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Res. 00122-2001 Tribunal de Casación Penal de San José · Tribunal de Casación Penal de San José · 09/02/2001

Cassation Denied for Illegal Oak Logging in Primary ForestCasación denegada por tala ilegal de roble en bosque primario

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OutcomeResultado

DeniedSin lugar

The Penal Cassation Tribunal denied all grounds of appeal and upheld the eight-month prison sentence for illegally felling oak trees in the primary forest of the La Amistad Conservation Area without a Forest Directorate permit.El Tribunal de Casación Penal declaró sin lugar todos los motivos del recurso y confirmó la condena de ocho meses de prisión por tala ilegal de roble en bosque primario del Área de Conservación La Amistad, sin permiso de la Dirección Forestal.

SummaryResumen

The Penal Cassation Tribunal of the Second Judicial Circuit of San José upheld an eight-month prison sentence imposed by the Tribunal de Cartago on a defendant who illegally felled oak trees in a primary forest within the La Amistad Conservation Area, on his property in Empalme del Guarco, Cartago, during May and June 1998, without a permit from the Forest Directorate and for commercial purposes including charcoal production and sawn-timber exploitation. The court rejected four cassation grounds: first, insufficient factual reasoning, finding the facts adequately circumstantiated as to manner, time, and place; second, failure to order a judicial on-site inspection, invoking the freedom-of-proof principle; third, lack of logical derivation in conclusions about the extent of the felling, which were supported by the forest guard's testimony, a photographic sequence, and a technical report establishing that no fewer than twenty trees were felled; and fourth, disproportionality of the eight-month sentence, which falls within the one-to-thirty-six-month range of Article 61 of Forest Law 7575.El Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José confirmó la condena de ocho meses de prisión impuesta por el Tribunal de Cartago a un imputado que taló ilegalmente árboles de roble en un bosque primario dentro del Área de Conservación La Amistad, en su finca del Empalme del Guarco, durante mayo y junio de 1998, sin permiso de la Dirección Forestal y con fines comerciales de producción de carbón y aprovechamiento de madera aserrada. El tribunal rechazó cuatro motivos de casación: primero, falta de fundamentación fáctica, al concluir que los hechos estaban suficientemente circunstanciados en cuanto a modo, tiempo y lugar; segundo, omisión de una inspección ocular, invocando el principio de libertad de prueba; tercero, falta de derivación lógica en las conclusiones sobre la extensión de la tala, respaldadas por el testimonio del guarda forestal, secuencia fotográfica e informe técnico que acredita la tala de no menos de veinte árboles; y cuarto, desproporcionalidad de la pena de ocho meses dentro del rango legal de uno a treinta y seis meses del artículo 61 de la Ley Forestal 7575.

Key excerptExtracto clave

Those facts, stated as they are — sparse or even terse — are sufficient to establish the offense for which the defendant was convicted. The judgment is specific in stating the manner, time, and place of the fellings, as well as the purposes for which the timber was used, and it notes that the timber came from a primary forest on the defendant's own property. It is not true that the judge is obliged to accept, let alone conduct, every item of evidence the parties propose, but only those that are pertinent and useful for clarifying the subject of proof in a given proceeding. Nor is it consistent with procedural rules or the principle of material truth that in this type of offense a judicial inspection is 'a must' — in the appellant's own words — since the freedom-of-proof principle applies, under which anything may be proved by any lawful means. The maximum penalty for the offense of which the defendant was found guilty ranges from one month to three years of imprisonment, so the imposed sentence of eight months does not irrationally exceed the legal minimum, as follows from Article 61, paragraphs (a) and (b), of Forest Law 7575. Accordingly, the sentence is not considered to violate the principles of rationality and proportionality of punishment, but is fully consistent with the conduct carried out by the defendant.Tales hechos así enunciados, parcos o si quiere escuetos, son suficientes para tener por configurado el delito por el cual se condenó al justiciable. El fallo es específico en indicar el modo, tiempo y lugar de las talas, así como los fines de utilización de la madera obtenida, y se señala que ella provenía de un bosque primario dentro de la finca. No es cierto que el juzgador esté obligado a aceptar y aún a practicar todas las pruebas que las partes propongan, sino aquellas que sean pertinentes, y útiles a los fines de esclarecer el theman probandum en un determinado proceso. No es tampoco ajustado a la normativa procesal y al principio de verdad real que en este tipo de delitos 'es de rigor' –según la propia terminología del recurrente- la practica de la inspección ocular, pues al respecto rige el principio de libertad de prueba según el cual todo se puede probar y por cualquier medio siempre que sea lícito. El extremo mayor de la pena para el delito por el cual se consideró al imputado autor responsable es de un mes hasta tres años de prisión, de modo que la pena impuesta de ocho meses, no excede de modo irracional el mínimo legal, según se infiere del artículo 61 incisos a y b de la Ley Forestal 7575. Por consiguiente no se estima que la pena sea violatoria de los principios de racionalidad y proporcionalidad de la sanción, sino en un todo acorde con la acción desplegada por el justiciable.

