Res. 06507-2026 Tribunal Contencioso Administrativo — Direct Judgment Unavailable Without Express Consent

OutcomeResultado

Direct judgment deniedFallo directo denegado

The Tribunal did not decide whether the disputed areas belonged to the maritime-terrestrial zone; it denied fallo directo and returned the file for ordinary processing because the defendant’s express consent and the reasoning required by Article 69 of the CPCA were absent.El Tribunal no resolvió la pertenencia de las áreas disputadas a la zona marítimo terrestre, sino que denegó el fallo directo y devolvió el expediente a la etapa de trámite ordinario porque faltaban la anuencia expresa de la demandada y la motivación exigida por el artículo 69 del CPCA.

SummaryResumen

The Administrative-Litigation and Civil Treasury Tribunal declined to use the fallo directo procedure, an exceptional route permitting judgment without the ordinary hearings, in proceedings brought by the State to exclude from a private property areas that an Instituto Geográfico Nacional report identified as part of the maritime-terrestrial zone and the public domain. Without deciding that underlying dispute, the Tribunal held that Article 69 of the Código Procesal Contencioso Administrativo requires a timely request, the defendant’s express consent, and a reasoned determination by the case-management judge that the record is ready for judgment. A defendant’s silence cannot be treated as consent because that would presume a tacit waiver of adversarial process, defense rights, and other due-process guarantees. Here, the defendants gave no express consent, and the order directing fallo directo lacked reasoning. The Tribunal therefore returned the case to the case-management stage for ordinary processing and also noted that the file had been transmitted late to the deciding section.El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda rechazó tramitar por fallo directo el proceso promovido por el Estado para excluir de una finca privada áreas que, según un informe del Instituto Geográfico Nacional, pertenecen a la zona marítimo terrestre y al dominio público. Sin resolver esa controversia de fondo, determinó que el artículo 69 del Código Procesal Contencioso Administrativo exige una solicitud oportuna, la anuencia expresa de la parte demandada y una decisión debidamente motivada de la persona juzgadora de trámite sobre la aptitud del expediente para sentencia. El silencio de la parte demandada no puede interpretarse como consentimiento, pues ello supondría una renuncia tácita al contradictorio, la defensa y otras garantías del debido proceso. En este caso, la demandada no manifestó anuencia expresa y el auto que ordenó el fallo directo carecía de motivación. Por ello, el Tribunal devolvió el expediente a la etapa de trámite para continuar por el cauce ordinario y señaló además su remisión tardía a la Sección decisora.

Key excerptExtracto clave

Accordingly, based on the foregoing, the absence of express consent by the defendant and the previously identified lack of reasoning in the judicial order that transmitted the file to this deciding body for judgment constitute sufficient grounds to deny the special procedure established in the legal provisions cited above, as is hereby ordered. Ultimately, and for the reasons stated above, the Tribunal concludes that these proceedings do not satisfy the requirements established by Article 69 cited above and therefore are not ready for judgment. Consequently, given the failure to comply with the requirements established by Article 69 of the CPCA, the matter must be returned to the case-management stage so that its processing may be adjusted as explained and may continue there through the ordinary procedure established by law. Because granting the fallo directo procedure in these proceedings is improper, this matter is ordered returned to the judge responsible for the case-management stage so that its adjudication may continue through the ordinary procedure. The Judicial Coordinator of Section III shall take note of the matters stated in Considerando III of this ruling for future transmissions of fallo directo matters to this deciding Tribunal. Notice shall be given.Así las cosas, con fundamento en lo anteriormente expuesto, la no existencia expresa de esa anuencia por parte de la demandada y la falta de motivación antes acusada en la resolución jurisdiccional que remitió el expediente a este órgano decisor para su fallo, constituyen razones suficientes para denegar el trámite especial previsto en la normativa legal antes citada, como en efecto se dispone. En definitiva y por las razones antes expuestas, el Tribunal arriba a la conclusión de que en el presente proceso no se cumple con los presupuestos dispuestos por el ordinal 69 ibídem y por ende, no está listo para ser resuelto en sentencia el proceso que nos ocupa. Consecuentemente, ante la perspectiva de la falta de cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 69 CPCA, lo que corresponde es la remisión del asunto nuevamente a la etapa de trámite, a fin de que se adecúe la tramitación en los términos expuestos y se prosiga allí la tramitación del asunto conforme al cauce procesal ordinario por ley establecido. Por resultar improcedente conceder el trámite de fallo directo al presente proceso, se ordena devolver este asunto a la persona juzgadora de la etapa de trámite, a fin de que continúe con el trámite ordinario en la substanciación de este asunto. Tome nota la Coordinadora Judicial de la Sección III, de lo indicado en el considerando III de este pronunciamiento, para futuros casos de remisión de asuntos de fallo directo ante este Tribunal Decisor. Notifíquese.-

Pull quotesCitas destacadas

"No cabría en ese orden, conjeturar la aplicación de una suerte de silencio positivo, para que ante la falta de manifestación expresa sobre una posible disconformidad con el fallo directo, se modifique todo el régimen procesal común, generando como efecto inmediato, una renuncia vía presuntiva a garantías y etapas procesales en las que el demandado o reconvenido puede incluso, aportar nuevas probanzas o argumentaciones en defensa de su posición."

"It would therefore be impermissible to infer a form of positive silence whereby the absence of an express statement of possible disagreement with fallo directo would alter the entire ordinary procedural framework, immediately producing a presumed waiver of guarantees and procedural stages in which the defendant or defendant on a counterclaim could even submit additional evidence or arguments in defense of its position."

Considerando I

"No cabría en ese orden, conjeturar la aplicación de una suerte de silencio positivo, para que ante la falta de manifestación expresa sobre una posible disconformidad con el fallo directo, se modifique todo el régimen procesal común, generando como efecto inmediato, una renuncia vía presuntiva a garantías y etapas procesales en las que el demandado o reconvenido puede incluso, aportar nuevas probanzas o argumentaciones en defensa de su posición."

Considerando I

"Se trata de derechos que se vinculan de manera inescindible con el debido proceso y que por ende, no pueden entenderse renunciados por los mecanismos de la suposición derivada de un silencio."

"These rights are inseparably connected to due process and therefore cannot be deemed waived through assumptions derived from silence."

Considerando I

"Se trata de derechos que se vinculan de manera inescindible con el debido proceso y que por ende, no pueden entenderse renunciados por los mecanismos de la suposición derivada de un silencio."

Considerando I

"En consecuencia, no basta la aquiescencia expresa de las partes -que en este caso valga recordar que no se dió de manera expresa por ambos litigantes-, para que la Jueza Tramitadora o el Juez Tramitador proceda a elevar un proceso de conocimiento al Tribunal Decisor para que dicte sentencia."

"Consequently, the parties’ express acquiescence—which, it bears recalling, was not expressly given by both litigants in this case—is not sufficient for the case-management judge to transmit proceedings on the merits to the deciding Tribunal for judgment."

Considerando II

"En consecuencia, no basta la aquiescencia expresa de las partes -que en este caso valga recordar que no se dió de manera expresa por ambos litigantes-, para que la Jueza Tramitadora o el Juez Tramitador proceda a elevar un proceso de conocimiento al Tribunal Decisor para que dicte sentencia."

