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Res. 00027-2012 Tribunal Contencioso Administrativo Sección IV · Tribunal Contencioso Administrativo Sección IV · 15/03/2012
OutcomeResultado
The Municipality of Pérez Zeledón is ordered to compensate damages to sugarcane crops from 2005 to 2010, plus moral damages and costs, amounts to be determined in enforcement.Se condena a la Municipalidad de Pérez Zeledón a indemnizar daños y perjuicios en cultivos de caña de azúcar desde 2005 hasta 2010, más daño moral y costas, con montos a determinar en ejecución.
SummaryResumen
The Administrative Contentious Tribunal, Section IV, partially grants the claim of Mr. C. against the Municipality of Pérez Zeledón. The municipality is ordered to compensate damages caused to the plaintiff's sugarcane crops on six hectares adjacent to a municipal waste dump operated as an open-air site. The ruling finds abnormal material conduct by the Administration for failing to provide the technical treatment required by the Sanitary Landfill Regulation and the General Health Law, leading to the proliferation of vultures, wild dogs, and pests that harmed production. Strict civil liability of the municipality is established under Article 9 of the Constitution, Article 1048 of the Civil Code, and Article 190 of the General Public Administration Act, as no exonerating circumstances such as force majeure or contributory fault were proved. Subjective moral damages of ₡500,000 are awarded, and any damage prior to July 30, 2005, is declared time-barred. The exact amount of pecuniary damages is deferred to the enforcement phase, with indexing and interest from the date the final amount is set. The judgment includes a dissenting opinion on the starting point for indexing value obligations.El Tribunal Contencioso Administrativo Sección IV declara parcialmente con lugar la demanda del señor C. contra la Municipalidad de Pérez Zeledón. Se condena a la municipalidad a indemnizar los daños y perjuicios causados a los cultivos de caña de azúcar del actor, ubicados en seis hectáreas que colindan con un depósito de basura municipal operado como botadero a cielo abierto. La sentencia determina que existió una actuación material anormal de la Administración, al no dar a los desechos el tratamiento técnico exigido por el Reglamento de Rellenos Sanitarios y la Ley General de Salud, lo que provocó la proliferación de zopilotes, perros salvajes y plagas que afectaron la producción. Se establece la responsabilidad civil objetiva del ente municipal bajo los artículos 9 constitucional, 1048 del Código Civil y 190 de la Ley General de la Administración Pública, al no demostrarse causales eximentes como fuerza mayor o culpa de la víctima. Se reconoce daño moral subjetivo por ₡500,000, y se declara prescrito cualquier daño anterior al 30 de julio de 2005. La cuantía exacta de los perjuicios patrimoniales se difiere a la etapa de ejecución de sentencia, con indexación e intereses desde la firmeza de la resolución que los concrete. La sentencia cuenta con un voto salvado respecto al momento de inicio de la indexación de las obligaciones de valor.
Key excerptExtracto clave
The abnormality of such conduct stems from the fact that, for the adequate provision of a public waste collection service, it is not enough for a municipality to simply gather the waste and deposit it without any treatment on a lot rented for that purpose. The defendant entity did not prove in the proceedings that the waste was being given appropriate disposal, with technical handling and special monitoring, in accordance with the regulations governing sanitary landfills, to prevent pollution, harm to neighboring properties, and environmental damage. Therefore, it constitutes anomalous, abnormal, and improper conduct for the Municipality to merely create a waste dump without prior preparation and adequate control, thus breaching the Sanitary Landfill Regulation No. 27378 of October 9, 1998, as well as Articles 278 to 284 of the General Health Law, in force at the time of the events, which expressly require the use of suitable means for the collection, transportation, accumulation, utilization, treatment, and final disposal of waste. It is clear to this Tribunal that collecting and stockpiling a canton's waste is a lawful activity, but it must be carried out in compliance with a series of technical requirements to reduce not only health risks but also harm to third parties, which in this case were evidently not met. As for the element of injury or the existence of an unlawful harm, indeed, from such administrative conduct, an impact on Mr. C.'s assets is observed, causing him an unlawful and compensable injury that he is not required to bear (objective unlawfulness), under the terms of Article 196 of the General Public Administration Act. It is not justifiable to argue that, since the plaintiff is not the owner of the land, he could have simply changed properties—a circumstance that is in itself extremely burdensome and unfeasible, given the inherent difficulty of finding available land suitable for sugarcane cultivation and the considerable number of years he has been engaged in this agricultural activity on that property. Thus, it is possible to identify an intense and singular sacrifice that the plaintiff company is not obligated to bear, which is the basis of the liability declared in this case, under the parameters of strict liability that applies to the Administration.La anormalidad de tal conducta, se deriva del hecho de que no es suficiente para la adecuada prestación de un servicio público de recolección de basura, que un ente municipal simplemente haga acopio de ella y la deposite sin tratamiento alguno en un terreno alquilado al efecto. No acreditó en el proceso la entidad accionada que a la basura se le estuviera dando la adecuada disposición, dándole un manejo técnico y vigilancia especial, conforme a las disposiciones que rigen los rellenos sanitarios, para evitar la contaminación, la afectación de los fundos vecinos y los daños al medio ambiente. En mérito de ello, constituye una conducta anómala, anormal e indebida el que simplemente se limite la Municipalidad a constituir un vertedero de desechos sin preparación previa y sin un control adecuado, incumpliéndose así el Reglamento sobre Rellenos Sanitarios, número 27378 del nueve de octubre de 1998, así como los ordinales 278 al 284 de la Ley General de Salud, vigentes al momento de los hechos, que expresamente obligan a utilizar los medios idóneos para la recolección, el transporte, acumulación, utilización, tratamiento y disposición final de la basura. Es claro para el Tribunal que la recolección y acopio de la basura de un cantón es una actividad lícita, pero debe realizarse en cumplimiento de una serie de requerimientos técnicos para disminuir no solo los riesgos en salud, sino también las afectaciones a terceros, que en este caso es evidente que no se cumplieron. Respecto al presupuesto de la Lesión o existencia de un daño antijurídico, efectivamente, de tal conducta administrativa se observa una afectación al señor C. en su esfera patrimonial, produciéndole una lesión antijurídica y resarcible que no tiene el deber de soportar (antijuridicidad objetiva), en los términos del ordinal 196 de la Ley General de la Administración Pública. Sin que sea justificable alegar que al no ser el propietario del fundo la actora, bien pudo haber cambiado de propiedad, circunstancia de por si sumamente gravosa no viable, debido a la dificultad intrínseca de encontrar terrenos disponibles y aptos para el cultivo de caña y debido a la considerable cantidad de años que lleva desarrollando tal actividad agrícola en dicho fundo. De manera que es posible ubicar un sacrificio intenso y singular que la sociedad actora no se encuentra en la obligación de soportar, siendo esta la base de la responsabilidad declarada en este caso, bajo los parámetros de la responsabilidad objetiva que cubre a la Administración.
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"No acreditó en el proceso la entidad accionada que a la basura se le estuviera dando la adecuada disposición, dándole un manejo técnico y vigilancia especial, conforme a las disposiciones que rigen los rellenos sanitarios, para evitar la contaminación, la afectación de los fundos vecinos y los daños al medio ambiente."
"The defendant entity did not prove in the proceedings that the waste was being given appropriate disposal, with technical handling and special monitoring, in accordance with the regulations governing sanitary landfills, to prevent pollution, harm to neighboring properties, and environmental damage."
Considerando II.2
"No acreditó en el proceso la entidad accionada que a la basura se le estuviera dando la adecuada disposición, dándole un manejo técnico y vigilancia especial, conforme a las disposiciones que rigen los rellenos sanitarios, para evitar la contaminación, la afectación de los fundos vecinos y los daños al medio ambiente."
Considerando II.2
"Se aprecia un evidente nexo causal, una relación de causa a efecto entre el hecho que se imputa y el daño producido que legitiman al promovente para incoar la acción indemnizatoria, y sin que hayan acontecido causales de exclusión del nexo de causalidad como la fuerza mayor y la culpa de la víctima que alegara la accionada."
"There is a clear causal link, a cause-and-effect relationship between the act being alleged and the harm produced, which entitles the plaintiff to bring the claim for damages, without any grounds to exclude the causal link such as force majeure or the victim's fault alleged by the defendant having occurred."
Considerando II.2
"Se aprecia un evidente nexo causal, una relación de causa a efecto entre el hecho que se imputa y el daño producido que legitiman al promovente para incoar la acción indemnizatoria, y sin que hayan acontecido causales de exclusión del nexo de causalidad como la fuerza mayor y la culpa de la víctima que alegara la accionada."
Considerando II.2
"El monto es adecuado en razón de que la afectación sufrida en sus cultivos es parcial y no total, al haberse dañado únicamente seis hectáreas de la totalidad del fundo sembrado, por lo que la indemnización otorgada solventa en su justa medida el perjuicio psicológico que se le hubiere causado por tal lesión parcial."
"The amount is appropriate because the harm suffered to his crops is partial and not total, only six hectares of the entire planted area having been damaged; therefore, the awarded compensation adequately addresses the psychological harm that would have been caused by such partial injury."
Considerando II.3
"El monto es adecuado en razón de que la afectación sufrida en sus cultivos es parcial y no total, al haberse dañado únicamente seis hectáreas de la totalidad del fundo sembrado, por lo que la indemnización otorgada solventa en su justa medida el perjuicio psicológico que se le hubiere causado por tal lesión parcial."
Considerando II.3
"La indexación tratándose de obligaciones de valor, debe correr a partir de la firmeza de la sentencia que las otorgue, sin que sea necesario trasladar tal data hasta que exista un monto concreto..."
"For value obligations, indexing should run from the date the judgment awarding them becomes final, without needing to postpone that date until a specific amount exists..."
Voto Salvado
"La indexación tratándose de obligaciones de valor, debe correr a partir de la firmeza de la sentencia que las otorgue, sin que sea necesario trasladar tal data hasta que exista un monto concreto..."
Voto Salvado
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**II) ON THE MERITS: II.1) REGARDING THE OBJECTIVE LIABILITY OF THE PUBLIC ADMINISTRATION AND EXEMPTING CAUSES OF LIABILITY:** Within the regime of so-called extracontractual civil liability, two types are distinguished: subjective liability, established in Article 1045 of the Civil Code, and objective liability, governed by Article 9 of the Political Constitution, Article 1048 of the Civil Code, and Article 190 and following of the General Law of Public Administration, providing that the State and its entities shall be liable for all damages caused by their legitimate or illegitimate, normal or abnormal functioning, except for force majeure (fuerza mayor), fault of the victim (culpa de la víctima), or act of a third party (hecho de un tercero). Thus, the party causing the injury shall compensate for it, unless it demonstrates an exonerating cause. Therefore, the Public Administration is liable for its lawful and normal conduct, when it issues a formal administrative act substantially in accordance with the legal system or omits to issue one, or through a permitted and normal material action or fact. On the other hand, liability is of an unlawful, abnormal, and formal nature when the administrative act is illegal, and non-formal when we are dealing with an unpermitted or abnormal material action. Consequently, the no-fault liability regime requires an abnormal damage or a special sacrifice that violates the principle of equality, and for its part, the regime for abnormal functioning requires a lack of service. Accordingly, for its occurrence, three essential requirements are needed: 1) An act or omission derived from the function or conduct of the Public Administration, whether omissive or active, formal or material, normal or abnormal, lawful or unlawful. 2) Injury or existence of an unlawful damage (daño antijurídico), a conduct by action or omission that infringes the legal system. Such injury affects the aggrieved party in their patrimonial or extra-patrimonial sphere, producing an unlawful and compensable injury that they have no duty to bear (objective unlawfulness - antijuridicidad objetiva), such being any conduct that by action or omission infringes objective law. Therefore, said injury must be certain, effective, real, assessable, individualizable, and not hypothetical, in accordance with Article 196 of the General Law of Public Administration. and 3) The Causal Nexus (Nexo causal), that is, a direct cause-and-effect relationship between the fact attributed and the damage produced that legitimizes the injury produced, without causes for exclusion of the causal link, due to the occurrence of an exempting situation such as force majeure (fuerza mayor), fault of the victim (culpa de la víctima), or act of a third party (hecho de un tercero). Regarding the causes that exclude the causal nexus, these include force majeure (fuerza mayor), which is understood as an act of nature, external, unforeseeable, and unavoidable; fault of the victim (culpa de la víctima) also applies, which occurs when through their own action, or through their inexcusable carelessness, negligence, and imprudence, they cause the injury, place themselves in a position conducive to it, and assume the risk and its harmful effects, foreseeing the eventuality or possibility of the contingency; and the act of a third party (hecho de un tercero), which is the action or omission of a person outside the triangular relationship between the Administration-official and the affected party, without whose participation the harmful event would not have occurred (First Chamber of the Supreme Court of Justice: number 025-F-99 of 14:15 hours on January 22, 1999, number 589-F-99 of 14:20 hours on October 1, 1999, and number 252-F-01 of 16:15 hours on March 28, 2001.).
