Coalición Floresta Logo Coalición Floresta Search Buscar
Language: English
About Acerca de Contact Contacto Search Buscar Notes Notas Donate Donar Environmental Law Derecho Ambiental
About Acerca de Contact Contacto Search Buscar Notes Notas Donate Donar Environmental Law Derecho Ambiental
Language: English
Beta Public preview Vista previa

← Environmental Law Center← Centro de Derecho Ambiental

Construction on private property within maritime-terrestrial zone — error of prohibition and demolitionConstrucción en propiedad privada dentro de zona marítimo terrestre — error de prohibición y demolición

View document ↓ Ver documento ↓ View original source ↗ Ver fuente original ↗

Loading…Cargando…

OutcomeResultado

Appeals dismissedSin lugar recursos

Both cassation appeals are dismissed. The acquittal of the accused is upheld (the conduct is reclassified as an error of prohibition), and the demolition order for the construction erected in the restricted zone of the maritime-terrestrial zone is maintained, since it was proven that the property registration was not in accordance with law and therefore the exception of Article 6 of the Maritime-Terrestrial Zone Law does not apply.Se declaran sin lugar ambos recursos de casación. Se mantiene la absolución del imputado (la conducta se subsume en un error de prohibición) y la orden de demolición de la construcción levantada en zona restringida de la zona marítimo terrestre, por haberse probado que la inscripción registral no se ajustó a derecho y que, por tanto, no opera la excepción del artículo 6 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre.

SummaryResumen

The Criminal Cassation Court reviews two appeals against a trial court ruling that acquitted the accused of illegal construction in the maritime-terrestrial zone but ordered demolition. The defense argued the trial judge overstepped by examining the property's registration validity—an issue not raised by the prosecution—and that only administrative litigation could declare it void; since the land was registered, the exception in Article 6 of the Maritime-Terrestrial Zone Law should apply. The prosecution challenged the acquittal based on erroneous evidence evaluation and error of prohibition. The Court rejects both appeals. It holds that the trial court could assess whether the titling was lawful, as that determined the application of the Maritime-Terrestrial Zone Law and the demolition order. It finds the registration was done contrary to law, so Article 6 does not apply. It upholds the acquittal but reclassifies the accused's error as an error of prohibition, maintaining the demolition order.El Tribunal de Casación Penal conoce dos recursos de casación contra una sentencia del Tribunal de Juicio de Puntarenas que absolvió al imputado del delito de construcción ilegal en la zona marítimo terrestre, pero ordenó la demolición de la obra. La defensa alegó que el juez se extralimitó al analizar la legalidad de la inscripción registral de la propiedad — tema no debatido — y que solo el contencioso administrativo podía declarar su nulidad; que al estar inscrita, aplicaba la excepción del artículo 6 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre. El Ministerio Público impugnó la absolución argumentando error en la valoración de la prueba y error de prohibición. La Sala rechaza ambos recursos. Sostiene que el tribunal de juicio sí podía examinar si la titulación fue conforme a ley, pues de ello dependía aplicar o no la Ley de Zona Marítimo Terrestre y la demolición. Concluye que la inscripción se hizo al margen de la ley, por lo que la excepción del artículo 6 no opera. Confirma la absolución pero recalifica el error del imputado como error de prohibición, manteniendo la orden de demolición.

Key excerptExtracto clave

This Chamber does not find that the trial court's analysis of the legality of the registration violates due process or the accused's right to defense, since this is a sine qua non requirement to determine whether, as argued by the defense, this case is excluded from the application of the Maritime-Terrestrial Zone Law pursuant to Article 6. [...] Indeed, in that sketch it can be seen that the bulk of the building is located outside the area identified as part of the restricted zone, but property of [Name1] . . . as explained above. Moreover, it is incontrovertible that the accused did not start construction at the point indicated in the sketch but, for commercial interest, moved it closer to the public road.No considera esta Cámara que sea violatorio del debido proceso y el derecho de defensa del imputado el análisis que hace el Tribunal de Juicio sobre el tema de la legalidad de la inscripción, ya que ese es un requisito sine qua non para poder determinar si tal y como lo alegó la defensa del imputado en debate, este caso estaría excluido de la aplicación de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, en aplicación del citado artículo 6. [...] Ciertamente, en ese croquis se puede observar como el grueso de la edificación se encuentra colocada fuera de la zona que fue identificada como parte de la zona restringida, pero propiedad de [Nombre1] . . . según ya fuera explicado precedentemente. Además, resulta incontrovertible que el imputado no comenzó la edificación en el punto señalado en el croquis sino que por su interés comercial la corrió para aproximarla a la vía pública.

Pull quotesCitas destacadas

  • "No considera esta Cámara que sea violatorio del debido proceso y el derecho de defensa del imputado el análisis que hace el Tribunal de Juicio sobre el tema de la legalidad de la inscripción, ya que ese es un requisito sine qua non para poder determinar si tal y como lo alegó la defensa del imputado en debate, este caso estaría excluido de la aplicación de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, en aplicación del citado artículo 6."

    "This Chamber does not find that the trial court's analysis of the legality of the registration violates due process or the accused's right to defense, since this is a sine qua non requirement to determine whether, as argued by the defense, this case is excluded from the application of the Maritime-Terrestrial Zone Law pursuant to Article 6."

    Considerando I

  • "No considera esta Cámara que sea violatorio del debido proceso y el derecho de defensa del imputado el análisis que hace el Tribunal de Juicio sobre el tema de la legalidad de la inscripción, ya que ese es un requisito sine qua non para poder determinar si tal y como lo alegó la defensa del imputado en debate, este caso estaría excluido de la aplicación de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, en aplicación del citado artículo 6."

    Considerando I

  • "si bien esta Cámara de Casación Penal estima que en los hechos medio un error, resulta necesario indicar que no se trata de un 'error de tipo', si no que se trata de un 'error de prohibición', pues se afirma que el imputado creyendo que estaba autorizado para construir en su propiedad (cuando en realidad no lo estaba), procedió a realizar la construcción por la cual se originó esta causa."

    "although this Criminal Cassation Chamber considers that in the facts there was an error, it is necessary to point out that it is not an 'error of type' but an 'error of prohibition', since it is stated that the accused, believing he was authorized to build on his property (when in fact he was not), proceeded to carry out the construction that gave rise to this case."

    Considerando IV

  • "si bien esta Cámara de Casación Penal estima que en los hechos medio un error, resulta necesario indicar que no se trata de un 'error de tipo', si no que se trata de un 'error de prohibición', pues se afirma que el imputado creyendo que estaba autorizado para construir en su propiedad (cuando en realidad no lo estaba), procedió a realizar la construcción por la cual se originó esta causa."

    Considerando IV

  • "para declarar la nulidad de esa titulación se deberá ir a otra vía (la contenciosa administrativa), y que solo por ese procedimiento podría ordenarse la cancelación parcial de esa titulación para fijar como límite sur del terreno inscrito la zona restringida de la zona marítimo terrestre"

    "to declare the nullity of that titling one must resort to another route (administrative litigation), and only through that procedure could the partial cancellation of that titling be ordered to set the southern boundary of the registered land as the restricted zone of the maritime-terrestrial zone"

    Considerando II

  • "para declarar la nulidad de esa titulación se deberá ir a otra vía (la contenciosa administrativa), y que solo por ese procedimiento podría ordenarse la cancelación parcial de esa titulación para fijar como límite sur del terreno inscrito la zona restringida de la zona marítimo terrestre"

    Considerando II

Full documentDocumento completo

Procedural marks

JUDICIAL BRANCH SUPREME COURT OF JUSTICE JUDICIAL BRANCH SUPREME COURT OF JUSTICE CRIMINAL CASSATION COURT OF THE THIRD JUDICIAL CIRCUIT OF ALAJUELA, SAN RAMÓN Tel: 456-9069 [...]

___________________________________________________________________________________________ Res: 2008-00209 CRIMINAL CASSATION COURT OF THE THIRD JUDICIAL CIRCUIT OF ALAJUELA, SECOND SECTION. San Ramón, at sixteen hours thirty minutes on the ninth of May two thousand eight.

CASSATION APPEAL filed in the present case against [Nombre1] . . , of legal age, resident of Costa de Pájaros, residence ID number CED1, for the crime of VIOLATION OF THE LAW ON THE MARITIME TERRESTRIAL ZONE, to the detriment of THE STATE. The Judges [Nombre2] , Martín Alfonso Rodríguez Miranda and [Nombre3] participate in the decision of the appeal. Appearing in cassation were licensed attorney [Nombre4] , public defender of the accused, licensed attorney [Nombre5] , representative of the Public Ministry, and licensed attorney [Nombre6] , representative of the State.

