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Res. 00064-2011 Tribunal Contencioso Administrativo Sección VII · Tribunal Contencioso Administrativo Sección VII · 18/08/2011

Nullity of Decree 17023-MAG on Tivives Protective ZoneNulidad del Decreto 17023-MAG sobre Zona Protectora Tivives

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OutcomeResultado

Annulment for procedural defectsAnulación por vicios procesales

The Contentious-Administrative Tribunal annulled the lower-court judgment that declared the nullity of Decree 17023-MAG, due to defects of incongruence, lack of reasoning, and failure to rule on incidents and joinders, remanding the case for a new decision in accordance with the law.El Tribunal Contencioso Administrativo anuló la sentencia de primera instancia que declaró la nulidad del Decreto 17023-MAG, por vicios de incongruencia, falta de motivación y omisión de pronunciamientos sobre incidentes y apersonamientos, devolviendo el expediente al juzgado de origen para que dicte nueva resolución conforme a derecho.

SummaryResumen

The Seventh Section of the Administrative Appeals Tribunal annulled the lower court's ruling that had declared the absolute nullity of Executive Decree 17023-MAG (1986), which established the Tivives Protective Zone. The appellate court found defects of incongruence and lack of reasoning in the challenged judgment, as the lower court failed to analyze the State's defenses and exceptions—such as lack of current interest, lack of right, lack of standing, and statute of limitations—and did not address several joinders of supporting parties or an incident concerning new documents. Furthermore, the lower court relied on arguments not subjected to adversarial debate, such as the retroactive application of Articles 361-363 of the General Public Administration Act. Consequently, the tribunal annulled the judgment and remanded the case to the lower court for a new decision in accordance with the law, without ruling on the merits of the appeals filed by the State and the Comptroller General's Office.El Tribunal Contencioso Administrativo Sección VII anuló la sentencia de primera instancia que había declarado la nulidad absoluta del Decreto Ejecutivo 17023-MAG de 1986, creador de la Zona Protectora Tivives. El tribunal de alzada detectó vicios de incongruencia y falta de motivación en el fallo impugnado, porque el juzgador omitió analizar las alegaciones y excepciones opuestas por el Estado demandado —como la falta de interés actual, de derecho, de legitimación activa y de caducidad— y no se pronunció sobre varios apersonamientos de coadyuvantes ni sobre un incidente de documentos nuevos. Además, resolvió con base en argumentos no sometidos al contradictorio, como la aplicación retroactiva de los artículos 361-363 de la Ley General de la Administración Pública. Por ello, anuló la sentencia y devolvió el expediente al juzgado de origen para que, subsanados los yerros, dicte nueva resolución conforme a derecho, sin pronunciarse sobre el fondo de los recursos presentados por el Estado y la Contraloría General de la República.

Key excerptExtracto clave

III.- APPEAL OF THE COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC: The comptroller authority joined the process as a passive intervening party, through a brief filed before the lower court on October 5, 2010, i.e., after the first-instance judgment was rendered, simultaneously to, after several substantive arguments of the appeal, it requested the admission of evidence, the reversal of judgment No. 2495-2010, and the dismissal of the claim (see folios 865-884). IV.- ON THE DEFECT OF ABSOLUTE NULLITY IN JUDGMENTS: Before addressing the defects to be mentioned, it is necessary to note that judgments must be coherent and, of course, reasoned. These inescapable duties of the judge are found in Article 24 of the Regulatory Law of the Contentious-Administrative Jurisdiction and Articles 98(2), 99, 153(1), 155(1) and (3)(e), and 194 of the Civil Procedure Code. The defects appear when the court does not rule within the limits of the claims formulated by the parties and the allegations made to ground the action and the opposition, or when it rules by omitting analysis of the substantive issues framed by the parties, or of the exceptions, to the detriment of one of them, which generates the defect of absolute nullity of the judgment and compels its declaration even ex officio. V.- ON THE DEFECTS BY OMISSION IN THE SPECIFIC CASE: In the present case—noting that no opinion is advanced in any sense as to the merits—this collegiate body evidences the existence of grounds for nullity both in the proceedings and in the appealed judgment, which render it invalid.III.-APELACION DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA: El órgano contralor se apersonó al proceso como coadyuvante pasivo, mediante escrito presentado ante el Juzgado A Quo el día 5 de octubre de 2010, es decir después de dictada la sentencia de primera instancia, y simultáneamente, tras varios argumentos de fondo del recurso de apelación, solicitó la admisión de prueba, revocar la sentencia No. 2495-2010 y declarar sin lugar la demanda ( ver folios 865-884 ) . IV.- SOBRE EL VICIO DE NULIDAD ABSOLUTA EN LAS SENTENCIAS: De previo a abordar los vicios que se dirán, es necesario advertir que las sentencias deben ser congruentes y desde luego motivadas. Estos deberes ineludibles del juez se encuentran en los artículos 24 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y 98 inciso 2), 99, 153 párrafo primero, 155 párrafo primero e inciso 3) punto e) y 194 del Código Procesal Civil. Los vicios se manifiestan cuando no se juzga dentro de los límites de las pretensiones formuladas por las partes y de las alegaciones deducidas para fundamentar la acción y la oposición, o bien, cuando se juzga omitiendo el análisis de cuestiones de fondo fijadas por las partes, o de las excepciones, en desmedro de una de ellas, lo que genera el vicio de nulidad absoluta del fallo y obliga a su declaratoria aún de oficio. V.- SOBRE LOS VICIOS POR OMISION EN EL CASO CONCRETO: En el presente caso, -haciendo la salvedad que no se adelanta criterio - en ningún sentido -, en cuanto al fondo del asunto- éste órgano colegiado evidencia la existencia de causales de nulidad en el procedimiento y en la sentencia apelada, que la invalidan.

Pull quotesCitas destacadas

  • "Los vicios se manifiestan cuando no se juzga dentro de los límites de las pretensiones formuladas por las partes y de las alegaciones deducidas para fundamentar la acción y la oposición, o bien, cuando se juzga omitiendo el análisis de cuestiones de fondo fijadas por las partes, o de las excepciones, en desmedro de una de ellas, lo que genera el vicio de nulidad absoluta del fallo y obliga a su declaratoria aún de oficio."

    "Defects appear when the court does not rule within the limits of the claims formulated by the parties and the allegations made to ground the action and the opposition, or when it rules by omitting analysis of the substantive issues framed by the parties, or of the exceptions, to the detriment of one of them, which generates the defect of absolute nullity of the judgment and compels its declaration even ex officio."

    Considerando IV

  • "Los vicios se manifiestan cuando no se juzga dentro de los límites de las pretensiones formuladas por las partes y de las alegaciones deducidas para fundamentar la acción y la oposición, o bien, cuando se juzga omitiendo el análisis de cuestiones de fondo fijadas por las partes, o de las excepciones, en desmedro de una de ellas, lo que genera el vicio de nulidad absoluta del fallo y obliga a su declaratoria aún de oficio."

    Considerando IV

  • "...el fallo debe pronunciarse respecto de todas las pretensiones deducidas y excepciones opuestas, a la vez que hacer un análisis —claro, expreso y preciso—, de las cuestiones de fondo o alegaciones aducidas para fundamentar la acción y la oposición y las excepciones opuestas; asegurando a las partes igualdad de tratamiento, siendo que la ausencia de alguno de esos extremos configura desequilibrio procesal y quebranto del derecho de defensa y debido proceso..."

    "...the judgment must rule on all the claims made and exceptions asserted, while also making a clear, express, and precise analysis of the substantive issues or allegations adduced to ground the action and the opposition and the asserted exceptions; ensuring equal treatment for the parties, so the absence of any of these elements creates a procedural imbalance and a breach of the right of defense and due process..."

    Considerando IV

  • "...el fallo debe pronunciarse respecto de todas las pretensiones deducidas y excepciones opuestas, a la vez que hacer un análisis —claro, expreso y preciso—, de las cuestiones de fondo o alegaciones aducidas para fundamentar la acción y la oposición y las excepciones opuestas; asegurando a las partes igualdad de tratamiento, siendo que la ausencia de alguno de esos extremos configura desequilibrio procesal y quebranto del derecho de defensa y debido proceso..."

    Considerando IV

  • "Siendo evidente la equivocación del A Quo en cuanto al fundamento normativo invocado para el rechazo de dicha articulación. ... No se trata de nuevos hechos, sino de documentos."

    "The error of the lower court as to the normative basis invoked for rejecting that objection is evident. ... It is not a matter of new facts, but of documents."

    Considerando V, punto 4

  • "Siendo evidente la equivocación del A Quo en cuanto al fundamento normativo invocado para el rechazo de dicha articulación. ... No se trata de nuevos hechos, sino de documentos."

    Considerando V, punto 4

Full documentDocumento completo

Procedural marks

Trial Court for Contentious-Administrative Matters, Section VII Date of Resolution: August 18, 2011, at 4:30 p.m.

Case File: 06-000318-0163-CA Type of Matter: Ordinary Proceeding Analyzed by: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Type of Content: Majority Vote Topics (descriptors): Principle of congruence in contentious-administrative matters Subtopics: Concept and scope regarding nullity. Topics (descriptors): Nullity of the contentious-administrative judgment Subtopics: Scope of the defect of incongruence and the possibility of being declared ex officio. Judgments in the same sense 2 NUE 06-000318-0163-CA No. 64 - 2011 - VII TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. SECCION SETIMA. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. Goicoechea, ANEXO A; at sixteen hours thirty minutes on the eighteenth of August, two thousand eleven.

Ordinary proceeding processed in the Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, filed by TERMINAL DE CONTENEDORES INTEROCEÁNICOS S.A., legal identification number CED118586- (formerly TERMINAL DE CONTENEDORES DE COSTA RICA, S.A., legal identification number CED118587), represented by its unlimited general agent Nombre66658, of legal age, married once, resident of San Miguel de Santo Domingo de Heredia, businesswoman, holder of identity card number CED118588 (pages 4 and ); represented, in turn, by her special judicial agent, Mr. Nombre71606, of legal age, married, attorney, resident of San José and holder of identity card number CED117922 (page 10); against the STATE, represented by Ms. Nombre14097, of legal age, attorney, Deputy Procuradora (page 18) and Mr. Nombre38245, of legal age, attorney, deputy procurador (page 252). Also appearing as coadjuvants: The CÁMARA DE TURISMO Y COMERCIO DE PUERTO CALDERA, with legal identification number CED118589, represented by Nombre80045, identity card CED118590 (pages 50 and 51). The MUNICIPALIDAD DE ESPARZA, represented by its MAYOR, Nombre150356, other details unknown (pages 52-61). The ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE SALINAS DOS, with legal identification number CED118591, represented by Nombre80046, with identity card CED118592 (pages 62-64). The companies ICO NOVENTA Y UNO, S.A., and ICO DE ESPARZA NOVENTA Y SIETE, S.A., with legal identification numbers CED118593 and CED118594 respectively, represented by Nombre70711, of legal age, married in second nuptials, Nombre127049, resident of San José, identity card CED118595 (pages 65-67). TROPICAL TOURIST CORPORATION, legal identification number CED118596, represented by Nombre36366, of legal age, married, Attorney, resident of San José, identity card CED116523 (pages 68-69).

WHEREAS

1.- In this matter, the amount in controversy of which was set as inestimable (page ), the special judicial agent of the plaintiff requests that it be declared that: "(...) 2. Decreto Ejecutivo 17023-MAG of May 6, 1986, is absolutely null and void (absolutamente nulo) and therefore nonexistent because the legal requirements existing at the time of its promulgation were not fulfilled, namely Ley Forestal 4465 and its regulations. 3. That Decreto Ejecutivo 17023-MAG, under the provisions of articles 13, 16, 128, 129, and 158 of the Ley General de la Administración Pública, is an ineffective (ineficaz), invalid (inválido), and absolutely null and void act because it was not issued in accordance with the rules of science and technique required by the legal system itself for the adoption of the act and because the existing regulations governing the form and procedure for the creation of a protected zone were, in this specific case, repealed. 4. That Decreto Ejecutivo 17023-MAG, pursuant to the provisions of article 93 of the regulations to Ley Forestal 4465, never had the endorsement or approval of the Dirección General Forestal. 5. That Decreto Ejecutivo 17023-MAG is an administrative act of general scope that has not been duly communicated to the affected parties through the mandatory mechanism established by article 42 of the regulations of Ley Forestal 4465 and in harmony and concordance with article 140 of the Ley General de la Administración Pública. 6. That being before an absolutely null and void act, the Poder Ejecutivo and the State in general, through their officials, are legally prevented from ordering its execution; 7. That because it is an administrative act that is absolutely null and void due to the absence of requirements and formalities, Decreto Ejecutivo 17023-MAG is an invalid act and therefore nonexistent, and it must be declared as such and extinguished from the legal system; 8. That because the administrative act was not notified or communicated in the proper manner, NO PERIOD HAS ELAPSED THAT LIMITS THE DECLARATION OF ABSOLUTE NULLITY AND THE SUBSEQUENT INEFFECTIVENESS (ineficacia) THEREOF; 9. That in accordance with article 172 of the Ley General de la Administración Pública, being an absolutely null and void act, it cannot be rectified in accordance with the law (arreglado a derecho), nor cured (saneado), nor validated (convalidado); 10. That the State, in the event of unjustified opposition, shall be ordered to pay both sets of costs of this action, without prejudice to actions for damages that third parties affected may bring against it." (pages 82 to 93).

2.- The State answered the action in the negative and raised the exceptions of lack of current interest, lack of right, lack of active standing (legitimación ad causam activa), as well as the generic sine actione agit (pages 253-272). It also raised the preliminary defense of expiry (caducidad) (expiration of the period to file the claim) due to lack of active standing (sic), understood as the expiry of the action for having been filed outside the respective periods; this was rejected, as an interlocutory matter, by resolution of the lower court No. 1670-2008, at 10:00 hours on September 27, 2008, (pages 447 to 455).

3.- Licenciado Billy Araya Olmos, Judge of the indicated Court, in judgment No. 2495-2010 at 7:50 hours, on September 16, 2010, resolved: "THEREFORE: In accordance with the factual and legal catalogue appearing in the record, it is declared: 1. WITHOUT MERIT the exception of lack of right and the defense raised under the fiction called sine actione agit is rejected, both raised by the State. 2. The claim is declared partially with merit, only as to the following points: I. The absolute nullity of Decreto 17023-MAG of May 6, 1986, is declared, for contravening the provisions of article 36 and 37 of the former Ley Forestal of 1969 and Ley Orgánica del Ambiente, respectively. II. Under the shelter of articles 13, 16, 128, 128, 158, 166, 172 and 10, 35 of the Ley General de la Administración Pública, and Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, the ineffectiveness (ineficacia) of the aforementioned Decreto is declared, likewise, invalid (inválido) for failing to comply with the rules of science and technique required by the legal system and also, because it cannot be rectified in accordance with the law, by curing or validation. III. Because it is an absolutely null and void act, the State is legally prevented from executing it. 3. THE COMPENSATION FOR DAMAGES IS REJECTED because the plaintiff's patrimonial injuries nor lost profits were not convincingly demonstrated through legally accepted means of proof, this, based on the principle of the burden of proof established in article 317 CPC. 4. As to what is not expressly granted, it shall be understood as rejected. 5. The State is ordered to pay both sets of costs of this proceeding. LET IT BE NOTIFIED.-" (page 642 verso).

4.- The Contraloría General de la República appeared in the proceeding as a passive coadjuvant, but after the first-instance judgment was issued, and simultaneously filed an appeal, in a brief presented before the lower court on October 5, 2010 (see pages 865-884).

5.- Disagreeing with the decision, the State (pages 644-660) and the Contraloría General de la República (pages 865-884) appealed, both appeals being admitted, with suspensive effect, before this appellate Court, by resolution of the lower court, at 14:16 hours on December 16, 2010 (page 885).

6.- In the proceedings and in the judgment, grounds for nullity that invalidate it are observed, as will be indicated in the recitals section. This resolution is issued after prior deliberation.

Drafted by Judge Rodríguez Villalobos; and RECITALS I.- REGARDING THE PROVEN AND UNPROVEN FACTS.- Due to the manner in which it is resolved, a ruling on the proven and unproven facts and the grounds for the appealed decision is omitted.

II.- APPEAL OF THE STATE: The State filed an appeal against judgment No. 2495 of 7:50 hours on September 16, 2010, through the brief visible at pages 644 to 660, which we transcribe below, literally, and in single spacing, as a visual differentiator that what is stated therein is by the appellant, not the Court; and which extends to page 24 of this judgment. The following is the transcription:

"Claims that Decreto 17023 'breached the sanctity of article 36' 'of the former Ley Forestal of 1969', which required locating the area of the protected zone, defining its objectives, a preliminary land tenure study, a population census, financing for its protection, the preparation of maps, and the issuance of the decree. For this, it relies on an official communication from the Dirección de Asuntos Jurídicos of the Instituto de Desarrollo Agrario. It adds that the act was not reasoned, even more so if it negatively affects the sphere of private individuals, as in this case where it 'restricts' 'the right to property, commerce, and the free development of towns.' It affirms the lack of individualized notification to the residents and owners of Tivives so as not to empty that right. It classifies the act as a 'de facto expropriation', and adds an infringement of article 37 of the Ley Orgánica del Ambiente. It holds that it does not know if the plaintiff and its coadjuvants were expropriated. This signifies an absence of proof of judicial or administrative proceedings for that purpose, an omission it does not attribute to the plaintiff (2495-2010, recitals II.3), V and VI at the end).

After reproducing each of the nineteen facts of the claim (2495-2010, recital IV), and ruling on the merits of the matter (2495-2010, recital V), it referred to the defendant party as follows. It criticized the lack of substantiation of the exception of lack of interest, which it limited solely to page 267, and rejected it. It denied the exception of expiry because it had already been rejected on pages 447 to 455. It understood the exception of standing as limited to the preliminary defense of expiry, which thus suffered the same fate. Regarding the exception of lack of right, it remained silent (2495-2010, Recitals II.4) and VI), and rejected it in one line in the Therefore.

Regarding our response to the facts of the claim, we will refer to it later. Given the lack of the balance provided for in article 98, subsection 2) of the Código Procesal Civil, for now note that each one of them was refuted in the brief of February 18, 2008 (pages 253-264).

I.- OBJECTIONS AGAINST RESOLUTION 2494-2010 1) Alleged requirements of article 36 of Ley 4465 Article 36 of the Ley Forestal of 1969 does not establish what resolution 2495-2010 claims. When answering the claim in the brief of February 18, 2008 (pages 253-272), we offered a copy of Ley Forestal 4465 (page 270). Article 36 ibidem provided:

'The Ministerio de Agricultura y Ganadería shall keep, through the corresponding technical department, an account of this Fondo Forestal.' (page 279).

The above constitutes a direct violation of the law due to improper application. In reality, it was article 37 of the regulations to the Ley Forestal, Decreto 2923-A, which referred to the location of the area of the protected zone, the definition of its objectives, the preliminary land tenure study, the population census, the financing for its protection, the preparation of maps, and the issuance of the decree.

In the brief of February 18, 2008, when responding to the second and third facts of the claim (pages 255-256), which were not analyzed, we pointed out that when Decreto 17023 came into effect (La Gaceta No. 101 on June 2, 1986), Decreto 2923-A and its article 37 were no longer in effect, having been replaced by Decreto No. 16986 (La Gaceta No. 100 of May 30, 1986, pages 322-331).