**II.2) SPECIFIC CASE:** Applying the foregoing to the resolution of this matter, the petitioner is partially correct in her claims when filing suit with the object of having the liability of the Municipality of Pérez Zeledón declared for the payment of damages (daños y perjuicios) for the harm caused to her sugarcane crops due to the land on which said entity deposits garbage. As accredited in the proven facts, the testimonial statements gathered, and the legal basis expressed in the substantive consideration II.1, it is clear that the essential elements for determining the liability of the Municipality of Pérez Zeledón are present in this case. As observed, there is an abnormal material administrative action by said territorial entity, consisting of the municipal garbage dump that borders the property leased by the plaintiff for sugarcane cultivation being out in the open and exposed to the elements. In this regard, as determined in the second and third proven facts, the Municipality of Pérez Zeledón leased the properties of the Partido de San José, [...], for the purpose of using them for a sanitary landfill (relleno sanitario). However, on the land leased for this purpose by the Municipal entity, which borders the plaintiff's crops on the property of the Partido de San José, registration number [...] (fourth and fourteenth proven facts), the garbage is deposited in the open air (twentieth proven fact). This situation causes, due to the permanent exposure of the waste to the environment, the proliferation of vultures, scavengers, and feral dogs (twentieth proven fact). As stated by the witness Mr. D., "the dogs sunbathe in the furrows, there are flies, the garbage is scattered, the vultures fly in large flocks, and burnings are carried out." In the same sense, the expert Mr. R. is conclusive in his expert report and in the statements he made at trial, that due to the operation of the dump, there are problems with the invasion of scavengers, approximately two hundred feral dogs have proliferated, and a large number of vultures, so that there is no sanitary landfill (relleno sanitario), but rather an open-air garbage dump. Furthermore, as set forth in the nineteenth proven fact, the situation is aggravated because the boundaries between the garbage dump and the property leased by the plaintiff for sugarcane cultivation are composed of bushes, causing the garbage to cross over them. As expressed in his statement by Mr. D. and in his expert report by Engineer R., the existence of garbage on the boundary of his property with the municipal garbage dump is verified, and within the dump and in the sugarcane crops themselves, packs of vultures and feral dogs. Moreover, they state that on the land leased by the municipality, garbage can be seen in the open air with vultures, and a land depression, like a kind of large hole, which is covered with voluminous amounts of garbage and waste. The abnormality of such conduct derives from the fact that it is not sufficient for the adequate provision of a public garbage collection service for a municipal entity to simply amass it and deposit it without any treatment on land leased for that purpose. The defendant entity did not prove in the proceedings that the garbage was being given adequate disposal, with technical handling and special surveillance, in accordance with the provisions governing sanitary landfills (rellenos sanitarios), to prevent pollution, the impact on neighboring properties, and environmental damage. By virtue of this, it constitutes anomalous, abnormal, and improper conduct for the Municipality to simply set up a waste dump without prior preparation and without adequate control, thereby violating the Regulation on Sanitary Landfills (Reglamento sobre Rellenos Sanitarios), number 27378 of October 9, 1998, as well as Articles 278 to 284 of the General Health Law, in force at the time of the facts, which expressly obligate the use of suitable means for the collection, transport, accumulation, utilization, treatment, and final disposal of garbage. It is clear to the Court that the collection and accumulation of a canton's garbage is a lawful activity, but it must be carried out in compliance with a series of technical requirements to reduce not only health risks but also the impacts on third parties, which in this case it is evident were not met. Regarding the requirement of Injury or existence of an unlawful damage (daño antijurídico), indeed, from such administrative conduct, an impact on Mr. C.'s patrimonial sphere is observed, producing an unlawful and compensable injury that he has no duty to bear (objective unlawfulness - antijuridicidad objetiva), in the terms of Article 196 of the General Law of Public Administration. It is not justifiable to argue that since the plaintiff is not the owner of the property, she could have simply changed properties, a circumstance already extremely onerous and unviable, due to the intrinsic difficulty of finding available land suitable for sugarcane cultivation and due to the considerable number of years she has been developing such agricultural activity on said property. Thus, it is possible to identify an intense and singular sacrifice that the corporate plaintiff is not obligated to bear, this being the basis of the liability declared in this case, under the parameters of objective liability that covers the Administration. Therefore, the public entity was empowered to carry out its public activity, but assuming liability for the impacts it might have produced. Thus, in support of the foregoing, an evident causal nexus (nexo causal) is appreciated, a cause-and-effect relationship between the fact attributed and the damage produced, which legitimizes the petitioner to bring the indemnity action, without any causes for exclusion of the causal link having occurred, such as the force majeure (fuerza mayor) and fault of the victim (culpa de la víctima) alleged by the defendant. Now, from the study of the case file, it is not observed that unforeseeable and unavoidable acts of nature occurred that would exempt the Municipality of Pérez Zeledón from liability; rather, the packs of dogs, vultures, and flies have been generated and proliferated, as stated, due to the form and condition in which the garbage is found, being an evident source of attraction for such harmful situations. As established by the expert, it was because the Municipality of Pérez Zeledón did not have on those lands an adequate sanitary landfill (relleno sanitario) that complied with the aforementioned regulations governing the matter, in which the waste would be treated, but rather there was a mere dump and garbage deposit, that all these harmful events were generated for Mr. C.'s sugarcane harvests. Nor did the exoneration from liability due to the act of a third party (hecho de un tercero) occur in favor of the defendant, because the plaintiff did not generate any conduct that, through her inexcusable carelessness, negligence, and imprudence, produced the injury; rather, the impacts on her harvests were caused by the garbage deposit on the lands leased for that purpose by the Municipality of Pérez Zeledón, which bordered the lands where the plaintiff cultivates his crops. Regarding the injury generated to the plaintiff, this consists, as stated in proven facts twenty-one and twenty-two, in the damages caused to the six hectares of the petitioner's crops that border the garbage dump, implying a decrease in her income from the sale of the product and an increase in production costs, as is evident from the statements of Mr. D. and the expert report of Engineer R. Thus, the economic impact generates the aforementioned injury for the plaintiff. In addition, the proliferation of vultures and feral dogs has caused an impact on soil compaction, as well as through the creation of trails, dens, and excavations that these animals make on such lands. Although the lands leased by the petitioner for sugarcane cultivation total more than eighteen hectares, the impact is caused solely on the six hectares bordering the garbage dump, with the awarded compensation being limited solely to that extent and portion of planted land. In this regard, the expert report, which the Court endorses, is clear that the injury is that produced only on the six hectares bordering the garbage dump, in which damage has been generated through decreased income from harvests and increased planting and maintenance costs, the compensation period for which will be stated when resolving the statute of limitations defense raised by the defendant. However, what corresponds to the decrease in harvest income and increased planting and maintenance costs for the years subsequent to her lawsuit must be rejected as damage, as these are hypothetical, future, eventual, and uncertain events, not compensable as they do not meet the regulatory requirements of being certain, effective, real, assessable, and individualizable, under the terms of cited Article 196. Regarding the amount that will be taken as the basis for determining the compensable years, since the items to be awarded for each year, both for decreased income and increased planting costs for the six hectares, were not sufficiently clear, its determination will be left for the judgment execution stage. In this case, a specific amount of damages (daños y perjuicios) in favor of the plaintiff was not concretely established, given the insufficient evidence; despite this, the existence of the damage is evident to the Chamber. All of which allows its recognition in the abstract, to be liquidated, and its quantum determined in execution of judgment, allowing compliance with effective judicial protection under Article 41 of the Constitution and Article 122 of the Contentious Administrative Procedure Code. Furthermore, the sums established must be indexed in the terms of Article 123 of the Contentious Administrative Procedure Code from the date the judgment concretely establishing them becomes final and until their effective payment. Likewise, civil legal interest must be recognized, in accordance with Article 1163 of the Civil Code, on said amounts from the date the judgment becomes final and until their effective payment.
**II.3) REGARDING THE CLAIMED SUBJECTIVE MORAL DAMAGE (DAÑO MORAL SUBJETIVO):** The plaintiff claims for subjective moral damage (daño moral subjetivo) due to the municipal actions, the sum of fifteen million colones. In this regard, it must be noted that a simple presumption of man is sufficient to prove it, and that the judge, as an expert of experts, is capable of establishing its quantum, because it presupposes an unjust disturbance of mental conditions and does not require direct proof, remaining subject to the equitable assessment of the judge (Vote of the First Chamber of the Supreme Court of Justice number 555-F-99 of 15:15 hours on September 16, 1999). Thus, its determination is subject to the nature of the facts, the type of impact, and the principles of reasonableness, proportionality, sound judgment, logic, justice, and prudence, which limit the judge's discretion. By virtue of this, taking into consideration that the fact that his crops were damaged for several years as a direct consequence of the garbage deposit and that he had to morally suffer the invasion of feral dogs, damage from scavengers, vultures, and the surrounding garbage clearly implies an evident emotional impact, it is therefore adequate and reasonable to grant the petitioner the amount of five hundred thousand colones for subjective moral damage (daño moral subjetivo), a sum that must be indexed in the terms of Article 123 of the Contentious Administrative Procedure Code from the date the judgment concretely establishing it becomes final and until its effective payment, with the recognition of civil legal interest, in accordance with Article 1163 of the Civil Code, on said amount from the date the judgment becomes final and until its effective payment. The in re ipsa determination of such amount, set on a prudential basis, is justified by the fact that it is an adequate, proportional, and reasonable sum given the emotional impact, worry, sadness, and anxiety that an event of this nature causes a farmer who constantly ensures that the fruit of his labor is rewarded with an adequate production, such that anomalous situations like those described, involving pest invasion resulting from the garbage deposit, frustrate his legitimate aspirations. The amount is adequate considering that the impact suffered on his crops is partial and not total, as only six hectares of the total planted property were damaged, so the awarded compensation adequately addresses, to its fair extent, the psychological harm that was caused to him by such partial injury.
**II.4) REGARDING THE STATUTE OF LIMITATIONS DEFENSE RAISED BY THE DEFENDANT:** Extinctive, negative, or liberatory prescription (prescripción) aims to protect social order and security in legal relations. It is defined as a period of time established by the legal system to claim a right, and its existence is based on reasons of legal certainty. Its essential elements are the passage of time, the inactivity of the right holder, and the will of the beneficiary to assert it, whether by means of an action or a defense. It is characterized by eliminating an objective situation of uncertainty; it is a means of extinguishing obligations; it is not declarable ex officio, only at the request of the interested party; it can be tacitly or expressly waived provided it is not done in advance; and it can be interrupted and suspended (See in this regard the judgment of the First Chamber of the Supreme Court of Justice No. 120 of 15:00 hours on July 20, 1992). "In general terms, the statute of limitations runs from the day on which the right could have been asserted or, what is the same, from the moment the action or right was born." (Pérez Vargas Víctor. Derecho Privado. Litografía e imprenta Lil. 1994. Third edition. San José, Costa Rica, page 199.), however, it can be interrupted or suspended, which constitutes an impediment to its course that hinders the emergence of the situation requiring fulfillment, so that when the interruption of the statute of limitations occurs "the period begins to run anew without the time prior to the interruption being able to be added." (Pérez Vargas Víctor, Op. Cit. page 203). The causes for interruption are expressly established by Articles 875, 876, and 879 of the Procedural Code, stating: ARTICLE 875.- "Acquisitive prescription is interrupted when the possessor is deprived of possession of the thing or enjoyment of the right for one year, unless he recovers one or the other judicially. ARTICLE 876.- All prescription is civilly interrupted: 1.- By the tacit or express acknowledgment that the possessor or debtor makes in favor of the owner or creditor of the property or right that is being prescribed; and 2.- By the judicial summons, attachment, or sequestration notified to the possessor or debtor. ARTICLE 879.- Negative prescription is also interrupted by any judicial or extrajudicial action for the collection of the debt and fulfillment of the obligation. For its part, regarding the suspension of the statute of limitations, "the right is already exigible, it has already been born into legal life; however, the exercise thereof becomes hindered by the special situation of the subject or subjects of the relationship (...) these are cases in which the statute of limitations does not run (...) which gives rise to two possibilities: a) if the cause for suspension pre-exists the enforceability of the legal situation, it operates analogously to the so-called impediment: the time of the statute of limitations begins to run from the moment the cause disappears; b) when the cause for suspension supervenes, the period during which the cause subsists is not counted and is added to the subsequent time." (Pérez Vargas Víctor, Op. Cit. pages 201 and 202), due to an impossibility for the exercise of the right, which are indicated by Article 880 of the Procedural Code, providing: "The statute of limitations does not run: 1.- Against minors and incapacitated persons during the time they are without a guardian or curator to represent them according to law. 2.- Between parents and children during parental authority. 3.- Between minors and incapacitated persons and their guardians or curators, while the guardianship or curatorship lasts. 4.- Against military personnel in active service in time of war, both within and outside the Republic. 5.- Against an unclaimed estate, as long as there is no executor who has accepted. 6.- Against day laborers and domestic servants, regarding their wages or salaries, as long as they continue working or serving the party owing them. 7.- In favor of the debtor who has prevented the exercise of a creditor's action through illicit acts." The normative basis for the statute of limitations in matters of Public Administration liability is regulated in Articles 190 to 213 of the General Law of Public Administration, providing that the right to claim compensation from the Administration shall prescribe in four years, counted from the event giving rise to the liability. However, as established by the First Chamber of the Supreme Court of Justice in vote number 606-F-2002 of 16:10 hours on August 7, 2002, in the case of civil treasury proceedings, it must be considered that the damage occurs or becomes evident some time after the conduct occurred, for which reason such extinctive term shall run from when there is certainty or knowledge of the harmful events. Applying the foregoing to this matter, we have that the defendant entity raises the statute of limitations defense, stating, in the terms of Article 198 of the General Law of Public Administration, that claims exceeding four years from the filing of the lawsuit must be declared time-barred. In this regard, the statute of limitations defense must be partially upheld, but not from the date expressed by the defendant, but rather from four years prior to when the administrative claim was filed before the Municipality of Pérez Zeledón. As seen in the eleventh proven fact, the petitioner, through a brief filed before the Municipality of Pérez Zeledón on July 30, 2009, filed an administrative claim for damages (daños y perjuicios) in which she states having suffered damage to her crops on the farm located in Pérez Zeledón under registration number [...], adjacent to the garbage dump, said legal act being an efficient cause to interrupt the statute of limitations, as expressed in Article 879 of the Civil Code. By virtue of this, all damage and injury claimed by the plaintiff prior to July 30, 2005, must be declared time-barred. Thus, the damages generated by the fire that the plaintiff states occurred in the garbage dump, as determined in proven facts five through twelve, as well as the damages to the dividing fence that she states was burned in the 1999 fire, are time-barred." ...
**VOTO SALVADO** I concur with my colleagues in the vote; however, I depart regarding the interpretation made regarding the point in time from which the indexation of the sums awarded in the judgment runs, which, according to the respectable majority position, is from the date the judgment concretely establishing them becomes final. However, for the undersigned, indexation, in the case of obligations of value, should run from the date the judgment awarding them becomes final, without it being necessary to postpone that date until a concrete amount exists, and in the case of monetary obligations, from when the expenditure was incurred. Thus, the correct approach to establish comprehensive and full compensation, and to avoid causing harm to the litigant, is that it must be indexed from the moment the obligation is established, dictated, and recognized. Due to the nature of this institute, which seeks to update pre-existing monetary obligations to present value or to update obligations of value recognized in a judgment to the time of its issuance, its application, in the case of obligations declared in the abstract, should not be subject to the finality of the execution judgment that defines its amount, because the right has already been declared and established. Likewise, if the compensation amount has already been defined in the judgment, as in the present case where the amount of five hundred thousand colones was awarded for moral damage (daño moral), there is even less reason to postpone the mandatory duty to index such items to later stages to the detriment of the successful party. Although Article 123 of the Contentious Administrative Procedure Code is clear that the monetary obligation recognized in the judgment shall be updated from the date of its enforceability, Article 124, first and second paragraphs, regarding obligations of value, states that once converted into effective money, the executing judge shall update it, but does not indicate from when. For this reason, the logical interpretation, based on the principle of comprehensive and full reparation, is that since the date of its determination in execution and subsequent payment is deferred in time, it is reasonable that the update occurs from when it was declared in the judgment and until its effective payment. Ergo, in the case of obligations of value whose amount is fixed in the judgment awarding them, there is even less reason to defer their indexation to later stages. Although the legal precept provides that once the obligation of value is converted into a monetary one, it shall be updated, this is because, for logical reasons, the indexation operation cannot be applied to an unquantified item, but that does not imply that such update should run only until the execution judge establishes its amount.
That this proceeding was declared complex in nature, in accordance with Article 111 of the Code of Contentious Administrative Procedure, and the judgment has been issued in accordance with section 47 of its regulations.
IV.In the proceedings, the applicable legal requirements have been observed, and no defects or omissions likely to produce nullity of the actions taken or defenselessness to the parties are noted. This decision is issued after deliberation, within the legal term, and by majority.
