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Res. 00032-2013 Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI · Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI · 21/02/2013
OutcomeResultado
The Tribunal declared the lawsuit to annul Article 12 of the Palmares Telecommunications Regulation inadmissible, with costs imposed on the plaintiff.El Tribunal declaró improcedente la demanda de anulación del artículo 12 del Reglamento de Telecomunicaciones de Palmares, con costas a cargo de la actora.
SummaryResumen
The Sixth Chamber of the Contentious-Administrative Tribunal denied the lawsuit by Costa Pacífico Torres Ltda. against the Municipality of Palmares, which sought annulment of Article 12 of the Municipal Regulation for the Location and Construction of Telecommunications Infrastructure. The plaintiff argued that the minimum setback requirement (8.5 meters from property lines) contradicted the national public interest declared in Laws 8642 and 7593, invaded SUTEL's jurisdiction, and lacked technical justification. The Tribunal applied the Constitutional Chamber's precedent (Ruling 15763-2011), which recognized the national dimension of telecommunications infrastructure but also acknowledged that municipalities retain authority to regulate local construction matters, provided they conform to national regulations. The Tribunal found that Article 12 did not bar tower installation but merely imposed a basic technical requirement, and that its content derived from an amendment to the National Construction Regulation, meaning it was not purely local. Damages and costs were also denied.La Sección VI del Tribunal Contencioso Administrativo rechazó la demanda de Costa Pacífico Torres Ltda. contra la Municipalidad de Palmares, que solicitaba la anulación del artículo 12 del Reglamento Municipal para la Ubicación y Construcción de Infraestructura de Telecomunicaciones. La actora alegó que el requisito de distancias mínimas a colindancias (8.5 metros) contradecía el interés público nacional declarado en las leyes 8642 y 7593, invadía competencias de SUTEL y carecía de motivación técnica. El Tribunal aplicó el precedente de la Sala Constitucional (voto 15763-2011) que reconoció la vocación nacional de la infraestructura de telecomunicaciones, pero también admitió que las municipalidades conservan competencia para regular aspectos constructivos locales en sus planes reguladores, siempre que se ajusten a la normativa nacional. El Tribunal encontró que el artículo 12 no impedía la instalación de torres, sino que establecía un requisito técnico básico, y que su contenido provenía de una modificación al Reglamento de Construcciones nacional, por lo que no era una norma puramente local. Se desestimaron también las pretensiones indemnizatorias, con costas a cargo de la actora.
Key excerptExtracto clave
VI.- TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE, MUNICIPALITIES, ZONING PLANS, ZONING, LAND-USE CERTIFICATES, AND CONSTRUCTION PERMITS. ... the plaintiff has argued that said regulatory provision contradicts the provisions of Laws 8642 and 7593, and that it is an urban regulation lacking technical criteria to justify it, violating the principles of reasonableness and proportionality, along with a lack of statement of reasons for the administrative act. First, this Tribunal considers that the challenged article does not conflict with the provisions of Laws 8642 and 7593. The plaintiff construes that the aforementioned Article 12 seeks to impede the exploitation, development, and installation of telecommunications towers. However, this view is not shared; in the Chamber's opinion, the challenged article regulates basic technical aspects such as the front and rear dimensions of properties in relation to tower height. This provision does not in any way prevent the construction of a telecommunications tower; it merely regulates a very basic technical aspect that the tower must meet, so that if the structure complies with the regulatory provisions, there is no reason to bar its construction. Likewise, the aforementioned Article 12 does not detract from the declaration of public interest afforded to telecommunications activity; imposing some construction guidelines does not oppose the public interest established for telecommunications activity in Law 7593. As to the claim that this urban regulation lacks a statement of reasons, technical criteria to justify it, and that it violates the principles of reasonableness and proportionality, these arguments are unfounded, given that the current wording of Article 12 stems from the amendment made by the Construction Regulation in its Chapter XIX Bis "Telecommunications Installations", Article XIX.4.3 Bis (folio 557).VI.- INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES, MUNICIPIOS, PLANES REGULADORES, ZONIFICACIÓN, CERTIFICADOS DE USO DE SUELO Y LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN. ... la parte actora ha alegado que dicha norma reglamentaria contradice las disposiciones de la ley 8642 y 7593, también que se trata de una regulación urbana que carece de criterios técnicos que la justifiquen, que existe quebranto a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, junto con una falta de motivación del acto administrativo. En primer término este Tribunal considera que el artículo impugnado no se opone a lo dispuesto en las leyes 8642 y 7593. La parte actora interpreta que el supra citado artículo 12, pretende impedir la explotación, desarrollo e instalación de las torres de telecomunicación. Sin embargo no se comparte tal postura, a juicio de esta cámara el artículo impugnado regula aspectos técnicos básicos como la dimensión de frente y fondo de los predios con relación a la altura de la torre. Esta disposición no impide en absoluto la construcción de una torre de telecomunicaciones, solamente se limita a regular un aspecto técnico y muy básico, que debe cumplir la torre, de modo que si estructura cumple con las disposiciones reglamentarias, no existe razón para impedir su construcción. De igual forma el artículo 12 supra citado no desmerita la declaración de interés público que reviste la actividad de telecomunicaciones, el hecho que se pongan algunas pautas constructivas, esto no se opone al interés público establecido para la actividad de telecomunicaciones en la ley 7539. Con respecto a que dicha regulación urbana carece de motivación, de criterios técnicos que la justifiquen, y que existe quebranto a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, estos alegatos resultan improcedentes, toda vez que dicho artículo 12 debe su redacción actual a la modificación realizada por el reglamento de construcciones en su capítulo XIX Bis "Instalaciones de Telecomunicaciones", artículo XIX.4.3 Bis (folio 557).
Pull quotesCitas destacadas
"Considera este Tribunal que el precedente supra citado es aplicable al caso en estudio, toda vez que uno de los aspectos que es objeto de análisis en la presente litis, es el tema de las telecomunicaciones y sus efectos en la esfera cantonal y nacional."
"This Tribunal considers that the aforementioned precedent is applicable to the case at hand, since one of the aspects under analysis in this dispute is the issue of telecommunications and its effects at the cantonal and national levels."
Considerando V
"Considera este Tribunal que el precedente supra citado es aplicable al caso en estudio, toda vez que uno de los aspectos que es objeto de análisis en la presente litis, es el tema de las telecomunicaciones y sus efectos en la esfera cantonal y nacional."
Considerando V
"Esta disposición no impide en absoluto la construcción de una torre de telecomunicaciones, solamente se limita a regular un aspecto técnico y muy básico, que debe cumplir la torre, de modo que si la estructura cumple con las disposiciones reglamentarias, no existe razón para impedir su construcción."
"This provision does not in any way prevent the construction of a telecommunications tower; it merely regulates a very basic technical aspect that the tower must meet, so that if the structure complies with the regulatory provisions, there is no reason to bar its construction."
Considerando VI
"Esta disposición no impide en absoluto la construcción de una torre de telecomunicaciones, solamente se limita a regular un aspecto técnico y muy básico, que debe cumplir la torre, de modo que si la estructura cumple con las disposiciones reglamentarias, no existe razón para impedir su construcción."
Considerando VI
"La declaratoria de interés público efectuada por el artículo 74 de la Ley de la ARESEP, tiene, a su vez, asidero constitucional suficiente y legítimo en el numeral 45, párrafo 1°, de la Constitución Política, al establecer el principio de la intangibilidad relativa del patrimonio, al admitir la figura de la expropiación por interés público legalmente comprobado."
"The declaration of public interest made by Article 74 of the ARESEP Law has, in turn, sufficient and legitimate constitutional grounding in Article 45, paragraph 1, of the Political Constitution, which establishes the principle of the relative inviolability of property by allowing the figure of expropriation for legally verified public interest."
Considerando V
"La declaratoria de interés público efectuada por el artículo 74 de la Ley de la ARESEP, tiene, a su vez, asidero constitucional suficiente y legítimo en el numeral 45, párrafo 1°, de la Constitución Política, al establecer el principio de la intangibilidad relativa del patrimonio, al admitir la figura de la expropiación por interés público legalmente comprobado."
Considerando V
"Con respecto a que dicha regulación urbana carece de motivación, de criterios técnicos que la justifiquen, y que existe quebranto a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, estos alegatos resultan improcedentes, toda vez que dicho artículo 12 debe su redacción actual a la modificación realizada por el reglamento de construcciones en su capítulo XIX Bis "Instalaciones de Telecomunicaciones", artículo XIX.4.3 Bis."
"As to the claim that this urban regulation lacks a statement of reasons, technical criteria to justify it, and that it violates the principles of reasonableness and proportionality, these arguments are unfounded, given that the current wording of Article 12 stems from the amendment made by the Construction Regulation in its Chapter XIX Bis "Telecommunications Installations", Article XIX.4.3 Bis."
Considerando VI
"Con respecto a que dicha regulación urbana carece de motivación, de criterios técnicos que la justifiquen, y que existe quebranto a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, estos alegatos resultan improcedentes, toda vez que dicho artículo 12 debe su redacción actual a la modificación realizada por el reglamento de construcciones en su capítulo XIX Bis "Instalaciones de Telecomunicaciones", artículo XIX.4.3 Bis."
Considerando VI
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V.- REGARDING THE PUBLIC INTEREST IN TELECOMMUNICATIONS. On this subject, it is important to cite the judgment of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) number 015763-2011 of nine hours forty-six minutes on November sixteenth, two thousand eleven, which stated the following: "(...) V. IMPORTANCE, PUBLIC INTEREST, AND NATIONAL VOCATION OF TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE IN THE CONSTITUTIONAL AND INFRACONSTITUTIONAL LEGAL ORDER. Based on a systematic analysis of the current constitutional and infraconstitutional legal order, it is feasible to conclude that infrastructure, in the field of telecommunications, has a relevance that exceeds the local or cantonal sphere, assuming a clear public interest and, of course, establishing itself as a matter that pertains to the national sphere with, even, projections in the field of Public International Law, since its development entails the fulfillment of a series of international obligations previously assumed by the Costa Rican State. In the first place, as this Constitutional Court has indicated, the subject of telecommunications has great constitutional relevance, so much so that Article 121, subsection 14), sub-subsection c), of the Constitution indicates that for wireless services, the electromagnetic spectrum forms part of the constitutional public domain and is specifically a good belonging to the Nation, such that it cannot be disaffected or removed from the domain of the State. The General Telecommunications Law No. 8642 of June 4, 2008, hereinafter LGT, when enunciating the guiding principles in this sector, indicates in its Article 3°, subsection i), that there must be an optimization of scarce resources, emphasizing that the use of Telecommunications infrastructure must be (‘) objective, timely, transparent, non-discriminatory, and efficient, with the dual objective of ensuring effective competition, as well as the expansion and improvement of networks and services. Precisely, the optimization, weighted use, expansion, and improvement of infrastructure and networks in telecommunications responds to the manifest purposes of that normative body, such as ensuring the application of the principles of universal access, efficiency, equality, continuity, quality, greater and better coverage, and solidarity in telecommunications (Article 2° LGT). On the other hand, Article 32, subsection d), LGT establishes with meridian clarity that the objective of universal access and service and of solidarity is achieved, among other means, through the development of the infrastructure, given that only with a robust and fully developed infrastructure can the digital divide be reduced, and the benefits of the Information and Knowledge Society, connectivity, and the availability of access devices and broadband services be enjoyed. For its part, the Law of the Regulatory Authority of Public Services (Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos), No. 7593 of August 9, 1993, in its Article 74, amended by the Law for the Strengthening and Modernization of Public Entities in the Telecommunications Sector (Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones) No. 8660 of August 8, 2008, made a declaration of public interest for telecommunications infrastructure and networks by prescribing the following: The establishment, installation, expansion, renovation, and operation of public telecommunications networks or any of their elements is considered an activity of public interest. Such a declaration has major repercussions, inasmuch as it is recognized, by law, that the subject of infrastructure in this matter holds a clear and unequivocal public or general interest that transcends the local or regional sphere within the country, to project itself nationally and internationally, by allowing the Costa Rican State to fulfill, in good faith, a series of obligations and commitments assumed in the context of Public International Law. It is worth noting that public interest is defined by Article 113, paragraph 1°, of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública) of 1978, as the expression of the coinciding individual interests of the administered parties; for its part, paragraph 2 of the cited numeral of the LGAP of 1978 clearly provides that the public interest shall prevail over the interest of the Public Administration when there may be a conflict. One consequence of the foregoing is that the interests of any decentralized Costa Rican public entity, such as the municipalities, cannot be placed above the clear public interest of telecommunications infrastructure as expressly declared by the national legislator through a law that expresses the general will (Articles 105 and 121, subsection 1°, of the Constitution), which must prevail over interests of a local nature, given that municipal autonomy does not allow the town councils to withdraw from what has been declared a national interest, otherwise territorial autonomy is perverted, transforming the municipalities into micro-states, abstracted from the intersubjective direction or oversight that the State can exercise through constitutional bodies, by issuing valid and effective laws, and the celebration of international conventions and treaties by the Executive Branch and approved by the Legislative Assembly (Articles 7°, 121, subsection 4°, and 140, subsection 10°, of the Political Constitution). The declaration of public interest made by Article 74 of the ARESEP Law has, in turn, sufficient and legitimate constitutional basis in numeral 45, paragraph 1°, of the Political Constitution, by establishing the principle of the relative intangibility of property, admitting the figure of expropriation for a legally proven public interest. A second consequence drawn from the declaration of public interest is that the subject of construction, expansion, or development and improvement of infrastructure in telecommunications has a clear and unequivocal national vocation. Thus, it is the State and its organs that assume stewardship and direction in the matter to which all lesser public entities must submit in order to achieve objectives such as universal access and services, the reduction of the digital divide for reasons of solidarity, and the interconnection and connectivity necessary to allow all Costa Ricans, regardless of the locality, district, canton, or region where they live, to enjoy the benefits and advantages of the Information and Knowledge Society. The national legislator, far from localizing the subject of telecommunications infrastructure, nationalized it expressly and unequivocally. A reflection of the foregoing is the creation of the Telecommunications Sector provided for by Article 38 of the cited Law for the Strengthening and Modernization of Public Entities in the Telecommunications Sector, by providing the following: The Telecommunications Sector is created within the framework of the State's sectorization. It shall be constituted by the Public Administration, both centralized and decentralized, as well as by public companies that carry out functions or activities related to telecommunications. Under this rule, the telecommunications sector has a transversal and, therefore, national character, since it includes the entire universe of public entities, including those territorially decentralized such as the municipalities. Thus, the town councils cannot withdraw from such a sector. The national character of telecommunications, in general, and, particularly, of its infrastructure becomes more evident when considering Article 39 of the cited Law, which establishes that the sector's rector shall be the Minister of Environment, Energy and Telecommunications (Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones), who is responsible, in the exercise of a general function of intersubjective direction or administrative oversight, among others, for the following:
This Court considers that the precedent cited above is applicable to the case under study, given that one of the aspects analyzed in the present dispute is the subject of telecommunications and its effects at the cantonal and national levels.
