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OutcomeResultado
The cassation appeal was granted and the defendant was acquitted of the violation of the Wildlife Conservation Law.Se declaró con lugar el recurso de casación y se absolvió al imputado de la infracción a la Ley de Conservación de Vida Silvestre.
SummaryResumen
The Criminal Cassation Court reviewed an appeal against the conviction of the general administrator of the National Liquor Factory (FANAL) for violating the Wildlife Conservation Law by contaminating the waters of Quebrada Valverde. The trial court had found him guilty as a mediate perpetrator for allowing the factory’s waste to continue being discharged into the creek. On appeal, the Court held that the conduct described in Article 132 of Law 7317 was not clearly defined as a crime; therefore, applying the principles of legality and favor libertatis, it must be construed as a contravention. However, the Court did not annul the conviction on this ground alone. Instead, it found that the defendant could not be held criminally liable. The National Liquor Factory lacks legal personhood and is subordinate to the National Production Council. As general manager or mercantile factor, the defendant lacked the authority to order the factory’s closure or to approve the budget for a treatment plant—such authority rested with the Board of Directors. The defendant had repeatedly included the treatment plant in budget proposals, but the Board denied them. Consequently, the Court acquitted him because he acted within the scope of his powers and could not be required to halt production, a far-reaching decision belonging to the factory’s general governance.El Tribunal de Casación Penal analizó un recurso contra la condena del administrador general de la Fábrica Nacional de Licores (FANAL) por infracción a la Ley de Conservación de Vida Silvestre, específicamente por contaminación de aguas de la Quebrada Valverde. La sentencia de primera instancia lo había declarado autor mediato del ilícito, al permitir que los desechos industriales de la fábrica continuaran vertiéndose a la quebrada. En casación, el Tribunal determinó que la conducta tipificada en el artículo 132 de la Ley 7317 no está claramente definida como delito, por lo que, en aplicación de los principios de legalidad y favor libertatis, debe interpretarse como una contravención. Sin embargo, no anuló el fallo por ese motivo, sino porque el imputado no era responsable penalmente. La Fábrica Nacional de Licores carece de personería jurídica y depende del Consejo Nacional de Producción; el administrador general, como gerente o factor mercantil, no tenía competencia para ordenar el cierre de la planta ni para aprobar el presupuesto para la planta de tratamiento, funciones reservadas a la Junta Directiva. El imputado había incluido reiteradamente la construcción de la planta en los presupuestos, pero la Junta Directiva no los aprobó. En consecuencia, el Tribunal absolvió al imputado porque cumplió con sus deberes dentro de sus atribuciones, sin que pueda exigírsele la paralización de la producción, decisión de mayor envergadura que correspondía a la política general de la fábrica.
Key excerptExtracto clave
Importantly, the Wildlife Law does not expressly state whether the violation of Article 132 constitutes a crime or a contravention. Note that Chapter XI of the Law regulates crimes (Arts. 88-104) and Chapter XII provides for contraventions (Arts. 105-121); Article 132 is found in Chapter XIII, that is, it is neither in the Chapter on crimes nor in that on contraventions. (...) it must be interpreted as a contravention. This is based primarily on the principle of legality, set forth in Article 39 of the Political Constitution, inasmuch as that principle requires the law to expressly define the conduct considered criminal prior to the commission of the act. Furthermore, the same conclusion is reached through the "favor libertatis" principle, mentioned in several rulings of the Constitutional Chamber, which mandates that in case of doubt, the ruling most favorable to liberty shall prevail. In the present matter, the General Manager of the Liquor Factory was the defendant [Name1], who, upon verifying that the Factory was contaminating the Quebrada Valverde with waste, proceeded on several occasions to include a treatment plant in the Factory’s Budget, a budget that was not approved by the Board of Directors of the National Production Council. Accordingly, the defendant did what was within his power according to his duties to solve the problem of contaminating the Quebrada Valverde; it was not within his competence to order the closure of the National Liquor Factory, as demanded by the trial court, since ordering such a measure falls within the scope of the Factory’s governance and operational policies, which