Drafted by Judge Espinoza Salas, except regarding the time period from which indexation applies and, Nombre147 C O N S I D E R S I)- REGARDING THE FACTS: I.1)- PROVEN FACTS: The following facts of interest for the resolution of this matter are deemed proven, as they are consistent with the elements of conviction cited in their support: 1) That by means of a property lease contract entered into in 1991, between the M.S.A. and Mr. Nombre147., the former, in its capacity as owner of the property in Partido de San José, […], leases four hectares of this property to Mr. Nombre147. for the purpose of sugar cane cultivation, which will be extended to eight hectares in 1992 (folio 6 of the administrative claim file for damages and losses). 2) That by lease contract number AJ-3262 executed on June 23, 1997, the Municipalidad del Pérez Zeledón rented the property registered under real folio number […], owned by Mrs. Nombre317., […], to be used as a sanitary landfill (folios 135 to 148 of the case file). 3) That by lease contract number AJ-3901 executed on July 31, 1998, the Municipalidad del Pérez Zeledón rented the property registered under […], owned by Mr. Nombre33221., to be used as a sanitary landfill (folios 118 to 119, 131 to 134 of the case file, as well as ). 4) That by a private contract executed on November 6, 1998, between Mr. Nombre317. and Mr. Nombre147., they agreed to a lease contract by which Mrs. Nombre317. leases six hectares of the property located in Partido de San José, registered under real folio number […], for the sum of ninety thousand colones annually, for the purpose of sugar cane planting for a period of five years (folio 355 front and back of the case file). 5) That the plaintiff filed a criminal complaint on March 8, 1999, before the Prosecutor's Office of Pérez Zeledón, in order to investigate the events that occurred on the occasion of the fire produced at the municipal garbage dump, processed under case file number 99-243-064-PE (folios 301 to 308 of the main file). 6) That by resolution at 8:30 a.m. on April 19, 1999, the Criminal Court of Pérez Zeledón ordered the dismissal of the cause processed under case file number 99-243-064-PE, for the crime of damages (folio 309 of the case file). 7) That by means of a written claim dated July 20, 1999, Mr. Nombre147. filed an administrative claim against the Municipalidad de Pérez Zeledón, alleging that he must be paid damages and losses resulting from a fire that occurred at the entity's sanitary landfill (folios 287 to 291 of the sub judice file). 8) That by resolution at 12:37 p.m. on August 25, 1999, the Office of the Municipal Mayor denied the claim filed by Mr. Nombre147. for damages and losses to his cane field due to a fire that allegedly occurred at the sanitary landfill located in Pavones (folios 277 to 281 of the case file). 9) That by resolution at twelve-ten p.m. on October 7, 1999, the Office of the Mayor of Pérez Zeledón rejected the appeal for reconsideration filed by the plaintiff against the resolution at 12:30 p.m. on August 25, 1999, arguing that it had not been proven that there was a relationship between the damage caused to the cane field and the fire (folios 270 to 271 of the sub judice file). 10) That in Article 4), subsection 2), of session 097-99 held by the Municipal Council of Pérez Zeledón on November 23, 1999, the appeal filed by Nombre111923 against the denial of the claim for damages and losses due to the fire he alleges occurred at the sanitary landfill was rejected (folios 256 to 257 of the case file). 11) That by a written claim dated December 8, 1999, Mr. Nombre147. filed an appeal for reconsideration with a subsidiary appeal against the agreement adopted in subsection 2), Article four of session 097-99 held at the Municipalidad de Pérez Zeledón on November 23, 1999 (folios 243 to 255 of the sub judice file). 12) That in Article 5), subsection 7) of ordinary session 101-99, held by the Municipal Council on December 14, 1999, the appeal for reconsideration with a subsidiary appeal filed by Mr. Nombre147. against subsection 2), Article four of session 097-99 held at the Municipalidad de Pérez Zeledón on November 23, 1999, was denied, and the administrative remedy was deemed exhausted (folio 239 of the main file). 13) That by means of a written claim filed before the Municipalidad de Pérez Zeledón on July 30, 2009, Mr. Nombre147. filed an administrative claim for damages and losses in which he states he suffered damage to his crops on the farm located in Pérez Zeledón registered under number […], adjacent to the garbage dump (folios 1 to 2 of the administrative claim file for damages and losses). 14) That by a property lease contract executed on June 7, 2002, between Mrs. Nombre317. and Mr. Nombre147., the former, in her capacity as owner of the property in Partido de San José, registration […], leases six hectares of this property to Mr. Nombre147. for the purpose of sugar cane cultivation for a term of ten years starting from June 25, 2003 (folios 3 to 5 of the administrative claim file for damages and losses). 15) That the Legal Affairs Commission of the Municipalidad de Pérez Zeledón, in official letter TRA-1017-09-SSC of August 4, 2009, resolved to reject the administrative claim for damages and losses filed by the plaintiff (folios 14 to 16 of the administrative claim file for damages and losses). 16) That in ordinary session 173-09, Article 5), subsection 3), held on August 18, 2009, the Municipal Council of the Municipalidad de Pérez Zeledón forwarded the administrative claim for damages and losses filed by Mr. Nombre147. (folios 8 to 9 of the administrative claim file for damages and losses). 17) That in ordinary session 190-09, Article 4), subsection 9), held on December 15, 2009, the Municipal Council of the Municipalidad de Pérez Zeledón denied the administrative claim for damages and losses filed by Mr. Nombre147. (folios 19 to 20 of the administrative claim file for damages and losses). 18) That the garbage deposit located on the lands leased by the Municipalidad de Pérez Zeledón is adjacent to the property of Partido de San José, registration [...], leased for sugar cane cultivation by Mr. Nombre147. (statement of Mr. Nombre3640. and expert report of Engineer R.). 19) That between the garbage deposit located on the lands leased by the Municipalidad de Pérez Zeledón and the property leased by the plaintiff for sugar cane cultivation, the boundaries are composed of shrubs, causing garbage to cross over them (statement of Mr. Nombre3640. and expert report of Engineer R.). 20) That the garbage deposited by the Municipalidad de Pérez Zeledón, on the land adjacent to the plaintiff's crops, is out in the open and exposed to the open air, which generates the proliferation of vultures (zopilotes), flies, scavengers (buzos), and feral dogs (statement of Mr. D. and expert report of Engineer R.). 21) That the vultures (zopilotes) and feral dogs have caused damage to the soil compaction, as well as through the creation of trails (trillos), burrows (madrigueras), and excavations that these animals make in six hectares of the sugar cane crops cultivated by the plaintiff (statement of Mr. D. and expert report of Engineer R.). 22) That the damages caused to the six hectares of the plaintiff's crops have resulted in a decrease in income from the sale of the product and an increase in production costs (statement of Mr. D. and expert report of Engineer R.).
I.2)- UNPROVEN FACTS: The plaintiff did not prove: The specific scope of the damages and losses suffered by the plaintiff company (the case file).
The Municipalidad de Pérez Zeledón did not prove: 1) That there was fault of the victim or force majeure situations in the damages caused by the garbage deposit of the Municipalidad de Pérez Zeledón to the sugar cane crops that the plaintiff cultivates on the property of Partido de San José, registration […] (the case file). 2) That the garbage deposit adjacent to the property leased by the plaintiff was given technical, special, and adequate treatment of the waste to prevent the spread of scavengers (buzos), feral dogs, and vultures (zopilotes) (the case file).
I.3)- EVIDENCE FOR BETTER RESOLUTION: In the oral trial, the documentation appearing at folios 238 to 355 of the case file was admitted as evidence for better resolution, in accordance with section 50.2 of the Code of Contentious Administrative Procedure. Likewise, the testimony of Nombre33221 Mr. Nombre5307 was deemed withdrawn.
II.2) SPECIFIC CASE: Applying the foregoing to the resolution of this matter, we find that the plaintiff is partially correct in her claims when suing for the purpose of having the liability declared against the Municipalidad de Pérez Zeledón for the payment of damages and losses for the damages caused to her sugar cane crops due to the land on which said entity deposits garbage. As accredited in the proven facts, the testimonial statements gathered, and the legal basis expressed in the substantive Considerando II.1, it is clear that the essential elements to determine the liability of the Municipalidad de Pérez Zeledón occur in this case. As observed, there is abnormal material administrative action by this territorial entity, consisting of the fact that the municipal garbage deposit adjacent to the property leased by the plaintiff for sugar cane cultivation is out in the open (a la interperie) and open-air (a cielo abierto). In this regard, as determined in proven facts two and three, the Municipalidad de Pérez Zeledón leased the properties of Partido de San José, […], for the purpose of using them as a sanitary landfill. However, on the land leased for this purpose by the Municipal entity and adjacent to the plaintiff's crops on the property of Partido de San José, registration […] (proven facts four and fourteen), the garbage is deposited in the open air (proven fact twenty). This situation causes, due to the permanent exposure of the waste to the environment, the proliferation of vultures (zopilotes), scavengers (buzos), and feral dogs (proven fact twenty). As expressed by witness Nombre111924: "the dogs bask in the furrows, there are flies, the garbage is strewn about, the vultures fly in large flocks, and burnings are performed." In the same vein, the expert Mr. Nombre5836 is conclusive in his expert report and in the statements made at trial that, due to the operation of the garbage dump, there are problems due to the invasion of scavengers (buzos), approximately two hundred feral dogs have proliferated, and a large number of vultures (zopilotes), such that a sanitary landfill does not exist, but rather a garbage dump (botadero de basura). Furthermore, as stated in proven fact nineteen, the situation is aggravated because between the garbage deposit and the property leased by the plaintiff for sugar cane cultivation, the boundaries are composed of shrubs, causing garbage to cross over them. As expressed in his statement by Mr. Nombre111925 and in his expert report by Engineer Nombre5836, the existence of garbage along the boundary of his property with the municipal garbage dump is verified, and within the dump and in the sugar cane crops themselves, packs of vultures (zopilotes) and feral dogs. Additionally, they state that on the land leased by the municipality, garbage can be seen in the open air with vultures, and a ground unevenness like a kind of large hole covered with voluminous amounts of garbage and waste. The abnormality of such conduct derives from the fact that it is not sufficient for the adequate provision of a public garbage collection service for a municipal entity to simply collect it and deposit it without any treatment on land leased for this purpose. The sued entity did not prove in the proceedings that the garbage was being given adequate disposal, with technical management and special oversight, in accordance with the provisions governing sanitary landfills, to avoid contamination, the impact on neighboring properties, and environmental damages. By virtue of this, it constitutes anomalous, abnormal, and improper conduct for the Municipality to simply limit itself to establishing a waste dump without prior preparation and without adequate control, thereby violating the Regulation on Sanitary Landfills, number 27378 of October 9, 1998, as well as sections 278 to 284 of the General Health Law, in force at the time of the events, which expressly require the use of suitable means for the collection, transport, accumulation, utilization, treatment, and final disposal of garbage. It is clear to the Court that the collection and accumulation of a canton's garbage is a lawful activity, but it must be carried out in compliance with a series of technical requirements to reduce not only health risks but also impacts on third parties, which in this case, evidently were not met. Regarding the element of Injury or the existence of unlawful damage, indeed, from such administrative conduct, an impact on Mr. Nombre147. is observed in his pecuniary sphere, producing an unlawful and compensable injury that he has no duty to bear (objective unlawfulness), in the terms of section 196 of the General Law of Public Administration. It is not justifiable to argue that since the plaintiff is not the owner of the property, she could have changed properties, a circumstance in itself extremely onerous and not feasible, due to the intrinsic difficulty of finding available land suitable for cane cultivation and due to the considerable number of years she has been carrying out this agricultural activity on said property. Thus, it is possible to identify an intense and singular sacrifice that the plaintiff company is not obligated to bear, this being the basis of the liability declared in this case, under the parameters of strict liability that covers the Administration. Therefore, the public entity was authorized to deploy its public activity, but assuming the liability for the damages it may have caused. Consequently, in support of the foregoing, an evident causal link is observed, a cause-and-effect relationship between the alleged act and the damage produced that legitimizes the claimant to file the indemnification action, and without causes excluding the causal link, such as force majeure and fault of the victim, as alleged by the sued party, having occurred. Now, from the study of the case file, it is not observed that unforeseeable and unavoidable acts of nature occurred that would exempt the Municipalidad de Pérez Zeledón from liability. Instead, the packs of dogs, vultures, and the flies have been generated and proliferated, as stated, due to the manner and condition in which the garbage is found, being an obvious source of attraction for such harmful situations. As established by the expert, because the Municipalidad de Pérez Zeledón did not have an adequate sanitary landfill on said lands that complied with the aforementioned regulations governing the matter, in which the waste would be treated, but rather there was merely a garbage dump and deposit, all these harmful events for Nombre111923's sugar cane harvests were generated. The exonerating cause of an act of a third party also did not occur in favor of the sued party, because the plaintiff has not generated any conduct that, through her inexcusable oversight, negligence, and imprudence, could have produced the injury. Rather, the damages to her harvests were produced by the garbage deposit on the lands leased for this purpose by the Municipalidad de Pérez Zeledón, which were adjacent to the lands where the plaintiff cultivates his crops. Regarding the injury caused to the plaintiff, this consists, as stated in proven facts twenty-one and twenty-two, of the damages caused to the six hectares of the plaintiff's crops that are adjacent to the garbage deposit, resulting in a decrease in income from the sale of the product and an increase in production costs, as deduced from the statements of Mr. Nombre3640 and the expert report of Engineer Nombre5836. Thus, the economic impact generates the aforementioned injury for the plaintiff. Additionally, the proliferation of vultures and feral dogs has caused damage to soil compaction, as well as through the creation of trails (trillos), burrows (madrigueras), and excavations that these animals make on said lands. Although the lands leased by the claimant for sugar cane cultivation total more than eighteen hectares, damage is caused only to the six hectares adjacent to the garbage deposit, and the indemnification granted is limited solely to that magnitude and portion of planted land. In this regard, the expert report is clear, and the Court endorses it, regarding the fact that the injury is only that produced on the six hectares adjacent to the garbage deposit, where damages have been generated due to a decrease in harvest income and an increase in planting and maintenance costs, the indemnification period for which will be expressed when ruling on the exception of statute of limitations raised by the sued party. However, the amount corresponding to the decrease in harvest income and increase in planting and maintenance costs for the years after her lawsuit must be rejected as damages, as these are hypothetical, future, eventual, and uncertain events, not compensable as they do not meet the normative requirements of being certain, effective, real, assessable, and individualizable, according to the terms of cited section 196. Regarding the amount to be taken as a basis for setting the indemnifiable years, since the items to be granted for each year for both the decrease in income and the increase in planting costs for the six hectares were not sufficiently clear, their determination will be deferred to the enforcement of judgment stage. In this case, a specific amount of damages and losses in favor of the plaintiff is not established concretely, due to the insufficiency of evidence; despite this, the existence of the damage is evident to the court. All of which allows its recognition in the abstract, to be liquidated, and its quantum determined in enforcement of judgment, allowing compliance with effective judicial protection under Article 41 of the Constitution and Article 122 of the Code of Contentious Administrative Procedure. In addition, the sums established must be indexed in the terms of section 123 of the Code of Contentious Administrative Procedure, starting from the finality of the judgment that establishes them concretely and until their effective payment. Likewise, civil legal interest must be recognized, according to section 1163 of the Civil Code, on said amounts, starting from the finality of the judgment and until their effective payment.
