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Unauthorized construction in the maritime-terrestrial zone and apparent concurrence with usurpation of public domain propertyConstrucción no autorizada en zona marítimo terrestre y concurso con usurpación de bienes de dominio público

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OutcomeResultado

Partially grantedParcialmente con lugar

The Cassation Court partially granted the private prosecutor's appeal, revoking the acquittal for usurpation of public domain property without imposing a new conviction, and annulled the judgment regarding the civil action, ordering a new trial for that issue. The defendant's appeal is dismissed.El Tribunal de Casación declaró parcialmente con lugar el recurso de la querellante, revocando la absolutoria por usurpación de bienes de dominio público pero sin imponer nueva condena, y anuló la sentencia en cuanto a la acción civil ordenando reenvío para nuevo pronunciamiento. El recurso del imputado se declara sin lugar.

SummaryResumen

The Criminal Cassation Court hears two appeals against a judgment of the Guanacaste Trial Court that convicted the defendant for violation of the Maritime-Terrestrial Zone Law and acquitted him of usurpation of public domain property, imposing one year of imprisonment and ordering demolition of constructions and eviction. The defendant alleged procedural defects (rejection of the probationary suspension without proper reasoning), lack of reasoning on the penalty, and mistake of prohibition. The private prosecutor and civil claimant argued that he should also have been convicted of usurpation and that the civil action for damages should have been granted. The Cassation Court dismissed the defendant’s grounds but partially upheld those of the claimant: it revoked the acquittal for usurpation of public domain property, considering that an acquittal was improper when the trial court believed there was an apparent concurrence, but did not reclassify the fact as that offense due to lack of procedural interest and because an ideal concurrence existed with the already punished violation. Regarding the civil action, it annulled the judgment and ordered a new trial due to lack of reasoning, since the trial court failed to assess whether the concessionaire actually suffered damage, given that civil liability is independent from criminal liability. The claimant’s adhesion was declared inadmissible.El Tribunal de Casación Penal conoce dos recursos contra una sentencia del Tribunal de Juicio de Guanacaste que condenó al imputado por infracción a la Ley de Zona Marítimo Terrestre y lo absolvió por usurpación de bienes de dominio público, imponiéndole un año de prisión y ordenando la demolición de obras y desalojo. El imputado alegó en casación vicios procesales (rechazo de la suspensión del proceso a prueba sin fundamentación), falta de fundamentación de la pena y error de prohibición. La querellante y actora civil reclamó que debió condenarse también por usurpación y que se reconociera la acción civil resarcitoria. El Tribunal de Casación rechazó los motivos del imputado, pero acogió parcialmente los de la querellante: revocó la absolutoria por usurpación de bienes de dominio público al estimar que no debió dictarse absolutoria cuando se consideró que existía un concurso aparente, aunque no recalificó el hecho como ese delito por falta de interés procesal y por estar ante un concurso ideal con la infracción ya castigada. En cuanto a la acción civil, anuló la sentencia y ordenó reenvío por falta de fundamentación, al no haberse valorado si la concesionaria sufrió realmente un daño, ya que la responsabilidad civil es independiente de la penal. La adhesión de la querellante fue declarada inadmisible.

Key excerptExtracto clave

IV. … The judgment starts from the premise that the crime of usurpation of public domain property is subsumed by the crime of violation of the maritime-terrestrial zone, which is not correct, since the protected legal interests are different, and the latter offense may be committed even by a person who lawfully holds the land by virtue of a concession but carries out unauthorized construction or development (Article 227 of the Criminal Code). … However, in this case it would make no sense to order the annulment of the judgment, considering that there is no procedural interest regarding the criminal action, since the reclassification has no effect on the penalty imposed on the defendant, and the civil action is addressed in a subsequent paragraph of this decision. … V. … It must be added, however, that as repeatedly stated by the Cassation Court, civil liability rests on a different basis from criminal liability, the fundamental element in the former being the existence of damage attributable to the defendant through a title of imputation, even allowing, as established in Article 40 of the Criminal Procedure Code, that a civil judgment may be entered in case of acquittal … Therefore, having failed to analyze the civil action, the appeal is partially upheld with respect to that decision, the judgment is annulled on that point, and the case is remanded for a new ruling …IV. … En la sentencia se parte de que el delito de usurpación de bienes de dominio público queda subsumido por el delito de infracción a la zona marítimo terrestre, lo que no es acertado, ya que los bienes jurídicos en cuestión son diversos, resultando que el segundo de los delitos puede ser cometido incluso por aquella persona que detenta legítimamente el terreno, en virtud de gozar de la concesión respectiva, pero que realiza una construcción o desarrollo sin autorización (Art. 227 del Código Penal). … Sin embargo, en este asunto no tendría ningún sentido disponer la anulación de la sentencia, tomando en cuenta que no existe ningún interés procesal en lo atinente a la acción penal, puesto que la recalificación en nada incide en la pena impuesta al imputado, resultando que con respecto a la acción civil se resuelve en un considerando posterior de esta resolución. … V. … Sin embargo, debe agregarse que conforme lo ha dicho en forma reiterada el Tribunal de Casación, la responsabilidad civil tiene base diferente a la penal, siendo lo fundamental en la primera la existencia de un daño, atribuible por un título de imputación al imputado, admitiéndose incluso que en caso de absolutoria pueda condenarse penalmente, tal y como se establece en el Art. 40 del Código Procesal Penal … Por lo anterior al no analizarse lo atinente a la acción civil, corresponde declarar con lugar el recurso en cuanto a lo resuelto sobre la misma, anular la sentencia al respecto y disponer el reenvío para nuevo pronunciamiento …

Pull quotesCitas destacadas

  • "En la sentencia se parte de que el delito de usurpación de bienes de dominio público queda subsumido por el delito de infracción a la zona marítimo terrestre, lo que no es acertado, ya que los bienes jurídicos en cuestión son diversos, resultando que el segundo de los delitos puede ser cometido incluso por aquella persona que detenta legítimamente el terreno, en virtud de gozar de la concesión respectiva, pero que realiza una construcción o desarrollo sin autorización (Art. 227 del Código Penal)."