Nor is it possible to retroactively require Decreto 17023 to meet the requirements contained in article 36 of the Ley Orgánica del Ambiente, 7554 of October 4, 1995 (La Gaceta 215 of November 13, 1995), since they govern only towards the future for creating new protected wilderness areas.

On the other hand, the appealed judgment indicates that 'whoever issues the act in question must have the competence and investiture of law.' This is in line with Decreto 17023, correctly issued by the Poder Ejecutivo, signed by both the President of the Republic and the Head of the respective ministry.

  • 2)Nonexistent breach of the right to property It is claimed that Decreto 17023 unduly restricts the right to property, and that the residents and owners of Tivives were not notified of the act. Neither were they given a reasonable period to comment on it. And, to date, it is not recorded that the plaintiff and its coadjuvants were expropriated.

The questions are numerous. There is ignorance of the judgment of the Sala Constitucional No. 7294 of 4:15 p.m. on October 13, 1998, where it holds that Decreto 17023, creating the Zona Protectora Tivives, has support in the Constitution, international treaties, and the law itself:

'First, even though Decreto No. 17023-MAG is partially based on the text of Law No. 4465, Ley Forestal of November 25, 1969, a legal norm in force that at the time supported the creation of the Zona Protectora Tivives, the repeal of said legal order does not imply the automatic repeal of the referred decree. It should not be forgotten that, ultimately, both Law No. 4465 -now repealed- and Decreto No. 17023-MAG are nothing more than the development of the content of article 50 of the Constitution, so that, even when the immediate regulation that provided the basis for the decree has been replaced by another, it subsists both because it was promulgated under the protection of the regulations in force at the time, and because it has its ultimate basis in the cited constitutional article... Likewise, the figure called 'zona protectora' is recognized in other texts of the legal system, which serve as a sufficient normative framework for Decreto No. Placa30772, despite the repeal of Law No. 4465, Ley Forestal of November 25, 1969, or the declaration of unconstitutionality of article 71 of Law No. 7575, Ley Forestal of February 13, 1996. Among the provisions referred to is article 32 of Law No. 7554, Ley Orgánica del Ambiente of October 4, 1995, transcribed in Recital IV. There are also norms contained in international conventions that regulate the type of conservation zones referred to, among them the Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat 'Ramsar Convention', signed on February 2, 1971, approved by the Asamblea Legislativa through Law No. 7224 of April 2, 1991, and the Convention for the Protection of Flora, Fauna and Natural Scenic Beauties of the American Countries, approved through Law No. 3763 of October 19, 1976.' In that order, since the Patrimonio Natural del Estado is under the administration of MINAET, through the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Ley de Biodiversidad, articles 22 and 28; Ley Orgánica del Ambiente, articles 32 and 38, Ley Forestal, articles 13, 14 and 15), the IDA lacks the competence to assert that Decreto 17023 was issued without the technical studies for land use. Moreover, as we will see below, for violating the provisions of Decreto 17023, the Instituto de Desarrollo Agrario was condemned in the constitutional jurisdiction.

Also disregarded was constitutional judgment No. 1763 of 4:45 p.m. on April 13, 1994, where it was ordered that the creation of the Zona Protectora Tivives does not entail expropriatory compensation in favor of the IDA, nor for its adjudications or leases at the charge of the State. On the contrary, the Sala Constitucional annulled those adjudications, without prejudice to those prior to May 6, 1986, and condemned the IDA in damages:

'IV…in accordance with articles 32 and 34 of the Ley Forestal, the forest patrimony of the State is constituted by all the forests and forest lands of the national reserves, of the areas declared inalienable, of the properties registered in its name, and of those belonging to the municipalities, autonomous institutions, and other organisms of the Public Administration; therefore, no organism of the Public Administration -central or decentralized- may expropriate, exchange, transfer, or alienate, under any title, deliver or lease, rural lands of its property or under its administration, without them having been previously classified by the Dirección General Forestal, in which case, if it considers them to be of forest aptitude, they will immediately be incorporated into the forest patrimony of the State. For this reason, if Decreto number 17023 affected part of the property acquired by the Instituto de Desarrollo Agrario at the time, the application of the terms of that regulation as well as of the cited articles of the Ley Forestal is immediate, so the respondent entity is not authorized to disapply them under the justification that a purchase process involving the corresponding compensation has not taken place. Thus, from the moment the repeatedly cited Decreto entered into force, the lands of the Salinas II property affected by the Zona de Conservación de Tivives, automatically became part of the forest patrimony of the State; these are norms of immediate application, which is why from that moment the Instituto de Desarrollo Agrario was unable to dispose of those lands and continue with the parcel project, except in the case of all those adjudications that had been agreed upon prior to the promulgation of the land, in which case the lots of the beneficiaries must be purchased or expropriated, unless, at the request of the Dirección General Forestal, their owners agree to submit to the respective forest regime (paragraph 2 of article 37 of the Ley Forestal); the adjudications agreed upon by the respondent institution after the entry into force of the cited Decreto over the lands included in the natural conservation zone of Tivives are not valid, since from that date -May six, nineteen eighty-six- it is not authorized to freely dispose of those properties, since their administration is the responsibility of the Dirección General Forestal, in coordination with the Municipalidad de Esparza and the Agricultural Centers: Regional Pacífico Central and Cantonal de Esparza; therefore, the permits it grants to develop agricultural activities in those territories do not imply an authorization to alienate or rent them, nor do they give rise to any real right over the property in favor of the concessionaire (article 41 of the Ley Forestal); in other words, the respondent authority cannot abstain from mandatorily complying with the norms that declare the automatic incorporation into the forest patrimony of the State of those properties classified as having forest aptitude, because those provisions are of immediate application due to the public interest that their content involves, which is the conservation of natural resources through their sustained and rational use (article 1 of the Ley Forestal). Therefore, any adjudication that has been agreed upon after May six, nineteen eighty-six, to date, is null, by virtue of the fact that it has disposed improperly of forest-protected lands…V…Consequently, the adjudications of plots authorized by the Instituto de Desarrollo Agrario over the lands of the Salinas II Property (included in the area declared by Decreto Ejecutivo number 17023-MAG as Zona Protectora Tivives), that had been agreed upon in the period extending from May six, nineteen eighty-six, until the month of April of this year, are annulled, without prejudice to those beneficiaries whose land was adjudicated prior to the first of the indicated dates. The respondents are condemned to pay the damages caused and the costs of the appeal, which will be settled, if applicable, in the execution proceeding of contentious-administrative matters.' In this case, the IDA's lease in favor of the plaintiff is not prior to the creation of the Zona Protectora Tivives in 1986. The contract of April 25, 1990 (pages 388-391), provided by the State when answering the action, is subsequent to Decreto 17023. The same applies to the lease of June 29, 2003 (pages 381-385), concluded on June 29, 2007 (see clause four at page 383). The plaintiff did not provide proof of its extension, which, if performed, would always be subsequent to Decreto 17023, and could not validly dispose over the geographic area of the cited Zona Protectora as ordered by the Sala Constitucional.

The absence of a proper examination of these documents indirectly violates substantive law, due to an error of law in the assessment of evidence, according to the provisions of articles 318 subsection 3), 368 and 370 of the Código Procesal Civil.

The Tribunal Contencioso Administrativo, Section V, in vote No. 1127 of 11:30 a.m. on June 16, 2009, and the Sala Primera, in judgment No. 995 of 9:10 a.m. on August 26, 2010, have observed the binding scope of constitutional judgment No. 1763-94, as we stated in the conclusions of August 31, 2010, point 1).

Our legal system recognizes the right to property legitimately acquired prior to the creation of protected wilderness areas. Article 7, first paragraph, of the Ley de Informaciones Posesorias, allows the titling of those lands if the exercise of ten-year possession prior to the effective date of the law or decree creating those wilderness areas is demonstrated.

Furthermore, article 37 of the Ley Orgánica del Ambiente stipulates that properties located within protected wilderness areas shall remain included within them until their payment or expropriation, except when they voluntarily submit to the forest regime. Thus, the norms creating these wilderness areas do not reduce to public domain the legitimately acquired private property. Therefore, it is unacceptable that Decreto 17023 of 1986 infringes article 37 of Law 7554. The latter promulgated, as stated, only until October 4, 1995 (La Gaceta No. 215 of November 13, 1995).

On the other hand, article 42 of Decreto 2923 (page 295), which provided for notification by notarial act upon the entry into force of the decree creating a protected wilderness area, was not part of the legal system at the date of the entry into force of Decreto No. 17023. As already noted, Decreto 17023 came into effect with its publication in La Gaceta No. 101 on June 2, 1986, when article 42 of Decreto 2923 was already repealed, according to Decreto 16986, published in La Gaceta No. 100 on May 30, 1986.

In its place, articles 81 of Decreto No. 16986 (page 328) and 92 of Decreto No. 19886 of August 27, 1990, appropriately established that the owners of forests and forest lands, declared protected zones by law or Decreto Ejecutivo, who wish to carry out agricultural activities or utilize those lands, must present the respective technical forest management plan, which will be analyzed by the Dirección General Forestal, except in cases and subject to other technical norms that the institution determines.

And, even starting from the hypothetical assumption of applying article 42 of Decreto 2923 to Decreto 17023, the individual notification provided for in the former had no effect on the validity of the declaration. The norm stipulated that the notification was made upon the entry into force of the decree creating the wilderness area (page 295); therefore, its non-execution could never entail its nullity.

Decreto 17023 took effect from 1986 with its publication (Ley General de la Administración Pública, articles 140 and 240.1). This is consistent with the criterion of the Sala Primera, judgment No. 26 of 11:15 a.m. on May 13, 1994, where it indicated that the decree creating a protected wilderness area is 'a general act, provided for in article 240 of the Ley General de la Administración Pública, for which the period for the statute of limitations begins to run with its publication, and not with the individualization of the effects'. See brief of February 18, 2008, response to the fifth fact of the claim, pages 257-258. The foregoing was reiterated in the conclusions of August 31, 2010, point 2) at the end.

Nor are articles 361 to 363 of the Ley General de la Administración Pública applicable to Decreto 17023. The plaintiff and its coadjuvants do not constitute a decentralized entity or a representative entity of general or corporate interests. And the possibility of submitting the project that culminated in Decreto 17023 to public opinion for a reasonable period according to article 361.2 of the Ley General de la Administración Pública, is a discretionary power of the Poder Ejecutivo, and not a duty.

  • 3)Reasoning of Decreto 17023 Having dismissed the gratuitous requirements and defects that judgment 2495-2010 demanded of Decreto 17023, it should be reiterated, as we noted in our conclusions brief of August 31, 2010, point 3), that the creation of the Zona Protectora Tivives was amply reasoned in the recitals of its constitutive norm:

'1°-That it is an essential function of the State to ensure the conservation, protection, administration, and promotion of the country's natural resources.

2°-That the Zona Protectora Tivives, Esparza, located on the Pacific coast, possesses a 532.50-hectare forest that has been considered the last representative remnant of the tropical dry forest existing in the Central Pacific region.

3°-That the Zona Protectora Tivives is protecting the drainage network and maintaining the flows and quality of water of the Jesús María River, Cambalache Creek, Corralillo Creek, and several springs (nacientes) and springs used by the region's inhabitants. In addition to protecting the maintenance of the flows and quality of water of the two WELLS used by the Caldera Project and INCOP.

4°-That the zone has peaks and hills such as Coyolar, Cambalache, and other minor hills with slopes greater than 45%, exposed to suffering erosion problems.

5°-That the area possesses great diversity of endangered species of flora and fauna that must be protected for their conservation and research.

6°-The Zona Protectora Salinas II of Esparza possesses great scientific and scenic value that provides good opportunities for carrying out scientific and recreational activities.

7°-That the Tivives mangrove swamp, located at the mouth of the Jesús María River, is the best conserved of the country's mangroves, and possesses characteristics of the North and South Pacific formations, with great structural development and high diversity.

8°-That the Tivives mangrove swamp is one of the most important breeding grounds for the fishery populations of the Gulf of Nicoya.' That technical justification does not contain 'pre-established formats or the mere citation of the legal precepts applied' as the appealed resolution indicates. It can be appreciated from such recitals that they respond to a technical analysis of the specific natural and associated conditions of the area.

The appealed judgment, on the contrary, does not contain a single element of judgment that contradicts those technical criteria set forth in the reasoning of Decreto 17023, and rather has it proven that the Poder Ejecutivo promulgated the creation of the Zona Protectora Tivives 'in the territories comprising the Mata de Limón and Tivives mangrove swamps, as well as the existing tropical dry forest remnant.' (Recital II, point 2).

The foregoing coincides with the evidence provided by the State when answering the complaint (folios 270-271), that is, with the technical reports that validate the information contained in the recitals of Decree 17023, relating to:

- Partial reproduction of the Barranca Cartographic Sheet with an overlay of the boundaries of the Tivives Protective Zone (folio 399), where the water resources included in the protected wild area can be seen: the Mata de Limón, Corralillo, Muerto, Salado, Estomblico, and Las Flores estuaries; the Jesús María River and its tributaries, the Cambalache, Cabuyas, and Corralillo streams. Forwarded by official communication No. SINAC-GP-05 of February 14, 2008 (folio 398).

- List of wells registered in the sector of the Barranca Cartographic Sheet where the Tivives Protective Zone is located (official communication from the Director of the Groundwater Area of the National Irrigation and Drainage Service No. ASUB-55-08), with the respective geographical coordinates and location map (folios 401-404).

- Identification and overlay of the cartographic points corresponding to sixteen wells in the Tivives Protective Zone, carried out by the IGN (official communication DGT-099-08) on a partial reproduction of the Barranca Cartographic Sheet (folios 406 and 407).

- Report No. ACOPAC-OSREO-067-2008 (folios 308-316), describing the native forest species, mangrove species, fauna, mangrove forest areas, and primary and secondary forest within the Tivives Protective Zone. According to that report, 44% of the Tivives Protective Zone constitutes forest, without prejudice to areas that correspond to forest lands (terrenos forestales), and 33% consists of mangrove areas, for a total of 77%.

None of these documents were subject to analysis by the lower court (A quo). There is an indirect violation of substantive law, consisting of an error of law in the assessment of evidence, pursuant to articles 318(3), 368 to 370 of the Code of Civil Procedure (Código Procesal Civil).

Additionally, by means of a motion for new documents (incidente de documentos nuevos) dated November 24, 2009, and based on article 293, subsections 1) and 4) of the Code of Civil Procedure, we attached:

- Report “Diagnóstico de los manglares de la costa pacífica de Costa Rica” (Diagnosis of the Mangroves of the Pacific Coast of Costa Rica), prepared for the Comisión Nacional de Manglares by Francisco Pizarro and Heidy Angulo, edited in 1993.

- “Estudio ecológico de Playa Tivives” (Ecological Study of Playa Tivives) prepared by geographer Nombre150357 and biologist Carmen Roldán Chacón, dated February 1986.

- “Evaluación del recurso biológico del manglar de Tivives” (Evaluation of the Biological Resource of the Tivives Mangrove) prepared by Nombre150358 and others for the Fundación de Parques Nacionales, Programa de Patrimonio Natural de Costa Rica, dated 1986.

These reports support several of the technical criteria outlined in the recitals of Decree 17023. However, despite being submitted in a motion for new documents, judgment 2494-2010, recital I, erroneously brought up article 313 of the Code of Civil Procedure and classified them as new facts (hechos nuevos), a provision intended for other scenarios, namely to expand the facts of the complaint or the counterclaim.

This directly violates the law by improper application, since the provision that allows the State's request, as stated in our motion for new documents, is article 293 of the Code of Civil Procedure, subsections 1) and 4), infringed by non-application.

This is not a matter of new facts, but of documents. These may even bear a date after the answer to the complaint, as long as they constitute supplementary evidence (Code of Civil Procedure, article 293, subsection 4), as is the case here; they are supplementary to the technical reports at folios 308-316, 398-399, 401-404, 406, and 407, provided when answering the action (folios 270-271).

Legal opinion C-323-2004, addressed to the Municipalidad de Esparza, had already been cited by us when answering the facts of the complaint 12 (folios 259-260) and 18 (folio 263), as well as to support the defenses of lack of right (falta de derecho) and lack of active standing (legitimación activa) (folios 264-263). It was simply incorporated into the case file, as was done with the Ley Forestal 4465 (274-287) and its regulations 2923 (folios 289-306) and 16986 (322-331), that is, to facilitate their reading and material access, since as normative sources they do not require proof; the Judge must be aware of them.

Therefore, in the conclusions of August 31, 2010, point 3), we recalled that legal opinion C-323-2004 is available in the Sistema Costarricense de Información Jurídica. It is part of the administrative case law (jurisprudencia administrativa) that makes up the legal system according to article 7 of the General Public Administration Act (Ley General de la Administración Pública), as the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) has ordered for our legal opinions. Consequently, its conclusions are applicable to the specific case:

"1. That the establishment of a protected wild area by means of an administrative act on lands legally designated for a specific public purpose different from the legal regime applicable to the area does not invalidate the act. This, in accordance with the precedent of the Constitutional Chamber contained in judgment number 2004-08928 of August 18, 2004, which is mandatory for public authorities as it is binding erga omnes (article 13 of the law of constitutional jurisdiction).

2. That the cited precedent is applicable to the case sub examine, so that the provisions of laws numbers 5582, 7018, and 7915 do not invalidate decree number 17-023-MAG that established the protective zone of Tivives.

3. That although the legislator may reduce the area of a protected wild area, the law doing so must be justified and supported by technical-environmental studies that guarantee no violation of article 50 of the Constitution. Otherwise, said law is unconstitutional, according to the rule contained in the precedent of the Constitutional Chamber established in judgment number 07294-98 of October 13, 1998, which is mandatory for public authorities as it is binding erga omnes (article 13 of the law of constitutional jurisdiction).

4. That the cited precedent is applicable to the case sub examine, so that the provisions in the fifth and sixth paragraphs of article 2 of law 5582, as amended by law 7915 of September 21, 1999, would be inapplicable due to unconstitutionality if the reduction of the area of the Tivives protective zone implied by the latter law is not justified and there are no technical-environmental studies guaranteeing the inviolability of article 50 of the Constitution.

5. Finally, and with regard to the change of ownership that the establishment of the Tivives protective zone implied concerning the lands that the IDA had acquired, it must be noted that forest law number 4465, in force at the time of establishing the protective zone, did not require the consent of the public entity owner for cases where publicly owned lands were included." Furthermore, note that official communication No. PGR-141-2009 of November 9, 2009, also attached as a new document, bears a date after the answer to the complaint: February 18, 2008 (folio 253), and therefore complies with subsection 1) of article 293 of the Code of Civil Procedure.

The rejection of these new documents, based on the argument supplied by the respondent incident party (plaintiff) (folio 623), that is, article 313 of the Code of Civil Procedure, is illegitimate and provides grounds to set it aside, so that this new evidence may be used in the ruling of the Superior Court.

Given the foregoing, the alleged omissions of the Dirección General Forestal in the preparation of Decree 17023 (folios 84-90) lack relevance.