II.3) REGARDING THE CLAIMED SUBJECTIVE MORAL DAMAGES: The plaintiff claims, as subjective moral damages for the municipal actions, the sum of fifteen million colones. In this regard, it should be noted that a simple presumption of fact is sufficient to prove the same, and that the judge, as an expert of experts, is capable of establishing its quantum, because it presumes an unjust disturbance of mental and emotional conditions and does not require direct proof, being left to the equitable assessment of the judge (Ruling of the First Division of the Supreme Court of Justice number 555-F-99 of 3:15 p.m. on September 16, 1999). Therefore, its determination is subject to the nature of the facts, the type of impact, and the principles of reasonableness, proportionality, sound judgment, logic, justice, and prudence, which limit the judge's discretion. By virtue of this, taking into consideration that the fact that her crops have been damaged for several years as a direct consequence of the garbage deposit and that she has had to morally suffer the invasion of feral dogs, damages from scavengers (buzos), vultures (zopilotes), and the surrounding garbage indeed implies an evident emotional impact, it is therefore appropriate and reasonable to grant the plaintiff the amount of five hundred thousand colones for subjective moral damages, a sum that must be indexed in the terms of section 123 of the Code of Contentious Administrative Procedure, starting from the finality of the judgment that establishes it concretely and until its effective payment, with the recognition of civil legal interest, according to section 1163 of the Civil Code, on said amount, starting from the finality of the judgment and until its effective payment. The in re ipsa determination of such amount, fixed in a prudential manner, is justified by the fact that it is an adequate, proportional, and reasonable sum due to the emotional impact, worry, sadness, and anxiety that an event of this nature causes the farmer, who constantly ensures that the fruit of his labor is rewarded with adequate production, such that anomalous situations like those expressed, invasion of pests resulting from the garbage deposit, frustrate his legitimate aspirations. The amount is adequate because the damage suffered to her crops is partial and not total, only six hectares of the total planted land having been damaged, so the indemnification granted compensates in its fair measure the psychological harm that may have been caused by such partial injury.
II.4) REGARDING THE EXCEPTION OF STATUTE OF LIMITATIONS FILED BY THE SUED PARTY: The extinctive statute of limitations, negative or liberatory, aims to protect social order and security in legal relationships. It is defined as a period of time established by the legal system in order to claim a right, and its existence is based on reasons of legal certainty. Its essential elements are the passage of time, the inertia of the right holder, and the will of the favored party to invoke it, either through an action or an exception. It is characterized by eliminating an objective situation of uncertainty; it is a means of extinguishing obligations; it is not declarable ex officio, only at the request of an interested party; it can be waived tacitly or expressly provided it is not done in advance; and it can be interrupted and suspended. (See, in this regard, judgment of the First Division of the Supreme Court of Justice No. 120 of 3:00 p.m. on July 20, 1992). "In general terms, prescription runs from the day on which the right could have been asserted or, which is the same thing, from the time the action or right arose." (Pérez Vargas Víctor. Derecho Privado. Litografía e imprenta Lil. 1994. Third edition. San José, Costa Rica, page 199). However, it can be interrupted or suspended, which constitutes an impediment to its course that prevents the emergence of the exigible situation, such that when the interruption of the statute of limitations occurs, "the term begins to run again without being able to add the time prior to the interruption." (Pérez Vargas Víctor, Op. Cit. page 203). The causes of interruption are expressly established by sections 875, 876, and 879 of the procedural Code, stating: ARTICLE 875.- "Positive prescription is interrupted when the possessor is deprived of possession of the thing or the enjoyment of the right for one year, unless he recovers one or the other judicially. ARTICLE 876.- All prescription is interrupted civilly: 1º.- By the tacit or express acknowledgment that the possessor or debtor makes in favor of the owner or creditor of the property or right that is intended to be prescribed; and 2º.- By the judicial summons, attachment, or seizure notified to the possessor or debtor. ARTICLE 879.- Negative prescription is also interrupted by any judicial or extrajudicial action for the collection of the debt and fulfillment of the obligation. For its part, regarding the suspension of the statute of limitations, "the right is already exigible, has already been born into legal life; however, the exercise thereof becomes hindered by the special situation of the subject or subjects of the relationship (...) these are cases in which prescription does not run (...) which gives rise to two possibilities: a) if the cause of suspension pre-exists the exigibility of the legal situation, it operates analogously to what is called an impediment: the time of prescription begins to run from the moment the cause disappears; b) when the cause of suspension supervenes, the period during which the cause subsists is not counted and is added to the subsequent time." (Pérez Vargas Víctor, Op. Cit. pages 201 and 202), due to the existence of an impossibility for the exercise of the right, which are indicated by section 880 of the procedural Code, providing: "Prescription does not run: 1º.- Against minors and incapacitated persons during the time they are without a guardian or curator to represent them according to law. 2º.- Between parents and children during parental authority." 3º.- Between minors and incapacitated persons and their guardians or conservators, while the guardianship or conservatorship lasts. 4º.- Against military personnel in active service in time of war, both within and outside the Republic. 5º.- Against the unadministered inheritance, as long as there is no executor who has accepted. 6º.- Against day laborers and domestic servants, with respect to their wages or salaries, as long as they continue working or serving the person who owes them. 7º.- In favor of the debtor who by illicit acts has prevented a creditor from exercising a right of action." The normative basis for the statute of limitations (prescripción) in matters of Public Administration liability is regulated in Articles 190 to 213 of the General Public Administration Law (Ley General de la Administración Pública), which provide that the right to claim indemnification from the Administration shall be barred by the statute of limitations (prescribirá) in four years counted from the event giving rise to liability. However, as determined by the First Chamber of the Supreme Court of Justice in vote number 606-F-2002 of 16:10 on August 7, 2002, in civil exchequer proceedings (procesos civiles de hacienda), it must be taken into consideration that the damage occurs or becomes evident some time after the conduct took place, for which reason such extinction period shall run from when certainty or knowledge of the harmful events is obtained. Applying the foregoing to the present matter, we have that the defendant entity raises the statute of limitations defense (excepción de prescripción), stating in the terms of Article 198 of the General Public Administration Law that claims exceeding four years from the filing of the lawsuit must be declared time-barred (prescritos). In this regard, the statute of limitations defense must be partially granted, but not from the date expressed by the defendant, but rather from four years prior to the filing of the administrative claim (reclamo administrativo) before the Municipality of Pérez Zeledón. As seen in proven fact eleven, the plaintiff, through a petition filed before the Municipality of Pérez Zeledón on July 30, 2009, brought an administrative claim for damages (daños y perjuicios) in which she states having received damage to her crops on the farm located in Pérez Zeledón under registration number […], adjacent to the garbage dump, said juridical act being an effective cause to interrupt the statute of limitations (prescripción), as expressed in Article 879 of the Civil Code. By virtue thereof, all damage and injury claimed by the plaintiff prior to July 30, 2005, must be declared time-barred. This being the case, the damages caused by the fire that the plaintiff states occurred at the garbage dump, as determined in proven facts five through twelve, as well as the damage to the dividing fence which she states was burned in the 1999 fire, are time-barred.
II.5)- DEFENSES: The defendant raises the defenses of lack of right (falta de derecho), lack of standing to sue and lack of standing to be sued (falta de legitimación activa y pasiva), and lack of present interest (falta de interés actual); it also alleges the statute of limitations (prescripción) of any right predating four years prior to the filing of the lawsuit, and requests in the hearing that the failure to exhaust administrative remedies (agotamiento de la vía administrativa), previously denied in an interlocutory decision, be granted. In this regard, it must be noted that the rejection of the preliminary defense of failure to exhaust administrative remedies (falta de agotamiento de la vía administrativa) indeed stands. In ordinary civil exchequer proceedings like the present one, in which there is no challenge of municipal resolutions at issue, the mandatory exhaustion of administrative remedies does not apply. As well stated by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice in vote 3669-2006 of 15:00 on March 15, 2006, exhaustion of administrative remedies is optional and not mandatory, and it will only be required when challenging municipal resolutions in the terms of Article 173 of the Constitution or, in accordance with Article 184 of the Constitution, in matters of administrative contracting, disappearing in other cases as a mandatory prerequisite for the admissibility of an administrative contentious proceeding. This being so, in claims for compensation like the present one, in which the strict liability (responsabilidad objetiva) of the municipal entity is discussed and there is no challenge of municipal resolutions at issue, it is proper that the duty to exhaust administrative remedies should not be required, because the legality of the administrative act issued is not under discussion, but rather the civil liability of the municipal entity. Regarding the defense of lack of standing to sue and lack of standing to be sued, it is rejected, given that by reason of the damages claimed by the plaintiff, resulting from the impact on her sugarcane crops from the garbage dump of said municipal entity, the status of the plaintiff as having standing to sue (legitimado activo) and of the cited Municipality as defendant is established. Although the plaintiff is not the owner of the affected property, she holds a lease agreement which confers upon her a subjective right to bring the present action. Regarding the lack of present interest, it is rejected; without a doubt, there existed a real necessity, a utility, a legitimate benefit for the plaintiff at the time of filing the lawsuit, to request the claim exercised in the proceedings, which is maintained at the time of issuing the judgment. Finally, based on the foregoing, the defense of lack of right (falta de derecho) raised by the defendant is partially rejected, being understood as granted in what is not expressly conceded, because in accordance with the cited regulations, evidence provided, and the factual grounds set forth, the right invoked by the plaintiff partially supports her claims, which, as stated, emanate from Article 190 et seq. of the General Public Administration Law, in that she has been caused damages by the administrative conduct under reproach.
THEREFORE:
By majority, the defenses of lack of standing to sue and lack of standing to be sued, as well as the lack of present interest, are rejected. The action brought by Mr. Nombre147 against Nombre33221 a Municipality of Pérez Zeledón is partially granted, with the defense of lack of right being partially granted in what is not expressly awarded and denied in what is conceded. Consequently, Nombre33221 a Municipality of Pérez Zeledón is ordered to pay Mr. Nombre147 the damages (daños y perjuicios) caused to his sugar harvest from July 30, 2005, through August 5, 2010, consisting of the decrease in his income from the sale of the product and the increase in the production costs of six hectares, a sum to be determined in the sentence enforcement stage (etapa de ejecución de sentencia) and which must be indexed (indexada) from the finality (firmeza) of the judgment that concretely establishes them until its effective payment, as well as the recognition of civil legal interest, in accordance with Article 1163 of the Civil Code, from the finality of the judgment until its effective payment. Moreover, Nombre33221 a Municipality of Pérez Zeledón is ordered to pay Mr. Nombre147, for subjective moral damages (daño moral subjetivo), the sum of five hundred thousand colones, an amount that must be indexed from the finality of the judgment that concretely establishes it until its effective payment, as well as the recognition of civil legal interest, in accordance with Article 1163 of the Civil Code, from the finality of the judgment until its effective payment. The statute of limitations defense (excepción de prescripción) is partially granted, and the damages claimed with a date prior to July 30, 2005, are declared time-barred (prescritos). Both costs are to be paid by the Municipality of Pérez Zeledón. LET IT BE NOTIFIED.- Carlos Espinoza Salas Ricardo A. Madrigal Jiménez Francisco Javier Muñoz Chacón Docket No. 10-00 2478 -1 027 - CA.
Ordinary proceeding (Proceso de conocimiento).
Plaintiff: Nombre147.
Against: The Municipality of Pérez Zeledón.
DISSENTING VOTE I concur with my colleagues in the vote; however, I differ regarding the interpretation made concerning the moment from which the indexation (indexación) of the sums awarded in the judgment runs, which according to the respected majority position is from the finality (firmeza) of the judgment that concretely establishes them. However, in the undersigned's view, indexation, in the case of obligations of value (obligaciones de valor), must run from the finality of the judgment that awards them, without it being necessary to postpone such date until a concrete amount exists, and in the case of monetary obligations (obligaciones dinerarias), from when the expenditure was incurred. In this way, what is correct to establish full and complete compensation, and so as not to cause harm to the justiciable party, is that it must be indexed from when the obligation is established, ordered, and recognized. By the nature of this mechanism, which seeks to update pre-existing monetary obligations to present value or update obligations of value recognized in the judgment to the moment of its issuance, its application should not be subject, in the case of obligations declared in the abstract, to the moment of finality of the enforcement judgment (sentencia de ejecución) that defines their amount, since the right has already been declared and established. Likewise, if the compensation amount was already defined in the judgment, as in the present case where the sum of five hundred thousand colones was awarded for moral damages, there is even less reason to postpone the ex officio duty to index such items to later stages to the detriment of the successful party. While Article 123 of the Contentious Administrative Procedure Code is clear that the monetary obligation recognized in the judgment shall be updated from the date of its enforceability, Article 124, paragraphs one and two, regarding obligations of value, states that once converted into effective money, the enforcement judge shall update it, but does not indicate from when. For this reason, the logical interpretation, based on the principle of full and complete reparation (reparación integral y plena), is that, since the date of its determination in enforcement and subsequent payment is deferred in time, it is reasonable that the updating should occur from when it was declared in the judgment and until its effective payment. Ergo, in the case of obligations of value whose amount is set in the judgment awarding them, there is even less reason to defer their indexation to later stages. While the legal provision provides that once the obligation of value is converted into a monetary one it shall be updated, this is because, for logical reasons, the indexation operation cannot be applied to an unquantified item, but this does not imply that such updating should only run from when the enforcement judge establishes its amount.
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Tribunal Contencioso Administrativo Sección IV Clase de asunto: Proceso de conocimiento Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Sentencia con Voto Salvado Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Contenido de Interés:
Temas Estrategicos: Ambiental Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Derecho Administrativo Tema: Responsabilidad objetiva de la Administración Subtemas:
Depósito de basura municipal que afecta propiedad que colinda dedicada al cultivo de caña de azúcar. Fijación del daño moral, momento a partir del cual corre la indexación y cómputo de la prescripción. Requisitos y causales eximentes.
Tema: Indemnización al administrado Subtemas:
Depósito de basura municipal que afecta propiedad que colinda dedicada al cultivo de caña de azúcar. Fijación del daño moral y momento a partir del cual corre la indexación. Cómputo de la prescripción con respecto a la responsabilidad civil objetiva del Estado.
Tema: Prescripción de daños y perjuicios en sede administrativa Subtemas:
Cómputo con respecto a la responsabilidad objetiva del Estado.
Tema: Municipalidad Subtemas:
Responsabilidad civil objetiva por depósito de basura que afecta los cultivos del terreno con el que colinda.
Tema: Daño ambiental Subtemas:
Responsabilidad civil del Estado por depósito de basura municipal que afecta propiedad que colinda dedicada al cultivo de caña de azúcar.
