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Res. 01393-2004 Sala Tercera de la Corte · Sala Tercera de la Corte · 03/12/2004
OutcomeResultado
The Sala Tercera denied the complainant's cassation appeal in full, upholding the acquittal of both defendants and holding that IDA-recognized agrarian possession over National Reserve lands removes the criminal unlawfulness required for the crime of encroachment.La Sala Tercera declaró sin lugar el recurso de casación del querellante, confirmando la absolución total de ambos imputados y concluyendo que la posesión agraria reconocida por el IDA sobre tierras de Reserva Nacional excluye la antijuridicidad penal del delito de usurpación.
SummaryResumen
The Sala Tercera upholds the acquittal of two defendants on charges of criminal encroachment, attempted extortion, fraud, and related offenses, rejecting the complainant's cassation appeal in all grounds. The dispute concerned a rural parcel in Puerto Viejo, Limón, formerly within National Reserves, where the defendants had exercised uninterrupted agrarian possession for over five years—cultivating plantains—and obtained IDA title under Law 7599 (Land Titling in National Reserves). The court establishes two key principles: first, that agrarian possession qualifying for adverse possession does not require good faith, since what agrarian law values is productive work on the land; second, that unlawfulness is a unitary concept spanning the entire legal order, so if agrarian law shields the possession exercised, criminal liability for encroachment cannot arise. The court also reaffirms that criminal proceedings are not the proper venue for resolving competing possession claims over land.La Sala Tercera confirma la absolución de dos acusados por usurpación, tentativa de extorsión, estelionato, estafa y asociación ilícita, al declarar sin lugar el recurso de casación interpuesto por el querellante. El caso versa sobre un terreno en Puerto Viejo de Limón —ubicado en tierras antes catalogadas como Reservas Nacionales— donde los acusados ejercían posesión agraria ininterrumpida por más de cinco años, cultivando plátanos, y gestionaron ante el IDA la titulación de varias fincas al amparo de la Ley 7599 (Ley de Titulación de Tierras en Reservas Nacionales). La Sala fija dos principios: primero, que la posesión agraria apta para la usucapión no requiere buena fe, pues lo que valora el derecho agrario es el trabajo sobre la tierra; segundo, que la antijuridicidad es un concepto unitario que abarca todo el ordenamiento, de modo que si la legislación agraria ampara la posesión ejercida, la conducta no puede ser ilícita penalmente. Se reitera además que la vía penal no está dispuesta para dirimir conflictos sobre mejor derecho de posesión.
Key excerptExtracto clave
This finding is of great significance, because for agrarian-law possession to consolidate, good faith is not required; as authoritative doctrine holds: '... In possession capable of grounding agrarian adverse possession, there is no categorization of possession as good-faith or bad-faith. Agrarian possession does not need such categories to confer on the possessor the rights to collect fruits, non-liability in case of loss or deterioration of the asset, payment for necessary and useful improvements, etc.; in all cases, the possessor—whether holding in their own name or another's, as owner or in a different capacity—acquires these rights regardless of whether they believe their conduct is harming another's right. What is valued in agrarian possession is work...' Consequently, since the defendants' possession was sheltered by the legal order—to the extent that one co-defendant processed and obtained from the Instituto de Desarrollo Agrario title to the greater part of the disputed property—their conduct cannot be deemed a criminal offense. Criminal norms constitute a fraction of the legal order and their application must harmonize with the whole of which they are an integral part. It is therefore affirmed that the fit of conduct to a criminal type is merely an indication of unlawfulness, which is defined as '... a negative value judgment bearing on human behavior indicating that such behavior is contrary to the requirements of the legal order...,' conceived in its entirety, so that '... unlawfulness is a unitary concept valid for the entire legal order...' There is therefore no criminal offense in the present case, since the possession exercised by the defendants over the property cannot be deemed unlawful if agrarian legislation sheltered their acts—defendants who, in the absence of the complainant from the farm, proceeded to work it with crops typical of the region.Esta constatación resulta de gran trascendencia, porque para que se consolide el derecho de posesión de naturaleza agraria, no es menester la buena fe, sino que como señala la doctrina autorizada: '... En la posesión apta para la usucapión agraria no existe la categorización de la posesión en de buena o mala fe. La posesión agraria no necesita de tales categorías para atribuir al poseedor los derechos de percepción de frutos, no responsabilidad en caso de pérdida o deterioro del bien, pago de mejoras necesarias y útiles, etc.; en todos los casos, el poseedor, sea nomine propio o alieno, en concepto de dueño o en concepto distinto, los adquiere independientemente de que crea o no que con su actitud está lesionando otro derecho. Lo que se valora en la posesión agraria es el trabajo (...)' En consecuencia, si la posesión ejercida por los justiciables se encontraba amparada por el ordenamiento jurídico, al punto de que por su medio uno de los coimputados gestionó y obtuvo ante el Instituto de Desarrollo Agrario la titularidad de gran parte del bien inmueble objeto del conflicto, no puede considerarse que su conducta constituya un ilícito penal. Las normas punitivas constituyen una fracción del ordenamiento jurídico y en ese tanto, su aplicación debe armonizar con el todo del que constituye parte integral. Por eso se afirma, que la adecuación de la conducta al tipo, es sólo un indicio de su antijuridicidad, la cual se define como: '... un juicio negativo de valor que recae sobre un comportamiento humano y que indica que ese comportamiento es contrario a las exigencias del Ordenamiento jurídico...', concebido en su integralidad, de manera que: '... la antijuridicidad es un concepto unitario válido para todo el Ordenamiento jurídico...'. No existe ilícito penal entonces en la especie, pues no puede considerarse antijurídica la posesión ejercida sobre el inmueble por los encartados, si la legislación agraria amparaba los actos ejercidos por éstos, quienes ante la ausencia del ofendido en la finca, procedieron a explotarla con cultivos propios de la zona.
Pull quotesCitas destacadas
"Mediante la figura de la usurpación, no se protege el derecho de propiedad, o el mejor derecho de posesión, sino la posesión efectiva e incluso la mera tenencia..."
"The crime of encroachment does not protect the right of ownership, or the better right of possession, but rather effective possession and even mere holding..."
Considerando I
"Mediante la figura de la usurpación, no se protege el derecho de propiedad, o el mejor derecho de posesión, sino la posesión efectiva e incluso la mera tenencia..."
Considerando I
"la vía penal no está dispuesta para dirimir cuál de las partes tiene mejor derecho de posesión sobre el terreno objeto de la presente causa."
"Criminal proceedings are not designed to resolve which party holds the better right of possession over the land at issue in the present case."
Considerando II
"la vía penal no está dispuesta para dirimir cuál de las partes tiene mejor derecho de posesión sobre el terreno objeto de la presente causa."
Considerando II
"f) Inspección ocular del funcionario para verificar la medida, la localización y el uso de la tierra, con la revisión expresa de que ha conservado el recurso natural."
"f) An on-site inspection by the official to verify the area, location, and land use, with an express review that the natural resource has been conserved."
