← Environmental Law Center← Centro de Derecho Ambiental
Res. 00029-2013 Tribunal Contencioso Administrativo Sección V · Tribunal Contencioso Administrativo Sección V · 20/03/2013
OutcomeResultado
The lawsuit is dismissed, confirming the validity of the IDA official’s dismissal imposed by the Comptroller General.Se declara sin lugar la demanda, confirmando la validez del despido del funcionario del IDA impuesto por la Contraloría General de la República.
SummaryResumen
The Administrative Contentious Tribunal reviewed a lawsuit by an IDA official dismissed by the Comptroller General after a disciplinary procedure. The sanction was imposed because the plaintiff signed a document recommending the titling of a property that partially overlapped with Chirripó National Park, considered state natural heritage. The plaintiff alleged procedural flaws, lack of field verification, statute of limitations, and due process violations. The Court rejected all arguments: it found that the procedure respected minimum guarantees, the limitation period had not expired, and the plaintiff, as a public finance officer, breached his duty of care by allowing public domain land to be transferred to a private individual. It upheld the validity of the Comptroller's acts and dismissed the lawsuit, ordering the plaintiff to pay costs.El Tribunal Contencioso Administrativo analiza la demanda de un funcionario del IDA que fue despedido por la Contraloría General de la República tras un procedimiento administrativo disciplinario. La sanción se impuso porque el actor firmó un oficio que recomendó la titulación de una finca que parcialmente se traslapaba con el Parque Nacional Chirripó, considerado patrimonio natural del Estado. El actor alegó vicios en el procedimiento, falta de verificación de campo, prescripción y violación del debido proceso. El Tribunal rechazó todos los argumentos: consideró que el procedimiento respetó las garantías mínimas, que el plazo de prescripción no se había cumplido y que el actor, como funcionario de hacienda pública, incumplió su deber de cuidado al permitir que un bien demanial fuera traspasado a un particular. Confirmó la validez de los actos de la Contraloría y declaró sin lugar la demanda, condenando en costas al actor.
Key excerptExtracto clave
X.- On the disagreement or nullity of the challenged acts. (...) A-1) Due Process. (...) this Tribunal analyzed the entire administrative file, finding no error in its basic processing, since the initial resolution fulfilled the minimum aspects that this type of indictment must contain, as the investigated parties, among them Mr. Nombre114734, were informed of the facts to be investigated, basically related to the titling of a parcel in the name of Mr. Nombre114599, a land of which it should have been warned that a portion was an integral part of Chirripó National Park. However, various officials and administrative bodies, in this case the IDA, continued the administrative titling procedure of the so-called “Valle del General Project,” which led to accusations of lack of diligence in safeguarding state heritage and that their negligence had allowed said public domain property to be titled in favor of a private individual. (...) although this Tribunal understands the number of lots or parcels that may be processed in the various titling procedures in an institution like IDA, it is precisely the duty of officials to verify that what is being done complies with the law. In this case, knowing the involved servants that the parcel to be titled in favor of Mr. Nombre114599 bordered Chirripó National Park, they should have made greater efforts to corroborate its boundaries and thus rule out, applying what was indicated in the cadastral map they already had, that there was an overlap with the park lands, thereby preventing the loss of a property that, by express legal provision, should never have left state hands—a result that occurred and warranted the imposed sanction.X.- Sobre la disconformidad o nulidad de los actos impugnados. (...) A-1) Debido Proceso. (...) este Tribunal analizó la totalidad del expediente administrativo, no encontrando un yerro en torno a su tramitación básica, ya que en la resolución inicial se cumplieron con los aspectos mínimos que este tipo de intimación debe contar, pues a los investigados, entre los cuales se encuentra el señor Nombre114734, se le puso en conocimiento de los hechos que se investigarían, básicamente lo relacionado a la titulación que se diera de una parcela a nombre del señor Nombre114599, terreno del cual se debió advertir que una porción de la misma era parte integrante del Parque Nacional Chirripó, no obstante, diferentes funcionarios y órganos de la administración, en este caso del IDA, prosiguieron el procedimiento administrativo de titulación del llamado “Proyecto Valle del General” con lo cual se les acusaba de falta de diligencia en resguardo del patrimonio del Estado y que con su negligencia se había podido titular favor de un particular dicho bien demanial. (...) si bien entiende este Tribunal la cantidad de lotes o parcelas que pueden estarse tramitando en los distintos procedimientos de titulación en una institución como el IDA, es precisamente el deber de los funcionarios el corroborar que lo que se esté haciendo esta apegado a derecho, siendo que en este caso, sabiendo los servidores involucrados que la parcela que se iría a titular a favor del señor Nombre114599 colindaba con el Parque Nacional Chirripó, debieron poner mayor esfuerzo en corroborar los linderos del mismo y así descartar, aplicando lo indicado en el plano catastrado que ya tenía a su haber, que hubiera un traslape con los terrenos del parque y de ese modo evitar que se diera la fuga de un bien, que, por disposición expresa de ley nunca debió salir de manos del Estado, resultado que se dio y que ameritó la sanción que fue impuesta.
Pull quotesCitas destacadas
"Los terrenos forestales y bosques que constituyan el patrimonio natural del Estado, detallados en el artículo anterior, serán inembargables e inalienables; su posesión por los particulares no causará derecho alguno a su favor y la acción reivindicatoria del Estado por estos terrenos es imprescriptible…"
"Forest lands and forests that constitute the natural heritage of the State, detailed in the previous article, shall be unattachable and inalienable; possession by private individuals shall not create any right in their favor, and the State's action to recover these lands is imprescriptible…"
Considerando X, citando Ley Forestal 7575
"Los terrenos forestales y bosques que constituyan el patrimonio natural del Estado, detallados en el artículo anterior, serán inembargables e inalienables; su posesión por los particulares no causará derecho alguno a su favor y la acción reivindicatoria del Estado por estos terrenos es imprescriptible…"
Considerando X, citando Ley Forestal 7575
"…si la administración está obligada a apegarse al ordenamiento jurídico (artículos 11 de la Constitución Política y la Ley General de la Administración Pública), sus funcionarios deben en sus conductas estar atentos a lo que las normas le impongan como obligación…"
"…if the administration is obliged to comply with the legal system (articles 11 of the Political Constitution and the General Law of Public Administration), its officials must in their conduct be attentive to what the rules impose as an obligation…"
Considerando X
"…si la administración está obligada a apegarse al ordenamiento jurídico (artículos 11 de la Constitución Política y la Ley General de la Administración Pública), sus funcionarios deben en sus conductas estar atentos a lo que las normas le impongan como obligación…"
Considerando X
"…el deber de los funcionarios el corroborar que lo que se esté haciendo esta apegado a derecho, siendo que en este caso, sabiendo los servidores involucrados que la parcela que se iría a titular a favor del señor Nombre114599 colindaba con el Parque Nacional Chirripó, debieron poner mayor esfuerzo en corroborar los linderos…"
"…the duty of officials to verify that what is being done complies with the law, and in this case, knowing the involved servants that the parcel to be titled in favor of Mr. Nombre114599 bordered Chirripó National Park, they should have made greater efforts to corroborate the boundaries…"
Considerando X
"…el deber de los funcionarios el corroborar que lo que se esté haciendo esta apegado a derecho, siendo que en este caso, sabiendo los servidores involucrados que la parcela que se iría a titular a favor del señor Nombre114599 colindaba con el Parque Nacional Chirripó, debieron poner mayor esfuerzo en corroborar los linderos…"
Considerando X
Full documentDocumento completo
Contentious-Administrative Tribunal, Section V Case File: 11-004510-1027-CA Type of Matter: Ordinary Proceeding Analyzed by: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Case File: 11-004510-1027-CA Judgment No. 29-2013-V 2 of 37 CASE FILE: 11-004510-1027-CA MATTER: ORDINARY PROCEEDING PLAINTIFF: Nombre114734 DEFENDANTS: EL ESTADO THE INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO (IDA), NOW INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER) THE CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA No. 29-2013-V.
CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE TRIBUNAL, SECTION FIVE, SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ, Goicoechea, at eight hours thirty-six minutes on the twentieth of March, two thousand thirteen.
Ordinary proceeding established by RODRIGO CERVANTES BARRANTES, of legal age, divorced once, attorney, holder of identity card CED90613, in his capacity as Special Judicial Attorney-in-Fact for Mr. Nombre114734, of legal age, married once, office worker, resident of Dirección5658, holder of identity card number CED90691 -, against El ESTADO, represented by the Procuradora Marianella Barrantes Zamora; the INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO (IDA) now INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER) represented by its attorney-in-fact Meybell Chévez Ruiz; and the CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, represented by its attorneys-in-fact Hansel Arias Ramírez and Fabio Salas Chinchilla.
WHEREAS:
1.- On August 30, 2011, the lawsuit that gave rise to this proceeding was filed, based on the facts presented and the legal grounds on which it is founded, so that the judgment may order the following claims, which were confirmed at the preliminary hearing: "Based on the facts presented and the legal grounds indicated, I request that the judgment declare and order, as a consequence of the non-conformity of the administrative conduct due to the legitimate or illegitimate actions of the acts listed in the claim as a) the Administrative Act issued by the Contraloría General de la República, which is Resolution PA-11-2010, ordering with binding effect the application of the sanction of dismissal to my client, b) the Administrative Act issued by the Contraloría General de la República, contained in official letter R-DC-112-2011, c) the Act ordering the dismissal of my Client, which is official letter ARH-915-2011, signed by the Coordinator of the Human Resources Area, we request: 1. That this lawsuit be granted in its entirety. 2. That the dismissal be declared violatory of the collective bargaining agreement. 3. That the Instituto de Desarrollo Agrario be ordered to immediately reinstate the undersigned to the position he held. 4. That he be reinstated to the position he held prior to the dismissal with all the rights and guarantees accumulated during my years of service to the IDA. 5. That the wages I stopped receiving from my dismissal until the effective reinstatement be paid, with the increases decreed by the Government, school salary, Christmas bonus, and all other benefits received by IDA employees. 6. That the IDA be ordered to pay the overdue contributions to the CCSS. 7. That the IDA be ordered to pay material damages, objective and subjective moral damages, and losses caused by the unlawful conduct, which entailed a financial impairment since my salary was my only source of income; the psychological distress caused by the loss of all the years of continuous work; the illegitimate termination of the employment contract; and by the impossibility of re-employment due to my advanced age; and due to my illnesses; loss of my legal employment benefits for all the time worked; discouragement and desperation from lack of employment; harm to my honor and my name as a public employee; all the foregoing, for its psychological value, which I will estimate at the appropriate time. 8. That the IDA be ordered to pay statutory interest until effective payment. 9. That the IDA be ordered to make the corresponding index adjustment until effective payment. 10. That the IDA be ordered to pay all the costs of this trial." (Folios 1 to 36, and 325 to 326 of the main case file).
2.- Once the legal transfer was granted, the representative of the IDA, Víctor Julio Carvajal Garro (Folio 355 to 358 of the judicial file) answered the lawsuit without objecting on any grounds. For their part, the representatives of the Contraloría General de la República Hansel Arias Ramírez and Fabio Salas Chinchilla (folios 365 to 382 of the judicial file), answered the lawsuit negatively, raising the objection of Lack of Right. Finally, the Procuradora Marianella Barrantes Zamora (Folios 423 to 461 of the judicial file), also answered the lawsuit negatively and raised the defenses of Lack of Standing in regard to the Estado and Lack of Right.
3.- The plaintiff requested an early protective measure which was processed in a separate file and was addressed by the Processing Judge of this court in resolution number 178-2012 at 11:10 hours on May 10, 2012 (Folio 321 of the respective file), granting it, and in its operative part ordered the IDA: "The protective measure requested by Nombre114734 is granted. The effects of the ex officio administrative act No. 11844 dated December 1, 2010, DJ-4051-2010 of the Contraloría General de la República, as well as Resolution R-DC-112-2011 at eleven hours on July seventh, two thousand eleven issued by it and official letter ARH-915-2011 of the Instituto de Desarrollo Agrario, are suspended. The maintaining of the reinstatement of Mr. Nombre114734 in the functions he was performing is ordered, keeping his employment conditions unchanged. This measure is adopted for the duration of the ordinary proceeding or until eventually some factual circumstance motivates its modification or removal. The moving party for the protective measure is informed that the lawsuit must be filed within fifteen days, counted from the day following the notification of this resolution; otherwise, its lifting will be ordered and the requesting party will be ordered to pay the damages and losses caused, which will be liquidated through the judgment enforcement procedure." (Bold text from the original). Said resolution was appealed by the representation of the Contraloría General de la República (folio 337 of the file). The Court of Appeals for Contentious-Administrative Matters, in judgment number 589-2012 at 09:35 hours on October 3, 2012, decided to uphold the appealed resolution (Folio 363 of the file).
4.- The preliminary hearing established in article 90 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, which is recorded in this Court's digital system, was held starting at 8:35 hours on October twenty-fifth, 2012, with the attendance of all parties (Folios 515 to 517 of the judicial file).
5.- On February twenty-seventh, two thousand thirteen, the oral and public trial in this matter was held, with the presence of all parties (see hearing record at folio 575 of the judicial file). At this proceeding, the plaintiff party presented two documents: in the first, attorney Rodrigo Cervantes Barrantes, by mutual agreement with Mr. Nombre114734, agreed to the first's withdrawal from continuing the professional representation in the present matter (folio 572 of the judicial file); additionally, in the second document, Mr. Nombre114734 appointed attorney Luis Diego Álvarez Marín as his legal counsel, who accepted the appointment (Folio 574 of the judicial file), which is why it was Lic. Álvarez who provided legal representation during the oral and public trial stage.
6.- The procedures have observed the prescriptions of law and this Tribunal has not determined any defect or omission capable of producing nullities that must be corrected. This judgment is issued upon conclusion of the oral and public trial hearing, within the term of fifteen business days established for that purpose by Article 111.1 of the Código Procesal Contencioso Administrativo and Article 82.1 of the Autonomous Regulation on the Organization and Service of the Contentious-Administrative and Civil Treasury Jurisdiction, after rigorous deliberation and by unanimity.