Pull quotesCitas destacadas

  • "del análisis del fallo impugnado no se establece duda alguna sobre un posible doble juzgamiento por hechos iguales, pues las talas a que este proceso se contrae ocurren en mayo y junio ambas fecha de mil novecientos noventa y ocho."

    "From the analysis of the challenged judgment there is no doubt whatsoever about a possible double prosecution for the same acts, since the fellings to which this proceeding relates occurred in May and June, both dates in the year nineteen ninety-eight."

    Considerando III

  • "del análisis del fallo impugnado no se establece duda alguna sobre un posible doble juzgamiento por hechos iguales, pues las talas a que este proceso se contrae ocurren en mayo y junio ambas fecha de mil novecientos noventa y ocho."

    Considerando III

  • "Las conclusiones del tribunal en punto a la extensión de la tala así como con respecto a la cantidad de árboles, no es una conclusión antojadiza o que no se obtenga de los medios probatorios, contrario ello se extraen de modo derivado de elementos como la declaración del guarda forestal [Nombre8], así como de la secuencia fotográfica que es visible a los folios 4 a 9, así como del informe de folio 23 y 24 en que se establece la tala de no menos de 20 árboles, especialmente de la especie roble."

    "The tribunal's conclusions regarding the extent of the felling and the number of trees are not arbitrary or unsupported by the evidence; on the contrary, they are logically derived from elements such as the forest guard's testimony, the photographic sequence visible at pages 4 to 9, and the report at pages 23 and 24 establishing that no fewer than 20 trees were felled, especially of the oak species."

    Considerando IV — Tercer motivo por la forma

  • "Las conclusiones del tribunal en punto a la extensión de la tala así como con respecto a la cantidad de árboles, no es una conclusión antojadiza o que no se obtenga de los medios probatorios, contrario ello se extraen de modo derivado de elementos como la declaración del guarda forestal [Nombre8], así como de la secuencia fotográfica que es visible a los folios 4 a 9, así como del informe de folio 23 y 24 en que se establece la tala de no menos de 20 árboles, especialmente de la especie roble."

    Considerando IV — Tercer motivo por la forma

  • "Es criterio de los jueces que conocen este recurso de casación que no existe obstáculo alguno para que los antecedentes se consideren como un aspecto para fijar la pena, siempre y cuando no sea el único y exclusivo fundamento para esa fijación."

    "It is the view of the judges deciding this cassation appeal that there is no obstacle whatsoever to prior convictions being considered as one factor in fixing the sentence, provided they are not the sole and exclusive basis for that determination."

    Considerando V

  • "Es criterio de los jueces que conocen este recurso de casación que no existe obstáculo alguno para que los antecedentes se consideren como un aspecto para fijar la pena, siempre y cuando no sea el único y exclusivo fundamento para esa fijación."

    Considerando V

  • "no es violatorio del debido proceso, el hecho de que el Tribunal sentenciador tome en cuenta los antecedentes penales del imputado para la determinación del monto de la sanción a imponer, siempre que este se ubique dentro de los límites establecidos por el tipo penal."

    "It is not a violation of due process for the sentencing court to take into account the defendant's criminal record in determining the amount of the sanction to be imposed, provided that the sentence falls within the limits established by the criminal provision."

    Considerando V — citando Sala Constitucional Voto 2748-99

  • "no es violatorio del debido proceso, el hecho de que el Tribunal sentenciador tome en cuenta los antecedentes penales del imputado para la determinación del monto de la sanción a imponer, siempre que este se ubique dentro de los límites establecidos por el tipo penal."

    Considerando V — citando Sala Constitucional Voto 2748-99

Full documentDocumento completo

Procedural marks

SUMMARY N- 98- 203066- 345 PE 4 Case File: 98-203066-345-PE-4 Ruling 2001-122 CRIMINAL CASSATION TRIBUNAL. Second Judicial Circuit of San José. Goicoechea, ninth of February of two thousand and one.

APPEAL IN CASSATION filed in the present case brought against [Nombre1], of legal age, married, national identity document CED1, son of [Nombre2] and [Nombre3], born in San José on October 20, 1964, for the offense of VIOLATION OF THE Ley Forestal, to the detriment of NATURAL RESOURCES. Participating in the decision on the appeal are Judges Guillermo Sojo Picado, Fernando Cruz Castro, and Jorge Alberto Chacón Laurito. The defendant [Nombre4] and his defense counsel, Attorney [Nombre5], appeared before the Tribunal.

RECITALS:

1) That by means of a judgment handed down at sixteen hundred hours on the third of November of two thousand, the Tribunal of Cartago ruled: "Por tanto: In conformity with Articles 39 and 41 of the Political Constitution, 360 through 372 of the Code of Criminal Procedure, 1, 30, 45, and 71 of the Criminal Code, and Art. 3 subsections a and 61 subsections a and b of the Ley Forestal 7575, [Nombre1] is declared the criminally responsible author of the offense of VIOLATION OF THE Ley Forestal to the detriment of THE FOREST PATRIMONY. A sentence of EIGHT MONTHS OF IMPRISONMENT is imposed, to be served after crediting any pretrial detention already suffered, in the place and manner determined by prison regulations. Costs are charged to the convicted person. Notification by reading. LIC. [Nombre6]. JUDGE." (sic).
  • 2)That against the foregoing ruling, Attorney [Nombre5] filed an Appeal in Cassation.
  • 3)That upon completion of the corresponding deliberation in conformity with the provisions of Article 450 of the Code of Criminal Procedure, the Tribunal considered the issues raised in the Appeal.
  • 4)That the relevant legal requirements have been observed throughout the proceedings.

