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Construction in restricted zone — statute of limitations and demolition orderConstrucción en zona restringida — prescripción y orden de derribo

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OutcomeResultado

DeniedSin lugar

The court denies the cassation appeals and upholds the acquittal of the defendant, as well as the order for demolition and eviction of the illegal constructions.El tribunal rechaza los recursos de casación y confirma la absolución penal del imputado, así como la orden de demolición y desalojo de las construcciones ilegales.

SummaryResumen

The Sentence Appeals Court denies both cassation appeals filed by the defendant and his public defender. The defendant had been acquitted of the Marítime Terrestrial Zone Law violation, but the trial judge ordered demolition and eviction. The court confirms that the offense is instantaneous with permanent effects, so the statute of limitations does not run while the defendant remains in the illegal construction. The court rejects arguments concerning the validity of the construction permit—granted without legal concession or zoning plan—and the need for a lesividad procedure, since the law itself authorizes demolition through criminal proceedings. The court clarifies that 'occupant' status does not apply, as the occupation began after the law came into force.El Tribunal de Apelación de Sentencia rechaza los recursos de casación interpuestos por el imputado y su defensor público. El imputado había sido absuelto por el delito de infracción a la Ley de Zona Marítimo Terrestre, pero el juez de primera instancia ordenó la demolición y desalojo de las construcciones ilegales. El tribunal confirma que el delito es instantáneo de efectos permanentes, por lo que la prescripción no ha comenzado a correr mientras el imputado permanezca en la construcción. Rechaza además los argumentos sobre la validez del permiso de construcción —al ser otorgado sin concesión legal ni plan regulador— y sobre la necesidad de un procedimiento de lesividad, ya que la propia ley autoriza la demolición en vía penal. La sentencia aclara que la condición de 'ocupante' no aplica, pues la ocupación comenzó después de la entrada en vigencia de la ley.

Key excerptExtracto clave

First of all, it must be clear that the lower court’s ruling acquitted the defendant of the violation of Article 62 of the Marítime Terrestrial Zone Law, so the only issue here is the demolition order imposed against him. In this regard, the prevailing caselaw of this Chamber has considered that the offense under Article 62 of the cited law is instantaneous with permanent effects, and therefore it is not time-barred. See resolution: "This aspect of the statute of limitations in the crime of usurpation and violation of the Maritime Terrestrial Zone Law has been resolved by this Court in previous decisions –see votes 991-00, 327-00, 436-00, 552-01, 734-00, among others–, where it has been established that the crime of usurpation is instantaneous but has permanent effects, which prevents the computation of the statute of limitations while the action that disturbs the effective right-holder continues. It is clear that this situation of permanence, in the performance of usurpation acts or, similarly, the construction of buildings on public domain real estate, cannot generate any right for the transgressor by the passage of time; on the contrary, his permanence in the execution of said activity prevents, as indicated, the advancement of the statute of limitations." Likewise, regarding the appellant’s argument that the sentencing court lacks jurisdiction to order demolition without a prior lesividad procedure in the administrative sphere, it is also incorrect, since the Marítime Terrestrial Zone Law itself authorizes such cases to be resolved through criminal proceedings. Article 13 states: 'The authorities of the corresponding jurisdiction and the respective municipalities, as soon as they become aware of the infractions referred to in the two previous articles, shall proceed, after gathering preliminary information if deemed necessary, to evict the violators and to the destruction or demolition of the constructions, remodeling or installations made by them, without any liability to the authority or municipality. The cost of demolition or destruction shall be charged to the owner of the construction or installation. All the above without prejudice to any applicable criminal sanctions.'En primera instancia hay que tener en claro que la resolución del Juez a quo ha procedido a absolver al imputado por el delito de Infracción a la Ley de la Zona Marítimo Terrestres, del numeral 62, razón por la cual lo que se ha venido a alegar acá es la consecuencia del derribo que se ha ordenado por parte de él. En este sentido la jurisprudencia prevaleciente de esta Cámara ha sido el hecho de considerar que el delito contemplado en el numeral 62 de la citada Ley es un delito instantáneo de efectos permanentes y en ese tanto no estaría prescrito. Véase al respecto la resolución: "Este aspecto de la prescripción en el delito de usurpación y violación a la Ley de la zona marítimo terrestre ha sido resuelto por este Tribunal en resoluciones anteriores –ver votos 991-00, 327-00, 436-00, 552-01, 734-00, entre otros-, donde se ha llegado a establecer que el delito de usurpación es instantáneo pero de efectos permanentes, lo cual impide que se llegue a computar el plazo de prescripción mientras no cese la acción que origina la perturbación del efectivo titular del derecho. Es claro que esta situación de permanencia, en la realización de los actos de usurpación o, en forma similar, de la construcción de edificaciones en bienes inmuebles demaniales, no puede generar derecho alguno del transgresor por el transcurso del tiempo; por el contrario, su permanencia en la ejecución de dicha actividad, impide, como se ha indicado, el avance en el plazo de la prescripción." Si bien el recurrente también hace mención al hecho de que el Tribunal sentenciador no está legitimado para ordenar el derribo o demolición de la infraestructura, al tener que existir previo a ello un proceso de lesividad en el ámbito administrativo, tampoco lleva razón en esto, en el tanto la misma Ley de la Zona Marítimo Terrestre autoriza que los casos de esta naturaleza sean ventilados en la vía penal, de esta forma el numeral 13 de la mencionada Ley reza: “Las autoridades de la jurisdicción correspondiente y las municipalidades respectivas, tan pronto tengan noticia de las infracciones a que se refieren los dos artículos anteriores procederán, previa información levantada al efecto si se estimare necesaria, al desalojo de los infractores y a la destrucción o demolición de las construcciones, remodelaciones o instalaciones realizadas por aquellos, sin responsabilidad alguna para la autoridad o la municipalidad. El costo de demolición o destrucción se cobrará al dueño de la construcción o instalación. Todo lo anterior sin perjuicio de las sanciones penales que procedan.”