In any case, let us review once more their sterile reproach. According to official communication DAJ-181-2006 of February 21, 2006 (folio 99), signed by the head of the Ministerio del Ambiente y Energía, a file such as the one requested was under the responsibility of another ministry.

In the same vein, official communication ACOPAC-AL-RESAGO-018-05 stated:

"...in the period when the Tivives Protective Zone was created and when the decree that gave rise to its creation was promulgated, which corresponds to the year 1986, the Department in charge of these procedures was the Department of Forest Reserves of the Dirección General Forestal, which at that time belonged to the Ministerio de Agricultura y Ganadería." (Folio 342).

As of June 21, 1990 (the effective date of Law No. 7152 of June 5 of that year), the Dirección General Forestal was transferred from the MAG to MIRENEM, granting it the administration of all forests, forest lands, and wild areas owned by the State or administered by the MAG up to that point), at which time the file may have been lost (see second paragraph of the cited official communication DAJ-181-2006, folio 99).

By then, the four years under article 175 of the General Public Administration Act, in its previous text in force here, to challenge Decree 17023 had also elapsed, since the term expired on June 2, 1990, as well as the three years under article 198 ibidem to claim damages.

Subsequently, the Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA), whose head was consulted regarding studies on land use (2nd paragraph of official communication DRP/PC/089-05, at folio 96), was not created until 2001, by Law No. 8149 of November 5, that is, fifteen years after the creation of the Tivives Protective Zone. See the written response to facts fifteen and seventeen of the complaint (folios 261-262), and point 4) of the written conclusions of August 31, 2010.

The foregoing must be analyzed in accordance with the principle of "in dubio pro natura", a fundamental principle of public environmental law. Thus, the Administrator of Justice must choose the interpretation that favors the environment and its associated resources, and demand the burden of proof from the party invoking a claim against it (Biodiversity Law, arts. 11 and 109). The lower court chose the opposite.

On this subject, see Judgment No. 281 at 16:00 hrs. of June 15, 2010, from the Administrative Contentious Appeals Court (Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo).

  • 4)Regarding the defenses a) The defense of lack of current interest (falta de interés actual) at folio 267 was denied. The ruling indicates a lack of legal grounds. This reproach does not exist. Indeed, when answering the second fact of the complaint (folios 255-256), we stated:

"Article 9, subsection e) of Decree No. 2923-A, in force during the issuance of Decree No. 17023-MAG, as amended by Decree No. 12073-A of November 28, 1980, stated the following:

'The functions of the Department of Forest Management and Utilization are:

(...) e) In coordination with the Research Department, execute the silvicultural treatments necessary to improve and ensure the permanence of the forest, after its utilization, in areas of forest vocation identified within the National Reserves, Forest Reserves, or State farms.' It should be noted that the constitution of the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) in Tivives precedes the issuance of Decree No. 17023-MAG, since the Ley Forestal No. 4465 already enshrined that regime in its article 18, a provision carried forward in subsequent laws 7174, articles 32, 33, and 35; 7575, articles 13 and 14. According to report No. ACOPAC-OSREO-067-2008, 44% of the Tivives Protective Zone constitutes forest, without prejudice to areas that correspond to forest lands.

In this regard, see judgment number 059-f-99 at 14:00 hrs. of February 5, 1999, from the First Chamber of the Supreme Court of Justice (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia), which refers to judgment number 51 at 15:15 hrs. of May 26, 1995, a judgment taken up again by the Agrarian Court (Tribunal Agrario) in its decision No. 721-2003 at 14:07 hrs. of October 31, 2003 (recitals XXIII and XXIV), and confirmed by the First Chamber in judgment No. 952-2005 at 16:20 hrs. of December 7, 2005, written by Judge González Camacho (recital VII).

Therefore, the action lacks current interest, since article 13 of the Forest Law does not require the studies referred to here by the plaintiff for the constitution of the State Natural Heritage.

According to the cited report No. ACOPAC-OSREO-067-2008, 808.37 hectares of mangrove, 33% of the Tivives Protective Zone, already had public domain status (condición demanial) as a public area of the maritime-terrestrial zone (artículos 1 and 11 of the Law on the Maritime-Terrestrial Zone No. 6043 of March 2, 1977, and article 4 of its Regulation) and also form part of the State Natural Heritage (article 73 of the Law on the Maritime-Terrestrial Zone, articles 13 of the Forest Law and 32 of the Organic Environmental Law, judgments of the Constitutional Chamber numbers 5399-93, 2777-98, 9158-98 recital I d), 2988-99, 2005-08945 and 2007-02063, among others).

The Tivives Protective Zone also includes other areas of the coastal zone (see official communication from the Instituto Geográfico Nacional No. DGT-035-2008), which were in the public domain prior to the declaration of this protected wild area (article 1 of Law No. 6043).

The plaintiff's claim must therefore be resolved in the sphere of the Legislative Branch, with an assessment of the need or otherwise to issue a law excluding those portions not necessary for the fulfillment of the purposes of said Heritage. The rule, in any case, must observe principles of proportionality and reasonableness, with the technical studies justifying the reduction of interest being part of its requirements (Organic Environmental Law, article 38).

These provisions have also been safeguarded in the constitutional sphere, specifically for the Tivives Protective Zone in the binding precedent No. 7294 of October 13, 1998.

In the terms set forth, the line of argument presented here is rejected." The defense of lack of current interest was also grounded when rejecting the third and fourth facts (folios 256-257); in the latter, it was added:

"Moreover, note that article 41 of Decree No. 2923-A lists aspects to consider 'for the classification of lands' and does not refer to article 37, to which it has no relation, as it concerns the classification of lands of agricultural or forest suitability for the purposes of articles 20 and 28 of Law No. 4465, developed by articles 38, 39, 40, 41, and 43 of the Regulation, aspects that have no bearing on the constitution of the State Natural Heritage and its protected wild areas.

This is so because, for determining the agricultural or forest suitability of lands, the various forest laws have referred to the use of the official methodology for determining land use capacity: articles 54 of Law No. 7032; 5 and 54 of Law No. 7174; and 3, subsection b) of Law No. 7575; a methodology that considers, among other aspects: relief, soil type, depth, stoniness, climate, and vegetation, just like the commented article 41 (the current methodology was made official by Decree No. 23214 of April 13, 1994), matters that are relevant, for example: for verifying the conforming use of the land for the activity carried out in cases of possessory information proceedings, the determination of permissible developments or works, the identification of deterioration risks due to overuse, etc." Likewise, always regarding the defense of lack of current interest, in the response to facts thirteen (folio 260) and seventeenth (bis) (folios 262-263), we again analyzed its appropriateness.

Judgment 2495-2010 (recital VI in fine) states that the defenses raised must be grounded in accordance with judgment 85-2001 of the First Chamber. We have already seen that the State proceeded in this manner.

Despite the foregoing, it should be noted that the analysis of the current interest regarding the plaintiff's claims must be carried out ex officio by the Judge at all stages of the proceeding. This is established by the First Chamber in judgment No. 465 of May 7, 2009:

"II.- On the lack of current interest. As this Chamber has repeatedly stated (see decisions no. 8, at 15:45 hours of January 5, 2000, and no. 6, at 14:30 hours of February 6, 1998), in matters submitted for its consideration, the Judge is obliged to analyze, even ex officio, the substantial or substantive prerequisites of any action, namely: right, standing, and interest. These are necessary conditions for the issuance of an upholding judgment, and therefore must be maintained throughout the entire proceeding. Thus, if the absence of one or more of them is detected, the Judge cannot rule on the merits of the dispute, thereby resulting in what is known in doctrine as an inhibitory judgment. This Tribunal, after studying the case file, is convinced that interest is not present in the sub examine. Interest is the need for protection in which a specific person finds themselves and which compels them to request the intervention of the respective jurisdictional body, with the purpose of resolving the legal conflict in which they are a party. In such a way, it can be said that it is the dissatisfaction of an interest protected by the legal system (legitimate interest) or a subjective right, which provokes the exercise of the right of action and motivates the formulation of the claim. It has also been said that it is the utility that the holder of a subjective right or a legitimate interest derives from judicial protection. Therefore, since it is imperative, as already stated, that it be maintained during the development of the entire proceeding, when it is necessary to analyze its subsistence, the judge must make a judgment of utility, comparing the effects of the requested jurisdictional decision with the utility that the person requesting it may obtain from such pronouncement. If the lack of a judgment causes harm or prejudice to the person who sought protection, there is interest; if it does not cause it, there is none. This is so, because the cause of the litigation, the conflict of interests, disappears." This precedent, dated after the written answer to the complaint, was cited by us in our conclusions of August 31, 2010, point 1), but like other arguments and evidence, it was overlooked.

  • b)As indicated at the beginning, the analysis of the defense of lack of right was omitted from the reasoning part of the challenged judgment. It was rejected in one line of the operative part (Por Tanto). This is serious. There is a direct violation of article 155, first paragraph of the Code of Civil Procedure for lack of reasoning.

It should be observed that the defense of lack of right was extensively grounded when answering the complaint (folios 264-266).

  • c)For the denial of the defense of lack of active standing to sue (falta de legitimación ad causam activa), judgment 2495-2010 (recital VI) merely reproduces the interlocutory decision 1670-2008 (folios 447-455), which addressed it as a preliminary matter for the purposes of the invoked expiration. However, the State, when answering the complaint, invoked lack of standing as a substantive prerequisite (folios 264-266).

Decision 1670-2008 does not analyze any of the points raised by the State when grounding that defense, and therefore it is also not useful for its denial in the judgment, which does not state, even briefly, the reasons that led the lower court to maintain what was decided.

The so-called "real estate patrimony" (folio 501) or buildings for customs activity (folio 83) that are alleged to be "affected by the zone protected by the decree" (folio 501) confer no standing whatsoever, given that if the Instituto de Desarrollo Agrario granted lease contracts over areas already previously incorporated into the Tivives Protective Zone, the claim for the value of any buildings erected under the validity of the lease contracts and according to their clauses is to be made by the Instituto de Desarrollo Agrario (legal opinion C-049-98 of March 20, 1998).

Even if it had proven its current status as a lessee, which it did not, that condition does not legitimize the plaintiff to claim alleged harmful effects of Decree 17023 on private property, as it does not hold an enforceable title of ownership (Civil Code, articles 267, 455, and 459(1)).

Indeed, no person who may have held the status of lessee can assert ownership rights for themselves. The reason is obvious, "no one may change by themselves, nor by the passage of time, the cause of their possession... Nor may the qualities or defects of possession be changed by one's own will, nor by the passage of time; as it began, so it always continues." (RAMÍREZ GRONDA. Diccionario Jurídico. Editorial Claridad, Buenos Aires, 6th Ed., p. 227. Cited in a Procuraduría communication of June 18, 1990, p. 40).

Therefore, lessees do not exercise possessory acts ad usucapionem (First Chamber, judgments numbers 45-1996, 607-2004, and 934-2006, and even less so in the case of public domain property (First Chamber, No. 952 at 16:20 hrs. of December 7, 2005, recital VI). See the written submission of February 18, 2008, response to the first fact of the complaint (folios 253-254), and conclusions of August 31, 2010, point 1).

  • d)For the denial of the defense of expiration of the action, the interlocutory order 1670-2008 was partially transcribed without analysis of why the decision at folios 447-455 deserved confirmation.

In any case, since there was no legal obligation to notify the owners or occupants of the lands involved within the declaration of the Tivives Protective Zone, Decree 17023 came into effect upon its publication in La Gaceta No. 101 on June 2, 1986. That publication is the starting point for the terms of its challenge (article 141.1 of the General Public Administration Act).

Pursuant to article 175 of the General Public Administration Act, previous text, but in force in this proceeding under the terms of Transitory Provision III of Law 8508, the four-year period to declare absolute nullity expired. This was timely indicated by the Minister of Environment and Energy in official communication No. DAJ-1799-2006 (folios 333-334). See the written answer to the complaint (folios 266-269), and point 3) of the written conclusions of August 31, 2010.

Judgment 2495-2010 does not analyze any of the reasons on which we based the defense of expiration. As we saw, it cites decision No. 1670-2008, which also does not specify the elements for computing the term to file the action, as it contains scant considerations relating solely to standing. (...) (up to here, the literal transcription of the State's appeal, visible at folios 644 to 660).

III.- APPEAL OF THE CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA: The controlling body appeared in the proceeding as a passive coadjuvant, by means of a written submission presented before the lower court on October 5, 2010, that is, after the first-instance judgment was handed down, and simultaneously, after several substantive arguments in the appeal brief, requested the admission of evidence, to overturn judgment No. 2495-2010, and to dismiss the complaint (see folios 865-884).

IV.- REGARDING THE DEFECT OF ABSOLUTE NULLITY IN THE JUDGMENTS: Before addressing the defects that will be mentioned, it is necessary to note that judgments must be coherent and, of course, reasoned. These unavoidable duties of the judge are found in articles 24 of the Regulating Law of the Contentious Administrative Jurisdiction (Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa) and 98(2), 99, 153 first paragraph, 155 first paragraph and subsection 3) point e), and 194 of the Code of Civil Procedure. The defects manifest themselves when judgment is not rendered within the limits of the claims formulated by the parties and the allegations deduced to ground the action and the opposition, or when judgment is rendered omitting the analysis of substantive issues defined by the parties, or of the defenses, to the detriment of one of them, which generates the defect of absolute nullity of the ruling and obliges its declaration even ex officio. On this subject, decision 1739-92 at eleven hours forty-five minutes of July first, nineteen ninety-two, handed down by the Constitutional Chamber, states, as relevant:

"(...) 'Due process demands that its conclusion by judgment respect at least certain constitutional principles linked to a true administration of justice; which can be summarized as follows: a.) / b.) Right to coherence of the judgment: It is the correlation between the accusation, evidence, and judgment, by virtue of which the latter must be based on the facts discussed and the evidence received in the proceeding. An important dimension of the principle of coherence is the circumstance of reasoning of the judgment, specifically indicating and justifying the means of evidence on which it is based and those it dismisses.'" (Emphasis added).

Decision No. 359-F-02 of 11:00 hrs. of May 3, 2002, handed down by the First Chamber of Cassation, explains in great detail that the absolute nullity of the ruling occurs due to the omission of a pronouncement on the claims and arguments debated by the parties; in relevant part, it specified:

"(...) among the substantive prerequisites that a jurisdictional pronouncement must inevitably contain to be considered a judgment, capable of establishing res judicata and exhausting the instance, it is necessary to find a pronouncement on the claim formulated in the complaint and on each of the points subject to debate. This implies, furthermore, by positive provision (article 155 of the Code of Civil Procedure), that a detailed analysis must be conducted of the procedural defects that must be corrected, a pronouncement rendered on motions regarding documents still pending resolution, the confession in default analyzed, the incontestable as well as unproven facts established, and the defenses raised resolved. All of the foregoing must be done within the strict limits set by the parties, regarding the facts, the law, and the claims. The determination reached by the Court on all these aspects must inevitably be reflected in the Operative Part. In the case of these substantive conditions of the judgment, their defective observance can indeed call into question the validity, and consequently, the effectiveness of the ruling on the merits. (...)

/ (...) when that jurisdictional decision presents a flagrant absence of some or all of the mentioned requirements (...) the pronouncement lacks its essential elements, and therefore, it is not a question of its validity, but of its existence. (...) We would be in the presence of a non-existent judgment, -and not an invalid one-, that is, a non-judgment, completely lacking the character of a relevant procedural act (...) Thus, if the parties fail to notice the situation, the judge may well ex officio make evident the need to issue a judgment that meets the legal requirements, since otherwise they would be limiting the parties' right to a second instance, incurring in arbitrariness, and denying the right. Besides the above, the non-existent judgment is a flagrant violation of the rights to equality before the law, to due process, particularly in its manifestation of the right of defense, and to justice, which must be carried out in strict conformity with the laws, all of constitutional origin (...)." (Emphasis added).

It is clear, then, that the ruling must pronounce on all claims made and defenses raised, while also making an analysis - clear, express, and precise - of the substantive issues or allegations adduced to ground the action and the opposition and the defenses raised; ensuring the parties equal treatment, as the absence of any of these elements constitutes procedural imbalance and a breach of the right of defense and due process, and therefore, constitutes a defect of absolute nullity that must be declared even ex officio (articles 24, 103 of the Regulating Law of the Contentious Administrative Jurisdiction, 98(2), 99, 194, and 155 of the Code of Civil Procedure).

V.- REGARDING THE DEFECTS BY OMISSION IN THE SPECIFIC CASE: In the present case, - with the caveat that no opinion is advanced - in any sense - as to the merits of the matter - this collegiate body identifies the existence of grounds for nullity in the proceeding and in the appealed judgment, which invalidate it. Let us see: 1.- In the third operative finding (Resultando tercero) of the appealed judgment, it is erroneously stated: "3- That the Contraloría General de la República appeared in the proceeding, according to the orders, expressing its support (coadjuvancy) to the defendant as known through the present instrument (Folio 219), however, by written submission of February 4, 2009, it requested the withdrawal of said coadjuvancy (Folio 547).", since these statements do not emerge from the judicial case file. Quite the contrary: The controlling body appeared in the proceeding as a passive coadjuvant, but after the first-instance judgment was handed down, by written submission presented before the lower court on October 5, 2010 (folios 865-866), requesting, simultaneously, after several substantive arguments in the appeal brief, the admission of evidence, the reversal of judgment No.

2495-2010 and the declaration without merit of the complaint (see folios 866-884). 2.- Additionally, the Tribunal observes that the Court did not rule on, nor notify anything, in any sense, regarding that appearance of the Contraloría General de la República, as co-adjuvant, at folios 865-866, in accordance with and for the purposes of article 12 of the Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.- 3.- Likewise, the Tribunal notes that the Court also did not rule, in a similar sense, regarding the appearance, as co-adjuvant, of TROPICAL TOURIST CORPORATION, at folios 68-69. The Court's resolution at folio 72 is silent on this matter. 4.- On the other hand, the Tribunal finds nullity of the proceeding and the appealed judgment because the Court granted a hearing and the A Quo erroneously resolved, as an "incident of new facts" (incidente de hechos nuevos), and based on the second paragraph of article 313 of the Código Procesal Civil, the incident relating to documents, denominated by the incident-moving State as "incident of new documents" (incidente de documentos nuevos), actually governed by article 293 of the Código Procesal Civil. See folios 536 to 625, regarding the Court's processing of the incident, and Considerando I of the appealed judgment, which literally states:

"I. INCIDENT OF NEW FACTS. The defendant (the State) provides a certified copy of Dictamen No. C-323-2004, issued by the Procuraduría General de la República, which concludes: "[...] 1. That the establishment of a protected wild area by means of an administrative act on lands legally designated for a specific public purpose distinct from the legal regime applicable to the area does not invalidate the act. This, in accordance with the precedent of the Sala Constitucional contained in judgment 2004-08928 of August 18, 2004, mandatory for public authorities because it is binding erga omnes [...] 2. That the cited precedent applies to the case under examination, so that the provisions of laws numbers 5582, 7018 and 7915 do not invalidate decree number 17-023-MAG that established the protective zone of Titives" (See brief submitted to the Court, at 14:00 hours on November 24, 2009, at folio 618). Furthermore, it refutes official letter DJ-219-2008 which cites ADP-469-07, signed by the Procuradora Amira Suñol Ocampo, since official letter No. PGR-141-2009, signed by the incident-movant, clarifies that official letter No. ADP-469-07 did not follow normal response procedures in relation to determining possible irregular or unlawful acts of public officials in the exercise of their duties. To these same ends, it offers some evidence, among which are the Diagnóstico de los manglares de la costa pacífica de Costa Rica, Estudio ecológico de Playa Titives, and Evaluación del recurso biológico del manglar de Titives.

