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Res. 00088-2013 Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI · Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI · 24/06/2013
OutcomeResultado
The claim by the Municipality of Talamanca was dismissed on grounds of statute of limitations and lack of right, upholding the inclusion of the coastal zone in the Gandoca-Manzanillo Refuge and imposing costs on the municipality.Se rechazó la demanda de la Municipalidad de Talamanca por caducidad y falta de derecho, declarando válida la inclusión de zona costera en el Refugio Gandoca-Manzanillo y condenando en costas al municipio.
SummaryResumen
The Sixth Section of the Administrative Litigation Tribunal resolved a 'lesividad' suit filed by the Municipality of Talamanca against the State and SINAC. The plaintiff sought partial annulment of Executive Decree 16614-MAG of 1985, which created the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge, claiming it overlapped the Bribrí de Keköldi Indigenous Reserve and usurped lands and coastal zone under municipal administration. It also claimed damages for lost fees and taxes since 1985. The Tribunal rejected all claims, upholding the statute-of-limitations defense for the main annulment claim and the lack-of-right defense for the subsidiary claim and damages. It held that, under the current boundaries set by Decree 29956 of 2001, the indigenous reserve no longer includes coastal zone nor overlaps the refuge, so the alleged defect does not persist. Additionally, it ruled that including coastal zone within a wildlife refuge is lawful, because the Maritime-Terrestrial Zone Law excludes from its scope areas incorporated into national parks and equivalent reserves, a category encompassing wildlife refuges. Regarding the exclusion of urban areas, the Court followed Constitutional Chamber precedent 1056-2009, which struck down regulatory attempts to exclude urban zones from the refuge for violating the principle of legal reservation. Costs were imposed on the Municipality of Talamanca.El Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI resolvió un proceso de lesividad presentado por la Municipalidad de Talamanca contra el Estado y el SINAC. La demandante solicitaba la nulidad parcial del Decreto Ejecutivo 16614-MAG de 1985, que creó el Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, alegando que traslapaba la Reserva Indígena Bribrí de Keköldi y usurpaba terrenos y zona costera de administración municipal. También reclamaba indemnización por la pérdida de cánones e impuestos desde 1985. El Tribunal rechazó todas las pretensiones, acogiendo la defensa de caducidad para la pretensión anulatoria principal y la de falta de derecho para la subsidiaria y la indemnización. Estableció que, según los límites actuales fijados por el Decreto 29956 de 2001, la reserva indígena ya no incluye zona costera ni se superpone al refugio, por lo que el vicio alegado no subsiste. Además, determinó que incluir zona costera dentro de un refugio de vida silvestre es legal, pues la Ley de Zona Marítimo Terrestre excluye de su aplicación las áreas incorporadas a parques nacionales y reservas equivalentes, categoría en la que caben los refugios de vida silvestre. Sobre la exclusión de zonas urbanas, el juez acató la jurisprudencia constitucional del voto 1056-2009, que anuló intentos reglamentarios de excluir áreas urbanas del refugio, por violar el principio de reserva de ley. Se condenó en costas a la Municipalidad de Talamanca.
Key excerptExtracto clave
VII.- This Tribunal finds no injury to the legal system in including the coastal zone within the refuge boundaries. The coastal zone is a physical space subject to the regulations of the Maritime-Terrestrial Zone Law, No. 6043, Article 1. However, the same law, in Article 73, provides that it shall not apply to maritime-terrestrial zones included in national parks and equivalent reserves, areas governed by their own legislation. On whether wildlife refuges fall within the scope of that provision, as the State's representative well cites, through ruling No. 1886-95 of April 7, 1995, the Constitutional Chamber, in the specific case of the Gandoca-Manzanillo Wildlife Refuge, stated: "Regarding the merits, it must be reiterated that the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge was created by Executive Decree No. 16614-MAG of July 1, 1985. Although it is true that the Refuge territory contains areas that conceptually fall under the scope of the Maritime-Terrestrial Zone Law No. 6043 of March 2, 1977, it is also true that, pursuant to Article 73 of that Law, its application is excluded from those lands. (...) Although the quoted text does not expressly include the term 'wildlife refuges,' they must be understood as included within the phrase 'equivalent reserves,' since, necessarily, in light of the environmental protection purposes that inform them, their management must consider technical aspects more appropriate to specialized agencies than to municipal corporations: hence their administration is governed by specific regulations. Consequently, the provisions of Article 3 of said Law stating that the usufruct and administration of the zone corresponds to the municipality of the respective jurisdiction, in this case the Municipality of Talamanca, are not applicable to the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge." This Tribunal shares that reasoning because, indeed, specialized environmental protection justifies entrusting the administration of such zones, when the conditions for establishing that specialized wildlife-protection system are met, to authorities specialized in environmental matters.VII.- Este Tribunal no observa lesión alguna al ordenamiento jurídico por la inclusión de zona costera dentro de los límites de ese refugio. Si bien se mira la zona costera constituye un espacio físico sujeto a las regulaciones de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, No. 6043, artículo primero. Con todo, esa misma legislación en el ordinal 73 establece que no se aplica a las zonas marítimo terrestres incluidas en parques nacionales y reservas equivalentes, espacios regulados por la legislación respectiva. Sobre la posibilidad de considerar los refugios de vida silvestre dentro del ámbito de aplicación de este mandato, como bien cita el mandatario público, mediante el fallo No. 1886-95 del 07 de abril de 1995, la Sala Constitucional, en el caso particular del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo señaló: "En lo que respecta al fondo del asunto debe reiterarse que el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo fue creado en virtud del decreto ejecutivo número 16614-MAG de 1 de julio de 1985. Si bien es cierto el territorio del Refugio contiene áreas que conceptualmente estarían comprendidas dentro del ámbito de aplicación de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre número 6043 de 2 de marzo de 1977, es lo cierto que de conformidad con el artículo 73 de esa Ley, su aplicación resulta excluida de esos terrenos. (...) Aunque el texto transcrito no incluye expresamente la denominación "refugios de vida silvestre", deben entenderse éstos incluidos dentro de la frase "reservas equivalentes", ya que necesariamente, en atención a los fines de protección ambiental que los informan, su manejo debe considerar aspectos técnicos en la materia, que son más propios de los organismos especializados respectivos que de las corporaciones municipales: de allí que su administración se regule por normativa específica. En consecuencia, no resulta de aplicación al Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo lo dispuesto por el artículo 3 de dicha Ley en el sentido de que el usufructo y la administración de la zona corresponde a la municipalidad de la jurisdicción respectiva, sea en este caso la municipalidad de Talamanca." Este Tribunal comparte el criterio aludido pues en efecto, la tutela especializada del ambiente legitima que la administración de esas zonas, cuando concurran los presupuestos para disponer ese sistema especializado de protección de vida silvestre, sea conferida a instancias especializadas en menesteres ambientales.
Pull quotesCitas destacadas
"Este Tribunal no observa lesión alguna al ordenamiento jurídico por la inclusión de zona costera dentro de los límites de ese refugio."
"This Tribunal finds no injury to the legal system in including the coastal zone within the refuge boundaries."
Considerando VII
"Este Tribunal no observa lesión alguna al ordenamiento jurídico por la inclusión de zona costera dentro de los límites de ese refugio."
Considerando VII
"Aunque el texto transcrito no incluye expresamente la denominación 'refugios de vida silvestre', deben entenderse éstos incluidos dentro de la frase 'reservas equivalentes', ya que necesariamente, en atención a los fines de protección ambiental que los informan, su manejo debe considerar aspectos técnicos en la materia, que son más propios de los organismos especializados respectivos que de las corporaciones municipales."
"Although the quoted text does not expressly include the term 'wildlife refuges,' they must be understood as included within the phrase 'equivalent reserves,' since, necessarily, in light of the environmental protection purposes that inform them, their management must consider technical aspects more appropriate to specialized agencies than to municipal corporations."
Considerando VII, citando voto 1886-95 Sala Constitucional
"Aunque el texto transcrito no incluye expresamente la denominación 'refugios de vida silvestre', deben entenderse éstos incluidos dentro de la frase 'reservas equivalentes', ya que necesariamente, en atención a los fines de protección ambiental que los informan, su manejo debe considerar aspectos técnicos en la materia, que son más propios de los organismos especializados respectivos que de las corporaciones municipales."
Considerando VII, citando voto 1886-95 Sala Constitucional
"La reducción del patrimonio forestal del Estado sólo puede operar vía legal y no reglamentaria."
"The reduction of the State's forest heritage may only be carried out by law, not by regulation."
Considerando IX, citando voto 1056-2009 Sala Constitucional
"La reducción del patrimonio forestal del Estado sólo puede operar vía legal y no reglamentaria."
Considerando IX, citando voto 1056-2009 Sala Constitucional
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**NEXUS DOCUMENT** **URL:** https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-578011 **TITLE:** Poder Judicial **METADATA:** - **Resolution:** Administrative Litigation Tribunal, Section VI - **Resolution No.:** 00088 - **Resolution Year:** 2013 **CONTENT:** Administrative Litigation Tribunal, Section VI Type of Case: Administrative litigation proceeding Analyzed by: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Related Rulings Content of Interest:
Strategic Themes: Environmental Type of Content: Majority vote Branch of Law: Environmental Law Topic: Wildlife refuge Subtopics:
Inclusion of coastal zone within the limits does not violate legality.
Topic: Coastal zone Subtopics:
Inclusion within the limits of a wildlife refuge does not violate legality.
"VII.- This Tribunal does not observe any injury to the legal system from the inclusion of a coastal zone within the limits of that refuge. It should be noted that the coastal zone constitutes a physical space subject to the regulations of the Law on the Maritime-Terrestrial Zone (Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre), No. 6043, article one. However, that same legislation in provision 73 establishes that it does not apply to maritime-terrestrial zones included in national parks and equivalent reserves (reservas equivalentes), spaces regulated by the respective legislation. Regarding the possibility of considering wildlife refuges within the scope of application of this mandate, as the public official correctly cites, through ruling No. 1886-95 of April 7, 1995, the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), in the particular case of the Gandoca-Manzanillo Wildlife Refuge (Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo), stated: 'With respect to the merits of the matter, it must be reiterated that the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge (Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo) was created by virtue of executive decree number 16614-MAG of July 1, 1985. While it is true that the territory of the Refuge contains areas that would conceptually be included within the scope of application of the Law of the Maritime-Terrestrial Zone number 6043 of March 2, 1977, it is also true that in conformity with article 73 of that Law, its application is excluded from those lands. (...) Although the transcribed text does not expressly include the denomination "wildlife refuges" (refugios de vida silvestre), these must be understood as included within the phrase "equivalent reserves" (reservas equivalentes), since necessarily, in view of the environmental protection purposes that inform them, their management must consider technical aspects in the matter, which are more proper to the respective specialized agencies than to municipal corporations: hence their administration is regulated by specific regulations. Consequently, the provisions of article 3 of said Law, stating that the usufruct and administration of the zone corresponds to the municipality of the respective jurisdiction, in this case the Municipality of Talamanca, are not applicable to the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge.' This Tribunal shares the aforementioned criterion because indeed, the specialized protection of the environment legitimizes that the administration of those zones, when the prerequisites for establishing that specialized wildlife protection system concur, is conferred to specialized entities in environmental matters. In this line of reasoning, provision 82 of the Wildlife Conservation Law (Ley de Conservación de Vida Silvestre), No. 7317 of October 30, 1992, establishes in relevant part: 'National wildlife refuges (refugios nacionales de fauna y vida silvestre) are those that the Executive Branch (Poder Ejecutivo) declares or has declared as such, for the protection and investigation of wild flora and fauna, especially those that are in danger of extinction. (...)' To this end, that norm classifies national wildlife refuges into state-owned refuges (refugios de propiedad estatal), mixed-ownership refuges (refugios de propiedad mixta), and private refuges (refugios de propiedad privada). Likewise, mandate 84 of the same law empowers the establishment of wildlife refuges within forest reserves (reservas forestales) and lands of other public entities. For its part, canon 32 of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente), No. 7554 indicates that MINAET may establish protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas), in any of their management categories, within which it lists: a) Forest reserves, B) Protective zones (Zonas protectoras), C) National parks (Parques nacionales), D) Biological Reserves (Reservas Biológicas), E) National wildlife refuges, F) Wetlands (Humedales), G) Natural monuments (Monumentos naturales). In turn, it imposes that these areas (current or future), will be administered by the Ministry of Environment and Energy, except for the so-called natural monuments, regulated by provision 33 of that law. Ergo, the determination to constitute a National Wildlife Refuge in a territorial space that includes a coastal zone does not violate legality, as it is an eventuality expressly permitted by the explicit legal system. Nevertheless, it must be insisted, the zone corresponding to the Keköldi Bribrí Indigenous Reserve (Reserva Indígena Bribrí de Keköldi) does not currently possess coastal space, given the limits imposed by decree 25296 of June 24, 1996 and decree 29956 of March 22, 2001. Hence, the reproach of the plaintiff Municipality censuring that, as a derivation of the issuance of Decree No. 16614-MAG, it has lost the administration of the coastal zone and other spaces, is not acceptable. As has been stated, the creation of the aforementioned refuge supposes a particular regime with special regulations, which, in order to what has been stated, generates competency assignments in charge of MINAET and its internal organs. Therefore, the alleged violation is not presented. In any case, it draws the attention of this Tribunal that the same Municipality, in the third fact of its lawsuit, relates that the overlap it accuses was in force from December 20, 1977 to July 15, 1996. This reveals that the cause of nullity on which it bases its claim has been nonexistent since that second date. Even within the official communication SINAC-ACLAC-PNE-09/2012 of February 09, 2012, issued by SINAC, La Amistad Caribe Conservation Area (Área de Conservación La Amistad Caribe), which it provides as documentary evidence (folio 5 of the main file), it is indicated that the overlap or common area ceased when the limits of the indigenous reserve were modified through Executive Decree No. 29956-G, which, it is insisted, is also observed in the cartographic layout visible at folios 6 and 40 of the main file. Such circumstance questions the current utility of the argument, given that the cause of invalidity it reproaches has been overcome through instruments of whose existence the Municipality itself informs. Thus, in any case, even within the allegations of the lawsuit, the source of the supposed pathology would be overcome, so that alleged deficiency (in the event it actually were), is not currently producing effects, a scenario in which, given the date of issuance of the questioned decree 16614-MAG (1985), it could no longer be challenged in this venue, given that the possibility of impugning this type of provisions outside the 4 years established by provision 175 LGAP (regime in effect at that date), is only feasible against acts of continued effect (actos de efecto continuado). In this case, although the cited decree continues to have effects, it does not do so regarding the particularities that the Local Corporation sets forth, as the flaw it recriminates has been overcome, which would lead, even in that hypothesis, to upholding the defense of expiration of the action (caducidad de la acción)." ...
