Res. 00054-2013 Tribunal Contencioso Administrativo Sección III — Commercial Closure Improper for Construction Violations

OutcomeResultado

GrantedCon lugar

The Court annulled the business closure because missing construction permits and any potential environmental harm had to be addressed through the applicable legal procedures, not by cancelling the commercial license.El Tribunal anuló la clausura del negocio porque la falta de permisos constructivos y una eventual afectación ambiental debían atenderse mediante los procedimientos legales correspondientes, no mediante la cancelación de la patente comercial.

SummaryResumen

The Court granted Argon Transport S.A.’s appeal and annulled both the decision of the Mayor of Limón and the notice ordering closure of its business. Although municipalities have a mandatory duty to enforce land-use controls, require construction permits, and respond to potential environmental harm, they must use the procedures and sanctions established by law. The absence of permits for a perimeter fence, land filling, and parking-area compaction authorized the Municipality to proceed under the Construction Law, including warnings and, where appropriate, demolition of the unauthorized works. It did not authorize suspension or cancellation of the commercial license under Articles 81 and 81 bis of the Municipal Code. The authority improperly treated closure of the construction works as grounds for closing the business, imposed a sanction not provided by law, and failed to charge the company with any alleged environmental impact. The mayor’s undated and untimed decision also violated formal requirements, rendering the administrative action absolutely null.El Tribunal declaró con lugar la apelación de Argon Transport S.A. y anuló tanto la resolución del Alcalde de Limón como el acta que clausuró su negocio. Aunque las municipalidades tienen el poder-deber de fiscalizar el ordenamiento territorial, exigir licencias constructivas y reaccionar ante posibles daños ambientales, deben emplear los procedimientos y sanciones legalmente previstos. La ausencia de permiso para construir una malla perimetral, efectuar rellenos y compactar un parqueo facultaba a la Municipalidad para aplicar la Ley de Construcciones, incluidas las prevenciones y, si correspondía, la demolición de las obras. No permitía, sin embargo, cancelar o suspender la patente comercial mediante los artículos 81 y 81 bis del Código Municipal. La autoridad confundió la clausura de las obras con la clausura del negocio, impuso una sanción no autorizada y omitió acusar oportunamente cualquier afectación ambiental. Además, la resolución del alcalde carecía de fecha y hora, por lo que todo lo actuado quedó viciado de nulidad absoluta.

Key excerptExtracto clave

It should be noted that, to cancel a commercial license, as occurred in this case, the grounds must be those regulated in Articles 81 and 81 bis of the Municipal Code. This requires either the procedure for evident and manifest nullity established in Article 173 of the General Public Administration Law or a judicial lesividad proceeding under Article 34 of the Contentious-Administrative Procedure Code. The Court agrees with the claimant that, because the matter concerned a strictly construction-related problem involving the perimeter fence and earthworks, the Municipality unlawfully impaired the aggrieved party’s vested subjective right by treating the lack of construction permits as though it could legally justify cancellation of commercial licenses under Articles 81 and 81 bis of the Municipal Code, which is technically incorrect but is precisely what occurred here. If the Municipality identified the absence of the required permits, it could proceed only as provided by the Construction Law. If it also determined that the earthworks were causing environmental harm, it neither notified the appellant of that matter through the legally prescribed procedures nor warned it of that allegation; therefore, cancellation of the commercial license could not rest on facts with which the appellant was never charged. Accordingly, this collegiate body finds that the local authorities exceeded their police powers and acted beyond what the law permits, imposing a sanction where the law provides none and using mechanisms not established for that purpose. The appeal is granted and, consequently, the decision of the Mayor of Limón—without a number, date, or time, appearing at pages 17 and 18—which affirmed Patent and Business Closure Warning Record No. 0903, issued at 1:12 p.m. on October 11, 2011, is annulled; that record is likewise annulled. Administrative remedies are deemed exhausted.Cabe advertir que para cancelar una licencia comercial (patente), como ocurrió en este caso, los motivos deben ser los regulados en los numerales 81 y 81 bis del Código Municipal, y para ello se debe acudir, ya sea al procedimiento de nulidad, evidente y manifiesta previsto en el numeral 173 de la Ley General de la Administración Pública, o bien, al proceso contencioso de lesividad, regulado en el numeral 34 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Concuerda este Tribunal con el accionante, en el sentido de que refiriéndose a un problema estrictamente de orden constructivo de la malla perimetral y movimientos de tierras, la Municipalidad afectó de manera ilegal el derecho subjetivo consolidado del agraviado, confundiéndose cual si fuere jurídicamente posible, que la ausencia de licencia para tales efectos tenga la fuerza de cancelar patentes comerciales, en aplicación de los artículos 81 y 81 bis del Código Municipal, cosa que es técnicamente incorrecta pero que en efecto sucedió en este caso. Si la Municipalidad apreció el faltante de las licencias reclamadas, únicamente podría proceder conforme lo previsto en la Ley de Construcciones y, si además de ello, verificó que el movimiento de tierras estaba generando una afectación ambiental, no advirtió de la situación mediante los procedimientos legales, ni previno al apelante de dicha situación, por lo que la cancelación de la patente no podía sustentarse en hechos que nunca se le acusaron. Por ende, estima este órgano colegiado que las autoridades locales transgredieron sus poderes de policía y actuaron más allá de lo legalmente permisible, imponiendo una sanción donde la ley no la prevé y en aplicación de mecanismos no previstos para tales efectos. Se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto y, por ende, se anula la resolución del Alcalde de Limón, sin número, ni fecha ni hora, visible a folios 17 y 18, que confirmó el Acta de Prevención sobre Patente y Cierre de Negocios No. 0903 de las trece horas doce minutos del 11 de octubre del 2011, la cual también se anula. Se da por agotada la vía administrativa.