Considerando II

"Dicho trámite resulta inadecuado y contrario a lo dispuesto en la Ley de rito, ya que este asunto debió ser remitido de manera directa por el(la) Juez(a) Tramitador(a) o el(la) Técnico(a) Judicial que le asiste, el mismo día 19 de agosto del 2026, fecha en la cual se le notificó a todas las partes la resolución en que se aceptó -de manera errada- aplicar lo dispuesto en el artículo 69 del Código Procesal Contencioso Administrativo al caso concreto."

"That processing was improper and contrary to the applicable procedural statute because the case-management judge, or the assisting judicial technician, should have transmitted this matter directly on 19 August 2026, the same date on which all parties were notified of the order that—erroneously—approved application of Article 69 of the Código Procesal Contencioso Administrativo to this case."

Considerando III

"Dicho trámite resulta inadecuado y contrario a lo dispuesto en la Ley de rito, ya que este asunto debió ser remitido de manera directa por el(la) Juez(a) Tramitador(a) o el(la) Técnico(a) Judicial que le asiste, el mismo día 19 de agosto del 2026, fecha en la cual se le notificó a todas las partes la resolución en que se aceptó -de manera errada- aplicar lo dispuesto en el artículo 69 del Código Procesal Contencioso Administrativo al caso concreto."

Considerando III

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PROCEEDING:

Proceedings on the Merits PLAINTIFF:

THE STATE DEFENDANT:

ANA PATRICIA VARGAS MIRANDA No. 2026006507 ADMINISTRATIVE AND CIVIL COURT OF THE TREASURY, SECOND JUDICIAL CIRCUIT, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at eight nineteen a.m. on 16 September 2026.- Proceedings on the merits (proceso de conocimiento) brought by THE STATE, represented by Procuradora Natalia Aguilar Porras, of legal age, single, attorney, holder of identity card number 1-1188-0759, resident of Heredia, against MARÍA DEL CARMEN MIRANDA SALAZAR, holder of identity card No. 2-0238-0279, of legal age, married once; VÍCTOR JULIO VARGAS MIRANDA, holder of identity card No. 9-0078-0372, of legal age, married once; MODESTO EMILIO DE LA TRINIDAD VARGAS MIRANDA, holder of identity card No. 2-0418-0276, of legal age, married once; ANABEL VARGAS MIRANDA, of legal age, widowed, holder of identity card No. 2-0396-0955, resident of Alajuela; PATRICIA VARGAS MIRANDA, of legal age, single, holder of identity card No. 2-0469-0130, resident of San José; and MODESTO EDGAR VARGAS ROJAS, of legal age, married once, holder of identity card No. 1-0251-0363. Except as indicated above, all are residents of central San Mateo, Alajuela, across from La Tranca restaurant.

BACKGROUND

In this matter, the plaintiff seeks a judgment declaring: “(...)

1)That property No. 6-44498, registered under interests 001 through 006, encompasses areas within the maritime-terrestrial zone that are in the public domain, as described in report No. DIG-TOT-INF-116-2021, transmitted by official letter DIG-TOT-0596-2021 dated 30 September 2021 from the Instituto Geográfico Nacional. /
2)Upon granting the first claim, that the defendants be ordered, at their own expense, to prepare and register a new survey plan and correct the area and boundaries of property 6-44498, excluding the maritime-terrestrial zone described in official letter DIG- TOT- INF- 116- 2021 dated 30 September 2021 from the Instituto Geográfico Nacional, within which the powers of administrative self-enforcement over public-domain property vested in the competent active administration shall apply. /
3)In the event of opposition, that the defendant be ordered to pay both categories of costs and interest thereon.” (See images 355 through 360 of the digitized court file).

II.By a filing submitted to this Court on 06 March 2026, the State’s representative requested that the direct-judgment procedure (fallo directo) provided for in Article 69 of the Código Procesal Contencioso Administrativo be applied to this matter (see images 82 through 86 of the digitized court file).

III.Regarding that request, the Court afforded the opposing party an opportunity to be heard by order issued at 11:05 a.m. on 09 July 2026; that opportunity was repeated by order issued at 3:47 p.m. on 28 July 2026. (See the pages corresponding to images 11 through 18 and 28 through 38 of the digitized court file).

IV.The defendants submitted a pleading to the Court on 05 August 2026, in which they did not expressly state whether they consented to application of the direct-judgment procedure provided for in Article 69 of the Código Procesal Contencioso Administrativo to this matter (see page 10 of the digitized court file).

V.By decision issued at 11:08 a.m. on 19 August 2026 and served on the parties that same day, the Case-Management Judge granted the application submitted by the plaintiff to process this matter under the direct-judgment procedure and ordered the case file forwarded to the appropriate Section of the Court for issuance of the corresponding judgment (see pages in images 09 through 02 of the digitized court file).

VI.This matter was not assigned to the Reporting Judge serving in Section III of this Court for issuance of the corresponding judgment until 09 September 2026, as recorded in the “Case File Location Change History” contained in the Virtual Desktop System.

VII.This decision is issued following the required deliberations and within the time limit established for that purpose by Article 69 of the Código Procesal Contencioso Administrativo (hereinafter, CPCA), by unanimous agreement of the members of the Court.

Judge Quesada Vargas writes for the Court, and REASONS

Regarding application of the procedural mechanism of direct judgment, this Administrative Court has repeatedly held as follows: “I.- PROCEDURAL REQUIREMENTS FOR APPLICATION OF THE DIRECT-JUDGMENT PROCEDURE GOVERNED BY ARTICLE 69 OF THE CÓDIGO PROCESAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. The procedural reform embodied in the Código Procesal Contencioso Administrativo seeks a more expeditious and efficient system of justice, with shorter time limits for processing and deciding matters. Consistently with this goal of expedition and efficiency, the legislature provided for situations or circumstances in which those proceedings could be shortened even further, establishing for that purpose, for example, the direct-judgment proceeding (Article 69 ibidem), determination solely as a matter of law (Article 98.2 of that body of law), and the so-called ‘priority procedure,’ set forth in Article 60, which may be initiated by the court on its own motion or upon application by a party.

The first procedure is relevant here. The direct-judgment procedure, or proceeding without hearings, established in Article 69 of the Código Procesal Contencioso Administrativo is exceptional or extraordinary in nature because, in the interest of expedition, it entails sacrificing other fundamental principles of administrative-litigation proceedings, such as adversarial process, ascertainment of the ‘actual’ truth, immediacy, concentration, and others, and even altering the oral nature of the proceedings by necessarily converting them into written proceedings when the oral stages are dispensed with. Accordingly, given its implications, the determination to use this abbreviated procedure and the assessment of the conditions or requirements necessary to grant an application of this kind must be restrictive and must not permit matters that, because of the subject matter of the proceedings or the basis of the claim, warrant oral adversarial proceedings to be decided without fuller debate, to the detriment of the ‘actual’ truth, judicial review of the lawfulness of administrative action, the subjective rights and legitimate interests of persons subject to the administration, and even the parties’ fundamental procedural rights.

