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Res. 00321-2011 Tribunal Contencioso Administrativo Sección III · Tribunal Contencioso Administrativo Sección III · 09/09/2011
OutcomeResultado
The municipal agreement revoking the use permit and ordering the eviction and demolition of illegal constructions in the park zone is confirmed, as it constitutes communal public domain property irreversibly destined for collective use.Se confirma el acuerdo municipal que revocó el permiso de uso y ordenó el desalojo y derribo de obras ilegales en zona de parque, por ser bien comunal de dominio público irreversiblemente destinado al uso colectivo.
SummaryResumen
The Administrative Court, Section III, acting as improper municipal hierarch, hears the appeal filed by an individual against the Desamparados Municipal Council's agreement that revoked his use permit to live in the Los Claveles urbanization park area and confirmed the administrative eviction and demolition of illegal constructions in the Las Esmeraldas green zone. The appellant claimed legitimate possession, good faith, due process violations, and lack of compensation for improvements. The Court analyzes that green areas from urban subdivisions, under article 40 of the Urban Planning Law, are public domain communal properties—inalienable, imprescriptible, and unattachable—destined for collective use and enjoyment, which cannot be altered. Regarding due process, it determines that revoking a use permit over demanial property does not require a full ordinary administrative procedure, but does demand a minimum of adversarial hearing or contradictory proceedings, in accordance with articles 152, 153, and 154 of the General Public Administration Law, guaranteeing the individual a sphere of defense before the decision. It finds that the Municipality had granted a prior hearing and the appellant exercised his remedies, so there was no due process violation. It concludes that private occupation for housing and profit (room rentals, parking, keeping of animals) denatures the property's vocation and is contrary to public interest, thus fully confirming the municipal agreement and declaring the administrative route exhausted.El Tribunal Contencioso Administrativo, Sección III, actuando como jerarca impropio municipal, conoce del recurso de apelación interpuesto por un particular contra el acuerdo del Concejo Municipal de Desamparados que revocó el permiso de uso que se le había otorgado para vivir en la zona de parque de la Urbanización Los Claveles y confirmó el desalojo administrativo y derribo de obras ilegales en la zona verde de la Urbanización Las Esmeraldas. El apelante alegaba posesión legítima, buena fe, infracción al debido proceso y falta de indemnización por mejoras. El Tribunal analiza que las zonas verdes provenientes de fraccionamientos urbanos, en aplicación del artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana, son bienes comunales de dominio público, inalienables, imprescriptibles e inembargables, con un destino de uso y disfrute colectivo que no puede modificarse. Respecto al debido proceso, determina que la revocatoria de un permiso de uso sobre bien demanial no requiere un procedimiento administrativo ordinario completo, pero sí exige un mínimo de bilateralidad de la audiencia o contradictorio, conforme a los artículos 152, 153 y 154 de la Ley General de la Administración Pública, garantizando al administrado un ámbito de defensa previo a la decisión. Constata que la Municipalidad había conferido la audiencia previa y que el interesado pudo ejercer sus recursos, por lo que no hubo infracción al debido proceso. Concluye que la ocupación privada para vivienda y lucro (alquiler de cuartos, parqueos, tenencia de animales) desnaturaliza la vocación del bien y es contraria al interés público, confirmando íntegramente el acuerdo municipal y dando por agotada la vía administrativa.
Key excerptExtracto clave
It is not possible to recognize any right in favor of Rigoberto Segura Ortega regarding the occupation and/or possession of part of the park of the Las Esmeraldas Urbanization, in El Porvenir de Desamparados, precisely in light of the special legal nature of this property, which as communal property, resulting from an urban subdivision, is destined by legal mandate—article 40 of the Urban Planning Law—for the use and enjoyment of the community as a whole and the neighbors of the community, hence it is absolutely improper for him to even claim legitimate and good faith occupation or possession. For the revocation of a use permit over public domain property, even though it is not necessary to initiate an ordinary procedure, the decision must fully comply with the provisions of article 154 of the General Public Administration Law, which requires that it not be arbitrary or abrupt, so that in cases where the Administration acts without fulfilling these two stated elements, a violation of the minimum procedure established in the legal system may be found. [...] the individual whose legal situation will be modified by the final revocation decision must be given a scope—however reduced—that allows him to exercise his defense and opposition before the adoption of the final act. The use that Rigoberto Ortega Segura gives to the park area constitutes an invasion of the green area of the aforementioned urbanization, and therefore, his conduct—fully accepted by him—an abuse and excess of the precarious permit granted.No resulta posible reconocer ningún derecho a favor de Rigoberto Segura Ortega en lo que respecta a la ocupación y/o posesión de parte del parque de la Urbanización Las Esmeraldas, en el Porvenir de Desamparados, cabalmente en atención a la especial naturaleza jurídica de este bien, que como bien comunal, producto de un fraccionamiento urbano, está dispuesto, por mandato legal -artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana- al uso y aprovechamiento de la colectividad en su conjunto y de los vecinos de la comunidad, de donde resulta absolutamente improcedente que pueda alegar siquiera ocupación o posesión legítima y de buena fe. Para la revocatoria de un permiso de uso de bien de dominio público, aún cuando no resulta necesario iniciar un procedimiento ordinario, es lo cierto que la decisión debe adecuarse en todo a lo dispuesto en el citado numeral 154 de la Ley General de la Administración Pública, que exige que la misma no sea arbitraria ni intempestiva, de manera que en los supuestos en los que la Administración actúe sin cumplir estos dos elementos enunciados, puede estimarse la infracción del procedimiento mínimo establecido en el ordenamiento. [...] debe de dársele al administrado que verá modificada su situación jurídica con la decisión final de revocatoria, un ámbito -aunque sea reducido-, que le permita ejercer su defensa y oposición, previo a la adopción del acto final. El uso que le da Rigoberto Ortega Segura al área de parque se constituye en una invasión del área verde de la indicada urbanización, y por ende, su conducta -plenamente por él aceptada-, en un abuso y exceso del permiso precario otorgado.
Pull quotesCitas destacadas
"Las áreas verdes destinadas al uso público, en virtud de su uso y naturaleza, es parte del patrimonio de la comunidad y deben quedar bajo la jurisdicción de los entes municipales para que los administre como bienes de dominio público, con lo cual participan del régimen jurídico de estos bienes, que los hace inalienables, imprescriptibles e inembargables."
"Green areas destined for public use, by virtue of their use and nature, are part of the community's heritage and must fall under the jurisdiction of municipal entities so that they administer them as public domain goods, thereby participating in the legal regime of these goods, which makes them inalienable, imprescriptible, and unattachable."
Considerando V (citing Sala Constitucional 4605-96)
"Las áreas verdes destinadas al uso público, en virtud de su uso y naturaleza, es parte del patrimonio de la comunidad y deben quedar bajo la jurisdicción de los entes municipales para que los administre como bienes de dominio público, con lo cual participan del régimen jurídico de estos bienes, que los hace inalienables, imprescriptibles e inembargables."
Considerando V (citing Sala Constitucional 4605-96)
"La municipalidad local no puede libremente eliminar el destino de los terrenos dedicados a parque, tampoco podría hacerlo el legislador -sin definir a cambio un espacio que compense la pérdida del área de parque-, pues ello convertiría en inconstitucional el acuerdo o la ley que así lo disponga, por irrespeto del contenido esencial del derecho de los vecinos a disfrutar de esas zonas de esparcimiento."
"The local municipality cannot freely eliminate the destiny of lands dedicated to parks, nor could the legislator do so—without defining in exchange a space that compensates for the loss of the park area—since that would render unconstitutional the agreement or law that so provides, for disrespecting the essential content of the neighbors' right to enjoy those recreation areas."
Considerando V (citing Sala Constitucional 2000-4332)
"La municipalidad local no puede libremente eliminar el destino de los terrenos dedicados a parque, tampoco podría hacerlo el legislador -sin definir a cambio un espacio que compense la pérdida del área de parque-, pues ello convertiría en inconstitucional el acuerdo o la ley que así lo disponga, por irrespeto del contenido esencial del derecho de los vecinos a disfrutar de esas zonas de esparcimiento."
Considerando V (citing Sala Constitucional 2000-4332)
"Para dar por terminado un permiso de uso de bien de dominio público, debe de dársele al administrado que verá modificada su situación jurídica con la decisión final de revocatoria, un ámbito -aunque sea reducido-, que le permita ejercer su defensa y oposición, previo a la adopción del acto final."
"To terminate a use permit over public domain property, the individual whose legal situation will be modified by the final revocation decision must be given a scope—however reduced—that allows him to exercise his defense and opposition before the adoption of the final act."
Considerando VI
"Para dar por terminado un permiso de uso de bien de dominio público, debe de dársele al administrado que verá modificada su situación jurídica con la decisión final de revocatoria, un ámbito -aunque sea reducido-, que le permita ejercer su defensa y oposición, previo a la adopción del acto final."
Considerando VI
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III.GROUNDS FOR THE APPEAL. The appellant disagrees with the revocation of the permit of use (permiso de uso) of a public domain asset, a decision agreed upon by the Council of the Municipality of Desamparados through agreement number 7, of ordinary session 41-2010, of July thirteenth, two thousand ten, based on the following reasons: a.) That for more than forty years the Municipality of Desamparados has consented to him living on the property owned by the local corporation, and for this purpose granted him a permit for one hundred years, with the promise that he would never be evicted, and to that end, granted him a permit to build his (decent) house on said property to spend the rest of his days, requiring him to care for and maintain the site, which he has done, building fences, planting fruit trees, introducing improvements to the property, as well as caring for the Scouts' building located at the entrance of the park; hence, he is an occupant and has exercised legitimate possession of that land, making his stay one of good faith. In this regard, he adds that he has tried to legalize his situation regarding the occupation and possession of that lot, which he has not achieved, having only obtained "a promise that the undersigned would remain on the lot for the rest of my earthly days"; b.) That the municipal authorities are attempting to evict him, without any reason, from one day to the next and without evaluating the social and legal consequences that this act may bring upon him, since they treat him as a squatter, who occupied an unclaimed or vacant lot, without any right; and, the foregoing, in violation of due process, in which he could exercise his right of defense, with a real possibility of offering exculpatory evidence, to find a solution to his situation and avoid an ordinary proceeding to seek his compensation; the foregoing, in violation of the rights that assist him, since he is merely notified of the decision of the demolition and eviction order, without any reason for it, ignoring his rights and the social and legal consequences of the adopted act, stating the reasons for its decision only upon issuing the challenged decision; and, c.) That the Municipality not only seeks the eviction from his dwelling, but its demolition, disregarding the improvements he has made to the lot, with its express consent, and without having received a single cent from the local authorities. He bases his challenge on Article 132 of the General Public Administration Act (Ley General de la Administración Pública). He requests that the challenged agreement be revoked, so that he may be granted a broad and not limited opportunity to present his arguments before the Council, to oppose the ordered eviction, and to request the corresponding compensation for the authorized improvements made on the property. He requests a ruling in his favor to "avoid resorting to the declaratory route to seek compensation for this damage that is now being intended against me." Additionally, considering the serious harm that what is ordered by the Municipal Administration may cause him, he requests that said execution be suspended. (Folios 110 to 111; 130 to 133 and 140 to 145.)
IV.POSITION OF THE APPEALED MUNICIPALITY. The authorities of the Municipality of Desamparados uphold the legal authority vested in them to order the removal of Rigoberto Segura Ortega from the municipal property, which he has occupied for several years based on an authorization issued at the time by the local deliberative body. To this effect, they point out compliance with due process, by notifying him of the necessity to vacate the public area of the Las Esmeraldas Urbanization, which the appellant has refused, alleging a right over the property, disregarding or pretending to ignore municipal powers in this matter. Likewise, that by reason of the legal nature of the property under discussion, being a demanial asset (bien demanial), the Administration is empowered to use factual means as a mechanism for its recovery, without the need to resort to the jurisdictional route and without a prior administrative proceeding being necessary, as the occupant holds no subjective right or legitimate interest; and, that because the permit granted for its occupation was precario in nature, the power to revoke it unilaterally by the Administration, at any time, is inferred, in accordance with the provision of Article 154 of the General Public Administration Act, for reasons of necessity or general interest, for the preservation of the natural use of the public thing. Thus, since in this case, the use and purpose of the asset -park of the Las Esmeraldas urbanization- has been distorted, to the point that Mr. Segura Ortega is profiting from renting rooms, and endangers the health and life of the people who rent them and the neighbors, this generates liability for the local government. The demanial nature of the occupied lot is indisputable, and that, as a communal asset (bien comunal), it has a destination and vocation, under the advocacy of green areas, for the use and enjoyment of the community as a whole; it not only cannot be occupied by a third party, but its destination cannot be changed. Thus, it is indisputable that the exclusive use given to it by Mr. Segura Ortega is incompatible with its nature and vocation. Hence the legitimacy of the challenged agreement. (Folios 122 to 128 and 147 to 148.)
V.PARK AREAS RESULTING FROM URBAN SUBDIVISION AS COMMUNAL ASSETS THAT ARE PART OF THE PUBLIC DOMAIN. As it is of interest to the case, it is necessary to first address the clarification of this concept. Thus, as green areas, those areas resulting from urban development projects are understood, having their origin in the burden imposed on subdividers in Article 40 of the Urban Planning Act (Ley de Planificación Urbana), to cede "free of charge" to municipal entities a portion of land -between five and twenty percent of the land designated for the project- for the use of public roads, parks and community facilities, the cost of which is transferred to the value of the resulting parcels or lots. This is how "nominally" they belong to the municipalities (insofar as they hold the bare ownership of the asset), but in a strict sense they are classified as communal assets, insofar as they are destined for neighborhood use, precisely because their (constitutional) foundation is the provision of the minimum services arising from the phenomenon of urbanization -which roughly implies the "creation of cities"-, as has been clearly and precisely specified by the Constitutional Chamber in various pronouncements.
"XX. The free-of-charge cession to the municipalities of land to be subdivided or urbanized is done to allocate certain services for the community on them, such as public roads and green areas, the latter -which are the ones of interest to us- will be used to build parks, gardens, educational centers, sports and recreational areas. The basis for this obligation must be situated in a type of counter-benefit owed by the developer for the greater value that the urbanization or parceling process will give to the urbanized land, that is, it is ultimately an in-kind contribution in urban planning law, as a mechanism to ensure that the added value acquired by the properties as a result of the urbanization or subdivision reverts to the community. Before this regulation, there was a serious social situation, derived from the fact that landowners received the full prices obtained from their land as net profit, while the new neighborhoods were left without service endowments, a deficiency for which blame was attempted to be placed on the Municipal Administration, which was incapable of covering that deficit effectively. One of the principles of urban planning law is precisely that the considerable added values generated by the process of urban development must be the primary source to defray the costs of services that this same development brings about. The challenged obligation -to freely cede a percentage of land to the municipality- precisely aims to make effective the principle of economic compensation and retribution in services for the needs of the community that is created, as a corollary of the enrichment perceived from the urban development.
XXI.In this way, the content of property is configured, based on the criterion of its social function; it is a technicalization of that function that ceases to be a simple moral admonition to the consciences of the owners to become a system of legally enforceable positive duties. Thus, the owners may exercise as their own all the faculties of urban use of the resulting properties, only that simultaneously, they must also assume the positive duties with which the legal system attempts to compensate the economic gain. The urbanization or subdivision plan must contemplate in advance all the provisions for communal services -roads, water connections and electric lighting, green areas, children's parks, etc.- before beginning the construction and individual use of the lots; execution that falls on the owner. ... , and it will be the new owners who ultimately will benefit from the green areas and facilities referred to in Article 40 of the Urban Planning Act." (Judgment number 4205-96, at fourteen hours thirty-three minutes on August twentieth, nineteen ninety-six.)
But particularly, the cession of these strips of land in urbanization projects addresses the realization of the fundamental rights to recreation and to a healthy and ecologically balanced environment, specifically for the residents of an urbanization (COLOM PIAZUELO, Eloy, Los Bienes Comunales en la Legislación de Régimen local. Editorial Tecnos, S.A. Madrid. Spain. 1994. p. 35), as our Constitutional Court also considered in judgment number 2000-4332, at ten hours fifty-one minutes on May nineteenth, two thousand, in which it warned of the absolute impossibility of modifying its destination:
"III.- Article 40 of the Urban Planning Act provides that 'No less than one-third of the area represented by the percentage set according to the preceding paragraph shall be applied without fail to the use of a park, but reserving in the first place of that third the necessary space or spaces for a children's playground or playgrounds, in a proportion that is not less than ten square meters per family. The remaining two-thirds of the referred percentage or the remainder thereof available after covering the park needs shall serve to install community facilities that are initially proposed by the subdivider or developer...' The mere reading of that norm allows one to arrive at the certainty that the legislator, in development of the Supreme Charter, has established the obligatory existence of green areas and parks for the enjoyment of the community, hence it could not be understood that the construction of what the Municipality has called a community facility like the erection of buildings planned by the associations that have been favored with the agreements being challenged is compatible with that norm, because that interpretation would empty the essential content of the residents' right to enjoy a green recreational area, which is part of the quality of life that the Constitution guarantees them. The local municipality cannot freely eliminate the destination of land intended for parks; nor could the legislator do so -without defining in exchange a space that compensates for the loss of the park area-, as this would make the agreement or law that so provides unconstitutional, for disrespecting the essential content of the residents' right to enjoy those recreational areas, which, as indicated, are part of the quality of life that the Constitution guarantees them. The term 'community facilities' does not have the broad scope intended to be implied. It is obvious to this Chamber that it refers to constructions indispensable for the communal enjoyment of the asset destined for green area, park, and recreation; consequently, the construction of buildings for public services, by way of example libraries, schools, community halls, etc., are incompatible with the destination of park areas and green areas that the legislator has required for some lands, and, undoubtedly, for the interested associations to be able to undertake the construction of buildings like those of their interest, they must defray what involves all the members or residents of the locality who will benefit from the public and general use of the property - the cost thereof. The Chamber cannot admit that through donation or construction authorizations such as those intended, the right of the plaintiff residents to enjoy the land that in its entirety belongs to the community of Cipreses as a green area and park and that the Municipality only possesses in administration of local interests, is disregarded." (The highlighting is from the original.)
