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Reversal due to confused evidentiary assessment in logging in protected areaAnulación por confusión en valoración probatoria de tala en área protegida

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OutcomeResultado

AnnulledAnulada

The conviction and trial are annulled due to absolute defects in reasoning, contradictions, and evidentiary confusion, ordering a retrial.Se anula la sentencia condenatoria y el debate por defectos absolutos en la fundamentación, contradicciones y confusión probatoria, ordenando reenvío para nueva sustanciación.

SummaryResumen

The Court of Appeals reversed a conviction for violating the Forestry Law after identifying serious flaws in the trial judge's reasoning. The trial court had found the defendant guilty of felling a 'terciopelo' tree on the bank of an intermittent stream within the Border Corridor Wildlife Refuge, imposing a three-month suspended prison sentence. The appellate chamber found irreconcilable contradictions: the judge himself admitted lacking proof that the act occurred inside the refuge; there was confusion between the names of the stream (La Carida vs. La Vega); and most critically, a severe mix-up between the testimony of the police officers and the MINAE official, attributing statements of one to the other. The trial judge also failed to explain why testimony deemed insufficient to prove the location inside the refuge was sufficient to establish the stream's protection zone. Due to the absence of a trial recording, the appellate court could not verify the evidentiary assessment. The conviction and trial were annulled, and a new trial was ordered due to due process violations and inadequate reasoning, without addressing the merits of the defense's arguments.El Tribunal de Apelación anuló una sentencia condenatoria por infracción a la Ley Forestal al detectar graves defectos en la fundamentación. El Juez de Juicio tuvo por probado que el imputado taló un árbol de terciopelo sobre la vega de una quebrada intermitente, dentro del Refugio de Vida Silvestre Corredor Fronterizo, y le impuso tres meses de prisión condicional. Sin embargo, la Cámara encontró contradicciones insalvables: el propio juez admitió no tener prueba de que el hecho ocurriera dentro del refugio; hubo confusión entre los nombres de la quebrada (La Carida vs. La Vega); y, sobre todo, una grave confusión entre los testimonios de los oficiales de la Fuerza Pública y el funcionario del MINAE, al punto de atribuir a uno lo declarado por el otro. Además, no se justificó por qué los mismos testimonios insuficientes para acreditar el área protegida sí lo fueron para establecer la zona de protección de la quebrada. Al carecer del registro del debate, fue imposible para el Tribunal de Alzada verificar la correcta valoración de la prueba. Se anuló la sentencia y el debate, ordenando el reenvío para nueva sustanciación, por violación al debido proceso y falta de fundamentación adecuada, sin entrar al fondo de los alegatos de la defensa.

Key excerptExtracto clave

As a first point, it must be noted that there is a contradiction between the facts found proven and the judgment's reasoning, which in itself makes the trial court's reasoning untenable. Observe how the first proven fact states that it occurred '...within the Border Corridor Wildlife Refuge, in Yolillal de Upala, specifically on a plot located in Nazareth...' However, when supporting its decision, it contradictorily indicates that this particular aspect could not be proven. The judgment says: '...the truth is that I partly agree with the defense attorney, we have no evidence whatsoever to prove the existence of the alleged protection zone. Although it is true that the witnesses, the Public Force officers, and the MINAE official told us that this is the border corridor, we have no evidence to prove the extent of the border corridor and we have no evidence to determine whether or not that place was inside the border corridor.'Como primer aspecto debe indicarse que existe contradicción entre los hechos tenidos como probados con respecto a la fundamentación del fallo, lo que por si solo hace insostenible el razonamiento del Tribunal a quo. Al respecto nótese como en el primer hecho acreditado se indica por parte del Juzgador que éste se produce "...dentro del Refugio de Vida Silvestre corredor fronterizo, en Yolillal de Upala, propiamente en una parcela ubicada en Nazareth..." (folio 135 y archivo digital citado a partir del minuto 15:00). Sin embargo, cuando sustenta su decisión, en forma contradictoria señala que ese aspecto en particular no se logró acreditar. Sobre ello se dice en la sentencia: "...lo cierto es que en parte comparto lo que dice la señorita defensora, no tenemos prueba alguna que nos venga a evidenciar de la existencia de la zona de protección alegada. Si bien es cierto los testigos, los oficiales de la Fuerza Pública y el mismo señor del MINAE, nos dicen que ese es el corredor fronterizo, no tenemos una prueba que nos venga a decir cuál es la extensión del corredor fronterizo y no tenemos una prueba que nos venga a determinar si eso estaba o no dentro del corredor fronterizo" (a partir del minuto 30:43).

Pull quotesCitas destacadas

  • "“...no tenemos prueba alguna que nos venga a evidenciar de la existencia de la zona de protección alegada... no tenemos una prueba que nos venga a decir cuál es la extensión del corredor fronterizo y no tenemos una prueba que nos venga a determinar si eso estaba o no dentro del corredor fronterizo”"

    "“...we have no evidence whatsoever to prove the existence of the alleged protection zone... we have no evidence to prove the extent of the border corridor and we have no evidence to determine whether or not that place was inside the border corridor.”"

    Considerando II

  • "“...no tenemos prueba alguna que nos venga a evidenciar de la existencia de la zona de protección alegada... no tenemos una prueba que nos venga a decir cuál es la extensión del corredor fronterizo y no tenemos una prueba que nos venga a determinar si eso estaba o no dentro del corredor fronterizo”"

    Considerando II

  • "“...la sentencia se desarrolla de forma similar, lo cual impide a esta Cámara seguir la logicidad en la toma de la decisión del juzgador y por ende valorar si ese razonamiento se ajusta a las reglas del correcto entendimiento humano.”"