Article 69 of the Código Procesal Contencioso Administrativo sets out the requirements for direct judgment to be proper without the need to hold hearings. Those requirements may be listed and explained as follows:

a)An express request for application of Article 69 by the plaintiff or counterclaimant in the complaint or counterclaim, or before the conciliation hearing is held. This requirement is very clear: the plaintiff or counterclaimant may, as an optional matter, expressly request in the complaint or counterclaim that Article 69 be applied, stating that the written or oral hearings structured under the Código Procesal Contencioso Administrativo are to be dispensed with (meaning the hearings on rebuttal evidence and defenses, conciliation, preliminary matters, and any eventual oral and public trial). Although these are the two preferable procedural points at which to request application of Article 69 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, they are not exclusive. Consequently, procedural preclusion does not apply to a request for its application if it was not submitted upon filing the complaint or counterclaim, although, of course, it may no longer be requested once any of the oral hearings provided for in the Código Procesal Contencioso Administrativo has been held. The interest in expedition itself justifies this, provided that the particular circumstances of the case permit it;
b)Communication of the request for application of Article 69 to the defendant or counterclaim defendant, and that party’s express non-opposition to or acceptance of the request for direct judgment. Once the claimant submits the request in the complaint or counterclaim, the Case-Management Judge must, in the order serving the complaint or counterclaim, clearly inform the defendant or counterclaim defendant of the plaintiff’s or counterclaimant’s request that the hearings be omitted and that the matter be forwarded for direct judgment. Once the defendant or counterclaim defendant responds to service of the complaint or counterclaim, three things may occur: 1. The response may omit any reference to the plaintiff’s or counterclaimant’s request for application of Article 69 of the procedural code; 2. It may expressly state agreement with application of direct judgment; or 3. It may reject the request for direct judgment. This collegiate body considers that the requirement under analysis is satisfied only in the second situation, which would therefore authorize the Case-Management Judge to determine whether Article 69 of the Código Procesal Contencioso Administrativo may be applied. In both the first and third situations, the judge handling the case-management stage could not forward the matter for direct judgment, not only when the party expressly objects, but also when the party has failed to state a position on the matter. This final statement is based on the following reasons. Applying directly the Law of the Constitution, specifically the guarantee of due process and the fundamental procedural principles protected by Articles 39 of the Constitución Política and 8 of the Convención Americana sobre Derechos Humanos, this Court considers that, when the defendant—or counterclaim defendant—remains silent regarding the request made by the plaintiff—or counterclaimant—for application of Article 69 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, the Case-Management Judge may not presume that the defendant or counterclaim defendant does not object to dispensing with stages such as conciliation or the holding of hearings. Such a presumption would not only assume that the party has tacitly waived the right to a defense and to adversarial proceedings, but would also be inconsistent with the requirement that the decision to use this abbreviated procedure and the assessment of the conditions necessary to grant an application of this nature be restrictive. It would therefore be improper to infer the application of a form of positive silence under which, absent an express statement of possible disagreement with direct judgment, the entire ordinary procedural framework would be altered, with the immediate effect of deeming guarantees and procedural stages presumptively waived, even though the defendant or counterclaim defendant could submit new evidence or arguments at those stages in defense of its position. These rights are inseparably connected with due process and therefore cannot be deemed waived through assumptions derived from silence. For example, in a case of default (Article 65 of the Código Procesal Contencioso Administrativo), Article 93.1 ibidem itself establishes that the Case-Management Judge may admit or order evidence deemed necessary, because default certainly does not eliminate the obligation to analyze the evidence, particularly when the guiding objective of the proceeding is to ascertain the ‘actual’ truth, as Article 82, read in conjunction with Article 85 of that code, states unequivocally. It is also evident that a party, specifically the defendant, may raise numerous matters at the preliminary hearing and would be deprived of that opportunity merely because it failed to state whether it agreed to have the matter decided without hearings. The same uncertainty arises concerning the privileged defenses governed by Article 67 of the same body of law, which could no longer be exercised once the case record is forwarded for direct judgment. Consequently, the phrase ‘(...) If the defendant or counterclaim defendant does not oppose that request...’ must be interpreted restrictively by the judge to safeguard the parties’ fundamental procedural guarantees provided under the Law of the Constitution. In the view of this collegiate body, holding otherwise would entail not only interpreting the silence of the parties consulted as affirmative—a consequence that, in any event, is not expressly prescribed by the provision under analysis—but also disregarding the exceptional nature and restrictive character of the procedure established in Article 69 of the Código Procesal Contencioso Administrativo. By way of reflection, other provisions of Law number 8508 do refer to the existence of express opposition. For example, Article 48(3), concerning the so-called consolidated proceeding, states: ‘(...) In the absence of express opposition, a single proceeding shall be conducted (...).’ This provision means that, absent express opposition, only one proceeding is conducted; in other words, the rule is that this consequence follows unless a party clearly objects, and therefore positive silence may be inferred in that situation. Article 69 ibidem is different because it establishes the requirement ‘if the defendant does not oppose.’ In light of the intraprocedural consequences involved, this suggests that the non-opposition must be express, under the terms already explained;
c)A reasoned and duly substantiated determination by the judge handling the case-management stage that the request for direct judgment is proper. Once the two requirements analyzed above have been met, the Case-Management Judge must review the lawfulness of the proceedings and, in this Court’s view, must analyze matters including whether it is necessary to hold a preliminary hearing because the facts are unclear; whether the claims require refinement; whether expert or testimonial evidence exists that warrants the possibility of holding an oral and public trial; whether the relevance and usefulness of the documentary evidence offered must be assessed; or whether the administrative record is incomplete, among many other matters that the Case-Management Judge must analyze to determine whether the proceeding is ready for judgment because there is nothing to correct or refine, and to avoid impairing the parties’ fundamental procedural guarantees. In this regard, this Court considers that the parties’ mere agreement to dispense with the hearings is insufficient for the Case-Management Judge to forward the case for direct judgment, because doing so would disregard Article 69 itself, which specifically states ‘(...) and the case-management judge deems it proper (...).’ This means that other reasons, such as those previously identified, must exist to warrant forwarding the matter for direct judgment, and that the judge handling the case-management stage must analyze them in a reasoned and duly substantiated manner—in accordance with Article 57 of the Código Procesal Contencioso Administrativo—to determine whether the request made by the plaintiff or counterclaimant for that purpose is proper. It should be emphasized here that mere acquiescence by the parties, if not duly reviewed by the judge handling the preliminary stage, may facilitate potential procedural fraud, which is entirely inconsistent with the proper administration of matters heard in this Jurisdiction. Consequently, if these requirements are not met, the Adjudicating Court cannot accept a matter forwarded for direct judgment by the Case-Management Judge, because the requirements established by a mandatory procedural rule of public order would not have been satisfied. That rule must be observed by both the judge handling the case-management stage and the adjudicating judges, in accordance with the duties directly imposed on them by Articles 39 (due process); 41 in fine (prompt and effective justice, without denial and in strict conformity with the legal system); 49, final paragraph (the scope of the administrative-litigation jurisdiction’s subject-matter competence from a subjective perspective); 153 (the judicial function); and 154 (judges’ subjection to the Constitution and the laws), all of the Constitución Política. Therefore, if these requirements are not met, the Adjudicating Court must identify them to the Case-Management Judge in a reasoned and substantiated manner and return the proceeding so that it may continue under the ordinary procedure. It should nevertheless be emphasized that the failure to provide reasons in the order forwarding the matter for direct judgment does not, by itself, justify returning it, because the decision ordering its return must state the reasons why the Adjudicating Court considers the hearing procedure necessary and therefore determines that the proceeding should continue under the ordinary procedure (see, among others, the decision issued at 11:29 a.m. on 02 October 2023).