Drafted by Judge Giusti Soto with the affirmative vote of Judge Sánchez Navarro and Judge González Segura;
WHEREAS:
I.- Proven facts. Of relevance for the purposes of this proceeding are the following: 1) On the cadastral map No. SJ-426486-97 of the property registered under real estate folio No. 1-500086-000 in the name of Nombre114599, on its front appears a stamp of the visado No. Placa21317 from the Ministerio de Ambiente y Energía stating: "Based on the location appearing on this map, the property described is located WITHIN the Chirripó National Park approx. 10%, according to Decreto Ejecutivo or Ley Nº 5773 and amendments of 08-30-75 or as provided in the Ley Forestal Nº 7575 and related legislation. The registration of this map is authorized for cadastral purposes. Date 04 AUG 1997" (Folio 1 of volume I of the digital administrative file and Folios 534 and 535 of the judicial file). 2) IDA official José Alberto Campos Orozco, on September 16, 1999, conducted an inspection and completed titling paperwork for the Valle del General Project, specifically regarding the plot of Mr. Nombre114599 to title a property of 83 hectares, 1967 meters, and 70 square decimeters in his name, recording that there was a portion of forest, that the property bordered the Chirripó National Park to the east, and referencing cadastral map No. Placa21235 (folios 2 and 3 of volume I of the digital administrative file). 3) By official letter numbered STA-251-99, dated October 22, 1999, Messrs. Nombre114734, Coordinator of Titling Programs, with the Approval of Advisor Federico Villalobos Chacón and also with the approval of Mr. Agustín Villalobos Salazar of the Dirección Formación Desarrollo Asentamientos, all of the Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), submitted to the Institution's Board of Directors a request for the segregation and transfer of 34 lots and plots described from the Valle del General Project, a request based on the recommendation of the Regional Office of San Isidro and the approval of the Coordinación de la Región Brunca, including in the request Mr. Nombre114599, ID CED90614, plot 91452 with an area of eighty-three hectares, one thousand nine hundred sixty-seven meters, and seventy decímetros and a price of thirty-six million four hundred eighty-four colones. (Folios 4 to 6 of Volume I of the digital administrative file). 4) In the minutes of the IDA Board of Directors session No. 078-99 held on October 27, 1999, in its agreement number two, in accordance with STA-251-99, it authorized the segregation and transfer of thirty-four lots and plots of the Valle del General Project, indicating that this was done upon fulfilling the conditions and requirements established in Ley 7599 (Folios 7 to 13 of volume I digital administrative file). 5) Through deed number 24 of Volume Twelve of the Protocol of notary public Alex Benjamín Gen Palma, deed of November 25, 1999, at nine hours, the transfer of the thirty-four lots and plots of the Valle del General Project was materialized, including the plot titled to Mr. Nombre114599 (Folios 17 to 30 of volume I of the digital administrative file). 6) By Official Letter number DAGJ-0359-2009 of March 10, 2009, the División de Asesoría y Gestión Jurídica of the Contraloría General de la República requested the User Service Office of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) to certify the legal encumbrances on several properties, among them the property whose cadastral map is SJ-426486-97, from the Valle del General Project whose beneficiary was Mr. Nombre114599 (Folios 41 and 42 of the digital administrative file). 7) The previous request was answered in official letter SINAC-DS-OFAU-O-008-2009 of March 24, 2009, indicating that cadastral map No. SJ-426486-97, in the period consulted from 1999 to the date of the official letter, is located within the Chirripó National Park (Folio 43 and 44 of the digital administrative file). 8) The División Jurídica of the Contraloría General de la República, constituted as the Directing Body, in a resolution at 8 hours on July 10, 2009, initiated administrative proceeding No. DAGJ-046-2008, aimed at ascertaining the true facts as well as the alleged disciplinary responsibility of several officials of the Instituto de Desarrollo Agrario, among them Mr. Nombre114734, an act in which the facts were determined, accusing him of possible violation of the principle of legality by allowing the segregation and transfer of a property that is encumbered by the Ley Forestal, where it is determined that national parks are declared natural heritage of the State, specifically in the Chirripó National Park, the possible sanctions to be applied were indicated, and they were summoned to an oral and public hearing for nine hours on Thursday, August 27, 2009, on the thirteenth floor of the CGR building, and must submit arguments and evidence before or on that date, they were given the opportunity to review the administrative file, they were warned to designate a place to receive notifications, and the available appeals against said resolution were also indicated (Folios 45 to 54 of volume I of the digital administrative file). 9) On folio 63 of volume I of the digital administrative file, appears the notification record of the resolution at 12:45 hours on July 28, 2009, to Mr. Nombre114734. 10) On July 30, 2009, Mr. Nombre114734 filed a motion for reconsideration with a subsidiary appeal against the act initiating proceeding DAGJ-046-2008 (Folios 73 to 74 of the digital administrative file). 11) The División Jurídica of the CGR, in a resolution at 8:30 hours on August 19, 2009, reviewed the motions for reconsideration filed against the initial resolution of the proceeding, among them the one filed by Mr. Nombre114734, addressing the arguments specifically raised by him, deciding to dismiss the motion for reconsideration (Folios 88 to 95 of volume I of the digital administrative file). This resolution was notified via fax to Mr. Nombre114734 on August 19, 2009 (folio 107 of the digital administrative file). 12) By official letter DJ-0677-2009 of August 21, 2009, the appeal brief filed subsidiarily by Mr. Nombre114734, among others, was forwarded to the office of the Contralora (Folio 118 of the Digital file). 13) By resolution No. R-DC-50-2009, at 16 hours on September 17, 2009, the office of the Contralor decided to dismiss the appeal filed by Mr. Nombre114734 (Folios 120 to 127 of volume I of the digital administrative file). Resolution notified to the interested party via fax on September 23, 2009 (folio 131 of volume I of the digital administrative file). 14) The División Jurídica of the CGR, in a resolution at 10:30 hours on October 5, 2009, once the appeals filed against the initial act of the proceeding were resolved, ordered the parties to be summoned for an oral and public hearing starting at 9 hours on Friday, November 6, 2009, in the conference room on the third floor of the building annexed to the CGR headquarters (Folio 143 of volume I of the digital administrative file). Resolution notified to Mr. Nombre114734 on October 7, 2009 via fax (Folio 147 of volume I of the digital administrative file). 15) Due to the medical incapacity of one of the investigated parties, the Directing Body ordered, in a resolution at 11:30 hours on October 20, 2009, the date of the oral and public hearing to be changed to November 23, 2009 at 9 am. (Folio 196 of volume I of the digital administrative file). 16) On November 17, 2009, the attorney for another of the investigated parties requested rescheduling the scheduled hearing due to prior court dates (Folio 214 of volume I of the digital administrative file). In response, the Directing Body, in a resolution at 8:30 hours on November 19, 2009, changed the hearing again to 9 hours on December 9, 2009 (folios 223 and 224 of volume I of the digital administrative file). 17) Upon the express request of the attorney for Mr. Nombre114734, who alleged his client's medical incapacity (folio 259 of Volume I of the digital administrative file), the Directing Body, in a resolution at 14:30 hours on December 8, 2009, changed the hearing to 9 hours on January 6, 2010 (folios 223 and 224 of volume I of the digital administrative file). 18) In the document visible from folio 322 to 513 of volume I of the digital administrative file, Mr. Nombre114734 offered his "Statement and considerations regarding administrative proceeding DAGJ-046-2008", as well as the evidence he deemed pertinent in this regard. 19) As recorded from folio 514 of volume I of the digital administrative file, on January 6, 2010, starting at 9:10 hours, the oral hearing was held, with the participation, among others, of Mr. Nombre114734, who was accompanied by his representative Aaron Rodríguez Cruz. 20) The Directing Body of the Proceeding, by resolution No. PA-11-2010 at 12:30 hours on February 3, 2010, resolved the matter on the merits and, regarding Mr. Nombre114734, issued a binding recommendation for dismissal without employer liability as well as the prohibition from entering or re-entering a public treasury position for a period of 5 years (Folios 616 to 667 of volume I of the digital administrative file and from folio 93 to 145 of the judicial file). Said resolution was notified to Mr. Nombre114734 on February 5, 2010, via fax (Folio 671 of volume I digital administrative file). 21) Mr. Nombre114734, in a document filed on February 10, 2010, filed a motion for reconsideration with a subsidiary appeal against resolution No. PA-11-2010 (Folios 750 to 757 of the digital administrative file). 22) The División Jurídica of the Contraloría General de la República, in a resolution at 14:30 hours on March 9, 2010, proceeded to analyze the appeals filed against resolution No. PA-11-2010, resolving each of the arguments raised separately by each of the parties, and regarding Mr. Nombre114734, it dismissed the motion for reconsideration filed (Folios 812 to 837 of volume I of the digital administrative file). 23) By official letter DJ-0991-2010 of March 15, 2010, the División Jurídica forwarded the appeal to the Contralora General for her to review the appeal (Folio 855 of Volume I of the digital administrative file). 24) The Office of the Contralora General de la República, in resolution R-DC-160-2010 at 9 hours on October 25, 2010, resolved the appeals filed against resolution PA-11-2010, among them that of Mr. Nombre114734, dismissing it, but in its operative part it decided to ex officio remove the sanction of entering and re-entering public positions for Mr. Nombre114734 (Folios 951 to 978 of volume II of the digital administrative file and Folios 145 to 172 of the judicial file). This resolution was notified to Mr. Nombre114734 via fax on November 1, 2010 (folio 990 of volume II of the digital administrative file). 25) The División Jurídica of the Contraloría General de la República, in official letter No. DJ-4051-2010 of December 1, 2010, notified the Executive President and the President of the Board of Directors, both of the Instituto de Desarrollo Agrario, of resolution PA-11-2010 for the purpose of executing it and informing the Contraloría in this regard within a period of eight days (Folios 999 to 1002 of volume II of the digital administrative file). 26) The Executive President of the IDA, in official letter PE-2839-2010 of December 14, 2010, filed with the Contraloría General de la República a motion for review and reconsideration against the ruling, alleging procedural and substantive aspects that he considers warrant the revocation of the sanctions imposed on the officials of that institution (Folios 1005 to 1010 of volume II of the digital administrative file). 27) The Office of the Contralor, in resolution No. R-DC-112-2011 at 11 hours on July 7, 2011, regarding the review petition filed by the Executive President of the IDA, declared it without merit (Folios 1020 to 1028 of volume II of the digital administrative file). Resolution that was notified to Mr. Nombre114734 via fax on July 11, 2011 (folio 1042 of volume II of the digital administrative file). 28) Licda. Marlene Chaves Morales, Coordinator of the Human Resources Area of the IDA, by official letter No. ARH-915-2011 of July 21, 2011, communicated to Mr. Nombre114734 the sanction imposed by the Contraloría General de la República in resolution PA-11-2010, indicating that the dismissal took effect as of July 22, 2011 (Folio 250 of the judicial file). 29) The Programa de Regularización de Catastro y Registro, at the request of the Contraloría General de la República, in official letter No. UE-1736-2012 of October 24, 2012, regarding the exact location of cadastral map number 1-4265486-1997, with respect to the Chirripó National Park and the nature of that land in relation to its forest cover (cobertura forestal), concluded that: "...the land is partially located within the Chirripó National Park (approximately 6% of the map area). This location was made using the San Isidro Cartographic Sheet, scale 1:50000, as input. Image 2 shows the location of the map with respect to the park.", it also indicates that: "Based on the information provided by FONAFIFO, it is identified that the land described in cadastral map 1-4265486-1997, both in the portion that overlaps with the Chirripó National Park, and the rest of the land, is partially superimposed onto the forest category" (Folios 503 to 514 of the judicial file)
II.Unproven facts. Of relevance for the purposes of this proceeding are the following: 1) That the División Jurídica of the Contraloría General de la República was aware of the facts it investigated in proceeding DAGJ-046-2008, before October 3, 2008, the date of official letter number FOE-PGAA-673 from the Área de Servicios Públicos Generales Ambientales y Agropecuarios of the CGR. (This circumstance has not been proven). 2) That the portion of the land belonging to the Chirripó National Park, which is indicated as overlapping on the property titled in favor of Mr. Nombre114599 in 1999 by the IDA, is not part of the State's natural heritage (This circumstance has not been proven)
III.- Object of the proceeding. Having analyzed the allegations and petitions of the parties involved in this conflict, the object of the proceeding is determined as: Based on the facts presented and the legal grounds indicated, I request that the judgment declare and order, as a consequence of the non-conformity of the administrative conduct due to the legitimate or illegitimate actions of the acts listed in the claim as a) the Administrative Act issued by the Contraloría General de la República, which is Resolution PA-11-2010, ordering with binding effect the application of the sanction of dismissal to my client, b) the Administrative Act issued by the Contraloría General de la República, contained in official letter R-DC-112-2011, c) the Act ordering the dismissal of my Client, which is official letter ARH-915-2011, signed by the Coordinator of the Human Resources Area, we request: 1. That this lawsuit be granted in its entirety. 2. That the dismissal be declared violatory of the collective bargaining agreement. 3. That the IDA be ordered to immediately reinstate the undersigned to the position he held. 4. That he be reinstated to the position he held prior to the dismissal with all the rights and guarantees accumulated during my years of service to the IDA. 5. That the wages I stopped receiving from my dismissal until the effective reinstatement be paid, with the increases decreed by the Government, school salary, Christmas bonus, and all other benefits received by IDA employees. 6. That the IDA be ordered to pay the overdue contributions to the CCSS. 7. That the IDA be ordered to pay material damages, objective and subjective moral damages, and losses caused by the unlawful conduct, which entailed a financial impairment since my salary was my only source of income; the psychological distress caused by the loss of all the years of continuous work; the illegitimate termination of the employment contract; and by the impossibility of re-employment due to my advanced age; and due to my illnesses; loss of my legal employment benefits for all the time worked; discouragement and desperation from lack of employment; harm to my honor and my name as a public employee; all the foregoing, for its psychological value, which I will estimate at the appropriate time. 8. That the IDA be ordered to pay statutory interest until effective payment. 9. That the IDA be ordered to make the corresponding index adjustment until effective payment. 10. That the IDA be ordered to pay all the costs of this trial.".
IV.- Arguments of the parties. The plaintiff states that he worked for the IDA since November 25, 1968 (43 years of service). That by resolution PA-11-2010 of February 3, 2010, the Contraloría General de la República (CGR) sanctioned several IDA officials with dismissal, among whom he is included. He alleges that the sanctioning proceeding is violatory of the general principles governing due process, being devoid of objective assessment of the evidence in light of the principle of sound criticism, with omissions of both form and substance, arriving at a false cause and hasty generalization, which resulted in an incoherent, unfounded, and illegitimate resolution. That by an unfounded resolution of March 9, 2010, the legal division of the CGR, without further reasoning, dismissed the arguments and declared without merit the motions for reconsideration filed against resolution PA-11-2010. He alleges that by resolution R-DC-160-2010 of October 25, 2010, the audit body dismissed the appeals and ex officio modified certain parts of PA-11-2010. By official letter 11844 of December 1, 2010, the legal division of the CGR communicated to the Executive President of the IDA the finality of the resolution issued. That by a document filed on December 14, 2010, the IDA filed a motion for review and reconsideration against resolution PA-26-2010 ordering the dismissal without employer liability, as it disagreed with the sanction imposed and considers it was too severe and that institutional interests are also affected. By resolution R-DC-112-2011 of July 7, 2011, said petition was declared without merit, which is why the dismissal order had to be complied with no later than July 21, 2011, which occurred through official letter ARH-915-2011. He indicates that the dismissal causes him serious and irreparable harm, which is why the extremely urgent protective measure was granted in his favor. He states that the titling project with which the CGR disagrees, called "Proyecto de Titulación Valle del General," was created by the State through Decreto Ejecutivo 2621-G published in the Gaceta of November 17, 1972, and registered in favor of the ITCO at Real Estate Folio No. 1-209478-000 with an area of 200,000 hectares, the purpose of which was to grant deeds to all those persons established by Article 3 of Law 6054, and the titles processed exceed 8233. That the CGR, based on a study by the IDA's General Audit, interpreted that among those titlings, one could affect the State's natural heritage, therefore it recommended initiating a Directing Body. Regarding the procedure followed in the titling, he expresses that the regional office of the IDA in Pérez Zeledón received the application to grant a title to Mr. Nombre114599 for a property of 83 hectares and 41967.70 square meters, following the procedures, and that the applicant met the requirements of the law. That official Campos Orozco conducted an inspection on September 16, 1999, finding everything in order, and recommended granting the title of ownership. Subsequently, officials Álvaro Chanto Ureña, head of the Pérez Zeledón office, and Engineer Bernal Mora Calvo, agrarian coordinator of the Brunca region, studied the file of Mr. Nombre114599 and 53 other files, and forwarded them to the Titling Unit for the respective process before the Board of Directors.
That the Board of Directors was informed of the request, agreed to the segregation and transferred the 53 properties in a session held on October 27, 1999, assigning notary Alex Gen Palma to prepare the respective deeds, with the protocol for formalization being signed on November 25, 1999. That the CGR in the years 2007 and 2008 conducted a study of more than 8,000 case files, reaching the conclusion that in the title granted to Mr. Nombre114599, there were 8 hectares that were part of Chirripó National Park, violating State property. The plaintiff alleges that in the procedure there was no on-site verification, neither by MINAE nor by the Directing Body, with the park's dividing boundary being an imaginary line, and indicates that had the inspection been carried out, a different reality would have been found, for which they offered evidence, such as, for example, that the owner has been a possessor through derivative acquisition of ownership (poseedor de manera traslativa de dominio) since 1955, that is, 20 years before the creation of the park, and that the portion of land indicated was never expropriated from him, nor was a single cent paid as compensation. The plaintiff says there is indeed doubt regarding the overlap and how much the supposedly overlapped area actually is, because first they said it was 10%, but later MINAE, when carrying out segregations, says it is 4%, and that there is also doubt regarding the boundary of the park, since Mr. Nombre114599 is the one who has cleared the boundary lines since 1975, and in practice, the boundary has always been Mr. Nombre114599's lands. He alleges that the Directing Body, without real verification of the facts in the field, without taking into account the evidence offered, and with a series of reasonable doubts existing, ordered the dismissal of three employees with many years of service to the institution, solely for having signed official communication STA-251 of October 22, 1999, which forwarded the documentation to be reviewed by the Board of Directors, given that in said communication, all that was done was to follow the institutional procedure as established in the procedures. They state that the dismissed employees have proven through their statements and documents provided that they acted in accordance with the law, that they never deviated from the procedures, and all they did was comply with the referral of 53 case files for their titling, which had already been reviewed by employees of the Subregional Office of San Isidro and the Regional Director. That MINAE in 1997 approved (visó) the plan whose purpose was titling, even though an overlap existed, causing the IDA's regional employees to fall into error. Furthermore, he alleges that the procedure was time-barred (prescrito) and that he is not a public finance official (funcionario de hacienda) as classified by the CGR. He states that no damage has been caused to the State, since in practice the lands have never belonged to the State, nor has the State exercised possession, and it is not for the CGR to indicate to whom the lands belong. He also alleges that the dismissal was never reviewed by the Labor Relations Board (Junta de Relaciones Laborales), even for a mere verification, thereby violating the UNUEIDA Collective Bargaining Agreement (Convención Colectiva), the Regulations of the Labor Relations Board, and various rulings of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional). That the CGR alleges contradictions and poor handling of information, which was refuted with the evidence presented, and as an Investigating Body and in its role of judge and party, it does not analyze the evidence presented and relies solely on the administration's own evidence, making the proceedings null and void.
V.- For its part, the Executive President of the Agrarian Development Institute (Instituto de Desarrollo Agrario), in his response to the claim, indicates that the sanction of dismissal was imposed and ordered in a binding manner by the CGR within case file DAGJ-46-2008, and that said sanction is not shared by the institute, which is why within the administrative case file, the IDA filed a motion for review against resolution PA-11-2010. He states that in the present case, there was an imbalance in the measure of dismissal imposed on Mr. Nombre114734, given the existence of multiple exculpatory legal factors and the extensive documentary evidence submitted to the file. And that the sanction directly affects the institute by losing an employee of broad and qualified experience. He also indicates that they agree with the plaintiff that in the administrative procedure processed by the oversight body, there were a series of procedural defects (vicios procesales), primarily related to violations of due process (debido proceso).
VI.- For their part, the representatives of the Comptroller General of the Republic (Contraloría General de la República) state that by resolution of July 10, 2009, an administrative procedure was initiated under case file number DAGJ-046-2008, summoning Mr. Nombre114734 and other IDA officials regarding an alleged infraction committed against Article 11 of the LGAP and Articles 13, 14, and 15 of the Forestry Law (Ley Forestal). That in resolution PA-11-2010 of February 3, 2010, the procedure was resolved, imposing on the plaintiff here a sanction of dismissal without employer liability and a prohibition on entering or re-entering a position within the Public Treasury (Hacienda Pública) for a period of 5 years. That the official filed a motion for revocation with appeal in the alternative (recurso de revocatoria con apelación), the former being resolved and sent to the Comptroller's office, who in resolution R-DC-160-2011 declared the appeal without merit. Furthermore, they indicate that the Executive President of the IDA filed a motion for review as to form (recurso de revisión por la forma) on December 14, 2010, which was resolved without merit by resolution R-DC-112-2011 of July 7, 2011. They state that contrary to what is indicated by the plaintiff, there are no doubts regarding the delimitation of Chirripó National Park, since via plan SJ-426486-1997 approved (visado) by MINAE, it is indicated on the front that on the land titled to Mr. Nombre114599, it is identified that approximately 10% is within the national park. That document STA-251 is not a simple transfer of information, since in it the sanctioned officials issue a request directed to the IDA's Board of Directors to proceed with the segregation and transfer of a total of 34 parcels to proceed with titling, a document in which the impact on national park lands is not considered. They allege that the brief lacks concrete reasoning on the merits of the matter and that the arguments are imprecisely intermingled. Regarding the disagreement with the plaintiff's condition as a public finance official (funcionario de hacienda pública) and the statute of limitations period, they indicate that the issue was addressed in resolution 11-2010. That in Article 8 of Law 7248 (Organic Law of the CGR), the public treasury is not only constituted by monetary and patrimonial values, but also those aspects of oversight related to internal and external control, the budget process, administrative contracting, and the responsibility of public officials. That Article 71 of Law 7248 establishes a statute of limitations of five years counted from the occurrence of the event, given that in the specific case, the Legal Division of the CGR became aware of the facts until October 3, 2008, the moment from which the period begins to run. That the plaintiff, by signing official communication STA-251, which recommends the titling of a State patrimonial asset, contributed to the IDA disposing of a part of a national park, engaging in conduct that affected the public treasury. They allege that as a public domain asset (bien de dominio público), it is totally excluded from any possibility of appropriation by private subjects. They indicate that this situation had been warned since the plan was approved (visado) by MINAE; additionally, the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) had noted in 2008 that the property was located within the park, all of which was corroborated by the CGR during the procedure, fully locating the property in question. That the existence or not of expropriations on the asset is not an argument that permits questioning the public domain nature of the asset, nor do they consider it relevant to analyze the existence of possessors in good or bad faith on said land, and that if a public official is aware of this, they are obligated to first elucidate such a situation, before requesting and recommending the disposal of such assets in favor of private subjects. Regarding the alleged procedural defects, they indicate that despite the plaintiff's assertion, no evidentiary element is provided to support the claim, nor is any direct reference made to the evidence that was supposedly not adequately assessed. They argue that upon reading the documentation relevant to that procedure, the strength of the eight proven facts identified in resolution PA-11-2010 can be corroborated, which constituted the concrete and specific elements that allowed the certain inference that the plaintiff incurred in serious infractions against the body of legality.