Pull quotesCitas destacadas

"Esta facultad, que es por su propia naturaleza obligatoria, se trata de un poder-deber de las autoridades municipales que no puede dejar de aplicar y procede donde se compruebe el acaecimiento de transgresiones al ordenamiento urbanístico."

"This authority, which is mandatory by its very nature, constitutes a power and duty of municipal authorities that they may not decline to exercise when violations of land-use regulations are established."

Considerando III

"Esta facultad, que es por su propia naturaleza obligatoria, se trata de un poder-deber de las autoridades municipales que no puede dejar de aplicar y procede donde se compruebe el acaecimiento de transgresiones al ordenamiento urbanístico."

Considerando III

"En caso de incumplimiento a esta obligación, las autoridades del gobierno local, no pueden ni deben evadir su atención oportuna y efectiva, lo que implica por supuesto, que deben aplicar en su caso, las sanciones que correspondan, en su justo rigor y medida, y en total concordancia con la magnitud de las infracciones cometidas."

"When this obligation is breached, local government authorities cannot and must not evade a timely and effective response; they must apply the appropriate sanctions with fair rigor and in full proportion to the seriousness of the violations committed."

Considerando III

"En caso de incumplimiento a esta obligación, las autoridades del gobierno local, no pueden ni deben evadir su atención oportuna y efectiva, lo que implica por supuesto, que deben aplicar en su caso, las sanciones que correspondan, en su justo rigor y medida, y en total concordancia con la magnitud de las infracciones cometidas."

Considerando III

"No obstante lo anterior, habiendo realizado este Tribunal la lectura integral del Voto de la Sala Constitucional No.2011012854 de las 12:12 horas del 23 de setiembre del 2011, debe indicarse que en caso de que en efecto, existan riesgos sobre el medio ambiente persistentes a la fecha, producto de las obras realizadas sin licencia, la Municipalidad mantiene sus poderes de policía a efecto de hacer cumplir con el ordenamiento jurídico y promover la cesación del eventual daño, siempre y cuando lo haga mediante la instauración del los procedimientos de ley y en respeto al debido proceso y garantizando el derecho de defensa de la parte, situación que se aprecia ausente en esta causa."

"Notwithstanding the foregoing, after reviewing Constitutional Chamber Judgment No. 2011012854 of September 23, 2011, this Court notes that if environmental risks resulting from the unpermitted works persist, the Municipality retains its police powers to enforce the legal system and seek cessation of the potential harm, provided that it institutes the legally required procedures, respects due process, and guarantees the party’s right of defense—conditions absent from this case."