WHEREAS:

1.- That by judgment number 406-P-07 at eight hours on the eleventh of October two thousand seven, the Trial Court of Puntarenas, resolved: "THEREFORE: In accordance with the foregoing, articles 33, 39 and 41 of the Political Constitution, articles 11, 19, 20, 30, 31, 34, 45, 227 of the Penal Code; 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 20, 21, 22, 25, 62 of the Law on the Maritime Terrestrial Zone; 22 of the Regulation to the Law on the Maritime Terrestrial Zone; 16, 32, 75 and following, 265 and following, 328, 330, 333, 334, 335, 336, 337, 341, 343, 349, 350, 351, 356, 357, 358, 360, 361, 363, 364, 366 of the Code of Criminal Procedure, upon resolving this matter it is agreed to ACQUIT OF ALL PENALTY AND RESPONSIBILITY the accused [Nombre1] . . . for the crime of ILLEGAL CONSTRUCTION IN THE MARITIME TERRESTRIAL ZONE. The criminal aspect is resolved without special condemnation in costs. The demolition is ordered of the facilities that the accused erected in the restricted zone of the maritime terrestrial zone permit. The accused must proceed with the ordered demolition within a period of fifteen days from the finality of this ruling, under the warning that in case of omission the demolition must be carried out by the competent administrative authority. In the latter case, the demolition costs shall be borne by the accused. NOTIFY BY READING. Licdo. Juan Carlos Mejías Cordero." 2.- That against the preceding pronouncement, licensed attorney [Nombre4] , public defender of the accused, and licensed attorney [Nombre5] , representative of the Public Ministry, filed a cassation appeal.

3.- That having verified the respective deliberation in accordance with the provisions of article 450 of the Code of Criminal Procedure, the Court proceeded to hear the appeal.

4.- That the pertinent legal requirements have been observed in the proceedings.

Drafted by the Cassation Judge [Nombre7] ; and,

WHEREAS:

I.- CASSATION APPEAL FILED BY [Nombre4] , PUBLIC DEFENDER OF [Nombre8] . . . FIRST GROUND OF CASSATION ON FORM: FOR IMPROPRIETY OF THE DEMOLITION FOR VIOLATING THE RIGHT OF DEFENSE BY RULING ON AN ISSUE NOT CONTROVERTED IN DEBATE: The ground is based on numerals 39 and 41 of the Political Constitution, 8.2, subsections b and c of the American Convention on Human Rights, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 12 of the Code of Criminal Procedure; and 6, 13 and 20 of the Law on the Maritime Terrestrial Zone. The appellant alleges that the accused was charged with having illegally occupied a parcel that formed part of the maritime terrestrial zone and having carried out a construction; that in the adversarial proceedings it was determined that there was a negligent investigation by the Public Ministry, since that property had been registered in the Public Registry since the year 1976 and that, being a private property registered in the name of the accused, we are faced with an exception that the very Law of the Maritime Terrestrial Zone establishes in its article 6. That consequently the construction carried out by the accused constituted an administrative infraction of the Construction Law, but not a criminal offense, because it was outside the legal framework of the Law of the Maritime Terrestrial Zone; a thesis which she supports in Voto 42-93 which in turn cites Voto 161-F of 14:55 hours on August 20, 1985, both from the Third Chamber of the Supreme Court of Justice. The appellant adds that despite the foregoing, the Criminal Judge, exceeding his functions, surprisingly decides, for the accused and the defense, to carry out an analysis regarding the legality of the property registration, decreeing a “partial” nullity of what was registered in the restricted zone and thus ordering the demolition of the construction that was located in said area. That the legality of the registration of the property in dispute was never an issue in debate, and it was never even a claim by the accusing entity or the plaintiff, so it is considered that there has been a violation of due process, the right of defense, and the property right of the accused. The appellant ends by arguing that the Judge could not order the demolition of the construction and rule on a registry inscription dating from the year 1976, since the accused is protected by the Principle of Registry Publicity, for which the State should have previously resorted to ordinary legal channels to be able to reivindicar the property in favor of the State, if it were proper under law, but that the Judge should not have ruled on an aspect that had not been submitted to his jurisdiction nor had it been requested in the punitive claims, since for the accuser the accused had illegitimately occupied a parcel in the maritime terrestrial zone and in the trial what was determined was that this land is the property of the accused and that by ordering the judge a partial nullity and the demolition, he curtails the accused's rights over a legitimately acquired asset and that eventually, in case of discussing whether or not the registration was proper, and it were determined that it had been granted contrary to regulations, said error is attributable to the State itself, so the respective compensation in favor of the individual would be proper. It is requested in this ground that the appeal be granted and the demolition be set aside. The ground is rejected. In this case, the accusation of the Public Ministry and the complaint of the representative of the Procuraduría General de la República, attributed to the accused [Nombre9] . . having illicitly occupied a parcel located within the maritime terrestrial zone of Costa de Pájaros, Manzanillo in Puntarenas, specifically 84,290 meters north of the landmark [Dirección1] of Costa de Pájaros, an action that is fixed as having occurred from the month of October of the year nineteen ninety-eight and until the date; he was also attributed that once the defendant entered into illicit possession of the cited parcel, he equally illicitly began the construction of a premises measuring 12 meters front and 36.20 meters deep. Certainly it was not indicated in those accusatory pieces that the area where the construction was being carried out was registered in the Public Property Registry in the name of the accused. The technical defense of the accused has invoked that registry inscription as an argument to maintain that the construction carried out without permits by her client constitutes an administrative infraction under the Construction Law, and not the crime charged because, being a private property registered in the name of her client, we are faced with the exception contemplated in article 6 of the Law on the Maritime Terrestrial Zone, so the infraction is outside the framework of that law. In this regard, it should be noted that if the legislator believed it necessary to give a special regime to the strip of two hundred meters adjacent to the coasts of our continental territory (from the ordinary high tide), it was because it considered that in said strip (composed in turn by the public zone and the restricted zone, the former with a width of fifty meters and the latter of one hundred fifty meters) the State had a special interest with a view to the public use and enjoyment of the beaches and seas, as well as to protect with that special regime other strategic purposes of the State, among them commercial, tourist, and those relating to the security of the Nation. Now then, it is true that the legislator decided to establish in the current Law on the Maritime Terrestrial Zone, some exceptions to the application of the provisions of that law for the cases of some lands physically located within the maritime terrestrial zone, among them properties registered, subject to the law, in the name of individuals (article 6 of said law). Note that this rule does not refer to all registered properties, but only to those titled “subject to the law.” It is clear here that the subjection required is not in relation to a specific law, but to any law that has to do with the titling of lands. Now then, the Trial Court validly had under its cognizance the facts attributed to the accused in the accusation and in the complaint, so part of that function consisted of determining whether or not the land on which the questioned construction was carried out is within the strip of the maritime terrestrial zone, as well as whether said construction was carried out in accordance with the law. But it was also incumbent upon said Court to judge whether or not the Law on the Maritime Terrestrial Zone was applicable to the present case, for if it were excluded, the criminal type attributed in the accusatory pieces could not be applied to the accused (article 62, in relation to 12, Ibid.) nor article 13, which establishes the power to order the demolition of the construction. For this reason, the Court was empowered to assess whether the titling of the property that the accused has registered in the Public Registry, which includes part of the restricted zone of the maritime terrestrial zone (as determined by the lower court), was carried out subject to the law, because if that had been the case, effectively it could not have applied the recently cited articles to the case and effectively the construction that the accused was erecting without the legal permits would have had to have the Construction Law applied to it. But otherwise, if that titling was done illegally, the Court could validly issue a resolution applying those articles. This Chamber does not consider that the analysis carried out by the Trial Court on the issue of the legality of the registration violates due process and the right of defense of the accused, since that is a sine qua non requirement to be able to determine whether, as the defense of the accused alleged in debate, this case would be excluded from the application of the Law on the Maritime Terrestrial Zone, in application of the cited article 6. Precisely during the investigation stage and in the preliminary hearing, the defense made no reference whatsoever to the fact that the accused had registered as private property the land on which the construction was being carried out, and rather in the preliminary hearing the public defender who represented the accused made arguments of another nature, such as that it was not demonstrated that the accused did not have some permit to build or some concession on that land, and offered evidence in relation to those aspects. It is true that she also offered as evidence for the debate a deed and a [Placa1], evidence that was not provided at that act but it was indicated that it would be presented at the debate, and it was indicated that this evidence had the purpose of “demonstrating that the accused has formalized his right over the land, and although we are talking about inalienable assets, we could be in the presence of a mistake of law” (See page 33 of the case file). It is evident, then, that the defense did not want to show its weapons in those stages, and it was not until the debate that it is alleged that the conduct is atypical in application of cited article 6, and now alleges violation of the right of defense due to the fact that the Court proceeded to analyze that titling, to determine whether or not that law was applicable to the case. However, as already indicated, the lower court was legitimized to make that verification, precisely to determine if the allegation of the Accused's Defender was indeed receivable, in the sense that in accordance with numeral 6 of the Law in question, that Law could not be applied to the case, and it is thus that in a broad and reasoned manner the Court develops a foundation, which is not attacked in the appeal, according to which it concludes that that titling was approved outside the Law, moreover, against the express provision of Law No. 5602 of November 4, 1974, which was in force for the date on which the titling in question occurred, which suspended the application of transitional provision III of the Law of Tourist Urbanization of the Maritime Terrestrial Zone, No. 4558 of April 22, 1970, which was the rule that authorized the registration through the possessory information procedure of lands within the restricted area that met certain requirements. Now then, if, despite the fact that the accused had registered in his name in the Public Property Registry, a land that partly covered the restricted zone of the maritime terrestrial zone (in which he began to carry out the questioned construction), the Law on the Maritime Terrestrial Zone is applicable to that property due to not being in any of the cases exempted by article 6 of that rule, this allows concluding that, having proven that fact, even when the accused would have been acquitted in application of the figure of mistake of fact, this does not imply that the demolition of the construction cannot be ordered, since it has been proven that it is effectively within the restricted zone of the maritime terrestrial zone, and that it was carried out without municipal authorization, for such reasons, its erection affects or could affect the purposes for which a special protection has been provided for that strip of land called the Maritime Terrestrial Zone, so in application of article 13 of said Law, the Trial Court did have jurisdiction to order the demolition of said construction. For all the foregoing, the rejection of the present ground of cassation is proper.

