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Res. 00115-2011 Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI · Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI · 13/05/2011

Vías de hecho and Construction of Toro 3 Hydroelectric ProjectVías de hecho y construcción del Proyecto Hidroeléctrico Toro 3

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OutcomeResultado

DismissedSin lugar

The Tribunal dismisses the lawsuit in its entirety, finding that most of the challenged actions did not constitute 'vías de hecho' because they were covered by enabling provisions, and the plaintiffs failed to prove damages or injury to their property rights.El Tribunal rechaza la demanda en todos sus extremos, al considerar que la mayor parte de las actuaciones impugnadas no constituyen vías de hecho pues estaban amparadas por normas habilitantes, y que los actores no acreditaron daños ni lesiones a su derecho de propiedad.

SummaryResumen

The Sixth Section of the Contentious-Administrative Tribunal fully dismisses the lawsuit filed by neighboring landowners against ICE and JASEC regarding the Toro 3 Hydroelectric Project. The Tribunal analyzes multiple claims of 'vías de hecho' (unlawful material actions), including JASEC's geographic competence beyond Cartago, breach of the Business Alliance Agreement and its comptroller approval, and violation of property rights by tunneling underground. It concludes: (a) JASEC is legally empowered to enter into alliances for electricity generation without geographic limitation; (b) the alleged breach of the agreement does not constitute a 'vía de hecho' because enabling statutes existed and the project has been largely executed with own funds; (c) the tunneling did not harm the plaintiffs' property rights because underground ownership requires a proven reasonable interest and actual use potential, which was not demonstrated; (d) though irregularities were found (e.g., construction of the main intake on a public riverbed without a water concession, extraction of subsurface minerals without a mining concession), these do not amount to 'vías de hecho' as the overall action was authorized by law and the public interest, but the Environmental Administrative Tribunal is ordered to inspect for possible damages and corrective measures are indicated.La Sección VI del Tribunal Contencioso Administrativo rechaza íntegramente la demanda de propietarios colindantes al Proyecto Hidroeléctrico Toro 3 contra el ICE y la JASEC. El tribunal analiza múltiples alegatos de vías de hecho (actuaciones materiales ilegítimas), incluyendo la competencia de la JASEC fuera de Cartago, el incumplimiento del Convenio de Alianza Empresarial y del refrendo contralor, y la vulneración del derecho de propiedad por la excavación de un túnel en el subsuelo. Concluye que: (a) el ordenamiento jurídico sí habilita a la JASEC para suscribir alianzas en materia de generación eléctrica sin limitación geográfica; (b) el incumplimiento del convenio de alianza no constituye vía de hecho porque existían normas legales habilitantes y el objeto del convenio se ha cumplido mayoritariamente con recursos propios; (c) la excavación del túnel no lesionó el derecho de propiedad de los demandantes pues el subsuelo solo es propiedad del titular superficial cuando existe un interés razonable y posibilidad real de uso, lo cual no se acreditó; y (d) aunque se detectaron irregularidades como la construcción de la toma principal en cauce público sin concesión de aprovechamiento de aguas y la extracción de materiales del subsuelo sin concesión minera, estas no configuran vías de hecho porque la actuación general estaba habilitada por ley y por el interés público del proyecto, aunque se ordena al Tribunal Ambiental Administrativo realizar inspecciones para determinar si hubo daños y se imponen medidas correctivas.

Key excerptExtracto clave

“IV.- ON VÍAS DE HECHO (UNLAWFUL MATERIAL ACTIONS). Considering that the plaintiffs base most of their allegations on the existence of actions constituting ‘vías de hecho’ by the defendants during the execution of the Toro 3 Hydroelectric Project, it is essential to briefly refer to the scenarios in which ‘vías de hecho’ may occur. In this sense, it should be noted that among the various forms of administrative conduct we find legitimate material actions (direct coercion, anomalous coercion, provision of public services), i.e., conduct required of public law entities. However, such material conduct often becomes unlawful when actions are taken outside the legal framework, giving rise to what is known as ‘vías de hecho’ of the Public Administration. Legal scholarship and case law have identified several scenarios of unlawful material action or ‘vías de hecho’: 1) When there is no prior legal rule or administrative act directly authorizing the material or technical action. Likewise, when no authorized public service exists (even minimally, under Article 12 of the General Public Administration Act) to justify the deployment of material actions. 2) When the material action is based on a valid but ineffective act (doctrine of Article 169 of the General Act in connection with Article 146(3) and (4) thereof). 3) When there is excess or overreach in the execution of a validly adopted act. 4) When a valid administrative act suffers from grotesque, evident, or manifest nullity that defeats the presumption of legitimacy covering such formal conduct. 5) When no factual situation justifies the exercise of direct coercion for administrative self-protection or public order. 6) When there are no abnormal or exceptional circumstances justifying the temporary substitution or disapplication of the existing legal order by one appropriate to those circumstances, as a precondition for anomalous coercion. As can be seen, these are actions that contravene the legal path ordinarily required for the Administration to legitimize its conduct. Since they directly or indirectly affect fundamental rights of the individual, they can be challenged through various procedural channels, both in the constitutional sphere (amparo) and in contentious-administrative proceedings (precautionary measures, civil treasury proceedings, plenary proceedings). (...)”“IV.-SOBRE LAS VÍAS DE HECHO. Tomando en cuenta que los actores fundamentan la mayoría de sus alegaciones en la existencia de actuaciones constitutivas de la vía de hecho de las accionadas durante la ejecución del Proyecto Hidroeléctrico Toro 3, se estima indispensable referirnos, de manera muy breve, a los supuestos en que pueden presentarse la vía de hecho. En este sentido, debe señalarse que dentro de las diferentes formas de manifestación de la conducta administrativa encontramos las actuaciones materiales legítimas (coacción directa, anómala, prestación de servicios públicos), esto es, conductas debidas y a la que están obligados los sujetos de derecho público. No obstante, muchas veces esa conducta material se torna ilegítima porque se actúa fuera del ordenamiento jurídico dando lugar a lo que se conoce como las vías de hecho de la Administración Pública. La doctrina y jurisprudencia han señalado algunos supuestos en los que se presenta una actuación material ilegítima o vías de hecho: 1) Cuando no existe norma o acto administrativo previo que autorice la adopción de la actuación material o técnica en forma directa. Asimismo, cuando no exista un servicio público autorizado (aún de manera mínima, artículo 12 de la Ley General de la Administración Pública) que justifique el despliegue de actuaciones materiales. 2) Cuando la actuación material se funda en un acto válido pero ineficaz (doctrina del artículo 169 de la Ley general señalada en relación con el numeral 146 incisos 3) y 4) ibídem). 3) Cuando existe un exceso o desbordamiento en la ejecución del acto válidamente adoptado. 4) Cuando existiendo un acto administrativo válido hay una nulidad grotesca, evidente o manifiesta que impide la presunción de legitimidad que cobija este tipo de conductas formales. 5) Cuando no exista una situación de hecho que justifique el ejercicio de la coacción directa para la autodefensa administrativa o del orden público. 6) Cuando no medien circunstancias anormales o excepcionales que justifiquen la sustitución o desaplicación provisional del ordenamiento jurídico vigente por uno adecuado a aquellas , como presupuesto de la coacción anómala). Como se observa, se trata de actuaciones que se contraponen a la vía de derecho que ordinariamente debe seguir la Administración para legitimar su conducta. Por afectar directa o indirectamente los derechos fundamentales del administrado, puede ser atacada o impugnada desde distintos cauces procesales, tanto en la sede constitucional (recurso de amparo) como en el proceso contencioso administrativo (medidas cautelares, proceso civil de hacienda, proceso de conocimiento). (...)”

Pull quotesCitas destacadas

  • "El régimen jurídico del subsuelo en el sistema normativo patrio es un tema poco explorado y de especial complejidad... Una interpretación ligera... puede llevar al equívoco de considerar que tal mandato resuelve el dilema de la titularidad del subsuelo, asignándolo al propietario de la superficie."

    "The legal regime of the subsoil in our domestic legal system is a little-explored and particularly complex subject... A superficial interpretation... may lead to the mistake of considering that such a provision resolves the dilemma of subsoil ownership by assigning it to the surface owner."

    Considerando IX

  • "El régimen jurídico del subsuelo en el sistema normativo patrio es un tema poco explorado y de especial complejidad... Una interpretación ligera... puede llevar al equívoco de considerar que tal mandato resuelve el dilema de la titularidad del subsuelo, asignándolo al propietario de la superficie."

    Considerando IX

  • "No cualquier daño da cabida al deber de reparación, sino solo aquel que sea efectivo, evaluable e individualizable. Así se desprende del numeral 196 de la Ley General de la Administración Pública."

    "Not every damage gives rise to the duty to repair, but only that which is effective, assessable, and individualizable. This follows from Article 196 of the General Public Administration Act."

    Considerando XIV

  • "No cualquier daño da cabida al deber de reparación, sino solo aquel que sea efectivo, evaluable e individualizable. Así se desprende del numeral 196 de la Ley General de la Administración Pública."

    Considerando XIV

  • "Se ordena al Tribunal Ambiental Administrativo realizar los estudios técnicos ambientales que determinen cual fue el impacto ambiental ocasionado al Río Toro al depositar materiales extraídos del subsuelo en el vado ubicado en ese río y establecer las medidas para mitigarlo."

    "The Environmental Administrative Tribunal is ordered to conduct the technical environmental studies to determine the environmental impact caused to the Toro River by depositing materials extracted from the subsoil on the ford located in that river and establish the measures to mitigate it."

    Por tanto (derivado del Considerando XIII)

  • "Se ordena al Tribunal Ambiental Administrativo realizar los estudios técnicos ambientales que determinen cual fue el impacto ambiental ocasionado al Río Toro al depositar materiales extraídos del subsuelo en el vado ubicado en ese río y establecer las medidas para mitigarlo."

    Por tanto (derivado del Considerando XIII)

  • "La propiedad... debe ser interpretada a la luz de la función social de la propiedad, de modo que no se trata de un derecho absoluto e irrestricto."

    "Property... must be interpreted in light of the social function of property, so it is not an absolute and unrestricted right."

    Considerando IX

  • "La propiedad... debe ser interpretada a la luz de la función social de la propiedad, de modo que no se trata de un derecho absoluto e irrestricto."

    Considerando IX

Full documentDocumento completo

IV.- ON DE FACTO ACTIONS (VÍAS DE HECHO). Considering that the plaintiffs base most of their allegations on the existence of actions constituting de facto actions (vías de hecho) by the defendants during the execution of the Toro 3 Hydroelectric Project, it is deemed essential to refer, very briefly, to the scenarios in which de facto actions (vía de hecho) may occur. In this regard, it should be noted that among the different forms of manifestation of administrative conduct we find legitimate material actions (direct coercion, anomalous coercion, provision of public services), that is, due conduct to which public law subjects are obligated. However, such material conduct often becomes illegitimate because it is carried out outside the legal system, giving rise to what is known as de facto actions (vías de hecho) of the Public Administration. Doctrine and jurisprudence have indicated some scenarios in which an illegitimate material action or de facto actions (vías de hecho) occur: 1) When there is no prior rule or administrative act that authorizes the adoption of the material or technical action directly. Likewise, when there is no authorized public service (even in a minimal manner, article 12 of the General Law on Public Administration) that justifies the deployment of material actions. 2) When the material action is based on a valid but ineffective act (doctrine of article 169 of the General Law indicated in relation to numeral 146 subsections 3) and 4) ibidem). 3) When there is an excess or overflow in the execution of the validly adopted act. 4) When, despite the existence of a valid administrative act, there is a grotesque, evident, or manifest nullity that prevents the presumption of legitimacy that covers this type of formal conduct. 5) When there is no factual situation that justifies the exercise of direct coercion for administrative self-defense or public order. 6) When there are no abnormal or exceptional circumstances that would justify the provisional substitution or non-application of the current legal system with one appropriate to those circumstances, as a prerequisite for anomalous coercion. As can be seen, these are actions that contravene the legal path (vía de derecho) that the Administration must ordinarily follow to legitimize its conduct. Because they directly or indirectly affect the fundamental rights of the individual, they can be attacked or challenged through different procedural channels, both in the constitutional jurisdiction (amparo remedy) and in the administrative contentious process (precautionary measures, civil treasury process, plenary proceeding). Indeed, article 36 of the Contentious Administrative Procedure Code indicates that claims shall be admissible, among others, regarding material actions, legitimate or illegitimate, of the Administration. Then, article 42 subsection h) allows the party to seek a declaration of non-conformity with the legal system of a material action constituting de facto actions (vía de hecho), its cessation, as well as the adoption of other measures such as the due adaptation of the administrative conduct. Such a claim fully aligns with the judge's duty to declare it, as derived from numeral 122 subsection i) of the procedural Code in question.

V.- ON THE COMPETENCE OF THE DEFENDANT ENTITIES TO DEVELOP HYDROELECTRIC PROJECTS. Considering that in this proceeding the territorial competence of JASEC in hydroelectric generation projects has been questioned, this Court deems it necessary to outline some brief considerations regarding the competence attributed by the legal system to the defendants in that matter. Regarding ICE, it must be noted that pursuant to numerals 1, 2, and 16 subsection c) of Decree No. 449, of April 8, 1949 (Regulation for the creation of the Instituto Costarricense de Electricidad), that entity is responsible for the rational development of the physical energy-producing sources that the Nation possesses, especially hydraulic resources, as well as channeling the use of hydroelectric energy in order to strengthen the national economy and promote the greater well-being of the people of Costa Rica. For this purpose, it is authorized -among other acts- to build new hydroelectric power plants and their distribution networks; to conserve, defend, and rationally exploit, in accordance with the provisions of the legal system, the hydraulic resources of the Nation declared national reserves. Now then, through Law No. 8660 published in the Official Gazette La Gaceta No. 156 of August 13, 2008 -which entered into force on that same date-, the aforementioned Decree-Law No. 449 was supplemented in order to provide ICE and its companies with the necessary legal, financial, and administrative conditions that would allow them to: i) adapt to all changes in the legal regime for the generation and provision of electricity services, as well as telecommunications, infocommunications, information products and services, and other convergent services; ii) continue with the provision and commercialization of electricity and telecommunications products and services, within the national territory and outside it (article 2 of Law No. 8660). In this sense, it is worth highlighting that to exercise, within or outside the country, directly or through agreements, cooperation agreements, associations, strategic alliances, or any other form of association with other national or foreign entities, public or private, those competences related to generating, installing and operating networks, providing, acquiring and commercializing electricity, telecommunications and infocommunications products and services, as well as other information products and services and others in convergence (article 6 subsection 1), Law No. 8660 authorizes them to enter into strategic alliances, within the country and outside it, or any other form of business association with other public or private entities, national or foreign, that develop investment, capital, commercial activities, research, technological development, service provision and other activities related to the activities of ICE and its companies, with the purpose of promoting their competitiveness (article 8). Likewise, ICE and its companies are empowered to enter into trust creation contracts of any nature, within the national territory and outside it (article 11). Consequently, from the foregoing it follows that the competence of ICE and its companies not only extends over the entire national territory, but also outside it in accordance with the terms of Law No. 8660, coupled with the fact that said competences shall be exercised directly or through agreements, cooperation agreements, associations, strategic alliances, or any other form of association with other national or foreign entities, public or private. With regard to JASEC, it must be noted that, in accordance with the provisions of articles 1 and 2 of the cited Law No. 3330, amended by Laws No. 7799 and No. 8660, that Board constitutes a semi-autonomous body (a legal entity under Public Law, of a non-state nature), with full legal capacity, its own patrimony, and financial, administrative, and technical autonomy in the fulfillment of its duties, domiciled in that city, which is exclusively responsible for the administration of the electrical utility of the Municipality of the Central canton of that province. Now then, in accordance with the amendments introduced through the already cited Laws No. 7799 and No. 8660 to article 2 of Law No. 3300, which defines the competences of JASEC, it is empowered to provide the public services defined in subsection 1) of article 5 of the Law of the Regulatory Authority for Public Services -namely: supply of electrical energy in the stages of generation, transmission, distribution, and commercialization-, as well as telecommunications, infocommunications services; other convergent services and cable television, and must hold the respective concession when necessary. To exercise said competences, and with respect to the specific case, JASEC, pursuant to the provisions of articles 6, 7, and 9 of the Law on the Participation of Rural Electrification Cooperatives and Municipal Public Service Companies in National Development (Law No. 8345 of March 25, 2003), may: i) Enter into business alliance agreements with cooperative associations and municipal public service companies covered by that Law, conducive to the joint development and exploitation of electrical generation works and services. Cooperative associations and municipal public service companies may enter into agreements of this nature among themselves; likewise, they may enter into trusts with a bank of the National Banking System for the development of electrical and telecommunications projects, it being understood that this authorization is extended to ICE and the Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL). ii) Sell the energy they generate for the consumption of the users of their distribution networks, in accordance with their geographic coverage area in the national territory, which in its case, and pursuant to the provisions of article 1 of its Law No. 3330, is the Province of Cartago; iii) Arrange the sale of surplus electrical energy to ICE or among itself, the cooperative associations, or the public service companies covered by Law No. 8345. Consequently, from the foregoing, it follows that -among other aspects- the competence of JASEC is directed at supplying electrical energy in the stages of generation, transmission, distribution, and commercialization. Now then, although the sale of energy that JASEC generates in the exercise of its competences will be limited to the users of its distribution networks, according to its geographic coverage area in the national territory, that is to say, the Province of Cartago -with the exception of sales of the surplus electrical energy that it may make to ICE and to other cooperative associations or public service companies covered by Law No. 8345-; it is also true that the law enables it to enter into business alliance agreements with cooperative associations; the municipal public service companies covered by Law No. 8345, ICE and CNFL, conducive to the joint development and exploitation of electrical generation works and services, without there being a geographic limitation in accordance with the terms of articles 7 of Law No. 8345 of March 25, 2003 and 8 of Law No. 8660 of August 13, 2008, for the execution of said business alliance agreements for energy generation. Having stated the above, it should be noted that in this proceeding the scope of two opinions of the Attorney General's Office has been discussed, in which the competence of JASEC to sign alliance agreements in the matter of electrical generation outside the province of Cartago was questioned. In the plaintiffs' judgment, JASEC disregarded those binding opinions and incurred in illegitimate material actions by signing the Business Alliance Agreement with ICE for the construction of the Toro III Hydroelectric Project. In this regard, it should be noted that, in fact, the Attorney General's Office, through opinion C-175-2002, of July 4, 2002, concluded that: "1.- JASEC does not have the competence to provide the services it offers throughout the national territory. 2.- JASEC does have the competence to provide services throughout the national territory when it concerns municipal services provided by the Corporations, provided that the respective municipal agreement exists, duly endorsed by the Comptroller General of the Republic, through which the provision of the services that the municipalities have been providing up to that moment is transferred to it...". On the other hand, in opinion C-188-2005, of May 16, 2005, the same Attorney General's Office not only ratified the conclusions contained in the cited opinion number C-175-2002, but also concluded that: "1.- The Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago has its geographically delimited competence. The case of municipal services is excepted. 2.- Consequently, JASEC is not authorized by the legal system to exploit the public service of electricity generation outside the Province of Cartago...". However, in this Court's judgment, such pronouncements are not applicable to the specific case, since they were issued prior to the amendment made to article 7 of the already cited Law No. 8345. After that amendment, municipal public service companies may enter into business alliance agreements aimed at the joint development and exploitation of electrical generation works and services with cooperative associations; municipal public service companies covered by that Law; ICE and CNFL, without there being a geographic limitation in this regard. This is because, pursuant to the terms of the aforementioned numeral 7 in conjunction with articles 8 and 46 of Law No. 8660, for the execution of said business alliance agreements aimed at energy generation, municipal public service companies such as JASEC have the power to enter into them with other cooperative associations; municipal public service companies covered by that Law; ICE and CNFL, which are not limited to a specific territorial circumscription. In the case at hand, the limitation related to the geographic coverage area in the national territory is only maintained for the sale of the energy that JASEC generates in the exercise of its competences, which will be limited to the users of its distribution networks, which in its case, and pursuant to the provisions of article 1 of its Creation Law, is the Province of Cartago -with the exception of sales of the surplus electrical energy that it may make to ICE and to other cooperative associations or public service companies covered by Law No. 8345. For the foregoing reasons, this collegiate body considers that the legal system enables JASEC to enter into business alliance agreements aimed at the joint development and exploitation of electrical generation works and services, in this case with ICE, without there being a geographic limitation in this regard; reason for which the aforementioned opinions, being prior to and hierarchically inferior to the legal norm that attributes such competence, are inapplicable to the specific case. Furthermore, it must be noted that through judgment No. 5220-2010, issued by the Constitutional Chamber at 4:29 p.m. on March 16, 2010, an action of unconstitutionality against the cited article 7 of Law No. 8345 was declared without merit. By reason of the above, this Court considers that since, at the time of the execution of the Alliance Agreement entered into between the Instituto Costarricense de Electricidad and the Junta Administradora del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago related to the Toro III Hydroelectric Project, there were enabling legal norms that granted competence to the defendants, we are not in the presence of material actions constituting de facto actions (vía de hecho), and it must be so declared. In addition to what has been said, a distinction must be drawn between the generation and the distribution of services, pursuant to Law No. 7595. From this standpoint, the targeting of the service offering, as stated by JASEC, will be in Cartago, without any evidence having been produced in this case that would suggest otherwise.

Except for the exceptions established by law or agreement, the owner may make above ground all constructions or plantings that suit them, and make below ground all constructions they deem appropriate and extract from those excavations all products that may be yielded. / The foregoing shall only be applicable to cases of horizontal property (propiedad horizontal), with the limitations contained in the respective law." A light (and eventually grammatical) interpretation of that precept—which is not shared—can lead to the mistaken belief that such mandate resolves the dilemma of subsurface ownership, assigning it to the surface owner. However, it is the criterion of this Court, as has occurred in comparative law, in legal systems such as the Spanish, Italian, or French, that a grammaticalist hermeneutic of that legislative precept (and the similar norms in said regimes) must be rejected, resorting instead to integral, systematic, and evolutive mechanisms of juridical interpretation, which weigh the social reality in which they take effect and their very purpose, as mandated by Article 10 of the Civil Code. This same finalist exegesis is also observed in mandate 10 of the General Law of Public Administration. The prevailing social reality evidences technologies for subsurface exploitation through building developments in urban-vocation areas, as well as developments of public works of public interest, such as underground electrification networks, or areas for providing public transportation services or hydroelectric generation projects, all conflicts hardly foreseeable by a norm dating from 1888, which requires abandoning literalness to adjust the interpretation to the current context of times and modern needs and trends. Indeed, the disposition of the subsoil for the development of private or public works is more frequent each day, thus presenting controversies and hypothetical extremes that find no full solution in the normal ordinances of surface property contained in canon 505 of the Civil Code. Although the legal regime of administrative easements (servidumbres administrativas) has enabled particular solutions for concrete conflicts in this matter, as is the case of the voluntary passage easements for polyducts or oil pipelines established by RECOPE, it cannot be considered a generalized regime applicable to any attempted use of the subsoil. Those scenarios in which the excavation depth to exercise the right of way is shallow cannot be assimilated to a development carried out at a considerable penetration. In the first example, as a thesis of principle, the subsoil space used is located within the area potentially exploitable or usable by the surface owner, whereas in the second, that is, deep excavations, it does not seem to generate a disturbance such as to justify the use of these legal forms. The same can be said of the regime of concessions and administrative authorizations. Hence, from the very outset, the grammatical application of precept 505 of the Civil Code must be discarded, to hold that in all cases, the subsoil is an extension of the property right (derecho de propiedad) of the surface land titleholder. Indeed, it should be noted that the norm in question is located within the chapter on accession (accesión), not that on property. It certainly indicates that the property of what is below the surface is part of said ownership; however, such belonging is produced by the phenomenon of accession, which would imply, even in that grammatical view, that if the subsoil has not been used for the construction of works or, in general, there is no thing attached in that space due to lack of exploitation, the presumption of property does not operate. This is the case of a house in which the subsoil was used for the construction of a basement, or a high-density urban development involving underground parking or housing spaces. In such cases, it is clear that what is built, provided it respects the regulatory norms in urban planning and construction matters, by the aforementioned phenomenon is understood to be part of the property right. But when the subsoil has no reasonable exploitation vocation, whether due to its depth or its generic conditions, such ownership cannot be presumed.

X.- In that dimension, legal doctrine has inclined toward the criterion of the surface owner's interest in using the subsoil, in order to weigh the depth level of their property right. Under this context, in matters of private land, it would be the real and legal interest of the titleholder that delimits the usable fraction of the subsoil. In the case of public assets, the public interest would be the delimiting criterion of verticality. In the context of comparative law, in regimes where the subsoil issue has undergone intense analysis, as is the case of the Spanish one, in which numeral 350 of the Civil Code expressly states that "The land owner is the owner of its surface and of what is below it...". However, that legislative treatment is not assimilable to national legislation, given that precept 505 of the Civil Code, already referred to, refers to ownership over what is below the surface, by the phenomenon of accession, a topic already discussed, but not under a generic formulation that allows justifying, as an incontrovertible and generic thesis, that the subsoil (what is below the surface) is for the total benefit, regardless of the possession or not of a reasonable and proportionate interest. It should be noted that the aforementioned mandate states that the surface titleholder can: "... make below ground all constructions they deem appropriate and extract from those excavations all products that may be yielded. (...)" The foregoing implies that as a thesis of principle, the owner has a simple presumption of subsoil utilization; however, such presumption must be linked to the existence of a reasonable interest determined by the real possibility of use, actual or potential, of that space. It is this reasonable interest that limits the exercise of that presumption of subsoil availability. See, as noted ut supra, that by accession, what is below the ground shall be part of their property (as is the case of basements and parking areas, with the indicated specifications), but the mere subsoil, without interest or real possibility of use, is not protected by said presumption and, therefore, must not be considered part of that private right. It is clear withal that this reasonable interest of use is largely shaped and subject to urban planning norms, as well as to the norms that, in general, set regulatory frameworks for land use planning (ordenación del uso del suelo). To this must be added the norms appurtenant to the matter of buildability or construction. These are referents that in each specific case provide particular and casuistic criteria to determine the level of opposability and thus the correlative protection of said reasonable interest of use. Hence, the subsoil issue, apart from the interesting debate on its ownership, must focus on the assessment of the conditions of the specific case to define the vertical margin of the surface titleholder's real possibility of use over the subsoil, it being within said space, as has been pointed out, that the right of legal protection emerges. In that order, the treatment given to a property located in a high-density residential or industrial zone, where the construction of commercial centers with ample underground spaces, or condominium and apartment towers is feasible, is not the same as that which must be given to a strip of land, located in a rural zone, of eminently agricultural vocation. In the first case, it must be determined if in the particular zone the land use and construction norms enable that development, in which case, that effective possibility of use would be determined, and the depth of that possibility of disposing of the subsoil must therefore be determined; whereas in the second given hypothesis, the vertical limit will be much less. It should be understood that most civil works to house people suppose a use of the subsoil, and thus the existence of reasonable interest enables that use without juridical conflict, but this does not speak to a full and unrestricted ownership by the titleholder over the entire subsoil or over everything found below their surface. See that even within the aforementioned Spanish law, despite the wording of Article 350 of the Civil Code, the impropriety of a grammatical interpretation has been established and the necessary concurrence of a reasonable interest has been employed to set the limits of subsoil use. This can be observed in other regimes such as French law and German law. In our context, it is worth noting, numeral 505 of the Civil Code is located within the chapter on "Accession" (and not on property) and, as has been shown, sets the possibility of use of what is below the ground to the extent that a reasonable interest determined by the real possibility of use exists. In this way, the vertical limit of the land use right is indissolubly associated or subject to the owner's interest in its utilization. As a derivation of the foregoing, it must be indicated that the burden of proof regarding the interest in the effective utilization of the subsoil falls upon the owner, an aspect for which the instruments for planning and regulating land use must be assessed in each case, it is insisted. Now, the noted criterion of reasonable interest can lead to two perceptions; on one hand, that the real interest of the owner marks the limit of their subsoil property, or, that such property extends indefinitely, but the titleholder has no action to oppose intrusions that do not disturb them. However, it is the criterion of this Court that the correct perception of the issue in our regime does not lead to affirming that the surface titleholder is the owner of the subsoil in an unrestricted or unlimited manner, but rather that it is the real possibility of use that enables them to dispose of that lower vertical space, which, if accredited and disposed of, by the criterion of accession, would become their property. The domain would therefore extend to the portion that is correlative to their legitimate, reasonable, and proportionate possibility of exploitation. It is not a matter of an unlimited vision of property that yields before acts that do not disturb, but rather of the possibility of use to the extent that a reasonable interest exists. The delimitation of this space is a task of concrete analysis, but ultimately subject to the criterion of social function of property (función social de la propiedad), which in the matter under examination supposes that the vertical extension of ownership of real estate reaches as far as it is useful for the titleholder, taking into account particular coefficients such as land vocation, location, conforming use, territorial development programming, norms of so-called urban police, urban licenses such as earthworks (movimientos de tierra) permits, among others. The opposite would constitute an abuse of right (Article 22 of the Civil Code) not tolerated by our legal system, to the extent that the unlimited perception of property over what is above and below the surface would lead to extremist degrees of protecting spaces over which the owner has no real possibility of use and transcends the normal limit of the exercise of their rights, with serious injury to the public interest. From what has been stated, it follows then that outside that physical space within which the surface owner has a possibility of use or exploitation, which must be accredited and assessed in each specific case, the legal system does not grant that titleholder an exclusive right of exploitation, much less an advantage over the materials located in the subsoil. Therefore, claims aimed at alleging a sort of ownership right over the resources located in the subsoil cannot be countenanced when the real possibility of use has not been accredited, that is, the reasonable interest in their exploitation. Even within that space of potential use delimited by the reasonable interest, the imposition of administrative limitations or forced easements (servidumbres forzosas) would be admissible, as is the case of those strictly necessary for the development of projects or works of public interest. In this section, however, it is clear that in the event that these figures lead to making the property dysfunctional, such that the surface cannot be disposed of as a derivation of the restriction on subsoil use, we would be in the scenario of de facto expropriation, it being imperative at those stages to order the expropriation of that strip of land. Again, this is a highly casuistic matter that must be weighed according to the specifics of each analyzed dispute.

XI.- As a complement to the foregoing, it is worth specifying that, in certain scenarios, the legal system establishes special regulations that configure prevailing regulatory regimes that provide a different treatment in the matter under examination. In general, regarding the regime of mines and quarries, water resources (recurso hídrico), archaeological heritage, environmental matters, aquifers, among others, there exists sectorial legislation that establishes a legal encumbrance (afectación legal) over those subsoil resources and in those cases assigns the character of public domain (demanialidad) to those spaces. Indeed, in each of those areas, the regulatory norms of the field establish public ownership of that space. In this direction, in mining matters, Executive Decree No. 29300-MINAE of February 8, 2001, published in La Gaceta No. 54 of March 16, 2001, titled "Reglamento al Código de Minería," Article 4, subsection 51, conceptualizes what should be understood by subsoil in the following terms: "Subsoil: Zone of firm rock or unconsolidated rock formation in a healthy, unaltered state, which may be located below the soil, or be directly exposed on the surface and within which the biophysical processes necessary to sustain life microscopically and macroscopically, like soil, do not occur. In the case of rocks proper, they are distinguished because their mineral aggregates are linked together by strong and permanent cohesive forces, which can only be overcome by significant mechanical actions (hammers, machinery, explosives, others)." Apart from that concept, it must be clear that the Mining Code, Law No. 6797, declares as public domain the mineral resources existing in the national territory. It is clear that to that extent, all mineral resources, regardless of their location, must be considered public property. Numeral one of the cited Code states in its literal tenor: "The State has the absolute, inalienable, and imprescriptible domain over all mineral resources that exist in the national territory and its patrimonial sea, whatever the origin, physical state, or nature of the substances they contain. The State shall endeavor to exploit the mineral wealth by itself or through organisms that depend on it. / However, the State may grant concessions for the reconnaissance, exploration, exploitation, and beneficiation of mineral resources, in accordance with this law. / The concessions shall not affect in any way the State's domain, and shall be extinguished in case of non-compliance with the legal requirements to maintain them." Then, said legislation establishes a regulatory framework on the system of exploration permits and exploitation concessions, the regime of easements, and eventual expropriations, topics that will not be addressed in this section. The same treatment is given by Law No. 6172, Ley Indígena, to the mineral resources found in the subsoil of indigenous reserves, which for these purposes belong to the State and to the indigenous communities. The same occurs in hydrocarbon matters, in accordance with the Hydrocarbons Law, No. 7399, which considers the sources and deposits of petroleum and any other hydrocarbon substances existing in the national territory as public domain. In that same orientation, canon 121, subsection 14, of the Magna Carta, in its sub-subsection b), states that coal deposits, petroleum sources and deposits, and any other hydrocarbon substances, as well as radioactive mineral deposits existing in the national territory, cannot leave the State's domain. The same treatment applies to underground waters, in accordance with the Water Law, No. 276 of August 27, 1942, to cite just some special regulations in which, by virtue of the public relevance of the asset or the materials composing the subsoil, public ownership and, in certain cases, public domain status are determined. Specifically, when any of the factual scenarios specified by that special legislation occur in the subsoil, the debate on the availability of use or not by a third party must yield before a prevailing, special regime that imposes itself over any perception of a private regime.

XII.- Now, the subsoil regime addressed above must not overlook the aspect of assessing potential damages that may be caused to the surface titleholder as a consequence of the use and exploitation of the subsoil, whether by public works or by private activities possessing the pertinent administrative authorizations. In these hypotheses, when the development of those works or activities generates damages on the ground surface, in accordance with that regulated by numeral 196 of the General Law of Public Administration or by 1045 of the Civil Code, as the case may be. This would be the case of excavations that destabilize the property or generate subsidence, vibrations that damage already-built structures, the falling of trees or forest species, among other manifestations. In these cases, the damage must be proven by the party claiming it, providing the elements of conviction that allow demonstrating it, without prejudice to the technical evidence and on-site inspection phases that are foreseeable to bring the adjudicator closer to the reality of the disputed fatispecie. On the other hand, it has already been indicated that when easements or administrative limitations are imposed that make the full use of the property right impossible such that said domain becomes dysfunctional, the right to be expropriated arises. In the particularity of this matter, the plaintiffs allege that the tunnel layout below their properties, on one hand, has caused them a diminution in their domain right. Even in the conclusions phase, the special judicial representative of Cascadas del Toro S.A., stated that the issue would have been resolved if, during the conciliatory negotiations, ICE had accepted the delivery of the material obtained from the tunnel excavation, implying that their property was invaded, depriving them of the exploitation of those materials. In accordance with the above, it is the criterion of this Court that the injuries claimed by the plaintiffs have not been generated. Indeed, as to the ownership of the extracted materials, as has been explained, the excavations for the construction of the tunnel forming part of the Toro 3 Hydroelectric Project were carried out along a path that runs through the subsoil located below the plaintiffs' property, as well as the Juan Castro Blanco National Park. As a starting point, any presumption or affirmation that the surface titleholder is in an unrestricted and unlimited manner the owner of the subsoil must be discarded, as has been stated above. The specification, despite its reiteration, is necessary: they will be the owner of what by accession has been built in that space, upon prior compliance with construction and urban planning norms and according to their reasonable interest concretized in the real possibility of use. In this specific case, the plaintiffs' farms are located in a sector of rural nature, and no evidence or allegation has been provided in the record that allows establishing the concurrence of an exploitation interest in the subsoil space within which the tunnel was built. The plaintiffs have not provided elements of conviction that allow establishing the real possibility of using that space, it not being possible in this aspect to allege a sort of iuris tantum presumption that generates a right in their favor. This implies that for the development of the questioned work, the existence of underground passage easements or similar figures was not necessary for the surface owners to approve the cited excavations. The plaintiffs do not have an exclusive exploitation title over that subsoil space nor, in general, an enabling title that grants them totally or provisionally a right opposable to third parties, including the defendant administrations, such that in order to exploit the subsoil, they would require that consent from the surface domain titleholders. It bears reiterating, even considering that subsoil property belongs to the land titleholder, there would be no right to refuse developments of public interest. Nonetheless, the doctrinal treatment supporting that stance is not shared by this Chamber, for the reasons already made explicit. On the contrary, since the existence of reasonable interest has not been proven, the subsoil used cannot and must not be considered the plaintiffs' patrimony, and over this space, they possess no right whatsoever, exception made for disturbances that in their immovable property (which does not include the subsoil in the stated terms) may lead to creating compensatory rights. It would therefore be a space whose ownership is not private, but rather, in any case, public, over which public or private developments must have the appropriate administrative authorizations, in compliance with and safeguarding construction, environmental, and, as the case may be, urban planning variables. However, from the objective analysis of the record and the depth at which the works have been carried out along that path, within a framework of reasonableness and proportionality analysis, it does not allow supposing that those excavations generated an injury to the part of the subsoil that the plaintiffs could allege as part of their reasonable exploitation interest. Regardless of the excavation depth, which is not uniform across all spaces, the fact of the matter is that the plaintiffs do not show how those works invade the space in which they could have exploited their property or are currently exploiting it. Moreover, no proof is offered about probable damages to the surface scope of the land. Mere conjectures have been expressed, unsupported by factual or technical credentials. In short, the record does not show that the tunnel construction produced an injury to the plaintiffs' properties. No land instability or similar harm is alleged. Withal, it is clear that in the dynamics of this type of works, the detection of that type of material injuries is not always generated immediately. On occasions, if affectations occur (which this Chamber does not consider accredited at this time), they manifest later. For that reason, it is evident that if they were to occur, the scopes of this ruling would not cover the examination of said aspects, leaving the avenue open for their claim." ...

XIV.- ON THE CLAIM FOR ABSTRACT AWARD OF DAMAGES AGAINST THE DEFENDANTS. As was fixed during the single hearing by the plaintiffs, an abstract award is requested for the material and moral damage that the defendants' action caused to their subjective sphere. This collegiate body considers that this petitionary extreme must be rejected for the reasons set forth. In the dynamics of the indemnification of damages that is sought to be demanded from Public Administrations, not just any damage gives rise to the duty of reparation, but only that which is effective, assessable, and individualizable. This follows from numeral 196 of the General Law of Public Administration. The foregoing eliminates from the compensatory parameter mere expectations of right or aspirations of eventual profit, based on conjectures, ergo, on uncertain situations. The effectiveness of the damage required in this type of claim avoids the consideration of hypothetical, eventual, or conditioned injuries. Compensable damage can be of various types, it may well be material, bodily, objective moral, or subjective moral. However, in every case, the injury, it is insisted, must possess these characteristics as a condition of its repairability. In relation to material damage, as explained supra, none of the plaintiffs demonstrate the concurrence of an exploitation interest in the subsoil space within which the tunnel was built, nor the real possibility of using that space, nor that the exercise of the attributes of their property right had been impeded. Nor is any proof offered about probable damages to the surface scope of the land. It is reiterated that only simple conjectures have been expressed, unsupported by factual or technical credentials. In short, the record does not show that the tunnel construction produced an injury to the plaintiffs' properties. No land instability or similar harm is alleged that, at this point, allows this Court to consider any detriment as accredited. In relation to the materials extracted from the subsoil, it is reiterated that these are assets belonging to the State, independently of the surface owner of the real estate from which they are extracted, reason for which no compensation whatsoever could be recognized. Subjective moral damage is also claimed. Our jurisprudence has indicated that ".... Subjective moral damage occurs when an extra-patrimonial right has been injured, without repercussions on the patrimony, normally supposing an unjust disturbance of the individual's emotional conditions (displeasure, discouragement, despair, loss of satisfaction in living, etc., e.g., offense against honor, dignity, intimacy, the so-called damage to life in relation, affliction due to the death of a family member or loved one, etc.)...." (First Chamber of the Supreme Court, Judgment No. 112-94., at 14 hours 15 minutes of July 15, 1994). In this case, the plaintiff Marco Luis Salas Arce does not prove a causal nexus between the defendants' action (that is, the tunnel excavation) and the suffering or discouragement he claims to have suffered. As a consequence of not proving the causal nexus, he also does not prove the existence of a real and effective damage, a duty that is imperative and constitutes an insurmountable presupposition for the appropriateness of reparation, as a derivation of the dynamic burden of proof (numerals 58, 82, 85 of the Contentious Administrative Procedure Code, 317 of the Civil Procedure Code). Regarding the subjective moral damage claimed by the plaintiff companies, its rejection must also be ordered. On the moral damage of legal entities (personas jurídicas), the same First Chamber of the Supreme Court of Justice, in Judgment No. 00752-F-2006 at 13 hours 30 minutes of October 5, 2006, considered: "...VI.- Legal entity and moral damage. Constitutional Article 41 does not distinguish regarding persons—physical or legal entities—as possible victims of damages, in any of their different classifications. This supposes that, even though it is not pacific in doctrine, from the constitutional perspective it is plausible that legal entities may be affected by moral-type sufferings, -without it being necessary, for the sub-lite, to distinguish whether this occurs only in scenarios of contractual liability, extracontractual liability, or in both-, of course, even when these do not necessarily keep consonance with certain extra-patrimonial affectations of physical persons. Thus, suffering, stress, anguish, or depression, among others, can only be experienced by the latter, but this does not diminish that certain affectations to entities formerly called moral persons, which do not qualify as consequential damages or lost profits, may find place under the guise of moral damage. One may think, verbigratia, of the disrepute of a brand in consumer perception, that is imputable to a subject other than its owner (...) To this must be added that, according to the jurisprudence of this Chamber, objective moral damage, due to its characteristics, must be proven not only regarding its existence, but also its quantum, and even if it were held—as a hypothetical exercise—that the claimed extremes qualify as such, no way would exist to calculate them, insofar as proof in this regard is missing..." Thus, the moral damage that these entities can claim is objective moral damage, and not subjective, as the plaintiffs claim. In any event, it is reiterated that no impairment to the image and good name of the companies has been demonstrated, nor could the facts have caused such detriment. Thus, neither the causal link nor the existence of real and effective damage is proven, a duty that is unavoidable and constitutes an insurmountable prerequisite for the admissibility of reparation, as a derivation of the dynamic burden of proof (articles 58, 82, 85 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, 317 of the Código Procesal Civil). The plaintiffs' argument that resolution No. 96-F-TC-09, issued by the Tribunal de Casación de lo Contencioso Administración when hearing the precautionary measure on appeal, deemed the damages to be proven is not admissible. It is inferred from that vote that such accreditation was, as corresponds to precautionary protection, to a degree of probability, with the plenary proceeding being the appropriate procedural moment to conclusively demonstrate those damages, which has not occurred in this case. Although this Tribunal has indicated that some actions of the defendants were carried out outside the norms that protect the public domain, the truth is that these do not constitute a causal bridge for a detriment in the subjective sphere of the plaintiffs. For this reason, the granting of the compensatory claim is inadmissible, not even in the abstract.” ... See more Legislation and Doctrine Citations Related Judgments Contencioso Administrativo Court, Central 2545-00-03 Fax 2545-00-33 Email ...01 ________________________________________________________________________ FILE: 09-000170-1027-CA PREFERENTIAL PROCEEDING PLAINTIFF(S): Nombre80815, ARCESQUIVEL S.R.L AND CASCADAS DEL TORO S.A. DEFENDANTS: INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD AND JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO. INTERESTED THIRD PARTY: EL ESTADO.