Considerando V

"No obstante lo anterior, habiendo realizado este Tribunal la lectura integral del Voto de la Sala Constitucional No.2011012854 de las 12:12 horas del 23 de setiembre del 2011, debe indicarse que en caso de que en efecto, existan riesgos sobre el medio ambiente persistentes a la fecha, producto de las obras realizadas sin licencia, la Municipalidad mantiene sus poderes de policía a efecto de hacer cumplir con el ordenamiento jurídico y promover la cesación del eventual daño, siempre y cuando lo haga mediante la instauración del los procedimientos de ley y en respeto al debido proceso y garantizando el derecho de defensa de la parte, situación que se aprecia ausente en esta causa."

Considerando V

Full documentDocumento completo

Case File No. 11-006758-1027-CA Improper hierarchical appeal (apelación en jerarquía impropia) Appellant: Argon Transport S.A.

Respondent: Municipalidad de Limón No. 54-2013 THIRD SECTION OF THE TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Second Judicial Circuit of San José, Anexo A, Dirección01, Goicoechea, at ten thirty a.m. on fifteen February two thousand thirteen.

“Per saltum” appeal filed by Nombre103292, in his capacity as general attorney-in-fact without limitation as to amount (apoderado generalísimo sin límite de suma) of the company Argón Transport S.A., legal-entity identification number CED79286, against the decision of the Mayor of Limón, without number, date, or time, which affirmed the Patent Warning and Business Closure Record No. 0903 issued at thirteen hours twelve minutes on 11 October 2011.

Judge Solano Ulloa delivers the opinion of the Court; and,

WHEREAS

I. PROVEN FACTS

The following relevant facts are deemed established:

1)On the property registered under real-property folio No. Placa17394, owned by Argon Transport S.A. and located opposite Dirección92, a commercial business holding a business license (patente comercial) and bearing the sign Repuestos Nacionales Argón Ltda. has been operating (undisputed fact; see signage in the photographic evidence at folio 86 of the administrative record and the closure report at folio 195, both items of evidence contained in the administrative record);
2)In a communication dated 30 May 2011, accompanied by a photographic record, the Engineering Department of the Municipalidad de Limón informed Argon Transport S.A. that it was erecting a 600 mts perimeter fence without a permit, on fill material covering more than 450mts2, and compacting the parking-area soil, all without a municipal license. That document stated that, although closure of the works had been ordered on 27 May 2011, the work was still being performed as of that date and, therefore, pursuant to Article 81 bis of the Código Municipal, administrative proceedings were being conducted to suspend the business license (folios 43 to 49 of the administrative record);
3)Through “Inspection Notice” No. 2767 of 21 June 2011, the Technical and Studies Unit notified the company of the closure of the “expansion of the property, continuation of work on the eastern side” (folio 18 of the administrative record);
4)In decision No. 2011012854, the Sala Constitucional partially granted an amparo proceeding (recurso de amparo), ordering the Municipalidad de Limón “to perform its supervisory duty regarding compliance with closure order number 5767 of 21 June 2011” (folios 59 to 70 of the administrative record);
5)Through the Patent Warning and Business Closure Record No. 0903 issued at thirteen hours twelve minutes on 11 October 2011, the General Revenue Inspectorate of the Municipalidad de Limón ordered as follows: “According to this record, the following is being violated: Article 81 of the Código Municipal. The property was closed. The main gates are hereby closed (sic). U.L.” (folio 1);
6)The representative of Argon Transport S.A. filed a motion for reconsideration with a subsidiary appeal (recurso de revocatoria con apelación en subsidio) against the foregoing act. The motion for reconsideration was denied by the Revenue Department’s decision issued at 15:00 hours on 19 October 2011, on the grounds that “construction work was commenced within the Argón S.A. property without a construction license (sic) or permit granted by the Municipalidad. Accordingly, Article 81 of the Código Municipal is being violated (sic)…” (folio 7);
7)In a decision of the Mayor of Limón, without number, date, or time, but appearing at folios 17 and 18, the appeal was denied, stating that: “A review of the administrative record maintained for this purpose by this municipal entity shows that the construction work within the administered party’s property was commenced without the corresponding permit granted by the Municipalidad. This further means that it lacks the construction plans and requirements necessary to perform the work carried out.- In addition, there was disobedience and a violation of the law through the breaking of the closure seals on more than one occasion, which made this measure imperative. The appealed decision is therefore consistent with the law”;
8)On 9 November 2011, the company’s representative filed the corresponding ordinary remedies (recursos ordinarios), and on the following 30 November filed a formal “per saltum” appeal with this Court (folios 26 to 31 and 38 to 41).

