apelación, violando así tal norma y el principio de preclusión procesal, pues la resolución que admite esa gestión viene a integrar la principal, cuyo recurso de apelación se contabilizará después de la firmeza de ésta, ya sea que se acoja o se deniegue. En consecuencia, estima el Tribunal deberá anularse la resolución de las 13 horas 40 minutos del 15 de mayo de 2013, al haberse emitido de manera anticipada sin considerar las objeciones expuestas por la parte demandante a la petición de contracautela hecha por la demandada, y no especificar en qué carácter autorizaba a [Nombre3] a disponer del recurso forestal. Por innecesario se omite pronunciamiento sobre los agravios expuestos en el recurso de apelación incoado por la parte demandante contra la resolución de las 13 horas cuarenta minutos del 13 de mayo de 2013.-* X.- En relación con el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la resolución de las 11 horas 30 minutos del 5 de abril de 2013, debe señalarse que para determinar la procedencia de la medida cautelar solicitada por la parte demandante, es preciso verificar si la gestión cumple con los presupuestos legales requeridos. Es preciso acreditar que exista fundado temor de que la parte demandada, antes de la sentencia, le cause al derecho de la demandante, una lesión grave o de difícil reparación. Al respecto, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en voto 3929 de las 15 horas 24 minutos del 18 de julio de 1995, señaló: "De previo a desarrollar este punto, resulta imprescindible destacar que las "medidas cautelares" en sí mismas no son inconstitucionales y que éstas resultan jurídicamente viables, en la medida que cumplan con los presupuestos de fondo necesarios para su adopción, a saber: el interés actual de la petición; la posibilidad de acogimiento de la pretensión principal; el carácter grave, irreparable o difícil de reparar del daño que se pretende evitar; una posición favorable del interés público; control judicial y medios de impugnación; y la temporalidad de la medida. Sobre el particular, la Sala por sentencia número 7190-94 de las quince horas con veinticuatro minutos del seis de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, estableció que: "...Las medidas asegurativas* o cautelares, según la más calificada doctrina, surgen en el proceso como una necesidad que permita garantizar una tutela jurisdiccional efectiva y por ello se pueden conceptualizar como "un conjunto de potestades procesales del juez -sea justicia jurisdiccional o administrativa- para resolver antes del fallo, con el específico fin de conservar las condiciones reales indispensables para la emisión y ejecución del acto final". La doctrina entiende que la instrumentalidad y la provisionalidad son dos características fundamentales de las medidas cautelares y que sus principales elementos configurativos, exigen que deban ser: a) lícitas y jurídicamente posibles; b) provisionales, puesto que se extinguen con el dictado del acto final; c) fundamentadas, es decir, tener un sustento fáctico real con relación al caso particular; d) modificables, en el sentido que son susceptibles de aumentarse o disminuirse para adaptarlas a nuevas necesidades; e) accesorias, puesto que se justifican dentro de un proceso principal; f) de naturaleza preventiva, ya que tienen como objeto evitar inconveniencias a los intereses y derechos representados en el proceso principal; g) de efectos asegurativos, al pretender mantener un estado de hecho o de derecho durante el desarrollo del proceso, previniendo situaciones que puedan perjudicar la efectividad de la sentencia o acto final; h) ser homogéneas y no responder a características de identidad respecto del derecho sustantivo tutelado, con el fin de que sean medidas preventivas efectivas y no actos anticipados de ejecución…". De lo expuesto por la citada Sala, con carácter vinculante, se desprende que para la procedencia de las medidas cautelares es preciso verificar el interés actual de la petición; la posibilidad de acogimiento de la pretensión principal; el carácter grave, irreparable o difícil de reparar del daño que se pretende evitar; una posición favorable del interés público; control judicial y medios de impugnación; y la temporalidad de la medida. De la misma forma, debe determinarse que la medida solicitada no corresponda a actos anticipados de ejecución conforme a lo pretendido. Al respecto, es importante tomar en consideración que en la demanda, dicha parte solicitó se declarara es la única propietaria de la finca matrícula CED9, graficada en el plano P-052511-1962; que ha