II.- SECOND GROUND ON FORM: IMPROPRIETY OF THE DEMOLITION FOR VIOLATING THE PRINCIPLE OF NATURAL JUDGE: The ground is based on articles 35, 39 and 41 of the Political Constitution, 1 and 3 of the Penal Code, 13 of the Code of Criminal Procedure; and 6, 13 and 20 of the Law on the Maritime Terrestrial Zone. In this ground, licensed attorney [Nombre4] again refers to the facts that were charged (having illegally occupied a parcel located within the Maritime Terrestrial Zone and having started, illegally, the construction of a premises within it), to then argue that the technical and material defense prepared to discuss in a criminal trial the responsibility or non-responsibility of the accused, but that the Trial Judge opted to resolve issues that were never discussed in debate, and decides to carry out an analysis on the registration of the property, which the accused purchased protected by the Registry. The appellant considers that the Judge exceeded his functions and powers, that it did not correspond to the criminal court to rule on a registry inscription, much less order the demolition of a construction that is registered as private property in the name of the accused, for which the State should have previously resorted to ordinary legal channels, to proceed to reivindicar the property in favor of the State, if it were proper under law. Based on this ground, the appellant requests that the appeal be granted and the demolition be set aside as well as the declaration of “partial nullity” that weighs on her client's property. It is clear that this ground basically repeats the arguments set forth in the previous ground, only placing more emphasis on the allegation that the Judge was incompetent to rule on the illegality of the property title that the accused has on the land where the questioned construction began and that he could not pronounce a partial nullity on that registration. This Chamber admits that to declare the nullity of that titling one must go to another venue (the administrative contentious jurisdiction), and that only through that procedure could the partial cancellation of that titling be ordered to set the southern limit of the registered land as the restricted zone of the maritime terrestrial zone, and not the public road as it currently is; however, the fact that the appealed judgment said among its considerations that said [Placa2] suffers from a partial nullity, does not imply a declaration in that sense, since in the operative part no reference was made to that nullity. Moreover, for what was resolved in relation to the demolition of what was built by the accused, a declaration of nullity of that [Placa3] was not required, but rather the verification that said [Placa3] was not carried out in accordance with the law was sufficient, as required by cited article 6 for the exception of application of Law No. 6043 of March 2, 1977 to the case to operate, without affecting the principle of Natural Judge with that work. For the foregoing, this ground of cassation is rejected.

III.- CASSATION APPEAL FILED BY LICENSED ATTORNEY [Nombre5] , AUXILIARY PROSECUTOR OF THE PUBLIC MINISTRY. PRELIMINARY MATTER: Before issuing a pronouncement on the challenge formulated by the representative of the Public Ministry, we proceed to resolve in relation to the offering of evidence made by licensed attorney [Nombre10] . On the last page of his appeal, which appears on folio 343, the Prosecutor offers the following as evidence: 1.- The testimony of architect [Nombre11] , who it is indicated will testify that he clearly explained to the accused that he had to build on the private property and not in the maritime terrestrial zone, which had to be respected. 2.- The documentary evidence (plans, construction plans, sketches, administrative file before the Municipality of Puntarenas) used in the criminal process. 3.- The records and the cassettes of the debate to accredit the actions carried out within the plenary. In relation to the evidence indicated in point 2.-, reference is made to it without specifically specifying which is that evidence and where it appears or what is intended to be proven with it; however, by saying that it was the evidence used in the criminal process, it seems to be referring to the documents that were incorporated into the debate and upon which the lower court carried out assessment in the judgment, so it is not understandable what sense it makes to offer them in the cassation appeal. In relation to the records and cassettes of the debate, it is not indicated which are the facts of the development of the debate that are intended to be demonstrated with those documents and what relationship those pieces of evidence would have with the invoked ground of cassation, however, in accordance with article 449, bis.- of the Code of Criminal Procedure (added by law No. 8503, of April 28, two thousand six), this Court may examine those records of the hearings in which the debate took place, to the extent that it is related to the grounds raised. Finally, the testimony of architect [Nombre11] , is rejected outright, since according to the new text of article 449 Ibid., “the Public Ministry, the plaintiff, and the civil party may offer evidence essential to resolve the substance of the claim, only when it has previously been rejected, was not previously known, or is related to new facts.” In the present case, it is recorded in the record on folio 126, that in the debate, during the hearing held on the ninth of August of the year 2007, Mr. [Nombre12] was offered as testimonial evidence for better provision by the representative of the Procuraduría General de la República; later, in the hearing of the fifth of September 2007 it is recorded that the Procurador dispenses with the request to receive the testimony of [Nombre13] , before which it is indicated that “things being thus, the Court will not admit the witness.” From the indicated records it is inferred that in the trial stage there was knowledge of that witness and the facts about which he could declare, which led the representative of the Procuraduría General de la República to offer him as evidence for better resolution during the debate, an offer from which he later desisted, which led the Court not to receive that testimony. For such reasons, we must conclude that it is not a witness who was previously unknown or who is being offered in relation to new facts. According to the appealed judgment, in the debate the accused had indicated that it was the engineer hired by him to draw up the plans for the building he would erect, who made him see that he was only prohibited from building in the public zone of fifty meters (see pages 279, 315 and 316), hence from the moment the accused gave his statement in debate, the representative of the Public Ministry had the opportunity to offer architect [Nombre11] to see if he confirmed or contradicted the accused's statement, so the proposition of that witness at this time to try to discredit what was said by the accused in debate in relation to what he stated to him regarding the site where he could build, does not really constitute a new fact about which the need for receiving that witness would have arisen after the issuance of the judgment. Furthermore, it does not appear that the representative of the Public Ministry had made any request before the lower court for the reception of that testimony, which would have been rejected; nor did he even make any statement in relation to the Court's decision not to receive that witness after the proponent dispensed with the offer, so it is also not in the case of offering the witness in cassation because the same had been rejected in debate. In this sense, article 424, ibid., is also applicable by analogy, since the representation of the Public Ministry, being able to do so, did not opportunely ensure that said testimony was received, and instead remained silent when the Court, before the withdrawal of the offer by the Procurador, decided not to receive it.