II.Subject Matter of the Appeal. The appellant contends that he has held an operating license (patente de funcionamiento) for twenty-nine years to conduct his business and that its suspension may occur only under the circumstances set forth in Article 81 bis of the Código Municipal, which concern failure to pay the license fee and failure to comply with requirements specific to the conduct of the licensed activity. He argues that his case falls under neither circumstance, rendering the closure ordered by the Revenue Department improper and unlawful. He further alleges that the proceedings against him were initiated because of the construction of a chain-link fence without a municipal permit and that, although he complied with the warnings issued by the local government, due process (debido proceso) was violated in this case because the decision of the Mayor of Limón bears no date, time, or official-document number.

He maintains that even the statutory requirements warranting closure were not met, since he was never informed of the grounds for imposing the sanction or the reasons why the company he represents violated Article 81 of the Código Municipal. He adds that the notice of the challenged act lacks a statement of reasons because it does not identify the remedies available to him, does not advise him of the requirement to designate an address for service of notices, and does not refer to any decision supporting the administrative act. Ultimately, the closure of the construction work was confused with the closure of the commercial business. He therefore considers the challenged decision null and void and requests that it be so declared. In his appearance, the Mayor maintains that the appellant performed the work without a municipal license and that he was also required to enforce closure order No. 2767 of 21 June 2011, as ordered by the Sala Constitucional in decision No. 2011012854.

III.Merits of the Matter. As provided in constitutional Article 169 and Article 15 of the Ley de Planificación Urbana, municipalities are empowered to impose limitations on private property aimed at preventing disorderly and harmful development within communities and ensuring that human needs for coexistence are compatible with the duty to protect the environment. Within this framework, the municipalities are responsible for exercising full protective and supervisory powers in accordance with existing regulations. Accordingly, landowners and owners of buildings erected thereon are required to comply with the applicable land-use planning regulations (normas de ordenamiento territorial) and are bound by their provisions and limitations. This obligation is commonly fulfilled by obtaining what are known as “land-use authorizations” (usos del suelo) and construction licenses (licencias constructivas), through which administered parties ensure that their works fully comply with urban-planning regulations (regulación urbanística).

Where this obligation is breached, local-government authorities cannot and must not neglect to address the matter promptly and effectively. This necessarily means that they must impose the applicable sanctions, with the appropriate degree of rigor and in full proportion to the seriousness of the violations committed. This authority, which is mandatory by its very nature, constitutes a power and duty (poder-deber) of the municipal authorities that they may not decline to exercise and that applies whenever violations of the urban-planning legal framework (ordenamiento urbanístico) are established. Otherwise, they would commit a serious breach of their duties, which could give rise not only to disciplinary liability but also to civil liability and, potentially, criminal liability on the part of municipal officials.

IV.Regarding the effects of construction irregularities. In the present matter, the closure imposed on the appellant’s business, Argon Transport S.A., is challenged. The closure resulted from proceedings initiated due to the lack of permits to construct a chain-link fence and perform land filling (rellenos de tierras). In this regard, this Court notes that it was sufficient for the Administration to verify the occurrence of the circumstance provided for in Article 89(a) of the Construction Law (Ley de Construcciones), concerning the absence of a permit, for it to proceed immediately with the exercise of its police powers (poderes de policía). However, given the absence of such a permit, the proper course was to initiate the procedure provided for in Articles 96 et seq. of that same legal text, consisting of two initial notices to comply (prevenciones) followed, in the event of definitive noncompliance, by demolition of the structure.