Consequently, these areas enjoy the characteristics of public domain assets, by destination and vocation, under the advocacy of green areas, as the Constitutional Chamber asserted in judgment number 4605-96, supra:
"XXII. The green areas destined for public use, by virtue of their use and nature, are part of the community's patrimony and must remain under the jurisdiction of municipal entities so that they administer them as public domain assets, with which they share the legal regime of these assets, making them inalienable, imprescriptible, and unseizable, that is, they cannot be the object of private property of the developer or subdivider, as provided in Article 40 of the Urban Planning Act. (...)" and by that condition, their use and enjoyment is subject to the exercise of police power, and in this case, under the charge of the municipal authorities.
VI.THE PROCEDURE FOR THE REVOCATION OF PERMITS OF USE OVER DEMANIAL ASSETS. It is worth remembering that, when dealing with public domain assets, such as the communal areas resulting from urban subdivisions -known as parks or green areas-, they are outside commerce, and cannot be the object of possession or ownership, hence their use by private individuals could at most, be left to the granting of permits of use. This is a unilateral legal act issued by the Administration, in the use of its functions, which places the useful domain of the asset into the hands of the individual, with the State always reserving direct domain over the thing; its essential characteristic is its precariousness, which alludes to the possibility that the Administration may revoke it, also unilaterally and at any time, when reasons of necessity or general interest so indicate, whether due to the State's need to fully occupy the asset, for the construction of a public work, as well as for reasons of security, hygiene, aesthetics, or to recover its defined destination and vocation, in this case, by special law -Article 40 of the cited Construction Act (Ley de Construcciones)-, all of this to the extent that if a conflict of interests arises between the purpose of the asset and the granted permit, the natural use of the public thing must prevail. Thus, this revocation, as a means of extinguishing the administrative act granting the permit, proceeds for reasons of opportunity, convenience, or merit, and without liability for the Administration, as provided in Article 154 of the General Public Administration Act, when there is a serious discrepancy between the effects of the act and the public interest, and it may be based on supervening circumstances, non-existent and unknown at the time the act intended to be revoked was issued. Notwithstanding the foregoing, it is noted that this revocation cannot occur untimely or arbitrarily, as there is an obligation to provide, in all cases, a prudential period for compliance with the revocation act, under the terms provided in Articles 152, 153 and 154 of the General Public Administration Act. Likewise, it is clear that, for the revocation of a permit of use of a public domain asset, even though it is not necessary to initiate an ordinary proceeding, the truth is that the decision must conform entirely to the provisions of the cited Article 154 of the General Public Administration Act, which requires that it not be arbitrary or untimely, so that in cases where the Administration acts without complying with these two stated elements, a violation of the minimum procedure established by law may be considered, as previously indicated by the Constitutional Chamber itself, starting with its judgment number 2306-91, at fourteen hours forty-five minutes on November sixth, nineteen ninety-one:
"V).- However, despite what has been said, in the present case the permits for stationary or itinerant sales have been granted in light of a regulation issued by the Municipality, which, lacking the necessary instruments regulating the revocation of permits, requires, to the same extent that these permits have been granted, a prior and elementary procedure to terminate them.- Which is the same, the right that has been granted to an individual cannot be suppressed in an untimely and surprising manner, especially if that permit, as in the present case, constitutes a means of subsistence.- For all the foregoing, it is appropriate to grant the appeal, since it is not evident in the specific case that either the Municipality or the appealed Ministry have observed these elementary rules of due process.-" (The underlining is not from the original.)
By virtue of which, in cases of revocation of permits for public domain assets -as in the case under study-, conducting an ordinary administrative proceeding, under the terms regulated in Article 308 et seq. of the General Public Administration Act, is not necessary or pertinent. However, notwithstanding the foregoing, insofar as the Constitutional Chamber itself in the cited judgment number 2306-91 refers to minimum norms or "elementary rules of due process", a concept that national doctrine and jurisprudence have defined as synonymous with the terms "bilateral nature of the hearing" or "adversarial proceeding", and which requires "a prior and elementary procedure", understanding by procedure, a "formal channel, ..., to prepare, form, and externalize the formal activity of the public administration to externalize the formal activity of the public administration ..." (Jinesta Lobo, Ernesto, Tratado de Derecho Administrativo. Tomo III Procedimiento Administrativo, Editorial Jurídica Continental. San José, Costa Rica. First edition. 2007. p. 40); to terminate a permit of use of a public domain asset, the individual whose legal situation will be modified by the final revocation decision must be given a scope -even if reduced- that allows them to exercise their defense and opposition, prior to the adoption of the final act. The foregoing is consistent with the very text of Article 154 of the General Public Administration Act, which requires that the revocation not be untimely, a condition that must be understood in a double sense, namely, that a prudential period must be given to the individual to execute the decision, which, by administrative practice, has coincided with the period provided for the filing of respective appeals (challenge); but also, with respect to the fact that the decision must be adopted with prior opportunity for the defense of the individual, which is achieved in this case, by granting a hearing, to inform them of the matter. Thus, the adoption of a final act -such as the revocation of a permit- is not possible without a procedural iter, which in this case, due to the nature of the asset in question and the act being revoked -unilateral and precario-, would comprise the granting of that hearing, precisely for the purpose of guaranteeing due process and defense to the individual, as well as the correctness of the adopted decision. Not in vain, the administrative procedure constitutes a formal constitutive element of the administrative act, since "The administrative act is the exercise of a power or a competence, which consist of normative and abstract faculties or attributions that cannot be transformed, by themselves, into administrative acts -concrete manifestations of those- without going through a series of stages or phases of preparation and construction of the elements provided in the norm that attributes the power or competence. A series of intermediate conducts between the power or competence and the act that the first two authorize are necessary for it to be perfected. In the case of administrative procedures of a constitutive nature, it is clear that their purpose is to create or produce a final objective situation consisting of the possibility of exercising the competence to issue the final administrative act." (Jinesta Lobo, Ernesto, Op. Cit. page 47.)
Based on the foregoing considerations, the analysis of the revocation of the use of the park of the Los Claveles Urbanization, in Desamparados, from Rigoberto Segura Ortega proceeds.
VII.CONFORMITY WITH THE LEGAL ORDER OF THE CHALLENGED AGREEMENT. In light of what has been indicated in the preceding Recitals, the grievances formulated by the appellant in his challenge are resolved:
First: It is not possible to recognize any right in favor of Rigoberto Segura Ortega with respect to the occupation and/or possession of part of the park of the Las Esmeraldas Urbanization, in El Porvenir de Desamparados, precisely in attention to the special legal nature of this asset, which as a communal asset, product of an urban subdivision, is designated, by legal mandate -Article 40 of the Urban Planning Act- for the use and enjoyment of the community as a whole and the neighborhood's residents, whence it is absolutely improper for him to even claim legitimate occupation or possession in good faith. It is worth clarifying that the case file shows that the permit of use granted to Rigoberto Segura Ortega in the years nineteen eighty-six to nineteen ninety by the then council body was for the park area of the Los Claveles urbanization, not that of the La Esmeralda urbanization, so any use or enjoyment he has made at this site is not founded on said authorization. In this sense, it is considered that the council body acted correctly in revoking a permit of use granted to the indicated Mr. Segura Ortega at the time, one that is clearly irregular and contrary to law -the permit for the appellant to live on the site, conditional on the care, maintenance, and security of the site- because it evidently denaturalizes the vocation and destination of that asset. It is worth clarifying that the content of that authorization (permit of use) was solely to allow him to continue living in the park area of the Los Claveles urbanization, not the granting of any construction license, nor that the authorization had any term -one hundred years-, much less the possibility of modifying the destination and vocation of the property, so that he could profit, through the erection of rooms to rent or sell, or the rental of spaces for vehicles, nor for the keeping of animals. It is clarified that the administrative eviction ordered by the Municipal Administration of the works erected by the appellant in the green area of the Las Esmeraldas Urbanization did not require any prior warning nor annulment of the permit of use granted at the time, because those works or uses were not covered by the indicated permit; requiring the procedure indicated in accordance with Article 154 of the General Public Administration Act, only regarding what concerns the revocation of the previously granted permit. Note that in this sense, the erection of such works -tenement housing-, as well as the enclosure of the site, constitutes an abuse of right, and this Court questions under what authority he did so, it is insisted, for denaturalizing the use, vocation, and destination of the asset; the case file does not show any permit or construction license granted by the Municipality for its erection. Thus, the use that Rigoberto Ortega Segura makes of the park area constitutes an invasion of the green area of the indicated urbanization, and therefore, his conduct -fully accepted by him-, an abuse and excess of the precario permit granted.
Second: The appellant confuses the issues in his argument. Indeed, the situation regarding the revocation of the permit of use granted by the council body in the years nineteen eighty-six to nineteen ninety to Rigoberto Segura Ortega is very different from the administrative eviction order and demolition of the works erected in the green area of the Las Esmeraldas Urbanization. Regarding this latter decision, it is noted that far from having adopted an arbitrary or untimely decision and with serious violation of due process, as the appellant claims, it is an act that conforms to the administrative legal order. Thus, the case file shows that the authorities of the appealed Municipality have respected the procedural channels, not only to order the eviction and demolition of the works erected by Mr. Rigoberto Segura Ortega in contravention of the urban-environmental legal order, but also to revoke the permit of use granted in his time. The decision contained in the challenged agreement, insofar as it confirms the administrative eviction and orders the demolition of the works erected without a license or permit, in the green area of the Las Esmeraldas Urbanization, is in no way arbitrary, because, it is insisted, it is contrary to the public interest and the vocation and destination set forth by the legal order for park areas, as the local authorities cannot dispose of their use in favor of a private individual, to the detriment of their use for the residents and the community in general. In this case, it must be taken into account that the decision to revoke the permit of use originates from a proceeding initiated by the interested party himself, on the occasion of the chain of appeals that arises from the eviction warning and demolition order, so it is notorious that the interested party has been able to exercise all the remedies provided in the municipal appeals regime, presenting the exculpatory evidence that he deemed pertinent.
Third: It is noted in this sense that this instance is administrative, and the constitutional and legal order itself empowers and makes possible the review of the final decision -this resolution- that concludes the discussion in this venue, so that it may be done in the jurisdictional venue of the Administrative Litigation Jurisdiction. But that option cannot condition the decision, neither of the municipal authorities nor of this Court, acting as improper municipal superior, to rule in favor of the appellant, in serious violation of the legal order.
Note that, as judges of the Republic, we swore to respect and enforce the provisions of the Constitution and the law (articles 154 and 194 of the Political Constitution), and in that sense, we cannot rule in favor of the interests and claims of Mr. Segura Ortega, for the reasons explained.
VIII.- OF THE ORDERED PRECAUTIONARY MEASURE OF SUSPENSION.- Since the actions of the appealed Municipality—prevention of eviction and demolition of work constructed without municipal authorization in a park zone of a housing development and the revocation of the use permit granted to Mr. Segura Ortega—are in accordance with the legal system, it is entirely improper to grant the precautionary measure to suspend such prevention.
IX.- CONCLUSION.- Based on the reasons indicated, it is appropriate to confirm the appealed agreement, in this case, agreement number 7 adopted by the Council of the Municipality of Desamparados in ordinary session number 41-2010, held on July thirteenth, two thousand ten, which revoked the use permit granted to Rigoberto Segura Ortega to continue living in the park (or green) area of the Los Claveles Development and confirmed the administrative eviction and demolition of the works constructed by him in the green area of the Las Esmeraldas Development. As there is no further appeal of this decision, the administrative channel must be deemed exhausted." ... See more Legislation and Doctrine Citations Related Rulings No. 321-2011 THIRD SECTION OF THE CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE TRIBUNAL. Second Judicial Circuit of San José, Anexo A, Dirección01 , at nine fifty-five hours on September ninth, two thousand eleven.
This Tribunal hears, in its capacity as improper municipal hierarch, the appeal filed by Nombre102261 , of legal age, married, pensioner, with identity card number CED78167, resident of El Porvenir, Desamparados, against agreement number 7 adopted by the Council of the Municipality of Desamparados in ordinary session number 41-2010, held on July thirteenth, two thousand ten.