VII.- The Attorney General's Office (Procuraduría General de la República), in its response, stated that the plaintiff's actions facilitated the titling process for farm number 91452 without making any exception or observation that 10% of the total area of the property formed part of Chirripó National Park. It indicates that the alleged violation of due process does not exist, since the CGR is the legally competent entity to conduct this type of disciplinary administrative procedure, and that the case began by notifying the investigated party, informing them of the charges, and summoning them to an oral hearing; that the investigated party was able to file a motion for revocation against the statement of charges, a motion that was rejected and notified; the evidence offered at the hearing held on January 6, 2010, was gathered; and once this was done, resolution PA-11-2010 was duly issued with proper grounds. That upon the investigated party's disagreement, they filed the relevant appeals, which were duly resolved and notified; additionally, the motion filed by the IDA was heard, and therefore they consider that due process was respected. They allege that the plaintiff has no right to his claims, since the lands of the State's natural heritage cannot be transferred to private individuals, and therefore the conduct investigated of the plaintiff here was contrary to the Forestry Law and the Land and Colonization Law, by the plaintiff having signed official communication Placa21318, so there is no argument that can justify his actions; the liability is personal, objective, and is not extinguished with that of the other possible parties involved. They state that through his actions, he caused serious damage to the public interest by intervening in the adjudication of a public domain asset (bien demanial), since he was obligated to ensure the conservation of public heritage. He violated the duty of probity established in Articles 3 and 4 of the Law against Corruption and Illicit Enrichment, and thanks to the negligent action of the plaintiff, a natural asset of the State was allowed to be transferred to a private individual. Regarding the claim for material damage, objective and subjective moral damage, and consequential damages claimed, they consider them improper, since the CGR, exercising the disciplinary power granted by the legal system, and in view of the serious infraction committed, proceeded to dismiss the plaintiff from the position he held at the IDA. They indicate that the burden of proof for any damage lies with the plaintiff, and regarding material damage, he provided no evidence of its existence, nor of the causal link. Regarding moral damage, it is improper, since the administration's action was in accordance with the law, and there exists, in this case, contributory negligence (culpa de la victima) as an exoneration cause for the administration's liability for his improper conduct, and furthermore, there are no evidentiary elements in the record necessary to accredit the alleged moral damage.
VIII.- Regarding Passive Standing (Legitimación pasiva) in the case. In this process, the State, the Comptroller General of the Republic (CGR), and the Agrarian Development Institute (IDA) have all been considered as defendants. Regarding the latter, it must be noted that at the beginning of the process, this institution was known by that name, but subsequently it underwent a change and is now known as the Institute of Rural Development (INDER). Regarding the inclusion of the State, the assigned State Attorney (Procuradora) has stated the impropriety of it having been joined, arguing that it was the Comptroller General of the Republic that acted directly, and it is its actions that have been challenged. In this regard, it is found that the Attorney General's Office is correct, to the extent that, in accordance with the provisions of subsection 5) of Article 12 of the Contentious-Administrative Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo), there is a dual possibility of bringing the oversight body into processes: first, jointly with the State when: "…the process concerns the administrative conduct of that body, related to the exercise of its constitutional and legal competence"; and second, jointly with the audited entity, when "…the process concerns administrative conduct subject to its control, in the exercise of its oversight or superior guardianship powers over the Public Treasury". According to what is deduced from the investigation in the administrative procedure followed by the Comptroller's Office under number DAGJ-046-2008, the conduct of several IDA officials regarding the titling of a parcel in the Project called Valle del General was studied, which affected the State's natural heritage, with the officials acting as guardians of the Public Treasury, so from this perspective, the actions of the CGR fall under paragraph b) of the aforementioned fifth subsection of numeral 12 of the Contentious-Administrative Procedure Code, and therefore, only the Comptroller General of the Republic and the IDA should be considered as defendants to represent the administration's interests. Thus, there exists in this matter a lack of passive standing regarding the participation of the State in the present process, which must be declared as such.
IX.- Clarification regarding the claim. First, it must be noted that in the case file processed in this court under number 11-004509-1027-CA, the same lawyer, Rodrigo Cervantes Barrantes, filed a process on behalf of Mr. Agustín Villalobos Salazar against the same defendants as those here, with an identical brief and claims to those now before us in the case of Mr. Nombre114734, said case being resolved by this same Court in judgment number 24-2013 at 10:10 a.m. on March 11, 2013. Therefore, also in this matter, in the initial claim brief, the plaintiff requested the "revocation and nullity" of the following: a) The administrative act issued by the CGR in resolution PA-"26"-2010, which orders the sanction of dismissal against the plaintiff; it must be noted that the number of this administrative act was corrected at the Preliminary Hearing (Audiencia Preliminar) of October 25, 2012, at the request of the plaintiff, to be correctly read as numbered PA-11-2010 (see record at folio 515 verso of the judicial file); b) The administrative act, also from the CGR, number “R-DC-112-2011”, by which the Comptroller's office declared without merit the appeals filed against resolution PA-11-2010; and finally, c) Official communication ARH-915-2011, by which the IDA's Human Resources Department notified Mr. Nombre114734 of the execution of the imposed sanction. This claim underwent a modification, as the plaintiff, in a brief visible at folio 325 of the judicial file dated February 7, 2012, reformulated his claims, including the nullity of the mentioned acts, and inserted a series of requests all linked to the IDA, and this was the claim that was considered as such at the Preliminary Hearing held on October 25, 2012 (folios 515 to 517 of the judicial file). For this reason, and for greater clarity, we will refer separately first to the annulments of the challenged actions and then to the remaining claims.
X.- Regarding the disagreement with or nullity of the challenged acts. As indicated, there are three acts against which the plaintiff appeals, two of them emanating from the Comptroller General of the Republic and the other from the Agrarian Development Institute, so we will first refer to the two from the CGR and then to the one from the IDA. A) Acts of the Comptroller General of the Republic. A-1) Due Process (Debido Proceso). It must be noted that generally and concisely, the plaintiff attacks the CGR's actions in the disciplinary-sanctioning administrative procedure followed by the oversight body against several IDA officials regarding the titling of a parcel of the "Valle del General" Project, which presented a part that was transferred into the hands of a private individual, being the State's natural heritage, as it is part of Chirripó National Park. The procedure is numbered DAJG-046-2008, which formally began by resolution of the CGR's Legal Division, acting as the Directing and Deciding Body, at 8:00 a.m. on July 10, 2009. This Court analyzed the entirety of the administrative case file and found no error regarding its basic processing. This is because the initial resolution satisfied the minimum aspects that this type of summoning must contain, as the investigated parties, among whom is Mr. Nombre114734, were informed of the facts to be investigated, basically related to the titling that was carried out for a parcel in the name of Mr. Nombre114599, a land for which it should have been warned that a portion of it was an integral part of Chirripó National Park. However, different officials and bodies of the administration, in this case the IDA, continued the administrative titling procedure of the so-called "Valle del General Project," and they were thus accused of a lack of diligence in safeguarding the State's heritage and that through their negligence, said public domain asset (bien demanial) had been titled in favor of a private individual. Additionally, in said initial resolution, the investigated parties were informed of the possible sanctions to be applied, they were summoned to an oral hearing for nine o'clock on Thursday, August 27, 2009, on the thirteenth floor of the CGR building, they were urged to submit allegations and evidence before or on that date, they were given the possibility to review the administrative case file, they were warned to designate a place for receiving notifications, and they were also informed of the appeals that could be filed against said resolution (Folios 45 to 54 of Volume I of the digital administrative case file). Against this resolution, several of the investigated parties, including Mr. Nombre114734, filed the relevant appeals, all of which were declared without merit. Subsequently, the date for holding the scheduled hearing had to be changed on several occasions, once due to Mr. Nombre114734's incapacity. The Oral hearing could be held on January 6, 2010 (Folios 282 to 292 of Volume I of the digital administrative case file), with Mr. Nombre114734, in order to be heard, submitting a "Declaration" together with his lawyer, in which he presented his allegations and evidence in writing regarding the facts imputed to him, the aforementioned as part of the granted possibility of defense and presentation of evidence, which does not appear to have been limited in this matter. After the reception of the evidence, and as is appropriate, the body in charge of the procedure issued the resolution on the merits, namely number PA-11-2010 at 12:30 p.m. on February 3, 2010, in which, in its proven facts, it relates that Mr. Nombre114734, in official communication STA-251 of October 22, 1999, among others, the plaintiff here, as the Coordinator of the Titling Program of the Agrarian Development Institute, signed the request made to the Board of Directors to proceed with the titling of, among others, a parcel to Mr. Nombre114599, indicating that all applicable legal provisions were being complied with. Against the aforementioned resolution, the plaintiff here had the opportunity to file motions for revocation and appeal, which were declared without merit. Subsequently, the Office of the Comptroller General, in resolution R-DC-160-2010 at 9:00 a.m. on October 25, 2010, resolved the appeals filed against resolution PA-11-2010, declaring them without merit; indeed, in its operative part, the Comptroller General, in favor of Mr. Nombre114734, determined to sua sponte eliminate the sanction of entry and re-entry to public positions that had been ordered in the appealed resolution (Folios 951 to 978 of Volume II of the digital administrative case file), meaning that, although the appeal was rejected, the appellant benefited by having part of the sanction imposed by the deciding body withdrawn, with the sanction of dismissal without employer liability remaining. Once the sanction was communicated to the Agrarian Development Institute, the Executive President of this institution filed, in an official communication dated December 14, 2010, motions for review and reconsideration, requesting the revocation of the sanctions imposed on its officials, based on aspects of form, substance, and even convenience (Folios 1005 to 1010 of Volume II of the digital administrative case file). This action was declared without merit by the Comptroller's Office in resolution No. R-DC-112-2011 at 11:00 a.m. on July 7, 2011 (Folios 1020 to 1028 of Volume II of the digital administrative case file). Therefore, once all the appeals filed in the procedure were resolved and the sanctioning resolution became final, it was communicated to the IDA for its due execution, and the IDA, via official communication No. ARH-915-2011 of July 21, 2011, notified Mr. Nombre114734 that the dismissal sanction was effective as of July 22, 2011 (Folio 250 of the judicial file). Taking into account the lack of specific reproach in this regard by the plaintiff, and as it has been possible to denote, in the actions of the Comptroller General of the Republic regarding the processed sanctioning administrative procedure, the minimum elements constituting the so-called principle of due process, which has been developed from judgments 15-90 and 1739-91 of the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, were respected, and therefore the claim is improper in that sense. Finally, on this same point, the plaintiff's argument that the procedure did not consider the Participation of the IDA's Labor Relations Board must be analyzed. The plaintiff submits, starting at folio 257 of the judicial file, a copy of the Collective Bargaining Agreement (Convenio Colectivo) signed under the protection of Guideline No. 162 between the IDA and the UNEIDA union on March 14, 1994, which establishes in its Article 47.3, as part of the competencies of the institution's Labor Relations Board: “47.3.3 To hear and resolve all conflicts that affect the workers before the imposition of the respective sanction”. Possibly, the plaintiff refers to this competence in his arguments, as he is not clear on this aspect, only mentioning that the sanctioning procedure followed against him did not comply with what is stipulated in the Collective Bargaining Agreement, and especially with the need for the aforementioned Board to participate in it. In this regard, it must be noted that Article 62 of the Political Constitution establishes: “Collective labor agreements that, in accordance with the law, are reached between employers or employers' unions and legally organized workers' unions shall have the force of law,” which is developed at a lower level of normative hierarchy by the Labor Code starting from its Article 54. In the theory of collective labor law, such agreements are considered “law between the parties” since the original constituents themselves wanted to give a special connotation to this type of labor agreement, meaning that it is a “law” for the purpose of having its provisions as mandatory in compliance, but between the parties, understood as those who sign the agreement, without it being able to have a scope of application beyond the signatories. Now, the Comptroller General of the Republic has competence granted by its Organic Law, as stated in its Article 6: “over all entities and bodies that make up the Public Treasury”, and since the procedure followed under number DAGJ-046-2008 concerned the State's natural heritage and therefore part of the Public Treasury, it had full capacity to process the disciplinary procedure and sanction the IDA officials with binding effect, excluding the application of other procedural regulations beyond its internal ones, namely the Organic Law and the Procedure Regulations in force at that date, published in Gazette No. 76 of April 20, 2007. Thus, it is not possible, as the plaintiff intends, for an external norm with no connection, such as the IDA's collective bargaining agreement, to be applicable to a procedure followed under the scope of the Comptroller's competencies. A-2. Regarding the alleged statute of limitations (prescripción). The plaintiff alleges that he should not be considered a public finance official (funcionario de Hacienda pública), and therefore the term established in the regulations of the Comptroller General of the Republic does not apply in his case, and consequently the procedure is time-barred (prescrito). This same argument was raised in the administrative venue, where the CGR resolved it, when in resolution PA-11-2010 it stated: “…the sanction of Article 72 of the Organic Law of the Comptroller General of the Republic, intimated to all the defendants in the present administrative procedure, has a statute of limitations period of 10 years, counted from the commission of the act, which, as intimated, implies the immediate cessation of their functions in any position without liability for the State. The foregoing is fundamental to refute the arguments on which the parties base the statute of limitations exception, as they refer to the period established in Article 71 of the Organic Law of the Comptroller General of the Republic, which was in force at the time the events occurred; however, this argument cannot be accepted, given that the norm in force at that time was clear in indicating that although the period was two years, these were counted from the proven knowledge of the infraction by the competent body to initiate the respective sanctioning procedure. On October 3, 2008, via official communication FOE-PGAA-0673, signed by Mr. Douglas Castro Salazar, Acting Manager of the General Public Environmental and Agricultural Services Area, the Relationship of Facts DFOE-PGAA-RH-3-2008 was transferred to the Legal Division, through which, among others, the facts that are the subject of the present administrative procedure were made known. Subsequently, through the opening act at eight o'clock on July tenth, two thousand nine, the present administrative procedure was initiated, which was notified between July 23 and August 3, 2009, to all the accused parties. Therefore, by virtue of the fact that it was not until October 3, 2008, that the Legal Division, the competent body to initiate the respective sanctioning procedure, became aware of the facts, the statute of limitations computation could begin, which was interrupted upon the notification of the initial act of the administrative procedure”. Furthermore, linked to the above, the classification as a public finance official is refuted; on this point, the same resolution PA-11-2010 expressed: “… in the case at hand, the defendants, through their actions, and specifically by affixing their signature and approval (visto bueno) to official communication STA-251 (see proven fact No. 3 and folios 004 and 006 of the administrative case file), disposed of an asset that was state heritage, understanding 'dispose' in this point in the sense that, thanks to the approval (visto bueno) they gave, a public domain asset (bien demanial) was permitted to be segregated and transferred in the name of a private individual, such that the disposal of public funds is clearly manifested, since if the defendants had not granted that approval, said property would never have left state ownership. On this point, it is important to establish that the property in dispute is part of the so-called 'Public Treasury' (Hacienda Pública) and that it in turn fulfilled a dual function: on the one hand, it was State property, having been declared a National Park since August 19, 1975, by means of Law No. 5773 called the Law of Creation of Chirripó National Park and expanded by Executive Decree No. 13496 of March 31, 1982, whereby we are clearly referring to public funds, in the sense of ‘assets owned by the state’; and on the other hand, it also functioned as a 'State resource', as we are facing the violation of a mechanism that the legal system implemented for the protection of the natural resources our country possesses. Therefore, the actions of the defendants here are perfectly characterized within the term public finance official…”.