No. 115 -2011-VI CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO AND CIVIL DE HACIENDA TRIBUNAL. SIXTH SECTION. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ. ANNEX A. Goicoechea, at fifteen hours fifteen minutes on the thirteenth of May two thousand eleven. Plenary proceeding declared of preferential processing filed by Nombre80815, married, dairy farmer, identity card CED110972 and resident of San Carlos, ARCESQUIVEL S.R.L, legal identity number CED110973 and CASCADAS DEL TORO S.A., legal identity number CED60101, represented by their special judicial attorneys Nombre65502, married twice, identity card CED110974 and resident of San José, Nombre37990, married, identity card CED444 and resident of Montes de Oca and Nombre75545, divorced, resident of Direccion17057 against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD, legal identity number CED318 represented by its special judicial attorneys Nombre2867, divorced, identity card CED32395 and resident of Heredia, and Nombre23277, single, identity card CED326 and the JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO, legal identity number CED59535 represented by its special judicial attorney Fabián Volio Echeverría, identity card CED30795. The ESTADO participates as an interested third party, represented by the Procuradora Guisell Jiménez Gómez, single, identity card CED1181 and resident of San Antonio de Coronado. Both the special judicial attorneys and the Procuradora are lawyers. WHEREAS 1.- The plaintiffs file the lawsuit that has given rise to this proceeding against the Instituto Costarricense de Electricidad (hereinafter ICE) and the Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (hereinafter JASEC) so that, in essence, the following claims be declared in the judgment, as they were adjusted in the sole hearing: 1) The lawsuit is upheld in all its aspects. 2) That the material actions arising from the facts of the complaint and carried out by ICE and JASEC in the construction of the Proyecto Hidroeléctrico Toro 3 (hereinafter PHT3) constitute a cause of action for unlawful administrative conduct (vía de hecho) and, as such, are illegitimate, given that the defendants have systematically breached and violated the contractual obligations assumed in the Business Alliance Agreement of March 9, 2006, in particular those deriving from its clauses 1.1, 2.2, 4.1 and 6.1. 3) That as a consequence of the systematic violation of the Business Alliance Agreement and the disregard for the terms of the approval granted by the Contraloría General de la República through official communication 07238 of June 6, 2006, the defendant administrations have emptied the referenced contract of content, rendering it without any practical or legal effect, for which reason it must be declared extinguished by operation of law, with the effects provided in clause 6.5 second paragraph. 4) That as a consequence of the extinction of the Business Alliance Agreement between ICE and JASEC, it be declared that said Board loses all legal authority to intervene in the construction and operation of PHT3 being built in Venecia de San Carlos, since JASEC lacks the competence to generate energy outside the province of Cartago, outside of said agreement, as determined in 2002 and ratified in 2005 by the Procuraduría General de la República. 5) That the administrative actions or conduct of ICE and JASEC resulting from the excavation of a tunnel for PHT3 on the plaintiffs' properties are inconsistent with the legal system because no administrative legal relationship exists between the defendant public entities and the affected owners and, consequently, are absolutely null, for direct violation of article 45 of the Constitución Política, article 40 of the Código de Minería, and articles 264 and 505 of the Código Civil. 6) That all preparatory acts and formal actions connected to the excavation of said tunnel and the general construction of all the works of PHT3 are also illegitimate and absolutely null. 7) That by virtue of the declared nullity, the defendant public entities be ordered to restore the plaintiffs to the full enjoyment and exercise of their fundamental right to property protection, immediately ceasing any act of disturbance against that constitutional guarantee, for which purpose the Tribunal shall adopt the measures necessary and appropriate. 8) That ICE and JASEC be jointly and severally condemned in the abstract to pay the damages caused, which shall be liquidated in the execution of judgment. 9) That the defendant public entities be jointly and severally condemned to pay both costs of the proceeding. Likewise, the plaintiffs requested a precautionary measure that, in essence, sought the immediate suspension of construction work on PHT3, as well as ordering ICE and JASEC to remove any equipment and dismantle the infrastructure they have installed and maintain in the subsoil of the plaintiffs' property (see precautionary measure file and sole hearing).

2.- By resolution No. 375-2009, at 16:00 hours on March 9, 2009, the Processing Judge of the Contencioso Administrativo and Civil de Hacienda Tribunal rejected the request for a precautionary measure filed by the plaintiffs (folios 333 to 336 of the precautionary measure and its execution file).

3.- By resolution No. 96-F-TC-2009, issued by the Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo at 16:25 hours on May 15, 2009, it was ordered: "Por tanto: The documents presented by the requesters of the precautionary measure are admitted. The appeal filed by Arcesquivel S.R.L, Cascadas del Toro S.A. and Nombre80816 is declared without merit. Resolution No. 375-2009 at 16:25 hours on March 16, 2009, issued by the Processing Judge of the Tribunal Procesal Contencioso Administrativo is confirmed. As a counter-security measure, it is ordered that, at the expense of the Instituto Costarricense de Electricidad and the Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago, through an expert appointed from the official list or registry of the Poder Judicial, an appraisal of all the properties referred to in this precautionary measure, owned by the requesters herein, shall be carried out within a term of two months, counted from the issuance of this resolution. Likewise, ICE and JASEC must, within the month following the submission of the expert appraisal before the Tribunal Procesal Contencioso Administrativo, deposit into the bank account of said jurisdictional body the amount established by the expert for the value of the properties, which shall serve as a guarantee for what is definitively resolved in the plenary proceeding. Said plenary proceeding shall be processed through the preferential procedure established in article 60 of the Código Procesal Contencioso Administrativo. Failure to comply with any of the obligations ordered above shall result in the immediate suspension of the work - tunnel -. The appointed expert must render and submit their expert report within the same single term of the two months previously stated. The different measures (sic) and obligations ordered herein shall be processed, supervised, and executed (sic) by the Enforcement Judge of the Tribunal Procesal Contencioso Administrativo. Let this resolution be recorded in the electronic book of votes of this Tribunal. All participants in this resolution are notified at this time." (folio 396 of the precautionary measure and its execution file). Likewise, by order at 7:19 hours on November 27, 2009, the Enforcement Judge deemed the counter-security as having been provided and authorized the continuation of the Proyecto Hidroeléctrico Toro 3 (folio 732 of the precautionary measure and its execution file).

4.- This proceeding was declared of preferential processing by resolution issued by this Tribunal at 9:00 hours on June 26, 2009.

5- The Instituto Costarricense de Electricidad denied the lawsuit and raised the preliminary defenses of lack of jurisdiction, lis pendens, and res judicata. In essence, it requested that the lawsuit be declared without merit and that the plaintiffs be condemned to pay the procedural and attorney's costs of this proceeding (folios 162 to 209 of the judicial file).

6.- The Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago answered the lawsuit and raised the preliminary defenses of lack of jurisdiction, lis pendens, and res judicata; as well as the exception of lack of standing to be sued. In essence, it requested that the lawsuit be declared without merit and that the plaintiffs be condemned to pay the procedural and attorney's costs of this proceeding (folios 219 to 247 of the judicial file).

7. - The state representative answered the granted hearing, stating that their participation would be limited to the defense of the environment regarding the possible occupation of the Río Toro, the apparent construction of the tunnel in the Parque Nacional del Agua Juan Castro Blanco, and the alleged appropriation of materials extracted from the subsoil without the corresponding permits (folios 143 to 153 of the judicial file).

8.- By resolution No. 1752-2009, at 8:40 hours on August 27, 2009, this Tribunal rejected the exception of lack of jurisdiction raised by the defendants. Likewise, in resolution No. 1297-C-S1-2009, issued at 10:30 hours on December 17, 2009, the Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia confirmed the jurisdiction of this Tribunal.

9.- In resolution No. 3405-2010, at 11:20 hours on September 9, 2010, this Tribunal declared the res judicata defense raised to be without merit.

10.- In accordance with articles 60 subsection 3) and 70 subsection 2) of the Código Procesal Contencioso Administrativo, this Tribunal convened a sole hearing that was held on April 13, 14, 15, 25, and 26 of this year. Therein, the claims were adjusted as described in the first Whereas clause, the lis pendens defense raised by the defendants was rejected, and the controverted facts were established. Likewise, documentary evidence, judicial inspection, pertinent witness and expert evidence were admitted, proceeding to the taking of evidence. Finally, in accordance with article 98 subsection 2) of the cited Code, as there was no remaining witness or expert evidence to be taken, the parties presented closing arguments.

11.- Upon the conclusion of the parties' closing arguments, this Tribunal declared this proceeding a complex matter, for the purposes of the provisions of article 111 subsection 1) of the Código Procesal Contencioso Administrativo, in relation to article 82, subsection 1), of the Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Civil de Hacienda.

12.- In the proceedings before this Tribunal, no procedural nullities have been observed that must be corrected or that generate defenselessness. In accordance with articles 111 of the cited Código Procesal in relation to articles 79 and 82 of its Reglamento, after deliberation, we proceed with the issuance, drafting, and communication of this judgment within the legal term, with drafting by the presiding Judge Abarca Gómez and the affirmative vote of the judges Álvarez Molina and Garita Navarro. CONSIDERING I.- PROVEN FACTS. Of relevance for the purposes of this proceeding, the following are deemed accredited: 1) On March 9, 2006, ICE and JASEC entered into a Business Alliance Agreement for the Joint Development of the Proyecto Hidroeléctrico Toro 3 (folios 32 to 43 of the precautionary measure file, annex 19 of the documentary evidence presented by ICE). 2) The cited Alliance Agreement was approved by the Contraloría General de la República through official communication 07238 (DCA-1586), of June 6, 2006 (folio 66 of the judicial file). 3) By Decreto Ejecutivo 33124-MINAE, published in La Gaceta on February 12, 2007, the works for the electrical generation of the Proyecto Hidroeléctrico Toro 3 were declared of national convenience (annex 23 of the documentary evidence provided by ICE). 4) On January 15, 2008, ICE and JASEC, as fiduciants, and the Banco de Costa Rica, as fiduciary, entered into a trust agreement for the development of the Proyecto Hidroeléctrico Toro 3 (folios 50 to 84 of the precautionary measure file). 5) By official communication 02295 (DCA-0792), of March 14, 2008, the Contraloría General de la República conditionally approved the cited trust agreement (folios 68 to 73 of the judicial file). 6) To date, the engineering and construction contracts nor the maintenance and lease contracts contemplated in clause 6.1 of the Business Alliance Agreement for the Joint Development of the Proyecto Hidroeléctrico Toro 3 have been signed (declaration of Nombre142897). 7) To date, the trust has not become operational because all the rights of use for the necessary farms and the corresponding easements (servidumbres) for the construction of PHT3 have not entered its patrimony (statement of the defendants, declaration of Nombre142897 in relation to the conditional approval granted by the Contraloría General de la República in official communication 2295). 8) To date, PHT3 has been built with the own resources of ICE and JASEC (statements of the defendants, declaration of Nombre142897). 9) To date, the current investment in PHT3 amounts to approximately one hundred million dollars, of which JASEC has invested approximately between thirty or forty million dollars (statements of the defendants, declaration of Nombre142897). 10) On January 19, 2007, ICE began construction of the Proyecto Hidroeléctrico Toro 3 (Environmental Inspection Report No. Annex 7 of documentary evidence). 11) On June 28, 2007, ICE began the excavation of the tunnel for the Proyecto Hidroeléctrico Toro 3 (Annex 5.a, folio 5 of the documentary evidence provided by ICE). 12) During the construction of PHT3, ICE excavated and installed a tunnel below the surface of the properties registered in the Registro Nacional, Partido de Alajuela, registration numbers Plate28113, Plate28114 and Plate28115, registered in the name of Nombre142898., Nombre80815 and Cascadas del Toro S.A., respectively (the excavation carried out by ICE is a fact expressly accepted by the defendants at folios 163 and 219 of the judicial file, registry certifications regarding the property ownership). 13) The tunnel excavation extends for 1740 linear meters below the surface of the property registered in the Registro, Partido de Alajuela, registration number Plate28115, owned by Cascadas del Toro S.A. (fact expressly accepted by the defendants at folios 163 and 219 of the judicial file). 14) The tunnel excavation extends for 989 linear meters below the surface of the properties registered in the Registro Nacional, Partido de Alajuela, registration numbers Plate28113 and Plate28114, owned by Arcesquivel S.R.L. and Nombre80815, respectively (fact expressly accepted by the defendants at folios 163 and 219 of the judicial file). 15) The tunnel excavation cavern occupies a spatial area, due to its diameter of 11.3 square meters, equivalent to a volume of 11.3 cubic meters per linear meter (uncontroverted fact). 16) The excavation of the PHT3 tunnel was carried out from two fronts. The first was called the tunnel start (FT1-mouth 1) and the second, the tunnel end (FT.2-mouth 2) (uncontroverted fact). 17) The PHT3 tunnel crosses a part of the Parque Nacional del Agua Juan Castro Blanco (official communication ACAHN-DAP-64 from the Dirección de Áreas Protegidas of MINAET visible on folios 337 to 345 of the judicial file and expert report of expert Nombre12891 visible on folios 941 to 971 of the judicial file). 18) The lands of the Parque Nacional del Agua that are crossed by the PHT3 tunnel have not yet been expropriated or submitted to any legal expropriation proceeding (official communication ACAHNP-AP-045, of May 12, 2010, issued by the Director of Protected Areas of the Área de Conservación Arenal Huetar Norte visible on folio 459 of the judicial file). 19) During the excavation of the tunnel, ICE extracted materials from the subsoil below the farms through which the tunnel extends (fact accepted by the defendants in the answer to the lawsuit and during the sole hearing, control slips contained in Annex 5.b Volume 2, report issued by a geologist expert). 20) The materials extracted from the subsoil through which the tunnel extended were deposited, mostly, in two spoil heaps (escombreras). One of them is located on a farm owned by Nombre142899 and the other on a property of the Nombre142900 brothers (uncontroverted fact, acceptance on folios 672 to 674 of the judicial file, environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA), testimony of engineers Nombre142901 and Nombre142902). 21) In the spoil heap located on the farm of Nombre142899, materials are deposited that come from the excavation of the PHT3 shaft and tunnel, from landslides on the access road that occurred with the Cinchona earthquake, and from landslides in the machine house area of the Toro II project, which occurred with the Cinchona earthquake (Report of Geologist Roberto Protti, provided by the plaintiffs and visible from folio 114 to 166 of the judicial file, expert report of Geologist Manuel Gómez Bonilla, visible from 1010 to 1021 of the judicial file). 22) The materials deposited in the spoil heap located on the Nombre142899 farm and extracted from the excavation of the PHT3 shaft and tunnel have a potential use in civil, commercial, or industrial works (declarations of the geologist expert and witness Nombre142903). 23) Once PHT3 is completed, the properties that function as spoil heaps will cease to be leased, and the materials deposited there will remain on those farms (declaration of expert witness Nombre142902). 24) The Quebrada Latas was diverted, and its waters were redirected to the PHT2 discharge and from there to the main intake of PHT3 (judicial inspection-reports from the Departamento de Aguas). 25) The main intake of PHT3 was built where the natural channel of the Río Toro used to be (environmental inspection reports, official communication ACAHN-DAP-64 from the Dirección de Áreas Protegidas of MINAET visible on folios 337 to 345 of the judicial file and what this Tribunal observed during the judicial inspection). 26) The natural terrace of the Río Toro was used as a storage area to place the material extracted from the main shaft of PHT3 (report issued by geologist Manuel Gómez Bonilla). 27) A part of the material extracted from the tunnel excavation was used in the maintenance of a ford or road over the Río Toro (acceptance by the defendants, declaration of Mr. Nombre142903, judicial inspection). 28) ICE and JASEC do not have authorization to use the subsoil of the Parque Nacional del Agua Juan Castro Blanco (official communication ACAHN-DAP-64 from the Dirección de Áreas Protegidas of MINAET visible on folios 337 to 345 of the judicial file). 29) ICE and JASEC have not requested a concession for water use in PHT3 from the Departamento de Aguas of MINAET (acceptance by the defendants, conclusions of the Estado). 30) By resolution No. 650-2006-SETENA, at 10:15 hours on April 3, 2006, environmental viability was granted to PHT3 (Annex 7 of the documentary evidence provided by ICE). 31) The environmental viability granted for PHT3 did not expressly indicate that the tunnel route would pass through the Parque Nacional del Agua Juan Castro Blanco (Annex 7 of the documentary evidence provided by ICE).

II.- UNPROVEN FACTS. Determinant for the resolution of this proceeding, the following are deemed unproven: 1) That any damage was caused to the channel of the Río Toro or the Quebrada Latas (there is no evidence demonstrating it). 2) That along the tunnel section crossing the Parque Nacional del Agua Juan Castro Blanco, environmental damage was produced (There is no evidence in this regard). 3) That ICE or JASEC have a concession to exploit, utilize, or commercialize subsoil materials during the excavation of the PHT3 tunnel (the court records). 4) That actions by ICE and JASEC have generated damages in the legal sphere of the plaintiffs (there are no demonstrative elements accrediting it).

III.- ON THE OBJECT OF THE PROCEEDING. From the framework of the claims, defenses raised, and the analysis of the arguments made by the parties in the sole hearing held, it is considered that the central point of this proceeding concerns the alleged existence of unlawful administrative conduct (vías de hecho) by ICE and JASEC in the execution of the construction of the Proyecto Hidroeléctrico Toro 3. These are alleged in relation to a series of formal and material actions by the defendant entities. Specifically, the breach and violation of the contractual obligations assumed in the Business Alliance Agreement between both entities is blamed, the disregard for the terms and conditions under which the comptroller's approval was granted, as well as that the excavation of the referenced project's tunnel injured their right to property and the public domain. Given the breadth and extent of the various statements that the litigating parties provide in support of their positions in controversy, in the following sections, for what is considered a better order, each of the thematic axes that the plaintiff raises in their grievances will be addressed, along with the arguments of the defendants, in order to avoid unnecessary reiterations, with the due analysis, of course, of everything argued.

IV.-ON UNLAWFUL ADMINISTRATIVE CONDUCT (VÍAS DE HECHO). Considering that the plaintiffs base most of their allegations on the existence of actions constituting a cause of action for unlawful administrative conduct by the defendants during the execution of the Proyecto Hidroeléctrico Toro 3, it is considered essential to refer, very briefly, to the scenarios in which unlawful administrative conduct can occur. In this regard, it must be noted that within the different forms of manifestation of administrative conduct, we find legitimate material actions (direct coercion, anomalous coercion, provision of public services), that is, conduct that is due and to which public law subjects are obligated. However, such material conduct often becomes illegitimate because one acts outside the legal system, giving rise to what is known as unlawful administrative conduct of the Public Administration. Doctrine and jurisprudence have indicated some scenarios in which an illegitimate material action or unlawful administrative conduct occurs: 1) When there is no prior norm or administrative act that authorizes the adoption of the material or technical action directly. Likewise, when no authorized public service exists (even minimally, article 12 of the Ley General de la Administración Pública) that justifies the deployment of material actions. 2) When the material action is based on a valid but ineffective act (doctrine of article 169 of the cited General Law in relation to articles 146 subsections 3) and 4) ibidem). 3) When there is excess or overflow in the execution of the validly adopted act. 4) When, although a valid administrative act exists, there is a grotesque, evident, or manifest nullity that prevents the presumption of legitimacy that covers this type of formal conduct. 5) When there is no factual situation that justifies the exercise of direct coercion for administrative self-defense or public order. 6) When abnormal or exceptional circumstances do not exist that justify the temporary substitution or non-application of the current legal system by one suitable for those circumstances, as a prerequisite for anomalous coercion. As can be observed, these are actions that contravene the path of law that the Administration must ordinarily follow to legitimize its conduct. Because they directly or indirectly affect the fundamental rights of the administered party, they can be attacked or challenged through different procedural channels, both in the constitutional venue (amparo appeal) and in the contencioso administrativo proceeding (precautionary measures, civil de hacienda proceeding, plenary proceeding). Indeed, article 36 of the Código Procesal Contencioso Administrativo states that claims shall be admissible, among others, regarding material actions, legitimate or illegitimate, of the Administration. Then, article 42 subsection h) allows the party to seek the declaration of inconsistency with the legal system of a material action constituting unlawful administrative conduct, its cessation, as well as the adoption of other measures such as the due adaptation of the administrative conduct. Such claim fully connects with the judge's duty to declare it, as derived from article 122 subsection i) of the Código Procesal governing this matter.

V.-ON THE COMPETENCE OF THE DEFENDANT ENTITIES TO DEVELOP HYDROELECTRIC PROJECTS. Considering that in this proceeding the territorial competence of JASEC in hydroelectric generation projects has been questioned, this Tribunal considers it necessary to outline a few brief considerations regarding the competence attributed by the legal system to the defendants in this matter. Regarding ICE, it must be noted that in accordance with articles 1, 2 and 16 subsection c) of Decreto No. 449, of April 8, 1949 (Reglamento for the creation of the Instituto Costarricense de Electricidad), that entity is responsible for the rational development of the sources of physical energy that the Nation possesses, especially hydraulic resources, as well as channeling the use of hydroelectric energy in order to strengthen the national economy and promote the greater well-being of the people of Costa Rica. For this purpose, it is authorized -among other acts-, to build new hydroelectric energy plants and distribution networks for the same; to conserve, defend and rationally exploit, in accordance with the provisions of the legal system, the hydraulic resources of the Nation declared national reserves. Nonetheless, by Ley No. 8660 published in the Diario Oficial La Gaceta No. 156 of August 13, 2008 -which entered into effect on that same date-, Decreto-Ley No. 449 cited was complemented in order to provide ICE and its companies with the necessary legal, financial, and administrative conditions that would allow them: i) to adapt to all changes in the legal regime for the generation and provision of electricity services, as well as telecommunications, infocommunications, information products and services, and other services in convergence; ii) to continue with the provision and commercialization of electricity and telecommunications products and services, within the national territory and outside it (article 2 of Ley No. 8660).

In that regard, it is worth noting that to exercise, within or outside the country, directly or through agreements, cooperation agreements, associations, strategic alliances, or any other form of association with other national or foreign entities, public or private, those powers related to generating, installing, and operating networks, providing, acquiring, and commercializing electricity, telecommunications, and infocommunications products and services, as well as other information products and services and others in convergence (Article 6, subsection 1), Law No. 8660 authorizes them to enter into strategic alliances, within the country and outside of it, or any other form of business association with other public or private entities, national or foreign, that engage in investment, capital, commercial, research, technological development, service provision activities, and others related to the activities of ICE and its companies, with the purpose of promoting their competitiveness (Article 8). Likewise, ICE and its companies are empowered to enter into contracts for the creation of trusts of any kind, within the national territory and outside of it (Article 11). Consequently, it follows from the foregoing that the competence of ICE and its companies extends not only over the entire national territory, but also outside of it in accordance with the terms of Law No. 8660, in addition to the fact that said powers shall be exercised directly or through agreements, cooperation agreements, associations, strategic alliances, or any other form of association with other national or foreign entities, public or private. As regards JASEC, it must be noted that, in accordance with the provisions of Articles 1 and 2 of the cited Law No. 3330, amended by Laws No. 7799 and No. 8660, said Board constitutes a semi-autonomous body (legal entity under Public Law, of a non-state nature), with full legal capacity, its own assets, and financial, administrative, and technical autonomy in the fulfillment of its duties, domiciled in that city, which is exclusively responsible for the administration of the electric company of the Municipality of the central canton of that province. However, in accordance with the amendments introduced through the already cited laws No. Placa2442 and No. 8660 to Article 2 of Law No. 3300, which defines the powers of JASEC, it is empowered to provide the public services defined in subsection 1) of Article 5 of the Law of the Regulatory Authority for Public Services – namely: the supply of electrical energy in the stages of generation, transmission, distribution, and commercialization – as well as telecommunications and infocommunications services; other services in convergence and cable television, requiring the respective concession when necessary. To exercise these powers, and as relevant to the specific case, JASEC, in accordance with the provisions of Articles 6, 7, and 9 of the Law on Participation of Rural Electrification Cooperatives and Municipal Public Service Companies in National Development (Law No. 8345 of March 25, 2003), may: i) Enter into business alliance agreements with cooperative associations and municipal public service companies covered by that Law, conducive to the development and joint exploitation of electrical generation works and services. Cooperative associations and municipal public service companies may enter into agreements of this nature among themselves; likewise, they may enter into trusts with a bank of the National Banking System for the development of electric and telecommunications projects, and this authorization is extended to ICE and the Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL). ii) Sell the energy they generate for the consumption of the users of their distribution networks, in accordance with their geographic coverage area in the national territory, which in its case, and in accordance with Article 1 of its Law No. 3330, is the Province of Cartago; iii) Arrange the sale of surplus electrical energy to ICE or among themselves, the cooperative associations, or the public service companies covered by Law No. 8345. Consequently, it follows from the foregoing that – among other aspects – the competence of JASEC is directed at supplying electrical energy in the stages of generation, transmission, distribution, and commercialization. However, although the sale of energy that JASEC generates in the exercise of its powers will be limited to the users of its distribution networks, according to its geographic coverage area in the national territory, that is, the Province of Cartago – with the exception of sales of surplus electrical energy that it may make to ICE and to other cooperative associations or public service companies covered by Law 8345 – it is also true that the law enables it to enter into business alliance agreements with cooperative associations; the municipal public service companies covered by Law No. 8345, ICE, and CNFL, conducive to the development and joint exploitation of electrical generation works and services, without there being a geographic limitation in accordance with the terms of Article 7 of Law No. 8345 of March 25, 2003, and Article 8 of Law No. 8660 of August 13, 2008, for the execution of said business alliance agreements for energy generation. Having stated the foregoing, it is worth noting that in this proceeding, the scope of two opinions from the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República) has been discussed, in which JASEC's competence to sign alliance agreements for electrical generation outside the province of Cartago was questioned. In the opinion of the plaintiffs, JASEC disregarded those binding opinions and incurred in illegitimate material actions by signing the Business Alliance Agreement with ICE for the construction of the Toro III Hydroelectric Project. In this regard, it should be noted that, indeed, the Attorney General's Office, through opinion C-175-2002 of July 4, 2002, concluded that: "1. - JASEC does not have the competence to provide the services it offers throughout the national territory. 2. - JASEC does have the competence to provide services throughout the national territory when dealing with municipal services provided by the Corporations, provided that the respective municipal agreement exists, duly approved by the Comptroller General of the Republic (Contraloría General de la República), through which the provision of services provided until that time by the municipalities is transferred...". On the other hand, in opinion C-188-2005 of May 16, 2005, the same Attorney General's Office not only ratified the conclusions contained in the cited opinion number C-175-2002, but also concluded that: "1-. The Administrative Board of the Electric Service of Cartago has its competence geographically delimited. The case of municipal services is excepted. 2-. Consequently, JASEC is not authorized by the legal system to exploit the public service of electricity generation outside the Province of Cartago...". However, in the opinion of this Court, such pronouncements are not applicable to the specific case, since they were issued prior to the amendment made to the cited Article 7 of Law No. 8345. As of that amendment, municipal public service companies may enter into business alliance agreements aimed at the development and joint exploitation of electrical generation works and services with cooperative associations; the municipal public service companies covered by that Law; ICE, and CNFL, without any geographic limitation in that regard. This is because, in accordance with the terms of the aforementioned numeral 7 in relation to Articles 8 and 46 of Law No. 8660, for the execution of said business alliance agreements aimed at energy generation, municipal public service companies such as JASEC have the power to enter into them with other cooperative associations; municipal public service companies covered by that Law; ICE, and CNFL, which are not limited to a specific territorial circumscription. In the case at hand, the limitation related to the geographic coverage area in the national territory only remains for the sale of the energy that JASEC generates in the exercise of its powers, which will be limited to the users of its distribution networks, which in its case, and in accordance with Article 1 of its Creation Law, is the Province of Cartago – with the exception of sales of surplus electrical energy that it may make to ICE and to other cooperative associations or public service companies covered by Law No. 8345. For the foregoing reasons, this collegiate body considers that the legal system enables JASEC to enter into business alliance agreements aimed at the development and joint exploitation of electrical generation works and services, in this case with ICE, without any geographic limitation in that regard; therefore, since the indicated opinions are prior to and hierarchically inferior to the legal norm that attributes such competence, they are inapplicable to the specific case. Furthermore, it should be noted that by judgment No. 5220-2010, issued by the Constitutional Chamber at 4:29 p.m. on March 16, 2010, an unconstitutionality action against the cited Article 7 of Law No. 8345 was dismissed. By reason of the foregoing, this Court considers that since, at the time of the execution of the Alliance Agreement signed between the Costa Rican Institute of Electricity (Instituto Costarricense de Electricidad) and the Administrative Board of the Municipal Electric Service of Cartago (Junta Administradora del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago) concerning the Toro III Hydroelectric Project, there were enabling legal norms that granted competence to the defendants, we are not in the presence of material actions constitutive of a de facto action (vía de hecho) and it must be so declared. In addition to the above, a distinction must be made between the generation and distribution of services, in accordance with Law No. 7595. From this standpoint, the direction of the service offer, as stated by JASEC, will be in Cartago, without there being any evidence in this case that would suggest otherwise.

VI.- ON THE CONTENT AND LEGAL REGIME OF THE BUSINESS ALLIANCE AGREEMENT BETWEEN ICE AND JASEC FOR THE JOINT DEVELOPMENT OF THE TORO 3 HYDROELECTRIC PROJECT. It must begin by noting that the cited resolution No. 5220-2010, issued by the Constitutional Chamber, also dismissed an unconstitutionality action against the Business Alliance Agreement signed by ICE and JASEC for the Joint Development of the Toro 3 Hydroelectric Project. Said resolution stated, in what is relevant, that "(...) determining the scope and effects of the specific agreement, as well as its substantial conformity with the legal system, cannot be carried out in this venue. The adequacy of the ICE-JASEC Business Alliance Agreement of May 3, 1995 (sic) and its corresponding implementation plan with the current legal or regulatory norms must be discussed in the contentious-administrative venue (...)". However, it must be made clear that, in accordance with the claims established during the single hearing, this process is not discussing the validity of the aforementioned agreement. On the contrary, what the plaintiffs allege is that the defendant public entities have breached various obligations contracted in said instrument, and as a consequence, its extinction by operation of law has occurred. Therefore, prior to the analysis of the breaches alleged, it is appropriate to refer, in a general manner, to the content of the aforementioned alliance agreement. In this sense, it must be noted that since 1999, both ICE and JASEC have maintained alliances for the execution of projects related to hydroelectric development, seeking alternatives that lead to the efficient and rational use of the hydroelectric resources available in the country, in order to satisfy the entrusted public service. As part of that process and based on Decree Law No. 449, as well as the already cited Laws No. 7799 and 8345, on March 9, 2006, both entities signed the Business Alliance Agreement for the Joint Development of the Toro 3 Hydroelectric Project. Considering the dispute in this process, it is essential to refer to part of its clauses. The first clause, in its section 1.1, states that the purpose of the agreement is to constitute a business alliance with equal participation in rights and obligations in order to carry out the activities and steps necessary to design, finance, build, operate, and maintain the Toro 3 Hydroelectric Project (PHT3), within the best engineering practices regarding time, quality, and cost. It also establishes the principles that will prevail in the implementation process of the agreement, among which transparency, ethics, honesty, and trust in the relations between both parties deserve to be highlighted, and it sets as a common interest the pursuit of improving the quality of life of Costa Ricans, through satisfying the country's energy demand. Linked to the above, the fundamental objective will be to ensure the optimum quality of the electric service. It is worth highlighting that the alliance aims to achieve greater institutional coordination and cooperation based on leveraging the strengths of each of the parties, so that activities will be undertaken by whoever is in the best condition to face them, under a concept of efficiency, effectiveness, and cost competitiveness. For its part, the second clause regulates aspects related to the general aspects of the PHT3, understanding that it comprises the construction of the infrastructure works necessary to utilize the restitution waters of the current Toro 2 Hydroelectric Plant, together with the contributions of smaller streams that are added to the conveyance, to generate electrical energy in a new plant, in which equipment with an electricity generation capacity of approximately 50MW will be installed. In its section 2.2, it is stated that to carry out the project, the parties agree to the creation of a trust (fideicomiso), which must obtain financing and manage the resources to develop the necessary infrastructure works for electricity generation and lease the Toro 3 Hydroelectric Plant to ICE and JASEC. Likewise, 2.3 establishes the commitment of both parties to obtain the declaration of environmental viability (viabilidad ambiental) of the project and to comply with the applicable environmental legislation for the development of the project. Then, 2.6 expresses the commitment of both parties to acquire the real estate or easement (servidumbre) rights necessary for the project's development, as well as that the concessions and permits required for the execution of the PHT3 will be processed as deemed most convenient for the interest of the parties and the best development of the project. The fourth clause regulates matters related to the expenses associated with the project, establishing that considering equal participation in rights and obligations, the expenses incurred for the execution of activities associated with the development of the PHT3, including the operation and maintenance of the plant, will be covered in equal parts by ICE and JASEC. Aspects related to the manner in which accounting records must be kept are also regulated. The sixth clause regulates various aspects, among which it is relevant to mention the related contracts, the implementation plan, and the termination of that agreement. In relation to the first, section 6.1 establishes that to formalize the joint development model of the project, the parties deemed it necessary execute, at least, the following contracts: trust creation, engineering and construction, and lease and maintenance. Said contracts should be submitted for approval by the Comptroller General of the Republic and would form an integral part of the Agreement as of the date of notification of the respective approval. For its part, section 6.2 states that within the thirty business days following the entry into force of the agreement, the parties shall prepare an implementation plan detailing their different obligations as well as the established terms for their fulfillment. Point 6.5 refers to the possibility that the parties, by mutual agreement, may terminate the agreement at any time, establishing the conditions under which the contractual termination must operate. It should be added that there are three annexes to the agreement that form an integral part thereof and refer to the technical sheet, the procedure for determining the recognition of energy and power availability, and the definitions, respectively. Finally, it is necessary to note that the cited business alliance agreement was approved by the Comptroller General of the Republic in accordance with the terms and conditions indicated in official letter 7238-2006 of June 6, 2006. In what is relevant, said approval act indicated that "(...) Once the rigorous study has been carried out, we return the cited agreement duly approved, having in view budgetary content certifications issued by Licentiates Víctor Fernández González and Juan Bosco Chacón Meza, from the Administrative Finance Directorate of ICE and the Finance and Budget Department of JASEC, respectively; therefore, the information indicated by said officials remains under their exclusive responsibility. On the other hand, said Administrations are reminded that, as provided in the sixth clause of the business document, the trust, engineering and construction contracts, as well as the lease and maintenance contract, must be forwarded in due course to this Comptroller Body for the effects of their respective approval. (...)".

VII.- ANALYSIS OF THE SPECIFIC CASE. ON THE BREACH OF THE ALLIANCE AGREEMENT. As has been indicated, in this proceeding the plaintiffs generally censure that ICE and JASEC incurred in de facto actions in the execution of the PHT3, alleging alleged breaches of the alliance agreement and comptroller approval. We shall now proceed to the analysis of each of the de facto actions accused. For a better understanding of what follows, it is essential to reiterate that, as explained in Considerando V, in the opinion of this collegiate body, both defendants have the necessary competence to participate in the implementation and execution of hydroelectric projects. This assertion is based on Decree Law No. 449 and Laws No. Placa2442, No. 8345, and No. 8660. As was explained, Article 7 of Law No. 8345 authorizes the national and municipal public entities and companies of the National Electric System (SEN) to enter into business alliance agreements with cooperative associations and municipal public service companies, among them JASEC, conducive to the development and joint exploitation of electrical generation works and services. It also permits cooperative associations and municipal public service companies to enter into agreements of this nature among themselves, and to enter into trusts with a bank of the National Banking System for the development of electric and telecommunications projects; extending this authorization to ICE and the Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL). Likewise, it authorizes national and municipal public entities and companies to enter into cooperation, investment, and joint operation agreements with cooperative associations and municipal public service companies in order for them to provide complementary services to their activities, in accordance with the procedures provided in current legislation. The foregoing basis is sufficient for both ICE and JASEC to enter into alliance agreements in pursuit of the construction, execution, maintenance, and operation of hydroelectric projects such as the one at hand. Despite the fact that the validity of the agreement in question is not being challenged, the truth is that the plaintiffs question JASEC's competence to enter into this type of alliance, basing their argument on different opinions from the Attorney General's Office, which, at the time, denied such a possibility. However, as explained in Considerando V, those opinions predate the cited Law No. 8345, a norm that enabled JASEC to enter into such alliances as was indeed done. Thus, the discussion regarding whether or not the opinions were modified by the report provided by the Attorney General during the processing of the unconstitutionality action that, ultimately, was resolved in the cited Voto No. 5220-2010, becomes irrelevant, given that, for what is relevant, since the publication of the cited Law No. 8345, such power was legally enabled. In the specific case, the de facto actions are alleged in relation to the breach of the contractual obligations assumed in the Business Alliance Agreement and the disregard for the terms of the approval granted by the Comptroller General of the Republic. Particularly, violation of the obligations derived from clauses 1.1., 2.2, 4.1, and 6.1 is alleged. Fundamentally, there are three breaches claimed. First, that the agreement established that to carry out the project, the parties would create a trust, which was to obtain financing and manage the resources to develop the necessary infrastructure works for electricity generation and lease the Toro 3 Hydroelectric Plant to ICE and JASEC. However, the trust has not operated in practice because the contracts indicated in clause 6.1 have not been signed, and despite this, the work is 75% built. Second, that the parity of obligations and rights required by clause 4.1 did not exist. Third, that the alliance agreement did not achieve the required efficacy because the contracts referred to in the cited clause 6.1 were not signed or approved, and because the trust contract was never perfected as the conditions required by the comptroller body were not met. In this regard, it is reiterated that the competence of ICE and JASEC derives from legal norms that enable them for the joint execution of the PHT3. It is precisely that legal enablement that allows them to enter into the Alliance Agreement at hand. Now, from the reading of clause 1.1, it can be extracted that this alliance between the two entities is to "(...) carry out the activities and steps necessary to design, finance, build, operate, and maintain the Toro 3 Hydroelectric Project (PHT3), within the best engineering practices regarding time, quality, and cost. (...)", an object that falls within the own powers of the defendants. For its part, clause 2.2 states that to carry out the project, the parties agree to the creation of a trust, which must obtain financing and manage the resources to develop the necessary infrastructure works for electricity generation and lease the Toro 3 Hydroelectric Plant to ICE and JASEC. A correct interpretation of both norms in light of current legislation leads to the conclusion that the trust is the instrument that the parties agreed upon, at that time, to execute the objectives of the alliance, but this does not imply that the project must be executed solely through it. Note even that the trust is one of the financing mechanisms that Article 7 of the cited Law No. 8345 empowers public entities to use in the execution of electric projects, but it cannot be understood that this is the only means, given that the involved entities can carry out the project in alliance with their own funds. This is why clause 2 limits the purpose of the trust to obtaining financing and managing resources to develop the necessary infrastructure works, maintaining as the object of the alliance the construction, operation, and maintenance of the PHT3. And it could not be otherwise, considering that the possibility of the alliance and the competence of both entities to jointly develop hydroelectric projects comes from law, not from the alliance itself. From this perspective, this Court does not find that the defendants have breached clause 1.1, given that, to this day, the alliance has persisted, has been carrying out the activities and steps necessary to design, finance, build, operate, and maintain the PHT3, to the degree that, as could be seen in the judicial inspection and as stated by the defendants in this proceeding, the work is at approximately 75% of its total progress. While it has been demonstrated that to date, clause 2.2 of the referenced agreement has not been able to be fulfilled by the defendants, the trust contract has not been approved, nor have any of the others been signed, and to that extent the trust has not come into operation, despite the project being practically completed; the fact is that, in accordance with the foregoing, it is the opinion of these judges that this breach cannot be equated to an action constitutive of a de facto action for two fundamental reasons. First, because both JASEC and ICE have the legal competence to jointly develop the PHT3, and that enablement could not be understood as restricted by virtue of a business agreement, given that the project's financing can come from other sources, as has indeed happened. In addition to the above, there is also a declaration of national convenience (declaratoria de conveniencia nacional) for the realization of the project. Second, because the absence of that element has not prevented the achievement of the assigned legal powers nor of the alliance itself, as the construction of the PHT3 is mostly concluded. However, it must be noted that, in the opinion of this Court, the fact that the construction of the project is almost concluded with the own and budgeted funds of both ICE and JASEC modifies, in reality, the object of the trust contract that was signed. This is because a large part of the object of that trust is no longer possible. At least, matters relating to the proposals, terms, and amounts of financing, as well as the construction of the hydroelectric plant, become materially and legally impossible for the trust to assume, given that, it is insisted, these are obligations that have already been assumed mostly by ICE and JASEC, acting in alliance. In this sense, it is essential that the defendant entities assess and rethink the signed trust contract (which was conditionally approved by the Comptroller General of the Republic) so that its terms adjust to reality. Note that, even the comptroller body had already warned of such a circumstance when requesting the addendum to the trust contract. Regarding the equal participation mentioned from clause 1.1, it must be indicated that this is defined with greater clarity in 4.1, which states that "(...) the expenses incurred for the execution of the activities associated with the development of the Toro 3 Hydroelectric Project, including the operation and maintenance of the plant, will be covered in equal parts by ICE and JASEC (...)". The plaintiffs maintain that this clause has been breached since there has been no equal participation in expenses; rather, the work has been executed mostly with the ICE budget. Indeed, from the testimonial evidence presented, particularly that of Mr. Nombre142897, it was determined that to date, the PHT3 has been built with the own resources of ICE and JASEC; the current investment of the PHT3 amounts to approximately one hundred million dollars, of which JASEC has invested approximately between thirty and forty million dollars (statements of the defendants, declaration of Nombre142897). However, it is the opinion of this Court that the defect claimed is premature because the clause requires equal participation in the total cost of the work, which includes its operation and maintenance, which to date has not occurred, preventing this Court from assessing its legitimacy at this point. Finally, the obligation of the defendants to sign the trust, construction and engineering, maintenance, and lease contracts is questioned, which form an integral part of the alliance agreement. It is alleged that the approval of the referenced agreement was conditional upon the execution and remittance of said contracts. This Court does not share that thesis. As explained, the competence of the defendants to jointly develop the PHT3 comes from various norms that have already been cited and from the alliance agreement itself that was signed. The different contracts constitute possible mechanisms for the execution of the work, without it being understood that the non-execution thereof prevents the exercise of the legally assigned competence.