Regarding the above, it is important to observe the second paragraph of canon 313 CPC, which regulates the legal institution in question, and stipulates:

"After the answer or the reply, and until before the judgment of first instance is issued, the complaint and the counterclaim may also be expanded, but only as to the facts, when one occurs of notorious influence on the decision or an earlier one of said importance has come to the party's knowledge, and of which it assures it had no prior knowledge. It shall be processed as an incident. Its resolution shall be made in the judgment." From the rule in question three important assumptions are extracted for admitting or not the petition in the case, namely, 1. That the request is made before the issuance of the judgment; 2. New facts of influence on the issuance of the judgment; 3. Facts of substance and without prior knowledge. In this regard, it is appropriate to analyze whether the formulated motion fully meets such requirements. Consequently, although it is true that the petition is made before the issuance of the judgment, the facts brought to the incident could not be unknown to the state representative. So much so that the provided opinion dates from the year 2004, that is, five years before the filing of the incident. The incident-movant-defendant should note that with such procedure it seeks to introduce into the sub lite an evidentiary element not timely offered. However, such objective tries to be achieved through an inadequate channel, that is, the incident of new facts. It is necessary to reiterate that by its legal nature, the said incident has the objective of expanding the complaint or the counterclaim. Not the claim, which must necessarily be done before the answer, but in relation to the facts. In this vein, the incident-respondent-plaintiff is correct, who literally states: "[...] all the documentation provided was always in the possession of the State and it does not concern documents whose knowledge or existence the state representation has only now had..." (See Response to the incident, at folio 623). Based on the foregoing, the incident-respondent being correct, the undersigned must declare without merit the incident filed by the State's representation, and concomitantly, reject the attached evidence which becomes inadmissible.".

It being evident the A Quo's error regarding the normative basis invoked for the rejection of said filing. And therefore confusing or contradictory its development or content. Indeed, by means of that incident of new documents of November 24, 2009, and based on article 293, subsections 1) and 4) of the Código Procesal Civil, the State attached:- Report "Diagnóstico de los manglares de la costa pacífica de Costa Rica", prepared for the Comisión Nacional de Manglares by Francisco Pizarro and Heidy Angulo, published in 1993. - "Estudio ecológico de Playa Tivives" prepared by geographer Nombre150357 and biologist Carmen Roldán Chacón, of February 1986. - "Evaluación del recurso biológico del manglar de Tivives" prepared by Nombre150358 and others for the Fundación de Parques Nacionales, Programa de Patrimonio Natural de Costa Rica, of 1986. However, despite the fact that they were provided in an incident of new documents, judgment 2494-2010, considerando I, erroneously brought up article 313 of the Código Procesal Civil, and cataloged it as one of new facts, provided for other scenarios, that is, to expand the facts of the complaint or counterclaim. This violates the law directly by improper application, since the precept that accommodates the State's motion, as indicated in that incident of new documents, is numeral 293 of the Código Procesal Civil, subsections 1) and 4), infringed by non-application. It does not concern new facts, but documents. As a consequence of the error regarding the normative basis, the A Quo failed to analyze whether, as the appellant points out, these are documents that could even bear a date after the answer to the complaint, insofar as they constitute complementary evidence (Código Procesal Civil, article 293, subsection 4). In this same sense, Nombre35518 failed to analyze whether such documents are or are not complementary to the technical reports at folios 308-316, 398-399, 401-404, 406 and 407, provided by the State when answering the action (folios 270-271). In a similar sense, Nombre35518 failed to analyze whether, as the appellant points out, opinion C-323-2004, addressed to the Municipalidad de Esparza, had already been cited by the State when answering the facts of complaint 12 (folios 259-260) and 18 (folio 263), as well as to support the exceptions of lack of right and lack of standing to sue (folios 264-263). Also, whether it was simply incorporated into the case file, as the State did with the Ley Forestal 4465 (274-287) and its regulations 2923 (folios 289-306) and 16986 (322-331), to facilitate their reading and material access. Likewise, whether as a normative source it does not require proof, because that opinion is available in the Sistema Costarricense de Información Jurídica, and is part of administrative jurisprudence; and therefore, whether the conclusions of said opinion are or are not applicable to the specific case. Furthermore, as a derivation of the error regarding the legal basis, the A Quo Judge failed to analyze whether official letter No. PGR-141-2009 of November 9, 2009, which was also attached, in the cited incident, as a new document, complies with subsection 1) of article 293 of the Código Procesal Civil, because it is, precisely, dated after the answer to the complaint: February 18, 2008 (folio 253). Moreover, and further abundantly, despite the fact that article 293 ibidem provides that "...The proceeding for presentation of documents to which this article refers, shall be processed by means of an incident in a separate piece, which shall be resolved in the final judgment," and the same is indicated by subsection 4 of article 155 of the same Código Procesal Civil, by providing that "The operative part, which shall begin with the words 'Therefore' (Por tanto), in which the ruling shall be pronounced, to the extent possible, in the following order: a) (...) b) Incidents relating to documents. c)(...), ch) (...), d) (...) e) (...)", however, in the "Por tanto" of the appealed judgment, there is no pronouncement regarding the cited incident. 5.- On the other hand, in considerando "V.- SOBRE LA PALMARIA NULIDAD DEL DECRETO No. 17.023-MAG", of the appealed judgment, it is also recorded that when addressing the case itself, the A Quo set forth other reasons or legal grounds that served as a basis to uphold the action, by stating: "In any event the Executive failed to observe the procedure for drafting general provisions, a modus incardinado at that time in articles 361 to 363 LGAP. First, it should have granted the plaintiff as well as the co-adjuvants a hearing so that they could express their acceptance or rejection of the then project. This is, within a ten-day period, save for reasons of public interest or duly stated urgency in the project, which, even, is missed. Consider, furthermore, that there was the possibility of having submitted it to public opinion, during a reasonable period. Nor are the observations of the Consejo de Gobierno or the manifest urgency to dispense with eventual recommendations evidenced.", which, if carefully considered, were not properly alleged by the plaintiff to ground its action. Being therefore surprising and violative of article 24 of the Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. The defect occurs not because other reasons or legal grounds not alleged by the parties cannot be invoked, but fundamentally due to non-application of the cited article 24, that is, for breach of the adversarial principle, for not having exposed and submitted them, previously, to the parties, by means of an order, within the legal period, so that they could formulate the allegations they deemed timely, with suspension of the period to issue the ruling; being as they are, in the Tribunal's opinion, novel. Constituting, in this sense, a specific defect of incongruence, proper to the administrative contentious process. 6.- In considerando "II.- PROVEN FACTS" of the appealed judgment, the A Quo holds the following facts as proven:

1°) That Nombre127050, has been renting a parcel owned by the Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), Contrato de Arriendo para Uso Industrial, a property partially affected by Decreto Ejecutivo No. 17.023-MAG; leasing renewed to Nombre127051 in her personal capacity, but over the area outside the limits established by the aforesaid Decree, property registered in the Public Registry, Property Section, Canton of Puntarenas, Real Folio registration number Placa30773, for a period of three years (See IDA Board of Directors Agreement, article 61 of ordinary session 019-2008 of May 26, 2008, at folios 493 to 495 in relation to 381 to 385 of the judicial file). (...) 5°) That the Court rejected the acceptance request of the assignment contract presented by Mrs. Nombre66658 for lacking certification of the Shareholders' Meeting minutes of the company Terminal de Contenedores de Costa Rica, to assign to herself the litigation rights of this proceeding (See Resolution No. 400-2010 issued by the Juzgado Contencioso Administrativo, at 12:00 hours on February 16, 2010, at folios 521 to 522). (The underlining is supplied).

And, despite the fact that the A Quo considers that such facts "are fully demonstrated and deems them "Of transcendence to resolve the sub- judice", however, if carefully considered, the appealed judgment does not contain any development or explanation, much less clear, precise and express, about the transcendence of such facts to resolve the proceeding. Indeed, in what would be the analysis of the substantive issues - Considerandos IV and V -, the A Quo summarizes, analyzes and upholds, basically, the plaintiff's arguments, without a summary or analysis, by contrast, of the arguments or response of the defendant. Which generates procedural imbalance, in this case, to the detriment of the State. A similar thing happens with what would be the analysis of the exceptions raised - Considerando VI.-, because, if carefully considered, despite admitting the existence of arguments set forth by the State, in support of its exceptions, and even summarizing some; nonetheless, either some are not analyzed, or others are rejected, globally, without any separate analysis; and, on the basis that they were already resolved, interlocutorily, by Court Resolution No. 1670-2008, of 10:00 hours on November 27, 2008, from which considerando II is transcribed, regarding lack of standing and right; or else, on the basis that they lack a factual basis to undermine the constituent arguments of the action, or what is the same, because the State did not ground them in fact and limited itself to invoking various norms without linking them to the defenses raised; regarding the lack of current interest and the generic sine actione agit. Which is strange, not to say contradictory, to the facts transcribed above, which the A Quo itself held as "fully demonstrated" and "Of transcendence to resolve the sub- judice", especially, as we have already advanced, in the absence of an explanation from the Court, about their transcendence. Thereby producing a lack of motivation, due to the absence of analysis, regarding some arguments, as well as confusion or contradiction, as to what was developed by the A quo. 7.- In relation to the foregoing, the Tribunal finds nullity of the appealed judgment, for omission of analysis of assertions of facts, allegations and evidence adduced by the State to ground the exceptions. Lacking, for the same reason, sufficient foundation. Which generates defenselessness. Let us see: Regarding the exception of lack of current interest, as the appellant points out, what was stated by the State when answering fact two of the complaint (folios 255-256) was unnoticed - invisibilized - by the A Quo; as well as the basis set forth when rejecting facts three and four, especially the fourth (folios 256-257), as well as the analysis on its provenance, in the response to facts thirteen (folio 260) and seventeenth (bis) (folios 262-263). Being nonexistent, in this sense, the alleged absence of grounding of the exceptions raised, adduced by Nombre35518. In any case, as the Sala Primera de Casación has indicated (e.g. in judgment No. 465 of May 7, 2009), the analysis of the current interest regarding the plaintiff's claims must be carried out by the Judge, even ex officio. Moreover, this jurisprudential precedent, dated after the answer to the complaint, despite being cited by the State in its conclusions brief of August 31, 2010, point 1) (folio 631), was equally unnoticed by Nombre35518. Regarding the exception of lack of right, as the appellant points out, there is also no analysis, in any sense, in the reasoning part of the impugned judgment. Being rejected in one line of the "Por tanto". Therefore, a breach of article 155, first paragraph and subsection 3) point e) of the Código Procesal Civil is also produced due to lack of motivation. Regarding the rejection of the exception of lack of standing to sue (legitimación ad causam activa), judgment 2495-2010 (considerando VI), merely reproduces resolution No. 1670-2008 (folios 447-455), which heard it as a preliminary matter for the purposes of the invoked statute of limitations (caducidad). However, in the appealed judgment it is unnoticed - invisibilized -, that the State when answering the complaint invoked lack of standing as a substantive prerequisite (folios 264-266), arguing, among other things, that:

"The so-called 'real estate patrimony' (folio 501) or buildings for customs activity (folio 83) that are alleged 'affected by the zone protected by the decree' (folio 501) do not confer any standing, since if the Instituto de Desarrollo Agrario granted lease contracts over areas already previously incorporated into the Zona Protectora Tivives, the claim for the value of eventual buildings erected under the validity of the lease contracts and according to their clauses, must be made to the Instituto de Desarrollo Agrario (opinion C-049-98 of March 20, 1998). Even if she had proven her current capacity as lessee, which she did not, that condition does not confer standing on the plaintiff to claim alleged harmful effects of Decree 17023 over private property, as she does not hold an enforceable title of ownership (Código Civil, articles 267, 455 and 459 subsection 1). Indeed, no person who has held the condition of lessee can claim property rights for herself. The reason is obvious, 'no one can change by themselves, nor by the passage of time, the cause of their possession… Nor can the qualities or defects of possession be changed by one's own will, nor by the passage of time; as it began, so it continues always.' (RAMÍREZ GRONDA. Diccionario Jurídico. Editorial Claridad, Buenos Aires, 6a. Ed., p. 227. Cited in Procuraduría Office of June 18, 1990, p. 40). So, lessees do not exercise possessory acts ad usucapionem (Sala Primera, judgments numbers 45-1996, 607-2004 and 934-2006), and even less so in the case of public domain property (Sala Primera, No. 952 of 16:20 hrs. on December 7, 2005, considerando VI)." See brief of February 18, 2008, response to fact one of the complaint (folios 253-254), and conclusions of August 31, 2010, point 1).

And, if carefully considered, interlocutory resolution No. 1670-2008 does not analyze the points set forth by the State when grounding that exception, as a substantive prerequisite, meaning it is also not useful for its denial in judgment, which does not even briefly indicate the reasons that led the A quo to uphold what was decided. Regarding the rejection of the exception of statute of limitations (caducidad) of the action, the A Quo also partially transcribed interlocutory resolution 1670-2008 without analysis of why what was resolved at folios 447-455 deserved confirmation. It should also be taken into account that in said resolution the endpoints for computing the period to formulate the action are not indicated, as it contains scant considerations pertaining only to "standing". In any case, the appealed judgment also does not analyze other reasons on which the State supported the exception of caducidad, such as that:

"As there was no legal obligation to notify the owners or occupants of the lands involved within the declaration of the Zona Protectora Tivives, Decree 17023 came into effect with its publication in La Gaceta No. 101 on June 2, 1986. That publication is the starting point for the terms of its challenge (article 141.1 of the Ley General de la Administración Pública). In accordance with numeral 175 of the Ley General de la Administración Pública previous text, but in force in this proceeding under the terms of Transitorio III of Law 8508, the four-year period for declaring absolute nullity expired. This was timely indicated by the Minister of Environment and Energy in official letter No. DAJ-1799-2006 (folios 333-334)." See answer to the complaint (folios 266-269), and in point 3) of the conclusions brief of August 31, 2010.

Furthermore, as the appellant warns, the appealed judgment also does not analyze, in any sense, the scope of the judgments of the Sala Constitucional No. 7294 of 16:15 hrs. on October 13, 1998; and No. 1763 of 16:45 hrs. on April 13, 1994. Nor the scope of the arguments set forth by the State when responding to facts two and three of the complaint (folios 255-256). Nor the scope of the contract of April 25, 1990 (folios 388-391), provided by the State when answering the action. The same happens with the lease of June 29, 2003 (folios 381-385), concluded on June 29, 2007 (see fourth clause at folio 383). Lacking, for the same reason, the appealed judgment, sufficient foundation. Which generates defenselessness.

VI.- NULLITY OF THE IMPUGNED JUDGMENT: The indicated inattentions produce the nullity of what was resolved as the defects of lack of motivation and incongruence are configured, apart from the indicated procedural defects, because the A Quo omitted the analysis of allegations adduced by the State to ground the opposition and the exceptions raised, as detailed above. Such omissions undeniably violate the guiding principles of the right of defense, due process, equality and procedural balance, before which it is not admissible for this Tribunal to rule in sole instance, being the Juzgado Contencioso Administrativo, as the first instance body, the one that must resolve this matter, also analyzing, for what is now relevant, the arguments and substantive issues adduced by the State to ground its opposition, and the exceptions raised (article 24 of the Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa and 98 subsection 2), 99, 153 first paragraph, 155 first paragraph and subsection 3) point e) and 194 of the Código Procesal Civil.).

VII.- COROLLARY: By virtue of the foregoing, it is de rigueur to annul the impugned judgment and order the return of the case file to the Juzgado Contencioso so that, once the errors are corrected, it resolves the case in accordance with law. As unnecessary, pronouncement is omitted regarding the grievances invoked on the merits by the state attorney. For equal reasons, pronouncement is omitted regarding the appeal of the Contraloría General de la República.

POR TANTO

Judgment No. 2495-2010 issued by the Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, at seven hours fifty minutes on September sixteenth, two thousand ten, is annulled. The case file is returned to that jurisdictional body so that, once the errors are corrected, it resolves the case in accordance with law. As unnecessary, pronouncement is omitted regarding the grievances invoked on the merits by the state attorney; likewise, regarding the appeal of the Contraloría General de la República. Notify.

Bernardo Rodríguez Villalobos Nombre126816 . Judith Reyes Castillo NUE 06-000318-0163-CA Is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 26-03-2026 07:11:28.

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Tribunal Contencioso Administrativo Sección VII Clase de asunto: Proceso ordinario Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Tipo de contenido: Voto de mayoría Temas (descriptores): Principio de congruencia en materia contencioso administrativa Subtemas: Concepto y alcances con respecto a la nulidad. Temas (descriptores): Nulidad de la sentencia contencioso administrativa Subtemas: Alcances del vicio de incongruencia y posibilidad de ser declarado de oficio. Sentencias en igual sentido 2 NUE 06-000318-0163-CA No. 64 - 2011 - VII TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. SECCION SETIMA. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. Goicoechea, ANEXO A; a las dieciseis horas treinta minutos del dieciocho de agosto del dos mil once.

Proceso ordinario tramitado en el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, establecido por TERMINAL DE CONTENEDORES INTEROCEÁNICOS S.A., cédula de persona jurídica No. CED118586- (otrora TERMINAL DE CONTENEDORES DE COSTA RICA, S.A. cédula jurídica No. CED118587 representada por su apoderada generalísima sin límite de suma Nombre66658 , mayor de edad, casada una vez, vecina de San Miguel de Santo Domingo de Heredia, empresaria, portadora de la cédula de identidad número CED118588 (fs. 4 y ; representada, a su vez, por su apoderado especial judicial, señor Nombre71606 , mayor de edad, casado, abogado, vecino de San José y portador de la cédula de identidad número CED117922 (f.10); en contra del ESTADO, representado por la señora Nombre14097 , mayor de edad, abogada, Procuradora Adjunta (f. 18) y el señor Nombre38245 , mayor de edad, abogado, procurador adjunto (f. 252). Se apersonaron, además, como coadyuvantes: La CÁMARA DE TURISMO Y COMERCIO DE PUERTO CALDERA, con cédula jurídica número CED118589 representada por Nombre80045 , cédula de identidad CED118590 (fs. 50 y 51). La MUNICIPALIDAD DE ESPARZA, representada por su ALCALDE, Nombre150356 , demás calidades desconocidas (fs. 52-61). La ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE SALINAS DOS, con cédula jurídica CED118591, representada por Nombre80046 , con cédula de identidad CED118592 (fs. 62-64). Las sociedades ICO NOVENTA Y UNO, S.A., e ICO DE ESPARZA NOVENTA Y SIETE, S.A., con cédula jurídica CED118593 y CED118594 respectivamente, representabas por Nombre70711 , mayor, casado en segundas nupcias, Nombre127049, vecino de San José, cédula de identidad CED118595 (fs. 65-67). TROPICAL TOURIST CORPORATION, cédula jurídica número CED118596 representada por Nombre36366 , mayor, casado, Abogado, vecino de San José, cédula de identidad CED116523 (fs. 68-69).