This Court adopts the aforementioned reasoning, which contains elements deriving from the relationship between the applicable regulations and what occurred, and if one considers that in the pleading of this proceeding, the plaintiff only argues that he is not a public finance officer, but does not provide the reasons why he should not be considered as such, since he merely refers to the fact that the lands have never been State-owned, that the State has never expropriated them, and therefore they cannot be considered public domain property (bien demanial). Regarding the foregoing, he merely argues it but does not present reliable proof in the case file, since the fact of indicating that the lands had been possessed since before the entry into force of the law that created Chirripó National Park by the same person to whom they were titled, a situation that by all accounts does not in itself disprove that the lands that have been considered overlapped are public domain property, and that by their nature they are evidently barred from being transferred to private parties. Moreover, the plaintiff also fails to deny that the Legal Division of the CGR became aware of the facts until October 3, 2008, when official letter number FOE-PGAA-673 was communicated to it, by which the aforementioned division was notified of the events that ultimately gave rise to procedure DAGJ-046-2008, which itself began with the resolution that Mr. Nombre114734 personally received at 7:15 p.m. on July 23, 2009, as seen at folio 563 of volume I of the digital administrative file, that is, less than one year after the facts became known by the corresponding body responsible for processing the procedure. In addition to the foregoing, regarding the matter at hand, it is worthwhile to bring up what the Constitutional Chamber has indicated in various rulings, among them No. 2004-02199 of 12:59 p.m. on February 27, 2004:
“… In the preceding whereas clause (considerando), it was indicated that the ‘Public Treasury (Hacienda Pública)’ is an indeterminate concept whose specific definition corresponds, among others, to the legislator. Thus, in relation to the subjective scope of the concept, the Organic Law of the Comptroller General of the Republic, in its article 4, indicates that this body exercises its competence ‘(...) over all the entities and organs that make up the Public Treasury’ –passive subjects of its control or oversight–, thereby including every public entity or organ and public enterprises, extending even to subjects of Private Law when they administer or have custody of public funds or receive public transfers (article 8, paragraph 3, of the Organic Law of the Comptroller General of the Republic). Regarding the objective aspect of the Public Treasury, article 8 of the aforementioned law stipulates that ‘(...) it shall be constituted by public funds, the powers to receive, administer, safeguard, conserve, manage, spend and invest such funds and the administrative and financial legal norms relating to the budget process, administrative contracting, internal and external control and the responsibility of public officials (...) (italics not in the original). Additionally, article 10, paragraph 1, of the repeatedly cited legal text provides that the higher system of control and oversight comprises, among other aspects, ‘(...) the set of norms that regulate (...) the procedures, responsibilities and sanctions derived from that oversight or necessary for it’ (italics not in the original). Under this understanding, if the legal and financial norms relating to administrative contracting, the procedures, responsibilities and sanctions of officials who commit any irregularity in the management and disposal of the public funds allocated, form an integral part of the Public Treasury, there is no doubt whatsoever that the Comptroller General of the Republic has an unavoidable and indisputable competence in the oversight and control of such extremes, such powers being far from violating the Constitution’s Law but rather implementing it. In order to make effective the supervision competence of the Public Treasury belonging to the Comptroller General of the Republic and, more specifically, of the legal and technical norms on administrative contracting, the procedures, responsibility and sanctions of public officials who intervene in an eventual and presumed irregular, undue or improper handling of public funds, its organic law expressly and unequivocally enables or empowers that body to conduct audits (financial, operational and special) or to initiate administrative procedures or summary investigations (sumarios administrativos) against the passive subjects (public organs and entities) and their officials or public agents (articles 21 and 22).” Thus, when the natural heritage of the State is at stake, the official who affects it must be considered a public finance official, with the Comptroller General of the Republic being the body charged by law to follow an administrative procedure to sanction the conduct of officials who affect that heritage, and since the administrative procedure was initiated within the term established in the applicable norm (article 71 of the Organic Law of the Comptroller General of the Republic), the applicable action is to reject the argument put forth. A-2. Regarding resolutions numbered PA-11-2010 and R-DC-160-2011. Prior to analyzing the aforementioned acts, it must be indicated that in his arguments, the plaintiff outlines vague aspects for which he considers these resolutions to be: “incoherent, unfounded and illegal.” For example, he considers that there was no objective assessment of the evidence, that no field verification was conducted to determine that the lands had been well-delimited for many years, as he indicates that Mr. Nombre114599 has been a possessor since 1955, that they doubt the existence and the percentage of overlap of the property, he also indicated that the evidence offered was not assessed, and he argues that the plaintiff simply followed an official procedure, and that the certification (visado) of the cadastral map caused the IDA officials to make a mistake. It must be indicated that such arguments are not only ambiguous and general, but also lack sufficient legal support to consider the action null. Another clarification that must be made is that in the initial complaint filing, the plaintiff recorded as challenged the act of the Comptroller General of the Republic “No. R-DC-112-2011” (see claim visible at folio 58 of the judicial file), however, in that same filing he refers to resolution R-DC-160-2011 (see folio 41 of the judicial file) and the one presented as evidence attached to his initial filing is the latter (see photocopied document visible starting at folio 145 of the judicial file); as things stand, this Court must understand that the act appealed is R-DC-160-2011 and not the one recorded in the original claim. Now, of the two acts that must concern us, the first (PA-11-2010) is the resolution on the merits issued by the Directing and Resolving Body (Órgano Director y Resolutor) of procedure DAGJ-046-2008, by which the sanction of the investigated parties was ordered, and the second corresponds to the resolution of the Office of the Comptroller General (despacho del Contralor General), which, on appeal, resolved to declare without merit the appeal (recurso de Apelación) filed, among others, by Mr. Nombre114734 against resolution PA-11-2010. In the latter, and regarding the plaintiff herein, the Comptroller General of the Republic addressed the special situation of the official and attended to the arguments put forth in the administrative procedure, linking the improper action of the IDA to four proven aspects: first, the existence of cadastral map SJ-426486-97 corresponding to the parcel that was titled to Mr. Nombre114599, on the back of which it is indicated that the property was and still is within a national park with an approximate 10%; second, the oversight body refers to the Technical Sheet (Ficha Técnica) prepared by the IDA official José Alberto Campos Orozco (Folios 4 to 6 of Volume I of the digital administrative file), in which reference is made that the titling was done under Law 7599 and cites the indicated cadastral map, and moreover, the aforementioned sheet indicates that witnesses state that Nombre114599’s possession had been for about 10 years, meaning that 10 years had already passed since the creation of the park. As a third aspect, the Comptroller’s Office had official letter STA-251 of October 22, 1999, by which the package of parcels and lots to be titled under the Valle del General Project was recommended and forwarded, among which was the farm in question, and said official letter was signed off by the plaintiff herein, Nombre114734, as an IDA official, specifically acting as Coordinator of the Titling Program, in which document it is indicated that the requirements and conditions established in Law 7599 are met. Finally, the Comptroller’s Office relied on the evidence it requested once it became aware of the facts, when the Office of User Services of the National System of Conservation Areas (SINAC), in official letter SINAC-DS-OFAU-O-008-2009 of March 24, 2009, expressed that cadastral map No. SJ-426486-97, in the period consulted from 1999 through the date of the letter, is located within Chirripó National Park (Folio 43 and 44 of the digital administrative file). These arguments gave rise to the indication that the participation of several of the investigated officials, including Mr. Nombre114734, fully contributed to the action that led the IDA to title a property that had a part that belonged to a national park, thereby determining the affectation of public domain property due to the negligence and carelessness of the officials in the titling procedure of the Valle del General project, specifically on the farm titled to Mr. Nombre114599, sufficient reason to consider the action as serious to the interests of the State and therefore deserving of the sanction of dismissal without employer liability (despido sin responsabilidad patronal). It must be mentioned that it has been argued by the representative of the IDA in the trial hearing that there is disproportionality in the sanction; however, this Court considers that for the reasons stated, the affectation of the public domain due to the omitted and careless action of the plaintiff herein is more than sufficient to have administratively declared, as was done, the committed fault as serious, and as a consequence thereof, in applying the provisions of article 81 subsection 1) of the Labor Code, the appropriate action was to impose the corresponding sanction, that is, dismissal, without the argument that the plaintiff’s career as an official was unblemished being admissible, since it must be taken into account that labor disciplinary sanctions do not depend exclusively on the number of times an official is sanctioned, but on the severity of the fault under investigation, it being, as indicated, that in this case the severity is palpable when affronting the natural heritage of the State. Moreover, regarding Resolution R-DC-160-2011, the Comptroller’s Office, in due course, heard the criticisms made against the resolution brought on appeal, maintaining its stance regarding the basis and appropriateness of that resolution, as well as the sanction of dismissal against the official Nombre114734. It must be indicated that in both resolutions challenged herein, the oversight entity maintained the stance of separately analyzing the participation of each of the investigated parties to link them to the facts and the committed infraction, resolving what was pertinent for each of the arguments that the parties put forth during the procedure. Now, as indicated in preceding lines, Mr. Nombre114734 did not provide clear and precise arguments, since those mentioned refer to: that there was no objective assessment of the evidence, without identifying which specific evidence he was referring to, making it impossible for this Court to address that argument on those terms. On the other hand, he argues that no field verification was conducted to determine that the lands had been well-delimited for many years; this argument has no implication whatsoever in what was resolved, insofar as the evidence that the oversight body had was sufficient and reiterated in the sense of the existence of an overlap and that the public domain property was being affected. See what a body such as SINAC certifies, which refers to its study covering from the year 1999, the date on which the titling of the property occurred, showing that the property was already partially affected. Purely for the sake of elaboration, that overlap that the plaintiff herein disputes has even come to be reiterated and confirmed by a subsequent study requested by the Comptroller General of the Republic (Folios 508 to 514 of the judicial file). Nor can the fact that Mr. Nombre114599 may have possessed since 1955 detract from that fact, even with his testimony upon being examined on the day of the trial hearing, at which time he indicated having been in the place for many years before, but, in itself, this does not disprove the very nature of the property under discussion as natural heritage of the State. Furthermore, the plaintiff argues that he doubts the existence and the percentage of the overlap, but does not counter with any evidence what the Comptroller General of the Republic has maintained, i.e., its existence; he only relies on the statements of people who indicated on the IDA Sheet (prior to titling) that there was possession, but this does not imply that no part of the property is within the national park. In that sense, the testimony of both Mr. Nombre114599 and Mr. Nombre114735, a neighbor of Nombre114599’s property, would not bring greater criteria to the case file either, as they limited themselves to indicating how they had acquired the farms, mentioning that they had participated in the "realization" of lanes that divide the properties in the company of MINAE officials, without either of them being able to refer to whether said lanes invaded or did not invade lands of the National Park, which they only accepted that they bordered. Finally, witness Ronald Chan Fonseca, a SINAC official, could not specify whether in the locality of Cedral, where Mr. Nombre114599’s property is located, there are lanes or fences delimiting the boundary with the National Park, only indicating that they exist in certain parts, but that he did not know who made them. Having analyzed the said witness testimonies proposed by the plaintiff, none knew with any certainty whether or not there was an invasion of State lands. The plaintiff also indicates that he merely followed an official procedure, making reference to official letter number STA-251, on which he appears signing the document and what was stated therein, by indicating that there was participation by more officials who conducted the prior studies and endorsed all the documents for titling before he did; on this point, this Court considers that this is an argument that cannot be entertained, given that, although prior to act STA-251 the matter had been studied by other officials and IDA departments, this does not lessen the fact that none of the participants, including the Board of Directors, noticed the existence of an impossibility to transfer the property to a private party due to a portion being within a national park; this is a carelessness that likewise entails a responsibility, which is shared by all participants, since, as can be observed, the imposed sanction was not solely on Mr. Nombre114734, but on all those whom the Comptroller General of the Republic was able to link to the facts that, in concatenated fashion, resulted in the infringement of the duty of care of public servants and a violation of the principle of legality, insofar as the action of a public official must be in accordance with the law, and for this specific case, Law 7575 (Ley Forestal) in its article 14 establishes: “Unattachable and inalienable condition of the natural heritage. The forested lands (terrenos forestales) and forests that constitute the natural heritage of the State, detailed in the previous article, shall be unattachable (inembargable) and inalienable (inalienable); their possession by private parties shall not give rise to any right in their favor and the State’s claim for recovery (acción revindicatoria) for these lands is imprescriptible…”. Thus, if the administration is obligated to adhere to the legal order (articles 11 of the Political Constitution and the General Law of Public Administration), its officials must in their conduct be attentive to what the norms impose upon them as an obligation, and in the case that concerns us, although this Court understands the number of lots or parcels that may be being processed in the different titling procedures in an institution such as the IDA, it is precisely the officials' duty to corroborate that what is being done is in accordance with the law, given that in this case, the involved public servants knowing that the parcel to be titled in favor of Mr. Nombre114599 bordered Chirripó National Park, they should have made a greater effort to corroborate its boundaries and thereby rule out, applying what was indicated on the cadastral map they already had before them, that there was an overlap with the park lands and thus prevent the loss of a property that, by express provision of law, should never have left the hands of the State, a result that occurred and that merited the sanction that was imposed. Nor can the argument that the certification of the cadastral map by the Ministry of Environment and Energy caused the IDA officials to fall into error be admissible, since, in application of the duty of care, with public property at stake, as indicated, the officials who participated in the titling procedure should have paid more attention to what was established in that map and contrast it with reality, all of this prior to having continued processing the titling. From the foregoing, it becomes evident that from the way the plaintiff argues the alleged errors committed in the acts, the claimed nullity does not exist, since the elements thereof are not affected, and therefore they must be considered valid and effective acts. A-3. Regarding the nullity of act ARH-915-2011. This act, issued by Ms. Marlene Chaves Morales, Coordinator of the Human Resources Area of the IDA, dated July 21, 2011, is also challenged. By this act, once the remedies in the administrative procedure were exhausted and the IDA had been notified of what was resolved, Mr. Nombre114734 was notified of the sanction imposed by the Comptroller General of the Republic in resolution PA-11-2010, informing him that the dismissal was effective as of July 22, 2011 (Folio 250 of the judicial file). If, as indicated, the nullity of acts PA-11-2010 and R-DC-160-2011 could not be determined from what was argued by the plaintiff in this declaratory proceeding, much less can there be nullity in the act of execution of the sanction that had become final, since in accordance with the provisions of article 146 of the General Law of Public Administration, the Administration shall have the power to execute effective, valid, and voidable acts. Furthermore, in accordance with article 4 of the Organic Law of the Comptroller General of the Republic (No. 6815), when establishing the scope of competence of the oversight body, it indicates in its final paragraph: “…The criteria issued by the Comptroller General of the Republic, within the scope of its competence, shall be binding for the passive subjects subject to its control or oversight.” Hence, if the Comptroller’s Office communicated to the IDA the finality of the sanction resolution for Mr. Nombre114734, since the petition for reconsideration (recurso de reconsideración) and review filed by that institution had already been resolved, the only option for IDA, through its Human Resources department, owing to the binding nature of the CGR’s criteria, was to communicate to the official the execution of the dismissal, just as was done. Moreover, the plaintiff has made no specific criticism of that act itself in the present proceeding, and since it is an act of execution of those which were indicated as not being null, this latter one also would not entail any nullity.
XI.Regarding the rest of the claims put forth. In addition to the annulment claims analyzed and resolved in the preceding whereas clause (considerando), the plaintiff expanded his claims as follows: “ 1. That the present complaint be declared with merit in all its extremes. 2. That the dismissal be declared violatory of the collective bargaining agreement (convención colectiva). 3. That the IDA be ordered to immediately reinstate the undersigned to the position he held. 4. To be reinstated to the position I held prior to the dismissal with all rights and guarantees accumulated during my years of service to the IDA. 5. To be paid the salaries I ceased to receive from my dismissal until the effective reinstatement, with the increases decreed by the Government, school salary (salario escolar), year-end bonus (aguinaldo), and all other benefits received by IDA employees. 6. That the IDA be ordered to pay the contributions it ceased to pay to the CCSS. 7. That the IDA be condemned to pay material damage, objective and subjective moral damage, and damages (perjuicios) caused by the unlawful action, which entailed a patrimonial detriment since my salary represented the only source of income; psychological affectation caused by loss of all my years of continuous work; illegitimate breach of the employment contract; and for my illnesses; loss of my legal severance benefits (prestaciones legales) for all the time worked; discouragement and desperation due to lack of employment; affectation of my honor and my name as a public employee; all the above, for its psychological value, which I will estimate at the opportune moment. 8. That the IDA be condemned to pay the legal interest until the effective payment. 9. That the IDA be condemned to the corresponding indexation until the effective payment. 10. That the IDA be condemned to pay all the costs (costas) of this trial.” In principle, it is obvious that all these claims are directed against the Institute of Agrarian Development IDA now INDER, and are intimately related to the annulment claims, since those now being studied, except for the compensation ones which will be seen separately, relate to the effects that the declaration of nullity of the dismissal sanction imposed by the Comptroller General of the Republic on Mr. Nombre114734 would bring. However, as indicated in the preceding whereas clause, this Panel has not found merit in the plaintiff’s arguments to declare the nullity sought, therefore the rest of his claims, being an effect of the foregoing, would have no place whatsoever. Furthermore, it must be taken into account that the IDA, as expressed in its filings in the proceeding, as well as in the oral and public trial hearing, has not agreed with what was sanctioned and in its participation as the defendant party, it has rather been a kind of active “coadjuvant,” since it has put forth arguments contrary to the procedure and the sanction, which it has indicated affects institutional interests by having to dispense with valuable and highly experienced officials, as is the case of Mr. Nombre114734. However, the Court understands that due to the binding nature of the decision of the oversight body, the IDA can only execute it, especially since it made use of the possibility at the time to file petitions for reconsideration and review that were declared without merit, so by the very nature of the competence of the Comptroller General of the Republic in the matter, the position of the IDA is execution of the sanction, thus it proceeded to communicate it to its official. Thus, the criticisms leveled against the Institute have no place, not only because of its executing position, but also due to the obligatory nature of complying with what was ordered. It should also be taken into account that by resolution of the Procedural Judge of this Court number 178-2012 of 11:10 a.m. on May 10, 2012, the precautionary measure (medida cautelar) requested by the plaintiff was granted (Folio 321 of the respective binder). Therefore, from the moment said resolution was notified until the present, the plaintiff herein has been linked to his work in the position in which he is appointed at the IDA. Claim for damages. Within the object of the proceeding, we find item number 7 in which the IDA is requested to be condemned to pay material damage, objective and subjective moral damage, as well as the damages (perjuicios) caused. In this regard, as has been held in many judgments of this Court and of the First Chamber of the Supreme Court of Justice, at a first level of study of the Administration’s liability regime, the causal link that must necessarily exist between the conduct accused and the damage caused must be analyzed. In this case, from what was set forth above, the action of the Comptroller General of the Republic was in accordance with the law, with no nullity being found in the acts challenged for the reasons argued by the plaintiff, hence there would also be no damage whatsoever in the execution acts that the IDA had to perform in a binding manner, in which, and as a result of the non-existence of nullity of the sanction imposed, they also could not have produced any damage, thus breaking the causal link in this case, and therefore, without entering into further considerations, this Court must reject the compensations for damages that have been requested by Mr. Nombre114734.
XII.- Analysis of the defenses raised. Regarding the substantive defenses, the IDA raised none. On the other hand, concerning the exception of Lack of standing to be sued (Falta de legitimación pasiva) presented by the representation of the State, as indicated in whereas clause VIII of this judgment, it has been determined that in this case the State should not be held as a defendant party, as substantiated in the aforementioned whereas clause. Finally, regarding the exception of Lack of Right (Falta de Derecho) raised by the representation of the Comptroller General of the Republic, based on what has been set forth above concerning the total lack of merit of the plaintiff's claims, said defense must be granted and consequently the complaint is declared without merit in all its extremes. Given the outcome of the proceeding, it must be indicated that the precautionary measure ordered by the Procedural Judge of this Court in resolution number 178-2012 of 11:10 a.m. on May 10, 2012, shall cease to have effect once this judgment becomes final.
XIII.- Costs. In accordance with article 193 of the Contentious-Administrative Procedure Code, procedural and personal costs (costas procesales y personales) constitute a burden imposed on the losing party for the mere fact of being so. Relief from this condemnation is only viable when, in the Court's judgment, there existed sufficient reason to litigate or else, when the judgment is rendered by virtue of evidence whose existence the opposing party was unaware of. In this case, this Court considers that no cause exists to exempt the plaintiff from the payment of costs, therefore it is appropriate to condemn him to the costs of the proceeding and to the payment of interest thereon until their effective payment.
THEREFORE.
The exception of Lack of Standing to be sued is granted regarding the State. Furthermore, the defense of Lack of Right is granted. The complaint filed by Nombre114734 against the Institute of Agrarian Development IDA now INDER and the Comptroller General of the Republic is declared WITHOUT MERIT in all its extremes. Once this judgment becomes final, the precautionary measure ordered by the Procedural Judge of this Court by resolution number 178-2012 of 11:10 a.m. on May 10, 2012, shall cease to have effect. The plaintiff is condemned to pay the costs of this proceeding, as well as the interest thereon.
Notify.
Juan Luis Giusti Soto Ileana Sánchez Navarro Eduardo González Segura ASUNTO: PROCESO DE CONOCIMIENTO ACTOR: Nombre114734 DEMANDADOS: El Estado, el Instituto de Desarrollo Agrario y la Contraloría General de la República
Tribunal Contencioso Administrativo Sección V Clase de asunto: Proceso de conocimiento Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL ASUNTO: PROCESO DE CONOCIMIENTO ACTOR: Nombre114734 DEMANDADOS: EL ESTADO EL INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO (IDA), AHORA INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER) LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA No. 29-2013-V.
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN QUINTA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, Goicoechea, a las ocho horas treinta y seis minutos del veinte de marzo de dos mil trece.
Proceso de conocimiento establecido por RODRIGO CERVANTES BARRANTES, mayor, divorciado una vez, abogado, portador de la cédula de identidad CED90613, en su carácter de Apoderado Especial Judicial del señor Nombre114734 , mayor, casado una vez, oficinista, vecino de Dirección5658, , portador de la cédula de identidad número CED90691 -, contra El ESTADO, representado por la Procuradora Marianella Barrantes Zamora; El INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO (IDA) ahora INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER) representado por su apoderada Meybell Chévez Ruiz; y la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representada por sus apoderados Hansel Arias Ramírez y Fabio Salas Chinchilla.
RESULTANDO:
1.- En fecha 30 de agosto de 2011, se formula la demanda que ha dado origen al presente proceso, según los hechos que exponen y el derecho en el que se fundamentan, para que en sentencia se disponga, pretensiones que fueron confirmadas en audiencia preliminar: "Con base en los hechos expuestos y fundamentos de derecho señalados, solicito que en sentencia se declare y se ordene como consecuencia de la disconformidad de las conductas administrativas por actuación legítima o ilegítima de los actos enumerados en la pretensión como a) Acto Administrativo dictado por la Contraloría General de la República y que es Resolución PA-11-2010, que ordena con carácter vinculante aplicar la sanción de despido a mi representado, b) Acto Administrativo dictado por la Contraloría General de la República, y que es contenido en el oficio R-DC-112-2011, c) Acto que ordena el despido de mi Representado y que es oficio ARH-915-2011, suscrita por la Coordinadora del Área de Recursos Humanos, solicitamos: 1. Se declare con lugar en todos sus extremos la presente demanda. 2. Se declare violatorio a la convención colectiva el despido. 3. Se ordene al Instituto de D esarrollo Agrario , la inmediata reinstalación del suscrito al puesto que ocupaba. 4. Se le reinstale en puesto que ocupaba previo al despido con todos los derechos y garantías, acumulados durante mis años de servicio al IDA. 5. Se me cancelen los salarios dejados de percibir desde mi despido hasta la efectiva reinstalación, con los aumentos decretados por el Gobierno, salario escolar, aguinaldo, y, todos aquellos otros beneficios recibidos por los empleados del IDA. 6. Se ordene al IDA, cancelar las cuotas dejadas de pagar a la CCSS. 7. Se condene al IDA al pago del daño material, moral objetivo y subjetivo y, perjuicios causados por la actuación antijurídica, que conllev o (sic) un menoscabo patrimonial al haber representado mi salario la única fuente de ingresos; afectación psicológica ocasionada por perdida de todos los años de trabajo continuo; rompimiento ilegítimo del contrato de trabajo; y po (sic) la imposibilidad de emplearme nuevamente por mi edad cumplida; y por mis enfermedades; pérdida de mis prestaciones legales por todo el tiempo laborado; desanimo y desesperación por falta de empleo; afectación de mi honor y mi nombre como empleado publico; todo lo anterior, por su valor psicológico, para estos efectos lo estimaré en el momento oportuno. 8. Se condene al IDA al pago de los intereses de ley hasta el efectivo pago. 9. Se condene al IDA a la indexación correspondiente hasta el efectivo pago. 10. Se condene al IDA al pago de todas las costas de este juicio." (Folios 1 a 36, y 325 a 326 del expediente principal).