    "“...the judgment proceeds in a similar manner, which prevents this Chamber from following the logic of the judge's decision and therefore from assessing whether that reasoning conforms to the rules of correct human understanding.”"

    Considerando II

  • "“...la sentencia se desarrolla de forma similar, lo cual impide a esta Cámara seguir la logicidad en la toma de la decisión del juzgador y por ende valorar si ese razonamiento se ajusta a las reglas del correcto entendimiento humano.”"

    Considerando II

  • "“...la oralidad es sinónimo de informalidad o una forma de evitar la rigurosidad de la redacción exigida en un documento escrito.”"

    "“...orality is not synonymous with informality nor a way to avoid the rigorous drafting required in a written document.”"

    Considerando II

  • "“...la oralidad es sinónimo de informalidad o una forma de evitar la rigurosidad de la redacción exigida en un documento escrito.”"

    Considerando II

  • "“...se evidencia la desatención del Juez al momento de emitir la sentencia, quien ni siquiera tenía claro cuáles eran los hechos que podía acreditar ni el contenido de las declaraciones de los testigos...”"

    "“...the judge's inattention when issuing the judgment is evident, as he was not even clear on which facts he could prove nor the content of the witnesses' statements...”"

    Considerando II

  • "“...se evidencia la desatención del Juez al momento de emitir la sentencia, quien ni siquiera tenía claro cuáles eran los hechos que podía acreditar ni el contenido de las declaraciones de los testigos...”"

    Considerando II

Full documentDocumento completo

Sections

Procedural marks

JUDICIAL BRANCH JUDICIAL BRANCH SENTENCE APPEALS COURT OF THE THIRD JUDICIAL CIRCUIT OF ALAJUELA, SAN RAMÓN Tel: 2456-9069 tapelacion-sra @Poder-Judicial.go.cr Fax: 2445-5193 _______________________________________________________________________________ Res: 2013-00528 SENTENCE APPEALS COURT OF THE THIRD JUDICIAL CIRCUIT OF ALAJUELA, [Dirección1] Section. San Ramón, at eight hours fifty-five minutes on the twenty-eighth of August of two thousand thirteen.

APPEAL filed in the present case against [Nombre1]., […], for the crime of VIOLATION OF THE LEY FORESTAL, to the detriment of LOS RECURSOS NATURALES. Participating in the decision on the appeal are judges [Nombre2], Ligia Arias Alegría and María Gabriela Rodríguez Morales. Appearing on appeal are licensed attorney [Nombre3], public defender of the accused herein, and licensed attorney [Nombre4], representative of the Ministerio Público.

WHEREAS:

1.- That by judgment number 133-2012 at eleven hours and twenty-eight minutes on the eighteenth of April of two thousand twelve, the Trial Court of San Carlos resolved: "POR TANTO: In accordance with the foregoing and articles 1, 31, 71, 59, 60, 61 of the Código Penal, 1, 3, 361, 362, 363 of the Código Procesal Penal, 58 subsection b), in relation to article 33 subsection b) and 34 of the Ley Forestal 7575, this Court resolving the present matter: Declares the accused herein [Nombre1]., guilty as the responsible author of a crime of VIOLATION OF THE LEY FORESTAL, committed to the detriment of LOS RECURSOS NATURALES, and in such capacity imposes a penalty of THREE MONTHS OF IMPRISONMENT, to be served in the respective correctional facility after credit for pretrial detention. Having met the requirements established by law, the benefit of conditional execution of the penalty is granted, for a period of three years, under the warning that if a new willful crime is committed within that period, resulting in a penalty of more than six months of imprisonment, said benefit shall be revoked. Definitive forfeiture is ordered of the seized wood and chainsaw in favor of the Administración Forestal. Once this ruling becomes final, let it be registered in the Judicial Registry and certified copies of the judgment shall be remitted to the respective authorities. The present matter is resolved without special condemnation for costs. The costs of the proceedings shall be borne by the State" (sic).

2.- That against the preceding pronouncement, licensed attorney [Nombre3] filed an appeal.

3.- That having verified the respective deliberation in accordance with the provisions of article 465 of the Código Procesal Penal, the Court proceeded to take cognizance of the appeal.

4.- That the pertinent legal requirements have been observed in the proceedings.

Drafted by sentence appeals judge [Nombre5]; and,

CONSIDERANDO:

I.By brief filed on May 10, 2012, licensed attorney [Nombre3], public defender of the accused [Nombre1]., filed a Sentence Appeal against the ruling of the Trial Court of the Second Judicial Circuit of Alajuela, number 133-2012 at 11:28 hours on April 18, 2012. The Ministerio Público, for its part, through a petition found on folios 156 to 158, responded to the hearing regarding the appeal filed by licensed attorney [Nombre6].