IV.- SOLE GROUND OF FORM: ILLEGITIMATE REASONING. LACK OF ANALYSIS OF DOCUMENTARY EVIDENCE THAT PROVES ESSENTIAL: The ground is based on section 39 of the Political Constitution, as well as articles 1, 142, 175, 176, 178, 363, 365, 369, and 450 of the Code of Criminal Procedure. The appellant alleges that the Trial Court decided to absolve the defendant of all penalty and responsibility because it considered that a mistake of fact (error de tipo) existed of such magnitude that when the defendant built in the restricted zone of the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre), he believed he was building on his private property, acquired since nineteen eighty-two. That the Court considered the defendant had been deceived by the engineer who prepared the construction plans for the building he intended for commerce, because the latter told him that it was only forbidden to build within the first fifty meters after the high tide (public zone); reasoning that Licentiate [Name10] considers illegitimate, since, according to him, the information the architect provided the accused did not relate to the possibility of building the commercial premises in the restricted zone of the maritime-terrestrial zone. He asserts that this is so because in one of the construction plans (the electrical plan), on which the location of the commercial premises on the site is determined, one can appreciate how the architect who designed the construction plans locates the building outside the maritime-terrestrial zone, properly on the defendant's private property, as can be appreciated from cadastral plan P-3238764-96, and that despite that information provided by the architect in that construction plan, the defendant, evidently moved by commercial aspects, decided to construct the building, properly, at the edge of the public street located within the restricted zone, a few meters from the public zone, within the restricted zone. The appellant adds that the construction plan where the electrical distribution is determined has been interpreted by the Judge through a gross error, in an unreasonable or arbitrary manner, which led him to introduce conclusions contrary to the rules of common experience, evidencing a clear violation of the rules of sound rational criticism (reglas de la sana crítica racional); therefore, it is argued that the judgment contains erroneous intellective reasoning by incorrectly assessing the documentary evidence. The challenger requests that the ground be upheld and the sentence be quashed and the case record be returned for its due substantiation. The ground is rejected: Firstly, it should be mentioned that Mr. Prosecutor [Name10] titles this point of his appeal as a defect of illegitimate reasoning, for an alleged lack of reasoning on evidence that proves essential; however, in the development of the argument, he does not express which evidence's analysis was omitted (pretermission of evidence) and instead proceeds to question one of the facts that the lower court (a quo) held as proven (that relating to the statements made to the defendant by the professional who prepared the construction plans) and, with that purpose, makes a biased analysis of the plan corresponding to the electrical system of the construction in question. Likewise, he attacks the assessment of that plan made by the judge, describing it as unreasonable and arbitrary, which leads him to introduce conclusions contrary to the rules of common experience that evidence a clear violation of the rules of sound rational criticism. We see thus, how the appellant moves from an allegation of lack of reasoning on essential evidence to an attack on the reasoning for violation of the rules of sound rational criticism. However, at no time does this appeal proceed to express what those rules of common experience are that are infringed in the challenged judgment. Moreover, no assessment is even made of the reasoning made by the lower court, which does not allow this Chamber to verify which reasoning is being attacked as erroneous and which rules of sound rational criticism are considered violated. In relation to the ground under analysis, ruling No. 2003-01006 of the THIRD CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE applies. San José, at nine hours and forty minutes on the seventh of November, two thousand three, which provides: "What the appellants seek is to substitute the assessment made by the lower court of the evidence for their own. At no time do they manage to specify a specific flaw in the reasoning followed by the Court when assessing the evidence, but simply say it was mistaken, because a different conclusion should have been derived from it than the one stated by the judging body. But they do not support this assertion. They do not specify in what way correct human understanding was violated when assessing the evidence. The foregoing is sufficient to dismiss this allegation, since by presenting that type of argument, the claimants seek for this body to directly proceed to examine the evidence available to the lower court. But this is not possible, because such an assessment would mean in any case – whether one agrees with what was concluded by the lower court or disagrees with it – deciding again on the facts, with the problem that this new decision would be based on an examination of evidence conducted on what is recorded in writing, without having direct contact with the witnesses, without appreciating the adversarial process, without holding a public hearing and, most seriously, it would be a decision lacking a remedy of appeal. In other words, an allegation based on the subjective appreciation of the evidence by the challenger, in which it is not specified in what way the Judges would have violated the rules of sound rational criticism when reasoning and justifying their judgment, or can be addressed in cassation, since that would imply disrespect for the most important phase of the criminal process, which is the trial, as well as for the principles that inform it: publicity, adversarial procedure, immediacy, and orality. Likewise, proceeding to examine the evidence based on subjective appreciations of the appellant party would imply a violation of article 8, paragraph 2, subparagraph h) of the American Convention on Human Rights, since under those conditions what would actually be issued would be a ruling on the facts, which would lack a remedy." Despite that deficiency of the appeal, which by itself could justify its dismissal, this Court notes that the reasoning of the Trial Court in relation to the error it considers actualized in the defendant's conduct (contained in folios 305 to 320), is extensive, meticulous, and well-reasoned. In that sense, among other arguments set forth in the challenged sentence, it is indicated that: "That said, it is also important to note that when the defendant is concretely and specifically made to see that he is probably committing a criminal action (building in the restricted zone of the maritime-terrestrial zone without permits), he completely halts the building he was erecting. Ultimately, the testimonial evidence offered by the defense has been absolutely explicit in pointing out that indeed the work started by the defendant is completely halted. Ultimately, from the moment the members of the Judicial Investigation Organization conducted an on-site inspection at the location, on the fifteenth of May, two thousand one, it was verified that the construction was abandoned (folio 11 front). In short, when the defendant [Name1] ... becomes aware of the intervention of the municipal authority ordering the work stoppage, he stops it because at that moment, and no other, he enters into a true doubt about the legal nature of the property he has always considered as part of his property. Having said all the above, it can be concluded that in the case at hand, the defendant [Name1] ... incurred a mistake of fact (error de tipo) because he always considered the strip of land located in the restricted zone of the maritime-terrestrial zone as his property. Ultimately, the defendant [Name1] ... could deduce that that strip of land was part of his property because from the very moment that property emerged at the registry level, the property's southern boundary was indicated as marked by the public street and the inalienable zone. That zone, at the time the property owned by the defendant was registered, was solely constituted by fifty meters from the ordinary high tide line (Law 4558 of April 22, 1970, Law of Tourist Urbanization of the Maritime Zone). This is so, because in accordance with that legal norm, the remaining one hundred fifty meters strip could be registered in favor of private individuals in accordance with its Transitory III. Furthermore, when the defendant [Name1] ... acquires the property by purchase made from [Name14] in the year eighty-two, in the public deed granted for this purpose it is recorded that the southern boundary is constituted by the public street and the inalienable zone. Ultimately, the registry reality thus defined was also perceived as such by the social conscience developed in Costa de Pájaros. This is so, because for all those persons who had managed to register property in the Public Property Registry during the nineteen seventies, the "maritime mile" was only fifty meters. Moreover, it is important to point out that not only the registry and social aspects allowed the defendant [Name1] ... to consider the land where he was building as his property, but also the exercise of the powers derived from property rights that he developed for sixteen years (effective possession, defense by installing a fence of concrete posts and barbed wire) without any authority, not even municipal, questioning the exercise of those powers. Furthermore, the defendant had counted on the advice of a professional in engineering, or architecture, who had made it known to him that he could build on his land provided he did not build in the public zone of the maritime-terrestrial zone. Now then, what was said by the defendant [Name1] ... has partial support in the analysis of the electrical distribution sketch that the defendant's supermarket would have. Certainly, in that sketch one can see how the bulk of the building is located outside the zone that was identified as part of the restricted zone, but property of [Name1] ... as already explained previously. Moreover, it is incontrovertible that the defendant did not begin building at the point indicated in the sketch but, due to his commercial interest, shifted it closer to the public road. Now, the professional referred to in said sketch bases it on cadastral plan P-323674-96, so he continues delineating the restricted zone of the maritime-terrestrial zone but always as part of the property of [Name1] ... In other words, despite that cadastral demarcation, it is not established that said zone is administered or, as legally stated, is municipal property. Furthermore, the analysis of that electrical distribution sketch allows visualizing that its subscriber proposes the execution of a series of works in the strip identified as the restricted zone. Let us see: the building that the defendant [Name1] ... planned to complete would consist of two floors. Precisely, in the electrical distribution sketch, one can observe how the stairs providing access to the second floor start from the zone demarcated as the restricted zone of the maritime-terrestrial zone. In addition to that, in that sketch, one can observe how the coordinating professional proposes the creation of an access road that runs from the public street to what would be the planned supermarket. Finally, the coordinating professional proposes the erection of the meter box (mocheta de medidor) adjacent to the public road. Therefore, the rules of experience determine that a meter box must be placed on the property of the person who will request the electrical service. Then, it can be concluded that if the professional in charge had not considered the zone demarcated as the restricted zone as part of the defendant's property, it would be logical to think that said meter box should have been placed together with the planned construction. Therefore, when the defendant begins building what would be a supermarket in the restricted zone of the maritime-terrestrial zone, he believes he is executing that infrastructure work on land of his property" (see folios 318 to 320). From the transcribed text, it is clear that the Trial Court did make a reasoned analysis of the electrical distribution plan, which it analyzed in relation to the rest of the documentary, testimonial evidence, and the defendant's own statement, and no violations of the rules of common experience are evident in said reasoning. The appellant, in his attack against the reasoning of the appealed judgment, focuses his arguments against the interpretation of said electrical distribution plan, and seeks for that documentary evidence to lead to the conclusion that one of the facts stated in the appealed judgment is not certain (that the architect "had made it known to him that he could build on his land provided he did not build in the public zone of the maritime-terrestrial zone"), however the Court's analysis of that document integrates it with the rest of the evidence that was subject to debate, besides considering aspects of that plan that the appellant does not assess in his particular analysis of that document, and at no time is it demonstrated in this appeal what rules of experience the lower court's evidentiary analysis violates. It should be added at this point that while this Criminal Cassation Chamber deems that an error was present in the facts, it is necessary to indicate that it is not a "mistake of fact" (error de tipo), but rather a "mistake of prohibition" (error de prohibición), since it is stated that the defendant, believing he was authorized to build on his property (when in reality he was not), proceeded to carry out the construction that gave rise to this case. For all the reasons set forth, this allegation is dismissed.

THEREFORE:

The appeals for cassation filed by Licentiates [Name4], public defender of the defendant, and [Name5], representing the Public Prosecutor's Office, are dismissed. LET IT BE NOTIFIED.

[Name15] [Name16] [Name17] [Name18] Martín Alfonso Rodríguez Miranda [Name3] Judges of Criminal Cassation Against: Crime: Violation of the Maritime-Terrestrial Zone Law Victim: The State halvarez

Marcadores

PODER JUDICIAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PODER JUDICIAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA, SAN RAMÓN Tel: 456-9069 [...]