II. THE SPECIFIC CASE

Applying to this case the principles stated in Reason I of this decision, the Court considers that the matter in dispute does not satisfy the requirements provided in Article 69 of the CPCA, because the proceeding is not ready for judgment for the following two reasons, which will be addressed in detail below: the lack of reasoning in the order forwarding this matter for direct judgment, and the lack of express consent by the defendants to have this proceeding processed by direct judgment. Under Article 57 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, every decision issued at any stage of the proceeding, whether oral or written, must be duly reasoned. This requirement is justified both by the need to avoid violating the parties’ guarantee of due process and by the need to enable them to know the legal reasons that led the judge to rule as the judge did. Reasoning is also an indispensable requirement that must be taken into account so that the parties may potentially challenge the decision issued, if it is adverse to their interests, by filing the remedies available against it.

In this regard, Article 69(2) of the Código Procesal Contencioso Administrativo itself is consistent with this constitutional and statutory duty because it provides ‘(...) and the case-management judge deems it proper (...),’ which means that the Case-Management Judge must issue a reasoned decision. That decision cannot rest solely on the fact that the parties have not expressly objected to dispensing with the conciliation stage and not holding the corresponding written hearing (the hearing on rebuttal evidence and defenses provided for in Article 70(1) of the Código Procesal Contencioso Administrativo) or oral hearings (Articles 90 through 111 of the same body of law). As analyzed in Reason I of this decision, the Case-Management Judge must determine whether the specific case is in fact ready for judgment or whether, to the contrary, the nature and formulation of the disputed claims; the existence of disputed facts that are relevant and material to resolving the conflict presented; the need to refine facts that have not been set forth clearly and concisely and that are intertwined with questions of law; the clarification and adjustment of the claims or the answer to the complaint; the default of one of the defendants in failing to answer the complaint within the prescribed period; an incomplete administrative record; the need to obtain evidence that must be received at a single hearing or trial; or the need to join an interested third party or a necessary passive joint litigant, among other matters, require that the proceeding first be refined at the hearing on rebuttal evidence and defenses or at a preliminary hearing, so as to prepare it for an eventual oral and public trial, or, if the requirements of Article 98(2) of the Código Procesal Contencioso Administrativo are met, to make it ready for judgment.

Consequently, the parties’ express acquiescence—which, it bears recalling, was not expressly given by both litigants in this case—is insufficient for the Case-Management Judge to forward proceedings on the merits to the Adjudicating Court for judgment. Under fundamental principles such as due process, legality, effective judicial protection, and prompt and effective justice without denial and in strict conformity with the legal system, the judge must necessarily analyze the matter to determine whether the proceeding is ready for judgment because no essential matters remain to be cured and whether dispensing with the various stages of the ordinary proceeding would cause procedural fraud or violate the parties’ fundamental procedural guarantees derived from Articles 39 of the Constitución Política and 8 of the Convención Americana sobre Derechos Humanos. In this case, an analysis of the decision issued at eleven oh-eight a.m. on 19 August 2026, by which the Case-Management Judge granted the State’s representative’s request to proceed by direct judgment, shows that it is entirely devoid of reasoning and therefore fails to satisfy one of the essential requirements established in Article 69 of the Code of Roto.

In issuing that decision, the Case-Management Judge merely stated: ‘(...) Having reviewed the statements made by both parties, the request for direct judgment is granted so that the Court may rule on the first claim in the complaint. The case file shall be forwarded to the Trial Section assigned in turn. Service is ordered.’ (See images 233 and 234 of the court file). It is therefore evident that the decision is entirely devoid of adequate reasoning. Moreover, it rests solely on the assertion that ‘both parties’ agreed to have this matter resolved by direct judgment, which is also false because the response submitted by the defendants after they were afforded an opportunity to be heard makes it perfectly clear that they did not expressly consent to conversion to that procedure. The omission by the Case-Management Judge is therefore evident: the judge failed to provide any reasoning concerning the proceeding’s current posture, which clearly prevents this Adjudicating Court from using that procedure in this matter, much less from issuing the corresponding judgment.

In those circumstances, this judicial body could also potentially violate the essential content of procedural guarantees, not only with respect to protecting the parties’ legitimate interests and subjective rights, but also with respect to safeguarding the public interest in having this proceeding decided in accordance with law. As detailed in the first Reason of this decision, for purposes of Article 69 of the CPCA, the decisions issued by case-management judges cannot rest solely on the fact that the parties have not objected, or that they have expressly agreed, to dispensing with the conciliation stage and the corresponding oral hearings (which, in any event, did not occur here). On the contrary, Article 69 ibidem requires a substantiated assessment by the Case-Management Judge of the reasons why the judge considers it possible to grant, in this case, the procedural mechanism established in that provision.

Nevertheless, the cited decision fails to address all the claims that are the subject of this dispute, in addition to the fact—again—that the defendants did not expressly consent to converting this matter into one for direct judgment. Instead, in an entirely terse manner and without providing further detail, the Case-Management Judge decided that this Adjudicating Court should rule only on the first claim asserted by the State, without stating the reasons underlying that decision or explaining why such a course was considered proper, and without making any reference to the remaining relief sought by the State’s representative in the complaint. Accordingly, based on the foregoing, the absence of express consent by the defendants and the previously identified lack of reasoning in the judicial decision that forwarded the case file to this adjudicating body for judgment constitute sufficient grounds to deny the special procedure provided for in the aforementioned statutory provisions, as is hereby ordered.

In sum, for the reasons stated above, the Court concludes that this proceeding does not satisfy the requirements established by Article 69 ibidem and that the matter before us is therefore not ready to be resolved by judgment. Consequently, given the failure to satisfy the requirements established in Article 69 of the CPCA, the matter must be returned to the case-management stage so that the proceedings may be brought into conformity with the terms set forth above and may continue there through the ordinary procedural channel established by law.

III. DELAYED FORWARDING OF THE CASE FILE TO THE ADJUDICATING COURT FOR ISSUANCE OF JUDGMENT

Without prejudice to the foregoing, it should be noted that, under Articles 69 in fine of the Código Procesal Contencioso Administrativo and 82(2) of the Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, the judgment—if the case record was in principle ready for that purpose—must be issued within five business days after all parties are served with the ruling granting the application. In this proceeding, the Case-Management Judge issued the decision granting the plaintiff’s application on 19 August 2016, and that decision was served on the parties on that same date, as shown by the respective certificates of service included in the record. The five-business-day period therefore began to run on 20 August 2026 and expired on Wednesday, 26 August 2026. Notwithstanding the foregoing, this matter was forwarded to the Reporting Judge on 09 September 2026, long after the statutory period for issuing the corresponding judgment had expired.

That processing was improper and contrary to the provisions of the procedural law, because this matter should have been forwarded directly by the Case-Management Judge or the Judicial Technician assisting that judge on 19 August 2026, the date on which all parties were served with the decision that—erroneously—accepted application of Article 69 of the Código Procesal Contencioso Administrativo to this specific case. Nevertheless, because, under the third paragraph of Article 5 of the Ley Orgánica del Poder Judicial, this Court may not decline to issue the decision required by law—even though, it bears repeating, the proceeding was forwarded to it far too late, contrary to Articles 69 in fine of the Código Procesal Contencioso Administrativo and 82(2) of the Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa—this ruling is issued within five business days after the date on which the case file was forwarded to this Section of the Court.