In this case, after issuing the notices to comply, the Municipality did not proceed as authorized by the Construction Law, but instead served the appellant with a notice of charges (traslado de cargos) seeking to suspend its business license, accusing it of failing to obtain a construction permit for the 600-linear-meter perimeter fence, as well as for the fill work performed and the compaction of the parking-area soil, pursuant to Article 81 bis of the Municipal Code (Código Municipal). It should be noted that, to revoke a municipal business license (patente), as occurred in this case, the grounds must be those regulated in Articles 81 and 81 bis of the Municipal Code; for that purpose, the Municipality must resort either to the procedure for evident and manifest nullity (nulidad evidente y manifiesta) provided for in Article 173 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública), or to judicial proceedings for a declaration that an administrative act is harmful to the public interest (proceso contencioso de lesividad), regulated in Article 34 of the Administrative Litigation Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo).

This Court agrees with the petitioner that, because the matter concerned a strictly construction-related issue involving the perimeter fence and earthworks (movimientos de tierras), the Municipality unlawfully impaired the aggrieved party’s vested individual right (derecho subjetivo consolidado), mistakenly treating the absence of a permit for such work as though it could legally justify revoking business licenses under Articles 81 and 81 bis of the Municipal Code. That approach is technically incorrect, but it is in fact what occurred in this case. If the Municipality found that the required permits were missing, it could proceed only as provided in the Construction Law. If, in addition, it found that the earthworks were causing environmental harm, it neither gave notice of that situation through the legally prescribed procedures nor warned the appellant about it; consequently, the revocation of the business license could not be based on facts of which the appellant was never accused.

Accordingly, this collegiate body finds that the local authorities exceeded their police powers and acted beyond what is legally permissible, imposing a penalty where the law does not provide for one and applying mechanisms not established for such purposes. Under these circumstances, it is clear that the local government’s actions are tainted by absolute nullity (nulidad absoluta), both procedurally and substantively, due to the incorrect application of the law. Therefore, pursuant to Articles 132, 133 and 136 of the General Law of Public Administration, the proper course is to uphold the party’s grounds of appeal and annul the decision under appeal, as is hereby done. This Court notes that the act issued by the Mayor of Limón reviewed herein lacks the date and time of issuance and can be identified only as the decision confirming the Notice Regarding the Business License and Closure of Businesses No. 0903, issued at thirteen hours twelve minutes on 11 de octubre del 2011 (folios 17 and 18).

It therefore also violates Article 134 of the General Law of Public Administration, which constitutes an additional ground for declaring it null. By connection and as a consequence, the act that initiated the chain of appeals—namely, the Notice Regarding the Business License and Closure of Businesses No. 0903, issued at thirteen hours twelve minutes on 11 de octubre del 2011—must also be annulled because it is likewise contrary to law. As no further appeal is available, the administrative remedies shall be deemed exhausted (agotada la vía administrativa).

V.Notwithstanding the foregoing, after this Court’s comprehensive review of Constitutional Chamber Decision (Voto de la Sala Constitucional) No.2011012854, issued at 12:12 on 23 de setiembre del 2011, it must be stated that, if risks to the environment resulting from the work performed without a permit do in fact persist as of this date, the Municipality retains its police powers to enforce the legal system and bring any potential harm to an end, provided that it does so by instituting the procedures prescribed by law, observing due process (debido proceso), and guaranteeing the party’s right of defense (derecho de defensa), safeguards that are absent in this case.

POR TANTO

The appeal filed is granted and, accordingly, the decision of the Mayor of Limón, bearing no number, date, or time and appearing at folios 17 and 18, which confirmed the Notice Regarding the Business License and Closure of Businesses No. 0903, issued at thirteen hours twelve minutes on 11 de octubre del 2011, is annulled; that Notice is likewise annulled. The administrative remedies are deemed exhausted.

Evelyn Solano Ulloa Marianella Alvarez Molina Francisco Muñoz Chacón 11-006758-1027-ca Appeal Argon Transport S.A. v. Municipalidad de Limón

Apelación en jerarquía impropia Apelante: Argon Transport S.A.

Recurrido: Municipalidad de Limón No. 54-2013 SECCIÓN TERCERA DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Segundo Circuito Judicial de San José, Anexo A, Dirección01 , Goicoechea, a las diez horas treinta minutos del quince de febrero del dos mil trece.

Apelación "per saltum" formulada por Nombre103292 , en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa Argón Transport S.A., cédula de persona jurídica CED79286, contra la resolución del Alcalde de Limón, sin número, sin fecha ni hora, que confirmó el Acta de Prevención sobre Patente y Cierre de Negocios No. 0903 de las trece horas doce minutos del 11 de octubre del 2011.