“II) SOBRE EL FONDO: II.1) RESPECTO A LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y CAUSALES EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD: Dentro del régimen de la llamada responsabilidad civil extracontractual, se distinguen dos tipos, la subjetiva establecida en el artículo 1045 del Código Civil y la objetiva, normada en el numeral 9 de la Constitución Política, el artículo 1048 del Código Civil y el numeral 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, disponiéndose que el Estado y sus entidades responderán por todos los daños que cause su funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal, salvo fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero. De esta forma, el causante del perjuicio lo resarcirá, salvo que demuestre alguna causal exonerativa. Así las cosas, tenemos que la Administración Pública responde por su conducta lícita y normal, cuando dicta un acto administrativo formal sustancialmente conforme con el ordenamiento jurídico u omite dictarlo, o bien mediante una actuación material o hecho permitido y normal. Por su parte, la responsabilidad es de carácter ilícito, anormal y formal cuando el acto administrativo es ilegal, y no formal cuando estamos ante una actuación material no permitida o anormal. De modo que, el régimen de responsabilidad sin falta requiere un daño anormal o un sacrificio especial que violente el principio de igualdad y por su parte en el régimen por funcionamiento anormal se exige la falta de servicio. En consecuencia para su acaecimiento se requiere de tres requisitos esenciales: 1) Actuación u omisión derivada de la función o Conducta de la Administración Pública omisiva o activa, formal o material, normal o anormal, lícita o ilícita. 2) Lesión o existencia de un daño antijurídico, una conducta por acción u omisión que infringe el ordenamiento jurídico. Tal lesión afecta al damnificado en su esfera patrimonial o extrapatrimonial, produciéndole una lesión antijurídica y resarcible que no tiene el deber de soportar (antijuridicidad objetiva), siendo tal toda conducta que por acción u omisión infringe el derecho objetivo. De modo que, dicha lesión debe ser cierta, efectiva, real, evaluable, individualizable, y no hipotética, al tenor del ordinal 196 de la Ley General de la Administración Pública. y 3) El Nexo causal, es decir que exista relación directa de causa a efecto entre el hecho que se imputa y el daño producido que legitimen el perjuicio producido, sin causales de exclusión del nexo de causalidad, al acontecer una situación eximente como la fuerza mayor, la culpa de la víctima y el hecho de un tercero. En cuanto a las causas que excluyen el nexo causal, están la fuerza mayor, la cual se entiende como un hecho de la naturaleza, extraño, exterior, imprevisible e inevitable, también opera la culpa de la víctima, que acontece cuando por su propio accionar, o por su descuido, negligencia e imprudencia inexcusable, se provoca la lesión, se coloca en una posición propicia para ello y asume el riesgo y sus efectos nocivos previendo la eventualidad o posibilidad de la contingencia y el hecho de un tercero, que es la acción u omisión de una persona ajena a la relación triangular entre la Administración-funcionario y afectado, sin cuya participación no se hubiera producido el hecho lesivo (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: número 025-F-99 de las 14:15 horas del 22 de enero de 1999, número 589-F-99 de las 14:20 horas del 1 de octubre de 1999, y la número 252-F-01 de las 16:15 horas del 28 de marzo del 2001.).
II.2) CASO CONCRETO: Aplicado, lo anteriormente expuesto a la resolución del presente asunto, tenemos que lleva razón parcialmente la gestionante en sus pretensiones al accionar con el objeto de que se declare la responsabilidad a cargo de la Municipalidad de Pérez Zeledón del pago de daños y perjuicios por los daños causados en sus cultivos de caña de azúcar a causa del terreno en el cual tal entidad deposita la basura. Tal y como se acreditara en los hechos probados, las declaraciones testimoniales recabadas y del fundamento jurídico expresado en el considerando de fondo II.1, es claro que acaecen en el presente asunto los elementos esenciales para determinar la responsabilidad de la Municipalidad de Pérez Zeledón. Como se observa, hay una actuación administrativa material anormal de tal ente territorial consistente en que el depósito de basura municipal que colinda con la propiedad que arrenda la actora para el cultivo de caña de azúcar se encuentra a la interperie y a cielo abierto. Al respecto, como se determinara en los hechos probados segundo y tercero, la Municipalidad de Pérez Zeledón arrendó los inmuebles del Partido de San José, […], con el objeto de destinarlos para relleno sanitario . Sin embargo, en el terreno arrendado al efecto por el ente Municipal y que colinda con los cultivos del actor en el inmueble del Partido de San José matrícula […] (hecho probado cuarto y catorce), la basura es depositada al aire libre (hecho probado veinte). Tal situación produce, que ante la exposición permanente al medio ambiente de los desechos, que proliferen zopilotes, buzos y perros salvajes (hecho probado veinte). Como lo expresara el testigo Don D. "los perros se asolean en los surcos, hay moscas, la basura está tirada, los zopilotes andan en grandes bandadas y se hacen quemas". En igual sentido, el perito Don R., es contundente en su experticia y en las manifestaciones que expresara en juicio, que debido al funcionamiento del basurero hay problemas por la invasión de buzos, han proliferado alrededor de doscientos perros salvajes y gran cantidad de zopilotes, de modo que no existe un relleno sanitario, sino un botadero de basura. Además, como se expusiera en el hecho probado diecinueve, la situación se agrava porque entre el depósito de basura y el inmueble alquilado por la actora para el cultivo de caña de azúcar los linderos se encuentran compuestos por arbustos, produciendo que la basura los traspase, como lo expresara en su declaración el señor D.y en su informe pericial el Ingeniero R., se constata la existencia de basura en la colindancia de su propiedad con el botadero de basura municipal y dentro del botadero y en los propios cultivos de caña de azúcar manadas de zopilotes y de perros salvajes. Además, expresan que en el terreno que arrenda la municipalidad se observa la basura a cielo abierto con zopilotes, y un desnivel de terreno como especie de gran orificio que se encuentra cubierto con cantidades voluminosas de basura y desperdicios. La anormalidad de tal conducta, se deriva del hecho de que no es suficiente para la adecuada prestación de un servicio público de recolección de basura, que un ente municipal simplemente haga acopio de ella y la deposite sin tratamiento alguno en un terreno alquilado al efecto. No acreditó en el proceso la entidad accionada que a la basura se le estuviera dando la adecuada disposición, dándole un manejo técnico y vigilancia especial, conforme a las disposiciones que rigen los rellenos sanitarios, para evitar la contaminación, la afectación de los fundos vecinos y los daños al medio ambiente. En mérito de ello, constituye una conducta anómala, anormal e indebida el que simplemente se limite la Municipalidad a constituir un vertedero de desechos sin preparación previa y sin un control adecuado, incumpliéndose así el Reglamento sobre Rellenos Sanitarios, número 27378 del nueve de octubre de 1998, así como los ordinales 278 al 284 de la Ley General de Salud, vigentes al momento de los hechos, que expresamente obligan a utilizar los medios idóneos para la recolección, el transporte, acumulación, utilización, tratamiento y disposición final de la basura. es claro para el Tribunal que al recolección y acopio de la basura de un cantón es una actividad lícita, pero debe realizarse en cumplimiento de una serie de requerimientos técnicos para disminuir no solo los riesgos en salud, sino también las afectaciones a terceros, que en este caso es evidente que no se cumplieron. Respecto al presupuesto de la Lesión o existencia de un daño antijurídico, efectivamente, de tal conducta administrativa se observa una afectación al señor C. en su esfera patrimonial, produciéndole una lesión antijurídica y resarcible que no tiene el deber de soportar (antijuridicidad objetiva), en los términos del ordinal 196 de la Ley General de la Administración Pública. Sin que sea justificable alegar que al no ser el propietario del fundo la actora, bien pudo haber cambiado de propiedad, circunstancia de por si sumamente gravosa no viable, debido a la dificultad intrínseca de encontrar terrenos disponibles y aptos para el cultivo de caña y debido a la considerable cantidad de años que lleva desarrollando tal actividad agrícola en dicho fundo. De manera que es posible ubicar un sacrificio intenso y singular que la sociedad actora no se encuentra en la obligación de soportar, siendo esta la base de la responsabilidad declarada en este caso, bajo los parámetros de la responsabilidad objetiva que cubre a la Administración. De manera que el ente público estaba facultado para desplegar su actividad pública, pero asumiendo la responsabilidad de las afectaciones que pudiera haber producido. Así las cosas, en abono a lo expuesto, se aprecia un evidente nexo causal, una relación de causa a efecto entre el hecho que se imputa y el daño producido que legitiman al promovente para incoar la acción indemnizatoria, y sin que hayan acontecido causales de exclusión del nexo de causalidad como la fuerza mayor y la culpa de la víctima que alegara la accionada. Ahora bien, del estudio de los autos, no se observa que acontecieran hechos de la naturaleza imprevisibles e inevitables que eximan de responsabilidad a la Municipalidad de Pérez Zeledón, sino que las manadas de perros, de zopilotes y las moscas, se han generado y proliferado, como se expresó, por la forma y condición en que se encuentra la basura, siendo un foco de atracción evidente de tales situaciones perjudiciales. Como lo estableciera el señor perito, al no tener en tales terrenos la Municipalidad de Pérez Zeledón un adecuado relleno sanitario que fuera conforme con la normativa supracitada que rige la materia, en el cual se le diera tratamiento a los desechos, sino que había un mero botadero y depósito de basura, es que se generaron todos estos hechos perjudiciales para las cosechas de caña de azúcar de Don C. Tampoco acaeció en beneficio de la accionada la eximente de responsabilidad del hecho de un tercero, porque la actora no ha generado conducta alguna que por su descuido, negligencia e imprudencia inexcusable, haya producido la lesión, sino que más bien las afectaciones a sus cosechas se produjeron por el depósito de basura en los terrenos que arrendara al efecto la Municipalidad de Pérez Zeledón, que colindaban con los terrenos donde el actor ejerce sus cultivos. Respecto a la lesión generada al actor, ésta estriba, como se expresara en los hechos probados veintiuno y veintidós, en los daños ocasionados en las seis hectáreas de los cultivos de la gestionante, que colindan con el depósito de basura, implicando una disminución en sus ingresos por la venta del producto y un aumento en los costos de producción, tal y como se desprende de las declaraciones del señor D. e informe pericial del Ingeniero R. De manera que la afectación económica genera la lesión antes señalada para la actora. Además, la proliferación de zopilotes y perros salvajes le han causado afectación en la compactación del suelo, así como por la realización de realización de trillos, madrigueras y excavaciones que estos animales realizan en tales terrenos. Si bien los terrenos arrendados por la promovente para el cultivo de la caña de azúcar, se trata de más de dieciocho hectáreas, se causa afectación únicamente en las seis hectáreas que colindan con el depósito de basura, limitándose la indemnización otorgada únicamente a tal magnitud y porción de terreno sembrado. Al respecto, es clara la experticia, la cual avala el Tribunal, en torno a que la lesión es la producida únicamente en seis hectáreas que colindan con el depósito de basura, en las cuales se ha generado daños por disminución de ingresos de las zafras, elevación de costos de siembra y mantenimiento, cuyo período de indemnización se expresará al resolver la excepción de prescripción incoada por la accionada. Sin embargo, debe rechazarse como daño lo correspondiente a la disminución de ingresos de zafras y elevación de costos de siembra y mantenimiento de los años posteriores a su demanda, por tratarse de hechos hipotéticos, futuros, eventuales e inciertos, no indemnizables al no cumplir con los presupuestos normativos de ser ciertos, efectivos, reales, evaluables, individualizables, al tenor del ordinal 196 citado. En torno al monto que se tomará como base para la fijación de los años indemnizables, al no haber quedado suficientemente claro los rubros que deberán otorgarse por cada año tanto por disminución de ingresos como por elevación de costos de siembra por las seis hectáreas, quedará para etapa de ejecución de sentencia su determinación. En este caso no se llega a establecer en concreto un monto específico de daños y perjuicios a favor de la actora, ante la insuficiencia probatoria; pese a esto la existencia del daño resulta evidente para la cámara. Todo lo cual permite su reconocimiento en abstracto, para que sea liquidado, y determinado su quántum en ejecución de sentencia, permitiendo el cumplimiento de la tutela judicial efectiva al amparo del artículo 41 constitucional y el artículo 122 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Además, las sumas que se establezcan deberán ser indexadas en los términos del ordinal 123 del Código Procesal Contencioso Administrativo a partir de la firmeza de la sentencia que las establezca en concreto y hasta su efectivo pago. De igual forma, se deberán reconocer intereses legales civiles, acorde al ordinal 1163 del Código Civil, sobre dicho montos a partir de la firmeza de la sentencia y hasta su efectivo pago.
II .3 ) RESPECTO AL DAÑO MORAL SUBJETIVO RECLAMADO : Liquida la actora por concepto de daño moral subjetivo por las actuaciones municipales, la suma de quince millones de colones. Al respecto debe indicarse que basta para demostrar el mismo una simple presunción de hombre y que el juez como perito de peritos está en capacidad de establecer su quántum, debido a que supone una perturbación injusta de las condiciones anímicas y no requiere de prueba directa, quedando a la equitativa valoración del juez (Voto de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia número 555-F-99 de las 15:15 horas del 16 de setiembre de 1999). Así las cosas, su fijación está sujeta a la naturaleza de los hechos, tipo de afectación y a los principios de razonabilidad, proporcionalidad, sana crítica, lógica, justicia y la prudencia, que limitan la discrecionalidad del juzgador. En mérito de ello, tomando en consideración que efectivamente implica un afectación anímica evidente el hecho de que sus cultivos se hayan visto dañados por varios años como consecuencia directa del depósito de basura y que haya tenido que padecer moralmente la invasión de los perros salvajes, daños de los buzos, zopilotes y de la basura aledaña, es que resulta adecuado y razonable otorgarle a la gestionante la cantidad de quinientos mil colones por concepto de daño moral subjetivo, suma que deberá ser indexada en los términos del ordinal 123 del Código Procesal Contencioso Administrativo a partir de la firmeza de la sentencia que las establezca en concreto y hasta su efectivo pago, con el reconocimiento de los intereses legales civiles, acorde al ordinal 1163 del Código Civil, sobre dicho monto a partir de la firmeza de la sentencia y hasta su efectivo pago. La determinación in re ipsa de tal monto fijado en forma prudencial se justifica en el hecho de que se trata de una suma adecuada, proporcional y razonable en razón de la afectación anímica, preocupación, tristeza y ansiedad que un hecho de esta naturaleza le causa al agricultor que vela constantemente por el hecho de que el fruto de su trabajo se vea recompensado con una producción adecuada, de modo tal que situaciones anómalas como las expresadas de invasión de plagas producto del depósito de basura, truncan sus legítimas aspiraciones. El monto es adecuado en razón de que la afectación sufrida en sus cultivos es parcial y no total, al haberse dañado únicamente seis hectáreas de la totalidad del fundo sembrado, por lo que la indemnización otorgada solventa en su justa medida el perjuicio psicológico que se le hubiere causado por tal lesión parcial.