The Case-Management Judge and the Judicial Coordination Office of Work Team III shall take note of this circumstance for future referrals of direct-judgment matters to the Adjudicating Judges comprising the Third Section of this Court, so that timely and appropriate measures may be taken to correct this situation with respect to the procedure for assigning and forwarding a direct-judgment proceeding.

THEREFORE

Because granting direct-judgment treatment to this proceeding is improper, this matter is ordered returned to the judge handling the case-management stage so that the judge may continue processing this matter under the ordinary procedure. The Judicial Coordinator of Section III shall take note of the matters stated in Reason III of this ruling for future referrals of direct-judgment matters to this Adjudicating Court. Service is ordered.- Sandra M. Quesada Vargas. Francisco Cháves Torres. Berny Solano Solano. Adjudicating Judges.- SANDRA MARIA QUESADA VARGAS, ADJUDICATING JUDGE BERNY SOLANO SOLANO, ADJUDICATING JUDGE FRANCISCO CHAVES TORRES, ADJUDICATING JUDGE CASE FILE: 21-006544-1027-CA Goicoechea, Calle Blancos, 50 meters west of the BNCR, across from Café Dorado. Telephone numbers: 2545-0099. Ext. 01-2707 or 01-2599. Fax: 2241-5664 or 2545-0006. Email: tproca-sgdoc@poder-judicial.go.cr

EV Generación de Machote: F:\Gestion-Judicial\Servidor de Archivos\Modelos\Contencioso\TCRESOL016.dpj Conocimiento ACTOR/A:

EL ESTADO DEMANDADO/A:

ANA PATRICIA VARGAS MIRANDA N° 2026006507 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las ocho horas con diecinueve minutos del dieciseis de setiembre del dos mil veintiseis.- Proceso de Conocimiento interpuesto por el ESTADO, representado por la señora procuradora Natalia Aguilar Porras, mayor, soltera, abogada, con cédula de identidad número 1-1188-0759, vecina de Heredia, en contra de MARÍA DEL CARMEN MIRANDA SALAZAR, con cédula de identidad No. 2-0238-0279, mayor, casada una vez; VÍCTOR JULIO VARGAS MIRANDA, con cédula de identidad No. 9-0078-0372, mayor, casado una vez; MODESTO EMILIO DE LA TRINIDAD VARGAS MIRANDA, con cédula de identidad No. 2-0418-0276, mayor, casado una vez; ANABEL VARGAS MIRANDA, mayor, viuda, con cédula de identidad No. 2-0396-0955, vecina de Alajuela; PATRICIA VARGAS MIRANDA, mayor, soltera, con cédula de identidad No. 2-0469-0130, vecina de San José y MODESTO EDGAR VARGAS ROJAS, mayor, casado una vez, con cédula de identidad No. 1-0251-0363. Con las excepciones antes indicadas, todos son vecinos Alajuela, San Mateo centro, frente al restaurante La Tranca.

RESULTANDO

Con el presente asunto, la parte actora pretende que en sentencia se declare: "(...)

1)Declarar que el inmueble No. 6-44498, inscrito en derechos 001 al 006, comprende áreas de la zona marítimo terrestre, de dominio público, descritas en el informe No. DIG-TOT-INF-116-2021 remitido mediante oficio DIG-TOT-0596-2021 de 30 de setiembre del 2021 del Instituto Geográfico Nacional. /
2)Ante la declaratoria de la pretensión primera, disponer que por su cuenta y costo la parte demadada confeccione e inscriba nuevo plano, y rectifique la cabida y linderos del inmueble 6-44498, excluyendo la zona marítimo terrestre descrita en el oficio DIG- TOT- INF- 116- 2021 de 30 de setiembre de 2021 del Instituto Geográfico Nacional, en donde regirán las potestades de autotutela demanial a cargo de la administración activa competente. /
3)En caso de oposición, imponer ambas costas y sus intereses a cargo de la accionada". (Ver imágenes 355 a 360 del expediente judicial digitalizado).

II.Que mediante escrito presentado ante este Tribunal el día 06 de marzo del 2026, la representación del Estado solicitó se procediera a aplicar al presente asunto el trámite de fallo directo previsto en el numeral 69 del Código Procesal Contencioso Administrativo (ver imágenes que van del 82 a la 86 del expediente judicial digitalizado).

III.Sobre dicha petición, el Despacho confirió audiencia a la contraparte mediante auto de las 11:05 horas del 09 de julio del 2026, audiencia que se repitió mediante auto de las 15:47 del 28 de julio del 2026. (Ver folios correspondientes a las imágenes que corren de 11 a 18 y de 28 a 38 del expediente judicial digitalizado).

IV.Que la parte demandada presentó un libelo a estrados en fecha 05 de agosto del 2026, en el cual no se pronunció expresamente sobre la anuencia para aplicar al presente asunto el trámite de fallo directo previsto por el numeral 69 del Código Procesal Contencioso Administrativo (ver folio 10 del expediente judicial digitalizado).

V.Que mediante resolución de las 11:08 horas del 19 de agosto del 2026, notificada a las partes ese mismo día, el Juez de Trámite acogió la gestión presentada por la parte actora en orden a tramitar este asunto por la vía de fallo directo y dispuso remitir el expediente a la Sección del Tribunal que correspondiese, para el dictado de la sentencia respectiva (ver folios en imágenes 09 a 02 del expediente judicial digitalizado).

VI.Que el presente asunto fue trasladado a la señora Juez Ponente integrante de la Sección III de este Tribunal, para el dictado de la sentencia respectiva, hasta el día 09 de setiembre del 2026, según consta en el "Histórico de Cambios de Ubicación del Expediente" contenido dentro del Sistema de Escritorio Virtual.

VII.Se dicta esta resolución previas las deliberaciones de rigor y dentro del plazo al efecto establecido por el artículo 69 del Código Procesal Contencioso Administrativo (en adelante CPCA), por criterio unánime de los integrantes del Tribunal.

Redacta la Juez Quesada Vargas, y

CONSIDERANDO

En relación con la aplicación de la figura procesal de Fallo Directo, este Tribunal Contencioso Administrativo se ha pronunciado de manera reiterada en los siguientes términos: "I.- PRESUPUESTOS PROCESALES PARA LA APLICACIÓN DEL FALLO DIRECTO REGULADO EN EL ARTÍCULO 69 DEL CÓDIGO PROCESAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La reforma procesal plasmada a través del Código Procesal Contencioso Administrativo propugna por una justicia más ágil y eficiente, con plazos más cortos en el trámite y resolución de asuntos. Siempre dentro de esta visión de celeridad y eficiencia, el legislador previó situaciones o supuestos en donde ese trámite pudiera ser aún más abreviado, disponiendo al efecto, v.gr., el proceso de fallo directo (artículo 69 ibidem), de puro derecho (numeral 98.2 de ese conjunto legal) y el denominado "trámite preferente", desarrollado en el precepto 60, al que se puede acceder en forma oficiosa o a gestión de parte.

Interesa en este particular la primera modalidad. El trámite de fallo directo o sin audiencias dispuesto en el numeral 69 del Código Procesal Contencioso Administrativo, es de carácter excepcional o extraordinario, pues implica que en aras de la celeridad, se han de sacrificar otros principios fundamentales del proceso contencioso administrativo, tales como el contradictorio, la verificación de la verdad "real", la inmediatez, la concentración, y otros, e inclusive alterar el carácter oral del proceso, en virtud de su obligada conversión a un proceso escrito al prescindirse de las etapas orales. Por consiguiente, dadas las implicaciones que conlleva, la determinación de este trámite abreviado y la apreciación de las condiciones o presupuestos necesarios para acoger una gestión de esta naturaleza, deben ser restrictivas y no permitir que asuntos, que según el objeto del proceso o la causa de pedir ameriten ser sometidos al contradictorio oral, sean fallados sin mayor debate, en detrimento de la verdad "real", el control jurisdiccional de la legalidad de la función administrativa, los derechos subjetivos e intereses legítimos de los administrados, e incluso los derechos procesales fundamentales de las partes.