    "The judgment starts from the premise that the crime of usurpation of public domain property is subsumed by the crime of violation of the maritime-terrestrial zone, which is not correct, since the protected legal interests are different, and the latter offense may be committed even by a person who lawfully holds the land by virtue of a concession but carries out unauthorized construction or development (Article 227 of the Criminal Code)."

    Considerando IV

  • "En la sentencia se parte de que el delito de usurpación de bienes de dominio público queda subsumido por el delito de infracción a la zona marítimo terrestre, lo que no es acertado, ya que los bienes jurídicos en cuestión son diversos, resultando que el segundo de los delitos puede ser cometido incluso por aquella persona que detenta legítimamente el terreno, en virtud de gozar de la concesión respectiva, pero que realiza una construcción o desarrollo sin autorización (Art. 227 del Código Penal)."

    Considerando IV

  • "Cuando se estima, tal y como lo consideró él, que existía un concurso aparente entre el delito de infracción de la zona marítimo terrestre y de usurpación de bienes de dominio público, lo que se está diciendo es que existe un mero problema de interpretación de la ley penal, de modo que un solo artículo es el aplicable, a pesar de encuadrar el hecho en dos figuras penales. En tal caso lo que debe hacerse es realizar la calificación correcta, pero no debe ordenarse una sentencia absolutoria por el delito que se dice quedó subsumido en el otro."

    "When it is considered, as the trial judge did, that there was an apparent concurrence between the crime of violation of the maritime-terrestrial zone and usurpation of public domain property, what is being said is that there is a mere problem of interpretation of criminal law, so that only one article is applicable, even though the facts fit two criminal offenses. In such a case, the correct classification must be made, but an acquittal should not be ordered for the offense said to be subsumed in the other."

    Considerando IV

  • "Cuando se estima, tal y como lo consideró él, que existía un concurso aparente entre el delito de infracción de la zona marítimo terrestre y de usurpación de bienes de dominio público, lo que se está diciendo es que existe un mero problema de interpretación de la ley penal, de modo que un solo artículo es el aplicable, a pesar de encuadrar el hecho en dos figuras penales. En tal caso lo que debe hacerse es realizar la calificación correcta, pero no debe ordenarse una sentencia absolutoria por el delito que se dice quedó subsumido en el otro."

    Considerando IV

  • "La responsabilidad civil tiene base diferente a la penal, siendo lo fundamental en la primera la existencia de un daño, atribuible por un título de imputación al imputado, admitiéndose incluso que en caso de absolutoria pueda condenarse penalmente, tal y como se establece en el Art. 40 del Código Procesal Penal."

    "Civil liability rests on a different basis from criminal liability, the fundamental element in the former being the existence of damage attributable to the defendant through a title of imputation, even allowing, as established in Article 40 of the Criminal Procedure Code, that a civil judgment may be entered in case of acquittal."

    Considerando V

  • "La responsabilidad civil tiene base diferente a la penal, siendo lo fundamental en la primera la existencia de un daño, atribuible por un título de imputación al imputado, admitiéndose incluso que en caso de absolutoria pueda condenarse penalmente, tal y como se establece en el Art. 40 del Código Procesal Penal."

    Considerando V

  • "No es posible que por la vía de adhesión una parte que sí recurrió presente un nuevo recurso de casación. Ello se deduce del texto del Art. 425 primer párrafo del Código Procesal Penal, en cuanto indica que “Quien tenga derecho a recurrir podrá adherirse, dentro del período del emplazamiento, al recurso interpuesto por cualquiera de las partes, siempre que cumpla con los demás requisitos formales de interposición”."

    "It is not possible for a party that already filed an appeal to present, through the mechanism of adhesion, a new cassation appeal. This follows from the text of Article 425, first paragraph, of the Criminal Procedure Code, which states that “Whoever has the right to appeal may adhere, within the period of the summons, to the appeal filed by any of the parties, provided they comply with the other formal requirements for filing.”"

    Considerando VI

  • "No es posible que por la vía de adhesión una parte que sí recurrió presente un nuevo recurso de casación. Ello se deduce del texto del Art. 425 primer párrafo del Código Procesal Penal, en cuanto indica que “Quien tenga derecho a recurrir podrá adherirse, dentro del período del emplazamiento, al recurso interpuesto por cualquiera de las partes, siempre que cumpla con los demás requisitos formales de interposición”."

    Considerando VI

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Sections

Procedural marks

Res: [Telf1] CRIMINAL CASSATION COURT. Second Judicial Circuit of San José. Goicoechea, at nine hours and ten minutes on the twenty-second of March, two thousand two.

CASSATION APPEAL filed in the present case against [Name1], of legal age, German, divorced, industrial engineer, retired, resident of Santa Cruz, holder of passport number [Placa1], for the crime of VIOLATION OF THE MARITIME TERRESTRIAL ZONE LAW, to the detriment of THE STATE. The Judges Javier Llobet Rodríguez, [Name2], and Ronald Salazar Murillo participate in the decision on the appeal. The accused [Name1] appeared in cassation.

WHEREAS:

1. That by resolution issued at fourteen hours on the thirteenth of August of the year two thousand one, the Trial Court of Guanacaste, Santa Cruz venue, resolved: "THEREFORE: In accordance with what will be stated in the integral reading of the judgment and Articles 39 and 41 of the Political Constitution, 1, 4, 10, 12, 13, 45, 62 of the Maritime Terrestrial Zone Law, 1, 2, 4, 6, 7, 16, 38, 70, subsection 1) 75, 142, 341, 356, 360, 361, 363, 364, 365, 367, of the Procedural Code, it is resolved: MR. [Name1] IS DECLARED THE RESPONSIBLE PERPETRATOR OF THE CRIME OF VIOLATION OF THE MARITIME TERRESTRIAL ZONE LAW, TO THE DETRIMENT OF THE STATE, AND IS SENTENCED TO A PENALTY OF ONE YEAR OF PRISON. For the crime of Usurpation of Public Domain Property attributed to him through the private criminal complaint (querella), he is ACQUITTED of all penalty and responsibility. As a first-time offender, he is granted the Benefit of Conditional Execution of the Sentence for three years, a period in which he must not commit a willful crime for which a prison sentence exceeding six months is imposed; otherwise, this benefit will be revoked, and he must serve all imposed sentences. The costs of the criminal proceedings are borne by the accused. REGARDING THE CIVIL ACTION FOR DAMAGES (ACCIÓN CIVIL RESARCITORIA), filed by the complainant (querellante) [Name3], against the complainant Mr. [Name1], the same is declared without merit. The costs of the civil action are borne by the complainant. Once the judgment is final, it is ordered to be registered in the Judicial Archive of Offenders. Furthermore, the demolition of what was built on the site subject to this case is ordered at the expense of the accused, along with immediate eviction. For the integral reading of the judgment, fourteen hours on the thirteenth of August of the year two thousand one is set. In due course, remove the file from the entry book and the computer system, and archive it. Through reading, let it be notified. LIC. [Name4]. Judge." 2. That against the preceding pronouncement, the accused [Name1] filed a Cassation Appeal.