VI.- TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE, MUNICIPALITIES, REGULATORY PLANS (PLANES REGULADORES), ZONING, LAND-USE CERTIFICATES (CERTIFICADOS DE USO DE SUELO), AND CONSTRUCTION LICENSES (LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN). In a clear attempt to provide symmetry and standardization in telecommunications infrastructure, given that it is a matter of clear national vocation, a significant series of general regulatory instruments have been issued, both at the national and cantonal levels. Thus, the Executive Branch issued Decree No. 36159 of May 10, 2010, called Standard Rules and Competences of Public Entities for the Coordinated and Expedited Approval Required for the Installation and Expansion of Telecommunications Networks (Normas Estándares y Competencias de las Entidades Públicas para la aprobación coordinada y expedita requerida para la Instalación y Ampliación de Redes de Telecomunicaciones), the purpose of which was to standardize the procedures for obtaining authorizations to build and install telecommunications infrastructure in light of the prevailing regulatory dispersion and to fill existing gaps in the matter. Article 10 of this Executive Decree provided that it is the municipality's competence to grant land-use certificates (certificados de uso de suelo) and construction licenses, in accordance with the Regulatory Plan or its current regulations, provided that the installation of telecommunications infrastructure is contemplated in said plan or regulations. By reason of the provisions of subsections a) and h) of Article 3 of the General Telecommunications Law, Law No. 8642, as well as the provisions of Article 74 of the Law of the Regulatory Authority of Public Services, Law No. 7593, and in compliance with the principle of legality established in Article 11 of the General Law of Public Administration, and in Article 11 of the Political Constitution, the municipalities shall base their actions for the granting of conforming land uses (usos de suelo conforme) and construction permits on the following principles:
The plaintiff states that the Municipal Regulation for telecommunications licenses (Reglamento Municipal para licencias en telecomunicaciones) enters into an area where the municipalities lack competence because the local interest is subordinated to the national one. This argument by the plaintiff lacks merit, given that the cited Executive Decree number 36159, which regulates rules, standards, and competences of public entities for the coordinated and expedited approval required for the installation or expansion of Telecommunications Networks, in its Article 10, regulates that the granting of land-use certificates and construction licenses shall be the exclusive competence of the municipalities, in accordance with the Regulatory Plan or its current regulations, provided that the installation of telecommunications infrastructure is contemplated in said plan or regulations. In this way, it becomes evident that while it is true that the subject of telecommunications is imbued with a national-interest character, it is also true that the Municipalities are called upon to participate in the regulation of the construction of telecommunications infrastructure and, to that end, may create the necessary regulations, such as the municipal regulation whose Article 12 is challenged here. Likewise, this challenged municipal regulation complies with the provisions of Article 10 of Executive Decree 36159, because it refers to the installation of telecommunications infrastructure. From the foregoing, it is inferred that the Executive Branch itself accepted that in the matter of constructing towers for operating mobile telephony, although a national interest exists, there is likewise one of a local nature, which logically obligates respect for what is established in the municipal urban planning regulations, including the provisions of the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana) and the Construction Law (Ley de Construcciones), especially since, by virtue of the principle of legality, the cited decree must be applied in accordance with said higher-ranking regulations. Although telecommunications matters hold national interest, this does not exclude the fact that they also have a cantonal dimension that is evident and deserves protection; therefore, it is not true that the Regulation of the Municipality of Palmares for the Location and Construction of Telecommunications Infrastructure (Reglamento de la Municipalidad de Palmares para la Ubicación y Construcción de Infraestructura de Telecomunicaciones) enters into an area in which the municipalities have no competence, and it is evident that the challenged Article 12 responds to competences assigned to municipal entities, and therefore falls within the limits of the regulatory power (potestad reglamentaria) of the Municipality of Palmares. The plaintiff requests that the non-conformity with the legal system be declared and that Article 12, formerly 11, of the Regulation of the Municipality of Palmares for the Location and Construction of Telecommunications Infrastructure be annulled with retroactive effect to the moment of its enactment. To support this claim, the plaintiff has alleged that said regulatory provision contradicts the provisions of laws 8642 and 7593, that it is an urban regulation lacking technical criteria to justify it, that there is a violation of the principles of reasonableness and proportionality, together with a lack of justification (motivación) for the administrative act. In the first place, this Court considers that the challenged article does not oppose the provisions of laws 8642 and 7593. The plaintiff interprets that the aforementioned Article 12 seeks to prevent the exploitation, development, and installation of telecommunication towers. However, this position is not shared; in the judgment of this chamber, the challenged article regulates basic technical aspects such as the dimension of the frontage (frente) and depth (fondo) of the plots in relation to the height of the tower. This provision does not absolutely prevent the construction of a telecommunications tower; it merely limits itself to regulating a very basic technical aspect that the tower must comply with, so that if the structure complies with the regulatory provisions, there is no reason to prevent its construction. Likewise, the aforementioned Article 12 does not detract from the declaration of public interest that telecommunications activity holds; the fact that some construction guidelines are put in place does not oppose the public interest established for telecommunications activity in law 7539. Regarding the claims that said urban regulation lacks justification, lacks technical criteria to support it, and that there is a violation of the principles of reasonableness and proportionality, these allegations are unfounded, given that said Article 12 owes its current wording to the amendment made by the construction regulations in their Chapter XIX Bis "Telecommunications Installations," Article XIX.4.3 Bis (folio 557). The plaintiff should note that the Construction Regulations (Reglamento de Construcciones) have a special chapter dedicated to telecommunications installations, which indicates technical requirements that are mandatory for the construction of Telecommunications Towers; this regulation comes from the Executive Branch and not from the local government, so we are not dealing with a provision of a local nature that literally applies what the Construction Regulations already regulate. Also relevant is the fact that the reform to the construction regulations is a current, mandatory provision which, by its general nature, modified Article 12 of the Regulation of the Municipality of Palmares for the Location and Construction of Telecommunications Infrastructure, and therefore, a lack of justification, a lack of technical criteria to support it, and a violation of the principles of reasonableness and proportionality cannot be alleged, and given that the plaintiff did not challenge the Construction Regulations that originate the legal provision challenged here, this claim must be declared unfounded, as Article 12 of the challenged municipal regulation has its legal basis in the Construction Regulations, in its Chapter XIX Bis "Telecommunications Installations," Article XIX.4.3 Bis. The foregoing is in accordance with Constitutional Chamber vote number 15763-2011, and laws 8642 and 7593, in the sense that rules of a local nature, such as the municipal regulation challenged here, must submit to and adjust to rules and regulations of a national nature, as in this case the Construction Regulations, because the matter of telecommunications is a subject of public interest, as embodied in the Law of the Regulatory Authority of Public Services, No. 7593 of August 9, 1993, in its Article 74. Such a declaration has major repercussions, inasmuch as it is recognized, by law, that the subject of infrastructure in this matter holds a clear and unequivocal public or general interest that transcends the local or regional sphere within the country, to project itself nationally and internationally, by allowing the Costa Rican State to fulfill, in good faith, a series of obligations and commitments assumed in the context of Public International Law. It is worth noting that public interest is defined by Article 113, paragraph 1°, of the General Law of Public Administration of 1978, as the expression of the coinciding individual interests of the administered parties; for its part, paragraph 2 of the cited numeral of the LGAP of 1978 clearly provides that the public interest shall prevail over the interest of the Public Administration when there may be a conflict. One consequence of the foregoing is that the interests of any decentralized Costa Rican public entity, such as the municipalities, cannot be placed above the clear public interest of telecommunications infrastructure as expressly declared by the national legislator through a law that expresses the general will (Articles 105 and 121, subsection 1°, of the Constitution), which must prevail over interests of a local nature, given that municipal autonomy does not allow the town councils to withdraw from what has been declared a national interest. It is important to highlight that in Executive Decree 36159, which has been cited and defended so many times by the plaintiff, its Article 10 indicates that the municipalities must adhere to what is established in the Construction Law and thus its Regulations; therefore, the challenged Article 12 does not suffer from any of the nullities alleged by the plaintiff, since the municipal Regulation was subordinated to a rule of a national nature, such as the Construction Regulations, in furtherance of respecting the declaration of public interest for telecommunications activity made by law 7593 and respecting the provisions of the aforementioned Executive Decree 36159. Finally, since Article 12 of the Municipal Regulation of Palmares is based on Article XIX.4.3 Bis of the Construction Regulations, and given that this regulation has a specialized chapter indicating "Telecommunications Installations," the discussion about whether towers are buildings (edificaciones) or structures is irrelevant, given that the general regulations for buildings are not being applied to them, but rather the specialized chapter for Telecommunications Installations. Consequently, no defect meriting declaration is observed, which leads to the rejection of the annulment claim formulated." In a brief filed at fifteen hours forty-nine minutes on October 11, 2012 (folios 501-502), this last point was clarified as follows: the damages consist of the sunk financial cost of the lease option payments to owners of the lands on which the towers would be located, and costs to obtain authorizations such as environmental feasibility (viabilidad ambiental), alignments (alineamientos), and land uses (usos de suelo); for their part, the lost profits consist of the income the plaintiff failed to receive due to the frustration of the contracts for leasing space on the towers that it has not been possible to build, which they estimate prudentially as of October 11, 2012, in the sum of US$723,568.- 2.- The legal representative of the defendant municipality answered by generally admitting the facts; however, he indicates that these are decisions corresponding to the Municipal Council, which he cannot control in his capacity as Mayor, and requests that the Municipal Council be given a prudential deadline to proceed with the amendment of the "Reglamento de la Municipalidad de Palmares para la ubicación y construcción de infraestructura de telecomunicaciones", regarding the observations made by SUTEL in official letter CCI-20123-02, and the amendment of the Construction Regulations (Reglamento de Construcciones), Chapter XIX4.3-bis, "Instalaciones de Telecomunicaciones". He likewise stated that if a condemnation to pay damages and lost profits is declared, the Municipal Council should be the one to answer for them, and that he be absolved from the payment of costs. Regarding the amplification of the complaint, the Municipality of Palmares answers in the negative, according to the terms of its brief visible at folio 583.