... See more Citations of Legislation and Doctrine Related Rulings PROCEEDING OF LESIVIDAD PLAINTIFF: Municipality of Talamanca DEFENDANT: The State, National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC) ADMINISTRATIVE LITIGATION TRIBUNAL. SECTION SIX. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ. ANNEX A. Goicoechea, at nine hours thirty-five minutes on June twenty-fourth, two thousand thirteen.
No. 088-2013-VI Administrative litigation proceeding filed by the Municipality of Talamanca, represented by its mayor, Mr. Nombre142629, bearer of identity card number CED102436, against the State, represented in this proceeding by Mr. Procurador Julio Jurado Fernández, identity card number CED102624 and the National System of Conservation Areas (hereinafter SINAC), represented by its Executive Director, Mr. Rafael Gutiérrez Rojas, identity card number CED112046.
RESULTANDO
1.- The Municipality of Talamanca files the lawsuit that has given rise to this proceeding so that the core of the ruling orders: "1. The partial nullity of Executive Decree No. 16614-MAG of July 1st, 1985, published in La Gaceta No. 206 of October 29, 1985, which created the Gandoca-Manzanillo Wildlife Refuge (Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo), in the area that overlaps with the Decree of creation of the Bribrí de Cocles (Kekoldi) Indigenous Reserve, No. 7267-G of August 9, 1977, for contravening the provisions of article 1° of Law No. 6172 and article 361 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública) as it is vitiated by absolute nullity (nulidad absoluta) and as such cannot be arranged, cured, nor validated art. 172 LGAP. 2. That the Municipality of Talamanca is the sole and exclusive administrator of that affected zone that compromises the Maritime-Terrestrial Zone and surrounding areas and therefore must proceed to exercise the powers that correspond to it over the referred coastal zone in accordance with the provisions of the Law on the Maritime-Terrestrial Zone No. Placa5163. 3. As a consequence of the above, since 1985, the Municipality illegally lost the administration of the area that the Wildlife Refuge overlapped, both inside and outside the maritime-terrestrial zone and as a consequence thereof, it ceased to receive tax collection for the concept of real estate tax (impuesto de bienes inmuebles), fees for use permits and constructions in the maritime-terrestrial zone, damages and losses (daños y perjuicios) that range in the sum of four million dollars and that must be determined in execution of sentence (ejecución de sentencia). 4. That the defendants be ordered to pay the cited damages and losses and both costs (costas). (...)" (Folios 1-4 of the judicial file) 2.- The State, having been granted the legal transfer, opposed. It raised the preliminary defense of expiration of the action (caducidad de la acción), as well as the substantive defenses of lack of active legal standing (falta de legitimación ad causam activa), lack of current interest (falta de interés actual), and lack of right (falta de derecho). (Folios 18-38 of the judicial file) For its part, SINAC responded negatively and raised the defenses of necessary passive joinder (litis consorcio pasiva necesaria) to integrate the National Commission of Indigenous Affairs (Comisión Nacional de Asuntos Indígenas), lack of right, lack of active and passive legal standing, as well as that of statute of limitations (prescripción). (Folios 43-57, 79-90 of the judicial file) 3.- By resolution No. 1710-2012 at 10 hours 50 minutes on October 12, 2012, the procedural Judge ordered the rejection of the defense of necessary passive joinder raised by SINAC. (Folios 103-105 of the main file) It is not recorded that an appeal was filed against that ruling.
4.- The preliminary hearing provided for in canon 90 of the Administrative Litigation Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo, CPCA) was held on December 18, 2012. In that act, the plaintiff adjusted the claim of the lawsuit in the following terms, adding the following petitionary extreme: "That the partial nullity of decree 16614-MAG be declared, inasmuch as the affected area, the Bribrí de Cocles (Kekoldi) indigenous reserve, confirmed in article first of Indigenous Law #6172, corresponds to urban lands that do not have the technical conditions required for a protected wilderness area (área silvestre protegida), under any of its categories established in the law." Given that adjustment, the procedural judge suspended the said hearing to grant transfer to the other parties. (Folios 110-111 of the judicial file) 5.- The State, having been granted transfer of the adjustment of the claim alluded to in the previous provision, opposed and raised the defenses of expiration (caducidad), res judicata (cosa juzgada), and lack of right. (Folios 120-125 of the judicial file) No reference whatsoever is recorded from SINAC on that matter.
6.- The preliminary hearing was continued on April 05, 2013 with the attendance of all parties. In that phase, the plaintiff indicated that despite the addition of a new petitionary extreme in the hearing of December 18, 2012 (referred to in point 4 above), it specified that this new claim must be considered a subsidiary claim in the following sense: "That in that affected zone, the natural resources that distinguish and characterize the Gandoca Manzanillo Wildlife Refuge are not located, and whose protection was issued by the decree that created the Refuge according to what is established in its own considerandos (recitals) and that this zone is fundamentally urban residential so there is no motive for its protection as a Wildlife Refuge." -see in this regard detail from 08 hours 44 minutes 59 seconds of the recording of the hearing of April 05, 2013- 7.- Likewise, in the procedural hearing alluded to in the previous paragraph, the procedural judge reserved the resolution of the preliminary defenses raised by the State and by SINAC for the judgment phase. After the phase of admission of evidence, only documentary evidence was incorporated into the proceeding, for which the present matter was declared as purely of law (de puro derecho) and the defendants submitted conclusions. The respective file was forwarded to this Sixth Section of the Administrative Litigation Tribunal for the issuance of the pertinent ruling on May 27, 2013, as recorded in the transit stamp visible on folio 134 reverse of the main file.
8.- In the proceedings before this Tribunal, no nullities that must be corrected have been observed and the ruling is issued within the term of fifteen business days established for this purpose by provisions 98.2 of the Administrative Litigation Procedure Code and 82.4 of the Autonomous Regulation of Organization and Service of the Administrative Litigation and Civil Treasury Jurisdiction (Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Civil de Hacienda).
Judge Garita Navarro drafts, with the affirmative vote of Judges Abarca Gómez and Quirós Muñoz;
CONSIDERANDO
I.- Proven facts: Of relevance for this ruling, the following are deemed duly accredited: 1) That the Bribrí de Cocles Indigenous Reserve was delimited by executive decree No. 7267-G of August 09, 1977 and confirmed by the Indigenous Law, No. 6172 of November 29, 1977. (Folio 5 of the main file, SINALEVI computer system consultation, June 19, 2013) 2) That by executive decree No. 25296 of June 24, 1996, published in La Gaceta No. 134 of July 15, 1996, it is established that the Bribrí de Cocles Indigenous Reserve shall hereinafter be called "Keköldi Bribrí Indigenous Reserve (Cocles)" (Reserva Indígena Bribrí de Keköldi (Cocles)). (Folio 5 of the main file, SINALEVI computer system consultation, June 19, 2013) 3) By executive decree 29956 of March 22, 2001, published in La Gaceta No. 221 of November 16, 2001, article 2 of Decree 25296-G, published in La Gaceta 134 of July 15, 1996 was reformed and the current limits of the Keköldi Bribrí Indigenous Reserve (Cocles) were set. (Folio 5 of the main file, SINALEVI computer system consultation, June 19, 2013) 4) That by executive decree No. 16614 of July 01, 1985, published in La Gaceta No. 206 of October 29, 1985, the Gandoca-Manzanillo Wildlife Refuge was created. (SINALEVI computer system consultation, June 19, 2013) 5) That the original version of article 6 of decree No. 16614-MAG, excluded from its scope of application the areas that, according to studies conducted by the National Institute of Housing and Urbanism (Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, INVU), are included within the urban zones of Gandoca, Manzanillo, and Puerto Viejo. This norm was repealed by mandate 16 of decree 23069 of March 21, 1994. Likewise, executive decree No. 32753 of May 16, 2005, ordered the repeal of article 6 of Executive Decree No. 16614-MAG. Later, through Executive Decree No. 34043-MINAE of September 11, 2007, published in La Gaceta No. 202 of October 22, 2007, in its article first, the original decree of creation of the aforementioned Refuge, i.e., decree 16614-MAG, was ratified, with the exception of article 5. Similarly, in article 3, it modified provision 6 of the original version of the cited decree 16614-MAG, to exclude the urban areas that, according to studies conducted by the National Institute of Housing and Urbanism, are included within the communities of Gandoca, Manzanillo, and Puerto Viejo. (SINALEVI computer system consultation, June 19, 2013) 6) That the reforms indicated in the previous point were impugned within the file of action of unconstitutionality 07-014812-0007-CO, in which, through vote No. 1056 of January 28, 2009, the annulment of articles 3, 4, 5, and 7 of Decree No. 34043-MINAE published in La Gaceta number 202 of October 22, 2007 was ordered and, by connection, article 1 but solely insofar as it does not also exclude article 6 of the original decree of creation of the Gandoca-Manzanillo Wildlife Refuge No. 16614-MAG of July 1st, 1985. (SINALEVI computer system consultation, June 19, 2013) 7) That on the date of filing the lawsuit, the zone corresponding to the Gandoca-Manzanillo Wildlife Refuge does not include a coastal zone belonging to the area that integrates the Keköldi Bribrí Indigenous Reserve (Cocles). (Folios 5, 39-41 of the judicial file) II.- Facts not proven: Of importance for the purposes of this dispute are those set forth below: Sole: That on the date of filing the lawsuit, the Gandoca-Manzanillo Wildlife Refuge includes a coastal zone or strip of land corresponding to the Keköldi Bribrí Indigenous Reserve (Cocles). (Said aspect is not accredited) III.- Object of the proceeding. The lawsuit has been filed for the analysis of the following claims: "1. The partial nullity of Executive Decree No. 16614-MAG of July 1st, 1985, published in La Gaceta No. 206 of October 29, 1985, which created the Gandoca-Manzanillo Wildlife Refuge, in the area that overlaps with the Decree of creation of the Bribrí de Cocles (Kekoldi) Indigenous Reserve, No. 7267-G of August 9, 1977, for contravening the provisions of article 1° of Law No. 6172 and article 361 of the General Law of Public Administration as it is vitiated by absolute nullity (nulidad absoluta) and as such cannot be arranged, cured, nor validated art. Placa27936 . That the Municipality of Talamanca is the sole and exclusive administrator of that affected zone that compromises the Maritime-Terrestrial Zone and surrounding areas and therefore must proceed to exercise the powers that correspond to it over the referred coastal zone in accordance with the provisions of the Law on the Maritime-Terrestrial Zone No. 6043. 3. As a consequence of the above, since 1985, the Municipality illegally lost the administration of the area that the Wildlife Refuge overlapped, both inside and outside the maritime-terrestrial zone and as a consequence thereof, it ceased to receive tax collection for the concept of real estate tax (impuesto de bienes inmuebles), fees for use permits and constructions in the maritime-terrestrial zone, damages and losses (daños y perjuicios) that range in the sum of four million dollars and that must be determined in execution of sentence (ejecución de sentencia)." Within the preliminary hearing provided for in canon 90 of the Administrative Litigation Procedure Code, the plaintiff local entity adjusted the claim of the lawsuit in the following terms: "That the partial nullity of decree 16614-MAG be declared, inasmuch as the affected area, the Bribrí de Cocles (Kekoldi) indigenous reserve, confirmed in article first of Indigenous Law #6172, corresponds to urban lands that do not have the technical conditions required for a protected wilderness area (área silvestre protegida), under any of its categories established in the law." (Folios 110-111 of the judicial file) Against these petitions, the State raised the defenses of expiration (caducidad), res judicata (cosa juzgada), and lack of right. Against the adjustment of claims additionally, the defense of res judicata and lack of right (Folios 120-125 of the judicial file) No reference whatsoever is recorded from SINAC on that matter. In the hearing of April 05, 2013, the plaintiff Municipality subsidiarily raised a claim in the following sense: "That in that affected zone, the natural resources that distinguish and characterize the Gandoca Manzanillo Wildlife Refuge are not located, and whose protection was issued by the decree that created the Refuge according to what is established in its own considerandos (recitals) and that this zone is fundamentally urban residential so there is no motive for its protection as a Wildlife Refuge." Such a petitionary framework constitutes therefore the object of this proceeding, for which reason the analysis of the diverse positions held by the parties in this judicial dispute proceeds below.
