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Res. 00047-2012 Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI · Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI · 09/03/2012

Lapse of Revocation Proceedings and Consolidation of Adjudicated OwnershipCaducidad de revocatoria y consolidación de propiedad adjudicada

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OutcomeResultado

GrantedCon lugar

The Court declared the revocation proceeding lapsed, annulled and ordered removal of the registry annotation, and barred the IDA from starting another proceeding for the same purpose because full ownership had already vested.El Tribunal declaró caduco el procedimiento de revocatoria, anuló la anotación registral, ordenó su levantamiento y prohibió al IDA iniciar otro procedimiento con la misma finalidad porque el dominio ya se había consolidado.

SummaryResumen

The Court granted the action against the Agrarian Development Institute (IDA), holding that the lapse rule established in the General Public Administration Law applies to proceedings for revocation of a land award and annulment of title. Because the administrative proceeding remained inactive for more than six months for reasons attributable to the Administration, it had to be closed and treated as never pursued. The Court also held that the restrictions imposed by Article 67 of the Land and Colonization Law end once fifteen years have elapsed since acquisition and the beneficiaries have paid all obligations owed to the IDA. Both conditions were satisfied, and the Institute had not timely proven any other breach; consequently, the beneficiaries’ ownership became full title. The IDA lacked authority to extend the statutory restrictions through an administrative notice recorded against the property. The Court therefore annulled that notice, ordered cancellation of the registry annotation, barred a new revocation proceeding pursuing the same purpose, and imposed costs on the IDA.El Tribunal declaró procedente la demanda contra el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) y estableció que la caducidad prevista en la Ley General de la Administración Pública es aplicable al procedimiento de revocatoria de una adjudicación y nulidad del título. El expediente administrativo había permanecido paralizado por más de seis meses por causas atribuibles a la Administración, por lo que debía archivarse y tenerse por no seguido. Además, determinó que las limitaciones impuestas por el artículo 67 de la Ley de Tierras y Colonización cesan cuando transcurren quince años desde la adquisición y el adjudicatario ha pagado todas sus obligaciones con el IDA. Cumplidas ambas condiciones, y sin que el Instituto acreditara oportunamente otros incumplimientos, el dominio se consolidó como propiedad plena. El IDA carecía de potestad para prolongar las limitaciones mediante una anotación registral, por lo que se anuló el exhorto, se ordenó levantar la anotación y se prohibió iniciar otro procedimiento con la misma finalidad.

Key excerptExtracto clave

Accordingly, it must necessarily be concluded that, once the statutory requirements for terminating the property restrictions arising from the award of IDA parcels were satisfied, the claimants’ ownership of property registration number Placa27905 in the Province of Alajuela became full ownership as of March 18, 2009. Indeed, as they correctly argue—and on this point they must also prevail—the law provides no possibility, once both requirements under discussion have been met, of extending the restrictions established in Article 67, still less through an administrative communication addressed to the Real Property Registry. The claim must therefore be granted insofar as it seeks a declaration that, because the statutory period had elapsed, the parcel beneficiaries had fulfilled their financial obligations, and the IDA had failed before expiration of that period to establish a breach of any other obligation imposed by law or the award agreement, their property right became consolidated and the IDA may not initiate any future proceeding pursuing that same purpose.Así las cosas, se concluye necesariamente que, satisfechos los requerimientos fijados en la ley para que cese la vigencia de las limitaciones a la propiedad derivadas de la adjudicación de parcelas del IDA, el dominio de los aquí accionantes sobre la finca matrícula número Placa27905 de la provincia de Alajuela se convirtió en pleno a partir del 18 de marzo del 2009. Ciertamente, como bien lo alegan –aspecto sobre el cual debe dárseles también la razón– la ley no establece ninguna posibilidad de que, una vez cumplidos los dos parámetros de comentario, se pueda prolongar la vigencia de las limitaciones establecidas en el artículo 67, menos aun por medio de una comunicación administrativa dirigida al Registro de la Propiedad Inmueble. De manera que debe estimarse la pretensión orientada a que se declare que, por haber transcurrido el plazo fijado en la norma legal y por haber cumplido los adjudicatarios de la parcela con sus obligaciones financieras, así como –finalmente– no haber logrado acreditar el IDA, antes del vencimiento del señalado lapso, el incumplimiento de cualesquiera otras obligaciones fijadas en la ley o en el contrato de asignación, el derecho de propiedad de aquéllos se ha consolidado y no puede el IDA iniciar ninguno futuro que tenga esa misma finalidad.

Pull quotesCitas destacadas

  • "Ahora bien, las limitaciones al derecho de propiedad no pueden ser perpetuas, debido a que esto violaría el derecho constitucional a la propiedad privada."

    "Restrictions on the right to property cannot be perpetual, because that would violate the constitutional right to private property."

    Considerando VI

  • "Ahora bien, las limitaciones al derecho de propiedad no pueden ser perpetuas, debido a que esto violaría el derecho constitucional a la propiedad privada."

    Considerando VI

  • "Esas condiciones son dos: Primera: Que transcurran quince años desde la adquisición de la parcela. Esto significa que las limitaciones se mantienen solo por ese término; Segundo: Que el beneficiario haya cancelado todas sus obligaciones con el IDA."

    "There are two conditions: First, that fifteen years have elapsed since acquisition of the parcel. This means the restrictions remain only for that period; second, that the beneficiary has paid all obligations owed to the IDA."

    Considerando VI

  • "Esas condiciones son dos: Primera: Que transcurran quince años desde la adquisición de la parcela. Esto significa que las limitaciones se mantienen solo por ese término; Segundo: Que el beneficiario haya cancelado todas sus obligaciones con el IDA."

    Considerando VI

  • "Lo anterior en virtud de que ya se ha arribado, sin necesidad de ingresar en el aspecto planteado, a la conclusión de que el procedimiento N° 041-09 NUL debe tenerse por terminado en virtud de la caducidad operada."

    "This is because, without needing to address that issue, the Court has already concluded that proceeding No. 041-09 NUL must be deemed terminated due to the lapse that occurred."

    Considerando X

  • "Lo anterior en virtud de que ya se ha arribado, sin necesidad de ingresar en el aspecto planteado, a la conclusión de que el procedimiento N° 041-09 NUL debe tenerse por terminado en virtud de la caducidad operada."

    Considerando X

  • "Habiendo vencido desde el dieciocho de marzo del dos mil nueve el plazo legal de las limitaciones impuestas por el artículo sesenta y siete de la Ley de Tierras y Colonización, se ordena al Instituto de Desarrollo Agrario abstenerse de iniciar un nuevo procedimiento de revocatoria de la adjudicación."

    "Because the statutory period for the restrictions imposed by Article 67 of the Land and Colonization Law expired on March 18, 2009, the Agrarian Development Institute is ordered to refrain from initiating a new proceeding to revoke the land award."

    Por tanto

  • "Habiendo vencido desde el dieciocho de marzo del dos mil nueve el plazo legal de las limitaciones impuestas por el artículo sesenta y siete de la Ley de Tierras y Colonización, se ordena al Instituto de Desarrollo Agrario abstenerse de iniciar un nuevo procedimiento de revocatoria de la adjudicación."

    Por tanto

Full documentDocumento completo

Sections

Procedural marks

Administrative Litigation Court Second Judicial Circuit of San José – Dirección1501 of Goicoechea Main: 2545-0003 Ÿ Fax: 2545-0033 Ÿ Email: ...01 Case file: 11-004826-1027-CA Proceeding: Purely legal matter Plaintiffs: Estate of Nombre142525 and another Defendant: Instituto de Desarrollo Agrario N° 47-2012-VI ADMINISTRATIVE LITIGATION AND CIVIL TREASURY COURT (SIXTH SECTION). Second Judicial Circuit of San José, at seven fifty a.m. on March ninth, two thousand twelve.- Administrative litigation proceeding declared to be a purely legal matter, brought before this Court by the ESTATE OF Nombre142525 and Nombre142526, widower, farmer, resident of Coyolar de Orotina, holder of identity card number CED111990, acting both in his personal capacity and as provisional executor of the aforementioned estate (f. 1 and 95); against the INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO (IDA), represented by its general attorney-in-fact for judicial proceedings, Lic. Carlos Enrique García Anchía, married, attorney, resident of San Ramón de Alajuela, holder of identity card number CED27295 (f. 440, 463 and 486).

Also participating in the proceeding on behalf of the claimants was their special attorney-in-fact for judicial proceedings, Lic. José Luis Ramos Castellón, married, attorney, holder of identity card number CED110994, resident of Mastate de Orotina (f. 94). The natural persons named above are of legal age.- BACKGROUND:

  1. 1Based on the facts and legal authorities set forth in a filing submitted on August 26, 2011, the plaintiffs brought an action whose relief sought—in essence—consists of requesting “(...) / 2. That the judgment declare the expiration (caducidad), and consequent closing, of the administrative proceeding for revocation of the award (revocatoria de adjudicación) and annulment of title (nulidad del título), initiated against the undersigned Nombre142526 and against my late wife, Nombre142525, processed before the Legal Affairs Office of the IDA’s Región Pacífico Central under case file number 041-09 NUL. / 3. That the judgment declare that the IDA lacks legal authority to order the Registro Público to record notices of proceedings for revocation of awards and annulment of titles. / 4. That the judgment declare that, because the 15-year period of restrictions established by the Ley de Tierras y Colonización has expired, the IDA has lost all legal authority to decree the revocation of the award and annulment of the title granted to the undersigned Nombre142526 and to my late wife, Nombre142525, over the property registered in Alajuela under registration number Placa27903 (sic), (...). / 5.That the judgment declare that the recommendation to close administrative case file N° 041-09 NUL, issued by the directing body of the proceeding (órgano director del procedimiento) through an official communication dated January 14, 2010, does not require approval by the IDA Board of Directors, as established by Article 108, subsection f), of the REGLAMENTO PARA LA SELECCIÓN Y ASIGNACIÓN DE SOLICITANTES DE TIERRAS, published in La Gaceta N° 38 of February 22, 2008, and that the proceeding must therefore be terminated. / 6. That an order be issued to the Registro Público de la Propiedad so that the notice recorded by the IDA concerning the proceeding for revocation of the award over the parcel registered in Alajuela under registration number Placa27902° (sic), (...), may be canceled. / 7. That the IDA be ordered not to initiate against us a new administrative proceeding for revocation of the award and annulment of title concerning the parcel registered in Alajuela under registration number Placa27902°, (...). / 8. That the IDA be ordered to pay attorney’s fees and litigation costs.” (f. 1-93).-
  2. 2By ruling N° 1462-2011 issued at 13:10 on September 26, 2011 (f. 449-452), case-management judge Lic. Francisco Hidalgo Rueda denied the interim relief (medida cautelar) requested by the plaintiffs. The record does not show that this ruling was appealed.-
  3. 3The defendant entity opposed the action and raised the defenses of failure to state a legal right and lack of active and passive standing (f. 453-462).-
  4. 4At the preliminary hearing held beginning at 13:17 on December 7, 2011, attended by both parties, no adjustments were made to the relief sought, which therefore remains as stated in the complaint. On that occasion, the IDA raised the preliminary defense that defects in the complaint prevented a ruling on the merits; this defense was rejected by the case-management judge through ruling N° 2050-2011 issued at 13:30 on the same day. That judge also rejected the IDA’s offer of testimonial evidence, and the IDA likewise withdrew its proposed confession evidence; the proceeding was therefore declared to be a purely legal matter because no evidence other than documentary evidence remained to be received, pursuant to Article 98, subsection 2), of the Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA), whereupon the parties presented their closing arguments orally (hearing recorded and attached to the case file on the corresponding electronic medium; minutes at f. 489-490).-
  5. 5This matter was received for issuance of judgment on February 17, 2012, as shown by the routing stamp appearing on the reverse of f. 513. Following deliberation, this judgment is issued within the fifteen-business-day period stipulated in Article 82, subsection 4), of the Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Civil de Hacienda. No grounds for nullity capable of invalidating the proceedings are apparent.-

Judge Hess Araya authors the judgment, with the concurring votes of Judge Abarca Gómez and Judge Garita Navarro; and,

CONSIDERING:

I. PRELIMINARY MATTER

At f. 500-513, the defendant submitted a brief that it describes as “a brief report, with the express request that it be admitted as evidence to assist in reaching a decision in this proceeding.” Having reviewed it, this Court finds that it consists of a series of arguments concerning the merits of the case that lack evidentiary value in the strict sense and that, consequently, may only be deemed added to the record, without further consideration.-

II. PROVEN FACTS

The following relevant facts are deemed proven:

1. By public deed executed on March 18, 1994, the IDA subdivided (segregó) and sold to Nombre142525 and coplaintiff Nombre142526—who were spouses at the time—a property located in Coyolar de Orotina, province of Alajuela, which was registered under number Placa27904, interests 001 and 002, respectively (fact 1 of the complaint, undisputed; f. 98-112 of the court case file).- 2. Insofar as relevant to the matter at issue (sub lite), the aforementioned property was subject to the restrictions stipulated in Article 67 of the Ley de Tierras y Colonización, N° 2825 of October 14, 1961, for a fifteen-year period expiring on March 18, 2009 (fact 2 of the complaint, undisputed; f. 98-112 of the court case file).- 3. On March 18, 2009, the Legal Affairs Office of the IDA’s Región Pacífico Central commenced a proceeding for revocation of the award, with the resulting annulment of the property title, against coclaimant Nombre142526 and his wife, administrative case file N° 041-09 NUL.

They were notified of the commencement order on the same day (fact 3 of the complaint, undisputed to the extent indicated; f. 116 of the court case file; f. 116-119 of the administrative case file).- 4. Also on March 18, 2009, the aforementioned Legal Affairs Office issued and sent to the Registro Público de la Propiedad Inmueble an “IDA proceeding notice request,” advising it of the commencement of administrative proceeding 041-09 NUL, “So that the expiration of the restrictions” encumbering the property at issue “may be deemed interrupted.” That document was entered in the Registry on the same date under entry 70.525 of volume 2009 of the Diario (facts 4 and 5 of the complaint, undisputed; f. 113-117 of the court case file; f. 115 of the administrative case file).- 5. On December 17, 2009, the interested parties—through their special attorney-in-fact—filed with the directing body a motion seeking a declaration that proceeding N° 041-09 NUL had expired (fact 13 of the complaint, undisputed to the extent indicated; f. 259-263 of the administrative case file).- 6.

The interested parties reiterated their request for a declaration that the proceeding had expired through separate briefs dated July 1 and 5, 2011, filed with the directing body and the IDA Board of Directors, respectively (fact 17 of the complaint; f. 291-297 and 306-316 of the administrative case file).- 7. The last administrative action entered in the case file and notified to the interested parties before the filing of both expiration motions referred to in the two preceding proven facts was the decision issued at 9:00 on November 25, 2009, suspending certain “site-inspection proceedings and evidentiary hearing,” pending resolution of motions previously filed by the party (f. 269 of the administrative case file).- 8. The motions filed by the respondents with the IDA Board of Directors in case file N° 041-09 NUL have not been decided by that Board (fact 16 of the complaint, undisputed to the extent indicated).- 9.

The award recipients completed payment of their financial obligations to the IDA on January 22, 2007, and have owed no amounts to that entity since that date (fact 23 of the complaint, undisputed; f. 120 of the court case file).- 10. Coplaintiff Nombre142526 is the provisional executor of the estate of Nombre142525 (undisputed; f. 95).-

III. UNPROVEN FACTS

None of significance.-

IV. SUBJECT MATTER OF THE DISPUTE (OBJETO DE LA LITIS)

Co-plaintiff Nombre142526 argues, in summary, that in 1994 the IDA sold him and his wife the property registered in the Province of Alajuela under folio number Placa27903 (sic), located in the Coyolar de Orotina settlement. That property was subject to the restrictions set forth in Article 67 of Law 2825, Ley de Tierras y Colonización, from 18 de marzo de 1994 until the same date in 2009. He adds that, although they had complied with all their legal and contractual obligations, on 18 de marzo del 2009 (that is, the day on which the restrictions expired), the Asesoría de Asuntos Jurídicos de la Región Pacífico Central del IDA instituted against them an administrative proceeding for revocation of the award (procedimiento administrativo de revocatoria de adjudicación), under expediente number 041-09 NUL. On the same day, the IDA sent a judicial request (exhorto) to the Registro Público for the purpose of creating a registry notation (anotación registral) that would prevent the unrestricted disposition of the real property and interrupt the expiration of the restrictions, based on Article 7 of Law Nº 6735 creating the IDA.

