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Res. 00570-2026 Tribunal Agrario · Tribunal Agrario · 15/06/2026
OutcomeResultado
The Agrarian Tribunal upheld the denial of the summary tree felling request, finding that the trees were illegally ring-barked to facilitate an unauthorized land use change from forest to cattle pasture—constituting fraud on the law—and ordered a criminal referral to the Public Prosecutor's Office for illegal tree cutting and forest cover change.El Tribunal Agrario confirmó la denegatoria del proceso sumario de derribo al determinar que los árboles fueron anillados ilegalmente para facilitar un cambio de uso del suelo de bosque a potrero, constituyendo fraude de ley, y ordenó remitir el caso al Ministerio Público para investigación penal por corta ilegal y cambio de cobertura forestal.
SummaryResumen
The Agrarian Tribunal of San José's Second Judicial Circuit upheld the denial of authorization to fell ten Gallinazo trees (Schizolobium parahyba) on a Guanacaste farm through a summary proceeding. SINAC's Tempisque Conservation Area report (SINAC-ACT-OSRN-587-2024) established that all ten trees had been deliberately ring-barked (girdled) to cause their death, as part of an illegal land use change from forest cover to cattle pasture occurring between 2023 and 2024, in violation of Article 19 of Forestry Law 7575. The Tribunal found that granting the felling would constitute fraud on the law and abuse of procedural rights, since the fall risk was intentionally created through illegal human conduct. It further held that environmental liability runs with the land (propter rem), binding the current owner even if the damage began before acquisition. The court ordered a criminal referral to the Public Prosecutor's Office.El Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José confirmó la sentencia que denegó la autorización para derribar diez árboles de Gallinazo (Schizolobium parahyba) en una finca de Guanacaste mediante proceso sumario. El informe SINAC-ACT-OSRN-587-2024 del Área de Conservación Tempisque acreditó que todos los árboles habían sido anillados deliberadamente para provocar su muerte, como parte de un cambio ilegal de uso del suelo de bosque a potrero ganadero ocurrido entre 2023 y 2024, en violación del artículo 19 de la Ley Forestal 7575. El Tribunal determinó que autorizar el derribo constituiría fraude de ley y abuso del derecho procesal, porque el riesgo de caída fue creado intencionalmente mediante conducta ilícita. Estableció también que la responsabilidad ambiental tiene carácter propter rem, obligando al propietario actual aunque el daño hubiera iniciado antes de su adquisición. Finalmente, ordenó testimoniar piezas ante el Ministerio Público para investigación penal.
Key excerptExtracto clave
If the court is convinced that a proceeding is being used to achieve an objective prohibited by law, it shall render judgment dismissing the claim and shall order the active parties to pay damages, which may be quantified in enforcement proceedings, without prejudice to any applicable disciplinary, criminal, or civil liability. In accordance with the foregoing and what has been established as proven based on report SINAC-ACT-OSRN-587-2024 of October 4, 2024, issued by the Tempisque Conservation Area, Nicoya sub-regional office, of the National System of Conservation Areas (SINAC), although the 10 trees at issue pose a fall risk, this is not due to natural causes. They were ring-barked with the purpose of causing their death. The plaintiff, as current titleholder of the affected property, must comply with legal requirements so that environmental damage does not continue. Especially since, as indicated in report ACT-OSRN-587-2024, environmental restoration (ecological balance recomposition) is possible, as: '…if the forest ecosystem were allowed to recover, by removing the cattle so that it can regenerate, there would be no danger to fear.'Si el tribunal estuviera convencido del uso de un proceso para obtener un móvil prohibido por la ley, dictará sentencia desestimando la demanda y condenará a los sujetos activos al pago de los daños y perjuicios, los cuales se podrán cuantificar en ejecución, sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias, penales y civiles que correspondan. Conforme lo explicado y lo tenido por probado con base en el informe SINAC-ACT-OSRN-587-2024 del 04 de octubre de 2024, emitido por el Area de Conservación Tempisque, oficina subregional Nicoya, del Sistema Nacional de Areas de Conservación (SINAC), si bien los 10 árboles objeto del proceso representan peligro de caída, ello no se debe a causas naturales. Fueron anillados con el propósito de generar su muerte. La parte actora, como titular del bien afectado, debe ajustarse a los requerimientos legales, para que el daño ambiental no se siga produciendo. Máxime que, como se indica en el informe ACT-OSRN-587-2024, existe la posibilidad de recomposición ambiental (restauración del equilibrio ecológico), pues: '…si se, permitiera al ecosistema de bosque recuperarse, eliminando el ganado para que se regenere, no habría ningún peligro que temer'.