IV.- Regarding the preliminary defense of expiration of the annulment action (caducidad de la acción anulatoria). The State alleges expiration of the action (caducidad de la acción), pointing out that the Decree subject to challenge, namely, Executive Decree No. Placa27937, was issued on July 01, 1985 and published in La Gaceta No. 206 of October 29, 1985, so that in accordance with Transitory Provision III of the CPCA, the applicable impugnation regime is that of the legislation in effect at the time of its finality (firmeza). At that time, it indicates, provision 175 of the LGAP set a term of 4 years to claim absolute nullity (nulidad absoluta), and in the case of relative nullity (nulidad relativa), a term of two months in accordance with provision 179 of the cited LGAP, which referred to the Regulating Law of the Administrative Litigation Jurisdiction (Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa). It states that, in accordance with the regime in effect at that time, the plaintiff had the aforementioned periods to file the proceeding. It cites precedent 527-F-S1-2011 from the First Chamber (Sala Primera) of the Supreme Court of Justice, as well as ruling 379-2011 from this Administrative Litigation Tribunal. Regarding this matter, it is pertinent to point out what follows. The representative of the State is correct in that given the date of issuance of the decree subject to challenge, i.e., on July 01, 1985 and its publication on October 29, 1985, the applicable impugnation rules, and therefore those to be considered in this case, are those established by the legal system in effect at the time that act acquired finality. This is indeed established by Transitory Provision III of the CPCA. However, according to Transitory Provision IV of that same legal regime, the procedural rules to be applied (including for the challenge of acts whose impugnation regime is covered by the cited Transitory III), shall be those in effect at the time of filing the action, of course, with the exception of the expiration of the action (caducidad de la acción) for annulment claims regarding acts covered by the mentioned Transitory III, which is governed by the regime in effect at the time of the act's finality. More simply, if the proceeding is filed when the CPCA was in effect, the procedural rules will be those established by that codification, but if the challenged act acquired finality before the entry into force of that Law No. 8503, the maximum period to initiate the proceeding will be that regulated by the regime prior to that Code. It is precisely what has been stated that occurs in this case, for the lawsuit is filed in April 2012 (with the CPCA already in effect), but it reproaches an act of general scope published on October 29, 1985, so the analysis of the temporal element of the action must be addressed from the perspective of the regulations in effect at that time in the Regulating Law of the Administrative Litigation Jurisdiction and the LGAP. Now then, in the context of Law No. 3667 (LRJCA), regarding the assumptions for impugning norms or acts of general scope, the cited procedural regulation establishes two forms of impugnation, namely, direct and indirect or reflexive. Direct impugnation consists of the possibility of questioning the total or partial validity of a provision of general scope, under a scheme of active legal standing within which it is not necessary that said provision has been applied through particular acts to the person requesting the analysis, but rather it is a factual assumption in which the norm must be complied with directly, without the need for a prior act of individual requirement or subjection. It therefore dispenses with the challenge of concrete acts derived from the use of the norm, and concentrates on the weighting of the validity of the latter. This is stated by provision 10.2 in relation to canons 18.2 and 20.1, norms of the LRJCA. It is clear that in these cases, some degree of linkage with the regulatory framework derived from the obligation of direct compliance with the general scope provision must be shown, such that the existence of, at least, a legitimate interest (interés legítimo) to file the action can be inferred. For its part, indirect impugnation is regulated in precept 20, subsections 3 and 4, precepts that indicate the possibility of impugning the acts of individual application of general provisions, even when these have not been impugned in their timely moment, being able in that assumption to request the nullity of the concrete act, as well as the specific norms that provide its foundation. This is the indirect or reflexive impugnation of regulations through the challengeability of the act of individual application. In this modality, the impugnation of the particular application act requires the questioning of the norms of the regulation (or act of general scope) used in its case, since the suppression by invalidity of those acts would only be possible if the norms on the basis of which it was issued are annulled. As for the period to petition the invalidity of this type of general scope provisions, provision 37 of the LRJCA set a term of two months against this typology of actions, computed from the day following the official publication. However, when what is alleged is absolute nullity (nulidad absoluta) of the act, the applicable norm is provision 175 of the LGAP, which at that date set a term of 4 years to impugn it administratively or jurisdictionally. In accordance with provision 62.a of Law 3667 in relation to 171 of Law No. 6227/78, the nullity declared within the proceeding initiated within this temporal margin will have retroactive effect to the issuance of the act, provided that it is a nullity of an absolute degree. On the contrary, if it is a relative pathology, the suppression only has prospective effect, as a consequence of the presumption of validity and legitimacy of the relatively null act, under the shelter of precepts 168, 176, and 178 LGAP. However, pursuant to canon 21 subsection 2 of the LRJCA, the annulment action is admissible against acts that, despite not having been appealed in time and form (assumption provided in art. 21.1 a LRJCA), are null and void (inull of full right, nulos de pleno derecho) and are producing effects, but this solely for purposes of their annulment and future inapplicability. However, on one hand, this action is only viable for acts that present absolute degree nullity, which excludes relative degree invalidity; on the other hand, even if absolute nullity is ordered, by way of exception, the suppression ordered in a judicial ruling will have a prospective effect, for the future inapplicability of the public conduct. Within the framework of the direct impugnation of regulations, the foregoing implies that a norm of this nature can be questioned even after the four years set by article 175 LGAP, provided it is null and void (inull of full right) and its effects survive, but in these cases, the eventual suppression would be for the future inapplicability of the act. Accordingly, before ruling on the expiration (caducidad) raised, it is necessary to analyze whether the challenged provision presents any defect that fits within the causes of absolute nullity. Ergo, the matter will be addressed infra.
V.- Regarding the legal standing (legitimación) of the plaintiff Municipality. The State reproaches a lack of legal standing of the plaintiff local government, for, it indicates, the allegations of nullity are because the decree creating the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge (16614-MAG) included lands belonging to the Keköldi Bribrí Indigenous Reserve. It argues that the Indigenous Law number 6172 of November 29, 1977 establishes in its provision 2 that the development associations (asociaciones de desarrollo) of the indigenous reserves are the owners of the lands included in those reserves. After analyzing the allegations presented by the State and by SINAC in support of the allegation of lack of active legal standing, this Tribunal considers that the petitionary framework raised by the Local Corporation allows establishing an objective linkage with those claims that enable it to file this action under the protection of provision 10 subsection one, sub-subsection e of the CPCA.
Indeed, regardless of the grounds for nullity on which the Municipality bases its claim, the fact of the matter is that its claims include a declaration that it is the sole administrator of the affected "coastal zone" (zona costera), a stage from which it further petitions for patrimonial reparations due to the impossibility of collecting use fees or various tax categories, which, within the framework of its allegations, would have been generated had that particular zone not been included within the aforementioned executive decree. In view of this, and irrespective of the pertinence or not of those claims, this collegiate body deems that the local entity has active standing in this proceeding.
VI.- On the boundaries of the Gandoca Manzanillo Refuge (Refugio Gandoca Manzanillo). The Municipality claims the absolute invalidity of Executive Decree No. 16614-MAG, alleging the improper inclusion within the Gandoca Manzanillo Wildlife Refuge (Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo), created by the cited decree, of a part of the Bribrí de Keköldi Indigenous Reserve (Reserva Indígena de Bribrí de Keköldi), which the Local Corporation considers a coastal zone (zona costera), in contravention of Article 1 of Law No. 6172. The State indicates that by means of Decree 29956 of March 22, 2001, the current boundaries of that Reserve were fixed, and they do not include any coastal zone. Having assessed the case file, indeed, as mentioned by the State, the current boundaries of the Reserve in question were modified by Article 1 of Executive Decree No. 29956 of March 22, 2001, published in La Gaceta No. 221 of November 16, 2001. In that provision, it is noted in the recital part that the boundaries of that Reserve were initially delimited by Executive Decree 7267-G of August 9, 1977, published in Alcance 14 to La Gaceta 157 of August 20, 1977, later varied by Article 2 of Executive Decree 25296-G, published in La Gaceta 134 of July 15, 1996. According to Decree No. 29956, the variations made by Decree 25296-G omitted to include protection and conservation areas of great natural wealth, located in the northwestern sector of the reserve, between the springs (nacientes) of the Carbón "Uno" and Carbón "Dos" Rivers, territory that had traditionally been occupied by indigenous people. In turn, it was pointed out that this area holds water resources of great benefit, even for the communities of Bribrí, Home Creek, Patiño, Carbón Dos, and Punta Caliente, which mandates its protection as it is the area that sustains the main source of that mineral for said populations. For this reason, numeral 1 of the cited Decree 29956 established new boundaries for the aforementioned Reserve, and repealed the boundaries fixed by Decree 25296, in its Article 2. Now, from the cartographic overlay at folios 39 and 40 of the main file, issued by the Catastro y Registro Regularization Program (Programa de Regularización de Catastro y Registro) through official communication UE-936-2012 of June 7, 2012, which corresponds to the Bribrí de Keköldi Indigenous Reserve (Reserva Indígena Bribrí de Keköldi), according to the current boundaries of Decree 29956, and to the Gandoca Manzanillo Wildlife Refuge (Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo), according to the area fixed by Decree 16614, it is observed that currently, there is no juxtaposition or overlap alleged by the plaintiff. Indeed, currently, the reserve in question does not present any coastal zone. The Municipality does not prove that such an overlap currently exists, nor does it manage to rebut the cartographic evidence provided by the State. Therefore, given the change in boundaries established for that reserve, the alleged defect of nullity is not present. On the other hand, from the weighing of the same cartographic overlay, it is inferred that the refuge in question has territory located within the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) that is located within coordinates N 400 240, E 601 950 and N 399 325, E 604 150, which corresponds to the area fixed by Decree 16614-MAG. However, that maritime-terrestrial zone, which the plaintiff calls the coastal zone, it is insisted, does not form part of nor present any overlap with the boundaries of the Bribrí de Keköldi Indigenous Reserve, the alleged defect that constitutes the ratio of the claim under analysis. Now, as has been stated, that Wildlife Refuge was created by Decree No. 16614. In its recital part, it expressly recognizes the inclusion of coastal zone located in the Atlantic littoral area of Talamanca, given that it possesses resources such as mangroves, swamps, forests, and reefs. Likewise, in recitals 3, 4, and 5, the following was indicated as the justificatory cause for the act: "3°—That the zone supports populations of endangered species such as: The manatee (Trichechus manatus), the crocodile and the caiman (Crocodilus acutus and Caimán crocodilus), the tapir (Tapirus bardil), and various species of monkeys and felines. 4°—That in the littoral strip and in the reef zone, there exists the only natural bank of mangrove oyster (Crassastraea rhizophorae), one of the few hatcheries for tarpon (Megalops atlanticus), and resident and unique populations of lobster (Panilururs argus). 5°—That the zone possesses beaches of great tourist potential under regulated management." From that perspective, Article 1 declared the Gandoca Manzanillo Protected Wildlife Refuge (Refugio de Vida Silvestre Protegida Gandoca Manzanillo) as the area comprised within the following boundaries: according to the Sixaola 3644 I basic map, scale 1:50000 of the National Geographic Institute (Instituto Geográfico Nacional). Starting from a point situated 100 meters northeast of the mouth of the Cocles River on the tide line. It continues from that point and always parallel 100 meters to the Cocles River heading southwest until reaching the current road between Puerto Viejo and Manzanillo. It follows that road heading east up to 100 meters before the bridge over the Ernesto Creek (quebrada Ernesto) where it takes a parallel line of 100 meters to said creek upstream, to its source. At its source, it takes the 40-meter contour level curve and follows said curve until reaching the intersection between coordinates 609,000 E NIE124 From that point it follows a 300-meter line, due east to subsequently seek another line located 100 meters before the source of Milla Creek (quebrada Milla). From that point it follows a parallel line of 100 meters downstream to said creek until reaching a point located on the coast 200 meters before the tide line. It then continues heading southeast parallel 200 meters to the coast up to a point located 300 meters before the first mouth of the Gandoca Lagoon (today closed) and takes that parallel line 300 meters to the Gandoca River upstream, up to a point located between coordinate 617,000 E and coordinate 391,400 N. From that point it takes a due south heading to the Sixaola River, where it then takes downstream along the left bank to its mouth. From that point of the mouth, a line perpendicular to the beach of 2,500 meters is taken and continues bordering the coast heading northeast and parallel to it at a distance of 2,500 meters up to an imaginary perpendicular line 2,500 meters to the initial point of this description situated 100 meters northeast of the mouth of the Cocles River. These boundaries were expanded by Article 2 of Executive Decree No. 34043 of September 11, 2007. For an approximate area of 9,449 Ha, of which 4,436 Ha correspond to marine zone. In the same manner, it was indicated that the administration of the Refuge will be in charge of the Wildlife Department of the General Forestry Directorate (Dirección General Forestal).
VII.- This Tribunal does not observe any injury to the legal system from the inclusion of the coastal zone within the boundaries of that refuge. The coastal zone constitutes a physical space subject to the regulations of the Law on the Maritime-Terrestrial Zone (Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre), No. 6043, Article One. However, that same legislation in Article 73 establishes that it does not apply to maritime-terrestrial zones included in national parks and equivalent reserves, spaces governed by their respective legislation. Regarding the possibility of considering wildlife refuges within the scope of application of this mandate, as the public attorney well cites, through ruling No. 1886-95 of April 7, 1995, the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), in the particular case of the Gandoca-Manzanillo Wildlife Refuge stated: "With respect to the merits of the matter, it must be reiterated that the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge was created by virtue of Executive Decree number 16614-MAG of July 1, 1985. While it is true that the territory of the Refuge contains areas that would conceptually be included within the scope of application of the Law of the Maritime-Terrestrial Zone number 6043 of March 2, 1977, it is also true that in accordance with Article 73 of that Law, its application is excluded from those lands. (...) Although the transcribed text does not expressly include the denomination 'wildlife refuges,' these must be understood as included within the phrase 'equivalent reserves,' since necessarily, in view of the environmental protection purposes that inform them, their management must consider technical aspects in the matter, which are more appropriate to the respective specialized bodies than to municipal corporations: hence their administration is regulated by specific regulations. Consequently, the provisions of Article 3 of said Law, to the effect that the usufruct and administration of the zone corresponds to the municipality of the respective jurisdiction, in this case, the Municipality of Talamanca, are not applicable to the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge." This Tribunal shares the aforementioned criterion because indeed, the specialized protection of the environment legitimizes that the administration of those zones, when the prerequisites for ordering that specialized wildlife protection system concur, be conferred upon instances specialized in environmental tasks. In this line of reasoning, Article 82 of the Wildlife Conservation Law, No. 7317 of October 30, 1992, establishes in relevant part: "National wildlife and fauna refuges are those that the Executive Branch declares or has declared as such, for the protection and research of wild flora and fauna, especially those in danger of extinction. (...)" For this purpose, that regulation classifies national wildlife refuges into state-owned, mixed-ownership, and private-ownership refuges. Likewise, mandate 84 of the same law empowers the establishment of wildlife refuges within forest reserves and lands of other public entities. On its side, Canon 32 of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente), No. 7554, indicates that MINAET may establish protected wild areas, in any of their management categories, within those it lists: a) Forest reserves, B) Protective zones, C) National parks, D) Biological Reserves, E) National wildlife refuges, F) Wetlands, G) Natural monuments. In turn, it imposes that these areas (current or future) shall be administered by the Ministry of Environment and Energy (Ministerio del Ambiente y Energía), except for the so-called natural monuments, regulated by Article 33 of that law. Ergo, the determination to establish a National Wildlife Refuge in a territorial space that includes coastal zone does not violate legality, as it is an eventuality expressly permitted by the explicit legal system. However, it must be insisted, the zone corresponding to the Bribrí de Keköldi Indigenous Reserve does not currently possess coastal space, given the boundaries imposed by Decree 25296 of June 24, 1996, and Decree 29956 of March 22, 2001. Hence, the reproach of the plaintiff Municipality, insofar as it criticizes that as a derivation of the issuance of Decree No. 16614-MAG, it has lost the administration of the coastal zone and other spaces, is not admissible. As has been stated, the creation of the cited refuge supposes a particular regime with special regulations, which, in order to what has been stated, generates jurisdictional assignments in charge of MINAET and its internal bodies. Therefore, the alleged violation is not present. In any case, this Tribunal takes notice that the Municipality itself, in the third fact of its complaint, relates that the overlap it alleges was in force from December 20, 1977, to July 15, 1996. This highlights that the cause of nullity on which it bases its claim has been nonexistent since that second date. Even more, within official communication SINAC-ACLAC-PNE-09/2012 of February 9, 2012, issued by SINAC, La Amistad Caribe Conservation Area (Área de Conservación La Amistad Caribe), which it provides as documentary evidence (folio 5 of the main file), it is noted that the overlap or common area ceased when the boundaries of the indigenous reserve were modified by Executive Decree No. Placa27938, which, it is insisted, is also observed in the cartographic overlay visible at folios 6 and 40 of the main file. Such circumstances call into question the current utility of the allegation, given that the cause of invalidity it reproaches has been overcome through instruments whose existence the Municipality itself reports. In this manner, in any case, even within the allegations of the complaint, the source of the alleged pathology would be overcome, so that alleged deficiency (were it actually so), is not having effects to date, a scenario in which, given the date of issuance of the questioned Decree 16614-MAG (1985), it could no longer be challenged in this venue, given that the possibility of impugning this type of provisions beyond the 4 years established by numeral 175 LGAP (regime in force at that date), is only feasible against acts of continued effect. In this case, even though the cited decree continues to have effects, it does not do so regarding the particularities that the Local Corporation presents, as the defect it reprimands has been overcome, which would lead, even under that hypothesis, to uphold the defense of expiration of the action.