is the competence of the Council’s Board of Directors.Importante es que la Ley de Vida Silvestre no se establece expresamente si la infracción al Art. 132 de la misma constituye un delito o bien es una contravención. Nótese que el Capítulo XI de la Ley regula los delitos (Arts. 88-104) y el Capítulo XII prevé las contravenciones (Arts. 105-121), resultando que el Art. 132 se encuentra en el Capítulo XIII, sea no está ni en el Capítulo correspondiente a los delitos ni en el de las Contravenciones. (...) se debe interpretarse que se trata de una contravención. Lo anterior con base en primer lugar en el principio de legalidad, previsto en el Art. 39 de la Constitución Política, ello en cuanto dicho principio dice que la ley debe definir expresamente la conducta que se estima como delictiva con anterioridad a la comisión del hecho. Por otro lado a la misma conclusión se llega a través del principio "favor libertatis", mencionado en diversos fallos de la Sala Constitucional, que ordena que ante la duda debe estarse a lo más favorable para la libertad. En el presente asunto resulta que el Administrador General de la Fábrica de Licores era el imputado [Nombre1], el que al constatar que la Fábrica estaba contaminando con desechos la Quebrada Valverde procedió a incluir en varias ocasiones en el Presupuesto de la Fábrica una planta de tratamiento, presupuesto que no fue aprobado por la Junta Directiva del Consejo Nacional de Producción. De acuerdo con ello el imputado hizo lo que estaba a su alcance conforme a sus atribuciones para solucionar el problema de la contaminación de la Quebrada Valverde, no estando dentro de su competencia el ordenar el cierre de la Fábrica Nacional de Licores, como lo exige la autoridad juzgadora, ya que el ordenar ello entra en la materia de las políticas de gobierno y funcionamiento de la Fábrica, competencia de la Junta Directiva del Consejo.
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"Se debe interpretarse que se trata de una contravención. Lo anterior con base en primer lugar en el principio de legalidad, previsto en el Art. 39 de la Constitución Política, (...) Por otro lado a la misma conclusión se llega a través del principio 'favor libertatis', mencionado en diversos fallos de la Sala Constitucional, que ordena que ante la duda debe estarse a lo más favorable para la libertad."
"It must be interpreted as a contravention. This is based primarily on the principle of legality, set forth in Article 39 of the Political Constitution, (...) Furthermore, the same conclusion is reached through the 'favor libertatis' principle, mentioned in several rulings of the Constitutional Chamber, which mandates that in case of doubt, the ruling most favorable to liberty shall prevail."
Considerando Único
"Se debe interpretarse que se trata de una contravención. Lo anterior con base en primer lugar en el principio de legalidad, previsto en el Art. 39 de la Constitución Política, (...) Por otro lado a la misma conclusión se llega a través del principio 'favor libertatis', mencionado en diversos fallos de la Sala Constitucional, que ordena que ante la duda debe estarse a lo más favorable para la libertad."
Considerando Único
"el imputado hizo lo que estaba a su alcance conforme a sus atribuciones para solucionar el problema de la contaminación de la Quebrada Valverde, no estando dentro de su competencia el ordenar el cierre de la Fábrica Nacional de Licores, como lo exige la autoridad juzgadora."
"the defendant did what was within his power according to his duties to solve the problem of contaminating the Quebrada Valverde; it was not within his competence to order the closure of the National Liquor Factory, as demanded by the trial court."
Considerando Único
"el imputado hizo lo que estaba a su alcance conforme a sus atribuciones para solucionar el problema de la contaminación de la Quebrada Valverde, no estando dentro de su competencia el ordenar el cierre de la Fábrica Nacional de Licores, como lo exige la autoridad juzgadora."
Considerando Único
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Legal Document No. 27090 ADD 076-F-98 CRIMINAL CASSATION COURT. Second Judicial Circuit of San José, Guadalupe. At ten hours thirty minutes on the tenth of February of nineteen ninety-eight.
CASSATION APPEAL filed in the present case against [Nombre1], married, of legal age, resident of Heredia, identification number [Placa1], for the crime of VIOLATION OF THE WILDLIFE LAW IN THE MODALITY OF WATER POLLUTION, to the detriment of NATURAL RESOURCES. The Cassation Judges Javier Llobet Rodríguez, [Nombre2], and [Nombre3] participate in the decision of the appeal. The attorney [Nombre4], private defender of the accused, attorney [Nombre5], and the representative of the Public Prosecutor's Office, attorney [Nombre6], appeared in the cassation proceedings.