Pull quotesCitas destacadas
"Evidentemente se está en presencia de una situación inusual, que amerita, como lo hace ver la PGR, una valoración especial, para evitar que, a través de un proceso sumario de derribo, se logren fines no autorizados por el ordenamiento jurídico costarricense."
"We are evidently faced with an unusual situation, which warrants, as the PGR points out, special scrutiny, to prevent the use of a summary tree-felling proceeding to achieve ends not authorized by the Costa Rican legal order."
Considerando VI
"Evidentemente se está en presencia de una situación inusual, que amerita, como lo hace ver la PGR, una valoración especial, para evitar que, a través de un proceso sumario de derribo, se logren fines no autorizados por el ordenamiento jurídico costarricense."
Considerando VI
"Tratándose de la restauración o recomposición del ambiente, por daños a los ecosistemas (biodiversidad) y recursos (hídrico, forestal, aire, suelo, etc.), en casos como el presente, la obligación no solo recae sobre la persona productora del daño; también tiene efectos 'propter rem' (en función del bien). Es decir, si el daño es producido, aceptado o continuado también por la nueva persona propietaria, o es ésta quien tiene el control de la situación para poder remediarlo, la obligación de detenerlo, evitarlo o repararlo debe asumirla también aquella."
"In matters of environmental restoration or remediation, for damages to ecosystems (biodiversity) and resources (water, forest, air, soil, etc.), in cases like the present one, the obligation does not fall solely on the party that produced the damage; it also has 'propter rem' effects (running with the land). That is, if the damage is produced, accepted, or continued by the new owner, or if it is that person who controls the situation and can remedy it, the obligation to stop, prevent, or repair it must also be assumed by that person."
Considerando VIII
"Tratándose de la restauración o recomposición del ambiente, por daños a los ecosistemas (biodiversidad) y recursos (hídrico, forestal, aire, suelo, etc.), en casos como el presente, la obligación no solo recae sobre la persona productora del daño; también tiene efectos 'propter rem' (en función del bien). Es decir, si el daño es producido, aceptado o continuado también por la nueva persona propietaria, o es ésta quien tiene el control de la situación para poder remediarlo, la obligación de detenerlo, evitarlo o repararlo debe asumirla también aquella."
Considerando VIII
"no es posible, pese al riesgo de caída de los árboles, creado por accionar humana, permitir que se utilice este tipo de procesos para avalar una corta de árboles que es ilegal y afecta gravemente el ambiente, lo cual implicaría un uso indebido de la normativa (fraude de ley)"
"it is not possible, despite the fall risk posed by the trees—a risk created by human action—to allow this type of proceeding to be used to validate tree cutting that is illegal and severely harms the environment, which would constitute an improper use of the law (fraud on the law)"
Considerando IX
"no es posible, pese al riesgo de caída de los árboles, creado por accionar humana, permitir que se utilice este tipo de procesos para avalar una corta de árboles que es ilegal y afecta gravemente el ambiente, lo cual implicaría un uso indebido de la normativa (fraude de ley)"
Considerando IX
"quien adquiere un bien con daños ambientales, conociendo y perpetuando la situación, como sucede en este caso, en el que resulta evidente se ha estado eliminando la cobertura boscosa de la finca, asume el riesgo o consecuencias legales que ello implica."