VIII.- On the defense of expiration. Continuation. As noted supra, in recital number III, the challenge to Decree 16614-MAG in this proceeding is governed by the expiration periods for the action that were fixed by Articles 175 LGAP (prior to the reform made by the CPCA) and 10.2 in relation to Canons 18.2 and 20.1, rules of the LRJCA, that is, a period of four years computed from the publication or entry into force of the general provision, in the case of absolute nullity. For the scenario of relative nullity, numeral 37 of the LRJCA fixed a period of two months from the same starting point. As has been indicated, by exception, Article 21.2 of the LRJCA allows the challenge of acts (individual or general) that, even though they have not been questioned in time and form, are absolutely null (null and void de pleno derecho says the precept) and continue to have effects, but this for their future inapplicability. Therefore, as was anticipated, it was necessary to analyze whether in the questioned acts there was any deficiency characteristic of absolute-grade nullity, for in that case, one would be in the last of the indicated scenarios. Now, after the substantive analysis carried out in this ruling, it has been determined that this eventuality is not present in this proceeding, because the reproached conducts do not present the causes of invalidity that the plaintiff Local Corporation expresses and argues. It has been established that Decree 16614-MAG substantially conforms to the legal system in what has been the object of debate. Consequently, as the prerequisites set by Canon 21.2 of the LRJCA are not configured, this action was filed outside the temporal limits imposed by Article 175 LGAP. This leads, in accordance with the provisions of Article 66.1 subparagraph k), in relation to 67 and 92.6, all of the CPCA, to the appropriateness of the defense of expiration formulated by the State representation and which was supported by the representation of SINAC, which implies ordering the inadmissibility of this complaint.
IX.- Subsidiary claim. On the inclusion of urban zones within the Gandoca Manzanillo Refuge zone. During the preliminary hearing held on December 18, 2012, the municipality added a claim in the following terms: "That the partial nullity of Decree 16614-MAG be declared, insofar as the area affecting the Bribrí de Cocles (Kekoldi) Indigenous Reserve, confirmed in Article One of the Indigenous Law #6172, corresponds to urban lands that do not have the technical conditions required for a protected wild area, under any of its categories established in the law." However, in the continuation of that hearing held on April 5, 2013, the Municipality indicated and clarified that this new claim should be considered as a subsidiary request in the following sense: "That in that affected zone, the natural resources that distinguish and characterize the Gandoca Manzanillo Wildlife Refuge, and whose protection was issued by the decree that created the Refuge as established in its own recitals, are not located, and that this zone is fundamentally urban residential, so there is no reason for its protection as a Wildlife Refuge." -see in this regard the detail at 08 hours 44 minutes 59 seconds of the recording of the hearing of April 5, 2013- In essence, both requests rest on the alleged invalidity of Decree 16614-MAG due to the inclusion of urban sectors that, according to the local entity, do not meet the technical conditions to fit within the category of protected wild area. Regarding this claim in particular, the State alleges expiration and res judicata (cosa juzgada), noting that, by Judgment 2009-001056 of January 28, 2009, the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) granted the unconstitutionality action filed against numerals 3, 4, 5, and 7 of Decree 34043-MINAE, which excluded the urban zones of Puerto Viejo, Gandoca, and Manzanillo from the Gandoca-Manzanillo Refuge. On this particular, it is worth noting what follows. The raised expiration must be rejected because the basis of the claim under analysis is not the issuance of the decree itself, but the current conditions that, in the judgment of the local entity, lead to the supervening suppression of the justificatory causes for including certain spaces within the Gandoca-Manzanillo Wildlife Refuge zone. Now, with respect to the merits of what is requested, it should be highlighted that the exclusion of the urban zones from the Gandoca Manzanillo Wildlife Refuge was established in Article 6 of Decree No. 16614-MAG, whose original version indicated: "Article 6°— The areas that, according to the studies carried out by the National Institute of Housing and Urbanism (Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo), are comprised within the urban zones of Gandoca, Manzanillo, and Puerto Viejo, shall not be subject to the regulations of this Decree." However, this rule was repealed by mandate 16 of Decree 23069 of March 21, 1994. However, subsequently, in Executive Decree No. 32753 of May 16, 2005, which "Ratifies the validity of Articles 1, 2, 3, 4, 7 and 8 of the executive decree that created the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge", in the recital part, ordinal 9, it was indicated: "…9°—That Executive Decree No. 29019-MINAE, of September 19, 2000, published in La Gaceta No. 208, of October 31, 2000, corresponding to the Regulations for the Participatory Management of Natural Resources in the Gandoca-Manzanillo Wildlife Refuge, Gandoca Sector, repealed in its entirety Executive Decree No. 23069-MIRENEM, whereby Article 6 of Executive Decree No. 16614-MAG came back into force." By such consideration, in Article 2, it ordered the repeal of Article 6 of Executive Decree No. 16614-MAG. Later, by Executive Decree No. 34043-MINAE of September 11, 2007, published in La Gaceta No. 202 of October 22, 2007, in its Article One, it ratified the original decree creating the aforementioned Refuge, that is, Decree 16614-MAG, with the exception of Article 5. In the same manner, in Article 3, it modified numeral 6 of the original version of Decree 16614-MAG, in the following terms: "Article 3º—Modify Article 6º of Decree No. 16614-MAG to read as follows: 'Article 6: The urban areas that according to the studies carried out by the National Institute of Housing and Urbanism are comprised within the communities of Gandoca, Manzanillo, and Puerto Viejo shall not be subject to the regulations of this Decree. Cases that are currently in judicial or administrative proceedings reported by SINAC shall not benefit from this provision'." Pursuant to the foregoing, as of those reforms, the urban zones in question were excluded from the area of the refuge. Now, those reforms were the object of challenge before the Constitutional Chamber, within case file of unconstitutionality action 07-014812-0007-CO, in which, by means of vote No. 1056 of January 28, 2009, it ordered: "The action is GRANTED. Articles 3°, 4°, 5°, and 7° of Decree No. 34043-MINAE published in La Gaceta number 202 of October 22, 2007, are annulled, and by connection, Article 1° but only insofar as it does not also exclude Article 6 of the original decree creating the Gandoca-Manzanillo Wildlife Refuge No. 16614-MAG of July 1, 1985. This judgment has declarative and retroactive effects to the date of validity of the annulled regulation. (...)." For the purposes of this proceeding, it is of merit to refer to the substantive analysis on which the Constitutional Tribunal based its ruling. Specifically, on the analysis of the validity of Article 3 of Decree 34043-MINAE, which had excluded from the Gandoca Manzanillo refuge zone the urban zones defined by the INVU, it expressed: "However, through Article 3 of the challenged Decree, which brings the repealed Article 6 back to legal life, the urban areas of said communities were once again excluded from the boundaries of the Refuge, which implied its reduction. This situation not only violates the principle of legal reserve but also the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment. The principle of legal reserve is violated because, according to what has been expressed, the reduction of the State's forest heritage can only operate by law and not by regulation. (...) In this way, by proceeding the challenged decree to reduce the boundaries of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge, it violates the principle of legal reserve because the reduction of such boundaries can only operate through a law duly justified for that purpose. Furthermore, the right to the environment is violated because the reduction of a wildlife refuge clearly not only diminishes the possibilities of enjoying this right in the Gandoca-Manzanillo area but also deprives the natural resources of the zone of protection by leaving the urban areas of the communities of Gandoca, Manzanillo, and Puerto Viejo open to free exploitation without any restrictions. Evidently, it is not the same protection that property receives when it pertains to forest property. Regarding this type of property, let it be remembered that it is a different type of property with its own characteristics and particularities and a special regime, as it is conceived fundamentally to conserve, not to produce or be part of the commerce of men. All lands considered as national reserves are immediately dedicated to the purposes of forestry regulations, which establish a special regime applicable to all forest resources. In this way, by proceeding the challenged decree to exclude the urban areas of the communities of Gandoca, Manzanillo, and Puerto Viejo from forest property, it violates the right to the environment because such areas would fall outside the proper boundaries of forest property that tend toward conservation and not the exploitation of the property and its natural resources. All the above leads us to conclude that the aforementioned Article 3 of the challenged Decree - which brings the repealed Article 6 back to legal life, diminishing the boundaries of the refuge in question - is unconstitutional." Thus, and given the implications of Article 13 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), No. 7135, this Tribunal could not analyze the validity of the cited Decree No. 16614-MAG with respect to the exclusion of urban zones, or the mutation of the original conditions that led to defining the boundaries of the land occupied by the Gandoca-Manzanillo Wildlife Refuge, because, under the protection of what the Constitutional Chamber has ordered on that specific topic, the reduction of that territorial space of a refuge such as the one in question is subject to a principle of legal reserve. Attending to that criterion (binding erga omnes and applicable to this case), this Tribunal could not accept, through the analysis proposed by the moving party, a reduction of those spaces under the argument that currently, part of the lands where the refuge is located is an urban zone, or that the conditions have varied and they no longer possess the technical characteristics required to be a protected wild area. Such an approach would lead, in the final stage, to denying the implications of what was resolved by the Constitutional Chamber in the aforementioned ruling and allowing the exclusion of sectors of the cited refuge, when that Constitutional Tribunal already determined that such zones, despite their urban nature, form part of that reserve. The foregoing is also applicable to the subsidiary claim, in which it is requested that in the affected zone, there are no natural resources that distinguish the Gandoca-Manzanillo Wildlife Refuge, it being a fundamentally urban zone. The allegations of the plaintiff entity concern aspects that seek to reproach the extent and area of the cited refuge, seeking to exclude from that territory spaces that to date, according to what is alleged, are for urban residential use. Regardless of the truthfulness or not of that criterion, it is insisted, this is a topic that has already been addressed in constitutional court, an instance in which the channels to be used to be able to decrease those zones have been delimited and specified. Whether or not the conditions that justified including those zones within the refuge created by Decree 16614-MAG currently concur is a topic that must be weighed in other instances, attending to the maxim of legal reserve that, regarding the topic of reduction of protected zones, the Constitutional Chamber has established. If one looks closely, the claim under examination seeks the same effect as the additional request formulated in the preliminary hearing of December 18, 2012. Consequently, with respect to what has been alleged, no nullity whatsoever occurs that merits being declared, which entails the rejection of the charge.
X.- On the claimed damages and losses. The plaintiff Municipality includes within its request framework, in point number 4, a claim for compensation in the following terms: "As a consequence of the foregoing, since 1985, the Municipality illegally lost the administration of the area overlapped by the Wildlife Refuge, both inside and outside the maritime-terrestrial zone, and as a consequence thereof, it ceased to receive tax collection for the real estate tax, fees for use permits, and constructions in the maritime-terrestrial zone, damages and losses that amount to the sum of four million dollars and that must be established in the execution of the judgment." Against this claim, the representative of SINAC formulates the preliminary defense of statute of limitations (prescripción). If one looks closely, the claimed damages and losses bear a relationship of accessoriness with the annulment claim formulated, given that within the plaintiff entity's argumentative scheme, they would be the consequence of the invalidity of Decree 16614-MAG, as indicated by the representative of the municipality in the hearing held on April 5, 2013, detail starting at 09:21 hours of the audio-visual recording of that hearing. This being so, by logical consequence, having established this collegiate body the validity of the cited executive decree in what has been the object of reproach, the compensation claims must be rejected, as the basic prerequisite that would give rise to those claims is not configured. This makes it unnecessary to refer to the defense of statute of limitations because, in order to what has been stated, there is no criterion of imputation to which those required damages could be linked. Therefore, the complaint must be rejected regarding this particular.
XI.- Corollary. Defenses opposed. Having been given the legal transfer, the State opposed the preliminary defense of expiration of the action, as well as the substantive defenses of lack of active standing (falta de legitimación ad causam activa), lack of current interest (falta de interés actual), and lack of right (falta de derecho). (Folios 18-38 of the judicial file.) For its part, SINAC answered in a negative manner and opposed the defenses of necessary passive joinder (litis consorcio pasiva necesaria) so that the National Commission on Indigenous Affairs (Comisión Nacional de Asuntos Indígenas) be joined, lack of right, lack of active and passive standing, as well as that of statute of limitations. (Folios 43-57, 79-90 of the judicial file.) Before the additional claim that was raised in the hearing of December 18, 2012, the State raised the defense of expiration, res judicata (cosa juzgada), and lack of right. By resolution No. 1710-2012 at 10:50 hours on October 12, 2012, the Procedural Judge ordered the rejection of the defense of necessary passive joinder raised by SINAC, without any appeal having been filed against that determination.
Regarding the principal annulment claim, the defenses of lack of standing to sue and be sued raised by the defendants are rejected. As to standing to sue, reference is made to the provisions set forth in the preceding Considerando III and Considerando VIII. On standing to be sued, the action is filed against the Administrations that issued the act under debate, as well as the one holding jurisdiction over the protected area established by decree 16614-MAG. Therefore, the connection of those parties to the object of the proceeding is configured based on what is regulated in numeral 12.1 of the CPCA. However, the defense of expiration of the time limit (caducidad) raised by the State regarding this petitionary point must be accepted. The defense of lack of right is accepted regarding the declaratory claim of the Municipality of Talamanca's competence over the disputed zone and the claim for damages (pedimento indemnizatorio de daños y perjuicios). As for the subsidiary claim, the defense of expiration of the time limit (caducidad) is rejected. The defense of lack of right raised by the State's legal representative is accepted. Consequently, the proper course is to order the dismissal of the lawsuit under analysis.
IX.- Costs (Costas). Pursuant to numeral 193 of the Contentious-Administrative Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo), procedural and personal costs (costas procesales y personales) constitute a burden imposed on the losing party by virtue of being so. Relief from this imposition is only viable when, in the Tribunal's judgment, there was sufficient reason to litigate or when the judgment is rendered by virtue of evidence whose existence the opposing party was unaware of. In the instant case, this Tribunal considers that there is no objective element that would justify the non-application of the standard of imposing costs on the losing party, for which reason both costs are imposed on the plaintiff local entity that was defeated. In the case of the State's costs, by express request of the party, the corresponding legal interest is granted, to be determined in the execution phase of this ruling.
THEREFORE (POR TANTO).
