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Res. 00012-2012 Tribunal Contencioso Administrativo Sección IV · Tribunal Contencioso Administrativo Sección IV · 09/02/2012

ICE Liability for Lack of Cellular CoverageResponsabilidad del ICE por falta de cobertura celular

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OutcomeResultado

Partially grantedParcialmente con lugar

The Court ordered ICE to pay each plaintiff five hundred thousand colones for emotional harm caused by the lack of cellular coverage but denied the property-damage claim and all other relief not expressly awarded.El Tribunal condenó al ICE a pagar quinientos mil colones a cada actor por daño moral subjetivo derivado de la falta de cobertura celular, pero rechazó los daños materiales y las demás pretensiones no otorgadas.

SummaryResumen

The Administrative Litigation Court partially granted the claim against the Costa Rican Electricity Institute (ICE) because the lack of cellular coverage prevented the plaintiffs from promptly seeking assistance after a traffic accident on the road between Atenas and Orotina. Although ICE knew that certain road segments had low coverage levels and was the telephone service provider, the Court distinguished the consequences of the accident from those attributable to the inability to communicate. It denied compensation for the lost shrimp and other property damage because the merchandise had already been lost or contaminated as a result of the accident, so that loss could not be causally attributed to ICE. The Court nevertheless found that the lack of signal caused the occupants a sense of helplessness, insecurity, and uncertainty amounting to subjective emotional harm. It ordered ICE to pay each plaintiff five hundred thousand colones, plus costs, and denied all relief not expressly awarded.El Tribunal Contencioso Administrativo declaró parcialmente con lugar la demanda contra el Instituto Costarricense de Electricidad por la falta de cobertura celular que impidió a los actores solicitar oportunamente asistencia después de un accidente de tránsito en la carretera entre Atenas y Orotina. Aunque el ICE conocía que ciertos tramos presentaban bajos niveles de cobertura y era el prestador del servicio telefónico, el Tribunal distinguió entre las consecuencias del accidente y las atribuibles a la imposibilidad de comunicarse. Rechazó la indemnización por la pérdida del camarón y otros daños materiales porque la mercadería se había perdido o contaminado desde el accidente y ese perjuicio no podía imputarse causalmente al ICE. Sin embargo, reconoció que la falta de señal produjo en los ocupantes una sensación de desamparo, inseguridad e incertidumbre constitutiva de daño moral subjetivo. Condenó al ICE a pagar quinientos mil colones a cada actor, además de las costas, y rechazó todo lo no concedido expresamente.

Key excerptExtracto clave

Returning to subjective emotional harm, in such circumstances it must—by inference in re ipsa—have generated a sense of helplessness, insecurity, and uncertainty that caused the harm at issue. It must be noted that, in substantiating this harm, the plaintiffs mistakenly place considerable emphasis on the possibility of losing the shrimp scattered on the road. Although those fears may have been genuine, they are not compensable because the loss cannot be attributed to the defendant, insofar as those goods had already been lost at the moment of the accident because they were contaminated, as explained. What the Court does dispute is the amount that may be awarded, because the sum claimed is excessive for the specific circumstances and, as stated, some forms of harm are compensable while others cannot be attributed to the defendant. Under these conditions, the amount is set at five hundred thousand colones, which is reasonable and proportionate to the harm suffered without producing unjust enrichment. The defenses of lack of passive standing, force majeure, and act of a third party are rejected; the defenses of lack of entitlement and fault of the victim are partially upheld as to everything not awarded and rejected in all other respects. The claim is partially granted and is deemed denied as to everything not expressly awarded. The Costa Rican Electricity Institute is ordered to pay each plaintiff the sum of five hundred thousand colones for subjective emotional harm. Costs shall be borne by the defendant.Retomando el daño moral subjetivo, en dicho ambiente debió -por inferencia in re ipsa- generarse una sensación de desamparo, inseguridad e incerteza que produjo la afectación que nos ocupa. No puede dejar de mencionarse que a la hora de fundar este daño, los actores cometen el error de realizar una considerable referencia al tema de la posibilidad de perder el Camarón disperso en la vía, pero dichos temores aún cuando pudieron ser ciertos, no resultan reconocibles al no ser el daño endilgable a la demandada, en la medida que esos bienes ya se habían perdido desde el momento del accidente por estar contaminados según se explicó. Ahora bien, lo que si discrepa el Tribunal es con respecto al quantum de lo que resulta reconocible, en el entendido que es exagerado para la situación en concreto y como se indicó existen extremos reconocibles y otros no susceptibles de achacar a la demandada. Bajo esas condiciones se fija la suma de quinientos mil colones, importe que resulta razonable y proporcional al daño que fue afrontado, sin llegar a generar un enriquecimiento injusto. Se rechazan las excepciones de falta de legitimación pasiva, fuera mayor y hecho de un tercero; se acoge parcialmente la excepción de falta de derecho y culpa de la víctima con respecto en todo aquello que no se a otorgado, rechazándose en lo demás. Se declara parcialmente con lugar la demanda, entendiéndose declarada sin lugar en todo aquello que no sea otorgado expresamente. Se condena al Instituto Costarricense de Electricidad a cancelar a cada uno de los actores la suma de medio millón de colones por concepto de daño moral subjetivo. Corren las costas a cargo de la demandada.

Pull quotesCitas destacadas

  • "De manera que no es la intención afectar negativamente a las partes, pues la autoridad judicial no está a favor o en contra de ninguna de ellas, sino que procura otorgar la solución más justa posible frente a conflicto que presentan."

    "Thus, the purpose is not to adversely affect the parties, because the judicial authority is neither for nor against either of them, but seeks to provide the fairest possible solution to the dispute they present."

    Considerando I

  • "De manera que no es la intención afectar negativamente a las partes, pues la autoridad judicial no está a favor o en contra de ninguna de ellas, sino que procura otorgar la solución más justa posible frente a conflicto que presentan."

    Considerando I

  • "Sea la prueba se tornó innecesaria en la marcha del litigio. De manera que pese al disgusto de la representación de la demandada, la posibilidad de desistir de alguna prueba para mejor resolver no es muestra de arbitrariedad sino el ejercicio leg í timo de una facultad, en los términos que el mismo ordenamiento l e garantiza."

    "In other words, the evidence became unnecessary as the litigation progressed. Thus, despite the defendant's representative's dissatisfaction, dispensing with certain court-ordered evidence is not an act of arbitrariness but the legitimate exercise of a power guaranteed by the legal system."

    Considerando I

  • "Sea la prueba se tornó innecesaria en la marcha del litigio. De manera que pese al disgusto de la representación de la demandada, la posibilidad de desistir de alguna prueba para mejor resolver no es muestra de arbitrariedad sino el ejercicio leg í timo de una facultad, en los términos que el mismo ordenamiento l e garantiza."

    Considerando I

  • "La jurisdicción contenciosa ha interpretado a partir de dichas normas, que cuando la declaración de una parte es contraria a sus intereses constituye plena prueba, según lo reglado en las disposiciones dichas, mientras que cuando es a su favor, es una mera declaración de una persona con interés en el asunto, de suerte que aún cuando se rinde bajo juramento, su nivel de credibilidad resulta atenuado salvo en los temas del daño moral subjetivo."

    "The administrative jurisdiction has interpreted those rules to mean that a party's statement constitutes full evidence when it is contrary to that party's interests, whereas a self-serving statement is merely the statement of a person interested in the matter and therefore carries diminished credibility even when given under oath, except in matters involving subjective emotional harm."

    Nota del juez Madrigal Jiménez

  • "La jurisdicción contenciosa ha interpretado a partir de dichas normas, que cuando la declaración de una parte es contraria a sus intereses constituye plena prueba, según lo reglado en las disposiciones dichas, mientras que cuando es a su favor, es una mera declaración de una persona con interés en el asunto, de suerte que aún cuando se rinde bajo juramento, su nivel de credibilidad resulta atenuado salvo en los temas del daño moral subjetivo."

    Nota del juez Madrigal Jiménez

Full documentDocumento completo

Sections

Procedural marks

Judgment No. 012 -2012 Judgment No. 012 -2012 ADMINISTRATIVE LITIGATION COURT (TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO), FOURTH SECTION, San José, at nine o’clock on nueve de febrero de dos mil doce.- Declaratory proceeding (proceso de conocimiento) brought by Nombre110930, married once, merchant, holder of identity card number CED87629 - -, and MARCOS MUÑOZ FONSECA, single, merchant, holder of identity card number CED3204 - -, against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD, legal entity identification number four - zero zero zero - zero forty-two thousand one hundred thirty-nine, represented by Lic. Germán Eugenio Calderón Lobo, married once, attorney, resident of Heredia, and holder of identity card number CED59905 - -. Lic. Álvaro Moreno Gómez acts as attorney-in-fact (apoderado) for the plaintiffs. All are of legal age and residents of Puntarenas, subject to the qualifications stated above.

BACKGROUND:

  1. 1The plaintiffs seek the following awards in their favor: for Nombre110930, four million colones for material damages (daño material) arising from the loss of shrimp, one hundred thousand colones for the loss of work tools and a plastic panel, five million colones for subjective non-pecuniary damages (daño moral subjetivo), and consequential damages (perjuicios) calculated at five hundred thousand colones (understood as five hundred colones for each kilogram of shrimp); for Mr. Muñoz Fonseca, five million colones for subjective non-pecuniary damages; and, in both cases, statutory interest (intereses legales) until actual payment, indexation of the amounts awarded, and all costs of the proceeding (costas del proceso).
  2. 2The defendant public entity denied the claims and raised the defenses (excepciones) of lack of a legal right and lack of standing to be sued (falta de legitimación pasiva), force majeure (fuerza mayor), act of a third party (hecho de un tercero), and fault of the victim (culpa de la víctima).
  3. 3The oral trial (juicio oral) was held on diecinueve de diciembre de dos mil once, and it was ordered that the matter be processed as complex pursuant to sections one hundred eleven of the Código Procesal Contencioso Administrativo and forty-seven of its Reglamento, and that the corresponding judgment be issued in writing.
  4. 4Subsequently, by order issued at fourteen hundred hours on veintitrés de diciembre de dos mil once, during deliberations, the Chamber, applying Article one hundred ten of the same body of law, ordered the reopening of the proceedings (reapertura del debate) to consider evidence ordered on the court’s own motion (prueba ordenada de manera oficiosa). The corresponding hearing was held on veintitrés de enero de dos mil doce, with the clarification that, due to an error in the order directing it (folio 79 of the judicial case file), it was stated to be from the year dos mil once (see the record of the proceeding and folios 78 and 79 of the judicial case file).
  5. 5The mandatory procedural requirements have been observed, and no grounds for nullity (causales de nulidad) capable of invalidating the proceedings are apparent. This judgment is rendered following the required deliberations and unanimously.

Judge Madrigal Jiménez drafts the judgment; and,

CONSIDERING:

I. REGARDING EVIDENCE TO ASSIST THE COURT IN REACHING A DECISION (PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER)

The rules governing administrative litigation provide two means of introducing the evidentiary elements necessary to render the corresponding decision. First, as a basic element of the proceeding, there is the evidence offered by the parties as persons directly interested in the resolution of their dispute, whether upon filing the complaint (Article 58 of the Código Procesal Contencioso Administrativo), in the answer (Article 66 ibídem), in incidental proceedings (incidencias), or in connection with interim measures (medidas cautelares). Exceptionally, with respect to circumstances that could not have been identified in a timely manner, evidence may be offered at the preliminary hearing (audiencia preliminar) itself or even during the oral and public trial (Article 90 ibídem), subject to assessment by the corresponding judicial authority. Such evidence has as its common denominator its party-driven nature (carácter dispositivo), being the responsibility of the interested party pursuant to Article three hundred seventeen of the Código Procesal Civil, in relation to Article two hundred twenty of the Código Procesal Contencioso Administrativo.

It would seem beyond serious question that the party itself knows the conflict giving rise to the dispute, its reasons for believing that it is in the right, and the best way to defend itself, with the direct assistance of legal counsel. In such cases, the judicial authority merely assesses the evidence’s relevance and usefulness for purposes of admitting it at the appropriate stages and subsequently evaluating it. On the other hand, the adjudicator has the authority, on the court’s own motion, to order evidence to assist the court in reaching a decision, as a mechanism for the sound administration of justice and guided by the constitutional principle of effective judicial protection (tutela judicial efectiva), with the aim of resolving the dispute submitted by the parties. This is unquestionably evidence requested not by a party but by the judicial authority. It is evidence that a judicial authority requires in order to render the decision before it and may be ordered at different stages, such as the preliminary hearing and the oral and public trial itself.

To avoid altering the parties’ theory of the case (teoría del caso), it is appropriate to introduce it in a single proceeding so that the interested parties may rebut it if they deem it advisable—by offering rebuttal evidence to assist the court in reaching a decision (contraprueba para mejor resolver)—or rely upon it if it serves their interests. Thus, the intention is not to prejudice the parties, since the judicial authority is neither for nor against any of them, but seeks to provide the fairest possible resolution of the dispute they present. A direct consequence of the foregoing is that the judicial body may freely determine how to handle such evidence; accordingly, even after it has been ordered, if it is later deemed unhelpful, or if several items have been ordered but only some can be obtained and the matter of interest has thereby been adequately addressed, the court may dispense with them without prejudicing the parties.

This is a discretionary power vested in the judicial authority, not in the parties. In this case, the defendant’s displeasure is evident because the Court, by majority decision, ordered several items of evidence to assist it in reaching a decision through an order issued at fourteen hundred hours on veintitrés de diciembre de dos mil once, and dispensed with some of that evidence at the final trial hearing on the preceding lunes veintitrés de enero del año en curso. In this regard, it should be clarified that several items of evidence were indeed ordered in an effort to obtain various relevant facts through different avenues; however, by the trial hearing, only some had been produced, but they were sufficient to dispel the doubts existing within the judicial body. Under those circumstances, the Court proceeded to dispense with part of that evidence. That is, the evidence became unnecessary as the litigation progressed.

Therefore, notwithstanding the displeasure of the defendant’s representative, the ability to dispense with some evidence ordered to assist the court in reaching a decision is not evidence of arbitrariness but rather the legitimate exercise of a power guaranteed to the Court by the legal system itself. Consequently, that self-interested position is unjustified.

II. BASIS OF THE PROCEEDING

The plaintiffs maintain that on ocho de septiembre de dos mil diez, Mr. Nombre110930 was driving his vehicle, license plate Placa19560, accompanied by Mr. Nombre110931 and Marco Muñoz Fonseca, returning from east to west at approximately twenty-one hours toward Puntarenas along the old road from Atenas to San Mateo and Orotina, since repairs were underway at Dirección13153 . Upon reaching Vuelta de Quebrada de Fierro, Mr. Nombre110930 lost control of his vehicle due to a mechanical failure and left the road, plunging with his companions down a steep slope, with a tree stopping their fall. The passengers sustained the more serious injuries, and the vehicle suffered significant damage; moreover, a refrigerated container carrying one thousand kilos of farmed or pond-raised shrimp, valued at four million colones, became detached, leaving the shrimp scattered along the roadside. Mr. Nombre110930 managed to get out and attempted to obtain assistance from the 911 emergency service using his cellular telephone, number 83050473, but it had no coverage.