In any case, in the opinion of these judges, the comptroller approval (refrendo contralor) given to the alliance agreement was not conditioned on any specific circumstance. This is inferred from the literal interpretation of the text of the approving act, which emphatically states that " (...) the referenced agreement is returned duly approved (refrendado) ( ... ) ," which contrasts, for example, with the approval by the comptroller body of the trust agreement (contrato de fideicomiso) submitted on a first occasion, in which it is clearly stated that " (...) The signed trust agreement is approved on a conditional basis (...) ." Although the final paragraph of the official letter by which the alliance agreement is approved (refrenda) states that " (...) these Administrations are reminded that, as stipulated in the sixth clause of the business document, the trust, engineering, and construction agreements, as well as the lease and maintenance agreement, must be submitted in due course to this Comptroller Body for the purposes of their respective approval (refrendo). (...) ", we consider that this does not constitute a condition, but rather a warning or reminder that, if signed, those instruments must be submitted for approval, a situation which, in this case, has not yet occurred. Although the Office of the Comptroller General indicated in its official letter 03470 (DCA-1104) of April 22, 2008, that the approval (refrendo) granted in official letter 2295 (for the trust agreement) did not authorize the start of construction of PHT3 through alternative mechanisms, the fact is that it is already practically completed with funds from ICE and JASEC, and this is a reality that cannot be ignored. So much so that the Office of the Comptroller General (Contraloría General) itself, in official letter FOE-ED-0338 of May 15, 2008, indicated to the defendants that given the condition of the comptroller approval (refrendo contralor) in terms of having all the land to obtain the full effectiveness of the trust agreement, the agreement was no longer consistent with the reality of the project in relation to the progress of the works, because the trust could no longer cover all the works that made up the project. For these purposes, it requested that they submit a consensual proposal with the endorsement of the Fiduciary Bank regarding the treatment to be given to the issue of existing works, including the assessment of adjustments, clarifications, or additions that must be made to the subscribed and approved (refrendado) trust agreement and a detail of what has been invested by each of the parties to date and the current situation of the trust, explaining whether costs associated with the trust have been generated. The aim is to adjust what was agreed to reality for the sake of the public interest that this work entails. Now, although it has been noted that the trust has not become operational for the reasons already mentioned, this Court must warn of the following. Clause 5.4 of the aforementioned agreement establishes that if the trustee were to sell the plant to a third party, the settlors (whether ICE and JASEC ) agree to sell the land on which it was built. As will be explained below (infra), these judges are of the opinion that the main intake or well (toma o pozo principal) of the work was built on what was the natural channel of the Toro River and the Latas Creek, this is a public domain asset and that, furthermore, the infrastructure built will undoubtedly satisfy a public service. It is for this reason that, in the manner in which this clause is drafted, it is null and void ab initio (nula de pleno derecho), because it would entail the transfer and alienation of a public domain asset (bien demanial), which also contradicts Article 21 of the Law for the Strengthening and Modernization of Public Entities in the Communications Sector. Although the record contains an amendment to said clause, it is inferred from the testimony of Mr. Nombre142897 that there is no certainty whether said amendment was submitted to the Office of the Comptroller General of the Republic for its approval. It is for this reason that due warning is given so that, should the viability of the trust's operation be determined, the referenced clause be entirely excluded and the works built on public domain land (demanio público) be separated from those built on other properties; in addition to submitting said agreement to the comptroller body for the corresponding approval. Finally, in relation to the claim regarding the manner in which the machinery was contracted, it must be noted that the plaintiffs do not explain in detail the basis of the claim. Broadly speaking (A grosso modo), it seems to revolve around the absence of an ordinary contracting procedure; however, as inferred from Annex 6 (Anexo 6) of the documentary evidence provided by ICE, in principle, the comptroller body has authorized a special procedure for that institution to directly contract equipment and machinery, which will be subject to subsequent oversight (fiscalización posterior) by the comptroller body, as appropriate. In conclusion, no actions constituting a de facto action (vía de hecho) are observed regarding compliance with the alliance agreement, since, as explained, there is enabling legislation for the development of the referenced hydroelectric project. Nor are breaches or systematic violations of clauses 1.1, 4.1, and 6.1 observed. Although clause 2.2 has not been fully complied with because the trust has not become operational, such non-compliance is not relevant nor can it extinguish the agreement because there are legal provisions that allowed the alliance to finance the work with its own resources, as has indeed happened. Despite the non-compliance, the public purpose has been satisfied. This Court considers that both defendants had the required budgetary authorizations, but in any case, it is evident that there will be subsequent oversight (fiscalización a posteriori) by the Office of the Comptroller General of the Republic regarding those aspects. It is further considered that the terms of the approval (refrendo) granted by the comptroller body through official letter 07238 of June 6, 2006, were not disregarded. It is reiterated that this approving act was not subject to any condition, so the agreement took full effect and has been executing. Therefore, its content has not been emptied nor has it been extinguished. It is therefore inappropriate to seek the application of the second paragraph of clause 6.5 of the oft-cited business alliance agreement. Said clause refers to the termination (rescisión) of the agreement, a power reserved to the parties (and not to third parties) if there were unilateral variations to the agreed terms, which does not occur in this case. Nor is it appropriate to seek the termination of the contract by virtue of a systematic breach of the agreement, which, as stated, generally has not existed. Thus, it must be concluded that there are no actions constituting a de facto action (vía de hecho), but rather that the administrative conduct deployed by ICE and JASEC is based on enabling norms and acts such as legal norms, the declaration of national convenience for the project, and the alliance agreement. Ergo, the public service was authorized in terms of subject and purpose, both for ICE (Decree-Law No. 449) and for JASEC (Law No. 8345), and the issued acts and deployed actions were carried out to execute the legally entrusted powers for the sake of satisfying a general interest. Furthermore, the agreement is effective, insofar as it was approved (refrendado) by the Office of the Comptroller General of the Republic. Although the validity of the agreement is not being challenged, the truth is that, in general, it is not observed to be absolutely null in a grotesque manner either.

VIII.- ON THE CONTENT OF THE FUNDAMENTAL RIGHT TO PRIVATE PROPERTY AND ITS SOCIAL FUNCTION. For the examination of other material actions of the defendants that, in the plaintiffs' opinion, constitute a de facto action (vía de hecho), it is necessary to refer, in a very general manner, to issues such as the right to private property and its social function, the legal nature of the subsoil (subsuelo), and the materials extracted from it. In this sense, the right of property, protected in canon 45 of the Magna Carta, is defined as a right that is, in principle, absolute, exclusive, and perpetual. However, the analysis of this right has evolved towards the perception of a relative nature, as it is subject to the possibility of imposing limitations for reasons of public interest. In ruling No. 4205-96 of 14:33 hours on August 20, 1996, the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) stated the following regarding the content of this right: "V. ON THE SOCIAL FUNCTION OF PROPERTY AND ITS RELATIONSHIP WITH LIMITATIONS ON THE RIGHT OF PROPERTY - SECOND PARAGRAPH OF ARTICLE 45 OF THE POLITICAL CONSTITUTION. A conception of the right to private property in absolute and practically unlimited terms came to constitute the basic fulcrum upon which the Western system was established, enshrining the complete intangibility of the right of property as the basic center of the legal system, since it implied complete dominion over the good, in an absolute, general, independent, full, universal, unlimited, and exclusive manner. However, such a concept has evolved, reaching the point of proposing the defense of a property based on social harmony, and a social sense of land ownership. Thus, the legal basis upon which the protection of property rests is modified, and from being an exclusive right for the individual, it comes to correspond to an obligation in favor of the harmonious coexistence of society. The idea of the 'social function' of property emerged, in which every individual has the obligation to fulfill certain communal obligations, in direct proportion to the place they occupy and the interests of the social group they represent. The content of this 'property-function' consists of the owner having the power to use the object of the domain to satisfy their own needs, but correspondingly having the duty to also place it at the service of social needs when such behavior is indispensable. With this new concept, the legislator's attributions are broadened to determine the content of the right of property, which is achieved through the limits and obligations of social interest that may be created, putting an end to its exclusive, sacred, and inviolable sense. (...) VI. Article 45 of the Political Constitution enshrines, in our legal-constitutional system, the right of property. The first paragraph indicates its 'inviolable' nature and establishes the State's obligation to compensate the owner beforehand, when it must abolish it for reasons of 'legally proven public interest'. The second paragraph establishes the possibility of establishing limitations of social interest on property, through a law approved by a qualified vote—a vote of two-thirds of all members of the Legislative Assembly. From the foregoing, it is clear that the State's obligation to compensate is constitutionally provided solely and exclusively when it involves expropriation and does not apply to limitations of social interest established by law approved by qualified vote (...)." From this perspective, that property, whose legal content is observed in canon 264 of the Civil Code, is subject to limitations imposed by law considering the private interest of other owners; and in attention to the public interest of the community. The latter are governed by administrative law. Said administrative limitations may consist of mere restrictions, easements (servidumbres), or temporary occupation (ocupación temporánea). Restrictions consist of legal conditions for the exercise of the right of property. It is a tolerance that the owner must endure, which is why they deal with a particular or special sacrifice by the owner but rather a general restriction. They are inherent in the existence of the right. Therefore, they are general, constant, and current. They are limited in number and class, and may not dismember the right of property, that is, restrict its use and enjoyment to such an extent that they affect the fullness of the right. Given their generality, they are not compensated, with the exception of damages that the Administration may culpably cause when executing the works in which the restriction materializes. However, as an insurmountable limit, they must be proportional to the administrative need that must be satisfied with it, ergo, they must respond to an administrative need, and they cannot disintegrate the essential content of the right of property. Regarding the scope and restrictions of those limitations on the essential content of the right to property, the Constitutional Court stated, in relevant part, in the aforementioned ruling: "VIII. Notwithstanding what was indicated in the preceding recitals, it should be noted that the legitimate limitations that may be imposed on private property find their natural boundary in the degree of affectation to the property; that is, when the restriction on the right to property becomes a true expropriation with the consequent obligation to compensate, because the right to property completely disappears, or when it does not affect the generality of the community. This was pointed out by the Full Court in relation to limitations to be imposed on property when they exceed the indicated limit, in an extraordinary session on June 16, 1983: '[...] that is, "limitations" as Article 45 calls them, but not dispossession of private property nor deprivation of a primary attribute of ownership, because preventing the enjoyment of the goods is equivalent, at least in this case, to a form of expropriation without the requirement of prior compensation ordered by the political charter'; and as indicated by this Court in the cited rulings number 5097-93 and 2345-96, in which it stated: 'IV.) For the Chamber, the reasonable limits that the State may impose on private property, according to its nature, are constitutionally possible as long as they do not empty its content. When this occurs, it ceases to be a reasonable limitation and becomes a deprivation of the right itself.' (Ruling number 5097-93); 'That is, the attributes of property may be limited, as long as the owner reserves for himself the possibility of exploiting the good normally, excluding, of course, the part or function affected by the limitation imposed by the State. Outside of these parameters, if social welfare requires sacrifices from one or only a few, compensation must be made, just as occurs when the sacrifice imposed on the owner is of such magnitude that it causes the total loss of the good. Thus, the limitation on property withstands constitutional analysis when the affectation of the essential attributes of property—which are those that allow the natural use of the thing within the current socio-economic reality—does not cause the nature of the good to disappear or make the use of the thing impossible, because the State imposes authorization or approval requirements so complex that they imply, in fact, the impossibility of usufructing the good.' (Ruling number 2345-96)." IX.- ON THE LEGAL REGIME OF THE SUBSOIL (SUBSUELO) IN COSTA RICA. PUBLIC DOMAIN STATUS OF MATERIALS EXTRACTED FROM THE SUBSOIL. A core aspect of this case is determining the ownership of the subsoil space through which excavations were carried out by ICE and JASEC for the construction of the tunnel area of the Toro III Hydroelectric Project. This is because the plaintiffs claim a right of ownership over that physical space. Specifically, in facts 46, 47, 48, and 49 of the complaint, they allege invasion of the subsoil of the Juan Castro Blanco National Park and that pertaining to their respective properties. On this topic, it is worth noting what is set forth below. The legal regime of the subsoil in the national legal system is a little-explored topic of special complexity, given the necessary consideration of modern building techniques that enable the availability of said space. There certainly is legislation regulating marginal aspects of the subsoil, but which does not establish a solution for the controversy raised in this proceeding. To cite some references on the subsoil regime, the following may be mentioned: Article 6 of the Indigenous Law, No. 6172, Art. 25 Law No. 7779, amendment to the Law Creating JASEC, Article 151 of the Regulations to said law, i.e., Executive Decree No. 29375, canon 6 of Executive Decree No. 30387-MINAE-MAG Regulations for the Drilling and Exploitation of Groundwater, Article 53 of the Organic Environmental Law, No. 7554, Article 4, subsection 51 of the Regulations to the Mining Code, No. 29300-MINAE, Article 4 Mining Code, No. 6797, Article 9 Construction Law, No. 833, Construction Regulations, Executive Decrees Nos. 34522, 32967, and 32712 on environmental guides for construction, to name a few. It is a legal institute with scarce legal regulation. As a starting point, the concept and scope of the right of property must be clear, a topic already debated in previous sections of this ruling. At this point, it must be reiterated that the right of property protected in canon 45 of the Magna Carta constitutes a right that must be interpreted in light of the social function of property, so that it is not an absolute and unrestricted right, and that even under the protection of that same supreme norm, it accepts limitations imposed by law approved by a qualified majority, based on criteria of public utility. A proper and integrated assessment of the aforementioned numeral 45 and numeral 50 of the same body of law leads to establishing that as a base criterion for assessing the scope and projections of the right to property, it is imperative to harmonize the interests of the individual against the interests of the community, imposing on the owner the obligation to fulfill the social function. Now, this reference is mandatory for the purposes of situating the topic, given that it is alleged that the construction of the tunnel in the subsoil constitutes an invasion of the right to property without any easement (servidumbre) or enabling act legitimizing that material proceeding. The right of property, although of constitutional basis, its content is a matter of legal development. Indeed, numeral 264 of the Civil Code is the norm that alludes to the attributes of ownership (or property). Even the same precept 264 thereof reiterates that property and the rights it comprises have no more limitations than those imposed by the owner and set by law. From this perspective, regarding the subsoil, mandate 505 of the Civil Code is the norm that establishes some sort of regulatory parameters on the object of the controversy, without it being able to be considered the norm that solves it, as will be seen. Said norm states in its literal text: "The right of property is not limited to the surface of the land but extends by accession to what is above the surface and to what is below. Save for the exceptions established by law or convention, the owner may make all constructions or plantations he deems appropriate above, and make all constructions he considers suitable below and extract from those excavations all the products they may yield. / The foregoing shall only be applicable to cases of horizontal property, with the limitations contained in the respective law." A light interpretation (and eventually grammatical interpretation of that precept) – which is not shared – may lead to the error of considering that such mandate resolves the dilemma of the ownership of the subsoil, assigning it to the owner of the surface. However, it is the criterion of this Court, as has occurred in comparative law, in legal systems such as the Spanish, Italian, or French, that a grammaticalist hermeneutic of that legislative precept (and the similar norms in those systems) must be rejected, resorting instead to mechanisms of integral, systematic, and evolving legal interpretation, which weigh the social reality in which they take effect and their very purpose, as mandated by Article 10 of the Civil Code. This same finalist exegesis is also observed in mandate 10 of the General Law of Public Administration. The prevailing social reality evidences technologies for harnessing the subsoil through building developments in urban-oriented areas, as well as developments of public works of public interest, such as underground electrification networks, or areas for providing public transportation services or hydroelectric generation projects, all of which are conflicts hardly foreseeable by a norm dating back to 1888, which requires abandoning literalism to adjust the interpretation to the current context of the times and modern needs and trends. Indeed, the use of the subsoil for the development of private or public works is increasingly frequent, therefore presenting controversies and hypothetical extremes that do not find full resolution in the ordinary ordinances of surface property contained in canon 505 of the Civil Code. Although the legal regime of administrative easements has made possible particular solutions for specific conflicts on this topic, such as the case of voluntary right-of-way easements for pipelines or oil pipelines established by RECOPE, it cannot be considered a generalized regime applicable to any attempt to use the subsoil. Those cases in which the excavation depth to exercise the right of way is shallow cannot be equated with a development carried out at a considerable depth. In the first example, as a thesis principle, the subsoil space used is located within the area potentially exploitable or usable by the surface owner, whereas in the second, i.e., deep excavations, it does not seem to generate a disturbance that justifies the use of these legal forms. The same can be said of the regime of concessions and administrative authorizations. Hence, from the very start, the grammatical application of precept 505 of the Civil Code must be dismissed to maintain that in all cases, the subsoil is an extension of the right of property of the surface landholder. Even more so, it should be noted that the norm in question is located within the chapter on accession, not in that on property. It certainly indicates that the property of what is below the surface is part of said ownership, however, such belonging is produced by the phenomenon of accession, which would imply, even under that grammatical view, that if the subsoil has not been used for the construction of works or there is generally nothing attached in that space due to lack of use, the presumption of ownership does not operate. This is the case of a house in which the subsoil was used for the construction of a basement, or a high-density urban development involving underground parking or housing spaces. In such cases, it is clear that what is built, as long as it respects the regulatory norms in urban planning and construction matters, by the mentioned phenomenon, is understood as part of the right of property. But when the subsoil does not have a reasonable potential for use (vocación de aprovechamiento razonable), whether due to its depth or its generic conditions, such ownership cannot be presumed.

X.- In that dimension, doctrine has inclined towards the criterion of the surface owner's interest in using the subsoil, in order to weigh the depth level of their right of property. Under this context, for private land matters, it would be the holder's real and legal interest that delimits the usable fraction of the subsoil. In the case of public goods, it would be the public interest that is the limiting criterion of verticality. In the context of comparative law, in regimes where the issue of the subsoil has undergone intense analysis, such as the Spanish one, in which numeral 350 of the Civil Code expressly states that "The owner of the land is the owner of its surface and of what is below it..." However, that legislative treatment is not comparable to national legislation, given that precept 505 of the Civil Code, already referred to, refers to ownership over what is below the surface, through the phenomenon of accession, an issue already discussed, but not under a generic formulation that would justify, as an incontrovertible and generic thesis, that the subsoil (what is below the surface) is entirely for one's benefit, regardless of whether or not one holds a reasonable and proportional interest. Note that the aforementioned mandate indicates that the surface holder may: "... make all constructions he considers suitable below and extract from those excavations all the products they may yield. (...)" The foregoing implies that, as a thesis principle, the owner has a simple presumption of using the subsoil; however, such presumption must be linked to the existence of a reasonable interest determined by the real, actual or potential, possibility of using that space. It is this reasonable interest that limits the exercise of that presumption of availability of the subsoil. Observe, as has been noted above (ut supra), that through accession, what is below the earth will be part of their property (as in the case of basements and parking lots, with the clarifications noted), but the mere subsoil, without interest or real possibility of use, is not covered by said presumption and therefore, should not be considered part of that private right. It is clear, however, that this reasonable interest in use is shaped and subject to a large extent by urban planning norms, as well as by norms that generally set regulatory frameworks for land-use planning. This must be complemented by the norms pertaining to buildability or construction. It is these references that in each specific case provide particular and casuistic criteria to determine the level of enforceability and thus of the correlative protection of said reasonable interest in use. Hence, the issue of the subsoil, aside from the interesting debate on its ownership, must focus on evaluating the conditions of the specific case to define the vertical margin of real possibility of use by the surface holder over the subsoil, it being understood that within said space, as noted, the right to legal protection emerges. In that order, a property located in a high-density residential or industrial zone, where the construction of commercial centers with ample underground spaces, or condominium and apartment towers is feasible, should not receive the same treatment as a strip of land located in a rural zone, of eminently agricultural vocation. In the first case, it must be determined whether in that particular area the land-use and construction norms enable such development, in which case, that effective possibility of use would be determined, and consequently, the depth of that possibility of disposing of the subsoil must be established; whereas in the second given hypothesis, the vertical limit will be much less. It should be understood that the majority of civil works to house people imply a use of the subsoil, wherefore the existence of a reasonable interest enables that use without legal conflict, but that does not speak of full and unrestricted ownership by the holder over the entire subsoil or over everything found below their surface. Note that even within the aforementioned Spanish law, despite the wording of Article 350 of the Civil Code, the inappropriateness of a grammatical interpretation has been established, and the necessary concurrence of a reasonable interest has been employed to set the limits of subsoil use. This can be observed in other regimes such as French law and German law. In our context, it should be noted that numeral 505 of the Civil Code is located within the chapter on "Accession" (and not on property) and, as has been shown, it establishes the possibility of using what is below the earth to the extent that there is a reasonable interest determined by the real possibility of use. In this way, the vertical limit of the right to use the land is inextricably associated with or subject to the owner's interest in its utilization. As a derivation of the foregoing, it must be indicated that the burden of proof regarding the interest in the effective utilization of the subsoil falls on the owner, an aspect for which the planning and land-use management instruments must be evaluated in each case, it is insisted. Now, the mentioned criterion of reasonable interest can lead to two perceptions; on one hand, that the real interest of the owner marks the limit of their property over the subsoil, or else, that this property extends indefinitely, but the holder has no action to oppose intrusions that do not disturb them. However, it is the criterion of this Court that the correct perception of the issue in our regime does not lead to affirming that the surface holder owns the subsoil in an unrestricted or unlimited manner, but rather that it is the real possibility of use that enables them to dispose of that lower vertical space, which, if accredited and utilized, by the criterion of accession, would become their property. The ownership would therefore extend to the portion that is correlative to their legitimate, reasonable, and proportional possibility of use.

This is not a matter of an unlimited vision of property that yields to acts that do not disturb, but rather of the possibility of use to the extent that a reasonable interest exists. The delimitation of this space is a task of concrete analysis, but ultimately subject to the criterion of the social function of property, which in the matter under examination implies that the vertical extension of ownership of real property reaches as far as it is useful for the owner, taking into account particular factors such as land suitability (vocación de la tierra), location, conforming use, territorial development planning, rules of so-called urban police, urban planning licenses such as land removal permits (permisos de remoción de tierras), among others. The opposite would constitute an abuse of right (article 22 of the Civil Code) not tolerated by our legal system, to the extent that the unlimited perception of property over what is above and below the surface would lead to extreme degrees of protecting spaces over which the owner has no real possibility of use and transcends the normal limit of the exercise of their rights, with serious harm to the public interest. It follows then, that outside of that physical space within which the surface owner has a possibility of use or exploitation, which must be proven and must be evaluated in each specific case, the legal system does not grant that owner an exclusive right of exploitation, much less a right of advantage over the materials located in the subsoil. Therefore, claims aimed at alleging a sort of right of ownership over resources located in the subsoil when the real possibility of use has not been proven, i.e., a reasonable interest in their exploitation, could not be condoned. Even within that space of potential use delimited by the reasonable interest, the imposition of administrative limitations, or mandatory easements (servidumbres forzosas), would be possible, as is the case for those strictly necessary for the development of public interest projects or works. In this section, however, it is clear that in the event that such figures lead to rendering the property dysfunctional, such that the surface cannot be used as a consequence of the restriction on subsoil use, this would constitute the scenario of de facto expropriation, making it imperative at those stages to order the expropriation of that strip of land. Again, this is an eminently casuistic matter that must be weighed according to the specifics of each dispute analyzed.

XI.- As a complement to the foregoing, it is worth clarifying that, in certain scenarios, the legal system establishes special regulations that configure prevailing normative regimes that provide a different treatment in the matter under examination. In general, regarding the regime of mines and quarries, water resources, archaeological heritage, environmental matters, aquifers, among others, there is sectoral legislation that establishes a legal encumbrance on those subsoil resources and in those cases, assigns the character of public domain (demanialidad) to those spaces. Indeed, in each of those areas, the regulatory rules of the field establish public ownership of that space. In this direction, in mining matters, Executive Decree No. 29300-MINAE of February 8, 2001, published in La Gaceta No. 54 of March 16, 2001, called "Reglamento al Código de Minería," article 4, subsection 51, conceptualizes what should be understood by subsoil in the following terms: "Subsoil: Zone of firm rock or unconsolidated rock formation in a healthy, unaltered state, which may be located below the soil, or may be directly exposed on the surface and within which the biophysical processes necessary to sustain life microscopically and macroscopically, like soil, do not occur. In the case of rocks proper, they are distinguished because their mineral aggregates are bound together by strong and permanent cohesive forces, which can only be overcome by significant mechanical actions (hammers, machinery, explosives, others)." Aside from that concept, it must be clear that the Código de Minería, Law No. 6797 declares the mineral resources existing in the national territory as public domain (demaniales). It is clear that to that extent, any mineral resource, regardless of its location, must be considered public property. The first article of the cited Code states literally: "The State has absolute, inalienable, and imprescriptible dominion over all mineral resources that exist in the national territory and its patrimonial sea, regardless of the origin, physical state, or nature of the substances they contain. The State shall endeavor to exploit mineral wealth by itself or through bodies that depend on it. / However, the State may grant concessions for the recognition, exploration, exploitation, and beneficiation of mineral resources, in accordance with this law./ The concessions shall not affect in any way the dominion of the State, and shall be extinguished in case of non-compliance with the legal requirements to maintain them." Subsequently, said regulation establishes a regulatory framework on the system of exploration permits and exploitation concessions, the regime of easements (servidumbres) and eventual expropriations, topics that will not be addressed in this section. The same treatment is given by Law No. 6172, Ley Indígena to the mineral resources found in the subsoil of indigenous reserves, which for these purposes belong to the State and the indigenous communities. The same applies in the matter of hydrocarbons, pursuant to the Ley de Hidrocarburos, No. 7399, which considers the sources and deposits of petroleum and any other hydrocarbon substances existing in the national territory to be in the public domain. In that same orientation, canon 121 subsection 14 of the Magna Carta, in its sub-subsection b) states that coal deposits, sources and deposits of petroleum, and any other hydrocarbon substances, as well as deposits of radioactive minerals existing in the national territory, cannot leave the dominion of the State. The same treatment applies to the issue of groundwater, pursuant to the Ley de Aguas, No. 276 of August 27, 1942, to cite only some special regulations in which, by virtue of the public relevance of the good or the materials that compose the subsoil, a public ownership and, in certain cases, a public domain status (demanialidad) is determined. Specifically, when any of the factual scenarios set forth in that special legislation occur in the subsoil, the debate over the availability of use or not by a third party must yield to a prevailing, special regime that is imposed over any perception of a private regime.

XII.- Now then, the regime of the subsoil discussed above must not leave aside the aspect of the assessment of potential damages that may be caused to the surface owner as a consequence of the use and exploitation of the subsoil, whether by public works or by private activities that possess the pertinent administrative authorizations. In these hypotheses, when the development of those works or activities generates damages to the surface of the land, in accordance with what is regulated by article 196 of the Ley General de la Administración or, as the case may be, article 1045 of the Civil Code. This would be the case for excavations that destabilize the property or generate subsidence, vibrations that damage already-built structures, falls of trees or forest species, among other manifestations. In these cases, the damage must be proven by the claimant, providing the elements of conviction that allow demonstrating it, without prejudice to the technical evidence and on-site inspection phases that are foreseeable to bring the judge closer to the reality of the disputed facts. On the other hand, it has already been indicated that when easements (servidumbres) or administrative limitations are imposed that make the full use of the property right impossible in a way that renders that domain dysfunctional, the right to be expropriated arises. In the particularity of this case, the plaintiffs argue that the tunnel route below their properties has, on one hand, caused them a diminution in their right of domain. Even in the conclusions phase, the special judicial attorney of Cascadas del Toro S.A., stated that the issue would have been solved if in the conciliatory negotiations ICE had accepted the delivery of the material obtained from the tunnel excavation, implying that their property was invaded, depriving them of the exploitation of those materials. In accordance with what was stated above, it is the criterion of this Tribunal that the injuries claimed by the plaintiffs have not been generated. Indeed, regarding the ownership of the extracted materials, as has been explained, the excavations for the construction of the tunnel that forms part of the Proyecto Hidroeléctrico Toro 3 were carried out on a path that runs through the subsoil located below the plaintiffs' property, as well as the Parque Nacional Juan Castro Blanco. As a starting point, any presumption or affirmation that the surface owner is unrestrictedly and unlimitedly the owner of the subsoil must be dismissed, as has been stated above. The clarification, despite being reiterated, is necessary: the owner will be the owner of that which through accession has been built in that space, prior compliance with construction and urban planning rules and according to their reasonable interest materialized in the real possibility of use. In the specific case, the plaintiffs' properties are located in a rural sector, and no evidence or allegation has been provided in the case file that allows establishing the concurrence of an exploitation interest in the subsoil space within which the tunnel was built. The plaintiffs have not provided elements of conviction to establish the real possibility of use of that space, without it being possible in this regard to allege a type of iuris tantum presumption that generates a right in their favor. This implies that for the development of the questioned work, the existence of underground passage easements (servidumbres de paso subterráneo) or similar figures was not necessary for the surface owners to give approval for the cited excavations. The plaintiffs do not have an exclusive exploitation title for that subsoil space nor, in general, an enabling title that grants them, totally or provisionally, a right opposable to third parties, including the defendant administrations, such that in order to exploit the subsoil, they would require the consent of the surface domain owners. It is worth reiterating, even considering that the subsoil property belongs to the landowner, there would be no right to refuse developments of public interest. However, the doctrinal treatment that supports that position is not shared by this Chamber, for the reasons already explained. On the contrary, since the existence of the reasonable interest has not been proven, the subsoil used cannot and should not be considered the plaintiffs' patrimony, and over this space, they hold no right whatsoever, with the exception of disturbances that to their real property (which does not include the subsoil in the stated terms) may lead to creating rights of an indemnificatory nature. It would therefore be a space whose ownership is not private, but, in any case, public, over which public or private developments must have the administrative authorizations of rigor, in compliance with and safeguarding of construction, environmental, and, as the case may be, urban planning variables. However, from an objective analysis of the case file records and the depth at which the works have been carried out on that path, within a framework of analysis of reasonableness and proportionality, it does not allow assuming that those excavations have generated an injury to the part of the subsoil that the plaintiffs could claim as part of their reasonable interest of exploitation. Regardless of the depth of excavation, which is not uniform in all spaces, the fact is that the plaintiffs do not show how those works invade the space in which they could have exploited their property or are currently exploiting it. On the other hand, no evidence is provided regarding probable damages to the superficial area of the land. Simple conjectures have been expressed, unsupported by factual or technical certifications. Ultimately, it is not evident in the case file that the tunnel construction has produced an injury to the plaintiffs' properties. No instability of the terrain or similar harm is alleged. Even so, it is clear that in the dynamics of this type of works, the detection of that type of material injuries is not always immediate. On occasion, if there are impacts (which this chamber does not consider proven at this time), they manifest later. For this reason, it is evident that if they occur, the scope of this judgment would not encompass the examination of said aspects, leaving the avenue open for their claim.

XIII.- ON MATERIAL ACTIONS RELATED TO THE PUBLIC DOMAIN. A series of actions are accused as illegitimate related to the requirements demanded by environmental legislation or with eventual impacts on the public domain, the examination of which is undertaken. On the occupation of the Río Toro. In general, the claims of illegitimate actions raised by the plaintiffs on this point relate to the undue occupation of the bed of the Río Toro to build a dam and narrow its channel, to then divert the waters of the discharge from the PHT2 Plant and the Quebrada Latas to build a terrace upon which the main intake of PHT3 was excavated. In this proceeding, it has been proven that the waters of the Quebrada Latas were diverted and directed to the discharge of PHT2 and from there, to the main intake of PHT3. To this effect, official communication AT-514-2011, dated April 4, 2011, issued by the Dirección de Aguas of MINAET indicates that PHT3 captures the discharge waters of the hydroelectric exploitation existing for several years called PHT2. On the other hand, official communication ACAHN-DAP-64, dated August 18, 2009, includes photographs showing the natural channel of the Río Toro and the Quebrada Latas before carrying out the works for hydroelectric generation in the projects currently being executed, as well as the changes in the channel resulting from the works being carried out, among which they indicate the diversion of the Quebrada Latas (which previously flowed directly into the Río Toro) (folios 337 to 343 of the judicial file) and official communication IMN-DA-2431-2009, dated August 4, 2009, which establishes that it is a cascade exploitation and that modifications have been made to the channel of the Quebrada Latas (folios 344 and 345 of the judicial file). Finally, what was observed by this Tribunal during the judicial inspection confirms the diversion of the channel referred to in the cited official communications. A second claim is directed at the place where the main intake of PHT3 was built. The plaintiffs maintain that it was in the channel of the Río Toro, while the defendants insist that it was within a property owned by ICE registered in the National Registry under title number 2-007077-00, map Placa 28116. In this regard, this collegiate body considers that the technical evidence collected does not demonstrate, with the due forcefulness, that the main intake or shaft of the PHT is located on the cited ICE property. The cadastral map is not a sufficient element to reach that conclusion. It describes the boundaries within which the cited property is located, but does not identify the main intake within it. Precisely for this reason, a topography expert was consulted to establish, using GPS technology, the exact location of the shaft or main intake of the Proyecto Hidroeléctrico Toro 3 and to determine, in relation to this point, where the closest boundaries of the property registered in the Public Registry, Partido de Alajuela No. 007077-000, cadastral map A-16326-74, property of ICE are located (folios 31, 877 to 879 of the judicial file). According to the expert report rendered, "the shaft or tunnel is located in the channel of the Río Toro" (folio 966 of the judicial file). This expert report is consistent with what was indicated at the time by the environmental supervision reports (informes de regencia ambiental), specifically No. 1, according to which the main intake is in the active channel of the Río Toro and the works are limited to that channel (documentary evidence provided by ICE, annex 7). Now then, during the single hearing, the defendants questioned the expert report carried out by the topographer, fundamentally because there was no complete traversal of the property's boundaries, the position of vertex 1 was not technically substantiated, the methodology and equipment used by the expert, and because the opinion did not rule on all the extremes requested by the Tribunal. Indeed, it is the criterion of this collegiate body that while the topographical expert evidence locates the main intake, it fails to indicate where the closest boundaries of the property registered in the Public Registry, Partido de Alajuela No. 007077-000, cadastral map A-16326-74, property of ICE are located. Nor did ICE provide technical evidence that would allow affirming with forcefulness that this intake was within ICE's property. Now then, it is the criterion of this Tribunal that there are demonstrative elements that allow affirming that the shaft or main intake of PHT3 was built on what, at the time, was the natural channel of the Río Toro. Official communication ACAHN-DAP-64, dated August 18, 2009, attaches photographs showing the natural channel of the Río Toro and the Quebrada Latas before carrying out the works for hydroelectric generation in the projects currently being executed, as well as the changes in the channel resulting from the works being carried out, among which they indicate the diversion of the Quebrada Latas (folios 337 to 343 of the judicial file), which also coincides with the environmental supervision report. Official communication ACAHN-DAP-64 clearly indicates in its point 2 that "(...) Where alterations are seen is in the construction of the works carried out, as they are built within the channel or fluvial domain of both courses of the cited rivers, they are works carried out to make said intakes as shown in the previous photos, for which the respective permits must exist according to the law, and the respective approval of Nombre3456 (...)" (folios 342 of the judicial file). Both the environmental supervision report and the cited official communication show historical information that allows visualizing the channel before the diversions and the construction of the intake, and allow concluding that this shaft was built on what was at the time the natural channel of the Río Toro and the Quebrada Latas. This is not modified by virtue of what official communication DA-1515-2011, dated April 8, 2011, from the Dirección de Agua of MINAET states, which attaches official communication AT-514-2011, indicating that the "(...) tunnel begins on the right bank of the Río Toro, outside the channel of the public domain, whose definition is given by article 69 of the current Ley de Aguas (...)". It indicates, in addition, that "(...) What the judicial expert report calls shaft or intake refers to the vertical part of the tunnel from the surface to the underground point where the tunnel continues horizontally towards the powerhouse Nombre142904. This 'shaft' or vertical tunnel has its surface mouth, as mentioned, outside the point covered by the river waters in its ordinary floods and is the point where the discharge from Toro II is captured to send the water to Toro III. In accordance with the Ley Forestal, watercourses have a protection zone, the vigilance of which is under the charge of SINAC, but these areas should not be confused with what is called the channel of a river, which is the competence of this Directorate and the subject of this report. (...) In the photographs shown on pages 12 to 14 of the Judicial Expert Report, it is observed that the mouth of the tunnel on the surface is located outside the river channel. For example, No. 3 shows on the left, the slope and the river in the background, while towards the upper center, the round structure in discussion, which is clearly outside the channel and at a level several meters above the current. (...) Finally, in the 'Conclusion' of the mentioned Expert Report, it is indicated that the intake is located within the natural channel of the Río Toro, a situation which, if that were the case, would prevent it from being built, as the voluminous waters of the river would impede it (...)". The cited official communication reaches that conclusion by virtue of the current conditions, when the main shaft is practically completed, it being the case that the place where it is located does not currently correspond to the legal definition of channel established by article 69 of Law No. 276, dated August 27, 1942, Ley de Aguas. Evidently, by virtue of the diversion of the referred channels, as of today, the main intake is not located on land that is covered by waters in the highest ordinary floods. But it does not disprove the fact that at the time of its construction, it was. Therefore, based on the cited evidence and the Principle Pro Natura, it is concluded that the place where the main intake was built is public domain. The State's argument that it was built in a protection zone is not shared because it would have as a basis that the work was carried out on ICE property, which was not proven. Finally, the plaintiffs claim that this occupation was without a concession and without imposing the corresponding legal easements (servidumbres). Regarding the first aspect, the defendants state that by Decree Law No. 449, ICE enjoys a legal concession for the exploitation of the waters, a situation the State supports by virtue of what is established in articles 1, 2, and 14 of the cited Decree Law. However, this Tribunal does not share the thesis presented for the following reasons. In accordance with article 1 of Law No. 276 cited, the waters of rivers and their direct or indirect tributaries, streams or springs (manantiales) from the point where the first permanent waters spring forth until their outlet into the sea or lakes, lagoons, or estuaries, are public domain. In accordance with article 17 of the cited law, their exploitation requires a concession. That rule indicates that "Authorization is necessary for the exploitation of public waters, especially dedicated to public or private interest enterprises. That authorization shall be granted by the Ministerio del Ambiente y Energía in the manner prescribed in this law, an institution to which it corresponds to dispose and resolve on the domain, exploitation, utilization, governance or vigilance over public domain waters, in accordance with Law No. 258 of August 18, 1941." For its part, paragraph 3 of article 18 of the cited law states that "The rights that special laws indicate for the exploitation of waters shall have the character of concessions, but must be registered in the respective Registry of Concessions." Now then, article 1 of Decree Law No. 449 creates the ICE and entrusts it with "the rational development of the sources of physical energy that the Nation possesses, especially the hydraulic resources. The fundamental responsibility of the Institute before Costa Ricans shall be to channel the exploitation of hydroelectric energy for the purpose of strengthening the national economy and promoting the greater well-being of the people of Costa Rica." Unlike what the defendants and the State maintain, a literal interpretation of the indicated rule does not allow concluding that a right of exploitation of public waters is being granted in its favor. What the rule creates are powers (powers-duties) in favor of ICE: to channel the exploitation of hydroelectric energy for the purpose of strengthening the national economy and promoting the greater well-being of the country's inhabitants; a situation that does not per se entail a right of exploitation of the waters. On the contrary, a comprehensive interpretation of Decree Law No. 449 in relation to the legal system, especially the rules that protect water resources and regulate the provision of public services, allows concluding that such power must be exercised within the limits that the system itself provides, one of them being the concession for the exploitation of public waters. Article 2 of the Decree Law states that this institution must seek the rational utilization of natural resources, avoiding their destructive and wasteful exploitation. Likewise, it is entrusted with conserving and defending the hydraulic resources of the country, protecting the basins, sources, and channels of rivers and watercourses. Finally, article 16 of the same rule expressly refers to concession applications for water exploitations. Indeed, it is indicated that the capital of ICE shall be constituted, among others, by the hydraulic resources of the Nation that have been or that are declared a National Reserve. But it is also stated that "In the case of concession applications for hydraulic exploitations greater than five hundred horsepower, the Institute may exercise a right of priority, prior demonstration to the Servicio Nacional de Electricidad, within the term of one year, that it will proceed to develop the site in question within the five years following the presentation of the alluded demonstration." From the cited rule, it is extracted that the concession must be requested in this type of exploitation. Thus, a correct hermeneutics of Decree Law No. 449 cannot lead us to affirm that - as the defendants and the State intend - a legal concession exists for the exploitation of waters in the construction of hydroelectric projects that implies the disapplication of the legal rules that impose conditions to that effect, much less that ICE is exempted from requesting the respective concession. For adequate protection of the water resource in this type of project, it is necessary that the developers, in this case ICE and JASEC, submit to all the regulations for the protection of the environment and natural resources, which implies that a concession for the exploitation of waters be requested and approved in their favor. The fact that the exploitation is carried out by a public law institution does not exempt it from compliance with that obligation. Note that article 17 of the Ley de Aguas itself states that this authorization for the exploitation of public waters is especially necessary dedicated to enterprises of public or private interest; excepting only potable waters destined for the construction of pipelines for populations, a situation that evidently is not present in the specific case. It is insisted that no right of exploitation is granted by way of a legal concession as is intended to be made out. Moreover, if what was intended was the application of the exception contemplated in article 18 (which in this specific case is not configured as has been explained), the fact is that ICE also did not demonstrate that the supposed legal concession was registered, a condition of efficacy that the rule requires. Furthermore, it is not a whimsical requirement. In accordance with the Political Constitution, Ley de Aguas and Ley Orgánica del Ambiente, waters and channels are inalienable goods over which the State does not lose its dominion. By virtue of the natural and social destiny of water, the State is obliged to prioritize the use for supply and consumption of populations over any other possible use, and must guarantee its existence and ensure its efficient management and fair price. From this perspective, those interested in the use and exploitation of the water resource must guarantee the satisfaction of current and future demand for populations. Therefore, over waters, only temporary rights of exploitation are obtained, granted through a concession, which allows guaranteeing that the waters to be used, for example for hydroelectric development, will not exhaust the resource's possibilities for consumption. For this reason, all public and private users, except the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (Convenio de Colaboración y Coordinación Interinstitucional en la Administración de las Aguas del País Alcance #6, La Gaceta No 60 of 1985), must obtain a concession to use the water. This means that even in the case of hydroelectric generation, the public entities developing it must request the respective exploitation concession from the Department of Waters of MINAET. This Tribunal does not ignore the need to develop and execute hydroelectric projects that facilitate the fulfillment of the purposes entrusted to both ICE and JASEC. Without a doubt, this type of activity is of public interest, however, the legal purposes they pursue cannot be achieved outside the regulations and conditions established by legal rules. According to what has been explained, it is ruled out that the defendant public entities have a legal right of exploitation of the waters that exempts them from requesting the respective concession in the case of developing hydroelectric projects. Likewise, the evidence demonstrates that PHT3 was built without obtaining the mentioned concession.