3. That upon completing the respective deliberation in accordance with the provisions of Article 450 of the Code of Criminal Procedure, the Court considered the issues raised in the Appeal.

4. That the pertinent legal prescriptions have been observed in the proceedings.

JUDGE [Name5] DRAFTS; and,

CONSIDERING:

I.The accused filed a cassation appeal. In the first ground of the appeal, he alleges a violation of procedure, due to disrespect for terms and legal prescriptions. He points out that the Public Prosecutor's Office indicated agreement with the suspension of the process under probation (suspensión del proceso a prueba), but required the Procurator's Office's approval. He indicates that the judge should have justified the rejection of the request for suspension of the process under probation, which he did not do, so an addition or clarification was requested, but the judge also did not substantiate the rejection. He states that these resolutions are not appealable, so he reserved the right to appeal in cassation. He says that once the preparatory stage was exhausted, he communicated with the Criminal Procurator, who indicated agreement with the suspension of the process under probation. He points out that he agreed with the Procurator's requirements. He states that he presented the claim again before the trial and at its commencement. He says that in the case of public domain property, the civil plaintiff society is not offended, as it is not a victim. He adds that proof of this is that the private criminal complaint and the civil action were denied. The ground is declared without merit. The accused requested at the time the suspension of the process under probation (folio 75). In the preliminary hearing, the Public Prosecutor's Office indicated opposition to it, given that the Procurator's Office is the one responsible for deciding on the matter, as it is the representative of the State (folio 77 rev.). He pointed out that he agreed with the suspension, provided modifications were made to the reparatory plan (folio 77 rev.). The request for suspension of the process under probation was rejected by the judge of the intermediate stage, mentioning the rejection by the complainant party, also adding that the entity responsible for settling matters regarding the maritime terrestrial zone is the Procurator's Office (folio 77 rev.-78 fte). Therefore, what was indicated by the challenging party, in the sense that the judge did not substantiate the rejection of the suspension of the process under probation, is not true. Added to this is that the defense later insisted on the suspension of the process under probation, presenting a fax from the Attorney General's Office of the Republic in this regard, in which it states that it would eventually agree to the suspension of the process under probation, but under different conditions proposed by the accused in the preliminary hearing, establishing as one of those conditions that the accused resolve any disagreement with another person regarding the superior right of possession (folio 230). The brief submitted by the accused's defense counsel, appearing on folios 221-225, does not express agreement with the conditions indicated by the Procurator, but apparently sought to revert the matter to a previous stage, which is improper according to criminal procedural legislation. In any case, within those same conditions, the Procurator's Office required agreement with the complainant party, who has disputed the right of possession, on which no agreement was reached at any time. For all the foregoing, it is appropriate to declare this ground without merit.

II.In the second ground of the appeal, a lack of substantiation is alleged. He says an error was made in setting the penalty, because it is stated that the accused's conduct affected the civil plaintiff society, despite stating that Sociedad Villa Serena is not legitimated (legitimada) to file a private criminal complaint and sue via civil action, and later crediting that because it was affected, the penalty must be increased. The ground is declared without merit. In the judgment, an extensive substantiation of the penalty is made, in which the reference to the impact on Villa Serena occupies a non-essential place (See folio 261). Thus, among other aspects, the constructions carried out by the accused and the purposes pursued by him were considered. In any case, the reference to the impact on Villa Serena, together with that suffered by the community, cannot be considered incorrect, considering that the said company is the concessionaire, to which reference is made in the same statement of proven facts (folio 261). Therefore, no defect of lack of substantiation in this regard is appreciated (Art. 71 of the Penal Code and 369 subsection d) of the Code of Criminal Procedure).

III.In the appeal on the merits, it is claimed that, given the facts held as proven, a judgment of acquittal should have been issued. He indicates that the accused was clear in not hiding the proceedings to build some small works, so there is an absence of intent (dolo), meaning the action may be typical (típica) and unlawful (antijurídica), but not culpable. He points out that he incurred an invincible error of prohibition (error de prohibición invencible), by having municipal officials present him with a factual picture not consistent with the legal reality of the proceedings made before the Municipality, which constitutes a cause of justification for the illegal act committed. In addition, the natural environment was not affected by the activity, and a positive silence operated by not receiving a response within fifteen days. He says he always believed he was doing the right thing, and when he became aware, it was already too late, the criminal notice (notitia criminis) being filed not by the Municipality, but by his enemy [Name6]. He alleges that those who testified in the debate revealed tacit consent in favor of the works by the Municipality. The ground is declared without merit, since the challenger does not adhere to the factual picture established in the judgment, as is proper in an appeal on the merits, which is governed by the principle of intangibility of proven facts (Art. 369 subsection i) of the Code of Criminal Procedure). Indeed, it was held as proven in the judgment: “1. Between the months of April and May of the year one thousand nine hundred ninety-nine, the accused [Name7], without being a concessionaire of the Maritime Terrestrial Zone of Playa Junquillal in this canton and without the corresponding construction permit issued by the Municipality, fenced with dead posts and four strands of wire a lot with an area of three thousand one hundred five meters, forty-six decimeters, two square centimeters, located in the restricted area of the Maritime Terrestrial Zone of Playa Junquillal. He built on it a wooden corral measuring twelve meters fifty centimeters wide by twelve meters sixty centimeters deep, a small house measuring two meters twenty centimeters by three meters thirty centimeters, and a base for the placement of a washbasin. He also placed a sign reading “Hoseback – rinding”, engaging in the commercial activity of renting horses, without being authorized to do so. Said lot is part of a concession registered in the name of Hotel Villa Serena S. A.” (folios 248-249). Thus, the judgment establishes that the accused made constructions without authorization in the maritime terrestrial zone. Added to this is that the judgment expressly excluded the possibility that the accused had acted under an error of prohibition (folios 257-258, 261), so it is appropriate to declare this ground without merit (Art. 469 subsection i) of the Code of Criminal Procedure).

