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Res. 00352-2012 Tribunal Agrario · Tribunal Agrario · 21/03/2012

Adverse Possession Barred on Historically Public-Domain LandImprocedencia de usucapión sobre terrenos históricamente demaniales

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OutcomeResultado

GrantedCon lugar

The State’s appeal was granted, the trial judgment approving registration was reversed, and the proceedings were rejected because the land’s historic public-domain status prevented completion of ten years of qualifying possession.Se acogió la apelación del Estado, se revocó la aprobación de primera instancia y se rechazaron las diligencias porque la afectación histórica al dominio público impidió completar diez años de posesión apta para usucapir.

SummaryResumen

The Agrarian Court reversed the judgment approving possessory-information proceedings for two properties located in Los Santos Forest Reserve. Although Article 7 of the Possessory Information Law permits title to forested land within protected areas when specified requirements are met, the majority held that the land’s entire history of dedication to the public domain had to be examined, rather than only the reserve’s creation date in 1975. Oak-covered lands within the protected strip alongside the road alignment had successively been subject to restrictions on alienation, national-park status, and the public-domain regime established by the Land and Colonization Law. Only one year and eleven months elapsed between the repeal of the latter restriction in November 1973 and creation of the forest reserve in October 1975, which was insufficient to acquire ownership by adverse possession. The deed recounting earlier possession was also not competent evidence of its duration. A dissent would have affirmed registration under the currently applicable statutory requirements.El Tribunal Agrario revocó la sentencia que había aprobado la información posesoria de dos inmuebles situados en la Reserva Forestal Los Santos. Aunque el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias permite, bajo determinados requisitos, titular terrenos con bosque dentro de áreas protegidas, la mayoría concluyó que debía examinarse toda la historia de su afectación al dominio público y no únicamente la fecha de creación de la reserva en 1975. Los terrenos con robledales ubicados en la franja protegida junto al trazado vial habían estado sujetos sucesivamente a restricciones de enajenación, a la categoría de parque nacional y al régimen demanial de la Ley de Tierras y Colonización. Entre la derogación de esa última afectación en noviembre de 1973 y la creación de la reserva en octubre de 1975 transcurrieron solamente un año y once meses, plazo insuficiente para usucapir. Además, la escritura que relataba posesiones anteriores no constituía prueba idónea de su duración. Hubo voto salvado favorable a confirmar la titulación.

Key excerptExtracto clave

This means that, during the period in which that area—including the property sought to be titled—constituted a national park, its absolute protection prevented the exercise of agrarian possessory acts until the Land and Colonization Law No. 2825 of October 14, 1961 entered into force. The lands then remained subject to the Land and Colonization Law as public-domain areas until subsection (a) of Article 7 of that Law was repealed by Article 1 of Law No. 5385 of October 30, 1973. They were subsequently returned to the public domain through the creation of Los Santos Forest Reserve by Executive Decree No. 5389-A of October 28, 1975. Consequently, they were free from that dedication only from November 9, 1973 through October 27, 1975—a period of one year and eleven months—during which possession as owner could have begun. Nevertheless, that period was insufficient to acquire ownership by adverse possession.Lo anterior significa que durante el período durante el cual esa área, dentro de la que está comprendido el inmueble a titular, constituyó parque nacional, dada su protección absoluta, no pudieron ejercerse actos posesorios agrarios hasta la vigencia de la Ley de Tierras y Colonización Nº 2825 de 14 de octubre de 1961. Luego siguieron afectados por la Ley de Tierras y Colonización como areas demaniales hasta que fue derogado el inciso a) del artículo 7 de la Ley de Tierras y Colonización por el artículo 1º de la Ley 5385, de 30 de octubre de 1973, para luego volver a afectar dichos terrenos al demanio público con la creación de la Reserva Forestal Los Santos mediante el Decreto Ejecutivo Nº 5389-A del 28 de octubre de 1975, por lo que quedó sin afectación solamente durante el período comprendido entre el 9 de noviembre de 1973 al 27 de octubre de 1975, es decir un año y once meses, período en el cual sí se pudo haber entrado a poseer esos terrenos en el carácter de dueño. No obstante lo anterior dicho período no es suficiente para usucapir.

Pull quotesCitas destacadas

  • "Es importante mencionar la Sala Constitucional ha sido vehemente en cuanto a que se analice por parte de los juzgadores a partir de cuando se afecta un bien al demanio público."

    "It is important to note that the Constitutional Chamber has emphatically required judges to determine when property first became subject to the public domain."

    Considerando III

  • "Es importante mencionar la Sala Constitucional ha sido vehemente en cuanto a que se analice por parte de los juzgadores a partir de cuando se afecta un bien al demanio público."

    Considerando III

  • "Esta perspectiva de mayor amplitud favorece la protección del patrimonio ambiental de la Nación, determina que cuando se pretenda titular – mediante el procedimiento de informaciones posesorias- un terreno ubicado dentro de un área silvestre protegida, la discusión no se reduzca al simple cálculo del tiempo que tiene de haber ingresado a un inmueble en relación con la fecha en que se haya producido la declaratoria de área silvestre protegida."

    "This broader perspective promotes protection of the Nation’s environmental heritage and ensures that, when title is sought through possessory-information proceedings for land within a protected area, the inquiry is not reduced to merely calculating possession from the date the area was formally declared protected."

    Considerando III, cita del Voto Nº 4587-1997 de la Sala Constitucional

  • "Esta perspectiva de mayor amplitud favorece la protección del patrimonio ambiental de la Nación, determina que cuando se pretenda titular – mediante el procedimiento de informaciones posesorias- un terreno ubicado dentro de un área silvestre protegida, la discusión no se reduzca al simple cálculo del tiempo que tiene de haber ingresado a un inmueble en relación con la fecha en que se haya producido la declaratoria de área silvestre protegida."

    Considerando III, cita del Voto Nº 4587-1997 de la Sala Constitucional

  • "En cuanto a las manifestaciones vertidas en el testimonio de escritura Nº22, que corre a folio 13 de los autos, tal y como lo señala la apelante no puede tenerse como elemento probatorio el tiempo de posesión supuestamente transmitido, dado que en las escrituras públicas en las cuales se hace constar la transmisión de derechos sobre inmuebles, los notarios y las notarias consignan lo que les indican las personas interesadas, las cuales no son debidamente juramentadas para dichos actos."

    "As to the statements contained in deed testimony No. 22 at page 13 of the record, as the appellant argues, they cannot serve as evidence of the purportedly transferred period of possession because, in public deeds recording transfers of rights over real property, notaries record what the interested persons tell them, and those persons are not duly sworn for such acts."

    Considerando IV

  • "En cuanto a las manifestaciones vertidas en el testimonio de escritura Nº22, que corre a folio 13 de los autos, tal y como lo señala la apelante no puede tenerse como elemento probatorio el tiempo de posesión supuestamente transmitido, dado que en las escrituras públicas en las cuales se hace constar la transmisión de derechos sobre inmuebles, los notarios y las notarias consignan lo que les indican las personas interesadas, las cuales no son debidamente juramentadas para dichos actos."

    Considerando IV

  • "En lo apelado se revoca el fallo dictado. En su lugar se rechazan las diligencias de información posesoria planteada por Eugenia Serrano Chaves."

    "As to the matters appealed, the judgment is reversed. In its place, the possessory-information proceedings filed by Eugenia Serrano Chaves are rejected."

    Por tanto

  • "En lo apelado se revoca el fallo dictado. En su lugar se rechazan las diligencias de información posesoria planteada por Eugenia Serrano Chaves."