II.In the sole ground for appeal, she alleges "disagreement with the incorporation and assessment of the evidence (by supposition of proof)" (sic, folio 137), for violation of articles 142, 184 and 363 of the Código Procesal Penal, 1, 2, 3 and 58 of the Ley Forestal. She indicates that the Trial Court deemed facts as proven with evidence not incorporated into the debate, concluding that the accused sawed a timber-yielding tree and obtained benefit from it. However, she argues, no evidence was incorporated into the debate regarding the existence of any sign indicating that the act occurred in a protected area. Nor was there a prior assessment from the Ministerio de Ambiente y Energía (M.I.N.A.E.) indicating the characteristics of the area where the charged event occurred or the damage caused by the alleged harvesting (aprovechamiento). She points out that witness [Nombre7]., an official of M.I.N.A.E., could not refer to those aspects and further stated that they were also not included in the report he rendered. Therefore, such details cannot be substantiated through Fuerza Pública officers or the police report, since besides not having referred to such details, they are not persons specialized in the matter. She adds that it was necessary "before examining whether the act occurred or not," to have demonstrated that it took place in a natural forest, according to the parameters established in the Ley Forestal, and cites article 3 of that legal body. She considers that both [Nombre7]’s testimony and the report rendered by him are so brief that they do not allow one "to accept as true that it was a forest; and it is this ecosystem that the Ley Forestal seeks to protect." Therefore, she states, even if one hypothetically accepted the existence of harvesting (aprovechamiento), sanctioned by article 58 subsection b of the Ley Forestal, it was necessary to demonstrate that it occurred in a forest, which did not happen. On the other hand, she claims it was also impossible to determine that "harvesting (aprovechamiento)" occurred, as established by article 3 subsection a) of the cited law, since it was not possible to determine what use the accused was going to make of the wood; nor was it proven whether the tree in question was felled in that location because there were no freshly cut trees at the site, much less whether trees of that nature existed in the supposed conservation zone. She requests that the challenge be granted and that the accused be acquitted of all penalty and responsibility. For reasons different from those set forth by the appellant, the challenge is granted. According to article 459 of the Código Procesal Penal, "the appeals court shall rule on the points expressly challenged, but shall declare, even sua sponte, the absolute defects and violations of due process that it finds in the judgment." Therefore, after conducting a comprehensive review of the appealed oral ruling (file 08-000491-559-PE from minute 11:11 to minute 54:24), this Appeals Chamber considers that it suffers from a lack of adequate reasoning, which necessitates its annulment, because at the time the judgment was issued, the Trial Judge incurred a series of errors in the factual and intellectual reasoning that prevent understanding the logical path followed to reach the condemning conclusion. As a first aspect, it must be noted that there is a contradiction between the facts deemed proven with respect to the ruling's reasoning, which in itself makes the reasoning of the trial court (Tribunal a quo) unsustainable. In this regard, note how in the first accredited fact, the Judge indicates that it occurred "...within the Refugio de Vida Silvestre corredor fronterizo, in Yolillal de Upala, specifically on a parcel located in Nazareth..." (folio 135 and digital file cited starting at minute 15:00). However, when supporting his decision, he contradictorily states that this particular aspect was not proven. On this matter, the judgment states: "...the truth is that I partly share what the defense counsel says, we have no evidence whatsoever to demonstrate the existence of the alleged protection zone. While it is true the witnesses, the Fuerza Pública officers and the MINAE official himself, tell us that this is the corredor fronterizo, we have no evidence to tell us what the extent of the corredor fronterizo is, and we have no evidence to determine whether this was within the corredor fronterizo or not" (from minute 30:43). In addition to the above, the reporting Judge indicates as a proven fact that the accused [Nombre1]. "...without having the respective authorization from the forest administration (administración forestal), proceeded to harvest (aprovechar) a tree of the terciopelo species, located on the floodplain (vega) of the intermittent stream La Vega..." this despite the fact that the prosecutorial accusation clearly indicated that the tree in question was located "on the floodplain (vega) of the intermittent stream La Carida..." (sic, folio 31), but throughout the judgment no explanation is observed regarding this variation between the accused facts and the accredited ones. On the contrary, when the judge reads the prosecutorial accusation, he refers to the intermittent stream La Caridad, which he repeats during the reasoning on two occasions (minutes 17:19 and 30:30), and at no other time does he refer to the name of the stream where the tree was located, not even when he cites folio 9 of the main file, which is the record of seizure of the wood, where the acting police officers indicated that it was the "La Carida" stream. Thus, it is impossible to determine whether it is a material error, two places, the same place but with two different names, or any other circumstance that could explain this difference; which implies non-compliance with the duty of judges to state reasons for their decisions. But even if the errors pointed out were considered insufficient to annul the judgment, when listening to the ruling's reasoning, a series of mistakes and inaccuracies on the part of the trial judge (Juez a quo) are easily appreciated, which truly prevent understanding what the reasons and the evidence were that led him to convict the accused. Also, a section summarizing the testimony of the witnesses was not included in the judgment that would allow making that inference, since the Judge merely limited himself to pointing out some very specific aspects of their statements that were of interest to him. Furthermore, as recorded on the disk sent to this office with the recording of the oral judgment, and as indicated on folio 164, there is not even a record of the debate, nor a transcription of the testimony in the respective minutes. For this reason, it is not possible for this Chamber to determine whether the assessment of the testimonial evidence carried out by the trial judge (Juez a quo) is correct or not. When the judge analyzes the witnesses' testimony, he refers to the coincidence of the statements by [Nombre8]. and [Nombre7]., whom he identifies as the Fuerza Pública officers in charge of the operation; he then evaluates the testimony of [Nombre9]., whom he identifies as the official of the Ministerio de Ambiente y Energía (hereinafter M.I.N.A.E.) who conducted an investigation subsequent to the intervention by [Nombre8]. and [Nombre7]. He then goes on to relate what was said—in principle—by each of those deponents, emphasizing [Nombre7]’s version regarding having observed the accused sawing the tree that was already on the ground, in addition to considering [Nombre10]. as an expert on the area where the events occurred, due to his work as an official of M.I.N.A.E. But when examining the documentary evidence gathered during the debate—since, as indicated, the reproduction of the testimony is not available—absolute confusion in the judge's assessments becomes evident, because [Nombre7]. is the official of M.I.N.A.E. and [Nombre10]. is the acting officer in the investigated events, so that, in principle, they could not recount