The opinion is drafted by Cassation Judge [Nombre7]; and,

WHEREAS:

I- Attorney [Nombre5] appeals on behalf of the defendant and alleges, in favor of his client, several grievances that he believes are contained in the ruling under review. In a first ground of procedural error, he claims a lack of adequate reasoning on the basis that the judgment does not contain a particularized determination of the facts. In a second procedural claim, he asserts the nullity of the judgment for violation of the constitutional principle of breadth of evidence (amplitud de la prueba) contained in the general principle of due process (debido proceso). Defense counsel also raises a third procedural claim, framed as a lack of adequate reasoning in the judgment because—in the complainant's view—the judgment is not properly derived and fails to respect the principles of sufficient reason and consistency. Finally, a single claim is raised for violation of substantive law, specifically on the grounds that the judgment violates Articles 1, 30, 71, and 72 of the Criminal Code, Article 7.3 of the American Convention on Human Rights, and Articles 39 and 4 of the Political Constitution, and consequently constitutes a violation through erroneous application of Art. 61 subsections a and b of the Ley Forestal number 7575.

II- No oral hearing has been requested to present arguments on the grievances, nor has any evidence been offered. Now that the applicable notice period has elapsed and the appeal having been found admissible, this Superior Criminal Cassation Tribunal proceeds to resolve the claims in the order in which they were raised.

III- First ground of procedural error. Substance of the claim. Lack of adequate reasoning because the challenged ruling does not contain a particularized determination of the facts that the trial judge deems proven. Absolute nullity of the judgment is claimed for infringement of Articles 178 subsection a), 363 subsection c), and 369 subsection b of the Code of Criminal Procedure, in relation to Articles 39 and 41 of the Political Constitution. After transcribing several doctrinal citations of interest, as well as ruling N- 20 F handed down at 9:05 hours on January 13, 1994, without specifying to which tribunal that precedent belongs, the complainant states that the tribunal does not specify the number of trees felled, noting only that there were several, nor is the extent of the old-growth forest (bosque primario) determined—an aspect that should have been particularized in square meters or another unit of surface measurement, which the challenged ruling fails to do.

The trial court (a quo) did not specify the approximate age, height, or dimensions of the trees allegedly felled by the defendant. The exact location of the trees was important inasmuch as the defendant already has a conviction for the same offense of illegal logging, an act that occurred in 1996 on that same property, and given this imprecision, there is a risk that those same facts are being prosecuted a second time in violation of the well-known principle of non bis in idem. The claim does not succeed. With respect to the first aspect, although the judgment, under the heading of proven facts, states that "A- Without an exact date being established, but in May 1998, the defendant [Nombre4] proceeded on his property in Empalme del Guarco in this province and within the La Amistad conservation area to fell several oak trees, and to prepare the wood for charcoal in his charcoal kiln, all without a permit from the Forestry Directorate.

B- That in June 1998, he also felled several trees of this same species in an area of old-growth forest within his property, sawing the lumber obtained near the house on his property, all without a permit from the Forestry Directorate." (cf. Folio 70), such facts as thus stated—sparse or, if one prefers, terse—are sufficient to establish the elements constituting the offense for which the defendant was convicted. The judgment is specific in indicating the manner, time, and place of the logging, as well as the intended uses of the lumber obtained, and it states that the lumber came from an old-growth forest within the property. It should be noted that the only argument advanced by the appellant to support the alleged impact of failing to fix the exact number of trees, their location, size, and the extent of the area logged, rests on his contention that there may be a double prosecution for acts that already occurred in 1996—a thesis that, according to the trial judge's analysis, finds no support in the evidentiary record, and in particular according to the testimony of [Nombre8], who stated that the defendant, following the suspension of proceedings on probation with respect to other acts, continued to fell trees.

Accordingly, when the judgment is read in its entirety, it is clearly established that the facts giving rise to judgment 431-00 of the Tribunal of Cartago, handed down at sixteen hundred hours on the third of September of two thousand, correspond to events that occurred in May and June 1998, and no violation of the guarantee of non bis in idem can be inferred therefrom. This is so because the challenged ruling sets out, in a reasoned manner, the grounds for ruling out that the defendant was being convicted twice for the same acts. Indeed, the judgment establishes that the evidence does not permit the conclusion that the acts at issue in this proceeding are the same as those that gave rise to the conviction at folio 56, which concerned acts occurring in nineteen ninety-six. Thus, from an analysis of the challenged ruling, no doubt whatsoever arises as to a possible double prosecution for the same acts, since the logging to which this proceeding refers occurred in May and June, both dates falling in nineteen ninety-eight.