    Por tanto

Full documentDocumento completo

VOTO Nº 0* 352* -F-* 12* * * * * * * AGRARIAN COURT OF THE SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ. Goicoechea, at eleven o’clock * on veintiuno de marzo del dos mil doce.-* * * * * * * * * * * * POSSESSORY TITLE PROCEEDING (INFORMACIÓN POSESORIA) of [Nombre1], of legal age, single, homemaker, resident of San Gerardo, holder of identity card: CED1 - - . The PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA appears as a party, represented by its Deputy Attorney, attorney Susana Fallas Cubero, of legal age, attorney-at-law, holder of identity card CED2-, in her capacity as Deputy Attorney; and the INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO, represented by Carmelina Vargas Hidalgo, of legal age, divorced, attorney-at-law, resident of Escazú, holder of identity card CED3 - - . Attorney Fercinta Esquivel Godínez, of legal age, attorney-at-law, holder of identity card CED4 - -, acts as special judicial attorney-in-fact (apoderada especial judicial) for the petitioner.

Heard before the Juzgado Agrario de Cartago. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * FINDINGS:* * * * * * * * * * * * * 1.- The title applicant (titulante) brings this proceeding so that the property shown on survey plan number G- 1325665-09 may be registered in her name in the Registro Público de la Propiedad, described as follows: "...located in San Gerardo, [Dirección1], , in the province of San José, depicted on plan No. SJ-822391-02, with an area of: sixty-three thousand seven hundred fifty-two point forty-five square meters. Nature: mountain land. Bounded on the North by: [Nombre2]; South:* by the petitioner and [Nombre3]; East: [Dirección2], with a linear frontage of one hundred meters and fifty-one centimeters, and [Nombre4]; and West: [Dirección3] de Agua. The other property is depicted on plan No. SJ-866206-03, with an area of: four thousand five hundred ninety-three square meters.

Nature: pastureland. Bounded on the North and West by: [Dirección4], with a linear frontage of one hundred twenty-three meters and ten centimeters; South:* [Nombre2]; East: [Nombre5], [Nombre6], and [Nombre2]...", (folios 23, 117).-* * * * * * * * * * * * * 2.- The Instituto de Desarrollo Agrario and the Procuraduría General de la República were admitted as parties under the terms set forth at folios 39 to 44 and 49.-* * * * * * * * * * * * * 3.- Attorney Rebeca Salazar Alcócer, Judge of the Juzgado Agrario de Cartago, by judgment Nº 96-11 issued at sixteen hours and eight minutes on veintiséis de agosto del dos mil once, ruled: “THEREFORE (POR TANTO):* The present possessory title proceedings brought by [Nombre1] are approved and, consequently, the Registrar of the Registro Público de la Propiedad is ordered to register in the name of [Nombre1], of legal age, single, homemaker, resident of San Gerardo, holder of identity card: CED5, the properties described as follows: located in San Gerardo, [Dirección5], Dota, in the province of San José, depicted on plan No. SJ-822391-02, with an area of: sixty-three thousand seven hundred fifty-two point forty-five square meters.

Nature: mountain land. Bounded on the North by: [Nombre2]; South:* by the petitioner and [Nombre3]; East: public road, with a linear frontage of one hundred meters and fifty-one centimeters, and [Nombre4]; and West: Quebrada Ojo de Agua. The other property is depicted on plan No. SJ-866206-03, with an area of: four thousand five hundred ninety-three square meters. Nature: pastureland. Bounded on the North and West by: public road, with a linear frontage of one hundred twenty-three meters and ten centimeters; South:* [Nombre2]; East: [Nombre5], [Nombre6], and [Nombre2]. These properties were valued at five million colones, and the present proceedings were valued at two hundred thousand colones.", (the foregoing is from the original at 120 to 121).-*

  1. 4Attorney Susana Fallas Cubero, Deputy Attorney of the Procuraduría General de la República, filed an appeal (recurso de apelación), expressly stating the reasons for challenging the trial court’s position, (folios 122 to 133).-*

* * * * * * * 5. The statutory requirements have been observed in the conduct of the proceeding, and the ruling contains no apparent errors or omissions capable of rendering it null and void.* * * * * * * * * * * * * * * Drafted by Judge RUIZ RAMÍREZ, and * WHEREAS (CONSIDERANDO):* * * * * * * * * * * * * * I.- The Court adopts the facts found to have been proven in the judgment, as they faithfully reflect what occurred in the record. * * * * * * * * * * * * * II. Attorney Susana Fallas Cubero, representing the State, filed an appeal against the judgment within the prescribed time limit. She disagreed with the ruling for the following reasons: 1) According to Official Letter ACOPAC-OSRS-839-2010, the property for which title is sought is located within the [Dirección6] strip adjoining [Dirección7], in an area with oak forest cover (cobertura de robledales). That encumbrance (afectación), she states, predates the creation of Reserva Forestal Los Santos.

She contends that the testimonial evidence is insufficient to establish the exercise of ten years’ possession prior to 1939, the year in which the legislation declaring the area where those properties are located inalienable entered into force, because all three witnesses stated that they had known the properties only since between 1960 and 1961. She states that Article 6 of the Ley General de Terrenos Baldíos Nº 13 de 10 de enero de 1939 provided: "Public lands (baldíos) located within a zone... 2000 meters wide on each side of the route of [Dirección8] may not be conveyed." Those areas could be possessed only under lease agreements, as the same Law provided in Article 62: "The Executive Branch may lease by contract, for a term of four years, renewable at the parties’ discretion, the strips of land referred to in Article 6º, in an area not exceeding two hundred fifty hectares if devoted to raising or fattening livestock, and not exceeding one hundred twenty-five hectares if used for agricultural crops." She adds that Ley Nº 197 de 29 de agosto de 1945 amended the Ley General de Terrenos Baldíos by adding the presence of oak trees as an element and declaring as a National Park the lands within the two-thousand-meter zone on both sides of [Dirección9] along the remainder of the route yet to be built that contain oak trees.

She further states that the Ley de Tierras y Colonización Nº 2825 de 14 de octubre de 1961 reiterated that encumbrance in Article 7(a), providing: "Until such time as the State, on its own initiative or at the recommendation of the Ministerio de Agricultura or the Instituto de Desarrollo Agrario, and for reasons of national interest, determines which lands must remain under its ownership, the following shall be deemed inalienable and incapable of acquisition by claim (denuncio) or possession, except for those under private ownership: ...Those located within a zone of two thousand meters on both sides of the route of the Carretera Panamericana in areas where oak trees exist; ..." . The appellant states that this provision was repealed on 9 de noviembre de 1973 by Ley Nº 5385 de 30 de octubre de 1973; however, two years later, Reserva Forestal Los Santos was created by Decreto Nº 5389-A del 28 de octubre de 1975, an encumbrance that remains in force today, and that two-year period was insufficient for acquisitive prescription (prescripción positiva or usucapión) to vest.

She argues that, although the cited provisions have been repealed, as the Judge indicated, the Ley de Tierras y Colonización remained in force during the ten-year period preceding the entry into force of Decreto Nº 5389-A and was not repealed until two years before that decree took effect. Therefore, a ten-year prescriptive period could not have run in merely one year and eleven months. Furthermore, she states that the declarations contained in the certified copy of deed Nº 22 cannot be accepted as evidence of the period of possession purportedly transferred—which in any event was insufficient—in accordance with precedents of the Tribunal Agrario, from which she cites decisions. (see folios 122 to 133). * * * * * * * * * * * * * III. Through these proceedings, title is sought to a first property located in San Gerardo de Copey, [Dirección10], canton seventeen of the province of San José, measuring sixty-three thousand seven hundred fifty-two meters and forty-five square decimeters, designated as woodland and partly for agriculture, according to cadastral plan SJ-822391-2002 (folio lº), and to a second property located in San Gerardo de Copey, [Dirección10], canton seventeen of the province of San José, measuring four thousand five hundred ninety-three square meters, designated as pastureland, according to plan SJ-866206-2003 (folio 6).