WHEREAS:
Drafted by Cassation Judge [Nombre8], and;
WHEREAS:
SOLE. The accused [Nombre1] filed a cassation appeal on the merits against the conviction. He alleges that the wildlife conservation law indicates that liability for unlawful acts should extend to the legal representative, but the Fábrica Nacional de Licores is an entity attached to the Consejo Nacional de Producción, lacking its own legal standing, its legal representative being the Executive President of said Council. For this reason - he states - the investments, repairs, or rehabilitation of the Waste Processing Plant are not under the purview of the General Administrator of the Factory or the person in charge of the distillery, but rather of the Executive Presidency or the Board of Directors of the Consejo Nacional de Producción. He adds that the role of the General Administrator is limited in this specific case to proposing or raising the inclusion of the rehabilitation of the treatment plant in the budget, but the final execution and the elimination of this problem are not in the hands of the General Administrator. The ground is accepted, but on the following grounds. In the judgment, the following facts were held as proven: "1) That thanks to an on-site inspection carried out on the sixteenth of February nineteen ninety-five, it was determined that in the Quebrada Valverde, which is located behind the Fábrica Nacional de Licores, this company discharges the waste produced therein. 2) That at this point, the officials of MINAE determined this thanks to a tour they conducted of said factory, where it was verified that the waste from said company exits from a fifteen-inch diameter sewer, a point which was corroborated in the corresponding Judicial Inspection. 3) That the manager of said company, the accused here [Nombre1], has authorized this activity to continue, because knowing that the company's waste was exiting into the Quebrada Valverde, the only measure he took was to request the construction of a treatment plant, but since the budget for it was not granted, he simply allowed the waste to continue being handled in the same manner. 4) That as of March 14, 1995, the Fábrica Nacional de Licores had no liquid or solid waste treatment project processed or approved through the Ministry of Health. 5) That the construction of an adequate treatment plant for that location has been processed several times, but given that the budget is not approved, said plant has not been able to be built, and it was only now that the budget for said purpose was approved and the public tender for its construction was published...". In the statement of reasons for the judgment, it is later stated: "... It was also established through the testimony of the accused that he was aware of the discharge of waste into the Quebrada Valverde, and what he argued to somehow justify such actions is the fact that the necessary budget for the construction of an adequate treatment plant was never approved for them, despite his insistence on it, making his superiors see the need for a treatment plant; however, and as previously stated, the state bureaucratic apparatus prevented the budget for such need from being approved; and on the other hand, the accused indicated that then, to stop producing more waste, the only possible solution was to stop distilling. This statement must be carefully analyzed because, as the accused presents things, he found himself 'with his hands tied' and unable to carry out any conduct that would prevent the discharge of waste into the Quebrada; however, aside from Criminal Law, principles of administrative law and constitutional law give us the answer to the conduct the accused should have deployed. Firstly, we must say that the Fábrica Nacional de Licores is a public company with a private character, and for this reason, it is subject to the principles of public service such as continuity, efficiency, adaptation, and equality, principles which are stipulated in Article 4 of the General Law of Public Administration. If we relate the above to the case at hand, we will realize that the Fábrica Nacional de Licores is not complying with these principles, at least with regard to the scope of environmental conservation, since the new currents of environmental conservation oblige the aforementioned company to adapt to said currents, which they are evidently not doing because the waste from its production is thrown into a creek. Likewise, the principle of due obedience established by administrative law is limited when dealing with crimes, and as in the case at hand, we are dealing with nothing other than a crime consisting of throwing waste into a creek, due obedience cannot be claimed because there simply exists a legal stipulation that prohibits obeying an order in this regard. Secondly, the environment is also protected by our political constitution when Article 50 thereof states the following: 'The State shall seek the greatest well-being for all inhabitants of the country, organizing and stimulating production and the most adequate distribution of wealth. Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment, and is therefore entitled to denounce acts that infringe upon this right and to claim reparation for the damage caused. The State shall guarantee, defend, and preserve this Right. The Law shall determine the corresponding responsibilities and sanctions'... Thus, there is also a constitutional norm that is specifically tasked with watching over the environment, a norm that was clearly overlooked by the accused when he allowed the Quebrada Valverde to continue being polluted, allowing the Factory's waste to be discharged into it. We must bear in mind that the right to life derives from the right to a healthy environment, and when placing the distilling of alcohol on one side of the scale jointly with environmental pollution on the other, the answer will not be very difficult; logically, it is more important to keep the environment clean than to distill alcohol, and this was the decision before which the accused found himself, and in our opinion, his decision was not the most appropriate because he, instead of conserving the environment, chose to distill alcohol. Now, in the criminal sphere, we must state that the accused, acting as an indirect perpetrator, allowed—being able and under an obligation to prevent it by virtue of the position he held within the Fábrica Nacional de Licores—the waste from said place to be discharged into the Quebrada Valverde, a situation which, in accordance with Article 132 of the Wildlife Conservation Law No. 7317, is classified as a crime, and in view of the fact that there is no cause justifying such action, and that there is also no cause that eliminates or even diminishes the reproach for the commission of such conduct, what is appropriate then is to impose on him the sanction that Article 132 ibidem establishes for this behavior." Regarding the legal classification of the facts as constituting the unlawful act contemplated in Art. 132 of the Wildlife Law, the following must be stated: This article reads: "It is prohibited to discharge gray water, black water, waste, or any polluting substance in springs (manantiales), rivers, creeks, permanent or non-permanent streams, lakes, natural or artificial swamps and reservoirs, estuaries, peat bogs, marshes, fresh water, and brackish or salt water.