"whoever acquires property with pre-existing environmental damage, knowing of and perpetuating the situation—as in this case, where it is evident that the farm's forest cover has been systematically eliminated—assumes the legal risks and consequences that this entails."
Considerando VIII
"quien adquiere un bien con daños ambientales, conociendo y perpetuando la situación, como sucede en este caso, en el que resulta evidente se ha estado eliminando la cobertura boscosa de la finca, asume el riesgo o consecuencias legales que ello implica."
Considerando VIII
Full documentDocumento completo
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PROCEEDING:
SUMMARY PLAINTIFF:
MIGUEL ANGEL ESPINOZA VENEGAS DEFENDANT:
RULING No. 2026000570 AGRICULTURAL COURT. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.— At twenty-two hours and forty-seven minutes on the fifteenth of June, two thousand and twenty-six.— SUMMARY TREE-FELLING PROCEEDING (proceso sumario de derribo) filed by MIGUEL ÁNGEL ESPINOZA VENEGAS, of legal age, married once, cattle rancher, resident of Nosarita, national identity card (cédula) number five-three hundred two-six hundred seventeen; against UNKNOWN PARTY. Intervening as an interested party: the PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (PGR), represented by Daniela Vargas Delgado, of legal age, married once, attorney, resident of Grecia de Alajuela, cédula number two-six hundred eight-four hundred seventeen, bar membership number nineteen thousand two hundred ninety-six. Acting as public defender for the plaintiff: Oscar Cerdas Fonseca. Heard before the Agricultural Court of the Second Judicial Circuit of Guanacaste, Santa Cruz.
Written by Judge Alpízar Rodríguez; and,
WHEREAS:
The plaintiff requests that judgment declare: "Principal claims: 1) Declare the present summary proceeding WELL-FOUNDED in all respects, and authorize the felling of the TEN GALLINAZO TREES that are the subject of this proceeding. 2) In the event that the trees are usable, and as accessories to my property right, I request authorization to use the timber at my convenience, in order to cover the costs of felling the trees, given that it is well known that such costs are very high. Subsidiary claim: 3) In the event that the felling or cutting of the trees is not authorized, grant authorization to cut all branches that represent the greatest danger, and to reduce their weight in order to prevent them from falling…" (image 1 of the complete digital file (expediente digital completo), downloaded from oldest to most recent, hereinafter "EDC").
No objections were raised regarding the cutting or pruning of trees that, due to their natural condition, deterioration, pronounced lean, or similar factors, represent a threat (image 15 EDC). After reviewing report SINAC-ACT-OSRN-587-2024 of October 4, 2024, issued by the Tempisque Conservation Area (ACT), Nicoya sub-regional office, of SINAC, the PGR requested an analysis of whether this proceeding seeks to validate, through court authorization, a land-use change (cambio de uso del suelo) in a forest ecosystem (ecosistema de bosque). Given that the areas in question involve forest zones and protection areas, the PGR requested that weight be given to the primacy of the right to a healthy and ecologically balanced environment, as the sector contains forest cover (cobertura de bosque) rather than pastureland (image 50 EDC).
Judge Walter Ávila Quirós, in judgment 305 of November eleventh, two thousand twenty-four, ruled: "In accordance with the citations of fact and law, the present claim filed by MIGUEL ÁNGEL ESPINOZA VENEGAS, whose particulars appear in the record, is declared WITHOUT MERIT, both as to the principal and subsidiary claims. Notify the parties." (image 58 EDC).