Moreover, the challenged judgment establishes that there is sufficient evidence to conclude that the logging was recent, carried out on two occasions close in time—May and June, both of nineteen ninety-eight—without the judgment being found defective in its reasoning on that point. With respect to the number of trees, it is true that the trial judge does not specify the number of trees in the list of proven facts, but does establish that there were several, a detail that is further particularized in the substantive recitals where it states that the defendant "…felled a large number of large oak trees…," all of which permits the conclusion that the judgment is adequately particularized on that point. It is worth noting that for the trial tribunal there is not the slightest doubt that the species originated from a forest, which is clearly derived from the photographic sequence at folios 4 through 9, duly admitted into evidence at the trial hearing. In light of the foregoing, this first ground of the appeal is denied.

IV- Second ground of procedural error. Substance of the claim. Absolute nullity of the judgment for violation of the constitutional principle of breadth of evidence contained in the general principle of due process. Violation of Articles 175 and 178 of the Code of Criminal Procedure, and Article 8.2 of the American Convention on Human Rights, in relation to Articles 39 and 41 of the Political Constitution. In support of his claim, the complainant cites an extract from the well-known ruling 1739-92 of the Constitutional Chamber on the subject of due process—insofar as it is relevant to him—and likewise invokes as an argument from authority the statements made by [Nombre9] in his work on Evidence in Criminal Proceedings with regard to evidentiary activity. The alleged defect is made concrete when he states that the trial tribunal should have ordered, on its own motion, a judicial site inspection at the scene of the events—evidence that was in any case requested by the defense both before the trial hearing and during it.

The complainant concludes that in this class of offense (logging of trees) it is essential (de rigor) for the judicial body to conduct the aforementioned inspection. The claim must be denied. It is not true that the trial judge is obligated to accept, or even to produce, all of the evidence that the parties may propose, but only that which is pertinent and useful for the purpose of clarifying the matter to be proven (thema probandum) in a given proceeding. Nor is it consistent with procedural rules or with the principle of objective truth that in this type of offense a physical site inspection is "essential"—to use the appellant's own terminology—since the principle of freedom of proof applies, under which any fact may be proven and by any means, provided the means is lawful. Indeed, Article 182 of the Code of Criminal Procedure applicable to the factual situation being judged provides that "Facts and circumstances relevant to the correct resolution of the case may be proven by any evidentiary means permitted, except where expressly provided otherwise by law." Consequently, since in the case under review the trial judge accorded full credibility to the existing evidentiary elements duly admitted into evidence at the trial hearing, without any alterations, possible inaccuracies in those elements, or deficiencies in their intellectual analysis being observed in the descriptive reasoning, and bearing in mind that the aforementioned principle of freedom of proof applies, as well as that the tribunal analyzed the exculpatory evidence—including the defendant's own account of the events—and in a reasoned manner discredited it, this Cassation Tribunal finds no sufficient basis to declare the challenged judgment invalid.

The matter to be proven—consisting, according to the indictment, of the defendant having cut and made use of forest species in the months of May and June 1998—was capable of being established by valid elements of conviction, in particular the testimony of [Nombre8], as well as the photographic sequence at folios 4 through 9 front, all of which he did without a permit from the General Forestry Directorate. It should be added that in any event the appellant does not indicate what prejudice was caused to him by the omission of the physical site inspection at the scene of the events, and given the sparse and unsubstantiated nature of the essential elements of the claim—matters that must be demonstrated by the appellant—the rejection of the asserted grievance is in order. Accordingly, the second ground of the cassation appeal on procedural error is denied.

IV — Third Ground on Procedural Form. Content of the Claim. It is alleged that there has been a lack of reasoning (falta de fundamentación) in the judgment insofar as it is not properly derived, in violation of the principles of sufficient reason and consistency. Violation of Articles 142 and 363, read in conjunction with Article 369, paragraph d, of the Code of Criminal Procedure (Código Procesal Penal). The alleged defect is specified in two respects: (1) that, as written, the proven facts (hechos probados) convey that the defendant felled a large number of trees and did so across an expanse of primary forest (bosque primario), a conclusion the court draws from the testimony of [Nombre8], when in fact what that witness stated was that he verified the logging (tala) of eight freshly cut trees, making it impossible to derive the court's conclusion that an expanse of primary forest was logged; and (2) that the judgment states that the defendant had an entire commercial operation, since he had a charcoal kiln and plastic sheeting to cover the sawn timber, implying that his activity was large-scale.

The appellant argues that the existence of a charcoal kiln is no basis whatsoever for determining the number of trees that can be reduced to charcoal, and therefore insists that the only way to prove that point would have been an on-site inspection, which was not conducted. The claim does not stand and must be denied. The court's conclusions regarding the extent of the logging and the number of trees are not arbitrary or unsupported by the evidence; on the contrary, they are properly derived from elements such as the testimony of forest ranger (guarda forestal) [Nombre8], the photographic sequence found at folios 4 through 9, and the report at folios 23 and 24, which establishes the logging of no fewer than 20 trees, especially of the oak (roble) species — facts that the court accepted as proven in accordance with the rules of the rational free assessment of evidence (sana crítica racional). For the foregoing reasons, the claim is denied.