The document was recorded under filing references 2009-70525-001. The claimant further states that they filed a motion for reconsideration (recurso de revocatoria), with a subsidiary appeal (apelación en subsidio), and a concurrent motion for annulment (incidente de nulidad concomitante) against the decision ordering the commencement of the proceeding; nevertheless, that application was not addressed, and the IDA merely issued a decision on 5 de noviembre del 2009, removing the allegation of an unlawful sale that had been made against them, ordering the proceeding to continue with respect to other allegations, and setting another date for the oral, closed hearing (audiencia oral y privada). They again challenged that decision, but their challenge was denied on the following 13 de noviembre, whereupon they filed an appeal against the denial of leave to appeal (recurso de apelación por inadmisión).

On 25 de noviembre, the directing body (órgano director) ordered the scheduled hearing suspended pending a ruling on the appeal. Subsequently, on 17 de diciembre, they filed a request for termination of the administrative proceeding due to inactivity (caducidad del procedimiento administrativo), which led the directing body, by means of a memorandum dated 14 de enero del 2010 and addressed to the Director Regional, to recommend closing the expediente. This proposal was submitted for consideration to the Junta Directiva del IDA, which to date has not ruled on it, nor has it ruled on the appeal against the denial of leave to appeal. In julio del 2011, they submitted new pleadings to the directing body and the Junta Directiva, reiterating their request for termination due to inactivity and invoking as precedent judgment 57-2011-VI, issued at 8:05 horas on 8 de marzo de 2011 by this Court. Nevertheless, unexpectedly and in clear violation of due process (debido proceso), on 29 de julio of that year, the directing body for the proceeding scheduled a hearing for the following 13 de septiembre.

Once again, they filed a motion for reconsideration with a subsidiary appeal and concurrent annulment, arguing that the hearing could not be held because the challenges they had filed had not been decided and because the Junta Directiva had not ruled on the request for termination due to inactivity or on the recommendation to close the expediente made by the directing body itself. That challenge was denied by the aforementioned body on 4 de agosto del 2011. Regarding the legal grounds for the complaint, the co-plaintiff states that the administrative proceeding conducted under expediente 041-09 NUL has been inactive on several occasions for periods exceeding six months, for reasons attributable solely to the IDA, and that it has therefore terminated due to inactivity. Furthermore, no legal provision authorizes the IDA to interrupt the expiration of the period of the restrictions under Article 67 of Law Nº 2825, or to issue judicial requests to the Registro Público to create notations for that purpose, since, pursuant to Article 95 of the Ley de Tierras y Colonización, only a judge may order such registrations.

Article 7 of Law 6735, cited by the IDA in its decision, does not establish such authority. From the date on which the restrictions expire (which in his case was 18 de marzo del 2009), the right of ownership ceases to be restricted and becomes full ownership (dominio pleno). If the IDA intended to revoke the award and annul his title, it should have done so before the aforementioned restrictions expired. In summary, the IDA violated the principle of legality (principio de legalidad) by ordering that the judicial request be sent to the Registro Público to extend, beyond their statutory expiration, the restrictions established by the Ley de Tierras y Colonización. The claimant likewise considers that the constitutional and statutory right to property was violated by ordering that the restrictions imposed on his parcel continue beyond the period prescribed by the law itself. He also alleges a violation of due process because he believes that the directing body’s determination to close the expediente should not have been submitted to the Junta Directiva del IDA, since Article 108, subsection f), of the Reglamento para la Selección y Asignación de Solicitantes de Tierras (in force when commencement of the administrative proceeding was ordered) provides that such approval is not required. By now scheduling a new oral, closed hearing, that directing body is proceeding as though its own recommendation to close the expediente simply no longer existed.-

V.In response to the plaintiffs’ arguments, the representative of the defendant Instituto states, in summary, that there are strong indications that the plaintiff failed to comply with his obligations as the recipient of the parcel award (adjudicatario) and that, accordingly, his principal had a legal obligation to institute a proceeding for the possible revocation of the property title. The judicial request addressed to the Registro Público was issued in the exercise of the authority conferred by the Ley de Tierras y Colonización number 2825 of 14 de octubre de 1961 and the Ley de Creación del Instituto de Desarrollo Agrario number 6735 of 29 de marzo de 1982. There has been no neglect in the processing of the proceeding; rather, the plaintiffs have continually engaged in delaying conduct. It is true that the Junta Directiva has not issued a final act (acto final), although it has issued several interlocutory acts (actos intermedios) directed toward the issuance of a final act once that body has all the information it needs.

The judgment of this Court being invoked is not final, because a cassation appeal (recurso de casación) was filed and has not been decided. Regarding the merits, he states that the real properties awarded by the IDA are designated by law for specific purposes, which imposes a series of duties on their beneficiaries by reason of the social function of land (función social de la tierra). “Accordingly, the doctrine of termination of an administrative proceeding due to inactivity cannot be used to circumvent the essence of what the ley de Tierras y Colonización provides.” He considers that the restrictions established for a period of 15 years by Article 67 of the aforementioned law do not expire until the beneficiary has complied with all obligations, “that is, it is not merely a matter of time.” Book Two of the Ley General de la Administración Pública, which establishes the administrative procedure, does not apply to the IDA, pursuant to Executive Decree number 9469-P, which excludes the Ley de Tierras y Colonización.

That Instituto has its own regulations governing administrative proceedings, contained in the Reglamento para la Selección y Asignación de Solicitantes de Tierras, which does not provide for termination due to inactivity. The IDA’s lands are in the public domain (dominio público), as has been repeatedly confirmed by the Sala Constitucional (see judgments 2006-15775, 2008-12417 and 2008-17776), and therefore they are immune from attachment (inembargables), not subject to acquisitive prescription (imprescriptibles), and inalienable (inalienables). Termination of administrative proceedings due to inactivity “would clearly run counter to the principle that the IDA’s right to reclaim such property is not subject to prescription.” He also refers to judgment 835-2009, issued at nine o’clock on 29 de abril del 2009 by the Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, which reaffirms the status of public-domain property to which time limits for termination due to inactivity do not apply.

He reiterates that the final act in the proceeding has not been issued. “Therefore, we consider that we are not dealing with administrative conduct that, at this stage, may or should fall within the jurisdiction of the courts.” He requests that the complaint be dismissed in its entirety and that the plaintiff be ordered to pay the costs of the proceeding.-

VI. ON THE MERITS

The complaint filed is well-founded and must be so declared. As the plaintiff rightly points out, this Court has already had occasion to analyze the applicability of the doctrine of termination due to inactivity to administrative proceedings for revocation of awards of IDA parcels, specifically in the aforementioned judgment N° 57-2011-VI, issued at 11:05 horas on 8 de marzo del 2011, which—because of its relevance to the matter under consideration (sub examine)—may be quoted as follows:

“III- IN AN ADMINISTRATIVE PROCEEDING FOR REVOCATION OF AN AWARD, WITH THE SUBSEQUENT ANNULMENT OF THE PROPERTY TITLE, CONDUCTED BY THE IDA, THE PRINCIPLES OF ADMINISTRATIVE PROCEDURAL LAW SET FORTH IN THE LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUST BE APPLIED. APPLICABILITY OF TERMINATION DUE TO INACTIVITY IN THE PRESENT MATTER: In this case, the Instituto de Desarrollo Agrario has argued that the administrative proceeding for revocation of an award and annulment of title, established in the autonomous regulation called ‘Reglamento para la Selección y Asignación de Solicitantes de Tierras,’ is an administrative proceeding of an agrarian nature governed by special rules (special administrative proceeding (procedimiento administrativo especial)), and therefore the Ley General de la Administración Pública and, consequently, section 340 of that law do not apply. This Court does not agree with the position taken by the IDA for the following reasons: 1) Special proceedings organized by subject matter are subordinate and supplementary (sic) to the provisions of the Ley General de la Administración Pública: The Ley General de la Administración Pública recognizes the existence of special administrative proceedings.

Nevertheless, such special proceedings are subordinate to, or must be supplemented by, the procedural principles established in the Ley General de la Administración Pública. This is confirmed precisely by Article 229 of the LGAP, which provides:

‘Article 229.- 1. This Book shall govern the proceedings of the entire Administration, except where a contrary provision applies.’ Similarly, section 367, paragraph 1, of that same law provides as follows:

‘Article 367.- 1. All prior provisions establishing or regulating administrative proceedings of a general nature, or whose special nature does not arise from the subject matter they govern, are hereby repealed.’ Specifically, these provisions establish the general rule that the administrative procedure (procedimiento administrativo) governed by the Ley General de la Administración Pública shall apply to all public administrations, except where provisions or regulations expressly exclude it. However, paragraph 2 of the same Article 367 cited above sets forth a list of special procedures (procedimientos especiales), which was expanded by Executive Decrees Nos. 8979-P of 30 de agosto de 1978 and 9469-P of 20 de diciembre de 1978; the latter specifically includes the Ley de Tierras y Colonización. Nevertheless, the foregoing does not mean that the administrative procedure and its principles contained in the Ley General de la Administración Pública are excluded from application within special procedures, since the latter are in fact subordinate and must apply the Ley General de la Administración Pública and its procedural principles (principios procesales) on a complementary and supplementary basis. The foregoing is established in section 368, first paragraph, of the LGAP, which provides:

‘Article 368.- 1. The other existing laws, regulations, and procedural provisions governing special subject matters shall remain in force, but as complementary and subordinate to this Law, provided that they are necessary by reason of the particular nature of such subject matters, (...)’ In summary, the administrative procedure and its principles contained in the Ley General de la Administración Pública must apply to special procedures unless the latter, through a provision superior or equal in rank to the Ley General, expressly repeal the application of the administrative procedure and the procedural principles governed by that law. Specifically, the Reglamento para la Selección y Asignación de Solicitantes de Tierras is not a regulation that excludes application of the procedural principles and administrative procedure contained in the Ley General de la Administración Pública; quite the contrary, as will be explained below in this same recital (considerando) of this decision; 2) The administrative procedure for revocation of an allocation (revocatoria de una asignación), with the resulting annulment of title (nulidad de título), governed by the Reglamento para la Selección y Asignación de Solicitantes de Tierras, is subordinate to the provisions of the Ley General de la Administración Pública: In this regard, it must be considered that the Reglamento para la Selección y Asignación de Solicitantes de Tierras, published in the Official Gazette La Gaceta number 38 of 22 de febrero del 2008, is an autonomous organizational and service regulation (reglamento autónomo de organización y servicio) which, in accordance with the hierarchy of laws (jerarquía normativa) established in Article 6 of the LGAP, is subordinate to statutes and, in this case, specifically to the Ley General de la Administración Pública. In that regard, account must be taken of Article 364 of the LGAP, which provides:

‘Article 364.- 1. This law is a matter of public policy (orden público) and repeals any laws contrary to it, subject to the limitations and exceptions established in the following articles.

2. In case of doubt, its principles and rules shall prevail over those of any other provisions of equal or lower rank.

3. They shall also serve as criteria for interpreting the country’s entire body of administrative law.’ Specifically, the Reglamento para la Selección y Asignación de Solicitantes de Tierras is subordinate to the Ley General de la Administración Pública because the latter has greater legal rank, force, or resistance; it is therefore evident that one cannot disregard the fact that the LGAP must indeed be applied to the administrative procedure for revocation of an allocation with the resulting annulment of title, because it is an administrative procedure governed by a lower-ranking provision subordinate to one of higher rank. Moreover, in the event of doubt or a legal gap (laguna), the procedural principles and administrative procedure contained in the Ley General de la Administración Pública must always be applied; 3) The Reglamento para la Selección y Asignación de Solicitantes de Tierras itself accepts that, in the absence of applicable provisions, the procedural principles contained in the Ley General de la Administración Pública shall apply: This statement is derived from several provisions of the Reglamento para la Selección y Asignación de Solicitantes de Tierras, which provide:

‘Article 3.—In the absence of an express provision in these Regulations, in the Ley de Tierras, or in the Ley del IDA, the following shall apply in the stated order: the principles governing land-allocation agricultural enterprises (empresa agraria dotacional), the principles of agricultural law (derecho agrario), public law (derecho público), case law (jurisprudencia), and custom.’ ‘Article 101.—The procedure for revocation of an allocation with the resulting annulment of the property title (título de propiedad), if any, shall be conducted by the Regional Directorate through the attorney for the respective region and shall serve to better fulfill the purposes of the Ley de Tierras, in harmony with the rights of the allottees (asignatarios or asignatarias). The procedure shall respect due process (debido proceso) enshrined in our Political Constitution and shall have as its purpose, as established by the fundamental principles underlying Administrative Procedural Law (Derecho Procesal Administrativo), the search for the substantive truth of the facts (verdad real de los hechos).’ It should be noted that both provisions state that, in the event of gaps or the absence of particular provisions when applying those Regulations, recourse must be had to the principles of public law and the fundamental principles of Administrative Procedural Law, which are plainly the procedural principles contained in the Ley General de la Administración Pública.

Consequently, the Reglamento para la Selección y Asignación de Solicitantes de Tierras itself provides for application of the procedural principles contained in the Ley General de la Administración Pública, and the IDA’s position on this matter is therefore entirely incorrect; 4) The procedural principles and rules of administrative procedure contained in the Ley General de la Administración Pública must apply with even greater force to legal mechanisms (institutos) that benefit regulated persons (administrados), such as termination of the proceeding due to inactivity (caducidad del procedimiento): In this particular case, it is evident that the administrative procedure for revocation of an award (revocatoria de adjudicación) and annulment of title governed by the Reglamento para la Selección y Asignación de Solicitantes de Tierras is extremely basic and cursory and makes no reference to termination of the administrative proceeding due to inactivity.

However, this Court’s position is that, in addition to the reasons already given concerning the matter under consideration, it is clear that a legal mechanism such as termination of the proceeding due to inactivity constitutes a procedural instrument that safeguards the constitutional principle of legal certainty (seguridad jurídica), and that it must be fully applied in administrative proceedings affecting the legal sphere of regulated persons—such as, in this case, the annulment of a property title to a parcel—if the conditions established in Article 340 of the Ley General de la Administración Pública are present in a particular case, as they indeed are in this particular case. This position is confirmed by our Constitutional Chamber, which stated, insofar as pertinent to the issuance of this judgment:

‘From the foregoing, it is important to emphasize one element of judgment that is essential to the correct determination of this matter: whatever legal framework may apply to a particular administrative proceeding (because the LGAP framework need not necessarily be the only possible one), it must be a regulation originating in, or at least authorized by, a provision having the rank of statute. Furthermore, in the absence of another procedure applicable by reason of its specialized nature, or where special procedures are insufficiently regulated, the Administration must always and inescapably adhere to those of the LGAP because of their general nature (as reflected in the text of Articles 366, subsection one; 367; and 368 thereof). In fact, what has been stated thus far is in no way novel, since it is evident that the Procuraduría General de la República has made this same clarification for many years (see, for example, the opinion of 7 de febrero de 1980 published in Revista de la Procuraduría General de la República n 13, pg. 14).

What this Constitutional Chamber must specify here is that, in the absence of a special statute providing for another procedure, the failure of a public body or entity to apply the rules of administrative procedure in Book Two of the LGAP inevitably constitutes a violation of the constitutional principles and guarantees of legality (Article 11), defense, and due process (Articles 39 and 41).’ (decision number 545-V-96 of 2 de octubre de 1996), Consequently, the IDA’s position that the legal mechanism of termination due to inactivity governed by section 340 of the Ley General de la Administración Pública does not apply in the administrative procedure for revocation of an award and annulment of title contained in the Reglamento para la Selección y Asignación de Solicitantes de Tierras is, as the Constitutional Chamber correctly states, a violation of the constitutional principles and guarantees of legality.

Likewise, the foregoing statement by our Constitutional Chamber disproves the defendant institution’s assertion that its position of not applying the Ley General to the administrative procedure for revocation of an award and annulment of title was supported by constitutional case law. In summary, the procedural principles and administrative procedure contained in the Ley General de la Administración Pública are fully applicable to the administrative procedure for revocation of an award and annulment of title, and termination of the proceeding due to inactivity is therefore a legal mechanism applicable in this case...” Certainly—as shown by the search conducted in this jurisdiction’s case-management system—the representative of the defendant Institute is correct in stating that the preceding ruling was timely challenged by an appeal on points of law (recurso de casación). However, it is also true that, as of this date, that appeal remains pending determination by the Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia; therefore, there appears to be no reason why we should now depart from the position expressed in this particular case.

