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Res. 00177-2009 Tribunal Contencioso Administrativo Sección III · Tribunal Contencioso Administrativo Sección III · 30/01/2009
OutcomeResultado
The Court denies the mayor's veto and upholds the municipal resolution lifting the suspension of the construction permit process.El Tribunal rechaza el veto del alcalde y mantiene el acuerdo municipal que levantó la suspensión del trámite de permiso de construcción.
SummaryResumen
The Administrative Court (Section III) rejects the veto filed by the mayor of Oreamuno against a municipal council resolution that lifted the suspension of a construction permit application by Finca Upsilón S.A. in the Takiscú subdivision. The mayor argued that a previous council decision (No. 333-2006) had denied the project's permits and ordered work stoppage, thus preventing the reactivation of the process. The Court found that said prior decision had already been annulled by the Council itself upon granting an extraordinary review motion, a ruling now final, rendering the argument groundless. It emphasizes that the precautionary suspension cannot be maintained indefinitely without a verification procedure. The ruling also includes extensive doctrine on urban planning as an environmental law matter, the distinction between simple subdivision and urbanization, and the mechanisms to annul acts that create rights at the municipal level, including the lesividad process and extraordinary review motion.El Tribunal Contencioso Administrativo (Sección III) rechaza el veto interpuesto por el alcalde de Oreamuno contra un acuerdo municipal que había dejado sin efecto la suspensión del trámite de un permiso de construcción solicitado por Finca Upsilón S.A. en la lotificación Takiscú. El alcalde sostenía que un acuerdo previo (Nº 333-2006) había denegado los permisos del proyecto y ordenado la paralización de obras, y que por tanto no podían reactivarse los trámites. Sin embargo, el Tribunal constató que ese acuerdo anterior fue anulado por el propio Concejo al acoger un recurso extraordinario de revisión, y que la anulación está firme, por lo que el argumento carece de sustento. Se subraya que la medida cautelar de suspensión no puede mantenerse indefinidamente sin que exista un procedimiento de verificación. El fallo también contiene extensa doctrina sobre derecho urbanístico como vertiente ambiental, distinción entre fraccionamiento simple y urbanización, y los mecanismos para anular actos declaratorios de derechos en sede municipal, incluyendo la lesividad y el recurso extraordinario de revisión.
Key excerptExtracto clave
the concept of 'State' referred to in Article 50 of the Constitutional Law obliges all public entities —state or not— to use their powers precisely to '...defend and preserve...' the right of '...all inhabitants...' to a 'healthy and ecologically balanced environment'. Municipalities are non-state public entities endowed with imperative powers to fulfill their duties, among which is guaranteeing to their residents —given their corporate basis— that fundamental right, since they are part of the broader set of '...inhabitants of the Republic', who are guaranteed —without distinction— the enjoyment of a healthy and balanced environment in accordance with land-use regulations. The healthy and balanced environment guaranteed by Constitutional Law includes urban planning matters, entrusted at the local level to municipalities (Article 169 of the Political Constitution, 15 et seq. of the Urban Planning Law). Subdivision is the division of a plot for the purpose of introducing it to commerce, which presupposes, as each local government must verify when granting the respective approval, that it conforms, in size and characteristics, to current urban planning provisions, especially the local Land Use Plan —if any— as well as development regulations and other special public-order laws.el concepto de "Estado" a que se refiere el Derecho de la Constitución en el numeral 50, obliga a todos los entes públicos -estatales o no- al uso de sus potestades para, precisamente, "...defender y preservar.." el derecho de "...todos lo habitantes..." a un "ambiente sano y ecológicamente equilibrado". Las municipalidades son entes públicos no estatales dotadas de potestades de imperio para el cumplimiento de sus cometidos, dentro de los cuales está el de garantizar a sus munícipes -dada su base corporativa- aquel derecho fundamental, pues ellos hacen parte del conjunto más amplio de "...habitantes de la República", a los que se les garantiza -sin distingo- el disfrute de un ambiente sano y equilibrado conforme a las normas reguladoras del suelo. El ambiente sano y equilibrado que garantiza el Derecho de la Constitución incluye la materia urbanística, encomendada a nivel local a las municipalidades (artículo 169 de la Constitución Política, 15 y siguientes de la Ley de Planificación Urbana). El fraccionamiento, es la división de un predio con la finalidad de introducirlo al comercio de los hombres, lo que supone, tal y como lo debe constatar cada gobierno local al otorgar el visado correspondiente, que el mismo se ajuste, en cuanto a tamaño y características, a las disposiciones urbanísticas vigentes, en especial, al Plan Regulador del suelo local –si lo hubiere- así como a la normativa de desarrollo y demás leyes especiales de orden público.
Pull quotesCitas destacadas
"Las municipalidades son entes públicos no estatales dotadas de potestades de imperio para el cumplimiento de sus cometidos, dentro de los cuales está el de garantizar a sus munícipes… el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado…"
"Municipalities are non-state public entities endowed with imperative powers to fulfill their duties, among which is guaranteeing to their residents… the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment…"
Considerando VI (transcripción sentencia 175-2009)
"Las municipalidades son entes públicos no estatales dotadas de potestades de imperio para el cumplimiento de sus cometidos, dentro de los cuales está el de garantizar a sus munícipes… el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado…"
Considerando VI (transcripción sentencia 175-2009)
"El ambiente sano y equilibrado que garantiza el Derecho de la Constitución incluye la materia urbanística, encomendada a nivel local a las municipalidades (artículo 169 de la Constitución Política, 15 y siguientes de la Ley de Planificación Urbana)."
"The healthy and balanced environment guaranteed by Constitutional Law includes urban planning matters, entrusted at the local level to municipalities (Article 169 of the Political Constitution, 15 et seq. of the Urban Planning Law)."
Considerando VI (transcripción sentencia 175-2009)
"El ambiente sano y equilibrado que garantiza el Derecho de la Constitución incluye la materia urbanística, encomendada a nivel local a las municipalidades (artículo 169 de la Constitución Política, 15 y siguientes de la Ley de Planificación Urbana)."
Considerando VI (transcripción sentencia 175-2009)
"El fraccionamiento que la ley denomina como 'simple', no incluye un proceso de habilitación urbana para el uso y disfrute de las parcelas resultantes… Cuando una determinada área se encuentra previamente urbanizada, los adquirentes de las parcelas fraccionadas cuentan con acceso a los fundos, parques y facilidades comunales…"
"The subdivision that the law calls 'simple' does not include an urban habilitation process for the use and enjoyment of the resulting parcels… When a certain area is previously urbanized, the acquirers of the subdivided parcels have access to the plots, parks and community facilities…"
Considerando VI (transcripción sentencia 175-2009), distinción fraccionamiento simple y urbanización
"El fraccionamiento que la ley denomina como 'simple', no incluye un proceso de habilitación urbana para el uso y disfrute de las parcelas resultantes… Cuando una determinada área se encuentra previamente urbanizada, los adquirentes de las parcelas fraccionadas cuentan con acceso a los fundos, parques y facilidades comunales…"
Considerando VI (transcripción sentencia 175-2009), distinción fraccionamiento simple y urbanización
"la tutela cautelar -tanto en sede administrativa, como jurisdiccional- es de naturaleza instrumental y no puede ser utilizada por la Administración para dejar indebidamente sin respuesta, una solicitud como la presente, dado que la licencia de construcción tiene por objeto levantar un obstáculo para el ejercicio de uno de los atributos esenciales del dominio, como lo es el ius aedificandi…"
"precautionary protection —both in administrative and judicial venues— is instrumental in nature and cannot be used by the Administration to improperly leave a request like the present one unanswered, since the construction license aims to remove an obstacle to the exercise of one of the essential attributes of ownership, namely ius aedificandi…"
Considerando V
"la tutela cautelar -tanto en sede administrativa, como jurisdiccional- es de naturaleza instrumental y no puede ser utilizada por la Administración para dejar indebidamente sin respuesta, una solicitud como la presente, dado que la licencia de construcción tiene por objeto levantar un obstáculo para el ejercicio de uno de los atributos esenciales del dominio, como lo es el ius aedificandi…"
Considerando V
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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. SECCIÓN TERCERA. II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. ANEXO A. Goicoechea, at fifteen hours fifty-five minutes of the thirtieth of January of two thousand nine.- Veto filed by Nombre40649, of legal age, married, business manager, resident of San Rafael de Oreamuno, ID number CED77497, in his capacity as Mayor of Oreamuno, against the agreement adopted by the Municipal Council of that Canton, article 37, agreement No. 1578-2008 of session 147-2008 of the eleventh of March of two thousand eight.- Judge Fernández Argüello writes the opinion, and:
CONSIDERANDO:
I).- The following is deemed proven:
"VI).- ON MUNICIPAL CONTROL IN COMPLIANCE WITH URBAN REGULATIONS: As this Tribunal has repeatedly held, the concept of 'State' referred to in article 50 of the Constitution (Derecho de la Constitución) obliges all public entities -state or otherwise- to use their powers to, precisely, '...defend and preserve..' the right of '...all inhabitants...' to a 'healthy and ecologically balanced environment.' Municipalities are non-state public entities vested with enforcement powers to fulfill their duties, among which is that of guaranteeing to their residents -given their corporate base- that fundamental right, since they form part of the broader set of '...inhabitants of the Republic,' to whom the enjoyment of a healthy and balanced environment in accordance with land use regulations is guaranteed -without distinction-. To guarantee this third-generation fundamental right, local governments must act in a timely manner in the exercise of police power, utilizing the powers that the legal system has granted them to achieve their objectives, and inactivity in this field may be subject to control, both by the administrative contentious jurisdiction (article 35.b) of the Código Procesal Contencioso Administrativo), and by the criminal jurisdiction (breach of duties).