3.- Having been raised the request for partial extra-procedural satisfaction, this Court resolves to grant such petition, through resolution number 06-2013 of fourteen hours on January 17, 2013, in the following terms: "Because it has been recognized in the administrative channel, the extra-procedural satisfaction of the following claim formulated by the plaintiff is declared: '1. Declare the non-conformity with the legal system and annul with retroactive effect to the moment of their promulgation, articles 7 subsection e), 10, 10 Bis, 11, 17, 19, 20, 22, 27 subsection p) and other related norms of the "Reglamento de la Municipalidad de Palmares para la ubicación y construcción de infraestructura de telecomunicaciones", published on February 14, 2012, in the Official Gazette La Gaceta No. 32, issued by the Municipality of Palmares.' Regarding which the proceeding is hereby terminated. Continue the trial with respect to the remaining petitions of the complaint on which no satisfaction has operated" (folios 584-591). By reason of the foregoing, the plaintiff's annulment claim definitively remains as follows: "declare the non-conformity with the legal system and annul with retroactive effect to the moment of its promulgation, article 12 -formerly 11- of the Reglamento de la Municipalidad de Palmares para la ubicación y construcción de infraestructura de telecomunicaciones, published on February 14, 2012, in the Official Gazette La Gaceta No. 32, issued by the Municipality of Palmares, and its amendments published in the Official Gazette La Gaceta No. 159 of August 20, 2012." 4.- In the proceedings before this Court, no nullities have been observed that must be remedied or that generate defenselessness. After deliberation, this resolution is issued.- Drafted by Judge Zeledón Hernández, and,
WHEREAS
I.- Proven Facts: 1) That the Municipality of Palmares promulgated a regulation called: "Reglamento de la Municipalidad de Palmares para la Ubicación y Construcción de Infraestructura de Telecomunicaciones", published in the Official Gazette La Gaceta No. 32, of February 14, 2012 (folio 582).- 2) That the plaintiff company has requested authorization for land use (uso de suelo) for the installation of the tower in question from the defendant Municipality on three occasions and has been denied, on two occasions due to lack of a regulation and the third due to opposition to article 11 -now 12- of the aforementioned regulation, which requires a minimum distance of eight meters fifty centimeters from all boundaries (proven fact 15 of the main complaint admitted by the defendant at folios 4 and 485).- 3) That the company Costa Pacífico Torres Limitada entered into a lease option contract on August 12, 2010, for a term of eleven months, for an area of three hundred thirty-five square meters, within the property located in the Province of Alajuela, Cantón Palmares, District la Candelaria, registration number Placa27935; in the sum of fifteen hundred dollars (folios 68-80).- 4) That on March 30, 2012, the present complaint was filed, challenging articles 7 subsection e), 10, 10 Bis, 17, 19, 20, 22, 27 subsection p); in addition to 11 (initial brief at fs. 1 to 35).- 5) That on August 20, 2012, in Alcance 115 to La Gaceta No. 159, the Amendments to the "Reglamento de la Municipalidad de Palmares para la ubicación y construcción de infraestructura de telecomunicaciones" were published, approved by agreement CM-06-117-12, of Ordinary Session 117 of July 24, 2012, of the Municipal Council of Palmares (fs. 530 to 532 and 549 to 582).- II.- Facts not proven. Sole. That the plaintiff has experienced damages and lost profits as a result of the administrative conduct challenged in this proceeding (the case file).
III.- PLAINTIFF'S ARGUMENTS. In synthesis, it indicates that since the opening of the telecommunications market through Law 8642, a paradigm shift has been generated, through regulations that ensure the indispensable requirements for the rupture of the monopolistic model. That Law 7593 declared the development of the infrastructure required for the deployment of telecommunications networks to be of public interest, and that the challenged Regulation intrudes into an area in which municipalities have no competence, because it regulates matters proper to the competence of the Executive Branch. The challenged norm is absolutely null because it regulates matters proper to the competence of SUTEL, that the Municipality is incompetent to establish limitations because the location of the towers depends on the network design and is defined by the operator. It continues to state that the exercise of regulatory power by the Municipality is limited by the principle of legal reserve, insofar as only the law may regulate the legal regime of constitutional rights; the regulatory power is subject to the rules proper to the principle of legal regularity, so it is not admissible to regulate contrary to what is provided by norms of greater potency and resistance. That in the specific case, the Municipal Regulation departed from what was established in Law 8642, making the installation of towers impossible, along with their commercial exploitation; measures are taken that obstruct or absolutely prevent both the development of a quality cellular telephone network and the optimization of scarce resources; therefore, there exists a defect of absolute nullity, due to the non-application of the cited legal provisions that possess superior rank and are of public order. That there is a violation regarding reasonableness and proportionality; the challenged provision requires technical criteria to justify such regulation, provided that it does not obstruct the development of more efficient networks; moreover, they are unnecessary because the number of towers intended to be installed is not so great as to consider that an excessively burdensome disruption to the aesthetics of the environment will be caused. That neither in Executive Decree (Decreto Ejecutivo) 36159 nor in the model regulation of FEMETRON are analogous norms found, which evidences the clear non-conformity with the technical criteria of the measures mentioned above. It mentions a lack of motivation and that upon reviewing the administrative file, it was possible to conclude that there is no motivation whatsoever to regulate in the terms that the norms of the challenged regulation do. The damages consist of the sunk financial cost for lease option payments for lands, costs to obtain authorizations such as environmental feasibility (viabilidad ambiental), alignments (alineamientos), land uses (usos de suelo), and the lost profits in the income the plaintiff failed to receive due to the frustration of the lease contracts.
IV.- ARGUMENTS OF THE MUNICIPALITY. In synthesis, it states that these are decisions corresponding to the Municipal Council, which it cannot control in its capacity as Mayor, and that if condemnation to pay damages and lost profits is declared, the Municipal Council should be the one to answer for them. That once the amendments to the Regulation were made, the latter conforms to the law and to the Construction Regulations (Reglamento de Construcciones).
V.- ON PUBLIC INTEREST IN TELECOMMUNICATIONS MATTERS. On this topic, it is important to bring up the judgment of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) number 015763-2011 of nine hours forty-six minutes on November sixteenth, two thousand eleven, which indicated the following: "(...) V. IMPORTANCE, PUBLIC INTEREST, AND NATIONAL VOCATION OF TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE IN THE CONSTITUTIONAL AND INFRACONSTITUTIONAL ORDER. From a systematic analysis of the constitutional and infraconstitutional legal system in force, it is feasible to conclude that infrastructure, in telecommunications matters, has a relevance that exceeds the sphere of the local or cantonal, assuming a clear public interest and, of course, standing as a matter that concerns the national orbit with, even, projections in the field of Public International Law, as its development implies the fulfillment of a series of international obligations previously assumed by the Costa Rican State. In the first place, as this Constitutional Court has indicated, the topic of telecommunications has great constitutional relevance, so much so that in article 121, subsection 14), sub-subsection c), of the Constitution, it is indicated that for wireless services the electromagnetic spectrum forms part of the constitutional public domain and concretely is a good belonging to the Nation, and cannot be disaffected or leave the State’s domain. The General Telecommunications Law No. 8642 of June 4, 2008, hereinafter LGT, when enunciating the guiding principles in this sector, indicates in its article 3, subsection i), that there must be an optimization of scarce resources, emphasizing that the use of Telecommunications infrastructure must be (") objective, timely, transparent, non-discriminatory, and efficient, with the dual objective of ensuring effective competition, as well as the expansion and improvement of networks and services. Precisely, the optimization, weighted utilization, expansion, and improvement of infrastructure and networks in telecommunications matters obeys the manifest purposes of that normative body, such as those of ensuring the application of the principles of universal access, efficiency, equality, continuity, quality, greater and better coverage, and solidarity in telecommunications (article 2 LGT). On the other hand, article 32, subsection d), LGT establishes with meridian clarity that the objective of universal access and service and solidarity is achieved, among other means, through the development of infrastructure, given that only with robust and fully developed infrastructure can the digital divide be reduced and the benefits of the Information and Knowledge Society, connectivity, and the availability of access devices and broadband services be enjoyed. For its part, the Law of the Regulatory Authority for Public Services (Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos), No. 7593 of August 9, 1993, in its article 74, amended by the Law for the Strengthening and Modernization of Public Entities in the Telecommunications Sector No. 8660 of August 8, 2008, made a declaration of public interest for infrastructure and networks in telecommunications by prescribing the following: The establishment, installation, expansion, renovation, and operation of public telecommunications networks or any of their elements is considered an activity of public interest. Such declaration has great repercussions, because it is recognized, by law, that the topic of infrastructure in this matter has a clear and unequivocal public or general interest that transcends the sphere of the local or regional within the country, to project itself in the national and international sphere, by allowing the Costa Rican State to fulfill, in good faith, a series of obligations and commitments assumed in the context of Public International Law. It should be noted that public interest is defined by article 113, paragraph 1, of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública) of 1978, as the expression of the coinciding individual interests of the administered; for its part, paragraph 2 of the cited numeral of the LGAP of 1978 clearly provides that public interest shall prevail over the interest of the Public Administration when they may be in conflict. One consequence of the foregoing is that the interests of any Costa Rican decentralized public entity, such as municipalities, cannot take precedence over the clear public interest of telecommunications infrastructure so declared, expressly, by the national legislator through a law that manifests the general will (articles 105 and 121, subsection 1, of the Constitution), which must prevail over interests of a local nature, given that municipal autonomy does not allow town councils to exclude themselves from what has been declared as an interest of a national character; otherwise, territorial autonomy is perverted, transforming municipalities into micro-states, abstracted from the inter-subjective direction or tutelage that the State can exercise, through constitutional organs, by means of the issuance of valid and effective laws, the conclusion of international agreements and treaties by the Executive Branch, and approval by the Legislative Assembly (articles 7, 121, subsection 4, and 140, subsection 10, of the Political Constitution). The declaration of public interest made by article 74 of the ARESEP Law has, in turn, sufficient and legitimate constitutional grounding in numeral 45, paragraph 1, of the Political Constitution, by establishing the principle of the relative intangibility of property, by admitting the figure of expropriation for legally proven public interest. A second consequence that is extracted from the declaration of public interest is that the topic of construction, expansion, or development and improvement of infrastructure in telecommunications matters has a clear and unequivocal national vocation. So it is the State and its organs that assume the leadership and direction in the matter to which all lesser public entities must submit to achieve objectives such as universal access and service, the reduction of the digital divide for reasons of solidarity, the necessary interconnection and connectivity that allow all Costa Ricans, regardless of the locality, district, canton, or region where they reside, to enjoy the benefits and advantages of the Information and Knowledge Society. The national legislator, far from localizing the topic of telecommunications infrastructure, expressly and unequivocally nationalized it. A reflection of the foregoing is the creation of the Telecommunications Sector provided for by article 38 of the cited Law for the Strengthening and Modernization of Public Entities in the Telecommunications Sector, by providing the following: The Telecommunications Sector is created, within the framework of the State’s sectorization. It shall be constituted by the Public Administration, both centralized and decentralized, as well as by the public companies that develop functions or activities related to telecommunications according to this norm; the telecommunications sector has a transversal and, therefore, national character, because it includes the entire universe of public entities, including, those territorially decentralized such as municipalities. Thus, town councils cannot exclude themselves from such a sector. The national character of telecommunications, in general, and, particularly, of its infrastructure becomes more evident upon considering article 39 of the cited Law, insofar as it establishes that the Rector of the sector shall be the Minister of Environment, Energy, and Telecommunications, to whom it corresponds, in the exercise of a general function of inter-subjective direction or administrative tutelage, among others, the following:
VI.- TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE, MUNICIPALITIES, REGULATORY PLANS, ZONING, LAND-USE CERTIFICATES, AND CONSTRUCTION LICENSES. In a clear attempt to provide symmetry and standardization in telecommunications infrastructure matters, it being a topic of clear national vocation, a major series of general regulatory instruments have been issued, both at the national and cantonal levels. Thus, the Executive Branch issued Decree No. 36159 of May 10, 2010, called Standard Norms and Competencies of Public Entities for the Coordinated and Expedited Approval Required for the Installation and Expansion of Telecommunications Networks, whose purpose was to standardize the procedures for obtaining authorizations to build and install telecommunications infrastructure, given the prevailing regulatory dispersion, and to fill existing gaps in the matter. In article 10 of this Executive Decree (Decreto Ejecutivo), it was provided that it is municipal competence to grant land-use certificates (certificados de uso de suelo) and construction licenses, in accordance with the Regulatory Plan (Plan Regulador) or its current regulations, provided that said plan or regulations contemplate the installation of telecommunications infrastructure. By reason of the provisions of subsections a) and h) of article 3 of the General Telecommunications Law, Law No. 8642, as well as the provisions of article 74 of the Law of the Regulatory Authority for Public Services, Law No. Placa3360, and in compliance with the principle of legality established in article 11 of the General Law of Public Administration, and in article 11 of the Political Constitution, municipalities shall base their actions for the granting of conforming land uses (usos de suelo conforme) and construction permits on the following principles:
The plaintiff states that the Municipal Regulation for telecommunications licenses intrudes into an area in which municipalities have no competence because local interest is subordinated to the national one. This argument of the plaintiff lacks reason, since in the cited Executive Decree (Decreto Ejecutivo) number 36159, which regulates norms, standards, and competencies of public entities for the coordinated and expedited approval required for the installation or expansion of Telecommunications Networks, its article 10 regulates that the granting of land-use certificates (certificados de uso de suelo) and construction licenses shall be the exclusive competence of the municipalities, in accordance with the Regulatory Plan (Plan Regulador) or its current regulations, provided that said plan or regulations contemplate the installation of telecommunications infrastructure. In this way, it is made evident that, while it is true the topic of telecommunications has a nuance of national interest, it is also true that Municipalities are called to participate in the regulation of the construction of telecommunications infrastructure, and for this, they can create the necessary regulation, such as the municipal regulation challenged here in its article 12. Likewise, this challenged municipal regulation complies with what is established in article 10 of Executive Decree (Decreto Ejecutivo) 36159, because it refers to the installation of telecommunications infrastructure. From the foregoing, it is inferred that the Executive Branch itself accepted that in the matter of constructing towers to operate mobile telephony, while there is a national interest, there is equally another of a local character, which logically obligates respect for what is stipulated in municipal urban planning regulations, including what is established in the Urban Planning Law and Construction Law, especially since, by virtue of the principle of legality, the cited decree must be applied in a manner consistent with said higher-ranking regulations. While the topic of telecommunications has national interest, this does not exclude that it also has a cantonal dimension that is evident and merits protection; therefore, it is not true that the Reglamento de la Municipalidad de Palmares para la Ubicación y Construcción de Infraestructura de Telecomunicaciones intrudes into an area in which municipalities have no competence, and it is evident that the challenged article 12 obeys competencies assigned to municipal entities, and therefore is within the limits of the regulatory power of the Municipality of Palmares. The plaintiff requests that non-conformity with the legal system be declared and that article 12, formerly 11, of the Reglamento de la Municipalidad de Palmares para la Ubicación y Construcción de Infraestructura de Telecomunicaciones be annulled with retroactive effect to the moment of its promulgation. To support this claim, the plaintiff has alleged that said regulatory norm contradicts the provisions of Laws 8642 and 7593, also that it is an urban regulation that lacks technical criteria to justify it, that there is a violation of the principles of reasonableness and proportionality, along with a lack of motivation for the administrative act. In the first place, this Court considers that the challenged article does not oppose what is provided in Laws 8642 and 7593. The plaintiff interprets that the above-cited article 12 intends to prevent the exploitation, development, and installation of telecommunications towers. However, this stance is not shared; in the judgment of this Chamber, the challenged article regulates basic technical aspects such as the width and depth dimensions of the properties in relation to the height of the tower. This provision absolutely does not prevent the construction of a telecommunications tower; it merely limits itself to regulating a technical and very basic aspect that the tower must comply with, so that if the structure complies with the regulatory provisions, there is no reason to prevent its construction. Likewise, the aforementioned article 12 does not detract from the declaration of public interest that telecommunications activity holds; the fact that some construction guidelines are set does not oppose the public interest established for telecommunications activity in Law 7539. With respect to the claim that this urban regulation lacks motivation, lacks technical criteria to justify it, and that there is a violation of the principles of reasonableness and proportionality, these allegations are unfounded, since said article 12 owes its current wording to the amendment made by the construction regulations in its Chapter XIX Bis "Instalaciones de Telecomunicaciones", article XIX.4.3 Bis (folio 557). The plaintiff should take into account that the Construction Regulations (Reglamento de Construcciones) have a special chapter dedicated to the installation of telecommunications, wherein it indicates technical premises that are of mandatory observance for the construction of Telecommunications Towers; this regulation comes from the Executive Branch and not from the local government, so we are not facing a provision of a local nature that literally applies what, in itself, the Construction Regulations (Reglamento de Construcciones) regulate.