Redacta la jueza Solano Ulloa, y;

CONSIDERANDO

I. HECHOS PROBADOS

Se tienen por acreditados los siguientes hechos de relevancia:

1)En la finca con matrícula de folio real No. Placa17394, propiedad de Argon Transport S.A., ubicada frente a la Dirección92 , se viene explotando un negocio comercial con patente comercial rotulado Repuestos Nacionales Argón Ltda. (hecho no controvertido, ver rotulación en prueba fotográfica a folio 86 del expediente administrativo, informe de clausura a folio 195, ambas pruebas dentro del expediente administrativo);
2)En oficio con fecha 30 de mayo del 2011, acompañado de un registro fotográfico, el Departamento de Ingeniería de la Municipalidad de Limón comunica a la Empresa Argon Transport S.A., que se encontraba levantando una malla perimetral de 600 mts sin permiso, sobre un relleno de material que sobrepasaba la medida de 450mts2, y compactación del suelo del parqueo, todo sin licencia municipal. Indicaba en dicho documento que habiéndose ordenado la clausura de las obras el 27 de mayo del 2011, los trabajos para esa fecha se seguían realizando, por lo que en aplicación del artículo 81 bis del Código Municipal, se realizaba el procedimiento administrativo para la suspensión de la patente comercial (folios 43 a 49 del expediente administrativo);
3)En "Notificación por Inspección" No. 2767 del 21 de junio del 2011, la Unidad Técnica y Estudio notificó a la empresa la clausura de la "ampliación de predio continuación de trabajos en el costado este (folio 18 del expediente administrativo);
4)La Sala Constitucional, en el voto No. 2011012854, acogió parcialmente un recurso de amparo, en el que impuso a la Municipalidad de Limón "ejercer el deber de fiscalización sobre el cumplimiento de la orden de clausura número 5767 del 21 de junio del 2011" Folios 59 a 70 del expediente administrativo);
5)Mediante Acta de Prevención sobre Patente y Cierre de Negocios No. 0903 de las trece horas doce minutos del 11 de octubre del 2011, la Inspección General de Rentas de la Municipalidad de Limón dispuso lo siguiente: "De acuerdo a esta acta se está infringiendo: EL artículo 81 del Código Municipal. Se procedió a la clausura del predio. Se clausura (sic) los portones principales. U.L." (folio 1);
6)Contra el anterior acto, el representante de Argon Transport S.A. interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, resultando rechazada la revocatoria en la resolución de las 15:00 horas del 19 de octubre del 2011, del Departamento de Rentas, estimando que "dan inicio a las obras constructivas dentro del predio Argón S.A. sin contar con licencia de contracción (sic) o permiso otorgado por parte de la Municipalidad. Por lo cual está infligiendo (sic) el artículo 81 del Código Municipal..." (folio 7);
7)En resolución del Alcalde de Limón, sin número, sin fecha ni hora, pero visible a folios 17 y 18, se rechazó la alzada, indicándose que "Del estudio del expediente administrativo que al efecto lleva este ente Municipal, se desprende que las obras de construcción dentro del predio de la administrada, se inicia sin contar con el respectivo permiso otorgado por la Municipalidad. Ello implica además que no cuenta con los planos de construcción y los requisitos necesario para realizar las obras realizada.- Aunado a ello está la desobediencia y violación a la ley cometida al romper los sellos de clausura por más de una ocasión, lo que hizo imperativo esta medida. Por ello la resolución apelada se encuentra ajustada a derecho";
8)El 9 de noviembre del 2011, el representante de la sociedad interpuso sendos recursos ordinarios, y el 30 de noviembre siguiente interpuso ante este Despacho, formal apelación "per saltum" (folios 26 a 31 y 38 a 41).