They are located in Reserva Forestal Los Santos, created by Decreto Ejecutivo Nº 5389-A of 28 de octubre de 1975 (folios 30 and 31). On those properties, the land has been used in conformity with the activity conducted there, in accordance with the approved methodology, as certified by the Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria, which added in its report: “Most of the property consists of undisturbed primary forest.” property under plan SJ-822391-2002* (folio 3), and with respect to plan SJ-866206-2003, the report stated: “The entire property is under permanent blackberry cultivation, with soil covered by natural grass and adequate cover; there are also various remnant and naturally regenerating trees throughout.”* The nature of the land depicted in plan SJ-822391-2002 is forest, as recorded in the judicial inspection report, which states: “...it is woodland...” (folio 65).

As for the land under plan SJ-866206-2003, it is stated that it is entirely planted with blackberries and contains no woodland (folio 65). This is consistent with the information provided by attorney Orlando Montero Delgado, Head of the Oficina Subregional Los Santos of the Área de Conservación Pacífico Central of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, who states in relation to plan SJ-822391-2002: “...It should be noted that the floristic composition of the forests in that region is characterized by the abundant presence of specimens belonging to the botanical family Fagaceae (oaks and live oaks), which are referred to as oak forests. Finally, it should be noted that approximately 9% of those lands are located within the two-kilometer strip adjoining [Dirección11].” (folio 88); and with respect to the land under plan SJ-866206-2003, he states: “According to the information recorded in the cartographic location of the plan examined and the 2000 Costa Rica land-use map (FONAFIFO, 2000), that plan is located on land regarded as non-forest land (without forest) in that year.

This is consistent with the cadastral plan, which states that the land use of the property is pastureland. Those lands are located within the two-kilometer strip adjoining [Dirección11], approximately.” As evidence of possession (posesión), a document was submitted whereby, on 7 de junio de 2010, [Nombre7] donated to the petitioner, [Nombre8], the possessory acts (actos posesorios) that she claims to have performed, consisting of preserving the forest for 20 years on the property, both personally and through a transfer made to her by her father, [Nombre9], who transferred to her the possessory rights (derechos posesorios) exercised by him and by previous owners for more than 60 years, publicly, peacefully, continuously, and as owners (folio 13). According to that document, the possession donated to the person seeking title dates back more than 80 years, that is, to before 1930. For their part, the witnesses [Nombre10], [Nombre11], and [Nombre12], who testified on 1 de febrero 2011, stated that they had known the property since 1960 (folio 66), 1960 (folio 68), and 1961 (folio 69), respectively, when the property was in the possession of [Nombre9].

In light of the foregoing, if the property is deemed to have been dedicated to the public domain (afectado al dominio público) as of the effective date of the decree creating Reserva Forestal Los Santos, Nº 5389-A of 28 de octubre de 1975, the possession to be established must date back at least to 1965. In this case, both the testimonial and documentary evidence refer to a time before 1965. Nevertheless, the State’s representative argues that its dedication to the public domain predates that date because the property contains oak trees and is located in an area of [Dirección12] on both sides of the route of [Dirección13], as provided in subsection a) of Article 7 of Ley de Tierras y Colonización, repealed on 9 de noviembre de 1973 by Ley Nº 5385 of 30 de octubre de 1973; however, she notes that two years later Reserva Forestal Los Santos was created by Decreto Nº 5389-A of 28 de octubre de 1975.

She even cites earlier legislation imposing restrictions on that sector. In that regard, the Court finds that when Article 7 of Ley de Informaciones Posesorias, which permits title to properties containing forest and located within protected areas, entered into force, the properties were removed from the public domain (desafectación al dominio público), and possession for ten years prior to the effective date of the law or decree creating the protected area was required to be established. That possession clearly had to have been exercised under a claim of ownership (a título de dueño), a circumstance that, in the appellant’s view, did not occur because, pursuant to Articles 6 and 62 of Ley General de Terrenos Baldíos Nº 13 of 10 de enero de 1939—which has since been repealed—possession of that area could have been exercised only under a lease agreement. Those provisions stated: “Public lands located within a zone ... 2000 meters wide on each side of the route of [Dirección14] may not be conveyed.”; and: “The Executive Branch may lease by contract, for a term of four years renewable at the parties’ discretion, the strips of land referred to in Article 6, in an area not exceeding two hundred fifty hectares if devoted to the breeding or fattening of livestock, and not exceeding one hundred twenty-five hectares if used for agricultural crops....” She adds that Ley Nº 197 of 29 de agosto de 1945 amended Ley General de Terrenos Baldíos by adding the oak-tree element and declaring as a National Park the lands containing oak trees within the area of [Dirección12] on both sides of [Dirección15] along the remainder of the route yet to be built.

Based on the relationship among the cited provisions, possession as a lessee could have existed until the repeal of Ley General de Terrenos Baldíos, which occurred on 29 de agosto de 1945. On that date, however, the lands containing oak trees within the area of [Dirección12] on both sides of [Dirección9] along the remainder of the route yet to be built were declared a National Park. The National Park designation remained in effect until Ley de Tierras y Colonización entered into force, under which lands located in that sector and containing oak trees were declared part of the public domain. This means that during the period in which that area, including the property for which title is sought, constituted a national park, its absolute protection precluded the exercise of agrarian possessory acts (actos posesorios agrarios) until Ley de Tierras y Colonización Nº 2825 of 14 de octubre de 1961 entered into force.

They then remained subject to Ley de Tierras y Colonización as public-domain areas (áreas demaniales) until subsection a) of Article 7 of Ley de Tierras y Colonización was repealed by Article 1 of Ley 5385, of 30 de octubre de 1973, after which those lands were again incorporated into the public domain (demanio público) through the creation of Reserva Forestal Los Santos by Decreto Ejecutivo Nº 5389-A of 28 de octubre de 1975. They were therefore free from such dedication only during the period from 9 de noviembre de 1973 to 27 de octubre de 1975, that is, one year and eleven months, during which those lands could have been possessed as an owner. Nevertheless, that period is insufficient to acquire title by adverse possession (usucapir). It is important to note that the Sala Constitucional has been emphatic that adjudicators must analyze the date from which a property became part of the public domain.

In that regard, in Voto N° 4587 at 15:45 on 5 de agosto de 1997, in which it examined the constitutionality of the cited Article 7, the Sala Constitucional held that, to obtain title to lands located within the protected areas specified therein, the interested party had to establish possession for ten years before the respective Decree entered into force. In essence, the Court stated on that occasion: “...given the nature of the property to which title is sought (public property), the period of possession sufficient for acquisitive prescription (usucapión) must elapse before the property is dedicated to the public domain. In other words, the declaration of a protected wilderness area (área silvestre protegida) prevents possession following dedication from being counted and precludes satisfaction of the requirements for acquisitive prescription if the right had not been acquired by that time, meaning that the ten years of possession sufficient for acquisitive prescription under the conditions established by law had not elapsed....

It is important to summarize the basic elements applied in legal scholarship and case law regarding these matters, which require the judge—in connection with the challenged provision—to determine in each case the specific type of possessory act exercised on the property—which becomes part of the protected wilderness area—to which title is sought. This is intended to provide the judge with broader criteria—not limited to the effective date of the law or executive decree defining the boundaries of a particular wilderness area—for determining more precisely when those properties became inalienable and not subject to prescription (imprescriptibles), for purposes of determining whether adverse possession (posesión ad usucapionem) was exercised over them for ten years before they acquired that status.* This broader perspective favors the protection of the Nation’s environmental heritage and means that, when title is sought—through possessory-information proceedings (procedimiento de informaciones posesorias)—to land located within a protected wilderness area, the discussion is not reduced to a simple calculation of how long the person has occupied the property in relation to the date on which it was declared a protected wilderness area, because, on the one hand, in order to establish adverse possession for the period set forth in Article 7 of Ley de Informaciones Posesorias, the elements pertaining to each specific type of possession must be considered, and, on the other hand, consideration must be given to the possible existence of provisions that had long declared those lands inalienable, even before their specific dedication to the public domain....” Consequently, the Court agrees with the reasoning of the State’s representative.­(To the same effect, see Voto 623-F-11.)* * * * * * * * * * * * * IV.-Regarding the statements made in certified copy of deed Nº22, appearing at folio 13 of the record, as the appellant points out, the period of possession purportedly transferred cannot be accepted as evidence because, in public deeds recording the transfer of rights in real property, male and female notaries record what the interested persons tell them, and those persons are not duly sworn for such acts.

