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Res. 00192-2013 Tribunal Agrario · Tribunal Agrario · 28/02/2013
OutcomeResultado
The Court affirmed the denial of adverse possession and restitution of the public-domain property, assigned its administration to the Ministry of Environment through SINAC, and awarded compensation and retention rights only for necessary improvements.Se confirmó la improcedencia de la usucapión y la restitución del inmueble demanial, se atribuyó su administración al MINAE por medio del SINAC y se reconoció de oficio el pago y retención únicamente por mejoras necesarias.
SummaryResumen
The Agrarian Court affirmed the dismissal of Las Aguas Saltantes L.A.S. S.A.’s claim to acquire by adverse possession an approximately 192-hectare property located entirely within the Golfo Dulce Forest Reserve. The evidence established that roughly 75% of the land consisted of mountain terrain and secondary forest, contained springs, and functioned as a micro-watershed. Because the property forms part of the State Natural Heritage, it is public-domain property, outside private commerce, and cannot be acquired by private parties through acquisitive prescription. The Court maintained the nullity of the private transfers and ordered restitution of the land, while clarifying that its administration belongs to the Ministry of Environment through the National System of Conservation Areas rather than INDER. On its own initiative, the Court recognized compensation for necessary improvements made to conserve the property and a right to retain the value of those improvements until payment, but excluded useful improvements. One judge dissented from the award of any compensation for improvements.El Tribunal Agrario confirmó el rechazo de la demanda mediante la cual Las Aguas Saltantes L.A.S. S.A. pretendía adquirir por usucapión un inmueble de aproximadamente 192 hectáreas ubicado íntegramente dentro de la Reserva Forestal Golfo Dulce. La prueba determinó que cerca del 75 % del terreno estaba cubierto por montaña y bosque secundario, contenía nacientes y funcionaba como microcuenca hidrográfica. Por integrar el patrimonio natural del Estado, el inmueble es demanial, está fuera del comercio y no puede ser adquirido por particulares mediante prescripción positiva. El Tribunal mantuvo la nulidad de las transmisiones privadas y la restitución del terreno, pero aclaró que su administración corresponde al Ministerio de Ambiente por medio del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, no al INDER. De oficio, reconoció a la actora el pago de las mejoras necesarias para conservar el bien y un derecho de retención sobre su valor hasta el pago efectivo, excluyendo las mejoras útiles. Una jueza salvó el voto respecto de toda indemnización por mejoras.
Key excerptExtracto clave
Based on the foregoing jurisprudential criterion, the first-instance judgment ordered recovery of the property in the name of the Agrarian Development Institute, now the Rural Development Institute. However, once the improvements have been paid for, administration of that property must be understood to belong to the Ministry of Environment, through the National System of Conservation Areas, in accordance with the Constitutional Chamber’s ruling and Articles 13 of the Forestry Law and 37 of the Organic Environmental Law. As to the matters appealed, the judgment is affirmed, with the understanding that administration of the property belongs to the Ministry of Environment through the National System of Conservation Areas. In addition, on the Court’s own initiative, the plaintiff company is granted the right to payment by the Agrarian Development Institute, now the Rural Development Institute, for improvements, which shall be assessed and valued during enforcement of the judgment according to the parameters stated in the penultimate consideration. The plaintiff is granted a right of retention only over necessary improvements, understood as expenses indispensable for preserving the property, consisting of creating pasture areas or clearing existing ones, as quantified during enforcement of this judgment; the appellant retains their value until effective payment. This does not apply to useful improvements, understood as those that increased the property’s market value. Judge Alvarado Paniagua dissents from the award of payment for improvements and would deny it.Con fundamento en el anterior criterio jurisprudencial, dado que en la sentencia de primera instancia se ordena la reivindicación a nombre del Instituto de Desarrollo Agrario, hoy, Instituto de Desarrollo Rural. Sin embargo, una vez que sean pagadas las mejoras, deberá entenderse que la administración de dicho bien corresponde al Ministerio de Ambiente, a través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, conforme a lo indicado por la Sala Constitucional y de acuerdo a lo establecido en los artículos 13 de la Ley forestal y 37 de la Ley Orgánica del Ambiente. En lo que fue objeto de apelación, se confirma la sentencia, pero en el entendido que la administración de dicho bien corresponde al Ministerio del Ambiente, a través del Sistema Nacional de Areas de Conservación. Además, de oficio, se concede a la empresa actora el derecho al pago de las mejoras, por parte del Instituto de Desarrollo Agrario, hoy Instituto de Desarrollo Rural, que serán liquidadas y estimadas en ejecución de sentencia, conforme a los parámetros indicados en el penúltimo considerando. Se concede a la actora derecho de retención únicamente de las mejoras necesarias, entendidas como tales los gastos indispensables para la conservación de la cosa consistente en: hechura de repastos o limpieza de los ya existentes, conforme a la cuantificación que se haga en ejecución del presente fallo y sobre cuyo valor, el recurrente ostenta derecho de retención hasta su efectivo pago, no así respecto de las mejoras útiles, entendidas como aquellas que hayan aumentado el valor venal del bien. La jueza Alvarado Paniagua, salva el voto en cuanto concede el pago de mejoras, para denegarlas.
Pull quotesCitas destacadas
"El 100% del área descrita por el Plano Catastrado P-703608-2001, se encuentra dentro de la Reserva Forestal Golfo Dulce, es Patrimonio Natural del Estado en administración del Sistema Nacional de Areas de Conservación."
"One hundred percent of the area described in Cadastral Plan P-703608-2001 lies within the Golfo Dulce Forest Reserve, forms part of the State Natural Heritage, and is administered by the National System of Conservation Areas."
Considerando III, hecho probado r)
"El 100% del área descrita por el Plano Catastrado P-703608-2001, se encuentra dentro de la Reserva Forestal Golfo Dulce, es Patrimonio Natural del Estado en administración del Sistema Nacional de Areas de Conservación."
Considerando III, hecho probado r)
"En el presente caso, resulta más que evidente que nos encontramos en la primera hipótesis, pues el contenido material o sustancial, está relacionado con el instituto de la usucapión agraria, y está dirigida contra el Estado, a su vez, éste pide la reivindicación o recuperación del inmueble, al considerarlo parte del dominio público agrario."
"In this case, it is more than evident that the first situation applies, because the substantive subject matter concerns agrarian adverse possession asserted against the State, while the State seeks recovery of the property on the ground that it forms part of the agrarian public domain."
Considerando II
"En el presente caso, resulta más que evidente que nos encontramos en la primera hipótesis, pues el contenido material o sustancial, está relacionado con el instituto de la usucapión agraria, y está dirigida contra el Estado, a su vez, éste pide la reivindicación o recuperación del inmueble, al considerarlo parte del dominio público agrario."
Considerando II
"En definitiva, la administración de las reservas nacionales no puede ser igual a la que imperaba en el ordenamiento infra constitucional anterior a la reforma parcial del artículo 50 constitucional en 1994, por el profundo impacto que produjo el reconocimiento de un derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado."
"Ultimately, national reserves cannot be administered as they were under the subconstitutional legal order preceding the 1994 partial amendment of Article 50 of the Constitution, given the profound impact of recognizing the right to a healthy and ecologically balanced environment."
Criterio jurisprudencial de la Sala Constitucional citado por el Tribunal
"En definitiva, la administración de las reservas nacionales no puede ser igual a la que imperaba en el ordenamiento infra constitucional anterior a la reforma parcial del artículo 50 constitucional en 1994, por el profundo impacto que produjo el reconocimiento de un derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado."
Criterio jurisprudencial de la Sala Constitucional citado por el Tribunal
"Los trabajos realizados no tendían al ejercicio de una posesión forestal conforme a la naturaleza del bien. Al contrario deforestaban para sembrar."
"The work performed was not directed toward exercising forest possession consistent with the nature of the property. On the contrary, they cleared the forest for planting."
Voto salvado; jurisprudencia de la Sala Primera citada
"Los trabajos realizados no tendían al ejercicio de una posesión forestal conforme a la naturaleza del bien. Al contrario deforestaban para sembrar."
Voto salvado; jurisprudencia de la Sala Primera citada
Full documentDocumento completo
!' * * * * * * * * * * CASE FILE:* * * * * * * EXPN1* PROCEEDING:* * * * * * * * * * * * ORDINARY* PLAINTIFF:* * * * * * * * * * * * * * * LAS AGUAS SALTANTES L.A.S S.A.* DEFENDANT: INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO * * * DECISION N° 192-F-12 * TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- At eleven forty-five on veintiocho de febrero de dos mil trece.-* ORDINARY PROCEEDING (PROCESO ORDINARIO) brought by LAS AGUAS SALTANTES L.A.S. SOCIEDAD ANÓNIMA, represented by [Nombre1], of legal age, married, farmer, resident of Osa, identity card number CED1 - –; against INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO, now INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER), represented by Álvaro Chanto Ureña and Margarita Elizondo Jiménez, whose particulars are unknown in the record, acting as general attorneys-in-fact for judicial proceedings. PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA appears as an interested party, represented by Deputy Attorney GLORIA SOLANO MARTÍNEZ and Attorney JULIO JURADO FERNÁNDEZ, whose particulars are known in the record. Attorney Geovanny Retana Madriz, identity card number CED2 - -, bar association number six thousand one hundred twenty-one, acts as special attorney-in-fact for judicial proceedings for the plaintiff. Heard before the Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur, Corredores. * F I N D I N G S:*
Drafted by Judge ULATE CHACÓN, and * CONSIDERING:*
In Voto No. 193-F-10 of 11 de marzo del 2010, this Court vacated the oral trial, including the judicial inspection (reconocimiento judicial). The court below proceeded to ratify that inspection (folio 1013), whereupon this Court ordered a new judicial inspection as evidence obtained on the Court’s own initiative (prueba para mejor proveer). It was conducted at nine o’clock on dieciocho de enero del 2013 in the presence of the parties, during which testimony by a party was also received from [Nombre1]. This evidence obtained on the Court’s own initiative was documented on a CD (video recording) attached to the case file, and the sketch appended at the end of Volume III was incorporated into the virtual case file. The defects identified at first instance were thereby corrected without any need to declare the proceedings null and void. *
II.CONSIDERATION OF JURISDICTION IN THIS ORDINARY ADVERSE-POSSESSION PROCEEDING AGAINST THE STATE, AND THE STATE’S ACTION TO RECOVER THE PROPERTY FROM THE PRIVATE PARTY: Regarding jurisdiction, this Court reaffirms the jurisdiction of the Agrarian Courts to hear this proceeding, not only in light of Article 22, subsections c) and ch), of Ley de Jurisdicción Agraria, which requires Instituto de Desarrollo Agrario, now Instituto de Desarrollo Rural, and Procuraduría Agraria to be parties “…in all matters relating to the protection of the public domain and the exercise of the powers conferred on it by law in this area…,” but also pursuant to the recently enacted Ley INDER, No. 9036 of 11 de mayo del 2012, which transformed Instituto de Desarrollo Agrario into Instituto de Desarrollo Rural and whose Article 16, subsections i) and j), imposes on it the following duties: “i) Bring the corresponding administrative or judicial actions to recover movable and immovable property that has been unlawfully appropriated; j) Be a party to proceedings before the agrarian and administrative-litigation courts, as applicable, involving national reserve lands, lands forming part of its assets, and lands that it acquires or that are transferred to it.” More specifically, Article 86, which addresses jurisdiction, clarified: “Jurisdiction over legal situations and relationships arising under this law shall lie with the agrarian courts when, by reason of its material or substantive content, the matter relates to administrative conduct involving agrarian, agro-environmental, or rural-development activity, and with the administrative-litigation courts when the claim seeks to challenge the invalidity of, or material nonconformity with administrative law of, administrative conduct or any individual manifestation of the administrative function.” In this case, it is abundantly clear that the first scenario applies, because the material or substantive content relates to the legal institution of agrarian adverse possession and the action is directed against the State, which in turn seeks recovery of the real property, considering it part of the agrarian public domain. * *
III.The Court concurs with the statement of facts deemed proven, as they are well supported by the case record, with the exception of the finding in item i), because it constitutes a legal characterization rather than a pure and simple fact. In addition, the following are deemed proven at this level of review: i) When [Nombre1] acquired the possessory rights (derechos de posesión) from [Nombre4], he knew that said property had been acquired by the Instituto de Desarrollo Agrario (see party testimony at the oral hearing held on 18 de enero del 2013); j) At present, approximately 75% of the land consists of mountain terrain and secondary forest, is extremely rugged, and has abundant forest species and wildlife; it has the form of a micro-watershed through which several springs (nacientes) emerge and flow into the Río Drake; the remaining portion consists of scrubland with some abandoned pastures and paddocks in a poor state of conservation, while the boundary paths are kept clear (see the judicial inspection on DVD conducted by this Court on 18 de enero del 2013, and the sketch and party testimony, DVD, segment 32); k) [Nombre4] appears in the August 1979 census conducted by the Departamento de Selección de Beneficiarios del ITCO, with 60 hectares of land and approximately 12 years of possession in the Rancho Quemado sector (see documents ordered as evidence for a better determination of the case and added to the virtual case file); l) [Nombre5] was recorded in the 1976 census of the Instituto de Desarrollo Agrario as occupant No. 1194, with a parcel of approximately 50 hectares and approximately 13 years of occupancy (see documents ordered as evidence for a better determination of the case and added to the virtual case file). ll) Mr. [Nombre1] is known as “[Nombre6]” and, according to his identity card, as [Nombre1] (see party testimony, DVD, segment 32); m) When [Nombre1] purchased the improvements (mejoras) from [Nombre4], the property consisted of five hectares of pasture, plantain fields, and scrubland; the remainder was mountain terrain (see party testimony, DVD, segment 32); n) [Nombre1] knew that the land belonged to Osa Productos Forestales and that it was subsequently sold to, or acquired by, the Instituto de Tierras y Colonización (see party testimony, DVD, segment 32); ñ) Mr. [Nombre1] completed procedures before the Instituto de Desarrollo Agrario to obtain title to his property; however, the process was not completed because the property was not surveyed (see party testimony, DVD, segment 32); o) Apart from the land acquired by [Nombre1], he did not acquire any other land from other persons (see party testimony, DVD, segment 32); p) The plaintiff’s representative exercised possessory acts (actos posesorios) by growing corn, beans, plantains, bananas, and rice and raising livestock; he lived on the property, where he raised his children, until approximately five years ago, when he moved elsewhere in the area; the Instituto de Desarrollo Agrario never challenged his possession (see party testimony, DVD, segment 32); q) Approximately halfway along the southern boundary, where the boundary path ends and the barbed-wire fence begins—the boundary with [Nombre7]—there is a clearly defined three-strand wire fence with both living and dead fence posts, and scrubland within the property; beyond that are recently cleared pastures with approximately four paddocks; there are no structures, and the fence continues along the western boundary, with living wooden posts of gmelina and madero negro, until approximately the midpoint thereof, with maintained four-strand barbed-wire fencing; the pastures, brushland, and scrubland together comprise approximately twenty-five hectares; fruit and timber trees can also be observed, as well as an internal road made by tractor from the entrance of the property to the stream; the remainder of the property is duly conserved forest (see judicial inspection and party testimony). r.) 100% of the area described in Cadastral Plan P-703608-2001 lies within the Reserva Forestal Golfo Dulce, constitutes Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado), and is administered by the Sistema Nacional de Areas de Conservación (see evidence for a better determination of the case added to the virtual case file on 24 de enero del 2013). *
IV.The findings concerning unproven facts are likewise affirmed. The following is also deemed unproven: b) That the land acquired and possessed by [Nombre1] from [Nombre4] had an area exceeding sixty hectares. There is insufficient evidence to establish this. *
V.In judgment No. 59-2012 issued at 10:00 hours on 2 de mayo del 2012, the lower court (a-quo) dismissed the ordinary agrarian action (demanda ordinaria agraria) brought by Las Aguas Saltantes LAS Sociedad Anónima against the Instituto de Desarrollo Agrario and the State. It granted the counterclaim (contrademanda) filed by the Instituto de Desarrollo Agrario, now the Instituto de Desarrollo Rural, ordering restitution and delivery of possession of the property once the judgment became final. It also ordered the plaintiff-counterdefendant to pay costs. *
VI.Counsel for the plaintiff appealed. He expresses disagreement with the lower court’s grounds for the judgment, arguing: a) that it required proof of derivative title (derecho derivado), asserting that the plaintiff acquired from others whose classification as “occupants” meant that they knew the property belonged to Osa Productos Forsetales S.A. or to the defendant Instituto; b) that it required possession for a period of 51 years, that is, beginning before 28 de abril de 1968 and before the creation of the Reserva Forestal de Golfo Dulce, a fact deemed unproven; c) He contends that there is an apparent inconsistency between the witnesses’ testimony and the documentary evidence concerning the assignment of rights (cesión de derechos) from [Nombre8] to [Nombre1], although such evidence is not conclusive and may be supplemented by testimony, given that the private sale agreement (carta venta) was executed in 1974 but, due to an error, was stated to have been executed in 1964; d) The sale process through which the State acquired the property from the IDA was conducted by means of expropriation to resolve the conflict involving the occupancies and possessions; therefore, when analyzing color of title (justo título), the lower court concluded that because the transferor and his principal, specifically [Nombre1], had been included in the IDA census, it was beyond her sphere of rights to be a possessor.
He considers this conclusion erroneous because, although they were included in the census, this was done upon promises that the IDA would grant them deeds, which does not mean that they acknowledged that the IDA owned their properties; e) Regarding possession, he argues that the Reserva Golfo dulce was created in 1978 and that witness testimony established that the possession of the person who sold to [Nombre1], Mr. [Nombre4], dated from the beginning of the 1960s; after living there for several years, he assigned his rights to Mr. [Nombre1]. The private sale agreement between [Nombre4] and [Nombre1], he argues, demonstrates that [Nombre1] had possessed the property for more than ten years. He therefore argues that the witness testimony and documentary evidence establish that the possession exercised began at least 10 years before the creation of the protected area, and that the IDA presented no evidence to contradict this, thereby seeking to avoid recognition of the rights existing when it expropriated the property; the lower court dismissed the action because the purchase and sale agreement (contrato de compraventa) bears the date 1964, which contradicts the testimony of [Nombre9], who testified that the transaction occurred between 1970 and 1974, thereby diminishing the weight of the documentary and testimonial evidence, although the year was changed due to a clerical error in the purchase and sale agreement; this was clarified by the documentation submitted for a better determination of the case, in which the original possessor, [Nombre4] (sworn statement), acknowledges that he lived there and carried out agricultural activities beginning in the early 1960s.
Furthermore, he emphasizes, it is Mr. [Nombre1] who possesses and works the property and is a member of the company, such that there is an overlap between the natural person, who is a member, and the representative of the legal entity. f) He argues that the evidence was erroneously assessed in the following respects: The witness [Nombre9] not only testified that he witnessed the 1974 private sale agreement, but also stated that when he arrived in [Nombre10] four years earlier, [Nombre4] was already on the property, which demonstrates that he was there before 1970; he was there before the IDA Law entered into force, and the chain of possession (cadena posesoria) has been held in good faith, predating both the creation of the reserve and the property’s incorporation into the IDA’s assets; possession was also peaceful and uninterrupted. In matters involving possession of land, he argues, the granting of title should not be based on recognition of possession or on whether a person has been classified as a beneficiary; what must be considered is possession as a formal and material act.
He argues that Mr. Mario Jiménez himself was recommended for recognition of his possession and the granting of title. Agrarian acquisitive prescription (usucapión agraria), he states, permits the possessor to tack the possession of the transferors, and color of title and good faith should therefore be deemed proven. g.- He considers the judgment unduly accommodating of the defendant’s interests; the requirements for civil acquisitive prescription should not be equated with those for agrarian acquisitive prescription, because he proved possession during the ten years preceding the creation of the Reserve, as evidenced by the certifications issued by the Instituto, in whose censuses they are identified as possessors. h.) He also disagrees with the counterclaim insofar as it orders the annulment of the transfers of improvements and possessory rights made among [Nombre1], [Nombre2], and [Nombre3], and by the latter to the plaintiff, because there is no applicable legal provision, since Article 67 of Ley 2825 concerns the nullity of a deed transferring a parcel without the IDA’s prior authorization, whereas the persons involved here are not beneficiaries. i.) Regarding the unproven fact, he contends that possession for more than ten years before 1968 was indeed proven, as demonstrated by both the original possession and the possession transferred by previous possessors, given that Mr. [Nombre1] personally acquired the property from [Nombre4] in 1974, by which time the latter had possessed it for more than ten years; [Nombre1] then transferred that possession to the other possessors, including the plaintiff company—a quiet, public, peaceful, and uninterrupted possession under claim of ownership (a título de dueño), which was never disturbed and of which the Instituto de Desarrollo Agrario had full knowledge. *
VII.It is important to note that the Sala Constitucional, recently addressing the function and structure of rights in rem (derechos reales), stated as follows: IV.-ON THE RIGHT TO PROPERTY. Article 45 of the Constitución Política enshrines the right to property in the following terms: “Property is inviolable; no person may be deprived of property except for a legally proven public interest and upon prior compensation in accordance with the law. In the event of war or internal disturbance, prior compensation is not indispensable. However, the corresponding payment shall be made no later than two years after the state of emergency has ended. For reasons of public necessity, the Asamblea Legislativa may, by a vote of two-thirds of its entire membership, impose limitations upon property in the social interest.” *
...Beginning in 1990, this Constitutional Court more clearly recognized the dynamic nature of the property right (derecho de propiedad) and the possibility of imposing, within its structure—the set of rights and obligations of the owner—limitations in the social interest (limitaciones de interés social), in order to prevent the antisocial or abusive exercise of that right, which is not unlimited. Within this context, it implicitly recognizes the existence of special forms of property, with distinct characteristics depending on the nature of the asset involved and its specific function: “The owner’s authority over the property is determined by the function that the property serves. The object of the property right has undergone significant transformations. Currently, not only are owners’ rights protected, but also various general or social interests that coexist with them. Objective law defines the scope of subjective rights.
Each object of a right entails a particular form of appropriation. Thus, for example, the powers of ownership relating to an agricultural holding are very different from those relating to property located in a densely developed urban area.” According to the Sala Constitucional, such limitations must be reasonable and must not deprive the right of its substance, since that would amount to its total deprivation (Sala Constitucional, No. 5097-93 de las 10:24 horas del 15 de octubre de 1993).- 4.- LIMITS AND LIMITATIONS WITH RESPECT TO AGRICULTURAL AND FOREST PROPERTY. Legal scholarship (ALBALADEJO, Manuel. Derecho Civil, Tomo III, Derecho de bienes, Barcelona, 8ª edición, 1994, páginas 259 a 262) has distinguished between limits (límites) and limitations (limitaciones) on the property right, in the context of the substance of that right. According to ALBALADEJO, the normal substance of the property right must be defined by specifying the limits of ownership (dominio): “Sometimes the limit consists in the owner being unable to do something; at other times, in the owner having a duty to do it, thereby removing the freedom to refrain from doing so (for example, the freedom not to render the façade of the building or not to cultivate the rural property)...
Because the limits of ownership constitute its ordinary legal regime, no special act is required to impose them on each particular asset, nor must they be proven...; it is sufficient to invoke, where appropriate, the legal provision establishing them. By contrast, limitations must be established by a special act concerning the asset whose ownership is at issue and, because they are exceptional, they must be proven; otherwise, the property is presumed to be free of them” (íbid, p. 262). These may be established for reasons of private interest or public interest, with the latter predominating. Examples include those established in the Ley de Aguas or in special agricultural or environmental legislation. The Corte Plena, acting as Constitutional Court, distinguished between limits and limitations on the property right: “Traditionally, ‘limits’ and ‘limitations’ have been used as synonyms, but today a distinction is made between the two terms, with ‘limits’ understood as those imposed generally by law without reference to an individualized asset or owner; they apply to all persons in the same situation. ‘Limitations,’ by contrast, are generally imposed voluntarily by owners, although pursuant to law, and always in specific cases...
It should be noted, however, that the two-thirds vote does not constitute authorization to impose every type of limitation on property, since the text refers solely to those in the ‘social interest’” (Corte Plena, Sesión Extraordinaria, del 25 de marzo de 1983). * The Corte Plena stated very clearly the principle of the economic and social function of property (función económica social de la propiedad), as a restriction imposed on property with general effect. Specifically, in the field of forest property, case law established the importance of limitations from an environmental perspective: “The appeal alleges the unconstitutionality of articles 30, 7l, 88, 98, l0l, subsections b) and d), l03, l04 and l05 of the Ley Forestal on the ground that they violate article 45 of the Constitution, since, in the appellant’s view, the first cited article infringes the inviolability of property by requiring approval from the Dirección General Forestal before forest-clearing work may be undertaken for the purpose of establishing settlements, subdividing land, or carrying out any agricultural or livestock enterprise, because such (sic) interference by the State places the authority to administer private property in its hands.
In response, it must be noted that no conflict exists between article 30 of the Ley Forestal and article 45 of the Constitución Política, because the property right is not absolute. Indeed, although the constituent authority categorically declared property to be inviolable, it immediately established restrictions on that principle, one being the possibility of expropriation (expropiación) ‘on grounds of a legally established public interest,’ and another being the provision that the Asamblea Legislativa may impose limitations in the social interest on property ‘by a vote of two-thirds of its entire membership’; it must therefore be concluded that the first declaration is subject to two qualifications, relating to the public interest and the social interest. The classical concept of property as absolute and unlimited has changed significantly, now permitting the imposition of ‘limitations in the social interest,’ as authorized by the second paragraph of article 45.
This has made it possible for the legislature to establish, as an essential function of the State, the duty to ‘ensure the protection, utilization, conservation, and development of the country’s forest resources’ (article 1º of the Ley Forestal), a function fulfilled through the series of restrictions that said Law imposes on forest exploitation. The same constitutional provision establishes that these limits do not amount to a denial of the property right, as the appellant alleges, but rather constitute a restriction intended to achieve higher purposes that are more important than the strictly individual interests of the owner—namely, those of the community and of future generations, which must have access to forest resources, including for the protection of the environment and public health... It is true that the exercise of the right has been limited in order to protect the State’s forestry interests, which seek the conservation of natural resources and environmental health;* but this is permitted by the constitutional provision that the appellant himself considers to have been violated...
VIII.- This Court has repeatedly held that the exercise of the freedoms granted by the Constitution is not absolute and may be subject to regulation and even restrictions when higher interests are involved. Article 371 of the Ley General de Salud, for example, could hardly be deemed unconstitutional insofar as it imposes imprisonment on anyone who cultivates opium poppy, coca, or marijuana plants, on the ground that it infringes the freedom of agriculture established in article 46 of the Constitution—a provision that the appellant considers violated by the restrictions imposed on agricultural activity by the Ley Forestal. And if account is taken of the view already expressed that this Law protects interests of a higher order than the merely individual interests of the possessor or owner of land subject to forestry regulation, it must likewise be concluded that the restrictions alleged to be unconstitutional do not violate the guarantee contained in article 46 of the Carta Política, because, as already stated, the State has restricted the exercise of the attributes of property for reasons of social interest.
IX. The Ley Forestal seeks to protect natural resources, a circumstance that affects the organization of production. Water resources, environmental changes, and local health conditions are factors that influence agricultural and livestock production and are directly related to the forest resources of the area; therefore, regulations governing forest exploitation do not violate but, on the contrary, uphold the constitutional guarantee of article 50, insofar as it provides that the State must organize production. X. The Ley Forestal does not prevent the appellant from obtaining honest and useful work through which to provide for his own subsistence and well-being and that of his family. There is no doubt that the right granted by article 56 of the Constitución Política is not unrestricted, since it is subject to laws and regulations concerning the manner and conditions of its exercise. Thus, Mr.
Elizondo Villegas may engage in agriculture if that is his wish; but in exercising that right, he may not lawfully act contrary to the legislation in force that protects forest resources and regulates agricultural production. Certain crops are prohibited (such as the one mentioned above, marijuana), and certain agricultural practices are restricted (such as burning), by legal provisions that prevent farmers from cultivating those crops or using those practices. Nevertheless, those provisions are not unconstitutional because they do not illegitimately restrict the right to work, but regulate it in order to safeguard other, higher-ranking interests that guarantee peaceful coexistence, the ultimate aim pursued by the legal system” (Corte Plena, sesión extraordinaria celebrada el l7 de mayo de l984). * Beginning in 1990, this Constitutional Court more clearly recognized the dynamic nature of the property right and the possibility of imposing, within its structure—the set of rights and obligations of the owner—limitations in the social interest, in order to prevent the antisocial or abusive exercise of that right, which is not unlimited.
Within this context, it implicitly recognizes the existence of special forms of property, with distinct characteristics depending on the nature of the asset involved and its specific function: * “The owner’s authority over the property is determined by the function that the property serves. The object of the property right has undergone significant transformations. Currently, not only are owners’ rights protected, but also various general or social interests that coexist with them. Objective law defines the scope of subjective rights. Each object of a right entails a particular form of appropriation. Thus, for example, the powers of ownership relating to an agricultural holding are very different from those relating to property located in a densely developed urban area.” According to the Sala Constitucional, such limitations must be reasonable and must not deprive the right of its substance, since that would amount to its total deprivation (Sala Constitucional, No. 5097-93 de las 10:24 horas del 15 de octubre de 1993). *
Adverse possession is an original means of acquiring a possessible right in rem through the passage of time and compliance with statutory requirements. The legal effect of acquiring ownership through adverse possession occurs automatically through the passage of time, together with qualifying possession that meets the conditions established for possession ad usucapionem (posesión ad usucapionem), and the other requirements established by law. In general terms, the Civil Code establishes the following requirements for acquisitive prescription: a title transferring ownership, good faith, and possession under specific conditions. (…) * Now, the final requirement for acquisitive prescription set forth in Article 853 is possession. The essence of the doctrine of adverse possession is linked to the law of possession. In addition to exercising possession for a specified period and under special conditions—publicly, peacefully, continuously, and as the holder of the asserted right—the legal system establishes the requirements of color of title (justo título) and good faith for adverse possession.
Possession as a right in rem entails a relationship between a person and a thing. It constitutes one of the separate elements that make up ownership (Article 264 of the Civil Code). The right of possession may be acquired independently of full ownership under certain circumstances governed by Article 279 of the Civil Code—through the owner’s consent, by retaining possession for more than one year, and where the law authorizes a creditor to retain the debtor’s property or orders that all or some of the debtor’s assets be transferred to a custodian.* * (…) In that regard, possession ad usucapionem is a more rigorous or qualified form of possession that differs from possession in general. The requirements imposed by law for possession to qualify for acquisitive prescription are governed by Article 856 of the Civil Code. The case law, incorporating scholarly concepts, has developed the content of those requirements.
In that regard, with respect to possession as owner, it has been stated that what the Civil Code means is possession as the holder of the asserted right (…)” (emphasis not in the original) * Likewise, Civil Law and Property Law scholarship has emphasized that the legal system recognizes adverse possession as a means of acquiring ownership of real property in order to provide legal certainty in social relations and, consequently, to foster social peace. Several theories provide a basis for adverse possession: first, a subjective theory explaining that the legal basis for the adverse possessor’s definitive acquisition is the negligence or abandonment of the titleholder against whom adverse possession operates; second, an objective theory stating that the ratio iuris of adverse possession lies in the protection of the public interest, social interests, and legal certainty. The law seeks to protect the appearance created by the adverse possessor’s possessory situation and to ensure economic stability (see [Nombre12], María Luisa, “Derechos Reales e Inmobiliario Registral: Esquemas de Derecho Civil.” Editorial Arazandi, 2010, España).
Through adverse possession, a factual situation is transformed into a legal status in order to ensure legal certainty for individual interests and legal relationships (between the adverse possessor and other persons). Adverse possession creates a genuine and valid title, free of charge, which results in the acquisition of ownership. The finality of that acquisition provides certainty to legal relationships on grounds of public interest (see [Nombre13], Manuel. “Compendio de Derecho Civil.” Editorial José María Bosch, 2007, España). VI.- On public-domain property (bienes de dominio público), the presumption of public-domain status (presunción de demanialidad), and public-domain reservations (reservas de dominio público). For a better understanding of the issue examined in this consultation, reference must also be made to the concepts of public-domain property, the presumption of public-domain status, and public-domain reservations, all of which are important concepts for the proper resolution of the matter under review (sub examine).
This Chamber has had repeated opportunities to develop the subject of public-domain property. For example, in Judgment number 1991-2306 at 14:45 on November 6, 1991, reiterated in Judgment number 2004-09217 at 15:25 on August 25, 2004, this Court held as follows: * “(…) the public domain consists of property that, by the legislature’s express will, has the special purpose of serving the community and the public interest. These are known as property of the State (bienes dominicales), public-domain property (bienes dominiales), public property or things (bienes o cosas públicas), which do not belong individually to private persons, are intended for public use, and are subject to a special regime outside private commerce. That is, they are dedicated to such use by their very nature and purpose. Consequently, such property belongs to the State in the broadest sense of that term, is dedicated to the service it provides, and that service is invariably essential by virtue of an express legal provision.
The characteristic features of such property are that it is inalienable, not subject to prescription, not subject to attachment, cannot be mortgaged or encumbered under Civil Law, and administrative action replaces possessory remedies (interdictos) for purposes of recovering control. Because it is outside private commerce, such property cannot be possessed, although a right of use may be acquired, but not a right of ownership. A use permit (permiso de uso) is a unilateral legal act issued by the Administration in the exercise of its functions, and what is placed in the hands of the private party is the beneficial ownership (dominio útil) of the property, while the State always retains direct ownership (dominio directo) over the thing. The precarious nature of every right or use permit is inherent in the legal device and refers to the possibility that the Administration may revoke it at any time, whether because the State needs to occupy the property fully, because of the construction of a public work, or for reasons of safety, hygiene, or aesthetics, all insofar as, if a conflict arises between the purpose of the property and the permit granted, the natural use of the public thing must prevail.
Consequently, the national regime governing public-domain property, such as the thoroughfares of the Capital City, whether municipal or national streets, sidewalks, parks, and other public places, places such property outside private commerce; therefore, any permits granted shall always be precarious and may be revoked unilaterally by the Administration when reasons of necessity or the general interest so require” (emphasis not in the original) * Consequently, public-domain property (bienes de dominio público) is characterized by: a) the existence of an express legislative intent; b) a special purpose of serving the community and the public interest; c) being intended for public use; d) being dedicated to the service it provides; e) being subject to a special regime outside private commerce; f) not belonging individually to private persons; and g) belonging to the State in its broadest sense.
Moreover, such property is inalienable, not subject to acquisitive prescription, immune from attachment, may neither be mortgaged nor encumbered, and may not be the object of possession; a right of use may be acquired, but not ownership; administrative action (powers of administrative self-enforcement and police powers) replaces possessory injunctions (interdictos) for recovering title; and, finally, permits or mere de facto occupations are granted on a revocable basis. * For its part, in judgment number [Telf1] at 9:27 hours on 28 de junio de 1996, this Chamber distinguished between the dedication (afectación) of property and the assignment of property to a public purpose, as follows: “Public property may be natural or artificial, depending on whether it consists of property declared public by the legislature in the condition in which nature presents or provides it (a river, for example), or property declared public by the legislature but whose creation or existence depends on a human act (the construction of a street or a public park, for example).
In defining it, Article 261 of the Civil Code follows the concept of dedication to a public purpose, stating that ‘Public things are those which, by law, are permanently intended for any service of general utility, and those which everyone may use because they have been made available for public use.’ Dedication is the act or manifestation of intent of a public authority by virtue of which the thing is incorporated into the community’s use and enjoyment, and it may be carried out by law or by administrative act. Legal scholarship distinguishes between the ‘assignment of public status’ to property and the ‘dedication’ of that property to the public domain. Assignment of public status means establishing that the particular property possesses public-domain status (calidad demanial); thus, for example, a general legal rule might state that all public roads form part of or belong to the public domain, meaning both existing roads and those built in the future.
Dedication, in contrast, means that property declared to be in the public domain is effectively incorporated into public use; this relates to the acceptance and receipt of public works when they are built directly by the Administration, or to the completion and official acceptance of the works when they are carried out by a private party (construction of a residential development (urbanización) or subdivision (fraccionamiento), for example). This is why dedication is said to be capable of being declared generically by law or by an administrative act, which must necessarily conform to the legal rule on which it is based (principle of legality).” * Accordingly, the only way a private party may claim any type of right, albeit a restricted one, is if the Administration has granted that party a concession or permit. Likewise, in judgment number [Telf2] at 15:45 hours on 22 de diciembre de 1993, the Chamber distinguished State property as either public or private: “(...) the State’s assets are divided into two classes: property in the fiscal or private domain and property in the public domain.