Mr. Muñoz Fonseca encountered the same situation using his number 87516510; both services were provided by the Instituto Costarricense de Electricidad. Despite his injuries, Mr. Nombre110930 walked five hundred meters up and down the road but was unable to obtain assistance because there was no signal, and he returned to the scene of the accident. Almost an hour and a half after the incident, a truck traveling from San José found them, but, fearing that they might have serious injuries, the driver did not transport them and instead chose to travel to a location with coverage and call the emergency services from there. It was not until one hour later (two and a half hours after the accident occurred) that two ambulances arrived and transported Mr. Nombre110931 and Mr. Muñoz Fonseca to Hospital Monseñor Sanabria in Puntarenas. Because Mr. Nombre110930 did not have serious injuries, he remained at the scene guarding the shrimp that he had managed to place back in the refrigerated container.

Shortly thereafter, however, two patrol cars and a traffic-police unit arrived; the former had to leave due to duties inherent to their positions, while the latter advised Mr. Nombre110930 of the danger posed by the location and transported him to San Mateo so that he could request assistance from a tow truck and obtain a refrigerated container to collect the shrimp, since there was no cellular signal. After making the necessary arrangements, Mr. Nombre110930 managed to return at approximately twelve thirty in the morning, where he observed many people running with sacks and bags in which they were allegedly carrying the shrimp stolen from him, a situation that likewise would not have occurred if there had been a cellular signal at the accident site. They maintain that this caused the pecuniary and non-pecuniary harm (daño material y moral) they suffered and therefore seek a finding of liability as requested in their claim.

At the public oral trial (juicio oral y público), they argued that there had been a violation of the right to information (derecho de información) under the Ley para la Promoción de la Competencia y la Defensa Efectiva del consumidor, insofar as they were never informed of the coverage limitations of the cellular service sold to them. The public entity states that it has no knowledge of any of the facts and relies on the evidence submitted by the opposing party. It asserts that there is no causal nexus (nexo causal) between the alleged failure to provide service and the claimed damages (daños y perjuicios), since the actual cause of those damages was the accident itself. It insists that the parties’ statements do not constitute sufficient or suitable evidence. This was an external event (hecho ajeno), insofar as the cause of everything was the mechanical failure. It notes that traveling at the time when the accident occurred represented a risky decision, which included the difficulty of finding assistance in an emergency.

It insists that every public service has limitations, which means that it cannot be held responsible for the possible absence of a signal at a particular time, without prejudice to the fact that this is common knowledge. Furthermore, the looting of the merchandise was the act of a third party, constituting a ground exempting liability (causal eximente de responsabilidad) under Article one hundred ninety of the Ley General de la Administración Pública. It reasons that it is impossible to determine how much of the merchandise could have been recovered and challenges the document supporting the payment made, which is not a legally valid invoice. It challenges the lost profits (ganancia dejada de percibir) in relation to the cost of the merchandise. Regarding a notarial record (acta notarial) offered as evidence, it reasons that the record proves neither the lack of coverage, the accident, nor the harm allegedly suffered, again emphasizing the lack of probative evidence and the failure to establish a causal nexus.

After analyzing statutes and case law in support of its position, it concludes that the relief sought is inadmissible. At the public oral trial, it again emphasized the lack of evidence, the absence of a causal nexus, and the implausibility of the account, on the understanding that, if the road ordinarily carries traffic and a detour had been in place, the volume of traffic should have been considerable, making it inexplicable that no motor vehicle used that road for more than an hour. At the hearing of veintitrés de enero pasado, it also stated that the procedural course had been altered and reserved the right to appeal on points of law (reserva de casación), but raised no claim of nullity before the Court. It reiterated its opposition to the claims and the defenses previously stated.

III. FACTS DEEMED PROVEN (HECHOS PROBADOS)

The following facts are relevant to the issuance of this judgment:

  • 1)Since two thousand eight, the Superintendency of Telecommunications of the Public Services Regulatory Authority had alerted the Instituto Costarricense de Electricidad to low cellular coverage levels on the GSM and 3 G networks in certain areas of the country (see pages 159 through 164 of the court record).
  • 2)Several sections of the highway between Atenas and Orotina are located within the areas identified in the study (see pages 166 through 172 of the court record).
  • 3)In two thousand seven and two thousand eight, the Instituto Costarricense de Electricidad was the sole cellular telephone service provider in the national territory (a matter of public and common knowledge).
  • 4)Mr. Nombre110930 had had a cellular telephone provided by ICE for more than ten years (see the statement given by said gentleman at the oral and public trial).
  • 5)On May tenth, two thousand seven, Mr. Nombre110930 switched cellular technologies and was assigned number Placa19561, thereby modifying the obligations between the parties (see page 178 of the court record and pages 20 through 26 of the court record, which, despite being simple printouts, were not rebutted, as no evidence refuting them exists).
  • 6)When the service was activated for Mr. Nombre110930, no contract was entered into clarifying the obligations between the parties (see page 180 of the court record).
  • 7)Since June twenty-third, two thousand ten, Mr. Muñoz Fonseca had had prepaid cellular-line service assigned by the Instituto Costarricense de Electricidad, corresponding to number 87516510 (see page 178 of the court record and the statement given by said gentleman at the oral and public trial, which the court finds credible).
  • 8)When the service was activated for Mr. Muñoz Fonseca, no contract was entered into (see page 179 of the court record).
  • 9)From the time they purchased the services, the plaintiffs knew that the cellular services provided by ICE had coverage limitations (see their statements at the oral and public trial, which constitute a confession (confesión) with the corresponding legal effects).
  • 10)Distribuidora Mariscos S. A., whose representative is Mr. Nombre110930, holds an operating permit from the Ministerio de Salud and a transportation operating license for fishery products (see pages 35 and 36 of the court record).
  • 11)On September seventh, two thousand ten, Mr. Nombre110930 purchased one thousand kilograms of lagoon shrimp in Puntarenas at a price of four thousand colones per kilogram, intending subsequently to sell it in San José (see page 28 of the court record and the statements of Mr. Nombre110930 and Mr. Muñoz Fonseca).
  • 12)The sale that Mr. Nombre110930 intended to make in San José fell through (see the statements given by Mr. Nombre110930 and Mr. Muñoz Fonseca at the oral and public trial).
  • 13)In attempting to sell his merchandise, Mr. Nombre110930 managed to sell only ten kilograms (see page 29 of the court record and the statements of Mr. Nombre110930 and Mr. Muñoz Fonseca).
  • 14)On September eighth, two thousand ten, the plaintiffs, accompanied by a third person, were traveling from Atenas to San Mateo de Alajuela in vehicle license plate Placa19559, belonging to Distribuidora de Mariscos Nana S. A. (see pages 31 through 34 and 37 of the court record, as well as the statements of Mr. Nombre110930 and Mr. Muñoz Fonseca).
  • 15)The plaintiffs traveled by way of Atenas because national route twenty-seven was closed (see pages 111 through 116 of the court record, as well as the statements of Mr. Nombre110930 and Mr. Muñoz Fonseca).
  • 16)As the journey progressed, Mr. Muñoz Fonseca noticed that the vehicle smelled of overheated brakes and warned Mr. Nombre110930, but the latter disregarded the warning because he considered it normal, as the vehicle’s brakes had been adjusted in recent days (see Mr. Muñoz Fonseca’s statement, which the opposing party characterizes as a confession).
  • 17)After passing the place known as Vuelta de Quebrada de Fierro, at approximately twenty hundred hours on September eighth, two thousand ten, Mr. Nombre110930 lost control of the vehicle and ran off the road (see pages 37, 100, and 107 of the court record, as well as the statements of Mr. Nombre110930 and Mr. Muñoz Fonseca).
  • 18)As a result of the collision, one of the occupants was trapped inside the vehicle for several minutes, while another sustained open wounds to the head and knee (inferred from the accident report on page 107 of the court record and the statements of Mr. Nombre110930 and Mr. Muñoz Fonseca).
  • 19)As a result of the accident, the shrimp being transported was scattered over the roadway, with the remainder lying off the roadway and down the embankment (inferred from the accident report on page 107 of the court record and the statements of Mr. Nombre110930 and Mr. Muñoz Fonseca).
  • 20)Mr. Nombre110930 managed to get out and attempted to call the 911 emergency service from his cellular telephone, number 83050473, to obtain help, but it had no coverage (see the statements of Mr. Nombre110930 and Mr. Muñoz Fonseca, as well as page 27 and page 181 of the court record, which show that the last call was made at twenty hundred hours).
  • 21)Mr. Muñoz Fonseca attempted to obtain help using his cellular telephone acquired from the Instituto Costarricense de Electricidad, but it also had no coverage (see the statements of Mr. Nombre110930 and Mr. Muñoz Fonseca, as well as page 27 and page 182 of the same record, which show that the last call was made at twenty hundred hours and twenty-four minutes).
  • 22)Despite his injuries, Mr. Nombre110930 walked five hundred meters in each direction along the highway but was unable to obtain help because there was no signal, and he returned to the accident site (see the statements of Mr. Nombre110930 and Mr. Muñoz Fonseca at the oral and public trial, as well as page 27 of the court record).
  • 23)A few minutes after the accident, a truck traveling toward Dirección56 found them, but because the driver feared becoming involved in judicial proceedings, he did not transport them and instead drove to a place with coverage and called the emergency services from there (see the statements of Mr. Nombre110930 and Mr. Muñoz Fonseca).
  • 24)At approximately twenty-two hundred hours and forty-five minutes, the accident was reported to the 911 service (see pages 106, 188, and 201 of the court record).
  • 25)It was not until one hour later—two and a half hours after the accident occurred—that two ambulances arrived and transported Mr. Muñoz Fonseca and the third person accompanying them to Hospital Monseñor Sanabria in Dirección11928 (see pages 106, 188, and 201 of the court record and the statements of Mr. Nombre110930 and Mr. Muñoz Fonseca).
  • 26)Because Mr. Nombre110930 did not have serious injuries, he remained at the scene guarding the shrimp he had managed to collect in the cooler. Shortly thereafter, however, two police patrols and a traffic-police unit arrived. The former had to leave because of duties inherent to their positions, while the latter advised Mr. Nombre110930 of the danger posed by the location and transported him to Dirección13154 so that he could request assistance from a tow truck and a refrigerated truck to collect the shrimp, since there was no cellular signal (see pages 189 and 198 of the court record and the statement of Mr. Nombre110930).
  • 27)The traffic citation (boleta de citación) arising from the accident was prepared at twenty-three hundred hours on September eighth, two thousand ten, by traffic officer Olman Vargas Granados (see pages 189 and 198 of the court record).
  • 28)After making the necessary arrangements, Mr. Nombre110930 managed to return approximately two hours later, at which time he discovered that numerous unknown persons had stolen the shrimp (see the statement of Mr. Nombre110930).
  • 29)The plaintiffs filed no administrative claim (reclamo administrativo) whatsoever (see pages 173 and 183 of the court record).

IV. FACTS NOT DEEMED PROVEN (HECHOS NO PROBADOS)

The following are deemed such: 1) That the plaintiffs’ devices (telephones) had any malfunction that prevented the calls at issue in these proceedings from being made for that reason (the record). 2) That the plaintiffs received any information from the defendant regarding the specific limitations of the cellular service they had (there is no evidence to that effect). 3) That the shrimp scattered on the roadway as a result of the accident could have been recovered for sale (the record). 4) That there was any property damage attributable to the Instituto Costarricense de Electricidad through the requisite causal nexus (nexo de causalidad) (there is no evidence to that effect). 5) That, as a result of the accident of September eighth, two thousand ten, any work tool or plastic panel was stolen from Mr. Nombre110930, or what their costs were (the record).

V. CONSUMER RIGHTS AND THE RIGHT TO INFORMATION IN TELECOMMUNICATIONS MATTERS

Article 46 of La Constitución Política provides that consumers have the right to protection of their health, safety, and economic interests; to receive adequate and truthful information; to freedom of choice; and to equitable treatment. This provision is further developed in Article 1 of the Ley para Protección de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, insofar as it establishes that: “The purpose of this Law is to effectively protect consumers’ rights and legitimate interests, safeguard and promote the competitive process and free competition by preventing and prohibiting monopolies, monopolistic practices, and other restrictions on the efficient operation of the market, and eliminating regulations necessary for economic activities.” This body of law also grants rights to consumers, prominent among them being protection against risks that may affect their health, safety, and the environment; protection of their economic and social interests; access to truthful and timely information regarding differences among goods and services; education and outreach concerning the proper consumption of goods and services that ensure freedom of choice and equality in contracting; product warranties; access to judicial and administrative remedies; interim relief (tutela cautelar); and administrative and judicial protection against misleading advertising and unfair terms (cláusulas abusivas), as well as administrative and judicial protection of their rights and legitimate interests, among others.

In turn, the law establishes a series of obligations for merchants, including respecting the terms of the contract and providing consumers with sufficient information in a clear and truthful manner. This body of law also incorporates a system of penalties and liability for failure to comply with its provisions. Similarly, the Ley General de Telecomunicaciones (Ley 8642) establishes cellular telecommunications service as a universal service (servicio universal), such that the legislature removed that activity from the category of a typical public service (servicio público) to create a service in which state intervention is less direct—as with pricing, which is determined by free competition—while guaranteeing a series of principles such as universality, solidarity, free competition, transparency, non-discrimination, environmental sustainability, and efficiency, among others (Articles 2 and 3 of the same Law).

While noting that there is disagreement within the Chamber as to whether universal service is a new type of service or a category within public service, for purposes of this case it is clear that it is subject to a fairly clear and comprehensive regulatory framework. Within that framework, the State ensured the continued existence of a public enterprise, the Instituto Costarricense de Electricidad, to provide cellular telephone service, among other activities, but in free competition with other companies and without the use of special prerogatives. This is a commercial activity in which the State participates through a public enterprise, meaning that it falls within one of the circumstances contemplated in Article 3, subsection 2, of the Ley General de la Administración Pública, with the special law governing the subject matter and the general provisions applicable to commercial activity generally applying as a matter of course.

All of this establishes, with respect to the present case, that the Ley para la Promoción y la Defensa Efectiva del Consumidor applies to the legal framework governing the activity, without prejudice to the special rules already mentioned, which, far from establishing a different system, place even greater emphasis on the issue. It should be noted that, pursuant to subsection 14 of Article 121 of the Constitution, radio-spectrum frequencies are national property; consequently, their transfer to private parties is possible only through a concession (concesión), which was in fact granted at the appropriate time, creating a public-law relationship (relación de derecho público) between those persons. However, concessionaires interact with potential strategic partners or end users, in principle, through a commercial-law relationship (relación de derecho comercial), except that, with respect to the latter, a series of specific principles apply to guarantee the service.

This latter relationship is governed by adhesion contracts (contratos de adhesión), regarding which Article 42 of the Ley para Protección de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor provides that: “In adhesion contracts, and in their amendments, annexes, or addenda, the effectiveness of the general terms is contingent upon the adhering party having actual knowledge of them or having had a genuine opportunity to learn of them through ordinary diligence…” (emphasis intentional). It follows from the statutory texts transcribed above that one of the legal requirements that a merchant must satisfy is the duty to provide information (deber de información). This encompasses not only the merchant’s obligation to provide information to the potential consumer, but also the requirement that the information be disclosed truthfully. “Truthful” means: “Said of a person: One who always tells, uses, or professes the truth.//2.

That which conforms to the truth.” (Diccionario esencial de la lengua española, Real Academia Española, Espasa Calpe S.A., 2006, Madrid España); that is, accurate and transparent, without resorting to duplicity, even partial concealment, or bias to the detriment of the person who is internally forming the intent to purchase. Additionally, the information must be provided in a timely manner, meaning: “That which is done or occurs at an appropriate and convenient time. Timely response.” (Diccionario esencial de la lengua española, Real Academia Española, Espasa Calpe S.A., 2006, Madrid España). It must be provided while the human psyche is still weighing the various negative and positive aspects of the good or service in question and evaluating the potential consequences that such a volitional decision will entail for the consumer. In this regard, consistently with the foregoing, the Ley General de Telecomunicaciones guarantees the right to information in Article 2, subsection d), as do Article 3, subsections c), d), and e); this guarantee is reiterated in Article 45, subsection 1, which then establishes a procedure for cases in which users’ rights, including the aforementioned right, are violated.