All without prejudice to the pecuniary consequences that may derive from the non-exercise of a public power, if harm is caused (article 190 and following of the Ley General de la Administración Pública). The obligation of public entities -state or otherwise- in the protection of this fundamental right is reaffirmed by instruments of International Law such as the UNESCO Recommendations Concerning the Protection of the Beauty and Character of Places and Landscapes (1962), the Stockholm Declaration (1972), the Rio Declaration (1992), the World Charter for Nature (1982), the Hague Declaration on the Environment (1989) and, in relation to cultural heritage and architectural heritage, by the ICOMOS International Charter (1965) and the Quito Norms that develop it (1967); the UNESCO Convention concerning the Safeguarding of Historic Ensembles in Contemporary Life (1976) and the ICOMOS Charter for the Conservation of Historic Towns (1987).
VI).- URBAN LAW AS PART OF ENVIRONMENTAL LAW: The healthy and balanced environment guaranteed by the Constitution (Derecho de la Constitución) includes urban planning matters, entrusted at the local level to municipalities (article 169 of the Constitución Política, 15 and following of the Ley de Planificación Urbana). In this sense, our highest Constitutional Tribunal ruled by stating:
'Like two sides of the same coin: the natural environment and the urban environment. This is how a more humane environment is sought, that is, an environment that is not only healthy and ecologically balanced, but also a symbolic and identity-giving referent, whether national, regional or local. Thus, the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment -extensively developed by constitutional jurisprudence- will encompass both its natural and its artificial parts, the latter being understood as the human habitat, what is built by man, that is, the urban, so that they are kept free from all contamination, both due to the effects and repercussions it can have on the health of people and other living beings, and for the intrinsic value of the environment." ( Voto 2003-03656-highlighting is not from the original).
The inclusion of the urban environment as a strand of Environmental Law can also be found in a recent precedent of the First Chamber (Sala Primera) of the Supreme Court of Justice (Corte Suprema de Justicia) which stated, in relevant part, the following:
'the notion of property is fully and perfectly amalgamated with the constitutional right to the environment, which with equal intensity and hierarchy, the constitutional body proclaims in its precept 50. Therefore, it is not difficult to infer urban regulation as an intermediary between property and the environment, since in the end, it is the gray, organizational and building obverse of this latter matter. Environment and urbanism are thus constituted as areas of Law that with their limiting role, delimit the precise contour of property rights, that is, its essential content ( Res. 000507-F-04) Without a doubt, alongside the regulations that require the conservation and protection of natural resources, are the needs of different economic activities demanding the use and exploitation of environmental goods, which normally occurs with the urban development process. Within this framework, the obligation arises to pay attention to sustainable urban development, so as to guarantee the needs of the residents to whom municipal governments must ensure a healthy and ecologically balanced environment that provides them with well-being.
There is an undeniable national interest, coinciding with the local one, that town councils promptly and timely exercise their police power in relation to regulations for the protection of the natural environment (protection zones, areas of natural beauty, scenic beauty, biodiversity, etc.) and the urban environment (land uses, building coefficients, facades, architectural heritage, etc.). It must be kept in mind that the inclusion of Urban Law as a strand of Environmental Law has very important consequences insofar as it grants the former an indisputable constitutional rank; consequently, the inactivity of local governments in environmental matters involves the infringement of a fundamental right (in a similar sense from this same Tribunal, see votes 815-2008, and 83-2008, among others). The legal provisions that, in development of the constitutional order, grant competence in urban-environmental matters to municipalities, are abundant.
In this sense and, without intending to draw up an exhaustive list, articles 29 of the Ley de Biodiversidad, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 68, 69, 70 72, 73 of the Ley Orgánica del Ambiente, among many other regulatory provisions, can be cited, which amalgamate the urban as part of environmental law, which has a green component (biodiversity) and a gray one (urbanization process).
The possibility of imposing precautionary measures and administrative sanctions on developers who affect the environment is provided for in Article 99 of the Organic Environmental Law, which entrusts the "Public Administration" (including local government) with issuing—without further procedure—both protective measures—under the precautionary principle—and definitive sanctions—which require compliance with the postulates of due process. Of special interest is that set forth in subsection f) of that normative provision, which empowers, among others, the municipal Administration to order the "....partial, total, permanent, or temporary cancellation of permits, licenses, premises, or businesses that cause the complaint, act, or contaminating or destructive event" (emphasis not in original). The various Municipal Councils must keep in mind that sovereign powers are inalienable, non-transferable, and imprescriptible and must be mandatorily exercised (Article 66 of the LGAP).
In the case of precautionary measures—with constitutional provision in Article 41—these may be ordered before, during, or in the course of an administrative proceeding. The new Contentious-Administrative Procedure Code, applicable to administrative proceedings conducted at the municipal level, as per the provisions of Article 9 of the General Public Administration Law, contains a broad range of precautionary measures of a conservative, anticipatory, innovative, etc., nature, and with their provision the legislator has sought to prevent "...grave damages or injuries, current or potential...". However, the characteristics of instrumentality, provisionality, and proportionality of precautionary measures (Article 22 of the same normative body) require the Court to indicate that the measure must be complemented by an ordinary proceeding, either to determine whether or not the urban planning norms or the scope of the granted license have been respected, or to declare, in the administrative venue, the nullity of an approval or permit that was issued in contravention of urban-environmental norms.
The adoption of precautionary measures without an administrative proceeding to support them denatures precautionary justice, converting it into an anticipated sanction, without compliance with due legal process. In the administrative proceeding that local governments initiate, the postulates of due process must be fully complied with, and the conclusion of the proceeding entails the extinction of the precautionary measure, since it lacks independent existence, given its instrumentality.
“(…) Likewise, simple subdivisions of parcels in previously urbanized areas are exempted from the obligation to cede areas for parks and community facilities…” (emphasis not in original).
When a given area is previously urbanized, the purchasers of the subdivided parcels have access to the properties, parks, and community facilities, and it must not be lost sight of that this is part of their right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment (Article 50 of the Constitution). For this reason – it is reiterated – the legislator has not deemed it necessary to demand, in the case of the “simple” subdivision with prior urban development, additional land provisions for reasons of social interest. The approval for simple subdivisions, due to their limited significance, is usually granted to an official (e.g., Municipal Engineer) different from the one entrusted with “complex” approvals (e.g., Municipal Council, urban planning commissions, etc.), the former lacking competence to authorize a different approval; this applies where urban planning norms make such a distinction.
However, a subdivision that is part of an urbanization process and that entails the habilitation of the properties, for the first time, for urban purposes must be provided with streets, green areas, and parks, as well as the services necessary for their use and enjoyment. In this second scenario, we are dealing with a complex process of subdivision and urbanization that introduces limitations on private property for reasons of urban planning (Article 22 of the Urban Planning Law), which the Constitutional Court has indicated are fully in accordance with the Constitution (decree no. 5097-93 of 10:24 hrs on October 15, 1993). The residential or subdivision project that we will call “complex” is provided for in Article 40 of the Urban Planning Law, which, as relevant, states:
“Every subdivider of land (…) and every urbanizer shall cede gratuitously to public use both the areas destined for roads and those corresponding to parks and community facilities; what is established for the latter two concepts shall be determined in the respective regulation, through the setting of percentages of the total area to be subdivided or urbanized, which may range from five percent to twenty percent, depending on the average size of the lots, the use intended for the land, and the norms in this regard. Notwithstanding the foregoing, the sum of the lands to be ceded for public roads, parks, and community facilities shall not exceed forty-five percent of the total surface area of the land to be subdivided or urbanized. (…)
The obligation of the urbanizer to provide the subdivided parcels with accesses, green zones, parks, public roads, obliges them to comply with the urban provisions that establish minimum standards regarding space, quality, quantity, and other requirements demanded by law and development regulations regarding those areas. The local government must timely exercise its police power, guaranteeing to the residents of the canton that the works will be carried out in the manner indicated by urban planning norms and under the conditions those norms set forth. It suffices that a parceling requires works to enable access and provide various services to some of those properties, to maintain that there is not a “simple subdivision,” but rather a residential project that must, consequently, comply with all the stated requirements. Urban residential projects may only enable access to the properties via public roads that must have the dimensions and requirements of the General Public Roads Law and, failing specific provisions in local norms – in the latter case – the Regulation for the National Control of Subdivisions and Urbanizations.