Considerando II (Art. 3 Ley 7599, citado en sentencia)
"f) Inspección ocular del funcionario para verificar la medida, la localización y el uso de la tierra, con la revisión expresa de que ha conservado el recurso natural."
Considerando II (Art. 3 Ley 7599, citado en sentencia)
"un análisis integral de los elementos de convicción podría llevar a conclusiones muy diversas de las establecidas en los procesos de índole administrativa - los cuales, por demás, son de naturaleza sumaria y eminentemente escrita - sin que por ello deba considerarse viciado el razonamiento de los jueces penales."
"A comprehensive analysis of the evidence could lead to conclusions very different from those reached in administrative proceedings—which, moreover, are summary and essentially written in nature—without this rendering the reasoning of the criminal judges flawed."
Considerando IV
"un análisis integral de los elementos de convicción podría llevar a conclusiones muy diversas de las establecidas en los procesos de índole administrativa - los cuales, por demás, son de naturaleza sumaria y eminentemente escrita - sin que por ello deba considerarse viciado el razonamiento de los jueces penales."
Considerando IV
Full documentDocumento completo
Res: 2004-01393 SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at ten hours and ten minutes on the third of December two thousand four.
Appeal in cassation (recurso de casación), filed in the present case brought against Hearl Hilario Hilton Hayles, of legal age, also known as "chichi," in a common-law union, fisherman, Costa Rican, resident of Limón, son of George Samuel Hylton Hylton and Melvina Hylton Simons, bearing national identity card number 7-046-773; for the offenses of unlawful dispossession (usurpación), attempted extortion (tentativa de extorsión), and criminal conspiracy (asociación ilícita); and Mateo Hilton Simons, of legal age, also known as "pen," in a common-law union, farmer, Costa Rican, resident of Limón, son of George Samuel Hylton Hylton and Melvina Hylton Simons, bearing national identity card number 7-048-1428; for the offenses of unlawful dispossession, fraudulent conveyance (estelionato), attempted extortion, fraud (estafa), and criminal conspiracy; committed to the detriment of José Naim Campos Fernández.
Participating in the decision on the appeal are Justices Rodrigo Castro Monge, Acting President, Jesús Alberto Ramírez Quirós, José Manuel Arroyo Gutiérrez, Jorge Arce Víquez, and Ronald Salazar Murillo, the latter two as Alternate Justices. Also participating at this stage are attorneys Francis Porras León, in his capacity as judicial special representative (apoderado especial judicial) of the private complainant (querellante) and civil claimant (actor civil), and Roxana Burgos Corrales representing the Public Prosecutor's Office.
Background:
Justice Castro Monge reports; and,
Considering:
I.First ground of the appeal in cassation on the merits: The appellant states that the Tribunal erred by failing to apply the criminal offense of unlawful dispossession, in that it disregarded the rules set forth in articles 277, 282, and 284 of the Código Civil. He argues that the a quo court's assessment of the legal concept of possession (posesión) in real property (inmueble) matters is incorrect, since in this case it was demonstrated that his client "... exercised possession typical of those who acquire real property in areas other than where they have their usual residence...". He states that the trial judges reasoned that "... if the accused had possession, the offense under article 225 could not be established, since the typical act — namely, the dispossession — could never materialize because the victim did not have possession of the real property...," which is false, because the accused had transferred to the victim, for consideration, the right of possession they held over the real property, for which reason "... they could never hold the right of possession under the rule of article 284 of the Código Civil...".
He adds that the judgment rests on a false premise — namely, that the possession exercised by the aggrieved party (agraviado) was agrarian in nature and that, consequently, since he had not demonstrated that he performed acts inherent to its conservation, he had forfeited that right. The argument cannot succeed: The offense of unlawful dispossession does not protect the right of ownership, or the superior right of possession, but rather effective possession and even bare possession (mera tenencia); and in the present case, as the Tribunal analyzed, regardless of the nature — civil or agrarian — of the possession exercised by the aggrieved party, it is an uncontested fact that the possession exercised by the accused (acriminados) was agrarian in nature. In this regard, the trial judgment stated that "... by nineteen ninety-eight, both accused had consolidated de facto possession, maintaining it directly and materially for well over one year, within a sphere of agrarian power and intent, realized through the planting of plantains — possession that was always notorious to the community, to the point that witnesses testified to that effect during the title registration (titulación) process.
Thus, by late November nineteen ninety-nine, Mateo Hilton Simons acquired legal title over the greater part of that real property, thereby improving his possession from de facto to de jure...". (folio 680). This finding is of great significance, because in order to consolidate a right of possession of an agrarian nature, good faith is not required; rather, as authoritative doctrine states: "... In possession suitable for agrarian acquisitive prescription (usucapión agraria), possession is not categorized as good faith or bad faith. Agrarian possession does not require such categories in order to confer upon the possessor the rights to collect fruits, non-liability in the event of loss or deterioration of the property, payment for necessary and useful improvements, etc.; in all cases, the possessor, whether nomine propio o alieno, in the capacity of owner or in a different capacity, acquires those rights regardless of whether or not he believes that his conduct is injuring another right.
What is valued in agrarian possession is labor (...) In civil law, a special form of good faith is spoken of for acquisitive prescription, linked to title, which requires the possessor to believe that there is no defect invalidating such title and that the transferor is the owner of the property or has the power to effect such transfer. In Agrarian Law, this requirement cannot be conceived of as existing, since it is linked to just title, which is rejected as a requirement for possession suitable for agrarian acquisitive prescription...". (Meza Lázarus, Álvaro: La Posesión Agraria, 1st edition, Alma Máter, San José, 1986, folios 159-160). Having demonstrated that co-defendant (coimputado) Hilton Simons, along with other possessors, had exploited the land continuously, publicly, and peaceably, the Instituto de Desarrollo Agrario (I.D.A.) granted each of them legal title over the corresponding portion, in accordance with the Ley de Titulación de Tierras ubicadas en Reservas Nacionales (number 7599, of April 29, 1996).
In this regard, the judges stated that "... it is clear that the I.D.A., for the registration of the lots in the names of Mateo Hilton Simons, Maribel Murillo Ramírez, and Alfonso Hudson Hansell — which came to encompass the land acquired by José Naím Campos Fernández — followed the procedure expressly set out by law, which required interviews with neighboring landowners or residents to determine the length of occupation of the real property and, naturally, the public, continuous, and peaceable nature of that possession; the presence of the interested party himself; and, in short, full corroboration that they were in the exercise of possession...". (folio 678). Consequently, if the possession exercised by the defendants (justiciables) was protected by the legal order — to the extent that one of the co-defendants thereby applied for and obtained legal title over a large portion of the real property at issue from the Instituto de Desarrollo Agrario — their conduct cannot be regarded as constituting a criminal offense.