what the sentencer indicates, and if they had done so, this would constitute a gross and evident contradiction with the reports issued by each of them, which was not explained in the ruling. From this, it can be concluded that what was said by the former was attributed by the Judge to the latter and vice versa. This confusion is maintained throughout the resolution and at no point is it corrected—if it were a lapsus linguae—on the contrary, he maintained the indicated error even after referring to the police report on folios 5 to 6 and reading the names of the acting officers. This denotes an absolute lack of attention on the part of the judicial officer to what occurred during the debate, as well as in the dissertation given. In support of these assertions, it can also be mentioned that during the presentation, the Judge sometimes refers to the use of a "chainsaw (motosierra)" by the accused, which he later abandoned and which was located and seized by the police, but on other occasions he speaks of a "motorcycle (motocicleta)" as the object the police officers heard, that the accused used, which he abandoned in his flight and they later seized. An error he maintains even when referring to the document on folio 7, describing it as the "record of seizure of the motorcycle (motocicleta)" (from minute 26:58), when this document indicates it is a chainsaw (motosierra). The confusion generated by the reporting Judge was so evident that from minute 38:10, a background voice can be heard on the recording of the judgment correcting him, saying "...chainsaw you said motorcycle..." and then the judge apologizes and corrects himself by saying that as "[Nombre11]., the assistant" clarified, it was a chainsaw. Although this is not the only moment where this confusion occurs between chainsaw (motosierra) and motorcycle (motocicleta), as well as between what was stated by the witnesses, the situation is exemplified in the following excerpt: "...so, if the accused, 300 meters from the scene, had sawdust on his clothing, if Mr. [Nombre7]. observes him working with that chainsaw, is later detained while sweating, nervous, and they locate the chainsaw where Mr. [Nombre7]. says the accused left it, and here there is a very important point, both Mr. [Nombre7]. and Mr. [Nombre8]. agree in saying that the motorcycle (motocicleta) was still hot. A rule of experience, a rule of logic, tells us that motorcycles (motocicletas) run on fuel, (a background voice is heard correcting the Judge and saying 'chainsaw you said motorcycle,' then the Judge thanks [Nombre11].), the chainsaw (motosierra) pardon me as [Nombre11]., the assistant, clarifies, the chainsaw (motosierra) runs on fuel, that generates engine heating and that heating originates in the heating of the motorcycle (motocicleta), of the chainsaw (motosierra) pardon me, apologies. So, if the accused fled for 300 meters and the chainsaw (motosierra) was located and was still hot, logically one deduces, by experience one deduces, that this mechanical device had been turned off a short time ago, and if it had been turned off a short time ago it was because it was operating, and Mr. [Nombre7]. told us that he observed the accused cutting the tree with said utensil..." (37:31). Another point to highlight concerns the difficulty in determining—from the judgment in question—how the Court came to establish that the harvesting (aprovechamiento) of the tree, by the accused, occurred within a protection area contemplated in article 33 subsection b of the Ley Forestal. As stated previously, the Judge, when evaluating whether this event occurred within the Refugio de Vida Silvestre Corredor Fronterizo, considered the testimony of the Fuerza Pública officers and the official of M.I.N.A.E. insufficient to accredit that point. Nevertheless, without providing any explanation, those testimonies, by themselves, were sufficient for him to establish that they were within the protection area of an intermittent stream, since all three placed the tree in the stream channel. What is stated here does not mean that a situation as described is not possible when assessing evidence, but rather that—if that is the case—the judge must justify the reason for that conclusion. This becomes relevant if one considers that according to the proven facts, the harvested tree was "on the floodplain (vega) of the intermittent stream La Vega," and according to the reasoning given in the judgment, the action occurred "in the river channel (cauce del río)" (minute 32:30), being that—according to the dictionary of the Real Academia Española, 22nd edition, digital version— "vega" is understood as "1. f. Low, flat, and fertile piece of land. 2. f. Chile. Very humid land. 3. f. Cuba and Ven. Land planted with tobacco" and "cauce" as: "1. m. Bed of rivers and streams. 2. m. Open conduit or irrigation ditch through which water runs for irrigation or other uses." Thus, it is not possible to use both words as synonyms, thereby generating confusion about the exact location where the Judge understood the tree was sawed. This also leads to another consideration: if the act occurred on the "floodplain (vega)" of the indicated stream, it would be necessary to determine the distance at which that land is located relative to the stream bank, to establish whether or not it was within the protection zone, and therefore be able to decide whether article 58 subsection b) or 61 subsection a) of the Ley Forestal was applicable to the particular case; to which, for the reasons already stated, the sentencer did not refer. The remainder of the judgment proceeds in a similar manner, which prevents this Chamber from following the logic in the judge's decision-making and, consequently, from evaluating whether that reasoning conforms to the rules of correct human understanding. While it is true, this Sentence Appeals Court is clear that the issuance of oral judgments has been endorsed by the Sala Constitucional of the Corte Suprema de Justicia (see [Telf1], at 15:03 hours on February 25, 2009), it is also true that their drafting must respect the minimum requirements established in the law, without losing sight of the fact that it must be adequately reasoned, being self-sufficient, and much less understanding that orality is synonymous with informality or a way to avoid the rigor required in a written document. In this regard, the vote of the Sala Tercera of the Corte Suprema de Justicia, number 639 at 15:40 hours on May 17, 2009, is relevant, stating: “On the other hand, it is necessary to establish that, although it is true, the judgment delivered orally in a criminal proceeding is constitutional, as stipulated by the Sala Constitucional of the Corte Suprema de Justicia in its Resolution No. 3117-09, a position this Chamber fully shares, not only because the jurisprudence of our Constitutional Court is binding erga omnes, but because ultimately, the oral ruling constitutes an effective means to achieve fulfillment of the principle and guarantee of prompt and complete criminal justice, this does not mean, that a judgment of such nature, should not rigorously comply with the legal requirements that, according to articles 1, 142, 181, 182, 184, 363 and 369 of the Código Procesal Penal, are stipulated for its validity […] This is because haste, informality and lack of rigor are in no way synonymous with orality, so this difference must be very clear, in order not to denature the purpose and importance this procedural instrument has for the administration of justice…”. In the case under study, what is evidenced is the Judge's inattention at the time of issuing the judgment, who was not even clear on which facts he could accredit or the content of the witnesses' testimony, generating a confusing, imprecise, contradictory judgment, which necessitates its annulment and that of the debate that preceded it, as well as ordering remittitur (reenvío) for a new proceeding. As unnecessary, a ruling on the remaining arguments raised by the appellant is omitted.