The list of proven facts (elenco de hechos probados) of the appealed judgment is adopted with the modifications and corrections set forth below. The FIRST finding is supplemented as follows: The nature of the land is forested, even though it is registered as agricultural land (add as evidentiary element: report SINAC-ACT-OSRN-587-2024 of October 4, 2024, issued by the Tempisque Conservation Area, at image 26 EDC). The SECOND finding is modified as follows:
Girdling (anillado) of a tree consists of the complete removal of a band of bark—which comprises the external protective tissues and the cambium—from the entire circumference of a stem or branch. Because it severs all the phloem conducting vessels of a tree undergoing typical secondary growth, as well as the cambium that regenerates them, girdling results in the death of the parts above it, and ultimately of the tree itself. Causes of girdling include human practices such as forestry operations, horticulture, and vandalism. In many cases, to ensure the death of the tree, once it has been girdled, a herbicide or poison is applied to it. At the site where the trees are located, a large number of trees with diameters of fifteen centimeters or more have been felled; these are found among recently growing pasture grass. This is evidenced by the difficulty in walking through the site, caused by the fallen trunks and branches found there.
The following finding of the same nature is added:
The plaintiff appeals on the following grounds, which are summarized and organized to facilitate analysis. The plaintiff alleges:
VI.The arguments raised by the appellant to alter the ruling are not well-taken. The lower court rejected the claim because: "…although said trees do represent a risk of falling on livestock and persons traveling through that location, such risk was caused by human conduct, in that an attempt was made to carry out a land-use change from forest to pasture without an appropriate management plan prepared by an authorized licensed forest manager; the matter therefore becomes somewhat delicate. It is noteworthy that the same MINAE report reflects that a report was submitted to the Ministerio Público to investigate the possible commission of a crime. In light of this situation, it is not prudent to authorize the cutting of said trees, since doing so could amount to validating unlawful conduct with respect to possible illegal tree felling and girdling in a forested zone, and it could also result in the destruction of evidence necessary for evaluation in criminal proceedings, thereby obstructing the investigation.
Accordingly, the present claim is rejected in all respects, both as to the principal and subsidiary claims." The case clearly involves an unusual situation that warrants, as the PGR points out, a special assessment, in order to prevent a summary tree-felling proceeding from being used to achieve ends not authorized by the Costa Rican legal order. This scenario is addressed by Articles 20 through 21 of the Civil Code, which prohibit fraud upon the law (fraude de ley) and sanction the abuse of rights (abuso del derecho). The same is true, at the procedural level, under Article 6 of the Code of Civil Procedure, applied subsidiarily in agrarian matters based on the filing date of this case. That provision reads:
"Procedural abuse and fraudulent proceedings. Where the outcome of a proceeding gives grounds to consider that the parties acted with recklessness, bad faith, or abuse in the exercise of procedural rights, the court shall so declare in judgment within the same proceeding and shall order the responsible party to pay damages, which shall be assessed and enforced immediately.
If the court is convinced that a proceeding has been used to obtain a purpose prohibited by law, it shall render judgment dismissing the claim and shall order the active parties to pay damages, which may be quantified in execution proceedings, without prejudice to the applicable disciplinary, criminal, and civil liability." In accordance with the foregoing and with the facts established as proven based on report SINAC-ACT-OSRN-587-2024 of October 4, 2024, issued by the Tempisque Conservation Area, Nicoya sub-regional office, of SINAC, although the 10 trees subject to this proceeding do pose a risk of falling, this is not due to natural causes. They were girdled with the purpose of causing their death. Furthermore, at least one is located within a protection zone of an unnamed stream, and all are situated within a forested ecosystem. According to what was observed at the site by SINAC officials, additional trees are in this condition, and it is evident that an attempt has been made to change the land use. This is because livestock activity has been developed and is intended to continue; to that end, trees are being felled and others are being girdled. The forest cover was confirmed, according to the report, in 2023 and 2024. The acts to change the land use occurred between 07/02/2023 and 24/04/2024.