Punitive rules form a fraction of the legal order and, as such, their application must harmonize with the whole of which they constitute an integral part. It is therefore said that the conformity of conduct to the criminal definition (tipo) is merely an indication of its unlawfulness (antijuridicidad), which is defined as "... a negative value judgment bearing on human conduct, indicating that such conduct is contrary to the requirements of the legal Order...," conceived in its entirety, such that "... unlawfulness is a unitary concept valid throughout the entire legal Order...". (Muñoz Conde, Francisco and García Arán, Mercedes: Derecho Penal, Parte General, Tirant lo blanch, Valencia, 1993, p. 233). There is therefore no criminal offense in this case, since the possession exercised over the real property by the charged defendants (encartados) cannot be considered unlawful if agrarian legislation protected the acts performed by them — who, in the victim's absence from the farm (finca), proceeded to work it with crops typical of the region. In light of the foregoing, the first ground of the appeal in cassation on the merits submitted by the appellant must be dismissed.
II.Second ground of the challenge on the merits: The appellant contends that there is no evidence to support the finding made in the judgment to the effect that the defendants took possession of the property openly, nor as to the moment when this occurred. In this regard, the appellant notes that between April 30, 1999, when they were notified of the administrative eviction (desalojo administrativo) proceeding, and the moment when the aggrieved party was placed in possession of the property, only eleven months had elapsed, and that the offended party, on the other hand, had effectively possessed the property for more than one year, from April 30, 2000, to the present. The appellant argues that, in so ruling, the a quo failed to observe articles 277, 279, 305, 317, and 860 of the Civil Code. Second procedural ground of cassation: The appellant further argues that the Tribunal engaged in a partial assessment of significant evidence bearing on the resolution of the matter, since it did not expressly rule on "... the content of the documentary evidence appearing at folios 37 to 210, which consists of certified copies of the administrative eviction file...," that evidence being important insofar as it shows that the complainant (querellante) was first disturbed in his possession by acts of the accused in February 1998, and that it was at that point that he became aware of the actions carried out by them.
Moreover, the agrarian interdict (interdicto agrario) proceeding established that it was the offended party who was exercising acts of possession over the property. The appellant adds that the silence of the defendants during the administrative eviction proceeding brought against them demonstrates their criminal intent (dolo), since Mateo Hilton Simons "... had the purpose of keeping secret to the greatest extent possible the titling he had carried out," before the Land Development Institute (Instituto de Desarrollo Agrario). Moreover, in order to prevent the titling from being detected, he recorded an identity card number different from his own. The appellant's argument lacks merit: On the basis of the testimony of Alfonso Hudson Hussell, Adam Gómez Blandón, and Maribel Murillo Ramírez, as well as an analysis of the reports submitted by the Instituto de Desarrollo Agrario (folios 489 to 493 and 571 to 573), the trial court judges concluded that by February 1998, when the aggrieved party became aware of the defendants' presence on the land, they had already been exercising possession over it for several years — to the point that, pursuant to the then-applicable Ley de Titulación de Tierras Ubicadas en Reservas Nacionales (number 7599, of April 29, 1996, declared unconstitutional by judgment 8560, issued at 15:37 hours on August 28, 2001), Hilton Simons had acquired title to several registered parcels (fincas) located within the area (cabida) of the disputed property (cf. folio 477).
That legislation required — for the purpose of titling the land in the applicant's name — that the applicant demonstrate to the relevant authority the rational and uninterrupted, public, continuous, and peaceful exploitation of the land for a period of no less than five years. To that end, a summary investigation was carried out by qualified officials of the Instituto de Desarrollo Agrario, which pursuant to Article 3 of that Law was required to include — among other things — the following requirements: "... b) The corresponding cadastral survey plan (plano catastrado). c) The nature, location, surface area, boundaries, name and surnames of the neighboring landowners (colindantes) of the property, and the linear measurement of the frontage along public roads; all in accordance with the cadastral survey plan of the parcel. d) A declaration by the neighboring landowners of their conformity with the data set forth in the property survey plan. e) Declarations by three local resident witnesses attesting to the possession exercised by the occupant.
These witnesses may be the same neighboring landowners... f) An on-site inspection by the official to verify the measurements, location, and use of the land, with an express review confirming that the natural resource has been preserved. g) A sworn declaration by the possessor that the parcel is neither registered nor subject to any judicial or extrajudicial dispute, and that the possessor holds it under the terms established in this law...". By the time the co-defendants were notified of the administrative eviction (April 30, 1999, cf. folio 198), and by the time the possessory interdict action (interdicto de amparo de posesión) was filed in the agrarian jurisdiction (vía agraria) (year 2001, cf. folios 574 to 593 vto.), Hilton Simons had already fulfilled the requirements prescribed by Ley 7599 in order to obtain title to a portion of the property (cf. folio 571). On the other hand, the appellant argues that the ruling issued in connection with the interdict proceeding was left unanalyzed, insofar as it established that it was he who exercised possession of the property.
However, far from establishing in the agrarian proceedings that it was the offended party who was exploiting the property in question, those proceedings show that the Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica (judgment 69-01, issued at 15:00 hours on November 14, 2001, folios 574 to 585, affirmed on appeal) dismissed the possessory interdict action filed by Campos Fernández: "... having been demonstrated 'a state of abandonment' of the property in dispute." (cf. folio 679). Licenciado Porras León is likewise incorrect in asserting that the documentary evidence consisting of certified copies of the administrative eviction file was not evaluated, since the fact that the complainant became aware of the possession exercised by the defendants upon visiting the property on February 13, 1998 (cf. folio 38), in no way affects the conclusions reached by the trial court judges, who, on the basis of the testimonial evidence and the remaining documentary evidence, determined that, prior to Campos Fernández's arrival at the property and in November 1998, the defendants had been exercising possession in a quiet, peaceful, public, and uninterrupted manner for at least five years.
In this regard, the testimony of Adam Gómez Blandón reveals that "... for the titling process, he helped the IDA officials locate the boundary markers, making it apparent that it was well before that time that he had ceased the cultivation of cacao on the property at issue in this case, and that when he ceased that activity, the person managing the property was Mateo Hilton Simons..." (folio 678). Likewise, it may be inferred from the testimony of Hudson Russell that in 1994, when he came to occupy the lot that would later be titled in his name, "... he would see Mateo tending to the plantain he was cultivating on the property..." (ibid). For her part, Maribel Murillo Ramírez stated that, from the time she arrived, the person she knew as the possessor was Hilton Simons, and that "... she never saw José Naím Campos Fernández clearing brush or putting up fences..." (folio 679). Accordingly, the eleven-month period to which — in the appellant's view — the presence of Hilton Hayles and Hilton Simons on the property was limited finds no support in the rational assessment of the evidentiary elements admitted at trial.
As for the complainant's contention that the conduct attributed to the co-defendants constituted, in addition to the criminal offense of unlawful dispossession (usurpación), the offenses of extortion, fraudulent encumbrance (estelionato), and criminal association: the challenged judgment correctly noted that the charging document — even if taken as true — does not provide a factual basis that would permit a conviction for those offenses. With respect to the offense of extortion, it was determined that "... there was no serious violence because the defendant merely refused to allow the offended party or those accompanying him to enter the property." (folio 682). Nor could there be any unlawful profit: "... if the defendants precisely considered that they had a vested possessory right in fact, and it follows therefrom that the demand for five million colones was simply a proposal to settle their differences." (folio 682).