RESULTANDO

1.- En este asunto, cuya cuantía se fijó como inestimable (f. ), el apoderado especial judicial de la parte actora solicita se declare que: "(...) 2. El Decreto Ejecutivo 17023-MAG de 6 de Mayo de 1986 es absolutamente nulo y por ende inexistente por no haberse cumplido con los requisitos legales existentes al momento de su promulgación, sea la Ley Forestal 4465 y su Reglamento. 3. Que el Decreto Ejecutivo 17023-MAG, al amparo de lo dispuesto por los numerales 13, 16, 128, 129, y 158 de la Ley General de la Administración Pública, es un acto ineficaz, inválido y absolutamente nulo por no haberse dictado conforme las reglas de la ciencia y la técnica requeridas por el propio ordenamiento para la adopción del acto y por haberse derogado para el caso en concreto, el Reglamento existente que regulaba la forma y procedimiento para la creación de una zona protegida. 4. Que el Decreto Ejecutivo 17023-MAG conforme lo dispuesto por el artículo 93 del reglamento a la Ley Forestal 4465, nunca contó con el aval o aprobación de la Dirección General Forestal. 5. Que el Decreto Ejecutivo 17023-MAG, es un acto administrativo de alcance general que no ha sido debidamente comunicado a los administrados afectados mediante el mecanismo obligado que establecía el artículo 42 del Reglamento de la Ley Forestal 4465 y en armonía y concordancia con el artículo 140 de la Ley General de la Administración Pública. 6. Que al estar ante un acto absolutamente nulo, el Poder Ejecutivo y el estado en General, a través de sus funcionarios, están legalmente impedidos para ordenar su ejecución; 7. Que por tratarse de un acto administrativo absolutamente nulo por ausencia de requisitos y formalidades, el Decreto Ejecutivo 17023-MAG es un acto inválido y por ende inexistente, así debe declararse y extinguirse del ordenamiento jurídico; 8. Que por no haberse notificado o comunicado en la forma debida el acto administrativo, NO HA TRANSCURRIDO PLAZO ALGUNO QUE LIMITE LA DECLARATORIA DE NULIDAD ABSOLUTA Y LA ULTERIO (sic) INEFICACIA DEL MISMO; 9. Que conforme al artículo 172 de la Ley General de la Administración Pública, al tratarse de un acto absolutamente nulo, el mismo no puede ser arreglado a derecho ni saneado ni convalidado; 10. Que el Estado, en caso de oposición injustificada, deberá ser condenado al pago de ambas costas de esta acción, sin perjuicio de las acciones por daños y perjuicios que terceros afectados pudieran ejercer en su contra." (fs. 82 al 93).

2.- E l Estado contestó negativamente la acción y opuso las excepciones de falta de interés actual, falta de derecho, falta de legitimación ad causam activa, así como la genérica sine actione agit (fs. 253-272). Asimismo opuso la defensa previa de caducidad (fenecimiento del plazo para deducir la demanda) por falta de legitimación ad causam activa (sic), entendida como caducidad de la acción por haber sido interpuesta fuera de los plazos respectivos; siendo rechazada, interlocutoriamente, por resolución del Juzgado A Quo No. 1670-2008, de 10:00 horas del 27 de setiembre de 2008, (fs. 447 al 455).

3.- El licenciado Billy Araya Olmos, Juez del indicado Juzgado, en sentencia No. 2495 -2010 de las 7:50 horas, del 16 de setiembre del 2010, resolvió: "POR TANTO: De acuerdo al elenco fáctico y jurídico que rola en autos , se declara : 1. S IN LUGAR la excepción de falta de derecho y se rechaza la interpuesta mediante la ficción denominada sine actione agit , ambas opuestas por el Estado. 2. Se declara parcialmente con lugar la demanda, únicamente en los extremos que se dirán: I. Se declara la nulidad absoluta del Decreto 17023-MAG del 06 de mayo de 1986, por contravenir lo dispuesto en el canon 36 y 37 de la otrora Ley Forestal de 1969 y Ley Orgánica del Ambiente, respectivamente. II. Al socaire de los numerales 13, 16, 128, 128, 158, 166, 172 y 10, 35 de la Ley General de la Administración Pública, y Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se declara la ineficacia del mencionado Decreto, asimismo, inválido por incumplir las reglas de la ciencia y de la técnica requeridas por el ordenamiento jurídico y además, al no poder ser arreglado a derecho, por saneamiento o convalidación. III. Por tratarse de un acto absolutamente nulo, el Estado está legalmente impedido para ejecutarlo. 3. SE RECHAZA LA INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS por no haberse demostrado fehacientemente por los medios de prueba legalmente aceptados, las lesiones patrimoniales ni el lucro cesante de la parte actora, esto, con fundamento del principio de la carga de la prueba asentado en el ordinal 317 CPC. 4. En lo no expresamente concedido, entiéndase así rechazado. 5. Se conmina al Estado a pagar ambas costas de este proceso. NOTIFÍQUESE.-" (f. 642 vuelto ).

4.- L a Contraloría General de la República se apersonó al proceso como coadyuvante -pasivo-, perodespués de dictada la sentencia de primera instancia, y simultáneamente interpuso apelación, en escrito presentado ante el Juzgado A Quo el día 5 de octubre de 2010 ( ver folios 865-884 ) .

5.- Inconformes con lo resuelto apelaron el Estado (fs.644-660) y la Contraloría General de la República (fs. 865-884), siendo admitidos ambos recursos, en el efecto suspensivo, para ante este Tribunal de alzada, por resolución del Juzgado, de las 14:16 horas del 16 de diciembre de 2010 (f. 885).

6.- En los procedimientos y en la sentencia se observan causales de nulidad que la invalidan, como se indicará en la parte considerativa. Se dicta esta resolución previa deliberación.

Redacta el Juez Rodríguez Villalobos; y

CONSIDERANDO

I.- SOBRE LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.- Por la forma en que se resuelve, se omite pronunciamiento en cuanto a los hechos probados y no probados y fundamento del fallo apelado.

II.- APELACIÓN DEL ESTADO: El Estado formuló recurso de apelación contra la sentencia No. 2495 de 7:50 horas del 16 de setiembre del 2010, mediante escrito visible a folios 644 a 660, que seguidamente transcribimos, literalmente, y en interlineado simple, como diferenciador visual de que lo ahí dicho es por parte del apelante, no del Tribunal; y que se extiende hasta la página 24 de la presente sentencia. La siguiente es la transcripción:

"Aduce que el Decreto 17023 “quebrantó santidad el canon 36” “de la otrora Ley Forestal de 1969”, que exigía ubicar el área de la zona protectora, definir sus objetivos, un estudio preliminar de la tenencia de la tierra, el censo poblacional, financiamiento para su protección, la confección de planos y la emisión del decreto. Para ello se basa en un oficio de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto de Desarrollo Agrario. Agrega que el acto no fue motivado, más aún si afecta negativamente la esfera de los particulares, como en este caso que “restringe” “el derecho a la propiedad, al comercio y al libre desarrollo de los pueblos”. Afirma la falta de notificación individualizada de los vecinos y propietarios de Tivives para no vaciar ese derecho. Cataloga al acto como “expropiación de hecho”, y anexa infracción del 37 de la Ley Orgánica del Ambiente. Sostiene que desconoce si a la actora y sus coadyuvantes se les expropió. Ello significa ausencia de prueba de trámites judiciales o administrativos con ese propósito, omisión que no achaca a la accionante (2495-2010, considerandos II.3), V y VI in fine).

Luego de reproducir cada uno de los diecinueve hechos de la demanda (2495-2010, considerando IV), y resolver sobre el fondo del asunto (2495-2010, considerando V), se refirió a la parte accionada como sigue. Reprochó la falta de fundamentación de la excepción de falta de interés que circunscribió únicamente al folio 267 y la rechazó. Denegó la excepción de caducidad porque ya había sido rechazada de folios 447 a 455. La de legitimación la entendió circunscrita a la defensa previa de caducidad, con lo cual corrió igual suerte. Sobre la excepción de falta de derecho guardó silencio (2495-2010, Considerandos II.4) y VI), y la rechazo en una línea en el Por Tanto.

Sobre nuestra respuesta a los hechos de la demanda nos referiremos más adelante. Ante la falta del equilibrio previsto en el numeral 98, inciso 2) del Código Procesal Civil, de momento anótese que cada uno ellos fue refutado en escrito de 18 de febrero de 2008 (folios 253-264).

I.- REPAROS CONTRA LA RESOLUCION 2494-2010 1) Supuestos requisitos del artículo 36 de la Ley 4465 El artículo 36 de la Ley Forestal de 1969 no establece lo que afirma la resolución 2495-2010. Al contestar la demanda en escrito del 18 de febrero de 2008 (folios 253-272), ofrecimos copia de la Ley Forestal 4465 (folio 270). El numeral 36 ibídem lo que dispuso fue:

“El Ministerio de Agricultura y Ganadería llevará, por medio del departamento técnico correspondiente, una cuenta sobre este Fondo Forestal.” (folio 279).

Lo anterior constituye una violación directa a la ley por indebida aplicación. En realidad, fue el artículo 37 del Reglamento a la Ley Forestal, Decreto 2923-A, el que refirió a la ubicación del área de la zona protectora, la definición de sus objetivos, el estudio preliminar de la tenencia de la tierra, el censo poblacional, el financiamiento para su protección, la confección de planos y la emisión del decreto.

En escrito del 18 de febrero de 2008, al responder los hechos segundo y tercero de la demanda (folios 255-256), de omitido análisis, hicimos ver que cuando entró a regir el Decreto 17023 (La Gaceta No. 101 el 2 de junio de 1986), ya no regía el Decreto 2923-A, ni su artículo 37, sustituidos por el Decreto No. 16986 (La Gaceta No. 100 del 30 de mayo de 1986, folios 322-331).

Tampoco, cabe exigir retroactivamente al Decreto 17023 los requisitos contenidos en el artículo 36 de la Ley Orgánica del Ambiente, 7554 del 4 de octubre de 1995 (La Gaceta 215 del 13 de noviembre de 1995), pues rigen hacia futuro únicamente para crear nuevas áreas silvestres protegidas.

Por otra parte, la sentencia recurrida señala que “quien dicta el acto de estilo deberá gozar de la competencia e investidura de ley”. Ello está a tono con el Decreto 17023, dictado correctamente por el Poder Ejecutivo, suscrito tanto por el Presidente de la República y como por el Jerarca del ministerio respectivo.

  • 2)Inexistente quebranto del derecho de propiedad Se afirma que el Decreto 17023 restringe indebidamente el derecho de propiedad, y que a los vecinos y propietarios de Tivives no se les notificó el acto. Tampoco se les otorgó por un plazo razonable para opinar sobre el mismo. Y, a la fecha no costa que a la actora y sus coadyuvantes se les haya expropiado.

Los cuestionamientos son numerosos. Hay desconocimiento de la sentencia de la Sala Constitucional No. 7294 de 16:15 hrs. del 13 de octubre de 1998, donde sostiene que el Decreto 17023, creador de la Zona Protectora Tivives, tiene sustento en la Constitución, los tratados internacionales y la propia ley:

“En primer lugar, aún cuando el Decreto No. 17023-MAG se fundamente parcialmente en el texto de la Ley No. 4465, Ley Forestal del 25 de noviembre de 1969, normativa de rango legal vigente que en su momento amparó la creación de la Zona Protectora Tivives, la derogatoria de dicho ordenamiento no implica la derogatoria automática del referido decreto. No debe olvidarse que, en última instancia, tanto la Ley Nº 4465 -hoy derogada- como el Decreto Nº 17023-MAG no son sino desarrollo del contenido del artículo 50 constitucional, de modo que, aún cuando la normativa inmediata que dio fundamento al decreto haya sido sustituida por otra, éste subsiste tanto por haber sido promulgado al amparo de la normativa vigente en su momento, como por tener su último fundamente en el citado artículo constitucional…Asímismo, la figura denominada "zona protectora" se encuentra reconocida en otros textos del ordenamiento, que sirven de marco normativo suficiente al Decreto No. Placa30772, pese a la derogatoria de la Ley No. 4465, Ley Forestal del 25 de noviembre de 1969, o a la declaratoria de inconstitucionalidad del numeral 71 de la Ley No. 7575, Ley Forestal del 13 de febrero de 1996. Dentro de las disposiciones a que se hace referencia está el numeral 32 de la Ley No. 7554, Ley Orgánica del Ambiente del 4 de octubre de 1995, transcrito en el Considerando IV. Existen también normas contenidas en convenios internacionales que regulan el tipo de zonas de conservación a las que se hace referencia, entre ellas la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Habitat de Aves Acuáticas "Convención de Ramsar", suscrita el 2 de febrero de 1971, aprobada por la Asamblea Legislativa mediante Ley No. 7224 del 2 de abril de 1991, y la Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América, aprobada mediante Ley No. 3763 del 19 de octubre de 1976.” En ese orden, como el Patrimonio Natural del Estado está bajo administración del MINAET, a través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Ley de Biodiversidad, artículos 22 y 28; Ley Orgánica del Ambiente, artículos 32 y 38, Ley Forestal, artículos 13, 14 y 15), el IDA carece de competencia para aseverar que el Decreto 17023 se dictó sin los estudios técnicos para el uso de la tierra. Más aún, como veremos de seguido, por violentar las disposiciones del Decreto 17023, el Instituto de Desarrollo Agrario fue condenado en la sede constitucional.

También se desatendió la sentencia constitucional No. 1763 de 16:45 hrs. del 13 de abril de 1994, donde se dispuso que la creación de la Zona Protectora Tivives no conlleva indemnización expropiatoria a favor del IDA, ni de sus adjudicaciones o arrendamientos a cargo del Estado. Por el contrario, la Sala Constitucional anuló esas adjudicaciones, sin perjuicio de las previas al 6 de mayo de 1986 y condenó al IDA en daños y perjuicios:

“IV…de acuerdo con los artículos 32 y 34 de la Ley Forestal, el patrimonio forestal del Estado está constituido por todos los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a las municipalidades, a las instituciones autónomas y a los demás organismos de la Administración Pública, por esa razón, ningún organismo de la Administración Pública -central o desecentralizada- podrá expropiar, permutar, ceder o enajenar, a cualquier título, entregar o dar en arrendamiento, terrenos rurales de su propiedad o bajo su administración, sin que previamente hayan sido clasificados por la Dirección General Forestal, en cuyo caso si ésta los considerara de aptitud forestal quedarán inmediatamente incorporados al patrimonio forestal del Estado, por ese motivo si el Decreto número 17023 afectó parte de la finca adquirida por el Instituto de Desarrollo Agrario en su oportunidad, la aplicación de los términos de aquella normativa así como de los artículos citados de la Ley Forestal, es inmediata, por lo que el ente recurrido no esta facultado para desaplicarlos bajo la justificación de que no ha mediado un proceso de compra que conlleve la indemnización correspondiente. Así pues, desde el momento en que el Decreto tantas veces citado entró en vigencia, los terrenos de la finca Salinas II afectados por la Zona de Conservación de Tivives, pasaron a formar parte del patrimonio forestal del Estado automáticamente, son pues normas de aplicación inmediata, motivo por el cual desde ese momento el Instituto de Desarrollo Agrario se encontraba imposibilitado para disponer de esos terrenos y continuar con el proyecto de parcelación, excepto en el supuesto de todas aquellas adjudicaciones que se hubieran acordado con anterioridad a la promulgación del terreno, pues en ese caso los predios de los beneficiarios se deberán comprar o expropiar, salvo que a requerimiento de la Dirección General Forestal, sus propietarios acepten someterse al régimen forestal respectivo (artículo 37 párrafo 2 de la Ley Forestal); no resultan válidas las adjudicaciones acordadas por la institución recurrida con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto de cita sobre los terrenos comprendidos por la zona de conservación natural de Tivives, toda vez que desde esa fecha -seis de mayo de mil novecientos ochenta y seis-, no está facultada para disponer libremente de esas heredades, puesto que la administración de las mismas compete a la Dirección General Forestal, en coordinación con la Municipalidad de Esparza y los Centros Agrícolas: Regional Pacífico Central y Cantonal de Esparza, por ello los permisos que ésta conceda a fin de desarrollar actividades de índole agrario en esos territorios no implica una autorización para enajenar o rentar aquellos, ni tampoco originan derecho real alguno sobre el inmueble a favor del concesionario (artículo 41 de la Ley Forestal); en otras palabras, la autoridad recurrida no puede abstraerse de acatar obligatoriamente las normas que declaran la incorporación automática al patrimonio forestal del Estado de aquellos inmuebles que se les califique como de aptitud forestal, pues esas disposiciones son de aplicación inmediata por el interés público que reviste su contenido, cual es la conservación de los recursos naturales a través del aprovechamiento sostenido y racional de los mismos (artículo 1 de la Ley Forestal), por ello toda adjudicación que se haya acordado con posterioridad al seis de mayo de mil novecientos ochenta y seis hasta la actualidad, son nulas, en virtud de que se ha dispuesto de manera indebida sobre terrenos forestalmente protegidos…V…En consecuencia, se dejan sin efecto las adjudicaciones de parcelas autorizadas por el Instituto de Desarrollo Agrario sobre los terrenos de la Finca Salinas II (comprendidos en el área declarada por el Decreto Ejecutivo número 17023-MAG como Zona Protectora Tivives), que hubiesen sido acordadas en el lapso que se extiende desde el seis de mayo de mil novecientos ochenta y seis, hasta el mes de abril de este año, sin perjuicio de aquellos beneficiarios cuyo terreno haya sido adjudicado con anterioridad a la primera de las fechas señaladas. Se condena a los correcurridos al pago de los daños y perjuicios causados y a las costas del recurso, los que se liquidarán, en su caso, en la vía de ejecución de lo contencioso administrativo.” En este caso, el arrendamiento del IDA a favor de la actora no es previo a la creación de la Zona Protectora Tivives en 1986. El contrato del 25 de abril de 1990 (folios 388-391), aportado por el Estado al responder la acción, es posterior al Decreto 17023. Igual sucede con el arrendamiento del 29 de junio del 2003 (folios 381-385), concluido el 29 de junio del 2007 (véase cláusula cuarta al folio 383). La actora no aportó prueba de su prórroga, la cual de haberse realizado sería siempre posterior al Decreto 17023, y no podría válidamente disponer sobre el área geográfica de la citada Zona Protectora como ordenó la Sala Constitucional.

La ausencia del debido estudio de estos documentos viola indirectamente la ley sustantiva, por un error de derecho en la valoración de la prueba, según los enunciados de los artículos 318 inciso 3), 368 y 370 del Código Procesal Civil.

El Tribunal Contencioso Administrativo, Sección V, en voto No. 1127 de 11:30 hrs. del 16 de junio de 2009, y a la Sala Primera, en sentencia No. 995 de 9:10 hrs. del 26 de agosto de 2010, sí han observando los alcances vinculantes de la sentencia constitucional No. 1763-94, como dijimos en las conclusiones del 31 de agosto de 2010, punto 1).