Pull quotesCitas destacadas

  • "El delito de usurpación es instantáneo pero de efectos permanentes, lo cual impide que se llegue a computar el plazo de prescripción mientras no cese la acción que origina la perturbación del efectivo titular del derecho."

    "The crime of usurpation is instantaneous but has permanent effects, which prevents the computation of the statute of limitations while the action that disturbs the effective right-holder continues."

    Considerando I

  • "El delito de usurpación es instantáneo pero de efectos permanentes, lo cual impide que se llegue a computar el plazo de prescripción mientras no cese la acción que origina la perturbación del efectivo titular del derecho."

    Considerando I

  • "Si no se presenta cualquiera de estas formas de ocupación, entiéndase, concesión, permiso, contrato de arrendamiento, condición de poblador u ocupante, la posesión u ocupación que se ejerza en la zona marítima terrestre resulta, a juicio de este Tribunal, ilegítima."

    "If none of these forms of occupation—concession, permit, lease contract, status as settler or occupant—are present, any possession or occupation exercised in the maritime terrestrial zone is, in this Court's view, illegitimate."

    Considerando II

  • "Si no se presenta cualquiera de estas formas de ocupación, entiéndase, concesión, permiso, contrato de arrendamiento, condición de poblador u ocupante, la posesión u ocupación que se ejerza en la zona marítima terrestre resulta, a juicio de este Tribunal, ilegítima."

    Considerando II

  • "La misma Ley de la Zona Marítimo Terrestre autoriza que los casos de esta naturaleza sean ventilados en la vía penal, de esta forma el numeral 13 de la mencionada Ley reza: “Las autoridades de la jurisdicción correspondiente y las municipalidades respectivas, tan pronto tengan noticia de las infracciones a que se refieren los dos artículos anteriores procederán, previa información levantada al efecto si se estimare necesaria, al desalojo de los infractores y a la destrucción o demolición de las construcciones..."

    "The Marítime Terrestrial Zone Law itself authorizes such cases to be resolved through criminal proceedings; Article 13 reads: 'The authorities of the corresponding jurisdiction and the respective municipalities, as soon as they become aware of the infractions referred to in the two previous articles, shall proceed, after gathering preliminary information if deemed necessary, to evict the violators and to the destruction or demolition of the constructions...'"

    Considerando II

  • "La misma Ley de la Zona Marítimo Terrestre autoriza que los casos de esta naturaleza sean ventilados en la vía penal, de esta forma el numeral 13 de la mencionada Ley reza: “Las autoridades de la jurisdicción correspondiente y las municipalidades respectivas, tan pronto tengan noticia de las infracciones a que se refieren los dos artículos anteriores procederán, previa información levantada al efecto si se estimare necesaria, al desalojo de los infractores y a la destrucción o demolición de las construcciones..."

    Considerando II

Full documentDocumento completo

JUDICIAL BRANCH SENTENCE APPEALS COURT OF THE THIRD JUDICIAL CIRCUIT OF ALAJUELA, SAN RAMÓN Tel: 2456-9069 [...] Fax: 2445-5193 ___________________________________________________________________________________________ Res: 2012-00279 SENTENCE APPEALS COURT OF THE THIRD JUDICIAL CIRCUIT OF ALAJUELA, SECTION [Dirección1]. San Ramón, at sixteen hundred hours on the twenty-fourth of April of two thousand twelve.

CASSATION APPEAL filed in the present case against [Nombre1]., […], for the crime of VIOLATION OF THE MARITIME TERRESTRIAL ZONE LAW (INFRACCIÓN A LA LEY ZONA MARÍTIMO TERRESTRE), to the detriment of THE STATE. The Judges Rafael Segura Bonilla, Joe Campos Bonilla, and Katia Fernández González participate in the decision on the appeal. Appearing in cassation are the accused [Nombre1]. and attorney [Nombre2], public defender of said defendant.