VII.In light of the foregoing, each ground for appeal is addressed as follows. Regarding the first, second, third, and fourth grounds, it is not correct that there was improper evaluation of evidence. In agrarian matters, Article 54 of the Ley de la Jurisdicción Agraria establishes the system of free evaluation of evidence (libre valoración probatoria). This requires the court to study and select the evidentiary sources obtained, in order to determine their effectiveness in resolving the dispute before it, through perception, representation or reconstruction, and deductive or inductive reasoning. It also entails that the court must articulate the principles of equity or law on which it bases its reasoning (First Chamber (Sala Primera) ruling 398 of 06.06.2001, and Constitutional Chamber (Sala Constitucional) ruling 3657 of 07.05.2003. In the same vein, see this Tribunal's prior rulings 206 of 26.03.1999, 46 of 26.04.1995; 66 of 06.02.2009, and 364 of 28.05.2009).
In this case, the lower court conducted an integral analysis of the evidence submitted, particularly the ACT report, and set out the reasons why, despite the risk of the trees falling, authorization for their cutting was not appropriate. This reasoning is sound and logical, given the cause of the trees' condition and what our legal system prescribes for the protection of the environment. With respect to the second ground for appeal, it is clarified that report SINAC-ACT-OSRN-587-2024 of October 4, 2024, constitutes sufficient and complete evidence to establish the facts stated therein. It is a report that has the character of a public and authentic document, having been issued by the competent state entity, pursuant to Articles 45.1 and 45.2 of the Code of Civil Procedure; accordingly, in order to rebut its pertinent content, a declaration of falsity would be required, except in the case of corrections of clerical errors.
A public document is one drawn up or drafted by a public official, following the required formalities and within the scope of his or her authority, and therefore carries full probative force with respect to the content it details. This does not mean that the evidentiary elements derived from such documents enjoy an irrebuttable presumption of truth that cannot be challenged by other means of evidence; however, the burden of rebutting the document's content rests on the interested party seeking to do so, and a mere disagreement unsupported by substantive grounds is insufficient for that purpose (First Chamber ruling 209 of 23.03.2007). The fact that the denial resolution of the plaintiff's administrative tree-cutting application before the ACT—resolution SINAC-ACT-OSRN-077-2024—was not submitted to the case file is not grounds for concluding that what was reported in that regard is false.
The specific information needed to identify it is available, should that prove necessary, and the plaintiff is obviously aware of its existence, since he was the one who applied for that permit. Similarly, it is not correct that the land cannot be established as having forest cover simply because this was not proven through a management plan prepared by a licensed forest manager. As stated, the information reported carries the weight of authenticity, and photographs were even submitted to support the data, in which the existence of forest cover from the year 2017 onward is evident, as is the felling and girdling of trees. If the plaintiff disagreed with the report, the burden of proof to rebut its content rested with him. It is not SINAC-MINAE that bears that burden, given that it is not a party to the proceedings; moreover, the report was issued in the performance of its official functions, and nothing in the case file suggests that its content is untrue or incorrect (Article 41.1 of the Code of Civil Procedure, applied subsidiarily).
For the same reason, the failure to submit evidence as to whether or not the complaint against the plaintiff was filed with the Ministerio Público is not a valid ground for altering the ruling. In any event, if no such complaint was filed, that fact does not change the content of the report. Finally, the fact that Article 19(c) of Ley 7575 provides that the State Forest Administration may grant a permit to cut trees in forested areas for reasons of human safety does not encompass cases such as the present one, in which the death of the trees was deliberately caused in order to achieve a land-use change (an improper purpose).
VIII.In the fifth and sixth grounds for appeal, the plaintiff argues that he cannot be held responsible for what occurred on the property because he acquired it recently (in 2023); when he did so, it was already devoted to pasture, and he has merely continued that activity, because that was the purpose of the purchase: to work with animals. He asserts that he found the trees in the condition they were in at the time the appeal was filed. He also highlights that the property registry records the nature of the property as "Land for agriculture," bearing no annotations, encumbrances, restrictions, or liens making any reference to it being subject to the Ley Forestal. He explains that the condition of the trees was what motivated him to request felling authorization, in compliance with the established process for such purposes. These arguments are unacceptable in the context of this case as a basis for granting the claim.