IV.The judicial representative of the complainant and civil plaintiff filed a cassation appeal. She claims lack of application of Arts. 225 and 227 of the Penal Code. She points out that the accused committed the crime of usurpation of public domain, because no private individual can enter land that is in the maritime terrestrial zone without prior authorization from the State. Furthermore, he committed the crime of usurpation, because the State granted the land to Villa Serena S. A., this in an ideal concurrence of crimes (concurso ideal) with the crime of violation of the maritime terrestrial zone. She claims that Villa Serena was legitimated to file the civil action for damages (acción civil resarcitoria) regarding the crime of usurpation. She requests that the accused be convicted for the crimes charged in the private criminal complaint and that the civil action for damages be declared with merit. The ground is partially granted, but based on the following reasoning. The judgment assumes that the crime of usurpation of public domain property is subsumed by the crime of violation of the maritime terrestrial zone, which is not correct, since the legal interests (bienes jurídicos) in question are different, with the result that the second crime can even be committed by a person who legitimately holds the land by virtue of having the respective concession, but who carries out construction or development without authorization (Art. 227 of the Penal Code). It is important to note, however, that according to the jurisprudence of the Constitutional Chamber, a conviction could not be issued by the Cassation Court for the crime of usurpation of public domain property, as this would violate the right to appeal a condemnatory judgment (See voto 1208-98 of February 24, 1998). The Constitutional Chamber has stated that if the Cassation Court considers that the appeal on the merits should be granted, what is appropriate is to annul the judgment and order a remand (reenvío). However, in this matter, there would be no sense in ordering the annulment of the judgment, considering that there is no procedural interest regarding the criminal action, since the reclassification in no way affects the penalty imposed on the accused, with the result that the civil action is resolved in a subsequent considering of this resolution. Consider that what is at issue is an ideal concurrence of crimes, with the result that the most severe penalty is that for violation of the maritime terrestrial zone, which has a maximum penalty of three years in prison (Art. 62 of the law on the maritime terrestrial zone). On the other hand, if the nullity of the judgment were declared with respect to what was resolved on the crime of usurpation of public domain property, it would also be necessary to annul what was decided with respect to the maritime terrestrial zone, since both crimes would have been committed in ideal concurrence, a resolution that would go against the very interests of the complainant party and civil plaintiff. Therefore, it is not appropriate to declare that the crime of usurpation of public domain property was also committed. However, it is appropriate to revoke the acquittal for the crime of usurpation of public domain property, since the judge's procedure in issuing said acquittal is incorrect, because when it is deemed, as he considered, that there was an apparent concurrence between the crime of violation of the maritime terrestrial zone and usurpation of public domain property, what is being said is that there is a mere problem of interpretation of the criminal law, so only one article is applicable, despite the fact fitting two criminal figures. In such a case, what must be done is to make the correct classification, but a judgment of acquittal should not be ordered for the crime that is said to have been subsumed into the other. In reality, the correction of the judgment regarding this aspect does not criminally affect the accused, and the Cassation Court does not proceed to order a condemnatory judgment, but simply to correct an error by the judge, an error that must be acknowledged has no major implications regarding criminal responsibility, since it does not vary the situation of the accused, against whom a condemnatory judgment was issued for the crime of violation of the maritime terrestrial zone. The correction is simply carried out for the guiding function that cassation must fulfill and, furthermore, due to the implications it had on the judge's reasoning regarding the civil action for damages, which is mentioned in the appeal on procedural form, where the judgment in this regard is annulled for lack of substantiation. Regarding the argument that the facts also constitute the crime of usurpation (Art. 225 of the Penal Code), what is indicated above about the lack of procedural interest is valid. Therefore, the judgment of acquittal for the crime of usurpation of public domain property is revoked, and it is not appropriate to order a remand for the reasons set forth above.

V.In the appeal on procedural form, she alleges lack of substantiation, because no reference was made to the facts accused in the private criminal complaint, resulting in the judgment not considering the private criminal complaint in which the crime of usurpation was accused. She states that it is clear in the judgment that Villa Serena had the concession for the disputed lot. She indicates that with the concession of the maritime terrestrial zone in exchange for a fee (canon), the private party acquires a right of use, enjoyment, and usufruct of the land. She points out that by not referring to the private criminal complaint, not only was impunity given, but the civil action for damages was declared without merit. The ground is partially granted, based on the following reasoning. Regarding the argument concerning the crimes of usurpation of public domain property and usurpation, what was stated in the third and fourth considerings is valid, so it is not appropriate to annul here what was resolved regarding the criminal action, although what is indicated about the civil action is. Regarding the civil action, it was resolved in the judgment: “The legal interest where the violation materialized by the accused is located is in the maritime terrestrial zone, hence they are public domain lands, which is why only the Attorney General's Office of the Republic, in accordance with Article 16 Code of Criminal Procedure, is the sole entity legitimated to bring an action of that nature. It is true that the complainant, acting on behalf of her represented entity Hotel Villa Serena S. A., files the present action; however, it must be borne in mind that her represented entity is merely a concessionaire of the maritime terrestrial zone; that condition does not legitimate it to file the action it intends; furthermore, it did not demonstrate that the conduct materialized by the accused actually caused any damage to its representation. Therefore, the civil defendant is right when it raises the exception of lack of legitimation (falta de legitimación), since evidently the plaintiff is not legitimated to claim damages (daños y perjuicios) in this process” (folio 262). The challenging party, in her capacity as complainant and civil plaintiff, claimed that the accused should be convicted for the crimes of usurpation of public domain property and usurpation. The judge indicated that the facts were classified only as constituting violation of the maritime terrestrial zone and that he could only convict for that crime, indicating regarding the crime of usurpation of public domain property that it was an apparent concurrence, and not resolving regarding the crime of usurpation. What was ultimately resolved had an impact on the civil action, since the impact that Villa Serena might have suffered from the accused's action was not analyzed, based on the judge's reasoning, which seems to create a link between the legal classification and possible civil liability. However, it must be added that, as the Cassation Court has repeatedly stated, civil liability has a different basis than criminal liability, the fundamental aspect in the former being the existence of damage, attributable to the accused by a title of imputation, and it is even admissible that in the event of an acquittal, a civil judgment can be entered, as established in Art. 40 of the Code of Criminal Procedure (See voto 713-2001 of September 14, 2001, issued by the Criminal Cassation Court). Therefore, having failed to analyze the matter of the civil action, it is appropriate to partially grant the appeal regarding what was resolved on it, annul the judgment in this respect, and order a remand for a new pronouncement (Art. 369 subsection d) of the Code of Criminal Procedure).