ejercido posesión en dicho inmueble desde el año 1962 en forma pública, pacífica, ininterrumpida, a título de dueño, sumando la posesión de los anteriores poseedores transmitentes, por lo que pidió, se cancelase parcialmente el plano catastrado P-0011421-1974 y la finca matrícula CED10 en el área en que traslapa con el primer fundo citado; que la actividad de extracción de la madera realizada por la demandada ha sido de mala fe, por lo que pide se le condene al pago de los daños y los perjuicios, se disponga su desalojo, el cese de los actos perturbatorios y el pago de las costas (folios 13 y 14). En forma subsidiaria pidió se dividiera por partes iguales el área de traslape, se demarcara y se hicieran las modificaciones de rigor al Catastro y al Registro, se impusiera a la parte demandada el pago de los daños, los perjuicios y las costas (folio 14). Solicitó como medida cautelar se ordene la suspensión de las actividades forestales que se están realizando en el inmueble, la emisión de una orden al Colegio de Ingenieros Agrónomos para que no se inscriban contratos de regencia forestal en el área en litis y que esa orden sea comunicada al Ministerio de Ambiente y Energía -en adelante MINAE- y la coordinación con la policía administrativa para la realización de reconocimientos judiciales en el sitio (folio 15 y 23). En el documento emitido por la Delegación Policial de Paquera, el 13 de marzo de 2013, se indica hay "gran cantidad de piezas de madera recién cortada y tirada al suelo, lo cual se encuentra dentro de la propiedad del señor [Nombre7] () …” * (folio 32), sin especificarse a cuántos árboles se refería cuando se hizo referencia a esa gran cantidad de árboles; sin embargo, en el acta del reconocimiento judicial realizado por el Juzgado a las 9 horas del 5 de abril de 2013, se hizo constar que existe un área de aproximadamente tres hectáreas taladas, “cuatro troncos de arboles (sic) de las especies de melina de un largo de siete varas y un diámetro de aproximadamente catorce pulgadas” (folio 41) y “cinco grupos de trozas de melina como aproximadamente cincuenta esquivas listas para ser cargas en un camión” (folio 42). El informe privado rubricado por [Nombre8] , quien dice ser Topógrafo Asociado, señala que la madera talada se encuentra ubicada dentro de la finca 15816-000 y aporta un montaje de los planos involucrados (folios 33 a 36). Ese documento no fue puesto en conocimiento de la parte demandada; sin embargo, al haberse ésta apersona al proceso con posterioridad se estima, no se le causó indefensión. De la documental aportada al expediente se desprende que la finca 15816-000 está inscrita a nombre del demandante (certificación registral de folio 7); el derecho 001 de la finca 59511-000 le pertenece a [Nombre2] (certificación registral de folio 3) y el 002 de Corporación Bella Vista del Golfo Sociedad Anónima (certificación registral de folio 5). El Juzgado, en resolución de las 11 horas 30 minutos del 5 de abril de 2013 acogió la medida cautelar solicitada por la parte demandante, ordenó suspender las actividades forestales en el inmueble en litis, incluyendo la realizada por la parte demandada y comunicar tal decisión a las personas que se encuentran laborando en la tala y extracción de árboles de melina por medio de la Fuerza Pública de Paquera, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de “abrir causa" por el delito de desobediencia a la autoridad; expedir oficios al Ministerio de Ambiente y Energía para que ordene la suspensión de toda actividad tendiente a la extracción de madera y al Colegio de Ingenieros Agrónomos para que no inscriba contratos de regencia forestal a favor de la parte demandada (folio 46). Estima el Tribunal que existe apariencia de buen derecho en este caso, puesto que, conforme a un juicio de verosimilitud basado en la prueba hasta ahora aportada, se deduce, la madera talada corresponde al área en litis reclamada en la demanda; de igual forma, hay peligro de demora puesto que con la posible duración de este proceso se puede generar a la demandante un efecto gravoso en lo pretendido si eventualmente se dispone de ese recurso sin control alguno, y a la madera vinculada, de perder su valor económico si no se extrae de manera oportuna. En su apelación, la parte demandada remite al informe emitido por el SINAC* N°ACT-OSRLP-194-2013 identificado como “informe de inspección por conflicto de aprovechamiento de* plantación de melina y reapertura de camino, sector Campiñas de Paquera” solicitado por el Juzgado, argumentando entre otras cosas, que el daño ambiental al que hace alusión el a