Accordingly, the aforementioned position is reaffirmed: termination due to inactivity applies as an extraordinary means of terminating the proceeding when inactivity has been established for a period exceeding six months, as provided in section 340 of the Ley General de la Administración Pública (LGAP).-

VII.The IDA’s legal representative seeks a determination that termination due to inactivity is not applicable to proceedings for revocation of parcel awards, based on the argument that the land belonging to that entity is in the public domain (dominio público), citing for that purpose repeated precedents of the Constitutional Chamber (for example, judgments 2006-15775, 2008-12417, and 2008-17776), as well as judgment N° 835-2009 at 9:00 hours on 29 de abril del 2009, issued by the Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. According to him, these guidelines establish that IDA properties are exempt from attachment (inembargables), not subject to acquisition by prescription (imprescriptibles), and inalienable (inalienables); he adds that applying termination due to inactivity in these cases would contravene the principle that the IDA’s right to reclaim such property is not subject to prescription (principio de imprescriptibilidad). The issue raised has also recently been examined by this Court, which reached the opposite conclusion. Indeed, judgment N° 14 -2012-VI at 16:20 hours on 30 de enero del año en curso stated:

“V.- On public-domain property (bienes de dominio público). In view of the issue under discussion, this Court’s analysis must begin with the assertion that not all State-owned property is in the public domain; rather, public entities also hold patrimonial property (bienes patrimoniales), or private-domain property (bienes de dominio privado). This distinction is grounded in the Civil Code (Código Civil; hereinafter, CC), Article 261 of which provides that: ‘Public things are those that, by law, are permanently allocated to any service of general utility, as well as those that everyone may use because they have been made available for public use. All other things are private and subject to private ownership, even if they belong to the State or Municipalities, which, for these purposes, as civil persons, are no different from any other person.’ Indeed, the relationships arising between the State and private individuals with respect to property falling within the public and private domains differ substantially: while the former must be governed by the public-law regime (régimen de Derecho Público) and therefore entail the application of rules of subordination, the latter are characterized by the application of private law (Derecho Privado) and operate within the framework of coordination inherent in that regime.

It is therefore essential to determine the nature of the property at issue in each case, since the regulatory regime applicable to that case will depend on it. For the moment, the Court is concerned with public-domain property. As stated, by its nature this type of property is subject to a special public-law regime. It forms part of the public estate (demanio público), understood as ‘(…) the set of property subject to a special legal regime distinct from that governing the private domain which, in addition to belonging to or being administered by public legal entities, is dedicated or allocated to purposes of public utility, as manifested in the direct [sic] or indirect use that any person may make of it. (…)’ (Judgment No. 3145, issued by the Constitutional Chamber at 9:27 a.m. on June 28, 1996). Indeed, the public domain comprises property that, by the legislature’s express will, is specially intended to serve the community and the public interest.

These are things that do not belong individually to private persons, are intended for public use, and are subject to a special regime outside private commerce. Thus, they are assets belonging to the State in the broadest sense of the term, dedicated to the service they provide, which is invariably essential by virtue of an express rule. Public-domain assets (bienes demaniales), however, must satisfy certain essential elements to qualify as such. The first is a subjective element (elemento subjetivo), concerning the person or holder of title to the property. In this regard, the titleholder must be a public entity and not a private individual. Alongside this consideration is a second important aspect: the principle that, by their nature, public-domain assets cannot and must not belong to private individuals at any time. The reason public-domain assets cannot be owned by a private person lies in the fact that they are intended to satisfy the general interest and serve the community; this necessarily falls within a public function whose scope makes it difficult to conceive of it as a function of a private-law person.

A second element is the objective element (elemento objetivo), which concerns all property capable of inclusion in the public domain. In this regard, it may be said that the range of property capable of forming part of the public estate is very broad. It includes immovable and movable property, tangible and intangible things, fungible and non-fungible things, consumable and non-consumable things, divisible and indivisible things, simple and composite things, principal things and appurtenances, and universality of rights, among others. The third is the normative element (elemento normativo), under which the public-domain status of property depends on the existence of a legal provision declaring it to be such. A statutory dedication (afectación normativa) is therefore required, by virtue of which the property becomes part of the public estate. In our legal system, Articles 261 and 262 of the CC establish the need for this dedication by stating with complete clarity that those things designated as such by law shall be public things devoted to public use.

Consequently, it may be affirmed that the legislature determines which property forms part of the public domain and which forms part of the private domain. The public domain is therefore a legal concept, meaning that its existence depends on the express treatment afforded to it by the legislature; accordingly, without a law serving as its basis, no property or thing will possess that status. Lastly, there is the teleological or purposive element (elemento teleológico o finalista), under which public-domain assets, to be considered as such, must also be devoted to public use—that is, their purpose must be the general interest, namely, that of the community. Our Civil Code also expressly enshrines this element. Thus, Article 261 states that public things are those that, by law, are permanently allocated to any service of general utility, as well as those that everyone may use because they have been made available for public use.

That same provision also distinguishes property that, despite belonging to a public entity, lacks such a vocation for public use or utility, classifying it as private. In conclusion, for property to be considered part of the public domain, all four cited elements must be present simultaneously. The presence of only some of them is insufficient, because unless all of them concur, the property is excluded from public-domain classification (categorización demanial). In this regard, legal scholar Miguel Marienhoff has stated, insofar as relevant, that ‘(…) To determine the legal status of property, it is not enough to consider, for example, only the teleological element or intended purpose; the nature of its owner—the subjective element—must also be considered, because a public domain can exist only when all four elements characterizing it are present. (…)’ Where doubt exists regarding the classification, each of these elements must be examined.

If all four converge, the property’s public-domain status (demanialidad) is clear; but if any one of them is absent, it cannot be classified as such. Furthermore, the public estate affords special protection to the property comprising it. Its characteristics include inalienability (inalienabilidad), immunity from acquisitive prescription (imprescriptibilidad), and immunity from attachment (inembargabilidad). Accordingly, an action to recover such property is not subject to limitation periods (plazos de caducidad), as expressly provided in Article 34 of the CPCA. Likewise, such property lies outside private commerce, in the sense that it cannot be privately appropriated. A public entity may, however, grant rights of use (derechos de aprovechamiento) to private parties through use concessions (concesiones de uso). Finally, administrative action, through powers of administrative self-enforcement (potestades de autotutela) and police powers (potestades de policía), replaces possessory injunctions (interdictos) for recovering control of the property.

In conclusion, public-domain property and private-domain property are subject to distinct legal regimes, a distinction that, it bears repeating, derives from Article 261 of the CC. The public domain is inalienable and not subject to prescription, with all the consequences arising therefrom. State-owned private-domain property, for its part, is subject to the ordinary rules governing private property. As explained, the criterion for distinguishing these two categories is the concurrence of the four elements already analyzed: the subjective, normative, objective, and purposive elements.

VI.On the nature of the property at issue in the specific case. (...). For its part, in the complaint, the IDA also argues that those properties are public-domain property (bienes de dominio público) that must be recovered. In this regard, to determine whether or not those properties form part of the public domain (demanio público), the presence of the subjective, normative, objective, and purposive elements must be analyzed. As to the first, the properties in question belonged, at one time, to the IDA. The fact that they are currently registered in the name of a private-law entity, (...), does not affect satisfaction of the subjective element, since that registration does not cure any potential nullity if public-domain property was, in fact, transferred. Furthermore, the objective element is also satisfied, insofar as the assets are real property capable of forming part of the public domain.

However, the Court considers that, in this specific case, the normative and purposive elements are not present, for the reasons set forth below. As to the former, there does not appear to be any statutory designation (afectación normativa) of those assets as part of the public domain. Contrary to the position asserted by the plaintiff entity, we consider that such designation cannot be derived from Articles 3 and 32 of Law No. 6735, the Law Creating the Agrarian Development Institute. Those provisions state, on the one hand, that one of the IDA’s functions is to cooperate in conserving the country’s natural resources and to administer national reserves on behalf of the State (a situation that does not apply to this case because the properties are not national reserves); on the other hand, the cited Article 32 lists the assets forming part of the resources held by the entity for fulfillment of its statutory purposes.

First, that provision does not expressly state that assets forming part of the IDA’s estate for fulfillment of its purposes are, in every case, public-domain property. Moreover, the list expressly includes instances of private-domain property (bienes de dominio privado), as is the case with subsection b) (Land within the private domain of the State or its institutions that is transferred to the Agrarian Development Institute in accordance with the law). Nor do subsections c) and j) (Land acquired by the Institute through any lawful means for use in its agrarian-development programs, and property donated to the Institute by private or public natural or legal persons for the purposes of this law) establish that such land constitutes, per se (sic), part of the public domain. Nor is that special designation found in Article 33 of the same body of law, under which the assets and resources constituting the estate of the Agrarian Development Institute may be used only for the purposes provided for in that law, without distinguishing whether they constitute private-domain or public-domain property.

Accordingly, this Court cannot conclude that every property acquired by the IDA to fulfill the objectives of its law must be regarded as public, since nothing prevents private-domain property from being used in pursuit of those purposes. We reiterate that the public domain is a legal concept, and therefore its existence depends upon a formal declaration by the Administration (as well as by the legislature) subjecting specific property to the public-domain regime, which is absent in the case at bar (subjúdice). To presume that such property is State-owned property merely because the IDA obtained it to fulfill its statutory purposes, or that real property owned by a public entity automatically forms part of the public domain, would disregard the existence of the IDA’s private-domain property and the special legislative designation required in that regard by Article 261 of the CC and by prevailing case law and legal scholarship.

In support of the foregoing, it has been stated that the public domain is conceived more as a means of governmental intervention and a material basis for the exercise of public functions than as a property relationship (see, to that effect, Decision No. 04587-97 of the Constitutional Chamber). It must also be noted that the absence of the purposive element—that is, the permanent dedication of the property to public use or benefit—is even clearer. This is evident when one considers that, in both cases, the properties’ legally prescribed purpose was, from the outset, their use in agrarian-development programs, which is why they are awarded or titled to beneficiaries who qualify as such. Thus, they have always remained in private commerce, because once awarded, they become part of the estate of the beneficiary, a private-law person, subject to certain statutory limitations, and are registered in that person’s name.

(...). Consequently, these are assets that cease to form part of the public entity’s estate and enter the estates of private persons, a situation that would be plainly incompatible with their being public-domain property, since such property cannot leave State ownership, much less be registered in the names of private persons. For all the foregoing reasons, and given the absence of the normative and purposive elements, this Court concludes that the property at issue is private-domain property of the IDA. (...). Nor is the reference to limitations imposed by various provisions concerning the use and designated purpose of those properties persuasive. The existence of limitations does not convert a property into public-domain property. On the contrary, such limitations are generally imposed on private property and entail subjection to a series of obligations to give, to do, or to tolerate, but not the abolition of private ownership.

(...). With respect to the Constitutional Chamber judgments invoked by the claimant, the Court considers that they are inapplicable to this specific case because they concern different factual circumstances. Judgments No. 15775-2006, 17776-2008, and 12417-2008 concern the administrative eviction of property classified as public-domain property because it was registered in the name of the IDA and had not been awarded or titled to any private person, but was instead subject to precarious occupancy (ocupación en precario), a situation not present in this specific case. With respect to Judgment No. 835-2009, issued by the Administrative and Civil Court of the Treasury at 9 hours on 29 April 2009, which upheld the declaration of adverse effect on the public interest (lesividad) concerning several IDA resolutions addressing a situation similar to that discussed here, it should be noted that this Court respects the trial judge’s ruling but does not share it, for the reasons already explained at length in this and the preceding recital (considerando).

(...). Finally, it bears noting that the First Chamber of the Supreme Court of Justice, in Judgment No. 182-F-S1-2009, at 16 hours 27 minutes on 19 February 2009, ruled that not all properties acquired by the IDA to fulfill its purposes constitute public-domain property, placing particular emphasis on those transferred by that entity to private persons. It stated in this regard that ‘(....) pursuant to Article 12, subsection b), of the Land and Colonization Law, “Rural properties within the private domain of the State” are dedicated to its purposes, but this does not, in itself, mean that their nature is “sui generis” or public-domain, within the meaning established by the Constitutional Chamber. In order to be subject to that special legal regime, distinct from the regime governing the private domain—that is, in order to form part of the public domain—there must necessarily be, as already indicated, a specific law so providing, or the nature of the property must dictate it by reason of its purpose, namely, public use.

If neither of those two circumstances is present, then the assets are private-domain or proprietary assets (bienes patrimoniales) of the Administration, as in this matter. It is true that, in Article 7 ibídem, the legislature exempted property “within the private domain of the State” from the status of being inalienable and incapable of acquisition by claim or possession; nevertheless, the court below (Ad quem) clearly stated—and this Chamber agrees—which property that article designates as part of the public domain, “…without conferring that status on property such as that in dispute here. Furthermore, the properties acquired by the Institute for the purpose of providing land to persons who have none or who have insufficient land, to be conveyed through land-allocation agreements (contratos de asignación de tierras), are subject to a special regime because they are subject to certain limitations, but this in no way means that they are public-domain property, as the appellant claims, because they may even be mortgaged, leased, or sold if expressly authorized by that entity’s Board of Directors, which could not be done if they were public-domain property, …”.

This Chamber adds that properties such as those in litigation do not have that status, since, pursuant to Article 53 ibídem, which is even referenced in the appeal, such property may be sold, in accordance with their powers, by the institutions that acquire it “…in or as payment of debts owed to them,” if the IDA does not decide to purchase it within the 90 days following the offer made to it, by virtue of the preferential right imposed for its benefit. In other words, under the defendant’s argument that the designation of such property is established by Law no. 2825 ídem—which, we reiterate, is not true—how, then, can it be explained, much less justified and demonstrated, that the institution that acquired it may sell property supposedly within the “public domain” if the IDA does not purchase it within the stated period? Quite simply, because the property is not of that nature. (...)’.”

Accordingly, this collegiate body has no doubt whatsoever that lapse (caducidad), as a form of abnormal termination of administrative proceedings, fully applies to proceedings initiated by the IDA for the purpose of declaring the revocation of parcel awards, without the nature of such property posing any impediment thereto.-

VIII.Having established the foregoing, it is appropriate to consider whether the lapse (caducidad) invoked in this specific case should be admitted. As stated in the account of proven facts (hechos probados), this Court deems it established that on 17 de diciembre del 2009, the attorney-in-fact (apoderado) for the parties appearing herein, Nombre142526 and his spouse Nombre142525, filed a request for a declaration of lapse of proceeding N° 041-09 NUL conducted by the Legal Affairs Advisory Office of the IDA, Central Pacific region. In the opinion of the undersigned, that first application was premature, since the referenced case file shows that the last administrative action entered in the case file and notified to the interested parties before that lapse claim was filed had been the order issued at 9:00 hours on 25 de noviembre del 2009, which suspended “land inspection proceedings and a hearing for the taking of evidence” pending resolution of the appeals previously filed by the party.

In other words, the request for lapse was filed barely three weeks after that last administrative action, and therefore the six months referred to in section 340 of the LGAP had plainly not elapsed. From this perspective, it would appear that the plaintiff at that time confused the legal nature of the doctrine in question because—as may be seen at folio 262 of the administrative case file—it based its application on the fact that “Because the administrative proceeding has been underway for MORE THAN SIX MONTHS without having been concluded to date, the ground for LAPSE has arisen....” Indeed, the applicability of that mechanism for terminating a proceeding arises from the fact that the proceedings have remained inactive, for a reason attributable exclusively—in this case—to the Administration that initiated them, for more than six months; not merely from the circumstance that more than six months have passed since they were initiated.