Similarly, with respect to the offense of fraudulent encumbrance, it is established that there was no deception or artifice whatsoever, as required for the offense, since Hilton Simons had acquired title to the property since 1999, such that the granting of a mortgage two years later did not constitute any unlawfulness. The conduct charged is likewise not encompassed by the offenses of fraud (estafa) and criminal association: in the first case, because the belief that one held a de facto possessory right over the disputed property excludes awareness of unlawfulness (cf. folio 683); and with respect to the second, because the existence of any criminal offense has not been established: "... it would be a gross error to find the existence of criminal association, because an essential element of this offense is (the) agreement of a group to commit crimes..." (folio 684). It must be reiterated, in the terms set forth in the preceding recital, that criminal proceedings are not designed to determine which of the parties has the better right of possession over the property that is the subject of this case. In light of the foregoing, it is hereby ordered that the second ground on the merits of the cassation appeal filed be denied.
III.First ground of the appeal on procedural grounds (por la forma): Attorney Porras León alleges a lack of descriptive and analytical evidentiary reasoning (fundamentación probatoria descriptiva e intelectiva), based on the argument that the Court discredited his client's testimony: "... by way of discrediting the testimony of witness Luis Guzmán Cordero, and discrediting the latter by putting words in his statement that do not appear in the record..."; specifically, he challenges the fact that while Guzmán Cordero stated at the oral trial (debate) that he would visit the property — at the complainant's (querellante) request — once a year, witness Ronald Cerdas Rojas mentioned that "... it seems to him" that it was the former who told him he did so regularly. He argued that this was not sufficient to entirely discredit the witness, especially because, based on Cerdas Rojas's statement, it is not possible to establish with certainty that Guzmán Cordero was the person who told him about the frequency with which he came to look after the farm (finca).
He further argues that the trial court (a-quo) also failed to reason through other grounds for finding the testimony of Guzmán Cordero, Cerdas Rojas, and Guzmán Alvarado unworthy of credit. The claim is not well-founded: The determination that the complainant or third parties — acting on his behalf — did not visit the property in question with the regularity described by Guzmán Cordero is properly supported. That conclusion does not rest exclusively on Cerdas Rojas's statement. On the contrary, the Judges highlighted in the judgment that witness Manuel León Salazar, a resident of Puerto Viejo de Limón and a friend of both the aggrieved party (ofendido) and the defendants (imputados), provided information that was of great utility in establishing the frequency with which the complainant visited the property, whether personally, through his son, or through laborers hired by him. In this regard, the judgment states: "...
Witness Manuel León Salazar told us that he learned (that) José Naím Campos purchased it because he even went to see it and personally saw him clearing it twice, and that this was in the year nineteen ninety-one...it is very important to bear in mind that witness Manuel León Salazar is a resident of the community of Puerto Viejo and came to tell us that José Naím Campos Fernández used to visit him frequently, staying at his cabins, and that they became friends. This is acknowledged by José Naím himself... this aggrieved party even stated that before purchasing, he asked don Manuel, as a long-time resident of the area, for references about the defendants in this case. Such a relationship leads us to reasonably conclude that, had José Naím Campos Fernández maintained direct possession through his own frequent visits, or through his son, or through employees such as in the alleged case of Luis Gerardo Guzmán Cordero, that circumstance would not have escaped the knowledge of witness Manuel León Salazar; yet that witness, very honestly, came to tell us that he only learned of José Naím Campos Fernández's visits up through nineteen ninety-one...". (folios 675-676).
The same situation applies to Adam Gómez Blandón, who worked the farm for the complainant and stated that when Mateo Hilton Simons presented himself as the new possessor, he tried to call his employer to verify the situation, but despite his attempts, was never able to reach him. From this the trial court concluded that: "... the aggrieved party truly neglected the safeguarding of possession entirely...", because: "... had he done so in the manner he sought to demonstrate both through his own testimony and through the witnesses already mentioned, he would have learned in time of the situation described by witness Adam." (folio 676). The Judges further note that it is improbable that Campos Fernández would not have become aware of the land-titling process (proceso de titulación) of the disputed farm, because had the complainant exercised acts of possession over the land with the frequency he indicated, and in light of the proceedings and the canvassing of neighbors that the titling (titulación) process entailed under the then-applicable Ley número 7599, as well as the small size of the community of Puerto Viejo, that circumstance could not have escaped his notice.
On the other hand, witnesses Guzmán Alvarado and Cerdas Rojas provided no information that would be decisive in altering the Court's conclusions, since the former only recounted the incident that occurred in February of 1998, when he transported materials from Cartago to Puerto Viejo at the complainant's request with the purpose of beginning the construction of cabins, while the latter was not assertive regarding the continuity of Campos Fernández's possession and stated that he had never seen either the aggrieved party or his son on the property (cf. folios 661-662 and 675). For the foregoing reasons, no error is found in the Court's weighing of the testimony offered at trial. The conclusions drawn by the trial court from its analysis of the evidence are properly reasoned and, therefore, the petitioner's claim cannot be sustained.
IV.Third ground of the appeal on procedural grounds: The complainant's legal representative claims that Articles 142, 363, and 369 of the Code of Criminal Procedure (Código Procesal Penal) were violated. The record shows that: "... two administrative proceedings were conducted in which the fact of possession was fundamental... the administrative eviction proceeding (deshaucio o desalojo administrativo) (brought by the aggrieved party) and the titling proceeding of defendant Mateo Hilton...". The appellant asserts that if the administrative eviction was dismissed, it was because the requirements established in Article 307 of the Civil Code (Código Civil) had been proven before the competent authority, namely: "... that for more than one year the person has possessed publicly and peacefully as owner, or has any other legitimate title to possess." He likewise states that the titling proceeding brought by Hilton Simons was decided in his favor upon establishing that he had been in possession of the property.
Faced with two administrative files that demonstrate the same event in mutually exclusive terms, the Court chose to give credit to the proceeding conducted before the Instituto de Desarrollo Agrario, without analyzing the proceeding brought by the complainant, and despite the fact that the law under which the titling was granted had been declared unconstitutional. Finally, Attorney Porras León argues that the Judges arbitrarily linked the statements of Guzmán Cordero and Cerdas Rojas, because when the latter said that a person had told him he traveled frequently to the aggrieved party's farm on the latter's behalf, the Judges — without any basis — concluded that that person was Guzmán Cordero, and on those grounds questioned the testimony of both witnesses. This last procedural ground of the appeal must also be dismissed: Since the matter concerning the weighing of the testimony of Guzmán Cordero and Cerdas Rojas with respect to the frequency of the complainant's visits to the farm in question was analyzed in the preceding section, it remains only to address the argument regarding a breach of the rules of sound judgment (sana crítica) in the weighing of documentary evidence relating to the administrative eviction proceeding initiated by the complainant (folios 58 to 210 of the record).