In addition to the matters stated in the preceding recital (considerando), the period of transferred possession recorded in the certified copy of the deed is insufficient.-* * * * * * * * * * * * * V.-Based on the foregoing, this Court finds that the judgment issued must be reversed and, in its place, the possessory-information proceedings brought by Eugenia Serrano Chaves must be dismissed.-* Por tanto:* * * * * * * * * * * * * * The judgment rendered is reversed insofar as appealed. In its place, the possessory title proceedings (diligencias de información posesoria) filed by Eugenia Serrano Chaves are denied.-* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ANDREA RUIZ RAMÍREZ* * * * * * * * * DAMARIS VARGAS VÁSQUEZ * * * * * * ALEXANDRA ALVARADO PANIAGUA* * * * * * * * * * * * * * * DISSENTING OPINION* * * * * * * * * * * * * * * * I. The undersigned judge respects but does not share the opinion expressed in the preceding decision, for the following reasons: The special protection afforded to oak forests (robledales) by the Land and Colonization Law (Ley de Tierras y Colonización) was repealed.

Therefore, a judgment dismissing a possessory title proceeding (Información Posesoria) could not be issued on the basis of legislation that no longer exists. Accordingly, if the property is located in a protected area (área protegida), the currently effective Article 7 of the Possessory Title Proceedings Law (Ley de Informaciones Posesorias) must be applied, which permits title to be granted to real property located in such an area, provided that the three essential requirements cited therein are met, namely: having exercised possession for ten years before the law or decree that created the protected area entered into force, having protected the forest resource (recurso forestal), and having the property duly demarcated by fences or cleared boundary lines (carriles). These requirements alone, together with the others set forth in the Ley de Informaciones Posesorias, must be analyzed, and not other requirements specified in laws that are no longer in force, since doing so would prejudice users by denying their applications under provisions that are not in force when the applications are filed.

The non-application of the now-repealed legislation concerning the protection of oak forests in and of themselves has been the consistent position of this Court on various occasions. Among others, reference may be made to decision 306-F-10, issued at 8:40 a.m. on 13 de abril de 2010, in which the Court held: "This proceeding seeks title to real property located in San Gerardo de Copey, [Dirección10] , canton seventeen of the province of San José, measuring 1 hectare and 2.629 square meters and used for agriculture, according to the registered cadastral survey (plano catastrado) ... (folio lº). It is located in Reserva Forestal Los Santos, created by Executive Decree (Decreto Ejecutivo) Nº 5389-A of 28 de octubre de 1975 (folio 2º). On that property, the land has been used in accordance with its designated use (uso conforme del suelo) for the activity carried out there, pursuant to the approved methodology, according to a certification issued by Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria, which added in its report: "The soil is covered by natural pasture, with some blackberry plants and sectors containing trees remaining from the forest.

The area is used for recreation and rest; there are no productive agricultural or forestry activities." (folio 7). The trees remaining from the forest cited therein are oak forests, as recorded in the judicial inspection report (acta de reconocimiento judicial), which states: "The southern and central sector of the property is an open lot, with some oak trees ... The northern sector is mountain forest, with species such as oak and cypress..." (folios 55 and 56). The foregoing is consistent with the information recorded by engineer Pablo César Sánchez Núñez, of Oficina Subregional Los Santos del Área de Conservación Pacífico Central del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (folio 71). As evidence of possession, a document was submitted whereby Ms. *... donated to the petitioner, on 28 de abril de 2009, the possessory acts (actos posesorios) that she states she had performed on the property for 15 years, both personally and through a transfer made to her by her husband, *..., who transferred to her the possessory rights (derechos posesorios) exercised by him and previous owners for more than 40 years, publicly, peacefully, continuously, and as owners (folio 4).

According to that document, the possession donated to the applicant for title dates back more than 55 years, that is, to before 1954. The document stated that the donation was formalized on the date cited but had taken effect one year earlier, a statement that could have no effect because the donation must be executed by public deed (escritura pública) to be valid. For their part, the witnesses *..., who testified on 8 de octubre de 2009, stated that they had known the property since 1963 (folio 52), 1960 (folio 53), and 1958 (folio 54), when the property was in the possession of ..., respectively. In view of the foregoing, if the property is considered to have been incorporated into the public domain (dominio público) upon the entry into force of the decree that created Reserva Forestal Los Santos, Nº 5389-A of 28 de octubre de 1975, the possession to be proven must have dated back to at least 1965.

In this case, both the testimonial and documentary evidence refer to a time before 1965. Nevertheless, the State’s representative argues that the incorporation into the public domain predates that time because this property contains oak trees and is located in an area of [Dirección16] on both sides of the route of [Dirección13] , as provided in subsection a) of Article 7 of the Ley de Tierras y Colonización, repealed on 9 de noviembre de 1973 by Law (Ley) Nº 5385 of 30 de octubre de 1973; however, she notes that two years later Reserva Forestal Los Santos was created by Decree (Decreto) Nº 5389-A of 28 de octubre de 1975. She even cites earlier legislation that imposed restrictions on that sector. In this regard, the Court considers that when Article 7 of the Ley de Informaciones Posesorias entered into force, permitting title to be granted to forested properties located within protected areas, the property was removed from the public domain (desafectación al dominio público), and possession for ten years before the law or decree creating the protected area entered into force must be proven.

That possession clearly must have been exercised under claim of ownership (a título de dueño), a circumstance that, in the appellant’s view, did not occur because, under Articles 6 and 62 of General Law on Unappropriated Public Lands (Ley General de Terrenos Baldíos) Nº 13 of 10 de enero de 1939—which has since been repealed—possession of that area could have been exercised only under a lease agreement (contrato de arrendamiento). Those provisions stated: "Unappropriated public lands (baldíos) located in a zone ... 2000 meters wide on each side of the route of [Dirección14] may not be conveyed."; and: "The Executive Branch may lease by contract, for a term of four years extendable at the parties’ discretion, the strips of land referred to in Article 6, in an area not exceeding two hundred fifty hectares if used for raising or fattening livestock, and not exceeding one hundred twenty-five hectares if used for agricultural crops...

". She adds that Law Nº 197 of 29 de agosto de 1945 amended the Ley General de Terrenos Baldíos by adding the oak-tree criterion and declaring as a National Park (Parque Nacional) the lands within the area of [Dirección12] on both sides of [Dirección15] along the remainder of the route to be constructed that contain oak trees. Based on the relationship among the cited provisions, possession as a lessee could have occurred until the repeal of the Ley General de Terrenos Baldíos, which took place on 29 de agosto de 1945. In other words, after that date, those lands could indeed have been possessed as owner. However, on that date, the lands within the area of [Dirección12] on both sides of [Dirección9] along the remainder of the route to be constructed that contain oak trees were declared a Parque Nacional. The Parque Nacional category remained in effect until the Ley de Tierras y Colonización entered into force, under which the lands located in that sector that contained oak trees were declared part of the public domain.

This means that during the period in which that area, within which the property for which title is sought is located, constituted a Parque Nacional, its absolute protection precluded the exercise of agrarian possessory acts (actos posesorios agrarios) until the Ley de Tierras y Colonización Nº 2825 of 14 de octubre de 1961 entered into force. After that date, its Parque Nacional designation changed, and those lands could be possessed for a ten-year period until Reserva Forestal Los Santos was created by Decreto Ejecutivo Nº 5389-A of 28 de octubre de 1975, which occurred in this case, according to the analysis of the testimonial and documentary evidence submitted in the proceeding. It is true that the Ley de Tierras y Colonización declared those areas part of the public domain, excepting those under private ownership (dominio privado), as is the case here; moreover, that declaration was made in a subsection that has since been repealed.