The former is characterized by being a source of revenue for the State, being transferable and subject to prescription, and consequently forming part of private commerce; public-domain property does not generate revenue of any kind for the State and is characterized by its free and general use by all individuals of the nation; it is inalienable, not subject to prescription, and outside private commerce.” A fundamental characteristic of public-domain property is the presumption of public-domain status (presunción de demanialidad). This removes such property from the ordinary legal framework governing private property, which entails the existence of its own distinct and exclusive legal regime, governed by Administrative Law, as well as a right and duty of the State to safeguard or protect the public domain. In this regard, in judgment number 1996-003145 at 09:47 hours on 28 de junio de 1996, this Chamber held: * “IV.- THE PRESUMPTION OF THE PUBLIC-DOMAIN NATURE OF PROPERTY.
The special category of public-domain property means that it is excluded from the ordinary legal framework governing private property, as stated in the preceding recitals, which entails the existence of its own distinct and exclusive legal regime, governed by Administrative Law. Within that framework, the principle of the privilege of ex officio recovery of possession of dedicated property has developed, by virtue of which the Administration may recover disturbed possession of its property without having to resort to a judge and without prejudice to the superior right being litigated through judicial proceedings. The legal concepts contained in the articles challenged in this action fall under this principle; namely, the presumed dedication and incorporation of the property into public service, which also entails a presumption of the property’s public-domain status and, consequently, the possibility of exemption from the duty to register such property, all as part of the State’s right and duty to safeguard or protect the public domain.
The effective exercise of this protective authority must be aimed at halting any improper encroachment by private parties upon the public domain, and the Administration may use force—its police power over the public domain—in its defense. However, because this general principle is extraordinary and privileged, and because it must coexist with the fundamental declaration of the inviolability of property (Article 45 of the Constitution), it requires, at a minimum, either that the right of ownership over the property be manifest or that the public character of the property be beyond doubt, such that the privilege may not be used when reasonable property-right disputes exist concerning the property, whether they are being litigated in administrative or judicial proceedings. In other words, the presumption of the property’s public-domain status is closely related to the means available to the Administration for acquiring property and rights, which, in very general terms, are the same means available to a private party for acquiring ordinary property, except as already stated regarding the need for an ordinary statute to create the category in question and the necessary intent to declare its dedication to public use.
All of this leads to a specific examination of the privileged regime embodied in the texts of the challenged provisions. What has been stated thus far is intended to indicate that, in the Chamber’s view, the privilege protecting public-domain status may and must be used by the Administration when there is no doubt whatsoever regarding the public character of the property involved. This means that this exclusionary mechanism must be reasonable and proportionate: reasonable in the Administration’s use of it, so that it is not excessive or arbitrary and does not become an instrument that shelters abuse of power; and proportionate in relation to the purposes served by the property intended to be treated as public-domain property and the means used by the Administration to incorporate it into that regime. In other words, the principle prohibiting arbitrariness is also incorporated into the use of the exclusionary privilege in favor of the Administration (...)” (emphasis not in the original) * For purposes of resolving this consultation, it must be clarified that the Chamber proceeds from the premise that real property not held in private ownership belongs to the State, as expressly provided by Article 486 of the Civil Code.
Thus, the legal system has established a presumption in favor of the State that it owns all real property not held in private ownership. All the foregoing is consistent with Article 11 of the Land and Colonization Law (Ley de Tierras y Colonización), which provides that: “Unless proven otherwise, the following belong to the State as national reserves: …b) Those not protected by ten-year possession.” It is therefore more than evident that real property subsequently registered through possessory-information proceedings (información posesoria) remains subject to the reservation in favor of the State, which, although allowing title to be granted in order to guarantee access to agricultural property, also makes clear through the legislature that such property remains dedicated to purposes of general public utility. Consequently, no real property may be categorized as “res nullius,” because anything not held in private ownership belongs to the State.
Among other practical effects, this presumption gives rise, in proceedings to establish title to land through the possessory-information procedure, to the obligation to include as parties at least the Procuraduría General de la República, in its capacity as the State’s representative, and the Instituto de Desarrollo Agrario, as the body responsible for administering public agricultural property. The aforementioned provision thus establishes an original State title predating any holding by private parties. This characteristic empowers the State to impose special conditions for acquisition by prescription (usucapión), such as the public-domain reservation in this case. Accordingly, when the State allows a private party to acquire real property by positive prescription, it does so on the understanding that a 12% portion is dedicated to the public domain and is not subject to prescription. (Judgment of the Constitutional Chamber, No. 2012-16629 at 16:31 on 28 de noviembre del 2012) *
VIII.In a case similar to the one now before us, this Court ruled as follows in Voto No. 721-F-03 DE LAS CATORCE HORAS SIETE MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DEL DOS MIL TRES: “VIII.- With respect to the grounds of appeal raised by the defendant, and to facilitate a better understanding of the ruling to be issued, the Court has analyzed agrarian and environmental legislation, as well as judicial precedents, in order to provide an appropriate resolution to the dispute consistent with constitutional, statutory, and jurisprudential principles. That analysis will be conducted in the following recitals (VIII-XXII), after which the grounds of appeal raised by the appellant-defendant will be addressed. *
IX.Since the last century, our Constitutional Framers have sought to regulate the institution of property (Instituto de la Propiedad) as one of the fundamental human rights. Property was the highest expression of citizens’ economic freedom. It was conceived as a sacred, absolute, and inviolable right. However, since the Constitution of 1821, the possibility of imposing limitations by law has been established. This became evident with the enactment of special agrarian legislation. The fact is that our Constitutional Framers never specified what the minimum or essential content of the right to property would be. It falls to the legislature to establish that minimum and essential content through limitations on the right, and to the Constitutional Court to review the exercise of that legislative power, so as to prevent limitations from being used to deprive owners of title. Article 45 of the Political Constitution is the provision that expressly refers to the right to property.
That provision states: “Property is inviolable; no one may be deprived of his or her property except for a legally established public interest and upon prior compensation in accordance with the law. In the event of war or domestic unrest, prior compensation is not required. Nevertheless, the corresponding payment shall be made no later than two years after the state of emergency has ended. For reasons of public necessity, the Legislative Assembly may, by a vote of two-thirds of its entire membership, impose limitations on property in the social interest.” As Constitutional Jurisprudence has repeatedly stated, the two paragraphs of the constitutional provision arose at different historical moments: one influenced by the principles and values of the Liberal State, and the other by the economic and social rights characteristic of the Social State under the Rule of Law. The question that immediately arises, however, is whether there is only one form of property or whether different types of property may be recognized.
Undoubtedly, the differing nature and function of assets requires us to distinguish among “forms of” property. Without question, the Political Constitution, like most modern constitutions, recognizes property as an institution. As such, it is a single institution. However, with respect to the right to property as a subjective right (derecho subjetivo), “forms of property” are now distinguished, based on the Italian doctrine of Professor Salvatore Pugliatti, because they unquestionably differ in their function and structure. The function of property refers to the social utility of the asset and its differing productive nature:* * thus, we may speak of an agricultural, livestock, forestry, urban, or other nature. Its structure refers to the set of rights and obligations of the owner, which will differ depending on the function assigned to the asset. In other words, the rights and obligations of the owner of forest land differ from the rights and obligations of the owner of real property located in an urban area.
Today, this theory is shared by the most prominent national and international legal scholarship, as well as by the principles expressed in case law. It is no secret that the right to property, as a subjective right, entails a set of rights and duties, powers and obligations for its holder, which have been shaped by special agrarian legislation according to the nature of the assets to which they apply and by the new principles and values that are shaping the legal system as a whole. *
...The legislature imposed a series of limitations on property, particularly agrarian property (propiedad agraria), intended to ensure fulfillment of its economic and social function. The Ley de Tierras y Colonización expressly refers to both functions (Ley de Tierras y Colonización, artículos 6; 21 inciso 1; 58, 142, 144, 150). On the one hand, it imposes on the State the obligation to provide persons who lack land or possess insufficient land with enough land for their individual and social development (artículo 2). It also establishes the obligation to make the land productive, because failure to fulfill that economic and productive function could eventually result in its expropriation if it is uncultivated, abandoned, indirectly exploited, or insufficiently cultivated. It also penalizes the uneconomic use of land suitable for agriculture when that land is devoted to livestock farming (artículo 144). Beneficiaries of the Instituto de Desarrollo Agrario are required, as one of their obligations, to conserve renewable natural resources, because failure to comply with these provisions may result in revocation of the parcel allotment (parcela). *
XI.The Ley Forestal of 1969 (No. 4465 del 25 de noviembre de 1969) also imposed significant limitations on agrarian property, requiring that forests and lands deemed by the Executive Branch to be indispensable for establishing protective zones (zonas protectoras), forest reserves (reservas forestales), national reserves (reservas nacionales), and biological reserves (reservas biológicas) be placed under the forestry regime (régimen forestal). If the owners refused, expropriation would proceed (Ley Forestal, artículo 2 inciso b, 71 y 72). Indeed, following the enactment of that Law, the environmental function of property began to emerge more fully. It provided for policies concerning the conservation, afforestation, and reforestation of forests and lands, as well as the promotion of forestry activities through incentives. The State’s forest estate (patrimonio forestal del estado) consists of national reserves, forest reserves, national parks, State forest nurseries, protective zones, and biological reserves.
“When the conservation of forests and forest lands is motivated by the purpose of protecting soils or maintaining and regulating the hydrological regime, climate, or environment, the areas designated for those purposes are called protective zones. In such zones, the process of soil erosion is halted because tree roots bind and retain the topsoil, while fallen leaves cover the ground over which water flows, thereby preventing it from carrying away soil particles. Protective zones may be located on State-owned or privately owned property. Agricultural activities involving the destruction of vegetation are prohibited on both. Maintaining and regulating the hydrological regime is another important function of forests. For this reason, they have received detailed treatment in the Ley Forestal, which designates as forest zones (zonas forestales) the areas surrounding springs (manantiales) and a narrow strip along the banks of rivers, streams, lakes, lagoons, or natural reservoirs.
Within national reserves, protective areas (áreas protectoras) include a broad strip on either side of riverbanks and an extensive area on either side of the maximum depression of watersheds (cuencas hidrográficas). The function of forests in relation to water is so important that it may extend beyond the national sphere, as in the case of a river that flows through several countries.” (BARAHONA ISRAEL, op. cit., página 706.). *
XII.Legal scholarship (ALBALADEJO, Manuel. Derecho Civil, Tomo III, Derecho de bienes, Barcelona, 8ª edición, 1994, páginas 259 a 262) has distinguished between limits (límites) and limitations (limitaciones) on the right of ownership, in the context of the content of that right. According to ALBALADEJO, the normal content of the right of ownership must be framed by specifying the limits of ownership (dominio): “Sometimes the limit consists in the owner being unable to do something; at other times, in the owner having a duty to do it, thus depriving the owner of the freedom to omit it (for example, not to render the façade of the building or not to cultivate the rural property)... Because the limits of ownership constitute its normal legal regime, neither is a special act required to impose them on each particular thing, nor must they be proven...; rather, it is sufficient to invoke (when appropriate) the legal rule establishing them.
By contrast, limitations must be established by a special act relating to the thing whose ownership is at issue and, because they are exceptional, they must be proven; otherwise, ownership is presumed to be free of them.” (ibid, página 262). These may be established for reasons of private interest or for reasons of public interest, with the latter predominating. Examples include those established in the Ley de Aguas or in special agrarian or environmental legislation. Our national case law distinguished between limits and limitations on the right of ownership: “Traditionally, ‘limits’ and ‘limitations’ have been used synonymously, but today a distinction is made between the two terms: ‘limits’ are understood as those imposed by law generally, without reference to an individualized thing or owner, and apply to everyone in the same situation; whereas ‘limitations’ are generally imposed voluntarily by owners, even when based on law, and always in specific cases...
But note that the two-thirds vote does not constitute authorization to impose every kind of limitation on ownership, because the text refers solely to those of ‘social interest’” (Corte Plena, Sesión Extraordinaria, del 25 de marzo de 1983). The case law then issued by Corte Plena, sitting as the Constitutional Court, stated very clearly the principle of the economic and social function of ownership as a restriction imposed on ownership with general effect. Specifically, with respect to forest property (propiedad forestal), the case law established the importance of limitations from an environmental standpoint: “The appeal alleges the unconstitutionality of articles 30, 7l, 88, 98, l0l, subsections b) and d), l03, l04 and l05 of the Ley Forestal on the ground that they violate article 45 of the Constitution, because, in the appellant’s view, the first article cited infringes the inviolability of property by requiring approval from the Dirección General Forestal before forest-clearance work may be carried out for purposes of colonization, land subdivision (parcelación de tierras), or any agricultural or livestock enterprise, since through that (sic) interference by the State, the power to administer private property is placed in the State’s hands.
In response to the foregoing, it must be noted that no conflict arises between article 30 of the Ley Forestal and article 45 of the Constitución Política, because the right of ownership is not absolute. Indeed, although the constituent assembly categorically declared property to be inviolable, it immediately established restrictions on that principle, one being the possibility of expropriation ‘for a legally established public interest,’ and another being the provision that the Asamblea Legislativa may impose limitations of social interest on ownership ‘by a vote of two thirds of its entire membership’; it must therefore be concluded that the first declaration is subject to two qualifications relating to public interest and social interest. The classical concept of ownership as absolute and unlimited has changed considerably, now allowing ‘limitations of social interest’ to be imposed, as authorized by the second paragraph of article 45.
This has made it possible for the legislature to establish, as an essential function of the State, that of ‘ensuring the protection, utilization, conservation, and promotion of the country’s forest resources’ (article 1º of the Ley Forestal), a function fulfilled through the series of restrictions that the aforementioned Law imposes on forest exploitation. It also follows from the same constitutional provision that these limits do not constitute a denial of the right of ownership, as the appellant alleges, but rather a constraint intended to achieve higher purposes, more important than the strictly individual interests of the owner—namely, those of the community and of future generations, which must have forest resources available, including for the protection of the environment and public health... It is true that the exercise of that right has been limited in order to protect the State’s forestry interests, which seek the conservation of natural resources and environmental health; but this is permitted by the constitutional provision that the appellant himself considers to have been violated...
VIII.- This Corte has repeatedly held that the exercise of the freedoms granted by the Constitution is not absolute and may be subject to regulation and even restrictions when higher interests are at stake. For example, article 371 of the Ley General de Salud, insofar as it punishes with imprisonment anyone who grows opium poppy, coca, or marijuana plants, could hardly be deemed unconstitutional for infringing the freedom of agriculture established in article 46 of the Constitution, a provision the appellant considers violated by the restrictions that the Ley Forestal imposes on agricultural work. And if account is taken of the previously stated view that this Law protects interests of a higher order than the merely individual interests of the possessor or owner of land subject to forestry regulation, it must also be concluded here that the restrictions alleged to be unconstitutional do not infringe the guarantee contained in article 46 of the Carta Política, because, as already stated, what the State has done is restrict, for reasons of social interest, the exercise of the attributes of ownership.
IX. The Ley Forestal seeks to protect natural resources, a circumstance that affects the organization of production. Water resources, environmental changes, and the health conditions of the area are factors that influence agricultural and livestock production and are directly related to the forest resources of the area; regulations governing forest exploitation therefore do not infringe but, on the contrary, uphold the constitutional guarantee contained in article 50, insofar as it provides that the State must organize production. X. The Ley Forestal is not preventing the appellant from obtaining honest and useful work through which he may provide for his own subsistence and well-being and that of his family. There is no doubt that the right granted by article 56 of the Constitución Política is not unrestricted, because it is subject to laws and regulations concerning the manner and conditions in which it may be exercised.
Thus, señor Elizondo Villegas may engage in agriculture if that is his wish; but, in exercising that right, he may not lawfully act contrary to the legislation in force that protects forest resources and regulates agricultural production. There are prohibited crops (such as the one mentioned above, marijuana) and restricted agricultural practices (such as burning), under legal rules that prevent farmers from growing those crops or using those practices. Nevertheless, those rules are not unconstitutional, because they do not unlawfully restrict the right to work, but instead regulate it in order to safeguard other, higher-ranking interests that guarantee peaceful coexistence, the ultimate end pursued by the legal system.” (Corte Plena, sesión extraordinaria celebrada el l7 de mayo de l984 emphasis not in the original). *
XIII.Beginning in 1990, the Sala Constitucional more clearly recognized the dynamic nature of the right of ownership and the possibility of imposing, within its structure—the body of the owner’s rights and obligations—limitations of social interest in order to prevent the antisocial or abusive exercise of that right, which is not unlimited. Within that context, it implicitly recognized the existence of special forms of property, having distinct characteristics according to the nature of the property concerned and its specific function: “The owner’s power over the property is determined by the function that the property fulfills. The object of the right of ownership has undergone significant transformations. At present, not only the owners’ rights are protected, but also various general or social interests that coexist with them. Objective law (derecho objetivo) frames the content of subjective rights (derechos subjetivos).
Each object of rights entails a particular form of appropriation. Thus, for example, the powers of ownership relating to an agricultural holding differ greatly from those relating to a property located in a densely used urban area.” According to the Sala Constitucional, such limitations must be reasonable and must not empty the right of its content, because otherwise they would become a total deprivation of that right (Sala Constitucional, No. 5097-93 de las 10:24 horas del 15 de octubre de 1993). *
XIV.The exercise of the economic and social function of ownership, without considering its environmental function, was commonplace within the prevailing agrarian culture until the beginning of the 1990s. Title was granted to a large amount of land. Through financing, State-owned banks promoted land clearing (desmonte) and forest destruction in order to expand the agricultural frontier through crop-farming and livestock activities, with minimal practices for restoring soils and devastated areas. Agrarian property (propiedad agraria) concerned an asset that was essentially productive in nature. However, the legislature’s mandates concerning the proper conservation of natural resources—which entailed different ways of carrying out agrarian activity—were disregarded. Population growth, inadequate agricultural-production techniques, dependence on agrochemicals due to the loss of soil fertility, and agrarian culture itself gradually brought about the destruction of our precious resources, with little State oversight.
There were no clear criteria for ending the abusive and antisocial exercise of ownership, because most rules protected and encouraged the improper exercise of that right and the excessive exploitation of natural resources. Although the Legislature had for many years sought to achieve sustainable development through clear agrarian-environmental limitations (limitaciones agroambientales), it was only with the advent of third-generation human rights that a momentous cultural change occurred throughout the legal system. Accordingly, establishing agrarian-environmental limits (límites agroambientales) on ownership, within the scope of its economic, social, and environmental function, is essential to truly achieving sustainable development by balancing the constitutional values and principles that must guide this development model. *
XV.Agrarian case law (Jurisprudencia agraria) draws a clear distinction among the different types of property, following PUGLIATTI’s theory: “The most productive of all things is land, which yields its fruits and products spontaneously; yet civilized man lives from the land not merely by gathering its spontaneous products, but by making it fruitful through his labor. The land’s natural productive potential becomes actual production through human labor. Through labor, the land is humanized; it becomes the spiritual possession and property of man—not a thing, not something natural, governed by chance or causality, but something nourished by the person who tends and cultivates it. It enters not only the sphere of human interests and motives for human action, but also the realm of purposes and values; it becomes the foundation of human society, the seat and cradle of the society of men, governed by the laws of social life and by law” (PUGLIATTI, Salvatore.
La proprietá nel nuevo Diritto. , Milano Editores Giuffré, 1964, p 203). Although agrarian property (propiedad agraria) is defined as essentially possessory, as property used for entrepreneurial activity aimed at achieving the best productive use of the asset, the interest in conserving it is also imposed. In exercising the subjective right (derecho subjetivo), an owner seeking protection of that right must demonstrate that the owner “... exercised it in accordance with the asset’s economic purpose, performed acts of possession (actos posesorios) aimed at cultivating and improving it, and carried out an agrarian entrepreneurial activity (actividad agraria empresarial) on the asset, understood as an economically organized activity for the purpose of producing animals or plants through the use of natural resources....” Under that conception, our case law clearly incorporates the environmental function (función ambiental) as part of the economic and social functions when it states: “Today this principle has evolved and is identified as the economic and social principle of property, insofar as it unfolds into two aspects: 1) On the one hand, the so-called subjective function, which refers to the owner’s obligations toward the property; these may be summarized as the duty to cultivate the productive asset owned, thereby fulfilling the asset’s economic purpose: to be productive or possess productive capacity; the owner must also improve the property so as to increase production and productivity, must respect the proper maintenance and development of an ecologically balanced environment, and, in the case of certain specific properties, must comply with all obligations imposed by special legislation; 2) The objective function is the State’s obligation to provide productive assets to all persons who do not have them, or have insufficient assets, and who have the capacity to carry out an entrepreneurial activity, so that they may join the productive process and develop as human beings socially and economically.
The first is essentially the economic function, while the second is primarily social...” (Sala Primera de la Corte, No. 230 de las 16 horas del 20 de julio de 1990). That judgment reveals a clear trend in the case law, reiterated in many others (To the same effect, Sala Primera de la Corte, No. 241 de las 16:25 horas del 27 de julio de 1990, No. 50 de las 14:20 horas del 5 de agosto de 1993.), toward introducing the environmental function, as part of the economic and social function itself, in order to achieve sustainable development (desarrollo sostenible). It is, however, in the sphere of forest property (propiedad forestal), as restricted property (propiedad limitada), that the principle of the ecological function of property (función ecológica de la propiedad) has attained its greatest development in the case law. We refer particularly to the restrictions imposed on the owner of land that has been declared a protective zone (zona protectora) under the forest regime (régimen forestal), who unsuccessfully claims a right to compensation: Here, the first issue may be resolved concerning the plaintiff’s argument that her rights to use and enjoy the property designated as a protective zone were restricted and that, because it had been declared a forest reserve (reserva forestal)—and based on the opinion of the Procuraduría—the corresponding purchase or expropriation procedure was not followed, rendering Decreto Nº 12608-A unconstitutional and unlawful.
That is not the case, because what was established was a protective zone, not a forest reserve. Compensation would be payable if the asset were designated as a forest reserve, but not if it were declared to be within a protective zone. Article 45 of the Constitución Política distinguishes between two different situations: compensation is appropriate when there is expropriation, but no compensation is required when restrictions on property are imposed. Under the forest regime, when a matter is declared to be of public order (orden público), this constitutes the well-known phenomenon of “administrative limitations on private property” (límites administrativos a la propiedad privada) ([Nombre14], . Il beni pubblici, Librería Ricerche, Roma, l963). Decreto Ejecutivo Nº 12608-A subjected both public and private assets located within the “Zona Protectora El Rodeo” to a mandatory forest regime, declaring the national reserves inalienable and not eligible for registration in the Registry.
That was the legally permissible treatment for the different types of assets; consequently, the plaintiff’s property was subjected to a restriction in the social interest. Sala Primera de la Corte, No. 189 de las 14:20 horas del 30 de octubre de 1991). Several years ago, the Sala Primera referred to Ecological Law (Derecho Ecológico) and the environmental function inherent in property, whose principles are enshrined in a large number of international rules and treaties: “All of the foregoing provisions, although numerous, contain guidelines of exceptionally high axiological content, whose development is not exclusively national; on the contrary, this is a universal movement whose result has been to establish the right to a healthy and ecologically balanced environment as a genuine human right. It is placed among the so-called third-generation rights: a step beyond the classic civil or political human rights (of the first generation) and the economic, social, and cultural rights (of the second generation).
This has provided the basis for formulating a new legal classification: Ecological Law, which today has a clearly defined object in natural resources and a complex body of sources characterized by organic unity and completeness. ”(Sala Primera de la Corte, No. 189 de las 14:20 horas del 30 de octubre de 1991). Indeed, the danger caused by the antisocial exercise of the right to property, without regard for its environmental function, led our courts to reconsider the old case-law criteria governing the protection of property and to require possessors and owners to fulfill its threefold function:* economic, social, and environmental or ecological. *
XVI.The Sala Constitucional has granted amparo petitions (recursos de amparo) against abusive agrarian or other activities by owners who, by disregarding the agro-environmental restrictions (límites agroambientales) imposed by the legislature, endanger natural assets or resources and human life. Thus, forest resources have been protected against activities involving the indiscriminate felling of trees adjacent to a Forest Reserve in connection with mining activity, establishing the protection and preservation, as well as the rational exploitation, of natural resources as constitutional standards (Sala Constitucional, No. 2233-93). Private activities carried out within the exercise of the right to property and freedom of enterprise must comply with agro-environmental restrictions and, particularly, the collective interest. This applies to productive agrarian activities involving the raising of animals or cultivation of plants, since they may not be conducted to the detriment of health or the environment.
Allowing otherwise would constitute an abuse of rights (abuso del derecho). The Sala Constitucional has also so held, stating: “Moreover, although the State must respect individuals’ right to work and private enterprise, it must also safeguard the well-being of the community. Any person may engage in animal husbandry as a business, provided that doing so does not threaten people’s health or safety, and must prevent the business operation from becoming a source of infection or causing environmental pollution. Public Health and environmental protection are principles safeguarded both constitutionally (articles 21, 74 and 89 of the Carta Magna) and through international law.” (Sala Constitucional, No 741 de las 10:55 horas del 13 de marzo de 1992. Constitutional case law (Jurisprudencia Constitucional) gradually laid the groundwork for * incorporating the principles of Sustainable Development as a model for restoring a proper balance to all productive activities—including agrarian activity—that harmed the environment and endangered ecological balance, freedom of enterprise, and the protection of consumer health: “It must be taken into consideration that environmental protection and the promotion of economic development are not independent challenges—the Chamber states.
Development cannot survive in an environment where the resource base is deteriorating, and that base cannot be protected when growth plans constantly disregard it. Sustainable development must be pursued, satisfying the needs of the present without compromising our capacity to meet those of the future. This development means recognizing that, if we wish to have continued access to the resources that make life possible and to expand the benefits of industrial progress, we must be aware of the implications and limitations involved in taking that path.”(Sala Constitucional, Sentencia No. 4423-93). This new direction in the case law concerning the agricultural phenomenon recognizes the dependence of the biological cycle (which is inherent in agrarian activity) on the use of natural resources, closely linking it to the concept of sustainable development. *
“Our country has depended and will continue to depend, like any other nation, on its natural resources and environment to meet the basic needs of its inhabitants and keep operating the productive apparatus that sustains the national economy, whose principal foundations are agriculture and, in recent years, tourism, particularly ecotourism. Soil, water, air, marine and coastal resources, forests, biological diversity, mineral resources, and the landscape constitute the environmental framework without which basic needs—such as living space, food, energy, housing, sanitation, and recreation—would be impossible to meet. Likewise, our economy is also closely linked to the condition of the environment and natural resources; thus, for example, both the generation of foreign currency through agricultural production and tourism and the success of major infrastructure investments ultimately depend on the conservation of those resources.
The goals of sustainable development (desarrollo sostenible) concern human survival and well-being and the preservation of essential ecological processes, that is, environmental quality and the survival of other species. To speak of sustainable development in terms of meeting present and future human needs and improving quality of life is to speak of the demand for natural resources at the individual level and of the direct or supporting means necessary for the economy to function by generating employment and creating capital goods, which in turn make it possible to transform resources into consumer, production, and export goods” (Sala Constitucional, No.3705 de las 15:00 horas del 30 de julio de 1993, emphasis not in the original). *
XVII.When our Constitution expressly enshrines every citizen’s fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment—Article 50, amended by Ley No. 7412 del 24 de mayo de 1994—and establishes consumers’ right to the protection of their health, environment, safety, and economic interests—Article 46, amended by Ley No. 7607 del 29 de mayo de 1996—new constitutional principles and values arise and permeate special legislation (legislación especial). It is important, through constitutional interpretation (interpretación constitucional)—systematic, substantive, and evolutionary—to integrate all rules intended to govern economic relations with the principles and values of sustainable development. Freedom of private economic initiative (libertad de iniciativa económica privada) entails, within the private initiative of an agricultural entrepreneur (MORALES LAMBERTI, Alicia. Introducción al Derecho Agrario Ambiental (Nacional y Regional), Argentina, 1ª.
Edición, Editora Córdoba, 1996, pág. 49-51), the right to choose an agricultural activity (Article 56), freedom to enter into contracts for the operation or establishment of an agricultural enterprise (Article 46), freedom of territorial movement of plant or animal agricultural goods; the right to form agricultural associations (Article 25), the right to enjoy productive agricultural property in accordance with its * economic, social, and environmental function (función económica, social y ambiental) (Article 45), freedom of competition, and the individual right (derecho subjetivo) to enter and remain in the market (Article 46). But all manifestations of freedom of economic initiative in agricultural activity and in the exercise of property rights must serve the constitutional principles enshrined in Articles 50 and 69 of the Constitution, namely, the promotion of sustainable development through productive activity, while ensuring the equitable distribution of production and the right to a healthy and ecologically balanced environment.
Because these are constitutional provisions that do not establish distinct rules for agricultural matters, agricultural enterprises and real-property owners are understood to be subject to compliance with those obligations. Consumer demands within the agri-food market are directed toward consuming agricultural products (plant or animal) that have undergone production, agro-industrial processing, or agricultural marketing with the minimum amount of pollutants that could affect health. Accordingly, adequate hygiene and health standards are required both during the production process and throughout the subsequent handling of agricultural products. Commercial agricultural activity must be based on more natural and less artificial techniques. The reduction of biological risk inherent in productive activity must not come at the expense of consumers’ health. Agri-environmental activity (actividad agroambiental) must be reconciled with nature to guarantee consumers a healthy environment.
The technical practice of agriculture plays a fundamental role in this regard by seeking production and agro-industrial processes that are less harmful to health and the environment. Any agricultural activity based on artificial methods involving toxic chemicals harms health and the environment. Compliance with the constitutional principles protecting consumer rights in favor of human health and life is therefore mandatory. Legal scholarship has examined in depth the issue of the ecological function (función ecológica) (DELGADO DE MIGUEL, Juan Francisco. Derecho Agrario Ambiental (Propiedad y Ecología). Navarra, Editorial Aranzadi, 1992, 647 p.) as an inseparable attribute of the social function (función social), while drawing a clear distinction between the two. The ecological function arises from the impact of the environment and has an ethical foundation within third-generation human rights (Derechos Humanos de la Tercera generación).
It seeks to protect collective interests and, above all, is grounded in solidarity in order to protect health and a healthy and ecologically balanced environment. The social function is insufficient to achieve the purposes of the new values permeating society. It is not enough merely to fulfill the economic purpose of property. Ecological and environmental interests must also be protected. “The social function therefore provides the doctrinal framework and the legal basis from which the ecological function transforms the right to property into a right to the limited use of one’s own property in a manner that does not harm the environment. Using analogous terms drawn from the experimental sciences, we would say that the ecological function is the catalyst that transforms the ordinary regime of ownership (régimen normal del dominio) into something different, ultimately shaping it and giving it a very specific form—not the form that the owner projects onto the property, but rather the form that the property acquires through the use most appropriate to the environment, a use that includes the farmer’s own productive activity.” ([Nombre15], op. cit., page 81).
In light of the foregoing, it is necessary to examine more deeply how this environmental function (función ambiental) is manifesting itself within property rights, and what obligations the legislature has been imposing on landowners to secure the conservation of their land and the restoration of degraded land. *
XVIII.The agro-environmental limitations (limitaciones agroambientales) on property encompass many aspects of the pursuit of productive activities and the conservation of natural resources, Biodiversity, soil use and conservation, the protection of forests and ecosystems, the use and control of pesticides and chemically synthesized products, plant-health and animal- and plant-health controls, agricultural waste, water conservation, the use and management of wastewater in agriculture, and the restoration of soils and watersheds, among others. In the following section, we will refer only to some of these limitations. Within the context of the constitutional principles and values described above, a large body of agro-environmental legislation began to be enacted that not only marked the consolidation of a sustainable development model, but also imposed a series of agro-environmental limitations on property and freedom of enterprise, while seeking to consolidate a new agrarian and environmental or ecological culture. 1) The Ley Orgánica del Ambiente (No. 7554 del 4 de octubre de 1995) establishes the State’s obligation to foster sustainable economic and environmental development, which necessarily entails imposing environmental limits on the pursuit of productive economic activities and the exercise of property rights.
For those limits to be truly applied, however, a cultural change is required. The traditional agrarian culture, in which only economic considerations mattered, must give way to an environmental or agro-environmental culture for sustainable development (Ley Orgánica del Ambiente, artículos 12, 13, 14, 15 y 16). The most important limitations imposed on property to ensure its economic, social, and environmental function include the following: A.- The pursuit of any agro-environmental activity that may alter or destroy elements of the environment necessarily requires an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental), which must be approved before the project begins. An assessment is also required when construction or infrastructure may affect marine or coastal resources or wetlands. B.- Land-use planning (ordenamiento territorial), intended to balance sustainable development, entails the territorial relocation of productive activities, which could significantly limit property rights, since consideration must be given, among other matters, to natural resources, predominant economic activities, land-use capability (capacidad de uso de los suelos), and zoning by agricultural products and activities, based on ecological and productive considerations.
C- The Executive Branch is empowered to include privately owned properties needed to fulfill the environmental function within protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas), or to create statutory easements (servidumbres legales) for ecological protection. Where the law requires compensation, private parties may voluntarily submit to the forest regime (régimen forestal), in which case an encumbrance is recorded against the property in the Public Registry (Ley Orgánica del Ambiente, artículo 37). D.- Activities intended to interrupt the natural cycles of wetland ecosystems and capable of causing their deterioration or elimination are prohibited (Ley orgánica del Ambiente, artículo 45). E.- Productive activities must prevent water pollution, treat wastewater, and prevent or minimize the deterioration or pollution of watersheds and soil. F.- Organic farming (agricultura orgánica), as a form of pursuing sustainable agrarian activities, constitutes a means of fulfilling the economic, social, and environmental function, since environmental certification is required for organic products obtained without applying inputs or chemically synthesized products (artículos 73-75).
G.- Environmental credit (crédito ambiental): this is intended to finance the costs of reducing pollution in production processes. Where such processes involve land use, a land management and use plan is required in accordance with land-use capability (Ley Orgánica del Ambiente, artículo 113). Unquestionably, the structure and function of property are conditioned, * in this case, by the environmental element required in the conduct of business activities. 2) The Ley Forestal (No. 7575 de 5 de febrero de 1996, reformada por leyes No. 7609 de 11 de junio de 1996, 7761 de 2 de abril de 1998 y 7788 de 30 de abril de 1998), guided by the constitutional principles governing the proper and sustainable use of renewable natural resources, establishes regulations for the conservation, protection, and administration of natural forests, as well as for the production, harvesting, processing, and promotion of forest resources, seeking to involve private parties in the sustained pursuit of silvicultural activities.
Although MINAE is empowered to create protected wilderness areas on privately owned land, doing so requires compensation, unless the owner decides to submit voluntarily to the forest regime or the land is already owned by the State as part of its National Reserves. The Law provides for two clear limitations in the interest of protected areas: a: “In the case of forest reserves, protective zones, and wildlife refuges, where payment or expropriation has not taken place and until it does, the areas shall be subject to an environmental management plan (plan de ordenamiento ambiental) that includes an environmental impact assessment and, subsequently, to a plan for the management, restoration, and replacement of resources.” (Ley Orgánica del Ambiente, artículo 37, en relación con el artículo 2 de la Ley Forestal. Dicha reforma fue introducida por la Ley de Biodiversidad, en el artículo 14). This constitutes a clear limitation intended to ensure fulfillment of the environmental function of property.
B. “Where, based on scientific and technical justification in the public interest, it is determined by law that the land is essential for conserving biological diversity or water resources, a limitation on the property shall be established that prohibits cutting down trees and changing land use (cambio de uso del suelo). This restriction shall be recorded as an encumbrance in the Public Registry.” (Ley Forestal, artículo 2 párrafo segundo). As may be seen, this is not an unreasonable limitation. On the contrary, the owner may conduct activities provided they are compatible with the environmental function that, by its nature, is assigned to the property in order to conserve water resources or biological diversity. Title III of the Law, concerning private forest property as a special type of property, establishes a set of rights and obligations for forest owners that condition fulfillment of the environmental function according to the nature of the asset: a) Owners are not permitted to change the land use or establish forest plantations.
Nevertheless, the State Forestry Administration may grant permission to perform work ancillary to agroforestry activities, provided that forest cutting is limited, proportionate, and reasonable (Ley Forestal, artículo 19. Cuando sea necesario, se exigiría evaluación de impacto ambiental); b) Forest harvesting (aprovechamiento del bosque) may be carried out only if the owner has a management plan (plan de manejo) addressing the impact that it may have on the environment, in accordance with scientific sustainability criteria; c) Payment for environmental services (pago por servicios ambientales) (The Law defines environmental services as: “Those provided by forests and forest plantations that directly contribute to protecting and improving the environment. They are as follows: mitigation of greenhouse-gas emissions (fixation, reduction, sequestration, storage, and absorption); protection of water for urban, rural, or hydroelectric use; protection of biodiversity for conservation and sustainable, scientific, and pharmaceutical use; research and genetic improvement; and protection of ecosystems, life forms, and natural scenic beauty for tourism and scientific purposes.”), constitutes one of the most modern manifestations of the exercise of the environmental function, since the owner undertakes to conserve the forest for a period of no less than twenty years in order to receive the Certificado de Conservación del Bosque.