None of the municipal bodies has competence to authorize a project in which the habilitation of the properties is done by means of “paved agricultural easements (servidumbres agrícolas adoquinadas),” “agricultural easements (servidumbres agrícolas),” or “simple easements (simples servidumbres),” since these are figures belonging to Private Law and not to the residential urban planning regime, which is governed by the norms and principles of Public Law. The Constitutional Chamber, in decree No. 03964-2001 of 16:26 hours on May fifteenth, two thousand one, stated the following on this point:
“….the construction works that have been carried out have not taken into account the interest of the enclaved property, which they have rather directly harmed, which means that the intentions of the works are other. Precisely, the Chamber adds, that of subdividing and urbanizing the lands without the communal charges, and for this reason, the municipal tolerance directly affects the rights of the municipality and respect for the legislation in force and applicable. Consequently, the Chamber considers that the legal cause for the constitution of the easement (servidumbre) is spurious, since, in essence, what has been intended is to give an enabling exit to lots that can be traded, but outside the legal framework (…) the Chamber reaches the conclusion that the area has been prepared so that the owners of the involved properties, both dominant and servient tenements, can segregate lots and erect constructions, which would facilitate, in the medium term, the construction of a residential complex similar to the one that exists on Dirección11246 in the same zone.
The assessment of the evidence, in light of the rules of sound criticism, allows the conclusion that with the project proposal, two objectives are sought to be achieved, as already stated: to enable an enclaved lot, by the most complex and expensive route from an economic point of view, and to allow the habilitation of the farms for urban purposes, but without complying with the legal requirements established for that purpose and with serious impact on the forest that had already regenerated in the area and on the biological corridor of the titi monkey. The works alter the soil system and increase pollution of the sea, a natural wealth of all generations, which cannot be disrespected based on a use of the property right that, by not conforming to the corresponding legal norms, is abusive. ….” (emphasis not in original).
Regarding municipal competence to enable urban development projects through easements, and the responsibility of public officials who act contrary to urban planning norms, in that same judgment the Chamber expressed:
“VI.- Municipal Competence: As already stated in Considerando IV of this judgment, it is not strictly within the municipal government's purview to grant permission for the constitution of easements (servidumbres), much less when it is done contrary to the legal norms that the Council swore to observe and faithfully comply with. For it is important to emphasize that among the norms regulating the matter of communal government are not those of intervening in relations of a private nature, with the sole purpose that the economic rights of the property owners have access to a street of dubious nature, in order to subdivide their lands. On the other hand, what does correspond to the local corporation – and it is evident that it omitted in the specific case – is to verify that local development is carried out in accordance with the regulations governing the matter of territorial planning and environmental protection, which is part of the administration of the local interests and services of the community, as expressly provided in Article 169 of the Political Constitution.
By virtue of the fact that the Canton of Aguirre is an urban district, according to the classification that, in application of the Urban Planning Law, the Urbanism Directorate of the National Institute of Housing and Urbanism has certified, and lacks a regulatory plan, the intervention of other public entities by reason of their specialty is essential for the purpose of achieving a rational application of urban planning norms. This is so because not all lands that individuals acquire are suitable for urbanization or construction, and ownership over them is not unlimited, as two of the coerced parties seem to understand, concerning themselves solely with the market value of their lands and the possibility of disposing of them without limit. The administered parties must attend to the use of the soil in their territory and keep in mind that by mandate of Constitutional Law, the use of resources cannot be unreasonable.
The municipal approval is an essential requirement for the registration of a plan in the National Cadastre and for its registry registration and has been provided to guarantee that the segregations and urbanizations that occur conform to the public order laws and local regulatory norms, but in any case, at least with what the Law provides in a generic sense. The function of the municipality in matters of urban and environmental control, as already stated, must always be in clear defense of local interests, those of the community, which in the Chamber's judgment, in this specific case, fully coincide with national interests, according to what the Office of the Aguirre-Parrita Sub-Region of the Central Pacific Conservation Area of the Ministry of Environment and Energy has stated (folio 161), reason for which that Municipality could not fail to verify that the constitutive permits for easements and construction it grants conform to those public order norms.
This function, in accordance with what was acted upon in the file, was disregarded by the Municipal Councilmembers who authorized the permit being examined, Agreement No. 1 adopted in Ordinary Session number 94 of September 6, 1999, a copy of which is attached at folio 61. All of this implies a serious disapplication of the duties of the Municipal Councilmembers, who could have resolved expressly against the legal provisions in force, for which reason the Chamber deems, in addition to granting the amparo appeal, as shall be stated, that regarding the members of the Municipal Council and the Municipal Mayor in office on the date of the Agreement, who, having the power to veto the Agreement, did not do so, certified copies of the file should be sent to the Public Prosecutor's Office, so that it may investigate whether their conduct is or is not constitutive of criminal offenses.” (emphasis is ours).
As has been indicated, the municipal approval is an essential requirement for the registration of a plan in the National Cadastre and for its registry registration (Articles 33 and 34 of the Urban Planning Law), and its validity depends, in addition to compliance with applicable urban planning norms, on its having been issued by the competent official or body, according to the indicated regulations. The municipal approval is not granted or denied by the municipal administration in a discretionary manner, but rather in a regulated form; consequently, if the required conditions are met, it may not be denied. The approval grants a subjective right to the person who obtained it, and it is not possible to go back against that right, except through the legal procedures for the suppression of an act declaratory of subjective rights, as will be analyzed below.
V).- OF THE CHANNELS TO ANNUL AN ADMINISTRATIVE ACT DECLARATORY OF RIGHTS AT THE MUNICIPAL LEVEL: In municipal matters, the declaration of nullity of a final administrative act that has granted a right to the administered party may occur in two ways: a) at the instance of an “interested” third party (“anyone” (Article 173 of the Political Constitution)), through the filing of the extraordinary appeal for review (recurso extraordinario de revisión) as provided in Articles 157 and 163 of the Municipal Code or; b) the local government acting against its own prior act declaratory of subjective rights.
In the first scenario, depending on whether the nullity is sought of an administrative act issued by the Municipal Council, by the Mayor, or by an official dependent thereof, the deadlines established for one or the other scenario must be observed (5 and 10 years). In relation to the processing of this extraordinary appeal, this same section, in ruling 219-2007, indicated:
“…This Court considers that, in this case, the petitioner has filed an ‘extraordinary appeal for review (recurso extraordinario de revisión).’ (…) On this occasion, we are before a special nullity appeal procedure filed by the administered party, which does not require the opinion of the Office of the Attorney General (Procuraduría General de la República), nor the procedure regulated in Article 173 of the General Public Administration Law, since for seeking the nullity of municipal acts via an appeal, there is a special norm that establishes a ten-year period for that purpose.
V).- A correct hermeneutics leads us to affirm that by way of the appeal for review, neither a prior administrative proceeding nor the binding opinion of the Office of the Attorney General is required, which are only demanded – as stated supra – when the administration acts ex officio against one of its own acts that has declared subjective rights. In this sense, it must be kept in mind that Article 162 of the General Public Administration Law establishes:
"The administrative appeal well-founded on an existing motive of legality shall make the annulment of the act obligatory." That provision makes no differentiation by types of acts; consequently, the Court cannot differentiate where the law does not, and therefore concludes that nullity – of any act – may be obtained by way of an appeal, provided that the safeguards required by due process are met.” It is also possible – as was advanced – that the Municipal Council, in its capacity as supreme head, proceeds to annul ex officio administrative acts favorable to the administered party (e.g., approvals, construction permits, etc.), insofar as it considers they exhibit nullity defects. In this regard, there are two possibilities, clearly developed by the Constitutional Chamber, among others, in ruling 02-005854-0007-C0 in which it stated:
“…The general rule is that the respective public administration cannot annul an act declaratory of rights for the administered party, the exceptions being ex officio annulment or review and revocation. For that purpose, the public administration, as a general principle, must resort, in the capacity of plaintiff and after a prior declaration that the act is harmful to public interests, economic or of another nature, to the action of lesividad (lesividad) (Articles 10 and 35 of the Law Regulating the Contentious-Administrative Jurisdiction), which has traditionally been understood as a guarantee for administered parties. On this matter, this Constitutional Court, in Decree No. 897-98 of February 11, 1998, stated that “...the Administration is prohibited from suppressing by its own action those acts it has issued conferring subjective rights on individuals. Thus, subjective rights constitute a limit regarding the powers of revocation (or modification) of administrative acts, in order to be able to demand greater procedural guarantees.