Consequently, the reasoning of the State’s representative is not shared.­" The undersigned judge agrees with the arguments set forth in that decision, which she joined as its drafting judge.-* * * * * * * * * * * * * II. In view of the foregoing, the undersigned judge considers that, in this case, the appeal filed by the State’s representative should have been denied and the judgment affirmed as to the matter appealed.-* * * * * * * * * DAMARIS VARGAS VÁSQUEZ* * * * * POSSESSORY TITLE PROCEEDING* PETITIONER: [Nombre13] * D+G+V * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Proof of Service Party or others Result Date Process Server [Nombre13] [Telf7] IDA * [Telf8] PGR * * COURTHOUSE NOTICE BOARD * * * * "Address: Tribunal Agrario is located on the fourth floor of the Tribunales de Justicia building in Segundo Circuito Judicial de San José, in [Dirección17] de Goicoechea, across from the parking lot of Hospital Hotel La Católica.* Telephone numbers: [Telf1], [Telf2], [Telf3], [Telf4], [Telf5], Fax: [Telf6] Email: [...] ”* * * *

VOTO Nº 0* 352* -F-* 12* * * * * * * TRIBUNAL AGRARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. Goicoechea, a las once horas * del veintiuno de marzo del dos mil doce .-* * * * * * * * * * * * INFORMACIÓN POSESORIA de [Nombre1] , mayor, soltera, ama de casa, vecina de San Gerardo, con cédula: CED1 - - . Intervienen como partes la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representada por su procuradora adjunta la licenciada Susana Fallas Cubero , mayor, abogada, cédula de identidad CED2- , en su condición de procuradora adjunta ; y el INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO, representado por Carmelina Vargas Hidalgo, mayor, divorciada, abogada, vecina de Escazú, cédula de identidad CED3 - - . Actúa como apoderada especial judicial de la parte promovente la licenciada Fercinta Esquivel Godínez, mayor, abogada, cédula de identidad CED4 - - . Tramitado ante el Juzgado Agrario de Cartago. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * RESULTANDO:* * * * * * * * * * * * * * 1.- El titulante plantea el presente proceso a fin de que se inscriba a su nombre en el Registro Público de la Propiedad la finca de plano número G- 1325665-09 que describe así: "...situados en San Gerardo, [Dirección1] , , de la provincia de San José, descritos bajo el plano No. SJ-822391-02, con un área de: sesenta y tres mil setecientos cincuenta y dos punto cuarenta y cinco metros cuadrados.

Naturaleza: montaña. Linda al Norte: [Nombre2] ; Sur:* con la promovente y [Nombre3] ; Este: [Dirección2] con un frente lineal de cien metros con cincuenta y un centímetros y [Nombre4] y Oeste: [Dirección3] de Agua. El otro inmueble se describe bajo el plano No. SJ-866206-03, con un área de: cuatro mil quinientos noventa y tres metros cuadrados, Naturaleza potrero. Linda al Norte y Oeste: [Dirección4] con un frente lineal de ciento veintitrés metros con diez centímetros; Sur:* [Nombre2] ; Este: [Nombre5] , [Nombre6] y [Nombre2] ...", (folios 23, 117).-* * * * * * * * * * * * * 2.- Se tuvo como partes al Instituto de Desarrollo Agrario, y a la Procuraduría General de la República en los términos que corren a folios 39 a 44 y 49.-* * * * * * * * * * * * * 3.- La licenciad a Rebeca Salazar Alcócer, juez a del Juzgado Agrario de Cartago , mediante sentencia Nº 96-11 de las dieciséis horas ocho minutos del veintiséis de agosto del dos mil once , resolvió: “POR TANTO:* Se aprueban las presentes diligencias de Información Posesoria promovidas por [Nombre1] y en consecuencia se ordena al señor registrador del Registro Público de la Propiedad inscribir a nombre de [Nombre1] , mayor, soltera, ama de casa, vecina de San Gerardo, con cédula: CED5, los inmuebles que se describen así: situados en San Gerardo, [Dirección5] , Dota, de la provincia de San José, descritos bajo el plano No. SJ-822391-02, con un área de: sesenta y tres mil setecientos cincuenta y dos punto cuarenta y cinco metros cuadrados.

Naturaleza: montaña. Linda al Norte: [Nombre2] ; Sur:* con la promovente y [Nombre3] ; Este: calle pública con un frente lineal de cien metros con cincuenta y un centímetros y [Nombre4] y Oeste: Quebrada Ojo de Agua. El otro inmueble se describe bajo el plano No. SJ-866206-03, con un área de: cuatro mil quinientos noventa y tres metros cuadrados, Naturaleza potrero. Linda al Norte y Oeste: calle pública con un frente lineal de ciento veintitrés metros con diez centímetros; Sur:* [Nombre2] ; Este: [Nombre5] , [Nombre6] y [Nombre2] . Estos inmuebles fueron valorados en la suma de cinco millones de colones y las presentes diligencias se estimaron en la suma de doscientos mil colones.", (lo anterior es del original a 120 a 121).-*

  1. 4La* licenciada Susana Fallas Cubero , Procuradora Adjunta de la Procuraduría General de la República, formuló recurso de apelación con indicación expresa de las razones por las cuales refuta la tesis del Juzgado de instancia, (folios 122 a133 ).-*

* * * * * * * 5. En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones legales, y no se notan la existencia de errores u omisiones en el fallo capaces de producir su nulidad.* * * * * * * * * * * * * * * Redacta la Juez RUIZ RAMÍREZ y, * CONSIDERANDO:* * * * * * * * * * * * * * I.-El Tribunal prohija los hechos tenidos por demostrados en la sentencia al ser fiel reflejo de lo acaecido en autos. * * * * * * * * * * * * * II. La licenciada Susana Fallas Cubero, en representación del Estado, interpuso recurso de apelación contra la sentencia emitida dentro del plazo tenido para hacerlo. Se mostró inconforme con lo resuelto por lo siguiente:1) De acuerdo al Oficio ACOPAC-OSRS-839-2010, el inmueble pretendido titular se localiza en la franja de [Dirección6] contigua a la [Dirección7] , en un sector con cobertura de robledales. Esa afectación, dice, es previa a la creación de la Reserva Forestal Los Santos.

Señala la prueba testimonial resulta insuficiente para tener por demostrado el ejercicio de una posesión decenal con antelación al año 1939, fecha de entrada en vigencia de la normativa que estableció como inalienable el área donde se encuentran dichos inmuebles, por cuanto los tres testigos manifestaron conocerlos apenas entre 1960 y 1961. Según dice, el artículo 6 de la Ley General de Terrenos Baldíos Nº 13 de 10 de enero de 1939 disponía: "No podrán enajenarse baldíos situados en una zona... de 2000 metros de ancho a cada lado del trazado de la [Dirección8] ." ; siendo esas áreas susceptibles de ser poseídas sólo mediante contratos de arrendamiento, conforme lo establecía esa misma Ley en el artículo 62 al señalar: "El Poder Ejecutivo podrá dar en arrendamiento mediante contrato y por un plazo de cuatro años, prorrogable a voluntad de las partes, las fajas de terreno de que se habla, en el artículo 6º, en una extensión no mayor de doscientas cincuenta hectáreas, si se dedican a la cría o engorde de ganado, y no mayor de ciento veinticinco hectáreas, si se destinan a cultivos agrícolas." Agrega, la Ley Nº 197 de 29 de agosto de 1945 reformó la Ley General de Terrenos Baldíos adicionando el elemento de los robles, declarando Parque Nacional los terrenos comprendidos en la zona de dos mil metros a ambos lados de la [Dirección9] del resto del trazado por construir que tengan robles.