Judge Fernández Brenes authors the opinion; and,
WHEREAS:
I.- PROVEN FACTS: In the present case, the following are taken as relevant background: 1.) That the Council of the Municipality of Desamparados, in the years nineteen eighty-six to nineteen ninety, allowed Nombre102261 , then a municipal official, to continue living in the park of the Los Claveles housing development, with the consequent obligation to care for and keep the site clean, and with the warning that he could not bring any other family onto the land (note from the then Municipal Executive, Jorge Luis Madrigal, at folios 8 to 10; and note of February twenty-sixth, two thousand six, from Nombre102262 , at folio 11); 2.) That by Memorandum M-POT-03-146-06, of May sixteenth, two thousand six, architect Silvia Carballo Girón, of Land-Use Planning and Attorney Randall Escalante Gutiérrez, legal advisor of the Municipality of Desamparados, urgently requested engineer Rafael Castillo Castro, of the Cadastre Sub-process, "a cadastral and topographic study of the property registration No. Placa16845, owned by the Municipality of Desamparados, located in The Las Esmeraldas Housing Development in the district of Gravilias," the above "in order to determine if the zone is invaded and in what proportion," to be able to exercise the pertinent follow-up actions (folio 4); 3.) That by official communication DCAT-167-2006, of June eighth, two thousand six, engineer Mainor Bolaños Ramírez of the Cadastre Process, renders the requested report, with the following content: "This park area is included within property Folio Real Placa16846 in the name of the Municipality of Desamparados which encompasses public roads, park zones and remainder of the property. / There exists a cadastre plan number SJ-3485-1976 where it clearly delimits the park area that borders the Chilamate creek. / For a better understanding and in view that a large part of this park is invaded, it is detailed and analyzed by zones: 1- Zone 1: Dirección11530 , between points 31-32 of cadastral plan SJ-3485-1976 initially and according to the reference plan belonged to the park but the owners of lot 157 had a cadastre plan SJ-10804-1973 with an area of 171.4990 m, property FR-217190-000 which was modified by plan SJ-897457-1990 where the area was changed to 224.12m, this modification of area occurs towards the west side, that is, it overlaps with the park area, with a garage currently existing (Photo Zone 1). 2- Zone 2: between points 29-30 of plan SJ-3485-1976 this area is fenced with yellow tin sheets and there is a dwelling, this area has no registry information but clearly usurps the park area. (photo zone 2). 3- Zone 3: Dirección11531 , between vertices 25-26 of the reference plan, there is a small wood construction that is used by the scouts and on the north side of it the access is closed by a red gate that impedes passage, this area is being used by the owners of lot 148-B, property FR-1219063-000 cadastre plan SJ-1981-1974. In the same way, south of the scouts' premises there is a vacant lot but it is fenced with tin sheets and it could not be determined who is using it. 4- Zone 4: Dirección11532 , between lots 144B and 140B there is a passageway 3.00 mts. wide which is closed by a small gate that impedes passage (photo zone 4), it was possible to observe that at the end of this passageway, that is between points 18-19 of the reference plan, there is a construction. 5- Zone 5: Dirección11533 , between vertices 17 and 9 of the cadastre plan it is fenced with tin sheets and internally between lots 135-B, 140B and the Chilamate creek there exist several partitioned areas or lots that have some crops and it cannot be determined who they belong to. / According to what was observed and analyzing the cadastre plans, the area that borders lots 135B, 140B, 144B, 148B, 151 B, 154B, 157B and 160B up to the Chilamate creek is invaded and for the most part those who are making use of these areas are the owners of the bordering lands. The only zone free of any obstacle is the one defined by vertices 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 9 and 10 (sic) of cadastre plan SJ-3485-1976 where there is a small park. / A sketch showing the invaded areas and photographs showing the current condition of the land are presented" (report at folios 20 to 22; cadastral plan at folios 18; sketch at folios 19, 29 and 30); 4.) That on February twenty-fifth, two thousand nine, Nombre102263 , identity card number CED78168, resident of El Porvenir de Desamparados, denounces before the Council of the Municipality of Desamparados Nombre102261 , who inhabits the municipal property, has built rooms to rent out and has offered for sale, uses the park area for vehicle parking rental, has placed fences and a tin sheet gate and keeps animals (cows, goats and dogs); the above so that "they take the corresponding measures," given the illegal situation exposed (folio 33); 6.) That by official communication GTA-i-0421-04-2009, of April fourteenth, two thousand nine, architect Jessica Martínez Porras, Coordinator of Environmental Territorial Management of the municipality, requests engineer Rafael Castillo Castro, Coordinator of the Cadastre Process, to prepare a survey of the areas that are from the El Porvenir School, three hundred meters West, 150 South and 25 West, red gate (Quebrada Chilamate) and indicate if they are registered or not in the name of the local corporation, to proceed accordingly (folio 34); 7.) That in response to the previous management, by official communication PCAT-096-2009, of May eighteenth, two thousand nine, Randall Ledezma Álvarez, reports "that the green area consulted by you in the Las Esmeraldas Housing Development in Gravilias, is registered in the name of the Municipality; this is a remainder of property 1-259003-000, which gave origin to the development. / This area presents problems of invasions, since the presence of grazing cows was confirmed, as well as a refuge for drug addicts" (official communication at folio 37; sketch at folio 38); 7.) That in the Public Property Registry, the property appears registered with the registration number Placa16847, located at Dirección11534 , , in the name of the Municipality of Desamparados, whose nature is public roads and park zones (folio 35); 8.) That in response to the previous report, by official communication GTA-i-585-05-09, of May twenty-eighth following, architect Jessica Martínez Porras requests the Coordinators of the Public Works Process and the Technical Unit of Road Management "to coordinate what is necessary to carry out the eviction of the invaded zones in the Las Esmeraldas Housing Development in Gravillas, given that it has been confirmed that the area identified with green color in the attached site design is cataloged as a municipal zone.- Please schedule the corresponding demolitions as soon as possible, according to the availability of equipment and machinery" (folio 36); 9.) That by official communication PPTV-i-02-039-2010, of February sixteenth, two thousand ten, engineer Mainor Bolaños Ramírez, of the Territorial Planning Process completes the previous report contained in official communication DCAT-167-2006, detailing: "1- ... we proceed to carry out a survey of the boundaries of all the properties bordering the park zone, finding the following: a.- In the attached sketches zone 1 and 2 are defined corresponding to the hammerhead located at the end of Dirección11530 , finding that property FR-12171190-000, underwent a rectification of area and the same occurs towards the west, that is, part of the park was taken, originally this property had plan SJ-1084-1973 and subsequently it is modified by plan SJ-897457-1990, this movement has already produced registry effects. Additionally, there is a zinc fence that impedes passage at the end of the hammerhead. Regarding Dirección11535 there is no evidence that they are usurping the park area. b.- In the sketch zone 3, properties Placa16842 , Placa16843 and Placa16844 do not present evidence of usurping the park area. But it is evident that on the west side of these properties the land is totally invaded and the people who invade said area enter through a gate located south of lot 148B, there also exists a wood house, both this house and the gate are located in the park zone. c.- In sketch zones 4 and 5, lots 144B and 140B are well defined on the ground, but present the same condition that the west side is invaded with the difference that there is a tin sheet enclosure in the form of partitioned areas which are located in the park zone, these areas are identified in the sketch from 1 to 6 framed with a circle. For areas 5 and 3 it is not possible to identify which person is using the land, for areas 1 and 2 these are fenced with tin sheets and by the conditions detected the owners of lot 135B, plan SJ-1980-1974, are making use of this part. / 2- In the attached sketches the cadastre plans of each property are drawn and compared with the field survey defined in blue, thus establishing the invasions. It is clear that the entire zone bordering the Chilamate creek is invaded" (report at folios 44 and 47; sketch at folios 48 to 51; photographs at folios 52 to 54; cadastral plans at folios 55 to 65); 10.) That by official communication GTA-i-355-03-2010, of March twenty-third, two thousand ten, architect Jessica Martínez Porras requests the Cadastre Sub-process and the Urban Planning Department that for the purposes of proceeding with notification as soon as possible, "needs to know the detail of the characteristics of each property in terms of boundaries regarding the protection zone. That is, verify which properties have the protection zone included within their boundaries and which do not" (folio 67; 11.) That in response, engineer Marvin Bolaños Ramírez, of Territorial Planning reports that "1- According to the field survey the protection zone of the Chilamate creek directly affects property FR 13217190-000, cadastre plan SJ-897457-1990, additionally there are fenced lands within the park zone that are affected by the protection zone but the person who is making use of these is unknown. The zinc fences that have been placed, although they do not have constructions, restrict the use of this zone and only some people are usufructuating these lands. 2- On Dirección11536 there is a small wood house and a gate, which is used to access the invaded area, where there are constructions clearly established on this park zone and not necessarily affected by the protection zone (zone 6). 3- Zones 1, 2, 3, 4 and 5, have divisions with zinc sheets but there are no constructions" (official communication at folio 72; sketch at folio 68); 12.) That Nombre102261 lives in the green area of the La Esmeralda Housing Development, in which he has built rental rooms, has animals and allows use as parking (uncontested fact, and the reference reports and the interested party's own statements); 13.) That on May sixth, two thousand ten, by official communication 4186, Series D of the General Inspection Section, the inspector of the Municipality of Desamparados notifies Nombre102261 , of the order to vacate the usurped area (public road or protection zone), as well as to remove or demolish any irregularly placed work, for which three days are granted to comply with the order; likewise closes and places seals (folio 76); 14.) That against the previous notification, Nombre102261 files the ordinary appeals of revocation with subsidiary appeal, before the General Inspection Section of the Municipality of Desamparados (folios 82 to 86); 15.) That by official communication of May nineteenth, two thousand ten, Attorney Jean Abarca Jiménez, of the Inspection Sub-process forwards to the Coordinator of Environmental Management the challenge made by Mr. Nombre102261 (folio 94); 16.) That by official communication GTA-e-695-05-2010, of May nineteenth, two thousand ten, the Coordinator of Territorial Management indicates to the Head of the Registration Department of the Metropolitan Region (SENASA), communicates that the seizure of several animals (goats, cows, cattle, dogs) at the site (Las Esmeraldas housing development, in El Porvenir) was suspended, because upon recommendation of the Legal Services Process of that corporation, the demolition was suspended, as it had not been possible to notify the people who inhabit the rooming tenements that were to be demolished, but only the administrator of the same (folio 95); 17.) That by official communication SJ-397-2010, of May twenty-fifth, two thousand ten, the legal advisor of the corporation -Attorney Randall Escalante Gutiérrez- indicates to the Coordinator of Environmental Territorial Management, that, in relation to the challenge of notification 4186 series D, she must prepare a formal resolution in which all the allegations made in the challenge by Mr. Nombre102261 are resolved, warning that the revocation must be resolved by the official who issued the act, in this case, municipal inspector Carlos Garro and that if the decision is upheld, elevate the matter to the Mayor (folio 96); 18.) That in response to the challenge filed, by official communication GTA-i-796-06-2010, of June first, two thousand ten, the Coordinator of Territorial Management informs Óscar Picado Cordero, of the "International" (sic) Legal Advisory Office the following: "1. The fact that Mr. Nombre102261 was a municipal official, in no way gives him the right to illegally appropriate a public area (park and protection zone of 'Quebrada Chilamate'). 2. Certainly, the illegal appropriation of these public areas for personal benefit and for profit, is an act contrary to the rules established in the current legal framework. Proof of this is the rooming tenement, the presence of animals such as goats, cattle and stray dogs (15), as well as the rental of spaces for vehicles. 3. It must also be clarified that no one can claim right of possession, nor usufruct over public assets (Articles 261 and 262 of the Civil Code) so that the notification carried out, is done in order to prevent him, even though it does not proceed because they are public areas. 4. Additionally I inform you that, public officials possess full authority to enter areas of public domain, without prior authorization or the presence of any private individual. 5. The Municipality must ensure that the rights of all citizens are respected, as it must also ensure that all fulfill their duties. Land-use planning is part of the functions/attributions established by Law for the Municipalities (Article 15 of Law 4240 and 69 (sic) of the Political Constitution (Check with Randall). 6. Police presence is always requested as a security measure for public officials who are in their full right to request such protection. Additionally, as a matter of order and respect for the process, its presence is important. 7. Public institutions may dispose according to their convenience of the assets that are their property. The destination of all communal area and park zone, according to article 40 of the Urban Planning Law, has a specific purpose, which is solely for communal use. 8. The appellant must be clear that the interest that prevails for municipal purposes is the communal and not the particular interest. ... 10. It is clear that a problem exists given that profit is being made from a public property. The fact that there are people of scarce resources with housing needs, does not give the right to usurp or usufruct a public area. This is a social problem that the State must solve entirely, not a private individual" (folios 98 and 99, highlighting from the original); 19.) That the previous official communication is notified to Mr. Nombre102261 as a response to the revocation filed by fax on June first, two thousand ten (notification certificate, at folio 100); 20.) That by official communication 797-06-2010, of June first, two thousand ten, the Coordinator of Environmental Territorial Management forwards the appeal filed to the Mayor of Desamparados (folio 101); 21.) That the term granted in notification 4186 series D having expired, by official communication I-927-07-2010, of July sixth, two thousand ten, the Coordinator of Environmental Territorial Management consults the Legal Services Process, "on the procedure to follow for the removal of the vehicles that are in the protection zone of the Creek in Dirección11507 , given that they serve as a refuge for homeless people, according to the complaint filed by neighbors, besides being trucks that are abandoned and have mechanical defects that prevent their movement. It should be clarified that these vehicles are part of the vehicle lot guarded by Mr. Nombre102261 " (folio 102); 20.) That the Mayor grants an extension of the time limit to carry out the demolition of the rooming tenements that Nombre102261 built (by reference of official communication GTA-i-928-07-2010, of July sixth, two thousand ten, at folio 206); 21.) That in response to the management filed by Nombre102261 , that the areas in front and behind the house be maintained, as well as a wall that are additions that benefit the house he inhabits, the Council of the Municipality of Desamparados, by agreement number 7, definitively approved in ordinary session number 41-2010, held on July thirteenth, two thousand ten, provides that "by occupying an asset of the public domain, in the case that a permit or agreement of the Municipal Council exists, it is revoked in adherence to article 154 of the General Law of Public Administration, as it is a use in precarious title, by which it is agreed to uphold what was ordered and have it notified by the Municipal Administration" (agreement at folio 136; reference to the management made before the Council in agreement number 11, of the ordinary session 48-2010, of August seventeenth, two thousand ten, at folio 122); 22.) That against the previous decision, on the following July twenty-first, Mr. Nombre102261 files the appeals of revocation with subsidiary appeal (folios 110 to 111); 23.) That by agreement number 11, of ordinary session number 48-2010, of August seventeenth, two thousand ten, the Council rejects the revocation filed and admits the appeal before the Contentious-Administrative Tribunal, for which it summons the interested party within a period of eight days (folios 122 to 128); 24.) That the previous decision is notified to the interested party on the following September first (proof at folio 128 verso).
II.- OF THE UNPROVEN FACTS.- Also of importance for the resolution of this matter, the following are held as unproven: 1.) That the Municipality granted a use permit to Nombre102261 , for him to live in the park zone of the La Esmeralda Housing Development, in El Porvenir de Desamparados and for a term of one hundred years; 2.) That the Municipality of Desamparados granted a construction permit or license for him to build his house and rooming tenements to rent them out in the communal zone of the La Esmeralda Housing Development, in El Porvenir de Desamparados; 3.) The improvements that Nombre102261 claims to have introduced in the park zone of the La Esmeralda Housing Development, in El Porvenir de Desamparados; 4.) That the Municipality of Desamparados has executed the eviction ordered by the Municipal Administration to Nombre102261 from the park area of the El Porvenir Housing Development; and 5.) That the Los Claveles Housing Development is the same as the one called Las Esmeraldas. There is no evidence in this regard.
III.- OF THE GROUNDS FOR THE APPEAL.- The appellant expresses disagreement with the revocation of the use permit for an asset of public domain, a decision agreed upon by the Council of the Municipality of Desamparados by agreement number 7, of ordinary session 41-2010, of July thirteenth, two thousand ten, based on the following grounds: a.) That for more than forty years the Municipality of Desamparados has consented to his living on the property owned by the local corporation, and to that effect conferred a permit for one hundred years to him, with the promise that he would never be evicted, and for this, it granted him a permit to build his (decent) house on said property to spend the rest of his days, requiring him to care for and maintain the site, which he has done, building fences, planting fruit trees, introducing improvements to the property, as well as taking care of the Scouts' construction located at the entrance to the park; from which, he is an occupant and has exercised legitimate possession of that land, which makes his stay one of good faith. In this sense he adds that he has tried to legalize his situation in the occupation and possession of that lot, which he has not achieved, obtaining only "a promise that the undersigned remain in the lot for the rest of my earthly days"; b.) That the municipal authorities attempt to evict him, without any reason, from one day to the next and without assessing the consequences, both social and legal, that said act can bring him, since they treat him as a squatter (precarista), who occupied a vacant lot or land, without any right; and, the above, with infringement of due process, in which he can exercise his right of defense, with a real possibility of offering exculpatory evidence, to find a solution to his situation and avoid an ordinary process to claim his compensation; the above, in violation of the rights that assist him, since he is only notified of the decision of the demolition and eviction order, with no reason for it existing, disregarding his rights and the social and legal consequences of the adopted act, stating the reasons for its decision only upon the issuance of the appealed decision; and, c.) That the Municipality, not only seeks the eviction from his dwelling, but its demolition, disregarding the improvements he has made to the lot, with its express consent, and without having received a single cent from the local authorities. He bases his challenge on article 132 of the General Law of Public Administration. He requests the appealed agreement be revoked, so that he is given ample and not limited opportunity to present his arguments before the Council, to oppose the ordered eviction and to request the corresponding indemnification for the authorized improvements made to the property. He requests a ruling in his favor to "avoid going to the declaratory channel to seek compensation for this damage that they now intend to cause me." Additionally, in view of the serious harm that what was ordered by the Municipal Administration may cause him, he requests the suspension of said execution. (Folios 110 to 111; 130 to 133 and 140 to 145.)
IV.- OF THE POSITION OF THE APPEALED MUNICIPALITY.- The authorities of the Municipality of Desamparados uphold the legal authority that assists them to order the removal of Nombre102261 from the municipal property, which he has occupied for several years by an authorization issued at the time by the local deliberative body. To this effect, they indicate compliance with due process, by notifying him of the need for eviction from the public zone of the Las Esmeraldas Housing Development, to which the appellant has refused, claiming to have a right over the property, disregarding or pretending to ignore municipal powers in this matter. Likewise, that by reason of the legal nature of the property under discussion, being a public domain asset (bien demanial), the Administration is empowered to use de facto means as a mechanism for its recovery, without needing to resort to the jurisdictional channel and without a prior administrative procedure being necessary, as no subjective right or legitimate interest exists on the part of the occupant; and, that because the permit granted for its occupation is in precarious title (a título precario), the authority for its unilateral revocation by the Administration at any time is inferred, in accordance with the provision of article 154 of the General Law of Public Administration, for reasons of necessity or general interest, for the preservation of the natural use of the public thing. Thus, given that in the case, the use and purpose of the asset—park of the Las Esmeraldas housing development—has been distorted, to such a point that Mr. Nombre102261 is profiting from the rental of rooms, and endangers the health and life of the people who rent them and the neighbors, this generates liability for the local government. The public domain status (demanialidad) of the occupied lot is indisputable, and that, as a communal asset, it has a destination and vocation, under the advocacy of green zones, for the use and enjoyment of the community as a whole, it not only cannot be occupied by a third party, but its destination cannot be changed. Thus, it is indisputable that the exclusive use that Mr. Nombre102261 gives it is incompatible with its nature and vocation. Hence the legitimacy of the appealed agreement. (Folios 122 to 128 and 147 to 148.)
V.- OF THE PARK ZONE RESULTING FROM URBAN SUBDIVISION (FRACCIONAMIENTO) AS COMMUNAL ASSETS THAT FORM PART OF THE PUBLIC DOMAIN.- Being of interest to the case, it is necessary first to address the clarification of this concept. Thus, green zones are those areas resulting from urban development projects, which have their origin in the burden imposed on subdividers (fraccionadores) in article 40 of the Urban Planning Law, to cede "gratuitously" to the municipal entities a portion of land—between five and twenty percent of the land intended for the project—for the use of public roads, parks and communal facilities, the cost of which is transferred to the value of the resulting parcels or lots. It is in this way that they "nominally" belong to the municipalities (insofar as they hold the bare ownership of the asset), but in strict sense are classified as communal assets, insofar as they are destined for neighborhood use, precisely because their (constitutional) foundation is the provision of minimum services for the urbanization phenomenon—which grossly implies the "creation of cities"—as has been stated clearly and precisely by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) in various pronouncements.
"XX. The gratuitous cession to the municipalities of lands to be subdivided (fraccionar) or urbanized, is done to destine in them certain services for the community, such as public roads and green zones, the latter—which are the ones that interest us—will be used to build parks, gardens, educational centers, sports and recreation zones. The foundation of this obligation must be placed in a kind of compensation owed by the developer for the increased value that the urbanization or parceling process will give to the urbanized land, that is, it is definitively a contribution in kind in urban planning law, as a mechanism to ensure that the capital gain acquired by the properties due to the urbanization or subdivision (fraccionamiento) reverts to the community.
Before this regulation, a serious social situation existed, arising from the fact that landowners perceived the full prices obtained from their land as net profit, while the new neighborhoods were left without service provisions, a deficiency for which the municipal Administration was attempted to be held responsible, yet it was incapable of effectively covering that deficit. One of the principles of urban planning law is precisely that the considerable betterment values generated by the urban development process must be the primary source to defray the service costs that this same development brings about. The challenged obligation—to cede a percentage of land to the municipality free of charge—seeks precisely to give effect to the principle of economic compensation and retribution in services for the needs of the community created, as a corollary of the enrichment perceived from urban development.
XXI.In this way, the content of property is configured from the criterion of its social function; this is a technical structuring of that function which ceases to be a mere moral admonition to the consciences of landowners and becomes a system of positive duties that are legally enforceable. Thus, landowners may exercise as their own all the resulting faculties for urban use of the properties, only that they must simultaneously also assume the positive duties with which the legal system attempts to compensate for the economic gain. The development or subdivision plan must contemplate in advance all the provisions for community services—roads, water connections and electric lighting, green zones, children's playgrounds, etc.—before beginning the construction and individual exploitation of the lots; execution falls upon the landowner. ... , and it will be the new owners who will ultimately benefit from the green areas and facilities referred to in Article 40 of the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana)." (Ruling number 4205-96, of fourteen hours thirty-three minutes of the twentieth of August of nineteen ninety-six.)