___________________________________________________________________________________________ Res: 2008-00209 TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA, SECCIÓN SEGUNDA. San Ramón, a las dieciséis horas treinta minutos del nueve de mayo de dos mil ocho.

RECURSO DE CASACIÓN interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre1] . . , mayor de edad, vecino de Costa de Pájaros, cédula de residencia número CED1, por el delito de INFRACCIÓN A LA LEY SOBRE LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE, en perjuicio de EL ESTADO. Intervienen en la decisión del recurso, los Jueces [Nombre2] , Martín Alfonso Rodríguez Miranda y [Nombre3] . Se apersonaron en casación, la licenciada [Nombre4] , defensora pública del imputado, el licenciado [Nombre5] , representante del Ministerio Público y el licenciado [Nombre6] , representante del Estado.

RESULTANDO:

1.- Que mediante sentencia número 406-P-07 de las ocho horas del once de octubre de dos mil siete, el Tribunal de Juicio de Puntarenas, resolvió: "POR TANTO: De conformidad con lo expuesto, artículos 33, 39 y 41 de la Constitución Política, artículos 11, 19, 20, 30, 31, 34, 45, 227 del Código Penal; 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 20, 21, 22, 25, 62 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre; 22 del Reglamento a la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre; 16, 32, 75 y siguientes, 265 y siguientes, 328, 330, 333, 334, 335, 336, 337, 341, 343, 349, 350, 351, 356, 357, 358, 360, 361, 363, 364, 366 del Código Procesal Penal, al resolver el presente asunto se acuerda ABSOLVER DE TODA PENA Y RESPONSABILIDAD al imputado [Nombre1] . . . por el delito de CONSTRUCCIÓN ILEGAL EN LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE. Se resuelve el aspecto penal sin especial condenatoria en costas. Se ordena la demolición de las instalaciones que levantó el imputado en la zona restringida de la zona marítimo terrestre permiso. Deberá el imputado proceder a la demolición ordenada dentro del plazo de quince días a partir de la firmeza de este fallo, bajo el apercibimiento de que en caso de omisión la demolición deberá ser practicada por la autoridad administrativa competente. En este último supuesto los gastos de demolición correrán a cargo del imputado. NOTIFIQUESE MEDIANTE LECTURA. Licdo. Juan Carlos Mejías Cordero." 2.- Que contra el anterior pronunciamiento la licenciada [Nombre4] , defensora pública del imputado y el licenciado [Nombre5] , representante del Ministerio Público, interpusieron recurso de casación.

3.- Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 450 del Código Procesal Penal, el Tribunal procedió a conocer del recurso.

4.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

Redacta el Juez de Casación [Nombre7] ; y,

CONSIDERANDO:

I.- RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR [Nombre4] , DEFENSORA PÚBLICA DE [Nombre8] . . . PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN POR LA FORMA: POR IMPROCEDENCIA DEL DERRIBO POR VIOLENTAR EL DERECHO DE DEFENSA AL PRONUNCIARSE SOBRE UN TEMA NO CONTROVERTIDO EN DEBATE: Se fundamenta el motivo en los numerales 39 y 41 de la Constitución Política, 8.2, incisos b y c de la Convención Americana de Derechos Humanos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 12 del Código Procesal Penal; y 6, 13 y 20 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre. Alega la impugnante que al imputado se le acusó de haber ocupado ilegalmente una parcela que formaba parte de la zona marítimo terrestre y haber realizado una construcción; que en el contradictorio se determinó que existió una negligente investigación por parte del Ministerio Público, ya que esa propiedad se encontraba inscrita en el Registro Público desde el año 1976 y que al estarse ante una propiedad privada inscrita a nombre del imputado, nos encontramos ante una excepción que la misma Ley de la Zona Marítimo Terrestre establece en su artículo 6. Que consecuentemente la construcción realizada por el imputado, constituía una infracción de carácter administrativo a la Ley de Construcciones, más no un ilícito penal, porque se encontraba fuera del marco legal de la Ley de Zona Marítimo Terrestre; tesis que ampara en el Voto 42-93 el cual a la vez cita el Voto 161-F de las 14:55 horas del 20 de agosto de 1985, ambos de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Agrega la recurrente que no obstante lo anterior, el Juez Penal, extralimitándose en sus funciones, decide en forma sorpresiva, para el imputado y la defensa, realizar un análisis acerca de la legalidad de la inscripción de la propiedad, decretando una nulidad “parcial” de lo inscrito en zona restringida y ordenando así el derribo de la construcción que se encontraba en dicha área. Que la legalidad de la inscripción de la propiedad en litigio nunca fue tema en debate, e incluso nunca fue una pretensión del ente acusador o del querellante, por lo que se estima que ha existido una violación al debido proceso, al derecho de defensa y al derecho de propiedad del imputado. Termina argumentando la recurrente que el Juez no podía ordenar el derribo de la construcción y pronunciarse sobre una inscripción registral que data desde el año 1976, ya que el imputado se encuentra amparado en el Principio de Publicidad Registral, por lo que previamente el Estado debió recurrir a las vías legales ordinarias para poder reivindicar la propiedad a favor del Estado, si es que procedía conforme a derecho, pero que no debía el Juez pronunciarse sobre un aspecto que no había sido sometido a su competencia ni se había solicitado en las pretensiones punitivas, pues para el acusador el imputado había ocupado ilegítimamente una parcela en zona marítimo terrestre y en el juicio lo que se determinó fue que ese terreno es propiedad del imputado y que al ordenar el juez una nulidad parcial y el derribo, cercena los derechos del imputado sobre un bien adquirido legítimamente y que eventualmente, en caso de discutirse si procedía o no la inscripción, y se determinara que la misma había sido otorgada contraria a la normativa, dicho error es imputable al mismo Estado, por lo que procedería la respectiva indemnización a favor del particular. Se solicita en este motivo que se declare con lugar el recurso y se deje sin efecto el derribo. El motivo se rechaza. En esta causa la acusación del Ministerio Público y la querella del señor representante de la Procuraduría General de la República, atribuyeron al imputado [Nombre9] . . haber ocupado ilícitamente una parcela ubicada dentro de la zona marítimo terrestre de Costa de Pájaros, Manzanillo en Puntarenas, específicamente a 84.290 metros norte del mojón [Dirección1] de Costa de Pájaros, acción que se fija como ocurrida desde el mes de octubre del año mil novecientos noventa y ocho y hasta la fecha; también se le atribuyó que una vez que el encartado entró en posesión ilícita de la citada parcela, igualmente de manera ilícita empezó la construcción de un local de 12 metros frente y 36.20 metros de fondo. Ciertamente no se indicó en esas piezas acusatorias que el área donde se realizaba la construcción estaba inscrita en el Registro Público de la Propiedad a nombre del imputado. La defensa técnica del imputado ha invocado esa inscripción registral como argumento para sostener que la construcción realizada sin los permisos por parte de su defendido constituye una infracción de carácter administrativo conforme a la Ley de Construcciones, y no el delito acusado por cuanto al tratarse de una propiedad privada inscrita a nombre de su representado, nos encontramos ante la excepción contemplada en el artículo 6 de la Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre, por lo que la infracción está fuera del marco de esa ley. Al respecto, cabe advertir que si el legislador creyó necesario darle un régimen especial a la franja de los doscientos metros aledaños a las costas de nuestro territorio continental (a partir de la pleamar ordinaria), fue porque estimó que en dicha franja (compuesta a su vez por la zona pública y la zona restringida, la primera de un ancho de cincuenta metros y la segunda de ciento cincuenta metros) el Estado tenía un interés especial con miras al uso y disfrute público de las playas y los mares, así como por tutelar con ese régimen especial otros fines estratégicos del Estado, entre ellos el comercial, el turístico y el relativo a la seguridad de la Nación. Ahora bien, es cierto que el legislador decidió establecer en la Ley sobre la Zona Marítima Terrestre vigente, algunas excepciones a la aplicación de las disposiciones de esa ley para los casos de algunos terrenos ubicados físicamente dentro de la zona marítimo terrestre, entre ellos las propiedades inscritas, con sujeción a la ley, a nombre de particulares (artículo 6 de dicha ley). Nótese que esa norma no se refiere a todas las propiedades inscritas, sino solo a las tituladas “con sujeción a la ley”. Es claro aquí que la sujeción que se exige no es en relación con una ley específica, sino con cualquier ley que tenga que ver con la titulación de tierras. Ahora bien, el Tribunal de Juicio tenía válidamente bajo su conocimiento los hechos atribuidos al acusado en la acusación y en la querella, por lo que parte de esa función consistía en la determinación de si el terreno en que se realizaba la construcción cuestionada está o no dentro de la franja de la zona marítimo terrestre, así como si dicha construcción fue realizada conforme a derecho. Pero también correspondía a dicho Tribunal juzgar si al presente caso le era o no aplicable la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, ello por cuanto si la misma estuviera excluida, no podría aplicarse al imputado el tipo penal atribuido en las piezas acusatorias (artículo 62, en relación con el 12, Ibíd.) ni el artículo 13, que establece la facultad de ordenar la demolición de la construcción. Por tal motivo, sí estaba facultado el Tribunal para valorar si la titulación de la propiedad que el imputado tiene inscrita en el Registro Público, la cual incluye parte de la zona restringida de la zona marítimo terrestre (según lo determino el a quo), fue realizada con sujeción a la ley, porque si así hubiera sucedido, efectivamente no hubiera podido aplicar al caso los artículos recién citados y efectivamente a la construcción que estaba levantando el imputado sin los permisos legales, habría que haberle aplicado la Ley de Construcciones. Pero en caso contrario, si esa titulación se hizo de manera ilegal, sí podría validamente el Tribunal dictar una resolución aplicando esos artículos. No considera esta Cámara que sea violatorio del debido proceso y el derecho de defensa del imputado el análisis que hace el Tribunal de Juicio sobre el tema de la legalidad de la inscripción, ya que ese es un requisito sine qua non para poder determinar si tal y como lo alegó la defensa del imputado en debate, este caso estaría excluido de la aplicación de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, en aplicación del citado artículo 6. Precisamente durante la etapa de investigación y en la audiencia preliminar, la defensa no hizo la menor referencia al hecho de que el imputado tenía inscrito como propiedad privada el terreno en que se efectuaba la construcción, y más bien en la audiencia preliminar la defensora pública que representó al imputado hizo alegatos de otra índole, como que no estaba demostrado que el imputado no tuviera algún permiso para construir o alguna concesión sobre ese terreno, y ofreció pruebas en relación con esos aspectos. Es cierto que también ofreció como prueba para el debate una escritura y un [Placa1], pruebas que no fueron aportados en ese acto sino que se indicó que serían presentados al debate, y se indicó que esas pruebas tenían como finalidad “demostrar que el imputado tiene formalizado su derecho sobre el terreno, y aunque estamos hablando de bienes inalienables, podríamos estar en presencia de un error de prohibición” (Ver pág. 33 del fue sino en debate que se alega que la conducta es atípica en aplicación del citado artículo 6, y ahora alega violación al derecho de defensa por el hecho de que el Tribunal entró a analizar esa titulación, para determinar si al caso le era o no aplicable esa ley. Sin embargo, como ya se indicó, el a quo sí estaba legitimado para hacer esa constatación, precisamente para determinar si efectivamente era de recibo la alegación de la Defensora del imputado en el sentido de que de conformidad con el numeral 6 de la Ley en comentario, al caso no se le podía aplicar esa Ley, y es así como de manera amplia y razonada el Tribunal desarrolla una fundamentación, que no es atacada en el recurso, conforme a la cual concluye que esa titulación fue aprobada al margen de la Ley, es más, contra expresa disposición de la Ley Nº 5602 del 4 de noviembre del año 1974, que estaba vigente para la fecha en que se produjo la titulación en comentario, la cual suspendía la aplicación del transitorio III de la Ley de Urbanización Turística de la Zona Marítimo Terrestre, Nº 4558 del 22 de abril del año 1970, que era la norma que autorizaba la inscripción por el trámite de información posesoria de los terrenos dentro del área restringida que reuniera ciertos requisitos. Ahora bien, si pese a que el imputado tuviera inscrito a su nombre en el Registro Público de la Propiedad, un terreno que abarcaba en parte la zona restringida de la zona marítimo terrestre (en la que comenzó a realizar la construcción cuestionada), sí resulta aplicable a ese inmueble la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre por no estarse en alguno de los casos excepcionados por el artículo 6 de esa norma, ello permite concluir que comprobado ese hecho, aún cuando el imputado hubiere resultado absuelto en aplicación de la figura del error de tipo, ello no implica que no pueda ordenarse la demolición de la construcción, ya que se ha probado que efectivamente ésta se encuentra dentro la zona restringida de la zona marítimo terrestre, y que fue realizada sin autorización municipal, por tales motivos, el levantamiento de ésta afecta o podrían afectar los fines para los que ha sido dispuesta una protección especial para esa franja de terreno que se denomina Zona Marítimo Terrestre, por lo que en aplicación del artículo 13 de dicha Ley, si tenía competencia el Tribunal de Juicio para ordenar la demolición de dicha construcción. Por todo lo expuesto, procede el rechazo del presente motivo de casación.