quo no fue significativo y existe un compromiso entre el empresario y la administración pública, concretamente, el Área de Conservación Tempisque del MINAE* de rehabilitar los causes de la quebrada, una vez comiencen las lluvias para no afectar el recorrido pluvial normal. Agregó, la SETENA se pronunció acerca de que únicamente es necesario un permiso municipal para la rehabilitación del camino en específico y las plantaciones forestales no necesitan permiso de corta, pues para la extracción de esa madera se cuenta con el Certificado de Origen de Plantación Forestal N° 005-2013, cuyo regente forestal actual es el ingeniero Fernando Rojas Conejo, quien con el aval del Colegio de Ingenieros Agrónomos certificó que el origen de la madera proviene de la finca propiedad de Corporación Bella Vista del Golfo Sociedad Anónima, según Formulario de Regencia Forestal del Colegio de Ingenieros Agrónomos N° 001496G y Certificado de Origen para el Transporte de Madera proveniente de una plantación forestal N° 095359G. Se basa el recurrente en el documento certificado identificado como ³Informe gráfico sobre plantaciones de melina en La Campiña de Río Grande Paquera´(folio 28) y el Formulario de Regencia Forestal N° 001496G del regente forestal Fernando Rojas Conejo (folio 69). De igual forma, en el documento ACT-OSRLP-194-2013 de la Subregión* Lepanto* Paquera del Área de Conservación Tempisque fechado 8 de abril de 2013 , denominado “Informe de* inspección por conflicto aprovechamiento de plantación de Melina y reapertura de camino, sector Campiñas de Paquera´,en el que se indicó, las labores para reabrir el camino fueron realizados con el mínimo impacto necesario que amerita poder habilitar una vía en desuso por muchos años y no representan un impacto ambiental significativo pues no se eliminaron árboles ni se realizaron movimientos de tierra significativos. Se adiciona en el referido documento que la vía en referencia se rehabilitó para extraer madera de melina proveniente de una plantación forestal establecida hace 15 o 20 años y que dicho aprovechamiento no representa un significativo impacto ambiental para el medio, siendo las estrictamente necesarias para poder aprovechar y extraer dicha madera conforme al Certificado de Origen de Plantación N° 005-2013 citado (folios 71 a 76). De las probanzas citadas se extrae, se trata de árboles extraídos de una plantación, por ende, no requiere de permiso para ello de acuerdo a lo dispuesto por el numeral 28 de la Ley Forestal. Esta norma dispone: “Excepción de permiso de corta. Las plantaciones forestales, incluidos los sistemas agroforestales y los árboles plantados individualmente y sus productos, no requerirán permiso de corta, transporte, industrialización ni exportación. Sin embargo, en los casos en que antes de la vigencia de esta ley exista un contrato forestal, firmado con el Estado para recibir Certificados de Abono Forestal o deducción del impuesto sobre la renta, la corta deberá realizarse conforme a lo establecido en el plan de manejo aprobado por la Administración Forestal del Estado". Al respecto, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en voto [Telf1] de las 14 horas 30 minutos del 10 de abril de 2013, dispuso: “…exigir permiso de corta o, incluso, otra medida menos gravosa, solo podría traer como consecuencia desincentivar la inversión en plantaciones forestales, encarecer la madera y, en consecuencia, hacer más lucrativa la explotación irracional, incluso al margen del ordenamiento jurídico, del bosque.” De manera más amplia, en el voto 12716-2012 de las 16 horas 1 minuto del 12 de setiembre de 2012, dicha Sala señaló: 2La Sala hace propias opinión que sobre el caso ha brindado la Procuraduría General de la República, en el sentido de que, como principio constitucional que condiciona la actuación del Estado en la protección del ambiente, se reconoce, el principio de la objetivación de la tutela ambiental o principio de la vinculación a la ciencia y a la técnica: “se traduce en la necesidad de acreditar con estudios técnicos la toma de decisiones en esta materia, tanto en relación con actos como de las disposiciones de carácter general -tanto legales como reglamentarias-, de donde se deriva la exigencia de la "vinculación a la ciencia y a la técnica", con lo cual, se condiciona la discrecionalidad de la Administración en esta materia.” ( resolución No. 17126-2006). “principio ambiental” de la vinculación a la ciencia y a la técnica" que rige la materia ambiental, en tanto las decisiones administrativas que pueden tener incidencia en el ambiente requieren de un