Notwithstanding the foregoing, when the interested parties filed their second request for lapse in julio del 2011—through submissions addressed both to the directing body (órgano director) and to the IDA Board of Directors—the last administrative action entered in the case file continued to be that of 25 de noviembre del 2009. That is, as of that date the referenced appeals still remained pending resolution, such that the inactivity in the proceedings was attributable exclusively to the Administration. Of course, by then the six months prescribed by law had indeed elapsed—by a considerable margin. Accordingly, this Court agrees with the claimants that the relief sought must be granted by declaring proceeding N° 041-09 NUL conducted against them lapsed, and it must therefore be closed and archived. And because the consequence of that means of abnormal termination is that the proceedings are deemed never to have been pursued (section 340.3 of the aforementioned LGAP), this also necessarily requires nullifying the effects of the administrative “letter rogatory” (“exhorto”) that the IDA sent to the Public Registry when the case file was opened, which was recorded against the property at issue; this shall be ordered by means of a writ to be issued as soon as this judgment becomes final.-

IX.In points 3 and 7 of the relief sought as set forth in the complaint (which, insofar as this matter is concerned, the Court considers equivalent and therefore repetitive), the plaintiff requests a declaration that the IDA may not initiate a new proceeding to revoke the award (revocatoria de la adjudicación) of its property because the term of the restrictions imposed under section 67 of the Ley de Tierras y Colonización has expired. For purposes of sections 42.2.i and 122.j of the CPCA, we understand this request as seeking the imposition of a duty to refrain (conducta de abstención) upon the defendant Administration; specifically, an order directing the IDA not to institute a new revocation proceeding to the detriment of its subjective property right (derecho subjetivo de propiedad), which became fully vested upon the expiration of the aforementioned restrictions. With respect to limitations on the right to property, this Section has previously stated as follows:

“The right to property, protected under section 45 of the Constitution, is defined as a right that is, in principle, absolute, exclusive, and perpetual. However, the analysis of this right has evolved toward recognition of its relative nature, insofar as it is subject to the possibility of limitations being imposed for reasons of public interest. In decision No. 4205-96, issued at 14:33 hours on 20 de agosto de 1996, the Constitutional Chamber stated the following regarding the content of this right: ‘V. THE SOCIAL FUNCTION OF PROPERTY AND ITS RELATIONSHIP TO LIMITATIONS ON THE RIGHT TO PROPERTY—SECOND PARAGRAPH OF ARTICLE 45 OF THE POLITICAL CONSTITUTION. A conception of the right to private property in absolute and virtually unlimited terms became the fundamental basis upon which the Western system was established, with the complete inviolability of the right to property enshrined as the central foundation of the legal system, since that right entailed complete dominion over the property in an absolute, general, independent, full, universal, unlimited, and exclusive manner.

Nevertheless, that concept has evolved to the point of advocating the protection of property based on social harmony and on a social understanding of land ownership. The legal foundation upon which the protection of property rests is thus modified: from being a right exclusive to the individual, it comes to entail an obligation in favor of harmonious coexistence within society. This gave rise to the idea of the “social function” of property, under which every individual has an obligation to fulfill certain communal duties directly corresponding to the position the individual occupies and to the interests of the social group the individual represents. The substance of this “property-as-function” consists in the owner having the power to use the property subject to ownership to meet the owner’s own needs, while also having the duty to place it at the service of social needs when such conduct is indispensable.

This new concept broadens the legislature’s authority to determine the content of the right to property through the limits and obligations of social interest that it may establish, thereby ending its exclusive, sacred, and inviolable character.(...) VI. Article 45 of the Political Constitution enshrines the right to property within our constitutional legal order. The first paragraph describes it as “inviolable” and establishes the State’s obligation to compensate the owner in advance when it must extinguish that right for reasons of “legally established public interest.” The second paragraph establishes the possibility of imposing limitations of social interest on property through a law approved by a qualified vote—a vote of two-thirds of the entire membership of the Legislative Assembly. From the foregoing, it is clear that the State’s obligation to pay compensation is constitutionally prescribed solely and exclusively in cases of expropriation and does not apply to limitations of social interest established by a law approved by a qualified vote (...).’ From this perspective, that property right, whose statutory content is set forth in section 264 of the Civil Code, is subject to limitations imposed by law in consideration of the private interests of other owners, as well as the public interest of the community.

The latter are governed by administrative law (derecho administrativo). Such administrative limitations may consist of mere restrictions, easements (servidumbres), temporary occupation, and expropriation. Restrictions consist of statutory conditions governing the exercise of the right to property. They constitute an encumbrance that the owner must tolerate and therefore do not involve a particular or special sacrifice by the owner, but rather a general restriction. They are inherent in the existence of the right. Accordingly, they are general, constant, and current. They are limited in number and type and may not go so far as to dismember the right to property, that is, restrict its use and enjoyment to such a degree that the fullness of the right is impaired. Given their general nature, they are not compensable, except for damage that the Administration may wrongfully cause when performing the work through which the restriction is implemented.

In any event, as an inviolable limit, they must be proportionate to the administrative need that they are intended to satisfy; therefore, they must respond to an administrative need and may not destroy the substance of the right to property. Regarding the scope of and constraints upon such limitations on property, the Constitutional Court stated the following, insofar as relevant, in the aforementioned decision: ‘VIII. Notwithstanding the matters stated in the preceding recitals (considerandos), it must be noted that the legitimate limitations that may be imposed on private property reach their natural boundary at the degree to which the property is affected; that is, when the restriction on the right to property becomes a true expropriation, with the resulting obligation to compensate, because the right to property is completely extinguished, or when the restriction does not affect the community generally.

The Supreme Court stated as much with respect to limitations imposed on property when they cross the aforementioned boundary, in an extraordinary session of dieciséis de junio de mil novecientos ochenta y tres: “[...] that is, ‘limitations,’ as Article 45 calls them, but not dispossession of private property or deprivation of a primary attribute of ownership, because preventing the enjoyment of property is equivalent, at least in this case, to a form of expropriation without the prior compensation required by the Constitution”; and as this Court stated in the aforementioned judgments number 5097-93 and 2345-96: “IV.) In the Chamber’s view, the reasonable limits that the State may impose on private property, in accordance with its nature, are constitutionally permissible insofar as they do not deprive it of its substance. When that occurs, the measure ceases to be a reasonable limitation and instead becomes a deprivation of the right itself.” (Judgment number 5097-93); “That is, the attributes of property may be limited insofar as the owner retains the possibility of making normal use of the property, excluding, of course, the portion or function affected by the limitation imposed by the State.

Outside these parameters, if social welfare requires a sacrifice solely by one person or a few persons, compensation must be paid, as also occurs when the sacrifice imposed on the owner is of such magnitude that it causes the owner to lose the property in its entirety. Thus, a limitation on property withstands constitutional scrutiny when its effect on the essential attributes of property—those that permit the natural use of the thing within current socioeconomic conditions—does not eliminate the nature of the property or make use of the thing impossible because the State imposes authorization or approval requirements so complex that they result, in practice, in the impossibility of deriving benefit from the property.” (Judgment number 2345-96).’ ” (Judgment N° 64-2011 issued at 8:40 hours on 17 de marzo del 2011.)

On the specific issue of limitations on the right to property in connection with the award of IDA parcels, the aforementioned judgment N° 57-2011-VI of this Section stated:

“The first paragraph of Article 67 of the Ley de Tierras y Colonización provides:

‘The beneficiary may not transfer title (dominio) to the property (predio), encumber, lease, or subdivide it without authorization from the Institute, unless fifteen years have elapsed since acquisition of the parcel (parcela) and all obligations owed to that agency have been discharged.’ This Article establishes a series of limitations on the use and enjoyment of a parcel granted by the IDA. Nevertheless, limitations on the right of ownership (derecho de propiedad) cannot be perpetual, because this would violate the constitutional right to private property. Accordingly, the paragraph of the cited Article establishes the conditions that must be met for a property awarded by the IDA to be released from the limitations imposed by that same provision. There are two such conditions: First: That fifteen years have elapsed since acquisition of the parcel. This means that the limitations remain in effect only for that period; Second: That the beneficiary has discharged all obligations owed to the IDA.

In other words, that the beneficiary has no outstanding debts to that institution arising from acquisition of the parcel...” These two conditions are precisely the ones satisfied by the interested parties in this case, since it has been established that the claimant and his wife (now the latter’s estate) hold title to the property registered in the Public Registry under registration number Placa27905, located in Coyolar de Orotina, province of Alajuela. That property was subject to the limitations or conditions imposed by the Ley de Tierras y Colonización, which began on 18 de marzo de 1994 and expired on 18 de marzo del 2009. This means that the fifteen-year period established in Article 67 of the cited Law has clearly elapsed. It has likewise been established that the awardees (adjudicatarios) completed payment of their financial obligations to the IDA on 22 de enero del 2007, from which date onward they have owed no amounts to that entity.

Therefore, the condition requiring discharge of all outstanding obligations to that institution has also been met. Accordingly, it necessarily follows that, because the statutory requirements for the expiration of the property limitations arising from the award of IDA parcels have been satisfied, the claimants’ ownership of the property bearing registration number Placa27905 in the province of Alajuela became full and unrestricted as of 18 de marzo del 2009. Indeed, as they correctly argue—an issue on which they must also be found to be correct—the law provides no possibility that, once the two parameters under discussion have been met, the limitations established in Article 67 may remain in force, much less through an administrative communication addressed to the Real Property Registry. Referring to the allocation of IDA land, the Constitutional Chamber, in Judgment N° 2006-01806 at 14:55 on 15 de febrero del 2006, emphasized:

“... the awardee does not [acquire] ownership upon delivery of the title, or even when the Instituto de Desarrollo Agrario transfers the parcel to the beneficiary, but rather upon satisfaction of the conditions established in that provision, namely, the passage of that period—the fifteen years established in the challenged provision—the actual and full payment for the property, and compliance with the requirements stipulated for the proper use of that tract of land (fundo). (...) [The] land-award agreement (contrato de adjudicación de tierras) may be revoked by the Instituto de Desarrollo Agrario—pursuant to Article 66 of the same Law—before that period expires if the beneficiary fails to comply with the conditions stipulated in the Ley de Tierras y Colonización and in the award agreement, because the tract is transferred for a specific purpose, namely, to promote agricultural production in view of the agricultural vocation recognized in these tracts (sic).” (The square brackets and underlining are ours.)

The claim seeking a declaration that the awardees’ right of ownership has vested must therefore be granted, because the period established by law has elapsed, the parcel’s awardees have fulfilled their financial obligations, and, finally, the IDA failed to establish, before expiration of the stated period, a breach of any other obligations established by law or by the allocation agreement (contrato de asignación); accordingly, the IDA may not initiate any future proceeding having that same purpose.-

X.Finally, this Court considers it unnecessary to rule on the claim “That the judgment declare that the recommendation to close administrative case file N° 041-09 NUL, issued by the body directing the proceeding (órgano director del procedimiento) through an official letter dated 14 de Enero de 2010, does not require approval by the IDA Board of Directors, as established by Article 108 subsection f) of the REGLAMENTO PARA LA SELECCIÓN Y ASIGNACIÓN DE SOLICITANTES DE TIERRAS, published in La Gaceta N° 38 of 22 de Febrero del 2008, and that, consequently, the proceeding must be terminated.” This is because, without needing to address the issue raised, the Court has already concluded that proceeding N° 041-09 NUL must be deemed terminated due to the expiration (caducidad) that occurred.-

XI.Accordingly, the complaint is granted. To summarize and logically organize the ruling in light of both the claims asserted and all the considerations previously set forth, judgment is entered as follows: a) administrative case file N° 041-09 NUL instituted by the Instituto de Desarrollo Agrario against Nombre142526 and Nombre142525 is declared expired and ordered closed, and the proceedings shall be deemed not to have been pursued; b) as a consequence of the foregoing (Article 122, subsections a and k, of the CPCA), the “Request for Entry of Notice of IDA Proceeding” (“Exhorto de anotación de proceso IDA”), issued on 18 de marzo del 2009 by the body directing the proceeding, addressed to the Director of the Public Real Property Registry, and entered against property number 284648 in the province of Alajuela, interests 001 and 002, under filing references volume 2009, entry 70525, is annulled. Once the judgment becomes final, a writ shall be issued to the Registry ordering cancellation of the cited entry; and c) because the statutory period for the limitations imposed by Article 67 of the Ley de Tierras y Colonización has expired, the IDA is ordered to refrain from initiating a new proceeding to revoke the award granted in 1994 to Nombre142526 and Nombre142525 regarding property number 284648 in the province of Alajuela.-

XII. REGARDING THE DEFENSES ASSERTED

The IDA raised the defenses of failure to state a legally cognizable right (falta de derecho) and lack of standing, both active and passive (falta de legitimación activa y pasiva). With respect to the latter—which, in the proper logical order, must be examined first—they must be rejected in both forms. Standing on the merits (legitimación ad causam) exists insofar as the parties are connected to a particular substantive legal relationship, such that there must be identity between the claimant and the holder of the asserted individual interest (active standing), and between the respondent and the party obligated to provide the requested relief (passive standing). Thus, active standing is said to exist when the claim may effectively be granted with respect to the claimant, and passive standing exists when such a ruling may be effective with respect to the respondent. In this case, based on the facts and legal arguments already explained, the claimants are indeed the holders of the individual right they assert in this litigation, while the respondent is the administrative body against which—given the aforementioned factual and legal circumstances—that right may be asserted. The defense of failure to state a legally cognizable right is likewise rejected for the reasons discussed at length in the preceding recitals (considerandos).-

XIII. REGARDING COSTS

Article 193 of the CPCA establishes that litigation costs and attorneys’ fees (costas procesales y personales) shall be imposed on the losing party solely by virtue of having lost, a ruling that must be made even on the Court’s own motion pursuant to that same provision, in conjunction with section 119.2 thereof. Waiver of such an award is permissible only when, in the Court’s judgment, there was sufficient reason to litigate or when judgment is rendered on the basis of evidence unknown to the opposing party. In this case, this panel finds no reason to apply the exceptions established by the governing provisions and depart from the principle that costs must be imposed on the losing party. Accordingly, both categories of costs are imposed on the respondent entity.-

POR TANTO:

The defenses of lack of active and passive standing and failure to state a legally cognizable right are rejected. The complaint filed by Nombre142526 and the estate of Nombre142525 against the Instituto de Desarrollo Agrario is declared MERITORIOUS, on the following terms: administrative case file number 041-09 NUL instituted by the Instituto de Desarrollo Agrario against Nombre142526 and Nombre142525 is declared expired and ordered closed, and the proceedings shall be deemed not to have been pursued. As a consequence of the foregoing, the “Request for Entry of Notice of IDA Proceeding” (“Exhorto de anotación de proceso IDA”), issued on dieciocho de marzo del dos mil nueve by the body directing the proceeding, addressed to the Director of the Public Real Property Registry, and entered against property number Dirección17256 in the province of Alajuela, interests cero cero uno and cero cero dos, under the following filing references: volume dos mil nueve, entry setenta mil quinientos veinticinco, is annulled.

Once the judgment becomes final, a writ shall be issued to the Registry ordering cancellation of the cited entry. Because the statutory period for the limitations imposed by Article sesenta y siete of the Ley de Tierras y Colonización expired on dieciocho de marzo del dos mil nueve, the Instituto de Desarrollo Agrario is ordered to refrain from initiating a new proceeding to revoke the award granted in mil novecientos noventa y cuatro to Nombre142526 and Nombre142525 regarding the aforementioned property number Dirección17256 in the province of Alajuela. Both categories of costs shall be borne by the respondent entity. NOTICE SHALL BE GIVEN.- CHRISTIAN HESS ARAYA CYNTHIA ABARCA GÓMEZ ROBERTO GARITA NAVARRO

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Tribunal Contencioso Administrativo de Goicoechea Central: 2545-0003 Ÿ Fax: 2545-0033 Ÿ Correo electrónico: ...01 Proceso: Puro derecho Actores: Sucesión de Nombre142525 y otro Demandado: Instituto de Desarrollo Agrario N° 47-2012-VI TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA (SECCIÓN SEXTA). Segundo Circuito Judicial de San José, a las siete horas con cincuenta minutos del nueve de marzo del dos mil doce.- Proceso contencioso administrativo declarado de puro derecho, seguido ante este Tribunal por la SUCESIóN DE Nombre142525 y Nombre142526 , viudo, agricultor, vecino de Coyolar de Orotina, con cédula de identidad número CED111990, quien actúa tanto en carácter personal como de albacea provisional de la indicada sucesión (f. 1 y 95); contra el INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO (IDA), por el que comparece su apoderado general judicial Lic. Carlos Enrique García Anchía, casado, abogado, vecino de San Ramón de Alajuela, con cédula de identidad número CED27295 (f. 440, 463 y 486). Intervino también en el proceso, en representación de los accionantes, su apoderado especial judicial Lic. José Luis Ramos Castellón, casado, abogado, con cédula de identidad número CED110994, vecino de Mastate de Orotina (f. 94). Las personas físicas citadas son mayores.-

RESULTANDO:

  1. 1Que la parte actora, con base en los hechos y citas de derecho que expuso, en escrito presentado el 26 de agosto del 2011, formuló demanda cuya pretensión –en lo medular– consiste en solicitar “(...) / 2. Que se declare en sentencia la caducidad y el consecuente archivo del procedimiento administrativo de revocatoria de adjudicación y nulidad del título, iniciado en contra del suscrito Nombre142526 y en contra de quien en vida fuera mi esposa, la señora Nombre142525 , tramitado ante la Asesoría de Asuntos Jurídicos de la Región Pacífico Central del IDA bajo el número de expediente 041-09 NUL. / 3. Que se declare en sentencia que el IDA no tiene competencia legal para ordenarle al Registro Público la anotación de procedimientos de revocatoria de adjudicación y nulidad del título. / 4. Que se declare en sentencia que por haber vencido los 15 años de limitaciones que establece la Ley de Tierras y Colonización, el IDA perdió toda competencia legal para decretar la revocatoria de la adjudicación y la nulidad del título que nos fue conferido al suscrito Nombre142526 y a quien en vida fuera mi esposa, la señora Nombre142525 , sobre la finca del partido de Alajuela matrícula Placa27903 (sic), (...). / 5.Que se declare en sentencia que la recomendación de archivar el expediente administrativo N° 041-09 NUL, emitida por el órgano director del procedimiento mediante oficio del 14 de Enero de 2010 no requiere aprobación de la Junta Directiva del IDA, tal y como lo establece el artículo 108 inciso f) del REGLAMENTO PARA LA SELECCIÓN Y ASIGNACIÓN DE SOLICITANTES DE TIERRAS, publicado en La Gaceta N° 38 de 22 de Febrero del 2008 y que, por ende, el procedimiento debe darse por terminado. / 6. Que se ordene enviar mandamiento al Registro Público de la Propiedad a efecto de que se levante la anotación realizada por el IDA del proceso de revocatoria de la adjudicación sobre la parcela del partido de Alajuela matrícula Placa27902° (sic), (...). / 7. Que se le ordene al IDA que no puede iniciar en nuestra contra un nuevo procedimiento administrativo de revocatoria de adjudicación y nulidad de título sobre la parcela del partido de Alajuela matrícula Placa27902° , (...). / 8. Que se condene al IDA al pago de las costas personales y procesales.” (f. 1-93).-
  2. 2Por resolución N° 1462-2011 dictada a las 13:10 horas del 26 de setiembre del 2011 (f. 449-452), el juez tramitador Lic. Francisco Hidalgo Rueda declaró sin lugar la medida cautelar solicitada por la parte actora. No consta en autos que dicho pronunciamiento haya sido apelado.-
  3. 3El ente demandado contestó negativamente la acción y opuso las excepciones de falta de derecho y falta de legitimación activa y pasiva (f. 453-462).-
  4. 4En la audiencia preliminar efectuada a partir de las 13:17 horas del 7 de diciembre del 2011, con asistencia de ambas partes, no hubo ajustes en las pretensiones, las cuales por ende se mantienen en los términos establecidos en la demanda. En dicha oportunidad, el IDA interpuso la defensa previa de defectos en la demanda que impiden verter pronunciamiento sobre el fondo, la cual fue rechazada por el juez de trámite mediante resolución N° 2050-2011 de las 13:30 horas del mismo día. Dicho juzgador también rechazó el ofrecimiento de prueba testimonial planteado por el IDA, el cual desistió de la confesional propuesta igualmente, por lo que se declaró el proceso como de puro derecho, al no haber más prueba que recibir aparte de la documental, de conformidad con el artículo 98 inciso 2) del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA), procediendo las partes a rendir sus conclusiones de manera oral (audiencia grabada y que consta adjunta al expediente en su correspondiente soporte electrónico; minuta a f. 489-490).-
  5. 5Este asunto se recibió para dictar sentencia el 17 de febrero del 2012, conforme al sello de pase visible a f. 513 vuelto. La resolución se dicta, previa deliberación, dentro del plazo de quince días hábiles estipulado en el artículo 82, inciso 4), del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Civil de Hacienda. No se notan causales de nulidad capaces de invalidar lo actuado.-

Redacta el juez Hess Araya, con el voto afirmativo de la jueza Abarca Gómez y del juez Garita Navarro; y,

CONSIDERANDO:

I. DE PREVIO

A f. 500-513, la parte demandada presenta un memorial que describe como “un breve informe, con el ruego explícito de que el mismo sea aceptado como prueba para mejor resolver dentro del presente proceso”. De la lectura que se ha hecho del mismo, estima este Tribunal que se trata de un conjunto de consideraciones sobre el mérito del caso, carentes de valor probatorio en sentido estricto, las cuales –en consecuencia– solo cabe tener por agregadas a los antecedentes, sin otra consideración.-

II. HECHOS PROBADOS

Como tales se tiene los siguientes de relevancia:

1. Que mediante escritura pública otorgada el 18 de marzo de 1994, el IDA segregó y vendió a Nombre142525 y al coactor Nombre142526 –a la sazón cónyuges entre sí– una finca situada en Coyolar de Orotina de la provincia de Alajuela, la cual quedó inscrita con la matrícula número Placa27904, derechos 001 y 002, respectivamente (hecho 1 de la demanda, no controvertido; f. 98-112 del expediente judicial).- 2. Que –en lo que interesa al sub lite– el inmueble recién indicado quedó afecto a las limitaciones que estipula el artículo 67 de la Ley de Tierras y Colonización, N° 2825 del 14 de octubre de 1961, por un plazo de quince años que vencía el 18 de marzo del 2009 (hecho 2 de la demanda, no controvertido; f. 98-112 del expediente judicial).- 3. Que el 18 de marzo del 2009, la Asesoría de Asuntos Jurídicos de la Región Pacífico Central del IDA dio apertura a un proceso de revocatoria de la adjudicación con la subsecuente nulidad del título de propiedad, contra el coaccionante Nombre142526 y su esposa, expediente administrativo N° 041-09 NUL.

El acto de apertura fue notificado a éstos el mismo día (hecho 3 de la demanda, no controvertido en el tanto indicado; f. 116 del expediente judicial; f. 116-119 del expediente administrativo).- 4. Que el mismo 18 de marzo del 2009, la citada Asesoría de Asuntos Jurídicos emitió y dirigió al Registro Público de la Propiedad Inmueble un “Exhorto de anotación de proceso IDA”, comunicándole la apertura del procedimiento administrativo 041-09 NUL, “A fin de que se tenga por interrumpido el vencimiento de limitaciones” que pesaban sobre la finca de interés. Dicho documento ingresó al Registro en esa misma fecha, bajo el asiento 70.525 del tomo 2009 del Diario (hechos 4 y 5 de la demanda, no controvertidos; f. 113-117 del expediente judicial; f. 115 del expediente administrativo).- 5. Que el 17 de diciembre del 2009, los interesados –por medio de su apoderado especial– plantearon al órgano director una gestión de caducidad del procedimiento N° 041-09 NUL (hecho 13 de la demanda, no controvertido en cuanto a lo indicado; f. 259-263 del expediente administrativo).- 6.

Que la solicitud de declaratoria de caducidad del procedimiento fue reiterada por los interesados mediante sendos memoriales de 1 y 5 de julio del 2011, presentados al órgano director y a la Junta Directiva del IDA, respectivamente (hecho 17 de la demanda; f. 291-297 y 306-316 del expediente administrativo).- 7. Que la última actuación administrativa recaída en el expediente y notificada a los interesados antes de la interposición de ambas gestiones de caducidad a que se refieren los dos hechos probados anteriores, fue la dictada a las 9:00 horas del 25 de noviembre del 2009, suspendiendo unas “diligencias de reconocimiento de terreno y audiencia de recepción de prueba”, a la espera de resolución de unos recursos previamente interpuestos por la parte (f. 269 del expediente administrativo).- 8. Que las gestiones planteadas por los accionados dentro del expediente N° 041-09 NUL a la Junta Directiva del IDA no han sido resueltas por esta (hecho 16 de la demanda, no controvertido en cuanto a lo indicado).- 9.

Que los adjudicatarios terminaron de cancelar sus obligaciones financieras con el IDA el 22 de enero del 2007, fecha a partir de la cual no mantienen adeudos con esa entidad (hecho 23 de la demanda, no controvertido; f. 120 del expediente judicial).- 10. Que el codemandante Nombre142526 es albacea provisional de la sucesión de Nombre142525 (no controvertido; f. 95).-

III. HECHOS NO PROBADOS

Ninguno de importancia.-

IV. DEL OBJETO DE LA LITIS

Arguye el coactor Nombre142526 , resumidamente, que en 1994 el IDA le vendió a él y a su esposa la finca del partido de Alajuela matrícula número Placa27903 (sic), situada en el asentamiento Coyolar de Orotina. Dicha propiedad estaba afecta a las limitaciones del artículo 67 de la ley 2825, Ley de Tierras y Colonización, desde el 18 de marzo de 1994 hasta la misma fecha del 2009. Agrega que a pesar de que habían cumplido con todas sus obligaciones legales y contractuales, el 18 de marzo del 2009 (es decir, el día que vencían las limitaciones), la Asesoría de Asuntos Jurídicos de la Región Pacífico Central del IDA abrió en su contra un procedimiento administrativo de revocatoria de adjudicación, bajo el expediente número 041-09 NUL. El mismo día, el IDA remitió un exhorto al Registro Público con el propósito de crear una anotación registral que impidiera la libre disposición del bien inmueble e interrumpiera el vencimiento de las limitaciones, con fundamento en el artículo 7 de la ley Nº 6735 de creación del IDA.

El documento fue inscrito bajo las citas de presentación 2009-70525-001. Sigue diciendo el promovente que presentaron recurso de revocatoria con apelación en subsidio e incidente de nulidad concomitante contra la resolución que ordenó el inicio del procedimiento; no obstante, dicha gestión no fue atendida, sino que el IDA solamente emitió una resolución el 5 de noviembre del 2009, eliminando la causal de venta ilegal que se les imputaba, ordenando la continuación del procedimiento respecto de otras imputaciones y fijando otra fecha para la audiencia oral y privada. Nuevamente recurrieron contra dicha resolución, gestión que fue rechazada el 13 de noviembre siguiente, por lo que presentaron un recurso de apelación por inadmisión. El 25 de noviembre, el órgano director dispuso suspender la audiencia convocada a la espera de lo que se resolviera respecto de la apelación. Posteriormente, el día 17 de diciembre presentaron una solicitud de caducidad del procedimiento administrativo, lo cual dio lugar a que mediante oficio del 14 de enero del 2010, dirigido al Director Regional, el órgano director recomendara archivar el expediente.

Esta propuesta fue remitida a conocimiento de la Junta Directiva del IDA, la cual hasta la fecha no se ha pronunciado al respecto, así como tampoco lo ha hecho con relación al recurso de apelación por inadmisión. En julio del 2011, presentaron al órgano director y a la Junta Directiva nuevos escritos reiterando la gestión de caducidad e invocando como antecedente la sentencia 57-2011-VI de las 8:05 horas del 8 de marzo de 2011, de este Tribunal. No obstante, en forma sorpresiva y con evidente violación del debido proceso, el 29 de julio de ese año, el órgano director del procedimiento convocó a una audiencia para el 13 de septiembre siguiente. Nuevamente interpusieron un recurso de revocatoria con apelación en subsidio y nulidad concomitante, argumentando que la audiencia no se podía celebrar ya que no habían sido resueltas las impugnaciones planteadas y porque la Junta Directiva no se había pronunciado sobre la gestión de caducidad ni sobre la recomendación de archivo hecha por el propio órgano director.

Esta impugnación fue rechazada por el citado órgano el 4 de agosto del 2011. En cuanto a la fundamentación jurídica de la demanda, señala el coactor que el procedimiento administrativo tramitado bajo expediente 041-09 NUL ha estado paralizado en varias ocasiones por períodos que superan los seis meses, por razones imputables únicamente al IDA, por lo que ha operado la caducidad. Por otra parte, no existe ninguna norma jurídica que faculte al IDA para interrumpir el vencimiento del plazo de las limitaciones del artículo 67 de la ley Nº 2825, ni a emitir exhortos al Registro Público a fin de crear anotaciones con ese propósito, pues conforme al artículo 95 de la Ley de Tierras y Colonización esa clase de inscripciones solo las puede ordenar un juez. El artículo 7 de la ley 6735, citado por el IDA en su resolución, no establece dicha potestad. A partir del día en que vencen las limitaciones (que en su caso fue el 18 de marzo del 2009), el derecho de propiedad deja de ser restringido para convertirse en un dominio pleno.

Si el IDA pretendía revocar la adjudicación y anular su título, debió hacerlo antes de que vencieran las mencionadas limitaciones. En síntesis, el IDA violentó el principio de legalidad al ordenar el envío del exhorto al Registro Público para extender, más allá de su vencimiento legal, las limitaciones que establece la Ley de Tierras y Colonización. Considera igualmente el promovente que se violenta el derecho constitucional y legal de propiedad, al ordenar que las limitaciones impuestas a su parcela se prolonguen más allá del plazo contemplado por la propia ley. Alega también la violación del debido proceso, pues considera que la determinación del órgano director de archivar el expediente no debió ser elevada ante la Junta Directiva del IDA, ya que el artículo 108, inciso f), del Reglamento para la Selección y Asignación de Solicitantes de Tierras (vigente cuando se ordenó el inicio del procedimiento administrativo) establece que no se requiere de tal aprobación. Al convocar ahora a una nueva audiencia oral y privada, ese órgano director procede como si su propia recomendación de archivo del expediente simplemente ya no existiera.-

V.A los argumentos de los actores, responde el personero del Instituto demandado, en síntesis, que existen fuertes indicios de que el actor incumplió con sus obligaciones como adjudicatario de la parcela y, por ende, era una obligación legal de su representado abrir un procedimiento para la eventual revocatoria del título de propiedad. El exhorto dirigido al Registro Público fue emitido en ejercicio de las facultades que confieren la Ley de Tierras y Colonización número 2825 del 14 de octubre de 1961 y la Ley de Creación del Instituto de Desarrollo Agrario número 6735 del 29 de marzo de 1982. No ha habido ninguna desidia en el trámite del procedimiento, sino que las actuaciones dilatorias de los actores han sido constantes. Es cierto que la Junta Directiva no ha dictado un acto final, aunque sí ha dictado varios actos intermedios dirigidos a la emisión de un acto final, en el momento en que ese órgano tenga toda la información que necesita.

La sentencia de este Tribunal que se invoca no está firme, pues se interpuso recurso de casación que no ha sido resuelto. En cuanto al análisis de fondo, señala que los inmuebles que el IDA adjudica están destinados por ley a fines específicos, lo cual impone a sus beneficiarios una serie de deberes, en razón de la función social de la tierra. “Por ende no es posible, utilizar la institución de la caducidad de un procedimiento administrativo, para burlar la esencia de lo que la ley de Tierras y Colonización dispone”. Considera que las limitaciones que por un plazo de 15 años señala el artículo 67 de la citada ley no vencen hasta tanto el beneficiario no haya cumplido con todas sus obligaciones, “o sea no es solo un asunto de tiempo”. El Libro Segundo de la Ley General de la Administración Pública, que establece el procedimiento administrativo, no es aplicable al IDA, según el decreto ejecutivo número 9469-P que excluye a la Ley de Tierras y Colonización.

Ese Instituto tiene su propia normativa para los procedimientos administrativos, contenida en el Reglamento para la Selección y Asignación de Solicitantes de Tierras, que no contempla la caducidad. Los terrenos del IDA son de dominio público, lo cual ha sido ratificado reiteradamente por la Sala Constitucional (ver sentencias 2006-15775, 2008-12417 y 2008-17776), por lo que son inembargables, imprescriptibles e inalienables. La caducidad de los procedimientos administrativos “iría evidentemente en contra del principio de imprescriptibilidad del derecho del IDA, para reclamar dichos bienes”. Se refiere también a la sentencia 835-2009 de las nueve horas del 29 de abril del 2009, del Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, que reafirma el carácter de bienes de dominio público a los que no son aplicables los términos de caducidad. Reitera que no se ha dictado el acto final del procedimiento.

“Por lo tanto, consideramos que no estamos en presencia de conductas administrativas que a estas alturas puedan o deban ser de resorte jurisdiccional”. Solicita que se rechace en todos sus extremos la demanda y se condene al actor al pago de las costas del proceso.-

VI. SOBRE EL FONDO

La demanda formulada es procedente y así debe ser declarado. Como bien lo señala la parte actora, este Tribunal ha tenido ya la oportunidad de analizar la aplicabilidad del instituto de la caducidad a los procedimientos administrativos de revocatoria de la adjudicación de parcelas del IDA, precisamente en la citada sentencia N° 57-2011-VI de las 11:05 horas del 8 de marzo del 2011, la cual –por su relevancia al sub examine– cabe citar como sigue:

“III- EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE REVOCACIÓN DE UNA ASIGNACIÓN CON LA SUBSECUENTE NULIDAD DEL TÍTULO DE PROPIEDAD TRAMITADO POR EL IDA, SE DEBEN APLICAR LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO CONSAGRADOS EN LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. PROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD EN EL PRESENTE ASUNTO: En este caso el Instituto de Desarrollo Agrario ha venido alegando que el procedimiento administrativo de revocatoria de adjudicación y nulidad de título, establecido en el reglamento autónomo denominado ‘Reglamento para la Selección y Asignación de Solicitantes de Tierras’, es un procedimiento administrativo de naturaleza agraria regulado por normas especiales (procedimiento administrativo especial), por lo que no procede la aplicación de la Ley General de la Administración Pública y como consecuencia de ello, el numeral 340 de dicha ley. En ese sentido este Tribunal no comparte el criterio sostenido por el IDA, por las siguientes razones: 1) Los procedimientos especiales por materias se encuentran subordinados y completarios (sic) a las disposiciones de la Ley General de la Administración Pública: La Ley General de la Administración Pública acepta la existencia de procedimientos administrativos especiales.