First, the registered nature of a property does not always correspond to its physical reality, for various reasons: modifications, incorrectly recorded data, and so on. Second, the ACT report indicates that the land-use change on the plaintiff's farm property occurred between 07/02/2023 and 24/04/2024, and that forest cover has existed there since the year 2017. According to the property registry certification for property G-32557-000, the plaintiff purchased it on March 15, 2023—that is, within the period covered by the report. Moreover, the appellant acknowledges that after acquiring the property he engaged in activities to continue the land-use change, stating that he continued with pasture and livestock activities, because that was the purpose for which the property was purchased. This statement must be treated as a spontaneous admission (confesión espontánea) (Article 42.2 of the aforementioned Code).
Third, even if it were true that the greater share of the land-use change was carried out by the person who sold the property to him, this does not exempt the plaintiff-buyer from his environmental obligations and legal responsibility as the current owner. This is because the right to a healthy and ecologically balanced environment is constitutionally protected (Articles 50 and 89). With respect to the restoration or rehabilitation of the environment due to damage to ecosystems (biodiversity) and natural resources (water, forest, air, soil, etc.), in cases such as the present one, the obligation does not rest solely on the person who caused the damage; it also has propter rem effects (arising from the property itself). That is, if the damage is produced, accepted, or continued by the new owner as well, or if it is the new owner who has control of the situation and can remedy it, the obligation to halt, prevent, or repair it must also be assumed by that person, because it is based on the legal position (right, entitlement, etc.) that the person holds with respect to the property and persists as long as the person is its titleholder or is legally connected to it as such.
Accordingly, a person who acquires property with existing environmental damage, knowing of and perpetuating that situation—as occurs in this case, where it is evident that the forest cover of the property has been progressively cleared—assumes the legal risks and consequences that this entails. Díaz (cited by Ghersi, Los nuevos daños: soluciones modernas de reparación, Tomo 2, 2000, p. 176) explains in this regard that, in the area of environmental damage liability, the defense of third-party act does not apply in its traditional sense, because in environmental protection, responsibilities must be cumulative rather than mutually exclusive; at most, such defenses allow for a partial exemption.
IX.In the seventh and eighth grounds for appeal, the plaintiff contends that since the current risk of the trees falling—which could affect the farmhands working on the property and the animals—has been established, there is no justification for not declaring the claim well-founded. He argues that the appealed judgment fails to evaluate the risk factor stated in report ACT-OSRN-587-2024, which states that a dry branch, or even the tree itself or part of it, could fall on a person or livestock animal, and which recommended felling. The appellant is not correct in asserting that the risk factor was not evaluated, since the lower court established the content of the report as proven in the second finding of the appealed judgment. However, it determined that, due to the origin of the damage—which it explained in sufficient detail—it was not possible to grant the claim. This Tribunal concurs with that assessment.
As analyzed above, this case is based on a special and unusual situation that warrants extraordinary solutions. The plaintiff was aware, at the time he acquired the property in 2023, that the land use was being changed, and according to the cited report, he continued to do so. This is despite the fact that the destruction of forest cover to develop livestock activities in areas unsuitable for that purpose is one of the most harmful and damaging activities for the environment. For that reason, Articles 19 and 61 of the Ley Forestal: Ley 7575 of 13/02/1996, provide that on forest-covered lands, land-use change shall not be permitted, nor shall forest plantations be established. Violations are severely sanctioned with prison sentences. Therefore, apart from the fact that ignorance of the law cannot be pleaded, it is equally unacceptable, by any logical and reasonable standard, to claim that the plaintiff was unaware of what was physically happening on the land.