Also relevant is the fact that the amendment to the construction regulations (reglamento de construcciones) is a current, mandatory rule that, due to its general nature, modified Article 12 of the Municipality of Palmares’ Regulation for the Location and Construction of Telecommunications Infrastructure (Reglamento de la Municipalidad de Palmares para la Ubicación y Construcción de Infraestructura de Telecomunicaciones), and therefore, a lack of reasoning, a lack of technical criteria to justify it, and a breach of the principles of reasonableness and proportionality cannot be alleged. Since the plaintiff did not challenge the Construction Regulations (Reglamento de Construcciones) that give rise to the legal provision challenged here, this claim must be declared inadmissible, as Article 12 of the challenged municipal regulation has its legal basis in the Construction Regulations (Reglamento de Construcciones), in its Chapter XIX Bis "Telecommunications Installations (Instalaciones de Telecomunicaciones)," Article XIX.4.3 Bis. The foregoing is consistent with Constitutional Chamber (Sala Constitucional) vote number 15763-2011, and laws 8642 and 7593, in the sense that local rules, such as the municipal regulation challenged here, must submit to and conform with national rules and regulations, such as, in this case, the Construction Regulations (Reglamento de Construcciones), because telecommunications is a matter of public interest as set forth in the Law of the Regulatory Authority for Public Services (Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos), No. 7593 of August 9, 1993, in its Article 74. Such a declaration has great repercussions, in that it is recognized by law that the issue of infrastructure in this matter is of clear and unequivocal public or general interest that transcends the local or regional sphere within the country, projecting itself nationally and internationally, by allowing the Costa Rican State to fulfill, in good faith, a series of obligations and commitments undertaken in the context of Public International Law. It should be noted that public interest is defined by Article 113, paragraph 1, of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública) of 1978, as the expression of the coinciding individual interests of the administered parties. For its part, paragraph 2 of the cited section of the LGAP of 1978 clearly provides that the public interest shall prevail over the interest of the Public Administration when they may be in conflict. One consequence of the foregoing is that the interests of any decentralized Costa Rican public entity, such as municipalities, cannot take precedence over the clear public interest of telecommunications infrastructure, so declared expressly by the national legislator through a law that manifests the general will (Articles 105 and 121, subsection 1, of the Constitution), which must prevail over local interests, given that municipal autonomy does not allow local councils (ayuntamientos) to withdraw from what has been declared a matter of national interest. It is important to highlight that Executive Decree (Decreto Ejecutivo) 36159, which has been cited and defended so many times by the plaintiff, indicates in its Article 10 that municipalities must adhere to what is established in the Construction Law (Ley de Construcciones) and therefore its Regulations. Consequently, the challenged Article 12 does not suffer from any of the nullities alleged by the plaintiff, as the municipal regulation was subordinated to a national rule like the Construction Regulations (Reglamento de Construcciones), in order to respect the declaration of public interest in the telecommunications activity made by Law 7593 and to respect the provisions of the aforementioned Executive Decree (Decreto Ejecutivo) 36159. Finally, since Article 12 of the Municipal Regulation of Palmares is based on Article XIX.4.3 Bis of the Construction Regulations (Reglamento de Construcciones), and given that this regulation has a specialized chapter titled "Telecommunications Installations (Instalaciones de Telecomunicaciones)," the discussion about whether towers are buildings or structures is irrelevant, as the general regulations for buildings are not being applied to them, but rather the specialized chapter for Telecommunications Installations (Instalaciones de Telecomunicaciones). Consequently, no deficiency is observed that warrants being declared, which leads to the rejection of the annulment claim filed.
VII.- Regarding claims number 2 and 3, both must be rejected, since no deficiency or defect was observed in the proceedings that could lead to a declaration of nullity, nor was any deficiency or misapplication of discretionary elements found, as there was no improper exercise of such powers. Upon rejecting the annulment claim, the challenged Municipal Regulation remains intact, and therefore the request for the substitution of the challenged rule becomes inadmissible. Given that the plaintiff initially requested the annulment of a series of articles (11, 17, 19, 20, 22, and 27 subsection p) that are not currently part of the challenged Municipal Regulation, and that this claim was resolved through out-of-court satisfaction (satisfacción extraprocesal), their claim number 2 lost part of its basis, since it was related to the annulment claim for said articles. The plaintiff intended that, upon the annulment of Articles 11, 17, 19, 20, 22, and 27 subsection p) of the challenged Regulation, the Municipality would be forced to rethink the text of said articles and, at the time of their formulation, apply the limits and mandates suggested by the plaintiff in claim 2; however, as already indicated, the aforementioned articles are no longer part of the challenged Regulation, and no grounds for nullity were found within it, specifically concerning Article 12, so its wording remains unscathed. As the challenged Regulation remains with its wording intact, it is meaningless to condemn the administration to exercise its discretion with the requested limits when drafting new articles due to a nullity that did not occur. In the same vein, claim number 3, which relates to Decree 36159-MINAET, Article 11, is meaningless since the Municipal Regulation maintains its provisions intact and therefore there are no gaps that must be filled by means of the aforementioned Article 11.
VIII.- REGARDING THE DAMAGES CLAIMS. In this specific case, the substantive argument of the lawsuit was rejected, which is sufficient grounds to deny the monetary claim filed, as it is accessory to the former. Indeed, insofar as no illegitimate action by the Administration has been verified, neither has an injury that the plaintiff is not obligated to bear been configured. Administrative liability, under the regime of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública, LGAP), requires not only that the existence of harmful conduct and a patrimonial or non-patrimonial injury be established, but also that a causal link exists between the two, i.e., that there is a direct cause-and-effect relationship between the attributed act and the damage produced. In this state of affairs, this Court finds that the claim for damages lacks legal merit and must, consequently, be dismissed.- IX.- REGARDING THE SUBSTANTIVE REQUIREMENTS OF THE ACTION. The defendant Municipality did not file any exceptions. Notwithstanding the foregoing, it is true that both procedural doctrine and contentious-administrative jurisprudence (in this regard, see cassation judgment 34-1961, of ten hours and twenty minutes on March twenty-second, nineteen sixty-one) recognize as substantial requirements for the issuance of any judgment those relating to the standing (legitimación) of the intervening parties, the interest in the resolution of the conflict, and the right; which are reviewable even ex officio by any judge. In the case under study, it is true that there is proper standing, both active and passive. In that sense, for this Court, the plaintiff has sufficient active standing to participate in this process in accordance with Article 10, subsection 2 of the CPCA; and the defendant Municipality, for being the entity that issued the challenged regulation. Likewise, it is also evident that the issue under discussion holds current interest for the parties, precisely because the challenged Municipal Telecommunications Regulation is in force and producing its effects. And finally, it is based on the considerations given in this decision that the inadmissibility of the filed lawsuit is determined, which shows the lack of right (falta de derecho) that assists the plaintiff in their claim.
X.- REGARDING COSTS. Article 193 of the CPCA establishes that procedural and personal costs are imposed on the losing party for the sole fact of losing, a pronouncement that must be made even ex officio, according to the provisions of that same rule, in conjunction with section 119.2 ibid. The waiver of this condemnation is only viable: a) when, in the Court's judgment, there is sufficient reason to litigate; b) when the judgment is issued by virtue of evidence that the opposing party was unaware of; or else, c) when plus petitio is incurred, that is, when the difference between the amount claimed and what is ultimately obtained is fifteen percent (15%) or more, unless the bases of the lawsuit are expressly considered provisional or their determination depends on judicial discretion or an expert's report (ordinal 194 ibid). In this case, this collegiate body finds no reason to apply the exceptions established by the applicable rules and to break the principle of condemning the losing party. Therefore, the payment of both costs is imposed on the plaintiff Nombre103344.-
POR TANTO.
In accordance with the facts and jurisprudential citations that inform the present process, it is resolved: ex officio, a lack of right (falta de derecho) is declared. Consequently, the lawsuit filed by Nombre103344 against the Municipality of Palmares is declared INADMISSIBLE. Both costs are to be borne by the plaintiff. NOTIFÍQUESE.- Pablo Zeledón Hernández Nombre136069 Nombre136022.- Goicoechea, Dirección01, 50 metros oeste del BNCR, frente a Dirección02. Teléfonos: 2545-0003 - 2545-0004. Fax: 2241-5664 y 2545-0006. Correo electrónico: ...01 Classification prepared by CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL of the Judicial Branch. Its reproduction and/or distribution for profit is prohibited.
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Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI Clase de asunto: Proceso de trámite preferente Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Sentencias en igual sentido Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Derecho Municipal Tema: Municipalidad Subtemas:
Alcances y límites de la potestad reglamentaria en materia de telecomunicaciones.
Tema: Telecomunicaciones Subtemas:
Principios aplicables. Interés público y vocación nacional de la infraestructura y redes de telecomunicaciones. Alcances y límites de la potestad reglamentaria de las municipalidades.
Tema: Interés público Subtemas:
Vocación nacional de la infraestructura y redes de telecomunicaciones.