II.Objeto del recurso. Considera el recurrente que ostenta una patente de funcionamiento desde hace veintinueve años para la explotación de su negocio, siendo que la suspensión de la misma sólo puede operar en los supuestos previstos en el numeral 81 bis del Código Municipal, que se refieren al incumplimiento en el pago de la patente y cuando se incumplen requisitos propios del desarrollo de la actividad patentada, siendo que su caso no se ajusta a ninguno de ambos supuestos, lo cual hace improcedente e ilegal la clausura dictada por el Departamento de Rentas. Acusa además que el procedimiento se le inició por la construcción de una malla ciclón sin permiso municipal, y que habiéndose cumplido las prevenciones que le hiciera el gobierno local, pero en este caso se ha transgredido el debido proceso, pues la resolución del Alcalde de Limón no tiene fecha, hora, ni número de oficio, siendo que ni siquiera se cumplieron los requisitos de ley para merecer la clausura, pues nunca se le indicó siquiera los motivos para aplicarle la sanción ni las razones por las que su representada violenta el artículo 81 del Código Municipal.

Agrega que la notificación del acto impugnado está carente de fundamentación, pues no indica los recursos a los que tiene derecho, no le advierte el señalamiento para oír notificaciones, y no se hace relación a alguna resolución que fundamente el acto administrativo, resultando, finalmente, que se confundió la clausura de la obra, con la clausura del negocio comercial. Por ello, la resolución impugnada la estima nula, y pide así sea declarada. Por su parte, en el apersonamiento el Alcalde sostiene que en esta causa el apelante realizó las obras sin licencia municipal, además de que debía hacer cumplir la orden de clausura No. 2767 del 21 de junio del 2011, por orden de la Sala Constitucional en el voto No. 2011012854.

III.Sobre el fondo del asunto. Conforme lo señalan los numerales 169 constitucional y 15 de la Ley de Planificación Urbana, las municipalidades están facultadas para imponer limitaciones a la propiedad privada que tienden a impedir el desarrollo desordenado e impactante de las comunidades y garantizar la coexistencia de las necesidades humanas de convivencia junto con el deber de brindar protección del medio ambiente, dentro de lo cual las Municipalidades son las llamadas a ejercer plenos poderes de tutela y fiscalización conforme a las regulaciones existentes. Es por ello que los propietarios de los suelos y sus edificaciones están obligados a sujetarse a las normas de ordenamiento territorial respectivo, quedando vinculados a sus disposiciones y limitaciones. Esta obligación se materializa comúnmente mediante la obtención de los llamados "usos del suelo" y las licencias constructivas, mediante los cuales los administrados se aseguran el acatamiento pleno de sus obras a la regulación urbanística.

En caso de incumplimiento a esta obligación, las autoridades del gobierno local, no pueden ni deben evadir su atención oportuna y efectiva, lo que implica por supuesto, que deben aplicar en su caso, las sanciones que correspondan, en su justo rigor y medida, y en total concordancia con la magnitud de las infracciones cometidas. Esta facultad, que es por su propia naturaleza obligatoria, se trata de un poder-deber de las autoridades municipales que no puede dejar de aplicar y procede donde se compruebe el acaecimiento de transgresiones al ordenamiento urbanístico. De lo contrario, incurrirían en un incumplimiento grave de sus funciones y ello podría generar responsabilidad no sólo disciplinaria, sino civil y eventualmente penal de los funcionarios municipales.

IV.Sobre los efectos de las irregularidades constructivas. En el presente asunto se impugna la clausura que se hiciera sobre el negocio de la apelante, Argon Transport S.A., producto de un procedimiento levantado por falta de permisos para construir una malla ciclón y hacer rellenos de tierras. Sobre este particular, advierte este Tribunal que basta con que la Administración haya procedido a verificar el acaecimiento del supuesto previsto en el artículo 89 inciso a) de la Ley de Construcciones, respecto de la ausencia de licencia, para que proceder de inmediato con la aplicación de sus poderes de policía. Sin embargo, ante la inexistencia de dicho permiso, lo correcto era que se iniciara el procedimiento previsto en los numerales 96 y siguientes de ese mismo texto normativo, que corresponde a dos primeras prevenciones y, posteriormente, ante el incumplimiento definitivo, la demolición de la obra.

