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Res. 00258-2011 Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI · Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI · 29/11/2011

Positive Administrative Silence Inapplicable to Environmentally Significant LicensesSilencio positivo inaplicable a licencias con incidencia ambiental

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OutcomeResultado

DeniedSin lugar

The Court denied the complaint because positive administrative silence could not create a municipal license involving environmental and land-use controls, and the application also failed to satisfy legal requirements.El Tribunal declaró sin lugar la demanda porque el silencio positivo no podía generar una patente municipal vinculada con controles ambientales y urbanísticos y, además, la solicitud incumplía requisitos legales.

SummaryResumen

The Court rejected an action seeking to obtain, through positive administrative silence, a municipal business license for a multipurpose agro-industrial building located in a special protection zone. It explained that positive silence ordinarily creates a favorable administrative act when an application satisfies every legal requirement and the administration fails to decide it within the applicable period. That doctrine, however, does not apply to permits and authorizations involving environmental and land-use matters because treating administrative inaction as implied approval would relinquish public oversight powers and place private interests above environmental protection and territorial planning. Moreover, the applicant had not fulfilled the licensing requirements: the record raised issues concerning construction without a permit, piping of a river, required setback determinations, the activity actually conducted, and restrictions governing the protected zone. Although the municipality remained obliged to issue an express response, its failure to do so could not authorize the activity. The complaint was denied in full, and the applicant was ordered to pay both categories of costs.El Tribunal rechazó la demanda que pretendía obtener, mediante silencio positivo, una patente municipal para un galerón multiuso agroindustrial situado en una zona especial de protección. Explicó que el silencio positivo normalmente produce un acto administrativo favorable cuando la solicitud contiene todos los requisitos legales y la Administración deja transcurrir el plazo aplicable sin resolver. Sin embargo, esa figura no opera respecto de permisos y autorizaciones vinculados con materias ambiental y urbanística, pues convertir la inactividad administrativa en una autorización presunta supondría renunciar a potestades públicas de control y hacer prevalecer el interés particular sobre la protección ambiental y la ordenación territorial. Además, el solicitante no había satisfecho los requisitos para la licencia: existían cuestionamientos sobre la construcción sin permiso, el entubamiento de un río, los alineamientos requeridos, la actividad desarrollada y las restricciones de la zona protegida. Aunque la Municipalidad debía responder expresamente, su omisión no autorizaba la actividad. La demanda fue declarada sin lugar, con costas a cargo del actor.

Key excerptExtracto clave

It readily follows from the foregoing that positive administrative silence does not apply to permits and authorizations concerning land-use or environmental matters, nor may such permits and authorizations be deemed granted merely because the period for answering has elapsed. It could not be otherwise, considering that environmental protection is an obligation of both the State, broadly understood, and private persons, as required by Article 50 of the Constitution; therefore, applying positive administrative silence to land-use and environmental matters would amount to relinquishing environmental oversight and protection powers and would also violate Article 66 of the General Public Administration Law. Thus, in this field, the absence of an express decision is an administrative dysfunction that cannot become an implied authorization, because that would allow private interests to prevail over the public interest in controlling urban development and protecting the environment.De lo expuesto se deriva con facilidad que, tratándose de permisos y autorizaciones relativas a la materia urbanística o ambiental, no resulta aplicable el silencio positivo ni pueden estimarse otorgados por el transcurso del plazo para su contestación. No podría ser de otra forma si se toma en cuenta que la protección del ambiente es una obligación tanto del Estado (en sentido amplio) como de los particulares, como exigencia impuesta por el numeral 50 de la Constitución Política; por lo que, la aplicación de la figura del silencio positivo en asuntos urbanísticos y ambientales, implicaría una renuncia al ejercicio de potestades de control y protección ambiental, con violación, además, del canon 66 de la LGAP. Así, en esta materia, la ausencia de resolución expresa, es una disfunción administrativa que no puede convertirse en una autorización presunta, pues ello implicaría la prevalencia del interés particular sobre el interés general en el control del desarrollo urbano y la protección del ambiente.

Pull quotesCitas destacadas

  • "La ausencia de sus presupuestos esenciales supone la inexistencia del mismo. Esto es así porque la inactividad administrativa no puede constituirse en un motivo para lesionar el bloque de legalidad y constitucionalidad vigentes."

    "The absence of its essential prerequisites means that positive silence does not exist. This is because administrative inaction cannot become a basis for violating the prevailing body of statutory and constitutional law."

    Considerando IV

  • "La ausencia de sus presupuestos esenciales supone la inexistencia del mismo. Esto es así porque la inactividad administrativa no puede constituirse en un motivo para lesionar el bloque de legalidad y constitucionalidad vigentes."

    Considerando IV

  • "En consecuencia, no puede operar el silencio positivo cuando se omitan requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico, aunque la Administración no se pronuncie dentro de los plazos establecidos."

    "Consequently, positive administrative silence cannot operate when requirements established by law have been omitted, even if the administration fails to decide within the prescribed periods."

    Considerando IV

  • "En consecuencia, no puede operar el silencio positivo cuando se omitan requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico, aunque la Administración no se pronuncie dentro de los plazos establecidos."

    Considerando IV

  • "Más, se insiste, la disfunción formal en esta materia no puede, bajo ninguna circunstancia, generar silencio positivo ni permitir el otorgamiento de permisos o licencias que no han satisfecho las condiciones exigidas por el ordenamiento jurídico, por las potestades de control urbano involucradas y por su incidencia en la materia ambiental."

    "Nevertheless, the Court reiterates that this procedural dysfunction can under no circumstances produce positive silence or permit the granting of permits or licenses that have not met the conditions required by law, given the urban-control powers involved and their environmental implications."

    Considerando V

  • "Más, se insiste, la disfunción formal en esta materia no puede, bajo ninguna circunstancia, generar silencio positivo ni permitir el otorgamiento de permisos o licencias que no han satisfecho las condiciones exigidas por el ordenamiento jurídico, por las potestades de control urbano involucradas y por su incidencia en la materia ambiental."

    Considerando V

  • "Se acoge la excepción de falta de derecho interpuesta por la Municipalidad de San Rafael de Heredia. En consecuencia, se declara sin lugar la demanda en todos sus extremos."

    "The defense of failure to state a legal right raised by the Municipality of San Rafael de Heredia is upheld. Consequently, the complaint is denied in all respects."

    Por tanto

  • "Se acoge la excepción de falta de derecho interpuesta por la Municipalidad de San Rafael de Heredia. En consecuencia, se declara sin lugar la demanda en todos sus extremos."

    Por tanto

Full documentDocumento completo

Sections

Procedural marks

Tribunal Contencioso Administrativo, Main Line 2545-00-03 Fax 2545-00-33 Email ...01 _________________________________________________________________________ CASE FILE: 10-003029-1027-CA PROCEEDING DECLARED TO INVOLVE PURELY LEGAL QUESTIONS (PROCESO DECLARADO DE PURO DERECHO) PLAINTIFF: Nombre141516 DEFENDANT: MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA No. 0258-2011-VI TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. SECCIÓN SEXTA. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. ANEXO A. Goicoechea, at catorce horas cinco minutos on veintinueve de noviembre de dos mil once.