POR TANTO:

The challenge filed by the public defender of the accused [Nombre1]. is declared with merit. The appealed judgment and the debate that preceded it are annulled, and remittitur (reenvío) is ordered for a new proceeding. LET IT BE NOTIFIED.

[Nombre2] María Gabriela Rodríguez Morales Ligia Arias Alegría Sentence Appeals Judges Against: [Nombre1].

Crime: Infracción a la ley forestal To the detriment of: Los recursos naturales *[Nombre12]*

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PODER JUDICIAL PODER JUDICIAL TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA, SAN RAMÓN Tel: 2456-9069 tapelacion-sra @Poder-Judicial.go.cr Fax: 2445-5193 _______________________________________________________________________________ Res: 2013-00528 TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA, SECCIÓN [Dirección1]. San Ramón, a las ocho horas cincuenta y cinco minutos del veintiocho de agosto de dos mil trece.

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre1]., […], por el delito de INFRACCIÓN A LA LEY FORESTAL, en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES. Intervienen en la decisión del recurso, los jueces [Nombre2] , Ligia Arias Alegría y María Gabriela Rodríguez Morales. Se apersonan en apelación, la licenciada [Nombre3] , defensora pública del aquí imputado, y el licenciado [Nombre4] , representante del Ministerio Público.

RESULTANDO:

1.- Que mediante sentencia número 133-2012 de las once horas y veintiocho minutos del dieciocho de abril de dos mil doce, el Tribunal de Juicio de San Carlos, resolvió: "POR TANTO: De conformidad con lo dicho y artículos 1, 31, 71. 59, 60, 61 del Código Penal, 1, 3, 361, 362, 363 del Código Procesal Penal, 58 inciso b), en relación con el artículo 33 inciso b) y 34 de la Ley Forestal 7575, este Tribunal resolviendo el presente asunto: Declara al aquí imputado [Nombre1]., autor responsable de un delito de INFRACCIÓN A LA LEY FORESTAL, cometido en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES, y en tal carácter se le impone una pena de TRES MESES DE PRISIÓN, que deberá descontar en el establecimiento carcelario respectivo previo abono de la preventiva. Por reunir los requisitos que la ley establece se le concede el beneficio de ejecución condicional de la pena, por un periodo de tres años, bajo la advertencia de que sen ese lapso cometiera nuevo delito doloso, que resulte sancionado con una pena superior a seis meses de prisión, le será revocado dicho beneficio. Se ordena el comiso defintivo de la madera y motosierra decomisada a favor de la Administración Forestal. Firme este fallo, inscríbase en el Registro Judicial y remítanse los testimonios de sentencia a las autoridades respectivas. Se resuelve el presente asunto, sin especial condenatoria en costas. Son los gastos del proceso a cargo del Estado" (sic).

2.- Que contra el anterior pronunciamiento, la licenciada [Nombre3] , interpuso recurso de apelación.

3.- Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465 del Código Procesal Penal, el Tribunal procedió a conocer del recurso.

4.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

Redacta la jueza de apelación de sentencia [Nombre5] ; y,

CONSIDERANDO:

I.Por escrito presentado el 10 de mayo del 2012, la licenciada [Nombre3] , defensora pública del encartado [Nombre1]., interpuso Recurso de Apelación de Sentencia contra la resolución de l Tribunal de Juicio del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, número 133-2012 de las 11:28 horas del 18 de abril del 2012. Por su parte el Ministerio Público, mediante líbelo que consta de folios 156 a 158, contestó la audiencia sobre el recurso de apelación interpuesto por la licenciada [Nombre6] .