Por su parte, indica, la Ley de Tierras y Colonización Nº 2825 de 14 de octubre de 1961 reiteró dicha afectación en el artículo 7 inciso a), al señalar: "Mientras el Estado por voluntad propia o por indicación del Ministerio de Agricultura o del Instituto de Desarrollo Agrario, atendiendo razones de conveniencia nacional no determine los terrenos que deben mantenerse bajo su dominio, se considerarán inalienables y no susceptibles de adquirirse por denuncio o posesión, salvo los que estuvieren bajo dominio privado, los siguientes: ...Los comprendidos en una zona de dos mil metros a ambos lados del trazado de la Carretera Panamericana en las zonas donde existan robles; ..." . Señala* la recurrente, esa norma fue derogada el 9 de noviembre de 1973 mediante Ley Nº 5385 de 30 de octubre de 1973, sin embargo, dos años después se creó la Reserva Forestal Los Santos, mediante Decreto Nº 5389-A del 28 de octubre de 1975, afectación que sigue vigente en la actualidad, siendo este bienio insuficiente para la consolidación de la prescripción positiva o usucapión.

Alega, que aún cuando las normas citadas se encuentran derogadas como lo indica la señora Jueza, durante el plazo decenal previo a la entrada en vigencia del Decreto Nº 5389-A se encontraba vigente la Ley de Tierras y Colonización, y no es sino hasta dos años antes de la vigencia de dicho decreto que esta ley se deroga. De manera que no pudo operar un plazo de prescripción decenal en apenas un año y once meses. Por otra parte, indica las manifestaciones vertidas en el testimonio de escritura Nº 22, no pueden tenerse como elemento probatorio del tiempo de posesión supuestamente transmitido, de por sí insuficiente, conforme a los precedentes del Tribunal Agrario, de lo cual cita votos. (ver folios 122 a 133). * * * * * * * * * * * * * III. Con este proceso se pretende la titulación de un primer inmueble ubicado en San Gerardo de Copey, [Dirección10] , cantón diecisiete de la provincia de San José, con una medida de sesenta y tres mil setecientos cincuenta y dos metros con cuarenta y cinco decímetros cuadrados, destinada a montaña, y parte de agricultura según el plano catastrado SJ-822391-2002 (folio lº) y el segundo ubicado San Gerardo de Copey, [Dirección10] , cantón diecisiete de la provincia de San José, con una medida de cuatro mil quinientos noventa y tres metros cuadrados, destinado a potrero, según el plano SJ-866206-2003 ( folio 6).

Se localizan en la Reserva Forestal Los Santos, creada por Decreto Ejecutivo Nº 5389-A del 28 de octubre de 1975 (folio 30 y 31). En dichos bienes se ha ejercido el uso conforme del suelo para la actividad que se realiza de acuerdo a la metodología aprobada, según certificación emitida por el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria, el cual agregó en su informe: , "Se tiene la mayor parte de la propiedad en Bosque Primario, sin intervenir ." fundo con plano SJ-822391-2002* (folio 3 ) y con respecto al de plano SJ-866206-2003 se indicó en el informe: " Se tiene toda la propiedad con cultivo permanente Mora, suelo cubierto con pasto natural, adecuada cobertura, además se tienen diversos árboles remanentes y de regeneración natual en medio."* . La naturaleza del terreno graficado en el plano SJ-822391-2002 es de bosque, según se anotó en el acta de reconocimiento judicial al señalarse: "... es de montaña.." (folio 65).

En cuanto al terreno de plano SJ-866206-2003, se indica esta totalmente cultivado de mora, no tiene montaña. ( folio 65). Lo anterior coincide con la información consignada por el licenciado Orlando Montero Delgado, Jefe de la Oficina Subregional Los Santos del Área de Conservación Pacífico Central del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, el cual indica en relación al plano SJ-822391-2002: "...Cabe mencionar que la composición florística de los bosques de dicha región está caracterizada por la abundante presencia de individuos de la familia botánica Fagaceae (Robles y Encinos), los cuales son denominados como Bosques de Robledales. Finalmente cabe mencionar que dichos terrenos se encuentran localizados en un 9% dentro de la franja de dos kilómetros contigua a la [Dirección11] aproximadamente." (folio 88) y con respecto al terreno de plano SJ-866206-2003, manifesta: " Según información consignada en la ubicación cartográfica del plano analizado el mapa de uso del suelo de Costa Rica en el año 2000 (FONAFIFO, 2000); dicho plano se encuentra en terrenos considerados como No Forestal ( Sin bosque) en dicho año.

Coincidiendo con lo indicado en el plano catastrado donde señala el uso que el suelo del terreno corresponde a Potrero. Dichos terrenos se encuentran localizados dentro de la franja de dos kilómetros contigua a la [Dirección11] aproximadamente.". Como prueba de la posesión se aportó un documento mediante el cual la señora [Nombre7] donó a la promovente [Nombre8] , el 7 de junio de 2010, los actos posesorios que dice haber realizado es la conservación del bosque desde hace 20 años en el inmueble en forma personal y mediante transmisión que le hiciera su padre, [Nombre9] , quien le transmitió los derechos posesorios ejercidos por él y dueños, anteriores desde hacía más de 60 años, en forma pública, pacífica, continua y con el carácter de dueños (folio 13). De acuerdo a ese documento, la posesión que se donó al titulante se remonta a más de 80 años, es decir, a antes del año 1930. Por su parte, los testigos [Nombre10] , [Nombre11] y [Nombre12] , quienes declararon el 1 de febrero 2011, dijeron conocer el inmueble desde 1960 (folio 66), 1960 (folio 68) y 1961 (folio 69), época en que estaba en posesión del fundo [Nombre9] , respectivamente.

De acuerdo a lo expuesto, si se parte de que el inmueble fue afectado al dominio público a partir de la vigencia del decreto que creó la Reserva Forestal Los Santos, Nº 5389-A del 28 de octubre de 1975, la posesión a acreditar debió remontarse al menos al año 1965. En este caso, tanto la testimonial como la documental hacen alusión a un época anterior al año 1965. No obstante, la representante del Estado alega la afectación al dominio público es anterior a esa fecha, puesto que se trata de un inmueble que tiene robles y que se localiza en una zona de [Dirección12] a ambos lados del trazado de la [Dirección13] , tal y como lo disponía el inciso a) del artículo 7º de la Ley de Tierras y Colonización, derogado el 9 de noviembre de 1973 mediante Ley Nº 5385 de 30 de octubre de 1973, sin embargo, señala, dos años después se creó la Reserva Forestal Los Santos, mediante Decreto Nº 5389-A del 28 de octubre de 1975.

Inclusive, cita normativa anterior a esa que imponía limitaciones a ese sector. Al respecto, estima el Tribunal que al entrar en vigencia el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias que permite la titulación de inmuebles con bosque ubicados dentro de áreas protegidas, se dió una desafectación al dominio público, debiéndose acreditar una posesión decenal anterior a la vigencia de la ley o decreto que creó el área protegida. Esa posesión, evidentemente, debió ser ejercida a título de dueño, es decir, situación que en criterio de la recurrente no se dio debido a que conforme a los artículos 6 y 62 de la Ley General de Terrenos Baldíos Nº 13 de 10 de enero de 1939 -ya derogada- la posesión de esa área pudo haberse ejercido sólo por medio de un contrato de arrendamiento. Esas normas disponían: "No podrán enajenarse baldíos situados en una zona ... de 2000 metros de ancho a cada lado del cazado de la [Dirección14] ."; y: "El Poder Ejecutivo podrá dar en arrendamiento mediante contrato y por un plazo de cuatro años, prorrogable a voluntad de las partes, las fajas de terreno de que se habla en el artículo 6º en una extensión no mayor de doscientos cincuenta hectáreas, si se dedican a la cría o engorde de ganado, y no mayor de ciento veinticinco hectáreas, sí se destinan a cultivos agrícolas...