Administrative judicial proceeding (proceso contencioso administrativo) declared to involve purely legal questions, brought by Nombre141516, single, identity card CED111333, and resident of Santa Lucía de Barva de Heredia, represented by his special litigation counsel (apoderados especiales judiciales), Nombre141517, married, attorney, identity card CED111334, resident of Santa Bárbara de Heredia, and Nombre80415, married once, attorney, identity card CED111335, and resident of San Joaquín de Flores, against MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA, represented by its Municipal Nombre20665, Nombre141518, married, political scientist, identity card CED26722, and resident of San Rafael de Heredia.

FINDINGS

  1. 1The plaintiff filed the complaint giving rise to this proceeding, seeking, in substance, that the judgment: 1) Grant the complaint. 2) Deem positive administrative silence (silencio positivo de la Administración) to have occurred and, consequently, order Municipalidad de San Rafael de Heredia to grant the municipal business license (patente municipal) as requested. 3) Order the defendant Municipality to pay both categories of costs (ambas costas) of this proceeding (folios 5 and 6 of the court case file, as established at the preliminary hearing).
  2. 2The defendant Municipality answered the complaint and raised the defenses (excepciones) of lack of legal right (falta de derecho), lack of standing (falta de legitimación), and the general defense of sine actione agit (folios 22 through 25 of this case file).
  3. 3The preliminary hearing established in ordinal provision 90 of the Código Procesal Contencioso Administrativo was held on 13 de setiembre de 2011, with only the plaintiff present. At that hearing, the relief sought (pretensión) was established in the terms set forth in Finding One, the disputed facts were identified, and relevant documentary evidence was admitted. Finally, pursuant to artículo 98 inciso 2) of the aforementioned Code, because there was no testimonial or expert evidence to be taken, the Case-Management Judge (Jueza Tramitadora) declared that this matter involved purely legal questions, and counsel for the plaintiff presented closing arguments.
  4. 4This matter was referred to Sección Sexta on 8 de noviembre del año en curso for issuance of the corresponding judgment, as reflected in the transfer stamp appearing on the reverse of folio 43 of the court case file. No nullities requiring correction or resulting in a denial of the right to a defense (indefensión) have occurred in the proceedings before this Tribunal. Following deliberation, this judgment is issued within the time limit established in the second paragraph of artículo 98 of the aforementioned Procedural Code, in relation to numeral 82 inciso 4) of the Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de esta jurisdicción, and notice is given within the time limit established by the Ley de Notificaciones Judiciales. Reporting Judge Abarca Gómez drafts the judgment, with the affirmative votes of Judges Álvarez Molina and Hernández Gutiérrez.

CONSIDERATIONS

I.Proven facts. The following facts relevant to this proceeding are deemed established:

  • 1)The plaintiff Nombre141516 owns the property registered in the Registro Nacional, Partido de Heredia, real-property folio registration Placa1768. Placa27513, located in Los Ángeles de San Rafael de Heredia (registry certification appearing at folios 8 and 9 of the court case file).
  • 2)By official letter OIM-004-09, dated 7 de enero de 2009, the Construction Inspector of Municipalidad de San Rafael de Heredia informed the Municipal Engineering Department of that same entity that the project intended to be built on the property located in Los Ángeles, 50 metros south of Restaurante Ponte Vendra, in the name of Mr. Nombre141516, had been closed down because it lacked permits approved by the Municipality (folios 17 through 22 of the administrative case file).
  • 3)By official letter MSRH-DCU-047-2009, dated 15 de enero de 2009, the Department of Human Control Development of the defendant Municipality informed the plaintiff of certain matters related to his application for a building permit (licencia de construcción) to expand a dwelling. Among other matters, it stated that the submitted plan did not correspond to the proposed project because the dwelling that was purportedly to be expanded had already been demolished; that the river had been piped without the corresponding permits; that no determination from the Departamento de Aguas del Ministerio de Ambiente Energía y Telecomunicaciones had been submitted; that neither the river setback determinations (alineamientos) from the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo nor the determination from the Departamento de Previsión Vial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes had been submitted; and that the wall had been built without permits, and therefore the closure order issued had to be obeyed (folio 23 of the administrative case file).
  • 4)The defendant Municipality issued municipal location resolution (resolución municipal de ubicación) No. 109-2010, dated 7 de julio de 2010, approving the location of the establishment for a multipurpose agro-industrial shed on the property registered in Partido de Heredia under real-property folio No. 126613-000, owned by the plaintiff. That resolution states that the property is located in a special protection zone under Decreto No. 25902-MIVAH-MP-INVU and that a structure exists on it. It further states that the resolution was issued pursuant to Decreto 34728-S, dated 9 de setiembre de 2008, and that it did not entail an obligation to grant a municipal business license, operating permit, or building permit. Finally, the observations state that the establishment lacked a building permit; that an INVU setback determination concerning the condition of the river channel had to be submitted; and that, because the property is located in a protection zone, it is subject to Decreto No. Placa16666, under which the property must have an area of 2 hectáreas for commercial activity to be conducted (folio 97 of the administrative case file).
  • 5)On 17 de julio de 2010, the plaintiff applied to the Licensing Department of the defendant municipal entity for a commercial business license (patente comercial). For that purpose, he submitted the commercial license application form, a copy of his copy of location resolution No. 109-2010, a copy of the occupational risk insurance policy, and a copy of health permit No. 295-10 (documents appearing at folios 106 through 110 of the administrative case file).
  • 6)On 23 de julio de 2010, municipal officials conducted an on-site inspection (inspección ocular) of the plaintiff’s establishment as part of the proceedings to decide the commercial license application, and observed that the premises had been closed down for lacking a commercial license, artículo 79 and 81 bis of the Código Municipal (folios 111 through 114 of the administrative case file).
  • 7)On 26 de julio de 2010, the head of Licensing of the defendant Municipality forwarded to Nombre20665 the case file corresponding to the plaintiff’s commercial license application. Among other matters, she noted the absence of INVU setback determinations, that the stated activity did not correspond to the actual circumstances, that the premises lacked a commercial license, and that the property was located in a protection zone. Nombre20665, in turn, forwarded the case file to that territorial entity’s Internal Legal Counsel on 27 de julio de ese mismo año (folios 115 and 116 of the administrative case file).
  • 8)In resolution No. 113-10, issued at 9 horas 45 minutos on 29 de julio de 2010, the Tax Administrator of the defendant local entity forwarded the plaintiff’s application file to the Municipal Nombre20665 (folios 120 through 124 of the administrative case file).
  • 9)On 16 de setiembre de 2010, the plaintiff submitted a filing to the Licensing Department of the defendant Municipality alleging that no decision had been issued regarding his commercial license application. Nombre136641, positive administrative silence would apply in his favor, and the corresponding business license would be granted to him (folio 125 of the administrative case file).
  • 10)By official letter AL-241-MSRH-2010, dated 29 de octubre de 2010, the Legal Counsel of Municipalidad de San Rafael de Heredia issued a legal opinion to Nombre20665 regarding the commercial license application submitted by the plaintiff. Ultimately, it states that they are barred from granting the license in question because the requirements imposed by the legal system have not been satisfied (folios 157 through 163 of the administrative case file).