II.- SEGUNDO MOTIVO POR LA FORMA: IMPROCEDENCIA DEL DERRIBO POR VIOLENTAR EL PRINCIPIO DE JUEZ NATURAL: Se fundamenta el motivo en los artículos 35, 39 y 41 de la Constitución Política, 1 y 3 del Código Penal, 13 del Código Procesal Penal; y 6, 13 y 20 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre. En este motivo la licenciada [Nombre4] hace nuevamente referencia a los hechos que fueron acusados (haber ocupado ilegalmente una parcela ubicada dentro de la Zona Marítimo Terrestre y haber empezado, ilegalmente, la construcción de un local dentro de la misma), para luego argumentar que la defensa técnica y material se prepararon para discutir en un juicio penal sobre la responsabilidad o no responsabilidad del imputado, pero que el Juez de juicio opta por resolver asuntos que nunca fueron discutidos en debate, y decide hacer un análisis sobre la inscripción de la propiedad, la cual el imputado compró amparado en el Registro. Estima la recurrente que el Juez se extralimitó en sus funciones y competencias, que no correspondía a la sede penal pronunciarse sobre una inscripción registral, y mucho menos ordenar el derribo de una construcción que se encuentra inscrita como propiedad privada a nombre del imputado, por lo que previamente el Estado debió recurrir a las vías legales ordinarias, para proceder a reivindicar la propiedad a favor del Estado, si es que procedía conforme a derecho. Con base en este motivo, la recurrente solicita que se declare con lugar el recurso y se deje sin efecto el derribo así como de la declaratoria de “nulidad parcial” que pesa sobre la propiedad de su defendido. Es claro que este motivo repite básicamente los argumentos incompetente para pronunciarse sobre la ilegalidad del título de propiedad que tiene el imputado sobre el terreno en que se comenzó la realización de la construcción cuestionada y que no podía pronunciar una nulidad parcial sobre esa inscripción. Esta Cámara admite que para declarar la nulidad de esa titulación se deberá ir a otra vía (la contenciosa administrativa), y que solo por ese procedimiento podría ordenarse la cancelación parcial de esa titulación para fijar como límite sur del terreno inscrito la zona restringida de la zona marítimo terrestre, y no la vía pública como está en la actualidad; sin embargo, el hecho de que la sentencia recurrida haya dicho entre sus consideraciones que dicha [Placa2] adolece de una nulidad parcial, no implica una declaratoria en ese sentido, ya que en el por tanto no se hizo referencia a esa nulidad. Además, para lo resuelto en relación con la demolición de lo construido por el imputado no requería una declaratoria de nulidad de esa [Placa3], sino que bastaba con la constatación de que efectivamente esa [Placa3] no fue realizada conforme a la ley, como lo requiere el citado artículo 6 para que opera la excepción de aplicación de la Ley Nº 6043 del 2 de marzo del año 1977 al caso, sin que se afecte con esa labor el principio de Juez Natural. Por lo expuesto, se rechaza este motivo de casación.