V — APPEAL ON THE MERITS. Content of the Claim. Erroneous application of Articles 1, 30, 71, and 72 of the Criminal Code (Código Penal), Article 7.3 of the American Convention on Human Rights, Articles 39 and 41 of the Constitution (Constitución Política), as well as erroneous application of Articles 61, paragraphs A and B, and 66 of the Ley Forestal. It is contended that the judgment, with regard to the sentence of eight months' imprisonment imposed, violates the principle of proportionality in relation to the facts found proven, because the factors cited as the basis for the quantum of the sentence relate to the logging and the use of the trees — elements that form part of the criminal offense type (tipo penal) — as well as to the criminal record (antecedentes penales), factors that are neither sufficient nor appropriate to reach that determination. It is argued that taking criminal record into account is extraneous to Article 71 of the Código Penal and, citing Voto 5396 of 1993 of the Sala Constitucional, the appellant states that considering those records violates due process.

The claim does not stand. The maximum sentence for the offense of which the defendant was found guilty as a principal ranges from one month to three years' imprisonment; accordingly, the imposed sentence of eight months does not exceed the statutory minimum in an unreasonable manner, as may be inferred from Article 61, paragraphs a and b, of Ley Forestal 7575. Therefore, it is not considered that the sentence violates the principles of rationality and proportionality of punishment; rather, it is fully commensurate with the conduct engaged in by the defendant. The sentence — contrary to the appellant's thesis — is duly substantiated in accordance with the parameters of Article 71 of the Código Penal, since the court of first instance (a quo) considered not only that the defendant acted for commercial purposes, using the trees to produce charcoal and sawing them for his own benefit, but also took into account those objective factors alongside subjective factors pertaining to the defendant's personality, such as his socioeconomic situation and the fact that he is a rural person who depends on his farm for his livelihood.

With respect to criminal record, there have been differing views as to whether it may or may not be considered as a factor in calibrating the amount of the penalty. The Sala Constitucional itself has not been uniform on this point. It is the view of the judges hearing this cassation appeal (recurso de casación) that there is no obstacle whatsoever to considering criminal record as a factor in fixing the sentence, provided it is not the sole and exclusive basis for that determination; and in any event, in the sub lite, criminal record was not a factor considered to aggravate the sentence. It should be noted that there exists a later ruling, issued after the one cited by the appellant, emanating from the Sala Constitucional, which has accepted as permissible the consideration of criminal record in fixing the sentence, and in which it was stated that "… it is not violatory of due process for the sentencing court to take into account the defendant's criminal record in determining the amount of the penalty to be imposed, provided that it falls within the limits established by the criminal offense type." (Sala Constitucional Voto 2748 – 99, 14:30 hours, 20 April 1999.

Boletín Judicial of 11 May 1999.) There is no basis for reducing the sentence to the minimum of one month's imprisonment as requested, since the sentence imposed is considered to be in accordance with the law as stated above, especially given that the defendant committed the acts giving rise to these proceedings during the probationary period granted for the prior offense for which he was convicted for a similar act (cf. folio 56). For the foregoing reasons, the appeal on the merits is denied.

POR TANTO:

The cassation appeal filed on behalf of the convicted defendant [Nombre10] is denied. Notify the parties.

GUILLERMO SOJO PICADO FERNANDO CRUZ CASTRO [Nombre11] CRIMINAL CASSATION JUDGES Dig/ Beirute

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SUMARIA N- 98- 203066- 345 PE 4 Res. 2001-122 TRIBUNAL DE CASACION PENAL. Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, nueve de febrero de dos mil uno.

RECURSO DE CASACIÓN interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre1], mayor, casado, cédula de identidad CED1, hijo de [Nombre2] y de [Nombre3], nació en San José el 20 de octubre de 1964,por el delito INFRACCION A LA LEY FORESTAL, en daño de LOS RECURSOS NATURALES. Intervienen en la decisión del recurso, los Jueces Guillermo Sojo Picado, Fernando Cruz Castro y Jorge Alberto Chacón Laurito. Se apersonaron el imputado [Nombre4] y su abogado defensor Licenciado [Nombre5].-

RESULTANDO:

1) Que mediante sentencia dictada a las dieciséis horas del tres de noviembre del dos mil, el Tribunal de Cartago, resolvió: "POR TANTO: De conformidad con los artículos 39 y 41 de la Constitución Política, 360 a 372 del Código Procesal Penal, 1, 30, 45, 71 del Código Penal, 3 incisos a y 61 incisos a y b de la Ley Forestal 7575, se declara a [Nombre1] autor responsable del delito de INFRACCION A LA LEY FORESTAL en daño del PATRIMONIO FORESTAL. Se le impone la pena de OCHO MESES DE PRISION que deberá descontar previo abono de la preventiva sufrida en el lugar y forma que determinen los reglamentos carcelarios. Son las costas a cargo del condenado. Por lectura Notifíquese. LIC. [Nombre6]. JUEZ. " (sic).
  • 2)Que contra el anterior pronunciamiento interpuso Recurso de Casación el Licenciado [Nombre5].- 3) Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 450 del Código de Procesal Penal, el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el Recurso.
  • 4)Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