But particularly, the cession of these strips of land in urbanization projects serves to give effect to the fundamental rights to recreation and to a healthy and ecologically balanced environment, precisely for the residents of an urbanization (Name70535, Name70536, Los Bienes Comunales en la Legislación de Régimen local. Editorial Tecnos, S.A. Madrid. Spain. 1994. page 35), as our Constitutional Court also considered in ruling number 2000-4332, of ten hours fifty-one minutes of the nineteenth of May of two thousand, in which it noted the absolute impossibility of modifying their designated use:
"III.- Article 40 of the Urban Planning Law provides that 'No less than one third of the area represented by the percentage fixed pursuant to the preceding paragraph shall be applied unfailingly to the use of a park, but reserving in the first instance from that third the space or spaces necessary for a children's playground or playgrounds, in a proportion not less than ten square meters per family. The remaining two thirds of the referred percentage or the remainder thereof left available after covering the park needs shall serve to install community facilities (facilidades comunales) that the developer (fraccionador) or urbanizer (urbanizador) initially proposes...' The mere reading of that norm allows one to arrive at the certainty that the legislator, in development of the Supreme Charter, has established the obligatory existence of green zones and parks for the enjoyment of the community, hence it could not be understood that the construction of what the Municipality has called a community facility—such as the erection of buildings planned by the associations that have been favored with the agreements under challenge—is compatible with that norm, since such an interpretation would empty the essential content of the residents' right to enjoy a green recreation zone, which forms part of the quality of life that the Constitution guarantees them. The local municipality cannot freely eliminate the designated use of land dedicated to a park, nor could the legislator do so—without defining in exchange a space that compensates for the loss of the park area—as this would render the agreement or law so providing unconstitutional, for disrespecting the essential content of the residents' right to enjoy those recreation zones, which, as indicated, form part of the quality of life that the Constitution guarantees them. The term 'community facilities' does not have the breadth that is intended to be implied. It is obvious to this Chamber that it refers to constructions indispensable for the communal enjoyment of the property designated as a green area, park, and recreation space; consequently, the construction of buildings for public services, by way of example libraries, schools, community halls, etc., are incompatible with the designated use of park and green zone areas that the legislator has required for certain lands, and, undoubtedly, for the interested associations to be able to undertake the construction of buildings such as those of their interest, they must defray the cost of the same—what involves all the members or residents of the locality who will benefit from the public and general use of the property. The Chamber cannot admit that by way of donation or construction authorizations such as those attempted, the right of the petitioning residents to enjoy the land that fully belongs to the community of Cipreses as a green zone and park and that the Municipality merely holds in administration of local interests is disregarded." (The highlighting is from the original.)
Consequently, these areas enjoy the characteristics of public domain assets (bienes de dominio público), by destination and vocation, under the advocacy of green zones, as the Constitutional Chamber asserted in ruling number 4605-96, supra cited:
"XXII. Green areas destined for public use, by virtue of their use and nature, are part of the community's patrimony and must remain under the jurisdiction of the municipal entities so that they may administer them as public domain assets, with which they participate in the legal regime of these assets, which makes them inalienable, imprescriptible, and unseizable, that is, they cannot be the object of private property of the urbanizer or developer, just as Article 40 of the Urban Planning Law provides. (...)" and by that condition, their use and exploitation are subject to the exercise of police power, and in this case, charged to the municipal authorities.
VI.- OF THE PROCEDURE FOR THE REVOCATION OF USE PERMITS OVER DEMANIAL ASSETS.— It is worth recalling that, in the case of public domain assets, such as the communal zones resulting from urban subdivisions—known as parks or green zones—, they are outside of commerce, cannot be the object of possession or ownership, whence their exploitation by private parties could, at most, be open to the granting of use permits. This is a unilateral legal act issued by the Administration, in the exercise of its functions, which places the useful domain of the asset in the hands of the private party, with the State always reserving the direct domain over the thing; its essential characteristic is its precariousness, which alludes to the possibility that the Administration may revoke it, also unilaterally and at any time, when reasons of necessity or general interest so indicate, whether due to the State's need to fully occupy the asset, for the construction of a public work, as well as for reasons of safety, hygiene, aesthetics, or to recover its defined destination and vocation, in this case, by special law—Article 40 of the cited Construction Law (Ley de Construcciones)—, all of this to the extent that if a contraposition of interests arises between the purpose of the asset and the granted permit, the natural use of the public thing must prevail. So, this revocation, as a means of extinguishing the administrative act granting the permit, proceeds for reasons of opportunity, convenience, or merit, and without liability for the Administration, as provided by numeral 154 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública), when there exists a serious discordance between the effects of the act and the public interest, and may be grounded on supervening circumstances, non-existent and unknown at the time the act sought to be revoked was issued. Notwithstanding the foregoing, it is warned that this revocation cannot occur in an untimely or arbitrary manner, as there exists the obligation to grant, in all cases, a prudential period for the fulfillment of the revocation act, under the terms provided in Articles 152, 153, and 154 of the General Law of Public Administration. Likewise, it is clear that, for the revocation of a use permit for a public domain asset, even though it is not necessary to initiate an ordinary procedure, the truth is that the decision must fully conform to the provisions of the cited numeral 154 of the General Law of Public Administration, which demands that it not be arbitrary nor untimely, such that in cases where the Administration acts without fulfilling these two stated elements, the infringement of the minimum procedure established in the legal system may be deemed, as previously indicated by the Constitutional Chamber itself, in its ruling number 2306-91, of fourteen hours forty-five minutes of the sixth of November of nineteen ninety-one:
"V).- However, despite what has been said, in the present case the permits for stationary or itinerant sales have been granted in light of an ordinance issued by the Municipality, which, lacking the necessary instruments to regulate the revocation of permits, demands, to the same extent that those permits have been granted, a prior and elementary procedure to terminate them.— Which is the same as saying that a right that has been granted to a private party cannot be suppressed in an untimely and surprising manner, especially if that permit, as in the present case, constitutes a means of subsistence.— For all the foregoing, it is proper to declare the recourse with merit, since it is not observed in the specific case that either the Municipality or the Ministry respondents have observed these elementary norms of due process.—" (The underlining is not from the original.)
By virtue of which, in the cases of revocation of permits for public domain assets—such as the case under review—, the conducting of an ordinary administrative procedure, under the terms regulated in Article 308 and following of the General Law of Public Administration, is neither necessary nor pertinent. But notwithstanding the foregoing, insofar as the Constitutional Chamber itself in the cited ruling number 2306-91 refers to minimum or "elementary norms of due process," a concept that national doctrine and jurisprudence have defined as synonymous with the terms "bilateral nature of the hearing" or "adversarial," and which demands "a prior and elementary procedure," understanding by procedure, a "formal channel, ..., to prepare, form, and externalize the formal activity of the public administration ..." (Jinesta Lobo, Name43, Tratado de Derecho Administrativo. Tomo III Procedimiento Administrativo, Editorial Jurídica Continental. San José, Costa Rica. First edition. 2007. p. 40); to terminate a use permit for a public domain asset, the administered party whose legal situation will be modified by the final revocation decision must be given a sphere—albeit a reduced one—that allows them to exercise their defense and opposition, prior to the adoption of the final act. The foregoing coincides with the very text of Article 154 of the General Law of Public Administration, which demands that the revocation not be untimely, a condition that must be understood in a double sense, namely, that a prudential period must be given to the administered party to execute the decision, which by administrative practice has coincided with the period provided for the filing of the respective recourses (challenge); but also, regarding that the decision must be adopted with a prior possibility of defense for the administered party, which is achieved in this case by conferring a hearing (audiencia), to inform them of the matter. Thus, the adoption of a final act—such as the revocation of a permit—is not possible without a procedural iter, which in this case, due to the nature of the asset in question and the act being revoked—unilateral and precarious—would comprise the conferral of that hearing, precisely for the purpose of guaranteeing due process and defense for the administered party, as well as the soundness of the adopted decision. Not in vain, the administrative procedure constitutes a formal constitutive element of the administrative act, since "The administrative act is the exercise of a power (potestad) or a competence (competencia), which consist of normative and abstract faculties or attributions that cannot be transformed, by themselves, into administrative acts—concrete manifestations of those—without going through a series of stages or phases of elaboration and construction of the elements provided for in the norm that attributes the power or the competence. A series of intermediate conducts between the power or competence and the act that the first two authorize are necessary for it to be perfected. In the case of administrative procedures of a constitutive nature, it is clear that their purpose is to create or produce a final objective situation consisting of the possibility of exercising the competence to issue the final administrative act." (Jinesta Lobo, Name43, Op. Cit. page 47.)
On the basis of the foregoing considerations, the analysis of the revocation of the use of the park of the Los Claveles Urbanization (Urbanización Los Claveles), in Desamparados, to Name102261 proceeds.
VII.- OF THE CONFORMITY WITH THE LEGAL SYSTEM OF THE CHALLENGED AGREEMENT.— In light of what has been indicated in the preceding Considerandos, the grievances formulated by the appellant in their challenge are resolved:
First: It is not possible to recognize any right in favor of Name102261 with respect to the occupation and/or possession of part of the park of the Las Esmeraldas Urbanization, in El Porvenir de Desamparados, exactly in attention to the special legal nature of this asset, which as a communal asset (bien comunal), the product of an urban subdivision, is ordered, by legal mandate—Article 40 of the Urban Planning Law—for the use and enjoyment of the collectivity as a whole and of the community's residents, whence it is absolutely improper that they can even allege legitimate occupation or possession in good faith. It is worth clarifying that the case record shows that the use permit conferred upon Name102261 in the years nineteen eighty-six to nineteen ninety by the then body of councilors, was with respect to the park area of the Los Claveles urbanization, not of the La Esmeralda urbanization, such that any use or exploitation they have carried out on this site is not based on said authorization. In this sense, it is deemed that the body of councilors did well to revoke a use permit conferred upon the indicated Mr. Name102261 in its time, clearly irregular and contrary to law—the permit for the appellant to live on the site, conditioned on the care, maintenance, and security of the site—because it evidently denatures the vocation and destination of that asset. It is worth clarifying that the content of that authorization (use permit) was solely to allow him to continue living in the park area of the Los Claveles urbanization, not the granting of any construction license, nor that the authorization had any term—one hundred years—, and much less the possibility of modifying the destination and vocation of the property, so that he could profit, through the erection of rooms to rent or sell, or the rental of spaces for vehicles, nor for the keeping of animals. It is clarified that the administrative eviction ordered by the Municipal Administration of the works erected by the appellant in the green area of the Las Esmeraldas Urbanization did not require any prior prevention or annulment of the use permit granted at the time, because those works and uses were not included in the indicated permit; requiring the procedure indicated pursuant to numeral 154 of the General Law of Public Administration, only with respect to what concerned the revocation of the previously granted permit. Note that in this sense, the erection of such works—shantytown—, as well as the enclosure of the site, constitutes an abuse of right, and this Tribunal questions, under what authority he did so, it is insisted, for denaturing the use, vocation, and destination of the asset; it not being evident in the case record any permit or construction license granted by the Municipality for its erection. Thus, the use that Name102261 gives to the park area constitutes an invasion of the green area of the indicated urbanization, and therefore, his conduct—fully accepted by him—constitutes an abuse and excess of the precarious permit granted.
Second: The appellant confuses the planes in their dissertation. Indeed, the situation is very different with respect to the revocation of the use permit conferred by the body of councilors in the years nineteen eighty-six to nineteen ninety, to Name102261, and another is the order of administrative eviction and demolition of the works erected in the green area of the Las Esmeraldas Urbanization. With respect to this latter decision, it is warned that far from an arbitrary or untimely decision having been adopted with grave infringement of due process, as the appellant alleges, it is an act that conforms to the administrative legal system. Thus, the case record shows that the authorities of the respondent Municipality have respected the procedural channels, not only to order the eviction and demolition of the works erected by Mr. Name102261 in contravention of the urban-environmental ordinance, but also to revoke the use permit granted in its time. The decision contained in the challenged agreement, insofar as it confirms the administrative eviction and orders the demolition of the works erected without a license or permit, in the green area of the Las Esmeraldas Urbanization, is in no way arbitrary, because it is insisted, it is contrary to the public interest and the vocation and destination foreseen by the legal system for park areas, the local authorities being unable to dispose of its exploitation in favor of a private party, to the detriment of its use for the residents and the community in general. In this case, it must be borne in mind that the decision to revoke the use permit originates from a proceeding by the interested party himself, on the occasion of the recursive chain that arises from the prevention of eviction and demolition order, such that it is notorious that the interested party has been able to exercise all the remedies provided for in the municipal recourse regime, presenting the exculpatory evidence they have deemed pertinent.
Third: It is warned in this sense that this instance is administrative, and the constitutional and legal system itself empowers and enables the review of the final decision—this resolution—which exhausts the discussion in this venue, to be done in the jurisdictional venue in the Contentious-Administrative Jurisdiction. But that option cannot condition the decision, neither of the municipal authorities nor of this Tribunal, acting as an improper municipal hierarch, to rule in favor of the appellant, with grave infringement of the legal system. Note that, as judges of the Republic, we swore to respect and enforce the provisions of the Constitution and the law (Articles 154 and 194 of the Political Constitution), and in that sense, we cannot rule in favor of the interests and pretensions of Mr. Name102261, for the reasons explained.
VIII.- OF THE ORDERED PRECAUTIONARY MEASURE OF SUSPENSION.— The actions of the respondent Municipality—prevention of eviction and demolition of a work erected without municipal authorization in a park zone of an urbanization, and the revocation of the use permit granted to Mr. Name102261—being in conformity with the legal system, it is clearly improper to grant the precautionary measure to suspend such prevention.
IX.- CONCLUSION.— Based on the stated reasons, it is proper to confirm the challenged agreement, in this case, number 7 adopted by the Council of the Municipality of Desamparados in ordinary session number 41-2010, held on the thirteenth of July of two thousand ten, which revoked the use permit granted to Name102261, to remain living in the park (or green) area of the Los Claveles Urbanization and insofar as it confirmed the administrative eviction and demolition of the works erected by him in the green area of the Las Esmeraldas Urbanization. There being no further recourse against this decision, the administrative venue must be deemed exhausted.
THEREFORE (POR TANTO):
The challenged agreement is confirmed. The administrative venue is deemed exhausted.
Silvia Consuelo Fernández Brenes Eduardo González Segura Elías Baltodano Gómez Municipal Appeal (Apelación municipal) Name102261 against the Municipality of Desamparados Classification prepared by the JURISPRUDENTIAL INFORMATION CENTER (CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL) of the Judicial Branch. Its reproduction and/or distribution for profit is prohibited.
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Tribunal Contencioso Administrativo Sección III Clase de asunto: Jerarquía Impropia Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Derecho Urbano Tema: Parques urbanos, jardines y zonas verdes Subtemas:
Naturaleza demanial de las zonas de parque producto de fraccionamiento urbano como bienes comunales. Imposibilidad absoluta de la modificación de su destino. Revocatoria de permiso de uso sobre zona de parque.
Tema: Bien demanial Subtemas:
Análisis de las zonas de parque producto de fraccionamiento urbano. Características y procedimiento para la revocatoria de permisos de uso.
Tema: Permiso de uso de dominio público Subtemas:
Características y procedimiento para la revocatoria.
Tema: Acuerdo municipal Subtemas:
Revocatoria de permiso de uso de zona de parque por ser bien de dominio público.
“III.- DE LOS MOTIVOS DE LA APELACIÓN.- El apelante se manifiesta inconforme con la revocatoria del permiso de uso de un bien de dominio público, decisión acordada por el Concejo de la Municipalidad de Desamparados por acuerdo número 7, de la sesión ordinaria 41-2010, del trece de julio del dos mil diez, con fundamento en los siguientes motivos: a.) Que por más de cuarenta años la Municipalidad de Desamparados ha consentido que viva en el fundo propiedad de la corporación local, y a tal efecto le confirió un permiso por cien años, con la promesa de que nunca sería desalojado, y para ello, le confirió permiso para levantar su casa (digna) en dicha propiedad para pasar el resto de sus días, exigiéndosele el cuido y mantenimiento del sitio, lo cual ha hecho, construyendo cercas, sembrando árboles frutales, introduciendo mejoras a la propiedad, así como cuidando la construcción de los Scouts ubicada a la entrada del parque; de donde, es ocupante y ha ejercido posesión legítima de ese terreno, lo que hace su estancia ha sido de buena fe. En este sentido agrega que ha intentado legalizar su situación en la ocupación y posesión de ese lote, lo que no ha logrado, al obtener únicamente "una promesa de que el suscrito permaneciera en el lote por el resto de mis días terrenales"; b.) Que las autoridades municipales intentan desalojarle, sin razón alguna, de un día para otro y sin valorar las consecuencias tanto sociales como jurídicas que le puede acarrear dicho acto, ya que le tiene como un precarista, que ocupó un lote o terreno baldío, sin derecho alguno; y, lo anterior, con infracción del debido proceso, en el que pueda ejercer su derecho de defensa, con posibilidad real de ofrecer prueba de descargo, para encontrar una solución a su situación y evitar un proceso ordinario para pretender su resarcimiento; lo anterior, en violación de los derechos que le asisten, ya que únicamente se le comunica la decisión de la orden de demolición y desalojo, sin existir motivo para ello, desconociendo sus derechos y consecuencias sociales y jurídicas del acto adoptado, motivando su decisión hasta el dictado de la decisión impugnada; y, c.) Que la Municipalidad, no sólo pretende el desalojo de su vivienda, sino su derribo, desconociendo las mejoras que ha realizado en el lote, con su consentimiento expreso, y sin haber recibido un sólo céntimo de parte de las autoridades locales. Funda su impugnación en el artículo 132 de la Ley General de la Administración Pública. Pide revocar el acuerdo impugnado, para que se le confiera oportunidad amplia y no limitada para exponer sus argumentos ante el Concejo, para oponerse al desalojo ordenado y para requerir la indemnización correspondiente por las mejoras autorizadas realizadas en el fundo. Pide fallar a su favor para "evitar el acudir a la vía declarativa para buscar un resacimiento de este daño que ahora se me pretende causar." Adicionalmente, en atención a los graves perjuicios que le puede ocasionar lo ordenado por la Administración Municipal, pide la suspender dicha ejecución. (Folios 110 a 111; 130 a 133 y 140 a 145.)