Another aspect of information is the need for it to be complete, which entails liability if harm results from inadequate or insufficient information. Failure to comply with such duties automatically constitutes violations subject to penalties regardless of whether any specific harm exists. This duty is intended to ensure that, when a commercial transaction is conducted, consumers are fully informed of the specific characteristics of the good or service they are acquiring and, consequently, that their decision when entering into the respective contract is conscious and informed, without any factors that, had they come to light, might have altered their intent or caused them to be mistaken regarding the conditions, nature, characteristics, disadvantages, or strengths of what they are acquiring. It should be added that the absence of information inherently entails a manifest violation of consumers’ right to choose, insofar as, when making their consumption decision, they did not have all the information enabling them to make the corresponding decision and discarded options that might have been better but were rejected because of that lack of knowledge.

This aspect is central to the philosophy of this branch of law. This obligation extends beyond merely delivering documentation containing the terms of the contract. Indeed, the law governing this subject, enacted a little over twenty years ago, sought to create an obligation additional to those existing at the time: the obligation to provide adequate, truthful, and timely information regarding the basis of the agreement. This is particularly important in adhesion contracts, especially when highly technical data are attached that an interested party cannot understand through an ordinary reading and that would place the consumer at a disadvantage, since the consumer ultimately would be unable to understand them. This creates a manifest imbalance affecting one of the parties, who comes to understand the terms fully only upon attempting to exercise his or her rights and receiving a denial based on a clause that he or she did not originally understand.

Accordingly, the obligation includes providing a detailed explanation, in plain and readily understandable language, so that the person knows with certainty what he or she is accepting in the relationship. Another aspect that receives little attention but is nevertheless highly relevant is that the obligation to provide information rests exclusively with the commercial operator. The burden of proof (carga de la prueba) is therefore reversed, such that the operator must sufficiently demonstrate compliance with that obligation, as stated in the above-cited decision (quince horas del trece de julio de mil novecientos ochenta y ocho of the Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia), which has been adopted in the case law of this Tribunal (Voto 23, de la Sección VII del Tribunal de las 10:40 horas del 13 de febrero de 2009), under the so-called “pro consumatore” principle. Indeed, proving a negative circumstance—not having been informed—is difficult, whereas proving the affirmative should be quite straightforward if the obligation was properly fulfilled through the delivery of information and assistance from an employee who fully explained all information that was useful, necessary, and truthful for making a decision. Regarding the importance of the information that merchants convey to consumers through advertising and publicity, the Sala Constitucional has stated:

“...it is generally asserted that commercial advertising is a form of mass communication because it is directed by a communicator—the advertiser—to an anonymous mass composed of persons who may become actual recipients of the advertising message. Commercial advertising, however, is not merely information; rather, its purpose is to persuade the greatest possible number of recipients to embrace the message being conveyed—for example, political support or the consumption of goods—and thus it has precise and compelling aims. It is recognized, among other things, that the principle of truthfulness in advertising must be of paramount importance, in the sense that the truth of the message’s content must be respected, avoiding to the greatest possible extent any distortion of the facts or inducement of the commercial interlocutor into error. From this perspective, truthfulness operates in two ways: to protect the truth of the advertising content and, above all, to protect the consumer, who, as the final recipient—as stated in the preceding paragraphs—must not be misled by distorted advertising.” (Sala Constitucional Nº 5393-97 de las 15.18 horas del cinco de setiembre de mil novecientos noventa y siete). —emphasis not in the original— This Tribunal, Section II, in Decision No. 126-2004 de las once horas del diecisiete de marzo de dos mil cuatro, stated:

“VIII).- The right of every consumer and user to receive “adequate and truthful information” from merchants, producers, and public or private service providers is, as is widely known, deeply rooted in the Constitution. In the final paragraph of Article 46, our Political Constitution (Carta Política) grants this right fundamental status, as it does the rights concerning health, the environment, safety, economic interests, freedom of choice, and equitable treatment, which together comprise the body of basic guarantees afforded to every person in this area.- Pursuant to that provision, and to its implementation by the legislature through the Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, correct and complete information must always be provided regarding all factors that directly affect a consumption decision, and anyone who disregards that requirement shall be subject to the expressly prescribed penalties.- This Court has so recognized on previous occasions, as may be seen from the following excerpt: “VI.- The Political Constitution provides that consumers have the right to protection of their health, safety, and economic interests, a principle further developed in Article 1° of the Ley de Protección al Consumidor, which states that ‘The purpose of this Law is to effectively protect the rights and legitimate interests of consumers and to safeguard and promote the process of competition and free market participation (libre concurrencia), through the prevention and prohibition of monopolies, monopolistic practices, and other restrictions on the efficient operation of the market, and the elimination of regulations necessary for economic activities.’ To that end, the Comisión Nacional del Consumidor was created and vested with administrative sanctioning authority (potestad sancionatoria administrativa), upon receipt of a complaint, to punish merchants’ failure to fulfill their obligations regarding practices that impede or hinder free competition and unnecessarily obstruct the smooth operation of the market – Article 18 –.

This body of law grants rights to consumers. Thus, Article 29, subsection c), requires that they have ‘(…) access to truthful and timely information regarding the various goods and services, with accurate specifications as to quantity, characteristics, composition, quality, and price (…)’; this is reiterated in Article 31, subsection b), which provides that merchants must ‘(…) Clearly, truthfully, and sufficiently inform the consumer of all factors that directly affect the consumer’s consumption decision. Information must be provided regarding the nature, composition, content, and weight, where applicable (…)’; and in subsection m), which refers specifically to the merchant’s obligation to ‘Comply with the provisions of mandatory quality standards and technical regulations.’ Failure to fulfill such duties automatically constitutes violations subject to penalties, irrespective of whether specific harm has occurred.” (judgment number 339-2001, issued at 10:30 on 26 de octubre del 2001; to the same effect, judgments numbers 75-2001, issued at 14:00 on 16, and 86-2001, issued at 10:45 on 23, both in marzo del mismo año).-“VI.- Articles 32.c), 34.b), and 35 of the Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (as renumbered by Article 80 of Ley No. 8343 of 27 de diciembre del 2002) establish, as a consumer right, access to truthful and timely information regarding matters that affect the consumer’s consumption decision, with the corresponding obligation imposed on the merchant or supplier, who incurs liability if harm results from inadequate or insufficient information...” In addition to the references already noted, within our legal system, the right to information and the corresponding duty to provide information are also governed by Articles thirty-two, subsection c, thirty-four, subsection b, and forty-three of the law under consideration. On this subject, the Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, in decision No. 0094-2009 issued at quince horas cincuenta minutos on veintinueve de enero de dos mil nueve, stated:

“From a broad perspective, information may be defined as an element of knowledge that one of the contracting parties (the party owing the duty to provide information) is required to supply to the other party (the party entitled to receive that information), its primary purpose being to enable the latter to give properly informed contractual consent (consentimiento contractual) with respect to both the legal and substantive aspects of the transaction. The duty to provide information is founded on an imbalance of knowledge between the contracting parties, a circumstance that is particularly pronounced in consumer matters. Information is the principal instrument available to consumers for confronting the aggressive techniques of modern commerce. Freely formed and untainted consent depends on adequate information. Accordingly, the information required shall be that which the recipient needs in order to properly form the recipient’s intent to enter into the transaction (voluntad negocial).

This is not merely a duty, but also a basic right, one that assumes particular importance when resolving the matter brought before the Court. Article 46 of the Political Constitution provides: ‘Consumers and users have the right to protection of their health, environment, safety, and economic interests; to receive adequate and truthful information; to freedom of choice; and to equitable treatment. The State shall support the organizations they establish to defend their rights. These matters shall be regulated by law.’ The establishment of that article as one of the guiding principles of social and economic policy, which must inform not only the legal system but also judicial practice and the conduct of public authorities, has led laws affecting consumer rights to adopt provisions designed to ensure full compliance with that constitutional mandate. Ley no. 7472 de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor attaches particular importance to the duty to provide information.

Article 32, subsections c) and d), of that body of law recognizes as basic rights ‘Access to truthful and timely information regarding the various goods and services…’ and consumer education and training. Article 34 thereof establishes the following obligation for merchants and producers: ‘b) To provide consumers with sufficient information, in Spanish and in a clear and truthful manner, regarding the factors that directly affect their consumption decisions.’ Article 42, in turn, provides: ‘Unfair terms (cláusulas abusivas) in adhesion contracts (contratos de adhesión)… In adhesion contracts and their amendments, annexes, or addenda, the effectiveness of the standard terms and conditions is subject to the adhering party’s actual knowledge thereof or to a genuine opportunity to have learned of them through ordinary diligence.’ ....” It should be noted that new forms of commerce, governed by the principle of competition between public entities (former monopolies) and private parties (in many cases transnational corporations), have led the former to seek to market their services in the most efficient and accessible manner possible, which is not objectionable, since their competitors do so in a similar manner.

Nevertheless, this does not relieve them of the obligation to provide the end user with information in the best possible manner, since mechanisms for fulfilling and verifying compliance with that obligation will always exist.

VI. ON THE MERITS OF THE MATTER

An initial approach to the dispute between the parties concerns the allegation regarding the purported need for telecommunications service to be fully operational, which would mean that, in this case, there had been abnormal or unlawful conduct giving rise to liability, as the plaintiffs asserted. Several clarifications must be made regarding that reasoning. As has been indicated, pursuant to article three point two of the Ley General de la Administración Pública, even though telecommunications service is clearly in the public interest, it is not possible to apply systems specific to administrative law to the relationship between the service provider and the end user; rather, as stated, that relationship is governed by rules of private law, with certain qualifications as provided by the Ley General de Telecomunicaciones. The argument is therefore unavailing. Thus, this Court’s jurisdiction over the dispute rests on two grounds: first, subject-matter jurisdiction arising from the fact that a public entity is being sued; and second, the application of the law under article two, subsection e), of the Código Procesal Contencioso Administrativo, albeit indirectly, with the caveat that constitutional provision forty-nine must be interpreted broadly insofar as it seeks to guarantee the rights of the inhabitants in the best possible manner.

On the other hand, and no less importantly, ensuring the availability of a service under perfect conditions is a sound and desirable aim in any society, but, as such, it is difficult to achieve by its very nature, particularly in the case of telecommunications. The necessary constant adaptation to change (article 4 of the Ley General de la Administración Pública) requires continual improvement, especially in a technological era in which users’ demands are increasing at a dizzying pace. Even in the case of private companies providing a service in the public interest, the investments that must be made, changes in infrastructure, and even prudence in assessing the results of new technological developments often make it impossible to demand such an optimal level. It must not be forgotten that Costa Rica is a small country and that technology remains an expensive input that often cannot be made available immediately.

Moreover, given the country’s geographical and climatic conditions, it is reasonable to conclude that phenomena external to the service itself exist, such that, even when reasonable precautions are taken, conditions may arise that affect the attainment of excellence at a particular time or in a particular area of the country. This does not mean accepting deficient service; rather, it means establishing reasonable expectations for services in light of national conditions. It should be noted that, although the legislation governing telecommunications establishes a series of principles and characteristics to ensure a good level of service, it never establishes a standard that is materially impossible to attain and that even States with greater economic capacity and better access to the relevant technology have been unable to achieve. Nevertheless, the adjudicative body must make clear that the provision of a service in the public interest must meet a minimum minimorum, such that a series of conditions arising from the underlying public need may indeed be required.

In very simple terms, it is not a matter of providing the service in just any manner, but of providing it at reasonable levels that satisfy the social needs justifying its existence. The absence of such minimum parameters would mean that what is received is merely a gratuitous concession from the sovereign, on whatever terms and conditions the sovereign wishes to grant it, rather than the genuine satisfaction of a need at a particular time and place. What must be received is a service reasonably suited to social needs. In any event, the issue here is not whether that minimum was unmet. Accordingly, the party’s allegation that liability exists for failure in the service because an optimal service was not provided lacks the corresponding legal basis and must be rejected. The second basis for claiming liability is that the right to information was violated because the plaintiffs were not made aware of the service’s limitations before obtaining it, which would have allowed them to arrange alternative means of ensuring communication in extraordinary circumstances, if necessary.

That allegation was only tentatively presented in the complaint, but it became the central focus of the plaintiffs’ position during the oral and public trial. In this regard, the list of unproven facts shows that there is no evidence that the relevant information was provided in a timely and complete manner, subject to the observation made in the preceding recital (considerando) that this obligation rests with the defendant rather than the plaintiff; as indicated, this is a reversal of the burden of proof (inversión de la carga de la prueba) for the benefit of the weaker party to the relationship. Thus, it was not the plaintiffs who were required to prove the lack of information; rather, the Instituto Costarricense de Electricidad was required to establish, through sufficient and appropriate evidence, that it had fulfilled its legal duty on the terms described. As indicated, this is strict liability (responsabilidad objetiva) under the rules of private law, both under the Ley para la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor and the Ley General de Telecomunicaciones itself.

In the case of the latter provision, this reflects the clearly public-interest nature of the activity, even though the monopoly in favor of the Instituto Costarricense de Electricidad had been ended. Such liability exists for the benefit of the end user, to ensure that the other party does not attempt to deceive the user, conceal information, or otherwise engage in conduct harmful to the weaker party to the relationship. As previously stated, the Courts of the Republic do not seek to instruct the public company on how to conduct its activities with respect to whether contracts exist for the provision of the service, regardless of whether or not they are subject to State oversight and regulatory bodies. Nevertheless, the need for a mechanism to verify compliance with consumer rights cannot be questioned, since those rights have not only a statutory but also a constitutional basis in article forty-six of the Constitution.

Accordingly, the requirement for appropriate and sufficient evidence cannot be evaded and rests exclusively with the defendant. During the proceedings, the public company’s representative sought to establish that the lack of wireless telephone communication was a matter of public knowledge, directing even the opposing party’s evidence toward that conclusion. He succeeded in doing so, and the members of the Court, based on their common understanding of the knowledge held by the average member of the population, agree. We therefore accept that the average member of the population knew that the cellular telephone services offered by the defendant institute were subject to limitations in certain areas of the country. Nevertheless, that argument does not provide a sufficient basis for negating the civil liability at issue. Thus, the limitations or defects in the telecommunications service that were known to the average member of the population, as shown by the witnesses themselves, meant that an ideal service could not be expected; that situations could arise in which communications did not have the desired clarity, making it difficult for the parties to understand one another during a telephone call made by that means; that there could be intervals during which such communication was impossible; and that communication might otherwise be inadequate.

However, the right to information implicitly encompassed the extent of those limitations, including a clear explanation that it might be absolutely impossible to make wireless calls—which is the matter at issue—not merely from one particular telephone but from several. In addition, common knowledge alone is insufficient; the defendant had an obligation to provide complete and truthful information in that regard, particularly because, at that time, ICE was the sole service provider and individuals could not choose another option. Thus, the right to information at least guaranteed them the opportunity to know. At a minimum, that information should have expressly identified the particular areas affected and the extent and causes of the specific service limitations, rather than describing them in general terms. We reiterate that these matters were the exclusive responsibility of the defendant.