II.Unproven facts. The following facts relevant to the matter being decided are deemed unproven: 1) That Municipalidad de San Rafael de Heredia decided the commercial license application submitted by the plaintiff (the record contains nothing in this regard). 2) That the plaintiff satisfied all requirements imposed by the legal system for the granting of a commercial license for the establishment located on his property (there is no evidence establishing this).

III.Subject matter of the proceeding. Based on the claims asserted, the Court finds that the central issue to be resolved in this proceeding is whether positive administrative silence (silencio positivo) applied to an application for a business license (licencia comercial) submitted by the plaintiff to the Municipalidad de San Rafael de Heredia. The plaintiff alleges that, on July 17, 2010, he submitted to that municipal corporation the application and the necessary requirements for an operating license (patente de funcionamiento) for his establishment, which he owns and operates as a multipurpose agro-industrial shed. His application was subsequently forwarded to Nombre20665 Municipal, but to date he has not been granted the aforementioned license, despite having complied with each and every requirement requested. He contends that, because of the Administration’s inaction, the positive administrative silence governed by Articles 330 and 331 of the Ley General de la Administración Pública took effect, and therefore his application should not be denied.

He concludes that the evidence demonstrates a series of failures by the Municipalidad that have caused him harm because he lacks the municipal business license (patente municipal) required to conduct the commercial activity for which that same entity granted authorization. For its part, the defendant entity opposes the plaintiff’s claims and maintains that its actions comply with the law. It states that the plaintiff is attempting to benefit from his own willful misconduct by attributing to the defendant a failure that is, in fact, his own. It explains that he was never granted a land-use permit (permiso de uso de suelo), but only a location determination (resolución de ubicación) pursuant to Decreto No. 34728-S, in which he was expressly warned that the determination did not entail an obligation to grant a municipal business license or operating permit (permiso de funcionamiento), and that the establishment did not have a building permit (licencia de construcción).

It explains that the building permit cannot be granted because the property is located in a protected zone (zona de protección), as he was informed in Resolution No. 109-2010. It adds that the operating permit likewise cannot be granted because, in addition to the foregoing, the building was illegal and lacked the corresponding permit, and therefore the plaintiff was also not current on his municipal taxes. It emphasizes that, for these reasons, the general requirements specified in the business-license application form have not been met. It asserts that the plaintiff built the establishment without the corresponding permit and, moreover, conducts a commercial activity different from the one approved in the location determination and does so without the necessary licenses, which demonstrates his bad faith. It insists that the plaintiff’s application was not submitted with all the required documentation and that he was so informed on several occasions.

IV.On positive administrative silence (silencio positivo). As a consequence of the constitutional guarantees protected under Articles 27 (right of reply) and 41 (access to administrative justice) of our Constitution, whenever an individual (administrado) submits applications, claims, inquiries, petitions, or appeals to the various public bodies and entities, the Administration incurs the corresponding legal duty to issue a decision on them. That obligation also derives from section 329 of the General Public Administration Law (Ley General de la Administración Pública; hereinafter, LGAP). Nevertheless, that duty to respond is not always fulfilled. Accordingly, the legal system establishes administrative silence (silencio administrativo) as a legal mechanism intended to compel recognition of a tacit or presumed expression of the Administration’s will. In this regard, the law recognizes negative administrative silence (silencio negativo), which presumes that the application has been denied when the Administration fails to act, and positive administrative silence, which presumes that the petition has been granted.

The relevant issue here is positive administrative silence, which is governed by sections 330 and 331 of the same General Law. Under these provisions, the Administration’s silence shall be deemed positive when this is expressly established, when the matter concerns authorizations or approvals that must be granted in the exercise of oversight and supervisory functions (funciones de fiscalización y tutela), and when it concerns applications for permits, licenses, and authorizations. The period after which positive administrative silence arises shall be one month from the date on which the body receives the application for approval, authorization, or a license together with the legal requirements. It is also established that, once positive administrative silence has occurred, the Administration may not issue a decision denying the application or extinguish the act except in the cases and in the manner provided by that law.

In addition, section 7 of Law No. 8220, of 4 de marzo de 2002, Citizen Protection from Excessive Administrative Requirements and Procedures Law (Ley Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos), establishes a procedure for applying this mechanism. That provision states that applications for the granting of permits, licenses, or authorizations shall be deemed approved when the period granted to the Administration by the legal system for issuing a decision has expired without the Administration having ruled on them. Once this situation has arisen, the interested party may: a) Submit a letter to the Administration stating that the application was filed in complete form and that the Administration did not decide it within the prescribed period. In this case, on the following business day the Administration must issue a letter declaring that the period did in fact expire and the application was not approved, and that positive administrative silence therefore applied. b) Appear before a notary public so that the notary may certify, by means of a notarial record (acta notarial), that the application was filed in complete form and that the Administration did not decide it within the prescribed period.

It is essential to indicate that positive administrative silence gives rise, for all purposes, to an administrative act granting the application (acto administrativo estimatorio); that is, once the required formal requirements and the conditions established by the provision have been satisfied, a favorable administrative decision arises with full legal effect. This differs from negative administrative silence, whose consequence is solely procedural: namely, that the individual’s petition is deemed denied once the period of one or two months has elapsed, depending on whether the administrative proceeding is at the initial decision-making stage or the appellate stage. Thus, it has procedural effects only, in order to facilitate the interested parties’ access to a subsequent avenue of review. Consistently with this, the First Chamber of the Supreme Court of Justice, in judgment number 88 at 15:05 on 19 de octubre de 1994, stated as follows: “(…) In the absence of an express manifestation of intent by the Administration, the Law permits, under specific circumstances and for certain purposes, that intent to be presumed, whether negatively, as a denial, or positively, as an approval.

(…) Positive administrative silence, by contrast, constitutes a true administrative act (acto administrativo). This follows from the text of section 331 of the General Public Administration Law, which provides that, once such silence has occurred, ‘the Administration may not issue a decision denying the application or extinguish the act except in the cases and in the manner provided by law.’ For this reason, negative administrative silence is the rule in this area, whereas positive administrative silence is the exception and, as such, applies only in those cases permitted by the legal system. Section 330 of the General Public Administration Law permits positive administrative silence in three situations: a) when it is expressly established; b) when the matter concerns authorizations or approvals that must be granted in the exercise of oversight and supervisory functions; and c) when it concerns applications for permits, licenses, and authorizations.

Because positive administrative silence constitutes an administrative act equivalent to the requested authorization, license, or permit, cited section 331, subsection 1), provides that the application submitted must contain the requirements prescribed by law. In other words, for positive administrative silence to apply, the private party must have satisfied, in the application, each and every requirement imposed by the applicable provision; otherwise, the essential prerequisites for the act’s existence would be absent, and administrative silence could not apply when any of those requirements has been omitted, even if the responsible body or official fails to issue the corresponding request for correction (prevención). (…)” Now, precisely because it gives rise to a favorable act, positive administrative silence requires the concurrence of two conditions: 1) The application submitted to the Administration must satisfy all requirements imposed by the regulations in force; 2) One month must elapse without a response to that application.