Nuestro ordenamiento jurídico reconoce el derecho de propiedad adquirido legítimamente de manera previa a la creación de las áreas silvestres protegidas. El artículo 7°, párrafo primero, de la Ley de Informaciones Posesorias, permite la titulación de esos terrenos si se demuestra el ejercicio de la posesión decenal previa a la vigencia de la ley o decreto creador de esas áreas silvestres.

Además, el artículo 37 de la Ley Orgánica del Ambiente estipula que las propiedades localizadas dentro de áreas silvestres protegidas quedarán comprendidas dentro de ellas hasta su pago o expropiación, salvo cuando en forma voluntaria se sometan al régimen forestal. Así, las normas creadoras de esas áreas silvestres no reducen a dominio público la propiedad privada legítimamente adquirida. Entonces, no es de recibo que el Decreto 17023 de 1986 infrinja numeral artículo 37 de la Ley 7554. Éste último incluso promulgado, como se dijo, hasta el 4 de octubre de 1995 (La Gaceta No. 215 del 13 de noviembre de 1995).

Por otra parte, el artículo 42 del Decreto 2923 (folio 295), que previó notificar por acta notarial a partir de la vigencia del decreto creador de un área silvestre protegida, no era parte del ordenamiento jurídico a la fecha de entrada en vigencia del Decreto No. 17023. Como ya se anotó, el Decreto 17023 entró a regir con su publicación en La Gaceta No. 101 el 2 de junio de 1986, cuando ya estaba derogado el artículo 42 del Decreto 2923, según Decreto 16986, publicado en La Gaceta No. 100 del 30 de mayo de 1986.

En su lugar, los numerales 81 del Decreto No. 16986 (folio 328) y 92 del Decreto No. 19886 del 27 de agosto de 1990, establecieron apropiadamente que los propietarios de bosques y terrenos forestales, declarados zonas protectoras por ley o Decreto Ejecutivo, que deseen ejecutar labores agropecuarias o de aprovechamiento de esos terrenos, deberán presentar el respectivo plan técnico de manejo forestal, que será analizado por la Dirección General Forestal, salvo en los casos y con sujeción a otras normas técnicas que determine la institución.

Y, aún partiendo del supuesto hipotético de aplicar el artículo 42 del Decreto 2923 al Decreto 17023, la notificación individual prevista en el primero, no tenía ningún efecto en la validez para la declaratoria. La norma preceptuaba que la notificación se hacía a partir de la vigencia del decreto creador del área silvestre (folio 295), por ende su no realización no podría conllevar nunca su nulidad.

El Decreto 17023 surtió efectos desde 1986 con su publicación (Ley General de la Administración Pública, artículos 140 y 240.1). Lo cual está en consonancia con el criterio de la Sala Primera, sentencia No. 26 de 11:15 hrs. del 13 de mayo de 1994, donde señaló que el decreto creador de un área silvestre protegida es “un acto de carácter general, previsto en el artículo 240 de la Ley General de la Administración Pública por lo que el plazo para la prescripción comienza a correr con su publicación, y no con la individualización de los efectos”. Ver escrito del 18 de febrero de 2008, respuesta al hecho quinto de la demanda, folios 257-258. Lo anterior fue reiterado en las conclusiones del 31 de agosto de 2010, punto 2) in fine.

Tampoco son aplicables al Decreto 17023 los numerales 361 al 363 de la Ley General de la Administración Pública. La actora y sus coadyuvantes no constituyen una entidad descentralizada o representativa de intereses de carácter general o corporativo. Y, la posibilidad de someter por un plazo razonable a la opinión pública el proyecto que culminó con el Decreto 17023 según el artículo 361.2 de la Ley General de la Administración Pública, es una facultad discrecional del Poder Ejecutivo, y no un deber.

  • 3)Motivación del Decreto 17023 Descartados los requisitos y vicios gratuitos que la sentencia 2495-2010 le exigió al Decreto 17023, cabe reiterar, como apuntamos en nuestro escrito de conclusiones del 31 de agosto de 2010, punto 3), que la creación de la Zona Protectora Tivives fue ampliamente motivada en los considerandos de su norma constitutiva:

“1°-Que es función esencial del Estado velar por la conservación, protección, administración y fomento de los recursos naturales del país.

2°-Que la Zona Protectora Tivives, Esparza, situada en la costa pacífica, posee un bosque de 532,50 hectáreas que se ha considerado el último reducto representativo del bosque seco tropical existente en la región Pacífico Central.

3°-Que la Zona Protectora Tivives está protegiendo la red de drenaje y mantenimiento de los flujos y calidad de agua del río Jesús María, quebrada Cambalache, quebrada Corralillo y varias nacientes y manantiales utilizados por los habitantes de la región. Además de proteger el mantenimiento de los flujos y calidad del agua de los dos POZO que utilizan el Proyecto de Caldera y el INCOP.

4°-Que la zona posee cimas y cerros como Coyolar, Cambalache y otros cerros menores con pendientes mayores al 45% expuestas a sufrir problemas de erosión.

5°_Que el área posee gran diversidad de especies de flora y fauna en vía de extinción que deben de ser protegidas para su conservación e investigación.

6°-La Zona Protectora Salinas II de Esparza posee un gran valor científico y escénico que proporciona buenas oportunidades para la realización de actividades científicas y recreativas.

7°-Que el manglar de Tivives situado en la desembocadura del río Jesús María es el mejor conservado de los manglares del país y posee características de las formaciones del Pacífico Norte y del Pacifico Sur, con gran desarrollo estructural y una alta diversidad.

8°-Que el manglar Tivives es uno de los más importantes criaderos para las poblaciones pesqueras del Golfo de Nicoya.” Esa justificación técnica no contiene “formatos preestablecidos o la mera cita de los preceptos jurídicos aplicados” como señala la resolución impugnada. Se aprecia de tales considerandos que responden a un análisis técnico de las condiciones naturales y asociadas específicas del área.

La sentencia recurrida por el contrario, no contiene un solo elemento de juicio que contradiga esos criterios técnicos expuestos en la motivación del Decreto 17023, y más bien tiene probado que el Poder Ejecutivo promulgó la creación de la Zona Protectora Tivives “en los territorios que comprenden los manglares de Mata de Limón y Tivives, así como el reducto de bosque tropical seco existente”. (Considerando II, punto 2).

Lo anterior, coincide con la prueba aportada por el Estado al contestar la demanda (folios 270-271), es decir, con los informes técnicos que validan la información contenida en los considerandos del Decreto 17023, relativos a:

- Reproducción parcial de la Hoja Cartográfica Barranca con sobreposición de los límites de la Zona Protectora Tivives (folio 399), donde se aprecia el recurso hídrico comprendido en el área silvestre protegida: esteros Mata de Limón, Corralillo, Muerto, Salado, Estomblico y Las Flores; río Jesús María y sus afluentes, quebradas Cambalache, Cabuyas y Corralillo. Remitida mediante oficio No. SINAC-GP-05 del 14 de febrero de 2008 (folio 398).

- Lista de pozos registrados en el sector de la Hoja Cartográfica Barranca donde se ubica la Zona Protectora Tivives (oficio del Director del Área de Aguas Subterráneas del Servicio Nacional de Riego y Avenamiento No. ASUB-55-08), con las respectivas coordenadas geográficas y mapa de localización (folios 401-404).

- Identificación y sobreposición de los puntos cartográficos correspondientes a dieciséis pozos en la Zona Protectora Tivives, efectuada por el IGN (oficio DGT-099-08) sobre reproducción parcial de la Hoja Cartográfica Barranca (folios 406 y 407).

- Informe No. ACOPAC-OSREO-067-2008 (folios 308-316), donde se describen las especies forestales nativas, especies de mangle, fauna, áreas de bosque de manglar, y bosque primario y secundario, dentro de la Zona Protectora Tivives. Conforme a ese informe el 44% de la Zona Protectora Tivives constituye bosque, sin perjuicio de las áreas que correspondan a terrenos forestales, y el 33% está constituido por áreas de manglar, para un total de 77%.

Ninguno de esos documentos fue objeto de análisis por el A quo. Hay violación indirecta de ley sustantiva, consistente en un error de derecho en la valoración de la prueba, conforme a los artículos 318 inciso 3), 368 a 370 del Código Procesal Civil.

Además, mediante incidente de documentos nuevos del 24 de noviembre de 2009, y con fundamento en el artículo 293, incisos 1) y 4) del Código Procesal Civil, adjuntamos:

- Informe “Diagnóstico de los manglares de la costa pacífica de Costa Rica”, preparado para la Comisión Nacional de Manglares por Francisco Pizarro y Heidy Angulo, editado en 1993.

- “Estudio ecológico de Playa Tivives” elaborado por el geógrafo Nombre150357 y la bióloga Carmen Roldán Chacón, de febrero de 1986.

- “Evaluación del recurso biológico del manglar de Tivives” elaborado por Nombre150358 y otros para la Fundación de Parques Nacionales, Programa de Patrimonio Natural de Costa Rica, de 1986.

Esos informes respaldan varios de los criterios técnicos reseñados en los considerados del Decreto 17023. Sin embargo, a pesar de que se aportaron en un incidente de documentos nuevos, la sentencia 2494-2010, considerando I, erróneamente trajo a colación el artículo 313 del Código Procesal Civil, y lo catalogó hechos nuevos, previsto para otros supuestos, sea para ampliar los hechos de la demanda o de la reconvención.

Ello viola la ley en forma directa por indebida aplicación, pues el precepto que da cabida a la gestión del Estado, como se indicó en nuestro incidente de documentos nuevos, es el numeral 293 del Código Procesal Civil, incisos 1) y 4), infringido por desaplicación.

No se trata de nuevos hechos, sino de documentos. Éstos incluso pueden tener fecha posterior a la contestación de la demanda, en tanto constituyan prueba complementaria (Código Procesal Civil, artículo 293, inciso 4), como aquí sucede, son complementarios a los informes técnicos de folios 308-316, 398-399, 401-404, 406 y 407, aportados al responder la acción (folios 270-271).

El dictamen C-323-2004, dirigido a la Municipalidad de Esparza, ya lo habíamos citado al contestar los hechos de la demanda 12 (folios 259-260) y 18 (folio 263), como también para sustentar las excepciones de falta de derecho y de legitimación activa (folios 264-263). Simplemente se incorporó al expediente, como se hizo con la Ley Forestal 4465 (274-287) y sus reglamentos 2923 (folios 289-306) y 16986 (322-331), sea, para facilitar su lectura y acceso material, pues como fuente normativa no precisan demostración, el Juzgador debe conocerlos.

Por ello, en las conclusiones del 31 de agosto de 2010, punto 3), recordamos que el dictamen C-323-2004 está disponible en el Sistema Costarricense de Información Jurídica. Es parte de la jurisprudencia administrativa que integra el ordenamiento jurídico según el artículo 7 de la Ley General de Administración Pública, como lo dispuso la Sala Constitucional para nuestros dictámenes. Por ende, sus conclusiones son de aplicación al caso concreto:

“1. Que el establecimiento de un área silvestre protegida por medio de un acto administrativo en terrenos afectos por ley a un fin público específico y distinto al del régimen legal aplicable al área, no invalida el acto. Esto, de conformidad con el precedente de la Sala Constitucional contenido en la sentencia número 2004-08928 de 18 de agosto de 2004, de acatamiento obligatorio por los poderes públicos por ser vinculante erga omnes (artículo 13 de la ley de la jurisdicción constitucional).

2. Que el citado precedente es de aplicación al caso subexámine, por lo que lo dispuesto en las leyes números 5582, 7018 y 7915, no invalidan el decreto número 17-023-MAG que estableció la zona protectora de Tivives.

3. Que si bien el legislador puede reducir el área de un área silvestre protegida, la ley que así lo haga debe estar justificada y contar con los estudios técnico-ambientales que garanticen la no violación del artículo 50 constitucional. Caso contrario, dicha ley es inconstitucional, según la regla contenida en el precedente de la Sala Constitucional establecido en la sentencia número 07294-98 de 13 de octubre de 1998, de acatamiento obligatorio por los poderes públicos por ser vinculante erga omnes (artículo 13 de la ley de la jurisdicción constitucional).

4. Que el citado precedente es de aplicación al caso subexámine, por lo que lo dispuesto en los párrafos quinto y sexto del artículo 2° de la ley 5582, según las reformas introducidas por la ley 7915 de 21 de setiembre de 1999, sería inaplicable por inconstitucional si la reducción del área de la zona protectora de Tivives que está última ley implica no está justificada y no hay estudios técnico-ambientales que garanticen la inviolabilidad del artículo 50 constitucional.

5. Finalmente, y en lo que tiene que ver con el cambio de titular que el establecimiento de la zona protectora de Tivives implicó respecto de los terrenos que el IDA había adquirido, hay que señalar que la ley forestal número 4465, vigente al momento de establecer la zona protectora, para el caso de que incluyeran terrenos de propiedad pública, no establecía como requisito la aquiescencia del ente público propietario.” Además, nótese que el oficio No. PGR-141-2009 de 9 de noviembre de 2009, también adjunto como documento nuevo, es de fecha posterior a la contestación de la demanda: 18 de febrero de 2008 (folio 253), y por ello cumple con el inciso 1) del artículo 293 del Código Procesal Civil.

El rechazo de estos documentos nuevos, sobre el argumento suministrado por la incidentada (actora) (folio 623), es decir, el numeral 313 del Código Procesal Civil, es ilegítimo, y da lugar a dejarlo sin efecto, para utilizar esta nueva prueba en la resolución del Superior.

Ante lo expuesto, carecen de relevancia las supuestas omisiones de la Dirección General Forestal en la elaboración del Decreto 17023 (folios 84-90).

En todo caso, repasemos una vez más su estéril reproche. Conforme al oficio DAJ-181-2006 del 21 de febrero de 2006 (folio 99), suscrito por el jerarca del Ministerio del Ambiente y Energía, un expediente como el que se le requirió estaba a cargo de otra cartera.

En igual sentido, en el oficio ACOPAC-AL-RESAGO-018-05 se indicó:

“…en el periodo de creación de la ZPT y cuando se promulgó el decreto que dio origen a la creación de la misma, el cual corresponde al año 1986, el Departamento que se encargaba de estos tramites, lo era el de Reservas Forestales de la Dirección General Forestal, que en aquellos momentos pertenecía al Ministerio de Agricultura y Ganadería.” (Folio 342).

A partir del 21 de junio de 1990 (fecha de entrada en vigencia de la Ley No. 7152 de 5 de junio de ese año), se trasladó la Dirección General Forestal del MAG al MIRENEM, atribuyéndole la administración de todos los bosques, terrenos forestales y áreas silvestres propiedad del Estado o administrados por el MAG hasta ese momento), cuando el expediente pudo haberse extraviado (véase segundo párrafo del citado oficio DAJ-181-2006, folio 99).

Para entonces, también habían transcurrido los cuatro años del 175 de la Ley General de la Administración Pública, en su texto anterior aquí vigente, para impugnar el Decreto 17023, pues el término venció el 2 de junio de 1990, así como los tres años del numeral 198 ibídem para reclamar daños y perjuicios.

Luego, el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA), cuyo jefe fue consultado respecto de los estudios sobre el uso de la tierra (2° párrafo del oficio DRP/PC/089-05, del folio 96), fue creado hasta el 2001, Ley No. 8149 de 5 de noviembre, es decir, quince años después de crearse la Zona Protectora Tivives. Ver escrito de contestación a los hechos quince y diecisiete de la demanda (folios 261-262), y punto 4) del escrito de conclusiones del 31 de agosto de 2010.

Lo anterior, debe analizarse conforme al principio de “in dubio pro natura”, básico del derecho público ambiental. Así, el Administrador de Justicia ha de optar por la interpretación que favorece al ambiente y sus recursos asociados, y exigir la carga probatoria a quien invoca pretensión en su contra (Ley de Biodiversidad, arts. 11 y 109). El A quo optó por lo contrario.

Sobre el tema, consúltese del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, la sentencia No. 281 de 16:00 hrs. de 15 de junio de 2010.

  • 4)Sobre las excepciones a) Se denegó la excepción de falta de interés actual de folio 267. Se indica ausencia de fundamentación. El reproche no existe. Efectivamente, al contestar el hecho segundo de demanda (folios 255-256) indicamos:

“El artículo 9 inciso e) del Decreto No. 2923-A, vigente durante la emisión del Decreto No. 17023-MAG, según reforma de Decreto No. 12073-A del 28 de noviembre de 1980, indicaba lo siguiente:

“Son funciones del Departamento de Manejo y Aprovechamiento Forestal:

(…) e) De acuerdo con el Departamento de Investigaciones, ejecutar los tratamientos silviculturales necesarios para mejorar y asegurar la permanencia del bosque, después de su aprovechamiento, en las áreas de vocación forestal identificadas dentro de las Reservas Nacionales, Reservas Forestales o fincas del Estado”.

Cabe tomar en cuenta que la constitución del Patrimonio Natural del Estado en Tivives precede a la emisión del Decreto No. 17023-MAG, pues ya la Ley Forestal No. 4465 consagraba ese régimen en su artículo 18, precepto retomado en las posteriores, leyes 7174, artículos 32, 33 y 35; 7575, artículos 13 y 14. Conforme al informe No. ACOPAC-OSREO-067-2008, el 44% de la Zona Protectora Tivives constituye bosque, sin perjuicio de las áreas que correspondan a terrenos forestales.

Al respecto pueden consultarse de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia la sentencia número 059-f-99 de las 14 hrs. del 5 de febrero de 1999, que refiere a la número 51 de las 15:15 hrs. del 26 de mayo de 1995, sentencia retomada por el Tribunal Agrario en su voto No. 721-2003 de 14:07 hrs. del 31 de octubre de 2003 (considerandos XXIII y XXIV), y confirmado por la Sala Primera en sentencia No. 952-2005 de 16:20 hrs. del 7 de diciembre de 2005, redactada por el magistrado González Camacho (considerando VII).

Entonces, la acción carece de interés actual, pues para la constitución del Patrimonio Natural del Estado el artículo 13 de la Ley Forestal no prevé los estudios que aquí refiere la actora.

De acuerdo con el citado informe No. ACOPAC-OSREO-067-2008, 808.37 hectáreas de manglar, el 33% de la Zona Protectora Tivives, ya tenían condición demanial como zona pública de la zona marítimo terrestre (artículos 1 y 11 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre No. 6043 de 2 de marzo de 1977 y 4° de su Reglamento) y forman también parte del Patrimonio Natural del Estado (artículo 73 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, numerales 13 de la Ley Forestal y 32 de la Ley Orgánica del Ambiente, sentencias de la Sala Constitucional números 5399-93, 2777-98, 9158-98 considerando I d), 2988-99, 2005-08945 y 2007-02063, entre otras).

La Zona Protectora Tivives también comprende otras áreas de la zona costera (véase oficio del Instituto Geográfico Nacional No. DGT-035-2008), de dominio público previo a la declaración de esa área silvestre protegida (artículo 1° de la Ley No. 6043).

La pretensión de la accionante debe entonces ser resuelta en la esfera del Poder Legislativo, con la valoración sobre la necesidad o no de emitir una ley que excluya las porciones que no sean necesarias para el cumplimiento de los fines de dicho Patrimonio. La norma en todo caso ha de observar principios de proporcionalidad y razonabilidad, siendo parte de sus exigencias los estudios técnicos que justifiquen la reducción de interés (Ley Orgánica del Ambiente, artículo 38).