Owners who wish to place their property under forest regeneration also receive it, in the case of areas that, because of their deteriorated condition and environmental needs, must be converted to forest use. The encumbrances and limitations, as well as the incentives, are recorded in the Public Registry as encumbrances on the property; d) Forest plantations, including agroforestry systems and individually planted trees, do not require permits for cutting, transportation, processing, or export, except where there is a management plan arising from a forestry contract with the State; e) Every owner is prohibited from cutting down or removing trees in the protected areas established by law for permanent springs (nacientes permanentes), rivers, lakes, and springs (manantiales) (Ley Forestal, artículo 33 y 34.). f) Burning on or adjacent to forest land is prohibited without first obtaining the corresponding permit from the State Forestry Administration; g) As part of the environmental function, properties voluntarily submitted to the forest regime or devoted to forestry enjoy special protection against encroachment, and their owners may request immediate protection from the police authorities; h) Forestry credit (crédito forestal) is established as a mechanism for financing small and medium-sized producers through loans and other means of promoting forest management, reforestation processes, forest nurseries, agroforestry systems, and the restoration of denuded areas.
Financing also includes payment for the environmental services provided by forests and forest plantations. Forested land and standing trees shall serve as security for such loans and shall be recorded as encumbrances on the property (Ley Forestal, artículos 46, 48 y 49). 3).-The Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos (No. 7779 de 30 de abril de 1998) is of fundamental importance to fulfilling the economic, social, and environmental function of property. Its purpose is to achieve the sustainable management, conservation, and restoration of soils in an integrated manner with other natural resources, secure more active participation by communities and producers, and promote the implementation and monitoring of improved practices in land-use systems to prevent erosion and degradation of the resource. Agroecology (agroecología) is proposed as a means of reconciling the objectives of agricultural production with the conservation of soil and water resources.
The Law establishes a set of agro-environmental limitations to achieve the stated objectives: In critical areas of watersheds or sub-watersheds (where severe degradation of the soil and its surroundings constitutes a constraint on any activity), whether publicly or privately owned, landowners must implement all measures and practices necessary for soil restoration and preservation of the environment in general. Every allocation of land made by the Instituto de Desarrollo Agrario shall be subject to the limitation that the land may not be used contrary to its land-use capability, and failure to comply shall constitute grounds for revocation.
The obligations established for private parties include, among others: Promoting, contributing to, and implementing all practices and activities necessary for soil management, conservation, and restoration (manejo, conservación y recuperación de suelos); it is both a right and an obligation to monitor and oversee compliance with soil legislation; preventing soil degradation (degradación de los suelos) that may be caused by water, for which purpose all practices that increase the infiltration capacity of their land or facilitate the drainage of excess water into natural watercourses must be applied; preventing or stopping the contamination of aquifers and groundwater layers (acuíferos y capas de agua subterránea); and allowing authorized technical personnel to enter in order to verify that soil management, conservation, and restoration practices are being maintained. 4) Perhaps the most important limitations established by the Legislature for fulfillment of the environmental function of property (función ambiental de la propiedad) have been mentioned. Many more could be identified in other special laws, such as the Ley de Aguas, Ley General de Salud, Ley de Quemas controladas, and Ley de Aviación Civil—with respect to agricultural aviation rules—among others. *
XIX.One of the most controversial issues concerning limitations on property for the fulfillment of its environmental function (función ambiental) is the possession and titling of forests and lands located in protected areas. The treatment of this issue in the context of possessory protection (protección posesoria), private property, and acquisitive prescription (usucapión) has been the subject of analysis and discussion in both legal scholarship and case law. The concept of ecological possession (posesión ecológica) is not universally accepted. Various doctrinal approaches have been advanced, and case law requires proof of fulfillment of the ecological function (función ecológica) in order to protect possession and property. The issue arises from the application of Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias, which currently provides: “Article 7.- When the property to which the proceeding relates is located within a protected wild area (área silvestre protegida), regardless of its management category, the applicant for title must demonstrate that the applicant holds the legal rights to ten-year possession (posesión decenal), exercised for at least ten years prior to the effective date of the law or decree that created that wild area.
Properties located outside such areas that contain forests may be titled only if the petitioner demonstrates that the petitioner holds the legal rights to ten-year possession, exercised for at least ten years, and has protected that natural resource, provided that the property must be properly demarcated and enclosed by fences or cleared boundary paths...” (Ley de Informaciones Posesorias, Article 7. Amended by Ley Forestal, No. 7575 of February 5, 1996). Regarding the application of this provision, contrary to what the lower-court judge stated in her findings on the merits—concerning the impossibility of retroactively applying the aforementioned Article 7—the Sala Constitucional has held that this provision may be applied retroactively from the time the property becomes subject to the public domain, because ten-year possession perfected before the declaration of any reserve or protected area is protected under that legal provision (see ruling of the Sala Constitucional, No. 4597, at 15:45 on August 5, 1997).
Accordingly, the Tribunal does not share the trial judge’s conclusion in that regard. In any event, as will be seen, the situation in these proceedings is entirely different, because neither the plaintiff nor the defendant has possessed, as owner, lands that belonged and continue to belong to the State Forest Estate (Patrimonio Forestal del Estado). *
XX.The ecological function affects the resolution of specific agrarian disputes, because greater importance is given to sustainable production activities (actividades productivas sostenibles). Within that context, case law has played a leading role in seeking a balance between agriculture and the environment. The Sala Primera recognized the existence of environmental law (Derecho ecológico) and its purpose (Sala Primera de la Corte, Judgment No. 189, at 14:20 on October 30, 1991): the protection of natural resources. In that judgment, it established that forest property (propiedad forestal) is subject to limitations and that, when a Protective Zone (Zona Protectora) is created, compensation is unnecessary because the owner may continue conducting agroforestry activities while conserving and protecting forest resources. In Judgment No. 51, at 15:15 on May 25, 1995, the Sala again addressed forest property and applied the doctrine of ecological possession to the particular case.
The case involved a dispute over the superior right of possession (mejor derecho de posesión) in an area declared a Forest Reserve (Reserva Forestal). The judgment stated: “Failure to deliver a parcel is not sufficient grounds for claiming the superior right of possession. What would have been most important was the conservation of the forest resource... effective agrarian possession (posesión agraria) was required, including proof of possessory acts (actos posesorios) aimed at conserving the forest. The appellant did not prove this; on the contrary, lands suitable for forestry were converted into pastures... In other words, despite the existing conservation restriction, the possessors continued exploiting the forest. Clearly, the work performed was not directed toward exercising forest possession (posesión forestal) in accordance with the nature of the property. On the contrary, they cleared the forest for planting.
They disregarded the restrictions and continued destroying the forest. Consequently, their possessory acts were contrary to the ecological function of conserving natural resources in order to maintain the balance of the ecosystems in the Reserva Forestal de la Cordillera Volcánica de Guanacaste.” *
XXI.The strongest reaffirmation of the environmental function of property, whose constitutional basis is now beyond dispute, is found in the recently enacted Ley de Biodiversidad (No. 7788 of April 30, 1998). This Law fulfills the commitment undertaken by Costa Rica at the global level to conserve biological diversity, genetic resources, species, and ecosystems within the framework of sustainable development. It operates within the framework of the Convenio sobre la Biodiversidad Biológica and goes beyond conservation—following the same Convention—by regulating the sustainable use of biological resources, incorporating rules governing access to genetic resources, and seeking an equitable distribution of the costs and benefits arising from the use of genetic material and from access to technology and biotechnology. Article 8 of the Law expressly incorporates the environmental function of property into its text: “As part of their economic and social function, real properties must fulfill an environmental function.” The legislature merely recognized a principle with a solid constitutional foundation that had already been developed in our case law.
Nevertheless, it was essential to reaffirm not only the principle but also agro-environmental limitations (limitaciones agroambientales) on property, in order to achieve genuine sustainable development in the use of biological-diversity resources. It is very important to note that the loss of biological diversity is primarily due to economic factors, particularly the low value previously assigned to it and to ecological functions such as watershed protection, nutrient cycling, pollution control, soil formation, photosynthesis, and evolution. Biological resources and the diversity of the systems that sustain them constitute the essential foundation of sustainable development. Moreover, the importance of genetic diversity in carrying out sustainable production activities is now understood. “Human beings have used and, in some cases, increased genetic diversity for thousands of years, particularly in agriculture.
Just as genetic diversity enables species to survive, human beings, especially indigenous and local communities, have relied on genetic diversity to create a broad spectrum of genetically diverse crops, animals, and microbes that have facilitated their survival. Farmers have domesticated wild animals, improving them to obtain desirable characteristics such as size, coat thickness, or resistance to disease. Likewise, farmers have domesticated hundreds of plant species which, over time, they have improved to create tens of thousands of varieties with desirable characteristics such as seed color, flavor, fruit size, or resistance to disease. Modern breeders also rely upon and depend on genetic diversity. For these reasons, the effective conservation of genetic diversity must extend far beyond the mere conservation of species: preserving viable populations of species is insufficient, insofar as those populations may lack the genetic diversity necessary for their own survival and that of human beings.” (UICN, Centro de Derecho Ambiental.
Guía del Convenio sobre la Diversidad Biológica, Spanish edition, 1996, page 27). It was essential to integrate conservation with the sustainable use of biodiversity and with the active participation of social sectors in order to ensure social, economic, and cultural sustainability through the development of environmental culture and awareness. It was also essential to consolidate the Sistema Nacional de Areas de Conservación by creating systems of incentives and compensation for environmental services (servicios ambientales) for the conservation and sustainable use of biodiversity and its components, because only in this manner could fulfillment of the environmental function of public and private property be guaranteed. The Áreas de Conservación, whose territorial jurisdiction extends throughout the entire country, both in protected areas and in privately owned areas under economic use, face the difficult task of enforcing agro-environmental legislation, particularly the Ley Orgánica del Ambiente, Ley Forestal, Ley de Conservación de la Vida silvestre, and Ley de Creación del Servicio de Parques Nacionales.
To protect biodiversity, the environmental function of property requires human activities to comply with the scientific and technical standards issued by the Ministerio del Ambiente y Energía and the competent public entities for maintaining vital ecological processes, both within and outside protected areas, but particularly in activities related to human settlements, agriculture, tourism, industry, or any other activity that may affect those processes. *
XXII.In repeated judgments, our Sala Constitucional has addressed the standing (legitimación) of private individuals to seek judicial protection (tutela) of the right to a healthy and ecologically balanced environment, thereby protecting not only purely individual interests, but also collective interests, through the protection of diffuse interests (intereses difusos). In this regard, it has stated: “With respect to the legal protection of the environment, the standing of private individuals to bring judicial proceedings and secure the application of the rules intended for that purpose, or to seek judicial protection (tutela jurisdiccional) for their violated rights, is of great importance… In environmental law, the procedural prerequisite (presupuesto procesal) of standing must be extended and broadened to such a degree that the traditional concept must necessarily be abandoned; it should be understood that, in general terms, any person may be a party and that such person’s right does not arise from property titles, rights, or specific causes of action that might be exercised under the rules of conventional law, but rather that such person’s participation in the proceedings responds to what modern legal scholars call a diffuse interest, whereby the original standing of the person with a legitimate interest, or even of a merely interested person, is diffused among all members of a particular category of persons who are thus equally affected by the unlawful acts that infringe their rights.
With respect to environmental protection, the typically diffuse interest that gives a person standing to bring an action is transformed, by virtue of its inclusion among the rights of the human person, into a true ‘right of response’ (derecho reaccional), which, as its name indicates, empowers its holder to ‘respond’ to a violation arising from unlawful acts or omissions …this generally implies that much more flexible and less formalistic standing is necessary in order to associate citizens with the interest inherent in the rule of law (Estado de Derecho) in overseeing and, where appropriate, restoring its own legality (juridicidad)… These are, therefore, individual interests, but at the same time they are dispersed among more or less extensive and amorphous groups of persons who share an interest and consequently receive a benefit or suffer harm, whether actual or potential, that is more or less equal for all.
It is therefore rightly said that these are equal interests belonging both to groups of persons who find themselves in particular circumstances and, at the same time, to each individual within those groups. In other words, diffuse interests have a dual nature, since they are both collective—because they are common to the public at large—and individual, and may therefore be asserted as such…”, (Sala Constitucional, No. 3705 de las 15 horas del 30 de julio de 1993, No. 1794 de las 16:45 horas del 13 de abril de 1994 y No. 1887 de las 9:45 horas del 7 de abril de 1995, entre otras).” –End of quotation from the judgment–. *
IX.REGARDING THE SPECIFIC CASE OF ADVERSE POSSESSION (USUCAPION) IN THE RESERVA FORESTAL GOLFO DULCE.- In this case, unlike the preceding one, we are not dealing with a dispute between private parties, but rather with proceedings between a private party and the State and the Instituto de Desarrollo rural. The dispute involves a public-domain asset (bien demanial) that forms part of the State Forest Heritage (Patrimonio Forestal del Estado), as the Trial Judge found to have been established and as has been confirmed at this level through certification ACOSA-DAP-CP-001-2013, by which the Area de Conservación de Osa certifies that registered survey plan (plano catastrado) P-703608-2001 is located 100% within the Reserva Forestal de Golfo Dulce, created by executive decree DE10142-A of 27 de junio del 1979 (see document added to the Escritorio Virtual on 24 de enero del 2013 and registered survey plan at folio 28, front and back).
Although that property is indeed still registered in the name of the Instituto de Desarrollo Agrario—now Instituto de Tierras y Colonización—in the Puntarenas Registry District under property number 39.334-000 (certification at folio 29), the fact remains that, by law and pursuant to orders of the Sala Constitucional, that property is under the State Forestry Administration (Administración Forestal del Estado), specifically the Sistema Nacional de Areas de Conservación, because it forms part of the public domain, which makes it immune from adverse possession by private parties. Moreover, it is important to clarify that, in this case, in order to obtain title through a possessory information proceeding (información posesoria), the legislature established a series of more stringent requirements precisely to prevent the State Forest Heritage and protected areas, as well as their biodiversity, from being adversely affected.
Accordingly, Article 7 of the Ley de informaciones posesorias requires proof, in addition to ten years of possession preceding the creation of the respective protected area, that the forest has been preserved. The ten years preceding its creation are required precisely to protect those private parties who had perfected their possessory right (derecho de posesión) ten years before the area was created—that is, before its dedication to the public domain occurred (see, among others, Tribunal Agrario, No.124 at 11:30 on 14 de marzo del 2003). The opposition of the State entities, both the Instituto de Desarrollo Rural and the Procuraduría General de la República, has been continuous and systematic. In addition, Article 11 of the Ley de Informaciones Posesorias is mandatory in stating that the judge: “Shall reject it if the judge determines that the applicant is improperly seeking title to national vacant lands (baldíos nacionales) or land belonging to any State institution, as well as forest reserves, national parks, or biological reserves.”* This provision is intended to prevent State-owned property from being titled through non-contentious proceedings (diligencias de jurisdicción voluntaria).
That rule would apply in these ordinary declaratory proceedings concerning agrarian adverse possession (usucapión agraria) claimed by the plaintiff company. To address the appellant’s arguments, certain matters must be clarified: Regarding the doctrine of AGRARIAN ADVERSE POSSESSION, a distinction must be drawn between special agrarian adverse possession—governed by the Ley de Tierras y Colonización—and ordinary agrarian adverse possession. Special agrarian adverse possession dispenses with just title (justo título) and good faith (buena fe), as Articles 92 and 101 of the Ley de Tierras so provide, but requires public, peaceful, uninterrupted agrarian possession (posesión agraria) for more than ten years over land registered in the name of a third party, provided that the possessory acts and agricultural activity are carried out to meet the possessor’s own or family needs. Ordinary agrarian adverse possession, by contrast, requires just title and good faith in addition to the foregoing requirements.
It may arise from an original cause, such as a possessory right, or from a derivative cause, through a contract transferring possession (contrato traslativo posesorio). As to good or bad faith, good faith is always presumed; however, a possessor acts in bad faith when, upon taking possession, the possessor had sufficient grounds for doubt (Articles 284, 287, and 286 of the Código Civil). Good or bad faith is tied to the person’s belief that the property being possessed belongs to that person and that the person who transferred it was its lawful owner. One of the appellant’s principal grounds of grievance concerns the requirements for ordinary agrarian adverse possession, alleging that the appellant meets the conditions required by our legal system, namely just title, good faith, and ten years of quiet, public, peaceful, and uninterrupted possession. Section 853 of the Código Civil requires three fundamental elements without which adverse possession cannot operate: just title, good faith, and possession.
First, as to title, it must be valid and effective and must originate from a non-owner (a non domino), not from the true owner; the party asserting adverse possession bears the burden of proving it (Article 854 of the Código Civil). In this case, it is evident that the doctrine of special agrarian adverse possession does not apply, since the claimant is a company organized as a Sociedad Anónima, and, for obvious reasons, it cannot be said to possess the land for its own or its family’s subsistence. Ordinary adverse possession applies instead. Having assessed the evidence in accordance with Article 54 of the Ley de Jurisdicción Agraria, this Tribunal agrario concludes that, although the plaintiff apparently submits an instrument transferring possession (título traslativo posesorio), that instrument is neither valid nor sufficiently probative to establish the transfer of possession over two hundred hectares of land.
This is so for several reasons. First, the original document appearing at folio 21 is merely a copy that lacks a date certain (fecha cierta). It is stated to have been prepared on 10 de noviembre de 1964, and it is later clarified that it was prepared in 1974; however, the document is highly questionable. The declarant [Nombre1] states that it was produced with a typewriter, whereas it instead appears to have been produced in a computer font, meaning that it may well have been prepared much more recently. Moreover, although an affidavit (declaración jurada) was submitted as evidence (folio 850), through which [Nombre4] confirms the alleged sale together with [Nombre1], the original certified instrument (testimonio original) was not submitted either. For that reason, this Tribunal summoned Mr. [Nombre4] to testify, but the plaintiff, which had an interest in that evidence, failed to arrange for him to appear before the Tribunal or at the site in question on 18 de enero del 2013.
Another objectionable aspect of that document is that, years later, Mr. [Nombre4] purportedly transferred possession of an area measuring approximately two hundred hectares. This is inadmissible because, according to the censuses of the Instituto de Tierras y Colonización, [Nombre4] appears in the Agosto de 1979 census conducted by the Departamenteo de Selección de Beneficiarios del ITCO as holding 60 hectares and having been in possession for approximately 12 years in the Rancho Quemado area (see documents ordered as additional evidence to facilitate adjudication (prueba para mejor proveer) and added to the Escritorio Virtual); moreover, [Nombre5] was recorded as occupant No. 1194, with a parcel of approximately 50 hectares and approximately 13 years of occupancy, in the Instituto de Desarrollo Agrario census of 1976 (see documents ordered as additional evidence to facilitate adjudication and added to the Escritorio Virtual).
When [Nombre1] purchased the improvements (mejoras) from [Nombre4], what he had was five hectares of pasture, cultivated land, and scrubland (tacotal); the remainder was forested wilderness (montaña) (see party testimony, dvd, segment 32). How, then, can they now seek, through a document prepared more recently, to substantiate the transfer of possession over two hundred hectares of land? This is plainly wholly illogical and contradictory. The witness testimony likewise provides insufficient grounds for concluding that there was a valid and effective transfer of two hundred hectares of land. The witness [Nombre16], whose testimony the appellant relies upon and who allegedly participated as a witness to the bill of sale (cartaventa), states when discussing [Nombre1]’s possession that [Nombre1] is his first cousin—which reveals an interest in favoring the former transferor—and testifies: “...I do not remember since when [Nombre1] had that property or how long -sic- he had it; he grew corn and had banana plantations... later there was a transaction between don [Nombre1] and don [Nombre5]; I do not know much about it, but I think it was sometime between 1970 and 1974, more or less...I know that don [Nombre1] bought the property from [Nombre1] because I used to go hunting there, but I do not know whether any document was executed....” (folio 1022).
It follows from this testimony that the witness neither knew how long [Nombre1] possessed the property nor knew whether any document relating to the sale had been executed, which casts doubt on the authenticity of the document at folio 21, in which he allegedly participated as a witness. Moreover, although the witness [Nombre17] states that [Nombre1] entered the property in 1960, he provides no certainty regarding the area possessed: “...he had quite a lot of land, but I cannot specify how much land [Nombre3] had...[Nombre18] lived there for approximately thirty-five years; the farm contained forested wilderness and a section of scrubland....At present, I know [Nombre19] as the owner of that farm...” (folio 1013). The same uncertainty is evident in [Nombre20]’s testimony: “...Mr. [Nombre1] was already on the property; this was around the end of 60 and the beginning of 1961. Don [Nombre1] grew corn and rice, raised pigs, and had a few cows; at that time, the property consisted of a section of pasture and the rest was forested wilderness, with a small house in which he lived...I do not know how large the property was, but I do know that it is a large tract of land....” (folio* 1018).
It must also be added that [Nombre4] and [Nombre1] knew that the property had been acquired by the Instituto de Desarrollo Agrario (see party testimony at the oral hearing held on 18 de enero del 2013 and the 1979 census added to the Escritorio Virtual on 00 de enero del 2013). At present, approximately 75% of the land consists of forested wilderness and secondary forest (bosque secundario), with extremely rugged terrain where forest species and wildlife abound. It has the form of a micro-watershed (microcuenca hidrográfica) from which several springs (nacientes) emerge and flow into the Río Drake. The remainder consists of scrubland with some abandoned paddocks and grazing enclosures in a poor state of maintenance; the boundary paths (carriles) are kept clear (see the judicial inspection (reconocimiento judicial) on dvd conducted by this Tribunal on 18 de enero del 2013, as well as the sketch and party testimony, dvd, segment 32). [Nombre1] knew that the land belonged to Osa Productos Forestales and that it later sold the land to, or the land was acquired by, the Instituto de Tierras y Colonización (see party testimony, dvd, segment 32).
Mr. [Nombre1] completed procedures before the Instituto de Desarrollo Agrario to obtain title to his property; however, the process was not completed because the property was not surveyed ((see party testimony, DVD, segment 32); o) Apart from the land acquired by [Nombre1], he did not acquire any other land from other persons (see party testimony, DVD, segment 32, and testimony of [Nombre21], at folio 1020). Regarding this last point, the witness states as follows: “At that time, the institution issued title within the Reserve area. In the case of Mr. [Nombre1], around 1985 he requested that he be subjected to the selection study; subsequently, around 1993, he requested titling of that area, but there was an impediment because the topographic survey had not been conducted. However, around 1996 or 1997, the Contraloría issued a directive, and the institution thereafter issued no further titles in those Reserve areas.
I believe those were the reasons why his application was not processed. Around 2005, the Rincón de Osa office received an application from the company Aguas Saltantes requesting title to that same property, submitting the application as though it were a titling project within a national reserve and not as established by Ley 2825. That application was handled by Mr. Mario Jiménez, who replied that it concerned a plan for a titling project that had nothing to do with this settlement and, secondly, that it involved a corporation, to which, pursuant to Ley 2825, no benefit may be granted...” (folio* 1020). As may be observed, it is evident that both [Nombre1] and the company Aguas Saltantes knew, before these proceedings were instituted, that title could not be placed in their names. [Nombre22] knew that a directive of the Contraloría existed and that, pursuant to a ruling of the Sala Constitucional, those lands had to be transferred to the administration of the Patrimonio Natural del Estado.
As stated above, acquisitive prescription (usucapión) is not possible with respect to public-domain property (bienes demaniales), unless ten years of possession predating the creation of the Reserve or protected area is unequivocally demonstrated with respect to the entire property. In this case, the original possessor and the purchaser knew who held title to the property and knew that it had been acquired by the State to place it under the forestry regime (régimen forestal). There is no clarity regarding material agricultural possession (posesión agraria material) and the transfer of formal possession (posesión formal) over an area of approximately 200 hectares. It has not been shown that the resource was protected, given that the possessor originally acquired 5 hectares and more than 25 hectares were subsequently cleared of undergrowth before the expropriation and declaration of the forest reserve (reserva forestal), since that was the requirement for acquisition through precarious possession of land (posesión precaria de tierras).- Nevertheless, based on all the foregoing, the Court concludes that Aguas Saltantes LAS S.A. was required to clearly establish the transferred possession over the two hundred hectares claimed, a valid title transferring possession (justo título traslativo posesorio) consistent with material agricultural possession, and good faith in possession (buena fe en la posesión), none of which requirements was satisfied (Article 854 of the Código Civil).
Because the property sought to be acquired by prescription forms part of the Patrimonio Natural del Estado and such property is not subject to prescription (bienes imprescriptibles), the claimant’s claims cannot be granted. Furthermore, Article 14 of the current Ley Forestal provides: “The forest lands and forests constituting the Patrimonio Natural del Estado, described in the preceding article, shall be immune from attachment and inalienable; their possession by private parties shall create no rights in their favor, and the State’s action to recover such lands shall not be subject to prescription. Consequently, they may not be recorded in the Registro Público through possessory-information proceedings (información posesoria), and both their invasion and occupation shall be punished in accordance with this law.” *
X.DISAGREEMENT REGARDING THE DECLARATION OF NULLITY (DECLARATORIA DE NULIDAD).- The plaintiff disagrees with the trial court’s declaration of nullity of the deeds executed at las quince horas del catorce de marzo del año dos mil cinco and at las ocho horas del dieciocho de julio del dos mil cinco, between [Nombre1], [Nombre2], and [Nombre3], as well as between the latter and Las Aguas Saltantes L.A.S. S.A., executed before Notary Public Miguel Chacón Alvarado, and with its exemption of the Instituto de Desarrollo Agrario from liability toward the defendant on the counterclaim. The appellant contends that Article 67 of the Ley de Tierras y Colonización is inapplicable because this is not a land-allocation agreement (contrato de asignación de tierras). Regarding this ground for appeal (agravio), although the aforementioned provision is indeed inapplicable to this particular case, it must be recalled that our substantive legislation contains a general rule, namely Article 1061 of the Código Civil: “The sale of property belonging to another is absolutely null and void...,” a provision applicable to this case, [Nombre22], which is State property and is not subject to acquisition by prescription (imprescriptible) and is inalienable (inalienable); that is, it cannot be transferred, and because it is public property (cosa pública), it is outside commerce (Article 262 of the Código Civil). For the foregoing reasons, the appellant’s ground for appeal is rejected. *
Accordingly, it is appropriate to affirm the recovery of the property in favor of the Instituto de Desarrollo Rural; however, it is also necessary to rule on the liquidation of the plaintiff corporation’s possessory estate, since the State likewise may not be unjustly enriched where, many years ago, the original possessors demonstrated that they had made improvements (mejoras), which were even recorded in the censuses of the Instituto de Tierras y Colonización. The right to payment for improvements is a logical consequence of recovery of possession. In a case similar to the one before us, the Sala Primera, adopting a minority opinion of the Tribunal Agrario (Voto 729-03), recognized the dispossessed possessor’s right to payment for improvements in Voto No. 233 del 14 de abril del 2005, the relevant recitals of which are transcribed below: “Accordingly, a ruling on improvements becomes essential once the claim is granted, because relief on that ground was timely sought for that eventuality both in the answer and in the counterclaim.
From that perspective, the appeal they bring on this issue is fully admissible and also well-founded on the merits, because the record established that certain works had been performed on the property (proven fact No. 5 of the trial court judgment, affirmed by the Tribunal), the valuation of which must be carried out during enforcement of the judgment (ejecución de sentencia). It should be noted that the appellants expressly request ‘improvements’; however, some items constitute what was built or made on the property in question, that is, ‘accession’ (accesión). Nevertheless, it is clear that their pleading reflected a desire to recover their investment because, as alleged in the express relief sought in their counterclaim, the plaintiff cannot benefit from their efforts. The foregoing makes clear the counterclaimants’ intention to recover the funds invested in the property, irrespective, of course, of the legal designation given to their claim.
Whether certain items fall within the technical concept of improvements and others instead within the doctrine of accession is a matter of legal characterization that does not prevent the adjudicator from awarding them under their correct designation, because such a manner of ruling falls within the judicial function in accordance with the principle of iura novit curia. The appellants were therefore not required to invoke specifically the legal doctrine of accession or that of improvements. VIII.- Having established the need to rule on the claim seeking recognition of the improvements made to the property in question, it is necessary to determine which of those investments constitute improvements and which fall under the doctrine of accession. Likewise, it is necessary to establish which improvements entitle the defendant to exercise a right of retention (derecho de retención) as an effect arising from the ordered recovery of possession.
Improvements may be necessary or useful. With respect to the former, this Chamber has established that so-called ‘necessary improvements’ (mejoras necesarias) refer to all expenses indispensable for preserving the thing but which do not increase its market value. They are made to prevent its deterioration or ruin, because failure to make them would produce that adverse effect. Their purpose is not to increase the value of the thing, but to keep it in good condition. They are called necessary because they must be carried out solely to prevent the property from deteriorating and its yield from declining. By contrast, useful improvements (mejoras útiles) do increase the thing’s market value, insofar as they are introduced for the purpose of improving it and increasing its usefulness. They benefit any possessor, not merely the person who makes them. This is because they generate added value by increasing the value of the thing.
The Código Civil develops this distinction in artículo 332, characterizing necessary improvements as expenses indispensable for preserving the thing and useful improvements as those that increase its market value (see sentencia No. 13 de las 10 horas del 29 de enero de 1993 and No. 68 de las 14 horas 40 minutos del 30 de junio de 1998.) With respect to such improvements, there are substantial differences depending on whether the possessor acted in good faith or bad faith. Pursuant to numeral 328 del Código Civil in relation to 330 ibidem, a possessor against whom recovery is ordered is entitled to recognition of both useful and necessary improvements and, until actual payment, has a right of retention with respect to both when possession was held in good faith, but only with respect to necessary improvements when possession was held in bad faith. Moreover, luxury or purely ornamental improvements (mejoras suntuarias) may be removed by the good-faith possessor (ius tollendi), provided that such removal does not damage the property and that the lawful possessor does not prefer to retain them by paying the value they would have after removal.
IX.- As regards the doctrine of accession, the relevant form for present purposes is accession involving immovable property, specifically construction on another person’s land. Where a person has built, planted, or sown on another person’s land, the Código Civil draws a distinction based on whether the construction occurred without the owner’s consent (artículo 508) or with the owner’s ‘knowledge and acquiescence’ (a ciencia y paciencia) (artículo 509). Where consent was not given, the landowner acquires ownership of the building or planting upon indemnifying the value of the materials and labor, excluding from payment any increase in the property’s value; however, the owner may also choose to demand the removal or destruction of what was incorporated and payment of the resulting damages, except in the case of a person who built, sowed, or planted in good faith, in which case destruction is unavailable and the property owner may elect either to reimburse the value of the materials and labor or to pay an amount equal to or greater than the increase in the property’s value (artículo 508).
Conversely, if the works were performed with the owner’s ‘knowledge and acquiescence,’ the owner may acquire ownership of the planting or building by paying its value if doing so is advantageous, but may also choose to establish co-ownership (copropiedad) between the two parties, with their respective shares determined according to each party’s contributions (artículo 509). This collegiate body has established that, where the owner expressly consents to the incorporation of things into the owner’s property, there is no accession, because accession constitutes an original means of acquiring ownership rights, and the situation presented is not such a case but rather a contractual arrangement from which reciprocal rights and obligations arise. Although things are incorporated into the property, ownership is to be determined by the parties’ intent and, absent an express statement thereof, by the rules governing obligations (artículos 627 y siguientes), the general principles of law, and equity (artículos 4 y 11 del Código Civil, respectively).
(On this point, sentencia No. 751 de las 10 horas 20 minutos del 6 de octubre del 2000.) X.- In the case under review, proven fact número 5 of the trial court judgment established that the appellant... and his family made a series of investments in the property. In this regard, it stated: ‘On the land described in the preceding fact, the defendant ... and his family have been carrying out acts of possession of an agricultural nature, consisting of establishing pastures or clearing existing ones and cultivating staple crops such as rice, beans, and corn. Planting fruit trees. Constructing a dwelling, a separate lean-to with a kitchen and one room, a wooden corral, a shelter, and two wells for drawing water. They installed barbed-wire fences to create paddocks and raise cattle and pigs ...’ This finding was affirmed by the Tribunal, as is apparent from considerando II of the challenged judgment.
Thus, the record duly establishes the nature of the work performed by the defendant, and it must be determined whether that work constitutes improvements or additions governed by the doctrine of accession. In the sub judice matter, the proven facts established in these proceedings regarding the improvements made by the appellant show that the only necessary improvement consists of establishing pastures or clearing existing ones, while the remaining items listed in proven fact número 5 cited above either increase the value of the property in question or constitute additions thereto, but are not indispensable for its preservation, because they concern structures or buildings, crops, and livestock raising. Por tanto, pursuant to numeral 328 del Código Civil, the landowner must recognize these necessary improvements, and the appellant who made them has a right of retention up to their value.
As for the other investments, they consist of buildings, fruit-tree cultivation, and additions to another person’s immovable property that were made without the owner’s consent (artículo 508 del Código Civil) and to which the plaintiff has expressed opposition (pretensión No. 4 de la demanda, folio 100). From this perspective, the investments made by Mr. *....* and his family (established in proven fact No. 5 of the trial court judgment) benefit the possession he has been exercising over the disputed property and the activity he conducts there, but they cannot be associated with preservation of the immovable property. Nor can they be regarded * as useful improvements, because, to qualify as such, it would have been necessary to establish that the additions were made to preexisting property. Indeed, improvements are governed and characterized differently from new plantings or structures erected by a person on another’s land, and the two concepts must therefore be distinguished.
Improvements are governed by the principle of appurtenance (principio de accesoriedad), insofar as they are made to enlarge, modify, or repair a preexisting thing. Thus, with respect to land used for agricultural production, the replacement, expansion, modification, or improvement of preexisting plants or crops and the repair of infrastructure used to carry out agricultural activities, among other things, could be considered improvements. By contrast, new buildings, structures, or permanent crops (fruit trees) established on another person’s land where no works of that nature previously existed—or, if they did exist, were entirely separate from the new ones—cannot be regarded as improvements in the legal sense of the term, even if they ‘improve the property.’ Accordingly, the doctrine of accession to immovable property applies in such matters. (This approach is followed in sentencias No. 1 de las 14 horas 55 minutos del 6 de enero de 1993, No. 65 de las 14 horas 40 minutos del 17 de agosto de 1994 and No. 4 de las 14 horas 45 minutos del 28 de enero de 1998).
Consistent with this reasoning, this Chamber stated in sentencia No. 37 de las 14 horas 55 minutos del 10 de abril de 1996: ‘Under sound legal doctrine, buildings erected on land cannot be regarded as improvements. Improvements consist of additions, repairs, or beneficial changes to preexisting property, for which reimbursement may be sought upon return of the property when the owner has not held possession, depending on whether the possessors acted in good or bad faith.
The regulation governing payment for improvements (mejoras) is contained in Articles 328 to 332 of the Civil Code and may be agreed upon in cases where accession (accesión) through planting or construction on another’s land does not occur. Where accession does occur, the applicable regime shall be that provided for in Articles 508 and 509, as appropriate.” According to the cited background, the buildings, permanent crops, and other contributions made by the appellant [Nombre23] within the property in question cannot simply be regarded as enhancements, repairs, or beneficial changes to assets that existed before he took possession (posesión), because the record does not establish that plantations capable of being improved existed on the disputed property, an aspect that, in accordance with the foregoing, is essential for such investments to be classified as improvements. It follows that the provisions governing improvements cannot be applied to this case; rather, the provisions governing accession to immovable property (accesión inmobiliaria) apply.
XI.- In the case at bar (sub-lite), possession was exercised in bad faith (mala fe), since the defendants admitted knowing that the property was under the administration of the Ministerio de Ambiente y Energía and, without any authorization, maintained such possession (folios 283-285), as analyzed by the Court in recital VIII (considerando VIII) of the judgment under appeal, whose reasoning this panel shares. This circumstance is relevant to the proper assessment of the alternative claims (pretensiones subsidiarias) raised by the appellant concerning recognition of the improvements made to the property. With respect to the necessary improvements (mejoras necesarias) made, as indicated supra, they must be reimbursed to the defendant, and pursuant to Article 330 of the Civil Code, he is entitled to a right of retention (derecho de retención) solely for their value. As for the other investments made, the appellant seeks recognition of their value in his favor because he considers them useful improvements (mejoras útiles).