The Administration, upon issuing an act and subsequently issuing another contrary to the first, to the detriment of subjective rights, is disregarding those rights that it had granted through the first act, whether by error or for any other reason. This implies that the only channel the State has to eliminate one of its own acts from the legal system is the jurisdictional action of lesividad, for this action is conceived as a procedural guarantee in favor of the administered party, or else, in our legal system, there exists the possibility of acting against one’s own acts in the administrative venue, in the case of absolute, evident, and manifest nullities, after a prior opinion from the Office of the Comptroller General (Contraloría General de la República) and the Office of the Attorney General (Procuraduría General de la República) (as one more guarantee in favor of the administered party) and in accordance with Article 173 of the General Public Administration Law.
Consequently, if the Administration has failed to observe the rules of these procedures, or has omitted them wholly or in part… the principle of own acts determines as an effect of such irregularity the invalidity of the act.”. Pursuant to Article 173 of the General Public Administration Law, a public entity or body may well annul, in the administrative venue, an act declaratory of rights for the administered party but harmful to the public or patrimonial interests of the former, without needing to resort to the contentious-administrative action of lesividad regulated in Articles 10 and 35 of the Law Regulating the Contentious-Administrative Jurisdiction (an action in which the plaintiff is a public administration challenging a favorable act of its own for the administered party but harmful to it) when the same is vitiated by an absolute, evident, and manifest nullity. The absolute, evident, and manifest nullity must be evaluated, prior and favorably, by the Office of the Attorney General or the Office of the Comptroller General —a preparatory act for the final annulment act—.
It shall correspond to the Office of the Comptroller when the nullity concerns administrative acts directly related to the budget process or administrative contracting (Public Treasury). That opinion is indispensable, to the extent that this Chamber in Decree No. 1563-91 of 15 hrs. on August 14, 1991, considered that “... It is evident, then, that as of the entry into force of the General Public Administration Law, the competence to annul in the administrative venue may only be admitted if the duty to provide an expert criterion external to the body that will issue the final act is fulfilled.”. It is an opinion of a binding nature —from which the consulting body or entity cannot depart—, given that Article 2 of the Organic Law of the Office of the Attorney General establishes that it is of obligatory compliance, through which a sort of prior or preventive legality control is exercised, insofar as it must precede the final act of the ordinary proceeding initiated to decree the ex officio annulment, which does not conflict with any of the degrees of administrative autonomy, being a specific manifestation of the control power inherent in intersubjective direction or administrative tutelage.
It is logical that such an opinion must be favorable to the annulment claim of the consulting administration, and above all that it positively verifies the gravity and substance of the defects that justify the exercise of the ex officio review or annulment power. The respective public Administration is inhibited by the infraconstitutional legal system from determining when there is an evident and manifest nullity, since that point is reserved to the technical-legal and consultative body called the Office of the Attorney General, as a deconcentrated body of the Ministry of Justice. In cases where the opinion must be rendered by the Office of the Comptroller General, it is also of a binding nature by virtue of the provisions in Article 4, final paragraph, of its Organic Law No. 7428 of September 7, 1994.
VI.THE EVIDENT AND MANIFEST NULLITY AS A PRESUPPOSITION THAT ENABLES PUBLIC ADMINISTRATIONS TO EXERCISE THEIR POWER OF EX OFFICIO ANNULMENT OF ADMINISTRATIVE ACTS FAVORABLE TO THE ADMINISTERED PARTY. Not any degree of invalidity or nullity authorizes a public entity or body to decree the ex officio annulment of an administrative act declaratory of rights for an administered party, given that the administrative legal system requires the concurrence of certain specific and aggravated characteristics or connotations that qualify it. The nullity that justifies ex officio review must be of such transcendence and magnitude that it must be, as provided in Article 173, paragraph 1, of the General Public Administration Law, “evident and manifest.” The evident and manifest is that which is patent, notorious, ostensible, palpable, clear, certain, and which offers no margin for doubt or which does not require a dialectical or logical process or effort of verification to discover it, precisely because of its gross and grave nature.
In that sense, it suffices to compare the administrative act with the legal or regulatory norm that gives it coverage to arrive at that conclusion, without the need for any hermeneutics or exegesis. It is necessary to add that Article 173 of the General Public Administration Law does not create a sort of bipartition of absolute nullities, some being simple and others evident and manifest; rather, what it seeks to facilitate is that in the case of the latter, the deep and expert analysis of the contentious-administrative judge is unnecessary or dispensable in order to facilitate its review in the administrative venue.
VII.THE NECESSITY OF INITIATING AN ORDINARY ADMINISTRATIVE PROCEEDING FOR THE EX OFFICIO REVIEW OR ANNULMENT OF ADMINISTRATIVE ACTS FAVORABLE TO THE ADMINISTERED PARTY. The respective public administration —author of the act sought to be annulled or reviewed—, prior to the declaration of nullity, must open an ordinary administrative proceeding in which the principles and guarantees of due process and defense must be observed (Article 173, paragraph 3, of the General Public Administration Law), the justification for observing that proceeding being that the final act may suppress a subjective right of the administered party (Article 308 ibidem). During the processing of the ordinary proceeding, it is indispensable to obtain the opinion of the Office of the Attorney General or the Office of the Comptroller as an interim act thereof. As indicated supra, the opinion must expressly pronounce on the absolute, manifest, and evident character of the nullity (Article 173, paragraph 4, of the General Public Administration Law).
If the opinion of the Office of the Attorney General or the Office of the Comptroller General is unfavorable, in the sense that the absolute nullity of the administrative act is not evident and manifest, the respective public administration will be legally prevented from annulling the act in the administrative venue and must necessarily resort to the ordinary contentious-administrative action of lesividad. The opinion of the two cited consultative bodies is binding for the respective administration regarding the evident and manifest character of the nullity. On this point, Article 183, paragraph 1, of the General Public Administration Law prescribes that “Apart from the cases provided for in Article 173, the administration may not annul ex officio the acts declaratory of rights in favor of the administered party and, to obtain their elimination, must resort to the action of lesividad provided for in Articles 10 and 35 of the Law Regulating the Contentious-Administrative Jurisdiction.”
VIII.LEGAL CONSEQUENCES OF THE FAILURE TO OBSERVE THE FORMAL AND SUBSTANTIVE REQUIREMENTS OF ARTICLE 173 OF THE GENERAL PUBLIC ADMINISTRATION LAW. The ex officio review or annulment in breach of the legal requirements referred to in the preceding considerandos “whether due to omission of the provided formalities or because the absolute nullity is not evident and manifest” (e.g., the opinion is unfavorable, the opinion was not obtained, or an ordinary administrative proceeding was not opened) is absolutely null and makes both the public administration and the official responsible for the damages and injuries caused (Article 173, paragraph 6, ibidem).
..." (Considerandos of judgment 175-2009) VI).- Now, in relation to the other specific objections formulated against the lifting of the precautionary measure, the Mayor's complaints are not admissible.- He alleges that there exists a Council agreement -No. 333-2006 of September twelfth, two thousand six-, by which the granting of the permits for the Takiscú subdivision (lotificación) was denied, as well as the closure and stoppage of works at the site, a decision which he claims is final and fully in force, which would preclude analyzing the appropriateness or not of construction permits in any of the lots that make up the project. After a meticulous review of the file, it has been possible to verify that the Municipality of Oreamuno, upon hearing an extraordinary appeal for review filed by the interested company, declared the nullity of the referred agreement 333-2006, a decision that was also vetoed at the time and on the content of which this Office pronounced, through resolution 176-2009 of 15:50 hours today, which rejected the challenge, and therefore the decision is final.- This means that the agreement that supposedly prevented the lifting of the precautionary measure no longer exists, and for that reason, that argument must be rejected without further comment.- VII).- On the other hand, as indicated, the questions relating to the lack of approval of the subdivision called Takiscú, by the Municipal Council, for the segregation and approval of cadastre plans – such as the one filed by the company Upsilón S.A. -, the alleged violation of Article 17 of the Zoning Regulation of the Regulatory Plan, regarding the minimum surface area of the lot or farm, and because it is within a protection area, are matters that must be assessed at the appropriate time, when deciding on the construction permit, in the terms that have been expressed, but that have nothing to do with the lifting of a precautionary measure that cannot be given permanent effects.