Redacta el Juez de Casación [Nombre7]; y,

CONSIDERANDO:

I- Recurre a favor del imputado el Licenciado [Nombre5], y alega a favor de su patrocinado varios agravios que a su juicio contiene la resolución de mérito. En un primer motivo por vicios del procedimiento se reclama la falta de fundamentación en cuanto estima que el fallo no contiene una determinación circunstanciada del hecho. En un segundo reclamo de forma reprocha la nulidad de la sentencia por violación al principio constitucional de la amplitud de la prueba contenido en el principio general del debido proceso. Se ocupa también el señor defensor de un tercer reclamo de forma enunciado como falta de fundamentación de la sentencia pues, – a criterio el quejoso – no es derivada e irrespeta los principios de razón suficiente y de concordancia. Finalmente, se plantea un único reclamo por violación de ley sustantiva específicamente al considerar que el fallo es violatorio de los artículos1, 30, 71 y 72 del Código Penal, 7.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 39 y 4 de la Constitución Política, y por ende violatoria por errónea aplicación de los artículos 61 incisos a y b de la Ley Forestal número 7575.

II- No se ha solicitado audiencia oral para informar sobre los agravios, ni ofrecida prueba alguna, una vez transcurrido el respectivo emplazamiento, y siendo admisible el recurso, procede este Tribunal Superior de Casación Penal a resolver los reclamos por el orden en que han sido planteados.

III- Primer motivo por la forma. Contenido del reclamo. Falta de fundamentación por no contener la pieza impugnada la determinación circunstanciada del hecho que el juzgador estima acreditado. Se reclama nulidad absoluta del fallo por infracción de los artículos 178 inciso a), 363 inciso c) y 369 inciso b del Código Procesal Penal en relación con los numerales 39 y 41 de la Constitución Política. Luego de transcribir algunas citas doctrinales de interés, así como el fallo N- 20 F de las 9:05 horas del 13 de enero de 1994, sin señalar a cual tribunal pertenece ese precedente, el quejoso indica que el tribunal no específica el número de árboles talados, pues solo consigna que fueron varios, ni se determina tampoco la extensión del bosque primario, último aspecto que debió circunstanciarse en metros cuadrados o en otra unidad de medida del suelo, lo que no hace el fallo de mérito. No se puntualiza por el a quo la edad aproximada, la altura, y dimensiones de los árboles supuestamente talados por el justiciable.

La ubicación exacta de los árboles era importante en tanto el imputado cuenta con una condenatoria por el mismo delito de tala, hecho que ocurrió en 1996 en esa misma finca, y ante esa imprecisión podría estarse juzgando esos hechos dos veces en violación del conocido aforismo non bis in ídem. El reclamo no procede. Con relación al primer aspecto, si bien la sentencia en el acápite de hechos probados refiere que “ A- Sin que se tenga fecha exacta, pero en mayo de 1998, el imputado [Nombre4] procedió en su finca en el Empalme del Guarco en esta provincia y dentro del área de conservación La Amistad, a talar varios árboles de roble, y ha preparar la madera para carbón en su carbonera, todo sin permiso de la Dirección Forestal. B- Que en junio de 1998, también taló varios arboles de esta misma especie, en una extensión de bosque primario dentro de su finca, aserrando la madera obtenida cerca de la casa de su finca, todo sin permiso de la Dirección Forestal “.

( cf. Folio 70), tales hechos así enunciados, parcos o si quiere escuetos, son suficientes para tener por configurado el delito por el cual se condenó al justiciable. El fallo es específico en indicar el modo, tiempo y lugar de las talas, así como los fines de utilización de la madera obtenida, y se señala que ella provenía de un bosque primario dentro de la finca. Véase que el único argumento que se esgrime por el recurrente a los fines de motivar la presunta incidencia de la no fijación de la cantidad exacta de los arboles, su ubicación, tamaño, y la extensión de lo talado, estriba en que a su juicio, podría estarse ante un doble juzgamiento por hechos ya ocurridos en 1996, tesis que conforme al análisis del juez de mérito no encuentra eco en los elementos de prueba, en especial conforme a la declaración de [Nombre8], quien manifestó que el imputado luego de la suspensión del proceso a prueba, respecto de otros hechos continuó con la tala de árboles.

De modo que en el fallo visto en su integridad queda bien establecido que los hechos por los que se dicta la sentencia 431-00 del Tribunal de Cartago de las dieciséis horas del tres de setiembre del dos mil, corresponden a los ocurridos en mayo y junio de 1998, sin que al respecto se infiera violación alguna a la garantía del non bis in idem. Lo anterior por cuanto del fallo recurrido se infiere de modo motivado las razones para descartar que el justiciable fuese objeto de condenatoria dos veces por los mismos hechos. En efecto, en la sentencia se establece que de la prueba no es posible derivar que los hechos objeto de este proceso sean los mismos que dieron origen a la condenatoria de folio 56 referidos a los hechos ocurridos en mil novecientos noventa y seis. De modo que, del análisis del fallo impugnado no se establece duda alguna sobre un posible doble juzgamiento por hechos iguales, pues las talas a que este proceso se contrae ocurren en mayo y junio ambas fecha de mil novecientos noventa y ocho.