VI.The representative of the complainant and civil plaintiff filed a cassation appeal by adherence. In the first ground of the appeal, she alleges lack of substantiation. She indicates that it was demonstrated that Villa Serena was the concessionaire of the land, resulting in the accused having violated Art. 225 of the Penal Code. She points out that denying the right to compensation would mean failing to consider the legal nature of the concession contract. She indicates that not only was the right to compensation not protected, but costs were also imposed. In the second ground of the appeal, she indicates that the judgment is unsubstantiated, due to the suppression of the facts contained in the private criminal complaint. She indicates that the crime accused in the private criminal complaint was usurpation and not usurpation of public domain property, but the judge acquits the accused without indicating why, without making a statement regarding usurpation. The adherence filed is declared inadmissible, since the adherence refers to a party that has not filed a cassation appeal; therefore, mention is made of adherence to another's appeal, but it is not possible for a party that did file an appeal to present a new cassation appeal by way of adherence. This is deduced from the text of Art. 425 first paragraph of the Code of Criminal Procedure, which indicates that “Whoever has the right to appeal may adhere, within the period of summons (emplazamiento), to the appeal filed by any of the parties, provided they meet the other formal requirements for filing.” In this regard, there are various votes from the Third Chamber of the Supreme Court of Justice, for example, votes 647-99 of May 28, 1999, 536-98 of June 12, 1998, and 768-99 of June 23, 1999. In the specific case, there is an appeal by the judicial representative of the complainant party and civil plaintiff, so the complainant cannot later file an adherence to the filed appeal. Added to this is that the complainant's adherence contains claims similar to those made by the special judicial representative, with the result that, in view of what was resolved regarding that appeal, the adherence by the complainant and civil plaintiff loses procedural interest.

THEREFORE

The appeal on the merits is partially granted, the acquittal for the crime of usurpation of public domain property is revoked, and a remand is not ordered, so that the facts for which the accused was convicted remain definitively classified as violation of the maritime terrestrial zone. The appeal on procedural form is partially granted, the judgment is annulled only regarding the civil action, and a remand is ordered for a new pronouncement. The adherence filed by [Name6], as representative of the complainant and civil plaintiff company, is declared inadmissible. The appeal by the accused is denied.

Javier Llobet Rodríguez [Name2] Ronald Salazar Murillo Cassation Judges

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Res: [Telf1] TRIBUNAL DE CASACION PENAL. Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, a las nueve horas diez minutos del veintidós de marzo de dos mil dos.

RECURSO DE CASACION interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre1], mayor, alemán, divorciado, ingeniero industrial, pensionado, vecino de Santa Cruz, portador del pasaporte número [Placa1], por el delito de INFRACCION A LA LEY ZONA MARITIMO TERRESTE, en perjuicio de EL ESTADO. Intervienen en la decisión del recurso, los Jueces Javier Llobet Rodríguez, [Nombre2] y Ronald Salazar Murillo. Se apersonó en casación, el encartado [Nombre1].

RESULTANDO:

1. Que mediante resolución dictada a las catorce horas del trece de agosto del año dos mil uno, el Tribunal de Juicio de Guanacaste. Sede Santa Cruz, resolvió: "POR TANTO: De conformidad con lo que se dirá en la lectura integral de la sentencia y los artículos 39 y 41 de la Constitución Política, 1, 4, 10, 12, 13, 45, 62 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, 1, 2, 4, 6, 7, 16, 38, 70, inc 1) 75, 142, 341, 356, 360, 361, 363, 364, 365, 367, del Código Procesal, se resuelve: SE DECLARA AUTOR RESPONSABLE DEL DELITO DE INFRACCION A LA LEY DE ZONA MARITIMO TERRESTRE, A EL SEÑOR [Nombre1], EN PERJUICIO DE EL ESTADO, A QUIEN SE LE IMPONE UNA PENA DE UN AÑO DE PRISION. Sobre el delito de Usurpación de Bienes del Dominio Público que se le atribuyó mediante la querella, se le ABSUELVE de toda pena y responsabilidad. Por ser reo primario se le otorga el Beneficio de la Ejecución Condicional de la Pena por tres años, plazo en el que no deberá cometer delito doloso por el cual se le imponga una pena superior a seis meses de prisión, caso contrario se le revocará el presente beneficio y deberá cumplir con todas las penas impuestas. Son las costas del proceso penal a cargo del imputado. SOBRE LA ACCION CIVIL RESARCITORIA, interpuesta por la querellante [Nombre3], en contra del querellante señor [Nombre1], se declara sin lugar la misma. Las costas de la acción civil son a cargo de la querellante. Firme la sentencia se ordena inscribir en el Archivo Judicial de Delincuentes. Además se ordena la demolición de lo construido en el lugar objeto de esta causa a cargo del acusado y el desalojo inmediato. Para la lectura integral de la sentencia se señalan las catorce horas del trece de agosto del año dos mil uno. Oportunamente sáquese el expediente del libro de entradas y del sistema de cómputo, archívese el mismo. Mediante lectura notifíquese. LIC. [Nombre4]. Juez.”.