The appellant argues that the information derived from the administrative proceeding is mutually exclusive of the information drawn from the titling proceeding brought by Hilton Simons before the Instituto de Desarrollo Agrario, because while the former establishes that the aggrieved party had legitimately exercised possession for more than one year, or had just title to possess, the latter established that the party who had been exercising possession of the property was the co-defendant. However, no arbitrary or contradictory reasoning is evident in the contested judgment: there is nothing preventing a situation in which, with respect to the same parcel of land, the persons exercising de facto and de jure possession are not one and the same, that is, where the person exercising de facto possession differs from the person exercising de jure possession. In any event, the factual findings extracted from proceedings of varying natures — such as those conducted before the Ministerio de Seguridad Pública and the Instituto de Desarrollo Agrario — form part only of the body of evidence (acervo probatorio) available to the trial Judges for the purpose of establishing the material truth of events.
In this way, a comprehensive analysis of the elements of conviction could lead to conclusions that differ greatly from those established in the administrative proceedings — which, moreover, are summary and predominantly written in nature — without the reasoning of the criminal judges thereby being considered tainted. And in the present case, even setting aside the documentary evidence in question, the live oral testimony of the witnesses provides a valid foundation for the acquittal (fallo absolutorio). On the basis of that testimony, it is established that at the time the eviction order was served on the co-defendants (coencartados) on April 30, 1999 (cf. folio 198), they had already been in material possession of the land for more than four years, to the point that the title deed in the name of Hilton Simmons had been registered at the Registro Público since January 26 of that same year (cf. folio 227).
Finally, it must be clarified that the declaration of unconstitutionality of the law under which Hilton Simmons acquired title to a portion of the property does not prevent the trial court from valuing the acts carried out under that law's period of validity, without prejudice, of course, to the legal actions that, following such declaration, the parties may deem appropriate to take. In light of the foregoing, the contested judgment must be upheld in all respects.
Por tanto:
The cassation appeal (recurso de casación) filed by Attorney Francis Porras León, legal representative of the complainant and civil party plaintiff (actor civil), is dismissed in all respects. Notice shall be given.- Rodrigo Castro M.
Jesús Alb. Ramírez Q. José Manuel Arroyo G.
Jorge Arce V. Ronald Salazar M.
(Alternate Justice) (Alternate Justice) JF
Res: 2004-01393 SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas diez minutos del tres de diciembre del dos mil cuatro.
Recurso de casación, interpuesto en la presente causa seguida contra Hearl Hilario Hilton Hayles, mayor de edad, conocido como "chichi", en unión libre, pescador, costarricense, vecino de Limón, hijo de George Samuel Hylton Hylton y Melvina Hylton Simons, portador de la cédula de identidad número 7-046-773; por los delitos de usurpación, tentativa de extorsión y asociación ilícita; y Mateo Hilton Simons, mayor de edad, conocido como “pen”, en unión libre, agricultor, costarricense, vecino de Limón, hijo de George Samuel Hylton Hylton y Melvina Hylton Simons, portador de la cédula de identidad número 7-048-1428; por los delitos de usurpación, estelionato, tentativa de extorsión, estafa y asociación ilícita; cometidos en perjuicio de José Naim Campos Fernández. Intervienen en la decisión del recurso, los Magistrados Rodrigo Castro Monge, Presidente a.i., Jesús Alberto Ramírez Quirós, José Manuel Arroyo Gutiérrez, Jorge Arce Víquez y Ronald Salazar Murillo, estos dos últimos como Magistrados Suplentes. También intervienen en esta instancia, los licenciados Francis Porras León, en su carácter de apoderado especial judicial del querellante y actor civil, y Roxana Burgos Corrales en representación del Ministerio Público.
Resultando:
Informa el Magistrado Castro Monge; y,
Considerando:
I.Primer motivo de casación por el fondo: Indica el recurrente, que el Tribunal erró al inaplicar la figura penal de usurpación, debido a que inobservó las normas contenidas en los artículos 277, 282 y 284 del Código Civil. Señala, que la apreciación del a-quo respecto del instituto jurídico de la posesión en materia de inmuebles, es incorrecta, pues en la especie se demostró que su representado: “... realizaba una posesión propia de aquellos que adquieren inmuebles en zonas distintas a donde tienen asentada su residencia habitual...”. Dice que los Jueces de instancia razonaron, que: “... si los imputados tenían la posesión no podría configurarse el delito del artículo 225, puesto que la acción típica –sea el despojo– jamás podría concretarse ya que el ofendido no tenía la posesión del inmueble...”, lo cual resulta falso, debido a que los imputados habían traspasado en forma onerosa al ofendido, el derecho de posesión que tenían sobre el inmueble, razón por la que: “... nunca podían tener el derecho de posesión al tenor de la norma del artículo 284 del Código Civil...”.
Agrega, que el fallo parte de una premisa falsa, como es, que la posesión ejercida por el afectado era de naturaleza agraria y que por lo tanto, al no demostrarse que hubiese ejercido actos inherentes a su conservación, había perdido dicho derecho. El alegato no puede prosperar: Mediante la figura de la usurpación, no se protege el derecho de propiedad, o el mejor derecho de posesión, sino la posesión efectiva e incluso la mera tenencia y en el presente caso, conforme analizó el Tribunal, independientemente de la naturaleza (civil o agraria) de la posesión ejercida por el agraviado, es un hecho incontrovertido que era de naturaleza agraria la posesión que venían ejerciendo los acriminados. En este sentido se expuso en el fallo de instancia, que: “... para mil novecientos noventa y ocho, ambos encausados tenían consolidado la posesión de hecho, al sostenerla directa y materialmente por mucho más de un año, dentro de una esfera de poder y voluntad agraria, concretados con siembra de plátanos, posesión que siempre resultó notoria para la comunidad, al punto que en la titulación testigos dieron fe en tal sentido.
Así, para finales de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, Mateo Hilton Simons, adquiere la titularidad de la mayor parte de ese inmueble, y con ello, mejorando su posesión a la de derecho...”. (folio 680). Esta constatación resulta de gran trascendencia, porque para que se consolide el derecho de posesión de naturaleza agraria, no es menester la buena fe, sino que como señala la doctrina autorizada: “... En la posesión apta para la usucapión agraria no existe la categorización de la posesión en de buena o mala fe. La posesión agraria no necesita de tales categorías para atribuir al poseedor los derechos de percepción de frutos, no responsabilidad en caso de pérdida o deterioro del bien, pago de mejoras necesarias y útiles, etc.; en todos los casos, el poseedor, sea nomine propio o alieno, en concepto de dueño o en concepto distinto, los adquiere independientemente de que crea o no que con su actitud está lesionando otro derecho.