Consequently, its application requires not only an omission by the Administration in response to an individual’s application and that such inaction be subject to positive administrative silence, but also compliance with all requirements and conditions prescribed by the legal system in relation to the application submitted. The absence of its essential prerequisites means that the act does not exist. This is so because administrative inaction cannot become grounds for violating the body of applicable statutory and constitutional law (bloque de legalidad y constitucionalidad). Consequently, positive administrative silence cannot apply when requirements established by the legal system have been omitted, even if the Administration does not rule within the prescribed periods. In such a case, the individual may resort to other proceedings in an effort to compel the Administration to fulfill its duty to respond to the applications submitted to it.

If the required conditions are met, positive administrative silence arises as a legal consequence and constitutes a true administrative act favorable to the applicant. Indeed, once it has occurred, the Administration may not issue a denial, disregard it, or extinguish it except through the mechanisms governing the revocation of favorable acts (supresión de actos favorables) under the legal system. Nevertheless, it should be noted that case law has established exceptions to the application of positive administrative silence in matters involving authorizations and permits. Thus, insofar as relevant, constitutional case law has repeatedly held that positive administrative silence is inapplicable to environmental and urban-planning matters (see, in this regard, judgments No. Placa27514, Placa27515, 2000-1895, 2003-6322, all issued by the Constitutional Chamber, as well as decision No. 0397-F-2001, issued by the First Chamber of the Supreme Court of Justice).

This is because Urban-Planning Law (Derecho Urbanístico), which governs matters relating to land-use planning (ordenación del territorio)—including the delimitation of the scope of urban property rights and the exercise of the urban-planning function as a public power—is subject to the constitutional principles of Environmental Law (Derecho Ambiental), since both form part of the legal concept of the environment and therefore implicate the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment. Nor is positive administrative silence applicable to public-domain property (bienes de dominio público), given the subject matter involved, since such property also implicates the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment and, ultimately, because property of this kind is not subject to prescription, attachment, or alienation and is, by its nature, intended for the use and enjoyment of the community at large and subject to the police power with respect to its use and exploitation.

This is expressly established, for example, by Article 4 of the Ley Forestal with respect to natural resources, and by section 27 of Decreto Ejecutivo N. 32565-MEIC, under which positive administrative silence is not applicable to licenses or permits for which its inapplicability has been established by law or case law. It follows readily from the foregoing that positive administrative silence does not apply to permits and authorizations relating to urban-planning or environmental matters, nor may they be deemed granted merely because the period for responding to them has elapsed. It could not be otherwise, considering that protection of the environment is an obligation of both the State, in the broad sense, and private parties, as required by section 50 of the Political Constitution; therefore, application of positive administrative silence to urban-planning and environmental matters would entail relinquishing the exercise of environmental oversight and protection powers, while also violating section 66 of the LGAP.

Thus, in this area, the absence of an express decision is an administrative dysfunction that cannot be transformed into a presumed authorization, since doing so would cause the private interest to prevail over the public interest in controlling urban development and protecting the environment.

V.The specific case. The plaintiff’s claim in these proceedings seeks a declaration that, in its case, affirmative administrative silence (silencio positivo) occurred and an order requiring the Municipalidad de San Rafael de Heredia to grant it the requested municipal business license (patente municipal). Based on the foregoing in the previous Considerando, the relief requested is clearly inadmissible. At the outset, the facts deemed proven make it clear that, in substance, what is sought is authorization, through affirmative administrative silence, of a business license (licencia comercial) that, in turn, involves the exercise of public powers in environmental and urban-planning matters, areas in which, as explained, that doctrine is inapplicable. By way of example, it should be noted that, from the beginning of the proceeding, the municipal entity questioned the construction of the establishment without the necessary building permits and within a special protection zone in which that type of construction is incompatible.

It was also alleged that the commercial activity conducted by the plaintiff was being carried out without the corresponding business license and, furthermore, that it did not correspond to the activity approved in the location decision (resolución de ubicación) or to those covered by the health permit granted pursuant to the Reglamento General para el Otorgamiento de Permisos Sanitarios de Funcionamiento del Ministerio de Salud (Decreto No. 33240-S). The foregoing also demonstrates that the plaintiff did not satisfy all the requirements established by the legal system for this type of license, as evidenced by the various formal actions of the municipal corporation in which it analyzed and communicated the different instances of noncompliance attributable to the claimant. Although the record does not show that the respondent municipality issued a final decision on the plaintiff’s business-license application (since the only item in the record is the legal adviser’s unfavorable opinion), the fact remains that such formal inaction cannot serve as a basis for affirmative administrative silence.

This is because the relief requested concerns matters in which this doctrine is inadmissible by statutory mandate and under judicial precedent, and because, in any event, the application did not satisfy all the conditions required by the applicable body of law (bloque de legalidad) governing the construction and operation of commercial establishments. Furthermore, it is apparent that certain aspects of the application are entirely inadmissible, such as the requirement under Decreto No. 25902-MP-MIVAH-MINAE that property intended for industrial activities have a minimum area that the plaintiff’s property does not meet. The Tribunal is mindful that the municipal corporation has a duty to issue an express administrative act resolving applications submitted by private parties, and that those parties consequently have the right to demand, through the mechanisms established by the legal system (for example, a constitutional amparo proceeding (recurso de amparo) or an amparo for legality (amparo de legalidad) before the administrative courts), that their petitions be addressed within a reasonable period.

Nevertheless, it bears repeating that the formal dysfunction in this matter cannot, under any circumstances, give rise to affirmative administrative silence or permit the granting of permits or licenses that have not satisfied the conditions required by the legal system, given the urban-development oversight powers involved and their impact on environmental matters. For the same reasons, this Tribunal cannot order the Municipalidad de San Rafael de Heredia to grant the requested business license, particularly where, as established, even the prerequisites set forth in the legal system for granting this type of municipal license have not been met.

VI.The defenses. The respondent local corporation raised the defenses of absence of a legal right (falta de derecho), lack of standing (falta de legitimación), and the general defense of sine actione agit. The latter must be rejected in accordance with the ruling of the Sala Primera de Justicia in judgment No. 317-F-S1-2008, at 9 hours 10 minutes on 2 de mayo de 2008, which stated: “XXIII.- (...) With respect to the general expression ‘sine actione agit,’ in light of procedural legal scholarship, it does not currently constitute any defense. It originated and was grounded in Roman law, principally during the second period of the formulary system, when the plaintiff could bring the defendant to trial only if Nombre24595 granted the plaintiff the formula-action. It referred to the absence of that ‘formula’ for appearing before Nombre24595. This archaic system of access to justice was superseded.

Therefore, for both historical and constitutional reasons, it cannot be asserted and is unacceptable. Moreover, that expression does not encompass the defenses of absence of a legal right, lack of interest, and lack of standing, as some have sought to establish. The ‘sine actione agit’ defense had its own purpose; it was never used to challenge the substantive right, as the three foregoing defenses do. Rather, what it challenged, as reiterated, was the valid establishment of the procedural relationship.” The defense of lack of standing, in both of its forms, must also be rejected. On the one hand, the action is brought pursuant to artículo 10 inciso 1 a) del Código Procesal Contencioso Administrativo and against the public entity alleged to have committed the dysfunctional conduct at issue, as provided in inciso 1) del artículo 12) of the same body of law. The defense of absence of a legal right must, however, be sustained because, as explained in the preceding considerandos, affirmative administrative silence is inapplicable to the business-license application submitted by the plaintiff, not only because it concerns environmental and urban-planning matters, but also because the application did not satisfy all the conditions and requirements imposed by the applicable body of law for approving this type of license and permit.