"Agro-industrial and industrial installations and other installations must be equipped with treatment systems to prevent solid waste or contaminated water of any type from destroying wildlife. Water quality certification shall be provided by the Ministry of Health.
"Those who do not comply with the stipulations of this article shall be fined amounts ranging from fifty thousand colones... to one hundred thousand colones...". The Criminal Court of Grecia convicted the accused [Nombre1] as the perpetrator of said infraction, considering that it constitutes a crime. It is important to note that the Wildlife Law does not expressly establish whether the infraction of Art. 132 thereof constitutes a crime or a contravention. Note that Chapter XI of the Law regulates crimes (Arts. 88-104) and Chapter XII provides for contraventions (Arts. 105-121), with Art. 132 being found in Chapter XIII, meaning it is not in the Chapter corresponding to crimes nor in that of Contraventions. The minority of the Corte Plena in a session on October 15, 1987, in response to a query made by the Director General of Immigration and Foreigners regarding Arts. 92 to 101 of the Immigration and Foreigners Law of July 28, 1986, resolved that it should be considered that said articles contemplated crimes and not contraventions, despite the fact that the law did not expressly state whether they were crimes or contraventions. This was based on the nature of the prescribed penalty, i.e., imprisonment. A similar situation arises in the present matter, where it is not specified whether the conduct defined by Art. 132 of the aforementioned Law is a crime or a contravention. Given this situation, it must be interpreted that it is a contravention. This is based, firstly, on the principle of legality, established in Art. 39 of the Political Constitution, in that said principle states that the law must expressly define the conduct considered criminal prior to the commission of the act. Additionally, the same conclusion is reached through the "favor libertatis" principle, mentioned in various rulings of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), which mandates that in case of doubt, the option most favorable to liberty must be taken. Even though the conduct contemplated in Art. 132 of the Wildlife Conservation Law is a contravention and not a crime, it is not appropriate to annul the ruling, referring the matter to the respective Contraventional Court, due to a lack of interest in doing so, since for the reasons given below, the accused cannot be held responsible for the pollution of the Quebrada Valverde. Regarding the appellant's allegations in this respect, it must be indicated that what is important is not which person has the legal representation of the Fábrica Nacional de Licores, but rather, in criminal matters, the fundamental aspect is the personal participation of the accused in the acts being judged. The contrary would lead to objective criminal liability. There are various resolutions from the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) on this matter (Cf. [Nombre9]. Constitución y Derecho Penal. San José, Escuela Judicial, 1995, pp. 110-115). In the judgment, criminal liability is attributed to the accused, indicating that he should be considered an "indirect perpetrator" of the act. In reality, the arguments given do not properly correspond to indirect perpetration, but rather to commission by omission, i.e., the fact that the accused did not prevent the river from continuing to be polluted even though he could and should have done so, because he was in a position of guarantor, specifically because he had the duty of vigilance over a source of danger (Art. 18 paragraph 2) of the Penal Code). It is important that the Fábrica Nacional de Licores is an entity without legal personality attached to the Consejo Nacional de Producción, possessing its own means and sufficient organization to be self-sufficient in administrative matters (Law of the Consejo