II.En el único motivo de apelación alega "inconformidad con la incorporación y valoración de la prueba (por supocisión de prueba)" (sic, folio 137), por quebranto a los artículos 142, 184 y 363 del Código Procesal Penal, 1, 2, 3 y 58 de la Ley Forestal. Indica, el Tribunal de Juicio tuvo por acreditados hechos con prueba no incorporada al debate, llegando a concluir que el imputado aserró un árbol maderable obteniendo provecho del mismo. Sin embargo, arguye, no se incorporó prueba al debate acerca de la existencia de alguna señalización que indicara que el hecho se producía en un área protegida. Tampoco se contó con una valoración previa del Ministerio de Ambiente y Energía (M.I.N.A.E.) indicando las características del área donde ocurrió el evento acusado ni del daño ocasionado a partir del supuesto aprovechamiento. Señala, el testigo [Nombre7]., funcionario del M.I.N.A.E., no pudo referirse a dichos aspectos, además afirmó que los mismos tampoco se incorporaron al informe rendido por él. Por ello, no se pueden acreditar tales detalles a través de oficiales de la Fuerza Pública ni el parte policial, pues además de no haberse referido a tales detalles, no se trata de personas especializadas en la materia. Agrega, era necesario "antes de examinar si el hecho se da o no", tener por demostrado que el mismo se desarrolló en un bosque natural, según los parámetros establecidos en la Ley Forestal y cita el artículo 3 de ese cuerpo legal. Estima, tanto la declaración de [Nombre7]. como el reporte rendido por éste, son tan escuetos que no permiten "tener por cierto que se tratara de un bosque; y es éste ecosistema el que se pretende proteger con la Ley Forestal". Por ello, afirma, aunque se aceptara hipotéticamente la existencia de un aprovechamiento, sancionado por el artículo 58 inciso b de la Ley Forestal, era necesario demostrar que el mismo se produjo en un bosque, lo cual no sucedió. Por otro lado reclama, tampoco era posible determinar que se produjo un "aprovechamiento", conforme lo establece el artículo 3 inciso a) de la citada ley, pues no fue posible determinar cuál era el uso que le iba a dar el imputado a la madera; ni se acreditó si el árbol en cuestión fue talado en ese lugar pues no habían árboles recién cortados en el sitio y menos aún si en la supuesta zona de conservación existían árboles de esa naturaleza. Solicita, se declare con lugar la impugnación y se absuelva de toda pena y responsabilidad al encartado. Por razones diferentes a las expuestas por la recurrente se declara con lugar la impugnación. Según dispone el artículo 459 del Código Procesal Penal "el tribunal de alzada se pronunciará sobre los puntos que le sean expresamente cuestionados, pero declarará, aun de oficio, los defectos absolutos y quebrantos al debido proceso que encuentren a la sentencia". Por ello, luego de realizar un examen integral del fallo oral recurrido (archivo 08-000491-559-PE a partir del minuto 11:11 hasta el minuto 54:24) esta Cámara de Apelación considera que el mismo adolece de una adecuada fundamentación, lo que hace necesaria su anulación, pues al momento de emitir la sentencia, el Juez de Juicio incurre en una serie de errores en la fundamentación fáctica e intelectiva, que impiden comprender el iter lógico seguido para llegar a la conclusión condenatoria. Como primer aspecto debe indicarse que existe contradicción entre los hechos tenidos como probados con respecto a la fundamentación del fallo, lo que por si solo hace insostenible el razonamiento del Tribunal a quo. Al respecto nótese como en el primer hecho acreditado se indica por parte del Juzgador que éste se produce "...dentro del Refugio de Vida Silvestre corredor fronterizo, en Yolillal de Upala, propiamente en una parcela ubicada en Nazareth..." (folio 135 y archivo digital citado a partir del minuto 15:00). Sin embargo, cuando sustenta su decisión, en forma contradictoria señala que ese aspecto en particular no se logró acreditar. Sobre ello se dice en la sentencia: "...lo cierto es que en parte comparto lo que dice la señorita defensora, no tenemos prueba alguna que nos venga a evidenciar de la existencia de la zona de protección alegada. Si bien es cierto los testigos, los oficiales de la Fuerza Pública y el mismo señor del MINAE, nos dicen que ese es el corredor fronterizo, no tenemos una prueba que nos venga a decir cuál es la extensión del corredor fronterizo y no tenemos una prueba que nos venga a