Sin embargo estos procedimientos especiales se encuentran subordinados o bien se deben complementar con los principios procesales que estipula la Ley General de la Administración Pública. Justamente, lo indicado se corrobora con lo dispuesto en el artículo 229 de la LGAP, que indica:

‘Artículo 229.- 1. El presente Libro regirá los procedimientos de toda la Administración, salvo disposición que se le oponga.’ En una sentido similar se indica en el numeral 367, párrafo 1 de esa misma ley, lo siguiente:

‘Artículo 367.- 1. Se derogan todas las disposiciones anteriores que establezcan o regulen procedimientos administrativos de carácter general, o cuya especialidad no resulte de la índole de la materia que rijan.’ Precisamente, estas normas establecen la regla general que el procedimiento administrativo regulado en la Ley General de la Administración Pública, será el que regirá para todas las administraciones públicas, salvo disposiciones o normativa que expresamente lo excluyan. Ahora bien, el mismo artículo 367 citado en su párrafo 2, indica una lista de procedimientos especiales que fue ampliada por los Decretos Ejecutivos Nº 8979-P del 30 de agosto de 1978 y 9469-P del 20 de diciembre de 1978, en este último se incluye justamente la Ley de Tierras y Colonización. Ahora bien, lo anterior no significa que el procedimiento administrativo y sus principios contenidos en la Ley General de la Administración Pública, se encuentren excluidos de ser aplicados dentro de los procedimientos especiales, ya que en realidad éstos últimos se encuentran subordinados y deben aplicar de forma complementaria y supletoria la Ley General de la Administración Pública y sus principios procesales. Lo anterior, según se establece en el numeral 368, párrafo primero de la LGAP, que indica:

‘Artículo 368.- 1. Se mantienen vigentes, pero como complementarias y subordinados a ésta, las demás leyes, reglamentos y otras normas de procedimiento existentes para materias especiales, a condición de que sean necesarios por razón de la índole propia de tales materias, (...)’ En síntesis, el procedimiento administrativo y sus principios contenidos en la Ley General de la Administración Pública, se deben aplicar a los procedimientos especiales, siempre y cuando estos últimos, sea por una norma superior o de igual rango a la Ley General, derogue expresamente la utilización del procedimiento administrativo y los principios procesales regulados en la indicada ley. Justamente, el Reglamento para la Selección y Asignación de Solicitantes de Tierras, no es una norma que excluya la aplicación de los principios procesales y el procedimiento administrativo contenidos en la Ley General de la Administración Pública, todo lo contrario, tal y como se explicará más adelante en este mismo considerando de esta resolución; 2) El procedimiento administrativo de revocatoria de una asignación con la subsecuente nulidad de título regulado en el Reglamento para la Selección y Asignación de Solicitantes de Tierras, se encuentra subordinado a las disposiciones de la Ley General de la Administración Pública: En este sentido, se debe considerar que el Reglamento para la Selección y Asignación de Solicitantes de Tierras, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 38 del 22 de febrero del 2008, es un reglamento autónomo de organización y servicio, el cual de conformidad con la jerarquía normativa establecida en el artículo 6 de la LGAP, se encuentra subordinado a la ley, y en este caso precisamente a la Ley General de la Administración Pública. En ese sentido, se debe tomar en cuenta lo regulado en el artículo 364 de la LGAP, que indica:

‘Artículo 364.- 1. Esta ley es de orden público y deroga las que se le opongan, con las limitaciones y salvedades que se establecen en los artículos siguientes.

2. En caso de duda, sus principios y normas prevalecerán sobre los de cualesquiera otras disposiciones de rango igual o menor.

3. Serán también criterios de interpretación de todo el ordenamiento jurídico administrativo del país.’ Justamente, el Reglamento para la Selección y Asignación de Solicitantes de Tierras, se encuentra subordinado a la Ley General de la Administración Pública, al ser ésta última de mayor grado, potencia o resistencia jurídica, por lo que es evidente que no se puede obviar el hecho que la LGAP sí debe ser aplicada al procedimiento administrativo de revocatoria de una asignación con la subsecuente nulidad de título, al ser un procedimiento administrativo regulado en una norma inferior y subordinado a una de mayor jerarquía. Además, en caso de duda y laguna siempre se deberán aplicar los principios procesales y el procedimiento administrativo contenido en la Ley General de la Administración pública; 3) El mismo Reglamento para la Selección y Asignación de Solicitantes de Tierras, acepta que a falta de disposiciones se apliquen los principios procesales que se encuentran contenidos en la Ley General de la Administración Pública: Esta afirmación se extrae de varias normas del Reglamento para la Selección y Asignación de Solicitantes de Tierras, al indicarse:

‘Artículo 3º—A falta de disposición expresa en este Reglamento, en la Ley de Tierras y la Ley del IDA, se aplicarán por su orden: los principios de la empresa agraria dotacional, los principios del derecho agrario, el derecho público, la jurisprudencia y la costumbre.’ ‘Artículo 101.—El procedimiento de revocatoria de una asignación con la subsecuente nulidad de título de propiedad, en el caso de que lo hubiera, lo realizará la Dirección Regional a través del Abogado o Abogada de la respectiva región y el mismo servirá para el mejor cumplimiento de los fines de la Ley de Tierras, en armonía con los derechos de los asignatarios o las asignatarias. El procedimiento respetará el debido proceso consagrado en nuestra Constitución Política y tendrá por objeto, tal como lo establecen los principios fundamentales que informan el Derecho Procesal Administrativo, la búsqueda de la verdad real de los hechos.’ Nótese que ambas normas hacen referencia a que en caso de lagunas o de carencia de determinadas disposiciones que se presenten en la aplicación de ese reglamento, se debe acudir a los principios del derecho público y los principios fundamentales del Derecho Procesal Administrativo, que de forma obvia son los principios procesales que se encuentran contenidos en la Ley General de la Administración Pública.

En consecuencia, el mismo Reglamento para la Selección y Asignación de Solicitantes de Tierras, dispone que se apliquen los principios procesales que se encuentran contenidos en la Ley General de la Administración Pública, por lo que la posición del IDA en este tema es completamente incorrecta; 4) Los principios procesales y las reglas del procedimiento administrativo contenidos en la Ley General de la Administración Pública deben aplicarse con mayor razón en institutos que favorezcan a los administrados, como es el caso de la caducidad del procedimiento: Justamente en este caso es evidente que el procedimiento administrativo de revocatoria de adjudicación y nulidad de título regulado en el Reglamento para la Selección y Asignación de Solicitantes de Tierras, es sumamente básico, escueto y no hace referencia a la caducidad del procedimiento administrativo. Ahora bien, es criterio de este Tribunal, que además de las razones que se han venido dando en el tema que se está tratando, es claro que un instituto como el de la caducidad del procedimiento, viene a ser un instrumento procesal que tutela el principio constitucional de seguridad jurídica y que su aplicación en procedimientos administrativos en los cuales se vienen a afectar la esfera jurídica de los administrados (como en este caso la nulidad de un título de propiedad sobre una parcela), debe ser plenamente aplicado sí los presupuestos establecidos en el artículo 340 de la Ley General de la Administración Pública se presentan en un caso concreto, como efectivamente sucede en este caso concreto. Ahora bien, el criterio expuesto, es confirmado por nuestro Tribunal Constitucional al indicar en lo pertinente para el dictado de esta sentencia lo siguiente:

‘De lo anterior interesa subrayar un elemento de juicio que es fundamental para la correcta decisión de este asunto: sea cual fuere el ordenamiento aplicable a un procedimiento administrativo en particular (porque el de la LGAP no tiene que ser, necesariamente, el único posible), debe tratarse de una regulación originada o al menos autorizada por una norma de rango legal. Pero, además, a falta de otro trámite aplicable por razón de su especialidad, o bien ante la existencia de trámites especiales insuficientemente regulados, debe la Administración estarse siempre e ineludiblemente a los de la LGAP, por su carácter general (reflejado en el texto de sus propios artículos 366, inciso primero; 367 y 368). En realidad, lo que se ha dicho hasta aquí no resulta novedoso en modo alguno, puesto que es patente que la Procuraduría General de la República ha hecho esta misma precisión desde hace largos años (puede consultarse, por ejemplo, el pronunciamiento de 7 de febrero de 1980 publicado en la Revista de la Procuraduría General de la República n 13, pg. 14).

Lo que toca a esta Sala Constitucional especificar aquí es que, en ausencia de ley especial que prevea otro trámite, la desaplicación de las reglas del procedimiento administrativo del Libro Segundo de la LGAP por parte de un órgano o ente público, se traduce inevitablemente en una infracción a los principios y garantías constitucionales de legalidad (artículo 11), defensa y debido proceso (artículos 39 y 41).’ (voto número 545-V-96 del 2 de octubre de 1996), En consecuencia, el criterio del IDA de no aplicar el instituto de la caducidad regulado en el numeral 340 de la Ley General de la Administración Pública, en el procedimiento administrativo de revocatoria de adjudicación y nulidad de título, contenido en el Reglamento para la Selección y Asignación de Solicitantes de Tierras, es, como bien lo dice la Sala Constitucional, una infracción a los principios y garantías constitucionales de legalidad.

Asimismo, en lo dicho por nuestro Tribunal Constitucional, se desmiente lo afirmado por la institución demandada, en el sentido de que su criterio de no aplicar la Ley General al procedimiento administrativo de revocatoria de adjudicación y nulidad de título, se encontraba avalada por la jurisprudencia constitucional. En resumen, los principios procesales y el procedimiento administrativo contenido en la Ley General de la Administración Pública, son de plena aplicación al procedimiento administrativo de revocatoria de adjudicación y nulidad de título, por lo que la caducidad del procedimiento es un instituto aplicable en el presente caso...” Ciertamente –según se desprende de la consulta efectuada al sistema de gestión de expedientes de esta jurisdicción– lleva razón el personero del Instituto demandado en el sentido de que el anterior pronunciamiento fue oportunamente objeto de recurso de casación.

Sin embargo, también lo es que, a la fecha, dicha impugnación permanece pendiente de resolver por parte de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, por lo que no se aprecia motivo alguno por el cual en este momento debamos separarnos del criterio vertido en este caso concreto. De manera que se reafirma el citado criterio de aplicación del instituto de la caducidad como mecanismo anormal de terminal del procedimiento, por inactividad constatada en un lapso superior a los seis meses, tal y como lo dispone el ordinal 340 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP).-

VII.El representante legal del IDA pretende que se establezca que la caducidad no resulta aplicable a los procedimientos de revocatoria de la adjudicación de parcelas, sobre la base del argumento de que los terrenos de esa entidad son de dominio público, citando al efecto reiterados precedentes de la Sala Constitucional (por ejemplo, las sentencias 2006-15775, 2008-12417 y 2008-17776), así como la sentencia N° 835-2009 de las 9:00 horas del 29 de abril del 2009, del Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Según él, de estos lineamientos se desprende que las propiedades del IDA gozan de la cualidad de ser inembargables, imprescriptibles e inalienables y añade que aplicar la caducidad en estos casos iría en contra del principio de imprescriptibilidad del derecho del IDA para reclamar dichos bienes. El tema planteado también ha sido objeto de reciente examen por parte de este Tribunal, arribando a la conclusión opuesta. En efecto, en sentencia N° 14 -2012-VI de las 16:20 horas del 30 de enero del año en curso, se expresó:

“V.- Sobre los bienes de dominio público. Por el tema que se debate, el análisis de este Tribunal debe partir de la afirmación de que no todos los bienes del Estado son de dominio público sino que, por el contrario, los entes públicos cuentan, también, con bienes patrimoniales o de dominio privado. Esta distinción encuentra sustento en el propio Código Civil (en adelante CC), cuerpo normativo que en su artículo 261 señala que ‘Son cosas públicas las que por ley, están destinadas de un modo permanente a cualquier servicio de utilidad general, y aquellas de que todos pueden aprovecharse por estar entregadas al uso público. Todas las demás cosas son privadas y objeto de propiedad particular, aunque pertenezcan al Estado o a los Municipios, quienes para el caso, como personas civiles, no se diferencian de cualquier otra persona’. En efecto, las relaciones que surgen entre el Estado y los particulares con respecto a los bienes que se ubiquen dentro del dominio público y dentro del privado, tienen la diferencia sustancial de que, mientras las primeras deben someterse al régimen de Derecho Público, e implican por lo tanto, la aplicación de normas de subordinación; las segundas se caracterizan por la aplicación del Derecho Privado y se mueven dentro de elementos de coordinación, propios de este régimen.

Por ello es indispensable precisar en cada caso la naturaleza del bien en cuestión, pues de ello dependerá el régimen normativo aplicable para cada caso. De momento, interesa al Tribunal, referirse a los bienes de dominio público. Según se dijo, por su naturaleza este tipo de bienes se encuentran sometidos a un régimen especial de Derecho Publico. Forman parte del demanio público, entendido como ‘(…) el conjunto de bienes sujeto a un régimen jurídico especial y distinto al que rige el dominio privado, que además de pertenecer o estar bajo la administración de personas jurídicas públicas, están afectados o destinados a fines de utilidad pública y que se manifiesta en el uso diretco [sic] o indirecto que toda persona puede hacer de ellos. (…)’ (Sentencia No. 3145, dictada por la Sala Constitucional a las 9 horas 27 minutos del 28 de junio de 1996). En efecto, el dominio público se encuentra integrado por bienes que manifiestan, por voluntad expresa del legislador, un destino especial de servir a la comunidad, al interés público.

Son cosas que no pertenecen individualmente a los particulares y que están destinados a un uso público y sometidos a un régimen especial, fuera el comercio privado de los hombres. Así, son bienes que pertenecen al Estado en el sentido más amplio del concepto, están afectos al servicio que prestan y que invariablemente es esencial en virtud de norma expresa. Ahora bien, los bienes demaniales, para ser tales, deben reunir algunos elementos que resultan indispensables. Uno primero, subjetivo, referido al sujeto o titular del bien. En este sentido, el sujeto que tiene a cargo su titularidad ha de ser un ente público y no un particular. Paralelo a esta consideración, encontramos un segundo aspecto de importancia, a saber, partir del principio que los bienes de dominio público, por su naturaleza, no pueden ni deben, en ningún momento, pertenecer a los particulares. La razón por la que los bienes demaniales no pueden tener por titular a un sujeto particular, radica en el hecho que son cosas que tienen como finalidad la satisfacción del interés general, y están al servicio de la colectividad; lo que necesariamente se circunscribe a una función de carácter público, que, por sus alcances, difícilmente puede ser concebida como función de un sujeto de derecho privado.

Un segundo elemento es el objetivo, que está dirigido a todos aquellos bienes que pueden ser incluidos dentro del dominio público. Al efecto, puede afirmarse que es muy amplia la gama de bienes que son susceptibles de formar parte del demanio público. Así, tenemos los bienes inmuebles, muebles, cosas corporales, incorporales, fungibles y no fungibles, consumibles y no consumibles, divisibles y no divisibles, simples y compuestas, cosas principales y accesorias, universalidad de derechos, entre otros. Como tercer elemento está el normativo, conforme al cual el carácter demanial de los bienes depende de que exista una norma que así lo declare. Se requiere, entonces, de una afectación normativa, en virtud de la cual el bien entre a formar parte del demanio público. En nuestro ordenamiento, los artículos 261 y 262 del CC, dicen de la necesidad de esta afectación cuando establecen, con toda claridad que serán cosas públicas y dedicadas al uso público, las que así se designen por ley.

En consecuencia, puede afirmarse que será el legislador quien decida qué bienes forman parte del dominio público y cuáles integran el dominio privado. Así, el dominio público es un concepto jurídico, lo que significa que su existencia depende del tratamiento expreso que le dé el legislador; por lo que sin ley que le sirva de fundamento ningún bien o cosa tendrá ese carácter. Por último, tenemos al elemento teleológico o finalista, según el cual, los bienes demaniales, para ser considerados como tales deben, también, estar dedicados al uso público. Esto es, tener como fin el interés general, o sea, de la comunidad. Nuestro Código Civil también consagra expresamente este elemento. Es así como el numeral 261 señala que son cosas públicas las que por ley, están destinadas de un modo permanente a cualquier servicio de utilidad general, y aquellas de que todos pueden aprovecharse por estar entregadas al uso público.