WHEREAS (RESULTANDO):

1.- That by judgment number 43-P-2011 of eight hours and twenty-nine minutes on the sixteenth of February of two thousand eleven, the Trial Court of Puntarenas resolved: "THEREFORE (POR TANTO): In accordance with the foregoing and articles 39 and 41 of the Political Constitution of the Republic, 1, 6, 9, 142, 184, 267, 360 to 366 of the Code of Criminal Procedure, 1, 30, 140 of the Penal Code, and articles 12, 13, 20, 22, 62, 63, and 64 of Law No. 6043 on the Maritime Terrestrial Zone, [Nombre1]. is declared ACQUITTED OF ALL PENALTY AND RESPONSIBILITY, for the crime of VIOLATION OF THE LAW OF THE MARITIME TERRESTRIAL ZONE (INFRACCIÓN A LA LEY DE LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE), which is to the detriment of THE STATE.- This matter is resolved without special condemnation in costs, and the expenses of the proceeding shall be borne by the State.- It is ordered that any precautionary measure that may have been issued be lifted if no other cause prevents it.- In application of article 13, in relation to article 62 of the Law of the Maritime Terrestrial Zone, the demolition (demolición), eviction (desalojo), and destruction of the constructions erected in the Public Zone (Zona Pública) and Restricted Zone (Zona Restringida) located between [Dirección2], Cabuya area of Cóbano de Puntarenas, is ordered. Testimony of pieces is ordered for the Prosecutor's Office of Cóbano, against the corresponding Officials of the Municipal Council of Cóbano who granted the construction permits to the defendant herein, so that it may be determined if they committed the crime of Violation of the Maritime Terrestrial Zone Law under its article 64.- Let the Judicial Technician take note for their charge.- Once this judgment is final, the archiving of this file is ordered.- The parties are duly notified orally of what has been resolved, and the technical support in audio and video is available to the parties should they desire a copy of the same.- Lic. Fernando González Rojas. Judge" (sic).

2.- That against the preceding pronouncement, the accused [Nombre1]. and attorney [Nombre2], public defender of said defendant, filed a cassation appeal.

3.- That having verified the respective deliberation in accordance with the provisions of article 464 bis of the Code of Criminal Procedure, the Court proceeded to hear the appeal.

4.- That in the proceedings, the pertinent legal prescriptions have been observed.

Judge of Sentence Appeals Segura Bonilla writes; and, WHEREAS (CONSIDERANDO):