determinar si eso estaba o no dentro del corredor fronterizo" (a partir del minuto 30:43). Además de lo anterior, el Juez relator señala como hecho probado que el encartado [Nombre1]. "...sin contar con la respectiva autorización de la administración forestal, procedió a aprovechar un árbol de la especie terciopelo, ubicada sobre la vega de la quebrada intermitente La Vega...", ello a pesar de que en la acusación fiscal se indicó claramente que el árbol en cuestión se encontraba "sobre la vega de la quebrada intermitente La Carida..." (sic, folio 31), pero en toda la sentencia no se observa ninguna explicación acerca de esta variación entre los hechos acusados y los acreditados, por el contrario, cuando el juzgador lee la acusación fiscal, hace referencia a la quebrada intermitente La Caridad, lo cual repite durante la fundamentación en dos oportunidades (minutos 17:19 y 30:30), y en ningún otro momento hace referencia al nombre de la quebrada en la cual estaba el árbol, ni siquiera cuando hace cita el folio 9 del expediente principal, que es el acta de decomiso de la madera, donde los oficiales de policía actuantes señalaron que se trataba de la quebrada "La Carida". De esta forma no es posible determinar si se trata de un error material, de dos lugares, del mismo lugar pero con dos nombres distintos o cualquier otra circunstancia que pueda dar razón de esta diferencia; lo cual implica incumplimiento del deber de los jueces de fundamentar sus resoluciones. Pero aún si los yerros apuntados se consideraran insuficientes para anular la sentencia, cuando se escucha la fundamentación del fallo, se aprecia fácilmente una serie de equívocos e imprecisiones de parte del Juez a quo, que impiden comprender realmente cuáles fueron los motivos y las pruebas que lo llevaron a condenar al imputado. Tampoco se consignó en la sentencia un acápite con la reseña de las declaraciones de los testigos que permitiera hacer esa inferencia, pues el Juez sólo se limitó a señalar algunos aspectos muy puntales de las manifestaciones de éstos que eran de su interés. Además, según consta en el disco remitido a este despacho con la grabación de la sentencia oral, así como se indica a folio 164, no se cuenta ni siquiera con el registro del debate, ni tampoco con una transcripción de las declaraciones en el acta respectiva. Por tal razón, no es posible para esta Cámara determinar si la valoración de la prueba testimonial realizada por el Juez a quo es correcta o no. Cuando el juzgador analiza las declaraciones de los testigos, se refiere a la coincidencia de la declaración de [Nombre8]. y [Nombre7]., a quienes identifica como los oficiales de la Fuerza Pública encargados de la diligencia; luego valora el testimonio de [Nombre9]., al que señala como el funcionario del Ministerio de Ambiente y Energía (en adelante M.I.N.A.E.) que realiza una investigación posterior a la intervención de [Nombre8]. y [Nombre7]. Luego va relatando lo dicho -en principio- por cada uno de esos deponentes, enfatizando en la versión de [Nombre7]. en el sentido de haber observado al imputado aserrando el árbol que ya estaba en el suelo, además de considerar a [Nombre10]. como un conocedor de la zona donde ocurren los hechos, por su trabajo como funcionario del M.I.N.A.E.. Pero cuando se examina la prueba documental recabada durante el debate -pues como se indicó no se cuenta con la reproducción de los testimonios- se pone de manifiesto una absoluta confusión en las apreciaciones del juzgador, pues [Nombre7]. es el funcionario del M.I.N.A.E. y [Nombre10]. es el oficial actuante en los hechos investigados, por lo que en principio, éstos no podrían relatar lo que el sentenciador indica, y de haberlo hecho se estaría ante una grosera y evidente contradicción con los informes emitidos por cada uno de ellos, que no fue explicada en el fallo. De ahí se puede concluir que lo dicho por el primero el Juez lo atribuyó al segundo y viceversa. Esta confusión se mantiene a lo largo de la resolución y en ningún momento es objeto de corrección -si es que se tratara de un lapsus linguae- al contrario, mantuvo el error señalado aún luego de hacer referencia al informe policial de folios 5 a 6 y leer el nombre de los oficiales actuantes. Esto denota una absoluta falta de atención del administrador de justicia en lo ocurrido en el debate, así como en la disertación realizada. En apoyo de estas afirmaciones también se puede mencionar que durante la