Consequently, no exemption from liability (eximente de responsabilidad) can be inferred from them. It must be clarified that the defendant’s representative himself acknowledged that, at the end of the year, the Superintendencia de Telecomunicaciones had issued precise instructions concerning the obligation to maintain an updated system identifying the areas of the country and the applicable limitations, which included constant monitoring. He interpreted those rules as meaning that the obligation at issue arose only at that point; the Court, however, interprets the matter differently. In our view, although the existence of lower-ranking rules establishing the duty to inform is valuable, their significance lies not in creating new rights but in recalling and clarifying existing rights that, as stated, are expressly governed by statutes and the Constitution itself. The argument must therefore be rejected.

Even if that circumstance were insufficient to establish the liability being claimed, it cannot be forgotten that the plaintiffs suffered a particular, exceptional, and severe burden that they were under no obligation to bear. These are the rational foundations of strict administrative liability (responsabilidad objetiva administrativa), and they may properly be incorporated into consumer-law liability in the case before us. They were placed at risk not only with respect to their property, but also their health and their lives, which were endangered by deficiencies in the service. Thus, it was not peripheral aspects of the service that were affected, but its essential core, since there was no communication whatsoever; this was not poor communication, but the absence of communication. The Court therefore finds that the grounds for the strict liability established by the legal system are present—namely, the occurrence of harm and the absence of exemptions from liability. As to the necessary causal link (nexo de causalidad), the specific amounts claimed must be examined, and we shall now proceed to consider them.

V I I.- ON THE ITEMS CLAIMED: First of all, it should be noted that the State’s counsel consistently argued that there was an absence of evidence, an argument which, as will be seen, is not without merit in some instances. The plaintiff Nombre110930 claims material damages (daño material) in the amount of four million colones for one thousand kilograms of shrimp that were stolen from him by third parties. It is beyond dispute that the Instituto Costarricense de Electricidad bears no fault for the accident itself, which is attributable to the act of a third party (hecho de un tercero) (in the event of mechanical failure, because the property was allegedly stolen by third parties, and because officials of the Ministerio de Seguridad Pública failed to exercise due diligence in safeguarding property recoverable from the accident), fault of the victim (culpa de la víctima) (if he had become aware of the possible existence of a mechanical failure before the accident and failed to take timely corrective measures), or a fortuitous event (caso fortuito).

However, those matters are not in dispute. As stated, that plaintiff explains that the organic product was scattered both on the public roadway and along the roadside after becoming detached from the cooler in which he was transporting it. Although the interested party—and the other plaintiff—insisted that the product had the particular characteristic of being able to withstand several hours without refrigeration without spoiling, the crux of the matter rests on another consideration. This was a product of animal origin intended for human consumption that was scattered on the roadway and in the surrounding area due to circumstances unrelated to the defendant public entity, and there is not a single item of evidence indicating that it was not contaminated. It should be borne in mind that some of the shrimp—according to the plaintiff’s own account—fell onto the roadway, where several vehicles passed over them (at least the rescue vehicles and the vehicle whose occupant reported the situation), such that they must have been crushed and exposed to the residues ordinarily produced by an internal-combustion vehicle.

The remainder—according to the plaintiffs’ own descriptions—ended up along the roadside without any form of protection. In both cases, they were exposed to the weather conditions. In this regard, the provisions of the Ley General de Salud would establish that the product was no longer fit for consumption in itself, regardless of whether it could have been collected even a few seconds after being spilled onto the roadway. Although, in an artisanal activity such as shrimp farming in Costa Rica, it may be possible for part of the product to fall and nevertheless not be discarded immediately, as it should be, the fact remains that such conduct could well be deemed unlawful; however, as concerns this case, because there is not a single item of technical evidence suggesting that those shrimp could have been reused, the Court considers that contamination must be presumed. Thus, whether they remained there for only a few minutes or for hours, and whether they had spoiled due to the passage of time, is immaterial.

The situation would be different if the product were intended for animal consumption, for which the phytosanitary requirements are different. All of this leads to the deductive inference that, from the moment of the accident, none of the product could be consumed under the terms asserted by the plaintiff Nombre110930. It should also be stated that the Court understands the aforementioned gentleman’s desire to recover at least part of his investment, particularly because he also suffered a significant financial loss from the repairs he was required to make to the vehicle involved in the collision; nevertheless, that loss cannot be charged against public funds. Accordingly, with respect to that damage, the defendant’s defense of lack of legal entitlement (falta de derecho) must be upheld, given the absence of any rule supporting that claim. It goes without saying that the arguments made by State counsel—that the invoice submitted to establish the purchase of the shrimp was not credible, that there was insufficient evidence that the plaintiff still had the merchandise at the time of the collision, or even that it had been scattered along the roadside when the collision occurred—are all immaterial and irrelevant because, even if those matters were deemed proven, it would not be possible to establish the necessary causal nexus (nexo de causalidad) for a judgment in the plaintiff’s favor on that issue.

Likewise, the plaintiff Nombre110930 claims the sum of one hundred thousand colones for tools allegedly stolen from him in connection with the accident and for a plastic panel, an item that must also be rejected for several reasons. The evidentiary record as a whole does not establish that those items were stolen from the aforementioned gentleman, nor does it provide descriptions and values that would permit their identification and appraisal. In this regard, it should be noted that it is not sufficient that he carried them in the motor vehicle—which has likewise not been proven—because it must also be shown that they were not damaged in the accident and that they were stolen, requirements that again have not been met in the case under consideration. In this regard, it should be recalled that article three hundred seventeen of the Código Procesal Civil, in relation to article two hundred twenty of the Código Procesal Contencioso Administrativo, provides that the party making an assertion bears the burden of proving it, which did not occur in this case.

Once again, the arguments concerning a possible act of a third party and fault of the victim are immaterial, since an affirmative defense (excepción) becomes operative only after all the prerequisites for establishing the asserted right have been verified, which is not the case here. Lastly, both plaintiffs seek five million colones each for subjective non-pecuniary harm (daño moral subjetivo). On this point, the Court considers that, in an emergency involving injured persons and where the seriousness of their injuries could not be ascertained, the telephone—in this case, a cellular telephone—constituted a suitable means of communication, and its operation was directly affected by the economic activity carried out by the defendant entity. It must be expressly noted that this was information of which the interested party should have been warned, so that he would not rely on the service provided by that line.

In this regard, it should be noted that the technical reports of the Superintendencia en Telecomunicaciones had warned of limitations in the service several months earlier, requiring the public entity to adopt the corrective measures necessary to resolve the situation, which all indications show did not occur. Although institutional counsel pointed out that the reports did not describe the specific conditions existing at that particular time (setiembre de dos mil diez), it should be noted that the court-ordered evidence for clarification (prueba para mejor resolver) was directed toward that issue, all of which requires the Court to observe that no subsequent measurement existed. Furthermore, the parties were afforded an opportunity to address that evidence so they could offer rebuttal evidence (contraprueba) or some means of discrediting it, which did not occur in this case. Accordingly, the Chamber finds that there could not have been any substantial changes in that regard.

Returning to the subjective non-pecuniary harm, in those circumstances—by inference in re ipsa—the plaintiffs must have experienced feelings of helplessness, insecurity, and uncertainty, giving rise to the harm at issue. It must be mentioned that, in substantiating this harm, the plaintiffs make the mistake of referring at considerable length to the possibility of losing the shrimp scattered on the roadway; although those fears may have been genuine, they cannot be recognized because that damage is not attributable to the defendant, insofar as those goods had already been lost from the moment of the accident due to contamination, as explained above. What the Court does disagree with, however, is the quantum of recoverable damages, since the amount claimed is excessive under the specific circumstances and, as noted, some items are recoverable while others cannot be attributed to the defendant. Under these conditions, the amount is set at five hundred thousand colones, which is reasonable and proportional to the harm suffered without resulting in unjust enrichment.

VII. ON THE AFFIRMATIVE DEFENSES

As stated, the defendant public entity raised the affirmative defenses of lack of legal entitlement, lack of standing to be sued (falta de legitimación pasiva), force majeure (fuerza mayor), act of a third party, and fault of the victim. As to the first, as stated, it must be upheld with respect to the claims for material damages and rejected with respect to subjective non-pecuniary harm, insofar as the amount awarded is concerned. As to lack of standing to be sued, as explained, that defense is based on the contention that the person who repaired the vehicle driven by the plaintiff Nombre110930 should have been sued. This would be correct if compensation were being sought for damage to the motor vehicle, which is not the case; however, because the compensation sought arises from the cellular telephone communication service, the action has been properly brought against the service provider, and the defense is therefore unfounded. Lastly, the defenses of force majeure, act of a third party, and fault of the victim concern damages arising from the very occurrence of the accident, which is not the matter presented sub judice; they must therefore be rejected. In summary, all the defenses must be rejected except lack of legal entitlement, subject to the clarifications stated above.

VIII. ON COSTS

With respect to litigation costs (costas), as explained, the plaintiffs suffered considerable subjective non-pecuniary harm and were compelled to resort to the courts and litigate there—given the opposing position taken by their counterpart—to obtain recognition of their right; all of this necessarily requires an award of costs in their favor.

POR TANTO:

The affirmative defenses of lack of standing to be sued, force majeure, and act of a third party are rejected; the defenses of lack of legal entitlement and fault of the victim are partially upheld with respect to everything not awarded herein and are otherwise rejected. The complaint is partially granted and is deemed denied as to everything not expressly awarded. The Instituto Costarricense de Electricidad is ordered to pay each plaintiff the sum of half a million colones for subjective non-pecuniary harm. Costs shall be borne by the defendant.

Ricardo A. Madrigal Jiménez Carlos Espinoza Salas Paulo A. Alonso Soto NOTE BY JUDGE MADRIGAL JIMÉNEZ: I generally agree with the positions of my fellow members of the Chamber, but I find it necessary to make two clarifications. 1) As I noted in my statement attached to the decision issued at las catorce horas del veintitrés de diciembre de dos mil once, regarding the possibility that the principle of judicial self-restraint in evidentiary matters (principio de autolimitación de la autoridad jurisdiccional en materia probatoria) may have been breached, I have doubts as to whether that occurred in this particular case; however, none of the parties raised that issue before the Court, which would preclude any ruling on it. In that regard, I defer to the parties, such that if none of them considered that the indicated breach had occurred—with the understanding that the appropriate procedural remedies (remedios procesales) should have been pursued—my concern appears to have been unfounded. 2) Furthermore, my fellow judges base certain proven facts (hechos probados) on the plaintiffs’ party testimony (declaración de parte), which compels me to make several clarifications.

The Administrative Litigation Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo) devotes only three articles—Articles 82 through 84—to evidence. Of relevance to this case, the first provision states that evidence must be assessed under the rules of reasoned sound judgment (sana crítica racional); the following provision includes the possibility of an expert witness (testigo perito) or official witness (testigo funcionario), a possibility not contemplated prior to that provision; and the final provision establishes a series of ex officio powers (facultades oficiosas) for the case-management judge (juez tramitador) to ensure that a party’s evidence cannot disappear or be destroyed merely because of the processing of the case file. Those three articles are supplemented by Article 220 of the same body of law, which refers to the principles of other procedural systems for purposes of filling gaps in the legal framework.

Article 182 of the Procedure Code (Código Procesal Procesal) establishes in this regard the principle of freedom of proof (libertad probatoria), except where restricted by law. Beginning with Article 185, it sets forth some of the available means of proof (medios de prueba), namely: reconstruction of events (reconstrucción de hechos), testimony (testimonios), expert opinions (peritajes), identification of persons (reconocimiento de personas), production of documents (exhibición de documentos), and confrontations (careos), in addition to others specific to criminal proceedings, such as body inspection (inspección corporal), physical inspection (inspección física), search of premises (allanamiento), personal search (requisa), seizure (secuestro), vehicle search (registro de vehículos), and identification of bodies (identificación de cadáveres), without prejudice to the exceptional use of some of these procedures in other fields.

Article 234 of the same body of law establishes an open-ended clause permitting any other means of proof, provided that it does not curtail individuals’ guarantees and powers or affect the foundations of the proceedings. Within that framework, criminal procedural law permits the victim to testify as a witness, on the understanding that the proceedings are fundamentally based on a relationship between the State, as holder of the right to punish (ius puniendi), and a private individual in the capacity of an accused person (imputado); although a civil action for damages (acción civil resarcitoria) is allowed, it is ancillary and supplementary. The resulting rationale is that the victim seeks nothing for himself or herself other than the right to justice itself. Article 318 of the Civil Procedure Code (Código Procesal Civil), for its part, provides a non-exhaustive and very comprehensive list of the means of proof governing that field, namely documents and reports, expert reports (dictámenes de peritos), judicial inspection (reconocimiento judicial), scientific evidence (medios científicos), presumptions and circumstantial evidence (presunciones e indicios), witness testimony (declaración de testigos), and party testimony.

The latter is governed beginning with Article 333, which contemplates two situations: confessional testimony (confesional) and witness testimony. The former is evidence requested by the opposing party concerning the declarant’s own acts, but contrary to that declarant’s interests—and favorable to the opposing party—pursuant to Article 338 of the aforementioned Code. Civil courts have followed the maxim that a party may not serve as a source of evidence supporting that party’s own statements and claims (voto 36-96 de las catorce horas y cuarenta y cinco minutos del veintinueve de marzo de 1996 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, reiterated in numerous decisions). Based on those provisions, the administrative litigation courts have held that when a party’s testimony is contrary to that party’s interests, it constitutes conclusive evidence (plena prueba), as provided in the aforementioned provisions; when it favors that party, however, it is merely the statement of a person with an interest in the matter.

Thus, even though it is given under oath, its credibility is diminished, except in matters involving subjective non-pecuniary harm (daño moral subjetivo) (See votos de Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia números 1245-F-S1-2011 de las trece horas y cuarenta y cinco minutos y 1260-F-S1-2011 de las quince horas, ambos del veintiséis de septiembre de dos mil once). This does not mean that the declarant is deemed untruthful, because in that event the procedure under Article 281 of the Criminal Procedure Code (Código Procesal Penal) must be followed and the customary criminal complaint filed; rather, it means that the statement is conditioned and, consequently, tends not to display the objectivity that it should. This type of evidence must be corroborated by other evidentiary elements (elementos de convicción) in the case file, thereby enabling it to attain credibility in the eyes of the Court and establish a proven fact.

With respect to this case and the facts my fellow judges deem established, I conclude that, given the absence of evidentiary elements refuting them, together with the fact that other preceding and subsequent facts are duly substantiated, those facts are credible under the rules of sound judgment. Accordingly, the conclusion that the indicated facts are proven is the same, but it rests on different reasoning: my fellow judges assess party testimony on the same footing as any witness testimony, whereas, in my view, it must be treated differently.

Ricardo A. Madrigal Jiménez Filed by: Nombre110930 and Marcos Muñoz Fonseca Against: Instituto Costarricense de Electricidad Case file: 11-0004 2 9-1027-CA Ordinary Proceedings (Proceso de Conocimiento)

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Voto N° 012 -2012 Voto N° 012 -2012 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN CUARTA, San José, a las nueve horas del nueve de febrero de dos mil doce.- Proceso de conocimiento de los señores Nombre110930 , casado una vez, comerciante, portador de la cédula de identidad número CED87629 - - y MARCOS MUÑOZ FONSECA, soltero, comerciante, portador de la cédula de identidad número CED3204 - - , contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD, cédula de persona jurídica número cuatro - cero cero cero - cero cuarenta y dos mil ciento treinta y nueve, representado por el Lic. Germán Eugenio Calderón Lobo, casado una vez, abogado, vecino de Heredia y portador de la cédula de identidad número CED59905 - - . Actúa el Lic. Álvaro Moreno Gómez como apoderado de los actores. Todos mayores y vecinos de Puntarenas con las salvedades dichas.