Lo que se valora en la posesión agraria es el trabajo (...) En el Derecho civil se habla de una buena fe especial, para la usucapión, ligada al título, que exige la creencia en el poseedor de que no existe vicio alguno invalidatorio del mismo y de que el transmitente es el propietario del bien o tiene el poder de realizar tal transmisión. En el Derecho Agrario no puede concebirse la existencia de este requisito en virtud de que el mismo se encuentra ligado al justo título que es desechado como requisito de la posesión apta para la usucapión agraria...”. (Meza Lázarus, Álvaro: La Posesión Agraria, 1ª edición, Alma Máter, San José, 1986, folios 159-160). Al demostrar tanto el coimputado Hilton Simons, cómo otros poseedores que habían explotado en forma ininterrumpida, pública y pacífica el terreno, el Instituto de Desarrollo Agrario (I.D.A.) otorgó a cada uno de ellos la titularidad sobre la parte correspondiente, con apego a la Ley de Titulación de Tierras ubicadas en Reservas Nacionales (número 7599, de 29 de abril de 1996).
En este sentido, expresaron los Juzgadores, que: “... es claro que el IDA, para la titulación de los lotes a nombre de Mateo Hilton Simons, Maribel Murillo Ramírez y Alfonso Hudson Hansell, mismos que lograron abarcar lo que era el terreno adquirido por José Naím Campos Fernández... se ajustó al trámite vecinos para determinar el tiempo de ocupación del inmueble y desde luego la forma pública, continua y pacífica de esta detentación; la presencia del propio interesado, y en fin, plena corroboración de que se encontraban en ejercicio de la posesión...”. (folio 678). En consecuencia, si la posesión ejercida por los justiciables se encontraba amparada por el ordenamiento jurídico, al punto de que por su medio uno de los coimputados gestionó y obtuvo ante el Instituto de Desarrollo Agrario la titularidad de gran parte del bien inmueble objeto del conflicto, no puede considerarse que su conducta constituya un ilícito penal.
Las normas punitivas constituyen una fracción del ordenamiento jurídico y en ese tanto, su aplicación debe armonizar con el todo del que constituye parte integral. Por eso se afirma, que la adecuación de la conducta al tipo, es sólo un indicio de su antijuridicidad, la cual se define como: “... un juicio negativo de valor que recae sobre un comportamiento humano y que indica que ese comportamiento es contrario a las exigencias del Ordenamiento jurídico...”, concebido en su integralidad, de manera que: “... la antijuridicidad es un concepto unitario válido para todo el Ordenamiento jurídico...”. ( Muñoz Conde, Francisco y García Arán, Mercedes: Derecho Penal, Parte General, Tirant lo blanch, Valencia, 1993, p 233). No existe ilícito penal entonces en la especie, pues no puede considerarse antijurídica la posesión ejercida sobre el inmueble por los encartados, si la legislación agraria amparaba los actos ejercidos por éstos, quienes ante la ausencia del ofendido en la finca, procedieron a explotarla con cultivos propios de la zona. En virtud de lo anterior, debe declararse sin lugar el primer motivo de casación por el fondo presentado por el impugnante.
II.Segundo motivo de la impugnación por el fondo: Afirma quien reclama, que no existe prueba que sustente la afirmación hecha en el fallo, en el sentido de que los encartados tomaron posesión del inmueble en forma pública, ni del momento en que esto ocurrió. En este sentido, hace ver que entre el 30 de abril de 1999, cuando se les notificara del proceso de desalojo administrativo y al momento en que se puso en posesión del bien al agraviado, transcurrieron tan solo once meses y que el afectado en cambio, poseyó efectivamente el bien por más de un año, desde el 30 de abril de 2000, hasta la actualidad. Estima, que al resolver como lo hizo, el a-quo inobservó los numerales 277, 279, 305, 317 y 860 del Código Civil. Segundo motivo de casación por la forma: Aduce el recurrente, que el Tribunal incurrió en valoración parcial de prueba trascendente para decidir el asunto, pues no se pronunció de manera expresa: “... sobre el contenido de la prueba documental que rola a folios 37 a 210, que es fotocopia certificada del expediente administrativo del desalojo...”, siendo importantes dichas probanzas, en tanto se extrae de ellas que al querellante se le inquietó por actos de los imputados, por primer vez en febrero de 1998 y fue entonces cuando tuvo conocimiento de las acciones realizadas por éstos.
Además, en el interdicto agrario se estableció, que el ofendido era quien ejercía actos de posesión sobre el inmueble. Añade, que el silencio de los encartados ante el proceso de desalojo administrativo seguido en su contra, muestra su dolo, pues Mateo Hilton Simons: “... tuvo la finalidad de mantener en el secreto máximo la titulación que había realizado”, ante el Instituto de Desarrollo Agrario. Inclusive, para evitar que se detectara la titulación, éste consignó un número de cédula diferente al suyo. No asiste razón al recurrente: Con base en los testimonios de Alfonso Hudson Hussell, Adam Gómez Blandón y Maribel Murillo Ramírez, así como del análisis de los informes rendidos por el Instituto de Desarrollo Agrario (folios 489 a 493 y 571 a 573) los Juzgadores de instancia llegaron a la conclusión de que para febrero de 1998, cuando el agraviado cayó en cuenta acerca de la presencia de los justiciables en el terreno, éstos tenían ya varios años de ejercer posesión sobre él, al punto de que al amparo de la entonces vigente Ley de Titulación de Tierras Ubicadas en Reservas Nacionales (número 7599, de 29 de abril de 1996, declarada inconstitucional mediante sentencia 8560, de 15:37 horas del 28 de agosto de 2001), Hilton Simons adquirió la titularidad de varias fincas ubicadas dentro de la cabida del terreno en disputa (cfr. folio 477).
Dicha normativa exigía - a efecto de que se titulara el terreno a favor del solicitante - que éste comprobase ante el ente respectivo, la explotación racional de la tierra en forma ininterrumpida, pública, permanente y pacífica, por un lapso no menor a cinco años. A tal efecto, se llevaba a cabo una investigación sumarísima a cargo de funcionarios calificados del Instituto de Desarrollo Agrario, que según el artículo 3 de dicha Ley debía comprender - entre otros - los siguientes requisitos: “... b) El plano catastrado respectivo. c) Naturaleza, situación, medida superficial, linderos, nombre y apellidos de los colindantes del terreno y la medida lineal del frente a caminos públicos; todo con arreglo al plano catastrado del inmueble. d) Manifestación de los colindantes de su conformidad con los datos expuestos en el plano de la finca. e) Declaración de tres testigos vecinos del lugar, que comprueben la posesión ejercida por el ocupante.
Estos testigos podrán ser los mismos colindantes... f) Inspección ocular del funcionario para verificar la medida, la localización y el uso de la tierra, con la revisión expresa de que ha conservado el recurso natural. g) Declaración jurada del poseedor de que la finca no está inscrita ni se encuentra en disputa judicial o extrajudicial y de que la posee en los términos establecidos en esta ley...” . Para cuando se notificó a los coimputados el desalojo administrativo (30 de abril de 1999, cfr. folio 198) y al momento en que se interpuso el proceso interdictal de amparo de posesión en la vía agraria (año 2001, cfr. folios 574 a 593 vto.), ya Hilton Simons había cumplido con los requisitos preceptuados en la citada Ley 7599, a fin de obtener la titulación de una parte del terreno (cfr. folio 571). Por otro lado, quien impugna alega, que se dejó de lado el análisis de la resolución acaecida con motivo del proceso interdictal, en cuanto estableció que era él quien ejercía la posesión del inmueble.