Esos preceptos también han sido tutelados en la sede constitucional, específicamente para la Zona Protectora Tivives en el precedente vinculante No. 7294 del 13 de octubre de 1998.

En los términos expuestos, se rechaza la línea de argumentación que aquí se hace.” La excepción de falta de interés actual también se fundamentó al rechazar los hechos tercero y cuarto (folios 256-257), en este último se agregó:

“Por demás, obsérvese que el artículo 41 del Decreto No. 2923-A enumera aspectos a tomar en cuenta “para la clasificación de los terrenos” y no hace referencia al numeral 37, con el cual no tiene relación, pues se trata de la clasificación de tierras de aptitud agrícola o forestal para los efectos de los artículos 20 y 28 de la Ley No. 4465, desarrollados por los numerales 38, 39, 40, 41 y 43 del Reglamento, aspectos que no tienen ingerencia en la constitución del Patrimonio Natural del Estado y sus áreas silvestres protegidas.

Tan es así, que para la determinación de la aptitud agropecuaria o forestal de los terrenos, las diversas leyes forestales han remitido a la utilización de la metodología oficializada para la determinación de la capacidad de uso de las tierras: artículos 54 de la Ley No. 7032; 5 y 54 de la Ley No. 7174; y 3, inciso b) de la Ley No. 7575; metodología que considera, entre otros aspectos: el relieve, el tipo de suelo, la profundidad, la pedregrosidad, el clima y la vegetación, al igual que el artículo 41 de comentario (la metodología vigente fue oficializada mediante Decreto No. 23214 del 13 de abril de 1994), situaciones que tienen relevancia, por ejemplo: para efectos de la verificación del uso conforme del suelo para la actividad que se realiza en los casos de informaciones posesorias, la determinación de los desarrollos u obras permisibles, la identificación de riesgos de deterioro por sobreuso, etc.” Asimismo, siempre sobre la defensa de falta de interés actual, en la respuesta a los hechos trece (folio 260) y décimo sétimo (bis) (folios 262-263), de nuevo analizamos su procedencia.

Señala la sentencia 2495-2010 (considerando VI in fine) que las defensas opuestas deben fundamentarse conforme a la sentencia de la Sala Primera 85-2001. Ya vimos que así procedió el Estado.

A pesar de lo anotado, cabe tomar nota que el análisis del interés actual sobre las pretensiones la parte actora debe hacerlo de oficio el Juzgador en todas las instancias del proceso. Así lo establece la Sala Primera en sentencia No. 465 del 7 de mayo de 2009:

“II.- De la falta de interés actual. Según ha dicho en forma reiterada esta Sala (véase los votos no. 8, de las 15 horas 45 minutos del 5 de enero de 2000 y no. 6, de las 14 horas 30 minutos del 6 de febrero de 1998), en los asuntos sometidos a su conocimiento, el Juez está obligado a analizar, incluso de oficio, los presupuestos sustanciales o de fondo de toda acción, a saber: derecho, legitimación e interés. Se trata de condiciones necesarias para la emisión de una sentencia estimatoria, por lo que deben conservase durante todo el proceso. De modo que si se detecta la ausencia de uno o más de ellos, el Juzgador no podrá pronunciarse sobre el fondo de litigio, generándose de esta forma lo que en doctrina se conoce como sentencia inhibitoria. Este Tribunal, luego del estudio de los autos, llega al convencimiento, de que el interés no está presente en el subexámine. El interés es la necesidad de tutela en que se encuentra una persona en concreto y que lo determina a solicitar la intervención del respectivo órgano jurisdiccional, con la finalidad de que resuelva el conflicto jurídico en el cual es parte. De tal manera, se puede decir, que es la insatisfacción de un interés tutelado por el ordenamiento jurídico (interés legítimo) o un derecho subjetivo, la que provoca el ejercicio del derecho accionar y motiva a formular la pretensión. Se ha dicho también, que es la utilidad que para el titular de un derecho subjetivo o un interés legítimo se deriva de la tutela jurisdiccional. Por ello, siendo imperioso, como ya se dijo, mantenerse durante el desarrollo de todo el proceso, cuando es necesario analizar su subsistencia, el juzgador debe hacer un juicio de utilidad, cotejando los efectos de la resolución jurisdiccional solicitada, con la utilidad que de tal pronunciamiento puede obtener quien la requiera. Si la falta de sentencia le produce daño o perjuicio a quien solicitó tutela, hay interés; si no lo ocasiona, no existe. Esto es así, por cuanto desaparece la causa del litigio, el conflicto de intereses.” Este precedente, de fecha posterior al escrito de contestación de la demanda, lo citamos en nuestras conclusiones del 31 de agosto de 2010, punto 1), pero al igual que otros argumentos y probanzas, fueron inadvertidos.

  • b)Como indicamos al inicio, el análisis de la excepción de falta de derecho fue omitido en la parte considerativa de la sentencia impugnada. Se rechazó en una línea del Por Tanto. Ello es grave. Hay violación directa del artículo 155, párrafo primero del Código Procesal Civil por falta de motivación.

Cabe observar que la excepción de falta de derecho se fundamentó con amplitud al responder la demanda (folios 264-266).

  • c)Para la denegatoria de la excepción de falta de legitimación ad causam activa, la sentencia 2495-2010 (considerando VI), se limita a reproducir la resolución interlocutoria 1670-2008 (folios 447-455), que la conoció como previa para efectos de la caducidad invocada. Sin embargo, el Estado al contestar la demanda invocó la falta de legitimación como presupuesto de fondo (folios 264-266).

La resolución 1670-2008 no analiza ninguno de los puntos expuestos por el Estado al fundamentar esa excepción, por ende tampoco es útil para su denegatoria en sentencia, la cual no indica, ni brevemente, los motivos que llevaron al A quo para mantener lo decidido.

El denominado “patrimonio inmobiliario” (folio 501) o edificaciones para la actividad aduanera (folio 83) que se alega “afectado por la zona protegida por el decreto” (folio 501) no confiere legitimación alguna, toda vez que si el Instituto de Desarrollo Agrario otorgó contratos de arrendamiento sobre áreas ya incorporadas previamente a la Zona Protectora Tivives, el reclamo por el valor de eventuales edificaciones levantadas bajo la vigencia de los contratos de arrendamiento y conforme a sus cláusulas, corresponde hacerlo al Instituto de Desarrollo Agrario (dictamen C-049-98 de 20 de marzo de 1998).

Aún si hubiera probado su calidad actual de arrendataria, que no lo hizo, esa condición no legitima a la actora para reclamar supuestos efectos lesivos del Decreto 17023 sobre la propiedad privada, al no ostentar título de propiedad oponible (Código Civil, artículos 267, 455 y 459 inciso 1).

Efectivamente, ninguna persona que hubiese ostentado la condición de arrendataria, puede afirmar para sí derechos de propiedad. La razón es obvia, "nadie puede cambiar por si mismo, ni por el transcurso del tiempo, la causa de su posesión…Tampoco se puede cambiar por la propia voluntad, ni por el transcurso del tiempo las cualidades ni los vicios de la posesión, tal como ella comenzó, tal continúa siempre." (RAMÍREZ GRONDA. Diccionario Jurídico. Editorial Claridad, Buenos Aires, 6ª. Ed., p. 227. Citado en Oficio de Procuraduría del 18 de junio de 1990, pág. 40).

Entonces, los arrendatarios no ejercen actos posesorios ad usucapionem (Sala Primera, sentencias números 45-1996, 607-2004 y 934-2006, y menos aún tratándose de bienes de dominio público (Sala Primera, No. 952 de 16:20 hrs. del 7 de diciembre de 2005, considerando VI). Ver escrito del 18 de febrero de 2008, respuesta al hecho primero de la demanda (folios 253-254), y de conclusiones del 31 de agosto de 2010, punto 1).

  • d)Para la denegatoria de la excepción de caducidad de la acción se transcribió en parte el auto interlocutorio 1670-2008 sin análisis del por qué lo resuelto a folios 447-455 merecía confirmarse.

En todo caso, como no había obligación legal de notificar a los propietarios u ocupantes de los terrenos involucrados dentro de la declaratoria de la Zona Protectora Tivives, el Decreto 17023 entró a regir con su publicación en La Gaceta No. 101 el 2 de junio de 1986. Esa publicación es el punto de partida para los términos de su impugnación (artículo 141.1 de la Ley General de la Administración Pública).

Conforme al numeral 175 de la Ley General de la Administración Pública texto anterior, pero vigente en este proceso en los términos del Transitorio III de la Ley 8508, el plazo de cuatro años para declarar la nulidad absoluta caducó. Así lo indicó oportunamente el Ministro del Ambiente y Energía en oficio No. DAJ-1799-2006 (folios 333-334). Ver escrito de contestación de la demanda (folios 266-269), y en el punto 3) del escrito de conclusiones del 31 de agosto de 2010.

La sentencia 2495-2010 no analiza ninguno de los motivos en que sustentamos la excepción de caducidad. Como vimos cita la resolución No. 1670-2008, que tampoco señala los extremos para computar el plazo para formular la acción, pues contiene escasas consideraciones atinentes únicamente a la legitimación. (...) (hasta aquí la transcripción literal de la apelación del Estado, visible a folios 644 a 660).

III.-APELACION DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA: El órgano contralor se apersonó al proceso como coadyuvante pasivo, mediante escrito presentado ante el Juzgado A Quo el día 5 de octubre de 2010, es decir después de dictada la sentencia de primera instancia, y simultáneamente, tras varios argumentos de fondo del recurso de apelación, solicitó la admisión de prueba, revocar la sentencia No. 2495-2010 y declarar sin lugar la demanda ( ver folios 865-884 ) .

IV.- SOBRE EL VICIO DE NULIDAD ABSOLUTA EN LAS SENTENCIAS: De previo a abordar los vicios que se dirán, es necesario advertir que las sentencias deben ser congruentes y desde luego motivadas. E st os deberes ineludible s del juez se encuentra n en los artículos 24 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y 98 inciso 2), 99 , 153 párrafo primero, 155 párrafo primero e inciso 3) punto e) y 194 del Código Procesal Civil. Los vicios se manifiesta n cuando no se juzga dentro de los límites de las pretensiones formuladas por las partes y de las alegaciones deducidas para fundamentar la acción y la oposición, o bien, cuando se juzga omitiendo el análisis de cuestiones de fondo fijadas por las partes, o de las excepciones, en desmedro de una de ellas, lo que genera el vicio de nulidad absoluta del fallo y obliga a su declaratoria aún de oficio . Sobre el tema, el voto 1739-92 de las once horas cuarenta y cinco minutos del primero de julio de mil novecientos noventa y dos, dictado por la Sala Constitucional, en lo que interesa dice:

“(…) "El debido proceso reclama que su conclusión por sentencia respete al menos ciertos principios constitucionales vinculados a una verdadera administración de justicia; los cuales pueden sintetizarse así: a.) / b.) Derecho a la congruencia de la sentencia: Es la correlación entre la acusación, prueba y sentencia, en virtud de que ésta tiene que fundamentarse en los hechos discutidos y pruebas recibidas en el proceso. Una dimensión importante del principio de congruencia es, el de la circunstancia de motivación de la sentencia, señalando y justificando específicamente los medios de convicción en que se sustenta y los que desecha." (Énfasis añadido).

El Voto Nº 359-F-02 de las 11:00 horas del 03 de mayo del 2002 dictado por la Sala Primera de Casación explica con todo detalle que la nulidad absoluta del fallo se produce por la omisión de pronunciamiento de las pretensiones y argumentaciones debatidas por las partes, en lo que interesa se precisó:

"(...) dentro de los presupuestos sustanciales que ineludiblemente debe contener un pronunciamiento jurisdiccional para considerarlo sentencia, capaz de causar estado y agotar la instancia, es menester encontrar pronunciamiento sobre la pretensión formulada en la demanda y cada uno de los puntos objeto del debate. Ello implica, además, por disposición positiva (canon 155 del Código Procesal Civil), que debe realizarse un análisis pormenorizado de los defectos procesales que deban corregirse, verter pronunciamiento sobre incidentes relativos a documentos aún pendientes de resolución, analizar la confesión en rebeldía, fijar los hechos incontestables así como los no probados, y resolver las excepciones planteadas. Todo lo anterior debe hacerse dentro de las estrictas circunscripciones fijadas por las partes, en cuanto a los hechos, el derecho, y las pretensiones. La determinación a que arribe el Tribunal sobre todos estos aspectos, ineludiblemente debe reflejarse en el Por Tanto. Tratándose de estas condiciones de fondo de la sentencia, su observación defectuosa sí logra poner en entredicho la validez, y en consecuencia, la eficacia del pronunciamiento de fondo. (...)

/ (...) cuando esa decisión jurisdiccional presenta una flagrante ausencia de algunos o todos los requisitos mencionados (...) el pronunciamiento carece de sus elementos esenciales, por lo cual no cabe cuestionarse sobre su validez, sino acerca de su existencia. (...) Estaríamos en presencia de una sentencia inexistente, -y no inválida-, es decir, una no-sentencia, carente en forma absoluta del carácter de acto procesal relevante (...) De este modo, si las partes omiten advertir la situación, bien puede de oficio el juez evidenciar la necesidad de dictar una sentencia que reúna los requisitos legales, pues de lo contrario estaría limitando el derecho de las partes a la doble instancia, incurriendo en arbitrariedad, y negando el derecho. Amén de lo anterior la sentencia inexistente es una flagrante violación a los derechos de igualdad ante la ley, del debido proceso, particularmente en su manifestación del derecho de defensa y del derecho a la justicia que debe realizarse en estricta conformidad con las leyes, todos ellos de raigambre constitucional (...)". (Énfasis añadido).

Es claro, entonces, que el fallo debe pronunciarse respecto de todas las pretensiones deducidas y excepciones opuestas, a la vez que hacer un análisis - claro, expreso y preciso -, de las cuestiones de fondo o alegaciones aducidas para fundamentar la acción y la oposición y las excepciones opuestas; asegurando a las partes igualdad de tratamiento, siendo que la ausencia de alguno de esos extremos configura desequibrio procesal y quebranto del derecho de defensa y debido proceso y por ende, se constituye en un vicio de nulidad absoluta que debe ser declarado aún de oficio (artículos 24, 103 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, 98 inciso 2), 99 , 194 y 155 del Código Procesal Civil).

V.- SOBRE LOS VICIOS POR OMISION EN EL CASO CONCRETO: En el presente caso, -haciendo la salvedad que no se adelanta criterio - en ningún sentido -, en cuanto al fondo del asunto- éste órgano colegiado evidencia la existencia de causales de nulidad en el procedimiento y en la sentencia apelada, que la invalidan. Veamos: 1.- En el Resultando tercero de la sentencia recurrida se afirma, erróneamente: " 3- Que la Contraloría General de la República se apersonó al proceso, conforme los autos expresando su apoyo (coadyuvancia) al demando que se conoce conforme el presente instrumento (Folio 219), sin embargo, mediante escrito del 04 de febrero del 2009, solicitó el desistimiento en cuanto a predicha coadyuvancia (Folio 547). ", pues esas manifestaciones no se desprenden del expediente judicial. Todo lo contrario: El órgano contralor se apersonó al proceso como coadyuvante pasivo, pero después de dictada la sentencia de primera instancia, mediante escrito presentado ante el Juzgado A Quo el día 5 de octubre de 2010 (folios 865-866), solicitando, simultáneamente, tras varios argumentos de fondo del recurso de apelación, la admisión de prueba, la revocatoria de la sentencia No. 2495-2010 y la declaratoria sin lugar de la demanda ( ver folios 866-884 ) . 2.- Por otra parte, el Tribunal observa que el Juzgado no se pronunció, ni notificó nada, en ningún sentido, respecto de ese apersonamiento de la Contraloría General de la República , como coadyuvante, de folios 865-866, de conformidad y a los efectos del artículo 12 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.- 3.- Asimismo, el Tribunal nota que el Juzgado tampoco se pronunció, en similar sentido, respecto del apersonamiento, como coadyuvante, de TROPICAL TOURIST CORPORATION, de folios 68-69. La resolución del Juzgado de folio 72 es omisa al respecto. 4.- Por otro lado, el Tribunal evidencia nulidad del procedimiento y la sentencia apelada po r haberse dado audiencia por el Juzgado y haberse resuelto por el A Quo, erróneamente, como "incidente de hechos nuevos", y con base en el párrafo segundo del artículo 313 del Código Procesal Civil, el incidente relativo a documentos, denominado por el Estado incidentista como "incidente de documentos nuevos", regido, realmente, por el artículo 293 del Código Procesal Civil. Ver folios 536 a 625, en cuanto a la sustanciación del incidente, por parte del Juzgado, y Considerando I de la sentencia apelada, en que literalmente se indica:

"I. INCIDENTE DE HECHOS NUEVOS. La parte accionada (El Estado) aporta copia certificada del Dictamen N.° C-323-2004, emanado de la Procuraduría General de la República, el cual concluye: "[...] 1. Que el establecimiento de un área silvestre protegida por medio de un acto administrativo en terrenos afectos por ley a un fin público específico y distinto al del régimen legal aplicable al área, no invalida el acto. Esto, de conformidad con el precedente de la Sala Constitucional contenido en la sentencia 2004-08928 de 18 de agosto de 2004, de acatamiento obligatorio por los poderes públicos por ser vinculante erga omnes [...] 2. Que el citado precedente es de aplicación al caso subexámine, por lo que lo dispuesto en las leyes números 5582, 7018 y 7915, no invalidan el decreto número 17-023-MAG que estableció la zona protectora de Titives" (Vid escrito presentado al Despacho, a las 14 horas del 24 de noviembre de 2009, a folio 618). De otra parte, desvirtúa el oficio DJ-219-2008 el cual cita el ADP-469-07, suscrito por la señora Procuradora Amira Suñol Ocampo, toda vez que el oficio N.° PGR-141-2009, suscrito por la incidentista, aclara que el oficio N.° ADP-469-07 no siguió los cauces normales de respuesta en relación con una para determinar eventuales actuaciones irregulares o ilícitas de funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones. A esos mismos efectos, ofrece algunas pruebas, entre éstas, el Diagnóstico de los manglares de la costa pacífica de Costa Rica, Estudio ecológico de Playa Titives, y Evaluación del recurso biológico del manglar de Titives.

Sobre lo anterior, importa observar el párrafo segundo del canon 313 CPC, que regula el instituto jurídico en cuestión, y estipula:

"Después de la contestación o de la réplica, y hasta antes de que se dicte sentencia de primera instancia, la demanda y la reconvención también podrán ampliarse, pero únicamente en cuanto a los hechos, cuando ocurriere alguno de influencia notoria en la decisión o hubiere llegado a conocimiento de la parte alguno anterior de la importancia dicha, y del cual asegurare no haber tenido antes conocimiento. Se tramitará en vía incidental. Su resolución se hará en el fallo".