I. - The accused personally files a cassation appeal against the oral acquittal judgment of eight hours and twenty-nine minutes on the day of February 16, 2011. He sets forth two grounds for cassation, the first being a violation of due process, specifically the rules of the statute of limitations (prescripción). He states that since May 6, 1995, he, as a representative of the company C.S.A., requested a construction permit from the Municipality of Puntarenas to build a dwelling house in Cabuya de Cóbano de Puntarenas, and that the Municipality proceeded to grant it, under number 078-95, ordering payment of the respective construction tax. He indicates that by reason of such permit, he not only built the dwelling house, but also paid the respective municipal taxes. He states that in 2007, a complaint was filed against him, which is time-barred, as more than eleven years have passed since he built, in addition to the fact that more than twelve years elapsed from the time the complaint was filed and the preliminary investigation (indagatoria). On the other hand, he cites that the offense under numeral 62 of the Maritime Terrestrial Zone Law cannot be considered to have permanent effects, and considering it so would violate his human rights, since he would have no legal certainty whatsoever. He points out that the appropriate route to elucidate this dispute should be the contentious-administrative route, as the Criminal Judge is not competent to rule on the demolition (derribo). He requests that the statute of limitations for the criminal action be granted and the demolition (derribo) order issued against him be annulled. THE GROUND IS REJECTED. In the first instance, it must be clear that the ruling of the trial court judge (Juez a quo) proceeded to acquit the accused of the crime of Violation of the Maritime Terrestrial Zones Law, under numeral 62, which is why what has been alleged here is the consequence of the demolition (derribo) that has been ordered by him. In this regard, the prevailing jurisprudence of this Chamber has been to consider that the crime contemplated in numeral 62 of the cited Law is an instantaneous crime with permanent effects, and to that extent it would not be time-barred. See in this regard the resolution: "This aspect of the statute of limitations (prescripción) in the crime of usurpation (usurpación) and violation of the Maritime Terrestrial Zone Law has been resolved by this Court in previous resolutions –see rulings 991-00, 327-00, 436-00, 552-01, 734-00, among others–, where it has been established that the crime of usurpation (usurpación) is instantaneous but with permanent effects, which prevents the statute of limitations (prescripción) period from being computed while the action that causes the disturbance of the effective right holder does not cease. It is clear that this situation of permanence, in the carrying out of acts of usurpation (usurpación) or, similarly, the construction of buildings on public domain real estate (bienes inmuebles demaniales), cannot generate any right for the transgressor by the mere passage of time; on the contrary, their permanence in the execution of said activity prevents, as has been indicated, the progression of the statute of limitations (prescripción) period. In the same sense, the Constitutional Chamber has stated in its ruling 2000-11515 at 14:39 hours on December 21, 2000, where it said: '…the crime of usurpation (usurpación) would not be imprescriptible, because as established in the article questioned here –referring to article 32 of the Code of Criminal Procedure–, the term for counting the statute of limitations for the criminal action would begin from the cessation of the permanence of its effects, that is, when the usurpation (usurpación) ceases. In instantaneous crimes with permanent effects, their effects are repeated every day until the "usurper" abandons the property, hence the description of permanence. Now, for acquisitive prescription (usucapión) or positive acquisitive statute of limitations (prescripción positiva adquisitiva) to proceed, it is necessary to have a just title, for the possession to be peaceful and public, and for there to be good faith on the part of the possessor, i.e., it is not acquired merely by the passage of ten years, so it is neither constitutionally nor legally valid or possible, by virtue of an usurpation (usurpación), which as such is criminal and lacks a just and legitimate title, to attempt to acquire by usucapion, because the essential requirements for it are absent.' In the present case, we have that the accused built, as the judge points out in their judgment within the first proven fact, 'a ranch, type ramada, approximately ten meters long by eight meters twenty centimeters wide, on one of the terraces of Cerro Punta Sámara, specifically in the restricted zone (zona restringida) of the Maritime Terrestrial Zone (sic) in Sámara de Nicoya. Likewise (sic), in said construction, the accused A. proceeded to install potable water with piping, electrical power, and even a telephone line...' (folio 474). It has also been proven in the judgment, in its second fact, that 'as of the date of issuance of this judgment –March twenty-seventh of the year two thousand one– the building constructed by the defendant is in the same place and in similar conditions to the date of the facts' (folio 474). Adhering to the facts taken as demonstrated, as well as the assessment of evidence made by the judge (folios 470-472) regarding the resolution of the exception of the statute of limitations (prescripción), the Court considers that the final resolution has been correct, where it rejects the statute of limitations for the criminal action, starting from the basis that when facing an instantaneous crime with permanent effects, as is the violation of the Maritime Terrestrial Zone Law, which is executed against public domain property in its form of illegal construction of buildings, assimilating it to the crime of usurpation (usurpación) due to its delimiting characteristics, the statute of limitations (prescripción) period had not begun to run because the accused always remained, illicitly, in the construction erected on the property owned by the State; constituting, without a doubt, an instantaneous crime with permanent effects." We see then how the aforementioned statute of limitations (prescripción) that the appellant alleges cannot operate, insofar as this is the type of crime, and it is in that sense that the statute of limitations for the criminal action does not run. Furthermore, see that even now the appellant remains in the construction, a reason that dispels any doubt as to the legitimacy to order or not the destruction and eviction (desalojo) (see police report from folio 21 onwards). In this manner, the first ground for cassation filed by the accused is declared without merit. SECOND GROUND FOR CASSATION. In the second ground for cassation, he alleges lack of foundation. He explains that the demolition order (derribo) issued against him is made without having elements of proof that accredit an illegal decision by the administration when granting a construction permit, that is , without evidence that there is no regulatory plan (plan regulador) nor that any concession existed, and requests that the ground be granted, voiding the demolition order (derribo). THE GROUND IS DECLARED WITHOUT MERIT. In relation to the lack of foundation alleged by the accused himself, in which he claimed that it was not proven that the permits granted by the administration were illegal, the trial court judge (Juez a quo), in the oral judgment, is extensive in establishing the reason why despite the existence of a construction permit, it was illegal, and this is because since there was no legally granted concession and due to the nonexistence of a regulatory plan (plan regulador), the permits granted by the Municipal Council were completely illegal, and it is here where the relationship between the illegality of the permits and the demolition (derribo) order is found (see oral judgment from 08:29:00 onwards), given that despite the authorization granted, it was not legal, and despite the lack of criminal responsibility for the accused, the need for the demolition (derribo) of the construction was argued. In other words, while there was a construction permit, it was illegal and did not comply with the legal requirements, which does not validate the permanence of the construction carried out by the defendant in the protected zone and in the public zone (zona pública), and to that extent, the demolition (derribo) order is supported, and the appellant's allegations are not admissible.