Notwithstanding the foregoing, it cannot be considered that the absence of that authorizing act converts that material action into a de facto action. It is reiterated that there were norms and acts enabling the action, and the fact is that the project is practically concluded, and to that extent, the general interest is, in principle, satisfied. However, ICE and JASEC must be warned that, in the future, prior to the development or execution of other hydroelectric projects, they must obtain the respective water use concession referred to in Article 17 of the Water Law (Ley de Aguas). Regarding PHT3, the Environmental Administrative Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo) is ordered to conduct an inspection and study to determine whether the use in question caused damages, and if so, the defendants must abide by what is ordered. Regarding the route of the PHT3 tunnel in the subsoil of the Juan Castro Blanco National Park (Parque Nacional Juan Castro Blanco). In general, the plaintiffs reproach that the PHT3 excavation entered the Juan Castro Blanco Water National Park (Parque Nacional del Agua Juan Castro Blanco), such that the tunnel of said project crosses the cited national park, occupying an approximate area of 750 meters, without the environmental impact assessment (Estudio de Impacto Ambiental) having contemplated that tunnel route and without authorization from MINAET for the use of the subsoil. In this regard, the following must be noted. Law No. 7297 of April 22, 1992, declared the territory included as the Juan Castro Blanco Protective Zone (Zona Protectora Juan Castro Blanco), in the Province of Alajuela, a National Park, according to delimitations established by the National Geographic Institute (Instituto Geográfico Nacional) and by the Ministry of Natural Resources, Energy and Mines (Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas), naming it the Water National Park (Parque Nacional del Agua). Subsequently, by virtue of its hydrological importance, being an area of primary forest and great environmental value, its boundaries were partially modified through Executive Decree No. 22669 of November 2, 1993, for the purpose of protecting the land-use capacity of those lands. On the other hand, Article 2 of the cited Law No. 7297 states that private lands and lands of forest aptitude included in the Park's delimitation shall be subject to expropriation and shall be considered part of the Juan Castro Blanco Water National Park until they are acquired by the State, through purchase, donations, or expropriations. Meanwhile, the owners shall enjoy the full exercise of all attributes of ownership. The articles 3, 4, and 5 of the also-mentioned decree express themselves similarly. Having clarified these particularities of the surface and lands that comprise the Water National Park, it is necessary to point out that, in the present proceeding, it has been proven that the PHT3 tunnel indeed crosses the subsoil of the cited national park for an approximate distance of 900 meters. First, because it has been a fact that the defendants have not rebutted, but which is also supported by various pieces of evidence in the case file, among them the official letter ACAHNP-AP-045 of May 12, 2010, signed by the Director of Protected Areas of the Arenal Huetar Norte Conservation Area (Área de Conservación Arenal Huetar Norte) (folio 459 of the judicial file), and the expert report rendered by the surveyor Nombre12891, who concluded that the tunnel crosses part of the park's subsoil for a distance of approximately one thousand meters (folios 966 to 968 of the judicial file). Now, while there is no doubt for this Court that the tunnel was excavated and crosses lands that are within the limits of the indicated national park, the fact is that the aforementioned official letter ACAHNP-AP-045 also stated that "(...) the surface of the 900-meter section where the ICE Toro III Hydroelectric Project tunnel passes, within the limits (sic) of the PNAJCB law, has NOT been paid for or subjected to any legal expropriation procedure, so as to thereby become part of the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado) (...)." The transcribed text allows the conclusion that, in light of the provisions of Article 2 of Law No. 7297, the lands through which the tunnel crosses do not yet constitute public domain, as their full incorporation is subject to the said procedures, which in this case have not been carried out. However, it is undeniable that they are assets that have received special protection by virtue of the land-use capacity of those lands and that their incorporation into the Natural Heritage of the State is imminent, a reason for which, due to the potential reasonable interest, the subsoil of the National Park crossed by PHT3 is State property. At this point, it is important to emphasize that according to official letter ACAHN-DAP-064 of August 18, 2009, there is no request for a concession, authorization, or permit to use the subsoil of the Juan Castro Blanco Water National Park for the construction of a tunnel. Due to the special nature and function that these types of assets fulfill, it is the criterion of this collegiate body that ICE and JASEC should have requested from MINAET, at least, an authorization to cross the surface of these assets with the tunnel, which, it is reiterated, enjoy special protection. While this non-compliance does not constitute a de facto action either, for the same reasons already explained supra, in accordance with Article 99 of the Environmental Organic Law (Ley Orgánica del Ambiente), ICE and JASEC are warned that, in the future, when by virtue of the execution of hydroelectric projects it is necessary to cross the subsoil of a public asset, they must request the corresponding authorization from MINAET. Likewise, when it is required to cross the subsoil of an asset that has special protection, they must notify the respective administration in order to clarify the priority of the interests at stake. It is also reproached that the environmental impact assessment did not include the tunnel route that crosses the mentioned national park. In this sense, it has been proven that in the environmental feasibility granted to PHT3 through Resolution No. 650-2006-SETENA, at 10:15 a.m. on April 4, 2006, it was not expressly indicated that the route of the referred project's tunnel passed through the Juan Castro Blanco National Park. This is even confirmed by official letters SG-DEA-898-2009 of May 18, 2009, and SG-DEA-1088-2011 of April 5, both issued by the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA). It has been argued by the defendants, and also justified in the mentioned official letters, that although this aspect was not included in the indicated environmental feasibility, it was contemplated in the environmental evaluation process carried out by SETENA's interdisciplinary team. The cited official letter SG-DEA-1088-2011 states that "(...) Specifically on p. 27 at point 2.5.2. "Alternatives in the tunnel route". The implications were contemplated "when the environmental studies began and it was identified that this route could have some limitations, so it was decided to reconsider the tunnel route such that it (sic) does not use the subsoil in the park area." This brought no implications since the tunnel route was improved and promoted environmental protection, through a prior impact assessment and impact identification (magnitude) that led to the correct decision.(...)". However, this Court does not share those justifications: due to the nature and importance of environmental impact assessments, that instrument should have specifically contemplated the tunnel route through the National Park, and that is an aspect that cannot be inferred or presumed. Therefore, although in the conclusions phase the State representation expressed that after the investigations of the case it has been determined, at least from the already-cited report ACAHN-DAP-64, that no impacts were visualized in the space delimited by the tunnel route within the referred National Park, it is the criterion of this collegiate body that, given the public ownership of the cited park and considering there is no clear technical measurement on that aspect, what is proper is for the Environmental Administration, specifically the Environmental Administrative Tribunal, to conduct a technical analysis to determine whether the construction of the Toro 3 hydroelectric project tunnel, in the section that crosses the property of the cited public space, has generated any impact on the Park. If the result determines impacts, details of what it consists of must be provided, along with a possible quantification of that damage, as well as corrective measures that may be merited. Regarding the extraction of materials from the subsoil in which the PHT3 tunnel was built. It is also alleged that ICE extracted materials from the subsoil, potentially valuable, without a concession to do so, deposited them in spoil heaps (escombreras), and subsequently used them on the roads and natural terrace where the main shaft is located, as well as to maintain a ford built on the Toro River. In this regard, it is pertinent to reiterate that, in accordance with Articles 121 subparagraph 14) of the Political Constitution and 1 of the Mining Code (Código de Minería), the mineral resources existing in the national territory and the patrimonial sea, regardless of their origin, physical state, or the nature of the substances composing them, are of public domain, and a mining concession is required for their exploitation. In the present matter, it has been proven that during the tunnel excavation, ICE extracted materials from the subsoil that is below the properties through which the tunnel extends (a fact accepted by the defendants in the answer to the complaint and during the single hearing, control tickets contained in Anexo 5.b Volume 2, report rendered by the expert geologist). Also, that the materials extracted from the subsoil through which the tunnel extended were mostly deposited in two spoil heaps. One of them is located on a property owned by Nombre142899, and the other on a property of the Nombre142900 brothers (an uncontested fact, acceptance at folios 672 to 674 of the judicial file, environmental impact assessment, testimony of engineers Nombre142901 and Nombre142902). Likewise, that in the spoil heap located on the property of Nombre142899 are deposited materials that come from the excavation of the PHT3 shaft and tunnel, from landslides on the access road that occurred with the Cinchona earthquake, and from landslides in the area of the Toro II project powerhouse that occurred with the Cinchona earthquake (Report of Geologist Roberto Protti, provided by the plaintiffs and visible from folio 114 to 166 of the judicial file, expert report of Geologist Manuel Gómez Bonilla, visible from 1010 to 1021 of the judicial file), and that these are materials (at least those extracted from the main shaft) that have potential use in civil, commercial, or industrial works (statements of the expert geologist and the witness Nombre142903). It is the criterion of this Court that the application of Decree No. 33959 Considering 5 would have been in accordance with law if all the material extracted and deposited in the spoil heaps were debris. But it was demonstrated that this was not the case and that part of those materials are minerals with high potential value for the construction of civil and commercial works. These are materials and minerals belonging to the State, whose extraction and use required a concession, which is lacking in this specific case. Furthermore, it was proven that once the PHT3 concludes, the leasing of the properties functioning as spoil heaps will cease, and the materials deposited there will remain on those properties (statement of expert witness Nombre142902), a situation that is contrary to law, because, it is reiterated, they are materials belonging to the State, regardless of the ownership of the property where they are embedded. While these non-compliances do not constitute actions constitutive of a de facto action, ICE and JASEC must be warned that if they are going to dispose of materials extracted from excavations that do not constitute debris and that have potential industrial or commercial value, they must request the corresponding concession in accordance with the Mining Code, the Environmental Organic Law, and the Forest Law (Ley Forestal). On the other hand, the defendants maintain that part of the extracted material was used in the maintenance of the ford. However, it must be noted that the quantities indicated in the documentary evidence in the case file (Anexo 5 b) volume 2 of the documentary evidence provided by ICE) are not consistent with what was declared by ICE officials during the single hearing, which prevents this Court from being certain of the quantity of material with potential industrial or commercial value that was extracted from the excavation, and whose destination remains unknown. However, in the particular case of the ford, even considering that the material used was minimal and were in fact debris (testimony of Nombre142903), the truth is that ICE's action does not conform to what is established in Article 5 of the already-indicated Decree No. 33959, which states that "Under no circumstances will it be permitted for debris from earthworks (movimientos de tierra) to be thrown into natural or artificial bodies of water, or into valleys or hillsides of watercourses where there is a possibility that the material reaches the water body through transport due to erosion processes. Nor will it be permitted for them to be placed on areas covered with vegetation, even if it is a slope fill or spoil heap, or failing that, on geologically unstable hillside terrains. Carrying out these actions shall be considered environmental damage and sanctioned as established in Article 99 of the Environmental Organic Law.” Therefore, it is necessary to warn ICE and JASEC that they may not use extracted material or debris to build or maintain fords. In this specific case, as they did so, in accordance with Article 99 of the Environmental Organic Law, the Environmental Administrative Tribunal must conduct the technical environmental studies that determine the environmental impact caused to the Toro River by depositing materials extracted from the subsoil in the ford located on that river and establish the measures to mitigate it. Likewise, ICE must safeguard the material deposited in the spoil heaps, without it being able to be removed or used for the construction of PHT3 or other civil works. The State must, through the competent instance, conduct an analysis of the possibility of using the material deposited there.

XIV.- ON THE CLAIM FOR ABSTRACT DAMAGES AGAINST THE DEFENDANTS. As set during the single hearing by the plaintiffs, an abstract condemnation is requested for the material and moral damage that the defendants' actions produced in their subjective sphere. This collegiate body considers that this plead must be rejected for the reasons set forth. In the dynamics of the compensation for damages that is intended to be demanded from Public Administrations, not any damage gives rise to the duty of repair, but only that which is effective, assessable, and individualizable. This follows from numeral 196 of the General Law on Public Administration (Ley General de la Administración Pública). The foregoing eliminates from the compensatory parameter mere expectations of rights or aspirations of eventual profit, based on conjecture, ergo, on uncertain situations. The effectiveness of the damage required in this type of claim avoids the consideration of hypothetical, eventual, or conditioned injuries. Compensable damage can be of various types: it may well be material, bodily, objective moral, or subjective moral. However, in any case, the injury, it is reiterated, must have those characteristics as a condition for its reparability. In relation to material damage, as explained supra, none of the plaintiffs demonstrates the concurrence of a use interest in the subsoil space within which the tunnel was built, nor the real possibility of using that space, nor that the exercise of the attributes of their property right was impeded. Nor is any evidence offered regarding probable damages in the surface area of the land. It is reiterated that the only thing expressed are simple conjectures not supported by factual or technical accreditations. In short, the case file does not show that the tunnel construction caused an injury to the plaintiffs' properties. No ground instability or similar harm is alleged that, at this stage, would allow this Court to consider any detriment proven. In relation to the materials extracted from the subsoil, it is reiterated that these are assets belonging to the State, regardless of the owner of the surface of the property from which they are extracted, which is why no compensation could be recognized. Subjective moral damage is also claimed. Our jurisprudence has stated that ".... Subjective moral damage occurs when an extra-patrimonial right has been injured, without repercussion on the patrimony, normally implying an unjust disturbance of the individual's mental conditions (disgust, discouragement, despair, loss of satisfaction with life, etc., e.g., the offense against honor, dignity, intimacy, the so-called damage to life in relation, grief due to the death of a family member or loved one, etc.)...." (Sala Primera de la Corte, Judgment No. 112-94, at 2:15 p.m. on July 15, 1994). In this case, the plaintiff Nombre80815 does not prove a causal link between the actions of the defendants (i.e., the tunnel excavation) and the suffering or discouragement they say they have suffered. As a consequence of not proving the causal link, they also do not prove the existence of real and effective damage, a duty that is imperative and constitutes an insurmountable prerequisite for the appropriateness of reparation, as a derivation of the dynamic burden of proof (numerals 58, 82, 85 of the Code of Contentious Administrative Procedure (Código Procesal Contencioso Administrativo), 317 of the Code of Civil Procedure (Código Procesal Civil)). Regarding the subjective moral damage claimed by the plaintiff companies, its rejection must also be ordered. On the moral damage of legal entities, the same Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, in Judgment No. 00752-F-2006 at 1:30 p.m. on October 5, 2006, considered: “...VI.- Legal entity and moral damage. Article 41 of the Constitution does not distinguish regarding persons –physical or legal– as possible victims of damages, in any of its different classifications. This means that, even though it is not settled in doctrine, from the constitutional perspective it is plausible that legal entities may be affected by moral grievances –without it being necessary, for the sub-lite, to distinguish whether this occurs only in cases of contractual liability, extracontractual liability, or both–, of course, even when those do not necessarily align with certain extra-patrimonial effects on physical persons. Thus, suffering, stress, anguish, or depression, among others, can only be experienced by the latter, but that does not diminish that certain effects on entities formerly called moral persons, which qualify neither as direct damage (daño emergente) nor as loss of earnings (lucro cesante), may be accommodated under the guise of moral damage. One can think, for example, of the discredit of a brand in the consumer's perception, attributable to a subject other than its owner (...) To this must be added that, according to the jurisprudence of this Chamber, objective moral damage, due to its characteristics, must be proven not only regarding its existence, but also regarding its amount, and even if it were maintained –as a hypothetical exercise– that the claimed items qualify as such, there would be no way to calculate them, insofar as proof in this sense is lacking...”. Thus, the moral damage that these entities can claim is objective moral damage, and not subjective, as the plaintiffs claim. In any case, it is reiterated that neither are effects on the image and good name of the companies proven, nor could the facts have originated such detriment. Thus, neither the causal link nor the existence of real and effective damage is proven, a duty that is imperative and constitutes an insurmountable prerequisite for the appropriateness of reparation, as a derivation of the dynamic burden of proof (numerals 58, 82, 85 of the Code of Contentious Administrative Procedure, 317 of the Code of Civil Procedure). The plaintiffs' allegation to the effect that resolution No. 96-F-TC-09, issued by the Tribunal de Casación de lo Contencioso Administración when hearing the precautionary measure on appeal, had found the damages proven, is not acceptable. It is inferred from that vote that said proof was, as corresponds to precautionary protection, at a degree of probability, with the plenary proceeding being the opportune procedural moment to conclusively demonstrate those damages, which in this case has not happened. Although this Court has noted that some actions of the defendants were outside of the norms that protect the public domain, the truth is that these do not constitute a causal bridge for a detriment in the plaintiffs' subjective sphere. That is why granting the compensation claim is inappropriate, not even in the abstract.

XV.- ON THE FILED PLEAS-COROLLARY. In this case, both defendants formulated the preliminary defenses of lack of jurisdiction, lis pendens, and res judicata, which were rejected as explained in the Results (Resultandos) of this resolution. ICE did not formulate defenses on the merits, and JASEC formulated only the defense of lack of passive standing. This being the case, it is essential for this Court to analyze ex officio the substantive prerequisites of any judgment, such as active and passive standing to sue (legitimación ad causam activa y pasiva), interest, and right. In that sense, for this Court, the plaintiffs have sufficient active standing to participate in this proceeding insofar as they allege that the actions through which the defendants built the PHT3 tunnel injure their right to property and to the public domain, allegations they suppose they protect in accordance with Article 10, subparagraphs 1 a), c), and d) of the Code of Contentious Administrative Procedure. Moreover, the action is correctly directed against ICE and JASEC as the authors of the conduct reproached, as provided in Article 12, subparagraph 1) of the cited Procedural Code. On the other hand, the interest remains current, as a jurisdictional resolution is required to decide whether the accused actions constitute a de facto action or not. Precisely on this aspect, this Court must conclude that: 1) ICE and JASEC did not incur in the constitutive actions of a de facto action alleged, because they acted under the protection of different sources of law ranging from legal norms, public utility decrees, and alliance agreements endorsed by the Contraloría General de la República, and PHT3 is practically concluded, satisfying the entrusted public interest. 2) It was not demonstrated that the excavation of the PHT3 tunnel below the surface of the plaintiffs' property is substantially non-conforming with the legal system, nor that it injures the plaintiffs' property right or the exercise of the attributes inherent to it. 3) Despite the foregoing, the legality review conducted by this Court allows the detection of some non-compliances with the Business Alliance Agreement (Convenio de Alianza Empresarial) signed between the defendants for the development of PHT3, as well as with the constitutional and legal regulations that govern and protect public domain assets, which, while not constitutive of a de facto action (insofar as the necessary powers for its exercise existed, they were executed satisfying the entrusted public purpose, and there were no injuries to the plaintiffs' subjective sphere), leave no doubt that they must be corrected so that the defendant entities adjust their conduct to the legal system, do not incur in them in the future, and respond, if necessary, for the damages their actions may have caused to the public domain. 4) In relation to the referred agreement, no non-compliances or systematic violation of clauses 1.1, 4.1, and 6.1 are observed. Although clause 2.2 has not been fully complied with because the trust has not become operational, such non-compliance is not relevant and cannot extinguish the agreement because there is legal regulation that allowed the alliance to finance the work with its own resources, as has indeed happened. In any case, despite the non-compliance, the public purpose has been satisfied. 5) In relation to the constitutional and legal regulations that govern and protect public domain assets, ICE and JASEC are ordered as follows: a) That in the future, prior to the development or execution of other hydroelectric projects, they must obtain the respective water use concession referred to in Article 17 of the Water Law. b) Regarding PHT3, the Environmental Administrative Tribunal is ordered to conduct an inspection and study to determine whether the use in question caused damages, and if so, the defendants must abide by what is ordered. c) That in the future, when by virtue of the execution of hydroelectric projects it is necessary to cross the subsoil of a public asset or one that has special protection, they must request the corresponding authorization from MINAET or the respective administration. d) The Environmental Administration, specifically the Environmental Administrative Tribunal, must conduct a technical analysis to determine whether the construction of the Toro 3 Hydroelectric Project tunnel, in the section that crosses the property of the cited public space, has generated any impact on the Park. If the result determines impacts, details of what it consists of must be provided, along with a possible quantification of that damage, as well as corrective measures that may be merited. e) They may not use extracted material or debris to build or maintain fords. In this specific case, as they did so, in accordance with Article 99 of the Environmental Organic Law, the Environmental Administrative Tribunal must conduct the technical environmental studies that determine the environmental impact caused to the Toro River by depositing materials extracted from the subsoil in the ford located on that river and establish the measures to mitigate it. f) ICE must safeguard the material deposited in the spoil heaps, without it being able to be removed or used for the construction of PHT3 or other civil works. g) The State must, through the competent instance, conduct an analysis of the possibility of using the material deposited there.

XVI.- ON THE MAINTENANCE OF PRECAUTIONARY MEASURES. In order to protect the object of this proceeding, the Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia acting as Tribunal de Casación, in resolution No. 96-F-TC-2009, issued at 4:25 p.m. on May 15, 2009, ordered a counter-security measure by which “at the expense of the Costa Rican Institute of Electricity (Instituto Costarricense de Electricidad) and the Administrative Board of the Electrical Service of Cartago (Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago), through an expert appointed from the official list or registry of the Judicial Branch, the appraisal of all the properties referred to in this precautionary measure, owned by the plaintiffs here, shall be carried out within two months, counted from the issuance of this resolution. Likewise, ICE and JASEC must, within the month following the rendering of the expert appraisal before the Contentious Administrative Procedural Court, deposit in the bank account of said jurisdictional body the amount set by the expert for the value of the properties, which will serve as a guarantee for what is definitively resolved in the plenary proceeding (…)” (folio 396 of the precautionary measure file and its execution). Likewise, through an order at 7:19 a.m. on November 27, 2009, the Executing Judge considered the counter-security rendered (folio 732 of the precautionary measure file and its execution). The defendants requested that this Court revoke the ordered counter-security, based on Article 29 of the Code of Contentious Administrative Procedure, which was rejected by this Court in a resolution issued during the single hearing, as no novel factual circumstances were evidenced that made it necessary to revoke the pecuniary obligation imposed. In that same act, this collegiate body left open the possibility of evaluating a substitution of the guarantee, in response to which ICE and JASEC submitted a note offering a bank guarantee for the same amount as the deposited money. Given the respective hearing, the plaintiffs oppose such modification. In this sense, it is the criterion of these judges that if the obligation imposed by the Sala Primera was to guarantee the effectiveness of the judgment in the event of a possible condemnation, what is proper is to maintain the obligation under the terms ordered by the superior court, until this resolution acquires firmness.

XVII.- ON COSTS. Numeral 193 of the Code of Contentious Administrative Procedure provides that procedural and personal costs constitute a charge imposed on the losing party by the mere fact of being so.

The dispensation from this cost order is only viable when, in the Court's judgment, there was sufficient reason to litigate, or when the judgment is rendered based on evidence the opposing party was unaware existed. In the instant case, while ICE and JASEC did not engage in actions constituting a de facto proceeding that merit being declared as such or that harm the subjective sphere of the plaintiffs causing them damage, the truth is that breaches were found that harm the regulations protecting the public domain (demanio público), imposing the need for that conduct to be corrected. It is for this reason that the Court finds there is a mutual defeat (vencimiento recíproco) which constitutes sufficient reason to litigate. In light of the principle of effective judicial protection, a pillar of our Rule of Law, this Court could not find recklessness or bad faith in the exercise of the procedural mechanisms that the legal system grants to those seeking the protection of their rights and the restoration of a subjective sphere they believe has been harmed by public entities. Finally, the matter under discussion is complex, which allows this Court to conclude that the proceeding must be resolved without a special costs order.

POR TANTO

The defense of lack of passive standing filed by JASEC is dismissed. The complaint is partially granted in the following terms, being understood as denied in all that is not expressly granted: 1) The second claim is dismissed in its entirety because no material actions carried out by ICE and JASEC in the construction of the Toro 3 Hydroelectric Project were detected that constitute a de facto proceeding or are illegitimate. Neither is it observed that the defendants have systematically breached and violated the contractual obligations assumed in the Business Alliance Agreement (Convenio de Alianza Empresarial) of March 9, 2006, particularly those arising from its clauses 1.1, 2.2, 4.1, and 6.1. 2) The third claim is dismissed in its entirety because no systematic violation of the Business Alliance Agreement is observed, nor any disregard for the terms of the endorsement granted by the Comptroller General of the Republic through official notice 07238 of June 6, 2006. Nor has the referenced contract been emptied of its content, and there is no reason for it to be terminated by operation of law. 3) The fourth claim is dismissed in its entirety because JASEC has sufficient legal competence to intervene in the construction and operation of the PHT3 being built in Venecia de San Carlos. 4) The fifth claim is partially granted in that the legality review carried out by this Court allows for the detection of some breaches regarding the constitutional and legal regulations that govern and protect public domain assets, which, although they do not constitute a de facto proceeding (in that the necessary powers for their exercise existed, they were executed satisfying the assigned public purpose, and there were no injuries to the subjective sphere of the plaintiffs), must be remedied so that the defendant entities adjust their conduct to the legal system, do not incur them in the future, and respond, if necessary, for the damages their actions may have caused to the public domain. In this regard, ICE and JASEC are ordered: a) That in the future, prior to the development or execution of other hydroelectric projects, they must obtain the respective water use concession (concesión de aprovechamiento de aguas) referred to in Article 17 of the Water Law (Ley de Aguas). b) Regarding the PHT3, the Environmental Administrative Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo) or the competent authority is ordered to carry out an inspection and study to determine if the use in question caused damages, and if so, the defendants must comply with what is ordered. c) That in the future, when the execution of hydroelectric projects requires crossing the subsoil of a public asset or one with special protection, they must request the corresponding authorization from MINAET or the respective administration. d) The Environmental Administration, specifically the Environmental Administrative Tribunal or the competent authority, must carry out a technical analysis to determine if the construction of the tunnel for the Toro 3 Hydroelectric Project, in the section crossing the property of the cited public space, has generated any impact on the Park. If the result determines there are impacts, it must provide details of what they consist of and a possible quantification of that damage, as well as any corrective measures deemed meritorious. e) They may not use extracted material or debris to build or maintain fords. In the specific case, as this was done, in accordance with Article 99 of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente), the Environmental Administrative Tribunal or the competent authority must carry out the technical environmental studies to determine the environmental impact caused to the Toro River by depositing materials extracted from the subsoil at the ford located on that river and establish measures to mitigate it. f) ICE must guard the material deposited in the spoil tips (escombreras), and it may not be removed or used for the construction of the PHT3 or other civil works. g) The State, through the competent body, must conduct an analysis of the possibility of using the material deposited there. 5) The fifth claim is dismissed insofar as the breaches noted in the previous point are not actions constituting a de facto proceeding, and insofar as the actions of ICE and JASEC from the excavation of the PHT3 tunnel did not injure the exercise of the plaintiffs' property rights or generate damages in their subjective sphere that must be compensated. 6) The sixth claim is dismissed because all preparatory acts and formal proceedings related to the excavation of said tunnel and the general construction of all the PHT3 works are not illegitimate nor absolutely null. 7) The seventh and eighth claims are dismissed because the defendants' conduct did not violate or limit the plaintiffs' property rights, nor was there any damage to be compensated. 8) The request for modification of the imposed counter-security measure (contracautela) is dismissed, and it shall remain in place until this ruling becomes final. 9) This matter is resolved without a special costs order.

Cynthia Abarca Gómez José Roberto Garita Navarro Marianella Álvarez Molina PREFERENTIAL PROCESSING PROCEEDING PLAINTIFF(S): Nombre80815, ARCESQUIVEL S.R.L AND CASCADAS DEL TORO S.A.

DEFENDANTS: INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD AND JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO.

THIRD PARTY WITH INTEREST: EL ESTADO.

Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL del Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

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Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI Clase de asunto: Proceso trámite preferente Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Sentencias Relacionadas Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Derecho Administrativo Tema: Vías de hecho Subtemas:

Casos y requisitos para su procedencia. Inexistencia en convenio de alianza suscrito entre el ICE y la JASEC relativo a proyecto hidroeléctrico.

Tema: Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago Subtemas:

Competencia para suscribir convenios de alianza en materia de generación eléctrica sin que exista una limitación geográfica.

Tema: Instituto Costarricense de Electricidad Subtemas:

Competencia para suscribir convenios de alianza en materia de generación eléctrica.

“IV.-SOBRE LAS VÍAS DE HECHO. Tomando en cuenta que los actores fundamentan la mayoría de sus alegaciones en la existencia de actuaciones constitutivas de la vía de hecho de las accionadas durante la ejecución del Proyecto Hidroeléctrico Toro 3, se estima indispensable referirnos, de manera muy breve, a los supuestos en que pueden presentarse la vía de hecho. En este sentido, debe señalarse que dentro de las diferentes formas de manifestación de la conducta administrativa encontramos las actuaciones materiales legítimas (coacción directa, anómala, prestación de servicios públicos), esto es, conductas debidas y a la que están obligados los sujetos de derecho público. No obstante, muchas veces esa conducta material se torna ilegítima porque se actúa fuera del ordenamiento jurídico dando lugar a lo que se conoce como las vías de hecho de la Administración Pública. La doctrina y jurisprudencia han señalado algunos supuestos en los que se presenta una actuación material ilegítima o vías de hecho: 1) Cuando no existe norma o acto administrativo previo que autorice la adopción de la actuación material o técnica en forma directa. Asimismo, cuando no exista un servicio público autorizado (aún de manera mínima, artículo 12 de la Ley General de la Administración Pública) que justifique el despliegue de actuaciones materiales. 2) Cuando la actuación material se funda en un acto válido pero ineficaz (doctrina del artículo 169 de la Ley general señalada en relación con el numeral 146 incisos 3) y 4) ibídem). 3) Cuando existe un exceso o desbordamiento en la ejecución del acto válidamente adoptado. 4) Cuando existiendo un acto administrativo válido hay una nulidad grotesca, evidente o manifiesta que impide la presunción de legitimidad que cobija este tipo de conductas formales. 5) Cuando no exista una situación de hecho que justifique el ejercicio de la coacción directa para la autodefensa administrativa o del orden público. 6) Cuando no medien circunstancias anormales o excepcionales que justifiquen la sustitución o desaplicación provisional del ordenamiento jurídico vigente por uno adecuado a aquellas , como presupuesto de la coacción anómala). Como se observa, se trata de actuaciones que se contraponen a la vía de derecho que ordinariamente debe seguir la Administración para legitimar su conducta. Por afectar directa o indirectamente los derechos fundamentales del administrado, puede ser atacada o impugnada desde distintos cauces procesales, tanto en la sede constitucional (recurso de amparo) como en el proceso contencioso administrativo (medidas cautelares, proceso civil de hacienda, proceso de conocimiento). En efecto, el artículo 36 del Código Procesal Contencioso Administrativa señala que las pretensiones serán admisibles, entre otras, respecto de actuaciones materiales, legítimas o ilegítimas, de la Administración. Luego, el artículo 42 inciso h) permite a la parte pretender la declaración de disconformidad con el ordenamiento jurídico de una actuación material constitutiva de la vía de hecho, su cesación así como la adopción de otras medidas como la debida adaptación de la conducta administrativa. Tal pretensión engarza plenamente con el deber de juzgador de declararla, según se deriva del numeral 122 inciso i) del Código Procesal de rito.

V.-SOBRE LA COMPETENCIA DE LAS ENTIDADES DEMANDADAS PARA DESARROLLAR PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS. C onsiderando que en este proceso se ha cuestionado la competencia territorial de la JASEC en proyectos de generación hidroeléctrica, este Tribunal estima necesario esbozar unas breves consideraciones respecto de la competencia atribuida por el ordenamiento jurídico a los accionados en esa materia. Respecto del ICE, debe señalarse que conforme a los numerales 1, 2 y 16 inciso c) del Decreto No. 449 , del 8 de abril de 1949 (Reglamento para la creación del Instituto Costarricense de Electricidad), compete a ese ente el desarrollo racional de las fuentes productoras de energía física que la Nación posee, en especial los recursos hidráulicos, así como encauzar el aprovechamiento de la energía hidroeléctrica con el fin de fortalecer la economía nacional y promover el mayor bienestar del pueblo de Costa Rica. Para tal efecto, se le autoriza -entre otros actos-, a construir nuevas plantas de energía hidroeléctrica y de redes de distribución de la misma; a conservar, defender y explotar racionalmente conforme a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico, los recursos hidráulicos de la Nación declarados reservas nacionales. Ahora bien, mediante Ley No. 8660 publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 156 del 13 de agosto del 2008 -la cual, entró en vigencia en esa misma fecha-, se complementó el Decreto-Ley N o. 449 citado con el fin de dotar al ICE y a sus empresas de las condiciones jurídicas, financieras y administrativas necesarias que les permit iera: i) adaptarse a todos los cambios en el régimen legal de generación y prestación de los servicios de electricidad, así como de las telecomunicaciones, infocomunicaciones, productos y servicios de información y demás servicios en convergencia; ii) continuar con la prestación y comercialización de productos y servicios de electricidad y telecomunicaciones, dentro del territorio nacional y fuera de él (artículo 2 de la Ley No. 8660). En ese sentido, valga destacar que para ejercer dentro o fuera del país, de manera directa o mediante acuerdos, convenios de cooperación, asociaciones, alianzas estratégicas o cualquier otra forma de asociación con otros entes nacionales o extranjeros, públicos o privados, aquellas competencias relacionadas con generar, instalar y operar redes, prestar, adquirir y comercializar productos y servicios de electricidad, telecomunicaciones e infocomunicaciones, así como otros productos y servicios de información y otros en convergencia (artículo 6 inciso 1), la Ley No. 8660 les autoriza a que suscriban alianzas estratégicas, dentro del país y fuera de él, o cualquier otra forma de asociación empresarial con otros entes públicos o privados, nacionales o extranjeros, que desarrollen actividades de inversión, de capital, comerciales, de investigación, desarrollo tecnológico, prestación de servicios y otras relacionadas con las actividades del ICE y sus empresas, con el propósito de promover su competitividad (artículo 8). Asimismo, al ICE y a sus empresas se les faculta para suscribir contratos de constitución de fideicomisos de cualquier índole, dentro del territorio nacional y fuera de él (artículo 11). En consecuencia, de lo expuesto se desprende que la competencia del ICE y sus empresas no sólo se extiende sobre todo el territorio nacional, sino también, fuera de él conforme a los términos de la Ley No. 8660, aunado a que dichas competencias las ejercerá de manera directa o mediante acuerdos, convenios de cooperación, asociaciones, alianzas estratégicas o cualquier otra forma de asociación con otros entes nacionales o extranjeros, públicos o privados. En lo que atañe a la JASEC, debe señalarse que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la Ley No. 3330 citada, reformada por las Leyes No. 7799 y No. 8660, esa Junta constituye un organismo semiautónomo (persona jurídica de Derecho Público, de carácter no estatal), con plena capacidad jurídica, patrimonio propio y autonomía financiera, administrativa y técnica en el cumplimiento de sus deberes, con domicilio en esa ciudad, que tiene a su cargo en forma exclusiva, la administración de la empresa eléctrica de la Municipalidad del cantón Central de esa provincia. Ahora bien, conforme a las reformas introducidas mediante leyes No. 7799 y No. 8660 ya citadas al artículo 2 de la Ley No. 3300 que define las competencias de la JASEC, ésta se encuentra facultada para prestar los servicios públicos que define el inciso 1) del artículo 5 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos -a saber: suministro de energía eléctrica en las etapas de generación, transmisión, distribución y comercialización-, así como los servicios de telecomunicaciones, infocomunicaciones; otros servicios en convergencia y televisión por cable, debiendo contar con la concesión respectiva cuando así sea necesario. Para ejercer dichas competencias y en lo que interesa al caso concreto, la JASEC conforme a lo dispuesto en los artículos 6, 7 y 9 de la Ley de Participación de las Cooperativas de Electrificación Rural y de las Empresas de Servicios Públicos Municipales en el Desarrollo Nacional (Ley No. 8345 del 25 de marzo del 2003) podrá: i) Suscribir convenios de alianza empresarial con las asociaciones cooperativas y las empresas de servicios públicos municipales amparadas a esa Ley, conducentes al desarrollo y la explotación conjunta de obras y servicios de generación eléctrica. Las asociaciones cooperativas y las empresas de servicios públicos municipales, podrán suscribir entre ellas convenios de esta naturaleza; asimismo, podrán suscribir fideicomisos con un banco del Sistema Bancario Nacional, para el desarrollo de proyectos eléctricos y de telecomunicaciones, siendo que esta autorización se hace extensiva al ICE y a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL). ii) Vender la energía que generen para el consumo de los usuarios de sus redes de distribución, de conformidad con su área geográfica de cobertura en el territorio nacional, que en su caso y conforme a lo dispuesto en el artículo 1 de su Ley No. 3330, es la Provincia de Cartago; iii) Disponer la venta del excedente de energía eléctrica al ICE o entre ella, las asociaciones cooperativas o las empresas de servicios públicos amparadas a la L ey No. 8345. En consecuencia, de lo expuesto con anterioridad se desprende que -entre otros aspectos- la competencia de la JASEC está dirigida a suministrar energía eléctrica en las etapas de generación, transmisión, distribución y comercialización. Ahora bien, aunque la venta de energía que la JASEC genere en ejercicio de sus competencias estará limitada a los usuarios de sus redes de distribución, conforme a su área geográfica de cobertura en el territorio nacional, esto es la Provincia de Cartago -con excepción de las ventas del excedente de energía eléctrica que podrá hacer al ICE y a otras asociaciones cooperativas o las empresas de servicios públicos amparadas a la ley 8345-; también lo es, que la ley le habilita a suscribir convenios de alianza empresarial con las asociaciones cooperativas; las empresas de servicios públicos municipales amparadas a la Ley No. 8345, el ICE y la CNFL, conducentes al desarrollo y la explotación conjunta de obras y servicios de generación eléctrica, sin que exista una limitación geográfica conforme a los términos de los artículos 7 de la Ley No. 8345 del 25 de marzo del 2003 y 8 de la Ley No. 8660 del 13 de agosto del 2008, para la suscripción de dichos convenios de alianza empresarial para la generación de energía. Expuesto lo anterior cabe indicar que en este proceso se ha discutido el alcance de dos dictámenes de la Procuraduría General de la República en los que se cuestionó la competencia de la JASEC para firmar convenios de alianza en materia de generación eléctrica fuera de la provincia de Cartago. A juicio de los accionantes, JASEC desconoció esos dictámenes vinculantes e incurrió en actuaciones materiales ilegítimas al suscribir el Convenio de Alianza Empresarial con el ICE, para la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Toro III. Al respecto, cabe indicar que, en efecto, la Procuraduría General de la República mediante dictamen C-175-2002, del 4 de julio del 2002, concluyó que: "1. - La JASEC no tiene competencia para prestar los servicios que brinda en todo el territorio nacional. 2. - La JASEC sí tiene competencia para brindar los servicios en todo el territorio nacional, cuando se trata de servicios municipales que prestan las Corporaciones, siempre y cuando exista el respectivo convenio municipal, debidamente refrendado por la Contraloría General de la República, por medio del cual se le transfieren la prestación de los servicios que brinden hasta ese momento las municipalidades...". Por otra parte, en dictamen C-188-2005, de 16 de mayo del 2005, la misma Procuraduría no sólo ratificó las conclusiones contenidas en el dictamen número C-175-2002 citado , sino también concluyó que: "1-. La Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago tiene su competencia delimitada geográficamente. Se exceptúa el caso de los servicios municipales. 2-. En consecuencia, JASEC no está autorizada por el ordenamiento para explotar el servicio público de generación de electricidad fuera de la Provincia de Cartago...”. Sin embargo, a juicio de este Tribunal, tales pronunciamientos no son aplicables al caso concreto, toda vez que fueron dictados con anterioridad a la reforma que se realizar a al artículo 7 de la Ley No. 8345 ya citada. A partir de esa reforma, las empresas de servicios públicos municipales pueden suscribir convenios de alianza empresarial tendentes al desarrollo y la explotación conjunta de obras y servicios de generación eléctrica, con las asociaciones cooperativas; las empresas de servicios públicos municipales amparadas a esa Ley; el ICE y la CNFL, sin que exista una limitación geográfica al respecto. Ello por cuanto, conforme a los términos de los numeral 7 ibídem en relación con los artículos 8 y 46 de la Ley No. 8660, para la suscripción de dichos convenios de alianza empresarial tendentes a la generación de energía, las empresas de servicios públicos municipales como la JASEC, tienen la facultad de suscribirlos con otras asociaciones cooperativas; empresas de servicios públicos municipales amparadas a esa Ley; el ICE y la CNFL, que no están limitadas a una determinada circunscripción territorial. En el caso que nos ocupa, la limitación relacionada con el área geográfica de cobertura en el territorio nacional, únicamente se mantiene para la venta de la energía que la JASEC genere en ejercicio de sus competencias, la cual, estará limitada a los usuarios de sus redes de distribución, que en su caso y conforme a lo dispuesto en el artículo 1 de su Ley de Creación, es la Provincia de Cartago -con excepción de las ventas del excedente de energía eléctrica que podrá hacer al ICE y a otras asociaciones cooperativas o las empresas de servicios públicos amparadas a la L ey No. 8345. Por lo expuesto, estima este órgano colegiado que el ordenamiento jurídico habilita a JASEC a suscribir convenios de alianza empresarial tendentes al desarrollo y la explotación conjunta de obras y servicios de generación eléctrica, en este caso con el ICE, sin que exista una limitación geográfica al respecto; razón por la cual al ser los dictámenes señalados anteriores y además jerárquicamente inferiores a la norma legal que atribuye tal competencia, resultan inaplicables al caso concreto. Por demás, debe señalarse que mediante sentencia No. 5220-2010, dictada por la Sala Constitucional a las 16 horas 29 minutos del 16 de marzo de 2010, se declaró sin lugar una acción de inconstitucionalidad contra el citado artículo 7 de la Ley No. 8345. En razón de lo anterior, este Tribunal estima que al existir, al momento de la suscripción del Convenio de Alianza suscrito entre el Instituto Costarricense de Electricidad y la Junta Administradora del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago relativo al Proyecto Hidroeléctrico Toro III, normas legales habilitantes que otorgaban competencia a los accionados, no se está en presencia de actuaciones materiales constitutivas de la vía de hecho y así debe declararse. Aunado a lo dicho, debe distinguirse entre la generación y la distribución de los servicios, conforme a la Ley No. 7595. Desde este plano, el direccionamiento de la oferta de servicios según lo manifestado por la JASEC, será en Cartago, sin que conste prueba en esta causa que haga presumir cosa contraria.” ... Ver más Otras Referencias: Procuraduría General de la República dictámenes C-175-2002, del 4 de julio del 2002 y C-188-2005, de 16 de mayo del 2005.

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Tema: Limitaciones a la propiedad Subtemas:

Alcances y restricciones derivadas del interés público. Régimen jurídico de los materiales extraídos del subsuelo en relación a proyecto hidroeléctrico.