2. Que contra el anterior pronunciamiento, el imputado [Nombre1] interpuso Recurso de Casación .

3. Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 450 del Código de Procesal Penal, el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el Recurso.

4. Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

REDACTA el Juez [Nombre5]; y,

CONSIDERANDO:

I.El imputado presentó recurso de casación. En el primer motivo del recurso alega violación al procedimiento, al irrespetarse términos y prescripciones legales. Señala que el Ministerio Público indicó que estaba de acuerdo con la suspensión del proceso a prueba, pero que requería que la Procuraduría diera el visto bueno. Indica que el juez debió justificar el rechazo de la solicitud de suspensión del proceso a prueba, lo que no hizo, por lo que se pidió adición o aclaración, pero el juez tampoco fundamentó el rechazo. Manifiesta que dichas resoluciones no tienen apelación, por lo que hizo la reserva de recurrir en casación. Dice que agotada la etapa preparatoria se comunicó con el Procurador Penal, el que indicó que estaba de acuerdo en la suspensión del proceso a prueba. Señala que él estuvo de acuerdo con los requerimientos del Procurador. Manifiesta que presentó de nuevo el reclamo antes del juicio y al inicio del mismo. Dice que tratándose de bienes demaniales no resulta ofendida la sociedad actora civil, ya que no es víctima. Agrega que prueba de ello es que la querella y la acción civil fueron denegadas. El motivo se declara sin lugar. El imputado solicitó en su momento la suspensión del proceso a prueba (folio 75). En la audiencia preliminar el Ministerio Público indicó que se oponía a la misma, en vista de que la Procuraduría es a la que le correspondería decidir al respecto, por ser la representante del Estado (folio 77 vto). Señaló que estaba de acuerdo con la suspensión, siempre que se le hicieran modificaciones al plan reparador (folio 77 vto). La solicitud de suspensión del proceso a prueba fue rechazada por el juez de la etapa intermedia, haciendo mención al rechazo de la parte querellante, añadiendo además que a quien le correspondía transar con respecto a la zona marítimo terrestre es a la Procuraduría (folio 77 vto-78 fte). Por ello no es cierto lo indicado por la parte impugnante en el sentido de que el juez no fundamentó el rechazo de la suspensión del proceso a prueba. Se agrega a ello que la defensa insistió luego en la suspensión del proceso a prueba, presentando al respecto un fax de la Procuraduría General de la República, en la que manifiesta ésta que eventualmente estaría de acuerdo con la suspensión del proceso a prueba, pero bajo condiciones diferentes propuestas por el imputado en la audiencia preliminar, estableciendo como una de dichas condiciones que el imputado resolviera cualquier desaveniencia con otra persona sobre el mejor derecho de posesión (folio 230). El escrito presentado por el defensor del imputado que aparece a folios 221-225 no expresa su conformidad con las condiciones indicadas por el Procurador, sino aparentemente lo que pretendía era que se retrotrayera el asunto a una etapa anterior, lo que es improcedente conforme a la legislación procesal penal. De todas maneras dentro de las mismas condiciones se exigía por la Procuraduría el acuerdo con la parte querellante, la que ha discutido el derecho de posesión, sobre lo que no se ha llegó en ningún momento a un acuerdo. Por todo lo anterior procede declarar sin lugar este motivo.

II.En el segundo motivo del recurso se alega falta de fundamentación. Dice que se incurre en un yerro al fijarse la pena, debido a que se señala que la conducta del imputado afectó a la sociedad actora civil, ello a pesar de que se dice que la Sociedad Villa Serena no está legitimada para incoar querella y demandar vía civil y luego se acredite que por resultar afectada hay que aumentar la pena. El motivo se declara sin lugar. En la sentencia se hace una amplia fundamentación de la pena, en la cual la referencia a la afectación por parte de Villa Serena ocupa un lugar no esencial (Véase folio 261). Así se consideró entre otros aspectos las construcciones realizadas por el imputado y los fines perseguidos por el mismo. De todas maneras la referencia a la afectación a Villa Serena, junto a la sufrida por la colectividad, no puede considerarse como incorrecta, tomando en cuenta que la dicha sociedad es la concesionaria, a lo que se hace referencia en la misma relación de hechos probados (folio 261). Por lo anterior no se aprecia un vicio de falta de fundamentación al respecto (Art. 71 del Código Penal y 369 inciso d) del Código Procesal Penal).

III.En el recurso por el fondo se reclama que con los hechos tenidos por probados debió dictarse una sentencia absolutoria. Indica que el imputado fue claro al no ocultar las diligencias para construir unas pequeñas obras, por lo que hay una ausencia de dolo, de modo que la acción puede ser típica y antijurídica, pero no culpable. Señala que incurrió en un error de prohibición invencible, al hacerle aparentar los funcionarios municipales un cuadro fáctico no acorde con la realidad jurídica de las gestiones hechas ante la Municipalidad, lo que constituye una causa de justificación del hecho ilícito cometido, además de que con la actividad no se afectó el entorno natural, además de que operó un silencio positivo al no recibir una respuesta en el transcurso de quince días. Dice que siempre creyó que hacía lo correcto y cuando tomó conciencia era ya demasiado tarde, siendo la notitia criminis presentada no por la Municipalidad, sino por su enemiga [Nombre6]. Alega que los que depusieron en el debate revelaron un consentimiento tácito a favor de las obras por la Municipalidad. El motivo se declara sin lugar, ya que el impugnante no se atiene al cuadro fáctico fijado en la sentencia, tal y como corresponde en un recurso por el fondo, en el que rige el principio de intangibilidad de los hechos probados (Art. 369 inciso i) del Código Procesal Penal). En efecto en la sentencia se tuvo por probado: “1. Entre los meses de abril y mayo del año mil novecientos noventa y nueve el imputado [Nombre7], sin ser concesionario de la Zona Marítimo Terrestre de Playa Junquillal de este cantón y sin contar con el permiso de construcción correspondiente extendido por la Municipalidad, cercó con postes muertos y cuatro hilos de alambre un lote que tiene una extensión de tres mil ciento cinco metros, cuarenta y seis decímetros, dos centímetros cuadrados, que se localiza en la zona restringida de la Zona Marítimo Terrestre de Playa Junquillal. Construyó en él, un corral de madera de doce metros cincuenta centímetros de frente por doce metros sesenta centímetros de fondo, una casetilla de dos metros veinte centímetros por tres metros treinta centímetros y una base para la colocación de una pila de lavar. También colocó un rótulo que dice “Hoseback – rinding”, dedicándose a la actividad comercial de alquiler de caballos, sin estar autorizado para ello. Dicho lote es parte de una concesión que está registrada a nombre de Hotel Villa Serena S. A.” (folios 248-249). Así en la sentencia se establece que el imputado hizo construcciones sin autorización en la zona marítimo terrestre. Se agrega a ello que en la sentencia