Nevertheless, it has already been determined that such additions cannot be included within that category but are instead governed by accession to immovable property; consequently, their financial recognition is not governed by the provisions concerning useful improvements (Article 330 of the Civil Code), but by the rules of the Legal System (Ordenamiento Jurídico) applicable to accession. Under this interpretation, pursuant to Article 508 of the Civil Code, in cases such as this one, where the person who constructed, planted, or sowed on another’s land did so without the owner’s consent and without acting in good faith (buena fe) (since it has been established in this matter that possession was in bad faith), the landowner shall have the option of retaining the building, plantation, or crop, after reimbursing the cost of the materials and labor, without regard to any increase or decrease in value that the property may have sustained, or of requesting that they be removed or destroyed at the expense of the person who made them.
In this regard, the compensation sought in these proceedings is contingent upon the owner’s decision to retain those buildings and crops, since if, among the options provided by the cited provision, the plaintiff chooses to have the investments removed or destroyed, the defendant shall not be entitled to any financial recovery on that basis. Nevertheless, this power of the owner cannot remain open indefinitely; accordingly, the principles of prompt and complete justice (justicia pronta y cumplida) and effective judicial protection (tutela judicial efectiva), applied objectively and rationally, require the establishment of a period within which the owner must determine whether to retain the additions made to his property or order their removal or destruction. For these purposes, this panel considers it necessary to grant the owner a period of three months from the date this judgment becomes final (firmeza) to determine which of the two options referred to in Article 508 of the cited Code he will exercise, because failure to establish a time limit for that purpose would leave the appellant in limbo and uncertainty, indefinitely subject to a future decision that the claimant would be required to make on the matter.
Legal certainty (seguridad jurídica) requires a determination that, if the owner does not define his position within that period, his silence shall be understood as consent to recognition of the works and crops in favor of the defendant, in accordance with the valuation established in proceedings for enforcement of the judgment (proceso de ejecución de sentencia). XII.- Accordingly, because the alleged defect in the challenged judgment has been established, the ground of appeal (agravio) must be partially sustained, so as to impose upon the plaintiff the obligation to pay the defendant [Nombre23] for the investment he made in the land at issue, consisting of the following necessary improvements: creation of pastures or clearing of those already existing, in accordance with the valuation made during enforcement of this judgment, together with the aforementioned right of retention. With regard to the other investments, consistently with the foregoing recitals (considerandos), the plaintiff must, within three months from the date this decision becomes final, determine whether to retain the buildings and crops or order their removal or destruction; it being understood that failure to decide within that period shall be deemed acceptance of the investments, giving rise to the duty to reimburse their value to the defendant, as previously explained.
XIII.- Finally, regarding the special treatment that border areas must receive, he states that it is impossible to recover possession of land (reivindicar un terreno) in that category because such land constitutes public-domain property (bienes demaniales) that is not subject to acquisitive prescription (imprescriptibles) and is inalienable (inalienables). It has been established that the property at issue in the litigation is located within the northern border strip, inside a protected area. On this matter, this Chamber agrees with the Court’s explanation, specifically where it states: “...In view of this situation, the applicable legal regime is, first and foremost, that established by Article 7 of the Ley de Tierras y Colonización, pursuant to which the following lands are inalienable and may not be acquired through a land claim (denuncio) or possession, except where they are privately owned under legitimate title: ³...those included within a zone 2000 [Dirección2] wide along the borders with Nicaragua and Panamá ...”.
That designation is not limited to the period during which the Ley de Tierras y Colonización has been in force; rather, as the Procurador Agrario correctly notes, a series of special laws dating back to the century before last, from the period of the Corona Española, placed those properties in the public domain, initially to safeguard national security and, more recently, to protect the natural resources existing in that area. Nevertheless, land registered to private parties may currently exist within that area. Likewise, the protected-area regime (régimen de zonas protegidas) also applies to this case because the property at issue is located within one such area (sic). On this matter, it should be noted that although lease agreements (contratos de arrendamiento) granted by the Instituto de Desarrollo Agrario exist, because it was the entity legally responsible for administering those areas, those agreements ceased to be valid in sectors that, in addition to being subject to the public-domain designation applicable to the border strip, are included within protected areas, and the Ministerio de Ambiente y Energía became their administrator (See, in this regard, Voto N° 1763 of the Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, issued at 16:45 on 13 de abril de 1994).
In this case, the property at issue lies within the border strip and also within the Refugio Nacional de Fauna Silvestre del Corredor Fronterizo Norte, created by Decreto No. 23248-MIRENEM of 18 de mayo de 1994, and from that time forward became subject to administration by the Ministerio de Ambiente y Energía, which is why Plano Número G-347793-95, recorded in the cadastre by the defendants, expressly states that the land is under the administration of that Ministry (..). Likewise, given the possibility, as stated, that certain portions of that border strip may be registered to private parties, neither that registration could be challenged in this case nor could the plaintiff company be required to prove the chain of transfers (secuencia de traspasos) from the origin of the registration in order to establish its standing as plaintiff (legitimación activa), since it is sufficient for it to show that all the properties cited in the complaint are registered in its name, without prejudice to any rights the State may have over that land.- ³(folios 547-548) For the reasons stated, this ground must be rejected.
XIV.- Accordingly, because the alleged defect in the challenged judgment has been established, the ground of appeal must be sustained in order to partially reverse the Court’s judgment on that specific issue and, ruling on the merits (resolviendo por el fondo), to partially grant the alternative claim, as to which the defenses (excepciones) of lack of a current interest (falta de interés actual), lack of active and passive standing on the merits (falta de legitimación ad causam activa y pasiva), and the generic plea of sine actione agit are rejected. Consequently, the plaintiff must pay Mr. ...* the value of the investment made in the land at issue as necessary improvements, consisting of: creation of pastures or clearing of those already existing, in accordance with the valuation made during enforcement of this judgment, and the appellant shall have a right of retention over that value until payment is made in full.
With respect to the other structures and crops, the owner must, within the period specified in recital XII above, determine whether he will recognize them or request their removal or destruction; it being understood that if no determination is made within that period, he must pay the appellant the value of the materials and labor, without regard to any increase or decrease in value that the property may have sustained, as established in proceedings for enforcement of the judgment. “(UP TO THIS POINT, OPINION REGARDING IMPROVEMENTS). *
XII.When compliance with the social function (función social) is demonstrated, it constitutes a guarantee provided not only in ordinary legislation but also in constitutional case law (Judgment of the Sala Constitucional, No. 2012-16629 of 16:31 on November 28, 2012) and Article 45 of the Constitución Política. If we first examine the Ley de Tierras y Colonización, Article 100 establishes that, when expropriation proceedings (procesos expropiatorios) take place, “The appraisal of the occupied parcels shall under no circumstances include, of course, the value of the buildings, crops, and other improvements owned by the occupants....” Article 48 of the Ley INDER likewise provides for recognition of useful and necessary improvements (mejoras útiles y necesarias) and accessions made in good faith (accesiones de buena fe) that have been incorporated into Inder property. Even in the case of agricultural lease agreements (contratos de arrendamiento agrario) granted by Inder, payment for improvements is also recognized.
This is all the more so when the consolidation of protected areas (áreas protegidas) forming part of the Patrimonio Natural del Estado is involved, because, pursuant to Article 72 of the Ley Forestal, which amended Article 37 of the Ley Orgánica del Ambiente, properties become subject to that status upon being expropriated or paid for. Although the previous owner, the company Osa Forestal, was expropriated in this case, it is also true that there was a prior occupant, who would therefore be entitled to compensation for his improvements before being evicted from the property. This is a conclusion required by law, as well as by considerations of equity, because although the transferors were aware of the property’s registry status, it is also true that they transferred certain improvements in good faith, which have been maintained to the present day and must be assessed and valued during the judgment-enforcement phase (fase de ejecución de sentencia). * It has indeed been proven that the plaintiff’s representative exercised possessory acts (actos posesorios) by cultivating corn, beans, plantains, cuadrado bananas, and rice and by raising livestock; he lived on the property, where he raised his children, until approximately five years ago, when he moved elsewhere in the area; the Instituto de Desarrollo Agrario never challenged his possession (see party testimony, dvd, segment 32).
Approximately halfway along the southern boundary, where the track ends and the barbed-wire fence begins—the boundary with [Nombre7]—there is a clearly defined three-strand wire fence with live and dead posts, and scrubland (tacotal) within the property; beyond that are recently cleared pastures comprising approximately four paddocks. There are no buildings, and the fence continues along [Dirección3], with live wooden posts of gmelina and madero negro, to approximately its midpoint, with maintained four-strand barbed-wire fencing. The pastures, brushland (charral), and scrubland together comprise approximately twenty-five hectares of land. Fruit and timber trees can also be seen, as can an internal road made by tractor from the property entrance to the stream; the remainder of the property is duly preserved forest (see judicial inspection and party testimony). Recognition and payment for the improvements are also a consequence of the fact that the State, and particularly the officials of the Instituto de Desarrallo Rural, have always respected, in some manner, the exercise of possession and the conservation of the areas improved by the former possessors and transferors.
Nevertheless, the improvements must be calculated solely for the area of 25 hectares. In particular, consideration shall be given to the ITCO census from 1976, in which occupant No. 1194 is listed as [Nombre5], and to the listed investments (clearing, underbrush clearing, stubble, and scrubland), except for the house, which no longer exists because it burned down, adjusted to its current indexed value and compared with the improvements existing today, particularly the fences and cultivated timber and fruit trees. Such entitlement to improvements includes a right of retention (derecho de retención) only with respect to necessary improvements, understood as the expenses indispensable for preserving the property, consisting of establishing pastures or clearing existing ones, in accordance with the valuation to be made during enforcement of this judgment; the appellant has a right of retention over their value until actual payment is made, but not with respect to useful improvements, understood as those that increased the property’s market value. The foregoing is pursuant to Article 45 of the Constitución Política, which establishes prior payment. *
In the legislative consultation concerning Bill No. 1963-2012 of February 15, 2012, for the transformation of the Instituto de Desarrollo Agrario into the Instituto de Desarrollo Rural (INDER), the Sala Constitucional stated, insofar as relevant, as follows: “ON ARTICLES 16 AND 34 CONCERNING NATIONAL RESERVES (RESERVAS NACIONALES). Lastly, both the consulting legislators and the Contraloría General de la República challenge Articles 16 and 34 of the bill under review, which, insofar as relevant, provide as follows: * “ARTICLE 16.-* Powers and authority of Inder. * For the fulfillment of its purposes, Inder shall have the following powers and authority: * (…) * e) To grant lease agreements, rights of use, title deeds, recognition of possession, or any other real property right (derecho real) over lands that form part of its assets and those that it acquires or that are transferred to it for implementing rural-development initiatives. * (…) * h) To administer, on behalf of the State, national reserves that are not part of the natural heritage, lands forming part of its assets, and lands it acquires or that are transferred to it, for implementing development plans for rural territories, in fulfillment of the social, economic, and environmental function of property, within the concepts of multifunctionality and sustainable development.
Likewise, the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet), through the corresponding legal mechanisms, may authorize Inder to use areas suitable for developing ecotourism, community-based rural tourism, or agroecological projects within protected areas, following the corresponding technical study, except in national parks or absolute biological reserves. * (…) * ARTICLE 34- Assets and resources * Inder’s assets consist of the following property and resources: * a) Lands in the national reserve that have not been transferred to the Patrimonio Natural del Estado. (…)” * In the petitioners’ view, the cited provisions violate Articles 50, 89, and 121, subsection 14, of the Constitución Política insofar as they grant the Instituto de Desarrollo Rural authority to administer and provide solutions for possessors of national reserves that are not part of the natural heritage, whereas—as they allege—all reserves form part of the natural heritage, and the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones is the authority competent to administer them.
Specifically, the Contraloría General de la República considers it inadvisable to transfer lands in national reserves to INDER because, as public-domain property (bienes demaniales), they must be subject to the State’s official protection and oversight, and granting INDER authority to administer and dispose of national reserves would, in reality, entail an implicit removal from the public domain (desafectación implícita). The possibility that MINAET might transfer protected areas to INDER for developing “ecotourism, community-based rural tourism, or agroecological” projects is also challenged because such activities, by their nature, do not fall within INDER’s authority and belong within the jurisdiction of other institutions; moreover, this would permit a reduction in the territorial extent of protected areas. With regard to these objections, it must be noted that, since the right to a healthy and ecologically balanced environment enshrined in Article 50 of the Constitución Política was established—following extensive development in this Constitutional Court’s case law—the Costa Rican State has undertaken a constitutional commitment to guarantee, defend, and preserve that right, with a series of practical and legal consequences.
In this regard, it is appropriate to revisit this Court’s reasoning in Judgment No. 2007-02063 of 14:40 hrs. on February 14, 2007, which, insofar as relevant, stated as follows: * “(…) With the amendment of Article 50 of the Political Constitution (Constitución Política) by Ley número 7412, de tres de junio de mil novecientos noventa y cuatro, the fundamental right (derecho fundamental) to a healthy and ecologically balanced environment (ambiente sano y ecológicamente equilibrado) was expressly enshrined in the Fundamental Text (Texto Fundamental); that right had previously been recognized by this Court (…) as a fundamental right—particularly, judgments número 2233-93, 3705-93, 6240-93, 5399-93, 1394-94, 4480-94, 5668-94 may be consulted—by deriving it from the provisions of Articles 21 (right to health), 69 (constitutional requirement for the “rational use of land”), and 89 (protection of natural beauty), all of the Political Constitution.
However, under the constitutional provision, environmental protection (tutela del ambiente) is recognized in two dimensions: first, as a true fundamental right afforded to every person and, in that sense, capable of being individualized (national, foreigner, adult or minor, legally incapacitated person, natural person or legal entity), because its defense concerns the community as a whole (not only nationals, but the entire global community); and second, as a true public power (potestad pública), which, as such, translates into specific obligations for the State as a whole, thereby shaping political objectives and, consequently, the actions of public authorities generally, so as to ensure full compliance with this fundamental right. Thus, a true obligation is imposed upon the State to protect the environment through mechanisms (formal and material actions and statutory and regulatory provisions) that result in effective protection of the environment and the natural resources comprising it, for the purpose of improving the human living environment; this goes beyond criteria of nature conservation and extends to the entire sphere in which a person develops, facilitating that person’s comprehensive development—physical, psychological, and mental.
The impact of the right to a healthy and ecologically balanced environment on State activity is manifested, first, in the fact that, by definition, rights are not limited to the private sphere of individuals but extend to the very structure of the State in its role as guarantor of those rights; and, second, because State activity is directed toward satisfying the interests of the community. It is likewise important to emphasize that, in constitutional case law (jurisprudencia constitucional), the concept of the “environment” has not been limited to the primary elements of nature—that is, soil, air, water, marine and coastal resources, minerals, forests, the biological diversity of flora and fauna, and the landscape—from which the environmental framework is formed, without which basic needs—such as food, energy, housing, sanitation, and recreation—would be impossible to meet. Rather, it has been understood comprehensively, establishing a “macro-environmental” concept that also encompasses economic aspects concerning the generation of foreign currency through tourism and/or agricultural exploitation (judgments número 5893-95, de las nueve horas cuarenta y ocho minutos del veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y cinco; and, to the same effect, número 3705- 93, cited above, and número 2988-99, de las once horas cincuenta y siete minutos del veintitrés de abril de mil novecientos noventa y nueve); as well as matters relating to urban activity, including city planning, the determination of land uses (usos de suelo), waste treatment (solid waste, toxic waste, wastewater), noise control, public-road planning, and the regulation of advertisements (judgment número [Telf3]).
(…)” * Following the partial amendment of Article 50 of the Constitution in 1994, a dense, broad, and detailed subconstitutional regulatory framework (marco normativo infra constitucional) has been developed for the effective protection of the enjoyment and exercise of the right to a healthy and ecologically balanced environment, considering that paragraph 3° provided that “The State shall guarantee, defend, and preserve that right”; these constitutional mandates and obligations have led the Costa Rican State to establish a vast and extensive subconstitutional regulatory structure embodied in various statutes, regulations, and executive decrees, which address substantive and procedural matters for guaranteeing, protecting, and preserving the right to a healthy and ecologically balanced environment. Additionally, that subconstitutional legal system (ordenamiento jurídico sub constitucional) has established an extensive and complex administrative organization to implement the constitutional mandates and obligations contained in paragraph 3° of Article 50 of the Constitution.
Within this body or standard of legality (bloque o parámetro de legalidad), created to implement Article 50 of the Constitution, we find that the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) is the governing body (órgano rector) of the Executive Branch responsible for the environmental sector (artículo 1º de la Ley No. 7152 de 5 de junio de 1990, Ley Orgánica del Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones) and is “therefore responsible for issuing environmental policies concerning the development of communications, environmental protection, and the sustainable management and use of natural resources (…)” (artículo 2º del Reglamento Orgánico del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, Decreto Ejecutivo No. 35669-MINAET de 4 de diciembre de 2009). Thus, without claiming to be exhaustive, we find that the Ley Orgánica del Ambiente, No. 7554 de 4 de octubre de 1995, in Article 32, provides that the Executive Branch, through MINAET, is responsible for establishing and administering protected wildlife areas (áreas silvestres protegidas) under any established management category, namely forest reserves, protective zones, national parks, biological reserves, wildlife refuges, and wetlands.
Furthermore, Article 34 states that “In State-owned protected wildlife areas, the Ministerio del Ambiente y Energía is responsible for adopting appropriate measures to prevent or eliminate, as soon as possible, exploitation or occupation throughout the area and to ensure respect for the ecological, geomorphological, and aesthetic characteristics that led to its establishment.” Moreover, Article 13 of Ley Forestal No. 7575 de 13 de febrero de 1996 provides that the State’s natural heritage (patrimonio natural del Estado) consists of “the forests and forest lands of national reserves, areas declared inalienable, properties registered in its name, and those belonging to municipalities, autonomous institutions, and other Public Administration bodies, except for real property securing credit transactions with the Sistema Bancario Nacional that becomes part of its assets”; its administration is entrusted to MINAET—as the governing body—which is also competent to demarcate the corresponding boundaries and establish a forest cadastre (catastro forestal) (Articles 5, 16, and 17).
Ley de Biodiversidad No. 7788 de 30 de abril de 1998 provides that MINAET is responsible for coordinating the administrative organization entrusted with biodiversity management and conservation. Ley No. 6084, de 24 de agosto de 1977, Ley del Servicio de Parques Nacionales, provides in Article 1º for the creation of the Servicio de Parques Nacionales, attached to the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, whose function is the development and administration of national parks for the conservation of the State’s natural heritage. For its part, Ley No. 7317 de 30 de octubre de 1992, Ley de Conservación de la Vida Silvestre, provides that the Dirección General de Vida Silvestre, attached to MINAET, is the body with jurisdiction over the planning, development, and control of wild flora and fauna, and states that the Minister, in the Minister’s capacity as head of the natural-resources sector, has a range of powers to protect them (Article 6).
It can therefore be seen that, in implementing Article 50 of the Constitution, a broad regulatory and organizational framework has been established to protect that right in its widest aspects, designating the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones as the governing body possessing the most substantial legal and technical powers to guarantee its effective fulfillment and ensure compliance with the obligations enshrined in the cited Article. Within the new context created by Article 50 of the Constitution following the partial amendment of 1994, what is consistent with Constitutional Law (Derecho de la Constitución) is for national-reserve lands to be administered and classified by MINAET; only when that body has determined that such lands do not belong to the State’s Natural Heritage may INDER administer them in accordance with the powers granted to it. In that regard, it must be emphasized that the enabling statutes of the Instituto de Tierras y Colonización, Ley No. 2825 de 14 de octubre de 1961, the Ley que Crea el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) Ley No. 6735 de 29 de marzo de 1982, and the bill entitled “Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (INDER)” indicate that these are not institutions whose mission is environmental preservation.
For that reason, this Court finds that entrusting them with the administration of national reserves jeopardizes and threatens the right to a healthy and ecologically balanced environment, particularly when account is taken of the powers entrusted to INDER to “grant leases, rights of use, property titles, recognition of possession, or any real right (derecho real) over lands forming part of its assets (…)”; consequently, in exercising its powers, INDER could place at risk lands that are not, strictly speaking, suited for agricultural use but are instead intended to safeguard a “healthy environment.” Note additionally that the “Convention for the Protection of Flora, Fauna and * Natural Scenic Beauties of the Countries of the Americas,” approved by Law No. 3763 of 19 de octubre de 1966, defines National Reserves (Reservas Nacionales) in Article 1, subsection 2, as “Regions established for the conservation and use, under official supervision, of natural resources, in which flora and fauna shall be afforded all protection compatible with the purposes for which these reserves were created,” thereby reaffirming that National Reserve lands must be safeguarded, first and foremost, by MINAET in order to ensure protection of the ecological balance.
In that regard, the current wording of Article 34, subsection a), of the bill, as suggested by the Procuraduría General de la República, “could lead to the conclusion that forestlands or woodlands within National Reserves that remain under the ownership of the Instituto de Desarrollo Agrario when the new law is enacted would lose their status as natural heritage of the State (patrimonio natural del Estado), because they would not yet have been transferred to the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones” (see, in this regard, Legal Opinion No. 009-J of 21 de febrero de 2011). Ultimately, the administration of National Reserves cannot be the same as that prevailing under the subconstitutional legal framework prior to the partial amendment of Article 50 of the Constitution in 1994, because of the profound impact produced by the recognition of a right to a healthy and ecologically balanced environment.
Accordingly, this Constitutional Court finds that Articles 16, subsection h), and 35 of the bill are unconstitutional for the following reasons: a) Inder is assigned the administration, on behalf of the State, of National Reserves that are not part of the national heritage, although, in light of Article 50 of the Constitution, such lands must be administered by Minaet as the governing body for environmental protection, and only after that body determines that they have no environmental suitability (vocación ambiental) may they be administered by Inder; and b) it ambiguously provides that National Reserve lands that have not been transferred to the natural heritage of the State form part of Inder’s assets, when they are owned by and form part of the assets of the State, whose agencies must determine technically and scientifically whether or not they have environmental suitability.” * Based on the foregoing judicial precedent, given that the trial judgment orders recovery of title (reivindicación) in the name of the Instituto de Desarrollo Agrario, now the Instituto de Desarrollo Rural.
However, once the improvements (mejoras) have been paid for, it shall be understood that administration of that property corresponds to the Ministerio de Ambiente, through the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, as stated by the Sala Constitucional and pursuant to Article 13 of the Ley forestal and Article 37 of the Ley Orgánica del Ambiente. * DISSENTING OPINION OF JUDGE [Nombre24]: The majority opinion is not shared solely insofar as it orders payment to the party for the improvements, because they do not constitute improvements and do not warrant compensation. The designated use of the property at issue is conservation, as was determined when it was declared part of the Reserva Forestal Golfo Dulce, created by Executive Decree Number 8494-A of 28 de abril de 1978. During the judicial inspection conducted by this Court, it was observed that there are several springs (nacientes) within the property—at least five of importance—which form the tributary flowing into the stream that crosses the property; in other words, the land is also important for aquifer recharge (recarga acuífera), and for that reason the provisions concerning public-domain status (demanialidad) for property of this nature under Article 7 of the Ley de Tierras y Colonización de 1961 are applicable.
We see that this is not an agricultural property, such that pastures or cleared areas could be regarded as improvements; quite the contrary, given the conservation function of its ecosystem and water resources, such human intervention amounts to destruction or deterioration of the property, * which means that no compensation is warranted. It is stated that the plaintiff performed this clearing work when the Instituto de Desarrollo Agrario conducted an inventory of occupants in the area; however, the location of the clearings carried out at that time has not been established, because some sectors are undergoing regeneration and other areas have recently been worked, and there is no certainty as to whether this work was performed before the land became part of the Reserva Forestal, nor as to its extent. In any event, improvements are those that facilitate beneficial use of the property, and in this case they do not do so, because the property must be regenerated in its entirety and cannot feasibly be used for agricultural activities, given its highly ecological character.—The following should be cited in this same regard: “The Sala Primera recognized the existence of Ecological Law (Derecho ecológico) and its subject matter (Sala Primera de la Corte, Judgment No. 189 at 14 hours twenty minutes on 30 de octubre de 1991): the protection of natural resources. * It established therein that forest property (propiedad forestal) is subject to limitations and that, when a Protected Zone (Zona Protectora) is created, compensation is not required because the owner may continue conducting agroforestry activities while conserving and protecting the forest resource.
In Judgment No. 51 at 15 hours 15 minutes on 25 de mayo de 1995, the Sala again addressed the issue of forest property and applied the doctrine of ecological possession (posesión ecológica) to the specific case. The dispute concerned the superior right of possession (mejor derecho de posesión) in an area declared * a Reserva Forestal. It stated: “Failure to deliver a parcel is not sufficient grounds for claiming the superior right of possession. The most important consideration would have been conservation of the forest resource... effective agrarian possession (posesión agraria) was required, including proof of possessory acts (actos posesorios) aimed at conserving the forest. The appellant did not prove this; on the contrary, lands suitable for forestry were converted into pastures... In other words, despite the existing conservation restriction, the occupants continued exploiting the forest.
Clearly, the work performed was not directed toward exercising forest possession (posesión forestal) in accordance with the nature of the property. On the contrary, they deforested the land in order to plant crops. They disregarded the restrictions and continued destroying the forest. Their possessory acts are therefore contrary to the ecological function of conserving natural resources in order to maintain the balance of the ecosystems within the Reserva Forestal de la Cordillera Volcánica de Guanacaste.”—For the foregoing reasons, I dissent insofar as the opinion awards the plaintiff payment for improvements, because they are not improvements but, on the contrary, impair the ecological nature of the property in question.—* THEREFORE:* With respect to the matters appealed, the judgment is affirmed, with the understanding that administration of the property corresponds to the Ministerio del Ambiente, through the Sistema Nacional de Areas de Conservación.
In addition, on the Court’s own motion, the plaintiff company is granted the right to payment for the improvements by the Instituto de Desarrollo Agrario, now the Instituto de Desarrollo * Rural, which shall be assessed and valued during enforcement of the judgment, in accordance with the parameters stated in the penultimate recital. The plaintiff is granted a right of retention (derecho de retención) solely with respect to necessary improvements (mejoras necesarias), understood as the expenses essential to preserving the property, consisting of: establishing pastures or clearing existing ones, in accordance with the quantification to be made during enforcement of this judgment; the appellant shall have a right of retention over their value until actual payment, but not with respect to useful improvements (mejoras útiles), understood as those that increased the property’s market value. Judge Alvarado Paniagua dissents insofar as payment for improvements is awarded and would deny such payment. * * * * * * * * * * * * * * * 8856,$$/)/) * * * * * * * * * * * * * * * XXUVLDDOIOI61 * * * * * * [Nombre25] * [Nombre24] - DECIDING JUDGE * $ * "#5"1) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * '1:. $7:"$%* * * * * * * * * * * D92BCUBQI6461 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GQZN5DWZBDE61* * * * * * [Nombre26] - * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * [Nombre27] * * * DECIDING JUDGE * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - DECIDING JUDGE* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
VOTO N° 192-F-12 * TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las once horas y cuarenta y cinco minutos del veintiocho de febrero de dos mil trece.-* PROCESO ORDINARIO establecido por LAS AGUAS SALTANTES L.A.S. SOCIEDAD ANÓNIMA, representada por [Nombre1] , mayor, casado, agricultor, vecino de Osa, cédula de identidad número CED1 - – ; contra el INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO, hoy INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER), representado por Álvaro Chanto Ureña y Margarita Elizondo Jiménez, de calidades desconocidas en autos, en calidad de apoderados generales judiciales. Figura como parte interesada la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA representada por la procuradora adjunta GLORIA SOLANO MARTÍNEZ y el procurador JULIO JURADO FERNÁNDEZ, de calidades conocidas en autos. Actua como apoderado especial judicial de la parte actora, el letrado Geovanny Retana Madriz, cédula de identidad número CED2 - - , colegiado número seis mil ciento veintiuno. Tramitado ante el Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur, Corredores. * R E S U L T A N D O:*
Redacta el Juez ULATE CHACÓN, y * CONSIDERANDO:*
Este Tribunal, en Voto No. 193-F-10 del 11 de marzo del 2010 anuló el juicio verbal, incluyendo el reconocimiento judicial. El a-quo procedió a ratificar dicho reconocimiento (folio 1013), por lo cual el Tribunal ordenó como prueba para mejor proveer un nuevo reconocimiento judicial, el cual se realizó a las nueve horas del dieciocho de enero del 2013, con la presencia de las partes, acto en el cual también se recibió declaración de parte a [Nombre1] . Dicha prueba para mejor proveer quedó documentada en un cd (videograbado), adjunto al expediente, y el croquis, agregado al final del Tomo III, fue incorporado al escritorio virtual. De esa forma quedan subsanados los defectos detectados en primera instancia, sin necesidad de decretar nulidades. *
II.CONSIDERACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA EN ESTE PROCESO ORDINARIO DE USUCAPION CONTRA EL ESTADO, Y REIVINDICACIÓN DE ÉSTE CONTRA EL PARTICULAR: En cuanto a la competencia. Este Tribunal reafirma la competencia de los Tribunales agrarios para conocer este proceso, no solamente a la luz de lo establecido en el artículo 22 de la Ley de Jurisdicción Agraria, incisos c) y ch), que exige tener como parte al Instituto de Desarrollo Agrario, hoy Instituto de Desarrollo Rural, y a la Procuraduría Agraria "...en todos los asuntos reltivos a la tutela del dominio público y al ejercicio de las atribuciones que la ley le confiere en esta materia...", sino también con fundamento en la aplicación de la recién aprobada Ley INDER, No. 9036 del 11 de mayo del 2012, que transformó el Instituto de Desarrollo Agrario en Instituto de Desarrollo Rural, en cuyo artículo 16 incisos i) y j) se le impone como exigencia "i) Plantear las acciones administrativas o judiciales que correspondan para recuperar los bienes muebles e inmuebles que hayan sido apropiados ilegalmente; j) Ser parte en los juicios que se tramiten en los tribunales agrarios y contencioso-administrativos, según sea el caso, en que estén involucradas tierras de reservas nacionales, las que sean parte de su patrimonio y las que adquiera o se le traspasen".
Y específicamente el numeral 86 que se ocupa del tema de la competencia aclaró: "El conocimiento de las situaciones y relaciones jurídicas originadas en la presente ley corresponderá a la jurisdicción agraria, cuando por su contenido material o sustancial esté relacionada con una conducta administrativa en que esté de por medio la actividad agraria, agroambiental o de desarrollo rural, y el conocimiento de la jurisdicción contenicioso-administrativa, cuando al pretensión sea para cuestionar la invalidez o disconformidad sustancial con el ordenamiento jurídico administrativo de una conducta administrativa o de cualqueir manifestación singular de la función administrativa". En el presente caso, resulta más que evidente que nos encontramos en la primera hipótesis, pues el contenido material o sustancial, está relacionado con el instituto de la usucapión agraria, y está dirigida contra el Estado, a su vez, éste pide la reivindicación o recuperación del inmueble, al considerarlo parte del dominio público agrario. * *
III.El Tribunal comparte la relación de hechos tenidos por demostrados, al tener buen sustento en los autos, con la salvedad de lo dispuesto en el hecho i), por tratarse de una calificación jurídica, y no de un hecho puro y simple. Además se agregan como demostrados en esta instancia los siguientes: i) [Nombre1] , cuando adquirió los derechos de posesión de [Nombre4] , sabía que dicho inmueble había sido adquirido por el Instituto de Desarrollo Agrario (ver declaración de parte, en audiencia oral, celebrada el 18 de enero del 2013); j) En la actualidad, aproximadamente un 75% del terreno es montaña y bosque secundario, sumamente quebrado, donde abundan las especies forestales y la vida silvestre, tiene la forma de una microcuenca hidrográfica por la cual brota y discurren varios nacientes que desembocan en el Río Drake, la parte restante es tacotal con algunos repastos y apartos abandonados y en mal estado de conservación, los carriles se conservan limpios (ver reconocimiento judicial en dvd, practicado por este Tribunal el 18 de enero del 2013 y croquis y declaración de parte, dvd, segmento 32); k) [Nombre4] , aparece en el censo de Agosto de 1979, por el Departamento de Selección de Beneficiarios del ITCO, con un tereno de 60 hectáreas y con una posesión de 12 años aproximadamente, en el sector de Rancho Quemado (ver documentos ordenados como prueba para mejor proveer e incorporados al escritorio virtual; l) Que [Nombre5] fue censado como ocupante No. 1194, con una parcela de 50 hectáreas aproximadamente, y con una ocupación aproximada de 13 años, en el censo del Instituto de Desarrollo Agrario de 1976 (Ver documentos ordenados como prueba para mejor proveer e incorporados al escritorio virtual). ll) Don [Nombre1] es conocido como "[Nombre6]" y, según su cédula de identidad como [Nombre1] (ver declaración de parte, dvd, segmento 32); m) Cuando [Nombre1] le compró las mejoras a [Nombre4] , lo que tenía eran cinco hectáreas de potrero, cuadrado y tacotal, el resto era montaña (ver declaración de parte, dvd, segmento 32); n) [Nombre1] sabía que el terreno pertenecía a Osa Productos Forestales y que luego ésta le vendió o fue adquirido por el Instituto de Tierras y Colonización (ver declaración de parte, dvd, segmento 32); ñ) El señor [Nombre1] realizó tramites ante el Instituto de Desarrollo Agrario para obtener título de su propiedad, sin embargo, no se concretó porque no se midió la finca ((ver declaración de parte, dvd, segmento 32); o) Aparte del terreno que adquirió [Nombre1] , no adquirió de otras personas otro terreno (ver declaración de parte, dvd, segmento 32); p) El representante de la actora, ejerció como actos posesorios el cultivo de maíz, frijoles, platano, cuadrado, arroz, y ganadería, vivió en la propiedad, donde crió a sus hijos, hasta hace como cinco años que se trasladó a otro sitio de la zona, nunca se le reclamó la posesión por parte del Instituto de Desarrollo Agrario (ver declaración de parte, dvd, segmento 32); q) Aproximadamente a mitad de la colindancia por el sur, donde termina el carril, y da inicio a la cerca de alambre de púas -colindancia con [Nombre7] -, se nota existe cerca a tres hilos de alambres, con postes vivos y muertos, bien definida, y dentro del inmueble tacotal, luego existen repastos recientemente limpios con aproximadametne cuatro apartos, no hay construcciones, y la cerca continúa, con postes de madera vivos de gmelina y madero negro por la colindancia oeste, hasta aproximadamente la mitad de la misma, con cercas de alambre de púas a cuatro hilos, a la cual se le ha dado mantenimiento, entre los repastos, charral y tacotal suman aproximadamente veinticinco hectáreas de terreno, igualmente se observan árboles frutales y maderables, un camino interno hecho con tractor desde la entrada a la propiedad hasta la quebrada, el resto del inmueble es bosque debidamente conservado (ver reconocimiento judicial y declaración de parte). r.) El 100% del área descrita por el Plano Catastrado P-703608-2001, se encuentra dentro de la Reserva Forestal Golfo Dulce, es Patrimonio Natural del Estado en administración del Sistema Nacional de Areas de Conservación (ver prueba para mejor proveer, incluida en Escritorio virtual el 24 de enero del 2013). *
IV.Igualmente, se prohija lo dispuesto en cuanto a hechos indemostrados. Igualmente se tiene por no demostrado b) Que el terreno adquirido y poseído por [Nombre1] , de [Nombre4] , tuviera una extensión de más de sesenta hectáreas. No hay suficientes elementos de juicio sobre ello. *
V.El a-quo, en sentencia No. 59-2012 de las 10 horas del 2 de mayo del 2012 rechazó la demanda ordinaria agraria de Las Aguas Saltantes LAS Sociedad Anónima contra el Instituto de Desarrollo Agrario y contra el Estado. Acogió la contratademanda interpuesta por el Instituto de Desarrollo Agrario, hoy Instituto de Desarrollo Rural, ordenando la restitución y la puesta en posesión del inmueble una vez firme la sentencia. Además, condenó en costas a la actora-reconvenida. *
VI.El apoderado de la actora apeló. Muestra su disconformidad con el a-quo en el fundamento del fallo al establecer: a) que se exigió demostrar el derecho derivado, aduciendo que la actora adquirió de otros cuya calificación de "ocupantes" les hacía sabedores de que la finca pertenecía a Osa Productos Forsetales S.A. o bien al Instituto accionado; b) exigió una posesión por espacio de 51 años, es decir anterior al 28 de abril de 1968, antes de al creación de la Reserva Forestal de Golfo Dulce, hecho que se tuvo por indemostrado; c) Sostiene una aparente incongruencia entre lo declarado por los testigos, en relación a la documental de cesión de derechos de [Nombre8] a [Nombre1] , prueba que no es absoluta, sino que puede ser ampliada por testimonios, siendo que la carta venta se ejecutó en 1974, y por un error se indicó que fue en 1964; d) El proceso de venta al IDA, por el cual adquirió el Estado fue a través de una expropiación para solucionar el conflicto de las ocupaciones y posesiones, por ello, al analizar el justo título, el a-quo concluye que al haber sido censados el trasmitente y mi mandante en el IDA, específicamente [Nombre1] , escapa a su esfera de derechos ser poseedora; lo cual considera no lleva razón pues si fueron censados fue con promesas de que el IDA les daría escritura, pero eso no significa que ellos reconociera que el IDA era propietario de sus fincas; e) En cuanto a la posesión aduce que la creación de la Reserva Golfo dulce es de 1978 y se ha establecido con testimonial que la posesión de quien le vendió a [Nombre1], el señor [Nombre4] data de inicios de los años 60, luego de algunos años de vivir ahí cedió sus derechos al señor [Nombre1].