II .4 ) RESPECTO A LA EXCEPCION DE PRESCRIPCION FORMULADA POR LA ACCIONADA : La prescripción extintiva (extinctive), negativa o liberatoria (ou libératoire) tiene por objeto tutelar el orden social y la seguridad en las relaciones jurídicas, se define como un lapso de tiempo establecido por el ordenamiento jurídico a efecto de reclamar un derecho y se fundamenta su existencia por motivos de seguridad jurídica, sus presupuestos esenciales son el transcurso del tiempo, la inercia del titular, y la voluntad del favorecido de hacerla valer bien sea por medio de una acción o de una excepción. Se caracteriza por eliminar una situación objetiva de incerteza, es un medio extintivo de las obligaciones, no es declarable de oficio sólo a petición de parte interesada, se puede renunciar tácita o expresamente siempre que no sea en forma anticipada, y se puede interrumpir y suspender ( Ver en ese sentido la sentencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia Nº 120 de las 15:00 horas del 20 de julio de 1992. ). "En términos generales, la prescripción corre desde el día en que pudo haberse hecho valer el derecho o bien, lo que es lo mismo, desde que la acción o derecho haya nacido.". (Pérez Vargas Víctor. Derecho Privado. Litografía e imprenta Lil. 1994. Tercera edición. San José, Costa Rica, página 199.), no obstante la misma puede interrumpirse o suspenderse, lo cual constituye un impedimento de su curso que obsta el surgimiento de la situación exigible, de modo que cuando acaece la interrupción de la prescripción "el plazo comienza a contarse de nuevo sin que pueda sumarse el tiempo anterior a la interrupción.". (Pérez Vargas Víctor, Op. Cit. página 203). Las causales de interrupción las establece expresamente los ordinales 875, 876 Y 879 del Código de rito, al indicar: ARTICULO 875.- "Se interrumpe la prescripción positiva, cuando el poseedor es privado de la posesión de la cosa o del goce del derecho durante un año, a menos que recobre uno ú otro judicialmente. ARTÍCULO 876.- Toda prescripción se interrumpe civilmente: 1º.- Por el reconocimiento tácito o expreso que el poseedor o deudor haga a favor del dueño o acreedor de la propiedad o derecho que trata de prescribirse; y 2º.- Por el emplazamiento judicial, embargo o secuestro notificado al poseedor o deudor. ARTÍCULO 879.- La prescripción negativa se interrumpe también por cualquier gestión judicial o extrajudicial, para el cobro de la deuda y cumplimiento de la obligación. Por su parte, en cuanto a la suspensión de la prescripción, "el derecho es ya exigible, ya ha nacido a la vida jurídica; sin embargo, el ejercicio de éste se llega a ver obstaculizado por la especial situación del sujeto o sujetos de la relación (...) se trata de casos en que la prescripción no corre (...) lo que da lugar a dos posibilidades: a) si la causa de suspensión es preexistente a la exigibilidad de la situación jurídica opera en forma análoga al llamado impedimento: el tiempo de la prescripción comienza a contarse desde el momento en que desaparezca la causa; b) cuando la causa de suspensión sobreviene, el período durante el cual subsiste la causa no se cuenta y se suma al tiempo sucesivo.". (Pérez Vargas Víctor, Op. Cit. página 201 y 202), por existir una imposibilidad para el ejercicio del derecho, las cuales son indicadas por el ordinal 880 del Código de rito, al disponer: "No corre la prescripción: 1º.- Contra los menores y los incapacitados durante el tiempo que estén sin tutor o curador que los represente conforme a la ley. 2º.- Entre padres é hijos durante la patria protestad. 3º.- Entre los menores é incapacitados y sus tutores o curadores, mientras dure tutela o curatela. 4º.- Contra los militares en servicio activo en tiempo de guerra, tanto dentro como fuera de la República. 5º.- Contra la herencia yacente, mientras no haya albacea que hubiere aceptado. 6º.- Contra los jornaleros y sirvientes domésticos, respecto a sus jornales o salarios, mientras continúen trabajando o sirviendo al que se los debe. 7º.- A favor del deudor que con hechos ilícitos ha impedido el ejercicio de la acción de un acreedor.". El sustento normativo de la prescripción en materia de responsabilidad de la Administración Pública se regula en los ordinales 190 a 213 de la Ley General de la Administración Pública, disponiéndose que el derecho de reclamar la indemnización a la Administración prescribirá en cuatro años contados a partir del hecho que motiva la responsabilidad. No obstante, como lo dispusiera la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en el voto número 606-F-2002 de las 16:10 horas del siete de agosto del 2002, tratándose de procesos civiles de hacienda, debe tomarse en consideración que el daño se produce o se evidencia tiempo después de acaecida la conducta, en razón de lo cual tal término extintivo contará desde que se tiene certeza o conocimiento de los hechos dañosos. Aplicado lo indicado al presente asunto, tenemos que la entidad accionada incoa la excepción de prescripción, manifestando en los términos del ordinal 198 de la Ley General de la Administración Pública, que se debe declarar prescritos los reclamos que superen los cuatro años desde que se incoa la demanda. Al respecto debe acogerse parcialmente la excepción de prescripción, pero no en la fecha que expresa la demandada, sino desde cuatro años antes desde que se formuló el reclamo administrativo ante la Municipalidad de Pérez Zeledón. Como se aprecia en el hecho probado once, la promovente mediante libelo presentado ante la Municipalidad de Pérez Zeledón el 30 de julio del 2009, formula reclamo administrativo por daños y perjuicios en los que manifiesta haber recibido daños en sus cultivos en la finca situada en Pérez Zeledón bajo la matrícula […], contiguo al botadero de basura, siendo dicho acto jurídico causa eficiente para interrumpir la prescripción, como lo expresa el ordinal 879 del Código Civil. En mérito de ello, se debe declarar prescrito todo daño y perjuicio reclamado por la actora anterior al 30 de julio del 2005. Así las cosas, los daños generados por el incendio que expresa la actora se produjeron en el depósito de basura, como se determinan en los hechos probados cinco al doce, así como los daños a la cerca divisoria que expresa se quemó con el incendio del año de 1999, se encuentran prescritos.” ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto salvado Rama del Derecho: Derecho Administrativo Tema: Indemnización al administrado Subtemas:
Momento a partir del cual corre la indexación.
Tema: Indexación Subtemas:
Análisis con respecto al pago de indemnización al administrado.
¨ VOTO SALVADO Concurro con mis compañeros en el voto, no obstante me separo en cuanto a la interpretación realizada respecto al momento a partir del cual corre la indexación de las sumas otorgadas en sentencia, que acorde a la respetable posición de mayoría lo es desde la firmeza de la sentencia que las establezca en concreto. Sin embargo, para el suscrito, la indexación tratándose de obligaciones de valor, debe correr a partir de la firmeza de la sentencia que las otorgue, sin que sea necesario trasladar tal data hasta que exista un monto concreto y en caso de obligaciones dinerarias desde que se incurrió en la erogación. De este modo, lo correcto para establecer una indemnización integral y plena, y para no causarle perjuicio al justiciable, es que se deba indexar desde que se establece, dicta y reconoce la obligación. Por la naturaleza de este instituto, el cual pretende actualizar al valor presente las obligaciones dinerarias preexistentes o actualizar al momento del dictado las obligaciones de valor reconocidas en sentencia, no debe quedar sujeta su aplicación, tratándose de obligaciones declaradas en abstracto, hasta el momento de la firmeza de la sentencia de ejecución que defina su monto, por cuanto el derecho ya se declaró y estableció. De igual modo, si el monto indemnizatorio ya se definió en sentencia, como en el presente caso que se otorgó por daño moral la cantidad de quinientos mil colones, con muchas menos razón debe postergarse a etapas posteriores en perjuicio de la victoriosa el deber oficioso de indexar tales rubros. Si bien, el ordinal 123 del Código Procesal Contencioso Administrativo es claro en que la obligación dineraria reconocida en sentencia se actualizará desde la fecha de su exigibilidad, el numeral 124 inciso primero y segundo, en cuanto a las obligaciones de valor, expresa que una vez convertida en dinero efectivo el juez ejecutor la actualizará, pero no indica a partir de cuando. En razón de ello, la interpretación lógica, con base en el principio de reparación integral y plena, es la de que al diferirse en el tiempo la fecha de su fijación en ejecución y posterior pago, es lo razonable que la actualización se produzca desde que se declaró en sentencia y hasta su efectivo pago. Ergo, en el caso de obligaciones de valor en las cuales se fija su monto en la sentencia que las otorga, con mucha menos razón debe diferirse su indexación a etapas posteriores. Si bien el precepto legal dispone que una vez convertida en dineraria la obligación de valor se actualizará, ello obedece a que por razón lógica no puede aplicarse la operación de indexación a un rubro no cuantificado, pero ello no implica que tal actualización deba correr hasta que el juez de ejecución establezca su monto.
... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Nº 27 -2012 TRIBUNAL PROCESAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION CUARTA. II Circuito Judicial. San José, a las quince horas del quince de marzo del año dos mil doce.- Proceso de conocimiento, interpuesto por el señor Nombre147., […], representado por su apoderado especial judicial el Licenciado Felipe Barbas Jiménez, […], en contra de la Municipalidad de Pérez Zeledón, representada por la señora Nombre5836., […], y por sus apoderados especiales judiciales los licenciados Greivin Vindas Mejías, […] y Jimy Arias Dávila, […] abogados. Tramitado bajo el expediente número 10-002478-1027-LA.
RESULTANDO
I.Con el presente proceso de conocimiento se acciona con el objeto de declarar que la Municipalidad de Pérez Zeledón le produjo daños económicos los cuales estima en la suma de cuarenta y dos millones quinientos setenta mil colones, perjuicios por diez millones de colones y quince millones de colones de daño moral. Requiere además el interes de intereses sobre dichas sumas, así como el pago de ambas costas del proceso (folios 1 al 4 del subjudice).
II.Conferido el traslado de rigor, la accionada se opuso a la acción e interpuso las excepciones de falta de derecho, falta de legitimación activa y pasiva y la falta de interés actual, alega además la prescripción de todo derecho anterior a los cuatro años previos a la interposición de la demanda . Formula también la defensa previa de falta de agotamiento de la vía administrativa la cual se rechazó interlocutoriamente mediante resolución número 946-2011 (folios 52 al 101 de los autos).
III.Que el presente proceso se declaró de trámite complejo, conforme con el artículo 111 del Código Procesal Contencioso Administrativo y la sentencia se ha dictado de acuerdo con el ordinal 47 de su reglamento.
IV.En los procedimientos se han observado las prescripciones legales de rigor, y no se observan vicios u omisiones susceptibles de producir nulidad de lo actuado o indefensión a las partes. Se dicta esta resolución previa deliberación, dentro del término de ley y por mayoría.
Redacta el juez Espinoza Salas , salvo en lo referente al plazo a partir del cual rige la indexación y , Nombre147 O N S I D E Nombre5836 A N D O I)- SOBRE LOS HECHOS: I.1)- HECHOS PROBADOS: Se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés para la resolución de este asunto, por ser contestes con los elementos de convicción que en su apoyo se citan: 1) Que mediante contrato de arrendamiento de inmueble celebrado en el año de 1991, entre la M.S.A. y el señor Nombre147., la primera en su condición de propietaria del fundo del Partido de San José, […], le arrenda cuatro hectáreas de este inmueble al señor Nombre147. con el objeto de destinarlo al cultivo de azúcar, las cuales se extenderán en 1992 a ocho hectáreas (folio 6 del expediente administrativo de reclamo por daños y perjuicios). 2 ) Que por contrato de arrendamiento número AJ-3262 efectuado el 23 de ju n io de 199 7 , la Municipalidad del Pérez Zeledón alquiló el inmueble matrícula de folio real […], propiedad de la señora Nombre317., […], para destinarl a a relleno sanitario (folios 135 al 148 de los autos). 3 ) Que mediante contrato de arrendamiento número AJ-3901 celebrado el 31 de julio de 1998, la Municipalidad del Pérez Zeledón alquiló el inmueble matrícula […], propiedad del señor Nombre33221., para destinarlo a relleno sanitario (folios 118 al 119, 131 a 134 de los autos , así como ). 4) Que por contrato privado celebrado el día seis de noviembre de 1998 entre los señores Nombre317. y Nombre147., pactan contrato de arrendamiento mediante el cual la señora Nombre317. le alquila seis hectáreas del inmueble del partido de San José, matrícula de folio real número […], en la suma de noventa mil colones anuales, con el objeto de utilizarla para la siembra de caña de azúcar por un período de tiempo de cinco años ( folio 355 frente y vuelto de los autos). 5) Que la actora interpuso el ocho de marzo de 1999 demanda penal ante la fiscalía de Pérez Zeledón, con el objeto de que se investiguen los hechos acaecidos con ocasión del incendio producido en el botadero municipal de basura, tramitado bajo el expediente número 99-243-064-PE (folios 301 al 308 del principal). 6) Que por resolución de las 8:30 horas del 19 de abril de 1999, el Juzgado Penal de Pérez Zeledón ordena la desestimación de la causa tramitada bajo el expediente número 99-243-064-PE, por el delito de daños (folio 309 de los autos). 7) Que mediante libelo del 20 de julio de 1999, el señor Nombre147. interpone reclamo administrativo en contra de la Municipalidad de Pérez Zeledón, alegando que se le deben de pagar los daños y perjuicios producto de un incendio acaecido en el relleno sanitario de dicha entidad (folios 287 a 291 del subjudice). 8 ) Que por resolución de las 12:37 horas del 25 de agosto de 1999, el Despacho del Alcalde Municipal denegó el reclamo que formulara el señor Nombre147. por daños y perjuicios en su cañal a causa de un incendio que presuntamente se produjo en el relleno sanitario situado en Pavones (folios 277 a 281 de los autos). 9 ) Que mediante resolución de las doce y diez horas del siete de octubre de 1999 , el Despacho del señor Alcalde de Pérez Zeledón rechaza recurso de revocatoria incoado por la actora en contra de la resolución de las 12:30 horas del 25 de agosto de 1999, argumentándose no haberse probado que hubiera relación entre el daño causado al cañal y el incendio (folios 270 a 271 del subjudice). 1 0 ) Que en el artículo 4), inciso 2), de la sesión 097-99 celebrada por el Concejo Municipal de Pérez Zeledón el día 23 de noviembre de 1999, se rechaza el recurso de apelación in terpuesto por Nombre111923 . por la denegación del reclamo de daños y perjuicios por el incendio que alega aconteció en el relleno sanitario (folios 256 a 257 de los autos). 1 1 ) Que por libelo del 8 de diciembre de 1999, el señor Nombre147. interpuso recurso de revocatoria con apelación subsidiaria en contra del acuerdo tomado en el inciso 2), artículo cuarto de la sesión 097-99 celebrada en la Municipalidad de Pérez Zeledón el día 23 de noviembre de 1999 (folios 243 al 255 del subjudice). 1 2 ) Que en el artículo 5), inciso 7) de la sesión ordinaria 101-99, celebrada por el Concejo Munici pal el día 14 de diciembre de 1999, se denegó el recurso de revocatoria con apelación subsidiaria que formulara el señor Nombre147. en contra del inciso 2), artículo cuarto de la sesión 097-99 celebrada en la Municipalidad de Pérez Zeledón el día 23 de noviembre de 1999, dándose por agotada la vía administrativa (folio 239 del principal). 13) Que mediante libelo presentado ante la Municipalidad de Pérez Zeledón el 30 de julio del 2009, el señor Nombre147. incoa reclamo administrativo por daños y perjuicios en los que manifiesta haber recibido daños en sus cultivos en la finca situada en Pérez Zeledón bajo la matrícula número […], contiguo al botadero de basura (folios 1 al 2 del expediente administrativo de reclamo por daños y perjuicios). 14) Que por contrato de arrendamiento de inmueble celebrado el día siete de junio del 2002, entre la señora Nombre317. y el señor Nombre147., la primera en su condición de propietaria del fundo del Partido de San José, matrícula […], le arrenda seis hectáreas de este inmueble al señor Nombre147. con el objeto de destinarlo al cultivo de azúcar por el plazo de diez años contados a partir del 25 de junio del 2003 (folios 3 al 5 del expediente administrativo de reclamo por daños y perjuicios). 15) Que la Comisión de Asuntos Jurídicos de las Municipalidad de Pérez Zeledón, en el oficio TRA-1017-09-SSC del cuatro de agosto del 2009, resolvió rechazar el reclamo administrativo por daños y perjuicios incoado por la actora (folios 14 al 16 del expediente administrativo de reclamo por daños y perjuicios). 16) Que en sesión ordinaria 173-09, artículo 5), inciso 3), celebrada el 18 de agosto del 2009, el Concejo Municipal de la Municipalidad de Pérez Zeledón, traslada el reclamo administrativo de daños y perjuicios presentado por el señor Nombre147. (folios 8 al 9 del expediente administrativo de reclamo por daños y perjuicios). 17) Que mediante sesión ordinaria 190-09, artículo 4), inciso 9), celebrada el 15 de diciembre del 2009, el Concejo Municipal de la Municipalidad de Pérez Zeledón, deniega el reclamo administrativo de daños y perjuicios formulado por el señor Nombre147. (folios 19 al 20 del expediente administrativo de reclamo por daños y perjuicios). 18) Que el depósito de basura ubicado en los terrenos arrendados por la Municipalidad de Pérez Zeledón colinda con el inmueble del Partido de San José, matrícula [...], alquilado para el cultivo de caña de azúcar por el señor Nombre147. (declaración del señor Nombre3640. e informe pericial del Ingeniero R.). 19) Que entre el depósito de basura ubicado en los terrenos arrendados por la Municipalidad de Pérez Zeledón y el inmueble alquilado por la actora para el cultivo de caña de azúcar, los linderos se encuentran compuestos por arbustos, produciendo que la basura los traspase (declaración del señor Nombre3640. e informe pericial del Ingeniero R.). 20) Que la basura depositada por la Municipalidad de Pérez Zeledón, en el terreno que colinda con las siembras del actor, se encuentra a la interperie y expuesta al aire libre lo que genera la proliferación de zopilotes, moscas, buzos y perros salvajes (declaración del señor D. e informe pericial del Ingeniero R.). 21) Que los zopilotes y perros salvajes le han causado afectación en la compactación del suelo, así como por la realización de realización de trillos, madrigueras y excavaciones que estos animales realizan en seis hectáreas de los cultivos de caña de azúcar que desarrolla la actora (declaración del señor D. e informe pericial del Ingeniero R.). 22) Que los daños ocasionados en las seis hectáreas de los cultivos de la gestionante, le han implicado disminución en sus ingresos por la venta del producto y aumento en los costos de producción (declaración del señor D. e informe pericial del Ingeniero R.).