2.- Otorgado el traslado de ley, el representante del IDA, Víctor Julio Carvajal Garro (Folio 355 a 358 del expediente judicial) contestó la demanda sin oponer excepciones. Por su parte, los representantes de la Contraloría General de la República Hansel Arias Ramírez y Fabio Salas Chinchilla (folios 365 a 3 82 del expediente judicial), contestaron la demanda de manera negativa, planteando la excepción de Falta de Derecho. Finalmente, la Procuradora Marianella Barrantes Zamora (Folios 423 a 461 del expediente judicial), también contestó negativamente la demanda y opuso las defensa de Falta de Legitimación en lo que respecta al Estado y la Falta de Derecho.
3.- El actor solicitó medida cautelar anticipada que fue tramitada en legajo aparte y que fue atendida por el Juez de Trámite de este despacho en resolución número 178-2012 de las 11:1 0 horas del 10 de mayo de 2012 (Folio 321 del legajo respectivo), acogiéndola y en su parte dispositiva ordenó al IDA: " Se acoge la medida cautelar solicitada por Nombre114734 . se suspenden los efectos del acto administrativo de oficio N. 11844 de fecha 01 de diciembre, 2010, DJ-4051-2010 de la Contraloría General de la República, así como la Resolución R-DC-112-2011 de las once horas del siete de julio de dos mil once emitida por ésta y el oficio ARH-915-2011 del Instituto de Desarrollo Agrario. Se ordena la (sic) mantener la reinstalación del señor Nombre114734 en las funciones que venía ocupando, manteniendo inalterables sus condiciones de empleo. Esta medida se adopta por el tiempo en que se dilate el proceso de conocimiento o hasta que eventualmente alguna circunstancia de hecho motive su modificación o supresión, Se le indica a la parte promovente de la medida cautelar que la demanda deberá presentarse en el plazo de quince días, contados a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución; de lo contrario, se ordenará su levantamiento y se condenará a la parte solicitante al pago de los daños y perjuicios causados, los cuales se liquidarán por el trámite de ejecución de sentencia." (La negrilla es del original). Dicha resolución fue apelada por la representación de la Contraloría General de la República (folio 337 del legajo). Siendo que el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en sentencia número 589-2012 de las 09:35 horas del 3 de octubre de 2012, dispuso confirmar la resolución apelada (Folio 363 del legajo).
4.- La audiencia preliminar establecida en el ordinal 90 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que se encuentra grabada en el sistema digital de este Despacho, fue celebrada a partir de las 8:35 horas del veinticinco de octubre de 2012, con la asistencia de todas las partes (Folios 515 a 517 del expediente judicial).
5.- El día veintisiete de febrero de dos mil trece, se realizó el juicio oral y público en este asunto, con la presencia de todas las partes (ver acta de audiencia a folio 575 del expediente judicial). En este acto la parte actora presentó dos documentos, en el primero el abogado Rodrigo Cervantes Barrantes de común acuerdo con el señor Nombre114734 , convinieron en la renuncia del primero a continuar con la dirección profesional en el presente asunto (folio 572 del expediente judicial); además, en el segundo documento el señor Nombre114734 nombró como su abogado director al licenciado Luis Diego Álvarez Marín, quien aceptó el cargo (Folio 574 del expediente judicial), razón por la cual fue el Lic. Álvarez quien brindó su patrocinio letrado en la etapa del juicio oral y público.
6.- En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley y este Tribunal no ha determinado vicio u omisión susceptibles de producir nulidades que deban ser subsanadas. Se dicta esta sentencia una vez concluida la audiencia de juicio oral y pública, dentro del plazo de quince días hábiles establecido al efecto por el artículo 111.1 del Código Procesal Contencioso Administrativo y el artículo 82.1 del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Civil de Hacienda, previa deliberación de rigor y por unanimidad.
Redacta el juez Giusti Soto con el voto afirmativo de la juzgadora Sánchez Navarro y del juzgador González Segura;
CONSIDERANDO.
I.- Hechos probados. De relevancia para efectos del presente proceso se tienen los siguientes: 1) En el plano Catastrado Nº SJ-426486-97 de la finca inscrita a folio real Nº 1-500086-000 a nombre de Nombre114599 , en su anverso aparece un sello del visado Nº Placa21317 del Ministerio de Ambiente y Energía en el cual se indica: “Con base en la ubicación que aparece en este plano, el inmueble que describe se ubica DENTRO del Parque Nacional Chirripó 10% aprox., según Decreto Ejecutivo o Ley Nº 5773 y modific. Del 30-08-75 o dispuesto en la Ley Forestal Nº 7575 y legislación conexa. Se autoriza para efectos catastrales la inscripción de este plano. Fecha 04 AGO 1997” (Folio 1 del tomo I del expediente administrativo digital y Folio 534 y 535 del expediente judicial). 2) El funcionario del IDA José Alberto Campos Orozco, el 16 de setiembre de 1999, realizó inspección y llenó papeleo de titulación del Proyecto Valle del General, específicamente en torno a la parcela del señor Nombre114599 para titular a su nombre una finca de 83 hectáreas 1967 metros con 70 decímetros cuadrados, consignando que había parte de bosque, que la propiedad colindaba al este con el Parque Nacional Chirripó y haciendo alusión al plano catastrado Nº Placa21235 (folios 2 y 3 del tomo I del expediente administrativo digital). 3) Mediante oficio numerado STA-251-99, fechado 22 de octubre de 1999, los señores Nombre114734 , Coordinador de Programas de Titulación, con el Visto Bueno del Asesor Federico Villalobos Chacón y además el visto bueno del señor Agustín Villalobos Salazar de la Dirección Formación Desarrollo Asentamientos, todos del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), presentan a la Junta Directiva de la Institución solicitud de segregación y traspaso de 34 lotes y parcelas que describen del Proyecto Valle del General, solicitud sustentada en la recomendación de la Oficina Regional de San Isidro y el visto bueno de la Coordinación de la Región Brunca, incluyendo entre la solicitud al señor Nombre114599 , cédula CED90614, parcela 91452 con una medida de ochenta y tres hectáreas mil novecientos sesenta y siete metros con setenta decímetros y un precio de treinta y seis millones cuatrocientos ochenta y cuatro colones. (Folios 4 a 6 del Tomo I del expediente administrativo digital). 4) En acta de sesión de Junta Directiva del IDA Nº 078-99 celebrada el 27 de octubre de 1999, en su acuerdo numero dos, de conformidad con la STA-251-99, autorizó segregar y traspasar treinta y cuatro lotes y parcelas del Proyecto Valle del General, indicando que ello se daba al cumplir con las condiciones y requisitos establecidos en la Ley 7599 (Folio 7 al 13 del tomo I expediente administrativo digital). 5) Mediante escritura numero 24 del Tomo doce del Protocolo del notario Alex Benjamín Gen Palma, escritura del 25 de noviembre de 1999, de las nueve horas, se materializó el traspaso de los treinta y cuatro lotes y parcelas del Proyecto Valle del General, incluyendo la parcela titulada al señor Nombre114599 (Folios 17 a 30 del tomo I del expediente administrativo digital). 6) Por Oficio número DAGJ-0359-2009 de 10 de marzo de 2009, la División de Asesoría y Gestión Jurídica de la Contraloría General de la República, solicitó a la Oficina de Atención al Usuario del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) certificar las afectaciones legales sobre varias fincas, entre ellas la finca cuyo plano catastrado es SJ-426486-97, del Proyecto Valle del General cuyo beneficiario lo fue el señor Nombre114599 (Folios 41 y 42 del expediente administrativo digital). 7) La anterior solicitud fue contestada en oficio SINAC-DS-OFAU-O-008-2009 de 24 de marzo de 2009, en el cual se indica que el plano catastrado Nº SJ-426486-97 en el período consultado desde 1999 a la fecha del oficio, se encuentra dentro del Parque Nacional Chirripó (Folio 43 y 44 del expediente administrativo digital). 8) La División Jurídica de la Contraloría General de la República, constituida como Órgano Director, en resolución de las 8 horas del 10 de julio de 2009, dio apertura al procedimiento administrativo Nº DAGJ-046-2008, tendiente a averiguar la verdad real de los hechos así como la presunta responsabilidad disciplinaria de varios funcionarios del Instituto de Desarrollo Agrario, entre ellos el señor Nombre114734 , acto en el cual se determinaron los hechos, imputándosele posible transgresión del principio de legalidad al permitir que se segregara y traspasara una finca que está afectada por la Ley Forestal donde se determina que los parques nacionales son declarados como patrimonio natural del Estado, específicamente en el Parque Nacional Chirripó, se les indicó las posibles sanciones a aplicar, además se les convocó a audiencia oral y publica para los nueve horas del jueves 27 de agosto de 2009, en el piso trece del edificio de la CGR debiendo aportar antes o en esa fecha los alegatos y pruebas, se les dejó abierta la posibilidad de revisar el expediente administrativo, se les previno determinar lugar donde atender notificaciones, e indicó además los recursos que cabían contra dicha resolución (Folios 45 a 54 del tomo I del expediente administrativo digital). 9) A folio 63 del tomo I del expediente administrativo digital, aparece el acta de notificación de la resolución de las 12:45 horas del 28 de julio de 2009, al señor Nombre114734 . 10) El día 30 de julio de 2009, el señor Nombre114734 , presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra el acto de apertura del procedimiento DAGJ-046-2008 (Folios 73 a 74 del expediente administrativo digital). 11) La División Jurídica de la CGR, en resolución de las 8:30 horas del 19 de agosto de 2009, conoció de los recursos de revocatoria presentados contra la resolución inicial del procedimiento, entre ellos el presentado por el señor Nombre114734, atendiendo las argumentaciones esgrimidos específicamente por él, resolviendo declarar sin lugar el recurso de revocatoria (Folio 88 a 95 del tomo I del expediente administrativo digital). Resolución que le fue notificada vía fax al señor Nombre114734 el día 19 de agosto de 2009 (folio 10 7 del expediente administrativo digital). 12) Mediante oficio DJ-0677-2009 del 21 de agosto de 2009, se trasladó al despacho de la Contralora el recurso de apelación presentado en subsidio entre otros por el señor Nombre114734 (Folio 118 del expediente Digital). 13) Por resolución Nº R-DC-50-2009, de las 16 horas del 17 de setiembre de 2009, el despacho del Contralor dispuso declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el señor Nombre114734 (Folio 120 a 127 del tomo I del expediente administrativo digital). Resolución notificada al interesado por vía fax el día 23 de setiembre de 2009 (folio 131 del tomo I del expediente administrativo digital). 14) La División Jurídica de la CGR en resolución de las 10:30 horas del 5 de octubre de 2009, una vez resueltos los recursos presentados contra el acto inicial del procedimiento, dispuso citar a las partes para audiencia oral y pública a partir de las 9 horas del viernes 6 de noviembre de 2009, en la sala de conferencias del tercer piso del edificio anexo a la sede de la CGR (Folio 143 del tomo I del expediente administrativo digital). Resolución notificada al señor Nombre114734 el 7 de octubre de 2009 vía fax (Folio 147 del tomo I del expediente administrativo digital). 15) Ante la incapacidad de uno de los investigados, el Órgano Director dispuso en resolución de las 11:30 horas del 20 de octubre de 2009, variar la fecha de la audiencia oral y publica para el día 23 de noviembre de 2009 a las 9 am. (Folio 196 del tomo I del expediente administrativo digital). 16) En fecha 17 de noviembre de 2009, el abogado de otro de los investigados, solicitó reprogramar la audiencia citada debido a unos señalamientos judiciales (Folio 214 del tomo I del expediente administrativo digital). Ante lo cual el Órgano Director en resolución de las 8:30 horas del 19 de noviembre de 2009, varió nuevamente la audiencia para las 9 horas del 9 de diciembre de 2009 (folios 223 y 224 del tomo I del expediente administrativo digital). 17) Ante pedido expreso del abogado del señor Nombre114734 quien alegó la incapacidad de su cliente (folio 259 del Tomo I del expediente administrativo digital), el Órgano Director en resolución de las 14:30 horas del 8 de diciembre de 2009, varió la audiencia para las 9 horas del 6 de enero de 2010 (folios 223 y 224 del tomo I del expediente administrativo digital).18) En escrito visible a partir del folio 322 y hasta el 513 del tomo I del expediente administrativo digital, el señor Nombre114734 ofreció su "Declaración y consideraciones referentes al procedimiento administrativo DAGJ-046-2008", así como la prueba que consideró pertinente al respecto. 19) Según consta a partir del folio 514 del tomo I del expediente administrativo digital, el día 6 de enero de 2010 a partir de las 9:10 horas, se celebró la audiencia oral, con la participación entre otros del señor Nombre114734 quien se hizo acompañar de su representante Aaron Rodríguez Cruz. 2 0) El Órgano Director del P rocedimiento, mediante resolución Nº PA-11-2010 de las 12:30 horas del 3 de febrero de 2010, resolvió por el fondo el asunto y en cuanto al señor Nombre114734 recomendó de forma vinculante el despido sin responsabilidad patronal así como la prohibición de ingreso o reingreso a un cargo de la hacienda pública por un plazo de 5 años (Folios 616 a 667 del tomo I del expediente del expediente administrativo digital y de folio 93 a 145 del expediente judicial). Dicha resolución le fue notificada al señor Nombre114734 el día 5 de febrero de 2010 por la vía del fax (Folio 671 del tomo I expediente administrativo digital). 21) El señor Nombre114734 en escrito presentado el día 1 0 de febrero de 2010, presentó revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución Nº PA-11-2010 (Folios 750 a 757 del expediente administrativo digital). 22) La División Jurídica de la Contraloría General de la República en resolución de las 14:30 horas del 9 de marzo de 2010, procedió a analizar los recursos presentados contra la resolución Nº PA-11-2010, resolviendo cada una de las argumentaciones esgrimidas por separado por cada una de las partes, y en lo tocante al señor Nombre114734, declaró sin lugar el recurso de revocatoria presentado (Folio 812 a 837 del tomo I del expediente administrativo digital). 23) Mediante oficio DJ-0991-2010 del 15 de marzo de 2010, la División Jurídica, trasladó la apelación a la Contralora General para que procediera a conocer del recurso en alzada (Folio 855 del Tomo I del expediente administrativo digital). 24) El Despacho de la señora Contralora General de la República en resolución R-DC-160-2010 de las 9 horas del 25 de octubre de 2010, resolvió los recursos de apelación presentados contra la resolución PA-11-2010, entre ellos el del señor Nombre114734 , declarándolo sin lugar, pero en su parte dispositiva determinó suprimir de oficio la sanción de ingreso y reingreso a cargos públicos del señor Nombre114734 (Folios 951 a 978 del tomo II del expediente administrativo digital y Folios 145 a 172 del expediente judicial). Esta resolución le fue notificada al señor Nombre114734 mediante fax el día 1 de noviembre de 2010 (folio 990 del tomo II del expediente administrativo digital). 25) La División Jurídica de la Contraloría General de la República en oficio Nº DJ-4051-2010 de 1 de diciembre de 2010, comunicó al Presidente Ejecutivo y al Presidente de la Junta Directiva ambos del Instituto de Desarrollo Agrario, acerca de la resolución PA-11-2010 a efectos de ejecutarla y comunicarle a la Contraloría al respecto en el plazo de ocho días (Folios 999 al 1002 del tomo II del expediente administrativo digital). 2 6) El Presidente Ejecutivo del IDA en oficio PE-2839-2010 de 14 de diciembre de 2010, presentó ante la Contraloría General de la República recurso de revisión y reconsideración contra lo resuelto alegando aspectos de forma y fondo que considera amerita la revocatoria de las sanciones impuestas a los funcionarios de esa institución (Folios 1005 a 1010 del tomo II del expediente administrativo digital). 27) El Despacho del Contralor en resolución Nº R-DC-112-2011 de las 11 horas del 7 de julio de 2011, respecto de la gestión de revisión presentada por el Presidente Ejecutivo del IDA, la declaró sin lugar (Folios 1020 a 1028 del tomo II del expediente administrativo digital). Resolución que le fuera notificada al señor Nombre114734 vía fax el día 11 de julio de 2011 (folio 104 2 del tomo II del expediente administrativo digital). 28) La Licda Marlene Chaves Morales, Coordinadora del Área de Recursos Humanos del IDA, mediante oficio Nº ARH-915-2011 de 21 de julio de 2011, le comunicó al señor Nombre114734 la sanción impuesta por la Contraloría General de la República en resolución PA-11-2010, indicándole que el despido regía a partir del 22 de julio de 2011 (Folio 2 50 del expediente judicial). 29) El Programa de Regularización de Catastro y Registro, a pedido de la Contraloría General de la República, en oficio Nº UE-1736-2012 de 24 de octubre de 2012, en torno a la ubicación exacta del plano catastrado número 1-4265486-1997, respecto al Parque Nacional Chirripó y la naturaleza de ese terreno con relación a su cobertura forestal, concluyó que: "...el terreno se ubica parcialmente dentro del Parque Nacional Chirripó (aproximadamente un 6% del área del plano). Esta ubicación se efectuó utilizando como insumo la Hoja Cartográfica San Isidro escala 1:50000. En la imagen 2 se muestra la ubicación del plano con respecto al parque.", además indica que: " A partir de la información suministrada por FONAFIFO, se identifica que el terreno descrito con el plano catastrado 1-4265486-1997, tanto en la porción que se traslapa con el Parque Nacional Chirripó, como el resto del terreno, se encuentra sobre puesto parcialmente a la categoría forestal" (Folios 503 a 514 del expediente judicial)
II.Hechos no probados. De relevancia para efectos del presente proceso se tienen los siguientes: 1) Que la División Jurídica de la Contraloría General de la República tuviera conocimiento de los hechos que investigó en el procedimiento DAGJ-046-2008, antes del 3 de octubre de 2008, fecha del oficio número FOE-PGAA-673 del Área de Servicios Públicos Generales Ambientales y Agropecuarios de la CGR. (No se ha comprobado esa circunstancia). 2) Que la porción del terreno del Parque Nacional Chirripó que se indica está traslapada en el inmueble titulado a favor del señor Nombre114599 en el año de 1999 por parte del IDA, no sea parte del patrimonio natural del Estado (No se ha comprobado esa circunstancia)
III.- Objeto del proceso. Analizadas las alegaciones y peticiones de las partes involucradas en este conflicto, se determina como objeto del proceso: Con base en los hechos expuestos y fundamentos de derecho señalados, solicito que en sentencia se declare y se ordene como consecuencia de la disconformidad de las conductas administrativas por actuación legítima o ilegítima de los actos enumerados en la pretensión como a) Acto Administrativo dictado por la Contraloría General de la República y que es Resolución PA-11-2010, que ordena con carácter vinculante aplicar la sanción de despido a mi representado, b) Acto Administrativo dictado por la Contraloría General de la República, y que es contenido en el oficio R-DC-112-2011, c) Acto que ordena el despido de mi Representado y que es oficio ARH-915-2011, suscrita por la Coordinadora del Área de Recursos Humanos, solicitamos: 1. Se declare con lugar en todos sus extremos la presente demanda. 2. Se declare violatorio a la convención colectiva el despido. 3. Se ordena al IDA, la inmediata reinstalación del suscrito al puesto que ocupaba. 4. Se le reinstale en puesto que ocupaba previo al despido con todos los derechos y garantías, acumulados durante mis años de servicio al IDA. 5. Se me cancelen los salarios dejados de percibir desde mi despido hasta la efectiva reinstalación, con los aumentos decretados por el Gobierno, salario escolar, aguinaldo, y, todos aquellos otros beneficios recibidos por los empleados del IDA. 6. Se ordene al IDA, cancelar las cuotas dejadas de pagar a la CCSS. 7. Se condene al IDA al pago del daño material, moral objetivo y subjetivo y, perjuicios causados por la actuación antijurídica, que conllevó un menoscabo patrimonial al haber representado mi salario la única fuente de ingresos; afectación psicológica ocasionada por p érdida de todos los años de trabajo continuo; rompimiento ilegítimo del contrato de trabajo; y por mis enfermedades; pérdida de mis prestaciones legales por todo el tiempo laborado; desanimo y desesperación por falta de empleo; afectación de mi honor y mi nombre como empleado publico; todo lo anterior, por su valor psicológico, para estos efectos lo estimaré en el momento oportuno. 8. Se condene al IDA al pago de los intereses de ley hasta el efectivo pago. 9. Se condene al IDA a la indexación correspondiente hasta el efectivo pago. 10. Se condene al IDA al pago de todas las costas de este juicio.".