Además en el fallo impugnado se establece que existe evidencia suficiente para considerar que se trata una tala reciente practicada en dos momentos cercanos, mayo y junio ambos de mil novecientos noventa y ocho, sin que sobre ese extremo el fallo se encuentre viciado en su fundamentación. En lo atinente a la cantidad de árboles, es cierto que el juzgador no puntualiza en el elenco de hechos probados la cantidad de árboles, pero si establece que son varios, aspecto que se particulariza ya en los considerandos de fondo al referir que el imputado “…taló gran cantidad de árboles de roble de gran tamaño…”, todo lo cual permite concluir que la sentencia se encuentra debidamente circunstanciada en ese extremo. Conviene señalar que para el tribunal de mérito no existe la menor duda de que las especies provenían de un bosque, lo que claramente se deriva de la secuencia fotográfica de folios 4 a 9 debidamente incorporada a la audiencia del debate. En virtud de lo expuesto, se declara sin lugar este primer motivo del recurso.

IV-Segundo motivo por la forma. Contenido del reclamo. Nulidad absoluta de la sentencia por violación al principio constitucional de la amplitud de la prueba contenido en el principio general del debido proceso. Violación de los numerales 175, 178, del Código Procesal Penal, 8. 2 de la Convención Americana de Derecho Humanos con relación a los numerales 39 y 41de la Constitución Política. En apoyo de su reclamo el quejoso cita un extracto en lo que le interesa del conocido voto 1739-92 de la Sala Constitucional sobre el tema del debido proceso - e igualmente invoca como argumento de autoridad lo dicho por [Nombre9] en su obra la Prueba en el Proceso Penal con relación a la actividad probatoria. Se concreta el presunto vicio cuando indica que el tribunal de sentencia debió ordenar de oficio una inspección judicial en el lugar de los hechos, prueba que en todo caso fue solicitada por la defensa antes de la audiencia del debate como en ella.

Concluye el quejoso que en esta clase de delitos ( tala de árboles) es de rigor que el órgano jurisdiccional realice la citada inspección. El reclamo debe denegarse. No es cierto que el juzgador esté obligado a aceptar y aún a practicar todas las pruebas que las partes propongan, sino aquellas que sean pertinentes, y útiles a los fines de esclarecer el theman probandum en un determinado proceso. No es tampoco ajustado a la normativa procesal y al principio de verdad real que en este tipo de delitos “ es de rigor” –según la propia terminología del recurrente- la practica de la inspección ocular, pues al respecto rige el principio de libertad de prueba según el cual todo se puede probar y por cualquier medio siempre que sea lícito. En efecto, el numeral 182 del Código Procesal Penal aplicable a la especie fáctica juzgada, estatuye que “ Podrán probarse los hechos y las circunstancias de interés para la solución correcta del caso, por cualquier medio de prueba permitido, salvo disposición expresa de ley”.

En consecuencia, si en el caso en examen, el juzgador, confirió plena credibilidad a los elementos probatorios existentes y debidamente incorporados a la audiencia de debate, sin que en la fundamentación descriptiva se observen alteraciones o posibles falsedades de esos elementos, o deficiencias en el análisis intelectivo, considerando que rige el indicado principio de libertad de prueba, así como que el tribunal analizó la prueba de descargo incluida la versión de los hechos dada por el imputado, para de modo fundado descalificarlas, no encuentra este Tribunal de Casación base suficiente para decretar la invalidez del fallo recurrido. El tema a probar, consistente según la acusación en que el justiciable en los meses de mayo y junio de 1998, cortó y aprovechó especies forestales, pudo acreditarse por elementos de convicción válidos, en especial la declaración del indicado [Nombre8], así como con la secuencia fotográfica de folios 4 a 9 fte, lo cual hizo sin permiso de la Dirección General Forestal.

Debe agregarse que en todo caso el recurrente no refiere cual es el agravio que le ocasionó que se omitiera la inspección ocular en el sitio del suceso, y ante lo parco e indemostrado de la esencialidad del reclamo, aspectos que deben correr a cargo del recurrente, procede el rechazo de agravio que se intenta. En consecuencia, se declara sin lugar el segundo motivo del recurso de casación por la forma.

IV-Tercer motivo por la forma. Contenido del reclamo. Se acusa que ha existido falta de fundamentación de la sentencia en cuanto la misma no es derivada irrespetándose los principios de razón suficiente y de concordancia. Vulneración de los artículos 142, 363 en relación con el 369 inciso d- del Código Procesal Penal. Se concreta el presunto vicio en dos aspectos: ( 1) que de la forma en que están redactados los hechos probados, se entiende que el imputado taló gran cantidad de arboles y que lo hizo en una extensión de bosque primario, conclusión que extrae el tribunal de la declaración de [Nombre8], cuando lo cierto es que este testigo lo que manifestó es que verificó la tala de ocho árboles frescos, de modo que no es posible extraer la conclusión del tribunal de que se taló una extensión de bosque primario, y ( 2) que la sentencia señala que el imputado contaba con toda una organización comercial pues tenía una carbonera y plásticos para tapar la madera aserrada, dejando entrever que la actividad del imputado era a gran escala.