La carta venta entre [Nombre4] y [Nombre1], aduce, demuestra que [Nombre1] tenía más de diez años de posesión. Por ello aduce, con la declaración de los testigos y la documental la posesión ejercida si alcanzaría 10 años de anterioridad a la creación del área protegida, siendo que el IDA no presentó ninguna prueba que la contradiga, intentando con ello evitar el reconocimiento de derechos existentes cuando expropió; el a-quo declaró sin lugar la demanda porque el contrato de compraventa tiene fecha de 1964, lo cual contraviene el testimonio de [Nombre9] que testificó que la misma se dio entre 1970 y 1974, restandole valor a la prueba documental y testimonial, siendo que por un error material en la compraventa se varió el año, pero ello fue aclarado con la documentación aportada para mejor resolver, donde el poseedor original, [Nombre4] (declaración jurada) reconoce la misma que vivió ahí ejerciendo actividades agrícolas desde principios de los años sesenta.
Además, subraya, es el señor [Nombre1] quien posee y trabaja la finca, siendo parte de la sociedad, por lo que existe una confusión entre la persona física, socia y representante de la persona jurídica. f) Aduce que la prueba fue valorada erróneamente en los siguientes extremos: El testigo [Nombre9] no solo testificó ser testigo de la carta-venta de 1974, sino también señaló que cuando llegó a [Nombre10] cuatro años antes, [Nombre4] ya estaba en la propiedad, lo que demuestra que el estaba antes de 1970; se encontraba antes de que entrara en vigencia la Ley del IDA, siendo que la cadena posesoria ha sido a título de buena fe, antes de la creación de la reserva y de que el inmueble llegara a formar parte del patrimonio del IDA; siendo además una posesión pacífica y ininterrumpida; en materia de posesión de tieras, aduce, no se debe tomar de base para otorgar título el reconocimiento de la posesión, el ser calificado o no como beneficiario, lo que se toma en cuenta es la posesión como acto formal y material.
El mismo señor Mario Jiménez, aduce, se le recomendó para que se reconociera la posesión y le otorgara el título. La usucapión agraria, señala, permite aprovechar la posesión de los transmitentes, debiéndose tener por demostrado el justo título y la buena fe. g.- Considera la sentencia sumamente complaciente a los intereses de la accionada, no debería enquipararse los requisitos de la usucapión civil con la agraria, pues demostró la posesión diez años antes de la creación de la Reserva, lo que se acredita con las constancias emitidas por el Instituto, a los que se les tiene como poseedores en los censos. h.) Tampoco está conforme con la contrademanda, ordenando la anulación de los trapasos de mejoras y derechos de posesión que hiciera entre [Nombre1] , [Nombre2] y [Nombre3] y este último a la actora, ya que no existe norma jurídica aplicable, ya que el artículo 67 de la Ley 2825 se refiere a la nulidad de escritura sin autorización previa del IDA de su parcela, pero aquí no se está en presencia de beneficiarios. i.) Respecto al hecho no probado, considera que si está demostrada una posesión superior a los diez años antes de 1968, lo que se demuestra con la posesión originaria, pero también la transmitida por anteriores poseedores, siendo que el señor [Nombre1], en lo personal adquirió de [Nombre4] desde 1974, que para ese entonces tenía una posesión de mas de diez años, posesión que [Nombre1] le trasmitió a los demás poseedores incluyendo a la sociedad actora, posesión quieta, pública, pacífica e iningterrumpida a título de dueño, nunca perturbada y que ha sido de amplio conocimiento por parte del Instituto de Desarrollo Agrario. *
VII.Es importante mencionar que recientemente la Sala Constitucional refiriéndose al tema de la función y la estructura de los derechos reales indicó lo siguiente: IV.-SOBRE EL DERECHO DE PROPIEDAD. El artículo 45 de la Constitución Política consagra el derecho de propiedad, y lo hace de la siguiente manera: "La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley. En caso de guerra o conmoción interior, no es indispensable que la indemnización sea previa. Sin embargo, el pago correspondiente se hará a más tardar dos años después de concluido el estado de emergencia. Por motivos de necesidad pública podrá la Asamblea Legislativa, mediante el voto de los dos tercios de la totalidad de sus miembros, imponer a la propiedad limitaciones de interés social" *
...Este Tribunal Constitucional, a partir del año 1990, reconoce más claramente el carácter dinámico del derecho de propiedad, y la posibilidad de imponer dentro de su estructura - conjunto de derechos y obligaciones del propietario- limitaciones de interés social, para evitar el ejercicio antisocial o abusivo de ese derecho que no es ilimitado. Dentro de dicho contexto reconoce, implícitamente, la existencia de propiedades especiales, con particularidades distintas atendiendo a la naturaleza del bien de que se trate, y su función específica: “El poder del propietario sobre la propiedad está determinado por la función que ésta cumpla. El objeto del derecho de propiedad ha sufrido transformaciones importantes. Actualmente, no sólo se tutela el derecho de los propietarios, sino también diversos intereses generales o sociales que coexisten con aquél. El derecho objetivo enmarca del contenido de los derechos subjetivos.
Cada objeto de derecho implica una peculiar forma de apropiación. Así por ejemplo las facultades del dominio relativas a un fundo agrícola son muy distintas de las correspondientes a una finca ubicada en el sector urbano de intensa utilización. “Dichas limitaciones, según la Sala Constitucional, deben ser razonables y no vaciar el contenido del derecho, pues pasaría a ser una privación total del mismo (Sala Constitucional, No. 5097-93 de las 10:24 horas del 15 de octubre de 1993).- 4.- DE LOS LÍMITES Y LIMITACIONES, A PROPÓSITO DE LA PROPIEDAD AGRARIA Y FORESTAL. La doctrina (ALBALADEJO, Manuel. Derecho Civil, Tomo III, Derecho de bienes, Barcelona, 8ª edición, 1994, páginas 259 a 262) ha distinguido entre límites y limitaciones del derecho de propiedad, en el contexto del contenido de ese derecho. Según ALBALADEJO, el contenido normal del derecho de propiedad debe enmarcarse mediante la indicación de los límites del dominio: “A veces el límite consiste en que el propietario no puede hacer algo; otras en que tiene el deber de hacerlo, quitándosele así la libertad de omitirlo (por ejemplo, la de no revocar la fachada del inmueble o la de no cultivar la finca rústica)...
Como los límites del dominio constituyen régimen normal del mismo, ni hace falta un acto especial para imponerlos a cada cosa en particular, ni hay que probarlos... sino que basta invocar (cuando proceda) la norma jurídica que los establece. Por el contrario, tratándose de limitaciones han de establecerse por un acto especial relativo a la cosa de cuya propiedad se trata, y, como son excepcionales, han de ser probadas, pues, en otro caso, la propiedad se presume libre de ellas” (íbid, p. 262). Estos pueden establecerse por razones de interés privado, o por razones de interés público, siendo estos últimos los predominantes. Por ejemplo, los establecidos en la Ley de Aguas o en la Legislación especial agraria o ambiental. La Corte Plena, actuando como Tribunal Constitucional, hizo la distinción entre los límites y limitaciones al derecho de propiedad: “Tradicionalmente se han usado como sinónimos “límites” y “limitaciones”, pero ya hoy día se hace la diferencia entre ambos términos, para entender como “límites” los que son impuestos por la ley en forma generalizada sin referirse a una cosa o a un propietario individualizados, se aplican a todos los que están en una misma situación; mientras que las “limitaciones” por regla general son impuestas voluntariamente por los propietarios, aunque sea con base en la ley, y siempre para casos concretos...
Pero nótese que la votación de dos tercios no constituye autorización para imponer toda clase de limitaciones a la propiedad, pues el texto se refiere únicamente a las de “interés social” (Corte Plena, Sesión Extraordinaria, del 25 de marzo de 1983). * La Corte Plena señaló muy claramente el principio de la función económica social de la propiedad, como una restricci ón impuesta a la propiedad con efectos generales. Específicamente, en el ámbito de la propiedad forestal, la Jurisprudencia estableció la importancia de las limitaciones desde el punto de vista ambiental: “En el recurso se alega la inconstitucionalidad de los artículos 30, 7l, 88, 98, l0l, incisos b) y d), l03, l04 y l05 de la Ley Forestal por encontrarlos lesivos de lo dispuesto en el artículo 45 constitucional, pues según el criterio del recurrente, el primer artículo citado atenta contra la inviolabilidad de la propiedad al exigir aprobación de la Dirección General Forestal para poder efectuar trabajos de eliminación de bosques con el objeto de realizar colonizaciones o parcelación de tierras o cualquier empresa agrícola o ganadera, toda vez que con esas (sic) intromisión del Estado se pone en manos de éste la facultad de administrar la propiedad privada.
A lo anterior es de señalar que ningún choque se produce entre el artículo 30 de la Ley Forestal y el 45 de la Constitución Política, pues el derecho de propiedad no es absoluto. En efecto, si bien el constituyente declaró categóricamente que la propiedad es inviolable, de seguido estableció restricciones a ese principio, una de ellas la posibilidad de expropiación "por interés público legalmente comprobado", y por otra en que se dispone que la Asamblea Legislativa puede imponer a la propiedad limitaciones de interés social "mediante el voto de los dos tercios de la totalidad de sus miembros", de donde debe concluirse que la primera declaración tiene dos limitantes referidas al interés público y al interés social. El concepto clásico de propiedad que la tenía como absoluta y sin límites, ha variado notablemente, permitiendo ahora que se impongan "limitaciones de interés social", conforme lo autoriza el párrafo segundo del artículo 45, con lo cual ha sido posible que el legislador estableciera, como función esencial del Estado, la de "velar por la protección, aprovechamiento, conservación y fomento de los recursos forestales del país" (artículo 1º de la Ley Forestal), función que se cumple con la serie de restricciones que la citada Ley impone a la explotación de los bosques.
De la misma norma constitucional se concluye que esos límites no son un desconocimiento del derecho de propiedad, como lo alega el recurrente, sino una limitante para lograr el cumplimiento de fines superiores, más importantes que los estrictamente individuales en favor del propietario, sean los de la comunidad y de las futuras generaciones que deben contar con recursos forestales, incluso en protección del ambiente y la sanidad... Es cierto que se le ha limitado en su ejercicio, en protección de los intereses forestales del Estado que procuran la conservación de los recursos naturales y la sanidad ambiental;* pero ello está permitido por la norma constitucional que el propio recurrente estima lesionada... VIII.- Ya en forma reiterada esta Corte ha dicho que el ejercicio de las libertades acordadas por la Constitución no es absoluto, y que pueden ser objeto de reglamentación y aún de restricciones cuando se encuentren de por medio intereses superiores.
Mal podría tildarse de inconstitucional, por ejemplo, el artículo 371 de la Ley General de Salud, en cuanto reprime con prisión a quien cultivare plantas de adormidera, coca o marihuana, por atentar contra la libertad de agricultura establecida en el artículo 46 de la Constitución, norma que el recurrente estima como violada por las restricciones que a la labor agrícola impone la Ley Forestal. Y si se toma en consideración el criterio ya externado de que esa Ley protege intereses de mayor rango que los meramente individuales del poseedor o propietario de terrenos sometido a regulación forestal, se concluye aquí también que las restricciones que se acusan de inconstitucionales no lesionan la garantía del artículo 46 de la Carta Política, pues ya se dijo que lo que ha hecho el Estado es restringir por razones de interés social el ejercicio de los atributos de la propiedad. IX. La Ley Forestal pretende proteger los recursos naturales, circunstancia que incide en la organización de la producción.
Los recursos hidrológicos, los cambios ambientales, la sanidad del lugar son factores que influyen en la producción agropecuaria y se encuentran directamente relacionados con los recursos forestales de la zona; por ello las regulaciones sobre explotación forestal no lesionan sino que, por el contrario, afirman la garantía constitucional del artículo 50, en cuanto dispone que el Estado debe organizar la producción. X. Con la Ley Forestal no se le está impidiendo al recurrente la posibilidad de lograr trabajo, honesto y útil, con el que procure por la subsistencia y bienestar de él y de su familia. Es indudable que el derecho que otorga el artículo 56 de la Constitución Política no es irrestricto, pues se encuentra sometido a las leyes y reglamentos respecto a la modalidad y condiciones de ejercerlo. Así el señor Elizondo Villegas puede dedicarse a la agricultura si ése es su deseo; pero en ejercicio de tal derecho no le es lícito actuar contra la legislación vigente que protege los recursos forestales y regula la producción agrícola.
Existen cultivos prohibidos (como el señalado anteriormente, la marihuana), y prácticas agrícolas restringidas (como las quemas), por normas jurídicas que imposibilitan a los agricultores para dedicarse a esos cultivos o utilizar las prácticas dichas. Sin embargo, esas normas no son inconstitucionales, pues no restringen ilegítimamente el derecho al trabajo, sino que lo regulan para salvaguardar otros intereses de mayor rango que garantizan la convivencia, fin último al que tiende el sistema jurídico" (Corte Plena, sesión extraordinaria celebrada el l7 de mayo de l984). * Este Tribunal Constitucional, a partir del año 1990, reconoce más claramente el carácter dinámico del derecho de propiedad, y la posibilidad de imponer dentro de su estructura - conjunto de derechos y obligaciones del propietario- limitaciones de interés social, para evitar el ejercicio antisocial o abusivo de ese derecho que no es ilimitado.
Dentro de dicho contexto reconoce, implícitamente, la existencia de propiedades especiales, con particularidades distintas atendiendo a la naturaleza del bien de que se trate, y su función específica: * “El poder del propietario sobre la propiedad está determinado por la función que ésta cumpla. El objeto del derecho de propiedad ha sufrido transformaciones importantes. Actualmente, no sólo se tutela el derecho de los propietarios, sino tambi én diversos intereses generales o sociales que coexisten con aquél. El derecho objetivo enmarca del contenido de los derechos subjetivos. Cada objeto de derecho implica una peculiar forma de apropiación. Así por ejemplo las facultades del dominio relativas a un fundo agrícola son muy distintas de las correspondientes a una finca ubicada en el sector urbano de intensa utilización.” Dichas limitaciones, según la Sala Constitucional, deben ser razonables y no vaciar el contenido del derecho, pues pasaría a ser una privación total del mismo (Sala Constitucional, No. 5097-93 de las 10:24 horas del 15 de octubre de 1993). *
La usucapión es un modo originario de adquirir un derecho real poseíble por el transcurso del tiempo con los requisitos de ley. El efecto jurídico adquisitivo de la usucapión se produce de manera automática con el transcurso del tiempo unido a una posesión hábil que reúna las condiciones fijadas para la posesión ad usucapionem, y a los demás requisitos establecidos en la ley. En términos generales, el Código Civil establece como requisitos para la prescripción positiva: el título traslativo de dominio, la buena fe, y la posesión en condiciones específicas. (…) * Ahora bien, como último requisito contemplado en el artículo 853 para la prescripción positiva se tiene la posesión. La esencia del instituto de la usucapión está ligado con la disciplina de la posesión. Al ejercicio de la posesión durante un plazo determinado y en condiciones especiales -pública, pacífica, continua y en calidad de titular del derecho ostentado-, se suman los requisitos que el ordenamiento establece para la usucapión, justo título y buena fe.
La posesión como derecho real implica la relación entre una persona y la cosa. Constituye uno de los elementos separados que forman el dominio (artículo 264 Código Civil). El derecho de posesión puede ser adquirido independientemente del dominio pleno bajo ciertas circunstancias que el Código Civil regula en el artículo 279 -por consentimiento del propietario, por el hecho de conservar la posesión por más de un año y porque la ley autorice al acreedor a retener la cosa de su deudor o mande que todos o algunos de sus bienes pasen a un depositario-. * (…) En ese sentido, la posesión ad usucapionem es una forma más rigurosa o calificada de posesión que se diferencia de la genérica. Los requisitos que la ley exige para que la posesión sea apta para la prescripción positiva se regulan en el artículo 856 del Código Civil. La jurisprudencia, integrando conceptos doctrinarios, ha desarrollado el contenido de esos requisitos.
En ese sentido, en relación con la posesión en calidad de propietario se ha señalado que lo que el Código Civil quiere decir es posesión en calidad de titular del derecho ostentado (…) “(lo destacado no corresponde al original) * Del mismo modo, en la doctrina del Derecho Civil y Derechos Reales se ha puntualizado que el ordenamiento jurídico reconoce la usucapión como modo de adquirir la propiedad de un bien inmueble, a fin de brindar seguridad jurídica a las relaciones sociales y, consecuentemente, propiciar la paz social. Existen varias teorías que fundamentan la usucapión: en primer lugar, una teoría subjetiva que explica que el fundamento jurídico de la definitiva adquisición por el usucapiente es la negligencia o abandono del titular contra quien usucape; en segundo lugar, una teoría objetiva que indica que la ratio iuris de la usucapión está en la protecci ón del interés público, los intereses sociales y la seguridad jurídica.
El Derecho busca proteger la apariencia creada con la situación posesoria en que se encuentra el usucapiente y el aseguramiento de la estabilidad económica (véase, [Nombre12] , María Luisa y “Derechos Reales e Inmobiliario Registral: Esquemas de Derecho Civil” .Editorial Arazandi, 2010, España). Mediante la usucapi ón se transforma el estado de hecho a un estado de derecho a fin de garantizar seguridad jurídica de los intereses individuales y en las relaciones jurídicas (del usucapiente frente a otros sujetos). La usucapión genera un título real y válido, de manera gratuita, que se transforma en una adquisición de la propiedad. Por medio de la firmeza de la adquisición se dará seguridad a las relaciones jurídicas por cuestiones de interés público (ver, [Nombre13] , Manuel. “Compendio de Derecho Civil” .Editorial José María Bosch, 2007, España). VI.- Sobre los bienes de dominio público, la presunción de demanialidad y las reservas de dominio público.
Para tener una mejor comprensión del tema que se está estudiando en esta consulta, debe también hacerse referencia a las nociones de bienes de dominio público, la presunción de demanialidad, así como a las reservas de dominio público, todos ellos conceptos importantes para la adecuada resolución del sub examine. Sobre los bienes de dominio público, esta Sala ha tenido reiteradas oportunidades para desarrollar la temática. Por ejemplo, en la sentencia número 1991-2306 de las 14:45 horas del 6 de noviembre de 1991, reiterada en la sentencia número 2004-09217 de las 15:25 horas del 25 de agosto de 2004, este Tribunal estableció lo siguiente: * “(…) el dominio público se encuentra integrado por bienes que manifiestan, por voluntad expresa del legislador, un destino especial de servir a la comunidad, al interés público. Son los llamados bienes dominicales, bienes dominiales, bienes o cosas públicas o bienes públicos, que no pertenecen individualmente a los particulares y que están destinados a un uso público y sometidos a un régimen especial, fuera del comercio de los hombres.
Es decir, afectados por su propia naturaleza y vocación. En consecuencia, esos bienes pertenecen al Estado en el sentido más amplio del concepto, están afectados al servicio que prestan y que invariablemente es esencial en virtud de norma expresa. Notas características de estos bienes, es que son inalienables, imprescriptibles, inembargables, no pueden hipotecarse ni ser susceptibles de gravamen en los términos del Derecho Civil y la acción administrativa sustituye a los interdictos para recuperar el dominio. Como están fuera del comercio, estos bienes no pueden ser objeto de posesión, aunque se puede adquirir un derecho al aprovechamiento, aunque no un derecho a la propiedad. El permiso de uso es un acto jurídico unilateral que lo dicta la Administración, en el uso de sus funciones y lo que se pone en manos del particular, es el dominio útil del bien, reservándose siempre el Estado, el dominio directo sobre la cosa.
La precariedad de todo derecho o permiso de uso, es consustancial a la figura y alude a la posibilidad que la administración, en cualquier momento lo revoque, ya sea por la necesidad del Estado de ocupar plenamente el bien, por construcción de una obra pública al igual que por razones de seguridad, higiene, estética, todo ello en la medida que si llega a existir una contraposici ón de intereses entre el fin del bien y el permiso otorgado, debe prevalecer el uso natural de la cosa pública. En consecuencia, el régimen patrio de los bienes de dominio público, como las vías de la Ciudad Capital, sean calles municipales o nacionales, aceras, parques y demás sitios públicos, los coloca fuera del comercio de los hombres y por ello los permisos que se otorguen serán siempre a título precario y revocables por la Administraci ón, unilateralmente, cuando razones de necesidad o de interés general así lo señalen” (lo destacado no corresponde al original) * Por consiguiente, los bienes de dominio público se caracterizan por: a) existir una voluntad expresa del legislador; b) un destino especial de servir a la comunidad, al interés público; c) estar destinados al uso público; d) estar afectados al servicio que prestan; e) encontrarse sometidos a un régimen especial fuera del comercio de los hombres; f) no pertenecer individualmente a los particulares, y; g) pertenecer al Estado en su concepci ón más amplia.
Además, son inalienables, imprescriptibles, inembargables, no pueden hipotecarse ni ser susceptibles de gravamen, no pueden ser objeto de posesión, se puede adquirir un derecho al aprovechamiento pero no a la propiedad, la acción administrativa (potestades de autotutela y policía) sustituyen a los interdictos para recuperar el dominio y, finalmente, los permisos o las meras ocupaciones de hecho se realizan a título precario. * Por su parte, en la sentencia número [Telf1] de las 9:27 horas del 28 de junio de 1996, esta Sala distinguió entre la afectación de un bien y la asignación del bien a un fin público, de la siguiente forma: “Un bien público puede ser natural o artificial, según se trate de bienes declarados públicos por el legislador considerándolos en el estado en que la naturaleza los presenta u ofrece (un río por ejemplo), o de bienes declarados públicos por el legislador pero cuya creación o existencia depende de un hecho humano (construcci ón de una calle o un parque público, por ejemplo).
En nuestra legislación para definirlo, el artículo 261 del Código Civil sigue el concepto de la afectación al fin público, al expresar que "Son cosas públicas las que, por ley, están destinadas de un modo permanente a cualquier servicio de utilidad general, y aquellas de que todos pueden aprovecharse por estar entregadas al uso público". La afectación es el hecho o la manifestación de voluntad del poder público, en cuya virtud la cosa queda incorporada al uso y goce de la comunidad y puede efectuarse por ley o por acto administrativo. La doctrina hace la distinción entre "asignación del carácter público" a un bien con la "afectación" de ese bien al dominio público. La asignación del carácter público significa establecer que ese bien determinado tendría calidad demanial; así, por ejemplo, la norma jurídica general diría que todas las vías públicas son integrantes o dependientes del dominio público y ello quiere decir que lo son las actuales y las que se lleguen a construir.
En cambio, la afectación significa que el bien declarado dominial queda efectivamente incorporado al uso público y esto tiene que ver con la aceptación y recibo de obras públicas cuando se construyen por administración o por la conclusión de las obras y su recibo oficial, cuando es un particular el que las realiza (construcción de una urbanización o fraccionamiento, por ejemplo). Es por esto que se dice que la afectación puede ser declarada por ley en forma genérica, o bien por un acto administrativo, el cual, necesariamente, deberá conformarse con la norma jurídica que le sirve de referencia (principio de legalidad)” * Entonces, la única forma de que un particular pueda alegar algún tipo de derecho (aunque restringido) es que la Administración le haya otorgado una concesión o un permiso. Asimismo, la Sala en sentencia número [Telf2] de las 15:45 horas del 22 de diciembre de 1993, distinguió los bienes del Estado en públicos y privados: "(...) que el patrimonio del Estado se califica en dos clases de bienes del dominio fiscal o privado y del dominio público.
Los primeros se caracterizan porque son fuentes de rentas para el Estado, son enajenables, prescriptibles y en consecuencia, están en el comercio de los hombres; los de dominio público no le producen al Estado rentas de ninguna especie y se caracterizan por la gratuidad y la generalidad del uso para todos los individuos de la nación, son inalienables, imprescriptibles y están fuera del comercio". Una característica fundamental de los bienes de dominio público es la presunción de demanialidad. Esta hace que dichos bienes sean excluidos del ordenamiento jurídico común que regula la propiedad ordinaria, lo que implica la existencia de un régimen jurídico propio, singular y privativo, regulado por el Derecho Administrativo, existiendo un derecho-deber del Estado de la tutela o protección del dominio público. Al respecto, en la sentencia número 1996-003145 de las 09:47 horas del 28 de junio de 1996, esta Sala estableció: * “IV.- LA PRESUNCION DE LA NATURALEZA DEMANIAL DE LOS BIENES.
La especial categoría de los bienes demaniales, hace que sean excluidos del ordenamiento jurídico común de la propiedad ordinaria, como ha quedado dicho en los considerandos anteriores, lo que implica la existencia de un régimen jurídico propio, singular y privativo, regulado por el Derecho administrativo y dentro de ese contenido se desarrolla el principio del privilegio de la recuperación posesoria de oficio del bien afectado, en virtud del cual, la Administración puede recobrar la posesión perturbada de sus bienes sin necesidad de acudir al juez y sin perjuicio de que el mejor derecho se discuta en la vía jurisdiccional. A este principio pertenecen las figuras jurídicas que se encuentran en los artículos que se cuestionan en esta acción; es decir, la presunta afectación e incorporación del bien al servicio público, que implica también la presunción de la demanialidad del bien, y como consecuencia de ello, la posibilidad de la exclusión del deber de registrar esos bienes y todo ello, como parte del derecho-deber del Estado de la tutela o protección del dominio público.
El ejercicio efectivo de la tutela debe tener como fin hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra el dominio público, pudiendo la Administraci ón utilizar la fuerza -poder de policía sobre el dominio público- en su defensa. Pero este principio general, por lo extraordinario y privilegiado que es, y por tener que convivir con el enunciado fundamental de la inviolabilidad de la propiedad (artículo 45 constitucional), supone, cuando menos, o que el derecho de propiedad sobre el bien sea manifiesto o que el carácter público del bien sea indubitable, de tal modo que no es posible utilizar el privilegio cuando existan cuestiones patrimoniales razonables sobre el bien, sea que se estén debatiendo en la vía administrativa o en la jurisdiccional. Es decir, la presunción de la dominialidad del bien tiene íntima relación con los modos que tiene la Administración disponibles para adquirir bienes y derechos, que en términos muy generales, son los mismos medios que tiene el particular para hacerlo con relación a la propiedad común, salvo lo ya dicho sobre la necesidad de una ley ordinaria para crear la categoría de que se trate y de la necesaria voluntad para dictar la afectación al uso público.
Todo esto conduce al examen particular del régimen de privilegio que está inmerso en los textos de las normas cuestionadas. Lo que se ha dicho hasta ahora, está dirigido a señalar que, a juicio de la Sala, el privilegio que protege la demanialidad, puede y debe ser utilizado por la Administración cuando no existe ninguna duda sobre el carácter público del bien involucrado. Esto significa que ese mecanismo de exclusión, debe ser razonable y proporcionado: razonable en el uso que debe hacer la Administración de él, para que no sea excesivo, arbitrario o que resulte en un instrumento que ampare el abuso del poder; proporcionado entre los fines que cumple el bien que se pretende sea demanial y los medios utilizados por la Administración para incorporarlo a ese régimen. En otras palabras, en el uso del privilegio de exclusión en favor de la Administraci ón, también está incorporado el principio de la interdicción de la arbitrariedad (...)” (lo resaltado no es del original) * A efectos de resolver esta consulta, debe aclararse que la Sala parte de la premisa de que los inmuebles no reducidos a propiedad particular, pertenecen al Estado, como expresamente regula el artículo 486 del Código Civil.
De esta forma, el ordenamiento jurídico ha estatuido una presunción a favor del Estado en el sentido que este es propietario de todos aquellos inmuebles no reducidos a propiedad particular. Todo lo anterior es acorde con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Tierras y Colonización, en el cual se establece que “Mientras no se pruebe lo contrario, pertenecen al Estado en carácter de reservas nacionales: …b) Los que no estén amparados por la posesión decenal”. Por lo que resulta más que evidente que los inmuebles inscritos posteriormente mediante información posesoria, soportan la reserva a favor del Estado, que si bien permite su titulación, para garantizar el acceso a la propiedad agraria, también el legislador ha dejado claro que quedan afectos a los fines de utilidad pública de carácter general. Por consiguiente, no existen bienes inmuebles susceptibles de ser categorizados como “res nullius”, pues lo no reducido a propiedad particular es del Estado.
De tal presunción, entre otros efectos prácticos, deriva la obligación, en un proceso de titulación de terrenos, mediante el trámite de Información Posesoria, de tener como parte cuando menos a la Procuraduría General de la República en su condición de representante estatal y al Instituto de Desarrollo Agrario, como órgano encargado de administrar la propiedad agraria pública. Emana entonces del mencionado numeral un dominio primigenio estatal, anterior a cualquier detentación de particulares. Esta característica faculta al Estado a imponer condiciones especiales de usucapión, como en este caso la de reserva de dominio público. De esta forma, cuando el Estado permite a un particular prescribir positivamente un bien inmueble, lo hace bajo el entendido que una porción del 12% se encuentra afectada a dominio público y es imprescriptible. (Sentencia de la Sala Constitucional, No. 2012-16629 de las 16:31 del 28 de noviembre del 2012) *
VIII.Este Tribunal, en un caso similar al que ahora nos ocupa, en Voto No. 721-F-03 DE LAS CATORCE HORAS SIETE MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DEL DOS MIL TRES resolvió lo siguiente: "VIII.- En cuanto a los agravios planteados por la parte demandada, y para una mejor comprensión de lo que se va a resolver, el Tribunal ha procedido a realizar un análisis de la legislación agraria y ambiental, así como de los antecedentes Jurisprudenciales, a fin de darle al conflicto una solución apropiada y acorde a los principios constitucionales, legales y jurisprudenciales. En los próximos considerandos se realizará dicho análisis (VIII-XXII), y posteriormente se conocerá de los agravios del recurrente -demandado. *
IX.Desde el siglo pasado, nuestro Constituyente se ha preocupado por regular el Instituto de la Propiedad como uno de los derechos fundamentales del Ser Humano. La propiedad fue la máxima expresión en el ámbito de la libertad económica del ciudadano. Se concibió como un derecho sagrado, absoluto e inviolable. Sin embargo, desde la Constitución de 1821, se establece la posibilidad de imponer limitaciones a través de la Ley. Ello fue evidente con la promulgación de la legislación especial agraria. Lo cierto es que nuestro Constituyente nunca se ocupó de indicar cuál sería el contenido mínimo o esencial del derecho de propiedad. Es al legislador a quien corresponde establecer dicho contenido mínimo y esencial, a través de las limitaciones al derecho, y es al Tribunal Constitucional, a quien le corresponde ejercer el control de esa facultad legislativa, para evitar que por la vía de las limitaciones se prive del dominio a los titulares.
El artículo 45 de la Constitución Política, es la norma que hace referencia explícita al Derecho de propiedad. Tal norma dispone: "La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley. En caso de guerra o conmoción interior, no es indispensable que la indemnización sea previa. Sin embargo, el pago correspondiente se hará a más tardar dos años después de concluido el estado de emergencia. Por motivos de necesidad pública podrá Asamblea Legislativa, mediante el voto de los dos tercios de la totalidad de sus miembros, imponer a la propiedad limitaciones de interés social." Como lo ha dicho en forma reiterada la Jurisprudencia Constitucional, los dos párrafos de la norma constitucional, se originaron en momentos históricos diferentes: uno influenciado por los principios y valores del Estado Liberal, y otro por los derechos económicos y sociales propios del Estado Social de Derecho.
Ahora bien, la pregunta que nace de inmediato es: Se trata de una sola propiedad o puede admitirse diversos tipos de propiedades (?). Indudablemente, la distinta naturaleza y función de los bienes, nos impone la distinción entre “las”propiedades. Sin duda alguna, la Constitución Política reconoce, como en la mayoría de constituciones modernas, la propiedad como Institución. Y como tal, es una sola. Sin embargo, respecto del derecho de propiedad como derecho subjetivo hoy se distinguen "las propiedades", a partir de la doctrina italiana del Profesor Salvatore Pugliatti, pues sin duda difieren en su función y en su estructura. La función de la propiedad está referida a la utilidad social del bien, a su diversa naturaleza productiva:* * así podríamos hablar de naturaleza agrícola, ganadera, forestal, urbana, etcétera. Y la estructura, referida al conjunto de derechos y obligaciones del propietario los cuales, van a diferir dependiendo de la función que le venga asignada al bien.
En otros términos, los derechos y obligaciones de un titular de un terreno forestal, son distintos a los derechos y obligaciones del titular de un inmueble ubicado en zona urbana. Hoy esa tesis es compartida por la más sobresaliente doctrina, tanto nacional como internacional, y también por los criterios vertidos por la jurisprudencia. Para nadie es un secreto que el derecho de propiedad, como derecho subjetivo, entraña un conjunto de derechos y deberes, facultades y obligaciones para su titular, las cuales vienen siendo moldeados por la legislación especial agraria, atendiendo a la naturaleza de los bienes sobre los cuales recaiga, y a los nuevos principios y valores que van moldeando el entero ordenamiento jurídico. *
...El legislador impuso a la propiedad, en particular a la propiedad agraria una serie de limitaciones dirigidas a cumplir su función económica y social. La Ley de Tierras y Colonización hace referencia expresa a ambas funciones (Ley de Tierras y Colonización, artículos 6; 21 inciso 1; 58, 142, 144, 150). Por un lado, le impone la obligación al Estado de dotar a personas carentes de tierras o las poseen en forma insuficiente, dotarlos de terrenos suficientes para su desarrollo individual y social (artículo 2). También se establece la obligación de producir la tierra, pues el incumplimiento de esa función económico productiva implicaría eventualmente la expropiación de las mismas si se encuentran incultas, abandonadas, explotadas indirectamente, o insuficientemente cultivadas. Y castiga el ejercicio antieconómico de terrenos aptos para la agricultura destinados a la ganadería (artículo 144). Se le impone a los beneficiarios del Instituto de Desarrollo Agrario, como una de sus obligaciones la conservación de los recursos naturales renovables, pues la falta a estas disposiciones pueden implicar la revocatoria de la parcela. *
XI.La Ley Forestal de 1969(No. 4465 del 25 de noviembre de 1969) también impuso importantes limitaciones a la propiedad agraria tendientes a someter obligatoriamente al régimen forestal aquellos bosques y terrenos que el Poder Ejecutivo considerase indispensables para establecer en ellos zonas protectoras, reservas forestales, reservas nacionales y reservas biológicas. En caso de negativa de los propietarios procedería la expropiación (Ley Forestal, artículo 2 inciso b, 71 y 72). En efecto, a partir de la promulgación de dicha Ley comienza a manifestarse con mayor profundidad la función ambiental de la propiedad. Se contemplan políticas de conservación, forestación y reforestación de los bosques y terrenos, y de promoción, por medio de incentivos, a la actividad forestal. El patrimonio forestal del estado lo constituyen las reservas nacionales, las reservas forestales, los parques nacionales, los viveros forestales del Estado, las zonas protectoras y las reservas biológicas.
“Cuando la conservación del bosque y de los terrenos forestales está inspirada en el propósito de proteger los suelos, o de mantener y regular el régimen hidrológico, el clima o el medio ambiente, las áreas destinadas a esos fines se denominan zonas protectoras. En ellas se detiene el proceso de erosión de los suelos, ya que las raíces de los árboles sujetan y retienen la capa vegetal y las hojas que caen cubren el suelo por donde corre el agua, evitando así que arrastre las partículas de la tierra. Las zonas protectoras pueden estar situadas en propiedad estatal o en propiedad privada. En una y otra se prohíbe las labores agrícolas que impliquen la destrucción de la vegetación. El mantenimiento y regulación del régimen hidrológico es otra función importante de los bosques. Por ello han merecido un tratamiento detallado en la Ley Forestal, la cual declara zonas forestales las que bordean manantiales y una pequeña franja de la ribera de los ríos, arroyos, lagos, lagunas o embalses naturales.