“V.- SOBRE EL INTERÉS PÚBLICO EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES. Sobre este tema es importante traer a colación la sentencia de la Sala Constitucional número 015763-2011 de las nueve horas cuarenta y seis minutos del dieciséis de noviembre de dos mil once, indicó lo siguiente: "(...) V. IMPORTANCIA, INTERÉS PÚBLICO Y VOCACIÓN NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS TELECOMUNICACIONES EN EL ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. A partir de un análisis sistemático del ordenamiento jurídico constitucional e infraconstitucional vigente, es factible concluir que la infraestructura, en materia de telecomunicaciones, tiene una relevancia que excede la esfera de lo local o cantonal, asumiendo un claro interés público y, desde luego, erigiéndose como una cuestión que atañe a la órbita de lo nacional con, incluso, proyecciones en el terreno del Derecho Internacional Público al suponer su desarrollo el cumplimiento de una serie de obligaciones internacionales asumidas previamente por el Estado costarricense. En primer término, como lo ha indicado este Tribunal Constitucional, el tema de las telecomunicaciones tiene gran relevancia constitucional, tanto que en el artículo 121, inciso 14), subinciso c), de la Constitución se indica que los servicios inalámbricos el espectro electromagnético forma parte del dominio público constitucional y concretamente es un bien propio de la Nación, siendo que no puede ser desafectado o salir del dominio del Estado. La Ley General de Telecomunicaciones No. 8642 de 4 de junio de 2008 en adelante LGT, al enunciar los principios rectores en este sector, indica en su artículo 3°, inciso i), que debe haber una optimización de los recursos escasos, destacando que la utilización de las infraestructuras de Telecomunicaciones debe ser («) objetiva, oportuna, transparente, no discriminatoria y eficiente, con el doble objetivo de asegurar una competencia efectiva, así como la expansión y mejora de las redes y servicios. Precisamente, la optimización, utilización ponderada, expansión y mejora de la infraestructura y redes en materia de telecomunicaciones, obedece a los fines manifiestos de ese cuerpo normativo, tales como los de asegurar la aplicación de los principios de acceso universal, eficiencia, igualdad, continuidad, calidad, mayor y mejor cobertura y solidaridad en las telecomunicaciones (artículo 2° LGT). De otra parte, el artículo 32, inciso d), LGT establece con claridad meridiana que el objetivo del acceso y servicio universales y de la solidaridad, se logra, entre otros medios, a través del desarrollo de la infraestructura , dado que, sólo con una infraestructura robusta y plenamente desarrollada logra reducir la brecha digital, disfrutar de los beneficios de la Sociedad de la Información y del Conocimiento, la conectividad y la disponibilidad de dispositivos de acceso y servicios de banda ancha. Por su parte la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, No. 7593 de 9 de agosto de 1993, en su artículo 74, modificado por la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones No. 8660 de 8 de agosto de 2008, hizo una declaratoria de interés público de la infraestructura y las redes en telecomunicaciones al preceptuar lo siguiente: Considerase una actividad de interés público el establecimiento, la instalación, la ampliación, la renovación y la operación de las redes públicas de telecomunicaciones o de cualquiera de sus elementos. Tal declaratoria tiene grandes repercusiones, por cuanto, se reconoce, por ley, que el tema de la infraestructura en la materia reviste un claro e inequívoco interés público o general que trasciende la esfera de lo local o regional a lo interno del país, para proyectarse en el ámbito nacional e internacional, al permitirle al Estado costarricense cumplir, de buena fe, una serie de obligaciones y compromisos asumidos en el contexto del Derecho Internacional Público. Cabe advertir que el interés público es definido por el artículo 113, párrafo 1°, de la Ley General de la Administración Pública de 1978, como la expresión de los intereses individuales coincidentes de los administrados, por su parte, el párrafo 2 del numeral citado de la LGAP de 1978 dispone, claramente, que el interés público prevalecerá sobre el interés de la Administración Pública cuando pueda estar en conflicto. Una consecuencia de lo anterior es que los intereses de cualquier ente público descentralizado costarricense, como podrían ser las municipalidades, no puede anteponerse al claro interés público de la infraestructura en telecomunicaciones así declarado, expresamente, por el legislador nacional a través de una ley que manifiesta la voluntad general (artículos 105 y 121, inciso 1°, de la Constitución), el que debe prevalecer sobre los intereses de carácter local, dado que, la autonomía municipal no le permite a los ayuntamientos sustraerse de lo que ha sido declarado como un interés de carácter nacional, de lo contrario se pervierte la autonomía territorial transformando a los municipios en micro estados, abstraídos de la dirección intersubjetiva o tutela que pueda ejercer el Estado, a través de los órganos constitucionales, mediante la emisión de leyes válidas y eficaces, la celebración de convenios y tratados internacionales por el Poder Ejecutivo y aprobados por la Asamblea Legislativa (artículos 7°, 121, inciso 4°, y 140, inciso 10°, de la Constitución Política). La declaratoria de interés público efectuada por el artículo 74 de la Ley de la ARESEP, tiene, a su vez, asidero constitucional suficiente y legítimo en el numeral 45, párrafo 1°, de la Constitución Política, al establecer el principio de la intangibilidad relativa del patrimonio, al admitir la figura de la expropiación por interés público legalmente comprobado. Una segunda consecuencia que se extrae de la declaratoria de interés público, es que el tema de construcción, ampliación o desarrollo y mejora de la infraestructura en materia de telecomunicaciones tiene una clara e inequívoca vocación nacional. De modo que es el Estado y sus órganos los que asumen la rectoría y dirección en la materia a la que deben someterse todos los entes públicos menores para lograr objetivos como el acceso y servicios universales, la reducción de la brecha digital por razones de solidaridad, la interconexión y conectividad necesarias que le permitan a todos los costarricenses, independientemente de la localidad, distrito, cantón o región donde habiten, gozar de los beneficios y ventajas de la Sociedad de la Información y del Conocimiento. El legislador nacional, lejos de localizar el tema de la infraestructura en telecomunicaciones lo nacionalizó expresa e inequívocamente. Reflejo de lo anterior, son la creación del Sector Telecomunicaciones previsto por el artículo 38 de la citada Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones, al disponer lo siguiente: Créase el Sector de Telecomunicaciones, dentro del marco de sectorización del Estado. Estará constituido por la Administración Pública, tanto la centralizada como la descentralizada, así como por las empresas públicas que desarrollen funciones o actividades relacionadas con las telecomunicaciones al tenor de esta norma el sector de las telecomunicaciones tiene un carácter transversal y, por ende, nacional, por cuanto, incluye a todo el universo de los entes públicos, incluidos, los descentralizados territorialmente como las municipalidades. Es así, como los ayuntamientos no pueden sustraerse de tal sector. El carácter nacional de las telecomunicaciones, en general, y, particularmente, de su infraestructura queda más patente al considerar el artículo 39 de la Ley citada, en cuanto establece que el rector del sector lo será el Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, al que le corresponde, en ejercicio de una función general de dirección intersubjetiva o tutela administrativa, entre otras, las siguientes:
VI.- INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES, MUNICIPIOS, PLANES REGULADORES, ZONIFICACIÓN, CERTIFICADOS DE USO DE SUELO Y LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN. En un claro intento de brindar simetría y normalización en materia de infraestructura de telecomunicaciones por tratarse de un tema de clara vocación nacional, se han dictado una serie importante de instrumentos normativos de carácter general, tanto a nivel nacional como cantonal. Así, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto No. 36159 de 10 de mayo de 2010, denominado Normas Estándares y Competencias de las Entidades Públicas para la aprobación coordinada y expedita requerida para la Instalación y Ampliación de Redes de Telecomunicaciones, cuyo fin fue uniformar los trámites para obtener autorizaciones para construir e instalar infraestructura de telecomunicaciones ante la dispersión normativa imperante y colmar las lagunas existentes en la materia. En el artículo 10, de este Decreto Ejecutivo se dispuso que es competencia municipal otorgar los certificados de uso de suelo y licencias constructivas, de conformidad con el Plan Regulador o sus reglamentos vigentes, siempre y cuando en dicho plan o reglamentos se contemple la instalación de infraestructura de telecomunicaciones. En razón de lo dispuesto en los incisos a) y h) del artículo 3 de la Ley General de Telecomunicaciones, Ley No. 8642, así como lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, Ley No. 7593, y en cumplimiento del principio de legalidad establecido en el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública, y en el artículo 11 de la Constitución Política, las municipalidades fundamentarán sus acciones para el otorgamiento de usos de suelo conforme y permisos de construcción en los siguientes principios:
La parte actora manifiesta que el Reglamento Municipal para licencias en telecomunicaciones, se introduce en un ámbito que las municipalidades no tienen competencia en razón de que el interés local queda subordinado a lo nacional. Esta argumentación de la parte actora carece de razón, toda vez que en el citado Decreto Ejecutivo número 36159, en donde se regula normas, estándares y competencias de las entidades públicas para la aprobación coordinada y expedita requerida para la instalación o ampliación de Redes de Telecomunicaciones, en su artículo 10, regula que será competencia exclusiva de las municipalidades el otorgamiento de los certificados de uso de suelo y licencias constructivas, de conformidad con el Plan Regulador o sus reglamentos vigentes, siempre y cuando en dicho plan o reglamentos se contemple la instalación de infraestructura de telecomunicaciones. De esta manera se logra evidenciar que si bien es cierto el tema de las telecomunicaciones reviste de un matiz de interés nacional, también es cierto que las Municipalidades están llamadas a participar en la regulación de la construcción de la infraestructura en telecomunicaciones y para ello pueden crear la reglamentación necesaria como es el reglamento municipal que es aquí impugnado en su artículo 12. Asimismo, este reglamento municipal impugnado, cumple con lo establecido en el artículo 10 del Decreto Ejecutivo 36159, porque se refiere a la instalación de infraestructura en telecomunicaciones. De lo anterior se colige que el mismo Poder Ejecutivo aceptó que en materia de construcción de torres para operar la telefonía móvil, si bien existe un interés nacional, igualmente hay otro de carácter local, lo que lógicamente obliga al respeto a lo estatuido en la reglamentación urbanística municipal, incluyendo lo establecido en la Ley de Planificación Urbana y Ley de Construcciones, máxime que en virtud del principio de legalidad el citado decreto debe aplicarse de manera conforme con dicha normativa de rango superior. Si bien la temática de las telecomunicaciones revistan interés nacional, pero esto no excluye que también tengan una dimensión cantonal que es evidente y merece tutela, por lo tanto no es cierto que el Reglamento de la Municipalidad de Palmares para la Ubicación y Construcción de Infraestructura de Telecomunicaciones, se introduce en un ámbito en el cual los municipios no tienen competencia y resulta evidente que el artículo 12 impugnado, obedece a competencias asignadas a los entes municipales, y por lo tanto se encuentra dentro de lo límites de la potestad reglamentaria de la Municipalidad de Palmares. La parte actora solicita se declare la disconformidad con el ordenamiento jurídico y se anule con efecto retroactivo al momento de su promulgación el artículo 12 antes el 11 del Reglamento de la Municipalidad de Palmares para la Ubicación y Construcción de Infraestructura de Telecomunicaciones. Para respaldar esta pretensión la parte actora ha alegado que dicha norma reglamentaria contradice las disposiciones de la ley 8642 y 7593, también que se trata de una regulación urbana que carece de criterios técnicos que la justifiquen, que existe quebranto a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, junto con una falta de motivación del acto administrativo. En primer término este Tribunal considera que el artículo impugnado no se opone a lo dispuesto en las leyes 8642 y 7593. La parte actora interpreta que el supra citado artículo 12, pretende impedir la explotación, desarrollo e instalación de las torres de telecomunicación. Sin embargo no se comparte tal postura, a juicio de esta cámara el artículo impugnado regula aspectos técnicos básicos como la dimensión de frente y fondo de los predios con relación a la altura de la torre. Esta disposición no impide en absoluto la construcción de una torre de telecomunicaciones, solamente se limita a regular un aspecto técnico y muy básico, que debe cumplir la torre, de modo que si estructura cumple con las disposiciones reglamentarias, no existe razón para impedir su construcción. De igual forma el artículo 12 supra citado no desmerita la declaración de interés público que reviste la actividad de telecomunicaciones, el hecho que se pongan algunas pautas constructivas, esto no se opone al interés público establecido para la actividad de telecomunicaciones en la ley 7539. Con