Ahora bien, del artículo 69 del Código Procesal Contencioso Administrativo, se pueden extraer los requisitos necesarios para que proceda el fallo directo, sin que sea necesaria la realización de audiencias. Estos presupuestos se pueden enumerar y explicar de la siguiente manera:

a)Solicitud expresa de la aplicación del artículo 69, por parte del actor o reconventor en el escrito de demanda o contrademanda o con anterioridad a que se celebre la audiencia de conciliación. Este presupuesto, es muy claro, el actor o reconventor, pueden, ya que es facultativo, solicitar expresamente en el escrito de demanda o contrademanda, la aplicación del artículo 69, manifestando que se prescinda de las audiencias escritas u orales estructuradas en el Código Procesal Contencioso Administrativo (entiéndase audiencias de contraprueba y excepciones, conciliación, preliminar y de eventual juicio oral y público). Si bien es cierto, estos son los dos momentos procesales deseables para solicitar la aplicación del artículo 69 del Código Procesal Contencioso Administrativo, no son exclusivos. En consecuencia, no opera una preclusión procesal para solicitar su aplicación, si no se planteara con la interposición de la demanda o la contrademanda, aunque claro está, ya no podría gestionarse cuando se ha celebrado alguna de las audiencias orales previstas en el Código Procesal Contencioso Administrativo. La misma celeridad así lo justifica, siempre y cuando las particularidades del caso así lo permitan;
b)La comunicación de la solicitud de aplicación del artículo 69 a la parte demandada o reconvenida y la no oposición o aceptación expresa de ésta a la petición de fallo directo. Realizada la solicitud de la parte accionante en su escrito de demanda o contrademanda, la persona Juzgadora de Trámite debe con el auto de traslado de la demanda o reconvención, indicarle de forma clara a la parte demandada o reconvenida, la solicitud de la parte actora o reconventora en orden a omitir la realización de audiencias y de enviar el asunto a fallo directo. Una vez que la parte demandada o reconvenida contesta el traslado de la demanda o reconvención, pueden suceder tres cosas: 1 . Que omita en su contestación referirse a la solicitud de la actora o reconventora de aplicación de lo dispuesto en el artículo 69 del Código de rito; 2. Que expresamente indique que está de acuerdo con la aplicación del fallo directo y, 3. Rechace la solicitud de fallo directo. Este órgano colegiado considera que sólo en el segundo caso es aplicable el presupuesto en análisis y que por ende, habilitaría al Juez Tramitador o a la Jueza Tramitadora a pronunciarse si es o no posible aplicar lo dispuesto en el artículo 69 del Código Procesal Contencioso Administrativo, ya que tanto en el primero como en el tercer caso, el Juez o la Jueza de la fase de trámite no podría elevar el asunto a fallo directo, no sólo porque existe una oposición expresa de la parte, sino también, cuando haya omitido expresarse sobre el particular. Esta última afirmación tiene como sustento las siguientes razones. Este Tribunal en aplicación directa del Derecho de la Constitución, específicamente de la garantía del debido proceso y de los principios procesales fundamentales tutelados en los artículos 39 de la Constitución Política y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, considera que ante el silencio de la parte demandada –o contrademandada- de manifestarse acerca de la solicitud planteada por la parte actora –o reconventora- a fin de que se aplique lo dispuesto en el artículo 69 del Código Procesal Contencioso Administrativo, la persona Juzgadora de Trámite no puede presumir que el demandado o el reconvenido no se opone a que se prescinda de etapas como la conciliación o la celebración de audiencias, no sólo porque ello implicaría suponer que la parte ha renunciado de manera tácita a su derecho a la defensa y al contradictorio, sino porque la determinación de este trámite abreviado y la apreciación de las condiciones necesarias para acoger una gestión de esta naturaleza, deben ser restrictivas. No cabría en ese orden, conjeturar la aplicación de una suerte de silencio positivo, para que ante la falta de manifestación expresa sobre una posible disconformidad con el fallo directo, se modifique todo el régimen procesal común, generando como efecto inmediato, una renuncia vía presuntiva a garantías y etapas procesales en las que el demandado o reconvenido puede incluso, aportar nuevas probanzas o argumentaciones en defensa de su posición. Se trata de derechos que se vinculan de manera inescindible con el debido proceso y que por ende, no pueden entenderse renunciados por los mecanismos de la suposición derivada de un silencio. Verbigracia, véase que en el caso de la rebeldía (artículo 65 del Código Procesal Contencioso Administrativo), el mismo numeral 93.1 ibidem estatuye la posibilidad que acude al juez de trámite de admitir u ordenar pruebas que estime necesarias, pues ciertamente, la rebeldía no supone liberación de análisis de las probanzas, si se considera que el norte del proceso es determinar la verdad "real", conforme lo expresa de manera diáfana el precepto 82 en relación al 85 de esa codificación aludida. Demás está decir el conjunto de aspectos que en la audiencia preliminar puede esgrimir alguna de las partes, en concreto, la accionada, que le estarían siendo privadas por la simple omisión de manifestar si se encuentra conforme o no a que el asunto se resuelva sin necesidad de audiencias. La misma incógnita surge con las defensas privilegiadas reguladas en el ordinal 67 del mismo cuerpo legal, cuyo ejercicio sería inviable una vez que los autos se remiten al fallo directo. En consecuencia, la frase “(...) Si la parte demandada o contrademandada no se opone a esa petición...” debe ser interpretada de forma restrictiva por el Juzgador o la Juzgadora, a fin de tutelar las garantías procesales fundamentales de las partes previstas en el Derecho de la Constitución, ya que a juicio de este órgano colegiado, sostener lo contrario implicaría no sólo interpretar como positivo el silencio de las partes a quienes se les consulta, consecuencia que en todo caso no está expresamente dispuesta por la norma en análisis, sino también, desconocer la naturaleza excepcional y el carácter restrictivo del trámite dispuesto en el artículo 69 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Véase, a modo de reflexión, que en otras normas de la Ley número 8508, si se hace referencia a la existencia de una oposición expresa. Por ejemplo, el artículo 48 inciso 3, en el denominado proceso unificado señala “(...) De no existir oposición expresa, se tramitará un único proceso (…)”. La comprensión de esta norma supone que a falta de expresa oposición se tramita un solo proceso, es decir, la regla es que de no oponerse de manera clara, se produce ese efecto, ergo, en este supuesto se desprende un silencio positivo. Distinto es el caso del canon 69 ibidem en que se señala como presupuesto “si la parte demandada no se opone”. Esto hace suponer que esa no oposición ha de ser expresa, por las implicaciones intra procesales que produce, en los términos ya expuestos;
c)Estimación razonada y debidamente fundamentada del Juez o la Jueza de la fase de Trámite de que la solicitud de fallo directo es procedente. Cumplidos los dos presupuestos anteriormente analizados, la persona Juzgadora de Trámite deberá realizar un control de la legalidad del proceso, y deberá analizar, en criterio de este Tribunal, aspectos como si es necesario ir a una audiencia preliminar, ya que los hechos no están claros; las pretensiones necesitan depuración; existencia de prueba pericial o testimonial que amerite la posibilidad de efectuar un juicio oral y público; o la necesidad de realizar un análisis de pertinencia y utilidad de la prueba documental ofrecida; o que el expediente administrativo se encuentre incompleto, entre muchos otros temas, que es necesario que el Juez Tramitador o la Jueza Tramitadora analice, a efecto de que pueda determinar si el proceso se encuentra listo para el dictado de la sentencia, en virtud de que no existe ningún aspecto que subsanar o depurar, y a efecto de no causar menoscabo a las garantías procesales fundamentales de las partes. En este sentido, considera este Tribunal que el simple acuerdo de partes respecto a prescindir de las audiencias, no basta para que la persona Juzgadora de Trámite eleve el caso a fallo directo, ya que esto implicaría desconocer lo establecido en el propio artículo 69, que indica de manera puntual “(...) y el juez tramitador así lo estima procedente (...)”. Esto significa que deben existir otras razones como las indicadas con anterioridad, que ameriten remitir el asunto a fallo directo, y que el Juez o la Jueza de la fase de trámite debe analizar de forma razonada y debidamente fundamentada –conforme a lo dispuesto en el artículo 57 del Código Procesal Contencioso Administrativo-, para establecer si procede o no la solicitud que realice en ese sentido la parte actora o reconventora. En este punto cabe resaltar, que la simple aquiescencia de las partes, si no es debidamente controlada por el Juez o la Jueza de la fase preliminar, puede darse para posibles fraudes procesales, totalmente inconvenientes para el buen manejo de los asuntos que se tramitan en esta Jurisdicción. En consecuencia, si estos presupuestos no se presentan, el Tribunal Decisor no podría aceptar el fallo directo remitido por la persona Juzgadora de Trámite, debido a que no se cumplirían los requisitos establecidos en una norma procesal que es de orden público, y de obligatorio acatamiento, tanto para el Juez de la fase de trámite como para las Juezas y los Jueces Decisores, conforme a los deberes que les imponen de manera directa los artículos 39 (debido proceso); 41 in fine (justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con el Ordenamiento Jurídico); 49 párrafo último (alcances del ámbito competencial de la Jurisdicción Contencioso Administrativa desde un punto de vista subjetivo); 153 (función jurisdiccional) y 154 (sometimiento del Juez a la Constitución y a las Leyes) todos de la Constitución Política. Por lo tanto, si estos presupuestos no se cumplen, es obligación del Tribunal Decisor, hacérselos ver al Juez o la Jueza de Trámite de manera razonada y fundamentada, y por ende, devolver el proceso para que se continúe con el trámite común. Ahora bien, cabe resaltar que la falta de motivación del auto en que se remite el asunto a fallo directo, no justifica por sí sola la devolución, puesto que la resolución en que así se disponga, deberá señalar los motivos por los cuales el Tribunal Decisor considera que se requiere el trámite de audiencias y por ende, que el proceso siga el trámite común (Entre otras, ver resolución de las 11:29 horas del 02 de octubre del 2023).