Nacional de Producción: Art. 50 and Bylaws of Organization of the Fábrica Nacional de Licores: Art. 1). The Bylaws of Organization of the Fábrica Nacional de Licores (FANAL) establish the functions of the General Administrator of the Factory. It is stated that the Administrator is responsible before the Board of Directors of the Consejo Nacional de Producción for the proper functioning of the Factory, and that his functions correspond to those of a mercantile agent or manager (Arts. 9 and 10 of the Bylaws). It is also stipulated that the Administrator shall submit the Annual Operational Plan for each fiscal period to the Administrative Board, such that once compliance with all requirements is verified, it will be sent for approval to the Board of Directors (Art. 12 of the Bylaws). It is added that the Board of Directors is the highest-ranking collegiate body, setting the general government and operational policies of FANAL. For this purpose, it will order its activity, but not its acts, impose its goals and the types of means to be used to achieve them, issue directives, monitor their compliance, and sanction with removal the head who fails to comply with them repeatedly and seriously, without justifying their non-observance. In the present matter, it turns out that the General Administrator of the Fábrica Nacional de Licores was the accused [Nombre1], who, upon verifying that the Factory was polluting the Quebrada Valverde with waste, proceeded on several occasions to include a treatment plant in the Factory's Budget, a budget that was not approved by the Board of Directors of the Consejo Nacional de Producción. In accordance with this, the accused did what was within his power according to his duties to solve the pollution problem of the Quebrada Valverde, and it was not within his competence to order the closure of the Fábrica Nacional de Licores, as the trial authority demands, since ordering that falls within the realm of government and operational policies of the Factory, which is the competence of the Board of Directors of the Council. This is because making that decision, which would imply ceasing production, would be the most significant decision that could be made regarding the Factory, and the Factory could be paralyzed for a fairly long period, considering the bureaucratic procedures that would have to be undertaken for the purchase of the treatment equipment, in addition to the necessary maintenance of the machinery and the situation of the Factory workers themselves. For the foregoing reasons, the accused [Nombre1] cannot be held responsible for the pollution produced by the Fábrica Nacional de Licores into the Quebrada Valverde, and the appeal must be granted, issuing an acquittal in his favor (Art. 132 of the Wildlife Conservation Law).
THEREFORE
The appeal on the merits is granted. The accused [Nombre1] is acquitted of the unlawful act of violating the Wildlife Conservation Law, as defined in Art. 132 of said law. LET IT BE NOTIFIED. (CASSATION APPEAL No. 95-000065-295-PE-4 for the crime of Violation of the Wildlife Law against [Nombre1] to the detriment of Natural Resources).
DR. [Nombre10] LIC. [Nombre11] [Nombre12] LIC. [Nombre13] Dig/Beirute
Documento jurídico Nº 27090 ADD 076-F-98 TRIBUNAL DE CASACION PENAL. Segundo Circuito Judicial de San José, Guadalupe. A las diez horas treinta minutos del diez de febrero de mil novecientos noventa y ocho.
RECURSO DE CASACION interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre1], casado, mayor, vecino de Heredia, cédula número [Placa1], por el delito de INFRACCION A LA LEY DE VIDA SILVESTRE EN SU MODALIDAD DE CONTAMINACION DE AGUAS, en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES. Intervienen en la decisión del recurso, los Jueces de Casación Javier Llobet Rodríguez, [Nombre2] y [Nombre3]. Se apersonaron en casación el Licenciado [Nombre4], defensor particular del imputado, Licenciado [Nombre5], y la representante del Ministerio Público Licenciada [Nombre6].