prohibición (folios 257-258, 261), por lo que corresponde declarar sin lugar este motivo (Art. 469 inciso i) del Código Procesal Penal).

IV.La apoderada judicial de la querellante y actora civil presentó recurso de casación. Reclama falta de aplicación de los Arts. 225 y 227 del Código Penal. Señala que el imputado cometió el delito de usurpación de dominio público, porque ningún particular puede introducirse a un terreno que está en la zona marítimo terrestre sin la autorización previa del Estado. Además cometió el delito de usurpación, porque el Estado concedió el terreno a Villa Serena S. A., ello en concurso ideal con el delito de infracción a la zona marítimo terrestre. Reclama que Villa Serena estaba legitimada para interponer la acción civil resarcitoria con respecto al delito de usurpación. Pide que se condene al imputado por los delitos querellados y se declare con lugar la acción civil resarcitoria. El motivo se declara parcialmente con lugar, pero con base en los siguientes razonamientos. En la sentencia se parte de que el delito de usurpación de bienes de dominio público queda subsumido por el delito de infracción a la zona marítimo terrestre, lo que no es acertado, ya que los bienes jurídicos en cuestión son diversos, resultando que el segundo de los delitos puede ser cometido incluso por aquella persona que detenta legítimamente el terreno, en virtud de gozar de la concesión respectiva, pero que realiza una construcción o desarrollo sin autorización (Art. 227 del Código Penal). Es importante anotar, sin embargo, que conforme a la jurisprudencia de la Sala Constitucional no podría condenarse por parte del Tribunal de Casación por el delito de usurpación de bienes de dominio público, ya que ello iría en contra del derecho a recurrir la sentencia condenatoria (Véase voto 1208-98 del 24 de febrero de 1998). Se ha dicho por la Sala Constitucional que en caso de que el Tribunal de Casación considere que debe acogerse el recurso por el fondo, lo que corresponde es anular la sentencia y disponer el reenvío. Sin embargo, en este asunto no tendría ningún sentido disponer la anulación de la sentencia, tomando en cuenta que no existe ningún interés procesal en lo atinente a la acción penal, puesto que la recalificación en nada incide en la pena impuesta al imputado, resultando que con respecto a la acción civil se resuelve en un considerando posterior de esta resolución. Considérese que ante lo que se estaría es un concurso ideal de delitos, resultando que la penalidad más grave es la de infracción a la zona marítimo terrestre, que tiene una pena máxima de tres años de prisión (Art. 62 de la ley sobre la zona marítimo terrestre). Por otro lado, si se declarara la nulidad de la sentencia con respecto a lo resuelto sobre el delito de usurpación de bienes de dominio público, también habría que anular lo decidido con respecto a la zona marítimo terrestre, ya que ambos delitos habrían sido cometidos en concurso ideal, resolución que iría en contra de los mismos intereses de la parte querellante y actora civil. Por ello no corresponde declarar que se cometió también el delito de usurpación de bienes de dominio público. Sin embargo, sí es procedente revocar la absolutoria por el delito de usurpación de bienes de dominio público, ya que el proceder del juzgador al dictar dicha absolutoria es incorrecto, puesto que cuando se estima, tal y como lo consideró él, que existía un concurso aparente entre el delito de infracción de la zona marítimo terrestre y de usurpación de bienes de dominio público, lo que se está diciendo es que existe un mero problema de interpretación de la ley penal, de modo que un solo artículo es el aplicable, a pesar de encuadrar el hecho en dos figuras penales. En tal caso lo que debe hacerse es realizar la calificación correcta, pero no debe ordenarse una sentencia absolutoria por el delito que se dice quedó subsumido en el otro. En realidad la corrección de la sentencia en cuanto a este aspecto no afecta penalmente al imputado, no procediéndose por el Tribunal de Casación a ordenar una sentencia condenatoria, sino simplemente a corregir un error del juzgador, error que debe reconocerse no tiene mayores implicaciones con respecto a la responsabilidad penal, puesto que no varía la situación del imputado, en contra del cual se dictó una sentencia condenatoria por el delito de infracción a la zona marítimo terrestre. Se procede a realizar simplemente la corrección por la función orientadora que debe cumplir la casación y además por las implicaciones que tuvo en los razonamientos del juzgador en lo atinente a la acción civil resarcitoria, a lo que se hace mención en el recurso por la forma, en donde se anula la sentencia al respecto por falta de fundamentación. En lo correspondiente al alegato de que los hechos constituyen también el delito de usurpación (Art. 225 del Código Penal), es válido lo que se indica arriba sobre la falta de interés procesal. Por lo anterior se revoca la sentencia absolutoria por el delito de usurpación de bienes de dominio público, no procediendo ordenar el reenvío por las razones arriba expuestas.