The defense of lack of standing to sue and be sued raised by the State and the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) is rejected. The defense of expiration of the action's time limit (caducidad de la acción) is accepted with respect to the principal annulment claim. The defense of lack of right is accepted with respect to the declaratory claim of the Municipality of Talamanca's competence over the disputed zone and the claim for damages (pedimento indemnizatorio de daños y perjuicios). As for the subsidiary claim, the defense of expiration of the time limit (caducidad) is rejected. Regarding this part of the lawsuit, the defense of lack of right raised by the State's legal representative is accepted. Consequently, the proper course is to order the dismissal of the lawsuit filed by the Municipality of Talamanca against the State and the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación). Both costs (costas) are the responsibility of the plaintiff local entity that was defeated. In the case of the State's costs, by express request of the party, the corresponding legal interest is granted, to be determined in the execution phase of this ruling.
José Roberto Garita Navarro Cinthya Abarca Gómez Priscilla Quirós Muñoz LESIVIDAD PROCESS (PROCESO DE LESIVIDAD) PLAINTIFF: Municipality of Talamanca (Municipalidad de Talamanca) DEFENDANT: The State, National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC) IGWTHUP.JRGN 2013 Classification prepared by the JURISPRUDENTIAL INFORMATION CENTER (CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL) of the Judicial Branch. Its reproduction and/or distribution for a fee is prohibited.
Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI Clase de asunto: Proceso contencioso administrativo Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Sentencias Relacionadas Contenido de Interés:
Temas Estrategicos: Ambiental Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Derecho Ambiental Tema: Refugio de vida silvestre Subtemas:
Inclusión de zona costera dentro de los límites no atenta contra la legalidad.
Tema: Zona costera Subtemas:
Inclusión dentro de los límites de refugio de vida silvestre no atenta contra la legalidad.
“VII.- Este Tribunal no observa lesión alguna al ordenamiento jurídico por la inclusión de zona costera dentro de los límites de ese refugio. Si bien se mira la zona costera constituye un espacio físico sujeto a las regulaciones de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, No. 6043, artículo primero. Con todo, esa misma legislación en el ordinal 73 establece que no se aplica a las zonas marítimo terrestres incluidas en parques nacionales y reservas equivalentes, espacios regulados por la legislación respectiva. Sobre la posibilidad de considerar los refugios de vida silvestre dentro del ámbito de aplicación de este mandato, como bien cita el mandatario público, mediante el fallo No. 1886-95 del 07 de abril de 1995, la Sala Constitucional, en el caso particular del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo señaló: "En lo que respecta al fondo del asunto debe reiterarse que el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo fue creado en virtud del decreto ejecutivo número 16614-MAG de 1 de julio de 1985. Si bien es cierto el territorio del Refugio contiene áreas que conceptualmente estarían comprendidas dentro del ámbito de aplicación de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre número 6043 de 2 de marzo de 1977, es lo cierto que de conformidad con el artículo 73 de esa Ley, su aplicación resulta excluida de esos terrenos. (...) Aunque el texto transcrito no incluye expresamente la denominación "refugios de vida silvestre", deben entenderse éstos incluidos dentro de la frase "reservas equivalentes", ya que necesariamente, en atención a los fines de protección ambiental que los informan, su manejo debe considerar aspectos técnicos en la materia, que son más propios de los organismos especializados respectivos que de las corporaciones municipales: de allí que su administración se regule por normativa específica. En consecuencia, no resulta de aplicación al Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo lo dispuesto por el artículo 3 de dicha Ley en el sentido de que el usufructo y la administración de la zona corresponde a la municipalidad de la jurisdicción respectiva, sea en este caso la municipalidad de Talamanca." Este Tribunal comparte el criterio aludido pues en efecto, la tutela especializada del ambiente legitima que la administración de esas zonas, cuando concurran los presupuestos para disponer ese sistema especializado de protección de vida silvestre, sea conferida a instancias especializadas en menesteres ambientales. En esta línea de exposición, el numeral 82 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre, No. 7317 del 30 de octubre de 1992 establece en lo relevante: "Son refugios nacionales de fauna y vida silvestre, los que el Poder Ejecutivo declare o haya declarado como tales, para la protección e investigación de la flora y la fauna silvestres, en especial de las que se encuentren en vías de extinción. (...)" Para ello esa norma califica los refugios nacionales de vida silvestre en refugios de propiedad estatal, de propiedad mixta y de propiedad privada. De igual manera, el mandato 84 ejusdem faculta establecer refugios de vida silvestre dentro de las reservas forestales y terrenos de otros entes públicos. De su lado, el canon 32 de la Ley Orgánica del Ambiente, No. 7554 señala que el MINAET podrá establecer áreas silvestres protegidas, en cualquiera de sus categorías de manejo, dentro de las que enlista: a) Reservas forestales, B) Zonas protectoras, C) Parques nacionales, D) Reservas Biológicas, E) Refugios nacionales de vida silvestre, F) Humedales, G) Monumentos naturales. A su vez impone que esas áreas (las actuales o futuras), serán administradas por el Ministerio del Ambiente y Energía, salvo los denominados monumentos naturales, regulados por el ordinal 33 de esa ley. Ergo, la determinación de constituir un Refugio Nacional de Vida Silvestre en un espacio territorial que incluye zona costera, no atenta contra legalidad, pues se trata de una eventualidad expresamente permitida por el ordenamiento jurídico expreso. Con todo, se ha de insistir, la zona correspondiente a la Reserva Indígena Bribrí de Keköldi no posee en la actualidad espacio costero, dados los límites impuestos por el decreto 25296 del 24 de junio de 1996 y el decreto 29956 del 22 de marzo del 2001. De ahí que no sea atendible el reproche de la Municipalidad accionante en cuanto censura que como derivación de la emisión del Decreto No. 16614-MAG, ha perdido la administración de la zona costera y otros espacios. Como se ha expuesto, la creación del citado refugio supone un régimen particular con regulaciones especiales, que en orden a lo expuesto, genera asignaciones competenciales a cargo del MINAET y sus órganos internos. Por ende, no se presenta la vulneración alegada. En todo caso, llama la atención a este Tribunal que la misma Municipalidad en el hecho tercero de su demanda, relate que el traslape que acusa estuvo vigente desde el 20 de diciembre de 1977 al 15 de julio de 1996. Ello pone en evidencia que la causa de nulidad en que sustenta su reclamo es inexistente desde esa segunda data. Incluso, dentro del oficio SINAC-ACLAC-PNE-09/2012 del 09 de febrero del 2012, emitido por el SINAC, Área de Conservación La Amistad Caribe, que aporta como prueba documental (folio 5 del principal), se señala que el traslape o área común cesó al ser modificados los límites de la reserva indígena mediante el Decreto Ejecutivo No. 29956-G, lo que se insiste, se observa además en el montaje cartográfico visible a folios 6 y 40 del legajo principal. Tal circunstancia hace cuestionar la utilidad actual del alegato, siendo que la causa de invalidez que reprocha, ha sido superada mediante instrumentos de cuya existencia la mismas Municipalidad informa. De ese modo, en todo caso, aún dentro de las alegaciones de la demanda, la fuente de la supuesta patología estaría superada, por lo que esa deficiencia alegada (caso que en realidad lo fuese), no se encuentra surtiendo efectos a la fecha, supuesto en el cual, dada la fecha de emisión del decreto 16614-MAG cuestionado (1985), no podría ya ser cuestionado en esta sede, siendo que la posibilidad de impugnación de este tipo de disposiciones fuera de los 4 años que establecía el numeral 175 LGAP (régimen vigente a esa fecha), solo es factible frente a actos de efecto continuado. En este caso, si bien el citado decreto sigue surtiendo efectos, no lo hace en cuanto a las particularidades que expone la Corporación Local, al haberse superado el vicio que recrimina, lo que llevaría, aún en esa hipótesis, a acoger la defensa de caducidad de la acción.” ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas PROCESO DE LESIVIDAD ACTOR: Municipalidad de Talamanca DEMANDADO: El Estado, Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN SEXTA. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. ANEXO A. Goicoechea, a las nueve horas treinta y cinco minutos del veinticuatro de junio del dos mil trece.
No. 088-2013-VI Proceso contencioso administrativo interpuesto por la Municipalidad de Talamanca, representado por su alcalde, señor Nombre142629 , portador de la cédula de identidad número CED102436, contra el Estado, representado en este proceso por el señor procurador Julio Jurado Fernández, cédula de identidad número CED102624 y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (en adelante SINAC), representado por su Director Ejecutivo, señor Rafael Gutiérrez Rojas, cédula de identidad número CED112046.
RESULTANDO
1.- La Municipalidad de Talamanca formula la demanda que ha dado origen al presente proceso para que en lo medular en sentencia se disponga: "1. La nulidad parcial del Decreto Ejecutivo No. 16614-MAG del 1° de julio de 1985, publicado en La Gaceta No. 206 del 29 de octubre de 1985, que creo el Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, en el área que se sobrepone con el Decreto de creación de la Reserva Indígena Bribrí de Cocles (Kekoldi), No. 7267-G del 9 de agosto de 1977, por contrariar lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley No. 6172 y el artículo 361 de la Ley General de la Administración Pública por estar viciado de nulidad absoluta y como tal no puede ser arreglado, saneado ni convalidado art. 172 LGAP. 2. Que la Municipalidad de Talamanca es la única y exclusiva administradora de esa zona afectada que compromete la Zona Marítimo Terrestre y zonas aledañas y por lo tanto deberá proceder a ejercer facultades que le corresponden sobre la referida zona costera de conformidad con lo que dispone la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre No. Placa5163. 3. Como consecuencia de lo anterior desde el año 1985, la Municipalidad perdió la administración ilegalmente del área que traslapara el Refugio de Vida Silvestre, tanto dentro como fuera de la zona marítimo terrestre y como consecuencia de ello, dejó de percibir recaudación de impuestos por concepto del impuesto de bienes inmuebles, cánones de permisos de uso y construcciones en la zona marítimo terrestre, daños y perjuicios que oscilan en la suma de cuatro millones de dólares y que deben ser fijados en ejecución de sentencia. 4. Que se condene a las demandadas al pago de los daños y perjuicios citados y de ambas costas. (...)" (Folios 1-4 del judicial) 2.- Conferido el traslado de ley el Estado se opuso. Planteo la defensa previa de caducidad de la acción, así como las defensas de fondo de falta de legitimación ad causam activa, falta de interés actual y falta de derecho. (Folios 18-38 del judicial) Por su parte el SINAC contestó de manera negativa y opuso las defensas de litis consorcio pasiva necesaria para que se integre a la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, falta de derecho, falta de legitimación activa y pasiva, así como la de prescripción. (Folios 43-57, 79-90 del judicial) 3.- Por resolución No. 1710-2012 de las 10 horas 50 minutos del 12 de octubre del 2012, la Juzgadora de trámite dispuso el rechazo de la defensa de litis consorcio pasiva necesaria planteada por el SINAC. (Folios 103-105 del principal) No consta se haya formulado recurso de apelación contra ese auto.
4.- La audiencia preliminar prevista en el canon 90 del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA) fue realizada el 18 de diciembre del 2012. En ese acto, la accionante ajustó la pretensión de la demanda en los siguientes términos, adicionando el siguiente extremo petitorio: "Que se declare la nulidad parcial del decreto 16614-MAG, por cuanto el área afectada reserva indígena Bribrí de Cocles (Kekoldi), confirmada en el artículo primero de la Ley Indígena #6172, corresponden a terrenos urbanos que no tienen las condiciones técnicas requeridas para un área silvestre protegida, bajo ninguna de sus categorías establecidas en la ley." Ante ese ajuste, la juzgadora de trámite suspendió la citada audiencia para dar traslado a las demás partes.(Folios 110-111 del judicial) 5.- Conferido el traslado del ajuste de la pretensión aludida en el numeral previo, el Estado se opuso y planteó las defensas de caducidad, cosa juzgada y falta de derecho. (Folios 120-125 del judicial) No consta referencia alguna del SINAC sobre ese tema.
6.- La audiencia preliminar fue continuada el 05 de abril del 2013 con la asistencia de todas las partes. En esa fase, la accionante indicó que pese a la adición de un nuevo extremo petitorio en la audiencia del 18 de diciembre del 2012 (referida en el punto 4 previo), precisó que esa pretensión nueva debe tenerse como una pretensión subsidiaria en el siguiente sentido: "Que en esa zona afectada no se ubican los recursos naturales que distinguen y caracterizan el Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, y cuya protección fue emitida por el decreto que creo el Refugio según lo establecido en sus propios considerandos y que esa zona es fundamentalmente habitacional urbana por lo que no existe motivo para su protección como Refugio de Vida Silvestre." -ver en este sentido detalle de las 08 horas 44 minutos 59 segundos de la grabación de la audiencia del 05 de abril del 2013- 7.- De igual modo, en la audiencia de trámite aludida en el párrafo previo, la juzgadora de trámite reservó la resolución de las defensas previas opuestas por el Estado y por el SINAC, para la fase de sentencia. Luego de la fase de admisión de pruebas, solo se incorporó al proceso prueba documental, por lo que el presente asunto fue declarado como de puro derecho y los accionados rindieron conclusiones. El expediente respectivo fue remitido a esta Sección Sexta del Tribunal Contencioso Administrativo para la emisión del fallo pertinente en fecha 27 de mayo del 2013, según consta en sello de pase visible a folio 134 vuelto del legajo principal.
8.- En los procedimientos ante este Tribunal no se han observado nulidades que deban ser subsanadas y la sentencia se dicta dentro del plazo de quince días hábiles establecido al efecto por los numerales 98.2 del Código Procesal Contencioso Administrativo y 82.4 del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Civil de Hacienda.