Dentro de las reservas nacionales, son áreas protectoras una ancha franja a uno y otro lado de las riveras de los ríos, y una amplia a uno y otro lado de la depresión máxima de las cuencas hidrográficas. La función de los bosques en relación con las aguas es tan importante que puede trascender del ámbito nacional, como sería el caso de un río que corre por varios países.” (BARAHONA ISRAEL, op. cit., página 706.). *
XII.La doctrina (ALBALADEJO, Manuel. Derecho Civil, Tomo III, Derecho de bienes, Barcelona, 8ª edición, 1994, páginas 259 a 262) ha distinguido entre límites y limitaciones del derecho de propiedad, en el contexto del contenido de ese derecho. Según ALBALADEJO, el contenido normal del derecho de propiedad debe enmarcarse mediante la indicación de los límites del dominio: “A veces el límite consiste en que el propietario no puede hacer algo; otras en que tiene el deber de hacerlo, quitándosele así la libertad de omitirlo (por ejemplo, la de no revocar la fachada del inmueble o la de no cultivar la finca rústica)... Como los límites del dominio constituyen régimen normal del mismo, ni hace falta un acto especial para imponerlos a cada cosa en particular, ni hay que probarlos... sino que basta invocar (cuando proceda) la norma jurídica que los establece. Por el contrario, tratándose de limitaciones han de establecerse por un acto especial relativo a la cosa de cuya propiedad se trata, y, como son excepcionales, han de ser probadas, pues, en otro caso, la propiedad se presume libre de ellas.” ( ibid, página 262).
Estos pueden establecerse por razones de interés privado, o por razones de interés público, siendo estos últimos los predominantes. Por ejemplo los establecidos en la Ley de Aguas o en la Legislación especial agraria o ambiental. Nuestra Jurisprudencia patria hizo la distinción entre los límites y limitaciones al derecho de propiedad: “Tradicionalmente se han usado como sinónimos “límites” y “limitaciones”, pero ya hoy día se hace la diferencia entre ambos términos, para entender como “límites” los que son impuestos por la ley en forma generalizada sin referirse a una cosa o a un propietario individualizados, se aplican a todos los que están en una misma situación; mientras que las “limitaciones” por regla general son impuestas voluntariamente por los propietarios, aunque sea con base en la ley, y siempre para casos concretos... Pero nótese que la votación de dos tercios no constituye autorización para imponer toda clase de limitaciones a la propiedad, pues el texto se refiere únicamente a las de “interés social” (Corte Plena, Sesión Extraordinaria, del 25 de marzo de 1983).
La Jurisprudencia emanada, en aquél entonces de Corte Plena, conociendo como Tribunal Constitucional, señaló muy claramente el principio de la función económica social de la propiedad, como una restricción impuesta a la propiedad con efectos generales. Específicamente, en el ámbito de la propiedad forestal, la Jurisprudencia estableció la importancia de las limitaciones desde el punto de vista ambiental: “En el recurso se alega la inconstitucionalidad de los artículos 30, 7l, 88, 98, l0l, incisos b) y d), l03, l04 y l05 de la Ley Forestal por encontrarlos lesivos de lo dispuesto en el artículo 45 constitucional, pues según el criterio del recurrente, el primer artículo citado atenta contra la inviolabilidad de la propiedad al exigir aprobación de la Dirección General Forestal para poder efectuar trabajos de eliminación de bosques con el objeto de realizar colonizaciones o parcelación de tierras o cualquier empresa agrícola o ganadera, toda vez que con esas (sic) intromisión del Estado se pone en manos de éste la facultad de administrar la propiedad privada.
A lo anterior es de señalar que ningún choque se produce entre el artículo 30 de la Ley Forestal y el 45 de la Constitución Política, pues el derecho de propiedad no es absoluto. En efecto, si bien el constituyente declaró categóricamente que la propiedad es inviolable, de seguido estableció restricciones a ese principio, una de ellas la posibilidad de expropiación "por interés público legalmente comprobado", y por otra en que se dispone que la Asamblea Legislativa puede imponer a la propiedad limitaciones de interés social "mediante el voto de los dos tercios de la totalidad de sus miembros", de donde debe concluirse que la primera declaración tiene dos limitantes referidas al interés público y al interés social. El concepto clásico de propiedad que la tenía como absoluta y sin límites, ha variado notablemente, permitiendo ahora que se impongan "limitaciones de interés social", conforme lo autoriza el párrafo segundo del artículo 45, con lo cual ha sido posible que el legislador estableciera, como función esencial del Estado, la de "velar por la protección, aprovechamiento, conservación y fomento de los recursos forestales del país" (artículo 1º de la Ley Forestal), función que se cumple con la serie de restricciones que la citada Ley impone a la explotación de los bosques.
De la misma norma constitucional se concluye que esos límites no son un desconocimiento del derecho de propiedad, como lo alega el recurrente, sino una limitante para lograr el cumplimiento de fines superiores, más importantes que los estrictamente individuales en favor del propietario, sean los de la comunidad y de las futuras generaciones que deben contar con recursos forestales, incluso en protección del ambiente y la sanidad... Es cierto que se le ha limitado en su ejercicio, en protección de los intereses forestales del Estado que procuran la conservación de los recursos naturales y la sanidad ambiental; pero ello está permitido por la norma constitucional que el propio recurrente estima lesionada... VIII.- Ya en forma reiterada esta Corte ha dicho que el ejercicio de las libertades acordadas por la Constitución no es absoluto, y que pueden ser objeto de reglamentación y aún de restricciones cuando se encuentren de por medio intereses superiores.
Mal podría tildarse de inconstitucional, por ejemplo, el artículo 371 de la Ley General de Salud, en cuanto reprime con prisión a quien cultivare plantas de adormidera, coca o marihuana, por atentar contra la libertad de agricultura establecida en el artículo 46 de la Constitución, norma que el recurrente estima como violada por las restricciones que a la labor agrícola impone la Ley Forestal. Y si se toma en consideración el criterio ya externado de que esa Ley protege intereses de mayor rango que los meramente individuales del poseedor o propietario de terrenos sometido a regulación forestal, se concluye aquí también que las restricciones que se acusan de inconstitucionales no lesionan la garantía del artículo 46 de la Carta Política, pues ya se dijo que lo que ha hecho el Estado es restringir por razones de interés social el ejercicio de los atributos de la propiedad. IX. La Ley Forestal pretende proteger los recursos naturales, circunstancia que incide en la organización de la producción.
Los recursos hidrológicos, los cambios ambientales, la sanidad del lugar son factores que influyen en la producción agropecuaria y se encuentran directamente relacionados con los recursos forestales de la zona; por ello las regulaciones sobre explotación forestal no lesionan sino que, por el contrario, afirman la garantía constitucional del artículo 50, en cuanto dispone que el Estado debe organizar la producción. X. Con la Ley Forestal no se le está impidiendo al recurrente la posibilidad de lograr trabajo, honesto y útil, con el que procure por la subsistencia y bienestar de él y de su familia. Es indudable que el derecho que otorga el artículo 56 de la Constitución Política no es irrestricto, pues se encuentra sometido a las leyes y reglamentos respecto a la modalidad y condiciones de ejercerlo. Así el señor Elizondo Villegas puede dedicarse a la agricultura si ése es su deseo; pero en ejercicio de tal derecho no le es lícito actuar contra la legislación vigente que protege los recursos forestales y regula la producción agrícola.
Existen cultivos prohibidos (como el señalado anteriormente, la marihuana), y prácticas agrícolas restringidas (como las quemas), por normas jurídicas que imposibilitan a los agricultores para dedicarse a esos cultivos o utilizar las prácticas dichas. Sin embargo, esas normas no son inconstitucionales, pues no restringen ilegítimamente el derecho al trabajo, sino que lo regulan para salvaguardar otros intereses de mayor rango que garantizan la convivencia, fin último al que tiende el sistema jurídico." (Corte Plena, sesión extraordinaria celebrada el l7 de mayo de l984 la negrita no del original). *
XIII.La Sala Constitucional, a partir del año 1990, reconoce más claramente el carácter dinámico del derecho de propiedad, y la posibilidad de imponer dentro de su estructura -conjunto de derechos y obligaciones del propietario- limitaciones de interés social, para evitar el ejercicio antisocial o abusivo de ese derecho que no es ilimitado. Dentro de dicho contexto reconoce, implícitamente, la existencia de propiedades especiales, con particularidades distintas atendiendo a la naturaleza del bien de que se trate, y su función específica: “El poder del propietario sobre la propiedad está determinado por la función que ésta cumpla. El objeto del derecho de propiedad ha sufrido transformaciones importantes. Actualmente, no sólo se tutela el derecho de los propietarios, sino también diversos intereses generales o sociales que coexisten con aquél. El derecho objetivo enmarca del contenido de los derechos subjetivos.
Cada objeto de derecho implica una peculiar forma de apropiación. Así por ejemplo las facultades del dominio relativas a un fundo agrícola son muy distintas de las correspondientes a una finca ubicada en el sector urbano de intensa utilización.” Dichas limitaciones, según la Sala Constitucional, deben ser razonables y no vaciar el contenido del derecho, pues pasaría a ser una privación total del mismo (Sala Constitucional, No. 5097-93 de las 10:24 horas del 15 de octubre de 1993). *
XIV.El ejercicio de la función económica y social de la propiedad, sin considerar la ambiental, fue algo normal dentro de la cultura agraria imperante hasta inicios de la década de los 90. Se titularon gran cantidad de terrenos. Los bancos del Estado propiciaron, con el financiamiento, el desmonte y la destrucción del bosque para aumentar la frontera agrícola, a través de actividades agrícolas y ganaderas, con mínimas prácticas de recuperación de suelos y áreas devastadas. La propiedad agraria recaía sobre un bien esencialmente de naturaleza productiva. Pero se hizo caso omiso a los mandatos del legislador en conservar adecuadamente los recursos naturales, lo que implicaba formas distintas de ejercicio de la actividad agraria. El aumento de la población, las escasas técnicas en la producción agraria, la dependencia de los agroquímicos por la pérdida de fertilidad del suelo, y la misma cultura agraria fueron generando la destrucción de nuestros preciados recursos, con el escaso control Estatal.
No existían criterios claros para poner termino al ejercicio abusivo y antisocial de la propiedad, pues la mayoría de las normas han protegido y propiciado el ejercicio inadecuado de ese derecho, y la explotación desmedida de los recursos naturales. Si bien es cierto el Legislador desde hacía muchos años venía procurando, a través de claras limitaciones agroambientales, un desarrollo sostenible, no es sino con los Derechos Humanos de la tercera generación se da un cambio cultural trascendental para el entero ordenamiento jurídico. Por lo anterior, el establecimiento de los límites agroambientales de la propiedad, en el ámbito de su función económica, social y ambiental, es fundamental para alcanzar verdaderamente un desarrollo sostenible, ponderando los valores y principios constitucionales que deben orientar este modelo de desarrollo. *
XV.La Jurisprudencia agraria hace una clara distinción entre los diferentes tipos de propiedad, siguiendo la tesis de PUGLIATTI: “La más productiva entre las cosas es la tierra, la cual de sus frutos y productos espontáneamente, pero de ella, de la tierra, el hombre civil vive, no ya solamente recogiendo sus productos espontáneos, sino fecundándola con su obra. La natural potencialidad productiva de la tierra deviene en producción actual, por el trabajo del hombre. Con el trabajo la tierra se humaniza, deviene espiritual posesión y propiedad del hombre, no cosa, no natural, dominada por el caso o por la causalidad, sino nutrida por el hombre que la cuida, la cultiva; entre en el ámbito no solo de los intereses humanos y de los motivos de acción del hombre, sino también en los fines de los valores, deviene base del consorcio humano, sede y cuna de la sociedad de los hombres, reguladas por las leyes del vivir social, por el derecho” (PUGLIATTI, Salvatore.
La proprietá nel nuevo Diritto. , Milano Editores Giuffré, 1964, p 203). Si bien es cierto se define a la propiedad agraria como esencialmente posesiva, como una propiedad de actividad empresarial tendiente a lograr el mejor destino productivo del bien, también se impone el interés de conservarla. En el ámbito del ejercicio del derecho subjetivo, para proteger su derecho se le exige al propietario que “... la ejerció cumpliendo con el destino económico del bien, que ejerció en ella actos posesorios tendientes a cultivarla y mejorarla, y que sobre el bien desarrolló una actividad agraria empresarial, entendiéndose por tal una actividad económicamente organizada con el fin de la producción de animales o vegetales, con el uso de los recursos naturales...”. Bajo esa concepción, claramente nuestra Jurisprudencia integra la función ambiental, como parte de la económica y la social cuando expresa: “Hoy este principio ha evolucionado y se le identifica como el principio económico social de la propiedad, en cuanto el mismo se desdobla en dos: 1) Por una parte denominado función subjetiva, y se refiere a las obligaciones del propietario con la propiedad, las cuales podrían sintetizarse en su deber de cultivar el bien productivo de que es propietario, cumpliendo así con el fin económico del bien: de ser productivo o de aptitud productiva; también tiene la obligación de mejorar su propiedad con el objeto de que aumente la producción y productividad, debe respetar el adecuado mantenimiento y desarrollo de un ambiente ecológicamente equilibrado, y tratándose de algunas propiedades particulares cumplir con todas las obligaciones que la normativa especial le impone; 2) La función objetiva es la obligación del Estado de dotar a todos los sujetos que no tengan bienes productivos, o los tengan en forma insuficiente, y ellos tengan capacidad para desarrollar una actividad empresarial, con esos bienes para que puedan los sujetos incorporarse al proceso productivo, desarrollándose humanamente en los planos social y económico.
La primera es la función básicamente económica, la segunda es sobre todo social...” (Sala Primera de la Corte, No. 230 de las 16 horas del 20 de julio de 1990). En dicha sentencia, se evidencia una clara tendencia jurisprudencial, reiterada en muchas otras (En igual sentido, Sala Primera de la Corte, No. 241 de las 16:25 horas del 27 de julio de 1990, No. 50 de las 14:20 horas del 5 de agosto de 1993.) de introducir, como parte de la misma función económica y social, la función ambiental para alcanzar el desarrollo sostenible. Pero es en el ámbito de la propiedad forestal, como propiedad limitada, en donde ha alcanzado un mayor desarrollo jurisprudencial el principio de la función ecológica de la propiedad. Particularmente nos referimos a las limitaciones que sufre el titular de un terreno que se ha declarado zona protectora bajo el régimen forestal, y reclama sin éxito su derecho a ser indemnizado: Aquí puede disiparse el primer problema en relación con la tesis de la actora de haber sufrido una limitación en sus derechos de goce y disfrute de la finca afectada como zona protectora, la cual al haber sido declarada como reserva forestal -y con base en el pronunciamiento de la Procuraduría- no se le siguió el trámite de compra o expropiación correspondiente, de donde el Decreto Nº 12608-A resulta inconstitucional e ilegal.
Ello no es así pues lo constituido fue una zona protectora y no una reserva forestal. Sería indemnizable si el bien se destina a reserva forestal pero no lo es si se le declara dentro de una zona protectora. El artículo 45 de la Constitución Política distingue dos situaciones distintas: procede la indemnización cuando hay expropiación, pero no debe mediar indemnización si se establecen limitaciones a la propiedad. En el régimen forestal, cuando se le declara de orden público, se está en presencia del conocido fenómeno de los "límites administrativos a la propiedad privada" ([Nombre14], . Il beni pubblici, Librería Ricerche, Roma, l963). El Decreto Ejecutivo Nº 12608-A sometió a régimen forestal obligatorio tanto a los bienes públicos como privados ubicados dentro de la "Zona Protectora El Rodeo", declarando inalienables y no susceptibles de inscripción en el Registro los de las reservas nacionales.
Ese era el trato jurídicamente posible para los distintos tipos de bienes, en consecuencia la finca de la actora se afectó con una limitación de interés social. Sala Primera de la Corte, No. 189 de las 14:20 horas del 30 de octubre de 1991).La Sala Primera se refirió hace varios años al Derecho Ecológico, y la función ambiental inherente a la propiedad, cuyos principios son consagrados en gran cantidad de normas y tratados internacionales: “Todas las anteriores, aun cuando abundantes, tienen lineamientos de altísimo contenido axiológico cuyo desarrollo no es exclusivamente nacional, sino, por el contrario, se trata de un movimiento de carácter universal cuyo resultado ha sido el de colocar al derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado como un verdadero derecho humano. Se le ubica dentro de los denominados derechos de la tercera generación: un paso adelante de los derechos humanos clásicos, civiles o políticos (de la primera generación) y de los económicos, sociales y culturales (de la segunda generación).
Ello ha dado base para formular una nueva clasificación jurídica: la del Derecho Ecológico, el cual hoy tiene un objeto muy definido en los recursos naturales, y su complejo de fuentes caracterizados por la organicidad y completes. "(Sala Primera de la Corte, No. 189 de las 14:20 horas del 30 de octubre de 1991). En efecto, el peligro que causaba el ejercicio antisocial del derecho de propiedad, sin respetar su función ambiental, llevó a nuestros tribunales, a replantear los viejos criterios jurisprudenciales en torno a la tutela de la propiedad, para exigirle a los poseedores y propietarios el cumplimiento de la triple función:* económica, social y ambiental o ecológica. *
XVI.La Sala Constitucional ha acogido recursos de amparo frente a actividades agrarias o de otra naturaleza, abusivas de parte de los propietarios que, irrespetando los límites agroambientales impuestos por el legislador, pongan en peligro los bienes o recursos naturales y la vida humana. Así, se han protegido los recursos forestales, frente a actividades que produzcan la tala indiscriminada de árboles aledaña a una Reserva Forestal, con motivo de una actividad minera, estableciendo como cánones de orden constitucional la protección y preservación, así como la explotación racional de los recursos naturales (Sala Constitucional, No. 2233-93). Las actividades privadas, ejercidas dentro del ámbito de ejercicio del derecho de propiedad y de la libertad de empresa, deben respetar los límites agroambientales, y particularmente el interés colectivo. Esa situación es aplicable a las actividades agrarias productivas de cría de animales o cultivo de vegetales, pues no pueden ejercitarse en daño a la salud o al medio ambiente.
Ello sería permitir el abuso del derecho. Así lo ha establecido también la Sala Constitucional, cuando señala: “Por otra parte, si bien es cierto que el Estado debe respetar el derecho de los individuos al trabajo y a la empresa privada, también lo es que debe velar por el bienestar de la comunidad. Cualquier persona puede dedicarse a la cría de animales como negocio, siempre y cuando no amenace con ello la salud o la seguridad de las personas, debiendo evitar que la explotación empresarial se constituya en foco de infección u ocasione contaminación ambiental. La Salud Pública y la protección del medio ambiente son principios tutelados tanto en el ámbito constitucional (artículos 21, 74 y 89 de la Carta Magna), como a través de la normativa internacional.” (Sala Constitucional, No 741 de las 10:55 horas del 13 de marzo de 1992. La Jurisprudencia Constitucional fue delineando las bases para * incorporar los principios del Desarrollo Sostenible como modelo, para reorientar en su justo equilibrio todas aquellas actividades productivas, entre la actividad agraria, que atentaban contra el ambiente y ponían en peligro el equilibrio ecológico, la libertad de empresa y la defensa de la salud de los consumidores: “Se debe tomar en consideración que la protección del medio ambiente y la promoción del desarrollo económico no son desafíos independientes -dice la Sala-.
El desarrollo no puede subsistir en un ambiente de deterioro de la base de recursos y no se puede proteger cuanto los planes de crecimiento constantemente hacen caso omiso de ello. Es preciso optar por el desarrollo sostenible, el cual satisface las necesidades del presente sin comprometer nuestra capacidad para hacer frente a las del futuro. Este desarrollo significa reconocer que si deseamos tener acceso continuo a los recursos que posibilitan la vida y si hacemos expandir los beneficios del progreso industrial, tenemos que estar conscientes de las implicaciones y limitaciones que supone tomar ese derrotero”.(Sala Constitucional, Sentencia No. 4423-93). Esta nueva orientación de la jurisprudencia, sobre el fenómeno agrícola, reconoce la dependencia del ciclo biológico (propio de la actividad agraria), con la utilización de los recursos naturales, vinculándolo estrechamente con el concepto de desarrollo sostenible. *
“Nuestro país ha dependido y seguirá dependiendo, al igual que cualquier otra nación, de sus recursos naturales y su medio ambiente para llenar las necesidades básicas de sus habitantes y mantener operando el aparato productivo que sustenta la economía nacional, cuya principal fuente la constituye la agricultura y, en los últimos años, el turismo, especialmente en su dimensión de ecoturismo. El suelo, el agua, el aire, los recursos marinos y costeros, los bosques, la diversidad biológica, los recursos minerales y el paisaje conforman el marco ambiental sin el cual las demandas básicas- como espacio vital, alimentación, energía, vivienda, sanidad y recreación- serían imposibles. De igual modo, nuestra economía también está íntimamente ligada al estado del ambiente y de los recursos naturales; así, por ejemplo, tanto la generación de divisas por explotación agrícola y turística, como el éxito de importantes inversiones en infraestructura dependen, en última instancia, de la conservación de aquellos.
Las metas del desarrollo sostenible tienen que ver con la supervivencia y el bienestar del ser humano y con el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales, es decir, de la calidad ambiental y de la sobrevivencia de otras especies. Hablar de desarrollo sostenible en términos de satisfacción de las necesidades humanas presentes y futuras y del mejoramiento de la calidad de vida es hablar de la demanda de los recursos naturales en el ámbito individual y de los medios directos o de apoyo necesarios para que la economía funcione generando empleo y creando los bienes de capital, que a su vez hagan posible la transformación de los recursos en productos de consumo, de producción y de exportación” (Sala Constitucional, No.3705 de las 15:00 horas del 30 de julio de 1993 la negrita no es del original). *
XVII.Cuando se consagran expresamente en nuestra Constitución Política el derecho fundamental de todo ciudadano a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado -Artículo 50 reformado por Ley No. 7412 del 24 de mayo de 1994- y se establece el derecho de los consumidores a la protección de la salud, ambiente, seguridad e intereses económicos -artículo 46 Reformado Por Ley No. 7607 del 29 de mayo de 1996-, surgen nuevos principios y valores constitucionales que impregnan la legislación especial. Es importante integrar, a través de la interpretación constitucional (sistemática, material y evolutiva), todas aquellas normas dedicadas a tutelar las relaciones económicas, con los principios y valores del desarrollo sostenible. La libertad de iniciativa económica privada supone, en el ámbito de la iniciativa privada del empresario agrario (MORALES LAMBERTI, Alicia. Introducción al Derecho Agrario Ambiental (Nacional y Regional), Argentina, 1ª.
Edición, Editora Córdoba, 1996, pág. 49-51), el derecho de elegir la actividad agraria (artículo 56), la libertad de contratar libremente para el ejercicio o la constitución de la empresa agraria (artículo 46), la libertad de circulación territorial de los bienes agrarios vegetales o animales; el derecho de formar asociaciones agrarias (artículo 25), el derecho a gozar de la propiedad agraria productiva en función * económica, social y ambiental (artículo 45), la libertad de competencia, el derecho subjetivo de acceder al mercado y permanecer en él (artículo 46). Pero todas las manifestaciones de la libertad de iniciativa económica en el ámbito de la actividad agraria, y en el ejercicio de la propiedad deben estar en función de los principios constitucionales consagrados en los artículos 50 y 69 de la Constitución Política, es decir el fomento del desarrollo sostenible a través de la actividad productiva, garantizando la distribución equitativa de la producción y el derecho a un ambientesano y ecológicamente equilibrado.
Como son disposiciones de orden constitucional, que no establecen una normativa distintiva para lo agrario, se entiende que las empresas agrarias y los propietarios de inmuebles quedan afectas al cumplimiento de dichas obligaciones. Las exigencias de los consumidores dentro mercado agroalimentario van dirigidos a consumir productos agrarios (vegetales o animales), sometidos a procesos de producción, agroindustria o agrocomercialización con el mínimo de sustancias contaminantes que puedan afectar la salud. Por ello se exigen aspectos de calidad higiénico-sanitarias adecuadas tanto en el proceso productivo, como en los procesos sucesivos de manipulación de los productos agrarios. La actividad agraria empresarial debe basarse en técnicas más naturales y menos artificiales. La disminución del riesgo biológico, propio de la actividad productiva no debe ir en detrimento de la salud de los consumidores.
La actividad agroambiental debe reconciliarse con la naturaleza en aras de garantizar un ambiente sano a los consumidores. En ello juega un rol fundamental el hecho técnico de la agricultura, para buscar procesos productivos y agroindustriales menos nocivos para la salud y el ambiente. Toda actividad agraria basada en métodos artificiales, con sustancias químicas tóxicas daña la salud y el medio ambiente. Por ello se impone el cumplimiento de los principios constitucionales, que protegen los derechos del consumidor, a favor de la salud y la vida humana. La doctrina a profundizado sobre el tema de la función ecológica (DELGADO DE MIGUEL, Juan Francisco. Derecho Agrario Ambiental (Propiedad y Ecología). Navarra, Editorial Aranzadi, 1992, 647 p.), como cualidad inescindible de la función social, pero hace una clara distinción entre una y otra. La función ecológica surge del impacto del Medio Ambiente con un fundamento ético, dentro de los Derechos Humanos de la Tercera generación.
Se busca proteger los intereses colectivos, y sobre todo se basa en la solidaridad, para proteger la salud y el ambiente sano y ecológicamente equilibrado. La función social es insuficiente para lograr los propósitos de los nuevos valores que impregnan la sociedad. No solamente se requiere cumplir con el destino económico de los bienes. Es necesario proteger los intereses ecológicos y ambientales. “La función social por tanto suministra el esquema dogmático, la base jurídica a partir de la cual, la función ecológica transforma el derecho de propiedad en un derecho al uso limitado del propio bien de forma que no lesiones el Medio Ambiente. Utilizando sinónimos procedentes de las ciencias experimentales diríamos que la función ecológica es el catalizador que transforma el régimen normal del dominio en algo distinto que llega a configurarlo y darle una forma bien precisa no la que proyecta el titular sobre su cosa, sino la forma que ésta adquiere por el uso de ella más adecuado al Medio Ambiente, uso que incluye la propia actividad productiva del agricultor.” ([Nombre15] , op. cit., página 81).
Por lo anterior, es necesario profundizar, sobre cómo se viene manifestando esa función ambiental en el seno de la propiedad, cuáles obligaciones viene imponiendo el legislador a los propietarios de terrenos, para lograr la conservación de los mismos, así como la recuperación de los degradados. *
XVIII.Las limitaciones agroambientales de la propiedad, alcanzan gran cantidad de aspectos en el ejercicio de actividades productivas y en el ámbito de la conservación de los recursos naturales, la Biodiversidad, el uso y conservación de suelos, la protección del bosque y los ecosistemas, el uso y control de los plaguicidas y productos de síntesis química, el control fitosanitario y sanitario animal y vegetal, los desechos agrícolas, la conservación de las aguas, la utilización y manejo de aguas residuales en agricultura, la recuperación de suelos y cuencas hidrográficas, etcétera. En el próximo apartado, haremos referencia solo a algunas de dichas limitaciones. Dentro del contexto de los principios y valores constitucionales descritos, comienza a dictarse gran cantidad de leyes agroambientales, que no solo marcan la consolidación de un modelo de desarrollo sostenible, sino que además, imponen una serie de limitaciones agroambientales a la propiedad y la libertad de empresa, buscando consolidar también una nueva cultura agraria y ambiental o ecológica. 1) La Ley Orgánica del Ambiente (No. 7554 del 4 de octubre de 1995) establece la obligación del Estado de propiciar un desarrollo económico y ambiental sostenible, lo que implica, necesariamente imponer límites ambientales al ejercicio de las actividades económicas productivas y al ejercicio del derecho de propiedad.
Pero para que esos límites tengan una verdadera aplicación, es necesario un cambio cultural. De la cultura agraria tradicional, en donde solo importaba lo económico, debe pasarse a una cultura ambiental o agroambiental para el desarrollo sostenible (Ley Orgánica del Ambiente, artículos 12, 13, 14, 15 y 16). Entre los límites más importantes impuestos a la propiedad, para garantizar la función económica, social y ambiental, pueden destacarse los siguientes: A.- El ejercicio de toda actividad agroambiental, que pueda alterar o destruir elementos del ambiente, requiere necesariamente de una evaluación de impacto ambiental, cuya aprobación debe ser previa al proyecto. También se exige la evaluación cuando por obras o infraestructura puedan afectarse recursos marinos, costeros y humedales. B.- El ordenamiento territorial, para equilibrar el desarrollo sostenible, implica la reubicación territorial de las actividades productivas, lo que podría significar límites importantes al derecho de propiedad, pues deben tomarse en consideración, entre otros aspectos, los recursos naturales, las actividades económicas predominantes, la capacidad de uso de los suelos y la zonificación por productos y actividades agropecuarias, en razón de consideraciones ecológicas y productivas.
C- El Poder Ejecutivo está facultado para incluir dentro de las áreas silvestres protegidas las fincas de particulares necesarias para el cumplimiento de la función ambiental, o crear las servidumbres legales para la protección ecológica. En los casos donde la Ley exija indemnización, los particulares pueden someterse voluntariamente al régimen forestal, caso en el cual la propiedad queda afectada en el Registro Público (Ley Orgánica del Ambiente, artículo 37). D.- Están prohibidas las actividades orientadas a interrumpir los ciclos naturales de los ecosistemas de humedales, que puedan provocar su deterioro y la eliminación (Ley orgánica del Ambiente, artículo 45). E.- Las actividades productivas deben evitar la contaminación del agua, dar tratamiento a las aguas residuales, impedir o minimizar el deterioro o contaminación de cuencas hidrográficas, así como del suelo. F.- La agricultura orgánica, como forma de ejercicio de actividades agrarias sostenibles, implica una forma de cumplimiento de la función económica, social y ambiental, pues se exige una certificación ambiental de los productos orgánicos que se hayan obtenido sin aplicar insumos o productos de síntesis química (artículos 73-75).
G.- El crédito ambiental: está destinado a financiar los costos de reducción de la contaminación en procesos productivos. Cuando implican el uso del suelo se requiere un plan de manejo y uso de tierras de conformidad con la capacidad de uso (Ley Orgánica del Ambiente, artículo 113). Indudablemente, la estructura de la propiedad y su función está condicionada, * en este caso por el elemento ambiental, requerido en el ejercicio empresarial. 2) La Ley Forestal (No. 7575 de 5 de febrero de 1996, reformada por leyes No. 7609 de 11 de junio de 1996, 7761 de 2 de abril de 1998 y 7788 de 30 de abril de 1998), orientada por los principios constitucionales de uso adecuado y sostenible de los recursos naturales renovables, establece regulaciones en cuanto a la conservación, protección y administración de los bosques naturales, y por la producción, aprovechamiento, industrialización y fomento de los recursos forestales, buscando la incorporación de los particulares al ejercicio sostenido de actividades silviculturales.
Si bien es cierto, el MINAE está facultado para crear áreas silvestres protegidas en terrenos privados, ello requiere indemnización, salvo que el propietario decida someterse voluntariamente al régimen forestal, o sean ya propiedad del Estado, dentro de su patrimonio de Reservas Nacionales. La Ley prevé dos claros límites, en interés de las áreas protegidas: a: “Tratándose de reservas forestales, zonas protectoras y refugios de vida silvestre y en caso de que el pago o la expropiación no se haya efectuado y mientras se efectúa, las áreas quedarán sometidas a un plan de ordenamiento ambiental que incluye la evaluación de impacto ambiental y posteriormente, al plan de manejo, recuperación y reposición de recursos.” (Ley Orgánica del Ambiente, artículo 37, en relación con el artículo 2 de la Ley Forestal. Dicha reforma fue introducida por la Ley de Biodiversidad, en el artículo 14). Lo cual constituye un claro límite para el cumplimiento de la función ambiental de la propiedad.
B. “Cuando, previa justificación científica y técnica de interés público, se determine mediante ley que el terreno es imprescindible para conservar la diversidad biológica o los recursos hídricos, quedará constituida una limitación a la propiedad que impedirá cortar árboles y cambiar el uso del suelo. Esta restricción deberá inscribirse como afectación en el Registro Público.” (Ley Forestal, artículo 2 párrafo segundo). Como se observa, no se trata de un límite irrazonable. Por el contrario el propietario podría ejercer su actividad siempre y cuando sea compatible con la función ambienta que, por naturaleza, viene asignada al inmueble, para conservar recursos hídricos o diversidad biológica. El Título III de la Ley, referido a la propiedad forestal privada, como propiedad especial, establece un conjunto de derechos y obligaciones para los propietarios de bosques que condicionan el cumplimiento de la función ambiental, atendiendo a la naturaleza del bien: a) No es permitido a los titulares cambiar el uso del suelo, ni establecer plantaciones forestales.
Sin embargo, la Administración Forestal del Estado puede otorgar permiso para realizar obras complementarias a la actividad agroforestal, siempre y cuando la corta del bosque sea limitada, proporcional y razonable (Ley Forestal, artículo 19. Cuando sea necesario, se exigiría evaluación de impacto ambiental); b) El aprovechamiento del bosque solo se puede realizar si el propietario cuenta con un plan de manejo que contenga el impacto que pueda ocasionar al ambiente, según criterios de sostenibilidad científica; c) El pago por servicios ambientales (La Ley define los servicios ambientales como: “Los que brindan el bosque y las plantaciones forestales y que inciden directamente en la protección y el mejoramiento del medio ambiente. Son los siguientes: mitigación de emisiones de gases efecto invernadero (fijación, reducción, secuestro, almacenamiento y absorción), protección del agua para uso urbano, rural o hidroeléctrico, protección de la biodiversidad para conservarla y uso sostenible, científico y farmacéutico, investigación y mejoramiento genético, protección de ecosistemas, formas de vida y belleza escénica natural para fines turísticos y científicos.), constituye una de las manifestaciones más modernas de ejercicio de la función ambiental, pues el propietario se compromete a conservar el bosque por un período no inferior a los veinte años, para recibir el Certificado de Conservación del Bosque.
También lo recibe los propietarios que deseen someter su inmueble a la regeneración del bosque, para áreas que por su estado deteriorado y necesidades ambientales, deben convertirse al uso forestal. Las afectaciones y limitaciones, así como los incentivos se inscribe en el Registro Público como afectación a la propiedad; d) Las plantaciones forestales, incluidos sistemas agroforestales y árboles plantados individualmente, no requieren permiso de corta, transporte, industrialización ni exportación, salvo cuanto exista plan de manejo derivado de un contrato forestal con el Estado; e) Todo propietario tiene prohibiciones de cortar o eliminar árboles en las áreas de protección establecidas por Ley para las nacientes permanentes, ríos, lagos y manantiales (Ley Forestal, artículo 33 y 34.). f) Está prohibido realizar quemas en terrenos forestales, ni aledaños, sin obtener el permiso respectivo de la Administración Forestal del Estado; g) Como parte de la función ambiental, los inmuebles sometidos voluntariamente al régimen forestal o dedicados a esa actividad, gozan de una protección especial respecto de invasiones, pudiendo solicitar la protección inmediata de las autoridades de policía; h) El crédito forestal, se consolida como instituto para financiar a pequeños y medianos productores, mediante créditos y otros mecanismos de fomento del manejo de bosques, procesos de reforestación, viveros forestales, sistemas agroforestales, recuperación de áreas denudadas.
El financiamiento comprende, además, el pago de los servicios ambientales que brindan los bosques y plantaciones forestales. La tierra con bosque y los árboles en pie servirán como garantía de dichos créditos, quedando anotadas como afectaciones a la propiedad (Ley Forestal, artículos 46, 48 y 49). 3).-La Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos (No. 7779 de 30 de abril de 1998), es de fundamental importancia para el cumplimiento de la función económica, social y ambiental de la propiedad. Se pretende lograr el manejo, conservación y recuperación de suelos en forma sostenible, integrada con los demás recursos naturales, logrando una participación más activa de las comunidades y los productores, e impulsando la implementación y control de prácticas mejoradas en los sistemas de uso, para evitar la erosión y degradación del recurso. Se plantea la agroecología, como una forma de lograr la convergencia entre los objetivos de la producción agrícola y la conservación de los recursos suelo y agua.