Accordingly, the granting of that license cannot be ordered; rather, the local entity must determine whether to grant it after verifying, of course, compliance with each and every requirement imposed by the applicable body of law governing that subject. For the foregoing reasons, the complaint must be dismissed in its entirety.

VII.Costs. Pursuant to numeral 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, procedural costs and attorneys’ fees (costas procesales y personales) constitute a burden imposed on the losing party by virtue of its having lost. Relief from such an award is available only when, in the Tribunal’s judgment, there was sufficient cause to litigate or when the judgment is rendered on the basis of evidence whose existence was unknown to the opposing party. In this case, this collegiate body finds no reason to apply the exceptions established by the applicable rules and depart from the principle requiring costs to be imposed on the losing party. Therefore, both categories of costs are imposed on the unsuccessful plaintiff.

POR TANTO.

The general expression sine actione agit is rejected, as is the defense of lack of standing in both of its forms. The defense of absence of a legal right raised by the Municipalidad de San Rafael de Heredia is sustained. Consequently, the complaint is dismissed in its entirety. Both categories of costs shall be borne by Nombre141516 .

Cynthia Abarca Gómez Marianella Álvarez Molina José Paulino Hernández Gutiérrez CASE FILE: 10-003029-1027-CA PROCEEDING DECLARED TO INVOLVE PURELY LEGAL ISSUES (PROCESO DECLARADO DE PURO DERECHO) PLAINTIFF: Nombre141516 DEFENDANT: MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA

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Tribunal Contencioso Administrativo, Central 2545-00-03 Fax 2545-00-33 Correo Electrónico ...01 _________________________________________________________________________ PROCESO DECLARADO DE PURO DERECHO ACTOR: Nombre141516 DEMANDADO: MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA No. 0258-2011-VI TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. SECCIÓN SEXTA. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. ANEXO A. Goicoechea, a las catorce horas cinco minutos del veintinueve de noviembre de dos mil once.

Proceso contencioso administrativo declarado de puro derecho establecido por Nombre141516 , soltero, cédula de identidad CED111333 y vecino de Santa Lucía de Barva de Heredia, representado por sus apoderados especiales judiciales Nombre141517 , casado, abogado, cédula de identidad CED111334, vecino de Santa Bárbara de Heredia y Nombre80415 , casado una vez, abogado, cédula de identidad CED111335 y vecino de San Joaquín de Flores, contra la MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA representada por su Nombre20665 Municipal Nombre141518 , casado, politólogo, cédula de identidad CED26722 y vecino de San Rafael de Heredia.

RESULTANDO

  1. 1El actor interpuso la demanda que ha dado origen al presente proceso para que, en lo medular, en sentencia: 1) Se declare con lugar la demanda. 2) Se tenga por operado el silencio positivo de la Administración y en consecuencia se ordene a la Municipalidad de San Rafael de Heredia, otorgue la patente municipal conforme a lo solicitado. 3) Se imponga a la Municipalidad demandada el pago de ambas costas de este proceso (folios 5 y 6 del expediente judicial y así fijadas en la audiencia preliminar).
  2. 2La Municipalidad accionada contestó la demanda y opuso las excepciones de falta de derecho, falta de legitimación y la genérica sine actione agit (folios 22 al 25 de este expediente).
  3. 3La audiencia preliminar establecida en el ordinal 90 del Código Procesal Contencioso Administrativo fue celebrada el 13 de setiembre de 2011, con la presencia de la parte actora únicamente. En dicha audiencia, se fijó la pretensión en los términos expuestos en el Resultando Primero, se determinaron los hechos controvertidos y se admitió prueba documental pertinente. Finalmente, de conformidad con el artículo 98 inciso 2) del citado Código, al no existir probanzas testimoniales o periciales que evacuar, la Jueza Tramitadora declaró este asunto de puro derecho y el apoderado de la parte accionante rindió conclusiones.
  4. 4El presente asunto fue remitido a la Sección Sexta el 8 de noviembre del año en curso, para el dictado del fallo correspondiente, según consta en sello de pase visible al folio 43 vuelto del expediente judicial. En los procedimientos ante este Tribunal no se han observado nulidades que deban ser subsanadas o que generen indefensión. Previa deliberación, se dicta esta sentencia dentro del plazo establecido en el párrafo segundo del artículo 98 del citado Código Procesal en relación numeral 82 inciso 4) del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de esta jurisdicción y se notifica dentro del plazo establecido por la Ley de Notificaciones Judiciales. Redacta la jueza ponente Abarca Gómez con el voto afirmativo de los juzgadores Álvarez Molina y Hernández Gutiérrez.

CONSIDERANDO

I.Hechos probados. De relevancia para efectos del presente proceso, se tiene por acreditado lo siguiente:

  • 1)El actor Nombre141516 es propietario del inmueble inscrito en el Registro Nacional, Partido de Heredia, matrícula de folio real Placa1768. Placa27513, situada en Los Ángeles de San Rafael de Heredia (certificación registral visible a folios 8 y 9 del expediente judicial).
  • 2)Mediante oficio OIM-004-09, de 7 de enero de 2009, el Inspector de Construcciones de la Municipalidad de San Rafael de Heredia comunicó a la Ingeniería Municipal de esa misma corporación que la obra que se pretendía construir en en la propiedad ubicada en Los Ángeles del Restaurante Ponte Vendra 50 metros al sur, a nombre del señor Nombre141516 , fue clausurada por no contar con los permisos aprobados por la Municipalidad (folios 17 al 22 del expediente administrativo).
  • 3)M ediante oficio MSRH-DCU-047-2009, de 15 de enero de 2009, el Departamento de Desarrollo de Control Humano de la Municipalidad demandada informó al actor sobre algunos aspectos relacionados con su solicitud de licencia de construcción para ampliación de casa de habitación. Indicó, entre otros, que el plano presentado no se correspondía con el proyecto a construir debido a que la vivienda que, se dice, se pretende ampliar ya había sido demolida, que se realizó el entubado del río sin contar con los permisos correspondientes, que no se aportó el pronunciamiento del Departamento de Aguas del Ministerio de Ambiente Energía y Telecomunicaciones; que no se aportaron los alineamientos del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo respecto de ese río y el del Departamento de Previsión Vial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y que la tapia fue construida sin permisos por lo que debería respetar la orden de clausura dictada (folio 23 del expediente administrativo) .
  • 4)La Municipalidad demandada dictó la resolución municipal de ubicación No. 109-2010, de 7 de julio de 2010, mediante la cual aprobó la ubicación del establecimiento para un galerón multiuso agro-industrial en el inmueble inscrito en el Partido de Heredia al folio real No. 126613-000, propiedad del actor. En dicha resolución se hace constar que el inmueble se ubica en una zona especial de protección según el Decreto No. 25902-MIVAH-MP-INVU, y que en él existe una construcción. Asimismo, se indica que esa resolución se extendía de acuerdo al Decreto 34728-S, de 9 de setiembre de 2008 y que la misma no implicaba la obligación de otorgar patente municipal o el permiso de funcionamiento, ni el de construcción. Finalmente, como observaciones se señala que el establecimiento no contaba con licencia de construcción, que debía presentar el alineamiento del INVU sobre la situación del cauce del río y que al estar en zona de protección, se encuentra afecto al Decreto No. Placa16666, en donde para poder desarrollar actividad comercial, la propiedad debe poseer 2 hectáreas de área (folio 97 del expediente administrativo).
  • 5)El 17 de julio de 2010, el actor solicitó al Departamento de Patentes del ente municipal accionado una patente comercial. Aportó al efecto el formulario de solicitud de licencia comercial, copia de su copia de la resolución de ubicación No. 109-2010, copia de la póliza de riesgo de trabajo y copia del permiso de salud No. 295-10 (documentos que constan del folio 106 al 110 del expediente administrativo).
  • 6)El 23 de julio de 2010, funcionarios municipales realizaron una inspección ocular al establecimiento propiedad del actor, como parte de las diligencias para resolver la solicitud de licencia comercial gestionada, y observaron que el local se encontraba clausurado por no contar con licencia comercial, artículo 79 y 81 bis del Código Municipal (folios 111 al 114 del expediente administrativo).
  • 7)El 26 de julio de 2010, la encargada de Patentes de la municipalidad demandada remitió al Nombre20665 el expediente correspondiente a la solicitud de licencia comercial de actor. Señaló, entre otros, la ausencia de alineamientos del INVU, que la actividad realizada no se ajustaba a la realidad, que el local no contaba con licencia comercial y que la propiedad se ubicaba en zona de protección. Por su parte, el Nombre20665 remitió el expediente al Asesor Legal Interno de ese ente territorial el 27 de julio de ese mismo año (folios 115 y 116 del expediente administrativo).
  • 8)En resolución No. 113-10, de las 9 horas 45 minutos del 29 de julio de 2010, el Administrador Tributario de la corporación local accionada trasladó el expediente de la solicitud del actor al Nombre20665 Municipal (folios 120 a 124 del expediente administrativo).
  • 9)El 16 de setiembre de 2010, el demandante presentó escrito ante el Departamento de Patentes de la municipalidad accionada en la cual acusaba que no se había dado ningún pronunciamiento sobre su solicitud de licencia comercial. Nombre136641, se aplicará el silencio positivo a su favor y se le otorgara la patente respectiva (folios 125 del expediente administrativo).
  • 10)Mediante oficio AL-241-MSRH-2010, de 29 de octubre de 2010, el Asesor Legal de la Municipalidad de San Rafael de Heredia rindió criterio al Nombre20665, sobre la solicitud de licencia comercial gestionada por el actor. En definitiva, señala que se encuentran inhibidos de otorgar la licencia en cuestión por no cumplirse con los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico (folios 157 a 163 del expediente administrativo).

II.Hechos no probados. De relevancia para lo que aquí se resuelve, se tiene por indemostrado lo siguiente: 1) Que la Municipalidad de San Rafael de Heredia haya resuelto la solicitud de licencia comercial gestionada por el actor (los autos son ayunos al respecto). 2) Que el accionante hubiere cumplido todos los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico para el otorgamiento de una licencia comercial para el establecimiento ubicado en su propiedad (no hay prueba que lo demuestre).

III.Objeto del proceso. De las pretensiones deducidas estima el Tribunal que el aspecto medular a resolver en este proceso gravita en determinar si operó o no el silencio positivo respecto de una solicitud de otorgamiento de licencia comercial, que gestionara el accionante ante la Municipalidad de San Rafael de Heredia. La parte actora acusa que desde el 17 de julio de 2010 presentó ante esa corporación municipal la solicitud y los requisitos necesarios para la patente de funcionamiento del establecimiento de su propiedad como galerón multiuso agro-industrial. Luego, su gestión fue traslada al Nombre20665 Municipal, pero a la fecha no le han concedido la referida patente, pese a que ha cumplido con todos y cada uno de los requisitos solicitados. Estima, por la inercia de la Administración operó el silencio positivo que se regula en los artículos 330 y 331 de la Ley General de la Administración Pública, razón por la cual no debe denegarse lo solicitado.

Concluye, de las pruebas se deduce la existencia de una serie de defectos de la Municipalidad que le han causado perjuicios al no contar con la patente municipal para ejercer la actividad comercial para la cual ese mismo ente otorgó el permiso. Por su parte, el ente demandado se opone a las pretensiones del actor y sostiene que su actuación se ajusta a derecho. Dice, el actor trata de sacar beneficio de su propio dolo endilgándoles un incumplimiento que, en realidad, es suyo. Explica que nunca se le otorgó un permiso de uso de suelo, sino únicamente una resolución de ubicación conforme al Decreto No. 34728-S, en la que se le advirtió expresamente que ese acto no implicaba la obligación de otorgar una patente municipal o permiso de funcionamiento y que el establecimiento no contaba con licencia de construcción. Explica que no es posible otorgarle el permiso de construcción porque el inmueble está ubicado en una zona de protección, como se le indicó desde la resolución No. 109-2010.

Agrega, tampoco es posible otorgar el permiso de funcionamiento por cuanto, además de lo ya señalado, su construcción era ilegal y no contaba con la licencia correspondiente, por lo que tampoco estaba al día con los impuestos municipales. Resalta que, por ello, se incumple con los requisitos generales que indica la formula de solicitud de licencia comercial. Aduce que el actor construyó el establecimiento sin el permiso correspondiente y además, ejerce una actividad comercial diferente a la aprobada en la resolución de ubicación y sin las licencias necesarias, lo que dice de la mala fe de sus actuaciones. Insiste, en que la solicitud del actor no se presentó con todos los requisitos exigidos, y que así le fue indicado en diversas ocasiones.

IV.Sobre el silencio positivo. Como derivación de las garantías constitucionales tuteladas en los artículos 27 (derecho de respuesta) y 41 (acceso a la justicia administrativa) de nuestra Carta Magna, frente a las gestiones, reclamos, consultas, peticiones o recursos formulados por el administrado ante los diferentes órganos y entes públicos, se genera el correspondiente deber jurídico para la Administración, de pronunciarse sobre éstos. Esa obligación se deriva, además, del numeral 329 de la Ley General de la Administración Pública (en adelante LGAP). No obstante, es lo cierto que ese deber de respuesta, no siempre se cumple. Por ello, el ordenamiento jurídico establece el silencio administrativo como un instituto a fin de conminar la existencia de una voluntad tácita o presunta de la Administración. En ese sentido, se reconoce el silencio negativo (que ante la inercia presupone el rechazo de la gestión formulada) y el positivo (que presupone la aceptación de la petición).

Interesa referirse al silencio positivo que se regula en los artículos 330 y 331 de la misma Ley General. Conforme a estas normas, el silencio de la Administración se entenderá positivo cuando así se establezca expresamente, cuando se trate de autorizaciones o aprobaciones que deban acordarse en el ejercicio de funciones de fiscalización y tutela y cuando se trate de solicitudes de permisos, licencias y autorizaciones. El plazo para que surja será de un mes, a partir de que el órgano reciba la solicitud de aprobación, autorización o licencia con los requisitos legales. Se establece también que acaecido el silencio positivo no podrá la Administración dictar un acto denegatorio de la instancia, ni extinguir el acto sino en aquellos casos y en la forma previstos en esa ley. Aunado a lo anterior, el artículo 7 de la Ley No. 8220, de 4 de marzo de 2002, Ley Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, establece un procedimiento para la aplicación de ese instituto.