sustento técnico que las respalde, y en tal condición, limitan y condicionan la discrecionalidad de la Administración en su actuación.” (voto No. 14293-2005 reiterado por el 11562-2006). “Se parte del principio de que las normas ambientales deben tener un sustento técnico, pues su aplicación tiene que partir de límites que determinen las condiciones en las cuáles debe sujetarse el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.” (Voto No. [Telf2]). A su vez, se relaciona con el principio de razonabilidad como parámetro de constitucionalidad: “El principio de razonabilidad, en relación con el derecho fundamental al ambiente, obliga a que las normas que se dicten con respecto a esta materia estén debidamente motivadas en estudios técnicos serios, aún cuando no existiera otra normativa legal que así lo estableciera expresamente.” (Voto No. [Telf3], el destacado es nuestro). “Así, la aplicación de este principio ambiental está directamente vinculada con un parámetro de constitucionalidad de la conducta -administrativa y de los particulares- y de la normativa que rige la materia, como lo es la razonabilidad -según desarrollo de la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional- en tanto su finalidad es tender a la sostenibilidad del el [sic] uso de los recursos naturales y de los elementos que conforman el ambiente , a través de su " uso adecuado "; y en virtud de los cuales queda claro que la protección al ambiente debe encaminarse a la utilización adecuada e inteligente de sus elementos y en sus relaciones naturales, socioculturales, tecnológicos y de orden político, para con ello salvaguardar el patrimonio al que tienen derecho las generaciones presentes y futuras; en tanto a través de la producción y uso de la tecnología es que debe de promoverse que se obtengan, no sólo ganancias económicas (libertad de empresa) sino sobre todo un desarrollo y evolución favorable del medio ambiente y los recursos naturales con el ser humano, esto es, sin que se cause a éstos daño o perjuicio, como lo ha considerado nuestro Tribunal Constitucional, en su amplia jurisprudencia, inclusive desde sus orígenes, así en las sentencias supra citadas número 3705-93 y número 2006-17126.” (Voto No. [Telf4]).´De lo anterior se deduce, si lo existente en el área en litis es una plantación, no es preciso para su explotación permiso del MINAE para tal efecto, de ahí se estime improcedente la orden de suspensión declarada por el Juzgado. Aunado a ello, en este caso, la extracción no implicó una afectación ambiental significativa. De ahí, no comparte el Tribunal lo expuesto por el juez de primera instancia al hacer referencia a un daño ambiental eventual; e inclusive a la suspensión de permisos para extracción, pues al tratarse de plantación de melina, tales permisos son innecesarios. En el Certificado de Origen N° 095359 G se señaló, la madera sería extraída de la finca [Dirección2] y 002 (folio 78), en el que se autoriza la extracción de la madera en 5 hectáreas con un volumen de 780 metros cúbicos, de un total de 15 hectáreas de plantación de melina arborea* (folios 78 y 79 y 107 a 115). En relación con el documento de folio 80, el mismo está redactado con un idioma diferente al español y la parte proponente no presentó la traducción requerida. Sin embargo, de las demás probanzas se deduce, la plantación de melina cortada forma parte del área en litis, de manera tal que al ser en sentencia donde se definan los derechos sobre ese sector, hasta tanto no se produzca esa decisión, deberá autorizarse a Corporación Bella Vista del Golfo Sociedad Anónima para que disponga de esos árboles (folio 69), previo a lo cual, deberá el Juzgado designar una persona experta conforme al rol de ingenieros forestales del Poder Judicial, para que determine con exactitud la cantidad de árboles cortados, su ubicación en relación con los planos de las fincas de las partes involucradas, las especies de éstos, el estado de los mismos y si es posible su aprovechamiento en las condiciones actuales, y el valor estimado de mercado. Una vez se tengan esos datos, el Juzgado pondrá en disposición dichos bienes de la parte demandada como depositaria judicial para que ésta los subaste en la Bolsa de Productos Forestales, en aplicación analógica del artículo 65 de la Ley Forestal, referente al decomiso de productos forestales. Lo anterior deberá quedar documentado y el procedimiento para trasegar la madera deberá corresponder al establecido en el artículo 31 de la Ley Forestal. Si tales productos no logran ser vendidos en subasta pública, podrá aprovecharlos cualquier