Esa misma norma distingue, además, aquellos bienes que, pese a pertenecer a un ente público, carecen de esa vocación de uso o utilidad pública, catalogándolas como privadas. En conclusión, para que un bien sea considerado como dominio público, es necesaria la reunión, en forma simultánea, de los cuatro elementos citados. No es suficiente la presencia de alguno de ellos, ya que si no concurren todos, el bien quedaría excluido de la categorización demanial. En este sentido, el tratadista Miguel Marienhoff, en lo que interesa, ha señalado que ‘(…) Para determinar la condición jurídica de un bien, no basta considerar, por ejemplo, sólo el elemento teleológico o destino, sino también la naturaleza de su titular, elemento subjetivo, porque sólo puede haber dominio público cuando están reunidos los cuatro elementos que lo caracterizan.(…)’. En el supuesto de que exista duda respecto de la categorización, resulta indispensable el examen de cada uno de estos elementos.

Si convergen los cuatro, es clara la demanialidad del bien, pero si faltase uno de ellos, no podrá ser catalogado como tal. Por otra parte, el demanio público ofrece una protección especial a los bienes que lo conforman. En este sentido, dentro de sus características tenemos que son inalienables, imprescriptibles, inembargables. Por ello la acción para recuperarlos no está sujeta a plazos de caducidad, como expresamente lo señala el numeral 34 del CPCA. Asimismo, están fuera del comercio privado de los hombres, en el sentido que no son susceptibles de apropiación privada. Sin embargo, el ente público sí puede otorgar derechos de aprovechamiento a sujetos privados a través de concesiones de uso. Finalmente, la acción administrativa, a través de potestades de autotutela y policía, sustituye a los interdictos para recuperar el dominio. En conclusión, los bienes de dominio público y los de privado presentan un régimen jurídico distinto, que se insiste se desprende del numeral 261 del CC.

El dominio público es inalienable e imprescriptible, con todas las consecuencias que de ello se derivan. Por su parte, los bienes de dominio privado del Estado están sujetos a las reglas ordinarias de la propiedad privada. El criterio para distinguir estas dos categorías atiende, como se explicó, a la concurrencia de los cuatro elementos ya analizados, esto es, el subjetivo, normativo, objetivo y el finalista.

VI.Sobre la naturaleza de los bienes que se discuten en el caso concreto. (...). Por su parte, en la demanda el IDA argumenta también que esos inmuebles son bienes de dominio público que deben ser recuperados. En este sentido, para determinar si esos inmuebles integran o no el demanio público, debe analizarse la concurrencia de los elementos subjetivo, normativo, objetivo y el finalista. En cuanto al primero, tenemos que los inmuebles en cuestión pertenecieron, en su momento al IDA. El hecho que hoy se encuentren inscritos a nombre de un sujeto de derecho privado, (...), no afecta el cumplimiento del elemento subjetivo, toda vez que esa inscripción no convalida una eventual nulidad en caso de que, en efecto, se hubiesen traspasado bienes de dominio público. Por otra parte, se cumple también el elemento objetivo en tanto se trata de bienes inmuebles que son susceptibles de integrar el demanio público.

Sin embargo, estima el Tribunal que, en el caso concreto, no concurren los elementos normativo y el teleológico, por las razones que de seguido se exponen. En cuanto al primero, no se observa exista una afectación normativa de esos bienes al demanio público. A diferencia de lo expuesto por el ente actor, estimamos que del artículo 3 y 32 de la Ley No. 6735, Ley de Creación del Instituto de Desarrollo Agrario, no puede derivarse esa afectación. Esas normas refieren, por una parte, que una de las funciones del IDA es cooperar en la conservación de los recursos naturales del país y administrar en nombre del Estado las reservas nacionales (situación que no aplica a este caso por cuanto los inmuebles no constituyen reservas nacionales); por otra, el numeral 32 citado enlista los bienes que forman parte de los recursos que posee el ente para el cumplimiento de sus fines legales. Primero, esa norma no indica expresamente que los bienes que formen parte del patrimonio del IDA para el cumplimiento de sus fines sean, en todos los casos, bienes de dominio público.

Más aún, la lista contempla expresamente supuestos de bienes de dominio privado, tal es el caso del incisos b) (Las tierras del dominio privado del Estado o de sus instituciones, que sean traspasadas al Instituto de Desarrollo Agrario, conforme a la ley). Tampoco en el caso de los incisos c) y j) (Las tierras que el Instituto adquiera por cualquier medio legal, para destinarlas a sus programas de desarrollo agrario y los bienes donados al Instituto por personas físicas o jurídicas, privadas y públicas para los fines de esta ley) se establece que tierras constituyan, persé (sic), dominio público. Tampoco se encuentra esa afectación especial en el numeral 33 del mismo cuerpo normativo, según el cual los bienes y recursos que constituyen el patrimonio del Instituto de Desarrollo Agrario, sólo podrán ser aplicados para los fines previstos en esta ley, sin distinguir si constituyen bienes de dominio privado o público.

Así, no puede este Tribunal concluir que cualquier inmueble que haya sido adquirido por el IDA para cumplir con los objetivos de su ley, deba entenderse como público; en tanto nada obsta para que en la consecución de esos fines pueden estar presentes bienes de dominio privado. Se insiste que el dominio público es un concepto jurídico, por lo que su existencia pende de una declaración formal de la Administración (además legislativa) de someter a régimen de dominio público determinados bienes, la que en el subjúdice se extraña. Presumir que porque son bienes dominicales porque el IDA los obtuvo para el cumplimiento de sus fines legales o de que al ser un inmueble propiedad de un ente público forma parte, automáticamente, del demanio público, llevaría a desconocer la existencia de bienes de dominio privado del IDA y la afectación especial legislativa que, en ese sentido, exige el numeral 261 del CC, la jurisprudencia y doctrina imperante.

En abono a lo anterior, se ha señalado que el dominio público se concibe más como una técnica de intervención y base material para el ejercicio de funciones públicas, que como una relación de propiedad (ver al efecto la resolución No. 04587-97, de la Sala Constitucional). Pero también debe advertirse que resulta más clara la ausencia del elemento finalista, esto es, la vocación permanente al uso o utilidad pública de los bienes. Lo anterior resulta evidente si se toma en cuenta que se trata, en ambos casos, de inmuebles cuyo destino legal fue, desde un inicio, la utilización en programas de desarrollo agrario, razón por la cual adjudican o titulan a los beneficiarios que califiquen como tales. Así, siempre han estado dentro del comercio privado de los hombres, porque una vez que se adjudican entran a formar parte, con algunas limitaciones legales, del patrimonio del sujeto de derecho privado beneficiado, inscribiéndose a su nombre.

(...). Por ende, se trata de bienes que dejan de formar parte del patrimonio del ente público para ingresar al patrimonio de sujetos particulares, situación que sería a todas luces incompatible si se tratara de bienes demaniales en tanto éstos no pueden salir del dominio del Estado, menos aún inscribirse a nombre de particulares. Por todo lo expuesto y ante la ausencia de los elementos normativo y teleológico, es criterio de este Tribunal que estamos frente a bienes de dominio privado del IDA. (...). Tampoco resulta de recibo la referencia a la existencia de limitaciones que imponen distintas normas en relación con el uso y destino de esos inmuebles. El hecho de que existan limitaciones no convierte al inmueble en un bien demanial. Por el contrario, éstas se imponen, por regla general, sobre propiedad privada y suponen la sujeción a una serie de obligaciones de dar, hacer o soportar, más no la supresión de la propiedad privada.

(...). En relación con las sentencias de la Sala Constitucional que invoca el accionante, estima el Tribunal que no son aplicables al caso concreto, en tanto se refieren a circunstancias fácticas distintas. Las sentencias No. 15775-2006, 17776-2008 y 12417-2008 refieren a un supuesto de desalojo administrativo de inmuebles que se catalogó como de dominio público al estar inscrito a nombre del IDA y que no había sido adjudicado o titulado a favor de ningún particular, sino que lo que existía era una ocupación en precario, situación que no se presenta en el caso concreto. En relación con la sentencia No. 835-2009, dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda a las 9 horas del 29 de abril de 2009, mediante el cual se declaró con lugar la lesividad de varios acuerdos del IDA referidos a una situación similar a la que aquí se discute, ha de señalarse que este Tribunal respeta lo resuelto por el juzgador de instancia, más no lo comparte por las razones que ya han sido ampliamente expuestas en éste y el anterior considerando.

(...). Finalmente, no está demás señalar que la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en el fallo No. 182-F-S1-2009, de las 16 horas 27 minutos del 19 de febrero de 2009, se pronunció respecto de que no todos los inmuebles que el IDA adquiera para el cumplimiento de sus fines constituyen bienes de dominio público, haciendo un énfasis particular en aquellos que son traspasados por ese ente a sujetos particulares. Indicó al efecto que ‘(....) por disposición del artículo 12, inciso b) de la Ley de Tierras y Colonización, quedan afectados a sus fines ‘Los fundos rústicos del dominio privado del Estado’, pero ello no implica por sí, que su naturaleza sea ‘sui generis’ o demanial, en los términos establecidos por la Sala Constitucional. Para estar sujetos a ese régimen jurídico especial, distinto al que rige el dominio privado, es decir, para formar parte del demanio público, necesariamente debe mediar, como ya se indicó, una ley específica que así lo establezca o que por la finalidad del mismo; uso público, su naturaleza lo determine.

De no estarse en alguno de los dos supuestos indicados, entonces se trata de bienes de dominio privado o patrimoniales de la Administración, como sucede en este asunto. Es cierto que el legislador en el artículo 7 ibídem, exceptuó del carácter de inalienables y no susceptibles de adquirirse por denuncio o posesión, a los bienes ‘que estuvieren bajo el dominio privado del Estado,’, sin embargo, el Ad quem fue claro al señalar, lo que comparte esta Sala, que dicho artículo establece cuáles bienes quedan afectos al demanio público ‘…no dándole tal característica a los bienes como los aquí en disputa. Por otra parte las fincas que el Instituto adquiere con la finalidad de dotar de tierras a las personas que no la tienen o la tienen en cantidad suficiente para ser entregadas mediante contratos de asignación de tierras, tienen un régimen especial al estar sometidas a ciertas limitaciones, pero ello no implica de manera alguna que se trata de bienes demaniales tal y como lo indica el recurrente, por cuanto incluso pueden ser hipotecados, arrendados, vendidos, si cuentan con la autorización expresa de la Junta Directiva de dicho ente, lo cual no podría hacerse si se tratara de bienes demaniales, …’.

Agrega esta Sala, los inmuebles, como los que están en litigio, no revisten tal naturaleza, toda vez que, conforme lo establecido en el artículo 53 ibídem, al que incluso se hace referencia en el recurso, ese tipo bienes pueden ser vendidos, de acuerdo con sus facultades, por las instituciones que los adquieran ‘…en o por pago de créditos a su favor,’ si el IDA no resuelve su compra dentro de los 90 días siguientes al ofrecimiento que se le hace, en virtud del deber de preferencia impuesto en su beneficio. Con otras palabras, bajo el argumento del demandado de que la afectación de esos bienes está dada por la Ley no. 2825 ídem, se reitera, lo que no es cierto, cómo explicar entonces, más aún, justificar y demostrar, que la Institución que lo adquirió puede vender un bien que se supone ‘demanial’, si el IDA no lo compra en el plazo indicado? Sencillamente porque el bien no es de esa naturaleza. (...)’.”

Así pues, para este órgano colegiado no queda duda alguna de que la caducidad, como modalidad de terminación anormal de los procedimientos administrativos, resulta plenamente a aquellos que inicie el IDA a efectos de declarar la revocatoria de la adjudicación de parcelas, sin que la naturaleza de estos bienes represente óbice alguno al efecto.-

VIII.Una vez establecido lo anterior, procede considerar si la caducidad invocada en este caso concreto debe ser admitida. Tal como se reseñó en la relación de hechos probados, este Tribunal tiene por acreditado que el 17 de diciembre del 2009, el apoderado de los aquí intervinientes Nombre142526 y su cónyuge Nombre142525 formuló una solicitud de declaratoria de caducidad del procedimiento N° 041-09 NUL seguido por la Asesoría de Asuntos Jurídicos del IDA, región Pacífico Central. En opinión de los suscritos, esa primera gestión era prematura, pues del referido expediente se desprende que la última actuación administrativa recaída en el expediente y notificada a los interesados antes de la interposición de ese reclamo de caducidad, había sido la dictada a las 9:00 horas del 25 de noviembre del 2009, en la que se suspendió unas “diligencias de reconocimiento de terreno y audiencia de recepción de prueba”, a la espera de resolución de los recursos previamente interpuestos por la parte.

Es decir, la petitoria de caducidad fue planteada apenas tres semanas después de esa última conducta administrativa, con lo cual evidentemente no habían transcurrido los seis meses a que se refiere el ordinal 340 de la LGAP. Y es que, desde esta perspectiva, pareciera que la parte actora confundió en ese momento la naturaleza jurídica del instituto en cuestión, pues –como se observa a f. 262 del expediente administrativo– fundamentó su gestión en el hecho de que “Por tener más de SEIS MESES de estarse desarrollando el procedimiento administrativo sin que a la fecha se haya concluido, se ha incurrido en la causal de CADUCIDAD...”. En efecto, la aplicabilidad del referido mecanismo de terminación del procedimiento deriva del hecho de que los trámites hayan estado paralizados por causa exclusivamente imputable –en este caso– a la Administración que lo inició, durante más de seis meses; no a la mera circunstancia de que tengan más de seis meses de iniciados.

No obstante lo anterior, al momento en que los interesados interpusieron su segunda petitoria de caducidad en julio del 2011 –mediante memoriales dirigidos tanto al órgano director como a la Junta Directiva del IDA– la última actuación administrativa recaída en el expediente seguía siendo la del 25 de noviembre del 2009. Es decir, a esa fecha todavía permanecían pendientes de resolver los recursos señalados, de manera que la parálisis de los trámites resultaba exclusivamente atribuible a la Administración. Desde luego, para entonces, ahora sí, habían transcurrido –con ventaja– los seis meses previstos en la norma legal. Así las cosas, este Tribunal concurre con los accionantes en el sentido de que debe acogerse la pretensión formulada, declarando caduco el procedimiento N° 041-09 NUL seguido en su contra, el cual deberá ser archivado. Y puesto que la consecuencia de ese medio de terminación anormal es que los procedimientos se tengan por no seguidos (artículo 340.3 de la citada LGAP), esto impone indefectiblemente también la necesidad de suprimir los efectos del “exhorto” administrativo que remitió el IDA al Registro Público al momento de la apertura del expediente, el cual fuera anotado en la finca objeto de disputa, lo cual se dispone ordenar mediante mandamiento que se expedirá tan pronto quede firme esta sentencia.-

IX.En los puntos 3 y 7 de la pretensión esbozada en el escrito de demanda (que, en lo que a este asunto concierne, el Tribunal estima equivalentes y, por ende, reiterativos), la parte actora solicita que se declare que el IDA no puede iniciar un nuevo procedimiento de revocatoria de la adjudicación de su propiedad, por haber expirado el plazo de las limitaciones impuestas bajo el numeral 67 de la Ley de Tierras y Colonización. A los fines de los ordinales 42.2.i y 122.j del CPCA, entendemos dicho requerimiento como la solicitud de que se imponga a la Administración demandada una conducta de abstención; concretamente, que se ordene al IDA no establecer un nuevo procedimiento revocatorio en perjuicio de su derecho subjetivo de propiedad, el cual se consolidó en la plenitud de sus efectos por el vencimiento de las citadas restricciones. Ahora bien, sobre el tema de las limitaciones al derecho de propiedad, esta Sección ha señalado previamente lo que sigue:

“El derecho de propiedad, tutelado en el canon 45 de la Carta Magna se define como un derecho, en principio, de carácter absoluto, exclusivo y perpetuo. Empero, el análisis de este derecho ha evolucionado a la percepción de una naturaleza relativa, en tanto está sujeta a la posibilidad de imponer limitaciones por causa de interés público. En el fallo No. 4205-96 de las 14:33 horas del 20 de agosto de 1996, la Sala Constitucional, sobre el contenido de este derecho indicó: ‘V. DE LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA PROPIEDAD Y SU RELACIÓN CON LAS LIMITACIONES AL DERECHO DE PROPIEDAD -PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 45 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA. Una concepción del derecho de propiedad privada en términos absolutos y prácticamente ilimitados, pasó a constituir el punto de apoyo básico sobre el cual se estableció el sistema occidental, consagrándose como centro básico del ordenamiento jurídico la completa intangibilidad del derecho de propiedad, por cuanto la misma implicaba el completo señorío sobre el bien, de manera absoluta, general, independiente, plena, universal, ilimitada y exclusiva.