Furthermore, it is not true that the agreement challenged here imposes a disciplinary sanction on an official subordinate to the Mayor or that it orders the Mayor to impose it – which indeed would invade the powers of the mayoral office.- This Tribunal understands that the Council—in a somewhat confusing manner, it must be acknowledged—attempted to reaffirm its decision, in the sense that the permit proceedings in that location could no longer be held in abeyance and had to be resolved favorably or unfavorably as appropriate, in which there is no illegality whatsoever. On the other hand, and in relation to the citation of Article 159 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, while it is true it is debatable—and improper—that the Council may directly impose, in administrative proceedings, any of the sanctions that judicial authorities have at hand to obtain full compliance with a final judgment, it is the case that in the instant matter no concrete use was made of that provision, and to that extent, there is likewise no reason to grant the claim raised in the veto.-
POR TANTO:
The veto is rejected.- Name5138 Hubert Fernández Argüello I. Rocío Rojas Morales Veto Name40649 Dirección11229/ Name5139
Tribunal Contencioso Administrativo Sección III Sentencias Relacionadas Sentencias en igual sentido CED77496° TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. SECCIÓN TERCERA. II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. ANEXO A. Goicoechea, a las quince horas cincuenta y cinco minutos del treinta de enero del dos mil nueve.- Veto interpuesto por Nombre40649 , mayor, casado, administrador de empresa, vecino de San Rafael de Oreamuno, cédula CED77497, en su condición de Alcalde de Oreamuno, contra el acuerdo tomado por el Concejo Municipal de ese Cantón, artículo 37º, acuerdo Nº1578-2008 de la sesión 147-2008 del once de marzo del dos mil ocho.- Redacta el Juez Fernández Argüello, y:
CONSIDERANDO:
I).- Se tiene por probado lo siguiente:
"VI).- DEL CONTROL MUNICIPAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS: Como lo ha venido sostenido de manera reiterada este Tribunal, el concepto de "Estado" a que se refiere el Derecho de la Constitución en el numeral 50, obliga a todos los entes públicos -estatales o no- al uso de sus potestades para, precisamente, "...defender y preservar.." el derecho de "...todos lo habitantes..." a un "ambiente sano y ecológicamente equilibrado". Las municipalidades son entes públicos no estatales dotadas de potestades de imperio para el cumplimiento de sus cometidos, dentro de los cuales está el de garantizar a sus munícipes -dada su base corporativa- aquel derecho fundamental, pues ellos hacen parte del conjunto más amplio de "...habitantes de la República", a los que se les garantiza -sin distingo- el disfrute de un ambiente sano y equilibrado conforme a las normas reguladoras del suelo. Para garantizar este derecho fundamental de tercera generación, los gobiernos locales deben actuar oportunamente en el ejercicio del poder de policía, utilizando las potestades que el ordenamiento jurídico les ha otorgado para alcanzar sus cometidos y, la inactividad en este campo puede ser controlable, tanto por la jurisdicción contencioso administrativa (artículo 35.b) del Código Procesal Contencioso Administrativo), como por la penal (incumplimiento de deberes).
Todo sin perjuicio de las consecuencias pecuniarias que pueden derivar del no ejercicio de una potestad pública, si se causa un daño (artículo 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública). La obligación de los entes públicos -estatales o no- en la protección de este derecho fundamental, viene reafirmada por instrumentos de Derecho Internacional tales como las recomendaciones de la UNESCO Relativas a la Protección de las Bellezas y del Carácter de los Lugares y Paisajes (1962), la Declaración de Estocolmo (1972), la Declaración de Río (1992), la Carta Mundial de la Naturaleza (1982), la Declaración de la Haya Sobre Medio Ambiente (1989) y, en relación con la herencia cultural y el patrimonio arquitectónico, por la Carta Internacional de ICOMOS (1965) y las normas de Quito que la desarrollan (1967); la Convención de la Unesco relativa a la Salvaguardia de los Conjuntos Históricos en la vida contemporánea (1976) y la Carta ICOMOS para la protección de las ciudades históricas (1987).
VI).- DERECHO URBANÍSTICO PARTE DEL DERECHO AMBIENTAL: El ambiente sano y equilibrado que garantiza el Derecho de la Constitución incluye la materia urbanística, encomendada a nivel local a las municipalidades (artículo 169 de la Constitución Política, 15 y siguientes de la Ley de Planificación Urbana). En este sentido se pronunció nuestro máximo Tribunal Constitucional al indicar:
“Como las dos caras de una misma moneda: el ambiente natural y el ambiente urbano. Es así como se pretende un ambiente más humano, es decir, un ambiente que no sólo sea sano y ecológicamente equilibrado, sino también como un referente simbólico y dador de identidad nacional, regional o local. Así, el derecho fundamental a tener un ambiente sano y ecológicamente equilibrado -desarrollado ampliamente por la jurisprudencia constitucional - comprenderá, tanto sus partes naturales, como sus partes artificiales, entendiéndose por tales, el hábitat humano, lo construido por el hombre, sea, lo urbano, de manera que se mantengan libres de toda contaminación, tanto por los efectos y repercusiones que puede tener en la salud de las personas y demás seres vivientes, como por el valor intrínseco del ambiente.” ( Voto 2003-03656-el destacado no es del original).
La inclusión de lo urbano como vertiente del Derecho ambiental, también puede encontrarse en un reciente precedente de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en que señaló, en lo de interés, lo siguiente:
“la noción de propiedad se amalgama de manera plena y perfecta con el derecho constitucional al medio ambiente, que con igual intensidad y jerarquía, proclama el cuerpo constitucional en su precepto 50. Por ello no es difícil inferir la regulación urbanística como intermedia entre propiedad y ambiente, pues al fin y al cabo, es el anverso gris, ordenatorio y edificativo de esta última materia. Ambiente y urbanismo se constituyen así en áreas del Derecho que con su rol limitante, delimitan el contorno preciso del derecho de propiedad, es decir, su contenido esencial( Res. 000507-F-04) Sin duda alguna, a la par de las normas que exigen la conservación y protección de los recursos naturales, están las necesidades de las diferentes actividades económicas que demandan el uso y la explotación de bienes ambientales, lo que normalmente ocurre con el proceso de desarrollo urbano. Dentro de este marco, surge la obligación de poner atención al desarrollo urbano sostenible, de manera que, se garanticen las necesidades de los munícipes a los que los gobiernos municipales deben procurarle un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que les otorgue bienestar.
Existe un innegable interés nacional, coincidente con el local, en que los ayuntamientos ejerzan pronta y oportunamente su poder de policía en relación con las normas de protección del entorno natural (zonas de protección, belleza natural, paisajística, biodiversidad, etc) y urbano (usos de suelo, coeficientes de edificabilidad, fachadas, patrimonio arquitectónico, etc). Debe tenerse presente que, la inscripción del Derecho Urbanístico como vertiente del Derecho Ambiental tiene consecuencias importantísimas en tanto le otorga al primero un indiscutible rango constitucional, consiguientemente, la inactividad de los gobiernos locales en materia ambiental, involucra la lesión a un derecho fundamental (en similar sentido de este mismo Tribunal vid votos 815-2008, y 83-2008, entre otros). Las disposiciones legales que, en desarrollo del orden constitucional otorgan competencia en materia urbano-ambiental a las municipalidades, son abundantes.
En este sentido y, sin ánimo de elaborar una lista taxativa, pueden citarse los artículos 29 de la Ley de Biodiversidad, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 68, 69, 70 72, 73 de la Ley Orgánica del Ambiente, entre otras muchas disposiciones normativas, que amalgaman lo urbano como parte del derecho ambiental el que tiene un componente verde (biodiversidad) y otro gris (proceso urbanizador). La posibilidad de imponer medidas cautelares y sanciones administrativas a los proyectistas que afecten el ambiente, está prevista en el artículo 99 de la Ley Orgánica del Ambiente que encomienda a la "Administración Pública" (incluido el gobierno local) el dictado -sin más trámite-, tanto de medidas protectoras -principio precautorio- como sanciones definitivas -que requieren del cumplimiento de los postulados del debido proceso- . De especial interés resulta lo dispuesto por el numeral f) de esa disposición normativa, en que se faculta, entre otras, a la Administración municipal para ordenar la "....cancelación parcial, total, permanente o temporal, de los permisos, las patentes, los locales o las empresas que provocan la denuncia, el acto o el hecho contaminante o destructivo" (el destacado no es del original).