II. SOBRE EL CASO CONCRETO

Aplicando a la especie lo indicado en el considerado I de esta resolución, el Tribunal considera que el asunto debatido no reviste los presupuestos previstos en el artículo 69 del CPCA, dado que el proceso no se encuentra listo para el dictado de la sentencia, por las siguientes razones dos razones, que de seguido se abordarán con detalle: Falta de fundamentación del auto en que se elevó este asunto a fallo directo y falta de anuencia expresa emitida por la parte demandada, para que el presente proceso se tramite como fallo directo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 del Código Procesal Contencioso Administrativo, toda resolución dictada en cualquiera de las etapas del proceso, sea oral o escrita, deberá estar debidamente motivada, lo cual se justifica tanto en aras de no causar una violación a la garantía del debido proceso en perjuicio de las partes, como también a efecto de que las mismas puedan tener conocimiento de las razones jurídicas que llevaron a la persona juzgadora a resolver de la manera en que efectivamente lo hace.

Siendo además la motivación un requerimiento indispensable a tomar en consideración para que las partes puedan eventualmente impugnar la resolución emitida, en caso de ser contraria a sus intereses, interponiendo en su contra los recursos que contra ella correspondan. En ese sentido, el propio inciso 2) del artículo 69 del Código Procesal Contencioso Administrativo, es conteste con este deber constitucional y legal, pues dispone “(...) y el juez tramitador así lo estime procedente (...)”, lo que implica que la persona Juzgadora de Trámite deberá dictar una resolución motivada, que no puede sustentarse únicamente en el hecho de que las partes no se hayan opuesto de manera expresa, a que se prescinda de la fase de conciliación y a que no se celebren las audiencias escritas (la de contraprueba y excepciones prevista en el numeral 70 inciso 1 del Código Procesal Contencioso Administrativo) u orales correspondientes (artículos 90 a 111 del mismo cuerpo normativo), pues tal y como se ha analizado en el considerando I de esta resolución, la Jueza o el Juez de Trámite deberá analizar si el caso concreto efectivamente está listo para dictar sentencia, o si por el contrario, la naturaleza de las pretensiones debatidas y la forma en que están planteadas, la existencia de hechos controvertidos relevantes y trascendentes para resolver el conflicto planteado, la necesidad de depurar hechos que no están planteados de forma clara y concisa y que entremezclan cuestiones de derecho, la aclaración y ajuste de las pretensiones o de la contestación de la demanda, la rebeldía de una de las partes demandadas al no contestar la demanda en el plazo indicado, que el expediente administrativo se encuentre incompleto o la necesidad de recabar prueba que requiera ser evacuada en audiencia única o de juicio, o la necesidad de incorporar a un tercero interesado o a un litisconsorte pasivo necesario, entre otros aspectos, requieren que -de previo- el proceso se depure en la audiencia de contraprueba y excepciones, o en una audiencia preliminar, a efecto de prepararlo para un eventual juicio oral y público, o bien, si se cumplen los presupuestos del inciso 2) del artículo 98 del Código Procesal Contencioso Administrativo, a efecto de que quede listo para el dictado de la sentencia.

En consecuencia, no basta la aquiescencia expresa de las partes -que en este caso valga recordar que no se dió de manera expresa por ambos litigantes-, para que la Jueza Tramitadora o el Juez Tramitador proceda a elevar un proceso de conocimiento al Tribunal Decisor para que dicte sentencia, puesto que necesariamente y en aplicación de principios de carácter fundamental como el debido proceso, legalidad, tutela judicial efectiva, justicia pronta y cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con el Ordenamiento Jurídico, deberá hacer un análisis del asunto para determinar si el proceso se encuentra listo para dictar sentencia, en virtud de que no existen aspectos esenciales que deban ser saneados y además, si el hecho de prescindir de las diversas etapas del proceso común, no provocarán un fraude procesal o bien una violación a las garantías procesales de carácter fundamental de las partes, que se derivan de los artículos 39 de la Constitución Política y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En la especie, al analizar la resolución de las once horas ocho minutos del diecinueve de agosto de dos mil veintiséis, mediante la cual el señor Juez de Trámite dispuso acoger la vía de fallo directo solicitada por la representación estatal, se denota que ésta carece absolutamente de motivación, por lo que no se cumple con uno de los requisitos esenciales establecidos en el artículo 69 del Código de Roto. Al emitir dicha decisión, el Juez Tramitador se limito a indicar: "(...) Vistas las manifestaciones realizadas por ambas partes, se acoge la solicitud de fallo directo a efectos que el tribunal se refiera a la pretensión primera de la demanda. Se ordena pasar el expediente a la Sección de Juicio que por turno corresponda. Notifíquese." (Ver imágenes 233 y 234 del expediente judicial). Luego, es evidente que la resolución carece totalmente de una adecuada motivación, a lo cual se añade que se sostiene únicamente en que "ambas partes" están conformes con que este asunto se resuelva por medio de fallo directo, lo cual además es falso, pues vista la respuesta brindada por la parte demandada al traslado al efecto conferido, se deduce de su escrito con meridiana claridad que no manifestó de manera expresa su anuencia con la conversión a dicho trámite.