III.- RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR EL LICENCIADO [Nombre5] , FISCAL AUXILIAR DEL MINISTERIO PÚBLICO. CUESTIÓN PREVIA: Antes de emitir pronunciamiento sobre la impugnación formulada por el representante del Ministerio Público, se procede a resolverse en relación con el ofrecimiento de prueba que realiza el licenciado [Nombre10] . En la última página de su recurso, que consta en folio 343, el señor Fiscal ofrece como pruebas las siguientes: 1.- El testimonio del arquitecto [Nombre11] , de quien se indica que depondrá que él le explicó claramente al imputado que debía de construir en la propiedad privada y no en la zona marítimo terrestre, la cual debía de respetar. 2.- La prueba documental (planos, planos de construcción, croquis, expediente administrativo ante Municipalidad de Puntarenas) utilizada en el proceso penal. 3.- Las actas y los cassettes del debate para acreditar la actuación realizada dentro del plenario. En relación con la prueba indicada en el punto 2.-, se hace referencia a la misma sin especificar concretamente cuáles son esas pruebas y donde constan ni qué se pretende probar con éstas; sin embargo, al decir que fue la prueba utilizada en el proceso penal, parece estarse refiriendo a los documentos que fueron incorporados al debate y sobre los cuáles el a quo realizó valoración en sentencia, por lo que no es comprensible qué sentido tiene ofrecerlos en el recurso de casación. En relación con las actas y los cassettes del debate, no se indica cuáles son los hechos del desarrollo del debate que se pretende demostrar con esos documentos y qué relación tendrían esas pruebas con el motivo de casación invocado, sin embargo, de conformidad con el artículo 449, bis.- del Código Procesal Penal (agregado mediante ley Nº 8503, del 28 de abril del dos mil seis), este Tribunal podrá examinar esos registros de las audiencias en que se desarrolló el debate, en la medida en que tenga relación con los motivos planteados. Por último, el testimonio del arquitecto [Nombre11] , se rechaza de plano, ya que conforme al nuevo texto del artículo 449 Ibíd., “el Ministerio Público, el querellante y el actor civil podrán ofrecer prueba esencial para resolver el fondo del reclamo, solo cuando antes haya sido rechazada, no haya sido conocido con anterioridad o esté relacionada con hechos nuevos”. En el presente caso consta en acta de folio 126, que en el debate, durante la audiencia celebrada el nueve de agosto del año 2007, el señor [Nombre12] fue ofrecido como prueba testimonial para mejor proveer por parte del representante de la Procuraduría General de la República; luego, en la audiencia del cinco de setiembre del 2007 se consigna que el Procurador prescinde de la solicitud de recibimiento del testimonio de [Nombre13] , ante lo cual se indica que “siendo así las cosas, el Tribunal no admitirá al testigo”. De las actas indicadas se desprende que en la etapa de juicio se tuvo conocimiento de ese testigo y de los hechos sobre los cuáles podría declarar, lo que llevó al representante de la Procuraduría General de la República a ofrecerlo como prueba para mejor resolver durante el debate, ofrecimiento del cual luego desistió, lo que llevó al Tribunal a no recibir ese testimonio. Por tales motivos, debemos concluir que no se trata de un testigo que antes fuera desconocido o que se esté ofreciendo en relación con hechos nuevos. Según consta en la sentencia recurrida, en el debate el imputado había indicado que fue el ingeniero por él contratado para elaborar los planos de la edificación que levantaría, quien le hizo ver que a él únicamente le estaba vedado construir en la zona pública de cincuenta metros (ver páginas 279, 315 y 316), de ahí que desde el momento en que el imputado rindió su declaración en debate, el señor representante del Ministerio Público tuvo la oportunidad de ofrecer al arquitecto [Nombre11] para ver si éste confirmaba o contradecía el dicho del imputado, por lo que la proposición de ese testigo en estos momentos para tratar de desacreditar lo dicho por el imputado en debate en relación con lo que éste le manifestó en cuanto al sitio en que podía construir, no constituye realmente un hecho nuevo sobre el cual la necesidad de la recepción de ese testigo hubiera surgido luego del dictado de la sentencia. Además, no consta que el representante del Ministerio Público hubiera hecho ante el a quo alguno solicitud de recepción de ese testimonio, la cual le hubiera sido rechazada; ni siquiera hizo manifestación alguna en relación con la decisión del Tribunal de no recibir ese testigo luego de que el proponente prescindiera del ofrecimiento, por lo que tampoco se está en el supuesto de ofrecimiento del testigo en sede de casación porque el mismo le hubiera sido rechazado en debate. En este sentido también resulta de aplicación, por analogía, el artículo 424, ibíd., ya que la representación del Ministerio Público, pudiendo hacerlo, no procuró oportunamente que se recibiera ese testimonio, y más bien guardó silencio cuando el Tribunal, ante el desistimiento del ofrecimiento por parte del Procurador, decidió no recibirlo.