". Agrega, la Ley Nº 197 de 29 de agosto de 1945 reformó la Ley General de Terrenos Baldíos adicionando el elemento de los robles, declarando Parque Nacional los terrenos comprendidos en la zona de [Dirección12] a ambos lados de la [Dirección15] del resto del trazado por construir que tengan robles. De acuerdo a la relación de normas citada, la posesión en carácter de arrendamiento pudo haberse dado hasta la derogatoria de la Ley General de Terrenos Baldíos, lo cual aconteció el 29 de agosto de 1945. Ahora bien, en esa fecha se declaró Parque Nacional a los terrenos comprendidos en la zona de [Dirección12] a ambos lados de la [Dirección9] del resto del trazado por construir que tengan robles. La categoría de Parque Nacional se mantuvo hasta que entró en vigencia la Ley de Tierras y Colonización, en la que se declaró a los terrenos ubicados en ese sector y que tuvieran robles, como de dominio público.

Lo anterior significa que durante el período durante el cual esa área, dentro de la que está comprendido el inmueble a titular, constituyó parque nacional, dada su protección absoluta, no pudieron ejercerse actos posesorios agrarios hasta la vigencia de la Ley de Tierras y Colonización Nº 2825 de 14 de octubre de 1961. Luego siguieron afectados por la Ley de Tierras y Colonización como areas demaniales hasta que fue derogado el inciso a) del artículo 7 de la Ley de Tierras y Colonización por el artículo 1º de la Ley 5385, de 30 de octubre de 1973, para luego volver a afectar dichos terrenos al demanio público con la creación de la Reserva Forestal Los Santos mediante el Decreto Ejecutivo Nº 5389-A del 28 de octubre de 1975, por lo que quedó sin afectación solamente durante el período comprendido entre el 9 de noviembre de 1973 al 27 de octubre de 1975, es decir un año y once meses, período en el cual sí se pudo haber entrado a poseer esos terrenos en el carácter de dueño.

No obstante lo anterior dicho período no es suficiente para usucapir. Es importante mencionar la Sala Constitucional ha sido vehemente en cuanto a que se analice por parte de los juzgadores a partir de cuando se afecta un bien al demanio público.- En ese sentido, la Sala Constitucional en Voto N° 4587 de las 15:45 horas del 5 de agosto de 1997, en el cual analizó la constitucionalidad del artículo 7 citado, dispuso para poder titular los terrenos ubicados en las zonas protegidas que ahí se señalan, debía el interesado demostrar la posesión diez años antes de la vigencia del Decreto respectivo. Básicamente dijo la Sala en esa oportunidad: "… dada la naturaleza del bien que se pretende titular (cosa pública), el plazo de posesión apta para la usucapión debe transcurrir antes de que se produzca la afectación del bien al dominio público. Es decir, la declaratoria de área silvestre protegida evita que cuente la posesión posterior a la afectación, e impide concretar los requisitos de la usucapión si a ese momento no se ha adquirido el derecho, o sea, no han transcurrido los diez años de posesión apta para usucapir con las condiciones que establece la ley… resulta importante sintetizar los elementos básicos que a nivel de doctrina y jurisprudencia se manejan con estos temas, y que obligan al juez – en relación con la norma impugnada- a determinar en cada caso el tipo específico de acto posesorio que se ha ejercido en el fundo – que entra a formar parte del área silvestre protegida- que se pretende titular.

Lo anterior con el objeto de que el juez tenga un criterio más amplio – que no se limite a la fecha de entrada en vigencia de la ley o el decreto ejecutivo que defina los límites de un área silvestre determinada- para establecer con mayor precisión el momento en que dichos bienes se convirtieron en inalienables e imprescriptibles, a los efectos de determinar si sobre ellos se ejerció la posesión ad usucapionem durante diez años anteriores a que adquirieron esa condición.* Esta perspectiva de mayor amplitud favorece la protección del patrimonio ambiental de la Nación, determina que cuando se pretenda titular – mediante el procedimiento de informaciones posesorias- un terreno ubicado dentro de un área silvestre protegida, la discusión no se reduzca al simple cálculo del tiempo que tiene de haber ingresado a un inmueble en relación con la fecha en que se haya producido la declaratoria de área silvestre protegida, ya que -por un lado deberá contemplarse a los efectos de acreditar la posesión ad usucapionem durante el plazo establecido en el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias, los elementos que cada tipo específico de posesión contempla, y –por otro lado- la posible existencia de normas que de antaño declaraban inalienables esos terrenos, aún antes de su afectación específica al dominio público…

". En consecuencia, se comparten los razonamientos de la representante del Estado.­( En este mismo sentido, vease voto 623-F-11) * * * * * * * * * * * * * IV.-En cuanto a las manifestaciones vertidas en el testimonio de escritura Nº22, que corre a folio 13 de los autos, tal y como lo señala la apelante no puede tenerse como elemento probatorio el tiempo de posesión supuestamente transmitido, dado que en las escrituras públicas en las cuales se hace constar la transmisión de derechos sobre inmuebles, los notarios y las notarias consignan lo que les indican las personas interesadas, las cuales no son debidamente juramentadas para dichos actos. Aunado a lo expuesto en el considerando anterior, el tiempo de posesión transmitido consignado en el testimonio de la escritura es insufiente.- * * * * * * * * * * * * * V.-Con fundamento en lo anteriormente expuesto considera este Tribunal deberá revocarse el fallo dictado y en su lugar rechazar las diligencias de información posesoria tramitadas por la señora Eugenia Serrano Chaves.- * POR TANTO:* * * * * * * * * * * * * * En lo apelado se revoca el fallo dictado.

En su lugar se rechazan las diligencias de información posesoria planteada por Eugenia Serrano Chaves.-* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ANDREA RUIZ RAMÍREZ* * * * * * * * * DAMARIS VARGAS VÁSQUEZ * * * * * * ALEXANDRA ALVARADO PANIAGUA* * * * * * * * * * * * * * * VOTO SALVADO* * * * * * * * * * * * * * * * I. La suscrita jueza respeta pero no comparte el criterio emitido en el voto que antecede por lo siguiente: La protección especial que la Ley de Tierras y Colonización hacía a los robledales, quedó derogada. Por ende, no podría emitirse una sentencia desestimatoria de una Información Posesoria, basada en normativa que no existe. De ahí, si el bien se ubica en una área protegida, debe aplicarse el vigente artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias que permite la titulación de inmuebles ubicados en dicha área, siempre y cuando se cumplan los tres requisitos esenciales que ahí se citan, a saber: Haber ejercido la posesión diez años antes de la vigencia de la ley o decreto que creó el área protegida, haber protegido el recurso forestal y tener el bien debidamente delimitado con cercas o carriles.

Son exclusivamente estos requisitos y los demás expuestos por la Ley de Informaciones posesorias los que deben ser objeto de análisis, no otros señalados en leyes no vigentes, pues ello implicaría perjudicar a las personas usuarias denegando sus gestiones con normas que no están vigentes al momento en que plantean sus gestiones. La no aplicación de la normativa referida a la protección de los robledales por sí mismos, ya derogada, ha sido criterio reiterado de este Tribunal en diferentes oportunidades, entre otras, puede consultarse el voto 306-F-10 de las 8 horas 40 minutos del 13 de abril de 2010, en el que el Tribunal dispuso: "Con este proceso se pretende la titulación de un inmueble ubicado en San Gerardo de Copey, [Dirección10] , cantón diecisiete de la provincia de San José, con una medida de 1 hectárea 2.629 metros cuadrados, destinada a la agricultura, según el plano catastrado ...