I.2)- HECHOS NO PROBADOS: No demostró la actora : El alcance concreto de los daños y perjuicios sufridos para la sociedad actora (los autos).
No demostró la Municipalidad de Pérez Zeledón : 1) Que haya habido culpa de la víctima o situaciones de fuerza mayor en las afectaciones causadas por el depósito de basura de la Municipalidad de Pérez Zeledón a las siembras de caña de azúcar que el actor desarrolla en la propiedad del partido de San José matrícula […] (los autos). 2) Que al depósito de basura que colinda con la propiedad que arrenda la actora le haya dado un tratamiento técnico, especial y adecuado de los desechos que impidiera la propagación de buzos, perros salvajes y zopilotes (los autos).
I.3)- PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER: En el juicio oral se admitió como prueba para mejor resolver de conformidad con el ordinal 50.2 del Código Procesal Contencioso Administrativo, la documentación que rola a folios 238 a 355 de los autos. Asimismo, se tuvo por desistido el testimonio de Nombre33221 señor Nombre5307.
II.2) CASO CONCRETO: Aplicado, lo anteriormente expuesto a la resolución del presente asunto, tenemos que lleva razón parcialmente la gestionante en sus pretensiones al accionar con el objeto de que se declare la responsabilidad a cargo de la Municipalidad de Pérez Zeledón del pago de daños y perjuicios por los daños causados en sus cultivos de caña de azúcar a causa del terreno en el cual tal entidad deposita la basura. Tal y como se acreditara en los hechos probados, las declaraciones testimoniales recabadas y del fundamento jurídico expresado en el considerando de fondo II.1, es claro que acaecen en el presente asunto los elementos esenciales para determinar la responsabilidad de la Municipalidad de Pérez Zeledón. Como se observa, hay una actuación administrativa material anormal de tal ente territorial consistente en que el depósito de basura municipal que colinda con la propiedad que arrenda la actora para el cultivo de caña de azúcar se encuentra a la interperie y a cielo abierto. Al respecto, como se determinara en los hechos probados segundo y tercero, la Municipalidad de Pérez Zeledón arrendó los inmuebles del Partido de San José, […], con el objeto de destinarlos para relleno sanitario . Sin embargo, en el terreno arrendado al efecto por el ente Municipal y que colinda con los cultivos del actor en el inmueble del Partido de San José matrícula […] (hecho probado cuarto y catorce), la basura es depositada al aire libre (hecho probado veinte). Tal situación produce, que ante la exposición permanente al medio ambiente de los desechos, que proliferen zopilotes, buzos y perros salvajes (hecho probado veinte). Como lo expresara el testigo Nombre111924 . "los perros se asolean en los surcos, hay moscas, la basura está tirada, los zopilotes andan en grandes bandadas y se hacen quemas". En igual sentido, el perito Don Nombre5836., es contundente en su experticia y en las manifestaciones que expresara en juicio, que debido al funcionamiento del basurero hay problemas por la invasión de buzos, han proliferado alrededor de doscientos perros salvajes y gran cantidad de zopilotes, de modo que no existe un relleno sanitario, sino un botadero de basura. Además, como se expusiera en el hecho probado diecinueve, la situación se agrava porque entre el depósito de basura y el inmueble alquilado por la actora para el cultivo de caña de azúcar los linderos se encuentran compuestos por arbustos, produciendo que la basura los traspase, como lo expresara en su declaración el señor Nombre111925 en su informe pericial el Ingeniero Nombre5836., se constata la existencia de basura en la colindancia de su propiedad con el botadero de basura municipal y dentro del botadero y en los propios cultivos de caña de azúcar manadas de zopilotes y de perros salvajes. Además, expresan que en el terreno que arrenda la municipalidad se observa la basura a cielo abierto con zopilotes, y un desnivel de terreno como especie de gran orificio que se encuentra cubierto con cantidades voluminosas de basura y desperdicios. La anormalidad de tal conducta, se deriva del hecho de que no es suficiente para la adecuada prestación de un servicio público de recolección de basura, que un ente municipal simplemente haga acopio de ella y la deposite sin tratamiento alguno en un terreno alquilado al efecto. No acreditó en el proceso la entidad accionada que a la basura se le estuviera dando la adecuada disposición, dándole un manejo técnico y vigilancia especial, conforme a las disposiciones que rigen los rellenos sanitarios, para evitar la contaminación, la afectación de los fundos vecinos y los daños al medio ambiente. En mérito de ello, constituye una conducta anómala, anormal e indebida el que simplemente se limite la Municipalidad a constituir un vertedero de desechos sin preparación previa y sin un control adecuado, incumpliéndose así el Reglamento sobre Rellenos Sanitarios, número 27378 del nueve de octubre de 1998, así como los ordinales 278 al 284 de la Ley General de Salud, vigentes al momento de los hechos, que expresamente obligan a utilizar los medios idóneos para la recolección, el transporte, acumulación, utilización, tratamiento y disposición final de la basura. es claro para el Tribunal que al recolección y acopio de la basura de un cantón es una actividad lícita, pero debe realizarse en cumplimiento de una serie de requerimientos técnicos para disminuir no solo los riesgos en salud, sino también las afectaciones a terceros, que en este caso es evidente que no se cumplieron. Respecto al presupuesto de la Lesión o existencia de un daño antijurídico, efectivamente, de tal conducta administrativa se observa una afectación al señor Nombre147. en su esfera patrimonial, produciéndole una lesión antijurídica y resarcible que no tiene el deber de soportar (antijuridicidad objetiva), en los términos del ordinal 196 de la Ley General de la Administración Pública. Sin que sea justificable alegar que al no ser el propietario del fundo la actora, bien pudo haber cambiado de propiedad, circunstancia de por si sumamente gravosa no viable, debido a la dificultad intrínseca de encontrar terrenos disponibles y aptos para el cultivo de caña y debido a la considerable cantidad de años que lleva desarrollando tal actividad agrícola en dicho fundo. De manera que es posible ubicar un sacrificio intenso y singular que la sociedad actora no se encuentra en la obligación de soportar, siendo esta la base de la responsabilidad declarada en este caso, bajo los parámetros de la responsabilidad objetiva que cubre a la Administración. De manera que el ente público estaba facultado para desplegar su actividad pública, pero asumiendo la responsabilidad de las afectaciones que pudiera haber producido. Así las cosas, en abono a lo expuesto, se aprecia un evidente nexo causal, una relación de causa a efecto entre el hecho que se imputa y el daño producido que legitiman al promovente para incoar la acción indemnizatoria, y sin que hayan acontecido causales de exclusión del nexo de causalidad como la fuerza mayor y la culpa de la víctima que alegara la accionada. Ahora bien, del estudio de los autos, no se observa que acontecieran hechos de la naturaleza imprevisibles e inevitables que eximan de responsabilidad a la Municipalidad de Pérez Zeledón, sino que las manadas de perros, de zopilotes y las moscas, se han generado y proliferado, como se expresó, por la forma y condición en que se encuentra la basura, siendo un foco de atracción evidente de tales situaciones perjudiciales. Como lo estableciera el señor perito, al no tener en tales terrenos la Municipalidad de Pérez Zeledón un adecuado relleno sanitario que fuera conforme con la normativa supracitada que rige la materia, en el cual se le diera tratamiento a los desechos, sino que había un mero botadero y depósito de basura, es que se generaron todos estos hechos perjudiciales para las cosechas de caña de azúcar de Nombre111923 . Tampoco acaeció en beneficio de la accionada la eximente de responsabilidad del hecho de un tercero, porque la actora no ha generado conducta alguna que por su descuido, negligencia e imprudencia inexcusable, haya producido la lesión, sino que más bien las afectaciones a sus cosechas se produjeron por el depósito de basura en los terrenos que arrendara al efecto la Municipalidad de Pérez Zeledón, que colindaban con los terrenos donde el actor ejerce sus cultivos. Respecto a la lesión generada al actor, ésta estriba, como se expresara en los hechos probados veintiuno y veintidós, en los daños ocasionados en las seis hectáreas de los cultivos de la gestionante, que colindan con el depósito de basura, implicando una disminución en sus ingresos por la venta del producto y un aumento en los costos de producción, tal y como se desprende de las declaraciones del señor Nombre3640. e informe pericial del Ingeniero Nombre5836. De manera que la afectación económica genera la lesión antes señalada para la actora. Además, la proliferación de zopilotes y perros salvajes le han causado afectación en la compactación del suelo, así como por la realización de realización de trillos, madrigueras y excavaciones que estos animales realizan en tales terrenos. Si bien los terrenos arrendados por la promovente para el cultivo de la caña de azúcar, se trata de más de dieciocho hectáreas, se causa afectación únicamente en las seis hectáreas que colindan con el depósito de basura, limitándose la indemnización otorgada únicamente a tal magnitud y porción de terreno sembrado. Al respecto, es clara la experticia, la cual avala el Tribunal, en torno a que la lesión es la producida únicamente en seis hectáreas que colindan con el depósito de basura, en las cuales se ha generado daños por disminución de ingresos de las zafras, elevación de costos de siembra y mantenimiento, cuyo período de indemnización se expresará al resolver la excepción de prescripción incoada por la accionada. Sin embargo, debe rechazarse como daño lo correspondiente a la disminución de ingresos de zafras y elevación de costos de siembra y mantenimiento de los años posteriores a su demanda, por tratarse de hechos hipotéticos, futuros, eventuales e inciertos, no indemnizables al no cumplir con los presupuestos normativos de ser ciertos, efectivos, reales, evaluables, individualizables, al tenor del ordinal 196 citado. En torno al monto que se tomará como base para la fijación de los años indemnizables, al no haber quedado suficientemente claro los rubros que deberán otorgarse por cada año tanto por disminución de ingresos como por elevación de costos de siembra por las seis hectáreas, quedará para etapa de ejecución de sentencia su determinación. En este caso no se llega a establecer en concreto un monto específico de daños y perjuicios a favor de la actora, ante la insuficiencia probatoria; pese a esto la existencia del daño resulta evidente para la cámara. Todo lo cual permite su reconocimiento en abstracto, para que sea liquidado, y determinado su quántum en ejecución de sentencia, permitiendo el cumplimiento de la tutela judicial efectiva al amparo del artículo 41 constitucional y el artículo 122 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Además, las sumas que se establezcan deberán ser indexadas en los términos del ordinal 123 del Código Procesal Contencioso Administrativo a partir de la firmeza de la sentencia que las establezca en concreto y hasta su efectivo pago. De igual forma, se deberán reconocer intereses legales civiles, acorde al ordinal 1163 del Código Civil, sobre dicho montos a partir de la firmeza de la sentencia y hasta su efectivo pago.