“VIII.- SOBRE EL CONTENIDO DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA PROPIEDAD PRIVADA Y SU FUNCIÓN SOCIAL. Para el examen de otras actuaciones materiales de las accionadas que a juicio de los actores son constitutivas de la vía de hecho, es menester referirse, de modo muy general a temas como el derecho a la propiedad privada y su función social , la naturaleza jurídica del subsuelo y los materiales extraídos de éste. En este sentido, el derecho de propiedad, tutelado en el canon 45 de la Carta Magna se define como un derecho, en principio, de carácter absoluto, exclusivo y perpetuo. No obstante, el análisis de este derecho ha evolucionado a la percepción de una naturaleza relativa, en tanto está sujeto a la posibilidad de imponer limitaciones por causa de interés público. En el fallo No. 4205-96 de las 14:33 horas del 20 de agosto de 1996, la Sala Constitucional, sobre el contenido de este derecho indicó: “V. DE LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA PROPIEDAD Y SU RELACIÓN CON LAS LIMITACIONES AL DERECHO DE PROPIEDAD -PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 45 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA. Una concepción del derecho de propiedad privada en términos absolutos y prácticamente ilimitados, pasó a constituir el punto de apoyo básico sobre el cual se estableció el sistema occidental, consagrándose como centro básico del ordenamiento jurídico la completa intangibilidad del derecho de propiedad, por cuanto la misma implicaba el completo señorío sobre el bien, de manera absoluta, general, independiente, plena, universal, ilimitada y exclusiva. Sin embargo, tal concepto ha evolucionado, hasta llegar a proponerse la defensa de una propiedad basada en la armonía social, y por un sentido social de la propiedad de la tierra. Se modifica así la base jurídica sobre la que descansa la protección de la propiedad y de ser un derecho exclusivo para el individuo, pasa a corresponderle una obligación en favor de la armónica convivencia de la sociedad. Surgió la idea de la "función social" de la propiedad, en la que todo individuo tiene la obligación de cumplir ciertas obligaciones comunales, en razón directa del lugar que ocupa y de los intereses del grupo social que lo representa. El contenido de esta "propiedad-función", consiste en que el propietario tiene el poder de emplear el bien objeto del dominio en la satisfacción de sus propias necesidades, pero correspondiéndole el deber de ponerla también al servicio de las necesidades sociales cuando tal comportamiento sea imprescindible. Con este nuevo concepto se ensanchan las atribuciones del legislador para determinar el contenido del derecho de propiedad, lo que se logra por medio de los límites y obligaciones de interés social que pueda crear, poniendo fin a su sentido exclusivo, sagrado e inviolable.(...) VI. El artículo 45 de la Constitución Política consagra, en nuestro orden jurídico-constitucional, el derecho de propiedad. En el párrafo primero señala su carácter de "inviolable" y establece la obligación por parte del Estado de indemnizar al propietario previamente, cuando deba suprimirla por razones de "interés público legalmente comprobado". En el párrafo segundo establece la posibilidad de establecer limitaciones de interés social a la propiedad, mediante ley aprobada por votación calificada -votación de los dos tercios de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa-. De lo anterior, queda claro que la obligación de indemnizar por parte del Estado, está constitucionalmente prevista única y exclusivamente cuando se trata de expropiar y no rige para las limitaciones de interés social que se establezcan mediante ley aprobada por votación calificada (...)" Desde este plano, esa propiedad, cuyo contenido legal se observa en el canon 26 4 del Código Civil, se encuentra sujeta a limitaciones impuestas por ley teniendo en cuenta el interés privado de los demás propietarios; en atención al interés público de la colectividad. Estas últimas se rigen por el derecho administrativo. Dichas limitaciones administrativas pueden consistir en meras restricciones, servidumbres, ocupación temporáne a . Las restricciones consisten en condiciones legales del ejercicio del derecho de propiedad. Es una tolerancia que el propietario debe soportar, por lo que tratan de un sacrificio particular o especial del propietario sino que es una restricción general. Están ínsitas en la existencia del derecho. Por ende, son generales, constantes y actuales. Son limitadas en número y clase, sin que puedan llegar a desmembrar el derecho de propiedad, es decir, restringir de tal forma su uso y goce que lleguen a afectar la plenitud del derecho. Dada su generalidad, no se indemnizan, excepción hecha de los daños que culposamente pueda ocasionar la Administración al ejecutar los trabajos en que se materializa la restricción. Con todo, como límite infranqueable, deben ser proporcionales a la necesidad administrativa que con ella se debe satisfacer, ergo, deben responder a una necesidad administrativa, no pueden desintegrar el contenido esencial del derecho de propiedad. En cuanto a los alcances y restricciones de esas limitaciones al contenido esencial del derecho a la propiedad, el Tribunal Constitucional en el fallo aludido expresó en lo relevante: "VIII. No obstante lo señalado en los considerandos anteriores, debe advertirse que las limitaciones legítimas que puedan imponerse a la propiedad privada encuentran su frontera natural en el grado de afectación a la propiedad; esto es, cuando la restricción al derecho de propiedad se convierte en una verdadera expropiación con la consecuente obligación de indemnizar, porque se hace desaparecer completamente el derecho de propiedad, o cuando no se afecte a la generalidad de la colectividad. Así lo señaló la Corte Plena en relación con las limitaciones a imponer a la propiedad cuando traspasan el límite señalado, en sesión extraordinaria del dieciséis de junio de mil novecientos ochenta y tres: "[...] es decir "limitaciones" como las llama el artículo 45, pero no despojo de la propiedad privada ni privación de un atributo primario del dominio, porque impedir el goce de los bienes equivale, al menos en este caso, a una forma de expropiación sin el requisito de previa indemnización que ordena la carta política"; y como lo indicó este Tribunal en las citadas sentencias número 5097-93 y 2345-96; en que señaló: "IV.) Para la Sala los límites razonables que el Estado puede imponer a la propiedad privada, de acuerdo con su naturaleza, son constitucionalmente posibles en tanto no vacíen su contenido. Cuando ello ocurre deja de ser ya una limitación razonable para convertirse en una privación del derecho mismo". (Sentencia número 5097-93); "Es decir, pueden limitarse los atributos de la propiedad, en tanto el propietario reserve para sí la posibilidad de explotar normalmente el bien, excluida claro está, la parte o la función afectada por la limitación impuesta por el Estado. Fuera de estos parámetros, si el bienestar social exige sacrificios de uno o de algunos únicamente, debe ser indemnizado, lo mismo que ocurre cuando el sacrificio que se impone al propietario es de tal identidad, que lo hace perder en su totalidad el bien. Así, la limitación a la propiedad resiste el análisis constitucional, cuando la afectación a los atributos esenciales de la propiedad que son aquellos que permiten el uso natural de la cosa dentro de la realidad socio-económica actual, no hace desaparecer la naturaleza del bien o haga imposible el uso de la cosa, porque el Estado imponga requisitos de autorización o de aprobación tan complejos que impliquen de hecho, la imposibilidad de usufructuar el bien". (sentencia número 2345-96).” IX.- SOBRE EL RÉGIMEN JURÍDICO DEL SUBSUELO EN COSTA RICA . DEMANIALIDAD DE LOS MATERIALES EXTRAIDOS DEL SUBSUELO. Aspecto medular en la presente causa es la determinación de la titularidad del espacio de subsuelo a través del cual se realizaron las excavaciones por parte del ICE y la JASEC para la construcción del área de túnel del Proyecto Hidroeléctrico Toro III. Lo anterior dado que los accionantes alegan un derecho de pertenencia sobre ese espacio físico. Concretamente, en los hechos 46, 47, 48 y 49 de la demanda alegan invasión del subsuelo del Parque Nacional Juan Castro Blanco y el atinente a sus respectivas propiedades. Sobre el tema cabe señalar lo que de seguido se expone. El régimen jurídico del subsuelo en el sistema normativo patrio es un tema poco explorado y de especial complejidad, dada la necesaria ponderación de técnicas actuales de edificabilidad que posibilitan la disponibilidad de dicho espacio. Ciertamente existe normativa que regula temas marginales del subsuelo, pero que no establecen solución para la controversia que en este proceso se suscita. Para citar algunas referencias sobre régimen del subsuelo, pueden mencionarse las siguientes: artículo 6 de la Ley Indígena, No. 6172, art. 25 Ley No. 7779, reforma a la Ley de Creación de la JASEC, artículo numeral 151 del Reglamento a dicha ley, sea, decreto ejecutivo No. 29375, canon 6 del Decreto Ejecutivo No. 30387-MINAE-MAG Reglamento para perforación y explotación de aguas subterráneas, artículo 53 de la Ley Orgánica del Ambiente, No. 7554, artículo 4 inciso 51 del Reglamento al Código de Minería, No. 29300-MINAE, Artículo 4 Código de Minería, No. 6797, Artículo 9 Ley de Construcciones, No. 833, Reglamento de Construcciones, Decretos Ejecutivos Nos 34522, 32967 y 32712 sobre guías ambientales para construcción, para citar algunas. Se trata de un instituto jurídico de escasa regulación jurídica. Como punto de partida, ha de tenerse claro el concepto y alcances del derecho de propiedad, tema ya debatido en apartes previos del presente fallo. En este punto, debe reiterarse, el derecho de propiedad tutelado en el canon 45 de la Carta Magna, constituye un derecho que debe ser interpretado a la luz de la función social de la propiedad, de modo que no se trata de un derecho absoluto e irrestricto, y que incluso, al amparo de esa misma norma suprema, acepta limitaciones impuestas por ley aprobada por mayoría calificada, por criterios de utilidad pública. Una ponderación adecuada e integralista del numeral 45 precitado y el 50 ejusdem lleva a establecer que como criterio de base de la ponderación de los alcances y proyecciones del derecho de propiedad, resulta imperativo armonizar los intereses del individuo frente a los intereses de la colectividad, imponiéndole al propietario la obligación de cumplir con la función social. Ahora bien, esta referencia resulta obligatoria para efectos de ubicación del tema, siendo que se alega que la construcción del túnel en el subsuelo supone una invasión al derecho de propiedad sin servidumbre o acto habilitante alguno que legitime ese proceder material. El derecho de propiedad, si bien de base constitucional, su contenido es materia de desarrollo legal. En efecto, es el numeral 264 del Código Civil la norma que alude a los atributos del dominio (o propiedad). Incluso, el mismo precepto 264 ibídem reitera que la propiedad y los derechos que comprende no tiene mas limitaciones que las que le imponga el propietario y le fije la ley. Desde este plano, en materia de subsuelo, es el mandato 505 del Código Civil la norma que establece alguna suerte de parámetros regulatorios sobre el objeto de controversia, sin que pueda tenerse como la norma que la soluciona, como se verá. Dicha normativa señala en su tenor literal: "El derecho de propiedad no se limita a la superficie de la tierra, sino que se extiende por accesión a lo que está sobre la superficie y a lo que está por debajo. Salvadas las excepciones establecidas por la ley o la convención, el propietario puede hacer arriba todas las construcciones o plantaciones que le convenga, y hacer debajo todas las construcciones que juzgue a propósito y sacar de esas excavaciones todos los productos que puedan darle. / Lo anterior sólo será aplicable a los casos de propiedad horizontal, con las limitaciones que se contienen en la respectiva ley." Una interpretación ligera (y eventualmente gramatical de ese precepto)- que no se comparte-, puede llevar al equívoco de considerar que tal mandato resuelve el dilema de la titularidad del subsuelo, asignándolo al propietario de la superficie. No obstante, es criterio de este Tribunal, al igual que ha sucedido en derecho comparado, en sistemas jurídicos como el español, italiano o el francés, debe negarse una hermeneútica gramaticalista de ese precepto legislativo (y las normas similares en dichos regímenes), acudiendo más bien a mecanismos de interpretación jurídica integral, sistemática y evolutiva, que ponderen la realidad social en la que surten efectos y su finalidad misma, según lo manda el artículo 10 del Código Civil. Esa misma exégesis finalista se observa también en el mandato 10 de la Ley General de la Administración Pública. La realidad social imperante evidencia tecnologías de aprovechamiento del subsuelo mediante desarrollos edilicios en las áreas de vocación urbana, así como de desarrollos de obras públicas de interés público, como es el caso de las redes subterráneas de electrificación, o bien, áreas de prestación de servicios públicos de transporte o de proyectos de generación hidroeléctrica, todos ellos conflictos difícilmente previsibles por una norma que data de 1888, lo que exige el abandono de la literalidad para ajustar la interpretación al contexto actual de los tiempos y las necesidades y tendencias modernas. En efecto, cada días es más frecuente la disposición del subsuelo para el desarrollo de obras privadas o públicas, presentando por ende controversias y extremos hipotéticos que no encuentran solución plena en las ordenanzas normales de la propiedad superficial que contiene el canon 505 del Código Civil. Si bien el régimen jurídico de las servidumbres administrativas ha posibilitado soluciones particulares para conflictos concretos en este tema, como es el caso de las servidumbre de paso voluntarias de poliductos u oleoductos que establece RECOPE, no puede considerarse un régimen generalizado aplicable a cualquier intento de uso del subsuelo. No pueden asimilarse esos supuestos en que la profundidad de la excavación para ejercer el derecho de paso es poca, de un desarrollo que se realiza a una penetración considerable. En el primer ejemplo, como tesis de principio, el espacio de subsuelo utilizado se ubica dentro del área potencialmente explotable o utilizable por el propietario de la superficie, en tanto que en la segunda, sea, excavaciones profundas, no pareciera generarse una perturbación tal que justifique el empleo de estas formas jurídicas. Lo mismo puede decirse del régimen de las concesiones y las autorizaciones administrativas. De ahí que de pleno inicio, deba desecharse la aplicación gramatical del precepto 505 del Código Civil, para sostener que en todos los casos, el subsuelo es una extensión del derecho de propiedad del titular del terreno superficial. Incluso, debe hacerse notar que la norma en cuestión se ubica dentro del capítulo de la accesión, no así en el de propiedad. Ciertamente señala que la propiedad de lo que esté debajo de la superficie es parte de dicha titularidad, no obstante, tal pertenencia se produce por el fenómeno de la accesión, lo que implicaría, incluso en esa visión gramatical, que si en el subsuelo no se ha utilizado para construcción de obras o en general no existe cosa adherida en ese espacio por falta de aprovechamiento, la presunción de propiedad no opera. Es el caso de una casa en la que se utilizó el subsuelo para la construcción de un sótano, o un desarrollo urbano de alta densidad que supone espacio subterráneos de parqueo o vivienda. En tales casos, es claro que lo construido, siempre que respete las normas regulatorias en materia urbanística y de construcción, por el fenómeno aludido se entiende parte del derecho de propiedad. Mas cuando el subsuelo no tiene una vocación de aprovechamiento razonable, sea por su profundidad o por sus condiciones genéricas, no puede presumirse tal titularidad.

X.- En esa dimensión, la doctrina se ha inclinado por el criterio de interés del propietario de la superficie para utilizar el subsuelo, a fin de ponderar el nivel de profundidad de su derecho de propiedad. Bajo este contexto, en menesteres de suelo privado, sería el interés real y legal del titular el que delimita la fracción del subsuelo utilizable. En el caso de bienes públicos, sería el interés público el criterio delimitante de verticalidad. En el contexto de derecho comparado, en regímenes en los que el tema del subsuelo ha tenido un intenso análisis, como es el caso de la española, en la que el numeral 350 del Código Civil expresamente señala que "El propietario del terreno es dueño de su superficie y de lo que está debajo de ella...". Sin embargo, ese tratamiento legislativo no es asimilable a la legislación nacional, siendo que el precepto 505 del Código Civil, ya referido, refiere a la titularidad sobre lo que está debajo de la superficie, por el fenómeno de la accesión, tema ya expuesto, más no bajo una formulación genérica que permita justificar, como tesis incontrovertible y genérica, que el subsuelo (lo que está debajo de la superficie) es de su total provecho, al margen de la tenencia o no de un interés razonable y proporcionado. Nótese que el precitado mandato señala que el titular de la superficie puede: "... hacer debajo todas las construcciones que juzgue a propósito y sacar de esas excavaciones todos los productos que puedan darle. (...)" Lo anterior implica que en tesis de principio, el propietario cuenta con una presunción simple de utilización del subsuelo, no obstante, tal presunción debe vincularse con la existencia de un interés razonable determinado por la posibilidad real de uso, actual o potencial, de ese espacio. Es dicho interés razonable el límite al ejercicio de esa presunción de disponibilidad del subsuelo. Véase, como se ha señalado ut supra, que por accesión, lo que esté debajo de la tierra será parte de su propiedad (como es el caso de sótanos y parqueos, con las precisiones apuntadas), más el simple subsuelo, sin interés o posibilidad real de uso, no se ampara en dicha presunción y por tanto, no ha de considerarse parte de ese derecho privado. Es claro con todo, que ese interés razonable de uso está moldeado y sujeto en gran medida a las normas urbanísticas, así como a las normas que en general, fijan marcos regulatorios para la ordenación del uso del suelo. A ello debe complementarse las normas atinentes a la materia de edificabilidad o construcción. Son estos referentes que en cada caso concreto aportan criterios particulares y casuísticos para determinar el nivel de oponibilidad y por ende de la correlativa tutela de dicho interés razonable de uso. De ahí que el tema del subsuelo, al margen del interesante debate de su titularidad, debe centrarse en la valoración de las condiciones del caso concreto para definir el margen vertical de posibilidad real de uso del titular de la superficie sobre el subsuelo, siendo que dentro de dicho espacio, según se ha apuntado, es en el que emerge el derecho de tutela jurídica. En ese orden, no es el mismo tratamiento el que ha de darse a una propiedad ubicada en zona residencial o industrial de alta densidad, en la que es factible la construcción de centros de comercio con amplios espacios subterráneos, o bien torres de condominios y apartamentos, que el que debe darse a una franja de terreno, situada en zona rural, de vocación eminentemente agrícola. En el primer caso debe determinarse si en la zona en particular las normas de uso de suelo y de construcciones posibilitan ese desarrollo, caso en el cual, estaría determinándose esa posibilidad efectiva de uso, debiendo por ende determinarse la profundidad de esa posibilidad de disponer del subsuelo; en tanto que en la segunda hipótesis dada, el límite vertical será mucho menor. Debe entenderse, la mayoría de las obras civiles para albergar personas, supone un uso del subsuelo, por lo que la existencia del interés razonable posibilita ese uso sin conflicto jurídico, más ello no dice de un titularidad plena e irrestricta del titular sobre todo el subsuelo o bien, de todo lo que se encuentre por debajo de su superficie. Véase que incluso dentro del derecho español aludido, pese a la redacción del artículo 350 del Código Civil, se ha establecido la improcedencia de una interpretación gramatical y se ha empleado la necesaria concurrencia de un interés razonable para fijar los límites de uso del subsuelo. Esto puede observarse en otros regímenes como el derecho francés y en el alemán. En nuestro contexto, cabe señalar, el numeral 505 del Código Civil se ubica dentro del capítulo de "Accesión" (que no de propiedad) y como se ha evidenciado, fija la posibilidad de uso de lo que está debajo de la tierra en la medida en que exista un interés razonable determinado por la posibilidad real de uso. De ese modo, el límite vertical del derecho de de uso del suelo se encuentra indisolublemente asociado o sujeto al interés del propietario de su utilización. Como derivación de lo expuesto, debe indicarse, la carga de la prueba sobre el interés en la utilización efectiva del subsuelo, corre a cargo del propietario, aspecto para lo cual ha de valorarse en cada caso, se insiste, los instrumentos de planificación y ordenación de uso del suelo. Ahora el criterio de interés razonable anotado, puede llevar a dos percepciones; por un lado, que el interés real del propietario marca el límite de su propiedad sobre el subsuelo, o bien, que esa propiedad se prolonga de manera indefinida, pero el titular no tiene acción para oponerse a las inmisiones que no le perturban. Sin embargo, es criterio de este Tribunal, la correcta percepción del tema en nuestro régimen, no lleva a afirmar que el titular de la superficie lo sea del subsuelo de manera irrestricta o ilimitada, sino que es la posibilidad real de uso la que le posibilita disponer de ese espacio vertical inferior, la que en caso de acreditarse y disponerse, por criterio de accesión, pasaría a ser de su propiedad. El dominio se extendería por tanto al la porción que sea correlativa a su posibilidad legítima, razonable y proporcionada de aprovechamiento. No se trata de un visión ilimitada de propiedad que cede ante actos que no perturben, sino a la posibilidad de uso en la medida que exista un interés razonable. La delimitación de este espacio es tarea de análisis concretos, pero en definitiva sometida al criterio de función social de la propiedad que en el tema examina supone, la extensión vertical de la titularidad de los bienes inmuebles llega hasta donde sean útiles para el titular, atendiendo a coeficientes particulares como vocación de la tierra, ubicación, uso conforme, programación de desarrollo territorial, normas de la denominada policía urbana, licencias urbanísticas como los permisos de remoción de tierras, entre otros. Lo opuesto configuraría un abuso de derecho (artículo 22 del Código Civil) no tolerado por nuestro ordenamiento, en la medida en que la percepción ilimitada de la propiedad sobre lo que está por encima y por debajo de la superficie, llevaría a grados extremistas de tutelar espacios sobre los cuales, el propietario no tiene ninguna posibilidad real de uso y trasciende el límite normal del ejercicio de sus derechos, con grave lesión para el interés público. De lo dicho surge entonces, que fuera de ese espacio físico dentro del cual el propietario de la superficie cuenta con una posibilidad de uso o explotación, que ha de acreditar y que debe valorarse en cada caso concreto, el ordenamiento no concede a ese titular un derecho privativo de aprovechamiento, ni mucho menos de ventaja sobre los materiales que se ubiquen en el subsuelo. Por ello, no podrían cohonestarse pretensiones que se direccionen a alegar una suerte de derecho de pertenencia de los recursos que se localizan en el subsuelo cuando no se ha acreditado la posibilidad real de uso, sea, el interés razonable en su aprovechamiento. Incluso, aún dentro de ese espacio de uso potencial que delimita el interés razonable, cabría la imposición de limitaciones administrativas, o bien servidumbres forzosas, como es el caso, de las que sea de rigor para el desarrollo de proyectos u obras de interés públicos. En este aparte sin embargo, es claro que en la eventualidad de que esas figuras lleven a disfuncionalizar la propiedad, de manera que no se pueda disponer de la superficie como derivación de la restricción de uso del subsuelo, se estaría en el supuesto de expropiación de facto, siendo imperativo en esos estadios, ordenar la expropiación de esa franja de terreno. De nuevo, es un tema por demás casuístico que ha ponderarse conforme a las precisiones de cada debate analizado.

XI.- Como complemento de lo anteriormente expuesto, cabe precisar, en determinados supuestos, el ordenamiento jurídico establece regulaciones especiales que configuran regímenes normativos prevalentes que dan un tratamiento diverso en la materia objeto de examen. En general, tratándose del régimen de minas y canteras, recurso hídrico, patrimonio arqueológico, materia ambiental, mantos acuíferos, entre otros, existe normativa sectorial que establece una afectación legal de esos recurso del subsuelo y en cuyos casos, asigna el carácter de demanialidad a esos espacios. En efecto, en cada uno de esas áreas, las normas regulatorias del campo establece la titularidad pública de ese espacio. En esta dirección, en materia minera, el Decreto Ejecutivo No. 29300-MINAE del 08 de febrero del 2001, publicado en La Gaceta No. 54 del 16 de marzo del 2001, denominado "Reglamento al Código de Minería", el artículo 4, inciso 51, conceptualiza que debe entenderse por subsuelo en los siguientes términos: "Subsuelo: Zona de roca firme o formación rocosa no consolidada en estado sano, no alterado, que pueden estar localizadas por debajo del suelo, o bien estar expuestas directamente en la superficie y dentro de las cuales no se dan los procesos biofísicos necesarios par sostener la vida micro y macroscópicamente, como el suelo. En el caso de rocas propiamente dichas, se distinguen porque sus agregados minerales están ligados entre sí por fuerzas de cohesión fuertes y permanentes, que solo pueden ser vencidas por acciones mecánicas importantes ( martillos, maquinaria, explosivos, otros)." Al margen de ese concepto, debe tenerse claro que el Código de Minería, Ley No. 6797 declara como demaniales los recursos minerales existentes en el territorio nacional. Es claro que en esa medida, todo recurso mineral, con independencia de su ubicación, ha de considerarse titularidad pública. El numeral primero del citado Código señala en su tenor literal: "El Estado tiene el dominio absoluto, inalienable e imprescriptible de todos los recursos minerales que existen en el territorio nacional y en su mar patrimonial, cualquiera que sea el origen, estado físico o naturaleza de las sustancias que contengan. El Estado procurará explotar las riquezas mineras por sí mismo o por medio de organismos que dependan de él. / Sin embargo, el Estado podrá otorgar concesiones para el reconocimiento, exploración, explotación y beneficio de los recursos minerales, conforme con la presente ley./ Las concesiones no afectarán en forma alguna el dominio del Estado, y se extinguirán en caso de incumplimiento de las exigencias legales para mantenerlas." Luego, dicha normativa establece un marco regulatorio sobre el sistema de permisos de exploración y concesiones de explotación, régimen de servidumbres y eventuales expropiaciones, temas que en este aparte no serán abordados. El mismo tratamiento da la ley No. 6172, Ley Indígena a los recursos minerales encontrados en el subsuelo de las reservas indígenas, que para los efectos pertenecen al Estado y a las comunidades indígenas. Igual sucede en materia de hidrocarburos, conforme a la Ley de Hidrocarburos, No. 7399 que considera de dominio público las fuentes y depósitos de petróleo y de cualquiera otras sustancias hidrocarburadas existentes en el territorio nacional. En esa misma orientación el canon 121 inciso 14 de la Carta Magna, en su sub inciso b) señala que los yacimientos de carbón, las fuentes y depósitos de petróleo, y cualesquiera otras sustancias hidrocarburadas, así como los depósitos de minerales radioactivos existentes en el territorio nacional, no pueden salir del dominio del Estado. Igual tratamiento tiene el tema de las aguas subterráneas, conforme a la Ley de Aguas, No. 276 del 27 de agosto de 1942, para citar solamente algunas regulaciones especiales en las que en virtud de la relevancia pública del bien o de los materiales que componen el subsuelo, se determina una titularidad pública y en ciertos casos, una demanialidad. En concreto, cuando en el subsuelo se presente alguno de los supuestos de hecho que precisa esa normativa especial, el debate de la disponibilidad de uso o no de un tercero debe ceder ante un régimen prevalente, especial que se impone sobre cualquier percepción de régimen privado.

XII.- Ahora bien, el régimen del subsuelo arriba tratado no debe dejar de lado el aspecto de la valoración de potenciales daños que puedan ocasionarse al titular de la superficie como consecuencia del uso y aprovechamiento del subsuelo, sea por obras públicas o bien, por actividades privadas que posean las habilitaciones administrativas pertinentes. En estas hipótesis, cuando el desarrollo de esas obras o actividades generen daños en la superficie del terreno, a tono con lo regulado por el numeral 196 de la Ley General de la Administración o bien, del 1045 del Código Civil, según sea el caso. Sería el caso de excavaciones que desestabilicen la propiedad o genere hundimientos, vibraciones que dañen estructuras ya construidas, caídas de árboles o especies forestales entre otras manifestaciones. En éstos, el daño ha de ser acreditado por quien lo reclama, aportando los elementos de convicción que permitan demostrarlo, sin perjuicio de las probanzas técnicas y fases de reconocimiento en sitio que son previsibles para aproximar al juzgador a la realidad de la fatispecie debatida. Por otra parte, ya se ha indicado que cuando se impongan servidumbres o limitaciones administrativas que imposibiliten el uso pleno del derecho de propiedad de modo que de desfuncionalice ese dominio, surge el derecho a ser expropiado. En la particularidad del presente asunto, las accionantes aducen que el trazado del túnel por debajo de sus propiedades, por un lado les ha ocasionado una merma en su derecho de dominio. Incluso en la fase de conclusiones, el apoderado especial judicial de Cascadas del Toro S.A., refirió, que el tema se hubiera solucionado si en las negociaciones conciliatorias el ICE hubiera aceptado la entrega del material obtenido de la excavación del túnel, dejando entender que se invadió su propiedad, privándole del aprovechamiento de esos materiales. A tono con lo expuesto arriba, es criterio de este Tribunal, no se ha generado las lesiones reclamadas por los accionantes. En efecto, en cuanto a la titularidad de los materiales extraidos, según se ha expuesto, las excavaciones para la construcción del túnel que forma parte del Proyecto Hidroeléctrico Toro 3, se realizaron en un trayecto que discurre por el subsuelo localizado debajo de la propiedad de los accionantes, así como del Parque Nacional Juan Castro Blanco. Como punto de partida debe desecharse, como se ha expuesto arriba, toda presunción o afirmación de que el titular de la superficie sea de manera irrestricta e ilimitada, propietario del subsuelo. La precisión pese a lo reiterado es necesaria: será dueño de aquello que por accesión se haya construido en ese espacio, previo acatamiento de las normas de construcción y de ordenación urbanística y acorde a su interés razonable concretado en la posibilidad real de uso. En el caso específico, las fincas de los promoventes se localizan en sector de naturaleza rural, y no se ha aportado a los autos probanza o alegación alguna que permita establecer la concurrencia de un interés de aprovechamiento en el espacio de subsuelo dentro del cual se construyó el túnel. No han aportado los accionantes elementos de convicción que permita establecer la posibilidad real de uso de ese espacio, sin que sea posible en ese aspecto alegar una suerte de presunción iuris tantum que genere un derecho a su favor. Ello implica que para el desarrollo de la obra cuestionada no era necesario la existencia de servidumbres de paso subterráneo o figuras similares para que los propietarios de la superficie dieran visto bueno para las excavaciones citadas. Los promoventes no cuentan con título privativo de explotación de ese espacio de subsuelo ni en general, de título habilitante que les conceda de manera total o provisional un derecho oponible a terceros, incluidas las administraciones demandadas, de manera tal que para poder explotar el subsuelo, requirieran de esa anuencia de los titulares del dominio superficial. Cabe reiterar, aún de considerar que la propiedad del subsuelo es del titular del suelo, no cabría un derecho de negarse a desarrollos de interés público. No obstante, el tratamiento doctrinario que respalda esa postura no es compartido por esta Cámara, por las razones ya explicitadas. Por el contrario, al no haberse acreditado la existencia del interés razonable, el subsuelo utilizado no puede ni debe considerarse patrimonio de los accionantes, y sobre este espacio, no poseen derecho alguno, excepción hecha de las perturbaciones que en su propiedad inmobiliaria (que no incluye el subsuelo en los términos dichos) puedan llevar a crear derechos de corte indemnizatorio. Se trataría por ende de un espacio cuya titularidad no es privada, sino, en todo caso, pública, sobre la cual, los desarrollos públicos o privados deben contar con las habilitaciones administrativas de rigor, en acato y resguardo de las variables de construcción, ambientales y según sea el caso, urbanísticas. Sin embargo, del análisis objetivo de los autos y de la profundidad a la que se han realizado las obras en ese trayecto, dentro de un marco de análisis de razonabilidad y proporcionalidad, no permite suponer que esas excavaciones hayan generado una lesión en la parte del subsuelo que los demandantes podrían alegar como parte de su interés razonable de provechamiento. Con independencia de la profundidad de excavación, que no es uniforme en todos los espacios, lo cierto del caso es que los actores no muestran como esas obras invaden el espacio en que pudieron haber aprovechado su propiedad o se encuentren aprovechándolo. Por otra parte, tampoco se ofrece prueba alguna sobre probables daños en el ámbito superficial del suelo. Se han expresado simples conjeturas no acuerpadas en acreditaciones de orden fáctico o técnico. En definitiva, no consta en autos que la construcción del túnel haya producido una lesión a las propiedades de los accionantes. No se alega inestabilidad del terreno ni perjuicio similar. Con todo, es claro que en la dinámica de este tipo de obras, la detección de ese tipo de lesiones materiales no siempre se genera de manera inmediata. En ocasiones, de darse afectaciones (las que no tiene por acreditadas esta cámara en este momento), se manifiestan con posterioridad. Por tal razón, es evidente que de producirse, los alcances de este fallo no alcanzarían el examen de dichos aspectos, quedando abierta la vía para su reclamo.” ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas Contenido de Interés:

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Análisis con respecto al daño moral.

“X IV .- SOBRE LA PRETENSIÓN DE CONDENA EN DAÑOS Y PERJUICIOS EN ABSTRACTO A LOS DEMANDADOS. Conforme fuera fijado durante la audiencia única por los accionantes, se solicita una condena en abstracto por el daño material y moral que la actuación de los demandados produjo en su esfera subjetiva. Estima este órgano colegiado que debe rechazarse este extremo petitorio por las razones que se exponen. En la dinámica de la indemnización de daños y perjuicios que se pretende exigir a las Administraciones Públicas, no cualquier daño da cabida al deber de reparación, sino solo aquel que sea efectivo, evaluable e individualizable. Así se desprende del numeral 196 de la Ley General de la Administración Pública. Lo anterior elimina del parámetro indemnizatorio las meras expectativas de derecho o las aspiraciones de lucro eventual, sustentadas en conjeturas, ergo, en situaciones inciertas. La efectividad del daño que se exige en este tipo de pretensiones evita la consideración de lesiones hipotéticas. eventuales o condicionadas. El daño indemnizable puede ser de diversos tipos, bien puede ser material, corporal, moral objetivo o moral subjetivo. Empero, en todo caso, la lesión, se insiste, debe contar con esas características como condicionante de su reparabilidad. En relación con el daño material, según se explico supra, ninguna de los demandantes demuestra la concurrencia de un interés de aprovechamiento en el espacio de subsuelo dentro del cual se construyó el túnel, ni la posibilidad real de uso de ese espacio, ni que se hubiese impedido el ejercicio de los atributos de su derecho de propiedad. Tampoco se ofrece prueba alguna sobre probables daños en el ámbito superficial del suelo. Se insiste que lo único que se ha expresado son simples conjeturas no acuerpadas en acreditaciones de orden fáctico o técnico. En definitiva, no consta en autos que la construcción del túnel haya producido una lesión a las propiedades de los accionantes. No se alega inestabilidad del terreno ni perjuicio similar, que a esta altura, permita a este Tribunal tener por acreditado detrimento alguno. En relación con los materiales extraidos del subsuelo, se reitera que éstos son bienes que le pertenecen al Estado, independientemente del titular de la superficie del inmueble de donde se extraigan, razón por la cual no podría reconocerse indemnización alguna. Se reclama también daño moral subjetivo. Ha señalado nuestra jurisprudencia que " .... El daño moral subjetivo se produce cuando se ha lesionado un derecho extrapatrimonial, sin repercutir en el patrimonio, suponiendo normalmente una perturbación injusta de las condiciones anímicas del individuo (disgusto, desánimo, desesperación, pérdida de satisfacción de vivir, etc., vg. el agravio contra el honor, la dignidad, la intimidad, el llamado daño a la vida en relación, aflicción por la muerte de un familiar o ser querido, etc.)...." (Sala Primera de la Corte, Sentencia No. 112-94., de las 14 horas 15 minutos del 15 de julio de 1994). En la especie, el actor Marco Luis Salas Arce no acredita un nexo causal entre la actuación de las accionadas (sea la excavación del túnel) y el sufrimiento o des á nimo que , dice haber sufrido. Como consecuencia de no demostrar el nexo causal tampoco acredita la existencia de un daño real y efectivo, deber que resulta impostergable y constituye un presupuesto infranqueable para la procedencia de la reparación, como derivación de la carga dinámica de la prueba, (numerales 58, 82, 85 del Código Procesal Contencioso Administrativo, 317 del Código Procesal Civil). Respecto del daño moral subjetivo que reclaman las sociedades accionantes, debe también disponerse su rechazo. Sobre el daño moral de las personas jurídicas, la misma Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia No. 00752-F-2006 de las 13 horas 30 minutos del 5 de octubre de 2006, consideró: “...VI.- Persona jurídica y daño moral. El artículo 41 constitucional no distingue en cuanto a personas –físicas o jurídicas- como posibles víctimas de daños, en cualquiera de sus diferentes calificaciones. Esto supone que, aún cuando no es pacífico en la doctrina, desde la perspectiva constitucional es plausible que personas jurídicas puedan verse afectadas por padecimientos de orden moral, -sin que sea necesario, para el sub-lite, deslindar si ello ocurre sólo en supuestos de responsabilidad contractual, extracontractual, o en ambos-, claro está, aún cuando esos no necesariamente guardan consonancia con ciertas afectaciones extrapatrimoniales de las personas físicas. Así, el sufrimiento, el estrés, la angustia, o la depresión, entre otros, sólo pueden experimentarlos estas últimas, pero ello no mengua que ciertas afectaciones a personas otrora denominadas morales, que no califican ni como daño emergente, ni lucro cesante, puedan llegar a tener cabida bajo el cariz del daño moral. Puede pensarse, verbigracia, en el desprestigio de una marca en la percepción del consumidor, que sea imputable a un sujeto distinto a su titular (...) A ello debe añadirse que, según la jurisprudencia de esta Sala, el daño moral objetivo, por sus características, ha de ser probado no sólo respecto de su existencia, sino también de su cuantía, y aún cuando se sostenga –como ejercicio hipotético- que los extremos reclamados califican como tales, no existiría forma de calcularlos, en el tanto se echa de menos prueba en este sentido...”. Así, el daño moral que pueden reclamar estas entidades es el moral objetivo, y no el subjetivo, como reclaman las demandantes. En todo caso, se reitera que tampoco se demuestra afectaciones en la imagen y buen nombre de las sociedades ni los hechos pudieron haber originado tal detrimento . Así, no se acredita ni el nexo causal ni la existencia de un daño real y efectivo, deber que resulta impostergable y constituye un presupuesto infranqueable para la procedencia de la reparación, como derivación de la carga dinámica de la prueba, (numerales 58, 82, 85 del Código Procesal Contencioso Administrativo, 317 del Código Procesal Civil). No resulta de recibo el alegato de los actores en el sentido que la resolución No. 96-F-TC-09, dictada por el Tribunal de Casación de lo Contencioso Administración al conocer en alzada sobre la medida cautelar tuvo por probados los daños. Se infiere de ese voto que esa acreditación lo fue, como corresponde a la tutela cautelar, en grado de probabilidad, siendo el proceso de conocimiento el momento procesal oportuno para demostrar fehacientemente aquellos, lo que en la especie no ha sucedido. Si bien este Tribunal ha señalado que algunas actuaciones de las accionadas lo fueron al margen de normas que tutelan el demanio público, lo cierto es que éstas no se constituyen como puente causal de un detrimento en la esfera subjetiva de los demandantes. Es por ello que resulta improcedente el otorgamiento de la pretensión indemnizatoria, ni siquiera en abstracto.” ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas Tribunal Contencioso Administrativo, Central 2545-00-03 Fax 2545-00-33 Correo Electrónico ...01 ________________________________________________________________________ PROCESO DE TRÁMITE PREFERENTE ACTOR (ES): Nombre80815 , ARCESQUIVEL S.R.L Y CASCADAS DEL TORO S.A.

DEMANDADOS: INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD Y JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO.

TERCERO INTERESADO: EL ESTADO.

No. 115 -2011-VI TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA . SECCIÓN SEXTA. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. ANEXO A. Goicoechea, a las quince horas quince minutos del trece de mayo de dos mil once.

Proceso de conocimiento declarado de trámite preferente interpuesto por Nombre80815 , casado, productor lechero, cédula de identidad CED110972 y vecino de San Carlos, ARCESQUIVEL S.R.L, cédula jurídica CED110973 y CASCADAS DEL TORO S.A., cédula jurídica CED60101, representados por sus apoderados especiales judiciales Nombre65502 , casado dos veces, cédula de identidad CED110974 y vecino de San José, Nombre37990 , casado, cédula de identidad CED444 y vecino de Montes de Oca y Nombre75545 , divorciado, vecino de Dirección17057 contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD, cédula jurídica CED318 representado por sus apoderados especiales judiciales Nombre2867 , divorciada, cédula de identidad CED32395 y vecina de Heredia, y Nombre23277 , soltero, cédula de identidad CED326 y la JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO, cédula jurídica CED59535 representada por su apoderado especial judicial Fabián Volio Echeverría, cédula de identidad CED30795. Participa como tercero interesado el ESTADO, representado por la Procuradora Guisell Jiménez Gómez, soltera, cédula de identidad CED1181 y vecina de San Antonio de Coronado. Tanto los apoderados especiales judiciales como la Procuradora son abogados.

RESULTANDO

1.- Los accionantes interponen la demanda que ha dado origen al presente proceso contra el Instituto Costarricense de Electricidad (en adelante ICE) y la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (en adelante JASEC) para que , en lo medular, en sentencia se declaren las siguientes pretensiones, según fueran ajustadas en la audiencia única: 1) Con lugar la demanda en todos sus extremos. 2) Que las actuaciones materiales que se desprenden de los hechos de la demanda y realizadas por el ICE y la JASEC en la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Toro 3 (en adelante PHT3), son constitutivas de una vía de hecho y, como tales son ilegítimas, habida cuenta que las accionadas han incumplido y violado sistemáticamente las obligaciones contractuales asumidas en el Convenio de Alianza Empresarial de 9 de marzo de 2006, en particular las derivadas de sus cláusulas 1.1, 2.2, 4.1 y 6.1. 3) Que como consecuencia de la violación sistemática del Convenio de Alianza Empresarial y el desacato a los términos del refrendo otorgado por la Contraloría General de la República mediante oficio 07238 de 6 de junio de 2006, las administraciones demandadas han vaciado de contenido el referido contrato, dejándolo sin ningún efecto práctico y jurídico, por lo que debe declararse extinguido de pleno derecho, con los efectos previstos en la cláusula 6.5 párrafo segundo. 4) Que como consecuencia de la extinción del Convenio de Alianza Empresarial entre el ICE y la JASEC que se declare que esa Junta pierde toda facultad legal para intervenir en la construcción y operación del PHT3 que se construye en Venecia de San Carlos, por cuanto la JASEC carece de competencia para generar energía fuera de la provincia de Cartago, al margen de dicho convenio, tal y como lo dictaminó en el año 2002 y lo ratificó en el 2005 la Procuraduría General de la República. 5) Que las actuaciones o conductas administrativas del ICE y la JASEC a raíz de la excavación de un túnel para el PHT3 en las propiedades de los actores, son disconformes con el ordenamiento jurídico por no existir relación jurídico administrativa alguna entre los entes públicos demandados y los propietarios afectados y, en consecuencia, son absolutamente nulas, por violación directa al ordinal 45 de la Constitución Política, al artículo 40 del Código de Minería y a los artículos 264 y 505 del Código Civil. 6) Que también son ilegítimos y absolutamente nulos todos los actos preparatorios y actuaciones formales conexas a la excavación de dicho túnel y a la construcción general de todas las obras del PHT3. 7) Que en virtud de la nulidad que se declara, se ordene a las entidades públicas demandadas restituir a los actores al pleno goce y disfrute de su derecho fundamental de protección a la propiedad, haciendo cesar de inmediato todo acto de perturbación contra esa garantía constitucional, para lo cual el Tribunal adoptará las medidas que resulten necesarias y apropiadas. 8) Que se condene en abstracto al ICE y a la JASEC al pago solidario de los daños y perjuicios causados, los cuales serán liquidados en ejecución de sentencia. 9) Que se condene a las entidades públicas demandadas al pago solidario de ambas costas del proceso. Asimismo, los accionantes gestionaron una medida cautelar que, en lo medular, pretendía la suspensión inmediata de las labores de construcción del PHT3, así como que se le ordenara al ICE y la JASEC retirar cualquier equipo y desmantelar la infraestructura que haya instalado y mantenga en el subsuelo de la propiedad de los actores (ver expediente de medida cautelar y audiencia única).

2.- Por resolución No. 375-2009, de las 16 horas del 9 de marzo de 2009, la Jueza Tramitadora del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda rechazó la solicitud de medida cautelar gestionada por los actores (folios 333 a 336 del expediente de medida cautelar y su ejecución).

3.- Mediante resolución No. 96-F-TC-2009, dictada por el Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo a las 16 horas 25 minutos del 15 de mayo de 2009, se dispuso: "Por tanto: Se admiten los documentos presentados por los promoventes de la medida cautelar. Se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por Arcesquivel S.R.L, Cascadas del Toro S.A. y Nombre80816 . Se confirma la resolución no. 375-2009 de las 16 horas 25 minutos del 16 de marzo del 2009, emitida por el Juez Tramitador del Tribunal Procesal Contencioso Administrativo. Como medida de contra cautela se ordena que, a cargo del Instituto Costarricense de Electricidad y la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago, por medio de perito designado de la lista o registro oficial del Poder Judicial, se proceda en el plazo de dos meses, contados a partir del dictado de esta resolución, a realizar el avaluó de la totalidad de los inmuebles a que se refiere esta medida cautelar, propiedad de los aquí promoventes. Así mismo, deberán, el ICE y JASEC, dentro del mes siguiente de rendido el avalúo pericial ante el Tribunal Procesal Contencioso Administrativo, depositar en la cuenta bancaria de dicho órgano jurisdiccional, el monto fijado por el perito sobre el valor de los inmuebles, que fungirá como garantía de lo que en el proceso de cognición se resuelva en definitiva. Dicho proceso de cognición será tramitado por el procedimiento preferente establecido en el artículo 60 del Código Procesal Contencioso Administrativo. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones anteriormente dispuestas, producirá la inmediata suspensión de la obra - túnel -. El perito designado deberá rendir y presentar su dictamen pericial en el mismo y único plazo de los dos meses antes señalados. Las diferentes mediadas (sic) y obligaciones aquí dispuestas, serán tramitadas, supervisadas y ejecutas (sic), por el o la Jueza Ejecutora del Tribunal Procesal Contencioso Administrativo. Consígnese la presente resolución en el libro electrónico de votos de este Tribunal. Quedan notificados todos los intervinientes de esta resolución en este momento." (folio 396 del expediente de medida cautelar y su ejecución). Asimismo, mediante auto de las 7 horas 19 minutos del 27 de noviembre de 2009, la Jueza Ejecutora tuvo por rendida la contracautela y por autorizados para continuar con el Proyecto Hidroeléctrico Toro 3 (folio 732 del expediente de medida cautelar y su ejecución).

4.- Este proceso fue declarado de trámite preferente mediante resolución dictada por este Tribunal a las 9 horas del 26 de junio de 2009.

5- El Instituto Costarricense de Electricidad rechazó la demanda y formuló las defensas previas de incompetencia, litispendencia y cosa juzgada. En lo medular, solicitó, se declare sin lugar la demanda y se condene a los actores al pago de las costas procesales y personales de este proceso (folios 162 a 209 del expediente judicial).

6.- La Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago contestó la demanda y formuló las defensas previas de incompetencia, litispendencia y cosa juzgada; así como la excepción de falta de legitimación pasiva. En lo medular, solicitó, se declare sin lugar la demanda y se condene a los actores al pago de las costas procesales y personales de este proceso (folios 219 a 247 del expediente judicial).

7. - La representante estatal contestó la audiencia conferida, manifestando que su participación se circunscribiría a la defensa del medio ambiente ante la posible ocupación del Río Toro, la aparente construcción del túnel en el Parque Nacional del Agua Juan Castro Blanco y la supuesta apropiación de materiales extraídos del subsuelo sin contar con los permisos correspondientes (folios 143 a 153 del expediente judicial).

8.- Mediante resolución No. 1752-2009, de las 8 horas 40 minutos de 27 de agosto de 2009, este Tribunal rechazó la excepción de incompetencia opuesta por los accionados. Asimismo, en resolución No. 1297-C-S1-2009, dictada a las 10 horas 30 minutos del 17 de diciembre de 2009, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia confirmó la competencia de este Tribunal.

9.- En resolución No. 3405-2010, de las 11 horas 20 minutos del 9 de setiembre de 2010, este Tribunal declaró sin lugar la defensa de cosa juzgada formulada.

10.- De conformidad con los artículos 60 inciso 3) y 70 inciso 2) del Código Procesal Contencioso Administrativo, este Tribunal convocó a una única audiencia que se celebró los días 13, 14, 15, 25 y 26 de abril del presente año. En ella, se ajustaron las pretensiones fijándose según lo descrito en el Resultando primero, se rechazó la defensa de litispendencia formulada por los demandados y se fijaron los hechos controvertidos. Asimismo, se admitió la prueba documental, el reconocimiento judicial, la prueba testimonial pericial y pericial pertinente, procediéndose a la evacuación de las probanzas. Finalmente, de conformidad con el artículo 98 inciso 2) del citado Código, al no existir probanzas testimoniales o periciales que evacuar, las partes rindieron conclusiones.

11.- Al finalizar las conclusiones de las partes, este Tribunal declaró este proceso como un asunto complejo, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 111 inciso 1) del Código Procesal Contencioso Administrativo, en relación al numeral 82, inciso 1), del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Civil de Hacienda.