Dice el impugnante que indicar que existía una carbonera no es ningún parámetro para determinar la cantidad de árboles que se pueden reducir a carbón, de modo que insiste en que la única manera de probar ese extremo era haciendo una inspección en lugar lo que no se hizo. El reclamo no procede y debe ser declarado sin lugar. Las conclusiones del tribunal en punto a la extensión de la tala así como con respecto a la cantidad de árboles, no es una conclusión antojadiza o que no se obtenga de los medios probatorios, contrario ello se extraen de modo derivado de elementos como la declaración del guarda forestal [Nombre8], así como de la secuencia fotográfica que es visible a los folios 4 a 9, así como del informe de folio 23 y 24 en que se establece la tala de no menos de 20 árboles, especialmente de la especie roble, extremos que tuvo por cierto el Tribunal en consonancia con las reglas de la sana crítica racional. Por las razones expuestas se declara sin lugar el reclamo.

V- RECURSO POR EL FONDO. Contenido del reclamo. Errónea aplicación de los artículos 1, 30, 71, y 72 del Código Penal, 7. 3 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 39 y 41 de la Constitución Política, así como errónea aplicación de los artículos 61 incisos A- y B- y 66 de la Ley Forestal. Se considera que la sentencia en el rubro de la pena impuesta de ocho meses de prisión es violatoria del principio de proporcionalidad, con relación a los hechos tenidos por demostrados, pues los aspectos que se aducen como fundamento del quantum impuesto se refieren a la tala y al aprovechamiento de los árboles, elementos que forman parte del tipo penal así como a los antecedentes penales, extremos que no son suficientes ni idóneos para llegar esa fijación. Se afirma que tomar en cuenta los antecedentes penales es una cuestión extraña al numeral 71 del Código Penal y con cita del voto 5396 del año 1993 de la Sala Constitucional, refiere que es violatorio al debido proceso tomar en cuenta esos atestados, pues ello sería violatorio del debido proceso.

El reclamo no procede. El extremo mayor de la pena para el delito por el cual se consideró al imputado autor responsable es de un mes hasta tres años de prisión, de modo que la pena impuesta de ocho meses, no excede de modo irracional el mínimo legal, según se infiere del artículo 61 incisos a y b de la Ley Forestal 7575. Por consiguiente no se estima que la pena sea violatoria de los principios de racionalidad y proporcionalidad de la sanción, sino en un todo acorde con la acción desplegada por el justiciable. La pena–contrario a la tesis del quejoso- si se encuentra debidamente motivada conforme con los parámetros del artículo 71 del Código Penal, por cuanto el a quo consideró no sólo que el imputado realizaba una acción con fines comerciales, pues utilizaba los árboles con el fin de producir carbón, los aserraba para su provecho, e igualmente se consideraron esos aspectos objetivos sino los de tipo subjetivo atinentes a la personalidad del justiciable como su situación socio - económica, el ser persona campesina que necesita de su finca para vivir.

Respecto a los antecedentes penales, han existido diversos criterios a los fines de considerarlos o no como elementos para adecuar el monto de la sanción. La misma Sala Constitucional no ha sido uniforme en ese punto. Es criterio de los jueces que conocen este recurso de casación que no existe obstáculo alguno para que los antecedentes se consideren como un aspecto para fijar la pena, siempre y cuando no sea el único y exclusivo fundamento para esa fijación y en todo caso en el sublite no es una la cuestión – los referidos antecedentes- que se consideraran para agravar la pena. Conviene aclarar que existe una resolución posterior a la citada por el recurrente emanada de la Sala Constitucional que ha aceptado como viable considerar los antecedentes penales para la fijación de la pena, y en que se dijo que “… no es violatorio del debido proceso, el hecho de que el Tribunal sentenciador tome en cuenta los antecedentes penales del imputado para la determinación del monto de la sanción a imponer, siempre que este se ubique dentro de los límites establecidos por el tipo penal”.

(Sala Constitucional Voto 2748 – 99 de 14:30 horas del 20 de abril de 1999. Boletín Judicial del 11 de mayo de 1999). No ha lugar a modificar el monto de la pena hacia el extremo menor de un mes de prisión como se solicita, pues la impuesta se considera ajustada a derecho según se ha indicado, máxime que cometió los hechos a que obedece este proceso dentro del periodo de prueba concedido para el anterior delito en que al justiciable se le condenó por un hecho similar(cf. folio 56). Con fundamento en las razones expuestas se declara sin lugar el reclamo por el fondo.

POR TANTO:

Se declara sin lugar el recurso de casación que se interpone a favor del sentenciado [Nombre10]. Notifíquese.

GUILLERMO SOJO PICADO FERNANDO CRUZ CASTRO [Nombre11] JUECES DE CASACIÓN PENAL Dig/ Beirute

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