Deben tener presente los distintos Concejos Municipales que, las potestades de imperio son irrenunciables, intransmisibles e imprescriptibles y de obligado ejercicio (artículo 66 de la LGAP). Tratándose de medidas cautelares –con previsión constitucional en el numeral 41- éstas pueden ser ordenadas antes, durante o en el curso de un procedimiento administrativo. El nuevo Código Procesal Contencioso Administrativo, aplicable a los procedimientos administrativos desarrollados en sede municipal, al tenor de lo establecido en el numeral 9 de la Ley General de la Administración Pública, contiene una amplia gama de medidas cautelares de tipo conservativas, anticipativas, innovativas etc. y con su previsión el legislador ha buscado evitar que "...se produzcan graves daños o perjuicios, actuales o potenciales...". Ahora bien, las características de instrumentalidad, provisionalidad y proporcionalidad de las medidas cautelares (artículo 22 del mismo cuerpo normativo), obligan al Tribunal a indicar que, es necesario que la medida se complemente con un procedimiento ordinario, sea para determinar si se han respetado o no las normas urbanísticas o los alcances de la licencia otorgada, o para declarar en sede administrativa la nulidad de un visado o permiso que se extendió en contravención con las normas urbano-ambientales.
La adopción de medidas cautelares, sin un procedimiento administrativo que le sirva de sustento, desnaturaliza la justicia cautelar, en tanto la convierte en una sanción anticipada, sin el cumplimiento del debido proceso legal. En el procedimiento administrativo que instauren los gobiernos locales deben cumplirse, -a cabalidad-, los postulados del debido proceso y, el término del procedimiento supone la extinción de la medida cautelar, pues ella carece de existencia independiente, dada su instrumentalidad.
“(…) Asimismo se exceptúa de la obligación de ceder áreas para parques y facilidades comunales a los simples fraccionamientos de parcelas en áreas previamente urbanizadas…” (el destacado no es del original).
Cuando una determinada área se encuentra previamente urbanizada, los adquirentes de las parcelas fraccionadas cuentan con acceso a los fundos, parques y facilidades comunales y es que no debe perderse de vista que ello hace parte de su derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (artículo 50 constitucional). Por este motivo –se reitera- el legislador no ha estimado necesario exigir en el caso del fraccionamiento “simple” con desarrollo urbanístico, mayores dotaciones de tierra por motivos de interés social. El visado para fraccionamientos simples, por su poca trascendencia, suele otorgarse a un funcionario (v.gr. Ingeniero Municipal) diverso de aquél al que se encomiendan los visados “complejos” (v. gr. Concejo Municipal, comisiones de urbanismo, etc), careciendo el primero de competencia para autorizar un visado diverso; ello en el caso de que las normas urbanísticas hagan tal distinción.
Ahora bien, al fraccionamiento que hace parte del proceso urbanizador y que conlleva una habilitación de los fundos, por vez primera, para fines urbanos, debe proveérsele de calles, áreas verdes y parques, así como de los servicios necesarios para su uso y disfrute. En este segundo supuesto, estamos ante un proceso complejo de fraccionamiento y urbanización que introduce limitaciones a la propiedad privada por razón de urbanismo (artículo 22 de la Ley de Planificación Urbana), las que el Tribunal Constitucional ha señalado son totalmente conformes con el Derecho de la Constitución (voto N° 5097-93 de las 10:24 hrs del 15 de octubre de 1993 ) . El proyecto residencial o de fraccionamiento que llamaremos “complejo”, se encuentra previsto en el numeral 40 de la Ley de Planificación Urbana que, en lo conducente, dispone:
“Todo fraccionador de terrenos (…) y todo urbanizador cederá gratuitamente al uso público tanto las áreas destinadas a vías como las correspondientes a parques y facilidades comunales; lo que fijará por los dos conceptos últimos se determinará en el respective reglamento, mediante la fijación de porcentajes, del área total a fraccionar o urbanizar, que podrá fluctuar entre un cinco por ciento a un veinte por ciento, según el tamaño promedio de los lotes, el uso que se pretenda dar al terreno y las normas al respecto. No obstante lo anterior, la suma de los terrenos que deben cederse para vías públicas, parques y facilidades comunales no excederá de un cuarenta y cinco por ciento de la superficie total del terreno a fraccionar o urbanizar. (…)
La obligación del urbanizador de dotar las parcelas fraccionadas de accesos, zonas verdes, parques, vías públicas, le obliga a acatar las disposiciones urbanas que establecen estándares mínimos en cuanto a espacio, calidad, cantidad y demás requisitos exigidos por ley y los reglamentos de desarrollo en cuanto a esas áreas. El gobierno local tiene que ejercer oportunamente su poder de policía, garantizando a los vecinos del cantón, que las obras se realizarán de la forma que las normas urbanísticas lo indican y con las condiciones que aquellas disponen. Basta que un parcelamiento requiera obras para habilitar el ingreso y brindar servicios diversos a algunos de esos fundos, para sostener que no existe un “simple fraccionamiento”, sino un proyecto residencial que debe, en consecuencia, cumplir con todos los requisitos señalados. Los proyectos residenciales urbanos sólo pueden habilitar el ingreso a los fundos a través de vías públicas que deben tener las dimensiones y exigencias de la Ley General de Caminos Públicos y, el Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones, a falta, -en este ultimo caso- de disposiciones concretas en las normas locales.
Ninguno de los órganos municipales tiene competencia para autorizar un proyecto en el que las habilitaciones a los fundos se hace mediante “servidumbres agrícolas adoquinadas”, "servidumbres agrícolas" o “simples servidumbres”, puesto que ellas son figuras propias del Derecho Privado y no del régimen urbanístico residencial que se rige por las normas y principios del Derecho Público. La Sala Constitucional en el voto N° 03964-2001 de las 16:26 horas del quince de mayo de 2001 señaló sobre este extremo lo siguiente:
“….las obras de construcción que se han realizado, no han tenido en cuenta el interés del fundo enclavado, al que más bien han perjudicado directamente, lo que significa que las intenciones de las obras, son otras. Precisamente, añade la Sala, la de fraccionar y urbanizar las tierras sin las cargas comunales y por ello la tolerancia municipal incide directamente sobre los derechos del municipio y el respeto de la legislación vigente y aplicable. Consecuentemente, la Sala estima que la causa jurídica de la constitución de la servidumbre es espuria, puesto que en el fondo, lo que se ha pretendido es darle una salida habilitante de lotes que se pueden negociar, pero fuera del ordenamiento jurídico (…) la Sala llega a la conclusión de que aquella zona se ha preparado para que los propietarios de los predios involucrados, tanto fundos dominantes como sirvientes, puedan segregar lotes y levantar construcciones lo que facilitaría, a mediano plazo, la construcción de un complejo residencial similar al que existe sobre la Dirección11246 en la misma zona .
La valoración de la prueba, a la luz de las reglas de la sana crítica, permite concluir que con la propuesta del proyecto, se pretenden lograr dos objetivos, como ya se dijo: habilitar un lote enclavado, por la ruta más compleja y cara desde el punto de vista económico, y permitir la habilitación de las fincas con fines urbanísticos, pero sin cumplir con los requisitos legales establecidos para tal fin y con grave afectación al bosque que ya había regenerado en la zona y al corredor biológico del mono titi. Las obras alteran el sistema del suelo y potencian la contaminación del mar, riqueza natural de todas las generaciones, que no puede irrespetarse sobre la base de un uso del derecho de propiedad, que por no ajustarse a las normales legales correspondientes resulta abusivo. ….” (los destacados no son del original).
Sobre la competencia municipal para habilitar proyectos urbanísticos mediante servidumbres y, las responsabilidad de los funcionarios públicos que actúan a contrapelo de las normas urbanísticas, en esa misma sentencia la Sala expresó:
“VI.- Competencia Municipal : Como ya se dijo en el considerando IV de esta sentencia, no es de estricto resorte del gobierno municipal, otorgar permiso para la constitución de servidumbres, mucho menos cuando se hace a contrapelo de las normas jurídicas que ese Concejo juró observar y cumplir fielmente. Porque es importante resaltar que entre las normas que regulan la materia del gobierno comunal, no se encuentran las de intervenir en las relaciones de índole privada, con la sola finalidad de que los derechos económicos de los propietarios de fundos, tengan acceso a una calle de dudosa naturaleza, con el fin de fraccionar sus terrenos. En cambio, lo que sí corresponde a la corporación local -y es evidente que omitió en el caso concreto- es verificar que el desarrollo local se haga de acuerdo con la normativa que rigen la materia del ordenamiento territorial y la protección del medio ambiente, lo que hace parte de la administración de los intereses y servicios locales de la comunidad, como lo dispone expresamente el artículo 169 de la Constitución Política.