La Ley plantea un conjunto de limitaciones agroambientales, para lograr cumplir con los objetivos señalados: En áreas críticas de cuencas o subcuencas (con gravedad en degradación del suelo y su entorno, como limitante a cualquier actividad), sean de dominio público o privado, los dueños de terrenos deben aplicar forzosamente todas las medidas y prácticas que conlleven la recuperación del suelo y preservación del ambiente en general. Toda adjudicación de terrenos que realice el Instituto de Desarrollo Agrario, tendrá como limitación que el uso del terreno no puede ir en contra de su capacidad de uso, cuyo incumplimiento se convierte en causal para revocarla. Como obligaciones de los particulares se establecen entre otras: Fomentar, contribuir y ejecutar todas las prácticas y actividades necesarias para el manejo, conservación y recuperación de suelos; es un derecho obligación vigilar y controlar el cumplimiento de la legislación en materia de suelos; prevenir la degradación de los suelos que pueda ser causada por las aguas, para lo cual deberán aplicarse todas las prácticas que aumenten la capacidad de infiltración en sus terrenos o la evacuación de aguas sobrantes hacia cauces naturales; prevenir o impedir la contaminación de acuíferos y capas de agua subterránea; permitir el ingreso de técnicos autorizados para verificar el mantenimiento de las prácticas de manejo, conservación y recuperación de suelos. 4) Quizás se han mencionado las limitaciones más importantes, establecidas por el Legislador, para el cumplimiento de la función ambiental de la propiedad.
Podría determinarse muchas más en otras leyes especiales, tales como la Ley de Aguas, Ley General de Salud, Ley de Quemas controladas, Ley de Aviación Civil -sobre las reglas de aviación agrícola -, entre otras. *
XIX.Uno de los temas más controvertidos, en materia de limitaciones a la propiedad, para el cumplimiento de su función ambiental, es el de la posesión y titulación de bosques y terrenos ubicados en áreas protegidas. El tratamiento de este tema, en el ámbito de la protección posesoria, de la propiedad privada y de la usucapión ha sido objeto de análisis y discusión, tanto en doctrina como en jurisprudencia. El tema de la posesión ecológica, no es de pacífica aceptación. Se han dado diversos planteamientos doctrinales y la jurisprudencia exige demostrar el cumplimiento de la función ecológica para proteger la posesión y propiedad. Todo se origina en la aplicación del artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, que en la actualidad establece: “Artículo 7.- Cuando el inmueble al que se refiera la información esté comprendido dentro de un área silvestre protegidas, cualquiera que sea su categoría de manejo, el titulante deberá demostrar ser el titular de los derechos legales sobre la posesión decenal, ejercida por los menos con diez años de antelación a la fecha de vigencia de la ley o decreto en que se creó esa área silvestre.
Las fincas ubicadas fuera de esas áreas y que contengan bosques, sólo podrán ser tituladas si el promovente demuestra ser el titular de los derechos legales de posesión decenal, ejercida por lo menos durante diez años y haber protegido ese recurso natural, en el entendido de que el inmueble tendrá que estar debidamente deslindado y con cercas o carriles limpios...” (Ley de Informaciones Posesorias, artículo 7. Reformado por Ley Forestal, No. 7575 del 5 de febrero de 1996). En relación con la aplicación de esta disposición, contrario a lo señalado por la a-quo en sus consideraciones de fondo -en cuanto a la imposibilidad de aplicar retroactivamente el artículo 7 mencionado - la Sala Constitucional ha indicado que es posible aplicar dicha disposición en forma retroactiva, desde que se produce la afectación al dominio público, pues la posesión decenal consolidada antes de la declaratoria de cualquier reserva o área protegida encuentra tutela en la referida disposición legal (ver voto de la Sala Constitucional, No. 4597 de las 15:45 horas del 5 de agosto de 1997).
De ahí que no comparta el Tribunal la afirmación de la juzgadora de instancia en tal sentido. En todo caso, la situación de este proceso, como veremos, es totalmente diferente, ya que ni el actor, ni el demandado han poseído a título de dueños, terrenos que han pertenecido y continúan perteneciendo al Patrimonio Forestal del Estado. *
XX.La función ecológica incide en la solución de conflictos agrarios específicos, pues se le da mayor importancia a aquellas actividades productivas sostenibles. Dentro de dicho contexto, la Jurisprudencia ha venido jugando un papel protagónico en la búsqueda del equilibrio entre agricultura y medio ambiente. La Sala Primera admitió la existencia del Derecho ecológico y su objeto (Sala Primera de la Corte, Sentencia No. 189 de las 14 horas veinte minutos del 30 de octubre de 1991): la protección de los recursos naturales. En ella estableció que la propiedad forestal es limitada, y en caso de creación de una Zona Protectora no es necesaria la indemnización, pues el propietario puede continuar con el ejercicio de una actividad agroforestal, conservando y protegiendo el recurso boscoso. En la sentencia No. 51 de las 15 horas 15 minutos del 25 de mayo de 1995, la Sala desarrolló nuevamente el tema de la propiedad forestal, y aplicó al caso concreto el instituto de la posesión ecológica.
Se trató de un conflicto de mejor derecho de posesión, en una área declarada como Reserva Forestal. Se dijo: "La falta de entrega de una parcela no es motivo suficiente para pretender el mejor derecho de posesión. Lo más importante hubiera sido la conservación del recurso forestal... se exigió una posesión agraria efectiva e incluso la demostración de actos posesorios encaminados a la conservación del bosque. Este aspecto no fue demostrado por el recurrente, al contrario se convirtieron terrenos de aptitud forestal en potreros... Es decir, a pesar de la limitación existente con fines de conservación los poseedores siguieron explotando el bosque. Evidentemente, los trabajos realizados no tendían al ejercicio de una posesión forestal conforme a la naturaleza del bien. Al contrario deforestaban para sembrar. Hicieron caso omiso a las limitaciones y siguieron destruyendo el bosque. Sus actos posesorios son, en consecuencia, contrarios a la función ecológica de conservación de los recursos naturales para mantener el equilibrio de los ecosistemas en la Reserva Forestal de la Cordillera Volcánica de Guanacaste". *
XXI.La máxima reafirmación de la función ambiental de la propiedad, cuyo fundamento constitucional es ya indiscutible, se encuentra en la recién promulgada Ley de Biodiversidad (No. 7788 de 30 de abril de 1998). Esta Ley responde al compromiso asumido por Costa Rica, en el ámbito mundial, de conservar la diversidad biológica, los recursos genéticos, las especies y los ecosistemas, dentro del marco del desarrollo sostenible. Se proyecta dentro del marco del Convenio sobre la Biodiversidad Biológica, y va mas allá -siguiendo el mismo convenio- de la conservación, pues se regula la utilización sostenible de los recursos biológicos, se incorporan normas sobre el acceso a los recursos genéticos, y se pretende lograr una distribución equitativa de los costos y beneficios derivados de la utilización del material genético, el acceso a la tecnología y la biotecnología. El artículo 8 de la Ley incorpora en forma expresa la función ambiental de la propiedad en su texto: “Como parte de la función económica y social, las propiedades inmuebles deben cumplir con una función ambiental”.
El legislador no hizo otra cosa que reconocer un principio con un sólido fundamento constitucional, y un desarrollo en nuestra jurisprudencia. Sin embargo, era imprescindible reafirmar no solo el principio, sino también las limitaciones agroambientales a la propiedad, en aras del alcanzar un verdadero desarrollo sostenible en la utilización de los recursos de la diversidad biológica. Es muy importante señalar, la pérdida de la diversidad biológica se debe, sobre todo, a factores económicos, especialmente al reducido valor se le asignaba y las funciones ecológicas, tales como la protección de cuencas hidrográficas, el ciclo de los nutrientes, el control de la contaminación, la formación de suelos, la fotosíntesis y la evolución. Los recursos biológicos y la diversidad de los sistemas que los mantienen, constituyen el fundamento esencial del desarrollo sostenible. Por otro lado, hoy se sabe de la importancia de la diversidad genética en el ejercicio de actividades productivas sostenibles.
“Los seres humanos llevan miles de años utilizando y en algunos casos incrementando la diversidad genética, especialmente en agricultura. Así como la diversidad genética permite a las especies sobrevivir, los seres humanos, especialmente las comunidades indígenas y locales, se han basado en la diversidad genética para crear un amplio espectro de cultivos, animales y microbios, genéticamente diversos, que han facilitado su supervivencia. Los agricultores han domesticado animales silvestres, mejorándolos para lograr características deseables tales como tamaño, grosor de su abrigo o enfermedades. Igualmente, los agricultores han domesticado cientos de especies de plantas que, a lo largo del tiempo, han mejorado para crear decenas de miles de variedades con características deseables tales como color de semillas, sabor, tamaño de los frutos o resistencia a las enfermedades. Los mejoradores modernos también se apoyan y dependen de la diversidad genética.
Por estas razones, la efectiva conservación de la diversidad genética debe ir mucho más allá de la simple conservación de especies: no resulta suficiente conservar poblaciones viables de especies, en la medida que dichas poblaciones pueden no tener la diversidad genética necesaria para su propia supervivencia ni para la de los seres humanos.” (UICN, Centro de Derecho Ambiental. Guía del Convenio sobre la Diversidad Biológica, Edición en español, 1996, página 27). Era imprescindible integrar la conservación con el uso sostenible de la Biodiversidad, la participación activa de los sectores sociales, para garantizar una sostenibilidad social, económica y cultural, a través de la formación de la cultura y conciencia ambiental. También era imprescindible lograr la consolidación del Sistema Nacional de Areas de Conservación, creando sistemas de incentivos y retribución de servicios ambientales para la conservación, el uso sostenible y los elementos de la Biodiversidad, pues solo de esa manera se podría garantizar el cumplimiento de la función ambiental de la propiedad pública y privada.
Las Áreas de Conservación, cuya competencia territorial alcanza todo el territorio tanto en áreas protegidas, como en áreas privadas de explotación económica, tienen la difícil tarea de aplicar la legislación agroambiental, en especial, la Ley Orgánica del Ambiente, La Ley Forestal, la Ley de Conservación de la Vida silvestre y la Ley de Creación del Servicio de Parques Nacionales. La función ambiental de la propiedad, para proteger a la biodiversidad, exige que las actividades humanas se ajusten a las normas científicas y técnicas emitidas por el Ministerio del Ambiente y Energía y entes públicos competentes para el mantenimiento de los procesos ecológicos vitales, tanto dentro y fuera de las áreas protegidas, pero especialmente en aquellas actividades relacionadas con asentamientos humanos, agricultura, turismo e industria u otra que pueda afectar dichos procesos. *
XXII.Nuestra Sala Constitucional ha desarrollado en reiteradas sentencias, el tema de la legitimación de los particulares para solicitar la tutela del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, protegiendo de esa forma no solo intereses meramente individuales, sino también de carácter colectivo, a través de la tutela de los intereses difusos. Al respecto ha señalado: “Tratándose de la protección jurídica del ambiente, la legitimación de los particulares para actuar judicialmente y lograr la aplicación de las normas que tienen esa finalidad o bien, solicitar la tutela jurisdiccional para amparar sus derechos violados, es de gran importancia… En el derecho ambiental, el presupuesto procesal de la legitimación debe extenderse y ampliarse en una dimensión tal, que lleva necesariamente el abandono del concepto tradicional, debiendo entender que en términos generales, toda persona puede ser parte y que su derecho no emana de títulos de propiedad, derechos o acciones concretas que pudiera ejercer según las reglas del derecho convencional, sino que su actuación procesal responde a lo que los modernos tratadistas denominan interés difuso, mediante el cual la legitimación original del interesado legítmo o aún del simple interesado, se difunde entre todos los miembros de una determinada categoría de personas que resultan así igualmente afectadas por los actos ilegales que los vulneran.
Tratándose de la protección del ambiente, el interés típicamente difuso que legitima al sujeto para accionar, se transforma, en virtud de su incorporación al elenco de los derechos de la persona humana, convirtiéndose en un verdadero “derecho reaccional”, que, como su nombre lo indica, lo que hace es apoderar a su titular para “reaccionar” frente a la violación originada en acto su omisiones ilegítimos …ello implica, en general, que una legitimación mucho más flexible y menos formalista, es necesaria para asociar a los ciudadanos al interés propio del Estado de Derecho de fiscalizar y, en su caso, restablecer su propia juridicidad… Se trata, entonces, de intereses individuales, pero, a la vez, diluidos en conjuntos más o menos extensos y amorfos de personas que comparten un interés y, por ende, reciben un beneficio o un perjuicio, actual o potencial, más o menos igual para todos, por lo que con acierto se dice que se trata de intereses iguales de los conjuntos de personas que se encuentran en determinadas situaciones y, a la vez, de cada una de ellas.
Es decir, los intereses difusos participan de una doble naturaleza, ya que son a la vez colectivos -por ser comunes a una generalidad -e individuales, por lo que pueden ser reclamados en tal carácter…”, (Sala Constitucional, No. 3705 de las 15 horas del 30 de julio de 1993, No. 1794 de las 16:45 horas del 13 de abril de 1994 y No. 1887 de las 9:45 horas del 7 de abril de 1995, entre otras)." –Hasta aquí la cita del voto-. *
IX.SOBRE EL CASO CONCRETO DE USUCAPION EN LA RESERVA FORESTAL GOLFO DULCE.- En la especie, a diferencia del anterior, no estamos frente a un conflicto entre particulares, sino un proceso entre un particular y el Estado y el Instituto de Desarrollo rural. El referido conflicto involucra a un bien demanial, que es parte del Patrimonio Forestal del Estado, conforme lo tuvo por acreditado la Juzgadora de Instancia, y se ha ratificado en esta instancia, mediante la certificación ACOSA-DAP-CP-001-2013, mediante la cual el Area de Conservación de Osa, certifica que el plano catastrado P-703608-2001, está ubicado 100% dentro de la Reserva Forestal de Golfo Dulce, creada mediante decreto ejecutivo DE10142-A del 27 de junio del 1979 (ver documento incorporado al Escritorio Virtual a el 24 de enero del 2013 y Plano Catastrado a folio 28 frente y vuelto). Y que si bien es cierto, dicho inmueble aparece inscrito aún a nombre del Instituto de Desarrollo Agrario -hoy Instituto de Tierras y Colonización-, en el Partido de Puntarenas Matrícula 39.334-000 (certificación de folio 29), lo cierto es que por Ley, y por ordenanzas de la Sala Constitucional, dicho inmueble está bajo la Administración Forestal del Estado, en particular, del Sistema Nacional de Areas de Conservación, por ser parte del dominio público, lo que hace que el mismo sea imprescriptible a favor de los particulares.
Por otra parte, es importante aclarar que en este caso, para poder titular mediante información posesoria el legislador estableció una serie de requisitos mayores, justamente para evitar que el Patrimonio Forestal del Estado y las áreas protegidas se vean afectadas, así como su biodiversidad. Por ello la Ley de informaciones posesorias en su artículo 7 exige demostrar, aparte de la posesión decenal anterior a la creación de la respectiva área protegida, que se ha conservado el bosque. Los diez años anteriores a la creación se exigen, justamente, para proteger a aquellos sujetos privados que habían consolidado su derecho de posesión diez años antes de la creación del área, es decir, antes de que ocurriera la afectación al dominio público (Ver, entre otros, Tribunal Agrario, No.124 de las 11:30 horas del 14 de marzo del 2003). La oposición del ente del Estado, tanto del Instituto de Desarrollo Rural, como de la Procuraduría General de la República, ha sido permanente y sistemática.
Aunado a lo anterior, el artículo 11 de la Ley de Informaciones Posesorias es imperativo al indicar que el juez: "Rechazará la misma si llegare a constatar que se pretende titular indebidamente baldíos nacionales o terrenos pertenecientes a cualquier institución del Estado, lo mismo que reservas forestales, parques nacionales o reservas biológicas."* Con ello se pretende evitar, que por las diligencias de jurisdicción voluntaria, se puedan titular bienes del Estado. Regla que aplicaría en este proceso ordinario declarativo de una usucapión agraria que reclama la sociedad actora. Para abordar los alegatos del recurrente, resulta necesario clarificar algunos extremos: En cuanto al instituto de la USUCAPION AGRARIA Es necesario distinguir la usucapión especial agraria -regulada en la Ley de Tierras y Colonización, de la usucapión agraria común. La especial agraria, prescinde del justo título y de la buena fe, pues la misma Ley de Tierras, en su artículo 92 y 101 así lo establecen, pero exige la posesión agraria pública, pacífica, ininterrumpida, por más de diez años, sobre un terreno inscrito a nombre de un tercero, siempre y cuando los actos posesorios y la actividad agraria se realice para satisfacer necesidades propias o familiares.
En la usucapión agraria común, en cambio, se exige además de los anteriores requisitos el justo título y la buena fe. Puede tratarse de una causa originaria (como el derecho de posesión) o derivada (mediante un contrato traslativo posesorio). Para el caso de la buena o mala fe, la primera se presume siempre, sin embargo, es poseedor de mala fe quien en el acto de la toma en posesión tuvo suficientes motivos para que dudara (artículos 284, 287 y 286 del Código Civil). La buena o mala fe se liga al convencimiento de la persona de que está poseyendo un bien propio, y la persona que le trasmitió era su legítima propietaria. Uno de los principales agravios del recurrente giran entorno a los requisitos de la usucapión agraria común, aduciendo cumple con los presupuestos exigidos por nuestro ordenamiento jurídico, a saber, justo título, buena fe, y posesión decenal en forma quieta, pública, pacífica e ininterrumpida.
El numeral 853 del Código Civil exige tres requisitos fundamentales sin los cuales no puede operar la usucapión, a saber, justo título, buena fe y posesión. En primer lugar, en cuanto al título, este debe ser válido y eficaz, y emanar de un no propietario (a non domino) y no del verdadero propietario, siendo que quien alega la usucapión debe probarlo (artículo 854 del Código Civil). En este caso, resulta evidente que no aplica el instituto de la usucapión especial agraria, toda vez que quien la pretende es una empresa, constituida en Sociedad Anónima, y no se podría indicar que ésta posea para subsistencia suya o de su familia, por razones obvias. Por el contrario, es aplicable la usucapión ordinaria. Valorada la prueba conforme a lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria, este Tribunal agrario llega a la conclusión de que si bien es cierto la parte actora presenta, aparentemente un título traslativo posesorio, considera que el mismo no es válido ni tiene la fuerza necesaria para demostrar una posesión transmitida sobre un terreno de doscientas hectáreas.
Ello es así por varias razones. En primer lugar, porque el documento original, que aparece a folio 21, resulta ser una simple copia, que no tiene fecha cierta, y se indica que fue confeccionado el 10 de noviembre de 1964, luego se aclara que fue en 1974, pero el mismo es sumamente dudoso, el declarante [Nombre1] dice que fue hecho con máquina de escribir, y aparece confeccionado más bien con letra de cómputo, por lo que la confección del mismo bien pudo corresponder a fechas más recientes. Por otra parte, pese a que se presentó como prueba una declaración jurada (folio 850), mediante la cual [Nombre4] ratifica la supuesta compraventa junto con [Nombre1] , tampoco se presenta el testimonio original. Por ese motivo este Tribunal citó a declarar al señor [Nombre4] , sin que la parte actora, que era la interesada en dicha prueba, se preocupara por trasladar al interesado al Tribunal o al lugar de la cuestión, el día 18 de enero del 2013.
Otro aspecto que es objetable del referido documento, es que años después el señor [Nombre4] transmitiera una supuesta posesión de una medida aproximada de doscientas hectáreas. Ello resulta inadmisible, porque de conformidad con los censos del Instituto de Tierras y Colonización, [Nombre4] , aparece en el censo de Agosto de 1979, por el Departamenteo de Selección de Beneficiarios del ITCO, con un tereno de 60 hectáreas y con una posesión de 12 años aproximadamente, en el sector de Rancho Quemado (ver documentos ordenados como prueba para mejor proveer e incorporados al escritorio virtual; por otra parte, [Nombre5] fue censado como ocupante No. 1194, con una parcela de 50 hectáreas aproximadamente, y con una ocupación aproximada de 13 años, en el censo del Instituto de Desarrollo Agrario de 1976 (Ver documentos ordenados como prueba para mejor proveer e incorporados al escritorio virtual) y cuando [Nombre1] le compró las mejoras a [Nombre4] , lo que tenía eran cinco hectáreas de potrero, cuadrado y tacotal, el resto era montaña (ver declaración de parte, dvd, segmento 32), entonces como pretenden ahora, mediante un documento confeccionado en fechas más recientes, justificar la transmisión de la posesión de un terreno de doscientas hectáreas?
Evidentemente, ello es totalmente ilógico y contradictorio. La prueba testimonial tampoco aporta o arroja suficientes elementos de juicio para justificar una transmisión válida y eficaz de doscientas hectáreas de terreno. El testigo [Nombre16] , cuya declaración defiende la parte recurrente, quien supuestamente participó como testigo de la cartaventa, al referise a la posesión de [Nombre1] indica que es primo hermano suyo - por lo que se advierte un interés en favorecer al anterior trasmitente-, y afirma: "...no recuerdo desde cuando [Nombre1] tenía esa propiedad ni cuando -sic- tiempo la utvo, él sembraba maíz y tenía bananales... luego se dio un negocio entre don [Nombre1] y don [Nombre5], no estoy muy al tanto, pero creo que fue como en el año 1970 al año 1974 más o menos...me consta que don [Nombre1] le compró la propiedad a [Nombre1] porque yo iba a montear ahí pero no me consta si se hizo algún documento...."(folio 1022).
De la anterior declaración se desprende que el referido testigo, ni sabía cuanto tiempo tuvo en posesión [Nombre1] la propiedad, ni le consta si se hizo algún documento en relación con la venta, por lo que se pone en duda la veracidad del documento de folio 21 donde supuestamente él participó como testigo. Por otra parte, el testigo [Nombre17] , si bien es cierto indica que [Nombre1] ingresó a la propiedad en el año 1960, no da certeza en relación al área poseída: "...tenía bastante tierra la que tenía pero no puedo precisar cuanta tierra [Nombre3]...[Nombre18] vivió ahí como treinta y cinco años aproximadamente, la finca tenía montaña y un pedazo de tacotal....Actualmente conozco como dueño de esa finca a [Nombre19] ..." (folio 1013). Igual incerteza se nota en la declaración de [Nombre20] : "...ya estaba el señor [Nombre1] en la propiedad, esto como a finales del año 60 y princpios del año 1961.
Don [Nombre1] sembraba maíz, arroz, criaba chanchos y tenía unas vaquitas, en ese tiempo esa propiedad era un pedazo de potrero y el resto de montaña con una casita en la que él vivía...no se cuánto medía la propiedad pero sí sé que es un terreno grande...." (folio* 1018). Por otra parte, es necesario agregar que [Nombre4] y [Nombre1] , sabían que dicho inmueble había sido adquirido por el Instituto de Desarrollo Agrario (ver declaración de parte, en audiencia oral, celebrada el 18 de enero del 2013, y censo del año 1979, incluido en Escritorio Virtual el 00 de enero del 2013). En la actualidad, aproximadamente un 75% del terreno es montaña y bosque secundario, sumamente quebrado, donde abundan las especies forestales y la vida silvestre, tiene la forma de una microcuenca hidrográfica por la cual brotan y discurren varias nacientes que desembocan en el Río Drake, la parte restante es tacotal con algunos repastos y apartos abandonados y en mal estado de conservación, los carriles se conservan limpios (ver reconocimiento judicial en dvd, practicado por este Tribunal el 18 de enero del 2013 y croquis y declaración de parte, dvd, segmento 32). [Nombre1] sabía que el terreno pertenecía a Osa Productos Forestales y que luego ésta le vendió o fue adquirido por el Instituto de Tierras y Colonización (ver declaración de parte, dvd, segmento 32).
El señor [Nombre1] realizó tramites ante el Instituto de Desarrollo Agrario para obtener título de su propiedad, sin embargo, no se concretó porque no se midió la finca ((ver declaración de parte, dvd, segmento 32); o) Aparte del terreno que adquirió [Nombre1] , no adquirió de otras personas otro terreno (ver declaración de parte, dvd, segmento 32 y declaración de [Nombre21] , a folio 1020).En relación con este último aspecto este testigo afirma lo siguiente: "La institución en ese tiempo entregó título en el área de Reserva, en el caso de don [Nombre1] como en el año 1985 solicitó que se le sometiera al estudio de selección, posteriormente como en el año 1993 solicitó la titulación de dicha área pero existía el inconveniente de que no se había hecho el levantamiento topográfico, pero como en el año 1996 o 1997 se da una disposición de la Contraloría y entonces la institución no entregó más títulos en esas áreas de Reserva, creo que esas fueron las razones por las que no se le atendió la solicitud.
Como en el año 2005, a la oficina de Rincón de Osa llegó una solicitud de la sociedad las Aguas Saltantes solicitando la titulación de esa misma propiedad, haciendo la solicitud como si fuera un proyecto de titulación en reserva nacional y no como lo establece la Ley 2825, esa solicitud la atendió don Mario Jiménez, él contestó esa solicitud indicando que se trataba de un plano de un proyecto de titulación que no tenía nada que ver con este asentamiento y en segundo lugar porque se trataba de una sociedad anónima que de acuerdo a la ley 2825 no se permite dar ningún beneficio a este tipo de sociedades..." (folio* 1020). Como puede observarse, resulta evidente que tanto [Nombre1], como la sociedad Aguas Saltantes, conocían previamente a la interposición de este proceso, sobre la imposibilidad de titularles a su nombre. [Nombre22] que existía una directriz de la Contraloría, y por disposición de la Sala Constitucional, dichos terrenos debía ser trasladados a la administración del Patrimonio Natural del Estado.
Como se ha indicado más arriba, la usucapión no es posible en bienes demaniales, con la excepción de que se demuestre, inequívocamente la posesión decenal anterior a la creación de la Reserva o área protegida, sobre la totalidad del inmueble. En este caso, el poseedor originario y el adquirente, conocían quién era el titular del inmueble y de su adquisición por el Estado, para someterlo al régimen forestal. No hay claridad en cuanto a la posesión agraria material y la transmisión de la posesión formal en un área de aproximadamente 200 hectáreas. No se demuestra haber protegido el recurso, si originalmente, el poseedor adquirió 5 hectáreas, y luego fueron socoladas más de 25 hectáreas, en forma previa a la expropiación y declaratoria de la reserva forestal, pues ese era el requisito para adquirir por posesión precaria de tierras.- Sin embargo, de todo lo expuesto, el Tribunal concluye que en el caso de la sociedad Aguas Saltantes LAS S.A., debía demostrar en forma nítida la posesión trasmitida, sobre las doscientas hectáreas pretendidas, el justo título traslativo posesorio, coincidente con la posesión agraria material, y la buena fe en la posesión, requisitos todos que no fueron cumplidos (artículo 854 del Código Civil), siendo que lo que se pretende usucapir es parte del Patrimonio Natural del Estado, y por tratarse de bienes imprescriptibles no es posible acoger las pretensiones de la actora.
A mayor abundamiento, el artículo 14 de la Ley Forestal vigente dispone: "Los terrenos forestales y bosques que constituyen el patrimonio natural del Estado, detallados en el artículo anterior, serán inembargables e inalienables; su posesión por los paticulares no causará derecho alguno a su favor y la acción reivindicatoria del Estado por estos terrenos es imprescriptible. En consecuencia, no pueden inscribirse en el Registro Público mediante información posesoria y tanto la invasión como la ocupación de ellos será sancionada conforme a lo dispuesto en esta ley". *
X.DISCONFORMIDAD EN CUANTO A LA DECLARATORIA DE NULIDAD .- Se muestra disconforme la actora, con la declaratoria de nulidad que hizo el a-quo, de las escritruas de las quince horas del catorce de marzo del año dos mil cinco y la de las ocho horas del dieciocho de julio del dos mil cinco, entre [Nombre1] , [Nombre2] y [Nombre3] , así como entre éste y la sociedad Las Aguas Saltantes L.A.S. S.A. otorgadas ante el notario Miguel Chacón Alvarado y exime de responsabilidad al Instituto de Desarrollo Agrario para con la sociedad reconvenida. Considera el recurrente que resulta inaplicable lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley de Tierras y Colonización porque no se está en presencia de un contrato de asignación de tierras. En relación con este agravio, si bien es cierto la referida disposición resulta inaplicable al caso concreto, debe recordarse que existe una norma general, en nuestra legislación sustantiva, cual es el artículo 1061 del Código Civil: "La venta de cosa ajena es absolutamente nula...", disposición que resulta aplicable a este caso, [Nombre22] que es un bien del Estado, que goza las características de imprescriptible e inalienable, es decir, que no se puede traspasar, y siendo cosa pública está fuera del comercio (artículo 262 del Código Civil). Por lo expuesto, se rechaza el agravio del recurrente. *
Consecuentemente con lo anterior, es procedente confirmar la reivindicación del inmueble a favor del Instituto de Desarrollo Rural, sin embargo, es necesario resolver también lo relativo a la liquidación del Estado posesorio, de la sociedad actora, pues tampoco el Estado se podría enriquecer ilícitamente, si desde hace muchos años, los poseedores originarios demostraron la realización de mejoras, que fueron incluso consignadas en los censos del Instituto de Tierras y Colonización. El derecho al pago de mejoras es una consecuencia lógica de la reivindicación. La Sala Primera, en un caso similar al que nos ocupa, acogiendo un criterio de minoría del Tribunal Agrario (Voto 729-03), reconoció el derecho al pago de las mejoras del poseedor reivindicado, mediante Voto No. 233 del 14 de abril del 2005, cuyos considerandos se transcriben en lo que aquí interesa: "Así las cosas, el pronunciamiento sobre mejoras deviene imprescindible a partir de que se acoge la demanda, por haber sido reclamado de forma oportuna para ese evento, tanto en la contestación como en la contrademanda.
Desde esa perspectiva, el recurso que en este aspecto formulan, es plenamente admisible y además procedente por el fondo, pues en autos quedaron demostradas algunas obras efectuadas en el inmueble (hecho probado No. 5 de la sentencia de primera instancia, avalado por el Tribunal), cuya cuantificación habrá de efectuarse en ejecución de sentencia. Hay que advertir que los recurrentes solicitan expresamente “mejoras”, sin embargo algunas cosas corresponden a lo edificado o hecho en el inmueble de referencia, sea, “accesión”. Empero, es lo cierto que su planteamiento respondía al deseo de recuperar lo invertido, pues, según se aduce con su pretensión expresa de contrademanda, la actora no puede aprovecharse de su esfuerzo. Con lo anterior, es patente la intención de los contrademandantes por recuperar los fondos económicos inyectados en el inmueble, con independencia, claro está, de la denominación jurídica dada a su pretensión.
Si determinados extremos califican dentro del concepto técnico de mejoras y otros en cambio dentro de la hipótesis de la accesión, es un aspecto de calificación jurídica que no inhibe al Juzgador para concederlos con su correcta denominación, en virtud de que tal forma de resolver es contenido de la actividad jurisdiccional acorde con el principio iura novit curia. De ahí que los casacionistas no estaban obligados a reclamar, en específico, el instituto de la accesión o de las mejoras. VIII.-Ahora bien, definida la necesidad de pronunciarse sobre la pretensión de reconocimiento de las mejoras introducidas al inmueble en cuestión, es preciso determinar cuales de esas inversiones realizadas son propias de mejoras y cuales corresponden al instituto de la accesi ón. De igual manera, es necesario establecer cuales corresponden a mejoras sobre las que el demandado pueda ejercer la retención, como efecto derivado de la reivindicación dictada.
Las mejoras pueden ser necesarias o útiles. Respecto de las primeras, esta Sala ha establecido que las denominadas "mejoras necesarias", se refieren a todos aquellos gastos indispensables para la conservación de la cosa, pero que no acrecientan el valor venal de la misma. Se realizan con la finalidad de impedir su deterioro o ruina, dado que de no realizarse, devendría tal efecto negativo. Su finalidad no es lograr un mayor valor de la cosa, sino mantenerla en un buen estado. Se les denomina necesarias, pues deben ejecutarse sólo para que el bien no se deteriore y no disminuya su rendimiento. Por el contrario, las útiles sí aumentan el valor venal de la cosa, en tanto son introducidas con el afán de mejorarla, aumentar las utilidades. Aprovechan a cualquier poseedor y no solamente a quien las realiza. Ello porque generan una plusvalía al acrecentar el valor de la cosa. El Código Civil desarrolla esta distinción en el artículo 332, pues califica a las necesarias como aquellos gastos indispensables para la conservación de la cosa y a las útiles como las que aumenten su valor venal (en relación, sentencia No. 13 de las 10 horas del 29 de enero de 1993 y No. 68 de las 14 horas 40 minutos del 30 de junio de 1998.) Respecto de dichas mejoras, existen diferencias sustanciales en cuanto al poseedor de buena o de mala fe.
De conformidad con lo preceptuado por el numeral 328 del Código Civil en relación al 330 ibidem, al poseedor reivindicado le asiste el derecho al reconocimiento de las mejoras tanto útiles como necesarias, en virtud de las cuales, y hasta el pago efectivo, tendrá derecho de retención, sobre ambas, cuando la posesión se haya dado de buena fe, y únicamente sobre las necesarias, cuando la posesión lo haya sido de mala fe. Por otra parte, las mejoras suntuarias o de puro adorno pueden ser retiradas por el poseedor de buena fe (ius tollendi), siempre que con tal acción no se cause deterioro al bien y siempre que el poseedor legítimo no prefiera conservarlas, pagando el valor que tendrían después de separadas. IX.-En lo que respecta al instituto de la accesión, interesa para los efectos la que se establece respecto de bienes inmuebles, específicamente en lo atinente a la construcción en terreno ajeno.
Cuando se hubiere edificado, plantado o sembrado en terreno ajeno, el Código Civil establece una distinción sustentada en si la construcción se ha dado sin el consentimiento del dueño (artículo 508) o a "ciencia y paciencia" de éste (artículo 509). Cuando no ha mediado consentimiento, el dueño del terreno hace suyo el edificio o plantación, indemnizando el valor de los materiales y la mano de obra, excluyéndose del pago el mayor valor de la finca; pero también puede optar por exigir la eliminación o destrucción de lo incorporado, y el pago de los daños y perjuicios causados, salvo el caso de quien, de buena fe, edificó, sembró o plantó, pues aquí no procede la destrucción, teniendo el propietario del inmueble la opción de re-embolsar el valor de los materiales y trabajo, o bien pagar una suma igual o mayor al valor adquirido por la finca (artículo 508). Por otro lado, si las obras se realizaron "a ciencia y paciencia" del dueño, éste podrá hacer suya la plantación o edificación, pagando el valor si ello le conviniere, pero también podrá optars por la constitución de la copropiedad entre ambos, fijando las cuotas en función de los aportes de uno y otro (artículo 509).
Este órgano colegiado ha establecido que en el caso de consentimiento expreso del propietario para la incorporación de cosas sobre su inmueble no hay accesión, pues la accesión constituye una forma de adquisición originaria del derecho de propiedad, y no se está en presencia de esa hipótesis sino de una forma contractual de donde derivan derechos y obligaciones recíprocas. Si bien se genera la incorporación de cosas, la forma de determinar la titularidad va a depender de la voluntad de las partes, y en ausencia expresa de ésta, de las normas de las obligaciones (artículos 627 y siguientes), los principios generales del Derecho y la equidad (artículos 4 y 11 del Código Civil, respectivamente). (Sobre el particular, sentencia No. 751 de las 10 horas 20 minutos del 6 de octubre del 2000.) X.-En el caso bajo análisis, en el hecho probado número 5 de la sentencia de primera instancia, se tuvo por demostrado que el recurrente... y su familia, realizaron una serie de inversiones en el inmueble.
En este sentido se indicó: “En el terreno descrito en el hecho anterior, el demandado ... y su familia han estado efectuando actos de posesión de naturaleza agraria, consistentes en la hechura de repastos o limpieza de los ya existentes, cultivo de granos básicos tales como arroz, frijoles y maíz. Plantación de árboles frutales. Construcción de una casa de habitación, un alar aparte con cocina y un cuarto; un corral de madera, un rancho y dos pozos para extraer agua. Instalaron cercas de alambre de púas para hacer apartos y crían ganado vacuno y cerdos ...” Este extremo fue avalado por el Tribunal, según se desprende del considerando II de la sentencia recurrida. De tal modo, se ha acreditado debidamente dentro del expediente, en que consisten los trabajos realizados por el demandado y sobre los cuales debe precisarse sobre su naturaleza de mejoras o agregados propios del instituto de la accesión.
En el sub-judice, de los extremos que constituyen las mejoras realizadas por el recurrente, según los hechos probados fijados en el presente proceso, se desprende que la única mejora necesaria consiste en la hechura de repastos o limpieza de los ya existentes, en tanto los demás aspectos consignados en el hecho probado número 5 de previa cita, constituyen elementos que otorgan un mayor valor a la propiedad en cuestión, o bien adiciones a la misma, pero que no resultan ser indispensables para su conservación, puesto que se refieren a construcciones o edificaciones, cultivos y cría de ganado. Por tanto, al amparo de lo dispuesto por el numeral 328 del Código Civil, estas mejoras necesarias indicadas deben ser reconocidas por el propietario del terreno, acudiendo al recurrente que las realizó, el derecho de retención hasta por el valor de las mismas. En lo que toca a las demás inversiones, constituyen edificaciones, cultivos de árboles frutales y agregados a un bien inmueble ajeno, que fueron realizadas sin el consentimiento del propietario (artículo 508 del Código Civil) y frente a las cuales, el actor ha mostrado su oposición (pretensión No. 4 de la demanda, folio 100).