V.En el recurso por la forma alega falta de fundamentación, debido a que no se hizo referencia a los hechos acusados en la querella, resultando que en la sentencia no toma en cuenta la querella en la que se acusó el delito de usurpación. Manifiesta que queda claro que en la sentencia se tiene por probado que Villa Serena tenía la concesión del lote en disputa. Indica que con la concesión de la zona marítimo terrestre a cambio de un canon el particular adquiere un derecho de uso, disfrute y usufructo del terreno. Señala que al no referirse a la querella no solo se dio una impunidad, sino se declaró sin lugar la acción civil resarcitoria. El motivo se declara parcialmente con lugar, con base en los siguientes razonamientos. Con respecto al alegato a los delitos de usurpación de bienes de dominio público y de usurpación es válido lo dicho en los considerandos tercero y cuarto, no correspondiendo por ello anular aquí lo resuelto con respecto a la acción penal, aunque sí lo indicado sobre la acción civil. En lo atinente a la acción civil se resolvió en sentencia: “El bien jurídico donde se localiza la infracción que materializó el imputado está en la zona marítimo terrestre, de ahí que son terrenos demaniales, razón por la que solamente la Procuraduría General de la República conforme el artículo 16 Código Procesal Penal, es la única legitimada para intentar una acción de esa naturaleza. Es verdad que la querellante actuando en nombre de su representada Hotel Villa Serena S. A., interpone la presente acción, sin embargo, debe de tener presente que su representada es una concesionaria de la zona marítimo terrestre únicamente, esa condición no la legitima para intentar la acción que pretende; además no demostró que la conducta materializada por el acusado realmente le hubiera ocasionado algún daño a su representación. Por ello lleva razón el demandado civil cuando interpone la excepción de falta de legitimación, pues evidentemente la accionante no está legitimada para reclamar daños y perjuicios en este proceso” (folio 262). La parte impugnante, en su calidad de querellante y actora civil, reclamó que se debía condenar a la imputada por los delitos de usurpación de bienes de dominio público y por usurpación. El juzgador indicó que los hechos se calificaban solo como constitutivos de infracción a la zona marítimo terrestre y que únicamente podía condenarse por ese delito, indicando en lo concerniente al delito de usurpación de bienes de dominio público, que se estaba ante un concurso aparente y no resolviendo en lo atinente al delito de usurpación. Lo resuelto en definitiva incidió con respecto a la acción civil, ya que no se analizó la afectación que podría haber sufrido Villa Serena con la acción del imputado, ello partiendo del razonamiento del juzgador, el que parece que hace un ligamen entre la calificación jurídica y la posible responsabilidad civil. Sin embargo, debe agregarse que conforme lo ha dicho en forma reiterada el Tribunal de Casación, la responsabilidad civil tiene base diferente a la penal, siendo lo fundamental en la primera la existencia de un daño, atribuible por un título de imputación al imputado, admitiéndose incluso que en caso de absolutoria pueda condenarse penalmente, tal y como se establece en el Art. 40 del Código Procesal Penal (Véase voto 713-2001 del 14 de setiembre del 2001, ordenado por el Tribunal de Casación Penal). Por lo anterior al no analizarse lo atinente a la acción civil, corresponde declarar con lugar el recurso en cuanto a lo resuelto sobre la misma, anular la sentencia al respecto y disponer el reenvío para nuevo pronunciamiento (Art. 369 inciso d) del Código Procesal Penal) para nuevo pronunciamiento.

VI.La representante de la querellante y actora civil presentó recurso de casación por adhesión. En el primer motivo del recurso alega falta de fundamentación. Indica que quedó demostrado que Villa Serena era concesionaria del terreno, resultando que el imputado transgredió el Art. 225 del Código Penal. Señala que negar el derecho a indemnización sería no tomar en cuenta la naturaleza jurídica del contrato de concesión. Indica que no solamente no se tuteló el derecho a indemnización, sino además se condenó en costas. En el segundo motivo del recurso se indica que la sentencia es infundamentada, debido a la supresión de los hechos contenidos en la querella. Indica que el delito que se acusó en la querella fue de usurpación y no de usurpación de bienes de dominio público, pero el juzgador absuelve al imputado sin indicar por qué, no manifestándose con respecto a la usurpación. Se declara inadmisible la adhesión presentada, ya que la adhesión se refiere a una parte que no ha presentado recurso de casación, por ello se hace mención a la adhesión del recurso de otro, pero no es posible que por la vía de adhesión una parte que sí recurrió presente un nuevo recurso de casación. Ello se deduce del texto del Art. 425 primer párrafo del Código Procesal Penal, en cuanto indica que “Quien tenga derecho a recurrir podrá adherirse, dentro del período del emplazamiento, al recurso interpuesto por cualquiera de las partes, siempre que cumpla con los demás requisitos formales de interposición”. Al respecto existen diversos votos de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo los votos 647-99 del 28 de mayo de 1999, 536-98 del 12 de junio de 1998 y 768-99 del 23 de junio de 1999. En el caso concreto existe un recurso de la apoderada judicial de la parte querellante y actora civil, por lo que no puede la querellante presentar luego una adhesión al recurso presentado. Se agrega a ello que la adhesión de la querellante contiene reclamos similares a los realizados por la apoderada especial judicial, resultando que en vista de lo resuelto con respecto a aquel recurso, pierde interés procesal la adhesión de la querellante y actora civil.

POR TANTO

Se declara parcialmente con lugar el recurso por el fondo, se revoca la absolutoria por el delito de usurpación de bienes de dominio público, no ordenándose el reenvío, de modo que los hechos por los que se condenó al imputado quedan en definitiva calificados como infracción a la zona marítimo terrestre. Se declara parcialmente con lugar el recurso por la forma, se anula la sentencia solamente en lo atinente a la acción civil y se dispone el reenvío para nuevo pronunciamiento. Se declara inadmisible la adhesión presentada por [Nombre6], como representante de la sociedad querellante y actora civil. Sin lugar el recurso del imputado.

Javier Llobet Rodríguez [Nombre2] Ronald Salazar Murillo Jueces de Casación Mec

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Implementing decreesDecretos que afectan

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    • Environmental Criminal LiabilityResponsabilidad Penal Ambiental

    Concept anchorsAnclajes conceptuales

    • Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre Art. 62
    • Código Penal Art. 225
    • Código Penal Art. 227
    • Código Procesal Penal Art. 40
    • Código Procesal Penal Art. 369 inciso d)
    • Código Procesal Penal Art. 369 inciso i)
    • Código Procesal Penal Art. 425
    • Constitución Política Art. 39

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