IV.- Alegatos de las partes. El actor indica que labor ó para el IDA desde el 25 de noviembre de 1968 (43 años de servicio). Que por resolución PA-11-2010 de 3 de febrero de 2010, la Contraloría General de la República (CGR) sancionó a varios funcionarios del IDA con el despido, entre los cuales él se encuentra. Alega que el procedimiento sancionatorio es violatorio de los principios generales que rigen la materia del debido proceso, al ser carente de valoración objetiva de la prueba a la luz del principio de la sana critica, con omisiones tanto de forma y fondo, llegándose a concluir una causa falsa y de generalización apresurada, que derivó en un resolución incoherente, infundada e ilegítima. Que mediante resolución infundada de 9 de marzo de 2010, la división jurídica de la CGR, sin mayores razonamientos, desestimó los alegatos y declaró sin lugar los recursos de revocatoria interpuestos contra la resolución PA-11-2010. Alega que mediante resolución R-DC-160-2010 de 25 de octubre de 2010, el Órgano contralor declaró sin lugar los recursos y de oficio modificó en algunos extremos el PA-11-2010. Mediante oficio 11844 de 1 de diciembre de 2010, la división jurídica de la CGR comunicó al Presidente Ejecutivo del IDA la firmeza de la resolución dictada. Que por escrito presentado el 14 de diciembre de 2010, el IDA interpuso recurso de revisión y reconsideración contra la resolución PA-26-2010 que ordenaba el despido sin responsabilidad patronal al no estar de acuerdo con la sanción impuesta y estimar que fue demasiado grave y que además se afectan intereses institucionales. Mediante resolución R-DC-112-2011 de 7 de julio de 2011 se declaró sin lugar dicha gestión, razón por la cual la orden de despido debía ser cumplida a más tardar el 21 de julio de 2011, lo que ocurrió mediante oficio ARH-915-2011. Indica que con el despido se le causa un daño grave e irreparable, por lo que se acogió a su favor la medida cautelar urgentísima. Manifiesta que el proyecto de titulación con el cual no está de acuerdo la CGR denominado "Proyecto de Titulación Valle del General" fue creado por el Estado mediante Decreto Ejecutivo 2621-G publicado en la Gaceta del 17 de noviembre de 1972 e inscrito a favor del ITCO a Folio Real Nº 1-209478-000 con un área de 200.000 hectáreas cuya finalidad lo era otorgar escrituras a todas aquellas personas que establecía el artículo 3 de la ley 6054, siendo que los títulos tramitados superan los 8233. Que la CGR basado en un estudio de la Auditoria General del IDA interpretó que de esas titulaciones, una podría afectar patrimonio natural del Estado por lo que recomendó la apertura de un Órgano director. En cuanto al procedimiento seguido en la titulación, expresa que la oficina regional del IDA de Pérez Zeledón, recibió la solicitud para otorgar título al señor Nombre114599 para un inmueble de 83 hectáreas 41967.70 metros cuadrados, siguiendo los procedimientos y que el solicitante cumplía los requisitos de la ley. Que el funcionario Campos Orozco realizó inspección el 16 de setiembre de 1999, encontrando que todo está a derecho, recomendando el otorgar el título de propiedad. Posteriormente, los funcionarios Álvaro Chanto Ureña jefe de la oficina de Pérez Zeledón, y el Ingeniero Bernal Mora Calvo coordinador agrario de la región Brunca, estudiaron el expediente del señor Nombre114599 y otros 53 expedientes y los remiten a la Unidad de titulación para el tramite respectivo ante la Junta Directiva. Que la Junta Directiva conoció de la solicitud, acuerda la segregación y traspasó los 53 inmuebles en sesión del 27 de octubre de 1999, asignado al notario Alex Gen Palma para confeccionar las respectivas escrituras, firmándose el protocolo para la formalización el 25 de noviembre de 1999. Que la CGR en los años 2007 y 2008 realizó un estudio de mas de 8000 expedientes, llegando a considerar que el título otorgado al señor Nombre114599 habían 8 hectáreas que eran parte del Parque Nacional Chirripó, violentándose la propiedad del Estado. El actor alega que en el procedimiento no hubo verificación en el campo, ni de parte del MINAE, ni del Órgano director, siendo el límite divisorio del parque una línea imaginaria, e indica que de haberse hecho la inspección otra realidad se hubieran encontrado, de lo cual ofrecieron prueba, como por ejemplo que el dueño es poseedor de manera traslativa de dominio desde el año de 1955 o sea 20 años antes de la creación del parque y que sobre la porción de tierra que se indica nunca se le expropió, ni pagado centavo alguno en carácter de indemnización. Dice el actor que existe duda realmente del traslape y cuanto es realmente el área supuestamente traslapada por cuanto primero dijeron que era un 10 %, pero luego el MINAE cuando hace segregaciones dice que es un 4%, y que también existe duda en cuanto al límite del parque, pues el señor Nombre114599 es el que limpia los carriles desde 1975 y en la práctica el límite siempre han sido los terrenos del señor Nombre114599. Alega que el Órgano director sin verificación real de los hechos en el campo, sin tomar en cuenta las pruebas ofrecidas y existiendo una serie de dudas razonables, determinó el despido de tres funcionarios con muchos años de laborar para la institución, ello tan solo por haber firmado el oficio STA-251 del 22 de octubre de 1999 que trasladó la documentación para ser conocida por la Junta Directiva, siendo que en el mencionado oficio lo que se hizo fue seguir el trámite institucional por estar así establecido en los procedimientos. Expresan que los funcionarios despedidos han probado en sus declaraciones y documentos aportados que actuaron apegados a derecho, que nunca se apartaron de los procedimientos y lo único que hicieron fue cumplir con la remisión de 53 expedientes para su titulación, los que ya venían revisados por funcionarios de la Oficina Subregional de San Isidro y el Director Regional. Que el MINAE en el año 1997 visó el plano cuyo fin era la titulación, aun cuando existía un traslape haciendo incurrir en error a los funcionarios regionales del IDA. Por otra parte, alega que el procedimiento estaba prescrito y que él no es funcionario de hacienda como lo califica la CGR. Expresa que no se ha causado daño alguno al Estado, pues en la práctica las tierras nunca han pertenecido al Estado, ni ha ejercido posesión, siendo que no le corresponde a la CGR indicar a quien le pertenece los terrenos. También alega que el despido nunca fue conocido por la Junta de Relaciones laborales, aunque fuese para una mera constatación, con lo que se violenta la Convención Colectiva de UNUEIDA y el Reglamento de la Junta de Relaciones Laborales y los diversos votos de la Sala Constitucional. Que la CGR aduce contradicciones y mal manejo de la información, lo que fue refutado con la prueba presentada, como Órgano inquisidor y en su función de juez y parte no analiza la prueba presentada y se fundamenta solo en la prueba de la propia administración, por lo que es nulo lo actuado.
V.- Por su parte, el Presidente Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Agrario en su contestación de la demanda, indica que la sanción de despido fue impuesta y ordenada de forma vinculante por la CGR dentro del expediente DAGJ-46-2008 y que dicha sanción no es compartida por el instituto, razón por la cual dentro del expediente administrativo el IDA planteó recurso de revisión contra la resolución PA-11-2010. Expresa que en el caso existió un desequilibrio en la medida de despido impuesta al señor Nombre114734, al tomarse en cuenta la existencia de múltiples factores jurídicos exculpantes, la basta prueba documental presentada al expediente. Y que, la sanción afecta de forma directa al instituto al perderse un funcionario de experiencia amplia y calificada. Indica además que comparten con el actor que en el procedimiento administrativo tramitado por el ente contralor existieron una serie de vicios procesales, principalmente relacionados con faltas al debido proceso.
VI.- Por su parte, los representantes de la Contraloría General de la República, manifiestan que mediante resolución del 10 de julio de 2009 se inicio procedimiento administrativo bajo el expediente número DAGJ-046-2008, intimando al señor Nombre114734 y otros funcionarios del IDA sobre una presunta falta cometida contra el artículo 11 de la LGAP y los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Forestal. Que en resolución PA-11-2010 de 3 de febrero de 2010 se resolvió el procedimiento imponiendo al aquí actor una sanción de despido sin responsabilidad patronal y la prohibición de ingreso o reingreso a un cargo de la Hacienda Pública por un plazo de 5 años. Que el funcionario presentó recurso de revocatoria con apelación, siendo el primero resuelto y enviado al despacho del Contralor, quien en resolución R-DC-160-2011 declaró sin lugar la apelación. Además, indican que el Presidente Ejecutivo del IDA presentó recurso de revisión por la forma el 14 de diciembre de 2010, resuelto sin lugar mediante resolución R-DC-112-2011 de 7 de julio de 2011. Manifiestan que contrario a lo indicado por la parte actora, no existen dudas sobre la delimitación del Parque Nacional Chirripó, pues mediante plano SJ-426486-1997 visado por el MINAE en el anverso se indica que en el terreno titulado al señor Nombre114599 se identifica que aproximadamente un 10% esta dentro del parque nacional. Que el documento STA-251 no es un simple traslado de información, pues en este los funcionarios sancionados emiten una solicitud dirigida a la Junta Directiva del IDA para proceder a la segregación y traspaso de un total de 34 parcelas para proceder con la titulación, documento en el cual no se considera la afectación a terrenos del parque nacional. Alegan que el escrito carece de razonamientos concretos sobre el fondo del asunto y que los argumentos se entremezclan de forma imprecisa. En cuanto a la inconformidad a la condición de funcionario de hacienda pública del actor y del plazo de prescripción, indican que el tema fue abordado en la resolución 11-2010. Que en el artículo 8 de la Ley 7248 (Ley Orgánica de la CGR) la hacienda pública no solo esta constituida por los valores monetarios y patrimoniales, sino también aquellos aspectos de la fiscalización relacionados con el control interno y externo, el proceso presupuestario, la contratación administrativa y la responsabilidad de los funcionarios públicos. Que el artí culo 71 de la Ley 7248 establece un plazo de prescripción de cinco años contados a partir del acaecimiento del hecho, siendo que en el caso concreto la División Jurídica de la CGR tuvo conocimiento de los hechos hasta el 3 de octubre del año 2008, momento a partir del cual empieza a correr el plazo. Que el actor, al firmar el oficio STA-251 en el cual se recomienda la titulación de un bien patrimonio del Estado, contribuyó a que el IDA dispusiera de una parte de un parque nacional, incurriendo en conductas que afectaron la hacienda publica. Alegan que como bien de dominio público está totalmente excluida de toda posibilidad de apropiación por parte de sujetos privados. Indican que dicha situación se había advertido desde el visado del plano por parte del MINAE, adicionalmente el Sistema Nacional de Áreas de Conservación había señalado en el año de 2008, que el inmueble se encontraba dentro del parque, todo lo cual fue corroborado por la CGR en el procedimiento, ubicándose plenamente el inmueble de marras. Que la existencia o no de expropiaciones sobre el bien no es un argumento que permita cuestionar la naturaleza demanial del bien, tampoco consideran relevante analizar la existencia de poseedores de buena o mala fe en dicho terreno y que de así conocerlo un funcionario publico está obligado a dilucidar primero tal situación, solicitando y recomendando la disposición de tales bienes a favor de sujetos privados. En cuanto a los supuestos vicios del procedimiento, indican que a pesar de la aseveración de la parte actora no aporta ningún elemento de prueba que sustente el dicho, tampoco hace alusión directa a la prueba que supuestamente no fue adecuadamente valorada. Aducen que con la lectura de la documentación atinente a ese procedimiento se puede corroborar la contundencia de los ocho hechos probados que se identificaron en la resolución PA-11-2010 que constituyeron los elementos concretos y específicos que permitieron inferir de forma certera que el actor incurrió en graves faltas en contra del bloque de legalidad.
VII.- La Procuraduría General de la República , en su contestación manifestó que con la actuación del actor se propició el tramite de titulación de la finca número 91452 sin hacer salvedad u observación alguna de que un 10% del área total del inmueble formaba parte del Parque Nacional Chirripó. Indica que no existe la alegada violación al debido proceso, pues la CGR es la entidad legal competente para llevar este tipo de procedimiento administrativos disciplinarios y que el caso se inicio comunicándole al investigado, intimándole los cargos, y convocándolo a audiencia oral, que el investigado pudo presentar revocatoria contra el traslado de cargos, gestión que se rechazó y se notificó, se recabó la prueba ofrecida en audiencia realizada el 6 de enero de 2010 y una vez realizado esto se procedió a dictar la resolución PA-11-2010 debidamente fundamentada. Que ante inconformidad del investigado presentó los recursos del caso que fueron debidamente resueltos y notificados, además se conoció del recurso interpuesto por el IDA, con lo cual consideran se respetó el debido proceso. Alegan que al actor no le asiste derecho en sus pretensiones, ya que los terrenos del patrimonio natural del Estado no pueden ser traspasados a particulares, por lo que la actuación investigada al aquí actor fue contraria a la ley forestal y la ley de tierras y colonización, al haber rubricado el actor el oficio Placa21318, por lo que no hay argumento alguno que pueda justificar sus actuaciones, la responsabilidad es personal, objetiva y no se extingue con la de los otros posible involucrados. Expresa que con su actuar le causó grave daño al interés publico al intervenir en la adjudicación de un bien demanial, pues se encontraba obligado a velar por la conservación de patrimonio publico. Violentó el deber de probidad que se establece en los artículos 3 y 4 de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito, y gracias a la negligente actuación del actor se permitió que un bien natural del Estado fuera traspasado a un particular. En cuanto al cobro de daño material, moral objetivo y subjetivo, y perjuicios reclamados, los considera improcedentes, pues la CGR en uso de la potestad disciplinaria otorgada por el ordenamiento jurídico, y en vista de la falta grave cometida, procedió al despido del puesto que ocupaba el actor en el IDA. Indica que la carga probatoria de todo daño le corresponde al actor, siendo que respecto del daño material no aportó prueba alguna de su existencia, ni del nexo de causalidad. Sobre el daño moral es improcedente, pues el actuar de la administración estuvo apegado a derecho y existe en la especie culpa de la victima como causal eximente de responsabilidad de la administración por su actuación indebida y además no existen elementos probatorios en autos necesarios para acreditar el daño moral alegado.
VIII.- Sobre la Legitimación pasiva en el caso. En este proceso se ha tenido como parte demandada tanto al Estado, como a la Contraloría General de la República (CGR) y al Instituto de Desarrollo Agrario (IDA). Respecto de este último hay que indicar que al inicio del proceso se conocía a esa institución con ese nombre, pero con posterioridad el mismo sufrió una variación siendo ahora conocido como el Instituto de Desarrollo Rural (INDER). En torno al llamado del Estado, la Procuradora asignada, ha manifestado la improcedencia de haber sido integrado, pues aduce que es la Contraloría General de la República la que actuó directamente y son sus actuaciones las que han sido impugnadas. Al respecto se tiene que lleva razón la Procuraduría, en el tanto, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 5) del artículo 12 del Código Procesal Contencioso Administrativo, existe una doble posibilidad de traer a los procesos al órgano contralor: la primera conjuntamente con el Estado cuando: “…el proceso tenga por objeto la conducta administrativa de aquella, relacionada con el ejercicio de su competencia constitucional y legal”; y por otra parte, se traerá conjuntamente con el ente fiscalizado, cuando “ …el proceso tenga por objeto una conducta administrativa sometida a su control, en el ejercicio de sus potestades de fiscalización o tutela superior de la Hacienda Pública”. Según se desprende de lo investigado en el procedimiento administrativo seguido por la Contraloría Nº DAGJ-046-2008, se estudió la conducta de varios funcionarios del IDA en torno a la titulación de una parcela en el Proyecto denominado Valle del General, con lo cual se afectaba el patrimonio natural del Estado, teniendo a los funcionarios como guardadores de la Hacienda Pública, por lo que desde esa óptica, las actuaciones de la CGR encuadran en el apartado b) del mencionado inciso quinto del numeral 12 del Código Procesal Contencioso Administrativo, y por lo tanto, se debe tener únicamente como parte demandada a la Contraloría General de la República y al IDA para que representen los intereses de la administración. Así las cosas, existe en la especie una falta de legitimación pasiva en torno a la participación del Estado en el presente proceso, lo que debe declararse de ese modo.
IX.- Precisión sobre la pretensión . De principio, debe indicarse que, en el expediente tramitado en este despacho con el número 11-004509-1027-CA, el mismo abogado Rodrigo Cervantes Barrantes presentó proceso a favor del señor Agustín Villalobos Salazar, contra las mismas partes aquí demandadas y con un escrito y pretensiones idénticas a las que ahora nos ocupa en el caso del señor Nombre114734, siendo ese caso resuelto mediante por este mismo Tribunal en sentencia número 24-2013 de las 10:10 horas del 11 de marzo de 2013. Así las cosas, también en este asunto, en el escrito inicial de la demanda, el actor solicitó la “revocatoria y nulidad” de lo siguiente: a) El acto administrativo dictado por la CGR en resolución PA-"26" -2010, que ordena la sanción de despido en contra del actor, hay que indicar que el número de este acto administrativo fue corregido en la Audiencia Preliminar del 25 de octubre de 2012 a pedido de la parte actora para que se leyera correctamente como el numerado PA-11-2010 (ver acta de folio 515 vuelto del expediente judicial); b) El acto administrativo también de la C GR número “R-DC-112-2011”, mediante el cual el despacho del Contralor declaró sin lugar los recursos de apelación presentados en contra de la resolución PA-11-2010; y finalmente, c) El oficio ARH-915-2011 mediante el cual el Departamento de Recursos Humanos del IDA le comunica al señor Nombre114734 l a ejecución de la sanción impuesta. Dicha pretensión sufrió modificación ya que la parte actora en escrito visible a folio 325 del expediente judicial de fecha 7 de febrero de 2012, replanteó sus pretensiones, incluyendo la nulidad de los actos mencionados, e insertó una serie de solicitudes todas ligadas al IDA, siendo que esta fue la pretensión que se tuvo como tal en la Audiencia Preliminar realizada el día 25 de octu bre de 2012 (folios 515 a 517 del expediente judicial). Por ello, y para mayor claridad, nos referiremos por separado primero de las nulidades de las actuaciones impugnadas y luego del resto de las pretensiones.