Sin embargo, tal concepto ha evolucionado, hasta llegar a proponerse la defensa de una propiedad basada en la armonía social, y por un sentido social de la propiedad de la tierra. Se modifica así la base jurídica sobre la que descansa la protección de la propiedad y de ser un derecho exclusivo para el individuo, pasa a corresponderle una obligación en favor de la armónica convivencia de la sociedad. Surgió la idea de la ‘función social’ de la propiedad, en la que todo individuo tiene la obligación de cumplir ciertas obligaciones comunales, en razón directa del lugar que ocupa y de los intereses del grupo social que lo representa. El contenido de esta ‘propiedad–función’, consiste en que el propietario tiene el poder de emplear el bien objeto del dominio en la satisfacción de sus propias necesidades, pero correspondiéndole el deber de ponerla también al servicio de las necesidades sociales cuando tal comportamiento sea imprescindible.

Con este nuevo concepto se ensanchan las atribuciones del legislador para determinar el contenido del derecho de propiedad, lo que se logra por medio de los límites y obligaciones de interés social que pueda crear, poniendo fin a su sentido exclusivo, sagrado e inviolable.(...) VI. El artículo 45 de la Constitución Política consagra, en nuestro orden jurídico–constitucional, el derecho de propiedad. En el párrafo primero señala su carácter de ‘inviolable’ y establece la obligación por parte del Estado de indemnizar al propietario previamente, cuando deba suprimirla por razones de ‘interés público legalmente comprobado’. En el párrafo segundo establece la posibilidad de establecer limitaciones de interés social a la propiedad, mediante ley aprobada por votación calificada –votación de los dos tercios de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa–. De lo anterior, queda claro que la obligación de indemnizar por parte del Estado, está constitucionalmente prevista única y exclusivamente cuando se trata de expropiar y no rige para las limitaciones de interés social que se establezcan mediante ley aprobada por votación calificada (...)’ Desde este plano, esa propiedad, cuyo contenido legal se observa en el canon 264 del Código Civil, se encuentra sujeta a limitaciones impuestas por ley teniendo en cuenta el interés privado de los demás propietarios, así como en atención al interés público de la colectividad.

Estas últimas se rigen por el derecho administrativo. Dichas limitaciones administrativas pueden consistir en meras restricciones, servidumbres, ocupación temporánea y expropiación. Las restricciones consisten en condiciones legales del ejercicio del derecho de propiedad. Es una tolerancia que el propietario debe soportar, por lo que no tratan de un sacrificio particular o especial del propietario sino que es una restricción general. Están ínsitas (sic) en la existencia del derecho. Por ende, son generales, constantes y actuales. Son limitadas en número y clase, sin que puedan llegar a desmembrar el derecho de propiedad, es decir, restringir de tal forma su uso y goce que lleguen a afectar la plenitud del derecho. Dada su generalidad, no se indemnizan, excepción hecha de los daños que culposamente pueda ocasionar la Administración al ejecutar los trabajos en que se materializa la restricción.

Con todo, como límite infranqueable, deben ser proporcionales a la necesidad administrativa que con ella se debe satisfacer, ergo, deben responder a una necesidad administrativa, no pueden desintegrar el contenido del derecho de propiedad. En cuanto a los alcances y restricciones de esas limitaciones a la propiedad, el Tribunal Constitucional en el fallo aludido expresó en lo relevante: ‘VIII. No obstante lo señalado en los considerándoos (sic) anteriores, debe advertirse que las limitaciones legítimas que puedan imponerse a la propiedad privada encuentran su frontera natural en el grado de afectación a la propiedad; esto es, cuando la restricción al derecho de propiedad se convierte en una verdadera expropiación con la consecuente obligación de indemnizar, porque se hace desaparecer completamente el derecho de propiedad, o cuando no se afecte a la generalidad de la colectividad. Así lo señaló la Corte Plena en relación con las limitaciones a imponer a la propiedad cuando traspasan el límite señalado, en sesión extraordinaria del dieciséis de junio de mil novecientos ochenta y tres: ‘[...] es decir ‘limitaciones’ como las llama el artículo 45, pero no despojo de la propiedad privada ni privación de un atributo primario del dominio, porque impedir el goce de los bienes equivale, al menos en este caso, a una forma de expropiación sin el requisito de previa indemnización que ordena la carta política’; y como lo indicó este Tribunal en las citadas sentencias número 5097-93 y 2345-96; en que señaló: ‘IV.) Para la Sala los límites razonables que el Estado puede imponer a la propiedad privada, de acuerdo con su naturaleza, son constitucionalmente posibles en tanto no vacíen su contenido.

Cuando ello ocurre deja de ser ya una limitación razonable para convertirse en una privación del derecho mismo’. (Sentencia número 5097-93); ‘Es decir, pueden limitarse los atributos de la propiedad, en tanto el propietario reserve para sí la posibilidad de explotar normalmente el bien, excluida claro está, la parte o la función afectada por la limitación impuesta por el Estado. Fuera de estos parámetros, si el bienestar social exige sacrificios de uno o de algunos únicamente, debe ser indemnizado, lo mismo que ocurre cuando el sacrificio que se impone al propietario es de tal identidad, que lo hace perder en su totalidad el bien. Así, la limitación a la propiedad resiste el análisis constitucional, cuando la afectación a los atributos esenciales de la propiedad que son aquellos que permiten el uso natural de la cosa dentro de la realidad socio–económica actual, no hace desaparecer la naturaleza del bien o haga imposible el uso de la cosa, porque el Estado imponga requisitos de autorización o de aprobación tan complejos que impliquen de hecho, la imposibilidad de usufructuar el bien’. (Sentencia número 2345-96).’ ” (Sentencia N° 64-2011 de las 8:40 horas del 17 de marzo del 2011.)

Sobre el tema específico de las limitaciones al derecho de propiedad en materia de adjudicación de parcelas del IDA, la precitada sentencia N° 57-2011-VI de esta Sección señaló:

“El artículo 67 de la Ley de Tierras y Colonización en su párrafo primero dispone:

‘El beneficiario no podrá traspasar el dominio de su predio ni gravarlo, arrendarlo o subdividirlo sin autorización del Instituto, excepto que hayan transcurrido quince años desde la adquisición de la parcela y de que todas las obligaciones con dicho organismo estuvieren canceladas.’ Este artículo establece una serie de limitaciones al uso y disfrute de una parcela otorgada por el IDA. Ahora bien, las limitaciones al derecho de propiedad no pueden ser perpetuas, debido a que esto violaría el derecho constitucional a la propiedad privada. Por ello, el párrafo del artículo citado viene a establecer las condiciones que se deben presentar para que un predio adjudicado por el IDA, quede libre de las limitaciones que esa misma norma impone. Esas condiciones son dos: Primera: Que transcurran quince años desde la adquisición de la parcela. Esto significa que las limitaciones se mantienen solo por ese término; Segundo: Que el beneficiario haya cancelado todas sus obligaciones con el IDA.

Es decir, que no tenga deudas pendientes con dicha institución por la adquisición de la parcela...” Precisamente, estas dos condiciones las cumplen los interesados en este caso, ya que se ha tenido por probado que el accionante y su esposa (hoy la sucesión de esta última) tienen un título de propiedad sobre la finca inscrita en el Registro Público bajo la matrícula número Placa27905, situada en Coyolar de Orotina, provincia de Alajuela. Sobre dicha propiedad pesaban las limitaciones o condiciones impuestas por la Ley de Tierras y Colonización, que iniciaron el 18 de marzo de 1994 y vencían el 18 de marzo del 2009. Esto implica que el plazo de quince años establecido en el artículo 67 de la citada Ley evidentemente ya transcurrió. Por otra parte, se ha tenido por acreditado igualmente que los adjudicatarios terminaron de cancelar sus obligaciones financieras con el IDA el 22 de enero del 2007, fecha a partir de la cual no mantienen adeudos con esa entidad.

Por ende, se cumple también la condición de haber cancelado todas las obligaciones pendientes con dicha institución. Así las cosas, se concluye necesariamente que, satisfechos los requerimientos fijados en la ley para que cese la vigencia de las limitaciones a la propiedad derivadas de la adjudicación de parcelas del IDA, el dominio de los aquí accionantes sobre la finca matrícula número Placa27905 de la provincia de Alajuela se convirtió en pleno a partir del 18 de marzo del 2009. Ciertamente, como bien lo alegan –aspecto sobre el cual debe dárseles también la razón– la ley no establece ninguna posibilidad de que, una vez cumplidos los dos parámetros de comentario, se pueda prolongar la vigencia de las limitaciones establecidas en el artículo 67, menos aun por medio de una comunicación administrativa dirigida al Registro de la Propiedad Inmueble. Refiriéndose a la asignación de tierras del IDA, la Sala Constitucional, en sentencia N° 2006-01806 de las 14:55 horas del 15 de febrero del 2006, destacó:

“... la propiedad no [la adquiere el adjudicatario] con la entrega del título, ni tan siquiera al momento en que el Instituto de Desarrollo Agrario le traspasa la parcela al beneficiario, sino más bien con el cumplimiento de las condiciones dispuestas en ese numeral, a saber, el transcurso de ese plazo –los quince años dispuestos en la norma impugnada–, el pago efectivo y real del inmueble, y el sometimiento a las exigencias estipuladas para el adecuado uso de ese fundo. (...) [El] contrato de adjudicación de tierras puede ser revocado por el Instituto de Desarrollo Agrario –al tenor de lo dispuesto en el artículo 66 de la misma ley de referencia–, antes del vencimiento de ese plazo, si el beneficiado no cumple las condiciones estipuladas en la Ley de Tierras y Colonización y en el contrato de adjudicación, por cuanto el fundo se entrega con una finalidad determinada, esta es, la de promover la producción agraria, en atención a la vocación agrícola que se reconoce en estos fundo (sic).” (Los paréntesis cuadrados y el subrayado son nuestros.)

De manera que debe estimarse la pretensión orientada a que se declare que, por haber transcurrido el plazo fijado en la norma legal y por haber cumplido los adjudicatarios de la parcela con sus obligaciones financieras, así como –finalmente– no haber logrado acreditar el IDA, antes del vencimiento del señalado lapso, el incumplimiento de cualesquiera otras obligaciones fijadas en la ley o en el contrato de asignación, el derecho de propiedad de aquéllos se ha consolidado y no puede el IDA iniciar ninguno futuro que tenga esa misma finalidad.-

X.Finalmente, considera este Tribunal innecesario pronunciarse acerca de la pretensión de “Que se declare en sentencia que la recomendación de archivar el expediente administrativo N° 041-09 NUL, emitida por el órgano director del procedimiento mediante oficio del 14 de Enero de 2010 no requiere aprobación de la Junta Directiva del IDA, tal y como lo establece el artículo 108 inciso f) del REGLAMENTO PARA LA SELECCIÓN Y ASIGNACIÓN DE SOLICITANTES DE TIERRAS, publicado en La Gaceta N° 38 de 22 de Febrero del 2008 y que, por ende, el procedimiento debe darse por terminado”. Lo anterior en virtud de que ya se ha arribado, sin necesidad de ingresar en el aspecto planteado, a la conclusión de que el procedimiento N° 041-09 NUL debe tenerse por terminado en virtud de la caducidad operada.-

XI.Así las cosas, se acoge la demanda planteada. A efectos de sintetizar y ordenar de manera lógica el pronunciamiento en atención tanto a las pretensiones fijadas como a todas las consideraciones expuestas previamente, el fallo se vierte de la manera siguiente: a) se declara caduco y se ordena archivar el expediente administrativo N° 041-09 NUL establecido por el Instituto de Desarrollo Agrario contra Nombre142526 y Nombre142525 , teniéndose los procedimientos por no seguidos; b) como consecuencia de lo anterior (artículo 122, incisos a y k, del CPCA), se anula el “Exhorto de anotación de proceso IDA” emitido el 18 de marzo del 2009 por el órgano director del procedimiento, dirigido al Director del Registro Público de la Propiedad Inmueble y anotado bajo la finca número 284648 de la provincia de Alajuela, derechos 001 y 002, bajo las citas de presentación tomo 2009, asiento 70525. Una vez firme la sentencia, expídase mandamiento al Registro ordenando levantar la citada anotación; y, c) habiendo vencido el plazo legal de las limitaciones impuestas por el artículo 67 de la Ley de Tierras y Colonización, se ordena al IDA abstenerse de iniciar un nuevo procedimiento de revocatoria de la adjudicación conferida en 1994 a Nombre142526 y Nombre142525 , de la finca número 284648 de la provincia de Alajuela.-

XII. ACERCA DE LAS EXCEPCIONES INTERPUESTAS

El IDA opuso las de falta de derecho y falta de legitimación activa y pasiva. En cuanto a estas últimas –que en un correcto orden lógico deben ser examinadas primero– cabe rechazarlas en sus dos modalidades. En efecto, la legitimación ad causam se conforma en tanto exista una vinculación de las partes en una determinada situación jurídico material, de modo que requiere la identidad entre quien demanda y el titular del interés subjetivo reclamado (activa) y entre el demandado y el obligado a la prestación requerida (pasiva). Así, se dice, hay legitimación activa cuando existe la posibilidad de acoger eficazmente la pretensión con respecto a la parte actora y pasiva cuando ese pronunciamiento pueda ser eficaz en relación con el demandado. En este caso y por los hechos y argumentos de ley ya explicados, los actores efectivamente son titulares del derecho subjetivo que reclaman en esta litis, mientras que el accionado es aquella administración respecto de la que –dado el mencionado cuadro fáctico y jurídico– dicho derecho puede ser reclamado. En cuanto a la excepción de falta de derecho, se rechaza igualmente, por las razones en que se abundó en los considerandos previos.-

XIII. SOBRE LAS COSTAS

El artículo 193 del CPCA establece que las costas procesales y personales se imponen al vencido por el solo hecho de serlo, pronunciamiento que debe hacerse incluso de oficio, al tenor de lo dispuesto en esa misma norma, en concordancia con el numeral 119.2 ibídem. La dispensa de esta condena solo es viable cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar o cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas que desconociera la parte contraria. En la especie, no encuentra este órgano colegiado motivo para aplicar las excepciones que fija la normativa aplicable y quebrar el postulado de condena al vencido. Por ende, se imponen ambas costas al ente demandado.-

POR TANTO:

Se rechazan las excepciones de falta de legitimación activa y pasiva, así como de falta de derecho. Se declara PROCEDENTE la demanda interpuesta por Nombre142526 y la sucesión de Nombre142525 contra el Instituto de Desarrollo Agrario, en los términos siguientes: se declara caduco y se ordena archivar el expediente administrativo número 041-09 NUL establecido por el Instituto de Desarrollo Agrario contra Nombre142526 y Nombre142525 , teniéndose los procedimientos por no seguidos. Como consecuencia de lo anterior, se anula el “Exhorto de anotación de proceso IDA” emitido el dieciocho de marzo del dos mil nueve por el órgano director del procedimiento, dirigido al Director del Registro Público de la Propiedad Inmueble y anotado en la finca número Dirección17256 de la provincia de Alajuela, derechos cero cero uno y cero cero dos, bajo las citas de presentación: tomo dos mil nueve, asiento setenta mil quinientos veinticinco.

Una vez firme la sentencia, expídase mandamiento al Registro ordenando levantar la citada anotación. Habiendo vencido desde el dieciocho de marzo del dos mil nueve el plazo legal de las limitaciones impuestas por el artículo sesenta y siete de la Ley de Tierras y Colonización, se ordena al Instituto de Desarrollo Agrario abstenerse de iniciar un nuevo procedimiento de revocatoria de la adjudicación conferida en mil novecientos noventa y cuatro a Nombre142526 y Nombre142525 , respecto de la mencionada finca número Dirección17256 de la provincia de Alajuela. Son ambas costas a cargo del ente demandado. NOTIFÍQUESE.- CHRISTIAN HESS ARAYA CYNTHIA ABARCA GÓMEZ ROBERTO GARITA NAVARRO

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        • Ley 2825 Land and Colonization Law

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        • Ley 2825 Ley de Tierras y Colonización

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