II .3 ) RESPECTO AL DAÑO MORAL SUBJETIVO RECLAMADO : Liquida la actora por concepto de daño moral subjetivo por las actuaciones municipales, la suma de quince millones de colones. Al respecto debe indicarse que basta para demostrar el mismo una simple presunción de hombre y que el juez como perito de peritos está en capacidad de establecer su quántum, debido a que supone una perturbación injusta de las condiciones anímicas y no requiere de prueba directa, quedando a la equitativa valoración del juez (Voto de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia número 555-F-99 de las 15:15 horas del 16 de setiembre de 1999). Así las cosas, su fijación está sujeta a la naturaleza de los hechos, tipo de afectación y a los principios de razonabilidad, proporcionalidad, sana crítica, lógica, justicia y la prudencia, que limitan la discrecionalidad del juzgador. En mérito de ello, tomando en consideración que efectivamente implica un afectación anímica evidente el hecho de que sus cultivos se hayan visto dañados por varios años como consecuencia directa del depósito de basura y que haya tenido que padecer moralmente la invasión de los perros salvajes, daños de los buzos, zopilotes y de la basura aledaña, es que resulta adecuado y razonable otorgarle a la gestionante la cantidad de quinientos mil colones por concepto de daño moral subjetivo, suma que deberá ser indexada en los términos del ordinal 123 del Código Procesal Contencioso Administrativo a partir de la firmeza de la sentencia que las establezca en concreto y hasta su efectivo pago, con el reconocimiento de los intereses legales civiles, acorde al ordinal 1163 del Código Civil, sobre dicho monto a partir de la firmeza de la sentencia y hasta su efectivo pago. La determinación in re ipsa de tal monto fijado en forma prudencial se justifica en el hecho de que se trata de una suma adecuada, proporcional y razonable en razón de la afectación anímica, preocupación, tristeza y ansiedad que un hecho de esta naturaleza le causa al agricultor que vela constantemente por el hecho de que el fruto de su trabajo se vea recompensado con una producción adecuada, de modo tal que situaciones anómalas como las expresadas de invasión de plagas producto del depósito de basura, truncan sus legítimas aspiraciones. El monto es adecuado en razón de que la afectación sufrida en sus cultivos es parcial y no total, al haberse dañado únicamente seis hectáreas de la totalidad del fundo sembrado, por lo que la indemnización otorgada solventa en su justa medida el perjuicio psicológico que se le hubiere causado por tal lesión parcial.
II .4 ) RESPECTO A LA EXCEPCION DE PRESCRIPCION FORMULADA POR LA ACCIONADA : La prescripción extintiva (extinctive), negativa o liberatoria (ou libératoire) tiene por objeto tutelar el orden social y la seguridad en las relaciones jurídicas, se define como un lapso de tiempo establecido por el ordenamiento jurídico a efecto de reclamar un derecho y se fundamenta su existencia por motivos de seguridad jurídica, sus presupuestos esenciales son el transcurso del tiempo, la inercia del titular, y la voluntad del favorecido de hacerla valer bien sea por medio de una acción o de una excepción. Se caracteriza por eliminar una situación objetiva de incerteza, es un medio extintivo de las obligaciones, no es declarable de oficio sólo a petición de parte interesada, se puede renunciar tácita o expresamente siempre que no sea en forma anticipada, y se puede interrumpir y suspender ( Ver en ese sentido la sentencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia Nº 120 de las 15:00 horas del 20 de julio de 1992. ). "En términos generales, la prescripción corre desde el día en que pudo haberse hecho valer el derecho o bien, lo que es lo mismo, desde que la acción o derecho haya nacido.". (Pérez Vargas Víctor. Derecho Privado. Litografía e imprenta Lil. 1994. Tercera edición. San José, Costa Rica, página 199.), no obstante la misma puede interrumpirse o suspenderse, lo cual constituye un impedimento de su curso que obsta el surgimiento de la situación exigible, de modo que cuando acaece la interrupción de la prescripción "el plazo comienza a contarse de nuevo sin que pueda sumarse el tiempo anterior a la interrupción.". (Pérez Vargas Víctor, Op. Cit. página 203). Las causales de interrupción las establece expresamente los ordinales 875, 876 Y 879 del Código de rito, al indicar: ARTICULO 875.- "Se interrumpe la prescripción positiva, cuando el poseedor es privado de la posesión de la cosa o del goce del derecho durante un año, a menos que recobre uno ú otro judicialmente. ARTÍCULO 876.- Toda prescripción se interrumpe civilmente: 1º.- Por el reconocimiento tácito o expreso que el poseedor o deudor haga a favor del dueño o acreedor de la propiedad o derecho que trata de prescribirse; y 2º.- Por el emplazamiento judicial, embargo o secuestro notificado al poseedor o deudor. ARTÍCULO 879.- La prescripción negativa se interrumpe también por cualquier gestión judicial o extrajudicial, para el cobro de la deuda y cumplimiento de la obligación. Por su parte, en cuanto a la suspensión de la prescripción, "el derecho es ya exigible, ya ha nacido a la vida jurídica; sin embargo, el ejercicio de éste se llega a ver obstaculizado por la especial situación del sujeto o sujetos de la relación (...) se trata de casos en que la prescripción no corre (...) lo que da lugar a dos posibilidades: a) si la causa de suspensión es preexistente a la exigibilidad de la situación jurídica opera en forma análoga al llamado impedimento: el tiempo de la prescripción comienza a contarse desde el momento en que desaparezca la causa; b) cuando la causa de suspensión sobreviene, el período durante el cual subsiste la causa no se cuenta y se suma al tiempo sucesivo.". (Pérez Vargas Víctor, Op. Cit. página 201 y 202), por existir una imposibilidad para el ejercicio del derecho, las cuales son indicadas por el ordinal 880 del Código de rito, al disponer: "No corre la prescripción: 1º.- Contra los menores y los incapacitados durante el tiempo que estén sin tutor o curador que los represente conforme a la ley. 2º.- Entre padres é hijos durante la patria protestad. 3º.- Entre los menores é incapacitados y sus tutores o curadores, mientras dure tutela o curatela. 4º.- Contra los militares en servicio activo en tiempo de guerra, tanto dentro como fuera de la República. 5º.- Contra la herencia yacente, mientras no haya albacea que hubiere aceptado. 6º.- Contra los jornaleros y sirvientes domésticos, respecto a sus jornales o salarios, mientras continúen trabajando o sirviendo al que se los debe. 7º.- A favor del deudor que con hechos ilícitos ha impedido el ejercicio de la acción de un acreedor.". El sustento normativo de la prescripción en materia de responsabilidad de la Administración Pública se regula en los ordinales 190 a 213 de la Ley General de la Administración Pública, disponiéndose que el derecho de reclamar la indemnización a la Administración prescribirá en cuatro años contados a partir del hecho que motiva la responsabilidad. No obstante, como lo dispusiera la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en el voto número 606-F-2002 de las 16:10 horas del siete de agosto del 2002, tratándose de procesos civiles de hacienda, debe tomarse en consideración que el daño se produce o se evidencia tiempo después de acaecida la conducta, en razón de lo cual tal término extintivo contará desde que se tiene certeza o conocimiento de los hechos dañosos. Aplicado lo indicado al presente asunto, tenemos que la entidad accionada incoa la excepción de prescripción, manifestando en los términos del ordinal 198 de la Ley General de la Administración Pública, que se debe declarar prescritos los reclamos que superen los cuatro años desde que se incoa la demanda. Al respecto debe acogerse parcialmente la excepción de prescripción, pero no en la fecha que expresa la demandada, sino desde cuatro años antes desde que se formuló el reclamo administrativo ante la Municipalidad de Pérez Zeledón. Como se aprecia en el hecho probado once, la promovente mediante libelo presentado ante la Municipalidad de Pérez Zeledón el 30 de julio del 2009, formula reclamo administrativo por daños y perjuicios en los que manifiesta haber recibido daños en sus cultivos en la finca situada en Pérez Zeledón bajo la matrícula […], contiguo al botadero de basura, siendo dicho acto jurídico causa eficiente para interrumpir la prescripción, como lo expresa el ordinal 879 del Código Civil. En mérito de ello, se debe declarar prescrito todo daño y perjuicio reclamado por la actora anterior al 30 de julio del 2005. Así las cosas, los daños generados por el incendio que expresa la actora se produjeron en el depósito de basura, como se determinan en los hechos probados cinco al doce, así como los daños a la cerca divisoria que expresa se quemó con el incendio del año de 1999, se encuentran prescritos.
II.5)- EXCEPCIONES: Interpone la accionada las excepciones de falta de derecho, falta de legitimación activa y pasiva y la falta de interés actual, alega además la prescripción de todo derecho anterior a los cuatro años previos a la interposición de la demanda y solicita en la audiencia de juicio que se acoja el agotamiento de la vía administrativa que fuere denegado interlocutoriamente. Al respecto debe indicarse, que efectivamente procede el rechazo de la defensa previa de falta de agotamiento de la vía administrativa. Tratándose de procesos ordinarios civiles de hacienda como el presente, en el cual no hay de por medio la impugnación de acuerdos municipales, no aplica el agotamiento preceptivo de la vía administrativa. Como bien expusiera la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el voto 3669-2006 de las 15:00 horas del 15 de marzo del 2006, es facultativo y no preceptivo el agotamiento de la vía administrativa, y que únicamente se requerirá cuando se impugnen acuerdos municipales en los términos del ordinal 173 constitucional o acorde al 184 constitucional en materia de contratación administrativa, desapareciendo en los demás casos como presupuesto obligatorio de admisibilidad de un proceso contencioso administrativo. Así las cosas, en reclamos indemnizatorios como el presente en el cual se discute la responsabilidad objetiva de la entidad municipal, y no hay de por medio la impugnación de acuerdos municipales, lo procedente es que no se requiera el deber de agotar la vía administrativa, debido a que no se discute la legalidad del acto administrativo dictado, sino la responsabilidad civil del ente municipal. Respecto a la excepción de falta de legitimación activa y pasiva, se rechaza, toda vez que con ocasión de los daños y perjuicios reclamados por la actora, producto de la afectación que recibiera en sus cultivos de caña de azúcar por el depósito de basura de dicha entidad municipal, es que se acredita la condición de legitimado activo del actor y de la Municipalidad citada como accionada. Si bien la promovente no es la propietaria del fundo afectado, si ostenta un contrato de arrendamiento el cual le confiere un derecho subjetivo para incoar la presente acción. En torno a la falta de interés actual se rechaza, sin duda existe una necesidad real, una utilidad, un provecho legítimo del actor al momento de la interposición de la demanda, de solicitar la pretensión ejercida en autos, la cual se mantiene al momento del dictado de la sentencia. Finalmente, en razón de lo expuesto se rechaza parcialmente la excepción de falta de derecho, formulada por la accionada, debiendo entenderse acogida en lo no expresamente concedido, porque de conformidad con la normativa citada, prueba aportada y los fundamentos de hecho expuestos, le asiste parcialmente el derecho invocado a la actora en sustento de sus pretensiones, que como se expresó emanan de los ordinales 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, al habérsele causado daños y perjuicios producto de la conducta administrativa reprochada.
POR TANTO :
Por mayoría, se rechazan las excepciones de falta de legitimación activa y falta de legitimación pasiva, así como la falta de interés actual. Se declara parcialmente con lugar la acción formulada por el señor Nombre147. en contra de Nombre33221 a Municipalidad de Pérez Zeledón , acogiéndose parcialmente la excepción de falta de derecho en lo no expresamente otorgado y denegándose en lo concedido. E n consecuencia se condena a Nombre33221 a Municipalidad de Pérez Zeledón a pagarle al señor Nombre147. los daños y perjuicios causados en sus cosechas de azúcar desde el 30 de julio del 2005 y hasta el 05 de agosto del 2010 y consistentes en la disminución de sus ingresos por la venta del producto y el aumento en los costos de producción de seis hectáreas, suma que se determinará en etapa de ejecución de sentencia y que deberá ser indexada desde la firmeza de la sentencia que las establezca en concreto y hasta su efectivo pago, así como el reconocimiento de intereses legales civiles, acorde al ordinal 1163 del Código Civil, a partir de la firmeza de la sentencia y hasta su efectivo pago. Se condena además a Nombre33221 a Municipalidad de Pérez Zeledón a pagarle al señor Nombre147. por concepto de daño moral subjetivo la suma de quinientos mil colones, monto que deberá ser indexado desde la firmeza de la sentencia que las establezca en concreto y hasta su efectivo pago, así como el reconocimiento de intereses legales civiles, acorde al ordinal 1163 del Código Civil, a partir de la firmeza de la sentencia y hasta su efectivo pago. Se acoge parcialmente la excepción de prescripción y se declaran prescritos los daños y perjuicios reclamados con fecha anterior al 30 de julio del 2005. Son ambas costas a cargo de la Municipalidad de Pérez Zeledón. NOTIFIQUESE.- Carlos Espinoza Salas Ricardo A. Madrigal Jiménez Francisco Javier Muñoz Chacón Proceso de conocimiento.
Actor: Nombre147.
Contra: La Municipalidad de Pérez Zeledón .
VOTO SALVADO Concurro con mis compañeros en el voto, no obstante me separo en cuanto a la interpretación realizada respecto al momento a partir del cual corre la indexación de las sumas otorgadas en sentencia, que acorde a la respetable posición de mayoría lo es desde la firmeza de la sentencia que las establezca en concreto. Sin embargo, para el suscrito, la indexación tratándose de obligaciones de valor, debe correr a partir de la firmeza de la sentencia que las otorgue, sin que sea necesario trasladar tal data hasta que exista un monto concreto y en caso de obligaciones dinerarias desde que se incurrió en la erogación. De este modo, lo correcto para establecer una indemnización integral y plena, y para no causarle perjuicio al justiciable, es que se deba indexar desde que se establece, dicta y reconoce la obligación. Por la naturaleza de este instituto, el cual pretende actualizar al valor presente las obligaciones dinerarias preexistentes o actualizar al momento del dictado las obligaciones de valor reconocidas en sentencia, no debe quedar sujeta su aplicación, tratándose de obligaciones declaradas en abstracto, hasta el momento de la firmeza de la sentencia de ejecución que defina su monto, por cuanto el derecho ya se declaró y estableció. De igual modo, si el monto indemnizatorio ya se definió en sentencia, como en el presente caso que se otorgó por daño moral la cantidad de quinientos mil colones, con muchas menos razón debe postergarse a etapas posteriores en perjuicio de la victoriosa el deber oficioso de indexar tales rubros. Si bien, el ordinal 123 del Código Procesal Contencioso Administrativo es claro en que la obligación dineraria reconocida en sentencia se actualizará desde la fecha de su exigibilidad, el numeral 124 inciso primero y segundo, en cuanto a las obligaciones de valor, expresa que una vez convertida en dinero efectivo el juez ejecutor la actualizará, pero no indica a partir de cuando. En razón de ello, la interpretación lógica, con base en el principio de reparación integral y plena, es la de que al diferirse en el tiempo la fecha de su fijación en ejecución y posterior pago, es lo razonable que la actualización se produzca desde que se declaró en sentencia y hasta su efectivo pago. Ergo, en el caso de obligaciones de valor en las cuales se fija su monto en la sentencia que las otorga, con mucha menos razón debe diferirse su indexación a etapas posteriores. Si bien el precepto legal dispone que una vez convertida en dineraria la obligación de valor se actualizará, ello obedece a que por razón lógica no puede aplicarse la operación de indexación a un rubro no cuantificado, pero ello no implica que tal actualización deba correr hasta que el juez de ejecución establezca su monto.
Carlos Espinoza Salas Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.
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