RESULTANDO:

  1. 1Que los actores pretenden que se declaren a su favor los siguientes extremos: Para el señor Nombre110930 cuatro millones de colones por daño material en la p é rdida de camarón, cien mil colones por pérdida de herramientas de trabajo y panel plástico, daño moral subjetivo cinco millones, perjuicios en razón de quinientos mil colones (en el entendido de quinientos colones por cada kilo de camarón); para el señor Muñoz Fonseca cinco millones de colones en razón de daño moral subjetivo; y en ambos casos intereses Legales hasta el efectivo pago, indexación de los montos que se otorguen y ambas costas del proceso.
  2. 2El ente público demandado contestó negativamente y opuso las excepciones de falta de derecho y falta de legitimación pasiva, fuerza mayor, hecho de un tercero y culpa de la víctima.
  3. 3Que el juicio oral fue realizado el día diecinueve de diciembre de dos mil once, disponiéndose su tramitación como compleja al amparo de los numerales ciento once del Código Procesal Contencioso Administrativo y cuarenta y siete del Reglamento, así como el dictado de la sentencia que corresponde de manera escrita.

4 .- Posteriormente, por resolución de las catorce horas del veintitrés de diciembre de dos mil once, durante la deliberación, la Cámara en aplicación del artículo ciento diez del mismo cuerpo normativo dispuso la reapertura del debate a fin de conocer de prueba ordenada de manera oficiosa , realizándose la correspondiente audiencia el veintitrés de enero de dos mil doce, con la advertencia que por error en la resolución que la dispone (folio 79 del expediente judicial) se hizo ver que era del año dos mil once (ver registro de la diligencia y folio s 78 y 79 del expediente judicial).

5 .- En los procedimientos se han observado las prescripciones de rigor y no se notan causales de nulidad capaces de invalidar lo actuado. Esta sentencia se dicta previo las deliberaciones de rigor y por unanimidad.

Redacta el Juez Madrigal Jiménez; y,

CONSIDERANDO:

I. SOBRE LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER

La normativa procesal contenciosa administrativa dispone de dos formas de incluir elementos de convicción necesarios para el dictado del fallo que corresponde. En primer lugar, y como elemento básico del proceso, aquellas que son ofrecidas por las partes en cuanto interesados directos en que se resuelva su controversia, sea en la presentación de la demanda (artículo 58 del Código Procesal Contencioso Administrativo), la contestación (artículo 66 ibídem), las incidencias y las medidas cautelares. De manera excepcional y sobre situaciones que no podían ser advertidas oportunamente es posible el ofrecimiento de pruebas en la misma audiencia preliminar o incluso en el juicio oral y público (artículo 90 ibídem), a valoración de la correspondiente autoridad jurisdiccional. Dichas pruebas tienen como común denominador su carácter dispositivo a cargo de la parte interesa da en cumplimiento de los artículos trescientos diecisiete del Código Procesal Civil, con relación al doscientos veinte del Código Procesal Contencioso Administrativo.

Pareciera sin mayores cuestionamientos que es la misma parte quien conoce el conflicto que genera la contienda, su posición de porqu é considera que lleva razón y la mejor manera de defenderse, con apoyo directo del patrocinio letrado. En dichos casos, la autoridad jurisdiccional se limita a valorar su pertinencia y utilidad para su admisión en los momentos correspondientes y para posterior valoración. Por otro lado, existe la facultad oficiosa del juzgador para disponer pruebas para mejor resolver, como mecanismo para la sana administración de justicia y teniendo como norte el principio constitucional de la tutela judicial efectiva, con la pretensión de resolver el conflicto presentado por las partes. Se trata de manera indiscutible de una prueba que no es pedida por la parte, sino por la autoridad jurisdiccional. Estamos en presencia de una prueba que una autoridad jurisdiccional requiere a fin de poder dictar el fallo que tiene en frente, pudiendo ser dispuesta en diferentes etapas como la audiencia preliminar y el mismo juicio oral y público.

En procura de no alterar la teoría del caso de las partes resulta pertinente adoptarla en un solo acto, a fin de que los interesados puedan contrarrestarla si lo consideran conveniente (ofreciendo contraprueba para mejor resolver) o aprovecharla si resulta afín a sus intereses. De manera que no es la intención afectar negativamente a las partes, pues la autoridad judicial no está a favor o en contra de ninguna de ellas, sino que procura otorgar la solución más justa posible frente a conflicto que presentan. Consecuencia directa de lo dicho es su disposición libre por parte del órgano jurisdiccional, de manera que aún ha b iendo sido ordenada si de manera posterior no se considera útil o si ordenadas varias solo algunas lograren cumplirse de suerte que el punto de interés se vea satisfecho bien es posible prescindirlas, sin afectar a las partes. Se trata de una facultad a cargo de la autoridad jurisdiccional y no de las partes, con carácter discrecional.

En lo que al caso corresponde, resulta visible el disgusto de la demandada en virtud de que el Tribunal ordenó por mayoría varias pruebas para mejor por resolver mediante auto de las catorce horas del veintitrés de diciembre de dos mil once, prescindiendo de alguna de ella en la última audiencia de juicio el pasado lunes veintitrés de enero del año en curso . Al respecto , es de aclarar que efectivamente se dispusieron varias pruebas, procurando obtener varios datos de interés por diferentes caminos, más para la audiencia de juicio solo algunos habían sido diligenciados, pero si resultaban suficientes para disipar las dudas que se presentan a lo interno del órgano jurisdiccional. En dicha condición se procedió a prescindir de parte de la misma. Sea la prueba se tornó innecesaria en la marcha del litigio. De manera que pese al disgusto de la representación de la demandada, la posibilidad de desistir de alguna prueba para mejor resolver no es muestra de arbitrariedad sino el ejercicio leg í timo de una facultad, en los términos que el mismo ordenamiento l e garantiza. De suerte que resulta injustificad a dicha posición interesada.

II. DE LA BASE DEL PROCESO

Sostienen los actores que el ocho de septiembre de dos mil diez, el señor Nombre110930 conducía el vehículo de su propiedad con placas Placa19560 en compañía de los señores Nombre110931 y Marco Muñoz Fonseca regresando de este a oeste y alrededor de las veintiuna horas hacia Puntarenas por la carretera vieja de Atenas a San Mateo y Orotina, toda vez que había reparaciones en la Dirección13153 . Al llegar a la Vuelta de Quebrada de Fierro por una falla mecánica el señor Nombre110930 pierde el control de su vehículo y se sale de la carretera precipitándose junto con sus compañeros a un guindo, deteniendo la caída un árbol. Resultando con mayores heridas los acompañantes y el vehículo con daños importantes, así como que se desprendió una nevera que llevaba mil kilos de camarón de cultivo o laguna por un valor de cuatro millones de colones, los que quedaron esparcidos y regados al margen de la carretera.

Que el señor Nombre110930 logró salir y procuró desde su teléfono celular 83050473 al servicio de emergencias 911 obtener ayuda pero este no tenía cobertura. Igual situación ocurrió con el señor Muñoz Fonseca desde su número 87516510; ambos servicios otorgados por el Instituto Costarricense de Electricidad. Pese a sus heridas el señor Nombre110930 caminó quinientos metros hacia arriba y abajo de la carretera, pero no logró obtener ayuda por la falta de señal; volviendo al lugar del percance. Casi una hora y media después de lo ocurrido un camión que venía en dirección de San José los ubicó pero por temor a cualquier herida de consideración no los llevó, sino que optó por desplazarse donde hubiera cobertura y desde allí llamar a los servicios de emergencia. Hasta una hora después (dos horas y media después de haber ocurrido el accidente) llegaron dos ambulancias trasladando a los señores Nombre110931 y Muñoz Fonseca al Hospital Monseñor Sanabria en Puntarenas.

Como el señor Nombre110930 no tenía heridas graves se quedó en el lugar custodiando el camarón que había logrado recoger en la nevera, pero poco tiempo después llegaron dos patrullas y una unidad de policía de tránsito, siendo que los primeros debieron de retirarse por cuestiones propias de su cargo y la segunda le hizo ver al referido señor lo peligroso del lugar, desplazándolo a San Mateo para que pidiera ayuda con una grúa y una nevera para recoger el camarón, toda vez que no había señal de celular. Realizadas las coordinaciones necesarias, el señor Nombre110930 logró llegar como a las doce horas con treinta minutos de la madrugada, donde logró detectar que mucha gente corría con sacos y bolsas donde supuestamente llevaban los camarones que le habían robado, situación que tampoco habría ocurrido s í hubiera señal de celular en el lugar del accidente. Sostienen que esa fue la causa del daño material y moral que sufrieron, motivo por el cual requieren responsabilidad deducida en su pretensión.

En el juicio oral y público argumentó que existía una transgresión al derecho de información, a partir de la Ley para la Promoción de la Competencia y la Defensa Efectiva del consumidor, en el tanto nunca se les informó las limitaciones de cobertura del servicio de celular que se les vendió. El ente público dice que no le constan ninguno de los hechos, ateniéndose a la prueba de su contraparte. Indica que no existe nexo causal sobre la supuesta omisión del servicio con los daños y perjuicios alegados, pues en realidad el motivo de los mismos es el accidente en sí mismo. Insiste que el dicho de las partes no es prueba suficiente ni idónea. Se trata de un hecho ajeno en cuanto el motivo de todo es la falla mecánica. Hace ver que las horas en que ocurrió representaba una decisión riesgosa, lo que incluye las dificultades de encontrar asistencia en caso de una emergencia. Insiste en que todo servicio público presenta limitaciones, lo que determina que no le resulta achacable que pudiera no existir señal en un momento determinado, lo anterior sin perjuicio de ser un hecho de conocimiento público.

Por otro lado, el saqueo de la mercadería es un hecho de un tercero que es una causal eximente de responsabilidad al amparo del artículo ciento noventa de la Ley General de la Administración Pública. Razona que es imposible saber cuánto de la mercadería era recuperable, cuestionando el documento en el cual se sustenta el pago realizado, que no corresponde a una factura legal. Cuestiona la ganancia dejada de percibir con relación al costo de la mercadería. Sobre una acta notaria l ofrecida como prueba razona que eso no acredita la falta de cobertura, ni el accidente, ni el daño supuestamente sufrido; insistiendo la carencia de elementos de convicción y en la ausencia de acreditación del nexo causal. Realizando análisis de normas y jurisprudencia en su beneficio, llegando a concluir en la improcedencia de los extremos peticionados. En el juicio oral y público se insistió en la carencia de prueba, la ausencia de nexo causal y que la versión no resulta creíble, en el entendido que si la vía es de tránsito ordinario y que de haber existido un desvió el flujo vehicular debía ser considerable, lo que hace inexplicable como no utilizó esa calle ningún automotor en más de una hora.

En la audiencia del veintitrés de enero pasado hizo ver –también- que se había trastocado el cauce procesal, realizando reserva de casación, pero sin hacer alegato alguno de nulidad frente al Tribunal. Reiterando la oposición a las pretensiones y las excepciones dichas.

III. HECHOS PROBADOS PROBADOS

De importancia para el dictado de esta sentencia, se tienen los siguientes:

  • 1)Que desde al año dos mil ocho, la Superintendencia de Telecomunicaciones de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos había alertado al Instituto Costarricense de Electricidad sobre bajos niveles de cobertura de celular en las redes GSM y 3 G en ciertas áreas del país (ver folios del 159 al 164 del expediente judicial).
  • 2)Que dentro de las áreas señaladas en el estudio se ubican varios tramos de la carretera entre Atenas y Orotina (ver folios del 166 al 172 del expediente judicial).
  • 3)Que para los años dos mil siete y dos mil ocho, el Instituto Costarricense de Electricidad era el único proveedor de telefonía celular en el territorio nacional (hecho público y notario).
  • 4)Que el señor Nombre110930 presentaba un teléfono celular otorgado por el ICE desde hace más de diez años (ver declaración del referido señor en el juicio oral y público). 5 ) El diez de mayo de dos mil siete, el señor Nombre110930 migró de tecnología de celular, asignandólese el número Placa19561, modificándose las obligaciones ente las partes (ver folio 178 del expediente judicial, folios del 20 al 26 del expediente judicial que no fueron desvirtuados, pese a ser impresiones simples, ante la inexistencia de elemento probatorio que lo desvirtúe). 6 ) Que al momento de generarse el servicio por parte del señor Nombre110930 no se estableció algún contrato que aclarara las obligaciones entre las partes (ver folio 180 del expediente judicial). 7 ) Que el señor Muñoz Fonseca presentaba desde el veintitrés de junio de dos mil diez un servicio de prepago de línea celular asignado por el Instituto Costarricense de Electricidad que corresponde al número 87516510 (ver folio 178 del expediente judicial y declaración del referido señor en el juicio oral y público que merece fe al tribunal). 8 ) Que al momento de generarse el servicio por parte del señor Muñoz Fonseca no se estableció algún contrato (ver folio 179 del expediente judicial). 9 ) Que los señores actores conocían de que los servicios de celular que presentaba el ICE, acreditaban limitaciones de cobertura desde el momento de su compra (ver declaración de ellos en el juicio oral y público que corresponde a una confesión con los efectos legales correspondientes). 10 ) Que la empresa Distribuidora Mariscos S. A., cuyo representante es el señor Nombre110930 , acredita permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud y licencia de operación de transporte para productos pesqueros (ver folios 35 y 36 del expediente judicial). 1 1 ) Que el día siete de septiembre de dos mil diez, el señor Nombre110930 adquirió en Puntarenas, mil kilos de camarón de laguna a un valor de cuatro mil colones el kilo con intención de venderlo posteriormente en San José (ver folio 28 del expediente judicial y declaración de los señores Nombre110930 y Muñoz Fonseca). 1 2 ) Que la venta pretendida realizar en San José por el señor Nombre110930 se frustró (ver declaración de los señores Nombre110930 y Muñoz Fonseca rendida en el juicio oral y público). 1 3 ) Procurando colocar su mercadería el señor Nombre110930 logró vender únicamente diez kilos (ver folio 29 del expediente judicial y declaración de los señores Nombre110930 y Muñoz Fonseca). 1 4 ) Que el ocho de setiembre de dos mil diez, los actores en compañía de una tercera persona se desplazaban en el vehículo placas Placa19559 de Distribuidora de Mariscos Nana S. A. de Atenas a San Mateo de Alajuela (ver folios 31 al 34 y 37 del expediente judicial así como declaración de los señores Nombre110930 y Muñoz Fonseca). 1 5 ) Que los actores realizaron el recorrido por la vía a Atenas en virtud de un cierre de la ruta nacional veintisiete (ver folios 111 al 116 del expediente judicial así como declaración de los señores Nombre110930 y Muñoz Fonseca). 1 6 ) Que al avanzar en el viaje el señor Muñoz Fonseca detecta que el vehículo venía oliendo a frenos calientes, lo que es advertido al señor Nombre110930 , pero este desatiende la indicación al considerarlo normal pues se había hecho un ajuste de los frenos en el automotor en días recientes (ver declaración del señor Muñoz Fonseca que es señalada por su contraparte como confesional). 1 7 ) Que después de pasar la llamada Vuelta de Quebrada de Fierro, al señor aproximadamente las veinte horas del ocho de septiembre de dos mil diez, el señor Nombre110930 pierde el control del vehículo, se sale de la carretera (ver folios 37, 100 y 107 del expediente judicial, así como declaración de los señores Nombre110930 y Muñoz Fonseca). 1 8 ) Producto de la colisión alguno de los ocupantes se encontró prensado dentro del automotor por varios minutos, otro presentaba traumas abiertos en la cabeza y rodilla (se extrae como consecuencia del reporte de accidente de folio 107 del expediente judicial, y declaración de los señores Nombre110930 y Muñoz Fonseca). 1 9 ) Consecuencia de l accidente, e l Camarón llevado queda esparcido en la vía, y lo demás fuera de la calzada y en el guindo (se extrae como consecuencia del reporte de accidente de folio 107 del expediente judicial, y declaración de los señores Nombre110930 y Muñoz Fonseca). 20 ) Que el señor Nombre110930 logró salir y procuró llamar desde su teléfono celular 83050473 al servicio de emergencias 911 obtener ayuda pero este no tenía cobertura (ver declaración de los señores Nombre110930 y Muñoz Fonseca, así como el folio 27 del expediente judicial y folio 181 del expediente judicial que evidencia que la última llamada fue realizada a las veinte horas). 2 1 ) Que el señor Muñoz Fonseca desde su celular adquirido en el Instituto Costarricense de Electricidad procuró obtener ayuda, pero tampoco tenía cobertura (ver declaración de los señores Nombre110930 y Muñoz Fonseca, así como el folio 27 del expediente judicial y el 182 del mismo legajo, donde se aprecia que la última llamada fue a las veinte horas con veinticuatro minutos). 2 2 ) Pese a sus heridas el señor Nombre110930 caminó quinientos metros hacia arriba y abajo de la carretera unos quinientos metros, pero no logró obtener ayuda por la falta de señal; volviendo al lugar del percance (ver declaración de los señores Nombre110930 y Muñoz Fonseca en el juicio oral y públic o así como el folio 27 del expediente judicial). 2 3 ) Algunos minutos de lo ocurrido un camión que venía en dirección de Dirección56 los ubicó pero por temor a involucrarse en cualquier asunto judicial no los llevó, sino que optó por desplazarse donde hubiera cobertura y desde allí llamar a los servicios de emergencia (ver declaración de los señores Nombre110930 y Muñoz Fonseca). 2 4 ) Que al ser aproximadamente las veintidós horas con cuarenta y cinco minutos fue reportado el accidente al servicio 911 (ver folio 106, 188 y 201 del expediente judicial). 2 5 ) Hasta una hora después (dos horas y media después de haber ocurrido el accidente) llegaron dos ambulancias trasladando a los señores Muñoz Fonseca y al tercero que los acompañaba al Hospital Monseñor Sanabria en Dirección11928 (ver folios 106, 188 y 201 del expediente judicial y declaración de los señores Nombre110930 y Muñoz Fonseca). 2 6 ) Como el señor Nombre110930 no tenía heridas graves se quedó en el lugar custodiando el camarón que había logrado recoger en la nevera, pero poco tiempo después llegaron dos patrullas y una unidad de policía de tránsito, siendo que los primeros debieron de retirarse por cuestiones propias de su cargo y la segunda le hizo ver al referido señor lo peligroso del lugar, desplazándolo a Dirección13154 para que pidiera ayuda con una grúa y una nevera para recoger el camarón, toda vez que no había señal de celular (ver folios 189 y 198 del expediente judicial y declaración del señor Nombre110930 ). 2 7 ) Que la boleta de citación a partir del accidente indicado se confeccionó a las veintitrés horas del ocho de septiembre de dos mil diez por parte del oficial de tránsito Olman Vargas Granados (ver folios 189 y 198 del expediente judicial). 2 8 ) Realizadas las coordinaciones necesarias, el señor Nombre110930 logró llegar como dos horas después, donde logró detectar que mucha gente desconocida le había robado el camarón (ver declaración del señor Nombre110930 ). 2 9 ) Que los actores no presentaron reclamo administrativo alguno (ver folios 173 y 183 del del expediente judicial).