II.- CASSATION APPEAL FILED BY THE PUBLIC DEFENDER'S OFFICE. For its part, the Public Defender's Office of the accused proceeds to present a Cassation Appeal alleging the following grounds: 1. Erroneous application of Substantive Law. It considers that numerals 39, 41, and 45 of the Political Constitution, 1 of the Penal Code; 13, 20, 44, and transitory provision VII of the Maritime Terrestrial Zone Law; 1, 369 paragraph 1 of the Code of Criminal Procedure have been violated. The defender indicates that the demolition (demolición) order of the accused's house is illegal, insofar as, even to this day, the construction permit is in force, since there is no administrative act that at this time has declared otherwise. He points out that to declare an administrative act null, a lesivity (lesividad) proceeding must have been carried out, which is contemplated in article 43 of the Contentious Administrative Procedure Code. He states that it was not for the sentencing judge to proceed to order the eviction (desalojo) and demolition (demolición) of the property, since the accused is an "occupier (ocupante)" and the Attorney General's Office of the Republic (Procuraduría General de la República) itself has provided that these are exceptional regimes regarding the private use of the maritime terrestrial zone. He ends this ground by saying that by ignoring this provision and the fact that with a regulatory plan (plan regulador), the accused must have his permanence in the place where he built regulated, the principle of reasonableness and proportionality is violated, as the legal interest of property that is being affected must prevail. He requests that it be resolved on the merits, voiding the eviction (desalojo) and demolition (demolición) ordered. THE GROUND IS REJECTED. Regarding what was alleged by the appellant concerning the demolition (derribo) and its relation to the fact that the accused is an "occupier (ocupante)", it must be indicated that the use of this figure has been given, according to the interpretation of numeral 70 of the Maritime Terrestrial Zone Law, for those persons who, without authorization, had settled in the inalienable zone, before the entry into force of said Law No. 6043. The defender alleges that the accused, according to what the Attorney General's Office of the Republic (Procuradu ría General de la República) has interpreted, is an "occupier (ocupante)", however, this has not been proven here, since the accused's permanence in the country dates back 20 years, that is, from 1987 (see oral judgment at 08:39:50, as well as cf. preliminary investigation (indagatoria) and permit application visible at folios 27, 28, and 74 of the main file), and the law entered into force on March 16, 1977. It is also necessary to make clear that the Contentious-Administrative Courts, broadly speaking, have interpreted that occupiers (ocupantes): have a subjective right in the priority that their concession applications have over others, provided that the use is compatible with that fixed in the planning for the sector, but it must always be kept in mind that this privilege is strictly linked to their status as an occupier (ocupante). This is not a legitimate interest, since there is no discretionary power of the Administration when deciding on the applications. If the occupier (ocupante) meets the subjective and objective conditions established by Law No. 6043 and the requested use is in accordance with the development plan, it is the Administration's duty to grant the concession contract. On the other hand, it must be indicated that the conditions of occupier (ocupante) or settler (poblador) are personal conditions , that is, by reason of their qualities or conditions. Therefore, they are evidently not transferrable. From this perspective, any transfer of "occupation rights (derechos de ocupación)" constitutes a vitiated practice to seek to legitimize and perpetuate over time an alleged occupation that has been exercised outside the legality framework. They constitute contractual acts that, evidently, do not harm the State in its ownership and are completely null as they relate, it is insisted, to public domain property. If any of these forms of occupation does not apply, understand, concession, permit, lease contract, status of settler (poblador) or occupier (ocupante), the possession or occupation exercised in the maritime terrestrial zone is, in the judgment of this Court, illegitimate ; (see in this sense, among others, ruling 158-2011 of the Contentious-Administrative Court, Section I). That is why, from the appellant's perspective, it cannot be said that he is right, since it is not within what has been considered a settler (poblador) or occupier (ocupante). While the appellant also mentions the fact that the sentencing Court is not empowered to order the demolition (derribo) or demolition (demolición) of the infrastructure, as a lesivity (lesividad) process must first exist in the administrative sphere , he is also incorrect in this, as the Maritime Terrestrial Zone Law itself authorizes that cases of this nature be heard in the criminal jurisdiction. Thus, numeral 13 of the aforementioned Law reads: "The authorities of the jurisdiction correspondiente and the respective municipalities, as soon as they have notice of the violations (infracciones) referred to in the two preceding articles, shall proceed, after information gathered for that purpose if deemed necessary, to the eviction (desalojo) of the violators and to the destruction or demolition (demolición) of the constructions, remodelaciones, or installations carried out by them, without any liability for the authority or the municipality. The cost of demolition (demolición) or destruction shall be charged to the owner of the construction or installation. All of the foregoing without prejudice to the criminal sanctions that may apply." For the reasons outlined, the cassation appeal filed is rejected, confirming the appealed judgment in all its aspects.

THEREFORE (POR TANTO):

Both cassation appeals filed by the accused and the Public Defender's Office, respectively, are declared without merit. NOTIFY.

RAFAEL SEGURA BONILLA JOE CAMPOS BONILLA KATIA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ JUDGES OF SENTENCE APPEALS I/ [Nombre1].

D / Violation of the Maritime Terrestrial Zone Law O/ THE STATE 07-200116-591-PE *[Nombre4]*

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PODER JUDICIAL TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA, SAN RAMÓN Tel: 2456-9069 [...] Fax: 2445-5193 ___________________________________________________________________________________________ Res: 2012-00279 TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA, SECCIÓN [Dirección1]. San Ramón, a las dieciséis horas del veinticuatro de abril de dos mil doce.

RECURSO DE CASACIÓN interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre1]., […], por el delito de INFRACCIÓN A LA LEY ZONA MARÍTIMO TERRESTRE, en perjuicio de EL ESTADO. Intervienen en la decisión del recurso, los Jueces Rafael Segura Bonilla, Joe Campos Bonilla y Katia Fernández González. Se apersonan en casación, el imputado [Nombre1]. y el licenciado [Nombre2] , defensor público de dicho encartado.