respecto a que dicha regulación urbana carece de motivación, de criterios técnicos que la justifiquen, y que existe quebranto a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, estos alegatos resultan improcedentes, toda vez que dicho artículo 12 debe su redacción actual a la modificación realizada por el reglamento de construcciones en su capítulo XIX Bis "Instalaciones de Telecomunicaciones", artículo XIX.4.3 Bis (folio 557). Tome en cuenta la parte actora que el Reglamento de Construcciones tiene un capítulo especial dedicado a la instalación de telecomunicaciones, en donde indica presupuestos técnicos que son de acatamiento obligatorio para la construcción de Torres de Telecomunicaciones, esta normativa proviene del Poder Ejecutivo y no del gobierno local, por lo que no estamos ante una disposición de carácter local que aplica literalmente lo que de por sí, regula el Reglamento de Construcciones. También es relevante el hecho que la reforma al reglamento de construcciones es una norma vigente de acatamiento obligatorio que por su carácter general modificó el artículo 12 del Reglamento de la Municipalidad de Palmares para la Ubicación y Construcción de Infraestructura de Telecomunicaciones y por lo tanto no puede alegarse falta de motivación, falta de criterios técnicos que la justifiquen, y que existe quebranto a los principios de razonabilidad y proporcionalidad y siendo que el actor no impugnó el Reglamento de Construcciones que origina la disposición legal aquí impugnada debe declararse improcedente esta pretensión, al tener el artículo 12 del reglamento municipal impugnado su asidero jurídico en el Reglamento de Construcciones en su capítulo XIX Bis "Instalaciones de Telecomunicaciones", artículo XIX.4.3 Bis. Lo anterior es conforme con el voto de la Sala Constitucional número 15763-2011, las leyes 8642 y 7593, en el sentido que las normas de carácter local como el reglamento municipal aquí impugnado debe someterse y ajustarse a normas y reglamentos de carácter nacional, como en este caso el Reglamento de Construcciones, por ser la materia de telecomunicaciones un tema de interés público así plasmado en la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, No. 7593 de 9 de agosto de 1993, en su artículo 74. Tal declaratoria tiene grandes repercusiones, por cuanto, se reconoce, por ley, que el tema de la infraestructura en la materia reviste un claro e inequívoco interés público o general que trasciende la esfera de lo local o regional a lo interno del país, para proyectarse en el ámbito nacional e internacional, al permitirle al Estado costarricense cumplir, de buena fe, una serie de obligaciones y compromisos asumidos en el contexto del Derecho Internacional Público. Cabe advertir que el interés público es definido por el artículo 113, párrafo 1°, de la Ley General de la Administración Pública de 1978, como la expresión de los intereses individuales coincidentes de los administrados, por su parte, el párrafo 2 del numeral citado de la LGAP de 1978 dispone, claramente, que el interés público prevalecerá sobre el interés de la Administración Pública cuando pueda estar en conflicto. Una consecuencia de lo anterior es que los intereses de cualquier ente público descentralizado costarricense, como podrían ser las municipalidades, no puede anteponerse al claro interés público de la infraestructura en telecomunicaciones así declarado, expresamente, por el legislador nacional a través de una ley que manifiesta la voluntad general (artículos 105 y 121, inciso 1°, de la Constitución), el que debe prevalecer sobre los intereses de carácter local, dado que, la autonomía municipal no le permite a los ayuntamientos sustraerse de lo que ha sido declarado como un interés de carácter nacional. Es importante resaltar que en el Decreto Ejecutivo 36159, que tantas veces ha sido citado y defendido por la parte actora, en su artículo 10 indica que las municipalidades deben sujetarse a lo fijado en la Ley de Construcciones y por ende su Reglamento, por lo tanto el artículo 12 impugnado no adolece de ninguna de las nulidades alegadas por el actor, siendo que se supeditó el Reglamento municipal a una norma de carácter nacional como el Reglamento de Construcciones, en aras de respetar la declaratoria de interés público en la actividad de telecomunicaciones que realiza la ley 7593 y respetar lo dispuesto en el supracitado Decreto Ejecutivo 36159. Por último al estar el artículo 12 del Reglamento Municipal de Palmares, basado en el artículo XIX.4.3 Bis del Reglamento de Construcciones, y dado que este reglamento tiene un capítulo especializado que indica "Instalaciones de Telecomunicaciones", carece de relevancia la discusión acerca de si las torres son edificaciones o estructuras, toda vez que no se les está aplicando la normativa general para edificaciones, sino más bien el capítulo especializado para Instalaciones de Telecomunicaciones. En consecuencia, no se observa deficiencia alguna que merezca ser declarada, lo que lleva al rechazo de la pretensión anulatoria formulada.” ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas Tribunal Contencioso Administrativo de Goicoechea Central: 2545-0003 Ÿ Fax: 2545-0033 Ÿ Correo electrónico: ...01 Proceso: Trámite Preferente Actor: Costa Pacífico Torres Limitada Demandado: Municipalidad de Palmares VOTO 32-2013.- Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Sexta. IIº Circuito Judicial de San José, Anexo A.- A las quince horas del veintiuno de febrero del dos mil trece.- Proceso de trámite preferente de COSTA PACÍFICO TORRES LIMITADA, representada por su apoderado general judicial Allan Hernández Vargas, casado, vecino de Santa Ana, abogado, con cédula de identidad CED110807; contra la MUNICIPALIDAD DE PALMARES, representada por su señor Alcalde Bernal Vargas Araya, casado por segunda vez, administrador, vecino de Palmares de Alajuela, con cédula CED27059. Participa como apoderado especial judicial de la parte demandante el doctor Nombre36865 , casado, abogado, vecino de Montes de Oca de San José, con cédula CED28443. Todos mayores.-
RESULTANDO
1.- Con fundamento en los hechos expuestos y citas legales invocadas, esta demanda tiene por objeto que en sentencia se disponga: 1. Declarar la disconformidad con el ordenamiento jurídico y se anulen con efecto retroactivo al momento de su promulgación, los artículos 7 inciso e), 10, 10 Bis, 11, 17, 19, 20, 22, 27 inciso p) del "Reglamento de la Municipalidad de Palmares para la ubicación y construcción de infraestructura de telecomunicaciones", publicado el 14 de febrero de 2012 en el Diario Oficial La Gaceta número 32, emitido por la Municipalidad de Palmares. Posteriormente se amplía la demanda (folio 544) y se solicita declarar la disconformidad con el ordenamiento jurídico y se anule con efecto retroactivo al momento de su promulgación el artículo 12 (antes 11) del reglamento supra citado que fue afectado por la reforma publicada en el Diario Oficial la Gaceta número 159 del 20 de agosto del 2012. 2.- Se condene a la Administración a ejercitar la discrecionalidad propia de la potestad reglamentaria, conforme a los siguientes límites y mandatos impuestos por el ordenamiento jurídico y que solicito declarar de modo expreso, de modo tal que el reglamento no podrá: excluir, expresa o implícitamente, la posibilidad de construir torres de telecomunicaciones; aplicar análogamente reglas urbanísticas dirigidas a regular el desarrollo de edificaciones, no así, meras infraestructuras para servicios; contener disposiciones contrarias a las reglas unívocas de la ciencia y la técnica; disponer reglas que no se sujeten a lo dispuesto por la legislación nacional, las cuales atribuyen a la SUTEL y al Ministerio de Salud la competencia de regular el acceso a los recursos escasos —infraestructura— y la salud respectivamente, así como a la SETENA en el ámbito ambiental. 3.- Declarar el deber de la Municipalidad de Palmares, de aplicar el artículo 11 del Decreto No. 36195-MINAET-S-MEIC-MOPT: "Normas, estándares y competencias de las entidades públicas para la aprobación coordinada y expedita requerida para la instalación y ampliación de redes de telecomunicaciones", publicado en la Gaceta No. 745 (sic), del 8 de setiembre de 2010, para el otorgamiento de los permisos necesarios para la construcción de las torres de telecomunicación para proveer a la población de la municipalidad con la cobertura de telefonía celular sin que sea necesario esperar a que se aprueben nuevas normas que sustituyan las anuladas. 4.- Se condene al pago de ambas costas a favor de la actora. 5.- Se condene al pago de los daños y perjuicios que se determinarán en ejecución de sentencia. En escrito presentado a las quince horas cuarenta y nueve minutos del 11 de octubre de 2012 (folios 501-502) se aclaró este último extremo así: los daños consisten en el costo financiero hundido por los pagos por opciones de arrendamiento a propietarios de los terrenos en que se ubicarían las torres, costos para obtener autorizaciones tales como viabilidad ambiental, alineamientos y usos de suelo; por su parte los perjuicios consisten en los ingresos dejados de percibir por la actora al verse frustrados los contratos de arrendamiento de espacio en las torres que no ha sido posible construir, los que estiman en forma prudencial al 11 de octubre de 2012 en la suma de US$723,568.- 2.- El representante legal del municipio demandado contestó admitiendo en general los hechos, no obstante, indica que se trata de decisiones que corresponden al Concejo Municipal, que no puede controlar en su carácter de Alcalde y solicita que se le dé un plazo prudencial al Concejo Municipal para que proceda con la modificación del "Reglamento de la Municipalidad de Palmares para la ubicación y construcción de infraestructura de telecomunicaciones", en lo referente a las observaciones hechas por la SUTEL en el oficio CCI-20123-02 y la modificación del Reglamento de Construcciones, Capítulo XIX4.3-bis, "Instalaciones de Telecomunicaciones". Así mismo señalo que de declararse la condena al pago de daños y perjuicios, el que debe responder por los mimos sea el Concejo Municipal y se absuelva en el pago de las costas. Con respecto de la ampliación en la demanda la Municipalidad de Palmares contesta en forma negativa, según los términos de su libelo visible a folio 583.
3.- Habiendo sido planteada la gestión de satisfacción extraprocesal parcial, este Tribunal resuelve declarar con lugar tal pedimento, mediante resolución número 06-2013 de las catorce horas del 17 de enero del 2013, en los siguientes términos: "Por haber sido reconocida en la vía administrativa, se declara la satisfacción extraprocesal de la siguiente pretensión formulada por el actor: "1. Declarar la disconformidad con el ordenamiento jurídico y se anulen con efecto retroactivo al momento de su promulgación, los artículos 7 inciso e), 10, 10 Bis, 11, 17, 19, 20, 22, 27 inciso p) y demás normas conexas del "Reglamento de la Municipalidad de Palmares para la ubicación y construcción de infraestructura de telecomunicaciones", publicado el 14 de febrero de 2012 en el Diario Oficial La gaceta No. 32, emitido por la Municipalidad de Palmares". Respecto de la cual se da por terminado el proceso. Continúese el juicio respecto de los restantes pedimentos de la demanda sobre los cuales no ha operado satisfacción alguna" (folios 584-591). En razón de lo anterior la pretensión anulatoria del actor se mantiene en definitiva de la siguiente forma: "se declare la disconformidad con el ordenamiento jurídico y se anule con efecto retroactivo al momento de su promulgación del artículo 12 -antes 11- del Reglamento de la Municipalidad de Palmares para la ubicación y construcción de infraestructura de telecomunicaciones publicado el 14 de febrero del 2012, en el Diario Oficial La Gaceta Nº32, emitido por la Municipalidad de Palmares y sus reformas publicadas en el Diario Oficial LA Gaceta Nº 159 del 20 de agosto del 2012".
4.- En los procedimientos ante este Tribunal no se han observado nulidades que deban ser subsanadas o que generen indefensión. Previa deliberación, se dicta esta resolución.- Redacta el juez Zeledón Hernández y,
CONSIDERANDO
I.- Hechos Probados: 1) Que la Municipalidad de Palmares promulgó una normativa denominada: "Reglamento de la Municipalidad de Palmares para la Ubicación y Construcción de Infraestructura de Telecomunicaciones", publicado en el Diario Oficial la Gaceta No. 32, del 14 de febrero de 2012 (folio 582).- 2) Que la empresa actora ha solicitado en tres ocasiones autorización de uso de suelo para la instalación de la torre en cuestión a la Municipalidad demandada y se le ha negado, en dos oportunidades por falta de reglamento y la tercera por oposición al artículo 11 -ahora 12- del reglamento referido supra, que requiere una distancia mínima de ocho metros cincuenta centímetros de todas las colindancias (hecho 15 de la demanda principal admitido por la accionada a folios 4 y 485).- 3) Que la empresa Costa Pacífico Torres Limitada celebró un contrato de opción de arrendamiento en fecha 12 de agosto del 2010, por un plazo de once meses, para un área de trescientos treinta y cinco metros cuadrados, dentro del inmueble situado en la Provincia de Alajuela, Cantón Palmares, Distrito la Candelaria matrícula número Placa27935; en la suma de mil quinientos dólares (folios 68-80).- 4) Que el 30 de marzo de 2012 se interpuso la presente demanda, en la que se impugnan los artículos 7 inciso e), 10, 10 Bis, 17, 19, 20, 22, 27 inciso p); además del 11 (escrito inicial a fs. 1 a 35).- 5) Que el 20 de agosto de 2012, en el Alcance 115 a la Gaceta No. 159, se publicaron las Modificaciones al "Reglamento de la Municipalidad de Palmares para la ubicación y construcción de infraestructura de telecomunicaciones", aprobadas mediante acuerdo CM-06-117-12, de la Sesión Ordinaria 117 del 24 de julio de 2012, del Concejo Municipal de Palmares (fs. 530 a 532 y 549 a 582).- II.- Hechos no probados. Único. Que el actor haya experimentado daños y perjuicios como resultado de la conducta administrativa impugnada en este proceso (los autos).