IV.- DE LA POSICIÓN DE LA MUNICIPALIDAD RECURRIDA.- Las autoridades de la Municipalidad de Desamparados sostienen la potestad legal que les asiste para ordenar la salida de Rigoberto Segura Ortega de la propiedad municipal, que ocupa hace varios años por una autorización emitida en su momento por el cuerpo deliberativo local. A tal efecto, señalan el cumplimiento del debido proceso, al notificarle la necesidad del desalojo de la zona pública de la Urbanización Las Esmeraldas, a lo que se ha negado el apelante, alegando tener un derecho sobre el inmueble, desconociendo o pretendiendo ignora las potestades municipales en esta materia. Asimismo, que en razón de la naturaleza jurídica del inmueble objeto de la discusión, al tratarse de un bien demanial, la Administración está facultada para utilizar vías de hecho como mecanismo para su recuperación, sin necesidad de acudir a la vía jurisdiccional y sin ser necesario un procedimiento administrativo previo, por no existir de parte del ocupante, ningún derecho subjetivo o interés legítimo; y, que por ser el permiso otorgado para su ocupación a título precario, se infiere la potestad de su revocatoria de manera unilateral por la Administración, en cualquier tiempo, conforme a la previsión del artículo 154 de la Ley General de la Administración Pública, por razones de necesidad o interés general, para la preservación del uso natural de la cosa pública. Así, siendo que en el caso, se ha desvirtuado el uso y fin del bien -parque de la urbanización Las Esmeraldas-, a tal punto que el señor Segura Ortega está lucrando con el alquiler de cuartos, y pone en riesgo la salud y vida de las personas que las alquilan y los vecinos, ello genera responsabilidad para el gobierno local. Es indiscutible la demanialidad del lote ocupado, y que, como bien comunal, tiene un destino y vocación, bajo la advocación de zonas verdes, para el aprovechamiento y disfrute de la colectividad en su conjunto, el mismo no sólo puede ser ocupado por tercero, sino que no puede ser cambiado su destino. Así, es indiscutible que el uso privativo que le da el señor Segura Ortega es incompatible con su naturaleza y vocación. De ahí la legitimidad del acuerdo impugnado. (Folios 122 a 128 y 147 a 148.)
V.- DE LA ZONA DE PARQUES PRODUCTO DE FRACCIONAMIENTO URBANO COMO BIENES COMUNALES QUE INTEGRAN EL DEMANIO PÚBLICO- Por ser de interés al caso, resulta necesario avocarse primeramente a la clarificación de este concepto. Así, por zonas verdes, se tienen aquellas áreas resultantes de proyectos urbanísticos, que tiene su origen en la carga que se impone a los fraccionadores en el artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana, de ceder "gratuitamente" a los entes municipales una porción de terreno -entre el cinco y el veinte por ciento del terreno que se dispone al proyecto-, para uso de las vías públicas, parques y facilidades comunales, cuyo costo se traslada al valor de las parcelas o lotes resultantes. Es así como "nominalmente" pertenecen a las municipalidades (en tanto ostentan la nuda propiedad del bien), pero que en sentido estricto se califican como bienes comunales, en tanto están destinadas al aprovechamiento vecinal, precisamente por cuanto su fundamento (constitucional), es la dotación de los servicios mínimos del fenómeno de la urbanización -que a grosso modo implica la "creación de ciudades"-, según lo ha precisado de manera clara y precisa la Sala Constitucional en diversos pronunciamientos.
"XX. La cesión gratuita a las municipalidades de terrenos a fraccionar o urbanizar, se hace para destinar en ellos ciertos servicios para la comunidad, como lo son las vías públicas y las zonas verdes, éstas últimas -que son las que nos interesan- se utilizarán para construir parques, jardines, centros educativos, zonas deportivas y de recreo. El fundamento de esta obligación debe situarse en una especie de contrapartida debida por el urbanizador por el mayor valor que el proceso de urbanización o parcelamiento dará al suelo urbanizado, es decir, se trata en definitiva de una contribución en especie en el derecho urbanístico, como mecanismo para hacer que la plusvalía que adquieran los inmuebles con motivo de la urbanización o fraccionamiento revierta a la comunidad. Antes de esta regulación se presentaba una grave situación social, derivada del hecho de que los propietarios de suelo percibían como beneficio neto los precios íntegros obtenidos de sus terrenos, mientras que los nuevos barrios quedaban sin dotaciones de servicios, carencia que se intentaba hacer responsable a la Administración municipal, incapaz de cubrir ese déficit en forma eficaz. Uno de los principios del derecho urbanístico consiste precisamente en que las considerables plusvalías generadas por el proceso del desarrollo urbano deben ser las primeras fuente para sufragar los costos en servicios que ese mismo desarrollo hace surgir. La obligación impugnada -de ceder gratuitamente un porcentaje de terreno a la municipalidad-, pretende justamente hacer efectivo el principio de compensación económica y retribución en servicio de las necesidades de la comunidad que se crea, como correlato del enriquecimiento que del desarrollo urbanístico se percibe.
XXI.De esta manera se configura el contenido de la propiedad, desde el criterio de su función social; se trata de una tecnificación de esa función que deja de ser una simple admonición moral a las conciencias de los propietarios para convertirse en un sistema de deberes positivos jurídicamente exigibles. Así, los propietarios podrán ejercitar como propias todas las facultades de utilización urbana de los fundos que resulten, sólo que simultáneamente, deben asumir también los deberes positivos con que el ordenamiento intenta compensar la ganancia económica. El plan urbanizador o fraccionador deberá contemplar previamente todas las previsiones de los servicios comunales -vías, conexiones de agua y alumbrado eléctrico, zonas verdes, parques infantiles, etc.- antes de iniciar la construcción y aprovechamiento individual de los lotes; ejecución que recae en el propietario. ... , y serán los nuevos propietarios los que en definitiva se verán beneficiados por las áreas verdes e instalaciones a que se refiere el artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana." (Sentencia número 4205-96, de las catorce horas treinta y tres minutos del veinte de agosto de mil novecientos noventa y seis.)
Pero particularmente la cesión de estas franjas de terreno en los proyectos de urbanización atiende a la efectivación de los derechos fundamentales al esparcimiento y a un ambiente a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, precisamente de los vecinos de una urbanización (COLOM PIAZUELO, Eloy, Los Bienes Comunales en la Legislación de Régimen local. Editorial Tecnos, S.A. Madrid. España. 1994. pag. 35), según consideró también nuestro Tribunal Constitucional en sentencia número 2000-4332, de las diez horas cincuenta y un minutos del diecinueve de mayo del dos mil, en que advirtió la imposibilidad absoluta de la modificación de su destino:
"III.- El artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana dispone que "No menos de una tercera parte del área representada por el porcentaje fijado conforme al párrafo anterior, será aplicada indefectiblemente al uso de parque, pero reservando en primer término de ese tercio el o los espacios necesarios para campo o campos de juegos infantiles, en proporción que no sea inferior a diez metros cuadrados por cada familia. Los dos tercios restantes del referido porcentaje o el remanente que de ellos quedase disponible después de cubiertas las necesidades de parque servirán para instalar facilidades comunales que en principio proponga el fraccionador u urbanizador…" . La sola lectura de esa norma permite arribar a la certeza de que el legislador, en desarrollo de la Carta Suprema, ha establecido la obligada existencia de zonas verdes y parques para el disfrute de la comunidad, de ahí que no podría entenderse que la construcción de lo que la Municipalidad ha llamado una facilidad comunal como el levantamiento de edificios que planean las asociaciones que se han visto favorecidas con los acuerdos que se cuestionan- sea compatible con aquella norma, pues esa interpretación vaciaría el contenido esencial del derecho de los vecinos a disfrutar de una zona verde de esparcimiento, lo que hace parte de la calidad de vida que la Constitución les garantiza. La municipalidad local no puede libremente eliminar el destino de los terrenos dedicados a parque, tampoco podría hacerlo el legislador -sin definir a cambio un espacio que compense la pérdida del área de parque-, pues ello convirtiría en inconstitucional el acuerdo o la ley que así lo disponga, por irrespeto del contenido esencial del derecho de los vecinos a disfrutar de esas zonas de esparcimiento, que como se indicó, hacen parte de la calidad de vida que la Constitución les garantiza. El término "facilidades comunales" no tiene la amplitud que se le quiere implicar. Resulta obvio para esta Sala que se refiere a construcciones indispensables para el disfrute comunal del bien destinado a área verde, parque y esparcimiento; consiguientemente, la construcción de edificios para servicios públicos a manera de ejemplo bibliotecas, escuelas, salones comunales, etc, resultan incompatibles con el destino de áreas de parque y zona verde que el legislador ha exigido para algunos terrenos, y, sin duda, para que las asociaciones interesadas puedan emprender la construcción de edificaciones como las que resultan de su interés, deben sufragar lo que involucra a todos los miembros o vecinos de la localidad que se van a beneficiar con el uso público y general del inmueble- el costo del mismo. La Sala no puede admitir que por la vía de donación o autorizaciones de construcción como las que se intentan, se desconozca el derecho de los vecinos accionantes a disfrutar del terreno que en forma íntegra pertenece a la comunidad de Cipreses como zona verde y parque y que la Municipalidad únicamente posee en administración de los intereses locales." (El resaltado es del original.)
Consecuentemente, éstas áreas gozan de las características de los bienes de dominio público, por destino y vocación, bajo la advocación de zonas verdes, como lo aseveró la Sala Constitucional en sentencia número 4605-96, supra citada:
"XXII. Las áreas verdes destinadas al uso público, en virtud de su uso y naturaleza, es parte del patrimonio de la comunidad y deben quedar bajo la jurisdicción de los entes municipales para que los administre como bienes de dominio público, con lo cual participan del régimen jurídico de estos bienes, que los hace inalienables, imprescriptibles e inembargables, es decir, no pueden ser objeto de propiedad privada del urbanizador o fraccionador, tal y como lo dispone el artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana. (...)" y por esa condición, su uso y aprovechamiento está sujeto al ejercicio del poder de policía, y en este caso, a cargo de las autoridades municipales.
VI.- DEL PROCEDIMIENTO PARA LA REVOCATORIA DE PERMISOS DE USO SOBRE BIENES DEMANIALES.- Conviene recordar que, tratándose de bienes de dominio público, como lo son las zonas comunales producto de los fraccionamientos urbanos -conocidos como parques o zonas verdes-, están fuera del comercio, no pueden ser objeto de posesión ni titularidad, de donde su aprovechamiento por parte de particulares a lo sumo, podría estar librado al otorgamiento permisos de uso. Éste, es un acto jurídico unilateral que lo dicta la Administración, en el uso de sus funciones, que pone en manos del particular el dominio útil del bien, reservándose siempre el Estado, el dominio directo sobre la cosa; cuya característica esencial es su precariedad, que alude a la posibilidad de la Administración, lo revoque, también de manera unilateral y en cualquier tiempo, cuando razones de necesidad o de interés general así lo señalen, ya sea por la necesidad del Estado de ocupar plenamente el bien, por la construcción de una obra pública al igual que por razones de seguridad, higiene, estética, o para recuperar su destino y vocación definida, en este caso, por ley especial -artículo 40 de la citada Ley de Construcciones-, todo ello en la medida que si llega a existir una contraposición de intereses entre el fin del bien y el permiso otorgado, debe prevalecer el uso natural de la cosa pública. De manera que, esa revocatoria, como medio de extinción del acto administrativo de otorgamiento del permiso, procede por razones de oportunidad, conveniencia o mérito, y sin responsabilidad para la Administración, como lo dispone el numeral 154 de la Ley General de la Administración Pública, cuando exista una discordancia grave entre los efectos del acto y el interés público, y podrá fundamentarse en circunstancias sobrevenidas, inexistentes y desconocidas al momento de dictarse el acto que se pretende revocar. No obstante, lo anterior, se advierte que esa revocación no puede darse de manera intempestiva o arbitraria, pues existe la obligación de dar en todos los casos, un plazo prudencial para el cumplimiento del acto de la revocación, en los términos previstos en los artículos 152,153 y 154 de la Ley General de Administración Pública. Asimismo, queda claro que, para la revocatoria de un permiso de uso de bien de dominio público, aún cuando no resulta necesario iniciar un procedimiento ordinario, es lo cierto que la decisión debe adecuarse en todo a lo dispuesto en el citado numeral 154 de la Ley General de la Administración Pública, que exige que la misma no sea arbitraria ni intempestiva, de manera que en los supuestos en los que la Administración actúe sin cumplir estos dos elementos enunciados, puede estimarse la infracción del procedimiento mínimo establecido en el ordenamiento, tal y como lo señaló con anterioridad la propia Sala Constitucional, a partir de su sentencia número 2306-91, de las catorce horas cuarenta y cinco minutos del seis de noviembre de mil novecientos noventa y uno:
"V).- Sin embargo, pese a lo dicho, en el presente caso los permisos de las ventas estacionarias o ambulantes, se han otorgado a la luz de un ordenamiento emitido por la Municipalidad, que al carecer de los instrumentos necesarios que regulen la revocatoria de los permisos, exige, en la misma medida que esos permisos se han concedido, un procedimiento previo y elemental para darlo por terminado.- Lo que es lo mismo, no se puede suprimir el derecho que se haya concedido a un particular, en forma intempestiva y sorpresiva, sobre todo si ese permiso, como en el presente caso, constituye un medio de subsistencia.- Por todo lo anterior, procede declarar con lugar el recurso, puesto que no se advierte en el caso concreto que ni la Municipalidad, ni el Ministerio recurridos, hayan observado estas normas elementales del debido proceso.-" (El subrayado no es del original.)
En virtud de lo cual, en los supuestos de revocatoria de permisos de bienes de dominio público -como el caso en estudio-, no resulta necesaria ni pertinente la realización de un procedimiento ordinario administrativo, en los términos regulados en el artículo 308 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública. Pero no obstante lo anterior, en tanto la propia Sala Constitucional en la citada sentencia número 2306-91 refiere a normas mínimas o "elementales del debido proceso", concepto que la doctrina y jurisprudencia nacional ha definido como sinónimo de los términos "bilateralidad de la audiencia" o "contradictorio", y que se exige "un procedimiento previo y elemental", entendiendo por procedimiento, un "cauce formal, ..., para preparar, formar y exteriorizar la actividad formal de la administración pública para exteriorizar la actividad formal de la administración pública ..." (Jinesta Lobo, Ernesto, Tratado de Derecho Administrativo. Tomo III Procedimiento Administrativo, Editorial Jurídica Continental. San José, Costa Rica. Primera edición. 2007. p. 40); para dar por terminado un permiso de uso de bien de dominio público, debe de dársele al administrado que verá modificada su situación jurídica con la decisión final de revocatoria, un ámbito -aunque sea reducido-, que le permita ejercer su defensa y oposición, previo a la adopción del acto final. Lo dicho resulta coincidente con el propio texto del artículo 154 de la Ley General de la Administración Pública, que exige que la revocatoria no sea intempestiva, condición que se debe entender en un doble sentido, a saber, que debe de dársele un plazo prudencial al administrado para ejecutar la decisión, que por práctica administrativa, ha coincidido con el plazo previsto para la interposición de los respectivos recursos (impugnación); pero también, respecto a que la decisión debe adoptarse con previa posibilidad de defensa del administrado, lo que se logra en este caso, con el conferimiento de una audiencia, para enterarle del asunto. Así, no resulta posible la adopción de un acto final -como lo es la revocatoria de un permiso-, sin un iter procesal, que en este caso, por la naturaleza del bien de que se trata y del acto que se revoca -unilateral y precario-, comprendería el conferimiento de esa audiencia, precisamente con el fin de garantizar el debido proceso y la defensa al administrado, así como el carácter acertado de la decisión adoptada. No en vano, el procedimiento administrativo se constituye en elemento constitutivo formal del acto administrativo, por cuanto "El acto administrativo es el ejercicio de una potestad o de una competencia, las cuales consisten en facultades o atribuciones normativas y abstractas que no pueden transformarse, por sí mismas, en actos administrativos -manifestaciones concretas de aquellas- sin pasar por una serie de etapas o fases de elaboración y construcción de los elementos previstos en la norma que atribuye la potestad o la competencia. Son necesarias una serie de conductas intermedias entre la potestad o la competencia y el acto que autorizan las dos primeras para que llegue a perfeccionarse. En el caso de los procedimientos administrativos de carácter constitutivo, es claro que tienen por propósito crear o producir una situación objetiva final consistente en la posibilidad de ejercer la competencia para dictar el acto administrativo final."(Jinesta Lobo, Ernesto, Op. Cit. página 47.)