RESULTANDO:
Redacta el Juez de Casación [Nombre8], y;
CONSIDERANDO:
ÚNICO. El imputado [Nombre1] presentó recurso de casación por el fondo en contra de la sentencia condenatoria. Alega que la ley de conservación de la vida silvestre indica que la responsabilidad por los ilícitos debe extenderse al representante legal, pero la Fábrica Nacional de Licores es un ente adscrito al Consejo Nacional de Producción, no teniendo personería propia, siendo su representante legal el Presidente Ejecutivo de dicho Consejo. Por ello - dice - las inversiones, reparaciones o bien la rehabilitación de la Planta de Procesamiento de desechos no se encuentra bajo el resorte del Administrador General de la Fábrica o bien el encargado de la destilería, sino de la Presidencia Ejecutiva o bien la Junta Directiva del Consejo Nacional de Producción. Agrega que la figura del Administrador General se limita en el caso concreto a proponer o plantear la inclusión en el presupuesto de la rehabilitación de la planta de tratamiento, pero la ejecución final y la eliminación de ese problema no se encuentra en manos del Administrador General. El motivo se acoge, pero con los siguientes fundamentos. En la sentencia se tuvieron por probados los siguientes hechos: “1) Que gracias a una inspección realizada en el lugar en fecha dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y cinco, se logró determinar que en la Quebrada Valverde la cual se ubica detrás de la Fábrica Nacional de Licores, esta empresa lanza los desechos producidos en la misma. 2) Que éste (sic) punto, los funcionarior (sic) del Mirenem lo lograron determinar gracias a un recorrido que de dicha fábrica hicieron en donde se constató que de una alcantarilla de quince pulgadas de diámetro salen los desechos de dicha empresa, punto éste que fue corroborado en la Inspección Judicial correspondiente. 3) Que el gerente de dicha empresa, el aquí imputado [Nombre1], ha autorizado que se continúe con esa actividad pues sabiendo que los desechos de la empresa salían a la Quebrada Valverde, la única medida que realizó fue solicitar la construcción de una planta de tratamiento, pero al no haberle otorgado el presupuesto para la misma simplemente permitió que los desechos se continuaran tratando de igual manera. 4) Que para la fecha 14 de marzo de 1995, la Fábrica Nacional de Licores no tenía ningún proyecto de tratamiento de desechos líquidos ni sólidos tramitados o aprobados a través del Ministerio de Salud. 5) Que se ha tramitado varias veces la construcción de una adecuada planta de tratamiento para ese lugar, pero que en vista de que no se aprueba el presupuesto no se ha podido construir dicha planta, siendo que hasta ahora se aprobó el presupuesto para dicho fin y se publicó el cartel para licitar la construcción de la misma...”. En la fundamentación de la sentencia se dice luego: “... Se estableció además con la deposición del endilgado que él tenía conocimiento del lanzamiento de desechos a la Quebrada Valverde, siendo que lo argumentado por él para justificar de cierta manera tal accionar es el hecho de que el presupuesto necesario para la construcción de una adecuada planta de tratamientos en ningún momento les fue aprobado por más que él insistió en ello haciéndoles ver a sus superiores la necesidad de una planta de tratamientos, sin embargo y como se dijo anteriormente, el aparato burocrático estatal impidió que se aprobara el presupuesto para tal necesidad; y por otra parte, nos indicó el testigo (sic) que entonces, para no producir más desechos la única solución posible lo era el no seguir destilando. Hay que analizar cuidadosamente esta declaración pues como nos enfoca las cosas el endilgado él se encontraba “atado de manos” para poder realizar alguna coducta (sic) que impidiera el lanzamiento de desechos a la Quebrada, sin embargo, aparte del Derecho Penal, principios de derecho administrativo y de derecho constitucional nos dan la respuesta a la conducta que debió desplegar el encartado. En primer lugar, debemos decir que la Fábrica Nacional de Licores es una empresa pública ente privado, y por tal razón se encuentra sujeta a los principios del servicio público como lo son el de continuidad, eficiencia, adaptación e igualdad, principios éstos que se encuentran estipulados en el artículo 4 de la Ley General de Administración Pública. Si relacionamos lo anterior con el caso que nos ocupa nos daremos cuenta que la Fábrica Nacional de Licores no está cumpliendo con estos principios, aunque sea en lo referente con el ámbito de conservación del medio ambiente, pues las nuevas corrientes de conservación del medio ambiente obligan a la empresa antes dicha a adaptarse a la dichas (sic) corrientes, lo cual evidentemente no lo están haciendo pues los desechos de su producción son arrojados a una quebrada. Asimismo, el principio de obediencia debida que establece el derecho administrativo se ve limitado cuando se trata de delitos, y como en el caso que nos ocupa estamos tratando no otra cosa más que un delito consistente en arrojar desechos a una quebrada, la debida obediencia no podrá alegarse pues simplemente existe una estipulación legal que prohibe (sic) obedecer una orden en este sentido. En segundo lugar, el medio ambiente se encuentra tutelado también por nuestra constitución política (sic) cuando el artículo 50 de la misma señala lo siguiente: “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país organinzando (sic) y estimulando la producción y el más adecuado reparto de las riquezas. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, por ello está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El estado garantizará, defenderá y preservará ese Derecho. La Ley determinará las responsabilidades y sanciones correspondientes”... Así pues, existe también una normativa constitucional que específicamente se encarga de velar por el medio ambiente, norma ésta que a todas luces fue pasada por alto por el encartado cuando permitió que se siguiera contaminando la Quebrada Valverde permitiendo que los residuos de la Fábrica fueran lanzados a la misma. Debemos tener presente que el derecho a la vida deriva del derecho a un ambiente sano, y al poner en una balanza el destilar alcohol conjuntamente con la contaminación del medio ambiente, la respuesta no será muy difícil, lógicamente es más importante mantener limpio el medio ambiente que destilar alcohol y esta fue la decisión ante la cual se vio el imputado, siendo que a nuestro criterio su decisión no fue la más acertada pues él, en lugar de conservar el medio ambiente optó por destilar alcohol. Ahora bien, en el ámbito penal debemos decir que el encartado, actuando como un autor mediato, permitió pudiendo y estando en la obligación de impedirlo, en virtud del cargo que se desempeñaba dentro de la Fábrica Nacional de Licores, lanzar los desechos de dicho lugar a la Quebrada Valverde, situación ésta que de conformidad con el artículo 132 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre No. 7317 se encuentra tipificado como delito, y en vista de que no existe ninguna causal que justifique tal accionar, y que no existe tampoco ninguna causal que elimine o tan siquiera disminuya el reproche por la comisión de tal conducta, lo procedente es entonces imponerle la sanción que para este comportamiento establece el artículo 132 ibídem”. Con respecto a la calificación jurídica de los hechos como constitutivos del ilícito contemplado en el Art. 132 de la Ley de Vida Silvestre debe decirse lo siguiente: Este artículo dice: "Se prohibe arrojar aguas servidas, aguas negras, desechos o cualquier sustancia contaminante en manantiales, ríos, quebradas, arroyos permanentes o no permanentes, lagos, marismas y embalses naturales o artificiales, esteros, turberas, pantanos, aguas dulces, y salobres o saladas.
"Las instalaciones agroindustriales e industriales y las demás instalaciones deberán estar provistas de sistemas de tratamientos para impedir que los desechos sólidos o aguas contaminadas de cualquier tipo destruyan la vida silvestre. La certificación de la calidad del agua será dada por el Ministerio de Salud.
"Quienes no cumplan con lo estipulado en este artículo, serán multados con montos que irán de cincuenta mil colones... a cien mil colones...". El Juzgado Penal de Grecia condenó al imputado [Nombre1] como autor de dicha infracción, considerando que la misma constituye un delito. Importante es que la Ley de Vida Silvestre no se establece expresamente si la infracción al Art. 132 de la misma constituye un delito o bien es una contravención. Nótese que el Capítulo XI de la Ley regula los delitos (Arts. 88-104) y el Capítulo XII prevé las contravenciones (Arts. 105-121), resultando que el Art. 132 se encuentra en el Capítulo XIII, sea no está ni en el Capítulo correspondiente a los delitos ni en el de las Contravenciones. La minoría de la Corte Plena en sesión del 15 de octubre de 1987 ante una consulta realizada por el Director General de Migración y Extranjería correspondiente a los Arts. 92 a 101 de la Ley de Migración y Extranjería del 28 de julio de 1986, resolvió que debía estimarse que en dichos artículos se contemplaban delitos y no contravenciones, ello a pesar de que la ley no decía expresamente si eran delitos o contravenciones. Lo anterior atendiendo a la naturaleza de la pena prevista, sea de prisión. Una situación similar se presenta en el presente asunto en el que no se especifica si la conducta tipificada por el Art. 132 de la Ley mencionada es delito o contravención. Ante tal situación debe interpretarse que se trata de una contravención. Lo anterior con base en primer lugar en el principio de legalidad, previsto en el Art. 39 de la Constitución Política, ello en cuanto dicho principio dice que la ley debe definir otro lado a la misma conclusión se llega a través del principio "favor libertatis", mencionado en diversos fallos de la Sala Constitucional, que ordena que ante la duda debe estarse a lo más favorable para la libertad. A pesar de que la conducta contemplada