IV. SOBRE HECHOS NO PROBADOS

Se tienen como tales, los siguientes: 1) Que los aparatos (teléfonos) de los actores presentaran alguna avería que determinara que las llamadas objeto del proceso no se pudieran realizar por dicha motivación (los autos). 2) Que los actores hayan recibido alguna información por parte de la demandada sobre las limitaciones en concreto del servicio de celular que presentaban (no hay prueba en ese sentido). 3 ) Que el Camarón que hubiera quedado disperso en la carretera con ocasión del accidente, fuera recuperable a los efectos de poderse vender (los autos) . 4 ) Que exista algún daño material que sea achacable en nexo de causalidad necesaria al Instituto Costarricense de Electricidad (no hay prueba en ese sentido). 5) Que al señor Nombre110930 le hayan sustraído, con ocasión del accidente del ocho de septiembre de dos mil diez, alguna herramienta de trabajo o panel plástico y los costos de estos (los autos).

V. DEL DERECHO AL CONSUMIDOR Y EL DERECHO A LA INFORMACIÓN EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES

El artículo cuarenta y seis de La Constitución Política, estipula que los consumidores tienen derecho a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos a recibir información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a un trato equitativo, precepto que es desarrollado en el artículo primero de la Ley para Protección de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, en cuanto establece que “El objetivo de la presente Ley es proteger, efectivamente, los derechos y los intereses legítimos del consumidor, la tutela y la promoción del proceso de competencia y libre concurrencia, mediante la prevención, la prohibición de monopolios, las prácticas monopolísticas y otras restricciones al funcionamiento eficiente del mercado y la eliminación de las regulaciones necesarias para las actividades económicas”. Este cuerpo normativo, también concede derechos a los consumidores, entre los mismos destacan la protección contra riesgos que puedan afectar su salud, seguridad y el medio ambiente, de sus intereses económicos y sociales, su acceso a una información veraz y oportuna sobre las diferencias en bienes y servicios, educación y divulgación sobre consumo adecuado de bienes y servicios que aseguren la libre escogencia e igualdad de contratación, garantía de artículos, acceso a la vía judicial y administrativa, tutela cautelar y también protección administrativa y judicial contra la publicidad engañosa y las cláusulas abusivas, así como la tutela administrativa y judicial de sus derechos e intereses legítimos, entre otros.

A su vez la ley estipula una serie de obligaciones para los comerciantes, entre las cuales está el respetar las condiciones de contratación e informar suficientemente al consumidor de manera clara y veraz. También, incorpora dicho cuerpo normativo un régimen de sanciones y de responsabilidad para el incumplimiento de sus disposiciones. En el mismo sentido, la Ley General de Telecomunicaciones (Ley 8642) establece el servicio de telecomunicaciones por vía celular como un servicio universal, de suerte que el legislador apart ó esa actividad del típico servicio público para generar un servicio en el cual la intervención estatal resulta menos directa (como en precio generando por la libre competencia), pero garantizando una serie de principios como la universalidad, la solidaridad, libre competencia, transparencia, no discriminación, sostenibilidad ambiental, eficiencia, entre otros (artículos 2 y 3 de la misma Ley).

Advirtiendo que a lo interno de la Cámara es discutible si el servicio universal es una nueva modalidad de servicio o una especie dentro del servicio público, para lo que el caso corresponde, es claro que presenta una regulación normativa bastante clara y exhaustiva. En dicho marco, el Estado garantizó para sí la existencia de una empresa pública, el Instituto Costarricense de Electricidad, para la prestación del servicio (entre otras actividades) de telefonía celular pero en libre competencia con otras empresas, sin el uso de prerrogativas especiales. Se trata de una actividad comercial en la cual concurre el Estado mediante una empresa pública, lo que determina que corresponda a uno de los supuestos del artículo tres inciso dos de la Ley General de la Administración Pública siendo aplicable naturalmente la ley especial de la materia y las disposiciones generales que resultan aplicables a la actividad comercial en general.

Todo lo cual determina frente al caso, que resulta aplicable la Ley para la Promoción y la Defensa Efectiva del Consumidor en cuanto al régimen jurídico de la actividad, sin perjuicio de las normas especiales que ya se indicaron, las que lejos de establecer un sistema diferente, acentúa el tema. Cabe advertir que al amparo del inciso catorce del artículo ciento veintiuno constitucional, las frecuencias del espectro radiofónico son patrimonio de la nación, lo que lleva aparejado que su entrega a manos privadas es solo posible por el mecanismo de la concesión, lo que en efecto se dio oportunamente, generando una relación de derecho público entre esas personas; pero los concesionarios frente a eventuales alianzas estratégicas o a los usuarios finales interactúan por una relación de derecho comercial en principio, salvo que en el caso de estos últimos presentan una serie de principios que les resultan propios para garantizar el servicio.

Sobre esta última relación, se maneja por contratos de adhesión, sobre los cuales el numeral cuarenta y dos de la Ley para Protección de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, dispone que “En los contratos de adhesión, sus modificaciones, anexos o adenda, la eficacia de las condiciones generales está sujeta al conocimiento efectivo de ellas por parte del adherente o a la posibilidad cierta de haberlas conocido mediante una diligencia ordinaria…” (negrita intencional). De los textos legales transcritos se deriva que una de las imposiciones legales que debe satisfacer el comerciante, es el deber de información, el cual no sólo comprende la obligación de éste de brindarla al potencial consumidor, sino que la misma debe darse a conocer de manera veraz, se entiende por veraz: "Dicho de una persona: Que dice, usa o profesa siempre la verdad.//2. Que se ajusta a la verdad". (Diccionario esencial de la lengua española, Real Academia Española, Espasa Calpe S.A., 2006, Madrid España), es decir, verídica, transparente, sin recurrir a dobleces, ocultamientos siquiera parciales o sesgos, en perjuicio de quien en su fuero interno se encuentra conformando la voluntad adquisitiva y, adicionalmente, de modo oportuno lo que significa: "Que se hace o sucede en tiempo a propósito y cuando conviene.

Respuesta oportuna". (Diccionario esencial de la lengua española, Real Academia Española, Espasa Calpe S.A., 2006, Madrid España). Mientras todavía se encuentra en proceso dentro de la psique humana, la ponderación de los diversos aspectos tanto negativos como positivos que posee el bien o servicio de interés y la valoración de las eventuales consecuencias que esa determinación volitiva conllevará para el consumidor. Al respecto la Ley General de Telecomunicaciones, consecuentemente con lo dicho en su artículo dos inciso d) garantiza el derecho a la información, al igual que el artículo tres incisos c), d) y e), lo que resulta reiterado en el artículo cuarenta y cinco inciso primero, llegando de seguido a establecer un procedimiento en el caso de que se incumplan los derechos de los usuarios, incluyendo el antes señalado. Otro aspecto sobre la información es la necesidad de que sea completa, lo que lleva aparejado que incurre en responsabilidad, si resulta un perjuicio en razón de informaciones inadecuadas o insuficientes.

El incumplimiento de tales deberes, configura de forma automática, infracciones susceptibles de ser sancionadas al margen de la existencia o no de un daño concreto. Dicho deber de información, pretende que al momento de realizar la transacción comercial, el consumidor se encuentre plenamente informado de las características propias del bien o servicio que adquiere, y por ende, que sea una decisión consciente e informada la que tome al momento de definir la contratación respectiva, sin que existan factores que de haber salido a la luz, hubiesen podido modificar su voluntad o bien, haberlo hecho incurrir en error en cuanto a las condiciones, naturaleza, características, desventajas o fortalezas de lo que adquiere. Cabe agregar que la ausencia de información lleva incluído una lesión manifiesta al derecho del consumidor a su derecho de elegir, en la medida que para tomar su decisión de consumo no presentaba el total de los elementos que le permiten adoptar la decisión correspondiente, desechando opciones que pudieron ser mejores pero que por el desconocimiento fueron descartadas.

Este aspecto es medular dentro de la filosofía de esa rama del derecho. Esta obligación va más allá de la mera entrega de documentación de las condiciones de la contratación, pues si se aprecia la ley de materia de hace poco más de veinte años, pretendió generar una obligación adicional a las existentes hasta aquel momento, consistente en informar adecuada, veraz y oportunamente de las bases del acuerdo; situación que se ve superlativizada en contratos de adhesión, más cuando se anexan datos muy técnicos que a la lectura ordinaria no resultan comprensibles para el interesado y que pondrían en desventaja al consumidor, quien a final de cuentas no podría entenderlo. De manera que se genera un desequilibrio palmario, hacia una de las partes quien llega a comprender cabalmente cuando trata de ejercer sus derechos y obtiene una respuesta negativa ante la cláusula que originalmente no comprendió.

Así las cosas, la obligación lleva incluído la explicación detallada, en lenguaje sencillo y de fácil comprensión, para que la persona sepa a ciencia cierta qué es lo que acepta en su relación. Otro aspecto sobre el cual se dedica poco reparo pero no por ello deja de ser muy relevante, es que la obligación de informar es exclusiva del agente de comercio, por lo que la carga de la prueba se invierte de manera que es él quien está llamado a demostrar de una manera suficiente que ha cumplido su obligación, según lo refiere el voto supra citado (quince horas del trece de julio de mil novecientos ochenta y ocho de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia) que ha sido retomado por la jurisprudencia de este Tribunal (Voto 23, de la Sección VII del Tribunal de las 10:40 horas del 13 de febrero de 2009), bajo el denominado principio "pro consumatore"; pues incluso la prueba de una situación negativa (no ser informado) se torna compleja, mientras que la positiva debería resultar muy sencilla si se hizo como debiera, al entregarse información y el ser atendido por un empleado que explicó cabalmente todos aquellos datos útiles, necesarios y veraces para adoptar una decisión. En relación con la importancia de la información que el comerciante transmite al consumidor a través de la publicidad y de la propaganda, la Sala Constitucional ha expresado:

"...se afirma, por lo general, que la propaganda comercial es una forma de comunicación de masas, porque se dirige desde un comunicante (el anunciante) a una masa anónima que está constituida por las personas que pueden llegar a constituirse en receptores auténticos del mensaje publicitario. Pero la propaganda comercial no es una información simple, sino que tiene como objeto lograr que el mayor número posible de destinatarios, se convierta al mensaje que transmite (adhesión política, consumo de bienes, por ejemplo), de manera que tiene fines precisos y contundentes. Se reconoce, entre otros, que el principio de veracidad de la propaganda debe ser el de mayor trascendencia, en el sentido de que debe respetarse la verdad del contenido del mensaje, evitando al máximo que se desnaturalicen los hechos o se haga incurrir al interlocutor comercial en un error. Desde este punto de vista, la veracidad funciona en una doble vía para proteger la verdad del contenido publicitario y para amparar sobre todo al consumidor, que como destinatario final -según se ha dicho en los párrafos anteriores- no puede ser sorprendido por una publicidad deformada." (Sala Constitucional Nº 5393-97 de las 15.18 horas del cinco de setiembre de mil novecientos noventa y siete). -negrita no es del original- Este Tribunal, Sección II, en resolución No. 126-2004 de las once horas del diecisiete de marzo de dos mil cuatro, expresó:

“ VIII).- El derecho de todo consumidor y usuario, a recibir de comerciantes, productores y prestatarios de servicios, públicos o privados, "información adecuada y veraz", tiene, como es de todos conocido, profunda raigambre constitucional. Nuestra Carta Política, en el párrafo último de su numeral 46, le da a éste carácter fundamental, tal y como lo hizo respecto de los derechos a la salud, ambiente, seguridad e intereses económicos, libertad de elección y trato equitativo, que en su conjunto, integran el cúmulo de garantías básicas de toda persona en esta materia.- Conforme a esa disposición, y al desarrollo que de ella hizo el legislador en la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, siempre habrá de informarse en forma correcta y completa, acerca de todos los elementos que incidan directamente en la decisión de consumo, haciéndose acreedor a las sanciones expresamente tipificadas, quien hiciere caso omiso de dicha exigencia.- Así lo ha reconocido este Tribunal en anteriores oportunidades, como se desprende del siguiente extracto: " VI.- La Constitución Política estipula que los consumidores tienen derecho a la protección de salud, seguridad e intereses económicos, precepto desarrollado en el artículo 1° de la Ley de Protección al Consumidor, en cuanto establece, que “El objetivo de la presente Ley es proteger, efectivamente, los derechos y los intereses legítimos del consumidor, la tutela y la promoción del proceso de competencia y libre concurrencia, mediante la prevención, la prohibición de monopolios, las prácticas monopolísticas y otras restricciones al funcionamiento eficiente del mercado y la eliminación de las regulaciones necesarias para las actividades económicas”.