RESULTANDO:

1.- Que mediante sentencia número 43-P-2011 de las ocho horas con veintinueve minutos del dieciséis de febrero de dos mil once, el Tribunal de Juicio de Puntarenas, resolvió: "POR TANTO: De conformidad con lo expuesto y artículos 39 y 41 de la Constitución Política de la República, 1, 6, 9, 142, 184, 267, 360 a 366 del Código Procesal Penal, 1, 30, 140 del Código Penal y artículos 12, 13, 20, 22, 62, 63 y 64 de la Ley N° 6043 de la Zona Marítimo Terrestre, se declara a [Nombre1]., ABSUELTO DE TODA PENA Y RESPONSABILIDAD, por el delito de INFRACCIÓN A LA LEY DE LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE, que es en perjuicio de EL ESTADO.- Se resuelve este asunto sin especial condena en costas y son los gastos del proceso por cuenta del Estado.-Se ordena levantar cualquier medida cautelar que se hubiere dictado si otra causa no lo impide.- En aplicación del artículo 13, en relación con el artículo 62 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, se ordena la demolición, desalojo y destrucción de las construcciones levantadas en la Zona Pública y Restringida que se encuentren entre los [Dirección2] , zona de Cabuya de Cóbano de Puntarenas. Se ordena el testimonio de piezas para ante la Fiscalía de Cóbano, contra los respectivos Funcionarios del Consejo Municipal de Cóbano que correspondan y que le otorgaron los permisos de construcción al aquí encartado, para que se determine si cometieron el delito de Infracción a la Ley de la Zona Marítimo Terrestre en su artículo 64.- Tome nota el Técnico Judicial para lo de su cargo.- Firme esta sentencia se ordena el archivo de este expediente.- Quedan debidamente notificadas las partes en forma oral de lo resuelto y a disposición de las partes el soporte técnico en audio y video por si desean una copia del mismo.- Lic. Fernando González Rojas. Juez" (sic).

2.- Que contra el anterior pronunciamiento, el imputado [Nombre1]. y el licenciado [Nombre2] , defensor público de dicho encartado, interpusieron recurso de casación.

3.- Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 464 bis del Código Procesal Penal, el Tribunal procedió a conocer del recurso.

4.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

Redacta el Juez de apelación de sentencia Segura Bonilla; y,

CONSIDERANDO:

I . - El imputado en forma personal interpone recurso de casación en contra de la sentencia o ral absolutoria de las ocho horas con veintinueve minutos del día 16 de febrero del año 2011. Expone dos motivos de casación, siendo el primero la violación al debido proceso, propiamente a las reglas de la prescripción. Expone que desde el 6 de mayo de 1995, él como representante de la empresa C.S.A. solicitó a la Municipalidad de Puntarenas un permiso de construcción para realizar una casa de habitación en Cabuya de Cóbano de Puntarenas, siendo que la Municipalidad procedió a dar el mismo, bajo el número 078-95, ordenando el pago del respectivo impuesto de construcción. Indica que en razón de tal permiso no solo construyó la casa de habitación, sino que también se cancelar on los respectivos impuestos municipales. Expone que en el año 2007 se interpuso una denuncia en su contra, la cual está prescrita, en el tanto han pasado más de once años desde que construyó, además de que desde el momento en que se da la denuncia y la indagatoria transcurrieron más de doce años. Por otra parte cita que el tipo penal del numeral 62 de la Ley de la Zona Marítimo terrestre no puede ser considerado de efectos permanentes y considerarlo así sería violentar los derechos humanos de él, puesto que no tendría certeza jurídica alguna. Señala que la vía correspondiente para dilucidar esta litis la debe de ser la contenciosa, pues no le compete al Juez Penal lo correspondiente al derribo. Solicita se acoja la prescripción de la acción penal y se anule la orden de derribo que contra él se ha dictado. EL MOTIVO SE RECHAZA. En primera instancia hay que tener en claro que la resolución del Juez a quo ha procedido a absolver al imputado por el delito de Infracción a la Ley de la Zona Marítimo Terrestres, del numeral 62 , razón por la cual lo que se ha venido a alegar acá es la consecuencia del derribo que se ha ordenado por parte de él. En este sentido la jurisprudencia prevaleciente de esta Cámara ha sido el hecho de considerar que el delito contemplado en el numeral 62 de la citada Ley es un delito instantáneo de efectos permanentes y en ese tanto no estaría prescrito. Véase al respecto la resolución: "Este aspecto de la prescripción en el delito de usurpación y violación a la Ley de la zona marítimo terrestre ha sido resuelto por este Tribunal en resoluciones anteriores –ver votos 991-00, 327-00, 436-00, 552-01, 734-00, entre otros-, donde se ha llegado a establecer que el delito de usurpación es instantáneo pero de efectos permanentes, lo cual impide que se llegue a computar el plazo de prescripción mientras no cese la acción que origina la perturbación del efectivo titular del derecho. Es claro que esta situación de permanencia, en la realización de los actos de usurpación o, en forma similar, de la construcción de edificaciones en bienes inmuebles demaniales, no puede generar derecho alguno del transgresor por el transcurso del tiempo; por el contrario, su permanencia en la ejecución de dicha actividad, impide, como se ha indicado, el avance en el plazo de la prescripción. En igual sentido, la Sala Constitucional se ha manifestado en su voto 2000-11515 de las 14:39 horas del 21 de diciembre del 2000, donde dijo: “…el delito de usurpación no sería imprescriptible, porque como lo establece el artículo aquí cuestionado –se refiere al 32 Código Procesal Penal-, el término para contar la prescripción de la acción penal empezaría a partir del cese de la permanencia de sus efectos, sea cuando cese la usurpación. En los delitos instantáneos de efectos permanentes, se repiten sus efectos todos los días hasta que el "usurpador" abandone la propiedad, de ahí el calificativo de la permanencia. Ahora bien, para que proceda la usucapión o prescripción positiva adquisitiva, es necesario contar con un justo título, que la posesión sea pacífica y pública y que exista buena fe del poseedor, es decir, no solamente se adquiere por el transcurso de diez años, por lo que no es ni constitucional ni legalmente válido o posible, en virtud de una usurpación, que como tal es delictuosa y carece de justo y legítimo título, pretender usucapir, debido a que los requisitos esenciales para ello están ausentes”. En el presente caso tenemos que el imputado construyó, como lo señala el juzgador en su sentencia dentro del hecho probado primero, “una rancha, tipo ramada, de unos diez metros de largo por ocho metros veinte centímetros de ancho, en una de las terrazas del Cerro Punta Sámara, propiamente en la zona restringida de la Zona Marítimo Terrestre (sic) en Sámara de Nicoya. Así mismo (sic), en dicha construcción, el endilgado A. procedió a instalar agua potable con cañería, energía eléctrica e incluso una línea telefónica…” (folio 474). También se ha tenido por demostrado en la sentencia, en su hecho segundo, que “a la fecha del dictado de la presente sentencia -veintisiete de marzo del dos mil uno- la edificación construida por el encartado se encuentra en el mismo sitio y en similares condiciones a la fecha de los hechos” (folio 474). Sujetándonos a los hechos tenidos por demostrados, así como la valoración de la prueba que realiza el juzgador (folios 470-472) respecto de la resolución de la excepción de prescripción, el Tribunal considera que ha sido correcta la resolución final, donde rechaza la prescripción de la acción penal, partiendo de que al encontrarnos ante un delito instantáneo de efectos permanentes, como lo es, la infracción a la Ley de la zona marítimo terrestre, el cual se ejecuta en contra de bienes de dominio público en su figura de la construcción ilegal de edificaciones, asimilándose la misma al delito de usurpación por sus características delimitadoras, no había iniciado a correr el plazo de la prescripción debido a que el imputado siempre se mantuvo, ilícitamente, en la construcción levantada en el inmueble propiedad del Estado; constituyendo, sin lugar a dudas, un delito instantáneo de efectos permanentes." Vemos entonces como la mencionada prescripción que alega el impugnante no puede operar, en el tanto se trata de este tipo de delito y es en ese sentido que la prescripción de la acción penal no corre. Por otra parte véase que aun en estos momentos el impugnante permanece en la construcción, razón que despeja cualquier duda en cuanto a la legitimidad para ordenar o no la destrucción y el desalojo (ver informe policial de folios 21 y siguientes). De esta forma se declara sin lugar el primer motivo de casación interpuesto por el imputado. SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN. En el segundo motivo de casación alega f alta de f undamentación. Explica que la orden de derribo dictada en contra de él, se realiza sin contar con elementos de prueba que acrediten una decisión ilegal de la administración a la hora de otorgar un permiso de construcción, es decir , sin que conste que no hay plan regulador ni que existió concesión alguna y solicita se declare con lugar el motivo, dejando sin efecto la orden de derribo. EL MOTIVO SE DECLARA SIN LUGAR. En relación con la falta de fundamentación alegada por parte del mismo imputado, en el que alegó que no se logró probar que los permisos dados por la administración fuesen ilegales, el Juez a quo, en la sentencia oral , es amplio en establecer el por qué a pesar de existir un permiso de construcción, éste era ilegal y esto por cuanto al no contarse con una concesión legalmente otorgada y a la inexistencia de un plan regulador, los permisos dados por el Consejo Municipal fueron totalmente ilegales y es acá en donde se encuentra la relación entre la ilegalidad de los permisos y la orden de derribo (ver sentencia oral a partir de las 08:29:00 en adelante), puesto que a pesar de la autorización dada, esta no fue legal y a pesar de la inexistencia de responsabilidad penal para el acusado, se argumentó la necesidad del derribo de la construcción. En otras palabras, si bien existía un permiso de construcción, éste era ilegal y no cumplía con los requisitos de ley, lo que no viene a convalidar la permanencia de la construcción realizada por el encartado en la zona protegida y en la zona pública y en ese tanto es que la orden de derribo tiene sustento y lo alegado por el recurrente no es atendible.