De esta forma, resulta evidente la omisión en la que se incurre por parte del Juez de Trámite, quien omitió emitir cualquier razonamiento sobre las condiciones actuales en las que se encuentra el proceso, lo cual claramente impide a este Tribunal Decisor brindar el trámite referido al presente asunto y mucho menos proceder con el dictado de la respectiva sentencia. Aunado al hecho de que en tales condiciones, este órgano jurisdiccional podría eventualmente incurrir en una violación al contenido esencial de las garantías procesales, no solamente en protección de los intereses legítimos y derechos subjetivos de las partes, sino en resguardo del interés público a que se falle conforme a derecho el presente proceso. Como se detallara en el considerando primero de esta resolución, para los efectos del ordinal 69 del CPCA, la resolución que dicten las personas juzgadoras de trámite no puede sustentarse únicamente en el hecho de que las partes no se hayan opuesto o en que éstas hayan aceptado, de manera expresa, que se prescinda de la fase de conciliación y las audiencias orales correspondientes (lo cual en todo caso, en la especie no sucedió).

Por el contrario, el ordinal 69 ibídem exige una estimación fundada del Juez o de la Jueza de Trámite respecto de las razones por las cuales considera que es posible conceder, en este caso, la modalidad procesal dispuesta en esa norma. No obstante, en la resolución de cita se elude hacer referencia a la totalidad de las pretensiones que resultan objeto de disputa en esta litis, aunado al hecho -se reitera- de que la parte demandada no emitió su anuencia expresa con la conversión del presente asunto a uno de fallo directo. Por el contrario, el Juez de Trámite de manera absolutamente lacónica y sin brindar mayor detalle al respecto, decidió que este Tribunal decisor debe pronunciarse solo sobre la primera pretensión esgrimida por el Estado, sin fundamentar los motivos que le llevan a tal decisión y sin explicar porqué considera que así debe procederse, omitiendo cualquiera referencia a los demás pedimentos firmulados por la representación estatal en su libelo de demanda.

Así las cosas, con fundamento en lo anteriormente expuesto, la no existencia expresa de esa anuencia por parte de la demandada y la falta de motivación antes acusada en la resolución jurisdiccional que remitió el expediente a este órgano decisor para su fallo, constituyen razones suficientes para denegar el trámite especial previsto en la normativa legal antes citada, como en efecto se dispone. En definitiva y por las razones antes expuestas, el Tribunal arriba a la conclusión de que en el presente proceso no se cumple con los presupuestos dispuestos por el ordinal 69 ibídem y por ende, no está listo para ser resuelto en sentencia el proceso que nos ocupa. Consecuentemente, ante la perspectiva de la falta de cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 69 CPCA, lo que corresponde es la remisión del asunto nuevamente a la etapa de trámite, a fin de que se adecúe la tramitación en los términos expuestos y se prosiga allí la tramitación del asunto conforme al cauce procesal ordinario por ley establecido.

III. REMISIÓN TARDÍA DEL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DECISOR PARA EL DICTADO DE SENTENCIA

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, cabe destacar que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 69 in fine del Código Procesal Contencioso Administrativo y 82 inciso 2) del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la sentencia -si en principio los autos se encontraban listos para tal efecto- se deberá dictar dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la notificación a todas las partes, del pronunciamiento que acoge la gestión. En este proceso, el Juez Tramitador emitió la resolución en la cual acogió la gestión de la parte actora, el día 19 de agosto del 2016 y la notificación de esa decisión a las parte tuvo lugar en esa misma fecha, según consta en las actas de notificación respectivas que corren agregadas a los autos, por lo cual el plazo de 5 días hábiles comenzó a correr a partir del día 20 de agosto del 2026 y por ende, venció el miércoles 26 de agosto del 2026.

No obstante lo anterior, este asunto fue remitido a la Juez ponente el día 09 de setiembre del 2026, cuando ya por mucho había vencido el plazo legal establecido para el dictado de la sentencia respectiva. Dicho trámite resulta inadecuado y contrario a lo dispuesto en la Ley de rito, ya que este asunto debió ser remitido de manera directa por el(la) Juez(a) Tramitador(a) o el(la) Técnico(a) Judicial que le asiste, el mismo día 19 de agosto del 2026, fecha en la cual se le notificó a todas las partes la resolución en que se aceptó -de manera errada- aplicar lo dispuesto en el artículo 69 del Código Procesal Contencioso Administrativo al caso concreto. No obstante lo anterior, dado que de acuerdo al párrafo 3° del numeral 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, este Tribunal no puede excusarse en resolver lo que en derecho corresponde -a pesar de que se insiste, el proceso le fue enviado de manera más que tardía, en contravención a lo dispuesto en los artículos 69 in fine del Código Procesal Contencioso Administrativo y 82 inciso 2) del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa-, se procede a dictar este pronunciamiento dentro de los 5 días hábiles posteriores a la fecha en que fuera remitido el expediente a esta Sección del Tribunal.Tómese nota de esta circunstancia tanto por parte del Juez Tramitador como por parte de la Coordinación Judicial de este Equipo de Trabajo III, para futuros casos de remisión de asuntos de fallo directo, a las personas Juzgadoras Decisoras que integramos la Sección Tercera de este Tribunal, a efecto de se proceda a tomar las medidas que resulten oportunas y adecuadas para corregir dicha situación, en lo concerniente al trámite de asignación y remisión de un proceso de fallo directo.

POR TANTO

Por resultar improcedente conceder el trámite de fallo directo al presente proceso, se ordena devolver este asunto a la persona juzgadora de la etapa de trámite, a fin de que continúe con el trámite ordinario en la substanciación de este asunto. Tome nota la Coordinadora Judicial de la Sección III, de lo indicado en el considerando III de este pronunciamiento, para futuros casos de remisión de asuntos de fallo directo ante este Tribunal Decisor. Notifíquese.- Sandra M. Quesada Vargas. Francisco Cháves Torres. Berny Solano Solano. Jueces Decisores.- Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: tproca-sgdoc@poder-judicial.go.cr

Direct Judgment Unavailable Without Express ConsentImprocedencia del fallo directo sin anuencia expresa

II. THE SPECIFIC CASE

III. DELAYED FORWARDING OF THE CASE FILE TO THE ADJUDICATING COURT FOR ISSUANCE OF JUDGMENT

II. SOBRE EL CASO CONCRETO

III. REMISIÓN TARDÍA DEL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DECISOR PARA EL DICTADO DE SENTENCIA

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