Para ello, fue creada la Comisión Nacional del Consumidor, quien ostenta potestad sancionatoria administrativa, por denuncia, para castigar el incumplimiento de las obligaciones a cargo del comerciante, respecto de las prácticas que constituyan impedimentos o dificultades para la libre competencia y entorpezcan, innecesariamente, la fluidez del mercado – artículo 18 –. Este cuerpo normativo concede derechos a los consumidores. Así, el ordinal 29 inciso c), obliga a que tengan “(…) acceso a una información, veraz y oportuna, sobre los diferentes bienes y servicios, con especificación correcta de cantidad, características, composición, calidad y precio (…)”, lo que se reitera en el artículo 31 inciso b), cuando dispone, que los comerciantes deben “(…) Informar, clara, veraz y suficientemente, al consumidor, de todos los elementos que incidan directamente en su decisión de consumo. Debe informar sobre la naturaleza, la composición, el contenido, el peso, cuando corresponda (…)” y en el inciso m), que se refiere precisamente, a la obligación del comerciante de “Cumplir con lo dispuesto en las normas de calidad y las reglamentaciones técnicas de acatamiento obligatorio”.

El incumplimiento de tales deberes, configura de forma automática, infracciones susceptibles de ser sancionadas al margen de la existencia o no de un daño concreto." (sentencia número 339-2001, de las 10:30 horas del 26 de octubre del 2001; en igual sentido, las números 75-2001 de las 14:00 horas del 16 y 86-2001 de 10:45 horas del 23, ambas de marzo del mismo año).-“ VI.- Los artículos 32.c), 34.b) y 35 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (según numeración modificada por el artículo 80 de la Ley No. 8343 de 27 de diciembre del 2002), establecen como derecho del consumidor el acceso a una información, veraz y oportuna, sobre aspectos que incidan en su decisión de consumo, con la consecuente obligación del comerciante o proveedor, que incurre en responsabilidad, si resulta un perjuicio en razón de informaciones inadecuadas o insuficientes..." Aunado a las referencias ya puntualizadas, en nuestro ordenamiento jurídico, los temas del derecho y correlativo deber a la información, aparecen normados también en los artículos treinta y dos inciso c, treinta y cuatro, inciso b, y cuarenta y tres de la ley en estudio. Sobre el tema, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en resolución No. 0094-2009 de las quince horas cincuenta minutos del veintinueve de enero de dos mil nueve, expresó:

"Desde una perspectiva amplia puede definirse la información como un elemento de conocimiento suministrado obligatoriamente por una de las partes contratantes (deudor de la obligación de información) a la otra parte (acreedor de la obligación de información), teniendo como objeto principal la adecuada formación del consentimiento contractual de este último, tanto en los aspectos jurídicos como materiales del negocio. El deber de información encuentra su fundamento en un desequilibrio de conocimientos entre los contratantes, circunstancia que se acentúa en materia de consumo. La información es el principal instrumento con que cuentan los consumidores para hacer frente a las técnicas agresivas del comercio moderno. De una buena información depende un consentimiento libremente formado y exento de vicios. Así, será exigible aquella que sea necesaria para su receptor al efecto de la formación adecuada de su voluntad negocial.

No se trata sólo de un deber, sino también de un derecho básico, que cobra especial relevancia a la hora de resolver el asunto traído a estrados. La Constitución Política establece en su artículo 46: “Los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses económicos; a recibir información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a un trato equitativo. El Estado apoyará los organismos que ellos constituyan para la defensa de sus derechos. La ley regulará esas materias”. La consagración de dicho numeral como uno de los principios rectores de la política social y económica, que han de informar no sólo el ordenamiento jurídico sino también la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, ha determinado que las leyes que inciden sobre los derechos de los consumidores, adopten previsiones al efecto de que ese mandato constitucional sea cumplido a cabalidad.

La Ley no. 7472 de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, otorga especial relevancia al deber de información. El canon 32, incisos c) y d) de ese cuerpo legal, considera derecho básico “El acceso a una información veraz y oportuna, sobre los diferentes bienes y servicios…” y la educación y formación en materia de consumo. El numeral 34 ibídem establece como obligación del comerciante y el productor: “b) Informar suficientemente al consumidor, en español, de manera clara y veraz, acerca de los elementos que incidan en forma directa sobre su decisión de consumo”. Por su parte, el precepto 42 siguiente, dispone: “Cláusulas abusivas en los contratos de adhesión… En los contratos de adhesión, sus modificaciones, anexos o adenda, la eficacia de las condiciones generales está sujeta al conocimiento efectivo de ellas por parte del adherente o a la posibilidad cierta de haberlas conocido mediante una diligencia ordinaria”. ...." Cabe advertir que las nuevas formas de comercio, regidas por el principio de competencia entre entes públicos (antiguos monopolios) y los particulares (en muchos casos empresas transnacionales) ha determinado que los primeros procuren comercializar sus servicios de la manera más expedita y accesible posible, lo que no es malo pues sus competidores lo realizan de manera semejante. Pese a lo dicho, esto no releva la obligación de informar de la mejor manera posible al usuario final, pues siempre existirán mecanismos para cumplir y constatar esa obligación.

VI. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO

Un primer acercamiento al conflicto entre las partes, se ubica lo referente al alegato planteado sobre la supuesta necesidad de que el servicio de telecomunicaciones sea pleno, lo que generaría que frente al caso se estaría dando una actuación anormal o ilícita que sería un motivante de responsabilidad , según hicieron ver los actores . Sobre dicho razonamiento, deben realizarse varias aclaraciones. Como se ha venido indicando al amparo del artículo tres punto dos de la Ley General de la Administración Pública dicha actividad, aún cuando el servicio de telecomunicaciones tiene un marcado interés público, no resulta posible aplicar sistemas propios del derecho administrativo en la relación prestatario - usuario final , sino que –como se dijo- se sustenta en normas del derecho privado con ciertos matices conforme lo señala la Ley General de Telecomunicaciones , no siendo de recibo el razonamiento.

De manera que la residencia del conflicto en esta sede se sustenta en dos motivos, primero la competencia subjetiva al estarse demandando a un ente público y lo referente a la aplicación del derecho de conformidad con el artículo dos inciso e) del Código Procesal Contencioso Administrativo, pero de manera indirecta; con la advertencia que el ordinal cuarenta y nueve constitucional debe tener una interpretación amplia en cuanto se pretende garantizar de la mejor manera los derechos de los habitantes. Pero por otro lado, y no menos relevante, la posibilidad de asegurar la existencia de un servicio en plenas condiciones resulta una pretensión saludable y deseable en toda sociedad, pero como tal, difícil de alcanzar por su propia naturaleza y menos en el caso de las telecomunicaciones. La necesaria adaptación constante al cambio (artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública ) obliga a una constante mejor ía , máxime cuando nos encontramos en una era tecnológica, donde las demandas de los usuarios se incrementada n de manera vertiginosa.

Incluso, aún tratándose de empresas privadas prestatarias de un servicio de interés público, muchas veces las inversiones que deben realizarse, los cambios en infraestructura e incluso hasta la prudencia en la valoración de resultados dentro de los nuevos avances tecnológicos determinan que resulta imposible exigir un nivel tan óptimo. No puede olvidarse que Costa Rica es un país pequeño y la tecnología no deja de ser un insumo caro, que muchas veces no resulta posible otorgar de manera inmediata. A lo que debe sumársele que por las mismas condiciones geográficas y climáticas es lógico pensar que existen fenómenos exógenos al mismo servicio, de suerte que aún tomando las previsiones razonables, existen condiciones que podrían afectar un nivel de excelencia en algún momento o zona del país. No se trata de conformarse con un servicio deficiente, sino por el contrario, establecer una pretensión de los servicios razonable a las condiciones nacionales.

Cabe advertir que si bien, en el caso de las telecomunicaciones la ley de la materia establece una serie de principios y características para asegurar un buen nivel, nunca llega a establecer un estandar que materialmente no resulta posible, al cual no han podido llegar los Estados con mejores capacidades económicas y con mejores condiciones de acceso a la tecnología de la materia. Aún cuando si debe advertir el órgano jurisdiccional que no se trata de que la prestación de un servicio de interés público no presente un minimum minimorum de manera que no sea exigible una serie de condiciones que determinan la necesidad pública que se encuentra detrás. En términos muy sencillos no es prestar el servicio como sea, sino otorgarlo con niveles razonables que permitan satisfacer las necesidades sociales que justifican la existencia. La ausencia de dichos parámetros mínimos llevaría aparejado que lo recibido sea una mera concesión graciosa del príncipe (en los términos y condiciones que lo quiera otorgar) y no una satisfacción verdadera de una necesidad de un momento y lugar determinado.

Es recibir un servicio razonable a las necesidades sociales. En todo caso, no se está discutiendo que ese mínimo se haya insatisfecho. De manera que el alegato de la parte, sobre que existe responsabilidad por falta en el servicio por no cumplirse un servicio optimo no presenta el correspondiente abrigo normativo y debe ser rechazado. El segundo elemento base para reclamar responsabilidad se sustenta en que se vulneró el derecho a la información, de suerte que los actores conocieran las limitaciones del servicio antes de tomarlo, con el interés de permitirles mecanismos alternos para garantizar la comunicación en situaciones extraordinarias si fuera necesario. Dicho alegato fue timidamente expuesto en la demanda, pero fue el eje central de la posición de los actores durante el juicio oral y público. Al respecto es posible constatar como dentro del elenco de hechos no probados, se evidencia como no existe prueba de que la información se haya otorgado de manera oportuna y completa al respecto, con la advertencia realizada en el considerando anterior de que dicha obligación es resorte de la demandada y no del actor, se trata -como se indicó- de una inversión de la carga de la prueba en beneficio de la parte más débil de la relación.

De manera que no eran los actores quienes debían demostrar la falta de información, sino el Instituto Costarricense de Electricidad el llamado a demostrar con prueba suficiente e idónea que cumplieron su deber legal en los términos expuestos. Se trata según lo hemos indicado, de una responsabilidad objetiva dentro de las normas de derecho privado (tanto en la Ley para la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor y en la misma Ley General de Telecomunicaciones, lo que en el caso de la última disposición determina el marcado interés público que reviste la actividad, aún cuando se rompiera el monopolio a favor del Instituto Costarricense de Electricidad) en beneficio del usuario final, para garantizar que su contraparte no procure engañarlo, oculte información o en general produzca conductas que perjudiquen al miembro más débil de la relación. Como se indicó oportunamente, no pretenden los Tribunales de la República venir a señalar a la empresa pública como realizar su actividad, en cuanto a la existencia o no de contratos para el suministrado del servicio (sean estas o no amparadas a los órganos de control y fiscalización estatal), pero la necesidad de un mecanismo que verifique el cumplimiento de los derechos del consumidor no puede ser cuestionado, en tanto presentan el correspondiente sustento no solo legal sino constitucional a partir del artículo cuarenta y seis de la carta fundamental.

De esa manera la existencia de prueba idónea y suficiente no puede ser evadida y es resorte exclusivo de la demandada. Durante el debate, el representante de la empresa pública procuró acreditar que la ausencia de comunicación telefónica inalámbrica era un tema de conocimiento público, orientando la misma prueba de su contraparte en ese sentido; aspecto que lo consiguió, sin perjuicio de que los integrantes del tribunal en conocimiento común de la media de la población, comparten. De manera que aceptamos que la media de la población tiene el conocimiento en cuanto a que los servicios de telefonía celular ofrecidos por el instituto demandado presentaban limitaciones en cuanto algunas zonas del país; más dicho alegato, no presenta la base suficiente para desvirtuar la responsabilidad civil que nos ocupa. Así el conocimiento de limitaciones o defectos en el servicio de las telecomunicaciones que era de conocimiento por la media de la población (lo que fue evidenciado por los mismos testigos) conculca que no se esperara un servicio idóneo, que pudieran darse situaciones en las cuales las comunicaciones no presentaran el nivel de nitidez deseado haciendo difícil la comprensión entre los interesados a la hora de realizar una llamada telefónica por este medio, que se dieran intervalos donde no fuera posible esta, así como la posibilidad donde la comunicación no fuera idónea.

Pero el derecho a la información llevaba implícito los alcances de esto, lo que incluye la explicación clara de la existencia de imposibilidad absoluta de realizar llamadas inalámbricas que es lo que se discute, no solo por un teléfono en particular sino por varios. Suma a lo antes dicho, que no basta con la existencia de un conocimiento común, sino que es obligación de la demandada el otorgar información completa y veraz en ese sentido, máxime cuando para aquel momento el ICE era el único proveedor del servicio de manera que las personas no podían tomar otra opción, de suerte que el derecho a la información al menos garantizaba la posibilidad de conocer. Esa información debía cuando menos incluir los señalamientos expresos de en que zonas en particular, los alcances y las motivaciones de las limitaciones del servicio en concreto y no de manera general. Dichos aspectos reiteramos son de la exclusiva responsabilidad de la demandada.

Consecuencia dentro de ello no es posible derivar un eximente de responsabilidad. Necesario es de precisar que el mismo representante de la demandada reconoció que actualmente la Superintendencia de Telecomunicaciones había emitido a finales del año instrucciones precisas de la obligación de mantener un sistema actualizado de la zonas del país con señalamiento de las limitaciones, lo que llevaba incluído un monitoreo constante; realizando una lectura de dichas normas, en el entendido que es a partir de allí que surge la obligación que nos ocupa; pero el Tribunal realiza una lectura diferente sobre el tema. A nuestro entender la existencia de normas de menor rango que pudieran fijar el deber de informar, si bien es un aporte valioso, su relevancia no es innovar derechos sino recordar y aclarar los existentes que como se dijo están expresamente regulados por Leyes y la misma carta fundamental, resultando imperativo rechazar el argumento.

Por si esa situación no fuera suficiente para derivar la responsabilidad que se reclama, no se puede olvidar que los actores sufrieron un sacrificio singular, excepcional y intenso que no se encontraban en la obligación de soportar, fundamentos racionales de la responsabilidad objetiva administrativa que se constituyen en elementos que bien pueden integrarse a la responsabilidad por derecho del consumidor frente al caso que nos ocupa. Véase como ellos se encontraban en una condición de riesgo no solo con respecto a los bienes, sino su saludo su vida, que estaban en peligro por deficiencias en el servicio; de suerte que no se estaba viendo afectado aspectos tangenciales de este, sino su nucleo duro en el entendido que del todo no había comunicación (no se trataba de una mala comunicación sino la ausencia de esta). De manera que es criterio del Tribunal que es posible ubicar los fundamentos de la responsabilidad objetiva que el ordenamiento establece a saber la generación de un daño, y la inexistencia de eximentes de responsabilidad, en cuanto al nexo de causalidad necesario resulta imperativo cotejar en concreto los extremos liquidados, pasando en seguida a considerarlos.