12.- En los procedimientos ante este Tribunal no se han observado nulidades que deban ser subsanadas o que generen indefensión. De conformidad con los artículos 111 del citado Código Procesal en relación con los numerales 79 y 82 de su Reglamento, previa deliberación, se procede con el dictado, redacción y comunicación de la presente sentencia dentro del término de ley, con redacción de la jueza ponente Abarca Gómez y el voto afirmativo de los juzgadores Álvarez Molina y Garita Navarro.

CONSIDERANDO

I.- HECHOS PROBADOS. De relevancia para efectos del presente proceso, se tienen por acreditados los siguientes: 1) El 9 de marzo de 2006 el ICE y la JASEC suscribieron un Convenio de Alianza Empresarial para el Desarrollo Conjunto del Proyecto Hidroeléctrico Toro 3 (folios 32 a 43 del expediente de medida cautelar , anexo 19 de la prueba documental presentada por el ICE ). 2) El citado Convenio de Alianza fue refrendado por la Contraloría General de la República mediante oficio 07238 (DCA-1586), del 6 de junio de 2006 (folio 66 del expediente judicial). 3) Mediante Decreto Ejecutivo 33124-MINAE, publicado en La Gaceta del 12 de febrero de 2007 se declaró de conveniencia nacional las obras para la generación eléctrica del Proyecto Hidroeléctrico Toro 3 (anexo 23 de la prueba documental aportada por el ICE). 4) El 15 de enero de 2008, el ICE y la JASEC, en condición de fideicomitentes y el Banco de Costa Rica, en condición de fiduiciario, suscribieron contrato de fideicomiso para el desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico Toro 3 (folios 50 a 84 del expediente de medida cautelar). 5 ) Mediante oficio 02295 (DCA-0792), de 14 de marzo de 2008, la Contraloría General de la República aprobó en forma condicionada el citado contrato de fideicomiso (folios 68 al 73 del expediente judicial) 6 ) A la fecha no se han suscrito los contratos de ingeniería y construcción ni el mantenimiento y arrendamiento que contemplaba la cláusula 6.1 del Convenio de Alianza Empresarial para el Desarrollo Conjunto del Proyecto Hidroeléctrico Toro 3 (declaración de Nombre142897 ). 7 ) A la fecha el fideicomiso no ha entrado en operación porque no han ingresado a su patrimonio todos los derechos de uso de las fincas necesarias y las servidumbres correspondientes, para la construcción del PHT3 (manifestación de las accionadas, declaración de Nombre142897 en relación con el refrendo condicionado otorgado por la Contraloría General de la República en oficio 2295) 8 ) A la fecha el PHT3 ha sido construido con recursos propios del ICE y la JASEC (manifestaciones de las accionadas, declaración de Nombre142897 ). 9 ) A la fecha la inversión actual del PHT3 asciende aproximadamente a cien millones de dólares, de los cuales JASEC ha invertido aproximadamente entre treinta o cuarenta millones de dólares (manifestaciones de las accionadas, declaración de Nombre142897 ). 10 ) El 19 de enero de 2007 el ICE inició la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Toro 3 (Informe de Regencia ambiental No. Anexo 7 de prueba documental). 1 1 ) El 28 de junio de 2007 el ICE inició la excavación del túnel del Proyecto Hidroeléctrico Toro 3 (Anexo 5.a, folio 5 de la prueba documental aportada por el ICE). 1 2 ) Durante la construcción del PHT3, el ICE excavó e instaló un túnel por debajo de la superficie de las propiedades inscritas en el Registro Nacional, Partido de Alajuela, matrículas números Placa28113, Placa28114 y Placa28115, inscritas a nombre de Nombre142898 ., Nombre80815 y Cascadas del Toro S.A , respectivamente ( l a excavación realizada por el ICE es un hecho aceptado expresamente por los demandados a folios 163 y 219 del expediente judicial, certificaciones registrales respecto de la propiedad de los inmuebles). 1 3 ) La excavación del túnel se prolonga a lo largo de 1740 metros lineales por debajo de la superficie del inmueble inscrito en Registro, Partido de Alajuela, matrícula número Placa28115, propiedad de Cascadas del Toro S.A. (hecho aceptado expresamente por los demandados a folios 163 y 219 del expediente judicial). 1 4 ) La excavación del túnel se prolonga a lo largo de 989 metros lineales por debajo de la superficie de los inmuebles inscritos en Registro Nacional, Partido de Alajuela, matrículas números Placa28113 y Placa28114, propiedad de Arcesquivel S.R.L. y Nombre80815 , respectivamente (hecho aceptado expresamente por los demandados a folios 163 y 219 del expediente judicial). 1 5 ) La caverna de excavación del túnel ocupa un área espacial en razón de su diámetro de 11.3 metros cuadrados, equivalente a un volumen de 11.3 metros cúbicos por metro lineal (hecho no controvertido). 1 6 ) La excavación del túnel del PHT3 se realizó por dos frentes. El primero se denominó inicio del túnel (FT1-boca 1) y el segundo, final de túnel (FT.2-boca 2) (hecho no controvertido). 1 7 ) El túnel del PHT3 atraviesa una parte del Parque Nacional del Agua Juan Castro Blanco (oficio ACAHN-DAP-64 de la Dirección de Áreas Protegidas del MINAET visible de folio 337 a 345 del expediente judicial e informe pericial del perito Nombre12891 visible de folio 941 a 971 del expediente judicial). 1 8 ) Los terrenos del Parque Nacional del Agua que son atravesados por el túnel del PHT3 aún no han sido expropiados ni sometidos a ningún trámite de expropiación legal (oficio ACAHNP-AP-045, de 12 de mayo de 2010, suscito por el Director de Áreas Protegidas del Área de Conservación Arenal Huetar Norte visible a folio 459 del expediente judicial) . 19 ) Durante la excavación del túnel el ICE extrajo materiales del subsuelo que está por debajo de las fincas por las cuales se prolonga el túnel (hecho aceptado por los accionados en la contestación de la demanda y durante la audiencia única, boletas de control contenidas en el Anexo 5 .b Volumen 2, informe rendido por perito geólogo). 20 ) Los materiales extraidos del subsuelo por el cual se prolongó el túnel fueron depositados, en su mayoría, en dos escombreras. Una de ellas se ubica en una finca que propiedad de Nombre142899 y la otra en una propiedad de los hermanos Nombre142900 (hecho no controvertido, aceptación a folios 672 al 674 del expediente judicial, Estudio de Impacto Ambiental, testimonio de ingenieros Nombre142901 y Nombre142902 ). 2 1 ) En la escombrera ubicada en la finca de Nombre142899 están depositados materiales que provienen de la excavación del pozo y túnel del PHT3, de los derrumbes del camino de acceso ocurridos con el terremoto de Cinchona y de derrumbes en el área de casa de máquinas del proyecto Toro II, ocurridos con el terremoto de Cinchona (Informe del Geólogo Roberto Protti, aportado por los actores y visible de folio 114 a 166 del expediente judicial, informe pericial del Geólogo Manuel Gómez Bonilla, visible de 1010 a 1021 del expediente judicial). 2 2 ) Los materiales depositados en la escombrera ubicada en la finca Nombre142899 y extraidos de la excavación del pozo y túnel del PHT3, tienen un uso potencial en obras civiles, comerciales o industriales (declaraciones del perito geólogo y del testigo Nombre142903 ). 2 3 ) Una vez que concluya el PHT3 se dejará de arrendar los inmuebles que funcionan como escombreras y los materiales ahí depositados se quedaran en esas fincas (declaración del testigo perito Nombre142902 ). 2 4 ) La Quebrada Latas fue desviada y sus aguas se redireccionaron al desfogue el PHT2 y de ahí a la toma principal del PHT3 (reconocimiento judicial-informes del Departamento de Aguas). 2 5 ) La toma principal del PHT3 fue construida en lo que era el cauce natural del Río Toro (informes de regencia ambiental, oficio ACAHN-DAP-64 de la Dirección de Áreas Protegidas del MINAET visible de folio 337 a 345 del expediente judicial y lo observado por este Tribunal en el reconocimiento judicial). 2 6 ) La terraza natural del Río Toro fue utilizada como área de acopia para colocar el material que se extrajo del pozo principal del PHT3 (dictamen rendido por el geólogo Manuel Gómez Bonilla ). 2 7 ) Una parte del material extraído de la excavación del túnel se utilizó en el mantenimiento de un vado o camino sobre el Río Toro (aceptación de los accionados, declaración del señor Nombre142903 , reconocimiento judicial). 2 8 ) El ICE y la JASEC no cuenta con autorización para utilizar el subsuelo del Parque Nacional del Agua Juan Castro Blanco (oficio ACAHN-DAP-64 de la Dirección de Áreas Protegidas del MINAET visible de folio 337 a 345 del expediente judicial). 2 9 ) El ICE y la JASEC no han solicitado al Departamento de Aguas del MINAET concesión para aprovechamiento de aguas en el PHT3 (aceptación de las accionadas , conclusiones del Estado ). 30 ) Mediante resolución No. 650-2006-SETENA, de las 10 horas 15 minutos del 3 de abril de 2006 se otorgó la viabilidad ambiental al PHT3 ( Anexo 7 de la prueba documental aportada por el ICE). 3 1 ) La vialibilidad ambiental otorgada para el PFT3 no indicó expresamente que trazado del túnel pasara por Parque Nacional del Agua Juan Castro Blanco (Anexo 7 de la prueba documental aportada por el ICE).

II.- HECHOS NO PROBADOS. Determinantes para la resolución del presente proceso, se tienen por indemostrados los siguientes: 1 Que se hubiere causado algún daño al cauce del Río Toro o a la Quebrada Latas (no hay prueba que lo demuestre) 2) Que en el trayecto del túnel que atraviesa el Parque Nacional del Agua Juan Castro Blanco hubiese producido daños ambientales (No hay prueba al respecto). 3) Que el ICE o la JASEC cuenten con concesión para ex plotar, aprovecharse o comercializar m ateriales del subsu elo durante la excavación de túnel del PHT3 (los autos). 4) Que actuaciones del ICE y la JASEC hayan generado daños y perjuicio en la esfera jurídica de los accionantes (no hay elementos demostrativos que lo acrediten).

III.- SOBRE EL OBJETO DEL PROCESO. Del marco de las pretensiones, defensas deducidas y el análisis de los alegatos formulados por las partes en la única audiencia realizada, se estima que el punto medular del presente proceso versa sobre la alegada existencia de vías de hecho por parte del ICE y la JASEC en la ejecución de la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Toro 3. Éstas se acusan en relación con una serie de actuaciones formales y materiales de los entes demandados. Específicamente, se recrimina el incumplimiento y violación de las obligaciones contractuales asumidas en el Convenio de Alianza Empresarial entre ambas entidades, el desacato a los términos y condiciones en que se otorgó el refrendo contralor, así como que la excavación del túnel del proyecto referido lesionó su derecho de propiedad y el demanio público. Dada la amplitud y extensión de las diversas manifestaciones que en abono a las posiciones en controversia aportan las partes litigantes, en los apartes siguientes, para lo que se considera un mejor orden, se abordará cada uno de los ejes temáticos que en sus agravios plantea el demandante así como las argumentaciones de los accionados, a fin de evitar reiteraciones innecesarias, con el debido análisis, claro está, de todo lo argüido.

IV.-SOBRE LAS VÍAS DE HECHO. Tomando en cuenta que los actores fundamentan la mayoría de sus alegaciones en la existencia de actuaciones constitutivas de la vía de hecho de las accionadas durante la ejecución del Proyecto Hidroeléctrico Toro 3, se estima indispensable referirnos, de manera muy breve, a los supuestos en que pueden presentarse la vía de hecho. En este sentido, debe señalarse que dentro de las diferentes formas de manifestación de la conducta administrativa encontramos las actuaciones materiales legítimas (coacción directa, anómala, prestación de servicios públicos), esto es, conductas debidas y a la que están obligados los sujetos de derecho público. No obstante, muchas veces esa conducta material se torna ilegítima porque se actúa fuera del ordenamiento jurídico dando lugar a lo que se conoce como las vías de hecho de la Administración Pública. La doctrina y jurisprudencia han señalado algunos supuestos en los que se presenta una actuación material ilegítima o vías de hecho: 1) Cuando no existe norma o acto administrativo previo que autorice la adopción de la actuación material o técnica en forma directa. Asimismo, cuando no exista un servicio público autorizado (aún de manera mínima, artículo 12 de la Ley General de la Administración Pública) que justifique el despliegue de actuaciones materiales. 2) Cuando la actuación material se funda en un acto válido pero ineficaz (doctrina del artículo 169 de la Ley general señalada en relación con el numeral 146 incisos 3) y 4) ibídem). 3) Cuando existe un exceso o desbordamiento en la ejecución del acto válidamente adoptado. 4) Cuando existiendo un acto administrativo válido hay una nulidad grotesca, evidente o manifiesta que impide la presunción de legitimidad que cobija este tipo de conductas formales. 5) Cuando no exista una situación de hecho que justifique el ejercicio de la coacción directa para la autodefensa administrativa o del orden público. 6) Cuando no medien circunstancias anormales o excepcionales que justifiquen la sustitución o desaplicación provisional del ordenamiento jurídico vigente por uno adecuado a aquellas , como presupuesto de la coacción anómala). Como se observa, se trata de actuaciones que se contraponen a la vía de derecho que ordinariamente debe seguir la Administración para legitimar su conducta. Por afectar directa o indirectamente los derechos fundamentales del administrado, puede ser atacada o impugnada desde distintos cauces procesales, tanto en la sede constitucional (recurso de amparo) como en el proceso contencioso administrativo (medidas cautelares, proceso civil de hacienda, proceso de conocimiento). En efecto, el artículo 36 del Código Procesal Contencioso Administrativa señala que las pretensiones serán admisibles, entre otras, respecto de actuaciones materiales, legítimas o ilegítimas, de la Administración. Luego, el artículo 42 inciso h) permite a la parte pretender la declaración de disconformidad con el ordenamiento jurídico de una actuación material constitutiva de la vía de hecho, su cesación así como la adopción de otras medidas como la debida adaptación de la conducta administrativa. Tal pretensión engarza plenamente con el deber de juzgador de declararla, según se deriva del numeral 122 inciso i) del Código Procesal de rito.

V.-SOBRE LA COMPETENCIA DE LAS ENTIDADES DEMANDADAS PARA DESARROLLAR PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS. C onsiderando que en este proceso se ha cuestionado la competencia territorial de la JASEC en proyectos de generación hidroeléctrica, este Tribunal estima necesario esbozar unas breves consideraciones respecto de la competencia atribuida por el ordenamiento jurídico a los accionados en esa materia. Respecto del ICE, debe señalarse que conforme a los numerales 1, 2 y 16 inciso c) del Decreto No. 449 , del 8 de abril de 1949 (Reglamento para la creación del Instituto Costarricense de Electricidad), compete a ese ente el desarrollo racional de las fuentes productoras de energía física que la Nación posee, en especial los recursos hidráulicos, así como encauzar el aprovechamiento de la energía hidroeléctrica con el fin de fortalecer la economía nacional y promover el mayor bienestar del pueblo de Costa Rica. Para tal efecto, se le autoriza -entre otros actos-, a construir nuevas plantas de energía hidroeléctrica y de redes de distribución de la misma; a conservar, defender y explotar racionalmente conforme a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico, los recursos hidráulicos de la Nación declarados reservas nacionales. Ahora bien, mediante Ley No. 8660 publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 156 del 13 de agosto del 2008 -la cual, entró en vigencia en esa misma fecha-, se complementó el Decreto-Ley N o. 449 citado con el fin de dotar al ICE y a sus empresas de las condiciones jurídicas, financieras y administrativas necesarias que les permit iera: i) adaptarse a todos los cambios en el régimen legal de generación y prestación de los servicios de electricidad, así como de las telecomunicaciones, infocomunicaciones, productos y servicios de información y demás servicios en convergencia; ii) continuar con la prestación y comercialización de productos y servicios de electricidad y telecomunicaciones, dentro del territorio nacional y fuera de él (artículo 2 de la Ley No. 8660). En ese sentido, valga destacar que para ejercer dentro o fuera del país, de manera directa o mediante acuerdos, convenios de cooperación, asociaciones, alianzas estratégicas o cualquier otra forma de asociación con otros entes nacionales o extranjeros, públicos o privados, aquellas competencias relacionadas con generar, instalar y operar redes, prestar, adquirir y comercializar productos y servicios de electricidad, telecomunicaciones e infocomunicaciones, así como otros productos y servicios de información y otros en convergencia (artículo 6 inciso 1), la Ley No. 8660 les autoriza a que suscriban alianzas estratégicas, dentro del país y fuera de él, o cualquier otra forma de asociación empresarial con otros entes públicos o privados, nacionales o extranjeros, que desarrollen actividades de inversión, de capital, comerciales, de investigación, desarrollo tecnológico, prestación de servicios y otras relacionadas con las actividades del ICE y sus empresas, con el propósito de promover su competitividad (artículo 8). Asimismo, al ICE y a sus empresas se les faculta para suscribir contratos de constitución de fideicomisos de cualquier índole, dentro del territorio nacional y fuera de él (artículo 11). En consecuencia, de lo expuesto se desprende que la competencia del ICE y sus empresas no sólo se extiende sobre todo el territorio nacional, sino también, fuera de él conforme a los términos de la Ley No. 8660, aunado a que dichas competencias las ejercerá de manera directa o mediante acuerdos, convenios de cooperación, asociaciones, alianzas estratégicas o cualquier otra forma de asociación con otros entes nacionales o extranjeros, públicos o privados. En lo que atañe a la JASEC, debe señalarse que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la Ley No. 3330 citada, reformada por las Leyes No. 7799 y No. 8660, esa Junta constituye un organismo semiautónomo (persona jurídica de Derecho Público, de carácter no estatal), con plena capacidad jurídica, patrimonio propio y autonomía financiera, administrativa y técnica en el cumplimiento de sus deberes, con domicilio en esa ciudad, que tiene a su cargo en forma exclusiva, la administración de la empresa eléctrica de la Municipalidad del cantón Central de esa provincia. Ahora bien, conforme a las reformas introducidas mediante leyes No. Placa2442 y No. 8660 ya citadas al artículo 2 de la Ley No. 3300 que define las competencias de la JASEC, ésta se encuentra facultada para prestar los servicios públicos que define el inciso 1) del artículo 5 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos -a saber: suministro de energía eléctrica en las etapas de generación, transmisión, distribución y comercialización-, así como los servicios de telecomunicaciones, infocomunicaciones; otros servicios en convergencia y televisión por cable, debiendo contar con la concesión respectiva cuando así sea necesario. Para ejercer dichas competencias y en lo que interesa al caso concreto, la JASEC conforme a lo dispuesto en los artículos 6, 7 y 9 de la Ley de Participación de las Cooperativas de Electrificación Rural y de las Empresas de Servicios Públicos Municipales en el Desarrollo Nacional (Ley No. 8345 del 25 de marzo del 2003) podrá: i) Suscribir convenios de alianza empresarial con las asociaciones cooperativas y las empresas de servicios públicos municipales amparadas a esa Ley, conducentes al desarrollo y la explotación conjunta de obras y servicios de generación eléctrica. Las asociaciones cooperativas y las empresas de servicios públicos municipales, podrán suscribir entre ellas convenios de esta naturaleza; asimismo, podrán suscribir fideicomisos con un banco del Sistema Bancario Nacional, para el desarrollo de proyectos eléctricos y de telecomunicaciones, siendo que esta autorización se hace extensiva al ICE y a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL). ii) Vender la energía que generen para el consumo de los usuarios de sus redes de distribución, de conformidad con su área geográfica de cobertura en el territorio nacional, que en su caso y conforme a lo dispuesto en el artículo 1 de su Ley No. 3330, es la Provincia de Cartago; iii) Disponer la venta del excedente de energía eléctrica al ICE o entre ella, las asociaciones cooperativas o las empresas de servicios públicos amparadas a la L ey No. 8345. En consecuencia, de lo expuesto con anterioridad se desprende que -entre otros aspectos- la competencia de la JASEC está dirigida a suministrar energía eléctrica en las etapas de generación, transmisión, distribución y comercialización. Ahora bien, aunque la venta de energía que la JASEC genere en ejercicio de sus competencias estará limitada a los usuarios de sus redes de distribución, conforme a su área geográfica de cobertura en el territorio nacional, esto es la Provincia de Cartago -con excepción de las ventas del excedente de energía eléctrica que podrá hacer al ICE y a otras asociaciones cooperativas o las empresas de servicios públicos amparadas a la ley 8345-; también lo es, que la ley le habilita a suscribir convenios de alianza empresarial con las asociaciones cooperativas; las empresas de servicios públicos municipales amparadas a la Ley No. 8345, el ICE y la CNFL, conducentes al desarrollo y la explotación conjunta de obras y servicios de generación eléctrica, sin que exista una limitación geográfica conforme a los términos de los artículos 7 de la Ley No. 8345 del 25 de marzo del 2003 y 8 de la Ley No. 8660 del 13 de agosto del 2008, para la suscripción de dichos convenios de alianza empresarial para la generación de energía. Expuesto lo anterior cabe indicar que en este proceso se ha discutido el alcance de dos dictámenes de la Procuraduría General de la República en los que se cuestionó la competencia de la JASEC para firmar convenios de alianza en materia de generación eléctrica fuera de la provincia de Cartago. A juicio de los accionantes, JASEC desconoció esos dictámenes vinculantes e incurrió en actuaciones materiales ilegítimas al suscribir el Convenio de Alianza Empresarial con el ICE, para la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Toro III. Al respecto, cabe indicar que, en efecto, la Procuraduría General de la República mediante dictamen C-175-2002, del 4 de julio del 2002, concluyó que: "1. - La JASEC no tiene competencia para prestar los servicios que brinda en todo el territorio nacional. 2. - La JASEC sí tiene competencia para brindar los servicios en todo el territorio nacional, cuando se trata de servicios municipales que prestan las Corporaciones, siempre y cuando exista el respectivo convenio municipal, debidamente refrendado por la Contraloría General de la República, por medio del cual se le transfieren la prestación de los servicios que brinden hasta ese momento las municipalidades...". Por otra parte, en dictamen C-188-2005, de 16 de mayo del 2005, la misma Procuraduría no sólo ratificó las conclusiones contenidas en el dictamen número C-175-2002 citado , sino también concluyó que: "1-. La Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago tiene su competencia delimitada geográficamente. Se exceptúa el caso de los servicios municipales. 2-. En consecuencia, JASEC no está autorizada por el ordenamiento para explotar el servicio público de generación de electricidad fuera de la Provincia de Cartago...”. Sin embargo, a juicio de este Tribunal, tales pronunciamientos no son aplicables al caso concreto, toda vez que fueron dictados con anterioridad a la reforma que se realizar a al artículo 7 de la Ley No. 8345 ya citada. A partir de esa reforma, las empresas de servicios públicos municipales pueden suscribir convenios de alianza empresarial tendentes al desarrollo y la explotación conjunta de obras y servicios de generación eléctrica, con las asociaciones cooperativas; las empresas de servicios públicos municipales amparadas a esa Ley; el ICE y la CNFL, sin que exista una limitación geográfica al respecto. Ello por cuanto, conforme a los términos de los numeral 7 ibídem en relación con los artículos 8 y 46 de la Ley No. 8660, para la suscripción de dichos convenios de alianza empresarial tendentes a la generación de energía, las empresas de servicios públicos municipales como la JASEC, tienen la facultad de suscribirlos con otras asociaciones cooperativas; empresas de servicios públicos municipales amparadas a esa Ley; el ICE y la CNFL, que no están limitadas a una determinada circunscripción territorial. En el caso que nos ocupa, la limitación relacionada con el área geográfica de cobertura en el territorio nacional, únicamente se mantiene para la venta de la energía que la JASEC genere en ejercicio de sus competencias, la cual, estará limitada a los usuarios de sus redes de distribución, que en su caso y conforme a lo dispuesto en el artículo 1 de su Ley de Creación, es la Provincia de Cartago -con excepción de las ventas del excedente de energía eléctrica que podrá hacer al ICE y a otras asociaciones cooperativas o las empresas de servicios públicos amparadas a la L ey No. 8345. Por lo expuesto, estima este órgano colegiado que el ordenamiento jurídico habilita a JASEC a suscribir convenios de alianza empresarial tendentes al desarrollo y la explotación conjunta de obras y servicios de generación eléctrica, en este caso con el ICE, sin que exista una limitación geográfica al respecto; razón por la cual al ser los dictámenes señalados anteriores y además jerárquicamente inferiores a la norma legal que atribuye tal competencia, resultan inaplicables al caso concreto. Por demás, debe señalarse que mediante sentencia No. 5220-2010, dictada por la Sala Constitucional a las 16 horas 29 minutos del 16 de marzo de 2010, se declaró sin lugar una acción de inconstitucionalidad contra el citado artículo 7 de la Ley No. 8345. En razón de lo anterior, este Tribunal estima que al existir, al momento de la suscripción del Convenio de Alianza suscrito entre el Instituto Costarricense de Electricidad y la Junta Administradora del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago relativo al Proyecto Hidroeléctrico Toro III, normas legales habilitantes que otorgaban competencia a los accionados, no se está en presencia de actuaciones materiales constitutivas de la vía de hecho y así debe declararse. Aunado a lo dicho, debe distinguirse entre la generación y la distribución de los servicios, conforme a la Ley No. 7595. Desde este plano, el direccionamiento de la oferta de servicios según lo manifestado por la JASEC, será en Cartago, sin que conste prueba en esta causa que haga presumir cosa contraria.

VI.- SOBRE EL CONTENIDO Y RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONVENIO DE ALIANZA EMPRESARIAL ENTRE EL ICE Y LA JASEC PARA EL DESARROLLO CONJUNTO DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO TORO 3. Debe iniciarse señalando que señalar qu e la citada resolución No. 5220-2010, dictada por la Sala Constitucional, también declaró sin lugar una acción de inconstitucionalidad contra el Convenio de Alianza Empresarial suscrito por el ICE y la JASEC para el Desarrollo Conjunto del Proyecto Hidroeléctrico Toro 3. Dicha resolución señaló en lo que interesa que "(...) determinar los alcances y efectos del convenio específico, así como su conformidad sustancial con el ordenamiento jurídico, no puede llevarse a cabo en esta vía. La adecuación del Convenio de Alianza Empresarial ICE-JASEC de 3 de mayo de 1995 (sic) y su correspondiente plan de implementación con la normativa legal o reglamentaria vigente, debe ser discutida en la sede contenciosa (...)". Sin embargo, debe dejarse claro que, conforme a las pretensiones fijadas durante la audiencia única, en este proceso no se está discutiendo la validez del mencionado convenio. Por el contrario, lo que alegan los actores es que las entidades públicas demandadas han incumplido diferentes obligaciones contraídas en dicho instrumento y como consecuencia de ello ha operado su extinción de pleno derecho. Por ello, previo al análisis de los incumplimientos que se recriminan , conviene referirse, de modo general, al contenido del mencionado convenio de alianza. En este sentido, debe señalarse que ya desde el año 1999 tanto el ICE como la JASEC han mantenido alianzas para la ejecución de proyectos relacionados con desarrollo hidroeléctrico, buscando alternativas que conlleven la utilización eficiente y racional de los recursos hidroeléctricos disponibles en el país, a efectos de satisfacer el servicio público encomendado. Como parte de ese proceso y con fundamento en el Decreto Ley No. 449 así como las Leyes No. 7799 y 8345 ya citadas, el 9 de marzo de 2006, ambas entidades suscribieron el Convenio de Alianza Empresarial para el Desarrollo Conjunto del Proyecto Hidroeléctrico Toro 3. Tomando en cuenta la litis de este proceso, es indispensable referirnos a parte de su clausulado. La cláusula primera, en su acápite 1.1 señala que el objeto del convenio es constituir una alianza empresarial con una participación paritaria en derechos y obligaciones con el fin de llevar a cabo las actividades y gestiones necesarias para diseñar, financiar, construir, operar y mantener el Proyecto Hidroeléctrico Toro 3 (PHT3), dentro de las mejoras prácticas de la ingeniería en cuanto a tiempo calidad y costo. Se establecen, además, los principios que privarán en el proceso de implementación del convenio, dentro de cuales merece destacar la transparencia, ética, honradez y confianza en las relaciones entre ambas partes y se fija como interés común la búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida de los costarricenses, a través de la satisfacción de la demanda de energía del país. Ligado a lo expuesto, el objetivo fundamental será asegurar la óptima calidad del servicio eléctrico. Conviene resaltar que la alianza pretende lograr una mayor coordinación y cooperación institucional con base en el aprovechamiento de las fortalezas de cada una de las partes, de modo que las actividades serán asumidas por quien se encuentre en mejor condición para enfrentarla, bajo un concepto de eficiencia, eficacia y competitividad en costos. Por su parte, la cláusula segunda regula lo relativo a aspectos generales del PHT3, entendiendo que éste comprende la construcción de las obras de infraestructura necesarias para aprovechar las aguas de la restitución de la actual Planta Hidroeléctrica Toro 2, junto con los aportes de quebradas menores que se adicionan a la conducción, para generar energía eléctrica en una nueva planta, en la cual se instalarán los equipos con capacidad de generación de electricidad de aproximadamente 50MW. En su acápite 2.2 se señala que para llevar a cabo el proyecto, las partes convienen en la constitución de un fideicomiso, el cual deberá obtener el financiamiento y administrar los recursos para desarrollar las obras de infraestructuras necesarias para la generación eléctrica y arrendar la Planta Hidroeléctrica Toro 3 al ICE y la JASEC. Asimismo, el 2.3 establece el compromiso de ambas partes de obtener la declaratoria de viabilidad ambiental del proyecto y de cumplir con la legislación ambiental aplicable para el desarrollo del proyecto. Luego, la 2.6 expresa el compromiso de ambas partes de adquirir los inmuebles o derechos de servidumbres necesarios para el desarrollo del proyecto, así como que las concesiones y permisos que se requieran para la ejecución del PHT3 serán tramitadas según que resulte más conveniente para el interés de las partes y mejor desarrollo del proyecto. La cláusula cuarta regula lo relativo a los gastos asociados al proyecto, estableciéndose que considerando la participación paritaria en cuanto a derechos y obligaciones, los gastos en que se incurra con motivo de la ejecución de las actividades asociadas con el desarrollo del PHT3, incluyendo la operación y mantenimiento de la planta, serán cubiertos en partes iguales por el ICE y la JASEC. Se regulan también aspectos referidos a la forma en que se deben llevar los registros contables. La cláusula sexta regula diversos aspectos, entre los que interesa mencionar los contratos conexos, el plan de implementación y la rescisión de ese convenio. En relación con lo primero, el acápite 6.1 establece que para formalizar el modelo de desarrollo conjunto del proyecto, las partes estimaban necesario celebrar, al menos, los siguientes contratos: de constitución de fideicomiso, de ingeniería y construcción, y de arrendamiento y mantenimiento. Dichos contratos deberían someterse a la aprobación de la Contraloría General de la República y formarían parte integral del Convenio a partir de la fecha de notificación del respectivo refrendo. Por su parte, la sección 6.2 señala que dentro de los treinta días hábiles siguientes a la entrada en vigencia del convenio, las partes elaborarán un plan de implementación que detalle sus distintas obligaciones así como los plazos establecidos para su cumplimiento. El punto 6.5 refiere a la posibilidad de que las partes, por mutuo acuerdo, puedan poner fin al convenio en cualquier momento, estableciendo las condiciones en que la rescisión contractual debe operar. Cabe agregar que existen tres anexos al convenio que forman parte integral de éste y que se refieren a la ficha técnica, el procedimiento para determinar el reconocimiento de energía y disponibilidad de potencia y las definiciones, respectivamente. Finalmente, es menester señalar que el citado convenio de alianza empresarial fue refrendado por la Contraloría General de la República el conforme a los términos y condiciones que se señalaron en el oficio 7238-2006, de 6 de junio de 2006. En lo que interesa, dicho acto aprobatorio indicó que "(...) Una vez efectuado el estudio de rigor, devolvemos debidamente refrendado el convenio de cita, teniendo a la vista certificaciones de contenido presupuestario emitidas por los Licenciados Víctor Fernández González y Juan Bosco Chacón Meza, de la Dirección Administrativa de Finanzas del ICE y del Departamento de Finanzas y Presupuestos de JASEC respectivamente, por lo que queda bajo exclusiva responsabilidad de dichos funcionarios la información por ellos indicada. Por otra parte, se recuerda a dichas Administraciones, que tal y como dispone la cláusula sexta del documento negocial, los contratos de fideicomiso, ingeniería y construcción así como el de arrendamiento y mantenimiento deberán remitirse en su oportunidad a este Órgano Contralor para efectos del refrendo respectivo. (...)".

VII.- ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO. SOBRE EL INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE ALIANZA. Conforme se ha venido señalando, en el presente proceso los actores recriminan, en general, que el ICE y JASEC incurrieron en vías de hecho en la ejecución del PHT3 , alegando presuntos incumplimientos al convenio de alianza y refrendo contralor. Se procederá, entonces, al análisis de cada una de las vías de hecho que se acusa . Para una mejor comprensión de lo que de seguido se expone, resulta indispensable reiterar que, conforme se explicó en el Considerando V, a juicio de este órgano colegiado, ambas demandadas cuentan con la competencia necesaria para participar en la implementación y ejecución de proyectos hidroeléctricos. Se fundamenta esta afirmación en el Decreto Ley No. 449 y la s Ley es No. Placa2442 , No. 8345 y No. 8660 . Conforme fuera explicado, el artículo 7 de la Ley No. 8345 autoriza las entidades y empresas públicas nacionales y municipales del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), para que suscriban convenios de alianza empresarial con las asociaciones cooperativas y las empresas de servicios públicos municipales, entre ellas la JASEC, conducentes al desarrollo y la explotación conjunta de obras y servicios de generación eléctrica. Permite, además que las asociaciones cooperativas y las empresas de servicios públicos municipales puedan suscribir entre ellas convenios de esta naturaleza y suscribir fideicomisos con un banco del Sistema Bancario Nacional, para el desarrollo de proyectos eléctricos y de telecomunicaciones; haciendo extensiva esta autorización al ICE y a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL). Asimismo, autoriza a las entidades y empresas públicas nacionales y municipales para que suscriban convenios de cooperación, inversión y operación conjunta con las asociaciones cooperativas y las empresas de servicios públicos municipales a fin de que presten servicios complementarios de sus actividades, de conformidad con los procedimientos dispuestos en la legislación vigente. El anterior fundamento es suficiente para que tanto el ICE y la JASEC suscriban convenios de alianza en procura de la construcción, ejecución, mantenimiento y operación de proyectos hidroeléctricos como el que aquí nos ocupa. Pese a que no se ataca la validez del convenio en cuestión, lo cierto es que los actores cuestionan la competencia de la JASEC para suscribir este tipo de alianzas fundamentando su argumento en diferentes dictámenes de la Procuraduría General de la República, que en su momento, negaron tal posibilidad. Sin embargo, como se explicó en el Considerando V, esos dictámenes son anteriores a la Ley No. 8345 citada, norma que habilitó a la JASEC a suscribir tales alianzas como en efecto se hizo. Así las cosas, resulta irrelevante la discusión referida a si los dictámenes fueron o no modificados por el informe brindado por la Procuradora General de la República durante la tramitación de la acción de inconstitucionalidad que, en definitiva, se resolvió en el Voto No. 5220-201 citado, siendo que en lo que interesa desde la publicación de la citada Ley No. 8345, tal potestad quedó legalmente habilitada. En el caso concreto, las vías de hecho se alegan en relación con el incumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas en el Convenio de Alianza Empresarial y el desacato a los términos del refrendo otorgado por la Contraloría General de la República. Particularmente, se alega violación de las obligaciones derivadas de las cláusulas 1.1., 2.2, 4.1 y 6.1. En lo fundamental son tres los incumplimientos que se reclaman. Primero, que el convenio establecía que para llevar a cabo el proyecto, las partes constituirían un fideicomiso, el cual debía obtener el financiamiento y administrar los recursos para desarrollar las obras de infraestructuras necesarias para la generación eléctrica y arrendar la Planta Hidroeléctrica Toro 3 al ICE y la JASEC. Sin embargo, el fideicomiso no ha operado en la práctica porque no se han firmado los contratos que señalaba la cláusula 6.1., y pese a ello la obra se encuentra construida en un 75%. Segundo, que no ha existido la paridad de obligaciones y derechos que exigía el la cláusula 4.1. Tercero, que el convenio de alianza no alcanzó la eficacia requerida porque no se firmaron ni refrendaron los contratos a que hace referencia la cláusula 6.1 citada y porque el contrato de fideicomiso nunca llegó a perfeccionarse al no cumplirse las condiciones exigidas por el órgano contralor. Al respecto , se reitera que la competencia del ICE y la JASEC deriva de normas legales que los habilitan para la ejecución conjunta del PHT3. Precisamente esa habilitación legal es la que permite que suscriban el Convenio de Alianza que nos ocupa. Ahora bien, de la lectura de la cláusula 1.1 se extrae que esa alianza entre las dos entidades lo es para "(...) llevar a cabo las actividades y gestiones necesarias para diseñar, financiar, construir, operar y mantener el Proyecto Hidroeléctrico Toro 3 (PHT3), dentro de las mejoras prácticas de la ingeniería en cuanto a tiempo calidad y costo. (...)", objeto que se encuentra dentro de las competencias propias de los demandados. Por su parte, la cláusula 2.2 señala que para llevar a cabo el proyecto, las partes convienen en la constitución de un fideicomiso, el cual deberá obtener el financiamiento y administrar los recursos para desarrollar las obras de infraestructuras necesarias para la generación eléctrica y arrendar la Planta Hidroeléctrica Toro 3 al ICE y JASEC. Una correcta interpretación de ambas normas a la luz de la legislación vigente lleva a concluir que el fideicomiso es el instrumento que las partes convinieron , en aquel momento, para ejecutar los objetivos de la alianza, más ello no implica que el proyecto deba ejecutarse únicamente a través de aquel. Nótese incluso que el fideicomiso es uno de los mecanismos de financiamiento que el artículo 7 de la citada Ley No. 8345 faculta para ser utilizado por las entidades públicas en la ejecución de proyectos eléctricos, pero no puede entenderse que éste sea el único medio, siendo que los entes involucrados pueden llevar a cabo el proyecto en alianza con fondos propios. Es por ello que la cláusula 2 limita la finalidad del fideicomiso a la obtención del financiamiento y administración de recursos para desarrollar las obras de infraestructura necesarias, manteniendo como objeto de la alianza la construcción, operación y mantenimiento del PHT3. Y es que no podría ser de otra forma tomando en cuenta que la posibilidad de alianza y la competencia de ambos entes para desarrollar en forma conjunta proyectos hidroeléctricos viene dada por ley y no por la alianza en sí. Desde esta perspectiva no encuentra este Tribunal que los accionados hayan incumplido la cláusula 1.1 toda vez que, al día de hoy la alianza ha permanecido , ha estado llevando a cabo las actividades y gestiones necesarias para diseñar, financiar, construir, operar y mantener el PHT3, al grado que, como pudo apreciarse en el reconocimiento judicial y lo han manifestado los accionados en este proceso, la obra se encuentra en aproximadamente un 75% de su avance total. Si bien ha quedado demostrado que a la fecha la cláusula 2.2. del referido convenio no ha podido ser cumplida por los accionados, no se ha refrendado el contrato de fideicomiso ni se han suscrito ninguno de los otros y en ese tanto el fideicomiso no ha entrado en operación, pese a que el proyecto se encuentra prácticamente concluido; lo cierto es que, conforme a lo expuesto, es criterio de estos juzgadores que ese incumplimiento no puede igualarse a una actuación constitutiva de la vía de hecho por dos razones fundamentales. Primero, porque tanto la JASEC como el ICE cuentan con competencia legal para desarrollar conjuntamente el PHT3 y esa habilitación no podría entenderse restringida en virtud de un convenio empresarial, siendo que el financiamiento del proyecto puede provenir de otras fuentes, como en efecto ha sucedido. Aunado a lo anterior, existe también una declaratoria de conveniencia nacional para la realización del proyecto. Segundo, porque la ausencia de ese elemento no ha impedido la consecución de las competencias legales asignadas ni de la alianza en sí, en tanto la construcción del PHT3 se encuentra en su mayoría concluida. No obstante, si ha de señalarse que a juicio de este Tribunal el hecho de que la construcción del proyecto esté casi concluida con fondos propios y presupuestados tanto del ICE como de la JASEC modifica, en la realidad, el objeto del contrato de fideicomiso que se suscribió. Esto toda vez que gran parte del objeto de aquel ya no es posible. Al menos, lo relativo a las propuestas, plazos y montos de financiamiento así como la construcción de la planta hidroeléctrica deviene en imposible material y jurídicamente que sean asumidas por el fideicomiso toda vez que, se insiste, son obligaciones que ya fueron asumidas en su mayoría por el ICE y la JASEC, actuando en alianza. En este sentido, resulta indispensable que los entes demandados valoren y replanteen el contrato de fideicomiso suscrito (y que fue refrendado en forma condicionada por la Contraloría General de la República) para que los términos de éste se ajusten a la realidad. Nótese que, incluso, ya el órgano contralor había advertido tal circunstancia al solicitar el adendum al contrato de fideicomiso. En relación con la participación paritaria que desde la cláusula 1.1 se menciona, ha de indicarse que ésta se define con mayor claridad en la 4.1, que señala que "(...) los gastos en que se incurra con motivo de la ejecución de las actividades asociadas con el desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico Toro 3, incluyendo la operación y el mantenimiento de la planta, serán cubiertos en partes iguales por el ICE y JASEC (...)". Los accionantes sostienen en que esa cláusula ha sido incumplida toda vez que no ha existido una participación paritaria de los gastos, sino que la obra ha sido ejecutada en mayor parte, con presupuesto del ICE. En efecto, de la prueba testimonial evacuada, particularmente la de Don Nombre142897 , se determinó que a la fecha el PHT3 ha sido construido con recursos propios del ICE y la JASEC, la inversión actual del PHT3 asciende aproximadamente a cien millones de dólares, de los cuales la JASEC ha invertido aproximadamente entre treinta o cuarenta millones de dólares (manifestaciones de las accionadas, declaración de Nombre142897 ). No obstante, es criterio de este Tribunal que el vicio que se reclama es prematuro porque la cláusula exige una participación paritaria en el costo total de la obra, lo que incluye su operación y mantenimiento, lo que a la fecha no se ha producido , lo que impide a este Tribunal valorar, a esta altura, su legitimidad. Finalmente, se cuestiona la obligación de los demandados de suscribir los contratos de fideicomiso, construcción e ingeniería, mantenimiento y arrendamiento, los cuales forman parte del integral del convenio de alianza. Se alega que el refrendo al referido convenio se condicionó a la suscripción y remisión de dichos contratos. Este Tribunal no comparte esa tesis. Según se explicó, la competencia de los accionados para desarrollar conjuntamente el PHT3 deviene de diversas normas que ya han sido citadas y del propio convenio de alianza que se suscrib ió . Los diferentes contratos se constituyen en mecanismos posibles para la ejecución de la obra sin que pueda entenderse que la no suscripción de éstos impida el ejercicio de la competencia legalmente asignada. En todo caso, a criterio de estos juzgadores el refrendo contralor dado al convenio de alianza no fue condicionado a ninguna circunstancia específica. Eso se infiere de la interpretación literal del texto del acto aprobatorio que señala con contundencia que se devuelve "(...) debidamente refrendado el convenio de cita (...)", lo que contrasta, por ejemplo, con la aprobación del órgano contralor al contrato de fideicomiso remitido en una primera oportunidad, en el que claramente se señala que "(...) Se aprueba en forma condicionada el contrato de fideicomiso suscrito (...)". Si bien, el párrafo final del oficio mediante el cual se refrenda el convenio de alianza señala que "(...) se recuerda a dichas Administraciones, que tal y como dispone la cláusula sexta del documento negocial, los contratos de fideicomiso, ingeniería y construcción así como el de arrendamiento y mantenimiento deberán remitirse en su oportunidad a este Órgano Contralor para efectos del refrendo respectivo. (...)", estimamos que ello no se constituye en un condicionamiento, sino más bien una advertencia o recordatorio de que, si se suscriben, esos instrumentos deben ser remitidos para su aprobación, situación que en la especie no ha sucedido aún. Si bien la Contraloría señaló en su oficio 03470 (DCA-1104), de 22 de abril de 2008 que en el refrendo otorgado en el oficio 2295 (para el contrato de fideicomiso) no se autorizó el inicio de la construcción de PHT3 mediante mecanismos alternos, lo cierto es que éste ya se encuentra prácticamente concluido con fondos propios del ICE y la JASEC, y ésta es una realidad que no puede ser obviada. Tanto así que la propia C ontraloría G eneral en oficio FOE-ED-0338, de 15 de mayo de 2008, indicó a los demandados que dada la condición del refrendo contralor en términos de contar con todos los terrenos para obtener la plena efectividad del contrato de fideicomiso, lo que en relación con el estado de avance de las obras no resultaba concordante el contrato con la realidad del proyecto, porque por medio del fideicomiso ya no se podría cubrir la totalidad de las obras que conformaban el proyecto. Para tales efectos, solicitó que presentaran una propuesta consensuada con el aval del Banco Fiduciario sobre el tratamiento que se le dará al tema de las obras existentes, incluyendo la valoración de los ajustes, precisiones o complementos que se deban hacer al contrato de fideicomiso susc r ito y refrendado y un detalle de lo invertido por cada una de las partes a la fecha y situación actual del fideicomiso, explicando si se ha generado costos asociados al fideicomiso. Se trata de ajustar a la realidad lo pactado en aras del interés público que esta obra conlleva. Ahora, si bien se ha señalado que el fideicomiso no ha entrado en operación por las razones ya mencionadas, este Tribunal si debe advertir lo siguiente. La cláusula 5.4 del mencionado contrato establece que si el fiduiciario llegara a vender la planta a un tercero, los fideicomitentes (sea el ICE y la JASEC ) aceptan vender los terrenos en los que fue construida. C omo se explicará infra , estos juzgadores somos del criterio que la toma o pozo principal de la obra fue construido sobre lo que era el cauce natural del Río Toro y la Quebrada Latas, esto es un bien de dominio público y que además , la infraestructura construida satisfacerá, sin duda, un servicio público . Es por ello que en la forma en que está redactada esa cláusula, es nula de pleno derecho, porque supondría el traspaso y enajenación de un bien demanial, lo que contradice , además , el artículo 21 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de Comunicaciones. Si bien en autos consta una modificación a dicha cláusula, del testimonio del señor Nombre142897 se infiere que no se tiene certeza si dicha modificación fue remitida a la Contraloría General de la República para su aprobación. Es por ello que se hace la advertencia debida para que, en caso de que se determine la viabilidad de la operación del fideicomiso , se excluya en su totalidad, la cláusula referida y se separen las obras construidas en el demanio público de las construidas en otras propiedades; además de somet er dicho convenio al órgano contralor para la aprobación correspondiente. Finalmente, en relación con el reclamo referido a la forma en que se contrató la maquinaria, debe señalarse que los actores no explican con detalle el fundamento del reclamo. A grosso modo, pareciera que éste gira en torno a la ausencia de procedimiento ordinario de contratación, sin embargo, según se infiere del Anexo 6 de la prueba documental aportada por el ICE, en principio, el órgano contralor ha autorizado un procedimiento especial para que esa institución contrate en forma directa equipo y maquinaria, el cual estará sometido a una fiscalización posterior por parte del órgano contralor, como corresponde. En conclusión, no se observan actuaciones constitutivas de la vía de hecho en lo relativo al cumplimiento del convenio de alianza en tanto según se explicó, hay norma habilitante para el desarrollo del referido proyecto hidroeléctrico. Tampoco se observan incumplimientos o violación sistemática de las cláusulas 1.1, 4.1 y 6.1. Si bien la cláusula 2.2 no ha sido cumplida en su totalidad porque el fideicomiso no ha entrado en operación, tal incumplimiento no es relevante ni puede extinguir el convenio porque existe normativa legal que permitía a la alianza financiar con sus propios recursos la obra como en efecto ha sucedido. Pese al incumplimiento, el fin público se ha satisfecho. Parte este Tribunal que ambos accionados contaban con las habilitaciones presupuestarias requeridas , pero en todo caso, es evidente que va a existir una fiscalización a posteriori por parte de la Contraloría General de la República respecto de esos aspectos. Se estima, además, que no se desacataron los términos del refrendo otorgado por el órgano contralor mediante oficio 07238, de 6 de junio de 2006. Se insiste que ese acto aprobatorio no fue sometido a ninguna condición, por lo que el convenio desplegó su eficacia y se ha venido ejecutando. Por ende, no se ha vaciado su contenido ni se ha extinguido. Por ello resulta improcedente pretender que se aplique el párrafo segundo de la cláusula 6.5 del tantas veces citado convenio de alianza empresarial. Dicha cláusula refiere a la rescisión de convenio, potestad que se reserva a las partes (y no a terceros) si hubiera variaciones unilaterales de los términos convenidos, lo que no ocurre en este caso. Tampoco es procedente pretender la extinción del contrato en virtud de un incumplimiento sistemático al convenio, que según se ha dicho, en general, no ha existido. Así, debe concluirse que no hay actuaciones constitutivas de la vía de hecho, sino que la conducta administrativa desplegada por ICE y la JASEC se fundamenta en normas y actos habilitantes como normas legales , la declaratoria de conveniencia nacional del proyecto y convenio de alianza. Ergo, el servicio público estaba autorizado en cuanto a sujeto y fin, tanto para el ICE (Decreto Ley No. 449) como para la JASEC (Ley No. 8345), siendo que los actos dictados y actuaciones desplegadas lo fueron para ejecutar las potestades legalmente encomendadas en aras de la satisfacción de un interés general. Por otra parte, el convenio es eficaz, en tanto fue refrendado por la Contraloría General de la República. Si bien no se está impugnando la validez del convenio, lo cierto es que, en general, tampoco se observa que éste sea absolutamente nulo de forma grotesca.