persona, previo depósito en el Juzgado del valor asignado pericialmente. Además, la persona experta que se designe deberá, con base en el reconocimiento que realice del área en litis y la documentación que consta en este expediente, indicar la fecha en que esas especies arbóreas estén listas para ser aprovechadas, la cantidad y ubicación geográfica de éstas. Para tal efecto, la parte demandada deberá depositar en la cuenta del Juzgado en el plazo de ocho días, el monto que el Juzgado fije por honorarios y gastos de traslado de la persona experta que designe, con el apercibimiento de que en caso de incumplimiento se tendrá por no interesada en el aprovechamiento para la venta de los árboles cortados, en cuyo caso el Juzgado deberá designar a una persona depositaria judicial de los mismos. Los costos del depósito de los árboles, mientras no puedan ser colocados a la venta o sean debidamente aprovechados, previa autorización del Juzgado, correrán por cuenta de la parte demandante. En caso de que la parte demandada no acepte ser depositaria judicial de los árboles cortados -en los supuestos citados- el Juzgado podrá designar a otra persona física o jurídica idónea para que proceda conforme. Todo lo anterior deberá ser verificado en el sitio por el Juzgado, el que a su vez deberá proceder a designar la persona experta, gestionar su juramentación y proceder conforme se señala, una vez firme esta resolución, con la celeridad debida considerando la urgencia de la medida para un mejor aprovechamiento del recurso forestal y de las condiciones climáticas imperantes en la zona. Lo anterior, debido a que la valoración de los árboles cortados dada por el ingeniero forestal regente [Nombre6] no responde a la de una persona experta judicial conforme al rol que garantice objetividad a las partes involucradas; y la parte demandante se opuso a la valoración dada por éste y demás datos aportados. Lo anterior, con fundamento en el artículo 242 del Código Procesal Civil, aplicado supletoriamente conforme a los numerales 6, 26 y 79 de la Ley de Jurisdicción Agraria, y 27, 28, 31, 56 y 65 de la Ley Forestal.-* XI.- Así mismo, luego de analizar la tramitación dada al expediente, estima el Tribunal, debe el Juzgado cumplir con las circulares y lineamientos instituciones, concretamente la Nº 82-95 de 19 de octubre de 1995, Artículo LXVIII emitida por Corte Plena, para evitar irregularidades procesales que puedan afectar la tramitación, entre ellos, citar en la carátula del expediente el nombre de la señora [Nombre2] como codemandada y verificar que se respete a dicha parte como al resto el debido proceso; y que el índice de actuaciones responda a la tramitación real del expediente. Además, deberá pronunciarse sobre las gestiones hechas en este proceso por el señor Gabriel Raúl Hernández en representación de Viento del Oeste Sociedad Anónima, la cual no figura hasta el momento como parte o como interviniente (folio 57); no obstante, el señor Hernández reiteradamente ha gestionado en forma conjunta como representante de ésta y de la codemandada Corporación Bella Vista del Golfo Sociedad Anónima (folios 59 y 104). Se aclara además que el documento de folio 132 en el que aparecen tres firmas al pie, fechado 15 de mayo de 2013, pero sin sello de recibido, no se considera para la emisión de esta resolución debido a que las firmas no aparecen autenticadas, las personas que supuestamente lo suscriben y son abogados no impregnaron su sello y no fue presentado por ninguna de éstas ya que ni siquiera tiene constancia de recibido. El sello de recibido del documento de folio 129 corresponde sólo a ese documento pues menciona la presentación de tres folios el 13 de mayo (folio 129). Finalmente, deberá comunicar a la Guardia Civil de Paquera y a la oficina regional del MINAE a las que informó sobre el contenido de la resolución revocada (folios 43 a 45), sobre la emisión de este pronunciamiento.