Sobre la base de las anteriores consideraciones, procede el análisis de la revocatoria de uso del parque de la Urbanización Los Claveles, en Desamparados, a Rigoberto Segura Ortega VII.- DE LA CONFORMIDAD CON EL ORDENAMIENTO JURÍDICO DEL ACUERDO IMPUGNADO.- A la luz de lo indicado en los Considerandos precedentes, se resuelven los agravios formulados por el apelante en su impugnación:
Primero: No resulta posible reconocer ningún derecho a favor de Rigoberto Segura Ortega en lo que respecta a la ocupación y/o posesión de parte del parque de la Urbanización Las Esmeraldas, en el Porvenir de Desamparados, cabalmente en atención a la especial naturaleza jurídica de este bien, que como bien comunal, producto de un fraccionamiento urbano, está dispuesto, por mandato legal -artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana- al uso y aprovechamiento de la colectividad en su conjunto y de los vecinos de la comunidad, de donde resulta absolutamente improcedente que pueda alegar siquiera ocupación o posesión legítima y de buena fe. Conviene aclarar que, consta en autos que el permiso de uso conferido a Rigoberto Segura Ortega en los años de mil novecientos ochenta y seis a mil novecientos noventa por el entonces cuerpo de ediles, lo fue respecto del área de parque de la urbanización Los Claveles, no así de la urbanización La Esmeralda, de manera que, cualquier uso o aprovechamiento que ha realizado en este sitio, no se funda en dicha autorización. En este sentido, se estima que bien hizo el cuerpo de ediles en revocar un permiso de uso conferido al indicado señor Segura Ortega en su oportunidad, a todas luces irregular y contrario a derecho -el permiso para que el apelante viviese en el sitio, condicionado al cuido, mantenimiento y seguridad del sitio-, porque evidentemente desnaturaliza la vocación y destino de ese bien. Conviene aclarar el contenido de esa autorización (permiso de uso) fue únicamente el permitirle mantenerse viviendo en el área de parque de la urbanización Los Claveles, no así, el otorgamiento de licencia constructiva alguna, ni tampoco que la autorización tuviese algún plazo -cien años-, y mucho menos la posibilidad de modificar el destino y vocación del inmueble, para que lucrase, a través del levantamiento de cuartos para darlos en alquiler o venta o el alquiler de espacios para vehículo, ni para la tenencia de animales. Se aclara que el desalojo administrativo ordenado por la Administración Municipal de las obras levantadas por el apelante en el área verde de la Urbanización Las Esmeraldas, no requería ninguna prevención previa ni anulación del permiso de uso en su momento otorgado, por no estar comprendidas esas obras ni usos, en el indicado permiso; requiriendo el procedimiento indicado conforme al numeral 154 de la Ley General de la Administración Pública, únicamente respecto de lo concerniente a la revocatoria del permiso previamente otorgado. Nótese que en ese sentido, se constituye en un abuso del derecho, el levantamiento de tales obras -cuartería-, así como el cerramiento del sitio, y se cuestiona este Tribunal, bajo qué autoridad lo hizo, se insiste, por desnaturalizar el uso, vocación y destino del bien; no constando en los autos, permiso o licencia constructiva otorgada por la Municipalidad para su levantamiento. Así, el uso que le da Rigoberto Ortega Segura al área de parque se constituye en una invasión del área verde de la indicada urbanización, y por ende, su conducta -plenamente por él aceptada-, en un abuso y exceso del permiso precario otorgado.
Segundo: Confunde el apelante los planos en su dicertación. En efecto, la situación es muy distinta respecto de la revocatoria del permiso de uso conferido por el cuerpo de ediles en los años de mil novecientos ochenta y seis a mil novecientos noventa, a Rigoberto Segura Ortega y otra la orden de desalojo administrativo y derribo de las obras levantadas en el área verde del área verde de la Urbanización Las Esmeraldas. Respecto de esta última decisión, se advierte que lejos de haberse adoptado una decisión arbitraria o intempestiva y con grave infracción del debido proceso, como alega el apelante, es un acto que resulta conforme con el ordenamiento jurídico administrativo. Así, consta en autos que las autoridades de la Municipalidad recurrida han respetado los cauces procedimentales, no sólo para ordenar el desalojo y derribo de las obras levantadas por el señor Rigoberto Segura Ortega en contravención del ordenamiento urbano-ambiental, sino también para revocar el permiso de uso otorgado en su oportunidad. La decisión contenida en el acuerdo impugnado, en tanto confirma el desalojo administrativo y ordena el derribo de las obras levantadas sin licencia ni permiso, en el área verde de la Urbanización Las Esmeraldas, en modo alguno es arbitraria, por cuanto se insiste, resulta contrario al interés público y la vocación y destino previsto por el ordenamiento jurídico para las áreas de parques, no pudiendo las autoridades locales, disponer de su aprovechamiento en favor de un particular, en detrimento de su uso para los vecinos y la comunidad en general. En el caso, debe tenerse en cuenta que la decisión de la revocatoria del permiso de uso se origina en una gestión del propio interesado, con ocasión de la cadena recursiva que nace con ocasión de la prevención de desalojo y orden de derribo, de manera que es notorio que el interesado ha podido ejercer todos los recursos previstos en el régimen recursivo municipal, presentando la prueba de descargo que ha estimado pertinente.
Tercero: Se advierte en este sentido que, esta instancia es administrativa, y el propio ordenamiento constitucional y legal faculta y posibilita la revisión de la decisión definitiva -esta resolución- que da por agotada la discusión en esta sede, para que lo haga en sede jurisdiccional en la Jurisdicción Contencioso Administrativo. Pero esa opción no puede condicionar la decisión, ni de las autoridades municipales ni de este Tribunal, actuando como jerarca impropio municipal, para fallar a favor del apelante, con infracción grave del ordenamiento jurídico. Nótese que, como jueces de la República, juramos respetar y hacer cumplir lo dispuesto en la Constitución y en la ley (artículos 154 y 194 de la Constitución Pública), y en tal sentido, no podemos fallar a favor de los intereses y pretensiones del señor Segura Ortega, por los motivos explicados.
VIII.- DE LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN ORDENADA.- Siendo conforme con el ordenamiento jurídico las actuaciones de la Municipalidad recurrida -prevención de desalojo y derribo de obra levantada sin autorización municipal en zona de parque de una urbanización y la revocatoria del permiso de uso otorgada al señor Segura Ortega-, resulta a todas luces impropio acoger la medida cautelar para suspender tal prevención.
IX.- CONCLUSIÓN.- Con fundamento en las razones señaladas, procede confirmar el acuerdo impugnado, en este caso, el número 7 adoptado por el Concejo de la Municipalidad de Desamparados en sesión ordinaria número 41-2010, celebrada el trece de julio del dos mil diez, que revocó el permiso de uso otorgado a Rigoberto Segura Ortega, para que se mantuviese viviendo en el área de parque (o verde) de la Urbanización Los Claveles y en cuanto confirmó el desalojo administrativo y derribo de las obras levantadas por éste en el área verde de la Urbanización Las Esmeraldas. No existiendo ulterior recurso de esta decisión, se debe dar por agotada la vía administrativa.” ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas No. 321-2011 SECCIÓN TERCERA DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Segundo Circuito Judicial de San José, Anexo A, Dirección01 , a las nueve horas cincuenta y cinco minutos del nueve de setiembre del dos mil once.
Conoce este Tribunal, en su condición de jerarca impropio municipal, del recurso de apelación interpuesto por Nombre102261 , mayor, casado, pensionado, con cédula de identidad número CED78167. vecino de El Porvenir, Desamparados, contra el acuerdo número 7 adoptado por el Concejo de la Municipalidad de Desamparados en sesión ordinaria número 41-2010, celebrada el trece de julio del dos mil diez.
Redacta la Juez Fernández Brenes; y,
CONSIDERANDO:
I.- HECHOS PROBADOS: En la presente causa, se tienen como antecedentes de interés los siguientes: 1.) Que el Concejo de la Municipalidad de Desamparados, en los años mil novecientos ochenta y seis a mil novecientos noventa le permite a Nombre102261 , entonces funcionario municipal, seguir viviendo en el parque de la urbanización Los Claveles, con la consiguiente obligación de cuidar y mantener limpio el sitio, y con la advertencia de que no podía meter a ninguna otra familia en el terreno (nota del entonces Ejecutivo Municipal, Jorge Luis Madrigal, a folios 8 a 10; y nota del veintiséis de febrero del dos mil seis, de Nombre102262 , a folio 11); 2.) Que mediante Memorandum M-POT-03-146-06, del dieciséis de mayo del dos mil seis, la arquitecta Silvia Carballo Girón, de Ordenamiento Territorial y el Licenciado Randall Escalante Gutiérrez, asesor legal de la Municipalidad de Desamparados le solicitan de manera urgente al ingeniero Rafael Castillo Castro, del Subproceso Catastro, "un estudio catastral y topográfico de la finca matrícula No. Placa16845, propiedad de la Municipalidad de Desamparados, ubicada en La Urbanización Las Esmeraldas del distrito de Gravilias", lo anterior "a fin de determinar si la zona se encuentra invadida y en que proporción", para poder ejercer las acciones pertinentes a seguir (folio 4); 3.) Que por oficio DCAT-167-2006, del ocho de junio del dos mil seis, el ingeniero Mainor Bolaños Ramírez del Proceso de Catastro, rinde el informe requerido, con el siguiente contenido: "Esta área de parque está incluida dentro de la finca Folio Real Placa16846 a nombre de la Municipalidad de Desamparados que abarca las vías públicas, zonas de parque y resto de finca. / Existe un plano de castastro número SJ-3485-1976 donde delimita claramente el área de parque que colinda con la quebrada Chilamate. / Para un mejor entender y en vista que gran parte de este parque se encuentra invadida se detalla y analiza por zonas: 1- Zona 1: Dirección11530 , entre los puntos 31-32 del plano catastrado SJ-3485-1976 inicialmente y de acuerdo al plano de referencia pertenecía al parque pero los propietarios del lote 157 contaban con un plano de castrado SJ-10804-1973 con un área de 171.4990 m, finca FR-217190-000 el cual fue modificado por el plano SJ-897457-1990 donde se varió el área a 224.12m, esta modificación de cabida se da hacia el costado oeste es decir se traslapa con el área de parque exisitiendo en la actualidad una cochera (Foto Zona 1). 2- Zona 2: ente los puntos 29-30 del plano SJ-3485-1976 esta área se encuentra cerrada con latas de color amarillo y existe una vivienda, esta área no cuenta con información registral pero claramente usurpa el área de parque. (foto zona 2). 3- Zona 3: Dirección11531 , entre los vértices 25-26 del plano de referencia, existe una pequeña construcción de madera que es utilizada por los scout y al costado norte de ella está cerrado el acceso por un portón de color rojo que impide el paso, esta área esta siendo utilizada por los propietarios del lote 148-B, finca FR-1219063-000 plano de catastro SJ-1981-1974. De la misma forma al sur del local de los scout existe un lote baldío pero que se encuentra cerrado con latas y no se pudo determinar quien lo está utilizando. 4- Zona 4: Dirección11532 , entre los lotes 144B y 140B existe un pasillo de 3.00 mts. de ancho el cual está cerrado por un pequeño portón que impide el paso (foto zona 4), se pudo observar que al final de este pasillo es decir entre los puntos 18-19 de plano de referencia hay una construcción. 5- Zona 5: Dirección11533 , entre los vértices 17 y 9 del plano de catastro se encuentra cerrado con latas e internamente entre los lotes 135-B, 140B y la quebrada Chilamate existen varios apartos o lotes que cuentan con algunos cultivos no pudiendo determinarse a quien pertenecen. / De acuerdo a lo observado y analizando los planos de catastro el área que colinda con los lotes 135B, 140B, 144B, 148B, 151 B, 154B, 157B y 160B hasta la quebrada Chilamate está invadido y en su mayoría los que están haciendo uso de estas áreas son los dueños de los terrenos colindantes. Únicamente se encuentra libre de cualquier obstáculo la zona definida por los vértices 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 9 y 10 (sic) del plano de catastro SJ-3485-1976 donde hay un pequeño parque. / Se presenta croquis donde se muestran las áreas invadidas y fotografías que muestran la condición actual del terreno" (informe a folios 20 a 22; plano catastrado a folios 18; croquis a folios 19, 29 y 30); 4.) Que el veinticinco de febrero del dos mil nueve, Nombre102263 , cédula de identidad número CED78168, vecino de El Porvenir de Desamparados, denuncia ante el Concejo de la Municipalidad de Desamparados a Nombre102261 , quien habita en la propiedad municipal, ha construido cuartos para dar en alquiler y que ha ofrecido para la venta, usa el área de parque para alquiler de parqueo de vehículos, ha colocado cercas y portón de latas y mantiene animales (vacas, cabras y perros); lo anterior para que "tomen las medidas correspondientes", ante la situación ilegal expuesta (folio 33); 6.) Que por oficio GTA-i-0421-04-2009, del catorce de abril del dos mil nueve, la arquitecta Jessica Martínez Porras, Coordinadora de Gestión Territorial Ambiental de la municipalidad, solicita al ingeniero Rafael Castillo Castro, Coordinador del Proceso de Catastro, elaborar un levantamiento de las áreas que se encuentran de la Escuela El Porvenir, trescientos metros Oeste, 150 Sur y 25 Oeste, portón rojo (Quebrada Chilamate) y se indique si están inscritas o no a nombre de la corporación local, para proceder según corresponda (folio 34); 7.) Que en respuesta de la gestión anterior, por oficio PCAT-096-2009, del dieciocho de mayo del dos mil nueve, Randall Ledezma Álvarez, informa "que el área verde por usted consultada en la Urbanización Las Esmeraldas en Gravilias, se encuentra inscrita a nombre de la Municipalidad; esta es un resto de la finca 1-259003-000, que dio origen a la urbanización. / Esta área, presenta problemas de invasiones, puesto que se constató presencia de vacas pastantando en la misma, así como refugio de drogadictos" (oficio a folio 37; croquis a folio 38); 7.) Que en el Registro Público de la Propiedad, aparece inscrita la propiedad con la matrícula Placa16847, ubicada en el Dirección11534 , , a nombre de la Municipalidad de Desamparados, cuya naturaleza es vías públicas y zonas de parques (folio 35); 8.) Que en atención al informe anterior, por oficio GTA-i-585-05-09, del veintiocho de mayo siguiente, la arquitecta Jessica Martínez Porras solicita a los Coordinadores del Proceso de Obras Públicas y a la Unidad Técnica de Gestión Vial "coordinar lo necesario para realizar el desalojo de las zonas invadidas en la Urbanización Las Esmeraldas en Gravillas, dado que se ha constatado que el área identificada con color verde en el diseño de sitio adjunto, está catalogada, como zona municipal.- Sírvase programar las demoliciones correspondientes a la brevedad, según sea la disponibilidad de equipo y maquinaria" (folio 36); 9.) Que por oficio PPTV-i-02-039-2010, del dieciséis de febrero del dos mil diez, el ingeniero Mainor Bolaños Ramírez, del Proceso de Planificación Territorial completa el informe anterior contenido en el oficio DCAT-167-2006, en el detalla: "1- ... se procede a realizar un levantamiento de los linderos de todas las propiedades colindantes con la zona de parque, encontrándonos con lo siguiente: a.- En los croquis adjuntos se define la zona 1 y 2 correspondiente al martillo localizado al final de la Dirección11530 , encontrándonos que la finca FR-12171190-000, sufrió una rectificación de área y la misma se da hacia el oeste es decir se tomó parte del parque, originalmente esta finca contaba con el plano SJ-1084-1973 y posteriormente se modifica mediante el plano SJ-897457-1990, este movimiento ya surtió efectos registrales. Se presenta además una cerca de zinc que impide el paso esto al final del martillo. Con respecto a Dirección11535 no existe evidencia que estén usurpando el área de parque. b.- En el croquis zona 3, las propiedades Placa16842 , Placa16843 y Placa16844 no presentan evidencia de usurpar el área de parque. Pero es evidente que al costado oeste de estas fincas el terreno se encuentra totalmente invadido y las personas que invaden dicha área ingresan por un portón que se localiza al sur del lote 148B existiendo además una casa de madera, tanto esta casa como el portón se localizan en la zona de parque. c.- En la zona croquis 4 y 5, los lotes 144B y 140B están bien definidos en el campo, pero presenta la misma condición de que al costado oeste se encuentra invadida con la diferencia de que hay un cerramiento con latas en forma de apartos los cuales se ubican en el área de parque estas áreas se identifican en el croquis de 1 al 6 enmarcadas con un círculo. Pasara las áreas 5 y 3 no se puede identificar cual persona está siendo (sic) uso del terreno, para las áreas 1 y 2 estas se encuentran cerradas con latas y por las condiciones detectadas los propietarios del lote 135B, plano SJ-1980-1974, están haciendo uso de esta parte. / 2- En los croquis adjuntos se dibujan los planos de catastro de cada finca y se compara con el levantamiento de campo definido con el color azul, estableciendo de esta manera las invasiones. Es claro que toda la zona colindante con la quebrada Chilamate se encuentra invadida" (informe a folios 44 y 47; croquis a folios 48 a 51; fotografías a folios 52 a 54; planos catastrados a folios 55 a 65); 10.) Que por oficio GTA-i-355-03-2010, del veintitrés de marzo del dos mil diez, la arquitecta Jessica Martínez Porras solicita al Subproceso de Catastro y Departamento de Planificación Urbana que para efectos de dar curso a la notificación a la mayor brevedad, "requiere conocer el detalle de las características de cada predio en los términos de linderos respecto a la zona de protección. Es decir, verificar cuáles propiedades tienen incluida la zona de protección dentro de sus linderos y cuáles no" (folio 67; 11.) Que en respuesta, el ingeniero Marvin Bolaños Ramírez, de Planificación Territorial informa que "1- De acuerdo al levantamiento de campo la zona de protección de la quebrada Chilamate afecta directamente la finca FR 13217190-000, plano de catastrado SJ-897457-1990, además existen terrenos cercados dentro de la zona de parque que son afectados por la zona de protección pero se desconoce la persona que esta haciendo uso de éstos. Las cercas con zinc que se han colocado si bien no cuentan con construcciones restringen la utilización de esta zona y únicamente algunas personas están usufructuando de estos terrenos. 