Señala dicha norma que cuando se trate de solicitudes para el otorgamiento de permisos, licencias o autorizaciones, vencido el plazo de resolución otorgado por el ordenamiento jurídico a la Administración, sin que ésta se haya pronunciado, se tendrán por aprobadas. Producida esta situación, el interesado podrá: a) Presentar una nota a la Administración donde conste que la solicitud fue presentada en forma completa y que la Administración no la resolvió en tiempo. En este caso, la Administración deberá emitir, al día hábil siguiente, una nota que declare que, efectivamente, el plazo transcurrió y la solicitud no fue aprobada, por lo que aplicó el silencio positivo. b) Acudir ante un notario público para que certifique, mediante acta notarial, que la solicitud fue presentada en forma completa y que la Administración no la resolvió en tiempo. Es fundamental indicar que el silencio positivo genera un acto administrativo estimatorio para todos los efectos, es decir, cumpliéndose los requisitos formales exigidos y los presupuestos establecidos en la norma, nace una conducta favorable con plenos efectos jurídicos.

Lo anterior a diferencia del silencio negativo, cuya consecuencia es únicamente procesal, esto es, tener por denegada la petición del administrado cuando hayan transcurrido el plazo de uno o dos meses, según se esté en fase constitutiva o recursiva del procedimiento administrativo. Así, únicamente tiene efectos procesales para facilitar a los interesados el acceso a una vía de impugnación posterior. En este mismo sentido, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia número 88 de las 15:05 horas del 19 de octubre de 1994, ha señalado lo siguiente: "(…) Ante la ausencia de una manifestación de voluntad expresa por parte de la Administración, la Ley faculta, en circunstancias específicas y para ciertos efectos, la presunción de esa voluntad, ya sea un sentido negativo o desestimatorio, o bien, positivo o afirmativo. (…) El silencio positivo, en cambio, constituye un verdadero acto administrativo.

Así se desprende del texto del artículo 331 de la Ley General de Administración Pública, que dispone que acaecido este "no podrá la Administración dictar un acto denegatorio de la instancia, ni extinguir el acto sino en aquellos casos y en la forma prevista por la ley". Por esta razón, el silencio negativo es la regla en esta materia, en tanto que el positivo es la excepción y como tal sólo procede en aquellos casos permitidos por el ordenamiento jurídico. El artículo 330 de la Ley General de Administración Pública, admite el silencio positivo en tres hipótesis; a) cuando se establezca expresamente; b) cuando se trate de autorizaciones o aprobaciones que deban acordarse en el ejercicio de funciones de fiscalización y tutela; y c) cuando se trate de solicitudes de permisos, licencias y autorizaciones. Por constituir el silencio positivo un acto administrativo equivalente a la autorización, licencia o permiso solicitado, dispone el artículo 331, inciso 1), citado, que la solicitud que se presente debe contener los requisitos de ley.

Es decir, para que opere el silencio positivo, debe el particular haber cumplido en su gestión con todos y cada uno de los requisitos exigidos por la norma, pues lo contrario implicaría la ausencia de presupuestos esenciales para la existencia del acto, no pudiendo operar el silencio cuando se omita alguno de ellos, aunque el órgano o funcionario encargado no realice la respectiva prevención. (…)". Ahora bien, precisamente por la particularidad de generar un acto favorable, el silencio positivo supone la concurrencia de dos presupuestos condicionantes: 1) Que la solicitud presentada ante la Administración cumpla con todos los requisitos exigidos por la normativa vigente; 2) Que transcurra el plazo de un mes sin que se haya respuesta a aquélla. En consecuencia, para su procedencia no sólo es necesaria una conducta omisiva de parte de la Administración ante una solicitud del administrado y que esa inactividad esté sancionada con el silencio positivo, sino además el cumplimiento de todos los requisitos y exigencias que en relación a la gestión formulada, el ordenamiento jurídico disponga.

La ausencia de sus presupuestos esenciales supone la inexistencia del mismo. Esto es así porque la inactividad administrativa no puede constituirse en un motivo para lesionar el bloque de legalidad y constitucionalidad vigentes. En consecuencia, no puede operar el silencio positivo cuando se omitan requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico, aunque la Administración no se pronuncie dentro de los plazos establecidos. En este caso, puede el administrado acudir a otros procesos en procura de que se obligue a la Administración a cumplir con su deber de dar respuesta a las gestiones ante ella formuladas. De cumplirse con los presupuestos requeridos se produce, como efecto legal, el silencio positivo, que se constituye como un verdadero acto administrativo favorable para quien lo gestiona. Nótese que, incluso, una vez acaecido, no puede la Administración dictar un acto denegatorio, desconocerlo o extinguirlo, sino es por los mecanismos de supresión de actos favorables que el ordenamiento jurídico regula.

Con todo, debe señalarse que, jurisprudencialmente se ha establecido que –en materia de autorizaciones y permisos- existen excepciones a la aplicación de la figura del silencio positivo. Así, en lo que interesa, la jurisprudencia constitucional ha señalado en forma reiterada que en materia ambiental y urbanística, el silencio positivo resulta inaplicable (en este sentido pueden consultarse las sentencias No. Placa27514, Placa27515, 2000-1895, 2003-6322, todas de la Sala Constitucional, así como el fallo No. 0397-F-2001, dictado por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia). Ello es así porque al Derecho Urbanístico, que regula lo atinente a la ordenación del territorio (que comprende la delimitación del contenido de la propiedad urbana y el ejercicio de la función urbanística como potestad pública), le son aplicables los principios constitucionales del Derecho Ambiental, toda vez que ambos integran el concepto jurídico de ambiente, y por ello, comprometen el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

Tampoco resulta aplicable el silencio positivo respecto de los bienes de dominio público, en atención a la materia de que se trata, toda vez que también comprometen el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y, en última instancia, a la naturaleza de este tipo de bienes en tanto son imprescriptibles, inembargables e inalienables y por vocación están dispuestos al uso y disfrute de la colectividad en general y está sujeto al poder de policía en lo que respecta a su uso y aprovechamiento. Así por ejemplo lo establece expresamente el artículo 4 de la Ley Forestal respecto de los recursos naturales y el ordinal 27 del Decreto Ejecutivo N. 32565-MEIC, según el cual el silencio positivo no resulta aplicable a las licencias o permisos en que, por disposición legal o jurisprudencial, se haya establecido su inaplicabilidad. De lo expuesto se deriva con facilidad que, tratándose de permisos y autorizaciones relativas a la materia urbanística o ambiental, no resulta aplicable el silencio positivo ni pueden estimarse otorgados por el transcurso del plazo para su contestación.

No podría ser de otra forma si se toma en cuenta que la protección del ambiente es una obligación tanto del Estado (en sentido amplio) como de los particulares, como exigencia impuesta por el numeral 50 de la Constitución Política; por lo que, la aplicación de la figura del silencio positivo en asuntos urbanísticos y ambientales, implicaría una renuncia al ejercicio de potestades de control y protección ambiental, con violación, además, del canon 66 de la LGAP. Así, en esta materia, la ausencia de resolución expresa, es una disfunción administrativa que no puede convertirse en una autorización presunta, pues ello implicaría la prevalencia del interés particular sobre el interés general en el control del desarrollo urbano y la protección del ambiente.