Sin embargo, lejos de comprobarse en el proceso seguido en vía agraria, que era el ofendido quien explotaba el terreno en cuestión, deriva de éste que el Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica (sentencia 69-01, de 15:00 horas del 14 de noviembre de 2001, folios 574 a 585, confirmado en alzada), declaró sin lugar el interdicto de amparo de posesión formulado por Campos Fernández: “... al haberse demostrado “un estado de abandono” del inmueble en litis”. (cfr. folio 679). Tampoco lleva razón el licenciado Porras León, al indicar que se omitió valorar la prueba documental consistente en copias certificadas del expediente de desalojo administrativo, ya que la circunstancia de que el querellante tomara conocimiento de la posesión que ejercían los justiciables al visitar la finca, el 13 de febrero de 1998 (cfr. folio 38), en nada afecta las conclusiones a las que arribaron los Jueces de mérito, quienes partiendo de la prueba testimonial y las restantes probanzas documentales, determinaron que previo a la llegada de Campos Fernández al inmueble y en noviembre de 1998, los encartados tenían al menos cinco años de ejercer la posesión en forma quieta, pacífica, pública e ininterrumpida.
En este sentido, del testimonio de Adam Gómez Blandón se extrae que: “... para el proceso de titulación, el (sic) ayudó a los funcionarios del IDA a ubicarse en los linderos, dejándose entrever que fue muy antes de eso que él cesó en la explotación del cacao que tenía la finca que trata este asunto y que al momento de cesar él la actividad, quien manejaba la finca era Mateo Hilton Simons...”. (folio 678). Asimismo, se infiere del dicho de Hudson Russell, que en 1994, cuando entró a ocupar el lote que luego se titulara a su nombre: “... miraba a Mateo atender el plátano que estaba cultivando en el terreno...”. (ibid). Por su parte, Maribel Murillo Ramírez afirmó, que desde su llegada, a quien conoció como poseedor fue a Hilton Simons y que: “... nunca vio a José Naím Campos Fernández chapeando o poniendo cercas...” (folio 679). De manera que el período de once meses, al cual - al parecer del deponente - se limitó la permanencia de Hilton Hayles y Hilton Simons en el inmueble, no encuentra sustento en la valoración racional de los elementos de convicción evacuados en debate.
Ahora bien, el querellante estimó que entre las conductas endilgadas a los coimputados configuraban, además del ilícito de usurpación, las delincuencias de extorsión, estelionato y asociación ilícita. Al respecto, se indicó con acierto en la sentencia impugnada, que la pieza acusatoria - aún de haberse tenido como cierta - no proporciona una base fáctica que permita una condena por dichas delincuencias. En el caso del delito de extorsión se determina, que: “... no hubo violencia grave porque el encartado sólo se limitó a oponerse a que ingresara el ofendido o quienes lo acompañaban al terreno”. (folio 682). Tampoco se podría hablar de lucro injusto: “... si precisamente los endilgados consideraban un derecho consolidado de posesión de hecho y de ahí que se entienda que el pedido de cinco millones de colones, era simplemente una propuesta para solucionar sus diferendos”. (folio 682). Igualmente, en torno a la figura de estelionato, se comprueba que no existió engaño o ardid alguno, como se requirió el ilícito, ya que Hilton Simons había obtenido la titularidad del bien desde el año 1999, por lo que el otorgamiento de una hipoteca dos años después, no reporta ilicitud alguna.
Las conductas acusadas tampoco se adecuan a los delitos de estafa y asociación ilícita: en el primer caso, porque el convencimiento de que se tenía una posesión de hecho sobre el bien disputado excluye el conocimiento de ilicitud (cfr. folio 683) y en relación con el segundo, dado que no se comprueba la existencia de delito alguno: “... crasso error resultaría considerar la existencia de asociación ilícita, porque elemento esencial de esta figura es (el) acuerdo de un grupo para delinquir...”. (folio 684). Debe reiterarse en los términos señalados en el considerando anterior, que la vía penal no está dispuesta para dirimir cuál de las partes tiene mejor derecho de posesión sobre el terreno objeto de la presente causa. En virtud de lo antes del recurso de casación formulado.
III.Primer motivo del reclamo por la forma: El licenciado Porras León acusa falta de fundamentación probatoria descriptiva e intelectiva, con sustento en que el Tribunal descalificó el dicho de su representado: “... por vía de descalificar el dicho del testigo Luis Guzmán Cordero, y a éste último lo descalifica poniendo palabras en su dicho que no constan en autos...”; específicamente, cuestiona que mientras Guzmán Cordero indicó en el debate que iba a ver la propiedad - a pedido del querellante - por una vez al año, el testigo Ronald Cerdas Rojas mencionó que: “... le parece” que aquél fue quien le dijo que lo hacía regularmente. Hizo ver, que lo anterior no era suficiente como para restar total credibilidad al testigo, sobre todo porque del dicho de Cerdas Rojas no es posible establecer con seguridad, que fuera Guzmán Cordero la persona que le comentó sobre la regularidad con la que se presentaba a cuidar la finca.
Añade que tampoco razonó el a-quo sobre otros motivos por los que no le merecieran crédito los testimonios de Guzmán Cordero, Cerdas Rojas y Guzmán Alvarado. El reclamo no es de recibo: La determinación de que el querellante o terceros - por encargo suyo - no visitaban el terreno en cuestión con la regularidad descrita por Guzmán Cordero, se encuentra debidamente fundada. Dicha conclusión no cuenta con asidero exclusivo en el dicho de Cerdas Rojas. Por el contrario, los Juzgadores destacaron en sentencia, que el testigo Manuel León Salazar, vecino de Puerto Viejo de Limón y amigo tanto del ofendido, como de los imputados, aportó información que fue de gran utilidad para establecer la regularidad con la que el querellante visitaba el inmueble, ya sea en forma personal, a través de su hijo o de peones contratados por aquél. En este sentido, se acota en sentencia: “... El testigo Manuel León Salazar nos refirió que él tuvo conocimiento (de que) José Naím Campos compró porque hasta lo fue a ver y personalmente lo vio limpiándolo dos veces, que eso fue en el año mil novecientos noventa y uno...es muy importante tener en cuenta que el testigo Manuel León Salazar es vecino de la población de Puerto Viejo y que nos llegó a decir que José Naím Campos Fernández solía visitarlo frecuentemente por llegar a hospedarse en sus cabinas e hicieron amistad.