VIII.- SOBRE EL CONTENIDO DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA PROPIEDAD PRIVADA Y SU FUNCIÓN SOCIAL. Para el examen de otras actuaciones materiales de las accionadas que a juicio de los actores son constitutivas de la vía de hecho, es menester referirse, de modo muy general a temas como el derecho a la propiedad privada y su función social , la naturaleza jurídica del subsuelo y los materiales extraídos de éste. En este sentido, el derecho de propiedad, tutelado en el canon 45 de la Carta Magna se define como un derecho, en principio, de carácter absoluto, exclusivo y perpetuo. No obstante, el análisis de este derecho ha evolucionado a la percepción de una naturaleza relativa, en tanto está sujeto a la posibilidad de imponer limitaciones por causa de interés público. En el fallo No. 4205-96 de las 14:33 horas del 20 de agosto de 1996, la Sala Constitucional, sobre el contenido de este derecho indicó: “V. DE LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA PROPIEDAD Y SU RELACIÓN CON LAS LIMITACIONES AL DERECHO DE PROPIEDAD -PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 45 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA. Una concepción del derecho de propiedad privada en términos absolutos y prácticamente ilimitados, pasó a constituir el punto de apoyo básico sobre el cual se estableció el sistema occidental, consagrándose como centro básico del ordenamiento jurídico la completa intangibilidad del derecho de propiedad, por cuanto la misma implicaba el completo señorío sobre el bien, de manera absoluta, general, independiente, plena, universal, ilimitada y exclusiva. Sin embargo, tal concepto ha evolucionado, hasta llegar a proponerse la defensa de una propiedad basada en la armonía social, y por un sentido social de la propiedad de la tierra. Se modifica así la base jurídica sobre la que descansa la protección de la propiedad y de ser un derecho exclusivo para el individuo, pasa a corresponderle una obligación en favor de la armónica convivencia de la sociedad. Surgió la idea de la "función social" de la propiedad, en la que todo individuo tiene la obligación de cumplir ciertas obligaciones comunales, en razón directa del lugar que ocupa y de los intereses del grupo social que lo representa. El contenido de esta "propiedad-función", consiste en que el propietario tiene el poder de emplear el bien objeto del dominio en la satisfacción de sus propias necesidades, pero correspondiéndole el deber de ponerla también al servicio de las necesidades sociales cuando tal comportamiento sea imprescindible. Con este nuevo concepto se ensanchan las atribuciones del legislador para determinar el contenido del derecho de propiedad, lo que se logra por medio de los límites y obligaciones de interés social que pueda crear, poniendo fin a su sentido exclusivo, sagrado e inviolable.(...) VI. El artículo 45 de la Constitución Política consagra, en nuestro orden jurídico-constitucional, el derecho de propiedad. En el párrafo primero señala su carácter de "inviolable" y establece la obligación por parte del Estado de indemnizar al propietario previamente, cuando deba suprimirla por razones de "interés público legalmente comprobado". En el párrafo segundo establece la posibilidad de establecer limitaciones de interés social a la propiedad, mediante ley aprobada por votación calificada -votación de los dos tercios de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa-. De lo anterior, queda claro que la obligación de indemnizar por parte del Estado, está constitucionalmente prevista única y exclusivamente cuando se trata de expropiar y no rige para las limitaciones de interés social que se establezcan mediante ley aprobada por votación calificada (...)" Desde este plano, esa propiedad, cuyo contenido legal se observa en el canon 26 4 del Código Civil, se encuentra sujeta a limitaciones impuestas por ley teniendo en cuenta el interés privado de los demás propietarios; en atención al interés público de la colectividad. Estas últimas se rigen por el derecho administrativo. Dichas limitaciones administrativas pueden consistir en meras restricciones, servidumbres, ocupación temporáne a . Las restricciones consisten en condiciones legales del ejercicio del derecho de propiedad. Es una tolerancia que el propietario debe soportar, por lo que tratan de un sacrificio particular o especial del propietario sino que es una restricción general. Están ínsitas en la existencia del derecho. Por ende, son generales, constantes y actuales. Son limitadas en número y clase, sin que puedan llegar a desmembrar el derecho de propiedad, es decir, restringir de tal forma su uso y goce que lleguen a afectar la plenitud del derecho. Dada su generalidad, no se indemnizan, excepción hecha de los daños que culposamente pueda ocasionar la Administración al ejecutar los trabajos en que se materializa la restricción. Con todo, como límite infranqueable, deben ser proporcionales a la necesidad administrativa que con ella se debe satisfacer, ergo, deben responder a una necesidad administrativa, no pueden desintegrar el contenido esencial del derecho de propiedad. En cuanto a los alcances y restricciones de esas limitaciones al contenido esencial del derecho a la propiedad, el Tribunal Constitucional en el fallo aludido expresó en lo relevante: "VIII. No obstante lo señalado en los considerandos anteriores, debe advertirse que las limitaciones legítimas que puedan imponerse a la propiedad privada encuentran su frontera natural en el grado de afectación a la propiedad; esto es, cuando la restricción al derecho de propiedad se convierte en una verdadera expropiación con la consecuente obligación de indemnizar, porque se hace desaparecer completamente el derecho de propiedad, o cuando no se afecte a la generalidad de la colectividad. Así lo señaló la Corte Plena en relación con las limitaciones a imponer a la propiedad cuando traspasan el límite señalado, en sesión extraordinaria del dieciséis de junio de mil novecientos ochenta y tres: "[...] es decir "limitaciones" como las llama el artículo 45, pero no despojo de la propiedad privada ni privación de un atributo primario del dominio, porque impedir el goce de los bienes equivale, al menos en este caso, a una forma de expropiación sin el requisito de previa indemnización que ordena la carta política"; y como lo indicó este Tribunal en las citadas sentencias número 5097-93 y 2345-96; en que señaló: "IV.) Para la Sala los límites razonables que el Estado puede imponer a la propiedad privada, de acuerdo con su naturaleza, son constitucionalmente posibles en tanto no vacíen su contenido. Cuando ello ocurre deja de ser ya una limitación razonable para convertirse en una privación del derecho mismo". (Sentencia número 5097-93); "Es decir, pueden limitarse los atributos de la propiedad, en tanto el propietario reserve para sí la posibilidad de explotar normalmente el bien, excluida claro está, la parte o la función afectada por la limitación impuesta por el Estado. Fuera de estos parámetros, si el bienestar social exige sacrificios de uno o de algunos únicamente, debe ser indemnizado, lo mismo que ocurre cuando el sacrificio que se impone al propietario es de tal identidad, que lo hace perder en su totalidad el bien. Así, la limitación a la propiedad resiste el análisis constitucional, cuando la afectación a los atributos esenciales de la propiedad que son aquellos que permiten el uso natural de la cosa dentro de la realidad socio-económica actual, no hace desaparecer la naturaleza del bien o haga imposible el uso de la cosa, porque el Estado imponga requisitos de autorización o de aprobación tan complejos que impliquen de hecho, la imposibilidad de usufructuar el bien". (sentencia número 2345-96).” IX.- SOBRE EL RÉGIMEN JURÍDICO DEL SUBSUELO EN COSTA RICA . DEMANIALIDAD DE LOS MATERIALES EXTRAIDOS DEL SUBSUELO. Aspecto medular en la presente causa es la determinación de la titularidad del espacio de subsuelo a través del cual se realizaron las excavaciones por parte del ICE y la JASEC para la construcción del área de túnel del Proyecto Hidroeléctrico Toro III. Lo anterior dado que los accionantes alegan un derecho de pertenencia sobre ese espacio físico. Concretamente, en los hechos 46, 47, 48 y 49 de la demanda alegan invasión del subsuelo del Parque Nacional Juan Castro Blanco y el atinente a sus respectivas propiedades. Sobre el tema cabe señalar lo que de seguido se expone. El régimen jurídico del subsuelo en el sistema normativo patrio es un tema poco explorado y de especial complejidad, dada la necesaria ponderación de técnicas actuales de edificabilidad que posibilitan la disponibilidad de dicho espacio. Ciertamente existe normativa que regula temas marginales del subsuelo, pero que no establecen solución para la controversia que en este proceso se suscita. Para citar algunas referencias sobre régimen del subsuelo, pueden mencionarse las siguientes: artículo 6 de la Ley Indígena, No. 6172, art. 25 Ley No. 7779, reforma a la Ley de Creación de la JASEC, artículo numeral 151 del Reglamento a dicha ley, sea, decreto ejecutivo No. 29375, canon 6 del Decreto Ejecutivo No. 30387-MINAE-MAG Reglamento para perforación y explotación de aguas subterráneas, artículo 53 de la Ley Orgánica del Ambiente, No. 7554, artículo 4 inciso 51 del Reglamento al Código de Minería, No. 29300-MINAE, Artículo 4 Código de Minería, No. 6797, Artículo 9 Ley de Construcciones, No. 833, Reglamento de Construcciones, Decretos Ejecutivos Nos 34522, 32967 y 32712 sobre guías ambientales para construcción, para citar algunas. Se trata de un instituto jurídico de escasa regulación jurídica. Como punto de partida, ha de tenerse claro el concepto y alcances del derecho de propiedad, tema ya debatido en apartes previos del presente fallo. En este punto, debe reiterarse, el derecho de propiedad tutelado en el canon 45 de la Carta Magna, constituye un derecho que debe ser interpretado a la luz de la función social de la propiedad, de modo que no se trata de un derecho absoluto e irrestricto, y que incluso, al amparo de esa misma norma suprema, acepta limitaciones impuestas por ley aprobada por mayoría calificada, por criterios de utilidad pública. Una ponderación adecuada e integralista del numeral 45 precitado y el 50 ejusdem lleva a establecer que como criterio de base de la ponderación de los alcances y proyecciones del derecho de propiedad, resulta imperativo armonizar los intereses del individuo frente a los intereses de la colectividad, imponiéndole al propietario la obligación de cumplir con la función social. Ahora bien, esta referencia resulta obligatoria para efectos de ubicación del tema, siendo que se alega que la construcción del túnel en el subsuelo supone una invasión al derecho de propiedad sin servidumbre o acto habilitante alguno que legitime ese proceder material. El derecho de propiedad, si bien de base constitucional, su contenido es materia de desarrollo legal. En efecto, es el numeral 264 del Código Civil la norma que alude a los atributos del dominio (o propiedad). Incluso, el mismo precepto 264 ibídem reitera que la propiedad y los derechos que comprende no tiene mas limitaciones que las que le imponga el propietario y le fije la ley. Desde este plano, en materia de subsuelo, es el mandato 505 del Código Civil la norma que establece alguna suerte de parámetros regulatorios sobre el objeto de controversia, sin que pueda tenerse como la norma que la soluciona, como se verá. Dicha normativa señala en su tenor literal: "El derecho de propiedad no se limita a la superficie de la tierra, sino que se extiende por accesión a lo que está sobre la superficie y a lo que está por debajo. Salvadas las excepciones establecidas por la ley o la convención, el propietario puede hacer arriba todas las construcciones o plantaciones que le convenga, y hacer debajo todas las construcciones que juzgue a propósito y sacar de esas excavaciones todos los productos que puedan darle. / Lo anterior sólo será aplicable a los casos de propiedad horizontal, con las limitaciones que se contienen en la respectiva ley." Una interpretación ligera (y eventualmente gramatical de ese precepto)- que no se comparte-, puede llevar al equívoco de considerar que tal mandato resuelve el dilema de la titularidad del subsuelo, asignándolo al propietario de la superficie. No obstante, es criterio de este Tribunal, al igual que ha sucedido en derecho comparado, en sistemas jurídicos como el español, italiano o el francés, debe negarse una hermeneútica gramaticalista de ese precepto legislativo (y las normas similares en dichos regímenes), acudiendo más bien a mecanismos de interpretación jurídica integral, sistemática y evolutiva, que ponderen la realidad social en la que surten efectos y su finalidad misma, según lo manda el artículo 10 del Código Civil. Esa misma exégesis finalista se observa también en el mandato 10 de la Ley General de la Administración Pública. La realidad social imperante evidencia tecnologías de aprovechamiento del subsuelo mediante desarrollos edilicios en las áreas de vocación urbana, así como de desarrollos de obras públicas de interés público, como es el caso de las redes subterráneas de electrificación, o bien, áreas de prestación de servicios públicos de transporte o de proyectos de generación hidroeléctrica, todos ellos conflictos difícilmente previsibles por una norma que data de 1888, lo que exige el abandono de la literalidad para ajustar la interpretación al contexto actual de los tiempos y las necesidades y tendencias modernas. En efecto, cada días es más frecuente la disposición del subsuelo para el desarrollo de obras privadas o públicas, presentando por ende controversias y extremos hipotéticos que no encuentran solución plena en las ordenanzas normales de la propiedad superficial que contiene el canon 505 del Código Civil. Si bien el régimen jurídico de las servidumbres administrativas ha posibilitado soluciones particulares para conflictos concretos en este tema, como es el caso de las servidumbre de paso voluntarias de poliductos u oleoductos que establece RECOPE, no puede considerarse un régimen generalizado aplicable a cualquier intento de uso del subsuelo. No pueden asimilarse esos supuestos en que la profundidad de la excavación para ejercer el derecho de paso es poca, de un desarrollo que se realiza a una penetración considerable. En el primer ejemplo, como tesis de principio, el espacio de subsuelo utilizado se ubica dentro del área potencialmente explotable o utilizable por el propietario de la superficie, en tanto que en la segunda, sea, excavaciones profundas, no pareciera generarse una perturbación tal que justifique el empleo de estas formas jurídicas. Lo mismo puede decirse del régimen de las concesiones y las autorizaciones administrativas. De ahí que de pleno inicio, deba desecharse la aplicación gramatical del precepto 505 del Código Civil, para sostener que en todos los casos, el subsuelo es una extensión del derecho de propiedad del titular del terreno superficial. Incluso, debe hacerse notar que la norma en cuestión se ubica dentro del capítulo de la accesión, no así en el de propiedad. Ciertamente señala que la propiedad de lo que esté debajo de la superficie es parte de dicha titularidad, no obstante, tal pertenencia se produce por el fenómeno de la accesión, lo que implicaría, incluso en esa visión gramatical, que si en el subsuelo no se ha utilizado para construcción de obras o en general no existe cosa adherida en ese espacio por falta de aprovechamiento, la presunción de propiedad no opera. Es el caso de una casa en la que se utilizó el subsuelo para la construcción de un sótano, o un desarrollo urbano de alta densidad que supone espacio subterráneos de parqueo o vivienda. En tales casos, es claro que lo construido, siempre que respete las normas regulatorias en materia urbanística y de construcción, por el fenómeno aludido se entiende parte del derecho de propiedad. Mas cuando el subsuelo no tiene una vocación de aprovechamiento razonable, sea por su profundidad o por sus condiciones genéricas, no puede presumirse tal titularidad.

X.- En esa dimensión, la doctrina se ha inclinado por el criterio de interés del propietario de la superficie para utilizar el subsuelo, a fin de ponderar el nivel de profundidad de su derecho de propiedad. Bajo este contexto, en menesteres de suelo privado, sería el interés real y legal del titular el que delimita la fracción del subsuelo utilizable. En el caso de bienes públicos, sería el interés público el criterio delimitante de verticalidad. En el contexto de derecho comparado, en regímenes en los que el tema del subsuelo ha tenido un intenso análisis, como es el caso de la española, en la que el numeral 350 del Código Civil expresamente señala que "El propietario del terreno es dueño de su superficie y de lo que está debajo de ella...". Sin embargo, ese tratamiento legislativo no es asimilable a la legislación nacional, siendo que el precepto 505 del Código Civil, ya referido, refiere a la titularidad sobre lo que está debajo de la superficie, por el fenómeno de la accesión, tema ya expuesto, más no bajo una formulación genérica que permita justificar, como tesis incontrovertible y genérica, que el subsuelo (lo que está debajo de la superficie) es de su total provecho, al margen de la tenencia o no de un interés razonable y proporcionado. Nótese que el precitado mandato señala que el titular de la superficie puede: "... hacer debajo todas las construcciones que juzgue a propósito y sacar de esas excavaciones todos los productos que puedan darle. (...)" Lo anterior implica que en tesis de principio, el propietario cuenta con una presunción simple de utilización del subsuelo, no obstante, tal presunción debe vincularse con la existencia de un interés razonable determinado por la posibilidad real de uso, actual o potencial, de ese espacio. Es dicho interés razonable el límite al ejercicio de esa presunción de disponibilidad del subsuelo. Véase, como se ha señalado ut supra, que por accesión, lo que esté debajo de la tierra será parte de su propiedad (como es el caso de sótanos y parqueos, con las precisiones apuntadas), más el simple subsuelo, sin interés o posibilidad real de uso, no se ampara en dicha presunción y por tanto, no ha de considerarse parte de ese derecho privado. Es claro con todo, que ese interés razonable de uso está moldeado y sujeto en gran medida a las normas urbanísticas, así como a las normas que en general, fijan marcos regulatorios para la ordenación del uso del suelo. A ello debe complementarse las normas atinentes a la materia de edificabilidad o construcción. Son estos referentes que en cada caso concreto aportan criterios particulares y casuísticos para determinar el nivel de oponibilidad y por ende de la correlativa tutela de dicho interés razonable de uso. De ahí que el tema del subsuelo, al margen del interesante debate de su titularidad, debe centrarse en la valoración de las condiciones del caso concreto para definir el margen vertical de posibilidad real de uso del titular de la superficie sobre el subsuelo, siendo que dentro de dicho espacio, según se ha apuntado, es en el que emerge el derecho de tutela jurídica. En ese orden, no es el mismo tratamiento el que ha de darse a una propiedad ubicada en zona residencial o industrial de alta densidad, en la que es factible la construcción de centros de comercio con amplios espacios subterráneos, o bien torres de condominios y apartamentos, que el que debe darse a una franja de terreno, situada en zona rural, de vocación eminentemente agrícola. En el primer caso debe determinarse si en la zona en particular las normas de uso de suelo y de construcciones posibilitan ese desarrollo, caso en el cual, estaría determinándose esa posibilidad efectiva de uso, debiendo por ende determinarse la profundidad de esa posibilidad de disponer del subsuelo; en tanto que en la segunda hipótesis dada, el límite vertical será mucho menor. Debe entenderse, la mayoría de las obras civiles para albergar personas, supone un uso del subsuelo, por lo que la existencia del interés razonable posibilita ese uso sin conflicto jurídico, más ello no dice de un titularidad plena e irrestricta del titular sobre todo el subsuelo o bien, de todo lo que se encuentre por debajo de su superficie. Véase que incluso dentro del derecho español aludido, pese a la redacción del artículo 350 del Código Civil, se ha establecido la improcedencia de una interpretación gramatical y se ha empleado la necesaria concurrencia de un interés razonable para fijar los límites de uso del subsuelo. Esto puede observarse en otros regímenes como el derecho francés y en el alemán. En nuestro contexto, cabe señalar, el numeral 505 del Código Civil se ubica dentro del capítulo de "Accesión" (que no de propiedad) y como se ha evidenciado, fija la posibilidad de uso de lo que está debajo de la tierra en la medida en que exista un interés razonable determinado por la posibilidad real de uso. De ese modo, el límite vertical del derecho de de uso del suelo se encuentra indisolublemente asociado o sujeto al interés del propietario de su utilización. Como derivación de lo expuesto, debe indicarse, la carga de la prueba sobre el interés en la utilización efectiva del subsuelo, corre a cargo del propietario, aspecto para lo cual ha de valorarse en cada caso, se insiste, los instrumentos de planificación y ordenación de uso del suelo. Ahora el criterio de interés razonable anotado, puede llevar a dos percepciones; por un lado, que el interés real del propietario marca el límite de su propiedad sobre el subsuelo, o bien, que esa propiedad se prolonga de manera indefinida, pero el titular no tiene acción para oponerse a las inmisiones que no le perturban. Sin embargo, es criterio de este Tribunal, la correcta percepción del tema en nuestro régimen, no lleva a afirmar que el titular de la superficie lo sea del subsuelo de manera irrestricta o ilimitada, sino que es la posibilidad real de uso la que le posibilita disponer de ese espacio vertical inferior, la que en caso de acreditarse y disponerse, por criterio de accesión, pasaría a ser de su propiedad. El dominio se extendería por tanto al la porción que sea correlativa a su posibilidad legítima, razonable y proporcionada de aprovechamiento. No se trata de un visión ilimitada de propiedad que cede ante actos que no perturben, sino a la posibilidad de uso en la medida que exista un interés razonable. La delimitación de este espacio es tarea de análisis concretos, pero en definitiva sometida al criterio de función social de la propiedad que en el tema examina supone, la extensión vertical de la titularidad de los bienes inmuebles llega hasta donde sean útiles para el titular, atendiendo a coeficientes particulares como vocación de la tierra, ubicación, uso conforme, programación de desarrollo territorial, normas de la denominada policía urbana, licencias urbanísticas como los permisos de remoción de tierras, entre otros. Lo opuesto configuraría un abuso de derecho (artículo 22 del Código Civil) no tolerado por nuestro ordenamiento, en la medida en que la percepción ilimitada de la propiedad sobre lo que está por encima y por debajo de la superficie, llevaría a grados extremistas de tutelar espacios sobre los cuales, el propietario no tiene ninguna posibilidad real de uso y trasciende el límite normal del ejercicio de sus derechos, con grave lesión para el interés público. De lo dicho surge entonces, que fuera de ese espacio físico dentro del cual el propietario de la superficie cuenta con una posibilidad de uso o explotación, que ha de acreditar y que debe valorarse en cada caso concreto, el ordenamiento no concede a ese titular un derecho privativo de aprovechamiento, ni mucho menos de ventaja sobre los materiales que se ubiquen en el subsuelo. Por ello, no podrían cohonestarse pretensiones que se direccionen a alegar una suerte de derecho de pertenencia de los recursos que se localizan en el subsuelo cuando no se ha acreditado la posibilidad real de uso, sea, el interés razonable en su aprovechamiento. Incluso, aún dentro de ese espacio de uso potencial que delimita el interés razonable, cabría la imposición de limitaciones administrativas, o bien servidumbres forzosas, como es el caso, de las que sea de rigor para el desarrollo de proyectos u obras de interés públicos. En este aparte sin embargo, es claro que en la eventualidad de que esas figuras lleven a disfuncionalizar la propiedad, de manera que no se pueda disponer de la superficie como derivación de la restricción de uso del subsuelo, se estaría en el supuesto de expropiación de facto, siendo imperativo en esos estadios, ordenar la expropiación de esa franja de terreno. De nuevo, es un tema por demás casuístico que ha ponderarse conforme a las precisiones de cada debate analizado.

XI.- Como complemento de lo anteriormente expuesto, cabe precisar, en determinados supuestos, el ordenamiento jurídico establece regulaciones especiales que configuran regímenes normativos prevalentes que dan un tratamiento diverso en la materia objeto de examen. En general, tratándose del régimen de minas y canteras, recurso hídrico, patrimonio arqueológico, materia ambiental, mantos acuíferos, entre otros, existe normativa sectorial que establece una afectación legal de esos recurso del subsuelo y en cuyos casos, asigna el carácter de demanialidad a esos espacios. En efecto, en cada uno de esas áreas, las normas regulatorias del campo establece la titularidad pública de ese espacio. En esta dirección, en materia minera, el Decreto Ejecutivo No. 29300-MINAE del 08 de febrero del 2001, publicado en La Gaceta No. 54 del 16 de marzo del 2001, denominado "Reglamento al Código de Minería", el artículo 4, inciso 51, conceptualiza que debe entenderse por subsuelo en los siguientes términos: "Subsuelo: Zona de roca firme o formación rocosa no consolidada en estado sano, no alterado, que pueden estar localizadas por debajo del suelo, o bien estar expuestas directamente en la superficie y dentro de las cuales no se dan los procesos biofísicos necesarios par sostener la vida micro y macroscópicamente, como el suelo. En el caso de rocas propiamente dichas, se distinguen porque sus agregados minerales están ligados entre sí por fuerzas de cohesión fuertes y permanentes, que solo pueden ser vencidas por acciones mecánicas importantes ( martillos, maquinaria, explosivos, otros)." Al margen de ese concepto, debe tenerse claro que el Código de Minería, Ley No. 6797 declara como demaniales los recursos minerales existentes en el territorio nacional. Es claro que en esa medida, todo recurso mineral, con independencia de su ubicación, ha de considerarse titularidad pública. El numeral primero del citado Código señala en su tenor literal: "El Estado tiene el dominio absoluto, inalienable e imprescriptible de todos los recursos minerales que existen en el territorio nacional y en su mar patrimonial, cualquiera que sea el origen, estado físico o naturaleza de las sustancias que contengan. El Estado procurará explotar las riquezas mineras por sí mismo o por medio de organismos que dependan de él. / Sin embargo, el Estado podrá otorgar concesiones para el reconocimiento, exploración, explotación y beneficio de los recursos minerales, conforme con la presente ley./ Las concesiones no afectarán en forma alguna el dominio del Estado, y se extinguirán en caso de incumplimiento de las exigencias legales para mantenerlas." Luego, dicha normativa establece un marco regulatorio sobre el sistema de permisos de exploración y concesiones de explotación, régimen de servidumbres y eventuales expropiaciones, temas que en este aparte no serán abordados. El mismo tratamiento da la ley No. 6172, Ley Indígena a los recursos minerales encontrados en el subsuelo de las reservas indígenas, que para los efectos pertenecen al Estado y a las comunidades indígenas. Igual sucede en materia de hidrocarburos, conforme a la Ley de Hidrocarburos, No. 7399 que considera de dominio público las fuentes y depósitos de petróleo y de cualquiera otras sustancias hidrocarburadas existentes en el territorio nacional. En esa misma orientación el canon 121 inciso 14 de la Carta Magna, en su sub inciso b) señala que los yacimientos de carbón, las fuentes y depósitos de petróleo, y cualesquiera otras sustancias hidrocarburadas, así como los depósitos de minerales radioactivos existentes en el territorio nacional, no pueden salir del dominio del Estado. Igual tratamiento tiene el tema de las aguas subterráneas, conforme a la Ley de Aguas, No. 276 del 27 de agosto de 1942, para citar solamente algunas regulaciones especiales en las que en virtud de la relevancia pública del bien o de los materiales que componen el subsuelo, se determina una titularidad pública y en ciertos casos, una demanialidad. En concreto, cuando en el subsuelo se presente alguno de los supuestos de hecho que precisa esa normativa especial, el debate de la disponibilidad de uso o no de un tercero debe ceder ante un régimen prevalente, especial que se impone sobre cualquier percepción de régimen privado.

XII.- Ahora bien, el régimen del subsuelo arriba tratado no debe dejar de lado el aspecto de la valoración de potenciales daños que puedan ocasionarse al titular de la superficie como consecuencia del uso y aprovechamiento del subsuelo, sea por obras públicas o bien, por actividades privadas que posean las habilitaciones administrativas pertinentes. En estas hipótesis, cuando el desarrollo de esas obras o actividades generen daños en la superficie del terreno, a tono con lo regulado por el numeral 196 de la Ley General de la Administración o bien, del 1045 del Código Civil, según sea el caso. Sería el caso de excavaciones que desestabilicen la propiedad o genere hundimientos, vibraciones que dañen estructuras ya construidas, caídas de árboles o especies forestales entre otras manifestaciones. En éstos, el daño ha de ser acreditado por quien lo reclama, aportando los elementos de convicción que permitan demostrarlo, sin perjuicio de las probanzas técnicas y fases de reconocimiento en sitio que son previsibles para aproximar al juzgador a la realidad de la fatispecie debatida. Por otra parte, ya se ha indicado que cuando se impongan servidumbres o limitaciones administrativas que imposibiliten el uso pleno del derecho de propiedad de modo que de desfuncionalice ese dominio, surge el derecho a ser expropiado. En la particularidad del presente asunto, las accionantes aducen que el trazado del túnel por debajo de sus propiedades, por un lado les ha ocasionado una merma en su derecho de dominio. Incluso en la fase de conclusiones, el apoderado especial judicial de Cascadas del Toro S.A., refirió, que el tema se hubiera solucionado si en las negociaciones conciliatorias el ICE hubiera aceptado la entrega del material obtenido de la excavación del túnel, dejando entender que se invadió su propiedad, privándole del aprovechamiento de esos materiales. A tono con lo expuesto arriba, es criterio de este Tribunal, no se ha generado las lesiones reclamadas por los accionantes. En efecto, en cuanto a la titularidad de los materiales extraidos, según se ha expuesto, las excavaciones para la construcción del túnel que forma parte del Proyecto Hidroeléctrico Toro 3, se realizaron en un trayecto que discurre por el subsuelo localizado debajo de la propiedad de los accionantes, así como del Parque Nacional Juan Castro Blanco. Como punto de partida debe desecharse, como se ha expuesto arriba, toda presunción o afirmación de que el titular de la superficie sea de manera irrestricta e ilimitada, propietario del subsuelo. La precisión pese a lo reiterado es necesaria: será dueño de aquello que por accesión se haya construido en ese espacio, previo acatamiento de las normas de construcción y de ordenación urbanística y acorde a su interés razonable concretado en la posibilidad real de uso. En el caso específico, las fincas de los promoventes se localizan en sector de naturaleza rural, y no se ha aportado a los autos probanza o alegación alguna que permita establecer la concurrencia de un interés de aprovechamiento en el espacio de subsuelo dentro del cual se construyó el túnel. No han aportado los accionantes elementos de convicción que permita establecer la posibilidad real de uso de ese espacio, sin que sea posible en ese aspecto alegar una suerte de presunción iuris tantum que genere un derecho a su favor. Ello implica que para el desarrollo de la obra cuestionada no era necesario la existencia de servidumbres de paso subterráneo o figuras similares para que los propietarios de la superficie dieran visto bueno para las excavaciones citadas. Los promoventes no cuentan con título privativo de explotación de ese espacio de subsuelo ni en general, de título habilitante que les conceda de manera total o provisional un derecho oponible a terceros, incluidas las administraciones demandadas, de manera tal que para poder explotar el subsuelo, requirieran de esa anuencia de los titulares del dominio superficial. Cabe reiterar, aún de considerar que la propiedad del subsuelo es del titular del suelo, no cabría un derecho de negarse a desarrollos de interés público. No obstante, el tratamiento doctrinario que respalda esa postura no es compartido por esta Cámara, por las razones ya explicitadas. Por el contrario, al no haberse acreditado la existencia del interés razonable, el subsuelo utilizado no puede ni debe considerarse patrimonio de los accionantes, y sobre este espacio, no poseen derecho alguno, excepción hecha de las perturbaciones que en su propiedad inmobiliaria (que no incluye el subsuelo en los términos dichos) puedan llevar a crear derechos de corte indemnizatorio. Se trataría por ende de un espacio cuya titularidad no es privada, sino, en todo caso, pública, sobre la cual, los desarrollos públicos o privados deben contar con las habilitaciones administrativas de rigor, en acato y resguardo de las variables de construcción, ambientales y según sea el caso, urbanísticas. Sin embargo, del análisis objetivo de los autos y de la profundidad a la que se han realizado las obras en ese trayecto, dentro de un marco de análisis de razonabilidad y proporcionalidad, no permite suponer que esas excavaciones hayan generado una lesión en la parte del subsuelo que los demandantes podrían alegar como parte de su interés razonable de provechamiento. Con independencia de la profundidad de excavación, que no es uniforme en todos los espacios, lo cierto del caso es que los actores no muestran como esas obras invaden el espacio en que pudieron haber aprovechado su propiedad o se encuentren aprovechándolo. Por otra parte, tampoco se ofrece prueba alguna sobre probables daños en el ámbito superficial del suelo. Se han expresado simples conjeturas no acuerpadas en acreditaciones de orden fáctico o técnico. En definitiva, no consta en autos que la construcción del túnel haya producido una lesión a las propiedades de los accionantes. No se alega inestabilidad del terreno ni perjuicio similar. Con todo, es claro que en la dinámica de este tipo de obras, la detección de ese tipo de lesiones materiales no siempre se genera de manera inmediata. En ocasiones, de darse afectaciones (las que no tiene por acreditadas esta cámara en este momento), se manifiestan con posterioridad. Por tal razón, es evidente que de producirse, los alcances de este fallo no alcanzarían el examen de dichos aspectos, quedando abierta la vía para su reclamo.