En virtud de que el Cantón de Aguirre en un distrito urbano, según la calificación que en aplicación de la Ley de Planificación Urbana ha certificado la Dirección de Urbanismo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y carece de plan regulador, la intervención de otros entes públicos en razón de su especialidad es esencial, a los efectos de obtener una aplicación racional de las normas de ordenamiento urbano. Ello es así, por que no todos los terrenos que adquieren los particulares son aptos para urbanizar o para construir y el dominio sobre ellos no es ilimitado como parecen entenderlo dos de los coaccionados que se preocupan únicamente por el valor de mercado de sus tierras y la posibilidad de disponer sin límite sobre ellas. Los administrados deben atender en su territorio el uso del suelo y tener presente que por imperio del Derecho de la Constitución la utilización de los recursos no puede ser irrazonable.
El visado municipal es requisito esencial para la inscripción de un plano en el Catastro Nacional y para su inscripción registral y ha sido previsto para garantizar que las segregaciones y urbanizaciones que se produzcan sean conformes con las leyes de orden público y las normas reguladoras locales, pero en todo caso, al menos con lo que dispone la Ley en sentido genérico. La función de la municipalidad en materia de control urbanístico y ambiental, como ya se dijo, debe ser siempre en clara defensa de los intereses locales, los de la comunidad, que en el criterio de la Sala, en este caso concreto, coinciden plenamente con los intereses nacionales, según lo que ha manifestado la Oficina de la Sub-Regional Aguirre-Parrita del Área de Conservación Pacífico Central del Ministerio del Ambiente y Energía (folio 161), razón por la que no podía esa Municipalidad, dejar de verificar que los permisos constitutivos de servidumbre y constructivos que otorga, se ajusten a esas normas de orden público.
Esta función, de conformidad con lo actuado en el expediente, fue inobservada por los Regidores Municipales que autorizaron el permiso que viene examinándose, Acuerdo No. 1 adoptado en la Sesión Ordinaria número 94 del 6 de setiembre de 1999, copia del cual está agregado al folio 61. Todo esto implica una grave desaplicación de los deberes de los Regidores Municipales, que podrían haber resuelto expresamente en contra de las disposiciones legales vigentes, por lo que la Sala estima, además de declarar con lugar el recurso de amparo, como se dirá, que en cuanto a los integrantes del Concejo Municipal y el Alcalde Municipal en funciones a la fecha del Acuerdo, quien pudiendo vetar el Acuerdo no lo hizo, se deben testimoniar piezas para ante el Ministerio Público, para que se investigue si sus conductas son o no constitutivas de infracciones de tipo penal.” (los destacados son propios).
Como se ha venido indicando, el visado municipal es requisito esencial para la inscripción de un plano en el Catastro Nacional y para su inscripción registral (artículos 33 y 34 de la Ley de Planificación Urbana) y, su validez depende, además del cumplimiento de las normas urbanísticas aplicables, que el mismo haya sido extendido por el funcionario u órgano competente, según las regulaciones indicadas. El visado municipal, no se concede o deniega por la administración municipal de manera discrecional, sino en forma reglada, en consecuencia, si se cumple con los requisitos exigidos, éste no podrá ser denegado. El visado otorga un derecho subjetivo a quien lo obtuvo y, no es posible volver contra ese derecho, como no sea acudiendo a los procedimientos legales de supresión de un acto declarativo de derechos subjetivos, tal y como se analizará de seguido.
V).- DE LAS VÍAS PARA ANULAR UN ACTO ADMINISTRATIVO DECLARATORIO DE DERECHOS EN SEDE MUNICIPAL: En material municipal, la declaratoria de nulidad de un acto administrativo firme que le ha otorgado un derecho al administrado, puede producirse de dos formas: a) a instancia de un tercero “interesado” ( “cualquiera" (173 de la Constitución Política), a través de la presentación del recurso extraordinario de revisión tal como lo prevén los numerales 157 y 163 del Código Municipal o; b) volviendo el gobierno local contra aquél acto suyo anterior, declatorio de derechos subjetivos.
En el primer supuesto, según se pretenda la nulidad de un acto administrativo emitido por el Concejo Municipal, por el Alcalde o, por un funcionario dependiente de aqúel, , deben observare los plazos establecidos para uno u otro supuesto (5 y 10 años). En relación con la tramitación de este recurso extraordinario, esta misma sección, en el voto 219-2007 indicó:
“…Este Tribunal estima que, en este caso, el articulante ha presentado un "recurso extraordinario de revisión". (…) En esta ocasión, estamos ante un procedimiento recursivo especial de nulidad presentado por el administrado, el que no requiere del dictamen de la Procuraduría General de la República, ni del procedimiento regulado en el numeral 173 de la Ley General de la Administración Pública, puesto que para solicitar la nulidad de los actos municipales por la vía recursiva hay una norma especial que establece un plazo de diez años con tal propósito.
V).- Una correcta hermenéutica nos lleva a afirmar que por la vía del recurso de revisión no se requiere, ni de un procedimiento administrativo previo, ni del dictamen vinculante de la Procuraduría General de la República, los que solo se exigen -según se dijo supra- cuando la administración de oficio vuelve contra un acto suyo que ha declarado derechos subjetivos. En este sentido debe tenerse presente que el numeral 162 de la Ley General de la Administración Pública establece:
"El recurso administrativo bien fundado por un motivo existente de legalidad, hará obligatoria la anulación del acto ".
Esa disposición no hace diferenciación alguna por tipos de actos, consiguientemente, el Tribunal no puede diferenciar donde la ley no lo hace y por ello concluye que, la nulidad -de cualquier acto- puede obtenerse por la vía recursiva, siempre y cuando se cumpla con los recaudos que exige el debido proceso”.
También es posible –según se adelantó- que el Concejo Municipal, en su condición de jerarca supremo, se disponga a anular de oficio actos administrativos favorables para el administrado (v.gr. visados, permisos constructivos, etc), en tanto estima exhiben vicios de nulidad. Al respecto existen dos posibilidades, desarrolladas de manera diáfana por la Sala Constitucional, entre otras, en el voto 02-005854-0007-C0 en que señaló:
“…La regla general es que la administración pública respectiva no puede anular un acto declaratorio de derechos para el administrado, siendo las excepciones la anulación o revisión de oficio y la revocación. Para ese efecto, la administración pública, como principio general, debe acudir, en calidad de parte actora y previa declaratoria de lesividad del acto a los intereses públicos, económicos o de otra índole, al proceso de lesividad (artículos 10 y 35 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), el cual se ha entendido, tradicionalmente, como una garantía para los administrados. Sobre este particular, este Tribunal Constitucional en el Voto No. 897-98 del 11 de febrero de 1998 señaló que “... a la Administración le está vedado suprimir por su propia acción aquellos actos que haya emitido confiriendo derechos subjetivos a los particulares. Así, los derechos subjetivos constituyen un límite respecto de las potestades de revocación (o modificación) de los actos administrativos, con el fin de poder exigir mayores garantías procedimentales.
La Administración, al emitir un acto y con posterioridad al emanar otro contrario al primero, en menoscabo de derechos subjetivos, está desconociendo estos derechos, que a través del primer acto había concedido, sea por error o por cualquier otro motivo. Ello implica que la única vía que el Estado tiene para eliminar un acto suyo del ordenamiento es el proceso de jurisdiccional de lesividad, pues este proceso está concebido como una garantía procesal a favor del administrado, o bien, en nuestro ordenamiento existe la posibilidad de ir contra los actos propios en la vía administrativa, en la hipótesis de nulidades absolutas, evidentes y manifiestas, previo dictamen de la Contraloría General de la República y de la Procuraduría General de la República (como una garantía más a favor del administrado) y de conformidad con el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública. En consecuencia, si la Administración ha inobservado las reglas de estos procedimientos, o bien, las ha omitido del todo o en parte... el principio de los actos propios determina como efecto de dicha irregularidad la invalidez del acto.”.
A tenor del numeral 173 de la Ley General de la Administración Pública, un ente u órgano público bien puede anular en vía administrativa un acto declaratorio de derechos para el administrado pero lesivo para los intereses públicos o patrimoniales de la primera, sin necesidad de recurrir al proceso contencioso administrativo de lesividad normado en los artículos 10 y 35 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (proceso en el cual la parte actora es una administración pública que impugna un acto propio favorable para el administrado pero lesivo para ella) cuando el mismo este viciado de una nulidad absoluta evidente y manifiesta. La nulidad absoluta evidente y manifiesta debe ser dictaminada, previa y favorablemente, por la Procuraduría o la Contraloría Generales de la República —acto preparatorio del acto anulatorio final—. Le corresponderá a la Contraloría cuando la nulidad verse sobre actos administrativos relacionados directamente con el proceso presupuestario o la contratación administrativa (Hacienda Pública).