De la norma en cuestión se extraen tres importantes supuestos para admitir o no la petición en autos, a saber, 1. Que la solicitud se efectúe de previo al dictado del fallo; 2. Hechos nuevos de influencia en el dictado de la sentencia; 3. Hechos de entidad y sin conocimiento previo. A ese respecto, es dable analizar si la gestión formulada cumple cabalmente tales requerimientos. En consecuencia, si bien es cierto, la petición se realiza antes del dictado del fallo, los hechos brocados al incidente no podrían ser desconocidos para la mandataria estatal. Tan es así que el dictamen aportado, data del año 2004, es decir, cinco años antes de la interposición del incidente. Note la incidentista-demandada que con tal proceder pretende introducir al sub lite un elemento probatorio no ofrecido oportunamente. Sin embargo, tal objetivo procura lograrlo por una vía inadecuada, sea, el incidente de hechos nuevos. Es preciso retomar que por su naturaleza jurídica, el incidente de rito tiene por objeto, ampliar la acción o la contrademanda. No así la pretensión, lo cual debe hacerse forzosamente de previo a la contestación, sino en relación a los hechos. A ese tenor, lleva razón el incidentado-actor, quien literalmente expone: "[...] toda la documentación aportada siempre la tuvo en su poder el Estado y no se trata de documentos cuyo conocimiento o existencia hasta ahora los haya tenido la representación estatal..." (Vid Contestación del incidente, a folio 623). Con fundamento de lo expuesto, llevando razón el incidentado, el infrascrito deberá declarar sin lugar el incidente interpuesto por la representación del Estado, y concomitantemente, rechazar la prueba que se adjunta la cual se torna improcedente.".

Siendo evidente la equivocación del A Quo en cuanto al fundamento normativo invocado para el rechazo de dicha articulación. Y por ende confuso o contradictorio su desarrollo o contenido. En efecto, mediante ese incidente de documentos nuevos del 24 de noviembre de 2009, y con fundamento en el artículo 293, incisos 1) y 4) del Código Procesal Civil, el Estado adjuntó:- Informe “Diagnóstico de los manglares de la costa pacífica de Costa Rica”, preparado para la Comisión Nacional de Manglares por Francisco Pizarro y Heidy Angulo, editado en 1993. - “Estudio ecológico de Playa Tivives” elaborado por el geógrafo Nombre150357 y la bióloga Carmen Roldán Chacón, de febrero de 1986. - “Evaluación del recurso biológico del manglar de Tivives” elaborado por Nombre150358 y otros para la Fundación de Parques Nacionales, Programa de Patrimonio Natural de Costa Rica, de 1986. Sin embargo, a pesar de que se aportaron en un incidente de documentos nuevos, la sentencia 2494-2010, considerando I, erróneamente trajo a colación el artículo 313 del Código Procesal Civil, y lo catalogó como de hechos nuevos, previsto para otros supuestos, sea para ampliar los hechos de la demanda o de la reconvención. Ello viola la ley en forma directa por indebida aplicación, pues el precepto que da cabida a la gestión del Estado, como se indicó en ese incidente de documentos nuevos, es el numeral 293 del Código Procesal Civil, incisos 1) y 4), infringido por desaplicación. No se trata de nuevos hechos, sino de documentos. Como consecuencia del error en cuanto al fundamento normativo, el A Quo dejó de analizar, si, como señala el apelante, se trata de documentos que podrían tener, incluso, fecha posterior a la contestación de la demanda, en tanto constituyan prueba complementaria (Código Procesal Civil, artículo 293, inciso 4). En este mismo sentido, el Nombre35518 dejó de analizar si dichos documentos son o no complementarios a los informes técnicos de folios 308-316, 398-399, 401-404, 406 y 407, aportados por el Estado al responder la acción (folios 270-271). En similar sentido, el Nombre35518 dejó de analizar si, como señala el apelante, el dictamen C-323-2004, dirigido a la Municipalidad de Esparza, ya había sido citado por el Estado al contestar los hechos de la demanda 12 (folios 259-260) y 18 (folio 263), como también para sustentar las excepciones de falta de derecho y de legitimación activa (folios 264-263). Así también, si simplemente fue incorporado al expediente, como lo hizo el Estado con la Ley Forestal 4465 (274-287) y sus reglamentos 2923 (folios 289-306) y 16986 (322-331), para facilitar su lectura y acceso material. Asimismo, si como fuente normativa no precisan demostración, por estar disponible, ese dictamen, en el Sistema Costarricense de Información Jurídica, y ser parte de la jurisprudencia administrativa; y por ende, si las conclusiones de dicho dictamen son o no de aplicación al caso concreto. Además, como derivación del error en cuanto al fundamento jurídico, el Juez A Quo dejó de analizar si el oficio No. PGR-141-2009 de 9 de noviembre de 2009, que también se adjuntó, en el citado incidente, como documento nuevo, cumple con el inciso 1) del artículo 293 del Código Procesal Civil, por ser, precisamente, de fecha posterior a la contestación de la demanda: 18 de febrero de 2008 (folio 253). Por otra parte, y a mayor abundamiento, pese a que el artículo 293 ibidem dispone que "...La gestión de presentación de documentos a que este artículo se refiere, se tramitará mediante incidente en pieza separada, que será resuelto en la sentencia definitiva", y lo mismo señala el inciso 4 del artículo 155 del mismo Código Procesal Civil, al disponer que "La parte dispositiva, que comenzará con las palabras "por tanto", en la que se pronunciará el fallo, en lo que fuere posible, en el siguiente orden: a) (...) b) Incidentes relativos a documentos. c)(...), ch) (...), d) (...) e) (...)", sin embargo, en el Por Tanto de la sentencia apelada, no existe ningún pronunciamiento respecto del citado incidente. 5.- Por otra parte, en el considerando "V.- SOBRE LA PALMARIA NULIDAD DEL DECRETO No. 17.023-MAG", de la sentencia apelada, consta, además, que al abordar el caso en sí, el A Quo expuso otros motivos o fundamentos jurídicos que le sirvieron de base para acoger la acción, al afirmar: "De toda suerte inobservó el Ejecutivo, el procedimiento para elaborar disposiciones de carácter general, modus incardinado a la sazón del articulado 361 al 363 LGAP. En primer lugar, debió haber concedido a la parte actora así como a los coadyuvantes, audiencia en aras de que éstos expusieran su aceptación o rechazo al entonces proyecto. Esto es, dentro del plazo de diez días, salvo razones de interés público o de urgencia debidamente consignada en el proyecto, lo cual, incluso, se echa de menos. Tómese en consideración, además, que existía la posibilidad de haberlo sometido a la opinión pública, durante un plazo razonable. Tampoco se evidencian las observaciones del Consejo de Gobierno o la urgencia manifiesta para prescindir de eventuales recomendaciones.", los cuales, si bien se mira, no fueron aducidos, propiamente, por la actora, para fundamentar su acción. Siendo por ello sorpresivos y violatorios del artículo 24 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. El vicio se produce no porque no puedan invocarse otros motivos o fundamentos jurídicos, no aducidos por las partes, sino fundamentalmente por inaplicación del citado artículo 24, esto es, por quebranto del contradictorio, por no haberlos expuesto y sometido, de previo, a las partes, mediante providencia, en el plazo de ley, para que formularan las alegaciones que estimaran oportunas, con suspensión del plazo para pronunciar el fallo; siendo como lo son, en criterio del Tribunal, novedosos. Constituyendo, en este sentido, un vicio específico de incongruencia, propio del proceso contencioso administrativo. 6.- En el considerando "II.- HECHOS PROBADOS" de la sentencia apelada, el A Quo tiene por probados los siguientos hechos:

1°) Que Nombre127050, ha venido arrendando una parcela propiedad del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), Contrato de Arriendo para Uso Industrial, propiedad afectada, parcialmente, por el Decreto Ejecutivo N.° 17.023-MAG; contratación prorrogada a Nombre127051 en su condición personal, pero sobre el área fuera de los límites establecidos por el predicho Decreto, propiedad inscrita en el Registro Público, Sección Propiedad, Partido de Puntarenas, Folio Real matrícula número Placa30773, por un período de tres años (Vid Acuerdo Junta Directiva IDA, artículo 61 de la sesión ordinaria 019-2008 del 26 de mayo de 2008, a folios 493 al 495 en relación con el 381 al 385 del expediente judicial). (...) 5°) Que el Despacho rechazó la solicitud de aceptación del contrato de cesión presentado por la señora Nombre66658 al carecer de certificación del acta de la Asamblea de Accionistas de la sociedad Terminal de Contenedores de Costa Rica, para cederse a sí misma los derechos litigiosos de este proceso (Vid Resolución N.° 400-2010 dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo, a las 12 horas del 16 de febrero de 2010, a folios 521 al 522). (El subrayado es suplido).

Y, pese a que el A Quo considera que tales hechos "están plenamente demostrados y los estima "De trascendencia para dirimir el sub- judice", sin embargo, si bien se mira, la sentencia apelada no contiene ningún desarrollo o explicación, mucho menos claro, preciso y expreso, sobre la trascendencia de tales hechos para dirimir el proceso. En efecto, en lo que sería el análisis de las cuestiones de fondo - Considerandos IV y V -, el A Quo resume, analiza y acoge, básicamente, los argumentos del actor, sin un resumen ni análisis, por contraste, de los argumentos o respuesta del demandado. Lo cual genera desequilibrio procesal, en este caso, en perjuicio del Estado. Cosa parecida sucede con lo que sería el análisis de las excepciones opuestas - Considerando VI.-, pues, si bien se mira, pese a que se admite la existencia de argumentos expuestos por el Estado, en sustento de sus excepciones, y hasta se resumen algunos; no obstante, o no se analizan, unos, o se rechazan otros, globalmente, sin ningún análisis por separado; y, sobre la base de que ya fueron resueltos, interlocutoriamente, por resolución del Juzgado N.° 1670-2008, de las 10 horas del 27 de noviembre de 2008, de la cual transcribe el considerando II, así a propósito de la falta de legitimación y derecho; o bien, sobre la base de que carecen de fundamento fáctico para enervar los argumentos constitutivos de la acción, o lo que es igual, porque el Estado no las fundamentó de hecho y se limitó a invocar diversas normas sin ligarlas con las defensas opuestas; así a propósito de la falta de interés actual y la genérica sine actione agit. Lo cual resulta extraño, por no decir contradictorio, con los hechos arriba transcritos, que el propio A Quo tuvo como " plenamente demostrados y "De trascendencia para dirimir el sub- judice", sobre todo, como ya adelantamos, en ausencia de una explicación del Juzgado, acerca de su trascendencia. Con lo cual se produce falta de motivación, por ausencia de análisis, respecto de algunos argumentos, así como por confusión o contradicción, en cuanto a lo desarrollado por el A quo. 7.- En relación con lo anterior, el Tribunal evidencia nulidad de la sentencia apelada, por omisión de análisis de afirmaciones de hechos , alegaciones y probanzas deducidas por el Estado para fundamentar las excepciones. Careciendo, por lo mismo, de fundamentación suficiente. Lo cual genera indefensión. Veamos: En cuanto a la excepción de falta de interés actual, como señala el apelante, se inadvirtió - invisibilizó -, por el A Quo, lo señalado por el Estado al contestar el hecho segundo de demanda (folios 255-256); así como el fundamento expuesto al rechazar los hechos tercero y cuarto, especialmente el cuarto (folios 256-257), así como el análisis sobre su procedencia, en la respuesta a los hechos trece (folio 260) y décimo sétimo (bis) (folios 262-263). Siendo inexistente, en este sentido, la supuesta ausencia de fundamentación de las excepciones opuestas, aducida por el Nombre35518 . En todo caso, tal y como ha señalado la Sala Primera de Casación (p.ej. en sentencia No. 465 del 7 de mayo de 2009), el análisis del interés actual sobre las pretensiones de la parte actora, debe hacerlo el Juzgador, incluso de oficio. Es más, este precedente jurisprudencial, de fecha posterior al escrito de contestación de la demanda, pese a que fue citado por el Estado en su escrito de conclusiones del 31 de agosto de 2010, punto 1) (folio 631), fue igualmente inadvertido, por el Nombre35518 . En cuanto a la excepción de falta de derecho, como señala el apelante, tampoco existe análisis, en ningún sentido, en la parte considerativa de la sentencia impugnada. Siendo rechazado en una línea del Por Tanto. Por lo que también se produce quebranto del artículo 155, párrafo primero e inciso 3) punto e) del Código Procesal Civil por falta de motivación. En cuanto al rechazo de la excepción de falta de legitimación ad causam activa, la sentencia 2495-2010 (considerando VI), se limita a reproducir la resolución No. 1670-2008 (folios 447-455), que la conoció como previa para efectos de la caducidad invocada. Sin embargo, en la sentencia apelada se inadvierte - invisibiliza-, que el Estado al contestar la demanda invocó la falta de legitimación como presupuesto de fondo (folios 264-266), argumentando, entre otras cosa, que:

"El denominado “patrimonio inmobiliario” (folio 501) o edificaciones para la actividad aduanera (folio 83) que se alega “afectado por la zona protegida por el decreto” (folio 501) no confiere legitimación alguna, toda vez que si el Instituto de Desarrollo Agrario otorgó contratos de arrendamiento sobre áreas ya incorporadas previamente a la Zona Protectora Tivives, el reclamo por el valor de eventuales edificaciones levantadas bajo la vigencia de los contratos de arrendamiento y conforme a sus cláusulas, corresponde hacerlo al Instituto de Desarrollo Agrario (dictamen C-049-98 de 20 de marzo de 1998). Aún si hubiera probado su calidad actual de arrendataria, que no lo hizo, esa condición no legitima a la actora para reclamar supuestos efectos lesivos del Decreto 17023 sobre la propiedad privada, al no ostentar título de propiedad oponible (Código Civil, artículos 267, 455 y 459 inciso 1). Efectivamente, ninguna persona que hubiese ostentado la condición de arrendataria, puede afirmar para sí derechos de propiedad. La razón es obvia, "nadie puede cambiar por si mismo, ni por el transcurso del tiempo, la causa de su posesión…Tampoco se puede cambiar por la propia voluntad, ni por el transcurso del tiempo las cualidades ni los vicios de la posesión, tal como ella comenzó, tal continúa siempre." (RAMÍREZ GRONDA. Diccionario Jurídico. Editorial Claridad, Buenos Aires, 6ª. Ed., p. 227. Citado en Oficio de Procuraduría del 18 de junio de 1990, pág. 40). Entonces, los arrendatarios no ejercen actos posesorios ad usucapionem (Sala Primera, sentencias números 45-1996, 607-2004 y 934-2006, y menos aún tratándose de bienes de dominio público (Sala Primera, No. 952 de 16:20 hrs. del 7 de diciembre de 2005, considerando VI)." Ver escrito del 18 de febrero de 2008, respuesta al hecho primero de la demanda (folios 253-254), y de conclusiones del 31 de agosto de 2010, punto 1).

Y, si bien se mira, la resolución interlocutoria No. 1670-2008 no analiza los puntos expuestos por el Estado al fundamentar esa excepción, como presupuesto de fondo, por lo que tampoco es útil para su denegatoria en sentencia, la cual no indica, ni brevemente, los motivos que llevaron al A quo para mantener lo decidido. En cuanto al rechazo de la excepción de caducidad de la acción, también se transcribió en parte, por el A Quo, la resolución interlocutoria 1670-2008 sin análisis del por qué lo resuelto a folios 447-455 merecía confirmarse. Téngase en cuenta, además, que en dicha resolución no se señalan los extremos para computar el plazo para formular la acción, pues contiene escasas consideraciones atinentes únicamente a la "legitimación". En todo caso, en la sentencia apelada tampoco se analizan otros motivos en que el Estado sustentó la excepción de caducidad, como lo son que:

"Como no había obligación legal de notificar a los propietarios u ocupantes de los terrenos involucrados dentro de la declaratoria de la Zona Protectora Tivives, el Decreto 17023 entró a regir con su publicación en La Gaceta No. 101 el 2 de junio de 1986. Esa publicación es el punto de partida para los términos de su impugnación (artículo 141.1 de la Ley General de la Administración Pública). Conforme al numeral 175 de la Ley General de la Administración Pública texto anterior, pero vigente en este proceso en los términos del Transitorio III de la Ley 8508, el plazo de cuatro años para declarar la nulidad absoluta caducó. Así lo indicó oportunamente el Ministro del Ambiente y Energía en oficio No. DAJ-1799-2006 (folios 333-334)." Ver escrito de contestación de la demanda (folios 266-269), y en el punto 3) del escrito de conclusiones del 31 de agosto de 2010.

Además, como advierte el apelante, tampoco se analizan, en la sentencia recurrida, en ningún sentido, los alcances de las sentencias de la Sala Constitucional No. 7294 de 16:15 hrs. del 13 de octubre de 1998; y No. 1763 de 16:45 hrs. del 13 de abril de 1994. Así como los alcances de los argumentos expuestos por el Estado al responder los hechos segundo y tercero de la demanda (folios 255-256). Así como los alcances del contrato del 25 de abril de 1990 (folios 388-391), aportado por el Estado al responder la acción. Igual sucede con el arrendamiento del 29 de junio del 2003 (folios 381-385), concluido el 29 de junio del 2007 (véase cláusula cuarta al folio 383). Careciendo, por lo mismo, la sentencia apelada, de fundamentación suficiente. Lo cual genera indefensión.

VI.- DE LA NULIDAD DE LA SENTENCIA IMPUGNADA: L as indicadas desatenciones producen la nulidad de lo resuelto al configurarse los vicios de falta de motivación e incongruencia , aparte de los señalados vicios procesales, pues el A Quo omtió el análisis de alegaciones aducidas por el Estado para fundamentar la oposición y las excepciones opuestas, según se detalló líneas arriba. Tales omisiones quebrantan innegablemente los principios rectores del derecho de defensa, debido proceso , igualdad y equilibrio procesal, ante lo cual no es admisible que éste Tribunal falle en única instancia, siendo el Juzgado Contencioso Administrativo, como órgano de primera instancia, el que deberá resolver este asunto, analizando, también, en lo que ahora interesa, los alegatos y cuestiones de fondo aducidos por el Estado para fundamentar su oposición, y las excepciones opuestas (artículo 24 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y 98 inciso 2), 99 , 153 párrafo primero, 155 párrafo primero e inciso 3) punto e) y 194 del Código Procesal Civil.).

VII.- COROLARIO: En mérito de lo expuesto, resulta de rigor anular el fallo impugnado y disponer la devolución del expediente al Juzgado Contencioso para que, corregidos los yerros, resuelva el caso conforme a derecho. Por innecesario, se omite pronunciamiento respecto de los agravios que por el fondo invocó el personero estatal. Por iguales razones se omite pronunciamiento, respecto del recurso de apelación de la Contraloría General de la República.

POR TANTO

Se anula la sentencia número No. 2495-2010 dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, a las siete horas cincuenta minutos del dieciseis de setiembre del dos mil diez. Se devuelve el expediente a ese órgano jurisdiccional para que, una vez corregidos los yerros, resuelva el caso conforme a derecho. Por innecesario, se omite pronunciamiento respecto de los agravios que por el fondo invocó el personero estatal; así también, respecto del recurso de apelación de la Contraloría General de la República. Notifíquese.

Bernardo Rodríguez Villalobos Nombre126816 . Judith Reyes Castillo NUE 06-000318-0163-CA

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      Concept anchorsAnclajes conceptuales

      • Decreto Ejecutivo 17023-MAG
      • Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa Art. 24
      • Código Procesal Civil Art. 155
      • Sala Constitucional Voto 7294-98
      • Sala Constitucional Voto 1763-94

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