Redacta el juez Garita Navarro, con el voto afirmativo de las juzgadoras Abarca Gómez y Quirós Muñoz;
CONSIDERANDO
I.- Hechos probados: De relevancia para el presente fallo, se tienen como debidamente acreditados los siguientes: 1) Que la reserva Indígena Bribrí de Cocles fue delimitada mediante el decreto ejecutivo No. 7267-G del 09 de agosto de 1977 y confirmada mediante la Ley Indígena, No. 6172 del 29 de noviembre de 1977. (Folio 5 del expediente principal, consulta sistema informático SINALEVI, 19 de junio del 2013) 2) Que mediante el decreto ejecutivo No. 25296 del 24 de junio de 1996, publicado en La Gaceta No. 134 del 15 de julio de 1996, se establece que la Reserva Indígena Bribrí de Cocles se denominará en adelante "Reserva Indígena Bribrí de Keköldi (Cocles)". (Folio 5 del principal, consulta sistema informático SINALEVI, 19 de junio del 2013) 3) Mediante el decreto ejecutivo 29956 del 22 de marzo de 2001, publicado en La Gaceta No. 221 del 16 de noviembre del 2001, se reformó el artículo 2 del Decreto 25296-G, publicado en La Gaceta 134 del 15 de julio de 1996 y se fijaron los límites actuales de la Reserva Indígena Bribrí de Keköldi (Cocles). (Folio 5 del principal, consulta sistema informático SINALEVI, 19 de junio del 2013) 4) Que mediante el decreto ejecutivo No. 16614 del 01 de julio de 1985, publicado en La Gaceta No. 206 del 29 de octubre de 1985, se creó el Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. (Consulta sistema informático SINALEVI, 19 de junio del 2013) 5) Que la versión original del artículo 6 del decreto No. 16614-MAG, excluía de su ámbito de aplicación las áreas que de acuerdo con los estudios realizados por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, estén comprendidos dentro de las zonas urbanas de Gandoca, Manzanillo y Puerto Viejo. Esta norma fue derogada por el mandato 16 del decreto 23069 del 21 de marzo de 1994. Asimismo, el decreto ejecutivo No. 32753 del 16 de mayo de 2005, dispuso derogar el artículo 6 del Decreto Ejecutivo No. 16614-MAG. Luego, mediante el Decreto Ejecutivo No. 34043-MINAE del 11 de septiembre del 2007, publicado en La Gaceta No. 202 del 22 de octubre del 2007, en su artículo primero, se ratificó el decreto original de creación del Refugio aludido, sea, el decreto 16614-MAG, con la excepción del artículo 5. De igual manera, en el artículo 3, modificó el numeral 6 de la versión original del citado decreto 16614-MAG, para excluir las áreas urbanas que de acuerdo con los estudios realizados por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo estén comprendidos dentro de las comunidades de Gandoca, Manzanillo y Puerto Viejo. (Consulta sistema informático SINALEVI, 19 de junio del 2013) 6) Que las reformas señaladas en el punto previo fueron impugnadas dentro del expediente de acción de inconstitucionalidad 07-014812-0007-CO, en el que, mediante el voto No. 1056 de 28 de enero de 2009, dispuso anular los artículos 3, 4, 5 y 7 del Decreto No. 34043-MINAE publicado en La Gaceta número 202 del 22 de octubre de 2007 y por conexidad el artículo 1 pero únicamente en tanto no excluye además el artículo 6 del decreto original de creación de Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo Nº 16614-MAG del 1º de julio de 1985. (Consulta sistema informático SINALEVI, 19 de junio del 2013) 7) Que a la fecha de formulación de la demanda, la zona correspondiente al Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo no incluye zona costera perteneciente al área que integra la Reserva Indígena Bribrí de Keköldi (Cocles). (Folios 5, 39-41 del judicial) II.- Hechos no probados: De importancia para los efectos de esta contienda se tienen los que de seguido se exponen: único: Que a la fecha de presentación de la demanda, el Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo incluya zona costera o franja de terreno correspondiente a la Reserva Indígena Bribrí de Keköldi (Cocles). (No se acredita tal aspecto) III.- Objeto del proceso. La demanda se ha planteado para el análisis de los siguientes reclamos: "1. La nulidad parcial del Decreto Ejecutivo No. 16614-MAG del 1° de julio de 1985, publicado en La Gaceta No. 206 del 29 de octubre de 1985, que creo el Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, en el área que se sobrepone con el Decreto de creación de la Reserva Indígena Bribrí de Cocles (Kekoldi), No. 7267-G del 9 de agosto de 1977, por contrariar lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley No. 6172 y el artículo 361 de la Ley General de la Administración Pública por estar viciado de nulidad absoluta y como tal no puede ser arreglado, saneado ni convalidado art. Placa27936 . Que la Municipalidad de Talamanca es la única y exclusiva administradora de esa zona afectada que compromete la Zona Marítimo Terrestre y zonas aledañas y por lo tanto deberá proceder a ejercer facultades que le corresponden sobre la referida zona costera de conformidad con lo que dispone la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre No. 6043. 3. Como consecuencia de lo anterior desde el año 1985, la Municipalidad perdió la administración ilegalmente del área que traslapara el Refugio de Vida Silvestre, tanto dentro como fuera de la zona marítimo terrestre y como consecuencia de ello, dejó de percibir recaudación de impuestos por concepto del impuesto de bienes inmuebles, cánones de permisos de uso y construcciones en la zona marítimo terrestre, daños y perjuicios que oscilan en la suma de cuatro millones de dólares y que deben ser fijados en ejecución de sentencia. " Dentro de la audiencia preliminar prevista en el canon 90 del Código Procesal Contencioso Administrativo, la entidad local accionante ajustó la pretensión de la demanda en los siguientes términos: "Que se declare la nulidad parcial del decreto 16614-MAG, por cuanto el área afectada reserva indígena Bribrí de Cocles (Kekoldi), confirmada en el artículo primero de la Ley Indígena #6172, corresponden a terrenos urbanos que no tienen las condiciones técnicas requeridas para un área silvestre protegida, bajo ninguna de sus categorías establecidas en la ley." (Folios 110-111 del judicial) Frente a estos pedimentos el Estado opuso las defensas de caducidad, cosa juzgada y falta de derecho. Contra el ajuste de pretensiones además, la defensa de cosa juzgada y falta de derecho(Folios 120-125 del judicial) No consta referencia alguna del SINAC sobre ese tema. En la audiencia del 05 de abril del 2013, la Municipalidad accionante planteó de manera subsidiaria reclamo en el siguiente sentido: "Que en esa zona afectada no se ubican los recursos naturales que distinguen y caracterizan el Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, y cuya protección fue emitida por el decreto que creo el Refugio según lo establecido en sus propios considerandos y que esa zona es fundamentalmente habitacional urbana por lo que no existe motivo para su protección como Refugio de Vida Silvestre." Tal marco petitorio constituye por ende el objeto de este proceso, por lo que de seguido se procede al análisis de las diversas posiciones sostenidas por las partes en esta contienda judicial.
IV.- Sobre la defensa previa de caducidad de la acción anulatoria. El Estado alega caducidad de la acción, señalando que el Decreto objeto de cuestionamiento, a saber, Decreto Ejecutivo No. Placa27937, fue emitido el 01 de julio de 1985 y publicado en La Gaceta No. 206 del 29 de octubre de 1985, por lo que de conformidad con el transitorio III del CPCA, el régimen de impugnación aplicable es el de la legislación vigente al momento de esa firmeza. En ese momento, señala, el numeral 175 de la LGAP fijaba un plazo de 4 años para reclamar la nulidad absoluta, y en el caso de la nulidad relativa, un plazo de dos meses conforme al numeral 179 de la citada LGAP, que remitía a la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Expresa, conforme al régimen vigente a ese momento, el accionante tenía los plazos aludidos para plantear el proceso. Cita el precedente 527-F-S1-2011 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, así como el fallo 379-2011 de este Tribunal Contencioso Administrativo. Sobre el particular cabe señalar lo que de seguido se expone. Lleva razón el representante del Estado en cuanto a que dada la fecha de emisión del decreto objeto de cuestionamiento, sea, en data 01 de julio de 1985 y su publicación el 29 de octubre de 1985, las reglas de impugnación aplicables y por ende, a considerar en este caso son las que fijaba el ordenamiento jurídico vigente al momento de adquirir firmeza ese acto. Así en efecto lo fija el transitorio III del CPCA. Empero, acorde al transitorio IV de ese mismo régimen legal, las reglas procesales a aplicar (incluso para el cuestionamiento de los actos cuyo régimen de impugnación se amparan al citado transitorio III), serán las vigentes al momento de formular la acción, claro está, con la excepción de la caducidad de la acción ante pretensiones anulatorias recaída sobre actos amparados al mencionado transitorio III, que se rige por el régimen vigente al momento de la firmeza del acto. Más simple, si el proceso se formula cuando el CPCA estaba vigente, las reglas procesales serán las que fija esa codificación, pero si el acto cuestionado adquirió firmeza antes de la entrada en vigencia de esa Ley No. 8503, el plazo máximo para incoar el proceso será el regulado por el régimen previo a ese Código. Es precisamente lo expuesto lo que ocurre en la especie, pues la demanda se formula en abril del 2012 (ya vigente el CPCA), pero se reprocha un acto de alcance general publicado el 29 de octubre de 1985, por lo que, el análisis del elemento temporal de la acción ha de ser abordado desde la óptica de las regulaciones vigentes para ese momento en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y la LGAP. Ahora bien, en el contexto de la Ley No. 3667 (LRJCA), en lo tocante a los supuestos de impugnación de normas o actos de alcance general, la citada normativa procesal establece dos formas de impugnación, saber, la directa y la indirecta o refleja. La impugnación directa consiste en la posibilidad de cuestionar la validez total o parcial de una disposición de alcance general, bajo un esquema de legitimación activa dentro del cual, no es necesario que esa disposición le haya sido aplicada mediante actos particulares a quien peticiona el análisis, sino que se trata de un supuesto de hecho en los que la norma debe ser cumplida de manera directa, sin necesidad de un previo acto de requerimiento o sujeción individual. Prescinde por ende del cuestionamiento de actos concretos derivados de la utilización de la norma, y se concentra en la ponderación de validez de esta última. Así lo expresa el numeral 10.2 en relación a los cánones 18.2 y 20.1, normas de la LRJCA. Es claro que en estos casos, ha de mostrarse algún grado de vinculación con el marco regulatorio derivado de la obligación de cumplimiento directo de la disposición de alcance general, de suerte que pueda inferirse la existencia de, al menos, un interés legítimo para formular la acción. Por su parte, la impugnación indirecta , se encuentra regulada en el precepto 20 incisos 3 y 4, preceptos que indican la posibilidad de impugnar los actos de aplicación individual de las disposiciones generales, aún y cuando estas no se hubieran impugnado en su momento oportuno, pudiendo en ese supuesto requerir la nulidad del acto concreto, así como de las normas específicas que le dan fundamento. Se trata de la impugnación indirecta o refleja de los reglamentos por recurribilidad del acto de aplicación individual. En esta modalidad, la impugnación del acto de aplicación particular exige el cuestionamiento de las normas del reglamento (o acto de alcance general) utilizados en su caso, ya que en la supresión por invalidez de esos actos, solo sería posible si se anulan las normas con fundamento en las cuales se ha dictado. En cuanto al plazo para peticionar la invalidez de tal tipo de disposiciones de alcance general, el ordinal 37 de la LRJCA fijaba un plazo de dos meses, frente a esta tipología de actuaciones, computado desde el día siguiente al de la publicación oficial. Empero, cuando lo alegado fuere nulidad absoluta del acto, la norma aplicable es el numeral 175 de la LGAP, que para esa fecha fijaba un plazo de 4 años para impugnar administrativa o jurisdiccionalmente contra aquel. Conforme lo dispone el ordinal 62.a de la Ley 3667 en relación al 171 de la Ley No. 6227/78, la nulidad declarada dentro del proceso incoado dentro de este margen de temporalidad, tendrá efecto retroactivo a la emisión del acto, siempre que se tratare de una nulidad de grado absoluto. Por el contrario, si se trata de una patología relativa, la supresión tiene solo efecto hacia futuro, como consecuencia de la presunción de validez y legitimidad del acto relativamente nulo, al socaire de los preceptos 168, 176 y 178 LGAP. Sin embargo, al tenor del canon 21 inciso 2 de la LRJCA, la acción anulatoria es admisible contra los actos que pese a no haber sido recurridos en tiempo y forma (supuesto previsto en el art. 21.1 a LRJCA), fueren nulos de pleno derecho y estén surtiendo efectos, pero ello únicamente para fines de su anulación e inaplicabilidad futura. Empero, por un lado, esa acción solo es viable en actos que presenten nulidad de grado absoluto, lo que excluye la invalidez de grado relativo, por otro, aun de disponerse la nulidad absoluta, por vía de excepción, la supresión dispuesta en fallo judicial tendrá un efecto prospectivo, para la inaplicabilidad futura de la conducta pública. En el marco de la impugnación directa de reglamentos, lo anterior implica que una norma de esta índole puede ser cuestionada aún después de l os cuatro años que fijaba el artículo 175 LGAP, siempre que fuese nula de pleno derecho y sus efectos pervivan, pero en estos casos, la eventual supresión lo sería para la inaplicabilidad a futuro del acto. De ese modo, de previo a pronunciarse sobre la caducidad formulada, es menester analizar si la disposición cuestionada presenta algún vicio que encaje dentro de las causas de nulidad absoluta. Ergo, el tema será abordado infra.
V.- Sobre la legitimación de la Municipalidad accionante. El Estado reprocha falta de legitimación del ayuntamiento accionante, pues, señala, las alegaciones de nulidad es porque el decreto de creación del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (16614-MAG)incluyó terrenos pertenecientes a la Reserva Indígena Bribrí de Keköldi . Aduce, la Ley Indígena número 6172 del 29 de noviembre de 1977 establece en su numeral 2 que las asociaciones de desarrollo de las reservas indígenas son las propietarias de los terrenos incluidos en esas reservas. Luego del análisis de las alegaciones presentadas por el Estado y por el SINAC como sustento de la alegación de falta de legitimación activa, estima este Tribunal que el marco petitorio planteado por la Corporación Local permite establecer una vinculación objetiva con esos reclamos que le permiten formular la presente acción al amparo del ordinal 10 inciso primero, sub-inciso e del CPCA. En efecto, con independencia de los motivos de nulidad en que la Municipalidad sustenta su demanda, lo cierto del caso es que dentro de sus reclamos se incluye la declaratoria de que es la única administradora de la "zona costera" afectada, estadio a partir del cual, además peticiona reparaciones patrimoniales por la imposibilidad cobrar cánones de uso o diversas categorías tributarias, que dentro del marco de sus alegaciones, se habrían producido de no haberse incluido dentro del citado decreto ejecutivo esa zona en particular. Ante ello, y al margen de la pertinencia o no de esos reclamos, estima este cuerpo colegiado, acude a la entidad local legitimación activa en este proceso.