II.- RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR LA DEFENSA PUBLICA. Por su parte la Defensa Pública del imputado procede a presentar Recurso de Casación alegando los siguientes motivos: 1. Errónea aplicación de la Ley Sustantiva. Considera se han transgredido los numerales 39, 41 y 45 de la Constitución Política, 1 del Código Penal; 13, 20, 44 y transitorio VII de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre; 1, 369 inciso 1 del Código Procesal Penal. Indica el defensor que la orden de demolición de la casa del imputado es ilegal, en el tanto, aun al día de hoy el permiso de construcción está vigente, puesto que no hay acto administrativo que en estos momentos haya declarado lo contrario. Señala que para declarar un acto administrativo nulo debió de realizarse un procedimiento de lesividad, el cual se contempla en el artículo 43 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Expone que al sentenciador no le correspondía proceder a ordenar el desalojo y demolición del inmueble, puesto que el imputado es un "ocupante" y la misma Procuraduría General de la República ha dispuesto que son regímenes excepcionales en cuanto al uso privativo de la zona marítimo terrestre. Finaliza este motivo diciendo que al ignorarse esta disposición y el hecho de que con un plan regulador, al imputado, se le debe regular su permanencia en el lugar en donde ha construido, se le violenta el principio de razonabilidad y proporcionalidad, pues debe de imperar el bien jurídico propiedad que se está afectando. Solicita se resuelva por el fondo, dejando si n efecto el desalojo y demolición ordenada. EL MOTIVO SE RECHAZA. Respecto a lo alegado por el recurrente referente al derribo y su relación con el hecho de que el imputado sea un “ocupante”, debe de indicarse que la utilización de esta figura se ha dado, según interpretación del numeral 70 de la Ley de la Zona Marìtimo Terrestre, para aquellas personas que sin autorización se hubiesen instalado en la zona inalienable, antes de la entrada en vigencia de dicha Ley No. 6043. El señor defensor alega que el imputado, s egún lo que ha interpretado la Procuradu ría General de la Re pública es un "ocupante" , sin embargo, esto no se ha llegado a probar acá, puesto que la misma permanencia del imputado en el país data de 20 años atrás , es decir desde 1987 (ver sentencia oral a las 08:39:50, a sí c omo cfr. indagatoria y solicitu d de permiso visibles a folios 27, 28 y 74 del legajo principal) y la ley entró en vigencia el 16 de marzo de 1977. Es necesario, ade más dejar en claro que los Tribunales Contenciosos Administrativos , a groso modo han interpretado que los ocupantes: cuentan con un derecho subjetivo en la prioridad que tienen sus solicitudes de conce sión sobre otras, siempre y cuando el uso sea compatible con el fijado en la planifica [Nombre3] del sector, pero debe siempre tenerse presente que este privilegio está ligado de manera estricta a su condición de ocupante. No se trata de un interés legitimo , por cuanto no existe potestad discrecional de la Administra [Nombre3] al momento de decidir sobre las solicitudes. Si el ocupante reúne las condiciones subjetivas y objetivas que establece la Ley No. 6043 y el uso peticionado es conforme al plan de desarrollo es deber de la Administra [Nombre3] otorgar el contrato de conce sión. Por otra parte, debe indicarse las condiciones de ocupante o poblador son condiciones personales , sea en razón de las cualidades o condiciones de ellos. Por lo que evidentemente no son transmisibles. Desde esta perspectiva, cualquier traspaso de "derechos de ocupación", constituye una práctica viciada para buscar legitimar y perpetuar en el tiempo una pretendida ocupación que se ha ejercido de espaldas del bloque de legalidad. Constituyen actos contractuales que, evidentemente, no perjudican al Estado en su titularidad y son completamente nulos al recaer, se insiste, sobre bienes de dominio público. Si no se presenta cualquiera de estas formas de ocupación, entiéndase, concesión, permiso, contrato de arrendamiento, condición de poblador u ocupante, la posesión u ocupación que se ejerza en la zona marítima terrestre resulta, a juicio de este Tribunal, ilegítima ; (ver en este sentido, entre otros el voto 158-2011 del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección I). Es por ello que desde la perspectiva del impugnante tampoco se puede indicar que él lleva razón, puesto que no se está dentro de lo que se ha considerado poblador u ocupante. Si bien el r ecurrente también hace mención al hecho de que el Tribunal sentenciador no está legitimado para ordenar el derribo o demolición de la infraestructura, al tener que existir previo a ello un proceso de lesividad en el ámbito administrativo , tampoco lleva razón en esto, en el tanto la misma Ley de la Zona Marítimo Terrestre autoriza que los casos de esta naturaleza sean ventilados en la vía penal, de esta forma el numeral 13 de la mencionada Ley reza: “Las autoridades de la jurisdicción correspondiente y las municipalidades respectivas, tan pronto tengan noticia de las infracciones a que se refieren los dos artículos anteriores procederán, previa información levantada al efecto si se estimare necesaria, al desalojo de los infractores y a la destrucción o demolición de las construcciones, remodelaciones o instalaciones realizadas por aquellos, sin responsabilidad alguna para la autoridad o la municipalidad. El costo de demolición o destrucción se cobrará al dueño de la construcción o instalación. Todo lo anterior sin perjuicio de las sanciones penales que procedan.” Por los motivos esbozados se rechaza el recurso de casación interpuesto, confirmándose la sentencia recurrida en todos sus extremos.

POR TANTO:

Se declaran sin lugar los dos recursos de c asación interpuestos por parte del imputado y la Defensa Pública , respectivamente. NOTIFÍQUESE.

RAFAEL SEGURA BONILLA JOE CAMPOS BONILLA KATIA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ JUECES DE APELACIÓN DE SENTENCIA I/ [Nombre1].

D / Infracción a la Ley de la Zona Marítimo Terrestre O/ EL ESTADO 07-200116-591-PE *[Nombre4]*

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