III.- ARGUMENTOS DEL ACTOR. En síntesis indica que a partir de la apertura del mercado de las telecomunicaciones mediante la ley 8642, se ha generado un cambio de paradigma, por medio de normativas que aseguran los requerimientos indispensables para la ruptura del modelo monopólico. Que la ley 7593 declaró de interés público el desarrollo de la infraestructura requerida para el despliegue de las redes de telecomunicaciones y que el Reglamento impugnado se introduce en un ámbito en el cual los municipios no tienen competencia, porque se regula materias propias de la competencia del Poder Ejecutivo. La norma impugnada es absolutamente nula porque regula materia propia de la competencia de la SUTEL, que la Municipalidad es incompetente para establecer limitaciones debido a que la ubicación de las torres depende del diseño de la red y es definida por el operador. Continúa manifestando que el ejercicio de la potestad reglamentaria por parte de la Municipalidad, está limitado por el principio de reserva de ley, en cuanto solo la ley podrá regular el régimen jurídico de los derechos constitucionales; la potestad reglamentaria está sujeta a las reglas propias del principio de regularidad jurídica, de modo que no es admisible que se regule en sentido contrario al dispuesto por las normas de mayor potencia y resistencia. Que en el caso concreto el Reglamento Municipal se apartó de lo establecido en la ley 8642, imposibilitando la instalación de torres, junto con la explotación comercial de las mismas, se toman medidas que obstaculizan o impiden de modo absoluto, tanto el desarrollo de una red de telefonía celular de calidad, así como la optimización de los recursos escasos; por ello, existe un vicio de nulidad absoluta, por falta de aplicación, de las citadas disposiciones legales que poseen rango superior y son de orden público. Que existe un quebranto en cuanto a la razonabilidad y proporcionalidad, la disposición impugnada requiere de criterios técnicos que justifiquen esa regulación, siempre y cuando ello no obstaculice el desarrollo de redes más eficientes, además son innecesarias porque la cantidad de torres que se pretende instalar, no son tantas como para considerar que se causará un desajuste excesivamente gravoso para la estética del entorno. Que en el Decreto Ejecutivo 36159, ni en el Reglamento modelo de la FEMETRON se encuentran normas análogas, lo cual evidencia la clara disconformidad con los criterios técnicos de las medidas antes relacionadas. Menciona una falta de motivación y que al revisar el expediente administrativo, se pudo concluir que no existe motivación alguna para regular en los términos en que lo hacen las normas del reglamento impugnado. Los daños consisten en el costo financiero hundido por los pagos por opciones de arriendo de terrenos, costos para obtener autorizaciones tales como viabilidad ambiental, alineamientos, usos de suelo y los perjuicios en los ingresos dejados de percibir por la actora al verse frustrados los contratos de arrendamiento.
IV.- ARGUMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD. En síntesis manifiesta que se trata de decisiones que corresponden al Concejo Municipal, que no puede controlar en su carácter de Alcalde, que de declararse la condena al pago de daños y perjuicios, el que debe responder por los mismos sea el Concejo Municipal. Que realizadas las modificaciones al Reglamento, este último se ajusta a derecho y al Reglamento de Construcciones.
V.- SOBRE EL INTERÉS PÚBLICO EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES. Sobre este tema es importante traer a colación la sentencia de la Sala Constitucional número 015763-2011 de las nueve horas cuarenta y seis minutos del dieciséis de noviembre de dos mil once, indicó lo siguiente: "(...) V. IMPORTANCIA, INTERÉS PÚBLICO Y VOCACIÓN NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS TELECOMUNICACIONES EN EL ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. A partir de un análisis sistemático del ordenamiento jurídico constitucional e infraconstitucional vigente, es factible concluir que la infraestructura, en materia de telecomunicaciones, tiene una relevancia que excede la esfera de lo local o cantonal, asumiendo un claro interés público y, desde luego, erigiéndose como una cuestión que atañe a la órbita de lo nacional con, incluso, proyecciones en el terreno del Derecho Internacional Público al suponer su desarrollo el cumplimiento de una serie de obligaciones internacionales asumidas previamente por el Estado costarricense. En primer término, como lo ha indicado este Tribunal Constitucional, el tema de las telecomunicaciones tiene gran relevancia constitucional, tanto que en el artículo 121, inciso 14), subinciso c), de la Constitución se indica que los servicios inalámbricos el espectro electromagnético forma parte del dominio público constitucional y concretamente es un bien propio de la Nación, siendo que no puede ser desafectado o salir del dominio del Estado. La Ley General de Telecomunicaciones No. 8642 de 4 de junio de 2008 en adelante LGT, al enunciar los principios rectores en este sector, indica en su artículo 3°, inciso i), que debe haber una optimización de los recursos escasos, destacando que la utilización de las infraestructuras de Telecomunicaciones debe ser («) objetiva, oportuna, transparente, no discriminatoria y eficiente, con el doble objetivo de asegurar una competencia efectiva, así como la expansión y mejora de las redes y servicios. Precisamente, la optimización, utilización ponderada, expansión y mejora de la infraestructura y redes en materia de telecomunicaciones, obedece a los fines manifiestos de ese cuerpo normativo, tales como los de asegurar la aplicación de los principios de acceso universal, eficiencia, igualdad, continuidad, calidad, mayor y mejor cobertura y solidaridad en las telecomunicaciones (artículo 2° LGT). De otra parte, el artículo 32, inciso d), LGT establece con claridad meridiana que el objetivo del acceso y servicio universales y de la solidaridad, se logra, entre otros medios, a través del desarrollo de la infraestructura , dado que, sólo con una infraestructura robusta y plenamente desarrollada logra reducir la brecha digital, disfrutar de los beneficios de la Sociedad de la Información y del Conocimiento, la conectividad y la disponibilidad de dispositivos de acceso y servicios de banda ancha. Por su parte la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, No. 7593 de 9 de agosto de 1993, en su artículo 74, modificado por la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones No. 8660 de 8 de agosto de 2008, hizo una declaratoria de interés público de la infraestructura y las redes en telecomunicaciones al preceptuar lo siguiente: Considerase una actividad de interés público el establecimiento, la instalación, la ampliación, la renovación y la operación de las redes públicas de telecomunicaciones o de cualquiera de sus elementos. Tal declaratoria tiene grandes repercusiones, por cuanto, se reconoce, por ley, que el tema de la infraestructura en la materia reviste un claro e inequívoco interés público o general que trasciende la esfera de lo local o regional a lo interno del país, para proyectarse en el ámbito nacional e internacional, al permitirle al Estado costarricense cumplir, de buena fe, una serie de obligaciones y compromisos asumidos en el contexto del Derecho Internacional Público. Cabe advertir que el interés público es definido por el artículo 113, párrafo 1°, de la Ley General de la Administración Pública de 1978, como la expresión de los intereses individuales coincidentes de los administrados, por su parte, el párrafo 2 del numeral citado de la LGAP de 1978 dispone, claramente, que el interés público prevalecerá sobre el interés de la Administración Pública cuando pueda estar en conflicto. Una consecuencia de lo anterior es que los intereses de cualquier ente público descentralizado costarricense, como podrían ser las municipalidades, no puede anteponerse al claro interés público de la infraestructura en telecomunicaciones así declarado, expresamente, por el legislador nacional a través de una ley que manifiesta la voluntad general (artículos 105 y 121, inciso 1°, de la Constitución), el que debe prevalecer sobre los intereses de carácter local, dado que, la autonomía municipal no le permite a los ayuntamientos sustraerse de lo que ha sido declarado como un interés de carácter nacional, de lo contrario se pervierte la autonomía territorial transformando a los municipios en micro estados, abstraídos de la dirección intersubjetiva o tutela que pueda ejercer el Estado, a través de los órganos constitucionales, mediante la emisión de leyes válidas y eficaces, la celebración de convenios y tratados internacionales por el Poder Ejecutivo y aprobados por la Asamblea Legislativa (artículos 7°, 121, inciso 4°, y 140, inciso 10°, de la Constitución Política). La declaratoria de interés público efectuada por el artículo 74 de la Ley de la ARESEP, tiene, a su vez, asidero constitucional suficiente y legítimo en el numeral 45, párrafo 1°, de la Constitución Política, al establecer el principio de la intangibilidad relativa del patrimonio, al admitir la figura de la expropiación por interés público legalmente comprobado. Una segunda consecuencia que se extrae de la declaratoria de interés público, es que el tema de construcción, ampliación o desarrollo y mejora de la infraestructura en materia de telecomunicaciones tiene una clara e inequívoca vocación nacional. De modo que es el Estado y sus órganos los que asumen la rectoría y dirección en la materia a la que deben someterse todos los entes públicos menores para lograr objetivos como el acceso y servicios universales, la reducción de la brecha digital por razones de solidaridad, la interconexión y conectividad necesarias que le permitan a todos los costarricenses, independientemente de la localidad, distrito, cantón o región donde habiten, gozar de los beneficios y ventajas de la Sociedad de la Información y del Conocimiento. El legislador nacional, lejos de localizar el tema de la infraestructura en telecomunicaciones lo nacionalizó expresa e inequívocamente. Reflejo de lo anterior, son la creación del Sector Telecomunicaciones previsto por el artículo 38 de la citada Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones, al disponer lo siguiente: Créase el Sector de Telecomunicaciones, dentro del marco de sectorización del Estado. Estará constituido por la Administración Pública, tanto la centralizada como la descentralizada, así como por las empresas públicas que desarrollen funciones o actividades relacionadas con las telecomunicaciones al tenor de esta norma el sector de las telecomunicaciones tiene un carácter transversal y, por ende, nacional, por cuanto, incluye a todo el universo de los entes públicos, incluidos, los descentralizados territorialmente como las municipalidades. Es así, como los ayuntamientos no pueden sustraerse de tal sector. El carácter nacional de las telecomunicaciones, en general, y, particularmente, de su infraestructura queda más patente al considerar el artículo 39 de la Ley citada, en cuanto establece que el rector del sector lo será el Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, al que le corresponde, en ejercicio de una función general de dirección intersubjetiva o tutela administrativa, entre otras, las siguientes:
VI.- INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES, MUNICIPIOS, PLANES REGULADORES, ZONIFICACIÓN, CERTIFICADOS DE USO DE SUELO Y LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN. En un claro intento de brindar simetría y normalización en materia de infraestructura de telecomunicaciones por tratarse de un tema de clara vocación nacional, se han dictado una serie importante de instrumentos normativos de carácter general, tanto a nivel nacional como cantonal. Así, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto No. 36159 de 10 de mayo de 2010, denominado Normas Estándares y Competencias de las Entidades Públicas para la aprobación coordinada y expedita requerida para la Instalación y Ampliación de Redes de Telecomunicaciones, cuyo fin fue uniformar los trámites para obtener autorizaciones para construir e instalar infraestructura de telecomunicaciones ante la dispersión normativa imperante y colmar las lagunas existentes en la materia. En el artículo 10, de este Decreto Ejecutivo se dispuso que es competencia municipal otorgar los certificados de uso de suelo y licencias constructivas, de conformidad con el Plan Regulador o sus reglamentos vigentes, siempre y cuando en dicho plan o reglamentos se contemple la instalación de infraestructura de telecomunicaciones. En razón de lo dispuesto en los incisos a) y h) del artículo 3 de la Ley General de Telecomunicaciones, Ley No. 8642, así como lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, Ley No. Placa3360, y en cumplimiento del principio de legalidad establecido en el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública, y en el artículo 11 de la Constitución Política, las municipalidades fundamentarán sus acciones para el otorgamiento de usos de suelo conforme y permisos de construcción en los siguientes principios:
La parte actora manifiesta que el Reglamento Municipal para licencias en telecomunicaciones, se introduce en un ámbito que las municipalidades no tienen competencia en razón de que el interés local queda subordinado a lo nacional. Esta argumentación de la parte actora carece de razón, toda vez que en el citado Decreto Ejecutivo número 36159, en donde se regula normas, estándares y competencias de las entidades públicas para la aprobación coordinada y expedita requerida para la instalación o ampliación de Redes de Telecomunicaciones, en su artículo 10, regula que será competencia exclusiva de las municipalidades el otorgamiento de los certificados de uso de suelo y licencias constructivas, de conformidad con el Plan Regulador o sus reglamentos vigentes, siempre y cuando en dicho plan o reglamentos se contemple la instalación de infraestructura de telecomunicaciones. De esta manera se logra evidenciar que si bien es cierto el tema de las telecomunicaciones reviste de un matiz de interés nacional, también es cierto que las Municipalidades están llamadas a participar en la regulación de la construcción de la infraestructura en telecomunicaciones y para ello pueden crear la reglamentación necesaria como es el reglamento municipal que es aquí impugnado en su artículo 12. Asimismo, este reglamento municipal impugnado, cumple con lo establecido en el artículo 10 del Decreto Ejecutivo 36159, porque se refiere a la instalación de infraestructura en telecomunicaciones. De lo anterior se colige que el mismo Poder Ejecutivo aceptó que en materia de construcción de torres para operar la telefonía móvil, si bien existe un interés nacional, igualmente hay otro de carácter local, lo que lógicamente obliga al respeto a lo estatuido en la reglamentación urbanística municipal, incluyendo lo establecido en la Ley de Planificación Urbana y Ley de Construcciones, máxime que en virtud del principio de legalidad el citado decreto debe aplicarse de manera conforme con dicha normativa de rango superior. Si bien la temática de las telecomunicaciones revistan interés nacional, pero esto no excluye que también tengan una dimensión cantonal que es evidente y merece tutela, por lo tanto no es cierto que el Reglamento de la Municipalidad de Palmares para la Ubicación y Construcción de Infraestructura de Telecomunicaciones, se introduce en un ámbito en el cual los municipios no tienen competencia y resulta evidente que el artículo 12 impugnado, obedece a competencias asignadas a los entes municipales, y por lo tanto se encuentra dentro de lo límites de la potestad reglamentaria de la Municipalidad de Palmares. La parte actora solicita se declare la disconformidad con el ordenamiento jurídico y se anule con efecto retroactivo al momento de su promulgación el artículo 12 antes el 11 del Reglamento de la Municipalidad de Palmares para la Ubicación y Construcción de Infraestructura de Telecomunicaciones. Para respaldar esta pretensión la parte actora ha alegado que dicha norma reglamentaria contradice las disposiciones de la ley 8642 y 7593, también que se trata de una regulación urbana que carece de criterios técnicos que la justifiquen, que existe quebranto a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, junto con una falta de motivación del acto administrativo. En primer término este Tribunal considera que el artículo impugnado no se opone a lo dispuesto en las leyes 8642 y 7593. La parte actora interpreta que el supra citado artículo 12, pretende impedir la explotación, desarrollo e instalación de las torres de telecomunicación. Sin embargo no se comparte tal postura, a juicio de esta cámara el artículo impugnado regula aspectos técnicos básicos como la dimensión de frente y fondo de los predios con relación a la altura de la torre. Esta disposición no impide en absoluto la construcción de una torre de telecomunicaciones, solamente se limita a regular un aspecto técnico y muy básico, que debe cumplir la torre, de modo que si estructura cumple con las disposiciones reglamentarias, no existe razón para impedir su construcción. De igual forma el artículo 12 supra citado no desmerita la declaración de interés público que reviste la actividad de telecomunicaciones, el hecho que se pongan algunas pautas constructivas, esto no se opone al interés público establecido para la actividad de telecomunicaciones en la ley 7539. Con respecto a que dicha regulación urbana carece de motivación, de criterios técnicos que la justifiquen, y que existe quebranto a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, estos alegatos resultan improcedentes, toda vez que dicho artículo 12 debe su redacción actual a la modificación realizada por el reglamento de construcciones en su capítulo XIX Bis "Instalaciones de Telecomunicaciones", artículo XIX.4.3 Bis (folio 557). Tome en cuenta la parte actora que el Reglamento de Construcciones tiene un capítulo especial dedicado a la instalación de telecomunicaciones, en donde indica presupuestos técnicos que son de acatamiento obligatorio para la construcción de Torres de Telecomunicaciones, esta normativa proviene del Poder Ejecutivo y no del gobierno local, por lo que no estamos ante una disposición de carácter local que aplica literalmente lo que de por sí, regula el Reglamento de Construcciones. También es relevante el hecho que la reforma al reglamento de construcciones es una norma vigente de acatamiento obligatorio que por su carácter general modificó el artículo 12 del Reglamento de la Municipalidad de Palmares para la Ubicación y Construcción de Infraestructura de Telecomunicaciones y por lo tanto no puede alegarse falta de motivación, falta de criterios técnicos que la justifiquen, y que existe quebranto a los principios de razonabilidad y proporcionalidad y siendo que el actor no impugnó el Reglamento de Construcciones que origina la disposición legal aquí impugnada debe declararse improcedente esta pretensión, al tener el artículo 12 del reglamento municipal impugnado su asidero jurídico en el Reglamento de Construcciones en su capítulo XIX Bis "Instalaciones de Telecomunicaciones", artículo XIX.4.3 Bis. Lo anterior es conforme con el voto de la Sala Constitucional número 15763-2011, las leyes 8642 y 7593, en el sentido que las normas de carácter local como el reglamento municipal aquí impugnado debe someterse y ajustarse a normas y reglamentos de carácter nacional, como en este caso el Reglamento de Construcciones, por ser la materia de telecomunicaciones un tema de interés público así plasmado en la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, No. 7593 de 9 de agosto de 1993, en su artículo 74. Tal declaratoria tiene grandes repercusiones, por cuanto, se reconoce, por ley, que el tema de la infraestructura en la materia reviste un claro e inequívoco interés público o general que trasciende la esfera de lo local o regional a lo interno del país, para proyectarse en el ámbito nacional e internacional, al permitirle al Estado costarricense cumplir, de buena fe, una serie de obligaciones y compromisos asumidos en el contexto del Derecho Internacional Público. Cabe advertir que el interés público es definido por el artículo 113, párrafo 1°, de la Ley General de la Administración Pública de 1978, como la expresión de los intereses individuales coincidentes de los administrados, por su parte, el párrafo 2 del numeral citado de la LGAP de 1978 dispone, claramente, que el interés público prevalecerá sobre el interés de la Administración Pública cuando pueda estar en conflicto. Una consecuencia de lo anterior es que los intereses de cualquier ente público descentralizado costarricense, como podrían ser las municipalidades, no puede anteponerse al claro interés público de la infraestructura en telecomunicaciones así declarado, expresamente, por el legislador nacional a través de una ley que manifiesta la voluntad general (artículos 105 y 121, inciso 1°, de la Constitución), el que debe prevalecer sobre los intereses de carácter local, dado que, la autonomía municipal no le permite a los ayuntamientos sustraerse de lo que ha sido declarado como un interés de carácter nacional. Es importante resaltar que en el Decreto Ejecutivo 36159, que tantas veces ha sido citado y defendido por la parte actora, en su artículo 10 indica que las municipalidades deben sujetarse a lo fijado en la Ley de Construcciones y por ende su Reglamento, por lo tanto el artículo 12 impugnado no adolece de ninguna de las nulidades alegadas por el actor, siendo que se supeditó el Reglamento municipal a una norma de carácter nacional como el Reglamento de Construcciones, en aras de respetar la declaratoria de interés público en la actividad de telecomunicaciones que realiza la ley 7593 y respetar lo dispuesto en el supracitado Decreto Ejecutivo 36159. Por último al estar el artículo 12 del Reglamento Municipal de Palmares, basado en el artículo XIX.4.3 Bis del Reglamento de Construcciones, y dado que este reglamento tiene un capítulo especializado que indica "Instalaciones de Telecomunicaciones", carece de relevancia la discusión acerca de si las torres son edificaciones o estructuras, toda vez que no se les está aplicando la normativa general para edificaciones, sino más bien el capítulo especializado para Instalaciones de Telecomunicaciones. En consecuencia, no se observa deficiencia alguna que merezca ser declarada, lo que lleva al rechazo de la pretensión anulatoria formulada.
VII.- Respecto de las pretensiones número 2 y 3, ambas deben ser rechazadas, por cuanto en el proceso no se observó deficiencia o vicio alguno que pudiera llevar a una declaratoria de nulidad, tampoco se encontró deficiencia o mala aplicación de los elementos discrecionales, toda vez que no hubo ejercicio indebido de tales potestades; al rechazarse la pretensión anulatoria el Reglamento Municipal impugnado se conserva intacto, y por lo tanto deviene en improcedente lo solicitado para la sustitución de la norma impugnada. Siendo que el actor en un primer momento solicitó la anulación de una serie de artículos (11, 17, 19, 20, 22 y 27 inciso p) que actualmente no son parte del Reglamento Municipal impugnado, y que esa pretensión fue resuelta mediante la satisfacción extraprocesal, su pretensión número 2, perdió parte de su fundamento, toda vez que se relacionaba con la pretensión de anulación de dichos artículos. El actor pretendía que al anularse los artículos 11, 17, 19, 20, 22 y 27 inciso p) del Reglamento impugnado, la Municipalidad se viera obligada a replantear el texto de dichos artículos y en el momento de su formulación, se aplicara los límites y mandatos sugeridos por el actor en la pretensión 2; no obstante como ya se indicó, los artículos supra citados, ya no son parte del Reglamento impugnado y dentro del mismo no se encontró motivos de nulidad, específicamente en lo concerniente al artículo 12, por lo que su redacción se mantiene incólume. Al mantenerse el Reglamento impugnado con su redacción intacta, carece de sentido condenar a la administración para que cuando redacte nuevos artículos en razón de una nulidad que no se dio, se ejercite su discrecionalidad con los límites solicitados. En igual sentido la pretensión número 3 que se relaciona con el Decreto 36159-MINAET, artículo 11, carece de sentido toda vez que el Reglamento Municipal mantiene su normativa intacta y por lo tanto no existen vacíos que deban ser llenados por medio del supra citado artículo 11.
VIII.- SOBRE LAS PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS. En el caso concreto el planteamiento de fondo de la demanda fue rechazado y es base suficiente para denegar el reclamo pecuniario formulado, en tanto resulta accesorio de aquél. En efecto, en la medida en que no se ha constatado actuación ilegítima alguna de la Administración, no se ha configurado tampoco una lesión que el accionante no esté obligado a soportar. La responsabilidad administrativa, en el régimen de la Ley General de la Administración Pública (LGAP), exige que no solo se establezca la existencia de una conducta dañosa y una lesión patrimonial o extrapatrimonial, sino además, que entre ambas se dé un nexo causal, es decir, que exista relación directa de causa a efecto entre el hecho que se imputa y el daño producido. Así las cosas, opina este Tribunal que el reclamo de daños y perjuicios planteado carece de mérito jurídico y, en consecuencia, debe ser desestimado.- IX.- DE LOS PRESUPUESTOS DE FONDO DE LA ACCIÓN. La Municipalidad demandada, no formuló excepciones . No obstante de lo anterior, es lo cierto que tanto la doctrina procesal como la jurisprudencia contenciosa (en este sentido, puede consultarse la sentencia de casación 34-1961, de las diez horas veinte minutos del veintidós de marzo de mil novecientos sesenta y uno) reconocen como presupuestos sustanciales para el dictado de toda sentencia, los relativos a la legitimación de las partes intervinientes, el interés en la resolución del conflicto y el derecho; los cuales son revisables aún de oficio por todo juzgador. En el caso en estudio, es lo cierto que hay una debida legitimación, tanto activa como pasiva, en ese sentido, para este Tribunal el demandante cuenta con suficiente legitimación activa para participar en este proceso conforme al artículo 10 inciso 2 del CPCA; y la Municipalidad demandada por ser el ente que emitió el reglamento impugnado. Asimismo, también es evidente que el tema en discusión reviste interés actual para las partes, cabalmente en razón de que el Reglamento Municipal de Telecomunicaciones impugnado está vigente y surtiendo sus efectos. Y por último, es con fundamento en las consideraciones dadas en esta decisión, que se determina la improcedencia de la demanda interpuesta, lo que evidencia la falta de derecho que le asiste a la actora en su reclamo.
X.- SOBRE LAS COSTAS. El artículo 193 del CPCA establece que las costas procesales y personales son impuestas al vencido por el solo hecho de serlo, pronunciamiento que debe hacerse incluso de oficio, al tenor de lo dispuesto en esa misma norma, en concordancia con el numeral 119.2 ibídem. La dispensa de esta condena solo es viable: a) cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar; b) cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas que desconociera la parte contraria; o bien, c) cuando se incurra en plus petitio, esto es, cuando la diferencia entre lo reclamado y lo obtenido en definitiva sea de un quince por ciento (15%) o más, a no ser que las bases de la demanda sean expresamente consideradas provisionales o su determinación dependa del arbitrio judicial o dictamen de peritos (ordinal 194 ibídem). En la especie, no encuentra este órgano colegiado motivo para aplicar las excepciones que fija la normativa aplicable y quebrar el postulado de condena al vencido. Por ende, se impone el pago de ambas costas a la actora Nombre103344 .-
POR TANTO.
De conformidad con los hechos y citas jurisprudenciales que informan el presente proceso se resuelve: de oficio se declara falta de derecho. En consecuencia, se declara IMPROCEDENTE la demanda interpuesta por Nombre103344 contra la Municipalidad de Palmares. Son ambas costas a cargo de la actora. NOTIFÍQUESE.- Pablo Zeledón Hernández Nombre136069 Nombre136022 .- Goicoechea, Dirección01 , 50 metros oeste del BNCR, frente a Dirección02 . Teléfonos: 2545-0003 - 2545-0004. Fax: 2241-5664 y 2545-0006. Correo electrónico: ...01 Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.
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