VI.- Sobre los límites del Refugio Gandoca Manzanillo. La Municipalidad reclama la invalidez absoluta del decreto ejecutivo No. 16614-MAG, alegando la indebida inclusión dentro del Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, creado por el citado decreto, de una parte de la Reserva INndígena de Bribrí de Keköldi, que la Corporación Local considera como zona costera, en contravención del artículo 1 de la Ley No. 6172. El Estado indica que mediante el decreto 29956 del 22 de marzo de 2001, se fijaron los límites actuales de esa Reserva, y no incluyen zona costera alguna. Valorados los autos, en efecto, tal y como lo menciona el Estado, los límites actuales de la Reserva en cuestión fueron modificados por el artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 29956 del 22 de marzo del 2001, publicado en La Gaceta No. 221 del 16 de noviembre del 2001. En esa disposición se señala en la parte considerativa, los límites de esa Reserva, en inicio, fueron delimitados por el Decreto Ejecutivo 7267-G del 9 de agosto de 1977, publicado en el Alcance 14 a La Gaceta 157 del 20 de agosto de 1977, luego variados por el artículo 2 del Decreto Ejecutivo 25296-G, publicado en La Gaceta 134 de 15 de julio 1996. Según lo indica el Decreto No. 29956, las variaciones realizadas por el decreto 25296-G, omitieron incluir áreas de protección y conservación de gran riqueza natural, ubicada en el sector noroeste de la reserva, entre las nacientes de los Ríos Carbón "Uno" y Carbón "Dos", territorio que tradicionalmente había sido ocupado por indígenas. A su vez, se señaló que esa área guarda una riqueza hídrica de gran beneficio, inclusive para las comunidades de Bribrí, Home Creek, Patiño, Carbón Dos y Punta Caliente, que obliga a su protección ya que es el área que sostiene la fuente principal de ese mineral para dichas poblaciones. Por tal motivo, el numeral 1 del citado Decreto 29956 dispuso nuevos límites para la Reserva aludida, y derogó los límites fijados por el Decreto 25296, en su artículo 2. Ahora bien, del montaje cartográfico que rola a folios 39 y 40 del expediente principal, emitido por el Programa de Regularización de Catastro y Registro mediante el oficio UE-936-2012 del 07 de junio del 2012, que corresponde a la Reserva Indígena Bribrí de Keköldi, según los límites actuales del decreto 29956 y al Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, conforme al área fijada por el Decreto 16614, se observa que en la actualidad, no existe la yuxtaposición o traslape que acusa la accionante. Incluso, en la actualidad, la reserva en cuestión no presenta zona costera alguna. No acredita la Municipalidad que tal traslape se presente en la actualidad, ni logra rebatir la prueba cartográfica aportada por el Estado. Por ende, ante la variación de límites establecidos para esa reserva, no se presenta el vicio de nulidad acusado. Por otro lado, de la ponderación del mismo montaje cartográfico se desprende que el refugio de marras cuenta con territorio que se localiza dentro de la zona marítimo terrestre que se ubica dentro de las coordenadas N 400 240, E 601 950 y N 399 325, E 604 150, lo que corresponde al para fijada por el decreto 16614-MAG. Empero, esa zona marítimo terrestre, que la accionante denomina zona costera, se insiste, no forma parte ni presenta ningún traslape con los límites de la Reserva Indígena Bribrí de Keköldi, supuesto vicio que constituye la ratio del reclamo objeto de análisis. Ahora bien, como se ha expuesto, ese Refugio de Vida Silvestre fue creado por el Decreto No. 16614. En su parte considerativa, reconoce expresamente la inclusión de zona costera ubicada en el espacio litoral Atlántico de Talamanca, dado que posee recursos tales como manglares, pantanos, bosques y arrecifes. De igual modo, en los considerando 3, 4 y 5 se indicó como causa justificante del acto: "3°—Que la zona mantiene poblaciones de especies en vías de extinción como: El manatí (Trichechus manatus), el cocodrilo y el caimán ( Crocodilus acutus y Caimán crocodilus), la danta (Tapirus bardil) y diversas especies de monos y felinos. 4°—Que en la franja litoral y en la zona de arrecifes existe el único banco natural de ostión de mangle (Crassastraea rhizophorae), uno de los pocos criaderos de sábalo (Megalops atlanticus) y poblaciones residentes y únicas de langosta (Panilururs argus) 5°—Que la zona posee playas de gran potencial turístico bajo un manejo regulado." Desde ese plano, en el artículo 1 declaró como Refugio de Vida Silvestre Protegida Gandoca Manzanillo el área comprendida dentro de los siguientes linderos: según el mapa básico Sixaola 3644 I, escala 1:50000 del Instituto Geográfico Nacional. Partiendo de un punto situado 100 metros al noreste de la desembocadura del río Cocles sobre la línea de marea. Continúa de ese punto y siempre paralelo 100 metros al río Cocles con rumbo suroeste hasta alcanzar la carretera actual entre Puerto Viejo y Manzanillo. Sigue por esa carretera con rumbo este hasta 100 metros antes del puente sobre la quebrada Ernesto en donde toma una línea paralela de 100 metros a dicha quebrada aguas arriba, hasta su nacimiento. En su nacimiento toma la curva del nivel de los 40 metros y se va por dicha curva hasta alcanzar la intersección entre las coordenadas 609.000 E NIE124 De ese punto sigue una línea de 300 metros, con este franco para buscar posteriormente otra línea que se ubique 100 metros antes del nacimiento de la quebrada Milla. De ese punto sigue aguas abajo una línea paralela de 100 metros a dicha quebrada hasta llegar a un punto situado en la costa a 200 metros antes de la línea de marea. Luego continúa con rumbo sureste paralelo 200 metros a la costa hasta un punto situado a 300 metros antes de la primera boca de la laguna Gandoca (hoy cerrada) y toma esa línea paralela 300 metros al río Gandoca aguas arriba, hasta un punto situado entre la coordenada 617.000 E y la coordenada 391.400 N. De ese punto toma rumbo sur franco hasta el río Sixaola, en donde luego toma aguas abajo por la margen izquierda hasta su desembocadura. De ese punto de la desembocadura, se toma una línea perpendicular a la playa de 2.500 metros y continúa bordeando la costa con rumbo noreste y en forma paralela a ésta a una distancia de 2.500 metros hasta una línea imaginaria perpendicular 2.500 metros al punto inicial de la presente descripción situado 100 metros al noreste de la desembocadura del río Cocles. Estos límites fueron ampliados mediante el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 34043 del 11 de setiembre del 2007. Para un área aproximada de 9 449 Ha, de las cuales, 4436 Ha corresponden a zona marina. De igual modo se indicó que la administración del Refugio estará a cargo del Departamento de Vida Silvestre de la Dirección General Forestal.
VII.- Este Tribunal no observa lesión alguna al ordenamiento jurídico por la inclusión de zona costera dentro de los límites de ese refugio. Si bien se mira la zona costera constituye un espacio físico sujeto a las regulaciones de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, No. 6043, artículo primero. Con todo, esa misma legislación en el ordinal 73 establece que no se aplica a las zonas marítimo terrestres incluidas en parques nacionales y reservas equivalentes, espacios regulados por la legislación respectiva. Sobre la posibilidad de considerar los refugios de vida silvestre dentro del ámbito de aplicación de este mandato, como bien cita el mandatario público, mediante el fallo No. 1886-95 del 07 de abril de 1995, la Sala Constitucional, en el caso particular del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo señaló: "En lo que respecta al fondo del asunto debe reiterarse que el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo fue creado en virtud del decreto ejecutivo número 16614-MAG de 1 de julio de 1985. Si bien es cierto el territorio del Refugio contiene áreas que conceptualmente estarían comprendidas dentro del ámbito de aplicación de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre número 6043 de 2 de marzo de 1977, es lo cierto que de conformidad con el artículo 73 de esa Ley, su aplicación resulta excluida de esos terrenos. (...) Aunque el texto transcrito no incluye expresamente la denominación "refugios de vida silvestre", deben entenderse éstos incluidos dentro de la frase "reservas equivalentes", ya que necesariamente, en atención a los fines de protección ambiental que los informan, su manejo debe considerar aspectos técnicos en la materia, que son más propios de los organismos especializados respectivos que de las corporaciones municipales: de allí que su administración se regule por normativa específica. En consecuencia, no resulta de aplicación al Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo lo dispuesto por el artículo 3 de dicha Ley en el sentido de que el usufructo y la administración de la zona corresponde a la municipalidad de la jurisdicción respectiva, sea en este caso la municipalidad de Talamanca." Este Tribunal comparte el criterio aludido pues en efecto, la tutela especializada del ambiente legitima que la administración de esas zonas, cuando concurran los presupuestos para disponer ese sistema especializado de protección de vida silvestre, sea conferida a instancias especializadas en menesteres ambientales. En esta línea de exposición, el numeral 82 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre, No. 7317 del 30 de octubre de 1992 establece en lo relevante: "Son refugios nacionales de fauna y vida silvestre, los que el Poder Ejecutivo declare o haya declarado como tales, para la protección e investigación de la flora y la fauna silvestres, en especial de las que se encuentren en vías de extinción. (...)" Para ello esa norma califica los refugios nacionales de vida silvestre en refugios de propiedad estatal, de propiedad mixta y de propiedad privada. De igual manera, el mandato 84 ejusdem faculta establecer refugios de vida silvestre dentro de las reservas forestales y terrenos de otros entes públicos. De su lado, el canon 32 de la Ley Orgánica del Ambiente, No. 7554 señala que el MINAET podrá establecer áreas silvestres protegidas, en cualquiera de sus categorías de manejo, dentro de las que enlista: a) Reservas forestales, B) Zonas protectoras, C) Parques nacionales, D) Reservas Biológicas, E) Refugios nacionales de vida silvestre, F) Humedales, G) Monumentos naturales. A su vez impone que esas áreas (las actuales o futuras), serán administradas por el Ministerio del Ambiente y Energía, salvo los denominados monumentos naturales, regulados por el ordinal 33 de esa ley. Ergo, la determinación de constituir un Refugio Nacional de Vida Silvestre en un espacio territorial que incluye zona costera, no atenta contra legalidad, pues se trata de una eventualidad expresamente permitida por el ordenamiento jurídico expreso. Con todo, se ha de insistir, la zona correspondiente a la Reserva Indígena Bribrí de Keköldi no posee en la actualidad espacio costero, dados los límites impuestos por el decreto 25296 del 24 de junio de 1996 y el decreto 29956 del 22 de marzo del 2001. De ahí que no sea atendible el reproche de la Municipalidad accionante en cuanto censura que como derivación de la emisión del Decreto No. 16614-MAG, ha perdido la administración de la zona costera y otros espacios. Como se ha expuesto, la creación del citado refugio supone un régimen particular con regulaciones especiales, que en orden a lo expuesto, genera asignaciones competenciales a cargo del MINAET y sus órganos internos. Por ende, no se presenta la vulneración alegada. En todo caso, llama la atención a este Tribunal que la misma Municipalidad en el hecho tercero de su demanda, relate que el traslape que acusa estuvo vigente desde el 20 de diciembre de 1977 al 15 de julio de 1996. Ello pone en evidencia que la causa de nulidad en que sustenta su reclamo es inexistente desde esa segunda data. Incluso, dentro del oficio SINAC-ACLAC-PNE-09/2012 del 09 de febrero del 2012, emitido por el SINAC, Área de Conservación La Amistad Caribe, que aporta como prueba documental (folio 5 del principal), se señala que el traslape o área común cesó al ser modificados los límites de la reserva indígena mediante el Decreto Ejecutivo No. Placa27938, lo que se insiste, se observa además en el montaje cartográfico visible a folios 6 y 40 del legajo principal. Tal circunstancia hace cuestionar la utilidad actual del alegato, siendo que la causa de invalidez que reprocha, ha sido superada mediante instrumentos de cuya existencia la mismas Municipalidad informa. De ese modo, en todo caso, aún dentro de las alegaciones de la demanda, la fuente de la supuesta patología estaría superada, por lo que esa deficiencia alegada (caso que en realidad lo fuese), no se encuentra surtiendo efectos a la fecha, supuesto en el cual, dada la fecha de emisión del decreto 16614-MAG cuestionado (1985), no podría ya ser cuestionado en esta sede, siendo que la posibilidad de impugnación de este tipo de disposiciones fuera de los 4 años que establecía el numeral 175 LGAP (régimen vigente a esa fecha), solo es factible frente a actos de efecto continuado. En este caso, si bien el citado decreto sigue surtiendo efectos, no lo hace en cuanto a las particularidades que expone la Corporación Local, al haberse superado el vicio que recrimina, lo que llevaría, aún en esa hipótesis, a acoger la defensa de caducidad de la acción.
VIII.- Sobre la defensa de caducidad. Continuación. Como se ha señalado ut supra, en el considerando número III, la impugnación del decreto 16614-MAG en este proceso, se regula por los plazos de caducidad de la acción que fijaban los ordinales 175 LGAP (previo a la reforma realizada por el CPCA) y 10.2 en relación a los cánones 18.2 y 20.1, normas de la LRJCA , es decir, un plazo de cuatro años computado desde la publicación o entrada en vigencia de la disposición de alcance general, caso de nulidad absoluta. Para el supuesto de la nulidad relativa, el numeral 37 de la LRJCA, fijaba un plazo de dos meses desde el mismo punto de inicio. Según se ha señalado, por excepción, el ordinal 21.2 de la LRJCA, permite la impugnación de actos (individuales o generales) que aunque no hayan sido cuestionados en tiempo y forma sean absolutamente nulos (nulos de pleno derecho dice el precepto) y sigan surtiendo efectos, pero ello para su inaplicabilidad futura. Por ende, según fue anticipado, era menester analizar si en los actos cuestionados se presentaba alguna deficiencia propia de la nulidad de grado absoluto, pues en ese caso, se estaría en el último de los supuestos señalados. Ahora bien, luego del análisis de fondo realizado en el presente fallo, se ha determinado que esa eventualidad no se presenta en este proceso, pues las conductas reprochadas no presentan las causales de invalidez que expresa y argumenta la Corporación Local accionante. Se ha logrado establecer que el decreto 16614-MAG se ajusta sustancialmente con el ordenamiento jurídico en lo que ha sido objeto de debate. En consecuencia, al no configurarse los presupuestos que fija el canon 21.2 de la LRJCA, la presente acción fue interpuesta fuera de los límites temporales que le imponía el ordinal 175 LGAP. Ello lleva, a tono con lo dispuesto por el ordinal 66.1 inciso k), en relación al 67 y 92.6, todos del CPCA, a la procedencia de la defensa de caducidad que ha formulado la representación estatal y que fuese respaldada por la representación del SINAC, lo que implica, disponer la inadmisibilidad de la presente demanda.