XI II .- SOBRE ACTUACIONES MATERIALES RELACIONADAS CON EL DEMANIO PÚBLICO. Se acusan una serie de actuaciones como ilegítimas relacionadas con los requerimientos exigidos por la legislación ambiental o con eventuales afectaciones del demanio público, a cuyo examen se ingresa. Sobre ocupación del Río Toro. En general, los reclamos de actuaciones ilegítimas que plantean los actores en este punto versan sobre la ocupación indebida del lecho del Río Toro para levantar un dique y achicar su cauce, para luego desviar las aguas del desfogue de la Planta del PHT2 y de la Quebrada Latas para construir una terraza sobre la cual excavaron la toma principal del PHT3. En el presente proceso, se ha tenido por acreditado que las aguas de la Quebrada Latas fueron desviadas y direccionadas al desfogue del PHT2 y de ahí, a la toma principal del PHT3. Al efecto, el oficio AT-514-2011, de 4 de abril de 20011, emitido por la Dirección de Aguas del MINAET señala que el PHT3 capta las aguas de desfogue del aprovechamiento hidroeléctrico existente desde hace varios años denominado PHT2. Por otra parte, en el oficio ACAHN-DAP-64, de 18 de agosto de 2009, se incluyen fotografías que muestran el cauce en forma natural del Río Toro y la Quebrada Latas antes de realizar las obras para la generación hidroeléctrica en los proyectos que se ejecutan en la actualidad así como los cambios en el cauce producto de las obras que se ejecutan entre las que señalan el desvío de la Quebrada Latas ( que antes desembocaba directamente en el Río Toro) (folios 337 a 343 del expediente judicial) y el oficio IMN-DA-2431-2009, de 4 de agosto de 2009, en el que se establece que se trata de un aprovechamiento en cascada y que se han efectuado modificaciones al cauce de la Quebrada Latas (folios 344 y 345 del expediente judicial). Finalmente, lo observado por este Tribunal durante el reconocimiento judicial, permite confirmar el desvío del cauce a que hacen referencia los oficios citados. Un segundo reclamo se direcciona al lugar donde fue construida la toma principal del PHT3. Los accionantes sostienen que fue en el cauce del Río Toro, mientras que los demandandos insisten en que fue dentro de un inmueble propiedad del ICE inscrit o en el Registro Nacional matrícula No. 2-007077-00, plano Placa28116. Al respecto, estima este órgano colegiado que la prueba técnica recabada no demuestra, con la contundencia debida, que la toma o el pozo principal del PHT se ubique en la propiedad de ICE citada. El plano catastrado no es elemento suficiente para llegar a esa conclusión. Éste describe los linderos dentro de los cuales se ubica el citado inmueble, más no identifica la toma principal dentro de éste. Precisamente por ello se acudió a un perito topógrafo para que estableciera, con tecnología GPS, la ubicación exacta del pozo o toma principal del Proyecto Hidroeléctrico Toro 3 y determinara, con relación a este punto, donde quedan los linderos más cercanos de la finca inscrita en el Registro Público, Partido de Alajuela No. 007077-000, plano catastrado A-16326-74, propiedad del ICE (folios 31, 877 a 879 del expediente judicial). Conforme a la pericia rendida, "el pozo o túnel se localiza en e l cauce del Río Toro" (folio 966 del expediente judicial). Esa pericia es coincidente con lo que señalaron en su momento los informes de regencia ambiental, específicamente el No. 1, según el cual la toma principal está en el cauce activo del Río Toro y las obras se limitan a ese cauce (prueba documental aportada por el ICE anexo 7). Ahora bien, durante la audiencia única los accionados cuestionaron la pericia realizada por el topógrafo fundamentalmente porque no hubo un recorrido completo de los linderos de la propiedad, no se fundamentó técnicamente la posición del vértice 1, la metodología y el equipo utilizado por el experto y que el dictamen no se pronunció sobre todos los extremos solicitados por el Tribunal. En efecto, es criterio de este órgano colegiado que si bien la prueba pericial topográfica ubica la toma principal, es omisa en indicar donde quedan los linderos más cercanos de la finca inscrita en el Registro Público, Partido de Alajuela No. 007077-000, plano catastrado A-16326-74, propiedad del ICE. Tampoco el ICE aportó prueba técnica que permitiera afirmar con contundencia que esa toma estuviera dentro de la propiedad del ICE. Ahora bien, es criterio de este Tribunal que existen elementos demostrativos que permiten afirmar que el pozo o toma principal del PHT3 fue construido en lo que, en su momento, era el cauce natural del río Toro. En el oficio ACAHN-DAP-64, de 18 de agosto de 2009, se adjuntan fotografías que muestran el cauce en forma natural del Río Toro y la Quebrada Latas antes de realizar las obras para la generación hidroeléctrica en los proyectos que se ejecutan en la actualidad así como los cambios en el cauce producto de las obras que se ejecutan entre las que señalan el desvío de la Quebrada Latas (folios 337 a 343 del expediente judicial), lo que coincide también con el informe de regencia ambiental. El oficio ACAHN-DAP-64 indica claramente que en su punto 2 que "(...) En donde si se ven alteraciones es en la construcción de las obras realizadas, ya que se encuentran construidas dentro del cauce o dominio fluvial de ambos cursos de los ríos citados, son obras realizadas para concretar dichas tomas tal y como lo muestran las fotos anteriores, para lo cual deben existir los permisos respectivos según la ley, y la aprobación respectiva de Nombre3456 (...)" (folios 342 del expediente judicial). Tanto el informe de regencia ambiental como el citado oficio muestran información histórica que permite visualizar el cauce antes de los desvíos y de la construcción de la toma, y permiten concluir que ese pozo fue construido en lo que fue en su momento el cauce natural del Río Toro y la Quebrada Latas. Ello no se modifica en virtud de lo que señala el oficio DA-1515-2011, de 8 de abril de 2011, la Dirección de Agua del MINAET que adjunta el oficio AT-514-2011, en el que se señala que el "(...) túnel inicia en la margen derecha del Río Toro, fuera del cauce del dominio público, cuya definición es dada por el artículo 69 de la Ley de Aguas vigente (...)". Indica, además que "(...) Lo que en el peritaje judicial llama pozo o toma se refiere a a la parte vertical del túnel desde la superficie hasta el punto subterráneo en que el túnel continúa horizontalmente rumbo a la casa de máquinas Nombre142904 . Este "pozo" o túnel vertical tiene su boca superficial, como se mencionó, fuera del punto que cubren las aguas del río, en sus crecidas ordinarias y es el punto donde se capta el desfogue del Toro II para enviar el agua hacia el Toro III. De conformidad con la Ley Forestal, las corrientes tiene una zona de protección, cuya vigilancia está a cargo del SINAC, pero no deben confundirse dichas áreas con lo que se denomina cauce de un río, que es la competencia de esta Dirección y el tema de este informe. (...) En las fotografías que se muestran en las páginas 12 a 14 del Peritaje Judicial se observa que la boca del túnel en la superficie se encuentra fuera del cauce del río. Por ejemplo, la No. 3 muestra en la izquierda, el talud y el río al fondo, mientas que hacia la parte superior central, la estructura redonda en discusión, que a todas luces está fuera del cauce y a un nivel, varios metros superior de la corriente. (...) Finalmente, en la "Conclusión" del mencionado Peritaje se indica que la toma se localiza dentro del cauce natural del Río Toro, situación que, de ser así, impediría que se pudiera construir, pues las aguas caudalosas del río lo impediría (...)". El oficio citado llega a esa conclusión en virtud de las condiciones actuales, cuando ya el pozo principal se encuentra prácticamente concluido, siendo que el lugar donde se ubica no se corresponde , actualmente, con la definición legal de cauce que establece el artículo 69 de la Ley No. 276, de 27 de agosto de 1942, Ley de Aguas. Evidentemente, en virtud del desvío de los cauces referidos, al día de hoy, la toma principal no se encuentra en un terreno que sea cubierto por las aguas en las mayores crecidas ordinarias. Más no se desvirtúa el hecho que al momento de su construcción, si lo fuera. Por ello , con base en las probanzas citadas y el Principio Pro Natura, se concluye que el lugar donde se construyó la toma principal es dominio público. No se comparte el argumento del Estado de que fue construido en zona de protección porque tendría como base que la obra se realizó en propiedad del ICE, lo que no fue acreditado. Finalmente, los actores reclaman que esa ocupación lo fue sin concesión y sin imponer las servidumbres legales correspondientes. Respecto al primer aspecto , señalan los accionados que por Decreto Ley No. 449 el ICE goza de una concesión legal para el aprovechamiento de las aguas, situación que el Estado respalda en virtud de lo establecido en los artículos 1, 2 y 14 del citado Decreto Ley. Sin embargo este Tribunal no comparte la tesis expuesta por las siguientes razones. De conformidad con el artículo 1 de la Ley No. 276 citada, las aguas de los ríos y sus afluentes directos o indirectos, arroyos o manantiales desde el punto en que broten las primeras aguas permanentes hasta su desembocadura en el mar o lagos, lagunas o esteros, son de dominio público. De conformidad con el ordinal 17 de la citada ley, su aprovechamiento requiere de una concesión. Indica esa norma que "Es necesaria autorización para el aprovechamiento de las aguas públicas, especialmente dedicadas a empresas de interés público o privado. Esa autorización la concederá el Ministerio del Ambiente y Energía en la forma que se prescribe en la presente ley, institución a la cual corresponde disponer y resolver sobre el dominio, aprovechamiento, utilización, gobierno o vigilancia sobre las aguas de dominio público, conforme a la ley Nº 258 de 18 de agosto de 1941. " Por su parte, el párrafo 3 del artículo 18 de la citada ley señala que "Los derechos que para el aprovechamiento de las aguas señalen leyes especiales, tendrán el carácter de concesiones, pero deberán ser inscritos en el respectivo Registro de Concesiones.". Ahora bien, el artículo 1 del Decreto Ley No. 449 crea al ICE y le encomienda "el desarrollo racional de las fuentes productoras de energía física que la Nación posee, en especial los recursos hidráulicos. La responsabilidad fundamental del Instituto, ante los costarricenses será encauzar el aprovechamiento de la energía hidroeléctrica con el fin de fortalecer la economía nacional y promover el mayor bienestar del pueblo de Costa Rica.". A diferencia de lo que sostienen los demandados y el Estado, una interpretación literal de la norma indicada no permite concluir que se esté otorgando un derecho de aprovechamiento de las aguas públicas a favor. La norma lo que crea son potestades (poderes-deberes) en favor del ICE: encauzar el aprovechamiento de la energía hidroeléctrica con el fin de fortalecer la economía nacional y promover el mayor bienestar de los habitantes del país; situación que no conlleva persé un derecho de aprovechamiento de las aguas. Por el contrario, una interpretación integral del Decreto Ley No. 449 en relación con el ordenamiento jurídico, en especial, de las normas que protegen el recurso hídrico y regulan la prestación de los servicios públicos, permiten concluir que esa potestad debe ejercerse dentro de los límites que el propio ordenamiento dispone, siendo uno de ellos la concesión de aprovechamiento de aguas públicas. El artículo 2 del Decreto Ley señala que esa institución debe procurar la utilización racional de los recursos naturales, evitando una explotación destructiva y desperdiciada de los mismos. Asimismo, se le encomienda conservar y defender los recursos hidráulicos del país, protegiendo las cuencas, las fuentes y los cauces de los ríos y corrientes de agua. Finalmente, el artículo 16 de la misma norma expresamente hace referencia a solicitudes de concesión de aprovechamientos de agua. En efecto, se indica que el capital del ICE estará constituido, entre otros, por los recursos hidráulicos de la Nación que hayan sido o que sean declarados Reserva Nacional. Pero además se señala que "En el caso de solicitudes de concesión para aprovechamientos hidráulicos mayores de quinientos caballos de fuerza, el Instituto podrá ejercer un derecho de prioridad, previa demostración al Servicio Nacional de Electricidad, en el término de un año, de que procederá a desarrollar el sitio de que se trate dentro de los cinco años siguientes a la presentación de la demostración aludida". De la norma citada se extrae que debe solicitarse la concesión en este tipo de aprovechamientos. Así, una correcta hermenéutica del Decreto Ley No. 449 no puede llevarnos a afirmar que -como pretenden los demandados y el Estado- existe una concesión legal para aprovechamiento de las aguas en la construcción de proyectos hidroeléctricos que implique la desaplicación de la normas legales que imponen condiciones al efecto, menos aún que se exima al ICE de solicitar la concesión respectiva. Para una adecuada protección del recurso hídrico en este tipo de proyectos es necesario que los desarrolladores, en este caso el ICE y la JASEC, se sometan a toda la normativa de tutela del ambiente y recursos naturales, lo que implica que se solicite y apruebe una concesión de aprovechamiento de aguas en su favor. El que el aprovechamiento lo lleve a cabo una institución de derecho público no lo exime del cumplimiento de esa obligación. Nótese que el propio ordinal 17 de la Ley de Aguas señala que esa autorización para el aprovechamiento de las aguas públicas es necesaria especialmente dedicadas a empresas de interés público o privado; exceptuando únicamente las aguas potables destinadas a la construcción de cañerías para poblaciones, situación que evidentemente no se presenta en el caso concreto. Se insiste que tampoco se otorga un derecho de aprovechamiento a modo de concesión legal como se pretende hacer ver. Más aún, si lo que se pretendía era la aplicación de la excepción que contempla el numeral 18 (que en la especie no se configura conforme se ha explicado), lo cierto es que el ICE tampoco demostró que la supuesta concesión legal se encontrara inscrita, condición de eficacia que la norma exige. Por demás, no se trata de un requisito antojadizo. De conformidad con la Constitución Política, Ley de Aguas y Ley Orgánica del Ambiente, las aguas y los cauces son bienes inalienables sobre los cuales el Estado no pierde su dominio. En virtud del destino natural y social del agua, el Estado se encuentra obligado a priorizar el uso para abastecimiento y consumo de poblaciones sobre cualquier otro posible, y deberá garantizar su existencia y velar por su eficiente manejo y precio justo. Desde esta perspectiva, los interesados en el uso y aprovechamiento del recurso hídrico deben garantizar satisfacción de la demanda actual y futura para las poblaciones. Por ello, sobre las aguas sólo se obtienen derechos temporales de aprovechamiento otorgados por medio de una concesión, que permite garantizar que esas aguas que se usarán, por ejemplo para el desarrollo hidroeléctrico, no agotar á n las posibilidades del recurso para el consumo. Por ello, todos los usuarios públicos y privados, excepto el I nstituto Costarricense de A cueductos y A lcantarillados (Convenio de Colaboración y Coordinación Interinstitucional en la Administración de las Aguas del País Alcance #6, La Gaceta No 60 de 1985), deben obtener una concesión para utilizar el agua. Esto supone que, incluso en el caso de la generación hidroeléctrica, deberán los entes públicos que la desarrollen, solicitar la respectiva concesión de aprovechamiento ante el Departamento de Aguas del MINAET. No ignora este Tribunal la necesidad de desarrollar y ejecutar proyectos hidroeléctricos que faciliten el cumplimiento de los fines encomendados tanto al ICE como a la JASEC. Sin duda este tipo de actividad es de interés público, sin embargo, los fines legales que persiguen no pueden ser logrados al margen de las regulaciones y condiciones establecidas por normas legales. Conforme a lo explicado, se descarta que las entidades públicas demandadas cuent en con un derecho de aprovechamiento de las aguas legal que le exima de solicitar la concesión respectiva en el caso del desarrollo de proyectos hidroeléctricos. Asimismo, las probanzas demuestran que el PHT3 fue construido sin contar con la citada concesión. No obstante lo expuesto, no puede considerarse que la ausencia de ese acto autorizatorio convierta esa actuación material en constitutiva de la vía de hecho. Se insiste, había normas y actos habilitantes de la actuación y lo cierto es que el proyecto está prácticamente concluido, y en ese tanto, el interés general, se encuentra, en principio satisfecho. No obstante, debe advertirse al ICE y a la JASEC que, en el futuro, previo al desarrollo o ejecución otros proyectos hidroeléctricos deberá n obtener la respectiva concesión de aprovechamiento de aguas que hace referencia el artículo 17 de la Ley de Aguas. En lo atinente al PHT3, se ordena a l Tribunal Ambiental Administrativo realizar una inspección y estudio para determin ar si el aprovechamiento en cuestión ocasionó daños, siendo que en caso afirmativo deberá n las demandadas estarse a lo se disponga. Sobre el trayecto del túnel del PHT3 en el subsuelo del Parque Nacional Juan Castro Blanco. En general, recriminan los accionantes que la excavación del PHT3 se internó en el Parque Nacional del Agua Juan Castro Blanco por lo que el túnel de dicho proyecto atraviesa el citado parque nacional ocupando un área aproximada de 750 metros sin que el Estudio de Impacto Ambiental hubiera contemplado ese trazado del túnel y sin que exista autorización del MINAET para la utilización del subsuelo. En este sentido debe señalarse lo siguiente. La Ley No. 7297, de 22 de abril de 1992 declaró Parque Nacional el territorio comprendido como Zona Protectora Juan Castro Blanco, en la Provincia de Alajuela, según delimitaciones establecidas por el Instituto Geográfico Nacional y por el Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas, denominándolo Parque Nacional del Agua. Posteriormente, en virtud de la importancia hidrológica, de tratarse un área de bosque primario y de gran valor ambiental, mediante Decreto Ejecutivo No. 22669, de 2 de noviembre de 1993 se modificaron parcialmente sus límites a efectos de proteger la capacidad de uso de esas tierras. Por otra parte, el artículo 2 de la citada Ley No. 7297 señala que los terrenos privados y de aptitud forestal, comprendidos en la delimitación del Parque, serán susceptibles de expropiación y se considerarán parte del Parque Nacional del Agua Juan Castro Blanco, hasta que sean adquiridos por el Estado, por compra, mediante donaciones o por expropiaciones. Mientras tanto, los propietarios gozarán del ejercicio pleno de todos los atributos de dominio. En igual sentido se expresan los ordinales 3, 4, y 5 del decreto también mencionado. Teniendo claro estas particularidades de la superficie y terrenos que componen el Parque Nacional del Agua, es menester señalar que, en el presente proceso ha quedado acreditado que en efecto el túnel del PHT3 atraviesa en un trayecto aproximado de 900 metros el subsuelo del citado parque nacional. Primero, porque ha sido un hecho que los demandados no han rebatido, pero que además está sustentado en distintas probanzas que constan en el expediente, entre ellas el oficio ACAHNP-AP-045, de 12 de mayo de 2010, susc r ito por el Director de Áreas Protegidas del Área de Conservación Arenal Huetar Norte (folio 459 del expediente judicial), y el peritaje rendido por el topógrafo Nombre12891 quien concluyó que el túnel atraviesa parte del subsuelo del parque en una distancia aproximada a los mil metros (folios 966 a 968 del expediente judicial). Ahora bien, si bien no cabe duda a este Tribunal que el túnel se excavó y atraviesa terrenos que están dentro de los límites del parque nacional indicado, lo cierto es que en el oficio ACAHNP-AP-045 supra citado se señaló también que "(...) la superficie del trayecto de los 900 metros por donde pasa el túnel del proyecto Hidroeléctrico del ICE Toro III, dentro de los limite (sic) del ley del PNAJCB, NO ha sido pagada o sometida a ningún trámite de expropiación legal, que para tal efecto pase a formar parte del Patrimonio Natural del Estado (...)". Lo transcrito permite concluir, en atención a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley No 7297, que los terrenos por los cuales atraviesa el túnel no constituyen aún, dominio público, pues su plena incorporación se sujeta a los procedimientos dichos, que en la especie no se han llevado a cabo. No obstante, es innegable que son bienes que han recibido una tutela especial en virtud de la capacidad de uso de esas tierras y que su incorporación al Patrimonio Natural del Estado es inminente, razón por la cual , por el interés razonable potencial, el subsuelo del Parque Nacional que es atravesado por el PHT3 es propiedad del Estado. En este punto, interesa recalcar que conforme al oficio ACAHN-DAP-064, del 18 de agosto de 2009, no existe solicitud de concesión, autorización o permiso para utilizar el subsuelo del Parque Nacional del Agua Juan Castro Blanco para la construcción de un túnel. Por la naturaleza especial y la función que cumplen este tipo de bienes, es criterio de este órgano colegiado que el ICE y JASEC debieron solicitar al MINAET, al menos, una autorización para atravesar con el túnel la superficie de estos bienes que, se insiste cuentan con una protección especial. Si bien ese incumplimiento tampoco se constituye en una vía de hecho, por las mismas razones ya explicadas supra, de conformidad con el artículo 99 de Ley Orgánica del Ambiente, se advierte al ICE y la JASEC que, en el futuro cuando en virtud de la ejecución de proyectos hidroeléctricos se requiera atravesar el subsuelo de un bien público deberá solicitar la autorización correspondiente del MINAET. Asimismo, cuando requiera atravesar el subsuelo de un bien que tenga una protección especial deberá comunicarlo a la administración respectiva con el fin de esclarecer la prioridad de los intereses en juego. Se recrimina también que el Estudio de Impacto Ambiental no incluyó el trazado del túnel que atraviesa el mencionado parque nacional. En este sentido, se ha tenido por acreditado que en la viabilidad ambiental otorgada al PHT3 mediante Resolución No. 650-2006-SETENA, de las 10 horas 15 minutos del 4 de abril de 2006 no se indicó expresamente que el trazado del túnel del referido proyecto pasara por el Parque N acional Juan Castro Blanco. Así , incluso lo confirman los oficios SG-DEA-898-2009, de 189 de mayo de 2009 y el SG-DEA-1088-2011, de 5 de abril, ambos emitidos por la Secretaria Técnica Nacional Ambiental (SETENA). Ha sido alegado por los accionados y así se justifica también en los oficios mencionados que pese a que no fue incluido en la viabilidad ambiental indicada ese aspecto si fue contemplado en el proceso de evaluación ambiental, llevado a cabo por el equipo interdisciplinario de la SETENA. Señala el oficio SG-DEA-1088-2011 citado que "(...) Específicamente en la pág. 27 en el punto 2.5.2. "Alternativas en el trazado del túnel ". Las implicaciones fueron contempladas "cuando se iniciaron los estudios ambientales y se identificó que ese trazado podría tener algunas limitaciones, por lo que se decidió replantear el trazado del túnel de tal manera que este (sic) no utilice el subsuelo en la zona del parque" Esto no trajo implicaciones toda vez que el trazado del túnel fue mejorado y propició la protección del ambiente, esto mediante una valoración previa de impactos e identificación de impactos (magnitud) que llevaron a tomar la decisión correcta.(...)". No obstante este Tribunal no comparte esas justificaciones: por la naturaleza e importancia de los EIA, ese instrumento debió contemplar en forma específica el trazado del túnel por el Parque Nacional y ese es un aspecto que no puede inferirse o presumirse. Por ello, si bien en la fase de conclusiones la representación estatal expresó que luego de las averiguaciones del caso se ha determinado, al menos del informe ACAHN-DAP-64 ya citado que no se visualizaban en el espacio delimitado por el trayecto del túnel dentro del referido Parque Nacional, es criterio de este cuerpo colegiado, dada la demanialidad del citado parque y considerando que no existe una medición técnica diáfana sobre tal aspecto, lo debido es que la Administración Ambiental, en concreto al Tribunal Ambiental Administrativo realice un análisis técnico que permita determinar si la construcción del túnel del proyecto hidroeléctrico Toro 3, en el trayecto que atraviesa la propiedad del citado espacio público, ha generado alguna incidencia en el Parque. En caso de que el resultado determine afectaciones, deberá aportarse detalle de en qué consiste y una posible cuantificación de ese daño así como de medidas correctivos que resulten de mérito. Sobre la extracción de materiales del subsuelo en que se construyó el túnel del PHT3. Se acusa también que el ICE extrajo materiales del subsuelo, potencialmente valiosos, sin concesión para ello, que los depositó en escombreras y posteriormente los usó en los caminos y terraza natural en que se ubica el pozo principal, así como para darle mantenimiento a un vado construido sobre el Río Toro. Al efecto, conviene reiterar que, conforme a los artículos 1 2 1 inciso 14) de la Constitución Política y el 1 del Código de Minería, los recursos minerales que existen en el territorio nacional y el mar patrimonial, independientemente de su origen, estado físico o naturaleza de las sustancias que lo componen, son de dominio público y para su explotación se requiere de una concesión minera. En el presente asunto se ha tenido por acreditado que durante la excavación del túnel el ICE extrajo materiales del subsuelo que está por debajo de las fincas por las cuales se prolonga el túnel (hecho aceptado por los accionados en la contestación de la demanda y durante la audiencia única, boletas de control contenidas en el Anexo 5 .b Volumen 2, informe rendido por perito geólogo). También, que los materiales extraídos del subsuelo por el cual se prolongó el túnel fueron depositados, en su mayoría, en dos escombreras. Una de ellas se ubica en una finca que es propiedad de Nombre142899 y la otra en una propiedad de los hermanos Nombre142900 (hecho no controvertido, aceptación a folios 672 al 674 del expediente judicial, Estudio de Impacto Ambiental, testimonio de ingenieros Nombre142901 y Nombre142902 ). Asimismo, que en la escombrera ubicada en la finca de Nombre142899 están depositados materiales que provienen de la excavación del pozo y túnel del PHT3, de los derrumbes del camino de acceso ocurridos con el terremoto de Cinchona y de derrumbes en el área de casa de máquinas del proyecto Toro II, ocurridos con el terremoto de Cinchona (Informe del Geólogo Roberto Protti, aportado por los actores y visible de folio 114 a 166 del expediente judicial, informe pericial del Geólogo Manuel Gómez Bonilla, visible de 1010 a 1021 del expediente judicial), y que son materiales ( al menos los extraidos del pozo principal) que tienen un uso potencial en obras civiles, comerciales o industriales (declaraciones del perito geólogo y del testigo Nombre142903 ). Es criterio de este Tribunal que la aplicación de Decreto No. 33959 Considerando 5, hubiese sido conforme a derecho si todo el material extraído y depositado en las escombreras fuera escombro. Pero quedó demostrado que no fue así y que parte de esos materiales son minerales con un alto valor potencial para la construcción de obras civiles y comerciales . Se trata de materiales y minerales que pertenecen al Estado, cuya extracción y aprovechamiento requería de concesión, la cual se extraña en el caso concreto. Además, se acreditó que una vez que concluya el PHT3 se dejará de arrendar los inmuebles que funcionan como escombreras y los materiales ahí depositados se quedaran en esas fincas (declaración del testigo perito Nombre142902 ), situación que es contraria a derecho, porque se insiste, son materiales que pertenecen al Estado, independientemente de la titularidad de la propiedad donde se encuentren inmersos. Si bien estos incumplimientos no constituyen actuaciones constitutivas de la vía de hecho, debe advertirse al ICE y a JASEC, si va a disponer de materiales extraidos de las excavaciones que no constituyan escombro y que cuenten con un potencial valor industrial o comercial, deberá solicitar la correspondiente concesión de conformidad con el Código de Minería, Ley Orgánica del Ambiente y Ley Forestal. Por otra parte, los demandados sostienen que parte del material extraído se utilizó en el mantenimiento del vado. Sin embargo, debe señalarse que las cantidades que se indican en las probanzas documentales que constan en el expediente (Anexo 5 b) volumen 2 de la prueba documental aportada por el ICE) no son consistentes con lo declarado por los funcionarios del ICE durante la audiencia única, lo que impide que este Tribunal tenga certeza de la cantidad de material con potencial valor industrial o comercial fue extraído de la excavación, y cuyo destino resulta desconocido. No obstante, en el caso particular del vado, aún considerando que material utilizado fuera mínimo y fueran en realidad escombros ( testimonio de Nombre142903 ), lo cierto es que la actuación del ICE no se ajusta a lo establecido en el artículo 5 del Decreto No. 33959 ya indicado que señala que "Bajo ninguna circunstancia será permitido que los escombros del movimiento de tierras sean arrojados a cuerpos de agua naturales o artificiales, o en valles o laderas de cauces de agua en donde exista la posibilidad de que el material llegue al cuerpo de agua por acarreo debido a procesos de erosión. Tampoco será permitido que se dispongan sobre áreas cubiertas de vegetación, aunque se trate de un relleno de talud o escombrera, o en su defecto a terrenos de laderas geológicamente inestables. La realización de estas acciones será considerada como un daño al ambiente y sancionada conforme establece el artículo 99 de la Ley Orgánica del Ambiente”. Por ende, es necesario advertir al ICE y a la JASEC que no puede n usar el material extraído ni escombros para construir o mantener vados. En el caso concreto, como si lo hizo, de conformidad con el artículo 99 de la Ley Orgánica del Ambiente deberá el Tribunal Ambiental Administrativo realizar los estudios técnicos ambientales que determinen cual fue el impacto ambiental ocasionado al Río Toro al depositar materiales extraídos del subsuelo en el vado ubicado en ese río y establecer las medidas para mitigarlo. Asimismo, deberá el ICE custodiar el material depositado en las escombreras sin que pueda retirarse o utilizarse para la construcción del PHT3 u otras obras civiles. Deberá el Estado a través de la instancia competente un análisis de la posibilidad de uso del material ahí depositado.

X IV .- SOBRE LA PRETENSIÓN DE CONDENA EN DAÑOS Y PERJUICIOS EN ABSTRACTO A LOS DEMANDADOS. Conforme fuera fijado durante la audiencia única por los accionantes, se solicita una condena en abstracto por el daño material y moral que la actuación de los demandados produjo en su esfera subjetiva. Estima este órgano colegiado que debe rechazarse este extremo petitorio por las razones que se exponen. En la dinámica de la indemnización de daños y perjuicios que se pretende exigir a las Administraciones Públicas, no cualquier daño da cabida al deber de reparación, sino solo aquel que sea efectivo, evaluable e individualizable. Así se desprende del numeral 196 de la Ley General de la Administración Pública. Lo anterior elimina del parámetro indemnizatorio las meras expectativas de derecho o las aspiraciones de lucro eventual, sustentadas en conjeturas, ergo, en situaciones inciertas. La efectividad del daño que se exige en este tipo de pretensiones evita la consideración de lesiones hipotéticas. eventuales o condicionadas. El daño indemnizable puede ser de diversos tipos, bien puede ser material, corporal, moral objetivo o moral subjetivo. Empero, en todo caso, la lesión, se insiste, debe contar con esas características como condicionante de su reparabilidad. En relación con el daño material, según se explico supra, ninguna de los demandantes demuestra la concurrencia de un interés de aprovechamiento en el espacio de subsuelo dentro del cual se construyó el túnel, ni la posibilidad real de uso de ese espacio, ni que se hubiese impedido el ejercicio de los atributos de su derecho de propiedad. Tampoco se ofrece prueba alguna sobre probables daños en el ámbito superficial del suelo. Se insiste que lo único que se ha expresado son simples conjeturas no acuerpadas en acreditaciones de orden fáctico o técnico. En definitiva, no consta en autos que la construcción del túnel haya producido una lesión a las propiedades de los accionantes. No se alega inestabilidad del terreno ni perjuicio similar, que a esta altura, permita a este Tribunal tener por acreditado detrimento alguno. En relación con los materiales extraidos del subsuelo, se reitera que éstos son bienes que le pertenecen al Estado, independientemente del titular de la superficie del inmueble de donde se extraigan, razón por la cual no podría reconocerse indemnización alguna. Se reclama también daño moral subjetivo. Ha señalado nuestra jurisprudencia que " .... El daño moral subjetivo se produce cuando se ha lesionado un derecho extrapatrimonial, sin repercutir en el patrimonio, suponiendo normalmente una perturbación injusta de las condiciones anímicas del individuo (disgusto, desánimo, desesperación, pérdida de satisfacción de vivir, etc., vg. el agravio contra el honor, la dignidad, la intimidad, el llamado daño a la vida en relación, aflicción por la muerte de un familiar o ser querido, etc.)...." (Sala Primera de la Corte, Sentencia No. 112-94., de las 14 horas 15 minutos del 15 de julio de 1994). En la especie, el actor Nombre80815 no acredita un nexo causal entre la actuación de las accionadas (sea la excavación del túnel) y el sufrimiento o des á nimo que , dice haber sufrido. Como consecuencia de no demostrar el nexo causal tampoco acredita la existencia de un daño real y efectivo, deber que resulta impostergable y constituye un presupuesto infranqueable para la procedencia de la reparación, como derivación de la carga dinámica de la prueba, (numerales 58, 82, 85 del Código Procesal Contencioso Administrativo, 317 del Código Procesal Civil). Respecto del daño moral subjetivo que reclaman las sociedades accionantes, debe también disponerse su rechazo. Sobre el daño moral de las personas jurídicas, la misma Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia No. 00752-F-2006 de las 13 horas 30 minutos del 5 de octubre de 2006, consideró: “...VI.- Persona jurídica y daño moral. El artículo 41 constitucional no distingue en cuanto a personas –físicas o jurídicas- como posibles víctimas de daños, en cualquiera de sus diferentes calificaciones. Esto supone que, aún cuando no es pacífico en la doctrina, desde la perspectiva constitucional es plausible que personas jurídicas puedan verse afectadas por padecimientos de orden moral, -sin que sea necesario, para el sub-lite, deslindar si ello ocurre sólo en supuestos de responsabilidad contractual, extracontractual, o en ambos-, claro está, aún cuando esos no necesariamente guardan consonancia con ciertas afectaciones extrapatrimoniales de las personas físicas. Así, el sufrimiento, el estrés, la angustia, o la depresión, entre otros, sólo pueden experimentarlos estas últimas, pero ello no mengua que ciertas afectaciones a personas otrora denominadas morales, que no califican ni como daño emergente, ni lucro cesante, puedan llegar a tener cabida bajo el cariz del daño moral. Puede pensarse, verbigracia, en el desprestigio de una marca en la percepción del consumidor, que sea imputable a un sujeto distinto a su titular (...) A ello debe añadirse que, según la jurisprudencia de esta Sala, el daño moral objetivo, por sus características, ha de ser probado no sólo respecto de su existencia, sino también de su cuantía, y aún cuando se sostenga –como ejercicio hipotético- que los extremos reclamados califican como tales, no existiría forma de calcularlos, en el tanto se echa de menos prueba en este sentido...”. Así, el daño moral que pueden reclamar estas entidades es el moral objetivo, y no el subjetivo, como reclaman las demandantes. En todo caso, se reitera que tampoco se demuestra afectaciones en la imagen y buen nombre de las sociedades ni los hechos pudieron haber originado tal detrimento . Así, no se acredita ni el nexo causal ni la existencia de un daño real y efectivo, deber que resulta impostergable y constituye un presupuesto infranqueable para la procedencia de la reparación, como derivación de la carga dinámica de la prueba, (numerales 58, 82, 85 del Código Procesal Contencioso Administrativo, 317 del Código Procesal Civil). No resulta de recibo el alegato de los actores en el sentido que la resolución No. 96-F-TC-09, dictada por el Tribunal de Casación de lo Contencioso Administración al conocer en alzada sobre la medida cautelar tuvo por probados los daños. Se infiere de ese voto que esa acreditación lo fue, como corresponde a la tutela cautelar, en grado de probabilidad, siendo el proceso de conocimiento el momento procesal oportuno para demostrar fehacientemente aquellos, lo que en la especie no ha sucedido. Si bien este Tribunal ha señalado que algunas actuaciones de las accionadas lo fueron al margen de normas que tutelan el demanio público, lo cierto es que éstas no se constituyen como puente causal de un detrimento en la esfera subjetiva de los demandantes. Es por ello que resulta improcedente el otorgamiento de la pretensión indemnizatoria, ni siquiera en abstracto.

X V .- SOBRE LAS EXCEPCIONES INTERPUESTAS-COROLARIO. En la especie, ambos demandados formularon las defensas previas de incompetencia, litispendencia y cosa juzgada, las cuales fueron rechazadas según fue explicado en los Resultandos de esta resolución. El ICE no formuló excepciones de fondo y la JASEC formuló únicamente la excepción de falta de legitimación pasiva. Así las cosas, resulta de rigor para este Tribunal analizar de oficio los presupuestos de fondo de toda sentencia, como lo son la legitimación ad causam activa y pasiva, el interés y el derecho. En ese sentido, para este Tribunal los actores cuenta con suficiente legitimación activa para participar en este proceso en tanto alegan que las actuaciones a través de las cuales las demandadas construyeron el túnel del PHT3 lesionan su derecho a la propiedad y al demanio público, alegaciones que suponen tutelan conforme al artículo 10 incisos 1 a), c) y d) del Código Procesal Contencioso Administrativo . Además, la acción se dirige correctamente contra el ICE y la JASEC en tanto autoras de las conductas que se recrimina, tal y como lo dispone el artículo 12 inciso 1) del citado Código Procesal. Por otra parte, el interés, se mantiene actual, toda vez que se requiere de una resolución jurisdiccional que resuelva sobre si las actuaciones que se acusan resultan o no constitutivas de la vía de hecho. Precisamente sobre este aspecto, este Tribunal debe concluir que: 1) E l ICE y la JASEC no incurrieron en las actuaciones constitutivas de la vía de hecho que se alegan porque actuaron amparadas a diferentes fuentes de derecho que van desde normas legales, decretos de utilidad pública y convenios de alianza refrendados por la C ontraloría G eneral de la R epública y el PHT3 se encuentra prácticamente concluido, satisfaciéndose el interés público encomendado. 2) No se demostró que la excavación del túnel del PHT3 por debajo de la superficie de la propiedad de los actores resulte disconforme sustancialmente con el ordenamiento jurídico ni que lesiona el derecho de propiedad de los actores ni el ejercicio de los atributos inherentes a aquel. 3) N o o bstante lo anterior , el examen de legalidad efectuado por este Tribunal permite detectar la existencia de algunos incumplimientos al Convenio de Alianza Empresarial suscrito entre las demandadas para el desarrollo del PHT3, así como respecto de las normativa constitucional y legal que regula y tutela los bienes del dominio públic o, que si bien no son constitutivos de la vía de hecho (en tanto existieron las potestades necesarias para su ejercicio, éstas fueron ejecutadas satisfaciendo el fin público encomendado y no hubo lesiones a la esfera subjetiva de los actores), no cabe duda que deben ser enmedados a efectos de que las entidades accionadas ajusten su conducta al ordenamiento jurídico, no incurran en ellas en el futuro y respondan, de ser necesario, por los daños que su accionar hubiere ocasionado al demanio público. 4) En relación con el referido convenio, no se observan incumplimientos o violación sistemática de las cláusulas 1.1, 4.1 y 6.1. Si bien la cláusula 2.2 no ha sido cumplida en su totalidad porque el fideicomiso no ha entrado en operación, tal incumplimiento no es relevante ni puede extinguir el convenio porque existe normativa legal que permitía a la alianza financiar con sus propios recursos la obra como en efecto ha sucedido. En todo caso, p ese al incumplimiento, el fin público se ha satisfecho. 5) En relación con las normativa constitucional y legal que regula y tutela los bienes del dominio públic o, se ordena al ICE y a JASEC lo siguiente: a) Que e n el futuro, previo al desarrollo o ejecución otros proyectos hidroeléctricos deberá obtener la respectiva concesión de aprovechamiento de aguas que hace referencia el artículo 17 de la Ley de Aguas. b) En lo atinente al PHT3, se ordena a l Tribunal Ambiental Administrativo realizar una inspección y estudio para determin ar si el aprovechamiento en cuestión ocasionó daños, siendo que en caso afirmativo deberá n las demandadas estarse a lo se disponga. c) Que en el futuro cuando en virtud de la ejecución de proyectos hidroeléctricos se requiera atravesar el subsuelo de un bien público o que tenga una protección especial deberá solicitar la autorización correspondiente del MINAET o de la administración respectiva . d) Deberá la Administración Ambiental, en concreto al Tribunal Ambiental Administrativo realizar un análisis técnico que permita determinar si la construcción del túnel del Proyecto Hidroeléctrico Toro 3, en el trayecto que atraviesa la propiedad del citado espacio público, ha generado alguna incidencia en el Parque. En caso de que el resultado determine afectaciones, deberá aportarse detalle de en qué consiste y una posible cuantificación de ese daño así como de medidas correctivos que resulten de mérito. e) No puede n usar material extraído ni escombros para construir o mantener vados. En el caso concreto, como si lo hizo, de conformidad con el artículo 99 de la Ley Orgánica del Ambiente deberá el Tribunal Ambiental Administrativo realizar los estudios técnicos ambientales que determinen cual fue el impacto ambiental ocasionado al Río Toro al depositar materiales extraídos del subsuelo en el vado ubicado en ese río y establecer las medidas para mitigarlo. f) Deberá el ICE custodiar el material depositado en las escombreras sin que pueda retirarse o utilizarse para la construcción del PHT3 u otras obras civiles. g) Deberá el Estado a través de la instancia competente un análisis de la posibilidad de uso del material ahí depositado.

XV I .- SOBRE EL MANTENIMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES. Con la finalidad de proteger el objeto de este proceso, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia actuando como Tribunal de Casación, en resolución No. 96-F-TC-2009, dictada a las 16 horas 25 minutos del 15 de mayo de 2009, dispuso una medida de contracautela mediante la cual “que a cargo del Instituto Costarricense de Electricidad y la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago, por medio de perito designado de la lista o registro oficial del Poder Judicial, se proceda en el plazo de dos meses, contados a partir del dictado de esta resolución, a realizar el avaluó de la totalidad de los inmuebles a que se refiere esta medida cautelar, propiedad de los aquí promoventes. Así mismo, deberán, el ICE y JASEC, dentro del mes siguiente de rendido el avalúo pericial ante el Tribunal Procesal Contencioso Administrativo, depositar en la cuenta bancaria de dicho órgano jurisdiccional, el monto fijado por el perito sobre el valor de los inmuebles, que fungirá como garantía de lo que en el proceso de cognición se resuelva en definitiva (…)" (folio 396 del expediente de medida cautelar y su ejecución). Asimismo, mediante auto de las 7 horas 19 minutos del 27 de noviembre de 2009, la Jueza Ejecutora tuvo por rendida la contracautela (folio 732 del expediente de medida cautelar y su ejecución). Los demandados solicitaron a este Tribunal revocar la contracautela ordenada, con fundamento en el artículo 29 del Código Procesal Contencioso Administrativo, lo que fue rechazado por este Tribunal en resolución dictada durante la audiencia única , al no evidenciarse circunstancias de hecho novedosas que hicieran necesario revocar la obligación pecuniaria impuesta. En ese mismo acto, este órgano colegiado dejó abierta la posibilidad de valorar un a sustitución de la garantía, ante lo cual el ICE y la JASEC aportan una nota de ofrecimiento de garant ía bancaria , por el mismo monto del dinero depositado. Dada la audiencia respectiva, los a ctores se oponen a tal modificación. En este sentido, es criterio de estos juzgadores que si la obligación impuesta por la Sala Primera lo fue para garantizar la eficacia de la sentencia ante una eventual condena, lo debido es mantener la obligación en los términos ordenados por el superior, hasta que esta resolución adqu ier a firmeza .

XV II .- SOBRE LAS COSTAS. El numeral 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo dispone que las costas procesales y personales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el solo hecho de serlo. La dispensa de esta condena solo es viable cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. En la especie , si bien el ICE y la JASEC no incurrieron en actuaciones constitutivas de la vía de hecho que ameriten ser declaradas o que lesionen la esfera subjetiva de los demandantes ocasionándoles un daño, lo cierto es que si se encontraron incumplimientos que lesionan la normativa que tutela del demanio público, imponiendo la necesidad de que esa conducta sea corregida. Es por ello que, se estima hay vencimiento recíproco que supone un motivo suficiente para litigar. A la luz del principio de tutela judicial efectiva, pilar de nuestro Estado de Derecho, no podría este Tribunal encontrar temeridad o mala fe en el ejercicio de los mecanismos procesales que el ordenamiento jurídico otorga a quienes pretenden la tutela de sus derechos y buscan el restablecimiento de una esfera subjetiva que estiman, ha sido lesionada por las entidades públicas. Finalmente, lo que se discute reviste complejidad, lo que permite a este Tribunal concluir que el proceso debe resolverse sin especial condena en costas.

POR TANTO

Se rechaza la excepción de falta de legitimación pasiva gestionada por JASEC . Se declara parcialmente con lugar la demanda en los siguientes términos , entendiéndose denegada en lo no concedido expresamente : 1) Se rechaza en su totalidad pretensión segunda por cuanto no se detectaron actuaciones materiales realizadas por el ICE y la JASEC en la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Toro 3 que resulten constitutivas de una vía de hecho ni ilegítimas. Tampoco se observa que las accionadas ha yan incumplido y violado sistemáticamente las obligaciones contractuales asumidas en el Convenio de Alianza Empresarial de 9 de marzo de 2006, en particular las derivadas de sus cláusulas 1.1, 2.2, 4.1 y 6.1. 2) Se rechaza en su totalidad pretensión tercera por cuanto no se observa violación sistemática del Convenio de Alianza Empresarial ni desacato a los términos del refrendo otorgado por la Contraloría General de la República mediante oficio 07238 de 6 de junio de 2006 . Tampoco se ha vaciado de contenido el referido contrat o y no existe motivo por el que deba extingui rse de pleno derecho . 3) Se rechaza en su totalidad pretensión cuarta por cuanto JASEC cuenta con competencia legal suficiente para intervenir en la construcción y operación del PHT3 que se construye en Venecia de San Carlos . 4) Se acoge parcialmente la quinta pretensión en cuanto a que el examen de legalidad efectuado por este Tribunal permite detectar la existencia de algunos incumplimientos respecto de las normativa constitucional y legal que regula y tutela los bienes del dominio públic o, que si bien no son constitutivas de la vía de hecho (en tanto existieron las potestades necesarias para su ejercicio, éstas fueron ejecutadas satisfaciendo el fin público encomendado y no hubo lesiones a la esfera subjetiva de los actores), deben ser enmedados a efectos de que las entidades accionadas ajusten su conducta al ordenamiento jurídico, no incurran en ellas en el futuro y responda, de ser necesario, por los daños que su accionar hubiere ocasionado al demanio público. En este sentido se ordena al ICE y a la JASEC: a) Que e n el futuro, previo al desarrollo o ejecución otros proyectos hidroeléctricos deberá obtener la respectiva concesión de aprovechamiento de aguas que hace referencia el artículo 17 de la Ley de Aguas. b) En lo atinente al PHT3, se ordena a l Tribunal Ambiental Administrativo o a la autoridad que resulte competente, realizar una inspección y estudio para determin ar si el aprovechamiento en cuestión ocasionó daños, siendo que en caso afirmativo deberá n las demandadas estarse a lo se disponga. c) Que en el futuro cuando en virtud de la ejecución de proyectos hidroeléctricos se requiera atravesar el subsuelo de un bien público o que tenga una protección especial deberá solicitar la autorización correspondiente del MINAET o de la administración respectiva . d) Deberá la Administración Ambiental, en concreto al Tribunal Ambiental Administrativo o a la autoridad que resulte competente, realizar un análisis técnico que permita determinar si la construcción del túnel del Proyecto Hidroeléctrico Toro 3, en el trayecto que atraviesa la propiedad del citado espacio público, ha generado alguna incidencia en el Parque. En caso de que el resultado determine afectaciones, deberá aportarse detalle de en qué consiste y una posible cuantificación de ese daño así como de medidas correctivos que resulten de mérito. e) No puede n usar material extraído ni escombros para construir o mantener vados. En el caso concreto, como si lo hizo, de conformidad con el artículo 99 de la Ley Orgánica del Ambiente deberá el Tribunal Ambiental Administrativo o la autoridad que resulte competente, realizar los estudios técnicos ambientales que determinen cual fue el impacto ambiental ocasionado al Río Toro al depositar materiales extraídos del subsuelo en el vado ubicado en ese río y establecer las medidas para mitigarlo. f) Deberá el ICE custodiar el material depositado en las escombreras sin que pueda retirarse o utilizarse para la construcción del PHT3 u otras obras civiles. g) Deberá el Estado a través de la instancia competente un análisis de la posibilidad de uso del material ahí depositado. 5) Se rechaza la pretensión quinta en cuanto a los incumplimientos señalados en el punto anterior no son actuaciones constitutivas de la vía de hecho y en cuanto a que las actuaciones del ICE y la JASEC a raíz de la excavación del túnel del PHT3 hubieren lesionado el ejercicio del derecho de propiedad de los actores o generan daños en su esfera subjetiva que deban ser resarcidos. 6) Se rechaza la pretensión sexta por cuanto no son ilegítimos ni absolutamente nulos todos los actos preparatorios y actuaciones formales conexas a la excavación de dicho túnel y a la construcción general de todas las obras del PHT3. 7) Se rechazan las pretensiones sétima y octava por cuanto la actuación de las demandadas no violentó ni limitó el derecho de propiedad de los actores, no habiendo tampoco daño alguno que deba resarcirse. 8) Se rechaza la solicitud de modificación de la medida de contracautela impuesta,manteniéndose ésta hasta la firmeza de este fallo. 9) Se resuelve este asunto sin especial condena en costas.

Cynthia Abarca Gómez José Roberto Garita Navarro Marianella Álvarez Molina PROCESO DE TRÁMITE PREFERENTE ACTOR (ES): Nombre80815 , ARCESQUIVEL S.R.L Y CASCADAS DEL TORO S.A.

DEMANDADOS: INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD Y JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO.

TERCERO INTERESADO: EL ESTADO.

Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

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Implementing decreesDecretos que afectan

    TopicsTemas

    • Environmental Procedure — Amparo, TAA, Administrative RemediesProcedimiento Ambiental — Amparo, TAA, Remedios Administrativos
    • Soil Conservation Law 7779Ley de Conservación de Suelos 7779

    Concept anchorsAnclajes conceptuales

    • Decreto Ley No. 449 Arts. 1, 2, 16
    • Ley No. 8345 Arts. 6, 7
    • Ley No. 8660 Arts. 8, 46
    • Ley de Aguas No. 276 Arts. 17, 18
    • Código de Minería No. 6797 Art. 1
    • Código Civil Arts. 264, 505
    • Constitución Política Arts. 45, 50

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