Ese dictamen es indispensable, a tal punto que esta Sala en el Voto No. 1563-91 de las 15 hrs. del 14 de agosto de 1991 estimó que “... Es evidente, entonces, que a partir de la vigencia de la Ley General de la Administración Pública, la competencia de anular en sede administrativa solamente puede ser admitida si se cumple con el deber de allegar un criterio experto y externo al órgano que va a dictar el acto final.”. Se trata de un dictamen de carácter vinculante —del que no puede apartarse el órgano o ente consultante—, puesto que, el ordinal 2° de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República establece que es de acatamiento obligatorio, a través del cual se ejerce una suerte de control previo o preventivo de legalidad, en cuanto debe anteceder el acto final del procedimiento ordinario incoado para decretar la anulación oficiosa, que no riñe con ninguno de los grados de autonomía administrativa, por ser manifestación específica de la potestad de control inherente a la dirección intersubjetiva o tutela administrativa.
Resulta lógico que tal dictamen debe ser favorable a la pretensión anulatoria de la administración consultante, y sobre todo que constate, positivamente, la gravedad y entidad de los vicios que justifican el ejercicio de la potestad de revisión o anulación oficiosa. La Administración pública respectiva está inhibida por el ordenamiento infraconstitucional de determinar cuándo hay una nulidad evidente y manifiesta, puesto que, ese extremo le está reservado al órgano técnico-jurídico y consultivo denominado Procuraduría General de la República, como órgano desconcentrado del Ministerio de Justicia. En los supuestos en que el dictamen debe ser vertido por la Contraloría General de la República, también, tiene naturaleza vinculante en virtud de lo dispuesto en artículo 4°, párrafo in fine, de su Ley Orgánica No. 7428 del 7 de septiembre de 1994.
VI.LA NULIDAD EVIDENTE Y MANIFIESTA COMO PRESUPUESTO QUE HABILITA A LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS PARA EJERCER SU POTESTAD DE ANULACIÓN OFICIOSA DE ACTOS ADMINISTRATIVOS FAVORABLES PARA EL ADMINISTRADO. No cualquier grado de invalidez o nulidad autoriza a un ente u órgano público para decretar la anulación oficiosa de un acto administrativo declaratorio de derechos para un administrado, dado que, el ordenamiento jurídico administrativo exige que concurran ciertas características o connotaciones específicas y agravadas que la califiquen. La nulidad que justifica la revisión de oficio debe tener tal trascendencia y magnitud que debe ser, a tenor de lo establecido en el numeral 173, párrafo 1°, de la Ley General de la Administración Pública, “evidente y manifiesta”. Lo evidente y manifiesto es lo que resulta patente, notorio, ostensible, palpable, claro, cierto y que no ofrece ningún margen de duda o que no requiere de un proceso o esfuerzo dialéctico o lógico de verificación para descubrirlo, precisamente, por su índole grosera y grave.
En tal sentido, basta confrontar el acto administrativo con la norma legal o reglamentaria que le dan cobertura para arribar a tal conclusión, sin necesidad de hermenéutica o exégesis ninguna. Es menester agregar que el numeral 173 de la Ley General de la Administración Pública no crea una suerte de bipartición de las nulidades absolutas, siendo algunas de ellas simples y otras evidentes y manifiestas, sino lo que trata de propiciar es que en el supuesto de las segundas sea innecesario o prescindible el análisis profundo y experto del juez contencioso-administrativo para facilitar su revisión en vía administrativa.
VII.LA NECESIDAD DE INCOAR UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ORDINARIO PARA LA REVISIÓN O ANULACIÓN DE OFICIO DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS FAVORABLES PARA EL ADMINISTRADO. La administración pública respectiva —autora del acto que se pretende anular o revisar—, de previo a la declaratoria de nulidad, debe abrir un procedimiento administrativo ordinario en el que se deben observar los principios y las garantías del debido proceso y de la defensa (artículo 173, párrafo 3°, de la Ley General de la Administración Pública), la justificación de observar ese procedimiento está en que el acto final puede suprimir un derecho subjetivo del administrado (artículo 308 ibidem). Durante la sustanciación del procedimiento ordinario, resulta indispensable recabar el dictamen de la Procuraduría o de la Contraloría siendo un acto de trámite del mismo. Tal y como se indicó supra, el dictamen debe pronunciarse, expresamente, sobre el carácter absoluto, manifiesto y evidente de la nulidad (artículo 173, párrafo 4°, de la Ley General de la Administración Pública).
Si el dictamen de la Procuraduría o de la Contraloría Generales de la República es desfavorable, en el sentido que la nulidad absoluta del acto administrativo no es evidente y manifiesta, la respectiva administración pública se verá impedida, legalmente, para anular el acto en vía administrativa y tendrá que acudir, irremisiblemente, al proceso ordinario contencioso administrativo de lesividad. El dictamen de los dos órganos consultivos citados es vinculante para la administración respectiva en cuanto al carácter evidente y manifiesto de la nulidad. Sobre este punto, el artículo 183, párrafo 1°, de la Ley General de la Administración Pública preceptúa que “Fuera de los casos previstos en el artículo 173, la administración no podrá anular de oficio los actos declaratorios de derechos a favor del administrado y para obtener su eliminación deberá recurrir al contencioso de lesividad previsto en los artículos 10 y 35 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa”.
VIII.CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE LA INOBSERVANCIA DE LOS RECAUDOS FORMALES Y SUSTANCIALES DEL ORDINAL 173 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA. La revisión oficiosa o anulación con quebranto de los requisitos legales referidos en los considerandos precedentes “sea por omisión de las formalidades previstas o por no ser la nulidad absoluta evidente y manifiesta” (v. gr. que el dictamen sea desfavorable, que no se recabó el dictamen o que no se abrió un procedimiento administrativo ordinario) es absolutamente nula y hace responsable por los daños y perjuicios provocados tanto a la administración pública como al funcionario (artículo 173, párrafo 6°, ibidem).
..." (Considerandos sentencia 175-2009) VI).- Ahora bien, en relación con las otras objeciones concretas que se formulan contra el levantamiento de la medida cautelar, los reparos del alcalde no son de recibo.- Éste alega, que existe un acuerdo del Concejo -Nº333-2006 del doce de setiembre del dos mil seis-, por el que se denegó el otorgamiento de los permisos de la lotificación Takiscú, así como la clausura y paralización de obras en el lugar, decisión que según afirma se encuentra firme y plenamente vigente, lo que impediría analizar la procedencia o no de permisos de construcción en cualquiera de los lotes que componen el proyecto. Luego de la revisión minuciosa del expediente, se ha logrado constatar que la Municipalidad de Oreamuno, al conocer un recurso extraordinario de revisión que interpuso la empresa interesada, declaró la nulidad del referido acuerdo 333-2006, decisión que también fue vetada en su momento y sobre cuyo contenido se pronunció este Despacho, mediante resolución 176-2009 de las 15:50 horas de hoy, que rechazó la impugnación, por lo cual lo decidido se encuentra firme.- Ello significa, que el acuerdo que supuestamente impedía levantar la cautelar ya no existe, y por eso, debe rechazarse sin más comentario ese alegato.- VII).- Por otro lado, tal y como se indicó, las cuestiones relativas a la falta de aprobación del fraccionamiento denominado Takiscú, por parte del Concejo Municipal, para la segregación y visado de los planos de catastro -como el que presentó la empresa Upsilón S.A.-, la supuesta violación del artículo 17 del Reglamento de Zonificación del Plan Regulador, en cuanto a la superficie mínima del lote o finca y por estar en área de protección, son temas que habrán de valorarse en su oportunidad, a la hora de resolver sobre el permiso de construcción, en los términos en que se ha venido expresando, pero que nada tienen que ver con el levantamiento de una cautelar a la que no pueden dársele efectos permanentes.
Además, no es cierto que el acuerdo aquí cuestionado imponga a un funcionario dependiente del Alcalde una sanción disciplinaria o que le ordene al Alcalde imponérsela -lo que sí invadiría las potestades de la alcaldía-. Entiende este Tribunal que el Concejo -de forma algo confusa, valga reconocer-, lo que intentó fue reafirmar su decisión, en el sentido de que los trámites de permisos en ese lugar ya no podían mantenerse en suspenso y que debían resolverse de manera favorable o desfavorable según procediera, en lo que no se encuentra ilegalidad alguna. Por otra parte, y en relación con la cita del artículo 159 del Código Procesal Contencioso Administrativo, si bien es cierto resulta discutible -e improcedente- que el Concejo pueda imponer directamente en sede administrativa, alguna de las sanciones que las autoridades jurisdiccionales tienen a mano para obtener el pleno cumplimiento de una sentencia firme, es del caso que en la especie no se hizo uso concreto de esa norma, y en esa medida, no hay tampoco razón alguna para acoger el reclamo que se formula en el veto.-
POR TANTO:
Se rechaza el veto interpuesto.- Nombre5138 Hubert Fernández Argüello I. Rocío Rojas Morales Veto Nombre40649 Dirección11229/ Nombre5139
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