(folio lº). Se localiza en la Reserva Forestal Los Santos, creada por Decreto Ejecutivo Nº 5389-A del 28 de octubre de 1975 (folio 2º). En dicho bien se ha ejercido el uso conforme del suelo para la actividad que se realiza de acuerdo a la metodología aprobada, según certificación emitida por el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria, el cual agregó en su informe: "Se tiene el suelo cubierto de repasto natural con algunas plantas de mora y sectores con árboles remanentes de Bosque. La zona es de recreación y descanso no hay actividades agrícolas o forestales productivas." (folio 7). La naturaleza de los árboles remanentes de bosque que ahí se citan, es de robledales, según se anotó en el acta de reconocimiento judicial al señalarse: "El sector sur y central de la finca es un solar, con algunos árboles de roble ... El sector norte es de rnontaña, con especies como robles y cipreses..." (folios 55 y 56).

Lo anterior coincide con la información consignada por el ingeniero Pablo César Sánchez Núñez, de la Oficina Subregional Los Santos del Área de Conservación Pacífico Central del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (folio 71). Como prueba de la posesión se aportó un documento mediante el cual la señora *... donó al promovente el 28 de abril de 2009, los actos posesorios que dice haber realizado desde hace 15 años en el inmueble en forma personal y mediante transmisión que le hiciera su esposo, *..., quien le transmitió los derechos posesorios ejercidos por él y dueños, anteriores desde hacía más de 40 años, en forma pública, pacífica, continua y con el carácter de dueños (folio 4). De acuerdo a ese documento, la posesión que se donó al titulante se remonta a más de 55 años, es decir, a antes del año 1954. Se indicó en el documento que la donación se formalizó en la fecha citada pero se había materializado un año antes, manifestación que no podría tener efecto alguno debido a que la, donación debe hacerse en escritura pública para que tenga validez.

Por su parte, los testigos *..., quienes declararon el 8 de octubre de 2009, dijeron conocer el inmueble desde 1963 (folio 52), 1960 (folio 53) y 1958 (folio 54), época en que estaba en posesión del fundo ..., respectivamente. De acuerdo a lo expuesto, si se parte de que el inmueble fue afectado al dominio público a partir de la vigencia del decreto que creó la Reserza Forestal Los Santos, Nº 5389-A del 28 de octubre de 1975, la posesión a acreditar debió remontarse al menos al año 1965. En este caso, tanto la testimonial como la documental hacen alusión a un época anterior al año 1965. No obstante, la representante del Estado alega la afectación al dominio público es anterior a esa fecha, puesto que se trata de un inmueble que tiene robles y que se localiza en una zona de [Dirección16] a ambos lados del trazado de la [Dirección13] , tal y como lo disponía el inciso a) del artículo 7º de la Ley de Tierras y Colonización, derogado el 9 de noviembre de 1973 mediante Ley Nº 5385 de 30 de octubre de 1973, sin embargo, señala, dos años después se creó la Reserva Forestal Los Santos, mediante Decreto Nº 5389-A del 28 de octubre de 1975.

Inclusive, cita normativa anterior a esa que imponía limitaciones a ese sector. Al respecto, estima el Tribunal que al entrar en vigencia el artículo 7 de la Ley de Informaciones Posesorias que permite la titulación de inmuebles con bosque ubicados dentro de áreas protegidas, se dió una desafectación al dominio público, debiéndose acreditar una posesión decenal anterior a la vigencia de la ley o decreto que creó el área protegida. Esa posesión, evidentemente, debió ser ejercida a título de dueño, es decir, situación que en criterio de la recurrente no se dio debido a que conforme a los artículos 6 y 62 de la Ley General de Terrenos Baldíos Nº 13 de 10 de enero de 1939 -ya derogada- la posesión de esa área pudo haberse ejercido sólo por medio de un contrato de arrendamiento. Esas normas disponían: "No podrán enajenarse baldíos situados en una zona ... de 2000 metros de ancho a cada lado del cazado de la [Dirección14] ."; y: "El Poder Ejecutivo podrá dar en arrendamiento mediante contrato y por un plazo de cuatro años, prorrogable a voluntad de las partes, las fajas de terreno de que se habla en el artículo 6º en una extensión no mayor de doscientos cincuenta hectáreas, si se dedican a la cría o engorde de ganado, y no mayor de ciento veinticinco hectáreas, sí se destinan a cultivos agrícolas...

". Agrega, la Ley Nº 197 de 29 de agosto de 1945 reformó la Ley General de Terrenos Baldíos adicionando el elemento de los robles, declarando Parque Nacional los terrenos comprendidos en la zona de [Dirección12] a ambos lados de la [Dirección15] del resto del trazado por construir que tengan robles. De acuerdo a la relación de normas citada, la posesión en carácter de arrendamiento pudo haberse dado hasta la derogatoria de la Ley General de Terrenos Baldíos, lo cual aconteció el 29 de agosto de 1945. Es decir, después de esa fecha, sí se pudo haber entrado a poseer esos terrenos en el carácter de dueño. Ahora bien, en esa fecha se declaró Parque Nacional a los terrenos comprendidos en la zona de [Dirección12] a ambos lados de la [Dirección9] del resto del trazado por construir que tengan robles. La categoría de Parque Nacional se mantuvo hasta que entró en vigencia la Ley de Tierras y Colonización, en la que se declaró a los terrenos ubicados en ese sector y que tuvieran robles, como de dominio público.

Lo anterior significa que durante el período durante el cual esa área, dentro de la que está comprendido el inmueble a titular, constituyó parque nacional, dada su protección absoluta, no pudieron ejercerse actos posesorios agrarios hasta la vigencia de la Ley de Tierras y Colonización Nº 2825 de 14 de octubre de 1961. Después de esa fecha, la categoría de parque nacional varió, pudiendo poseerse esos terrenos en forma decenal hasta que se creó la Reserva Forestal Los Santos, mediante Decreto Ejecutivo Nº 5389-A del 28 de octubre de 1975, situación que se dio en este caso, según el análisis que se hiciera de la prueba testimonial y documental aportada al proceso. Ciertamente, la Ley de Tierras y Colonización declaró de dominio público esas áreas, haciendo la salvedad de aquellas que estuvieran bajo dominio privado, como sucede en este caso; aunado a ello, tal declaratoria la hizo mediante un inciso que ya fue derogado.

En consecuencia, no se comparten los razonamientos de la representante del Estado.­". La suscrita jueza comparte los argumentos que se expusieron en dicho voto, en el cual concurrió como redactora.-* * * * * * * * * * * * * II. Por lo expuesto, estima la suscrita juzgadora que en este caso, debió denegarse la apelación formulada por la representante del Estado y en su lugar, confirmar la sentencia en lo que fue objeto de apelación.-* * * * * * * * * DAMARIS VARGAS VÁSQUEZ* * * * * INFORMACIÓN POSESORIA* PROMOVENTE: [Nombre13] * D+G+V * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Constancia de notificación Parte u otros Resultado Fecha Servidor (a) [Nombre13] [Telf7] IDA * [Telf8] PGR * * ESTRADOS * * * * "Dirección: El Tribunal Agrario se ubica en el cuarto piso del edificio de Tribunales de Justicia en el Segundo Circuito Judicial de San José, en [Dirección17] de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica.* * * *

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Implementing decreesDecretos que afectan

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    • Land Tenure and TitlingTenencia y Titulación de Tierras
    • Forestry Law 7575 — Land Use and Forest ProtectionLey Forestal 7575 — Uso del Suelo y Protección Forestal

    Concept anchorsAnclajes conceptuales

      Spanish key termsTérminos clave en español

      This document cites

      • Ley 139 Possessory Information Law
      • Ley 13 General Law on Public Lands

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      • Ley 139 Ley de Informaciones Posesorias
      • Ley 13 Ley General sobre terrenos baldíos

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