V I I.- SOBRE L OS EXTREMOS LIQUIDADOS : Antes que nada, debe señalarse que la representación estatal, de manera consistente utilizó como argumento la ausencia de elementos de convicción, lo que como se verá en algunos casos no deja de llevar razón. El actor Nombre110930 liquida daño material en razón de mil kilos de camarón que le fuera sustraído por terceros, por la suma de cuatro millones de colones. Resulta incuestionable que el Instituto Costarricense de Electricidad no presenta ninguna culpa en el accidente como tal, la que resulta achacable al hecho de un tercero (en caso de falla mecánica, que los bienes presuntamente fueron sustraídos por terceras personas y en la falta de diligencia de los funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública en custodiar los valores rescatables del accidente), culpa de la víctima (en el supuesto de haberse percatado de la posible existencia de una falla mecánica con anterioridad al percance y no haber adoptado las medidas correctivas de manera oportuna) o caso fortuito.

Pero dichos aspectos no son objeto de controversia. Como se indicó dicho actor hace ver que el producto orgánico se encontraba disperso tanto en la calle pública como en la vera de la vía a partir del desprendimiento de la hielera donde lo transportaba. Si bien se insistió por parte del interesado -y del otro actor- de que el producto presenta la particularidad de soportar varias horas sin refrigeración sin dañarse, el quid del asunto se sustenta en otro aspecto. Se trataba de un bien de consumo humano y de origen animal, que fue disperso en la vía y sus alrededores por situaciones ajenas al ente público demandado y no existe un solo elemento de convicción que haga pensar que no se encontraba contaminado. Téngase presente que parte de ellos -según el mismo dicho del actor- cayeron sobre la calzada, donde pasaron varios vehículos (cuando menos los de rescate y el que comunicó la situación) de suerte que debieron ser majados y presentar los residuos propios de un automotor de combustión interna.

Los restantes -según describieron los mismos actores- fueron a parar a la vera del camino, sin ningún tipo de protección. En ambos casos, supeditado a las condiciones del tiempo. Al respecto, las regulaciones de la Ley General de Salud determinarían que dicho producto ya no era consumible por sí, al margen de si podía haber sido recogido incluso pocos segundos después de haberse regado en la vía. Si bien dentro de una actividad artesanal (como es el cultivo del camarón en Costa Rica) pudiera ser posible que alguna parte del producto pudiera caerse y aún así no ser desechado de manera inmediato como corresponde, lo cierto es que dicha conducta bien podría ser discutible si es al margen de la ley, pero en lo que al caso corresponde, no existiendo un solo elemento de convicción de carácter técnico que pudiera hacer pensar que esos camarones podían ser reutilizados es criterio del Tribunal que la presunción es su contaminación.

Así, el hecho que duraran pocos minutos u horas y si se encontraban o no dañados por el transcurso del tiempo resulta un tema intrascendente. Diferente sería si se tratara de un bien de consumo animal, donde los requerimientos fitosanitarios son diversos. Todo lo cual lleva a la inferencia deductiva que desde el mismo accidente todo el producto no podía ser consumido en los términos que pretende el actor Nombre110930 . No es de sobra indicar que el Tribunal comprende el deseo del referido señor en recuperar en algo su inversión, máxime cuando para presenta una afectación económica también relevante con las reparaciones que debió realizar al vehículo colisionado; pero tampoco es posible cargar este al patrimonio público. De manera que sobre dicho daño, cabe acoger la defensa de la demandada sobre la falta de derecho invocada, ante la carencia de norma que sustente dicho reclamo. De sobra es de decir que la discusión realizada por el representante estatal en cuanto que la factura presentada para demostrar la compra del camarón no le merece fe, sobre la inexistencia de prueba suficiente de que al momento de la colisión todavía tenía esa mercadería o incluso, que esta hubiera estado dispersa a la vera del camino cuando se dió la colisión; todos esos aspectos resultan carentes de interés e irrelevantes, en la medida que aún teniendo estos como probados, no es posible generar el nexo de causalidad necesario para poder establecer una sentencia estimatoria en lo que ese tópico corresponde.

Igualmente, reclama el actor Nombre110930 la suma de cien mil colones por concepto de herramientas que le fueron sustraídas con ocasión del accidente y un panel plástico, extremo que también debe ser rechazado por varios motivos. Del total del elemento probatorio no resulta posible ubicar que al referido señor le hayan sustraído las mismas, con descripciones y valores que permitan su reconocimiento y valoración. Advirtiendo sobre el particular que no basta que las llevara en al automotor (lo cual tampoco esta probado) pues se hace necesario los mismos no se vieran afectados por el accidente y que hubieran sido sustraídos, lo que nuevamente se incumple en el caso en estudio. Al respecto es de recordar que el artículo trescientos diecisiete del Código Procesal Civil con relación al doscientos veinte del Código Procesal Contencioso Administrativo disponen que corresponde a la parte que asegura demostrar su dicho, lo que en el caso no se dió.

Nuevamente y sobre el tema las argumentaciones de posible hecho de un tercero y culpa de la victima invocadas sobre el particular carecen de interés, en el entendido que una excepción opera una vez constatados todos los presupuestos para tener acreditado el derecho que se percibe, lo que en el caso no se configura. Por último ambos actores solicitan el pago de cinco millones de colones en razón del daño moral subjetivo, para cada uno. Sobre este extremo, considera el Tribunal que efectivamente el encontrarse en una condición de emergencia, donde existen heridos y sin poderse conocer la gravedad de las lesiones, el teléfono (en este caso celular) se consolidaba en un mecanismo idóneo de comunicación, que se vió afectado con ocasión directa de la actividad económica desplegada por el ente demandado. Con el señalamiento expreso que debió ser un tema de información que debió advertir al interesado, para que este no pudiera atenerse a la línea que presentaba.

Cabe advertir sobre el particular que los informes técnicos de la Superintendencia en Telecomunicaciones advertían de las limitaciones en el servicio desde varios meses antes, lo que obligaba al ente público a adoptar las acciones correctivas necesarias para que la situación se solventara, lo que todo indica que no se dieron. Es de precisar que si bien la representación institucional hizo ver que los informes no indicaban la condición específica para aquel momento en concreto (setiembre de dos mil diez), nótese que la prueba para mejor resolver en consideración se orientó en ese sentido, todo lo cual obliga a señalar que no existía una medición ulterior. Además, al otorgarse la audiencia a las partes sobre dicha prueba era para permitirles ofrecer contraprueba o algún mecanismo que permitiera desacreditarla, lo que en el caso no se dió. Así las cosas, la Cámara opta por considerar que no debieron haberse dado cambios sustanciales en esa materia.

Retomando el daño moral subjetivo, en dicho ambiente debió -por inferencia in re ipsa- generarse una sensación de desamparo, inseguridad e incerteza que produjo la afectación que nos ocupa. No puede dejar de mencionarse que a la hora de fundar este daño, los actores cometen el error de realizar una considerable referencia al tema de la posibilidad de perder el Camarón disperso en la vía, pero dichos temores aún cuando pudieron ser ciertos, no resultan reconocibles al no ser el daño endilgable a la demandada, en la medida que esos bienes ya se habían perdido desde el momento del accidente por estar contaminados según se explicó. Ahora bien, lo que si discrepa el Tribunal es con respecto al quantum de lo que resulta reconocible, en el entendido que es exagerado para la situación en concreto y como se indicó existen extremos reconocibles y otros no susceptibles de achacar a la demandada. Bajo esas condiciones se fija la suma de quinientos mil colones, importe que resulta razonable y proporcional al daño que fue afrontado, sin llegar a generar un enriquecimiento injusto.

VII. SOBRE LAS EXCEPCIONES

Como se indicó e l ente público demandado opuso las excepciones de falta de derecho y falta de legitimación pasiva, fuerza mayor, hecho de un tercero y culpa de la víctima. Sobre la primera, como se indicó la misma debe acogerse frente a las pretensiones sobre daño material y rechazarse en lo tocante al daño moral subjetivo, en cuando al importe reconocido. Sobre la falta de legitimación pasiva, según se hizo ver está orientada a que debería demandarse a la persona que reparó el vehículo conducido por el actor Nombre110930 , lo que resultaría correcto en el supuesto en el cual se estuviera solicitando indemnización con ocasión de los daños al automotor lo que no es el caso, pero tratándose de indemnizaciones a partir del servicio de comunicación por vía teléfono celular, la acción se encarrila correctamente hacia al prestatario del servicio no resultando de acuse la gestión. Por último sobre las excepciones de fuerza mayor, hecho de un tercero y culpa de la víctima, se orientan hacia daños con ocasión de la existencia mismo del accidente, lo que no es lo presentado en la sub júdice, motivo por el cual se impone su rechazo. A manera de síntesis, todas las excepciones deben rechazarse salvo la falta de derecho con la aclaraciones indicadas.

VIII. SOBRE LAS COSTAS

En lo que refiere a las costas, como se ha expuesto los actores sufrieron una afectación considerable a nivel de daño moral subjetivo, siendo que se han visto obligados a concurrir a la vía jurisdiccional y litigar en ella (ante la posición negativa de su contraparte) para el reconocimiento de su derecho; todo lo cual obliga necesariamente al reconocimiento de costas a su favor.

POR TANTO:

Se rechazan las excepciones de falta de legitimación pasiva, fuera mayor y hecho de un tercero; se acoge parcialmente la excepción de falta de derecho y culpa de la víctima con respecto en todo aquello que no se a otorgado, rechazándose en lo demás. Se declara parcialmente con lugar la demanda, entendiéndose declarada sin lugar en todo aquello que no sea otorgado expresamente. Se condena al Instituto Costarricense de Electricidad a cancelar a cada uno de los actores la suma de medio millón de colones por concepto de daño moral subjetivo. Corren las costas a cargo de la demandada.

Ricardo A. Madrigal Jiménez Carlos Espinoza Salas Paulo A. Alonso Soto NOTA DEL JUEZ MADRIGAL JIMÉNEZ: De manera general comparto las posiciones de mis compañeros de Cámara pero siendo la necesidad de realizar dos aclaraciones. 1) Co mo lo hice ver en la nota de la resolución de las catorce horas del veintitrés de diciembre de dos mil once, sobre la posibilidad de que se pudiera haber quebranto el principio de autolimitación de la autoridad jurisdiccional en materia probatoria , tengo mis dudas de si esa situación no se dió en el caso concreto, pero dicho aspecto no fue planteado frente al Tribunal por ninguna de las partes, lo que impediría pronunciamiento alguno. En ese sentido, me declaro respetuoso de las partes, de manera que si alguno de ellos no consideró que se diera el quebrando indicado, en el entendido que debió ejercer los remedios procesales, mi preocupación parece que resultó infundada. 2) Por otro lado, mis compañeros fundan algunos hechos probados en la declaración de parte de los actores, lo que me obliga a realizar algunas precisiones.

El Código Procesal Contencioso Administrativo únicamente dedica tres artículos, del ochenta y dos al ochenta y cuatro, del cuerpo normativo al tema de la prueba, siendo rescatable -en lo que al caso corresponde- del primer canón el señalamiento de que la prueba debe apreciada según las reglas de la sana crítica racional, la norma siguiente incluye la posibilidad del testigo perito (testigo funcionario) posibilidad que no era considerada antes de esa disposición, y la última disposición donde se establecen una serie de facultades oficiosas para el juez tramitador a fin de asegurar que la prueba de alguna de las partes no pueda desaparecer o ser destruida por la mera tramitación del expediente. Complementa esos tres artículos el numeral doscientos veinte del mismo cuerpo normativo donde se remite a los principios de otros ordenes procesales para integrar el ordenamiento. El artículo ciento ochenta y dos del Código Procesal Procesal consagra sobre el particular el principio de libertad probatoria, salvo los restringidos por norma legal.

Siendo que a partir del artículo ciento ochenta y cinco que expone algunos de ellos a saber: reconstrucción de hechos, testimonios, peritajes, reconocimiento de personas, exhibición de documentos y careos (además de otros propiamente del proceso penal como la inspección corporal, inspección física, allanamiento, requisa, secuestro, registro de vehículos e identificación de cadáveres, sin perjuicio que de manera excepcional, algunos de estos procedimientos puedan ser utilizados por otras materias). El artículo doscientos treinta y cuatro del mismo cuerpo normativo establece una cláusula abierta a cualquier otro medio de prueba en tanto no supriman las garantías y facultades de las personas ni afecten las bases del proceso. En ese marco, el ordenamiento procesal penal admite la declaración de la víctima, en carácter de testigo, en el entendido que la base del proceso es una relación entre el Estado (detentarario del ius puniendi) y un particular en su condición de imputado; pues aún cuando se acepta la acción civil resarcitoria esta resulta anexa y supletoria.

De manera que se genera la lógica que la víctima no pretende nada para sí, salvo el derecho a la justicia en sí misma. Por su parte el artículo trescientos dieciocho del Código Procesal Civil, señala una lista enunciativa (muy completa) de los medios de prueba que rigen esa material, al señalar documentos e informes, dictámenes de peritos, reconocimiento judicial, medios científicos, presunciones e indicios, declaración de testigos y declaración de partes. Esta última viene regulada a partir de los artículos trescientos treinta y tres, donde se consideran dos supuestos: la confesional y la declaración de testigos. La primera de ellas es una prueba solicitada por la contraparte, sobre hechos propios, pero contrarios a sus intereses (y favorables a su adversario) según el artículo trescientos treinta y ocho del código de referencia. La jurisdicción civil ha seguido la máxima que no es viable que la parte se constituya en medio de prueba a favor de su dicho y pretensiones (voto 36-96 de las catorce horas y cuarenta y cinco minutos del veintinueve de marzo de 1996 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, reiterada en múltiples resoluciones).

La jurisdicción contenciosa ha interpretado a partir de dichas normas, que cuando la declaración de una parte es contraria a sus intereses constituye plena prueba, según lo reglado en las disposiciones dichas, mientras que cuando es a su favor, es una mera declaración de una persona con interés en el asunto, de suerte que aún cuando se rinde bajo juramento, su nivel de credibilidad resulta atenuado salvo en los temas del daño moral subjetivo (Ver votos de Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia números 1245-F-S1-2011 de las trece horas y cuarenta y cinco minutos y 1260-F-S1-2011 de las quince horas, ambos del veintiséis de septiembre de dos mil once). No se trata de considerar que falta a la verdad el declarante, pues en ese caso debe concurrir al procedimiento del artículo doscientos ochenta y uno del Código Procesal Penal, e interponer la denuncia de estilo; sino que se trata de una declaración condicionada y consecuentemente tendiente a no presentar la objetividad que debiera.

Es a partir de otros elementos de convicción que deben obrar en el expediente, que ese tipo de prueba se reafirma y permite obtener credibilidad a los ojos de la Tribunal para consolidar un hecho probado. En lo que al caso y los hechos que mis compañeros tienen por acreditados, soy del criterio que ante la ausencia de elementos de convicción que los desvirtuen, sumado a que otros hechos ulteriores y anteriores si presentan la debida fundamentación, llegó a la convicción por regla a la Sana Crítica que me merecen fe dichos hechos. De suerte que, la conclusión es la misma en tener los hechos indicados como probados, pero bajo diferente motivación, pues en el caso de mis compañeros la declaración de parte se valora en idéntica condición que cualquier testimonial y en mi caso, su tratamiento debe realizarse de manera diferente.

Ricardo A. Madrigal Jiménez Promueve: Nombre110930 y Marcos Muñoz Fonseca Contra: Instituto Costarricense de Electricidad Proceso de Conocimiento

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      • Ley 7472 Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor
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