En este caso, luego de haberse realizado las prevenciones, la Municipalidad no procedió conforme le autoriza la Ley de Construcciones, sino con una notificación dirigida al apelante con un un traslado de cargos tendiente a suspender la licencia comercial, en donde se le acusaba de no obtener licencia constructiva para la malla perimetral del 600 mts lineales, así como para el relleno realizado y compactación del suelo del parqueo, en aplicación del numeral 81 bis del Código Municipal. Cabe advertir que para cancelar una licencia comercial (patente), como ocurrió en este caso, los motivos deben ser los regulados en los numerales 81 y 81 bis del Código Municipal, y para ello se debe acudir, ya sea al procedimiento de nulidad, evidente y manifiesta previsto en el numeral 173 de la Ley General de la Administración Pública, o bien, al proceso contencioso de lesividad, regulado en el numeral 34 del Código Procesal Contencioso Administrativo.

Concuerda este Tribunal con el accionante, en el sentido de que refiriéndose a un problema estrictamente de orden constructivo de la malla perimetral y movimientos de tierras, la Municipalidad afectó de manera ilegal el derecho subjetivo consolidado del agraviado, confundiéndose cual si fuere jurídicamente posible, que la ausencia de licencia para tales efectos tenga la fuerza de cancelar patentes comerciales, en aplicación de los artículos 81 y 81 bis del Código Municipal, cosa que es técnicamente incorrecta pero que en efecto sucedió en este caso. Si la Municipalidad apreció el faltante de las licencias reclamadas, únicamente podría proceder conforme lo previsto en la Ley de Construcciones y, si además de ello, verificó que el movimiento de tierras estaba generando una afectación ambiental, no advirtió de la situación mediante los procedimientos legales, ni previno al apelante de dicha situación, por lo que la cancelación de la patente no podía sustentarse en hechos que nunca se le acusaron.

Por ende, estima este órgano colegiado que las autoridades locales transgredieron sus poderes de policía y actuaron más allá de lo legalmente permisible, imponiendo una sanción donde la ley no la prevé y en aplicación de mecanismos no previstos para tales efectos. Ante tales circunstancias, es claro que lo actuado por el gobierno local se encuentra viciado de nulidad absoluta, tanto en el procedimiento como en el fondo, por incorrecta aplicación del derecho, lo que da mérito para que de conformidad con los artículos 132, 133 y 136 de la Ley General de la Administración Pública, lo procedente sea acoger los agravios invocados por la parte y anular la resolución venida en alzada, lo que en efecto se hace. Hace notar este Tribunal, que ciertamente el acto del Alcalde de Limón que aquí se ha revisado, carece de fecha y hora en que se expidió, pudiéndose identificar únicamente como la resolución que confirmó el Acta de Prevención sobre Patente y Cierre de Negocios No. 0903 de las trece horas doce minutos del 11 de octubre del 2011 (folios 17 y 18), por lo que también transgrede el artículo 134 de la Ley General de la Administración Pública, lo cual es otro motivo más para decretar su nulidad.

Por conexidad y consecuencia, lo procedente es anular también el acto que dio origen a la cadena recursiva, sea el Acta de Prevención sobre Patente y Cierre de Negocios No. 0903 de las trece horas doce minutos del 11 de octubre del 2011, por resultar también, contraria a derecho. Ante la ausencia de recurso ulterior, se deberá dar por agotada la vía administrativa.

V.No obstante lo anterior, habiendo realizado este Tribunal la lectura integral del Voto de la Sala Constitucional No.2011012854 de las 12:12 horas del 23 de setiembre del 2011, debe indicarse que en caso de que en efecto, existan riesgos sobre el medio ambiente persistentes a la fecha, producto de las obras realizadas sin licencia, la Municipalidad mantiene sus poderes de policía a efecto de hacer cumplir con el ordenamiento jurídico y promover la cesación del eventual daño, siempre y cuando lo haga mediante la instauración del los procedimientos de ley y en respeto al debido proceso y garantizando el derecho de defensa de la parte, situación que se aprecia ausente en esta causa.

POR TANTO

Se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto y, por ende, se anula la resolución del Alcalde de Limón, sin número, ni fecha ni hora, visible a folios 17 y 18, que confirmó el Acta de Prevención sobre Patente y Cierre de Negocios No. 0903 de las trece horas doce minutos del 11 de octubre del 2011, la cual también se anula. Se da por agotada la vía administrativa.

Evelyn Solano Ulloa Marianella Alvarez Molina Francisco Muñoz Chacón 11-006758-1027-ca Apelación Argon Transport S.A. vrs Municipalidad de Limón

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