V.Sobre el caso concreto. La pretensión de la parte actora en este proceso se dirige a que se declare que, en su caso, operó el silencio positivo y se ordene a la Municipalidad de San Rafael de Heredia otorgarle la patente municipal solicitada. Con base en lo expuesto en el Considerando anterior, lo pedido resulta, a todas luces, improcedente. De inicio, el elenco fáctico que se ha tenido por acreditado deja claro que, en el fondo, lo que se pretende es que vía silencio positivo se autorice una licencia comercial que involucra, a su vez, el ejercicio de potestades públicas en materia ambiental y urbanística, aspectos en los que, según se ha explicado, ese instituto es inaplicable. A modo de ejemplo, nótese que desde el inicio del procedimiento el ente municipal ha cuestionado que se haya construido el establecimiento sin los permisos de edificación necesarios y en una zona especial de protección en la que, ese tipo de construcciones, no resulta compatible.

Además, se recriminó que la actividad comercial que lleva a cabo el actor se ejerza sin la correspondiente licencia comercial y que además, no se correspondiera con la aprobada en la resolución de ubicación ni con las que cobijaría el permiso de salud otorgado conforme al Reglamento General para el Otorgamiento de Permisos Sanitarios de Funcionamiento del Ministerio de Salud (Decreto No. 33240-S). Lo expuesto pone de manifiesto, también, que el actor no cumplió con todos los requisitos que el ordenamiento jurídico establece para este tipo de licencias, tal y como se desprende de las distintas conductas formales de la corporación municipal en las que analizó y comunicó los distintos incumplimientos en los que incurrió el accionante. Si bien no consta en autos que la municipalidad accionada haya resuelto, en definitiva, la solicitud de licencia comercial planteada por el actor (ya que lo único que consta es el criterio negativo del asesor legal), lo cierto es que esa inactividad formal no puede servir de puente para que opere el silencio positivo.

Ello porque lo pedido versa sobre materias en las que este instituto resulta improcedente por mandato legal y desarrollo jurisprudencial, y porque, en todo caso, esa solicitud no cumplió con todas las condiciones exigidas por el bloque de legalidad vigente en materia de edificación y funcionamiento de establecimientos comerciales. A mayor abundamiento, se observa que hay aspectos en los que la gestión resulta del todo improcedente, como por ejemplo, el relativo a que el Decreto No. 25902-MP-MIVAH-MINAE exija que el inmueble que pretenda dedicarse a actividades industriales cuente con una área mínima que la propiedad del actor no alcanza. Tiene claro el Tribunal que existe un deber de la corporación municipal de resolver por acto expreso las gestiones planteadas por los administrados, y el consecuente derecho de éstos de exigir, por las vías que el ordenamiento establece (por ejemplo, el recurso de amparo o el amparo de legalidad en sede contenciosa administrativa), que sus peticiones sean atendidas dentro de un plazo razonable.

Más, se insiste, la disfunción formal en esta materia no puede, bajo ninguna circunstancia, generar silencio positivo ni permitir el otorgamiento de permisos o licencias que no han satisfecho las condiciones exigidas por el ordenamiento jurídico, por las potestades de control urbano involucradas y por su incidencia en la materia ambiental. Por las mismas razones, no puede este Tribunal ordenar a la Municipalidad de San Rafael de Heredia que otorgue la licencia comercial solicitada, menos aún si ni siquiera se cumplen los presupuestos establecidos en el ordenamiento jurídico para el otorgamiento de este tipo de licencias municipales, según ha sido acreditado.

VI.Sobre las excepciones. La corporación local accionada opuso las excepciones de de falta de derecho, falta de legitimación y la genérica sine actione agit. Esta última debe rechazarse conforme a lo señalado por la Sala Primera de Justicia en la sentencia No. 317-F-S1-2008, de las 9 horas 10 minutos del 2 de mayo de 2008, en la cual indicó: "XXIII.- (...) En torno a la expresión genérica "sine actione agit", a la luz de lo señalado por la doctrina procesalista, en la actualidad, no configura defensa alguna. Tuvo su origen y fundamento en el derecho romano, principalmente en el segundo período del Derecho Formulario, cuando el actor sólo podía llevar a juicio al demandado si el Nombre24595 le otorgaba la fórmula-acción. Hacía referencia a la inexistencia de esa "fórmula" para acudir ante el Nombre24595. Este sistema arcaico de acceso a la justicia fue superado. Por lo tanto, no sólo por razones históricas, sino también constitucionales, resulta inoponible e inaceptable.

Además, tal expresión no comprende las defensas de falta de derecho, de interés, y de legitimación, como se ha querido establecer. La defensa "sine actione agit" tuvo una finalidad propia, con ella nunca se atacó el derecho material, lo cual sí hacen las tres indicadas excepciones. Lo que se combatía con ella, se reitera, era la válida constitución de la relación procesal ". Debe rechazarse también la falta de legitimación en su doble modalidad. Por una parte, la acción se formula al amparo del artículo 10 inciso 1 a) del Código Procesal Contencioso Administrativo y en contra del ente público que, se estima, autor de la conducta disfuncional que se reclama, tal y como lo dispone el inciso 1) del artículo 12) del mismo cuerpo normativo. Sin embargo, debe acogerse la excepción de falta de derecho toda vez que, conforme lo expuesto en los considerandos anteriores, el silencio positivo resulta inaplicable en la solicitud de licencia comercial gestionada por el actor no solo porque se refiere a materia ambiental y urbanística, sino además porque la gestión no cumplió con todas las condiciones y requisitos exigidos por el bloque de legalidad vigente para la aprobación de ese tipo de licencias y permisos.

Por ello, no puede ordenarse el otorgamiento de esa licencia, sino que será el ente local quien determine su otorgamiento o no verificando, claro está, el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos que exige el bloque de legalidad vigente en esa materia. Por lo expuesto, debe declararse sin lugar la demanda en todos sus extremos.

VII.Sobre las costas. De conformidad con el numeral 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas procesales y personales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo. La dispensa de esta condena solo es viable cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. En la especie, no encuentra este órgano colegiado motivo para aplicar las excepciones que fija la normativa aplicable y quebrar el postulado de condena al vencido. Por ende, se imponen ambas costas al demandante vencido.

POR TANTO.

Se rechaza la expresión genérica sine actione agit, así como la excepción de falta de legitimación en su doble modalidad. Se acoge la excepción de falta de derecho interpuesta por la Municipalidad de San Rafael de Heredia. En consecuencia, se declara sin lugar la demanda en todos sus extremos. Son ambas costas a cargo de Nombre141516 .

Cynthia Abarca Gómez Marianella Álvarez Molina José Paulino Hernández Gutiérrez PROCESO DECLARADO DE PURO DERECHO ACTOR: Nombre141516 DEMANDADO: MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DE HEREDIA

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    • Environmental Procedure — Amparo, TAA, Administrative RemediesProcedimiento Ambiental — Amparo, TAA, Remedios Administrativos

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      • Ley 7575 Forestry Law
      • Ley 8220 Protection of Citizens from Excessive Administrative Requirements and Procedures

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      • Ley 7575 Ley Forestal
      • Ley 8220 Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos

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