en el Art. 132 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre es una contravención y no un delito, no procede anular el fallo, remitiendo el asunto al Juzgado Contravencional respectivo, pero debido a la falta de interés en ello, puesto que por las razones que a continuación se dan no puede responsabilizarse al imputado por la contaminación a la Quebrada Valverde. En cuanto a los alegatos del impugnante al respecto debe indicarse que lo importante no es qué persona es la que tiene la representación legal de la Fábrica Nacional de Licores, sino en materia penal fundamental es la participación personal del imputado en los hechos que se juzgan. Lo contrario llevaría a una responsabilidad penal objetiva. Sobre ello hay diversas resoluciones de la Sala Constitucional (Cf. [Nombre9]. Constitución y Derecho Penal. San José, Escuela Judicial, 1995, pp. 110-115). En la sentencia se le atribuye al imputado la responsabilidad penal, indicando que debe ser estimado “autor mediato” del hecho. En realidad los argumentos que se dan no corresponden propiamente a la autoría mediata, sino a la comisión por omisión, sea al hecho de que el imputado no haya evitado que se continuara contaminando el río a pesar de que podía y debía hacerlo, por encontrarse en posición de garante, en concreto por tener la obligación de vigilancia frente a una fuente de peligro (Art. 18 párrafo 2) del Código Penal). Importante es que la Fábrica Nacional de Licores es una entidad sin personería jurídica adscrita al Consejo Nacional de Producción, contando con medios propios y organización suficiente para bastarse a sí misma en lo administrativo (Ley del Consejo Nacional de Producción: Art. 50 y Reglamento de Organización de la Fábrica Nacional de Licores: Art. 1). El Reglamento de Organización de la Fábrica Nacional de Licores (FANAL), que señala cuáles son las funciones del Administrador General de la Fábrica. Se dice que el Administrador es responsable ante la Junta Directiva del Consejo Nacional de Producción de la buena marcha de la Fábrica, y que sus funciones corresponden a las del factor mercantil o gerente (Arts. 9 y 10 del Reglamento). Se prevé además que el Administrador presentará a la Junta Administrativa el Plan Anual Operativo para cada período fiscal, de modo que una vez constatado el cumplimiento de todos los requisitos se enviará para su aprobación a la Junta Directiva (Art. 12 del Reglamento). Se agrega a ello que la Junta Directiva es el Órgano colegiado de máxima autoridad, dictando las políticas generales de gobierno y operación de Fanal. Para este fin, ordenará la actividad de la misma, pero no sus actos, le impondrá sus metas y los tipos de medios que habrá de emplear para realizarlas, le impartirá directrices, vigilará su cumplimiento y sancionará con la remoción al titular que falta a las mismas en forma reiterada y grave, sin justificar su inobservancia. En el presente asunto resulta que el Administrador General de la Fábrica de Licores era el imputado [Nombre1], el que al constatar que la Fábrica estaba contaminando con desechos la Quebrada Valverde procedió a incluir en varias ocasiones en el Presupuesto de la Fábrica una planta de tratamiento, presupuesto que no fue aprobado por la Junta Directiva del Consejo Nacional de Producción. De acuerdo con ello el imputado hizo lo que estaba a su alcance conforme a sus atribuciones para solucionar el problema de la contaminación de la Quebrada Valverde, no estando dentro de su competencia el ordenar el cierre de la Fábrica Nacional de Licores, como lo exige la autoridad juzgadora, ya que el ordenar ello entra en la materia de las políticas de gobierno y funcionamiento de la Fábrica, competencia de la Junta Directiva del Consejo. Lo anterior ya que el tomar esa decisión que implicaría no producir más, sería la decisión de mayor envergadura que se podría tomar con respecto a la Fábrica, pudiendo ser que la Fábrica estuviera paralizada durante un período bastante largo, tomando en cuenta los trámites burocráticos que habría que hacer para la compra del equipo de tratamiento, además del necesario mantenimiento de las máquinas y de la situación de los mismos trabajadores de la Fábrica. Por lo anterior no se le puede responsabilizar al imputado [Nombre1] de la contaminación producida por la Fábrica Nacional de Licores a la Quebrada Valverde, debiendo declararse con lugar el recurso, dictándose una sentencia absolutoria en su favor (Art. 132 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre).
POR TANTO
Se declara con lugar el recurso por el fondo interpuesto. Se absuelve al imputado [Nombre1] del ilícito de infracción a la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, previsto en el Art. 132 de dicha ley. NOTIFIQUESE. (RECURSO DE CASASION Nº 95-000065-295-PE-4 por el delito de Infracciòn a la Ley Vida Silvestre contra [Nombre1] en perjuicio de Los Recursos Naturales).
DR. [Nombre10] LIC. [Nombre11] [Nombre12] LIC. [Nombre13] Dig/Beirute
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