Desde este plano, estas inversiones realizadas por el señor *....* y su familia (constatadas en el hecho probado No. 5 de la sentencia del juzgado) importan un beneficio para la posesión que ha venido ejerciendo en el inmueble en conflicto y la actividad que realiza, pero no pueden ser asociados a una conservación del bien inmueble. Tampoco pueden ser consideradas * como mejoras útiles, dado que para que pudieran ser tenidas como tales, debió haberse demostrado que las adiciones se realizaron sobre bienes ya existentes. En efecto, las mejoras tienen una regulación y connotación diferente a las plantaciones o construcciones nuevas que una persona hace en suelo ajeno, por lo que ambas figuras deben diferenciarse. Las mejoras se rigen por un principio de accesoriedad, en tanto se realizan para ampliar, modificar o reparar una cosa preexistente. Así, con referencia a un predio destinado a la producción agraria, podrían considerarse como mejoras, la reposición, incremento, modificación o mejoramiento de las plantas o cultivos pre-existentes; arreglo de la infraestructura con la que se desarrolla la actividad agraria, entre otros.
En oposición, las nuevas edificaciones, construcciones o cultivos permanentes (de árboles frutales) realizados en el terreno ajeno donde no habían obras de esa naturaleza, o si existían estaban por completo separadas de las nuevas, no pueden ser tenidas como mejoras en el sentido jurídico del término, aún cuando “mejoren la propiedad”, por lo que en estos menesteres, es de aplicación la figura de la accesión de bienes inmuebles, o inmobiliaria.(En esta dirección se orientan las sentencias No. 1 de las 14 horas 55 minutos del 6 de enero de 1993, No. 65 de las 14 horas 40 minutos del 17 de agosto de 1994 y No. 4 de las 14 horas 45 minutos del 28 de enero de 1998). En esta línea de pensamiento, esta Sala, en sentencia No. 37 de las 14 horas 55 minutos del 10 de abril de 1996, manifestó: “Las edificaciones levantadas en un terreno, en buena técnica jurídica, no pueden reputarse mejoras. Estas últimas constituyen aumentos, reparaciones o cambios favorables en bienes preexistentes, tocante a los cuales, dependiendo si se trata de poseedores de buena o mala fe, puede pedirse el reembolso en caso de devolución del bien, cuando el propietario no ha ostentado la posesión.
La regulación del pago de mejoras está contenida en los artículos 328 a 332 del Código Civil, y puede acordarse en aquellos casos en los cuales no se da la accesión por siembra o edificación en fundo ajeno. De darse la accesión, el régimen aplicable será el previsto por los artículos 508 y 509, según corresponda”.De acuerdo con los antecedentes citados, las edificaciones, cultivos permanentes y demás aportes realizados por el recurrente [Nombre23] dentro del inmueble en cuesti ón no pueden ser considerados simplemente como aumentos, reparaciones o cambios beneficiosos a bienes que existían antes de su entrada en posesión, puesto que no se ha acreditado en autos que existieran en el inmueble de conflicto, plantaciones que fuesen mejoradas, aspecto que en orden con lo indicado, resulta fundamental para que tales inversiones fuesen calificadas como mejoras. De esto deriva que no es dable aplicar al caso la normativa que regula las mejoras, sino las propias de la accesi ón inmobiliaria.
XI.- En el sub-lite, la posesión ha sido ejercida de mala fe, ya que los demandados admitieron conocer que el bien estaba en administración del Ministerio de Ambiente y Energía, y sin tener permiso alguno, la mantuvieron (folios 283-285), según se analiza por parte del Tribunal en el considerando VIII de la sentencia recurrida, (consideraciones que comparte este órgano colegiado). Esta situación es de relevancia para la debida valoración de las pretensiones subsidiarias planteadas por el recurrente, relacionadas al reconocimiento de las mejoras introducidas al inmueble. En lo que respecta a las necesarias practicadas, según se ha indicado supra, deben ser reembolsadas al demandando, y al tenor de lo dispuesto por el numeral 330 del Código Civil, le corresponde el derecho de retención únicamente por su valor. En lo atinente a las demás inversiones realizadas, el recurrente pretende que se reconozcan a su favor el valor de las mismas, en tanto las considera mejoras útiles.
No obstante, ya se ha definido que tales adiciones no pueden ser incluidas dentro de este tipo, sino que se encuentran reguladas por la accesión inmobiliaria, de modo que su reconocimiento económico no se rige por las normas relativas a las mejoras útiles (artículo 330 Código Civil), sino que les resulta aplicable lo dispuesto por el Ordenamiento Jurídico para la accesión. Bajo esta inteligencia, de conformidad con el artículo 508 del Código Civil, en casos como el presente, en donde la persona que ha edificado, plantado o sembrado en fundo ajeno, lo ha hecho prescindiendo del consentimiento del propietario y sin la mediación de la buena fe (por cuanto en este asunto se ha acreditado que la posesión fue de mala fe), el dueño del terreno tendrá la opción de hacer suyo el edificio, plantación o sementera, previo reembolso del valor de los materiales y el de la mano de obra, sin consideración al mayor o menor valor que haya podido recibir la finca, o bien, solicitar que se quiten o destruyan a costa de quien las hizo.
En este sentido, la indemnización pretendida en estas lides se encuentra sujeta a que el propietario decida mantener esas edificaciones y cultivos, dado que, si el demandante, dentro de las posibilidades que define la citada norma opta por la destrucción o retiro de las inversiones realizadas, no procederá reconocimiento económico alguno a favor del demandado por este concepto. No obstante, esta facultad del propietario no puede dejarse abierta en el tiempo, de modo que los principios de justicia pronta y cumplida y de tutela judicial efectiva, aplicados de forma objetiva y racional, exigen el establecimiento de un plazo dentro del cual el propietario establezca si mantiene las adiciones realizadas en su predio, o bien ordena su retiro o destrucción. Para tales efectos, estima este órgano colegiado que es preciso otorgar al propietario un plazo de tres meses, a partir de la firmeza de este fallo, para que defina cual de ambas opciones referidas por el numeral 508 del Código de cita va a ejercer, puesto que no establecer un tiempo para tales fines, dejaría en el limbo y en la inseguridad al recurrente, quien quedaría sujeto de forma indefinida a una eventual decisión que debería adoptar el accionante sobre el particular.
La seguridad jurídica obliga a establecer que si dentro de dicho plazo el propietario no definiera su situación, su silencio se entenderá como anuencia del reconocimiento de las obras y cultivos a favor del demandado, de conformidad con la cuantificaci ón que se establezca en proceso de ejecución de sentencia. XII.-Así las cosas, constatándose en el fallo impugnado el vicio que se achaca, lo procedente es acoger parcialmente el agravio, a efectos de que se imponga a la parte actora la obligación de pagar al demandado [Nombre23] la inversión por éste realizada sobre el terreno objeto de debate, consistente en las siguientes mejoras necesarias: hechura de repastos o limpieza de los ya existentes, conforme a la cuantificación que se realice en ejecución del presente fallo, con la retención ya dicha. En lo que se refiere a las demás inversiones, en armonía con lo expuesto en los considerandos precedentes, deberá el actor, dentro del plazo de tres meses contados a partir de la firmeza de la presente resolución, definir si mantiene las edificaciones y cultivos; o bien ordena su retiro o destrucción; en el entendido de que la falta de definición dentro de dicho plazo se entenderá como aceptación de las inversiones, imponiéndose el deber de reembolsar su valor al demandado, conforme fue expuesto anteriormente.
XIII.-Finalmente, en lo que concierne al tratamiento especial que deben recibir las zonas fronterizas, señala es imposible reivindicar un terreno que se encuentra en tal condición, pues son bienes demaniales, imprescriptibles e inalienables. Ha quedado demostrado que el predio objeto de litis se encuentra ubicado en la franja fronteriza norte, dentro de una zona protegida. Sobre el particular la exposición que hace el Tribunal es compartida por esta Sala, concretamente cuando señala, “...Ante tal situación, en primer orden, el régimen legal aplicable es el establecido por el artículo 7 de la Ley de Tierras y Colonización, según el cual, son inalienables y no susceptibles de adquirirse por denuncio o posesión, salvo los que estuvieren bajo el dominio privado, con título legítimo, los terrenos: ³...comprendidos en una zona de 2000 [Dirección2] de ancho a lo largo de las fronteras con Nicaragua y Panamá ...”.
Tal afectación no se limita a la vigencia de la Ley de Tierras y Colonización, sino que, como bien lo señala el Procurador Agrario, existen una serie de leyes especiales que desde el siglo trasanterior, desde la época de la Corona Española, afectaron al dominio público esos bienes con miras a salvaguardar la seguridad nacional en un inicio y más recientemente a proteger los recursos naturales existentes en esa zona. Pese a ello, pueden existir en la actualidad terrenos inscritos en esa área a nombre de particulares. Así mismo, resulta también aplicable a este caso el régimen de zonas protegidas al encontrarse el bien en litis dentro de una de (sic) ella. Sobre el tema cabe mencionar, si bien existen contratos de arrendamiento * otorgados por el Instituto de Desarrollo Agrario, al ser el ente que por ley administraba esas áreas, éstos perdieron su vigencia en aquellos sectores, que además de la afectación demanial propia de la franja fronteriza, están comprendidos en zonas protegidas, quedando como administrador de éstos el Ministerio de Ambiente y Energía (Ver al respecto, de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el Voto N° 1763 de las 16:45 horas del 13 de abril de 1994).
En este caso, el inmueble en litis está dentro de la franja fronteriza y además, en el Refugio Nacional de Fauna Silvestre del Corredor Fronterizo Norte creado por el Decreto No. 23248-MIRENEM del 18 de mayo de 1994, pasando a partir de ese momento a ser administrados por el Ministerio de Ambiente y Energía, razón por la cual el Plano Número G-347793-95, catastrado por los demandados, establece expresamente son terrenos bajo administración de ese Ministerio (..). Así mismo, existiendo la posibilidad tal y como se señaló, de que algunas partes de esa franja fronteriza estén inscritas a nombre de particulares, no podría en este caso cuestionarse dicha inscripción ni tampoco exigírsele a la empresa actora demostrar la secuencia de traspasos desde el origen de la inscripción para tenerla por legitimada activamente, pues basta con que demuestre tiene todos los inmuebles que cita en la demanda registrados a su nombre, sin perjuicio de los derechos que el Estado pudiera tener sobre ese terreno.- ³(folios 547-548) Por las razones dadas se impone el rechazo del cargo.
XIV.-Así las cosas, constatándose en el fallo impugnado el vicio que se achaca, lo procedente es acoger el agravio, para revocar parcialmente la sentencia del Tribunal en ese particular extremo, y resolviendo por el fondo, acoger parcialmente la pretensión subsidiaria, extremo respecto del cual se rechazan las excepciones de falta de interés actual, falta de legitimación ad causam activa y pasiva y la expresión genérica de sine actione agit interpuestas. En consecuencia, deberá la parte actora pagar al señor ...* el valor de la inversión realizada sobre el terreno en litigio por concepto de mejoras necesarias, consistente en: hechura de repastos o limpieza de los ya existentes, conforme a la cuantificación que se haga en ejecución del presente fallo y sobre cuyo valor, el recurrente ostenta derecho de retención hasta su efectivo pago. En lo que respecta a las demás construcciones y cultivos, deberá el propietario dentro del plazo referido en el considerando XII anterior definir si reconocerá las mismas o bien, solicitar á su retiro o destrucci ón, en el entendido de que si dentro de dicho plazo no existiere pronunciamiento al respecto, deberá cancelar al recurrente el valor de los materiales y el de la mano de obra, sin consideración al mayor o menor valor que haya podido recibir la finca, conforme se establezca en proceso de ejecución de sentencia. "(HASTA AQUÍ VOTO RELATIVO A MEJORAS). *
XII.Cuando se demuestra el cumplimiento de la función social, y es una garantía no solo prevista en la legislación ordinaria, sino también en la jurisprudencia constitucional (Sentencia de la Sala Constitucional, No. 2012-16629 de las 16:31 del 28 de noviembre del 2012) y el artículo 45 de la Constitución Política. Si analizamos, en primer término la Ley de Tierras y Colonización, el artículo 100 establece que cuando se dan procesos expropiatorios "El avalúo de las parcelas ocupadas no comprenderá de ningún modo, desde luego, el valor de las construcciones, cultivos y demás mejoras que fueren propiedad de los ocupantes...". Por otra parte, el artículo 48 de la Ley INDER, también establece el reconocimiento de las mejoras útiles y necesarias y accesiones de buena fe, que se hayan introducido sobre bienes del Inder. Incluso, en los casos de los contratos de arrendamiento agrario que otorga el Inder, también se reconoce el pago de mejoras.
Y ni que decir cuando se trata de la consolidación de áreas protegidas, que forman parte del Patrimonio Natural del Estado, porque de conformidad con el artículo 72, de la Ley Forestal, que modificó el 37 de la Ley Orgánica del Ambiente, los inmuebles quedan sometidos a dicha condición, en el momento de ser expropiados o pagados. Si bien es cierto en este caso se expropió al propietario anterior, a la compañía Osa Forestal, también es cierto que existía una calidad de ocupante anterior, y por lo tanto este tendría derecho a ser indemnizado de sus mejoras, previo a ser desalojado del inmueble. Es un criterio que impone el derecho, pero también razones de equidad, pues si bien es cierto los trasmitentes conocía de la situación registral del inmueble, también es cierto que transmitieron algunas mejoras, de buena fe, que se han mantenido hasta la actualidad, y que deberán liquidarse y estimarse en fase de ejecución de sentencia. * Efectivamente está demostrado que el representante de la actora, ejerció como actos posesorios el cultivo de maíz, frijoles, platano, cuadrado, arroz, y ganadería, vivió en la propiedad, donde crió a sus hijos, hasta hace como cinco años que se trasladó a otro sitio de la zona, nunca se le reclamó la posesión por parte del Instituto de Desarrollo Agrario (ver declaración de parte, dvd, segmento 32).
Aproximadamente a mitad de la colindancia por el sur, donde termina el carril, y da inicio a la cerca de alambre de púas -colindancia con [Nombre7] -, se nota existe cerca a tres hilos de alambres, con postes vivos y muertos, bien definida, y dentro del inmueble tacotal, luego existen repastos recientemente limpios con aproximadamente cuatro apartos, no hay construcciones, y la cerca continúa, con postes de madera vivos de gmelina y madero negro por la [Dirección3] , hasta aproximadamente la mitad de la misma, con cercas de alambre de púas a cuatro hilos, a la cual se le ha dado mantenimiento, entre los repastos, charral y tacotal suman aproximadamente veinticinco hectáreas de terreno, igualmente se observan árboles frutales y maderables, un camino interno hecho con tractor desde la entrada a la propiedad hasta la quebrada, el resto del inmueble es bosque debidamente conservado (ver reconocimiento judicial y declaración de parte).
El reconocimiento y pago de las mejoras, también es una consecuencia del hecho de que el Estado, y particularmente los funcionarios del Instituto de Desarrallo Rural, siempre han respetado, de algún modo, el ejercicio de la posesión y la conservación de las zonas que habían sido mejoradas por los anteriores poseedores, trasmitentes. Eso sí, el cálculo de las mismas debe realizarse únicamente en el área de 25 hectáreas. Particularmente, se tomará en consideración, el censo del ITCO, del año 1976, donde figura como ocupante No. 1194 [Nombre5] , se tomará en consideración el rubro de las inversiones (voltea, socola, rastrojo y tacotal), ahí señaladas, con excepción de la casa que no existe porque se quemó, a un valor actual de indexación, comparándolo con las hoy existentes, en particular, las cercas y árboles maderables y frutales cultivados. Tal derecho de mejoras, con derecho de retención únicamente de las mejoras necesarias, entendidas como tales los gastos indispensables para la conservación de la cosa consistente en: hechura de repastos o limpieza de los ya existentes, conforme a la cuantificación que se haga en ejecución del presente fallo y sobre cuyo valor, el recurrente ostenta derecho de retención hasta su efectivo pago, no así respecto de las mejoras útiles, entendias como aquellas que hayan aumentado el valor venal del bien. Lo anterior al tenor de lo dispuesto en el artículo 45 de la Constitución Política, que establece el pago previo. *
XIII.SOBRE LA RECUPERACIÓN AL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO Y JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL, QUE OTORGAN LA ADMINISTRACIÓN AL MINAE: La Sala Constitucional, en la consulta legislativa realizada al Proyecto de Ley de transformación del Instituto de Desarrollo Agrario a Instituto de Desarrollo Rural (INDER), No. 1963-2012 del 15 de febrero del 2012, señaló en lo que interesa lo siguiente: "SOBRE LOS ARTÍCULOS 16 Y 34 SOBRE LAS RESERVAS NACIONALES. Finalmente, tanto los legisladores consultantes como la Contraloría General de la República cuestionan lo dispuesto en los artículos 16 y 34 del proyecto de ley consultado, los cuales, en lo conducente, disponen lo siguiente: *
“ARTÍCULO 16.-* Competencias y potestades del Inder. * Para el cumplimiento de sus fines, el Inder contará con las siguientes potestades y competencias: * (…) * e) Otorgar contratos de arrendamiento, derechos de uso, títulos de propiedad, reconocimiento de posesión o cualquier otro derecho real, en tierras que sean parte de su patrimonio y las que adquiera o se le traspasen para la ejecución de iniciativas de desarrollo rural. * (…) * h) Administrar, en nombre del Estado, las reservas nacionales que no sean parte del patrimonio natural, las tierras que sean parte de su patrimonio y las que adquiera o le traspasen, para la ejecución de planes de desarrollo de los territorios rurales, en cumplimiento de la función social, económica y ambiental de la propiedad, dentro de los conceptos de multifuncionalidad y desarrollo sostenible. Igualmente, el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet), mediante las figuras legales correspondientes, podrá autorizar al Inder el uso de las áreas aptas para el desarrollo de proyectos ecoturísticos, de turismo rural comunitario o agroecológicos, dentro de áreas protegidas, previo estudio técnico correspondiente, excepto en parques nacionales o en reservas biológicas absolutas. * (…) * ARTÍCULO 34- Bienes y recursos * El patrimonio del Inder está constituido por los siguientes bienes y recursos: * a) Las tierras de la reserva nacional que no hayan sido traspasadas al patrimonio natural del Estado.
(…)” * En criterio de los consultantes las normas indicadas lesionan lo dispuesto en los artículos 50, 89 y 121, inciso 14, de la Constitución Política, en el tanto, se le otorga al Instituto de Desarrollo Rural la competencia para administrar y dar soluciones a los poseedores de reservas nacionales que no sean parte del patrimonio natural, cuando -según alegan-todas las reservas son parte del patrimonio natural y es el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones el competente para administrarlas. Específicamente, la Contraloría General de la República estima inconveniente trasladar los terrenos de las reservas nacionales al INDER, por cuanto, las mismas, en cuanto constituyen bienes demaniales, deben ser objeto de protección y vigilancia oficial del Estado, siendo que, conferirle al INDER la administración y disposición de las reservas nacionales, conlleva, en realidad, una desafectación implícita.
De otra parte, se cuestiona, la posibilidad que el MINAET traslade al INDER áreas protegidas para el desarrollo de proyectos “ecoturísticos, de turismo rural comunitario o agroecológicos”, tratándose de actividades que por su naturaleza no corresponden al INDER y son parte del ámbito de competencias de otras instituciones, siendo que, por lo demás, se estaría permitiendo la disminución del espacio territorial de las áreas protegidas. Sobre tales agravios es preciso señalar que desde la consagración del Derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado consagrado en el artículo 50 de la Constitución Política -luego de un amplio desarrollo jurisprudencial por este Tribunal Constitucional-el Estado costarricense se comprometió constitucionalmente a garantizar, defender y preservar ese derecho con una serie de consecuencias prácticas y legales. Sobre el particular, conviene retomar lo considerado por este Tribunal en la sentencia No. 2007-02063 de las 14:40 hrs. de 14 de febrero de 2007, que en lo conducente señaló lo siguiente: * “(…) Con la reforma del artículo 50 de la Constitución Política mediante Ley número 7412, de tres de junio de mil novecientos noventa y cuatro, se consagró en forma expresa en el Texto Fundamental el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el cual previamente había sido reconocido por este Tribunal (…) como un derecho fundamental -en particular pueden consultarse las sentencias número 2233-93, 3705-93, 6240-93, 5399-93, 1394-94, 4480-94, 5668-94-al derivarlo de lo dispuesto en los artículos 21 (derecho a la salud), 69 (exigencia constitucional a la "explotación racional de la tierra") y 89 (protección de las bellezas naturales), todos de la Constitución Política.
Sin embargo, en la norma constitucional la tutela del ambiente se reconoce en una doble dimensión, primero, como un verdadero derecho fundamental, reconocible a toda persona y, en ese sentido es individualizable (nacional, extranjero, mayor de edad o menor, incapaz, persona física o jurídica), por cuanto su defensa atañe a la colectividad en su conjunto (no sólo a los nacionales, sino de toda la colectividad mundial); y segundo, como una verdadera potestad pública, que como tal, se traduce en obligaciones concretas para el Estado en su conjunto, condicionando así, los objetivos políticos, y en consecuencia, la acción de los poderes públicos en general, para darle cabal cumplimiento a este derecho fundamental. Así, se establece una verdadera obligación del Estado de proteger el ambiente, mediante los mecanismos (actuaciones formales y materiales, disposiciones legales y reglamentarias) que se traduzcan en una efectiva tutela del ambiente y de los recursos naturales que lo integran, con la finalidad de mejorar el entorno de vida del ser humano, con lo cual se desbordan los criterios de conservaci ón natural, para ubicarse dentro de toda la esfera en que se desarrolla la persona que facilite su desarrollo integral -físico, psíquico, mental-.
La incidencia que tiene el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado dentro de la actividad del Estado, encuentra su primera manifestación en que por definición los derechos no se limitan a la esfera privada de los individuos, sino que tienen trascendencia en la propia estructura del Estado, en su papel de garante de los mismos, y, en segundo término, porque la actividad del Estado se dirige hacia la satisfacción de los intereses de la colectividad. Asimismo, es importante resaltar que en la jurisprudencia constitucional el concepto de "ambiente" no ha sido limitado a los elementos primarios de la naturaleza, sea el suelo, el aire, el agua, los recursos marinos y costeros, los minerales, los bosques, la diversidad biológica en la flora y fauna, y el paisaje; a partir de los cuales se conforma el marco ambiental sin el cual las demandas básicas -como la alimentación, energía, vivienda, sanidad y recreación-serían imposibles; sino que lo ha entendido de una manera integral, estableciéndose un concepto "macro-ambiental", al comprender también aspectos relativos a la economía, en lo que se refiere a la generación de divisas a través del turismo y/o la explotación agrícola (sentencias número 5893-95, de las nueve horas cuarenta y ocho minutos del veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y cinco; y en igual sentido, las número 3705- 93, supra citada, y número 2988-99, de las once horas cincuenta y siete minutos del veintitrés de abril de mil novecientos noventa y nueve); y a lo relativo a la actividad urbana, que comprende la planificación de las ciudades, la determinación de usos de suelo, el tratamiento de la basura (sólida, de desechos tóxicos, aguas residuales), el control sónico, planeamiento de las vías públicas, y la regulación de los anuncios publicitarios (sentencia número [Telf3]).
(…)” * Después de la reforma parcial al numeral 50 de la Constitución en 1994, se ha venido desarrollando un denso, amplio y prolijo marco normativo infra constitucional para la protección efectiva del goce y ejercicio del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, habida cuenta que el párrafo 3° dispuso que “El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho”; imperativos y obligaciones constitucionales que han llevado al Estado costarricense a establecer un vasto y extenso entramado normativo infra constitucional que se traduce en diversas leyes, reglamentos y decretos ejecutivos, los que se encargan de cuestiones sustantivas y formales para la garantía, tutela y preservación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Adicionalmente, ese ordenamiento jurídico sub constitucional, ha establecido una organización administrativa extensa y compleja para actuar los imperativos y obligaciones constitucionales contenidas en el párrafo 3° del artículo 50 constitucional.
Dentro de este bloque o parámetro de legalidad, creado para desarrollar el artículo 50 de la Constitución, encontramos que es el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) el órgano rector del Poder Ejecutivo encargado del sector ambiente (artículo 1º de la Ley No. 7152 de 5 de junio de 1990, Ley Orgánica del Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones) y es “por tanto el responsable de emitir las políticas ambientales en el desarrollo de las comunicaciones, la protección ambiental, el manejo y uso sostenible de los recursos naturales (…)” (artículo 2º del Reglamento Orgánico del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, Decreto Ejecutivo No. 35669-MINAET de 4 de diciembre de 2009). Así, sin pretender se exhaustivos, encontramos que la Ley Orgánica del Ambiente, No. 7554 de 4 de octubre de 1995, en el artículo 32, indica que le corresponde al Poder Ejecutivo, por medio del MINAET, establecer y administrar las áreas silvestres protegidas en cualquiera de las categorías de manejo que se establezcan, sea, reservas forestales, zonas protectoras, parques nacionales, reservas biológicas, refugios de vida silvestre y humedales y además en el artículo 34 señala que “En las áreas silvestres protegidas propiedad del Estado, corresponde al Ministerio del Ambiente y Energía, adoptar medidas adecuadas para prevenir o eliminar, tan pronto como sea posible, el aprovechamiento o la ocupación en toda el área y para hacer respetar las características ecológicas, geomorfológicas y estéticas que han determinado su establecimiento”.
De otra parte, el artículo 13 de La Ley Forestal No. 7575 de 13 de febrero de 1996, dispone que el patrimonio natural del Estado está constituido por “los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, excepto inmuebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio”, confiándole al MINAET -como órgano rector-su administración y siendo el competente para delimitar los linderos correspondientes, así como, para establecer un catastro forestal (artículos 5, 16 y 17). La Ley de Biodiversidad No. 7788 de 30 de abril de 1998, dispone que le corresponde al MINAET coordinar la organización administrativa encargada del manejo y la conservación de la biodiversidad.
La Ley No. 6084, de 24 de agosto de 1977, Ley del Servicio de Parques Nacionales, dispone en el artículo 1º la creación del Servicio de Parques Nacionales adscrito al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, cuya función es el desarrollo y administraci ón de los parques naciones para la conservación del patrimonio natural del Estado. De su parte, la Ley No. 7317 de 30 de octubre de 1992, Ley de Conservación de la Vida Silvestre, dispone que la Dirección General de Vida Silvestre adscrita al MINAET es el órgano competente en materia de planificación, desarrollo y control de la flora y fauna silvestres, indicándose que el Ministro, en su condición de rector del sector de recursos naturales, tiene una serie de competencias para su tutela (artículo 6). De este modo, se observa que, en desarrollo del artículo 50 de la Constitución, se ha establecido un amplio marco normativo y organizacional que tutela dicho derecho en sus más amplios aspectos, definiendo al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones como el órgano rector con las competencias legales y técnicas más acusadas para garantizar su efectivo cumplimiento y velar por las obligaciones consagradas en el numeral de cita.
Dentro del nuevo contexto creado por el artículo 50 constitucional, después de la reforma parcial de 1994, lo conforme con el Derecho de la Constitución es que los terrenos de la reserva nacional sean administrados y clasificados por el MINAET y sólo cuando dicho órgano haya descartado que los mismos no pertenecen al Patrimonio Natural del Estado podría administrarlos el INDER conforme el marco competencial otorgado. En ese sentido, es preciso destacar que de las leyes constitutivas del Instituto de Tierras y Colonización, Ley No. 2825 de 14 de octubre de 1961, la Ley que Crea el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) Ley No. 6735 de 29 de marzo de 1982 y el proyecto de ley de “Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (INDER)´se desprende que no son instituciones con vocación de preservación del medio ambiente. Razón por la cual, estima este Tribunal que al confiarle la administración de las reservas nacionales, se compromete y amenaza el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, máxime, si se toma en cuenta las competencias que se le confían al INDER de “otorgar contratos de arrendamiento, derechos de uso, títulos de propiedad, reconocimiento de posesión o cualquier derecho real, en tierras que sean parte de su patrimonio (…)”,razón por la cual, en ejercicio de sus competencias, el INDER podría comprometer tierras que no tienen, propiamente, una vocación agrícola y más bien están destinadas a resguardar un “ambientesano”.Nótese, adicionalmente que, la “Convención para la Protección de la Flora, Fauna y * Bellezas Escénicas Naturales de los países de América” aprobada por Ley No. 3763 de 19 de octubre de 1966, define en el artículo 1º, inciso 2º, a las Reservas Nacionales como “Las regiones establecidas para la conservación y utilización, bajo vigilancia oficial, de las riquezas naturales, en las cuales se dará a la flora y la fauna toda protección que sea compatible con los fines para los que son creadas estas reservas”, con lo cual, se reafirma que los terrenos de la reserva nacional deben ser resguardados, en primer lugar, por el MINAET a fin de asegurar la protección del equilibrio ecológico.
En ese sentido, la redacción actual del artículo 34, inciso a), del proyecto de ley, tal y como lo sugiere la Procuraduría General de la República, “podría llevar a pensar que terrenos forestales o de bosque de las reservas nacionales que se mantengan aún bajo propiedad del Instituto de Desarrollo Agrario al momento de promulgarse la nueva ley, perderían su carácter de patrimonio natural del Estado, porque aún no habrían sido traspasadas al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones” (ver, sobre el particular, la Opinión Jurídica No. 009-J de 21 de febrero de 2011). En definitiva, la administración de las reservas nacionales no puede ser igual a la que imperaba en el ordenamiento infra constitucional anterior a la reforma parcial del artículo 50 constitucional en 1994, por el profundo impacto que produjo el reconocimiento de un derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
En consecuencia, estima este Tribunal Constitucional que los artículos 16, inciso h), y 35 del proyecto de ley son inconstitucionales por las siguientes razones: a) Se le asigna al Inder la administración, en nombre del Estado, de las reservas nacionales que no son parte del patrimonio nacional, cuando, a la luz del artículo 50 constitucional tales terrenos deben ser administrados por el Minaet como órgano rector en materia de protección ambiental y sólo después de que ese órgano descarte que no tienen vocación ambiental, pueda ser administrado por el Inder y b) al preceptuar, de manera equívoca, que las tierras de la reserva nacional que no hayan sido traspasadas al patrimonio natural del Estado forman parte del patrimonio del Inder, cuando, son de titularidad y patrimonio del Estado, cuyos órganos deben verificar técnica y científicamente sí tienen o no vocación ambiental." * Con fundamento en el anterior criterio jurisprudencial, dado que en la sentencia de primera instancia se ordena la reivindicación a nombre del Instituto de Desarrollo Agrario, hoy, Instituto de Desarrollo Rural.
Sin embargo, una vez que sean pagadas las mejoras, deberá entenderse que la administración de dicho bien corresponde al Ministerio de Ambiente, a través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, conforme a lo indicado por la Sala Constitucional y de acuerdo a lo establecido en los artículos 13 de la Ley forestal y 37 de la Ley Orgánica del Ambiente. * VOTO SALVADO DE LA JUEZA [Nombre24] : No se comparte el voto de mayoría únicamente en cuanto resuelve el pago de la mejoras a la parte, ello por cuanto las mismas no son tales y no merecen su indemnización. El destino del inmueble de marras es para conservación, y así fue determinado cuando fue declarado como parte de la Reserva Forestal Golfo Dulce creada mediante Decreto Ejecutivo Nümero 8494-A del 28 de abril de 1978. Del reconocimiento judicial practicado por este Tribunal, se observó que dentro del inmueble existen varias nacientes al menos cinco de importancia para conformar el afluente hacia la quebrada que cruza la finca, es decir, dicho terreno además es de importancia para la recarga acuífera, siendo que por tal motivo le es aplicable lo dispuesto sobre demanialidad para bienes de esa naturaleza en el artículo 7 de la Ley de Tierras y Colonización de 1961.
Vemos se trata de un inmueble que no es de naturaleza agrícola, como para considerar los potreros o áreas chapeadas como mejoras, todo lo contrario, por la naturaleza de conservación de su ecosistema y recurso hídrico, tal intervención humana se traduce en destrucción o desmejora del inmueble * lo que implica no hay merecimiento de indemnización. Se indica el accionante hizo esas labores de chapeas cuando el Instituto de Desarrollo Agrario realizara un inventario de poseedores de la zona, sin embargo no se determina la ubicación de aquellas chapeas que se hicieran en aquel entonces, pues existen sectores en regeneración y otras áreas nuevas trabajadas de las que no hay certeza si lo fueron hechas antes de que el terreno fuera parte de la Reserva Forestal, así como tampoco su extensión. En todo caso, se consideran mejoras aquellas que le sirvan de aprovechamiento para el fundo, y en este caso no son de aprovechamiento pues el inmueble debe regenerarse en su totalidad sin que sea factible utilizalo para desarrollo de actividades agrícolas al ser su naturaleza altamente ecológica.- Cabe citar en este mismo sentido lo siguiente: " La Sala Primera admitió la existencia del Derecho ecológico y su objeto (Sala Primera de la Corte, Sentencia No. 189 de las 14 horas veinte minutos del 30 de octubre de 1991): la protección de los recursos naturales. * En ella estableció que la propiedad forestal es limitada, y en caso de creación de una Zona Protectora no es necesaria la indemnización, pues el propietario puede continuar con el ejercicio de una actividad agroforestal, conservando y protegiendo el recurso boscoso.
En la sentencia No. 51 de las 15 horas 15 minutos del 25 de mayo de 1995, la Sala desarrolló nuevamente el tema de la propiedad forestal, y aplicó al caso concreto el instituto de la posesión ecológica. Se trató de un conflicto de mejor derecho de posesión, en una área declarada * como Reserva Forestal. Se dijo: "La falta de entrega de una parcela no es motivo suficiente para pretender el mejor derecho de posesión. Lo más importante hubiera sido la conservación del recurso forestal... se exigió una posesión agraria efectiva e incluso la demostración de actos posesorios encaminados a la conservación del bosque. Este aspecto no fue demostrado por el recurrente, al contrario se convirtieron terrenos de aptitud forestal en potreros... Es decir, a pesar de la limitación existente con fines de conservación los poseedores siguieron explotando el bosque. Evidentemente, los trabajos realizados no tendían al ejercicio de una posesión forestal conforme a la naturaleza del bien.
Al contrario deforestaban para sembrar. Hicieron caso omiso a las limitaciones y siguieron destruyendo el bosque. Sus actos posesorios son, en consecuencia, contrarios a la función ecológica de conservación de los recursos naturales para mantener el equilibrio de los ecosistemas en la Reserva Forestal de la Cordillera Volcánica de Guanacaste".-Por lo expuesto, salvo el voto en cuanto concede el pago de mejoras a la parte actora, por cuanto las mismas no son tales, sino todo lo contrario, desmejoran la naturaleza ecológica del inmueble en cuestión.-* POR TANTO:* En lo que fue objeto de apelación, se confirma la sentencia, pero en el entendido que la administración de dicho bien corresponde al Ministerio del Ambiente, a través del Sistema Nacional de Areas de Conservación. Además, de oficio, se concede a la empresa actora el derecho al pago de las mejoras, por parte del Instituto de Desarrollo Agrario, hoy Instituto de Desarrollo * Rural, que serán liquidadas y estimadas en ejecución de sentencia, conforme a los parámetros indicados en el penúltimo considerando.
Se concede a la actora derecho de retención únicamente de las mejoras necesarias, entendidas como tales los gastos indispensables para la conservación de la cosa consistente en: hechura de repastos o limpieza de los ya existentes, conforme a la cuantificación que se haga en ejecución del presente fallo y sobre cuyo valor, el recurrente ostenta derecho de retención hasta su efectivo pago, no así respecto de las mejoras útiles, entendidas como aquellas que hayan aumentado el valor venal del bien. La jueza Alvarado Paniagua, salva el voto en cuanto concede el pago de mejoras, para denegarlas. * * * * * * * * * * * * * * * 8856,$$/)/) * * * * * * * * * * * * * * * XXUVLDDOIOI61 * * * * * * [Nombre25] * [Nombre24] - JUEZ/A DECISOR/A * $ * "#5"1) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * '1:. $7:"$%* * * * * * * * * * * D92BCUBQI6461 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GQZN5DWZBDE61* * * * * * [Nombre26] - * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * [Nombre27] * * * JUEZ/A DECISOR/A * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - JUEZ/A DECISOR/A* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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