Ello es aceptado por el propio José Naím... incluso refirió este ofendido que antes de comprar, le pidió a don Manuel, como viejo vecino de la zona, referencias de los aquí encausados. Una relación así, nos hace razonablemente considerar que si José Naím Campos Fernández hubiese mantenido la posesión directamente por visitas suyas frecuentes, o ya por intermedio de un hijo suyo, o bien a través de empleados como el supuesto caso de Luis Gerardo Guzmán Cordero, tal circunstancia no hubiese escapado al conocimiento del testigo Manuel León Salazar, mas sin embargo, dicho testigo, muy honestamente nos llegó a referir que sólo conoció de las visitas de José Naím Campos Fernández hasta mil novecientos noventa y uno...”. (folios 675-676). Idéntica situación ocurre con Adam Gómez Blandón, quien trabajaba la finca para el querellante e indicó que cuando Mateo Hilton Simons se le presentó como nuevo poseedor, intentó llamar a su patrono para corroborar esa situación, pero pese a sus intentos, nunca pudo comunicarse con él.
De ello derivó el Tribunal de mérito, que: “... realmente el ofendido omitía del todo un resguardo de la posesión...”, pues: “... de haberlo hecho de la forma que ha pretendido demostrar tanto con su propio dicho como a través de los testigos ya referidos, hubiera alcanzado conocer a tiempo la situación que planteó el testigo Adam.”. (folio 676). Acotan los Juzgadores, que resulta improbable que Campos Fernández no hubiese caído en cuenta en el proceso de titulación de la finca en disputa, pues si el querellante hubiese ejercido actos de posesión sobre el terreno, con la regularidad señalada por éste y en virtud de los trámites y el sondeo entre vecinos que implicó el proceso para titular las tierras, a la luz de la entonces vigente Ley número 7599, así como las reducidas dimensiones de la comunidad de Puerto Viejo, esa circunstancia no pudo haber escapado de su conocimiento. Por otro lado, los testigos Guzmán Alvarado y Cerdas Rojas no indicaron dato alguno que resulte determinante para variar las conclusiones del Tribunal, ya que el primero relató únicamente el incidente ocurrido en febrero de 1998, cuando transportó materiales de Cartago a Puerto Viejo a petición del querellante y con el fin de iniciar la construcción de cabinas, en tanto que el segundo no fue asertivo en cuanto a la continuidad de la posesión de Campos Fernández y refirió no haber visto nunca ni al agraviado, ni a su hijo en el inmueble (cfr. folios 661-662 y 675).
Por las razones señaladas, no se observa yerro alguno al ponderar los testimonios rendidos en debate, por parte del Tribunal. Las conclusiones derivadas por el a-quo partiendo del análisis de las probanzas, se encuentran debidamente motivadas y por ello, no procede acoger el reclamo del petente.
IV.Tercer motivo de la impugnación por la forma: Reclama el representante legal del querellante, que se violentaron los numerales 142, 363 y 369 del Código Procesal Penal. Consta en autos, que: “... se tramitaron dos procesos administrativos en los cuales el hecho de la posesión, era fundamental... el proceso de deshaucio o desalojo administrativo (seguido por el ofendido) y el proceso de titulación del imputado Mateo Hilton...”. Afirma el recurrente, que si se declaró sin lugar el desalojo administrativo, fue porque se probaron ante la autoridad competente los requisitos establecidos en el artículo 307 del Código Civil, a saber: “... que por más de un año ha poseído públicamente y pacíficamente como dueño, o que tiene otro cualquier legítimo título para poseer”. Asimismo, dice que el proceso de titulación seguido por Hilton Simons fue declarado con lugar, al comprobarse que éste había poseído el inmueble.
Ante dos expedientes administrativos que demuestran en forma excluyente un mismo suceso, el Tribunal optó por otorgar crédito al proceso tramitado ante el Instituto de Desarrollo Agrario, sin analizar el proceso seguido por el querellante y pese a haber sido declarada inconstitucional, la ley origen de la titulación. Por último, aduce el licenciado Porras León que los Juzgadores relacionaron en forma arbitraria los dichos de Guzmán Cordero y Cerdas Rojas, pues cuando el segundo dijo que una persona le indicó que viajaba mucho a la finca del afectado por encargo de éste, los Juzgadores - sin fundamento alguno - establecieron que esa persona era Guzmán Cordero y por esta vía se cuestionó lo declarado por ambos testigos. El último de los motivos por la forma de la impugnación, también debe desestimarse: Debido a que el aspecto referente a la valoración de los testimonios de Guzmán Cordero y Cerdas Rojas en cuanto a la regularidad de las visitas del querellante a la finca en cuestión, fue objeto de análisis en el considerando anterior; resta únicamente entonces, conocer el alegato por quebranto de reglas de sana crítica en la valoración de la prueba documental relativa al proceso de desalojo administrativo gestionado por el querellante (folios 58 a 210 del expediente).
Afirma quien recurre, que la información derivada del proceso administrativo, resulta excluyente de la que se extrae del proceso de titulación promovido por Hilton Simons ante el Instituto de Desarrollo Agrario, pues mientras que del primero se obtiene que el agraviado había ejercido en forma legítima la posesión por más de un año, o tenía justo título para poseer, en el segundo se extrajo que quien había venido ejerciendo la posesión del inmueble, era el coimputado. Sin embargo, ninguna fundamentación arbitraria o contradictoria se observa en la resolución recurrida: nada obsta para que en relación con un mismo terreno, no haya coincidencia entre quienes ejerzan la posesión de hecho y de derecho, es decir, que no sea la misma persona quien la ejerza de hecho, respecto de quien la ejerce de derecho. De todos modos, los cuadros fácticos que se extraigan de procesos de diversa naturaleza, tales como los seguidos ante el Ministerio de Seguridad Pública y el Instituto de Desarrollo Agrario, son única y exclusivamente parte del acervo probatorio que los Jueces de mérito tuvieron a su haber, a fin de determinar la verdad real de los acontecimientos.
De esta manera, un análisis integral de los elementos de convicción podría llevar a conclusiones muy diversas de las establecidas en los procesos de índole administrativa - los cuales, por demás, son de naturaleza sumaria y eminentemente escrita - sin que por ello deba considerarse viciado el razonamiento de los jueces penales. Y en la especie, aún con prescindencia de la prueba documental referida, las declaraciones rendidas de viva voz por los testigos, proporcionan un sustento válido del fallo absolutorio. Con base en éstas, se acredita que en el momento de notificar la orden de desalojo a los coencartados, el 30 de abril de 1999 (cfr. folio 198), éstos ya tenían más de cuatro años de ejercer la posesión material del terreno, al punto de que el título de propiedad a nombre de Hilton Simmons, se había inscrito en el Registro Público desde el 26 de enero de ese mismo año (cfr. folio 227).
Por último, debe aclararse que la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley a cuyo amparo Hilton Simmons adquirió la titularidad de una porción del inmueble, no obsta para que el a-quo valore lo actuado bajo su vigencia, sin detrimento desde luego, de las acciones legales que a partir de dicha declaratoria, las partes consideren pertinente tomar. En virtud de lo señalado, procede declarar sin lugar en todos sus extremos, la sentencia impugnada.
Por Tanto:
Se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por el licenciado Francis Porras León, representante legal del querellante y actor civil. Notifíquese.- Rodrigo Castro M Jesús Alb. Ramírez Q. José Manuel Arroyo G.
Jorge Arce V. Ronald Salazar M.
(Magistrado Suplente) (Magistrado Suplente) JF
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