imputado, misma que luego abandonó pero la cual fue localizada y decomisada por la policía, pero en otras oportunidades habla de una "motocicleta" como el objeto que escucharon los oficiales de policía, que usó el imputado, que éste dejó abandonado en su huida y luego decomisaron. Error que mantiene incluso cuando se refiere al documento de folio 7, al describirlo como "acta de decomiso de la motocicleta" (a partir del minuto 26:58), cuando en dicho documento se indica que es una motosierra. Tan evidente era la confusión generada por el Juez relator que a partir del minuto 38:10, se escucha en la grabación de la sentencia una voz de fondo que lo corrige y le dice "...motosierra usted dijo motocicleta..." y luego el juzgador se disculpa y corrige diciendo que conforme le aclaró "[Nombre11]., la asistente" se trataba de una motosierra. Aunque no es el único momento en que se produce esta confusión entre motosierra y motocicleta, así como entre lo manifestado por los testigos, la situación se ejemplifica en el siguiente extracto: "...entonces, si el imputado a 300 metros del lugar de los hechos sobre sus vestimentas tenía aserrín, si don [Nombre7]. lo observa cuando está trabajando con esa motosierra, luego lo detiene cuando está sudado, nervioso y localizan la motosierra donde dice don [Nombre7]. el imputado la dejó, y aquí hay un punto muy importante, tanto don [Nombre7]. como don [Nombre8]. coinciden en decir que la motocicleta aún estaba caliente. Una regla de la experiencia, una regla de la lógica, nos dice que las motocicletas trabajan con combustible, (se oye voz al fondo que corrige al Juez y le dice "motosierra usted dijo motocicleta", luego el Juez agradece a [Nombre11].), la motosierra perdón como me aclara [Nombre11]., la asistente, la motosierra trabaja con combustible, eso genera un calentamiento del motor y ese calentamiento se origina en el calentamiento de la motocicleta, de la motosierra perdón, disculpas. Entonces, si el imputado huyó durante 300 metros y la motosierra fue localizada y estaba aún caliente, por lógica se deduce, por experiencia se deduce, que ese artefacto mecánico hace poco tiempo había sido apagado, y si hace poco tiempo había sido apagado era porque estaba funcionando, y don [Nombre7]. nos dijo que él observó al imputado cortando el árbol con dicho utensilio..."(37:31) . Otro punto a destacar, consiste la dificultad para determinar -a partir de la sentencia en cuestión- cómo llegó el Tribunal a establecer que el aprovechamiento del árbol, por parte del encartado, ocurrió dentro de un área de protección contemplada en el artículo 33 inciso b de la ley forestal. Según se indicó anteriormente, el Juez al valorar si este acontecimiento se produjo dentro del Refugio de Vida Silvestre Corredor Fronterizo, consideró como insuficientes los testimonios de los oficiales de la Fuerza Pública y el funcionario del M.I.N.A.E. para acreditar ese punto. No obstante, sin brindar ninguna explicación, dichos testimonios, por sí solos, le resultaron suficientes para establecer que se estaba dentro del área de protección de una quebrada intermitente, pues los tres ubicaron el árbol en el cauce de la quebrada. Lo aquí dicho no significa que no sea posible se produzca una situación como la descrita al momento de valorar una prueba, sino que -en caso de ser así- el juzgador debe justificar el motivo de esa conclusión. Esto adquiere relevancia si se considera que según los hechos probados, el árbol aprovechado se encontraba "sobre la vega de la quebrada intermitente La Vega", y según el fundamento dado en la sentencia la acción se produjo "en el cauce del río" (minuto 32:30), siendo que -según el diccionario de la Real Academia Española, 22ª edición, versión digital- por "vega" se entiende " 1. f. Parte de tierra baja, llana y fértil. 2. f. Chile. Terreno muy húmedo. 3. f. Cuba y Ven. Terreno sembrado de tabaco" y por cauce: "1. m. Lecho de los ríos y arroyos. 2. m. Conducto descubierto o acequia por donde corren las aguas para riegos u otros usos.", por lo que no es posible usar ambos vocablos como sinónimos, generándose así confusión acerca del lugar en que realmente el Juez entendió se había aserrado el árbol. Esto lleva además a otra consideración, si el hecho se produjo en la "vega" de la quebrada indicada, habría que determinar la distancia a la cual ese terreno se ubica en relación con la ribera de la quebrada, para establecer si estaba o no dentro de la zona de protección, y por ende poder decidir si al caso particular era aplicable el artículo 58 inciso b) o 61 inciso a) de la le forestal; a lo cual, por lo ya dicho, el sentenciador no se refirió. El resto de la sentencia se desarrolla de forma similar, lo cual impide a esta Cámara seguir la logicidad en la toma de la decisión del juzgador y por ende valorar si ese razonamiento se ajusta a las reglas del correcto entendimiento humano. Si bien es cierto, este Tribunal de Apelación de Sentencia tiene claro que la emisión de sentencias de carácter oral ha sido avalada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (ver [Telf1], de las 15:03 horas del 25 de febrero de 2009), también lo es que en su elaboración se deben respetar las exigencias mínimas establecidas en la ley, sin dejar de lado que ésta deberá encontrarse adecuadamente fundamentada, bastándose a sí misma, y mucho menos entender que la oralidad es sinónimo de informalidad o una forma de evitar la rigurosidad de la redacción exigida en un documento escrito. Al respecto resulta relevante el voto de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, número 639 de las 15:40 horas de l7 de mayo de 2009, que dice: “Por otra parte, es necesario establecer que, si bien es cierto, la sentencia que se dicta oralmente en un proceso penal, es constitucional, tal y como lo ha estipulado la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en su resolución N° 3117-09, posición que esta Cámara comparte plenamente, no sólo por el hecho de que la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional es vinculante erga omnes, sino porque en definitiva, el fallo oral constituye un medio efectivo para alcanzar el cumplimiento del principio y garantía de justicia penal pronta y cumplida, ésto no significa, que una sentencia de tal naturaleza, no deba cumplir rigurosamente con los requerimientos legales que, según los artículos 1, 142, 181, 182, 184, 363 y 369 del Código Procesal Penal, se estipulan para su validez […] Esto por cuanto premura, informalidad y falta de rigurosidad, en modo alguno son sinónimos de oralidad, de manera que se debe tener muy clara esta diferencia, a efecto de no desnaturalizar la finalidad e importancia que tiene este instrumento procesal para la administración de justicia…”. En el caso bajo estudio, lo que se evidencia es la desatención del Juez al momento de emitir la sentencia, quien ni siquiera tenía claro cuáles eran los hechos que podía acreditar ni el contenido de las declaraciones de los testigos, generando una sentencia confusa, imprecisa, contradictoria, que obliga a su anulación y la del debate que la precedió, así como a ordenar el reenvío para una nueva sustanciación. Por innecesario se omite pronunciamiento acerca de los demás alegatos planteados por la recurrente.

POR TANTO:

Se declara con lugar la impugnación interpuesta por la defensora pública del imputado [Nombre1]., se anula la sentencia apelada, el debate que la precedió y se ordena reenvío para nueva sustanciación. NOTIFÍQUESE.

[Nombre2] María Gabriela Rodríguez Morales Ligia Arias Alegría Juezas de Apelación de Sentencia Contra: [Nombre1].

Delito: Infracción a la ley forestal En perjuicio de: Los recursos naturales *[Nombre12]*

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    • Environmental Criminal LiabilityResponsabilidad Penal Ambiental
    • Forestry Law 7575 — Land Use and Forest ProtectionLey Forestal 7575 — Uso del Suelo y Protección Forestal

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    • Ley 7575 Art. 58 inciso b
    • Ley 7575 Art. 33 inciso b
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    • Código Procesal Penal Art. 459
    • Código Procesal Penal Art. 363
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