IV.- MOTIVO ÚNICO DE FORMA: POR FUNDAMENTACIÓN ILEGÍTIMA. FALTA DE ANÁLISIS DE PRUEBA DOCUMENTAL QUE RESULTA ESENCIAL: Se fundamenta el motivo en los numerales 39 de la Constitución Política, así como los artículos 1, 142, 175, 176, 178, 363, 365, 369 y 450 del Código Procesal Penal. Alega el recurrente que el Tribunal de Juicio decidió absolver de toda pena y responsabilidad al encartado porque consideró que existió un error de tipo de tal magnitud que cuando el encartado construyó en la zona restringida de la zona marítimo terrestre, consideró que estaba construyendo en su propiedad privada, adquirida desde mil novecientos ochenta y dos. Que el Tribunal consideró que el encartado había sido engañado por el ingeniero que le realizó los planos de construcción del edificio que destinaría al comercio, debido a que éste le manifestó que solamente era prohibido construir en los primeros cincuenta metros luego de la pleamar (zona pública); razonamiento que el licenciado [Nombre10] considera ilegítimo, ya que, según él, la información que le brindó el arquitecto al imputado no versaba sobre la posibilidad de construir el local comercial en la zona restringida de la zona marítimo terrestre. Afirma que eso es así porque en uno de los planos de construcción (en el de electricidad), en el cual se encuentra determinada la ubicación del local comercial en el sitio, se logra apreciar cómo el arquitecto que diseñó los planos constructivos ubica la edificación fuera de la zona marítimo terrestre, propiamente en la propiedad privada del imputado, conforme se logra apreciar del plano catastrado P-3238764-96, y que no obstante esa información que brindó el arquitecto en ese plano constructivo, el imputado, evidentemente movido por aspectos comerciales, decidió construir el inmueble, propiamente, al borde de la calle pública que se ubica dentro de la zona restringida, a escasos metros de la zona pública, dentro de la zona restringida. Agrega el recurrente que el plano constructivo donde se determina la distribución eléctrica, ha sido interpretado por el Juzgador mediante un grueso error, de forma irrazonable o arbitraria, lo que le llevó a introducir conclusiones contrarias a las reglas de la experiencia común, que evidencian una clara violación a las reglas de la sana crítica racional; por lo que se argumenta que el fallo contiene una fundamentación intelectiva errónea al valorar en forma equivocada la prueba documental. Solicita el impugnante que se declare con lugar el motivo y se case la sentencia y se devuelva los autos para su debida substanciación. El motivo se rechaza: En primer lugar, cabe mencionar que el señor Fiscal [Nombre10] titula este extremo de su recurso como un defecto de fundamentación ilegítima, por supuesta falta de fundamentación de prueba que resulta esencial, sin embargo en el desarrollo de la argumentación, no expresa cuál fue la prueba cuyo análisis se omitió (preterición de prueba) y en cambio pasa a cuestionar uno de los hechos que el a quo tuvo por demostrados (el relativo a las manifestaciones que hizo al imputado el profesional que realizó los planos de la construcción) y con ese propósito hace un análisis sesgado del plano correspondiente al sistema eléctrico de la construcción de marras. Asimismo, ataca la valoración de ese plano hecha por el juzgador, calificándola de irrazonable y arbitraria, lo que lo lleva a introducir conclusiones contrarias a las reglas de la experiencia común que evidencian una clara violación a las reglas de la sana crítica. Vemos así, como el recurrente pasa de un alegato de falta de fundamentación de prueba esencial a un ataque a la fundamentación por violación a las reglas de la sana crítica. Sin embargo, en ningún momento se procede en ese recurso a expresar cuáles son esas reglas de la valoración del razonamiento hecho por el a quo, lo que no permite a esta Cámara constatar cuál es el razonamiento que se ataca como erróneo y cuáles son las reglas de la sana crítica que se consideran violadas. En relación con el motivo en análisis, resulta de aplicación el voto Nº 2003-01006 de la SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, de las nueve horas cuarenta minutos del siete de noviembre de dos mil tres, el cual dispone: “Lo que pretenden los recurrentes es, sustituir la valoración que hizo el a quo del material probatorio por la suya propia. En ningún momento logran concretar un vicio específico en el razonamiento seguido por el Tribunal a la hora de apreciar las pruebas, sino que simplemente dicen que se equivocaron, porque de ellas debía derivarse una conclusión distinta a la expuesta por el órgano juzgador. Pero no sustentan esta afirmación. No especifican de qué manera se vulneró el correcto entendimiento humano a la hora de valorar el material probatorio. Lo anterior es suficiente para declarar sin lugar este alegato, toda vez que al directamente a examinar la prueba que tuvo a su alcance el a quo. Pero ello no es posible, pues una valoración como esa significaría en cualquier caso –tanto si se concuerda con lo concluido por el a quo como si se discrepa de ello- decidir nuevamente sobre el hecho, con el problema de que esta nueva decisión estaría basada en un examen del material probatorio realizado sobre lo que consta por escrito, sin tener contacto directo con los testigos, sin apreciar el contradictorio, sin celebrar una audiencia pública y, lo más grave, sería una decisión carente del recurso en alzada. En otras palabras, un alegato basado en la apreciación subjetiva de la prueba por parte del impugnante, en el que no se especifica de qué manera habrían quebrantado los Juzgadores las reglas de la sana crítica a la hora de razonar y justificar su fallo, o puede ser atendido en casación, toda vez que ello implicaría un irrespeto de la fase más importante del proceso penal, como lo es el juicio, así como de los principios que lo informan: publicidad, contradicción, inmediación y oralidad. Igualmente, proceder a examinar la prueba con base en apreciaciones subjetivas de la parte recurrente implicaría un quebranto del artículo 8 inciso 2) apartado h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que en esas condiciones lo que en realidad se emitiría sería un pronunciamiento sobre el hecho, el cual carecería de recurso”. No obstante esa carencia del recurso, que por sí sola podría motivar la improcedencia del mismo, este Tribunal nota que la fundamentación del Tribunal de Juicio en relación con el error que considera actualizado en la conducta del imputado (contenida en folios 305 a 320), es amplia, minuciosa y bien razonada. En ese sentido, entre otros argumentos expuestos en la sentencia impugnada, se indica que: “Dicho esto, es importante también acotar que cuando al imputado en forma concreta y específica se le hace ver que probablemente está incurriendo en una acción delictiva (construir en la zona restringida de la zona marítimo terrestre sin permisos), paraliza por completo la edificación que estaba levantando. A la postre, la prueba testimonial ofrecida por la defensa ha sido absolutamente explícita al señalar que efectivamente la obra iniciada por el encartado se encuentra totalmente paralizada. A la postre, desde el momento en que los miembros del Organismo de Investigación Judicial realizaron la inspección ocular en el sitio, el quince de mayo de dos mil uno, se verificó que la construcción se encontraba abandonada (folio 11 frente). En definitiva, cuando el imputado [Nombre1] . . . toma conocimiento de la intervención de la autoridad municipal ordenando la paralización de la obra detiene la misma pues para ese momento, y no otro, entra en una verdadera dubitación sobre la naturaleza jurídica del bien que siempre ha considerado como parte de su propiedad. Dicho todo lo anterior, puede concluirse que en el caso de marras el imputado [Nombre1] . . . incurrió en un error de tipo pues siempre reputó como propiedad suya la franja de terreno que se ubica en la zona restringida de la zona marítimo terrestre. A la postre, el imputado [Nombre1] . . . podía derivar que esa franja de terreno era parte de su finca pues desde el momento mismo en que surgió a nivel registral dicho fundo se indicaba que el derrotero sur del mismo estaba marcado por la calle pública y la zona inalienable. Dicha zona, para el momento de inscripción de la finca propiedad del encartado estaba únicamente constituida por cincuenta metros a partir de la línea de pleamar ordinaria (Ley 4558 de 22 de abril de 1970, Ley de Urbanización Turística de la Zona Marítimo). Ello es así, por cuanto de conformidad con dicha norma jurídica la franja de ciento cincuenta metros restante podía ser inscrita a favor de particulares de conformidad con su Transitorio III. Por otra parte, cuando el imputado [Nombre1] . . . adquiere la finca por compra efectuada a [Nombre14] en el año ochenta y dos en la escritura pública otorgada para tal efecto se hace constar que el lindero sur está constituido por calle pública y la zona inalienable. A la postre, la realidad registral así definida también era percibida así por la conciencia social desarrollada en Costa de Pájaros. Ello es así, por cuanto todas aquellas personas que habían logrado inscribir finca en el Registro Público de la Propiedad para la década de los setenta del siglo pasado la "milla marítima" era solo de cincuenta metros. Por otra parte, es importante señalar que no solo los aspectos registrales y sociales permitían al encartado [Nombre1] . . . reputar que el terreno donde edificaba era de su propiedad sino también el ejercicio de las facultades derivadas del derecho de propiedad que por dieciséis años desarrolló (posesión efectiva, defensa mediante colocación de una cerca de postes de cemento y alambre de púas) sin que ninguna autoridad, ni siquiera municipal, cuestionara el ejercicio de esas facultades. Por otra parte, el imputado había contado con el asesoramiento de un profesional en ingeniería, o bien, arquitectura que le había hecho saber que él podía construir en su terreno siempre y cuando no edificara en la zona pública de la zona marítimo terrestre. Ahora bien, lo dicho por el encartado [Nombre1] . . . tiene respaldo parcial en el análisis del croquis de distribución eléctrica que tendría el supermercado del encartado. Ciertamente, en ese croquis se puede observar como el grueso de la edificación se encuentra colocada fuera de la zona que fue identificada como parte de la zona restringida, pero propiedad de [Nombre1] . . . según ya fuera explicado precedentemente. Además, resulta incontrovertible que el imputado no comenzó la edificación en el punto señalado en el croquis sino que por su interés comercial la corrió para aproximarla a la vía pública. Ahora bien, el citado profesional en dicho croquis se base en el plano catastrado P-323674-96 por lo que sigue demarcando la zona restringida de la zona marítimo terrestre pero siempre como parte de la finca de [Nombre1] . . . En otros términos, pese a esa demarcación catastral no se establece que esa zona sea administrada o, como legamente se dice, sea propiedad municipal. Por otra parte, el análisis de ese croquis de distribución eléctrica permite visualizar que su suscriptor propone la realización de una serie de obras en la franja identificada como zona restringida. Veamos: la edificación que proyectaba finalizar el encartado [Nombre1] . . . constaría de dos plantas. Precisamente, en el croquis de distribución eléctrica se puede observar como las gradas de acceso a la segunda planta arrancan desde la zona demarcada como zona restringida de la zona marítimo terrestre. Además, de ello, en ese croquis se puede observar como el profesional coordinador propone la realización de una vía de acceso que corre desde la calle pública hasta lo que sería el proyectado supermercado. Por último, el profesional coordinador propone el levantamiento de la mocheta de medidor adyacente a la vía pública. Por lo tanto, la normas de la experiencia determinan que la mocheta de un medidor se deben colocar en la propiedad de la persona que solicitará el servicio eléctrico. Entonces, se puede concluir que si el profesional encargado no hubiese considerado la zona demarcada como zona restringida como parte de la propiedad del encartado resultaría lógico pensar que dicha mocheta debía haberse colocado junto con la construcción proyectada. Por lo tanto, cuando el imputado inicia la construcción de lo que sería un supermercado en la zona restringida de la zona marítimo terrestre considera que está ejecutando esa obra de infraestructura en un terreno de su propiedad” (ver folios 318 a 320). De lo transcrito se desprende que el Tribunal de Juicio sí hizo un análisis razonado del plano de la distribución eléctrica, el cuál analizó en relación con el resto de pruebas documentales, testimoniales y la propia declaración del imputado, y no se evidencia en dicho razonamiento violaciones a las reglas de la experiencia común. El recurrente, en su ataque contra la fundamentación del fallo recurrido, centra sus argumentos contra la interpetación de dicho plano de distribución eléctrica, y pretende que esa prueba documental conduzca a concluir que no es cierto uno del los hechos afirmados en el fallo recurrido (que el arquitecto "le había hecho saber que él podía construir en su terreno siempre y cuando no edificara en la zona pública de la zona marítimo terrestre)", sin embargo el análisis de ese documento que hace el Tribunal, lo integra con el resto de pruebas que fueron objeto del debate, además de que toma en cuenta aspectos de ese plano que no valora el recurrente en su particular análisis de ese documento, y en ningún momento se demuestra en ese recurso cuáles son las reglas de la experiencia que violenta ese análisis probatorio del a quo. Cabe agregar en este punto que si bien esta Cámara de Casación Penal estima que en los hechos medio un error, resulta necesario indicar que no se trata de un "error de tipo", si no que se trata de un "error de prohibición", pues se afirma que el imputado creyendo que estaba autorizado para construir en su propiedad (cuando en realidad no lo estaba), procedió a realizar la construcción por la cual se originó esta causa. Por todo lo expuesto, se declara sin lugar este alegato.

POR TANTO:

Se declaran sin lugar los recursos de casación interpuestos por los licenciados [Nombre4] , defensora pública del imputado, y [Nombre5] , en representación del Ministerio Público. NOTIFÍQUESE.

[Nombre15] [Nombre16] [Nombre17] [Nombre18] Martín Alfonso Rodríguez Miranda [Nombre3] Jueces de Casación Penal Contra:

Delito: Infracción Ley Zona Marítimo Terrestre Ofendido: El Estado halvarez

Document not found. Documento no encontrado.

Implementing decreesDecretos que afectan

    TopicsTemas

    • Environmental Criminal LiabilityResponsabilidad Penal Ambiental

    Concept anchorsAnclajes conceptuales

    • Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre Art. 6
    • Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre Art. 12
    • Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre Art. 13
    • Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre Art. 62
    • Ley 4558 Transitorio III
    • Ley 5602

    Spanish key termsTérminos clave en español

    News & Updates Noticias y Actualizaciones

    All articles → Todos los artículos →

    Weekly Dispatch Boletín Semanal

    Field reporting and policy analysis from Costa Rica's forests. Reportajes y análisis de política desde los bosques de Costa Rica.

    ✓ Subscribed. ✓ Suscrito.

    One email per week. No spam. Unsubscribe in one click. Un correo por semana. Sin spam. Cancela en un clic.

    Or WhatsApp channelO canal de WhatsApp →
    Coalición Floresta © 2026 · All rights reserved © 2026 · Todos los derechos reservados

    Stay Informed Mantente Informado

    Conservation news and action alerts, straight from the field Noticias de conservación y alertas de acción, directo desde el campo

    Email Updates Actualizaciones por Correo

    Weekly updates, no spam Actualizaciones semanales, sin spam

    Successfully subscribed! ¡Suscripción exitosa!

    WhatsApp Channel Canal de WhatsApp

    Join to get instant updates on your phone Únete para recibir actualizaciones instantáneas en tu teléfono

    Join Channel Unirse al Canal
    Coalición Floresta Coalición Floresta © 2026 Coalición Floresta. All rights reserved. © 2026 Coalición Floresta. Todos los derechos reservados.
    🙏