2- Por la Dirección11536 existe una pequeña casa de madera y un portón, el cual es utilizado para acceder al área invadida, donde existen construcciones claramente establecidas sobre esta zona de parque y no necesariamente afectados por la zona de protección (zona 6). 3- Las zonas 1, 2, 3, 4 y 5, existen divisiones con latas de zinc pero no hay construcciones" (oficio a folio 72; croquis a folio 68); 12.) Que Nombre102261 vive en el área verde de la Urbanización La Esmeralda, en la que ha construido cuartos de alquiler, tiene animales y permite uso como parqueo (hecho no controvertido, y los informes de referencia y propias manifestaciones del interesado); 13.) Que el seis de mayo del dos mil diez, por oficio 4186, Serie D de la Sección de Inspección General, el inspector de la Municipalidad de Desamparados notifica a Nombre102261 , la orden de desocupación del área usurpada (vía pública o zona de protección), así como el retiro o demolición de toda obra irregularmente dispuesta, para lo cual se confieren tres días para cumplir lo ordenado; asimismo clausura y coloca sellos (folio 76); 14.) Que contra la anterior notificación, Nombre102261 interpone los recursos ordinarios de revocatoria con apelación en subsidio, ante la Sección de Inspección General de la Municipalidad de Desamparados (folios 82 a 86); 15.) Que mediante oficio del diecinueve de mayo del dos mil diez, la Licenciada Jean Abarca Jiménez, del Subproceso de Inspección remite a la Coordinadora de Gestión Ambiental la impugnación que hace el señor Nombre102261 (folio 94); 16.) Que por oficio GTA-e-695-05-2010, del diecinueve de mayo del dos mil diez, la Coordinadora de Gestión Territorial le indica al Jefe de Departamento de Registro de la Región Metropolitana (SENASA), le comunica que se suspendió el decomiso de varios animales (cabras, vacas, ganado, perros) en el sitio (urbanización Las Esmeraldas, en el Porvenir), por cuanto por recomendación del Proceso de Servicios Jurídicos de esa corporación, se suspendió la demolición, por no haberse podido notificar a las personas que habitan en las cuarterías que iban a ser demolidas, sino únicamente al administrador de las mismas (folio 95); 17.) Que por oficio SJ-397-2010, del veinticinco de mayo del dos mil diez, el asesor legal de la corporación -Licenciado Randall Escalante Gutiérrez- le indica a la Coordinadora la de Gestión Territorial Ambiental, que, en relación a la impugnación de la notificación 4186 serie D, debe preparar una resolución formal en la que resuelva todos los alegatos formulados en la impugnación por el señor Nombre102261 , advirtiendo, de que la revocatoria debe ser resuelta por el funcionario que dictó el acto, en este caso, el inspector municipal Carlos Garro y que en caso de mantenerse la decisión, elevar el asunto para ante el Alcalde (folio 96); 18.) Que en atención a la impugnación formulada, mediante oficio GTA-i-796-06-2010, del primero de junio del dos mil diez, la Coordinadora de Gestión Territorial le informa a Óscar Picado Cordero, de la Asesoría Jurídica "Internacional" (sic) lo siguiente: "1. El hecho de que el señor Nombre102261 haya sido funcionario municipal, de ninguna forma le da derecho a apropiarse indebidamente de un área pública (parque y zona de protección de "Quebrada Chilamate"). 2. Ciertamente, la apropiación indebida de estas áreas públicas en beneficio propio y con afán de lucro, resultan un acto contrario a las normas establecidas en el marco legal vigente. Prueba de ello resultan la cuartería, la presencia de animales como cabras, el ganado y perros callejeros (15), así como el alquiler de espacios para vehículos. 3. También debe aclararse que sobre los bienes públicos nadie puede alegar derecho de posesión, ni usufructo (Artículos 261 y 262 del Código Civil) de forma tal que la notificación realizada, se hace en función de prevenirlo, a pesar de que la misma no procede por tratarse de áreas públicas. 4. Adicionalmente le informo que, los funcionarios públicos poseen potestad absoluta para ingresar a las áreas de dominio público, sin autorización previa ni presencia de ningún particular. 5. La Municipalidad debe velar porque se respeten los derechos de todos los ciudadanos, como también debe velar por que todos cumplan sus deberes. El ordenamiento territorial es parte de las funciones/atribuciones establecidas por Ley a las Municipalidades (Artículo 15 de la Ley 4240 y 69 (sic) de la Constitución Política (Ver con Randall). 6. La presencia policial siempre se solicita como una medida de seguridad para los funcionarios públicos que están en todo su derecho de solicitar tal protección. Adicionalmente por un tema de orden y respeto al proceso, es importante su presencia. 7. Las instituciones públicas pueden disponer según su conveniencia de los bienes que sean de su propiedad. El destino de toda área comunal y zona de parque, de acuerdo al artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana, tiene un fin específico, cual es únicamente para el uso comunal. 8. Debe tener claro el recurrente que el interés que priva para efectos municipales es el comunal y no el particular. ... 10. Es claro que si existe un problema dado que se está lucrando con una propiedad pública. El hecho de que existan personas de escasos recursos con necesidad de vivienda, no le da derecho a usurpar ni usufructuar un área pública. Esto es un problema social que debe resolver el Estado íntegramente, no un particular" (folios 98 y 99, resaltado del original); 19.) Que el anterior oficio es notificado al señor Nombre102261 como respuesta de la revocatoria formulada mediante fax el primero de junio del dos mil diez (acta de notificación, a folio 100); 20.) Que por oficio 797-06-2010, del primero de junio del dos mil diez, la Coordinadora a de Gestión Territorial Ambiental remite la apelación formulada para ante la Alcaldesa de Desamparados (folio 101); 21.) Que habiéndose vencido el plazo conferido en la notificación 4186 serie D, por oficio I-927-07-2010, del seis de julio del dos mil diez, la Coordinadora a de Gestión Territorial Ambiental consulta al Proceso de Servicios Jurídicos, "sobre el procedimiento a seguir para el retiro de los vehículos que se encuentran en la zona de protección de la Quebrada en Dirección11507 , dado que los mismos sirven de refugio a indigentes, según la denuncia interpuesta por vecinos, además de que son camiones que se encuentran abandonados y tienen desperfectos mecánicos que les impiden su movimiento. Cabe aclarar que estos vehículos son parte del lote vehicular que custodia el señor Nombre102261 " (folio 102); 20.) Que la Alcaldesa otorga una extensión del plazo para hacer la demolición de las cuarterías que levantó Nombre102261 (por referencia de oficio GTA-i-928-07-2010, del seis de julio del dos mil diez, a folio 206); 21.) Que en respuesta de gestión planteada por Nombre102261 , de que se mantengan las áreas al frente y al lado de atrás de la casa, así como un muro que son agregados que benefician la casa en que habita, el Concejo de la Municipalidad de Desamparados, por acuerdo número 7, definitivamente aprobado en sesión ordinaria número 41-2010, celebrada el trece de julio del dos mil diez, dispone que "al estar ocupando un bien del demanio público, en el caso de existir un permiso o acuerdo del Concejo Municipal, el mismo se revoca en apego al artículo 154 de la Ley General de la Administración Pública, por tratarse de un uso en precario, con lo que se acuerda mantener lo ordenado y notificarlo por la Administración Municipal" (acuerdo a folio 136; referencia de la gestión realizada ante el Concejo en acuerdo número 11, de la sesión ordinaria 48-2010, del diecisiete de agosto del dos mil diez, a folio 122); 22.) Que contra la anterior decisión, el veintiuno de julio siguiente, el señor Nombre102261 interpone los recursos de revocatoria con apelación en subsidio (folios 110 a 111); 23.) Que por acuerdo número 11, de la sesión ordinaria número 48-2010, del diecisiete de agosto del dos mil diez, el Concejo rechaza la revocatoria formulada y admite la apelación para ante el Tribunal Contencioso Administrativo, para lo cual emplaza al interesado en el plazo de ocho días (folios 122 a 128); 24.) Que la anterior decisión es notificada al interesado el primero de setiembre siguiente (constancia a folio 128 vuelto).
II.- DE LOS HECHOS NO PROBADOS.- También de importancia para la resolución de este asunto, se tienen como no probados los siguientes: 1.) Que la Municipalidad haya otorgado un permiso de uso a Nombre102261 , para que viva en la zona de parque de la Urbanización La Esmeralda, en el Porvenir de Desamparados y por el plazo de cien años; 2.) Que la Municipalidad de Desamparados haya otorgado permiso o licencia constructiva para que levantara su casa y cuarterías para darlas en alquiler en la zona comunal de la Urbanización La Esmeralda, en el Porvenir de Desamparados; 3.) Las mejoras que Nombre102261 afirma haber introducido en la zona de parque de la Urbanización La Esmeralda, en el Porvenir de Desamparados; 4.) Que la Municipalidad de Desamparados haya ejecutado el desalojo ordenado por la Administración Municipal a Nombre102261 del área de parque de la Urbanización El Porvenir; y 5.) Que la Urbanización Los Claveles sea la misma que la denominada Las Esmeraldas. No hay prueba al respecto.
III.- DE LOS MOTIVOS DE LA APELACIÓN.- El apelante se manifiesta inconforme con la revocatoria del permiso de uso de un bien de dominio público, decisión acordada por el Concejo de la Municipalidad de Desamparados por acuerdo número 7, de la sesión ordinaria 41-2010, del trece de julio del dos mil diez, con fundamento en los siguientes motivos: a.) Que por más de cuarenta años la Municipalidad de Desamparados ha consentido que viva en el fundo propiedad de la corporación local, y a tal efecto le confirió un permiso por cien años, con la promesa de que nunca sería desalojado, y para ello, le confirió permiso para levantar su casa (digna) en dicha propiedad para pasar el resto de sus días, exigiéndosele el cuido y mantenimiento del sitio, lo cual ha hecho, construyendo cercas, sembrando árboles frutales, introduciendo mejoras a la propiedad, así como cuidando la construcción de los Scouts ubicada a la entrada del parque; de donde, es ocupante y ha ejercido posesión legítima de ese terreno, lo que hace su estancia ha sido de buena fe. En este sentido agrega que ha intentado legalizar su situación en la ocupación y posesión de ese lote, lo que no ha logrado, al obtener únicamente "una promesa de que el suscrito permaneciera en el lote por el resto de mis días terrenales"; b.) Que las autoridades municipales intentan desalojarle, sin razón alguna, de un día para otro y sin valorar las consecuencias tanto sociales como jurídicas que le puede acarrear dicho acto, ya que le tiene como un precarista, que ocupó un lote o terreno baldío, sin derecho alguno; y, lo anterior, con infracción del debido proceso, en el que pueda ejercer su derecho de defensa, con posibilidad real de ofrecer prueba de descargo, para encontrar una solución a su situación y evitar un proceso ordinario para pretender su resarcimiento; lo anterior, en violación de los derechos que le asisten, ya que únicamente se le comunica la decisión de la orden de demolición y desalojo, sin existir motivo para ello, desconociendo sus derechos y consecuencias sociales y jurídicas del acto adoptado, motivando su decisión hasta el dictado de la decisión impugnada; y, c.) Que la Municipalidad, no sólo pretende el desalojo de su vivienda, sino su derribo, desconociendo las mejoras que ha realizado en el lote, con su consentimiento expreso, y sin haber recibido un sólo céntimo de parte de las autoridades locales. Funda su impugnación en el artículo 132 de la Ley General de la Administración Pública. Pide revocar el acuerdo impugnado, para que se le confiera oportunidad amplia y no limitada para exponer sus argumentos ante el Concejo, para oponerse al desalojo ordenado y para requerir la indemnización correspondiente por las mejoras autorizadas realizadas en el fundo. Pide fallar a su favor para "evitar el acudir a la vía declarativa para buscar un resacimiento de este daño que ahora se me pretende causar." Adicionalmente, en atención a los graves perjuicios que le puede ocasionar lo ordenado por la Administración Municipal, pide la suspender dicha ejecución. (Folios 110 a 111; 130 a 133 y 140 a 145.)
IV.- DE LA POSICIÓN DE LA MUNICIPALIDAD RECURRIDA.- Las autoridades de la Municipalidad de Desamparados sostienen la potestad legal que les asiste para ordenar la salida de Nombre102261 de la propiedad municipal, que ocupa hace varios años por una autorización emitida en su momento por el cuerpo deliberativo local. A tal efecto, señalan el cumplimiento del debido proceso, al notificarle la necesidad del desalojo de la zona pública de la Urbanización Las Esmeraldas, a lo que se ha negado el apelante, alegando tener un derecho sobre el inmueble, desconociendo o pretendiendo ignora las potestades municipales en esta materia. Asimismo, que en razón de la naturaleza jurídica del inmueble objeto de la discusión, al tratarse de un bien demanial, la Administración está facultada para utilizar vías de hecho como mecanismo para su recuperación, sin necesidad de acudir a la vía jurisdiccional y sin ser necesario un procedimiento administrativo previo, por no existir de parte del ocupante, ningún derecho subjetivo o interés legítimo; y, que por ser el permiso otorgado para su ocupación a título precario, se infiere la potestad de su revocatoria de manera unilateral por la Administración, en cualquier tiempo, conforme a la previsión del artículo 154 de la Ley General de la Administración Pública, por razones de necesidad o interés general, para la preservación del uso natural de la cosa pública. Así, siendo que en el caso, se ha desvirtuado el uso y fin del bien -parque de la urbanización Las Esmeraldas-, a tal punto que el señor Nombre102261 está lucrando con el alquiler de cuartos, y pone en riesgo la salud y vida de las personas que las alquilan y los vecinos, ello genera responsabilidad para el gobierno local. Es indiscutible la demanialidad del lote ocupado, y que, como bien comunal, tiene un destino y vocación, bajo la advocación de zonas verdes, para el aprovechamiento y disfrute de la colectividad en su conjunto, el mismo no sólo puede ser ocupado por tercero, sino que no puede ser cambiado su destino. Así, es indiscutible que el uso privativo que le da el señor Nombre102261 es incompatible con su naturaleza y vocación. De ahí la legitimidad del acuerdo impugnado. (Folios 122 a 128 y 147 a 148.)
V.- DE LA ZONA DE PARQUES PRODUCTO DE FRACCIONAMIENTO URBANO COMO BIENES COMUNALES QUE INTEGRAN EL DEMANIO PÚBLICO- Por ser de interés al caso, resulta necesario avocarse primeramente a la clarificación de este concepto. Así, por zonas verdes, se tienen aquellas áreas resultantes de proyectos urbanísticos, que tiene su origen en la carga que se impone a los fraccionadores en el artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana, de ceder "gratuitamente" a los entes municipales una porción de terreno -entre el cinco y el veinte por ciento del terreno que se dispone al proyecto-, para uso de las vías públicas, parques y facilidades comunales, cuyo costo se traslada al valor de las parcelas o lotes resultantes. Es así como "nominalmente" pertenecen a las municipalidades (en tanto ostentan la nuda propiedad del bien), pero que en sentido estricto se califican como bienes comunales, en tanto están destinadas al aprovechamiento vecinal, precisamente por cuanto su fundamento (constitucional), es la dotación de los servicios mínimos del fenómeno de la urbanización -que a grosso modo implica la "creación de ciudades"-, según lo ha precisado de manera clara y precisa la Sala Constitucional en diversos pronunciamientos.
"XX. La cesión gratuita a las municipalidades de terrenos a fraccionar o urbanizar, se hace para destinar en ellos ciertos servicios para la comunidad, como lo son las vías públicas y las zonas verdes, éstas últimas -que son las que nos interesan- se utilizarán para construir parques, jardines, centros educativos, zonas deportivas y de recreo. El fundamento de esta obligación debe situarse en una especie de contrapartida debida por el urbanizador por el mayor valor que el proceso de urbanización o parcelamiento dará al suelo urbanizado, es decir, se trata en definitiva de una contribución en especie en el derecho urbanístico, como mecanismo para hacer que la plusvalía que adquieran los inmuebles con motivo de la urbanización o fraccionamiento revierta a la comunidad. Antes de esta regulación se presentaba una grave situación social, derivada del hecho de que los propietarios de suelo percibían como beneficio neto los precios íntegros obtenidos de sus terrenos, mientras que los nuevos barrios quedaban sin dotaciones de servicios, carencia que se intentaba hacer responsable a la Administración municipal, incapaz de cubrir ese déficit en forma eficaz. Uno de los principios del derecho urbanístico consiste precisamente en que las considerables plusvalías generadas por el proceso del desarrollo urbano deben ser las primeras fuente para sufragar los costos en servicios que ese mismo desarrollo hace surgir. La obligación impugnada -de ceder gratuitamente un porcentaje de terreno a la municipalidad-, pretende justamente hacer efectivo el principio de compensación económica y retribución en servicio de las necesidades de la comunidad que se crea, como correlato del enriquecimiento que del desarrollo urbanístico se percibe.
XXI.De esta manera se configura el contenido de la propiedad, desde el criterio de su función social; se trata de una tecnificación de esa función que deja de ser una simple admonición moral a las conciencias de los propietarios para convertirse en un sistema de deberes positivos jurídicamente exigibles. Así, los propietarios podrán ejercitar como propias todas las facultades de utilización urbana de los fundos que resulten, sólo que simultáneamente, deben asumir también los deberes positivos con que el ordenamiento intenta compensar la ganancia económica. El plan urbanizador o fraccionador deberá contemplar previamente todas las previsiones de los servicios comunales -vías, conexiones de agua y alumbrado eléctrico, zonas verdes, parques infantiles, etc.- antes de iniciar la construcción y aprovechamiento individual de los lotes; ejecución que recae en el propietario. ... , y serán los nuevos propietarios los que en definitiva se verán beneficiados por las áreas verdes e instalaciones a que se refiere el artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana." (Sentencia número 4205-96, de las catorce horas treinta y tres minutos del veinte de agosto de mil novecientos noventa y seis.)