-* POR TANTO:* Se revoca la resolución de las once horas treinta minutos del cinco de abril de dos mil trece. En su lugar, se rechaza la medida cautelar solicitada por la parte demandante en las condiciones planteadas por ésta, disponiéndose en esta Instancia lo siguiente: Hasta tanto no se emita sentencia o cambien las circunstancias en que se dicta esta medida cautelar, se autoriza a la codemandada Corporación Bella Vista del Golfo Sociedad Anónima para que disponga de los árboles cortados ubicados en el área en conflicto; previo a ello, el Juzgado designará una persona experta conforme al rol de ingenieros forestales del Poder Judicial, para que determine con exactitud la cantidad de árboles cortados, su ubicación en relación con los planos de las fincas de las partes involucradas, las especies de éstos, su estado, si es posible su aprovechamiento en las condiciones actuales y el valor estimado de mercado. Una vez se tengan esos datos, el Juzgado pondrá en disposición dichos bienes de la parte demandada como depositaria judicial para que ésta los coloque en la Bolsa de Productos Forestales. Lo anterior deberá quedar documentado, y el procedimiento para trasegar la madera ha de corresponder al establecido en el artículo 31 de la Ley Forestal. Si tales productos no logran ser vendidos en subasta pública, podrá aprovecharlos cualquier persona, previo depósito en el Juzgado del valor asignado pericialmente. La persona experta que se designe deberá además, con base en el reconocimiento judicial que realice del área en litis con el acompañamiento del juez o jueza agraria, las partes que asistan y la documentación que consta en este expediente, indicar la fecha en que las demás especies arbóreas estén listas para ser aprovechadas conforme a su estado actual y lo tramitado ante el MINAE y la cantidad de esos árboles de plantación conforme al procedimiento técnico respectivo. La parte demandada deberá depositar en la cuenta del Juzgado en el plazo de ocho días que éste le conferirá, el monto que fije por honorarios y gastos de traslado de la persona experta que designe, con el apercibimiento de que en caso de incumplimiento se tendrá por no interesada en el aprovechamiento para la venta de los árboles cortados, en cuyo caso el Juzgado deberá designar a otra persona física o jurídica como depositaria judicial de los mismos para que proceda conforme se señala. Los costos del depósito de los árboles, si no se logra sean vendidos o debidamente aprovechados, previa autorización del Juzgado, correrán por cuenta de la parte demandante. En caso de que la parte demandada no acepte ser depositaria judicial de los árboles cortados -en los supuestos citados- el Juzgado podrá designar a otra persona física o jurídica idónea para que proceda conforme. Todo lo anterior deberá ser verificado en el sitio por el Juzgado, el que a su vez deberá proceder a designar la persona experta, gestionar su juramentación y proceder conforme se señala, una vez firme esta resolución, con la celeridad debida considerando la urgencia de la medida para un mejor aprovechamiento del recurso forestal y de las condiciones climáticas imperantes en la zona. Se anula la resolución de las trece horas cuarenta minutos del quince de mayo de dos mil trece. Debe el Juzgado cumplir con las circulares y lineamientos instituciones, concretamente la Nº 82-95 de 19 de octubre de 1995, Artículo LXVIII emitida por Corte Plena, para evitar irregularidades procesales que puedan afectar la tramitación, entre ellos, citar en la carátula del expediente el nombre de la señora [Nombre2] como codemandada y verificar que se respete a dicha parte como al resto el debido proceso; y que el índice de actuaciones responda a la tramitación real del expediente. Además, ha de pronunciarse el Juzgado sobre las gestiones hechas en este proceso por el señor [Nombre3] en representación de Viento del Oeste Sociedad Anónima, la cual no figura hasta el momento como parte o como interviniente. En relación con el documento agregado a folio ciento treinta y dos, debe el Juzgado resolver lo correspondiente a que aparezca agregado al expediente sin fecha de recibido y de ser necesario disponer la investigación disciplinaria respectiva. Finalmente, deberá comunicar el Juzgado a la Guardia Civil de Paquera y a la oficina regional del MINAE, a las que informó sobre el contenido de la resolución revocada, sobre la emisión de este pronunciamiento.-* * * * * * * * * * * * * * * * * * * HK4QGQCSO3M61 * * * [Nombre9] - * * * * * * * * * * JUEZ/A DECISOR/A * * * * * IA1ATDMH2MW61 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * UGXXRBHOFBY61* * * [Nombre10] - * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * [Nombre11] -* * * JUEZ/A DECISOR/A * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * JUEZ/A DECISOR/A* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

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Implementing decreesDecretos que afectan

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    • Forestry Law 7575 — Land Use and Forest ProtectionLey Forestal 7575 — Uso del Suelo y Protección Forestal

    Concept anchorsAnclajes conceptuales

    • Ley Forestal 7575 Art. 28
    • Ley Forestal 7575 Art. 31
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