X.- Sobre la disconformidad o nulidad de los actos impugnados. Como se indicó son tres actos contra los que el actor recurre, siendo dos de ellos emanados de la Contraloría General de la República y el otro del Instituto de Desarrollo Agrario, por lo que nos referiremos primero a los dos de la CGR y luego al del IDA. A) Actos de la Contraloría General de la República. A-1) Debido Proceso. Hay que indicar que de forma general y escueta, la parte actora arremete contra la actuación de la CGR en el procedimiento administrativo disciplinario sancionatorio seguido por el órgano contralor contra varios funcionarios del IDA ante la titulación de una parcela del Proyecto “Valle del General” la cual presentaba una parte que se traspasó a manos de un particular, siendo patrimonio natural del Estado, pues es parte del Parque Nacional Chirripó. El procedimiento es el numerado DAJG-046-2008, que inició formalmente mediante resolución de la División Jurídica de la CGR actuando como Órgano Director y Decisor, de las 8 horas del 10 de julio de 2009, este Tribunal analizó la totalidad del expediente administrativo, no encontrando un yerro en torno a su tramitación básica, ya que en la resolución inicial se cumplieron con los aspectos mínimos que este tipo de intimación debe contar, pues a los investigados, entre los cuales se encuentra el señor Nombre114734, se le puso en conocimiento de los hechos que se investigarían, básicamente lo relacionado a la titulación que se diera de una parcela a nombre del señor Nombre114599 , terreno del cual se debió advertir que una porción de la misma era parte integrante del Parque Nacional Chirripó, no obstante, diferentes funcionarios y órganos de la administración, en este caso del IDA, prosiguieron el procedimiento administrativo de titulación del llamado “Proyecto Valle del General” con lo cual se les acusaba de falta de diligencia en resguardo del patrimonio del Estado y que con su negligencia se había podido titular favor de un particular dicho bien demanial. Además, en la mencionada resolución inicial se les indicó a los investigados de las posibles sanciones a aplicar, se les convocó a audiencia oral para las nueve horas del jueves 27 de agosto de 2009, en el piso trece del edificio de la CGR, se les conminó aportar antes o en esa fecha los alegatos y pruebas, se les dejó abierta la posibilidad de revisar el expediente administrativo, se les previno determinar lugar donde atender notificaciones, e indicó además los recursos que cabían contra dicha resolución (Folios 45 a 54 del tomo I del expediente administrativo digital). Contra esta resolución, varios de los investigados, entre ellos el señor Nombre114734, plantearon los recursos pertinentes, todos los cuales fueron declarados sin lugar. Posteriormente, se debió cambiar en varias oportunidades la fecha de la realización de la audiencia citada, entre ellas en una ocasión lo fue por la incapacidad del señor Nombre114734. La audiencia Oral pudo realizarse en fecha 6 de enero de 2010 (Folios 282 a 292 del tomo I del expediente administrativo digital), siendo que el señor Nombre114734 para ser tomado en cuenta, presentó una "Declaración" junto a su abogado, en la cual externó sus alegatos y prueba de forma escrita respecto de los hechos que se le imputaron, lo anterior como parte de la posibilidad otorgada de defensa y presentación de pruebas, la que no aparece limitada en este asunto. Posterior a la recepción de la prueba y como corresponde, el órgano encargado del procedimiento dictó la resolución de fondo al respecto, sea la número PA-11-2010 de las 12:30 horas del 3 de febrero de 2010, en la cual, en sus hechos probados relaciona al señor Nombre114734 indicando que en el oficio STA-251 de 22 de octubre de 1999, entre otros, el aquí actor, como Coordinador del Programa de Titulación del Instituto de Desarrollo Agrario, rubricó la solicitud que se le hicieran a la Junta Directiva para que procediera a la titulación, entre otras de una parcela al señor Nombre114599 , indicando que se estaba cumpliendo para ello con todas las disposiciones legales aplicables. Contra la mencionada resolución, el aquí actor tuvo la oportunidad de presentar recursos de revocatoria y apelación, los cuales le fueron declarados sin lugar. Posteriormente, el Despacho de la señora Contralora General de la República en resolución R-DC-160-2010 de las 9 horas del 25 de octubre de 2010, resolvió los recursos de apelación presentados contra la resolución PA-11-2010, declarándolos sin lugar, incluso en su parte dispositiva, la Contralora General, a favor del señor Nombre114734, d eterminó suprimir de oficio la sanción de ingreso y reingreso a cargos públicos que se había dispuesto en la resolución apelada (Folios 951 a 978 del tomo II del expediente administrativo digital), sea que, pese a que el recurso de apelación fue rechazado, salió beneficiado el apelante al retirarse parte de la sanción impuesta por el órgano decisor, eso sí quedando la sanción de despido sin responsabilidad patronal. Una vez comunicada la sanción al Instituto de Desarrollo Agrario, el Presidente Ejecutivo de esta institución presentó en oficio fechado 14 de diciembre de 2010, recursos de revisión y reconsideración, solicitando la revocatoria de las sanciones impuestas a sus funcionarios, ello atendiendo a aspectos de forma, fondo e incluso de conveniencia (Folios 1005 a 1010 del tomo II del expediente administrativo digital). Dicha gestión fue declarada sin lugar por parte del Despacho del Contralor en resolución Nº R-DC-112-2011 de las 11 horas del 7 de julio de 2011 (Folios 1020 a 1028 del tomo II del expediente administrativo digital). Así las cosas, una vez resueltos todos los recursos presentados en el procedimiento y estando firme la resolución sancionatoria, se procede a comunicarle al IDA para su debida ejecución y ésta mediante oficio Nº ARH-915-2011 de 21 de julio de 2011, le comunica al señor Nombre114734 que la sanción de despido rige a partir del 22 de julio de 2011 (Folio 250 del expediente judicial). Tomando en cuenta la falta de reproche específico en este sentido por la parte actora, y tal y como se ha podido denotar, en la actuación de la Contraloría General de la República, respecto del procedimiento administrativo sancionatorio tramitado, se respetó el mínimo de elementos que constituyen el llamado principio del debido proceso que ha sido desarrollado a partir de las sentencias 15-90 y 1739-91 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por lo que en ese sentido la demanda es improcedente. Finalmente, en este mismo punto, debe analizarse el argumento de la parte actora de que en el procedimiento no se tomó en cuenta la Participación de la Junta de Relaciones Laborales del IDA. La parte actora presenta a partir del folio 257 del expediente judicial, copia del Convenio Colectivo suscrito al amparo de la Directriz Nº 162 entre el IDA y el sindicato UNEIDA el 14 de marzo de 1994, en el cual se establece en su artículo 47.3 como parte de las competencias de la Junta de Relaciones Laborales de la institución el: “47.3.3 Conocer y resolver todos los conflictos que afecten a los trabajadores antes de la imposición de la sanción respectiva”. Posiblemente, a esta competencia se refiere el actor en sus argumentos, pues no es claro en este aspecto, ya que tan solo hace referencia que no se cumplió en el procedimiento sancionatorio seguido en su contra con lo dispuesto en la Convención Colectiva, y en especial de la necesidad de que participe en el mismo la mencionada Junta. Al respecto debe indicarse que el artículo 62 de la Constitución Política, establece: “Tendrán fuerza de ley las convenciones colectivas de trabajo que, con arreglo a la ley, se concierten entre patronos o sindicatos de patronos y sindicatos de trabajadores legalmente organizados”, lo que es desarrollado a nivel inferior de jerarquía normativa por el Código de Trabajo a partir de su artículo 54. En la teoría del derecho laboral colectivo, se tiene a dichas convenciones como “ley entre partes” pues han sido los mismos constituyentes originales, quienes quisieron darle una connotación especial a este tipo de acuerdo laboral, sea que se trata de una “ley” a los efectos de tener sus disposiciones como de obligado acatamiento, pero entre las partes, entiéndase los que suscriben la convención, sin que pueda tener un ámbito de aplicación más allá de los suscribientes. Ahora bien, la Contraloría General de la República, tiene competencia dada por su Ley Orgánica, en la que su artículo 6 cuando establece: “sobre todos los entes y órganos que integran la Hacienda Pública” , y al ser que el procedimiento seguido bajo el número DAGJ-046-2008, versó sobre el patrimonio natural del Estado y por ende parte de la Hacienda Pública, tenía plena capacidad para tramitar el procedimiento disciplinario y sancionar con carácter vinculante a los funcionarios del IDA, con exclusión de la aplicación de otras normativas procedimentales más que las internas, sea la Ley Orgánica y el Reglamento de Procedimiento vigente a esa fecha publicado en la Gaceta Nº 76 del 20 de abril de 2007. Así que, no es posible, como lo pretende el actor, que a un procedimiento que se siguió bajo el haz de competencias de la Contraloría, le fuera aplicable una norma externa sin ninguna vinculación, como lo sería la convención colectiva del IDA. A-2. Sobre la prescripción alegada . El actor alega que él no debe ser considerado funcionario de Hacienda pública, por lo que no aplica en su caso el término establecidos en la normativa de la Contraloría General de la República al respecto y por lo tanto el procedimiento está prescrito. Este mismo argumento fue esgrimido en la sede administrativa, en la cual la CGR resolvió al respecto, cuando en la resolución PA-11-2010 indicó: “…la sanción del artículo 72 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, intimada a todos los inculpados en el presente procedimiento administrativo, tiene un plazo de prescripción de 10 años, contados a partir de la comisión del hecho, la cual tal, y como fue intimada, implica el cese inmediato de sus funciones en cualquier cargo sin responsabilidad para el Estado. Lo procedente es fundamental para rebatir los alegatos en que las partes basan la excepción de prescripción, pues se refieren al plazo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la república, que estaba vigente para el momento en que sucedieron los hechos, no obstante, este argumento no puede ser de recibo, dado que la norma vigente en ese momento era clara en indicar que si bien el plazo era de dos años, éstos se contaban a partir del conocimiento comprobado de la falta por parte del órgano competente, para iniciar el respectivo procedimiento sancionatorio. El 3 de octubre de 2008, mediante oficio FOE-PGAA-0673, suscrito por el señor Douglas Castro salazar, Gerente a.i. del Área de Servicios Públicos Generales Ambientales y Agropecuarios, se trasladó a la División Jurídica, la relación de Hechos DFOE-PGAA-RH-3-2008, mediante la cual se pone en conocimiento entre otros, los hechos que son objeto del presente procedimiento administrativo. Posteriormente, mediante el acto de apertura de las ocho horas del diez de julio del dos mil nueve se da inicio al presente procedimiento administrativo, el cual se notifica entre el 23 de julio al 3 de agosto de 2009 a todas las partes inculpadas. Así las cosas, en virtud de que fue hasta el 3 de octubre de 2008, que la División Jurídica, órgano competente para iniciar el respectivo procedimiento sancionatorio, tuvo conocimiento de los hechos, es que podía iniciar el cómputo de la prescripción, el cual quedó interrumpido al ser notificado el acto inicial del procedimiento administrativo”. Además, ligado a lo anterior, se refuta el ser considerado funcionario de hacienda pública, sobre el particular en la misma resolución PA-11-2010 se expresó: “… en el caso que nos ocupa, los encausados con su actuar y específicamente al plasmar su firma y visto bueno en el oficio STA-251 (ver hecho probado Nº 3 y los folios 004 y 006 del expediente administrativo), dispusieron de un bien que era patrimonio estatal, entiéndase en este punto “disponer” en el sentido de que gracias al visto bueno que ellos dieron se permitió que un bien demanial fuera segregado y traspasado a nombre de un particular, de tal forma, que se manifiesta claramente la disposición de los fondos públicos, ya que si los encausados, no hubieran otorgado ese visto bueno, dicho inmueble nunca hubiera salido de la propiedad estatal. En este punto es importante fundamentar, que el inmueble en discusión es parte de la denominada “Hacienda Pública” y que a su vez cumplía una doble función, por un lado era propiedad del Estado, por haber sido declarado Parque Nacional desde el 19 de agosto de 1975 por medio Ley Nº 5773 denominada Ley de Creación del Parque Nacional Chirripó y ampliado por el Decreto Ejecutivo Nº 13496 del 31 de marzo de 1982, con lo cual claramente nos estamos refiriendo a fondos públicos, en el sentido de “bienes propiedad del estado”; y por otro, también fungía como “recurso del Estado”, pues estamos ante la violación de un mecanismo que el ordenamiento jurídico implementó para la protección de los recursos naturales que posee nuestro país. De tal manera que las actuaciones de los aquí encausados se configuran perfectamente dentro del término de funcionario de Hacienda Pública…”. Este Tribunal hace suyo el fundamento mencionado, el cual tiene elementos que derivan de la relación de la normativa con lo acontencido y si se toma en cuenta que en el líbelo de este proceso la parte actora solo argumenta que no es un funcionario de hacienda pública, pero no da las razones por las que no debe ser considerado como tal, pues solo hace referencia a que los terrenos nunca han sido del Estado, que éste nunca ha expropiado, por lo que no puede considerarse un bien demanial. De lo anterior, solo lo esgrime, pero no presenta en los autos prueba fehaciente, pues el hecho de indicar que los terrenos eran poseídos desde antes de la entrada en vigencia de la Ley que creó el parque Nacional Chirripó por la misma persona a la que le fueron titulados, situación que a todas luces no desvirtúa en sí, que los terrenos que se han considerado están traslapados no sean bienes demaniales, y que por su naturaleza están evidentemente impedidos de ser trasladados a particulares. Por otra parte, tampoco logra la parte actora desmentir que la División Jurídica de la CGR tuvo conocimiento de los hechos hasta el día 3 de octubre de 2008, cuando se le comunica el oficio número FOE-PGAA-673, en el cual se da por enterada la mencionada división de los acontencimientos que finalmente dieron pie al procedimiento DAGJ-046-2008 mismo que inició con la resolución que recibiera personalmente el señor Nombre114734 a las 19:15 horas del 23 de julio de 2009 según se aprecia al folio 563 del tomo I del expediente administrativo digital, sea menos de un año después de tenerse conocimiento de los hechos por parte del órgano correspondiente para tramitar el procedimiento. Aunado a lo anterior, en cuanto al tema que nos ocupa, es de mérito traer a colación lo que ha indicado la la Sala Constitucional en diversos fallos, entre ellos el N° 2004-02199 de las 12:59 horas del 27 de febrero del 2004:
“… En el considerando precedente se indicó que la ‘Hacienda Pública’ es un concepto indeterminado cuya concreción le corresponde, entre otros, al legislador. Así, en lo referente al alcance subjetivo del concepto, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, en su numeral 4º, indica que ese órgano ejerce su competencia ‘(...) sobre todos los entes y órganos que integran la Hacienda Pública’ –sujetos pasivos de su control o fiscalización–, con lo cual incluye a todo ente u órgano público y empresas públicas extendiéndose, incluso, a sujetos de Derecho privado cuando administren, custodien fondos públicos o reciban transferencias públicas (artículo 8º, párrafo 3º, de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República). En lo tocante a la vertiente objetiva de la Hacienda Pública el artículo 8º de la supracitada ley estatuye que ‘(...) estará constituida por los fondos públicos, las potestades para percibir, administrar, custodiar, conservar, manejar, gastar e invertir tales fondos y las normas jurídicas administrativas y financieras, relativas al proceso presupuestario, la contratación administrativa, el control interno y externo y la responsabilidad de los funcionarios públicos (...) (la cursiva no es del original). Adicionalmente, el artículo 10º, párrafo 1º, del pluricitado texto legal dispone que el ordenamiento de control y fiscalización superior comprende, entre otros aspectos, ‘(...) el conjunto de normas que regulan (...) los procedimientos, las responsabilidades y las sanciones derivados de esa fiscalización o necesarios para éste’ (la cursiva no es del original). Bajo esta inteligencia, si las normas jurídicas y financieras relativas a la contratación administrativa, los procedimientos, responsabilidades y sanciones de los funcionarios que en la gestión y disposición de los fondos públicos destinados cometen alguna irregularidad, forman parte integral de la Hacienda Pública, no cabe la menor duda que la Contraloría General de la República tiene una indeclinable e indiscutible competencia en la fiscalización y control de tales extremos, siendo que tales atribuciones lejos de quebrantar el Derecho de la Constitución lo actúan. En aras de hacer efectiva la competencia de vigilancia de la Hacienda Pública de la Contraloría General de la República y, más concretamente, de las normas jurídicas y técnicas sobre la contratación administrativa, los procedimientos, responsabilidad y sanciones de los funcionarios públicos que intervengan en un eventual y presunto manejo irregular, indebido o impropio de los fondos públicos, su ley orgánica habilita o faculta, expresa e inequívocamente, a ese órgano para realizar auditorias (financieras, operativas y especiales) o incoar procedimientos o sumarios administrativos sobre los sujetos pasivos (órganos y entes públicos) y sus funcionarios o agentes públicos (artículos 21 y 22).” Así que, estando de por medio el patrimonio natural del Estado, el funcionario que afecte al mismo debe considerase de hacienda pública, siendo la Contraloría General de la República el órgano encargado por ley para seguir un procedimiento administrativo para sancionar la conducta de los funcionarios que afecte ese patrimonio y al haberse iniciado el procedimiento administrativo dentro del termino establecido en la norma aplicable (artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República), lo que procede es rechazar el argumento esbozado. A-2. Sobre las resoluciones numeradas PA-11-2010 y R-DC-160-2011. De previo a analizar los mencionados actos, debe indicarse que en sus argumentos, la parte actora esboza vagos aspectos por los que considera a estas resoluciones como: “incoherentes, infundadas e ilegales”. Por ejemplo, considera que no se dio una valoración objetiva de la prueba, que no se dio una verificación de campo para determinar que los terrenos estaban bien delimitados desde hace muchos años, pues indica que el señor Nombre114599 es poseedor desde 1955, que dudan de la existencia y del porcentaje de traslape de la propiedad, asimismo indicó que no se valoró la prueba ofrecida, aduce que el actor solo siguió un tramite oficioso, que el visado del plano hizo incurrir en un error a los funcionarios del IDA. Debe indicarse que tales argumentaciones no sólo son ambiguas, generales, sino además no cuentan con el sustento jurídico suficiente para tener por nula la actuación. Otra aclaración que debe hacerse, es que en el escrito inicial de la demanda, el actor consignó como impugnado el acto de la Contraloría General de la República “Nº R-DC-112-2011” (ver pretensión visible a folio 58 del expediente judicial), no obstante, en ese mismo escrito hace referencia a la resolución R-DC-160-2011 (ver folio 41 del expediente judicial) y el que presenta como prueba adjunta a su escrito inicial es este último (ver documento fotocopiado visible a partir del folio 145 del expediente judicial), así las cosas, este Tribunal debe entender que el acto recurrido es el R-DC-160-2011 y no el que se consignó en la pretensión original. Ahora bien, de los dos actos que nos deben ocupar, el primero (PA-11-2010) es la resolución de fondo emitida por el Órgano Director y Resolutor del procedimiento DAGJ-046-2008, mediante el cual se dispuso la sanción de los investigados y la segunda, corresponde a la resolución del despacho del Contralor General, que en alzada resolvió declarar sin lugar el recurso de Apelación interpuesta entre otros, por el señor Nombre114734 contra la resolución PA-11-2010. En esta