IX.- Pretensión subsidiaria. Sobre la inclusión de zonas urbanas dentro de la zona de Refugio Gandoca Manzanillo. Dentro de la audiencia preliminar celebrada el 18 de diciembre del 2012, el ayuntamiento adicionó una pretensión en los siguientes términos: "Que se declare la nulidad parcial del decreto 16614-MAG, por cuanto el área afectada reserva indígena Bribrí de Cocles (Kekoldi), confirmada en el artículo primero de la Ley Indígena #6172, corresponden a terrenos urbanos que no tienen las condiciones técnicas requeridas para un área silvestre protegida, bajo ninguna de sus categorías establecidas en la ley." Sin embargo, en la continuación de esa audiencia celebrada el 05 de abril del 2013, la Municipalidad indicó y aclaró que esa pretensión nueva debe tenerse como un pedimento subsidiario en el siguiente sentido: "Que en esa zona afectada no se ubican los recursos naturales que distinguen y caracterizan el Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, y cuya protección fue emitida por el decreto que creo el Refugio según lo establecido en sus propios considerandos y que esa zona es fundamentalmente habitacional urbana por lo que no existe motivo para su protección como Refugio de Vida Silvestre." -ver en este sentido detalle de las 08 horas 44 minutos 59 segundos de la grabación de la audiencia del 05 de abril del 2013- En esencia, ambos pedimentos estriban en la supuesta invalidez del decreto 16614-MAG por la inclusión de sectores urbanos que a decir del ente local, no reúnen las condiciones técnicas para encajar dentro la categoría de área silvestre protegida. Sobre esta pretensión en particular, el Estado alega caducidad y cosa juzgada, señalando, mediante la sentencia 2009-001056 del 28 de enero del 2009, la Sala Constitucional declaró con lugar acción de inconstitucionalidad formulada contra los numerales 3, 4, 5 y 7 del decreto 34043-MINAE, que excluían del refugio Gandoca-Manzanillo las zonas urbanas de Puerto Viejo, Gandoca y Manzanillo. Sobre el particular cabe señalar lo que de seguido se expone. La caducidad formulada debe rechazarse pues la base del reclamo objeto de análisis no es la emisión misma del decreto, sino las condiciones actuales que a juicio del ente local, llevan a la supresión sobrevenida de las causas justificantes de incluir determinados espacios dentro de la zona del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. Ahora bien, en cuanto al fondo de lo pedido, cabe destacar, la exclusión de las zonas urbanas del Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo estaba establecida en el ordinal 6 del decreto No. 16614-MAG, cuya versión original indicaba: "Artículo 6°— Las áreas que de acuerdo con los estudios realizados por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, estén comprendidos dentro de las zonas urbanas de Gandoca, Manzanillo y Puerto Viejo, no estarán sometidas a las regulaciones del presente Decreto." Sin embargo, esta norma fue derogada por el mandato 16 del decreto 23069 del 21 de marzo de 1994. Empero, posteriormente, en el decreto ejecutivo No. 32753 del 16 de mayo de 2005, que“Ratifica vigencia de los artículos 1, 2, 3, 4, 7 y 8 del decreto ejecutivo que creó el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca- Manzanillo”, en la parte considerativa, ordinal 9, se indicó: “…9°—Que el Decreto Ejecutivo N° 29019-MINAE, de 19 de setiembre del 2000, publicado en La Gaceta N° 208, de 31 de octubre del 2000, correspondiente al Reglamento para el Manejo Participativo de los Recursos Naturales en el Refugio de Vida Silvestre Gandoca- Manzanillo, Sector Gandoca, derogó en su totalidad el Decreto Ejecutivo N° 23069-MlRENEM, con lo cual entró en vigencia nuevamente el artículo 6º del Decreto Ejecutivo N° 16614-MAG” Por tal consideración, en el artículo 2, dispuso derogar el artículo 6 del Decreto Ejecutivo No. 16614-MAG. Luego, mediante el Decreto Ejecutivo No. 34043-MINAE del 11 de septiembre del 2007, publicado en La Gaceta No. 202 del 22 de octubre del 2007, en su artículo primero, se ratificó el decreto original de creación del Refugio aludido, sea, el decreto 16614-MAG, con la excepción del artículo 5. De igual manera, en el artículo 3, modificó el numeral 6 de la versión original del decreto 16614-MAG, en los siguientes términos: "Artículo 3º—Modifíquese el artículo 6º del Decreto Nº 16614-MAG para que se lea de la siguiente manera: “Artículo 6: Las áreas urbanas que de acuerdo con los estudios realizados por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo estén comprendidos dentro de las comunidades de Gandoca, Manzanillo y Puerto Viejo no estarán sometidas a las regulaciones del presente Decreto. Los casos que actualmente se encuentren con procesos judiciales o administrativos denunciados por el SINAC no se verán favorecidos por esta disposición”. Conforme a lo anterior, a partir de esas reformas, se excluía dentro del área del refugio, las zonas urbanas en cuestión. Ahora, esas reformas fueron objeto de cuestionamiento ante la Sala Constitucional, dentro del expediente de acción de inconstitucionalidad 07-014812-0007-CO, en el que, mediante el voto No. 1056 de 28 de enero de 2009, dispuso: "Se declara CON lugar la acción. Se anulan los artículos 3°, 4°, 5° y 7° del Decreto n°34043-MINAE publicado en La Gaceta número 202 del 22 de octubre de 2007 y por conexidad el artículo 1° pero únicamente en tanto no excluye además el artículo 6 d el decreto original de creación de Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo Nº 16614-MAG del 1º de julio de 1985 . Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la normativa anulada. (...)". Para los efectos de este proceso, es de mérito referir al análisis de fondo sobre el cual el Tribunal Constitucional sustentó su fallo. En concreto, sobre el análisis de la validez del artículo 3 del decreto 34043-MINAE, que había excluido de la zona del refugio Gandoca Manzanillo las zonas urbanas que definiera el INVU, expresó: "Sin embargo, mediante el artículo 3° del Decreto impugnado, que vuelve a traer a la vida jurídica el derogado artículo 6º, las áreas urbanas de dichas comunidades quedaban nuevamente excluidas de los límites del Refugio, lo que implicó su reducción. Esta situación, no sólo violenta el principio de reserva legal sino el derecho a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Se viola el principio de reserva legal pues, según lo expresado, la reducción del patrimonio forestal del Estado sólo puede operar vía legal y no reglamentaria. (...) De esta forma, al proceder el decreto impugnado a reducir los límites del Refugio Nacional de Vida Silvestre de Gandoca-Manzanillo viola el principio de reserva legal pues la reducción de tales límites sólo puede operar mediante una ley debidamente justificada al efecto. Además, se viola el derecho al ambiente pues la reducción de un refugio de vida silvestre claramente no sólo disminuye las posibilidades de gozar de este derecho en la zona de Gandoca-Manzanillo sino que desprotege los recursos naturales de la zona al dejar a las áreas urbanas de las comunidades de Gandoca, Manzanillo y Puerto Viejo a la libre explotación sin restricciones algunas. Evidentemente no es la misma protección que recibe la propiedad cuando se trata de propiedad forestal. Sobre este tipo de propiedad recuérdese que es un tipo diferente de propiedad con características y particularidades propias y un régimen especial, pues se concibe fundamentalmente para conservar, no para producir ni ser parte del comercio de los hombres. Todas las tierras consideradas como reservas nacionales quedan afectadas en forma inmediata a los fines de la normativa forestal, la cual establece un régimen especial aplicable a todos los recursos forestales. De esta forma, al proceder el decreto impugnado a excluir de la propiedad forestal las áreas urbanas de las comunidades de Gandoca, Manzanillo y Puerto Viejo, viola el derecho al ambiente pues tales áreas quedarían fuera de los límites propios de la propiedad forestal que tienden a la conservación y no a la explotación de la propiedad y sus recursos naturales. Todo lo anterior nos lleva a concluir que el mencionado artículo 3° del Decreto impugnado -que vuelve a traer a la vida jurídica el derogado artículo 6º disminuyendo los límites del refugio en cuestión- resulta inconstitucional." De ese modo, y dadas las implicaciones del ordinal 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, No. 7135, no podría este Tribunal a analizar la validez del citado decreto No. 16614-MAG en cuanto a la exclusión de zonas urbanas, o bien, en la mutación de condiciones originarias que llevaron a definir los límites del terreno que ocupa el Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanilo, pues al amparo de lo que ha dispuesto la Sala Constitucional sobre ese tema en concreto, la reducción de ese espacio territorial de un refugio como el de marras, se encuentra afecto a un principio de reserva de ley. Atendiendo a ese criterio (vinculante erga omnes y aplicable a este caso), no podría este Tribunal aceptar, mediante el análisis que propone la parte promovente, una reducción de esos espacios bajo el argumento que en la actualidad, parte de los terrenos donde se ubica el refugio es zona urbana, o bien, que han variado las condiciones y ya no poseen las características técnicas requeridas para ser área silvestre protegida. Tal abordaje llevaría, en último estadio, a negar las implicaciones de lo resuelto por la Sala Constitucional en el fallo precitado y permitir la exclusión de sectores del citado refugio, cuando ya ese Tribunal Constitucional fijó que tales zonas, aún su naturaleza urbana, forman parte de esa reserva. Lo anteriormente expuesto resulta aplicable también a la pretensión subsidiaria, en la que se peticiona que en la zona afectada no se ubican recursos naturales que distinguen al Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, por ser una zona fundamentalmente urbana. Las alegaciones del ente accionante trata aspectos que pretenden reprochar la extensión y al área del citado refugio, buscando excluir de ese territorio espacios que a la fecha, según se alega, son de uso habitacional urbano. Con independencia de la veracidad o no de ese criterio, se insiste, trata de un tema que ya ha sido abordado en sede constitucional, instancia en la que se han delimitado y precisado los canales a utilizar para poder disminuir esas zonas. Si convergen o no en la actualidad las condiciones que justificaron incluir esas zonas dentro del refugio creado por el decreto 16614-MAG, es un tema que ha de ser ponderado en otras instancias, atendiendo a la máxima de reserva de ley que respecto de la temática de reducción de zonas protegidas, ha fijado la Sala Constitucional. Si bien se mira, la pretensión bajo examen busca el mismo efecto que el pedimento adicional formulado en la audiencia preliminar del del 18 de diciembre del 2012. En consecuencia, no se produce en cuanto a lo alegado, nulidad alguna que merezca declararse, lo que supone el rechazo del cargo.
X.- Sobre los daños y perjuicios reclamados. La Municipalidad demandante incluye dentro de su marco petitorio, en el extremo número 4, pedimento indemnizatorio en los siguientes términos: "Como consecuencia de lo anterior desde el año 1985, la Municipalidad perdió la administración ilegalmente del área que traslapara el Refugio de Vida Silvestre, tanto dentro como fuera de la zona marítimo terrestre y como consecuencia de ello, dejó de percibir recaudación de impuestos por concepto del impuesto de bienes inmuebles, cánones de permisos de uso y construcciones en la zona marítimo terrestre, daños y perjuicios que oscilan en la suma de cuatro millones de dólares y que deben ser fijados en ejecución de sentencia." Frente a este reclamo el representante del SINAC formula defensa previa de prescripción. Si bien se mira, los daños y perjuicios pretendidos guardan relación de accesoriedad con la pretensión anulatoria formulada, siendo que dentro del esquema de argumentación del ente actor, serían la consecuencia de la invalidez del decreto 16614-MAG, como lo indica el representante del ayuntamiento en la audiencia celebrada el 05 de abril del 2013, detalle a partir de las 09 horas 21 minutos del respaldo audio-visual de esa audiencia. Siendo así, por consecuencia lógica, al haber establecido este cuerpo colegiado la validez del citado decreto ejecutivo en lo que ha sido objeto de reproche, los extremos indemnizatorios deben ser rechazados al no configurarse el presupuesto básico que daría cabida a esos reclamos. Ello hace innecesario referirse a la defensa de prescripción pues en orden a lo expuesto, no existe criterio de imputación al que puedan vincularse esos daños requeridos. Por ende, debe rechazarse la demanda en cuanto a ese particular.
XI.- Corolario. Defensas opuestas. Conferido el traslado de ley el Estado opuso la defensa previa de caducidad de la acción, así como las defensas de fondo de falta de legitimación ad causam activa, falta de interés actual y falta de derecho. (Folios 18-38 del judicial) Por su parte el SINAC contestó de manera negativa y opuso las defensas de litis consorcio pasiva necesaria para que se integre a la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, falta de derecho, falta de legitimación activa y pasiva, así como la de prescripción. (Folios 43-57, 79-90 del judicial) Ante la pretensión adicional que fuese planteada en la audiencia del 18 de diciembre del 2012, el Estado planteó la defensa de caducidad, cosa juzgada y falta de derecho. Por resolución No. 1710-2012 de las 10 horas 50 minutos del 12 de octubre del 2012, la Juzgadora de trámite dispuso el rechazo de la defensa de litis consorcio pasiva necesaria planteada por el SINAC, sin que se haya formulado apelación contra esa determinación. Respecto de la pretensión anulatoria principal, se rechazan las defensas de falta de legitimación activa y pasiva opuestas por los demandados. En cuanto a la legitimación activa, se remite a lo dispuesto en los considerando III y VIII previos. Sobre la legitimación pasiva, la acción se cursa contra las Administraciones que emitieron el acto objeto de debate, así como la que ostenta competencias sobre el área protegida que el decreto 16614-MAG establece. Por ende, la vinculación de esas partes con el objeto del proceso se configura a partir de lo regulado en el numeral 12.1 del CPCA. Empero, debe acogerse la defensa de caducidad planteada por el Estado en cuanto a este extremo petitorio. Se acoge la defensa de falta de derecho en lo que atañe a la pretensión declarativa de la competencia de la Municipalidad de Talamanca sobre la zona objeto de controversia y el pedimento indemnizatorio de daños y perjuicios. En cuanto a la pretensión subsidiaria, se rechaza la defensa de caducidad. Se acoge la defensa de falta de derecho opuesta por el mandatario estatal. En consecuencia, lo debido es disponer el rechazo de la demanda objeto de análisis.
IX.- Costas. De conformidad con el numeral 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas procesales y personales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo. La dispensa de esta condena solo es viable cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. En la especie, considera este Tribunal, no existe elemento objetivo que permita justificar la inaplicación de la máxima de condena al vencido, razón por la cual, se imponen ambas costas a cargo del ente local accionante vencido. En el caso de las costas del Estado, por petición expresa de parte, se conceden los intereses legales correspondientes, a fijarse en fase de ejecución del presente fallo.
POR TANTO.
Se rechaza la defensa de falta de legitimación activa y pasiva formulada por el Estado y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Se acoge la defensa de caducidad de la acción en lo que se refiere a la pretensión anulatoria principal. Se acoge la defensa de falta de derecho en lo que atañe a la pretensión declarativa de la competencia de la Municipalidad de Talamanca sobre la zona objeto de controversia y el pedimento indemnizatorio de daños y perjuicios. En cuanto a la pretensión subsidiaria, se rechaza la defensa de caducidad. Respecto de este extremo de la demanda, se acoge la defensa de falta de derecho opuesta por el mandatario estatal. En consecuencia, lo debido es disponer el rechazo de la demanda planteada por la Municipalidad de Talamanca contra el Estado y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Son ambas costas a cargo del ente local accionante vencido. En el caso de las costas del Estado, por petición expresa de parte, se conceden los intereses legales correspondientes, a fijarse en fase de ejecución del presente fallo.
José Roberto Garita Navarro Cinthya Abarca Gómez Priscilla Quirós Muñoz PROCESO DE LESIVIDAD ACTOR: Municipalidad de Talamanca DEMANDADO: El Estado, Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) IGWTHUP.JRGN 2013 Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.
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