Pero particularmente la cesión de estas franjas de terreno en los proyectos de urbanización atiende a la efectivación de los derechos fundamentales al esparcimiento y a un ambiente a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, precisamente de los vecinos de una urbanización (Nombre70535 , Nombre70536, Los Bienes Comunales en la Legislación de Régimen local. Editorial Tecnos, S.A. Madrid. España. 1994. pag. 35), según consideró también nuestro Tribunal Constitucional en sentencia número 2000-4332, de las diez horas cincuenta y un minutos del diecinueve de mayo del dos mil, en que advirtió la imposibilidad absoluta de la modificación de su destino:
"III.- El artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana dispone que "No menos de una tercera parte del área representada por el porcentaje fijado conforme al párrafo anterior, será aplicada indefectiblemente al uso de parque, pero reservando en primer término de ese tercio el o los espacios necesarios para campo o campos de juegos infantiles, en proporción que no sea inferior a diez metros cuadrados por cada familia. Los dos tercios restantes del referido porcentaje o el remanente que de ellos quedase disponible después de cubiertas las necesidades de parque servirán para instalar facilidades comunales que en principio proponga el fraccionador u urbanizador…" . La sola lectura de esa norma permite arribar a la certeza de que el legislador, en desarrollo de la Carta Suprema, ha establecido la obligada existencia de zonas verdes y parques para el disfrute de la comunidad, de ahí que no podría entenderse que la construcción de lo que la Municipalidad ha llamado una facilidad comunal como el levantamiento de edificios que planean las asociaciones que se han visto favorecidas con los acuerdos que se cuestionan- sea compatible con aquella norma, pues esa interpretación vaciaría el contenido esencial del derecho de los vecinos a disfrutar de una zona verde de esparcimiento, lo que hace parte de la calidad de vida que la Constitución les garantiza. La municipalidad local no puede libremente eliminar el destino de los terrenos dedicados a parque, tampoco podría hacerlo el legislador -sin definir a cambio un espacio que compense la pérdida del área de parque-, pues ello convirtiría en inconstitucional el acuerdo o la ley que así lo disponga, por irrespeto del contenido esencial del derecho de los vecinos a disfrutar de esas zonas de esparcimiento, que como se indicó, hacen parte de la calidad de vida que la Constitución les garantiza. El término "facilidades comunales" no tiene la amplitud que se le quiere implicar. Resulta obvio para esta Sala que se refiere a construcciones indispensables para el disfrute comunal del bien destinado a área verde, parque y esparcimiento; consiguientemente, la construcción de edificios para servicios públicos a manera de ejemplo bibliotecas, escuelas, salones comunales, etc, resultan incompatibles con el destino de áreas de parque y zona verde que el legislador ha exigido para algunos terrenos, y, sin duda, para que las asociaciones interesadas puedan emprender la construcción de edificaciones como las que resultan de su interés, deben sufragar lo que involucra a todos los miembros o vecinos de la localidad que se van a beneficiar con el uso público y general del inmueble- el costo del mismo. La Sala no puede admitir que por la vía de donación o autorizaciones de construcción como las que se intentan, se desconozca el derecho de los vecinos accionantes a disfrutar del terreno que en forma íntegra pertenece a la comunidad de Cipreses como zona verde y parque y que la Municipalidad únicamente posee en administración de los intereses locales." (El resaltado es del original.)
Consecuentemente, éstas áreas gozan de las características de los bienes de dominio público, por destino y vocación, bajo la advocación de zonas verdes, como lo aseveró la Sala Constitucional en sentencia número 4605-96, supra citada:
"XXII. Las áreas verdes destinadas al uso público, en virtud de su uso y naturaleza, es parte del patrimonio de la comunidad y deben quedar bajo la jurisdicción de los entes municipales para que los administre como bienes de dominio público, con lo cual participan del régimen jurídico de estos bienes, que los hace inalienables, imprescriptibles e inembargables, es decir, no pueden ser objeto de propiedad privada del urbanizador o fraccionador, tal y como lo dispone el artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana. (...)" y por esa condición, su uso y aprovechamiento está sujeto al ejercicio del poder de policía, y en este caso, a cargo de las autoridades municipales.
VI.- DEL PROCEDIMIENTO PARA LA REVOCATORIA DE PERMISOS DE USO SOBRE BIENES DEMANIALES.- Conviene recordar que, tratándose de bienes de dominio público, como lo son las zonas comunales producto de los fraccionamientos urbanos -conocidos como parques o zonas verdes-, están fuera del comercio, no pueden ser objeto de posesión ni titularidad, de donde su aprovechamiento por parte de particulares a lo sumo, podría estar librado al otorgamiento permisos de uso. Éste, es un acto jurídico unilateral que lo dicta la Administración, en el uso de sus funciones, que pone en manos del particular el dominio útil del bien, reservándose siempre el Estado, el dominio directo sobre la cosa; cuya característica esencial es su precariedad, que alude a la posibilidad de la Administración, lo revoque, también de manera unilateral y en cualquier tiempo, cuando razones de necesidad o de interés general así lo señalen, ya sea por la necesidad del Estado de ocupar plenamente el bien, por la construcción de una obra pública al igual que por razones de seguridad, higiene, estética, o para recuperar su destino y vocación definida, en este caso, por ley especial -artículo 40 de la citada Ley de Construcciones-, todo ello en la medida que si llega a existir una contraposición de intereses entre el fin del bien y el permiso otorgado, debe prevalecer el uso natural de la cosa pública. De manera que, esa revocatoria, como medio de extinción del acto administrativo de otorgamiento del permiso, procede por razones de oportunidad, conveniencia o mérito, y sin responsabilidad para la Administración, como lo dispone el numeral 154 de la Ley General de la Administración Pública, cuando exista una discordancia grave entre los efectos del acto y el interés público, y podrá fundamentarse en circunstancias sobrevenidas, inexistentes y desconocidas al momento de dictarse el acto que se pretende revocar. No obstante, lo anterior, se advierte que esa revocación no puede darse de manera intempestiva o arbitraria, pues existe la obligación de dar en todos los casos, un plazo prudencial para el cumplimiento del acto de la revocación, en los términos previstos en los artículos 152,153 y 154 de la Ley General de Administración Pública. Asimismo, queda claro que, para la revocatoria de un permiso de uso de bien de dominio público, aún cuando no resulta necesario iniciar un procedimiento ordinario, es lo cierto que la decisión debe adecuarse en todo a lo dispuesto en el citado numeral 154 de la Ley General de la Administración Pública, que exige que la misma no sea arbitraria ni intempestiva, de manera que en los supuestos en los que la Administración actúe sin cumplir estos dos elementos enunciados, puede estimarse la infracción del procedimiento mínimo establecido en el ordenamiento, tal y como lo señaló con anterioridad la propia Sala Constitucional, a partir de su sentencia número 2306-91, de las catorce horas cuarenta y cinco minutos del seis de noviembre de mil novecientos noventa y uno:
"V).- Sin embargo, pese a lo dicho, en el presente caso los permisos de las ventas estacionarias o ambulantes, se han otorgado a la luz de un ordenamiento emitido por la Municipalidad, que al carecer de los instrumentos necesarios que regulen la revocatoria de los permisos, exige, en la misma medida que esos permisos se han concedido, un procedimiento previo y elemental para darlo por terminado.- Lo que es lo mismo, no se puede suprimir el derecho que se haya concedido a un particular, en forma intempestiva y sorpresiva, sobre todo si ese permiso, como en el presente caso, constituye un medio de subsistencia.- Por todo lo anterior, procede declarar con lugar el recurso, puesto que no se advierte en el caso concreto que ni la Municipalidad, ni el Ministerio recurridos, hayan observado estas normas elementales del debido proceso.-" (El subrayado no es del original.)
En virtud de lo cual, en los supuestos de revocatoria de permisos de bienes de dominio público -como el caso en estudio-, no resulta necesaria ni pertinente la realización de un procedimiento ordinario administrativo, en los términos regulados en el artículo 308 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública. Pero no obstante lo anterior, en tanto la propia Sala Constitucional en la citada sentencia número 2306-91 refiere a normas mínimas o "elementales del debido proceso", concepto que la doctrina y jurisprudencia nacional ha definido como sinónimo de los términos "bilateralidad de la audiencia" o "contradictorio", y que se exige "un procedimiento previo y elemental", entendiendo por procedimiento, un "cauce formal, ..., para preparar, formar y exteriorizar la actividad formal de la administración pública para exteriorizar la actividad formal de la administración pública ..." (Jinesta Lobo, Nombre43, Tratado de Derecho Administrativo. Tomo III Procedimiento Administrativo, Editorial Jurídica Continental. San José, Costa Rica. Primera edición. 2007. p. 40); para dar por terminado un permiso de uso de bien de dominio público, debe de dársele al administrado que verá modificada su situación jurídica con la decisión final de revocatoria, un ámbito -aunque sea reducido-, que le permita ejercer su defensa y oposición, previo a la adopción del acto final. Lo dicho resulta coincidente con el propio texto del artículo 154 de la Ley General de la Administración Pública, que exige que la revocatoria no sea intempestiva, condición que se debe entender en un doble sentido, a saber, que debe de dársele un plazo prudencial al administrado para ejecutar la decisión, que por práctica administrativa, ha coincidido con el plazo previsto para la interposición de los respectivos recursos (impugnación); pero también, respecto a que la decisión debe adoptarse con previa posibilidad de defensa del administrado, lo que se logra en este caso, con el conferimiento de una audiencia, para enterarle del asunto. Así, no resulta posible la adopción de un acto final -como lo es la revocatoria de un permiso-, sin un iter procesal, que en este caso, por la naturaleza del bien de que se trata y del acto que se revoca -unilateral y precario-, comprendería el conferimiento de esa audiencia, precisamente con el fin de garantizar el debido proceso y la defensa al administrado, así como el carácter acertado de la decisión adoptada. No en vano, el procedimiento administrativo se constituye en elemento constitutivo formal del acto administrativo, por cuanto "El acto administrativo es el ejercicio de una potestad o de una competencia, las cuales consisten en facultades o atribuciones normativas y abstractas que no pueden transformarse, por sí mismas, en actos administrativos -manifestaciones concretas de aquellas- sin pasar por una serie de etapas o fases de elaboración y construcción de los elementos previstos en la norma que atribuye la potestad o la competencia. Son necesarias una serie de conductas intermedias entre la potestad o la competencia y el acto que autorizan las dos primeras para que llegue a perfeccionarse. En el caso de los procedimientos administrativos de carácter constitutivo, es claro que tienen por propósito crear o producir una situación objetiva final consistente en la posibilidad de ejercer la competencia para dictar el acto administrativo final."(Jinesta Lobo, Nombre43, Op. Cit. página 47.)
Sobre la base de las anteriores consideraciones, procede el análisis de la revocatoria de uso del parque de la Urbanización Los Claveles, en Desamparados, a Nombre102261 VII.- DE LA CONFORMIDAD CON EL ORDENAMIENTO JURÍDICO DEL ACUERDO IMPUGNADO.- A la luz de lo indicado en los Considerandos precedentes, se resuelven los agravios formulados por el apelante en su impugnación:
Primero: No resulta posible reconocer ningún derecho a favor de Nombre102261 en lo que respecta a la ocupación y/o posesión de parte del parque de la Urbanización Las Esmeraldas, en el Porvenir de Desamparados, cabalmente en atención a la especial naturaleza jurídica de este bien, que como bien comunal, producto de un fraccionamiento urbano, está dispuesto, por mandato legal -artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana- al uso y aprovechamiento de la colectividad en su conjunto y de los vecinos de la comunidad, de donde resulta absolutamente improcedente que pueda alegar siquiera ocupación o posesión legítima y de buena fe. Conviene aclarar que, consta en autos que el permiso de uso conferido a Nombre102261 en los años de mil novecientos ochenta y seis a mil novecientos noventa por el entonces cuerpo de ediles, lo fue respecto del área de parque de la urbanización Los Claveles, no así de la urbanización La Esmeralda, de manera que, cualquier uso o aprovechamiento que ha realizado en este sitio, no se funda en dicha autorización. En este sentido, se estima que bien hizo el cuerpo de ediles en revocar un permiso de uso conferido al indicado señor Nombre102261 en su oportunidad, a todas luces irregular y contrario a derecho -el permiso para que el apelante viviese en el sitio, condicionado al cuido, mantenimiento y seguridad del sitio-, porque evidentemente desnaturaliza la vocación y destino de ese bien. Conviene aclarar el contenido de esa autorización (permiso de uso) fue únicamente el permitirle mantenerse viviendo en el área de parque de la urbanización Los Claveles, no así, el otorgamiento de licencia constructiva alguna, ni tampoco que la autorización tuviese algún plazo -cien años-, y mucho menos la posibilidad de modificar el destino y vocación del inmueble, para que lucrase, a través del levantamiento de cuartos para darlos en alquiler o venta o el alquiler de espacios para vehículo, ni para la tenencia de animales. Se aclara que el desalojo administrativo ordenado por la Administración Municipal de las obras levantadas por el apelante en el área verde de la Urbanización Las Esmeraldas, no requería ninguna prevención previa ni anulación del permiso de uso en su momento otorgado, por no estar comprendidas esas obras ni usos, en el indicado permiso; requiriendo el procedimiento indicado conforme al numeral 154 de la Ley General de la Administración Pública, únicamente respecto de lo concerniente a la revocatoria del permiso previamente otorgado. Nótese que en ese sentido, se constituye en un abuso del derecho, el levantamiento de tales obras -cuartería-, así como el cerramiento del sitio, y se cuestiona este Tribunal, bajo qué autoridad lo hizo, se insiste, por desnaturalizar el uso, vocación y destino del bien; no constando en los autos, permiso o licencia constructiva otorgada por la Municipalidad para su levantamiento. Así, el uso que le da Nombre102261 al área de parque se constituye en una invasión del área verde de la indicada urbanización, y por ende, su conducta -plenamente por él aceptada-, en un abuso y exceso del permiso precario otorgado.
Segundo: Confunde el apelante los planos en su dicertación. En efecto, la situación es muy distinta respecto de la revocatoria del permiso de uso conferido por el cuerpo de ediles en los años de mil novecientos ochenta y seis a mil novecientos noventa, a Nombre102261 y otra la orden de desalojo administrativo y derribo de las obras levantadas en el área verde del área verde de la Urbanización Las Esmeraldas. Respecto de esta última decisión, se advierte que lejos de haberse adoptado una decisión arbitraria o intempestiva y con grave infracción del debido proceso, como alega el apelante, es un acto que resulta conforme con el ordenamiento jurídico administrativo. Así, consta en autos que las autoridades de la Municipalidad recurrida han respetado los cauces procedimentales, no sólo para ordenar el desalojo y derribo de las obras levantadas por el señor Nombre102261 en contravención del ordenamiento urbano-ambiental, sino también para revocar el permiso de uso otorgado en su oportunidad. La decisión contenida en el acuerdo impugnado, en tanto confirma el desalojo administrativo y ordena el derribo de las obras levantadas sin licencia ni permiso, en el área verde de la Urbanización Las Esmeraldas, en modo alguno es arbitraria, por cuanto se insiste, resulta contrario al interés público y la vocación y destino previsto por el ordenamiento jurídico para las áreas de parques, no pudiendo las autoridades locales, disponer de su aprovechamiento en favor de un particular, en detrimento de su uso para los vecinos y la comunidad en general. En el caso, debe tenerse en cuenta que la decisión de la revocatoria del permiso de uso se origina en una gestión del propio interesado, con ocasión de la cadena recursiva que nace con ocasión de la prevención de desalojo y orden de derribo, de manera que es notorio que el interesado ha podido ejercer todos los recursos previstos en el régimen recursivo municipal, presentando la prueba de descargo que ha estimado pertinente.
Tercero: Se advierte en este sentido que, esta instancia es administrativa, y el propio ordenamiento constitucional y legal faculta y posibilita la revisión de la decisión definitiva -esta resolución- que da por agotada la discusión en esta sede, para que lo haga en sede jurisdiccional en la Jurisdicción Contencioso Administrativo. Pero esa opción no puede condicionar la decisión, ni de las autoridades municipales ni de este Tribunal, actuando como jerarca impropio municipal, para fallar a favor del apelante, con infracción grave del ordenamiento jurídico. Nótese que, como jueces de la República, juramos respetar y hacer cumplir lo dispuesto en la Constitución y en la ley (artículos 154 y 194 de la Constitución Pública), y en tal sentido, no podemos fallar a favor de los intereses y pretensiones del señor Nombre102261 , por los motivos explicados.
VIII.- DE LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN ORDENADA.- Siendo conforme con el ordenamiento jurídico las actuaciones de la Municipalidad recurrida -prevención de desalojo y derribo de obra levantada sin autorización municipal en zona de parque de una urbanización y la revocatoria del permiso de uso otorgada al señor Nombre102261 -, resulta a todas luces impropio acoger la medida cautelar para suspender tal prevención.
IX.- CONCLUSIÓN.- Con fundamento en las razones señaladas, procede confirmar el acuerdo impugnado, en este caso, el número 7 adoptado por el Concejo de la Municipalidad de Desamparados en sesión ordinaria número 41-2010, celebrada el trece de julio del dos mil diez, que revocó el permiso de uso otorgado a Nombre102261 , para que se mantuviese viviendo en el área de parque (o verde) de la Urbanización Los Claveles y en cuanto confirmó el desalojo administrativo y derribo de las obras levantadas por éste en el área verde de la Urbanización Las Esmeraldas. No existiendo ulterior recurso de esta decisión, se debe dar por agotada la vía administrativa.
POR TANTO:
Se confirma el acuerdo impugnado. Se da por agotada la vía administrativa.
Silvia Consuelo Fernández Brenes Eduardo González Segura Elías Baltodano Gómez Apelación municipal Nombre102261 contra la Municipalidad de Desamparados Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.
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