última, y en lo respecta al aquí actor, la Contraloría General de la República, tocó la especial situación del funcionario y atendió las argumentaciones esgrimidas en el procedimiento administrativo, siendo que ligó la actuación indebida del IDA en cuatro aspectos probados, el primero la existencia del plano catastrado SJ-426486-97 que corresponde a la parcela que le fuera titulada al señor Nombre114599 , en el cual al reverso se indica que el inmueble se encontraba y aun se encuentra dentro de un parque nacional con un 10% aproximadamente; por otra parte el órgano contralor hace referencia a la Ficha Técnica confeccionada por el funcionario del IDA José Alberto Campos Orozco (Folios 4 a 6 del Tomo I del expediente administrativo digital), en la cual se hace referencia a que la titulación se hacía bajo la Ley 7599 y cita el plano catastrado indicado, además en la mencionada ficha se indica que los testigos manifiestan que la posesión de Nombre114599 es de hacía 10 años, sea que ya habían transcurrido 10 años desde la creación del parque. Como tercer aspecto, la Contraloría tuvo el oficio STA-251 de 22 de octubre de 1999, mediante el cual, se recomendó y traslado el paquete de parcelas y lotes a titular del Proyecto Valle del General, entre el cual se encontraba la finca en cuestión y que al mencionado oficio lo rubrica el aquí actor Nombre114734 como funcionario del IDA, específicamente fungiendo como Coordinador del Programa de Titulación, en cuyo documento se indica que se reúnen los requisitos y condiciones establecidas en la Ley 7599. Finalmente, se sustenta la Contraloría en la prueba que solicitó una vez que tuvo conocimiento de los hechos, cuando la Oficina de Atención al Usuario del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), en oficio SINAC-DS-OFAU-O-008-2009 de 24 de marzo de 2009, expresó que el plano catastrado Nº SJ-426486-97 en el período consultado desde 1999 y a la fecha del oficio, se encuentra dentro del Parque Nacional Chirripó (Folio 43 y 44 del expediente administrativo digital). Estos argumentos dieron pie a que se indicara que la participación de varios de los funcionarios investigados, en cuenta el señor Nombre114734, contribuyeron en un todo con la actuación que llevó al IDA a titular un inmueble que tenía una parte que era de un parque nacional, con lo cual se determinó la afectación a un bien demanial por la negligencia y descuido de los funcionarios en el procedimiento de titulación del proyecto Valle del General, específicamente en la finca titulada al señor Nombre114599 , razón suficiente para considerar la actuación como grave a los intereses del Estado y por ello merecedora de la sanción de despido sin responsabilidad patronal. Hay que mencionar que se ha alegado por parte de la representante del IDA en la audiencia de juicio, que existe desproporcionalidad en la sanción, no obstante, este Tribunal considera que por lo dicho, sea la afectación al demanio público con la actuación omisa y descuidada del aquí actor, es más que suficiente para haber declarado administrativamente, como se hizo, de grave la falta cometida, y que como consecuencia de ello, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 81 inciso 1) del Código de Trabajo, lo procedente era imponer la sanción que correspondía, sea el despido, sin que sea de recibo el argumento de que la carrera como funcionario del actor fue intachable, ya que hay que tomar en cuenta que las sanciones disciplinarias laborales, no dependen exclusivamente de la cantidad de veces que sea un funcionario sancionado, sino de la gravedad de la falta que se investiga, siendo, como se indicó, que en la especie la gravedad es palpable al afrentarse contra el patrimonio natural del Estado. Por otra parte, en lo tocante a la Resolución R-DC-160-2011, el despacho del Contralor, en su oportunidad, conoció de los reproches realizados a la resolución venida en alzada, manteniendo la postura en torno al fundamento y procedencia de esa resolución, así como de la sanción de despido en contra del funcionario Nombre114734. Hay que indicarse que en ambas resoluciones aquí impugnadas, el ente contralor tuvo la postura de analizar por separado la participación de cada uno de los investigados para ligarlos a los hechos y a la infracción cometida, resolviendo lo pertinente a cada uno de los alegatos que las partes expusieron durante el procedimiento. Ahora bien, como se indicó en líneas precedentes, el señor Nombre114734 no dio argumentos claros y precisos, ya que de los mencionados se refieren a: que no se dio una valoración objetiva de la prueba, sin identificar a que prueba en específico se refería por lo que a este Tribunal se le hace imposible entrar a conocer en esos términos ese argumento. Por otra parte, alega que no se dio una verificación de campo para determinar que los terrenos estaban bien delimitados desde hace muchos años, este argumento no tiene implicación alguna en lo resuelto, en el tanto, el órgano contralor con las pruebas con que contaba eran suficientes y reiteradas en el sentido de la existencia de un traslape y que se estaba afectando el bien demanial, véase lo que certifica un órgano como el SINAC, el que refiere a que en su estudio que abarca desde el año de 1999, fecha en que se dio la titulación del bien, ya este se encontraba afectado en una parte. Solo a manera de abundamiento, ese traslape que discute el aquí actor, incluso ha venido a reiterar y confirmarse con un estudio posterior solicitado por la Contraloría General de la República (Folios 508 a 514 del expediente judicial). Tampoco puede restar mérito a ese hecho que no se ha podido desmentir en este proceso el que el señor Nombre114599 hubiera poseído desde el año de 1955, aún contando con su testimonio al recibírsele el día de la audiencia a juicio, momento en el cual indicó haber estado en el lugar desde hacía muchos años atrás, pero, en sí, ello no desvirtúa la naturaleza propia del bien que se discute como patrimonio natural del Estado. Además, aduce el actor que tiene duda de la existencia y el porcentaje de traslape, pero no contrarresta con prueba alguna lo que la Contraloría General de la República ha mantenido, sea la existencia del mismo, solo se funda en l as declaraciones de personas que indicaron en la Ficha del IDA (anterior a la titulación) que había una posesión, pero ello no implica que no existe parte de la propiedad en el parque nacional. En ese sentido, tampoco traería a los autos mayor criterio el testimonio tanto del señor Nombre114599 como el de Nombre114735 , vecino de la propiedad de Nombre114599, pues se limitaron a indicar como habían adquirido las fincas, haciendo mención a que habían participado en la "realización" de carriles que dividen las propiedades en compañía de funcionarios del Minae, sin que ninguno de ellos pudiera hacer referencia a que si dichos carriles invadían o no terrenos del Parque Nacional, del cual solo aceptaron que colindaban. Finalmente, el testigo Ronald Chan Fonseca, funcionario del SINAC, no pudo concretizar si en la localidad de Cedral, donde está ubicada la propiedad del señor Nombre114599 existan carriles o cercas de delimitación con el Parque Nacional, solo indicando que los hay en ciertas partes, pero que ignoraba quien los hizo. Analizados dichos testimonios propuestos por la parte actora, ninguno conocía a ciencia cierta si existía o no una invasión a terrenos del Estado. También indica el actor que él solo siguió un trámite oficioso, haciendo referencia al oficio número STA-251, en el cual él aparece firmando el documento y lo allí expuesto, al indicar que se contó con la participación de más funcionarios que hicieron los estudios anteriores y avalaron antes de él todos los documentos para la titulación, sobre el particular, considera este Tribunal que este es un argumento que no puede atenderse, toda vez que, si bien previo al acto STA-251 el asunto había sido estudiado por otros funcionarios y dependencias del IDA, ello no resta que ninguno de los participantes, incluido la Junta Directiva, se haya percatado de la existencia de una imposibilidad de traspasar el bien a un particular por estar de por medio una porción en parque nacional, eso es un descuido que acarrea igualmente una responsabilidad, que es compartida por todos los participantes, pues como puede observarse, la sanción impuesta no solo lo fue al señor Nombre114734, sino a todos aquellos que la Contraloría General de la República logró ligar con los hechos que de forma concatenada dieron como resultado la infracción al deber de cuidado de los servidores públicos y violación al principio de legalidad, en el tanto la actuación del funcionario público debe estar apegada a derecho y para el caso en concreto la Ley 7575 (Ley Forestal) en su artículo 14 establece: “Condición inembargable e inalienable del patrimonio natural. Los terrenos forestales y bosques que constituyan el patrimonio natural del Estado, detallados en el artículo anterior, serán inembargable e inalienables; su posesión por los particulares no causará derecho alguno a su favor y la acción reinvindicatoria del Estado por estos terrenos es imprescriptible…”. Así las cosas, si la administración está obligada a apegarse al ordenamiento jurídico (artículos 11 de la Constitución Política y la Ley General de la Administración Pública), sus funcionarios deben en sus conductas estar atentos a lo que las normas le impongan como obligación y en el caso que nos ocupa, si bien entiende este Tribunal la cantidad de lotes o parcelas que pueden estarse tramitando en los distintos procedimientos de titulación en una institución como el IDA, es precisamente el deber de los funcionarios el corroborar que lo que se esté haciendo esta apegado a derecho, siendo que en este caso, sabiendo los servidores involucrados que la parcela que se iría a titular a favor del señor Nombre114599 colindaba con el Parque Nacional Chirripó, debieron poner mayor esfuerzo en corroborar los linderos del mismo y así descartar, aplicando lo indicado en el plano catastrado que ya tenía a su haber, que hubiera un traslape con los terrenos del parque y de ese modo evitar que se diera la fuga de un bien, que, por disposición expresa de ley nunca debió salir de manos del Estado, resultado que se dio y que ameritó la sanción que fue impuesta. Tampoco puede ser de recibo el argumento de que el visado del plano catastrado por parte del Ministerio de Ambiente y Energía, hizo incurrir a los funcionarios del IDA en un error, pues, en aplicación del deber de cuidado, estando de por medio bienes públicos, como se indicó, los funcionarios que participaron en el procedimiento de titulación, debieron poner más atención a los establecido en ese plano y contrastarlo con la realidad, todo ello de previo a haber seguido tramitando la titulación. Por lo expuesto, queda en evidencia que por la forma en que arguye los supuestos yerros cometidos en los actos, no existe la nulidad planteada, pues no se afectan los elementos del mismo, por lo que deben ser considerados como actos válidos y eficaces. A-3. Acerca de la nulidad del acto ARH-915-2011. Se impugna además, este acto emitido por la Licda Marlene Chaves Morales, Coordinadora del Área de Recursos Humanos del IDA, fechado 21 de julio de 2011, mediante el cual, una vez agotados los recursos en el procedimiento administrativo y de haberse comunicado al IDA acerca de lo resuelto, se le comunicó al señor Nombre114734 la sanción impuesta por la Contraloría General de la República en resolución PA-11-2010, indicándole que el despido regía a partir del 22 de julio de 2011 (Folio 250 del expediente judicial). Si como se indicó, de lo alegado por la parte actora en este proceso de conocimiento no se pudo determinar la nulidad de los actos PA-11-2010, ni del R-DC-160-2011, mucho menos puede existir nulidad en el acto de ejecución de la sanción que se encontraba firme, pues de conformidad con lo dispuesto en el numeral 146 de la Ley General de la Administración Pública, la Administración tendrá la potestad de ejecutar los actos eficaces, válidos y anulables. Además, de conformidad con el articulo 4 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (Nº 6815), al fijar el ámbito de competencia del ente contralor en su párrafo in fine indica: “…Los criterios que emita la Contraloría General de la República, en el ámbito de su competencia, serán vinculantes para los sujetos pasivos sometidos a su control o fiscalización”. De allí que, si la Contraloría le comunicó al IDA acerca de la firmeza de la resolución de sanción del señor Nombre114734, pues ya incluso se había resuelto el recurso de reconsideración y revisión presentado por esa institución, solo cabía que el IDA por medio de su departamento de Recursos Humanos procediera, por el carácter vinculante de los criterios de la CGR, a comunicar al funcionario acerca de la ejecución del despido, tal y como se hizo. Además, ningún reproche ha hecho la parte actora en el presente procesos acerca de ese acto propiamente, y al ser que el mismo es de ejecución de los que se indicó no eran nulos, tampoco este último acarrearía ninguna nulidad.
XI.Acerca del resto de pretensiones esbozadas. Además de las pretensiones anulatorias analizadas y resueltas en el considerando anterior, la parte actora amplió sus pretensiones así: “ 1. Se declare con lugar en todos sus extremos la presente demanda. 2. Se declare violatorio a la convención colectiva el despido. 3. Se ordena al IDA, la inmediata reinstalación del suscrito al puesto que ocupaba. 4. Se le reinstale en puesto que ocupaba previo al despido con todos los derechos y garantías, acumulados durante mis años de servicio al IDA. 5. Se me cancelen los salarios dejados de percibir desde mi despido hasta la efectiva reinstalación, con los aumentos decretados por el Gobierno, salario escolar, aguinaldo, y, todos aquellos otros beneficios recibidos por los empleados del IDA. 6. Se ordene al IDA, cancelar las cuotas dejadas de pagar a la CCSS. 7. Se condene al IDA al pago del daño material, moral objetivo y subjetivo y, perjuicios causados por la actuación antijurídica, que conllevó un menoscabo patrimonial al haber representado mi salario la ú nica fuente de ingresos; afectación psicológica ocasionada por perdida de todos los años de trabajo continuo; rompimiento ilegítimo del contrato de trabajo; y por mis enfermedades; perdida de mis prestaciones legales por todo el tiempo laborado; desanimo y desesperación por falta de empleo; afectación de mi honor y mi nombre como empleado publico; todo lo anterior, por su valor psicológico, para estos efectos lo estimare en el momento oportuno. 8. Se condene al IDA al pago de los intereses de ley hasta el efectivo pago. 9. Se condene al IDA a la indexación correspondiente hasta el efectivo pago. 10. Se condene al IDA al pago de todas las costas de este juicio”. De principio, es palpable que todas estas pretensiones están referidas al Instituto de Desarrollo Agrario IDA ahora INDER, y están relacionadas íntimamente a las pretensiones anulatorias, pues las que ahora se estudian, salvo las indemnizatorias que se verán por separado, tienen que ver con los efectos que traería la declaratoria de nulidad de la sanción de despido impuesta por al Contraloría General de la República al señor Nombre114734 . Mas, como se ha indicado en el considerando precedente, este Colegio no ha encontrado mérito en las argumentaciones de la parte actora para declarar la nulidad pretendida, por lo que el resto de sus pretensiones al ser un efecto de lo anterior, no tendrían cabida alguna. Además, debe tomarse en cuenta que el IDA, así expresado en sus escritos en el proceso, así como en la audiencia de juicio oral y público, no ha estado de acuerdo con lo sancionado y en su participación como parte demandada, más bien ha sido una especie de “coadyuvante” activo, pues ha referido argumentos contrarios al procedimiento y de la sanción, de la cual ha indicado afecta los intereses institucionales, al tener que prescindir de funcionales valiosos y de mucha experiencia como es el caso del señor Nombre114734. No obstante, el Tribunal entiende que por el carácter vinculante de la decisión del ente contralor, al IDA solamente le resta la ejecución, máxime que en su momento hizo uso de la posibilidad de plantear recursos de reconsideración y revisión que le fueron declarados sin lugar, por lo que por la naturaleza propia de la competencia de la Contraloría General de la República en la materia, la posición del IDA es de ejecución de la sanción, por lo que procedió a comunicársele a su funcionario. Así que, lo reproches que contra el instituto se dan no tienen cabida, no solo por su posición de ejecución, sino además por el carácter de obligatorio acatamiento de lo dispuesto. Tómese además en cuenta que por resolución del Juez de Trámite de este Tribunal número 178 -2012 de las 11 :10 horas del 1 0 de mayo de 2012 , se acogió la medida cautelar pedida por la parte actora ( Folio 321 del legajo respectivo). Por lo que desde el momento de haberse notificado dicha resolución y hasta el presente, el aquí actor ha estado vinculado a sus labores en el puesto en el que está nombrado en el IDA. Pretensión de daños. Dentro del objeto del proceso, encontramos la numerada 7 en la cual se solicita la condena al IDA al pago del daño material, moral objetivo y subjetivo, así como los perjuicios causados. Al respecto, tal y como se ha sostenido en muchas sentencias de este Tribunal y de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en un primer nivel de estudio del régimen de responsabilidad de la administración, debe analizarse el nexo causal que necesariamente debe existir entre la conducta que se acusa y el daño causado. En este caso, por lo expuesto anteriormente, la actuación de la Contraloría General de la República estuvo apegada a derecho, no encontrándose ninguna nulidad en los actos impugnados por las razones alegadas por la parte actora, de allí que tampoco existiría daño alguno en los actos de ejecución que de forma vinculante ha debido realizar el IDA, en los cuales y como resultado de la no existencia de nulidad de la sanción impuesta, tampoco puede haber producido daño alguno, rompiéndose en el caso el nexo de causalidad, y por lo tanto, sin entrar en mayores consideraciones, este Tribunal debe rechazar las indemnizaciones que por daños se han solicitado por el señor Nombre114734.
XII.- Análisis de las defensas opuestas. En cuanto a las defensas de fondo, el IDA no planteó ninguna. Por otra parte, relacionado con la excepción de Falta de legitimación pasiva presentada por la representación del Estado, tal y como se indicó en el considerando VIII de esta sentencia, se ha determinado que en el caso no se debe tener como parte demandada al Estado, según se fundamentó en el considerando mencionado. Finalmente, respecto a la excepción de Falta de Derecho opuesta por la representación de la Contraloría General de la República, por lo ya expuesto en torno a la improcedencia total de las pretensiones de la parte actora, dicha defensa debe ser acogida y en consecuencia se declara sin lugar la demanda en todos sus extremos. Dado el resultado del proceso, se debe indicar que la medida cautelar dictada por el Juez Tramitador de este Tribunal en resolución número 178-201 2 de las 11: 10 horas del 10 de mayo de 2012, debe dejar de surtir efectos una vez que adquiera firmeza la presente sentencia.
XIII.- Costas. De conformidad con el numeral 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas procesales y personales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo. La dispensa de esta condena solo es viable cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. En la especie, estima este Tribunal, no existe causal alguna que exima a la parte actora del pago de las costas, por lo que procede condenarlo a las costas del proceso y al pago de los intereses sobre los mismos hasta su efectivo pago.
POR TANTO.
Se acoge acoge la excepción de Falta de Legitimación pasiva en lo tocante al Estado. Además se acoge la defensa de Falta de Derecho. Se declara SIN LUGAR la demanda en todos sus extremos incoada por Nombre114734 contra el Instituto de Desarrollo Agrario IDA ahora INDER y la Contraloría General de la República. Una vez firme esta sentencia dejará de surtir efectos la medida cautelar dictada por el Juez tramitador de este Tribunal mediante resolución número 178-2012 de las 11:1 0 horas del 10 de mayo de 2012. Se condena a la parte actora al pago de las costas de este proceso, así como a sus intereses. Notifíquese.
Juan Luis Giusti Soto Ileana Sánchez Navarro Eduardo González Segura ASUNTO: PROCESO DE CONOCIMIENTO ACTOR: Nombre114734 DEMANDADOS: El Estado, el Instituto de Desarrollo Agrario y la Contraloría General de la República
Document not found. Documento no encontrado.