The plaintiff also became aware that environmental damage was being caused when he filed the administrative cutting application that was denied—precisely because the pasture and livestock activity is illegal, and because trees were being felled and killed through girdling (Articles 98 and 101 of the Ley Orgánica del Ambiente). Accordingly, beyond what the lower court stated, it is not possible—despite the human-caused risk of the trees falling—to allow this type of proceeding to be used to validate a tree cutting that is illegal and seriously harmful to the environment. This would constitute an improper use of the legal framework (fraud upon the law), a matter already addressed above. The plaintiff, as the titleholder of the affected property, must comply with the legal requirements so that the environmental damage does not continue to occur. This is especially so because, as stated in report ACT-OSRN-587-2024, the possibility of environmental recovery (restoration of ecological balance) exists, since: "…if the forest ecosystem were allowed to recover—by removing the livestock so that it can regenerate—there would be no danger to fear." If livestock activity continues and further girdling and felling of trees occur, the appellant must not only accept the criminal consequences but must also assume the risks of having animals and allowing persons to be present in places where he knows they should not be, since he deliberately created that situation through unlawful conduct.
X.In accordance with the foregoing, the appealed ruling must be confirmed in respect of the matters subject to appeal. In light of what has occurred in this case, and given that the conduct involved may constitute a criminal offense, the Processing Judge of the Court is ordered to certify and transmit portions of the record (testimoniar piezas) to the Ministerio Público for investigation of what occurred on the farm property that is the subject of this proceeding, in connection with the felling, girdling of trees, and change in forest cover, once this judgment becomes final (Article 281(a) of the Code of Criminal Procedure).
THEREFORE
With respect to the matters appealed, the appealed judgment is confirmed. The Processing Judge of the Court is ordered to certify and transmit portions of the record to the Ministerio Público for investigation of what occurred on the farm property that is the subject of this proceeding (G-32557-000), in connection with the felling, girdling of trees, and change in forest cover, once this judgment becomes final.
RUTH ALPIZAR RODRÍGUEZ — DECIDING JUDGE ANTONIO DARCIA CARRANZA — DECIDING JUDGE ENRIQUE ULATE CHACÓN — DECIDING JUDGE Second Judicial Circuit of San José, 4th floor, Justice Courts building, Calle Blancos de Goicoechea, across from the parking lot of Hospital Hotel La Católica. Telephone numbers: 2247-9093. Fax: 2280-6317 or 2280-8381. Email: [email protected]
EV Generación de Machote: E:\GESTION-JUDICIAL\SERVIDOR DE ARCHIVOS\MODELOS\CIVIL\TGTRIB009.dpj SUMARIO ACTOR/A:
MIGUEL ANGEL ESPINOZA VENEGAS DEMANDADO/A:
VOTO N° N° 2026000570 TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las veintidós horas cuarenta y siete minutos del quince de junio de dos mil veintiséis.- PROCESO SUMARIO DE DERRIBO interpuesto por MIGUEL ÁNGEL ESPINOZA VENEGAS, mayor, casado una vez, ganadero, vecino de Nosarita, cédula cinco-trescientos dos-seiscientos diecisiete; contra IGNORADO. Interviene como parte interesada la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (PGR), representada por Daniela Vargas Delgado, mayor, casada una vez, abogada, vecina de Grecia de Alajuela, cédula dos-seiscientos ocho- cuatrocientos diecisiete, colegiada diecinueve mil doscientos noventa y seis. Actúa como defensor público de la parte actora: Oscar Cerdas Fonseca. Tramitado ante el Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste, Santa Cruz.
Redacta la jueza Alpízar Rodríguez; y,
CONSIDERANDO:
La parte actora solicita que en sentencia se declare: "Principales: 1) Declarar CON LUGAR la presente demanda sumaria en todos sus extremos, y se autorice el derribo de los DIEZ ARBOLES DE GALLINAZO, objeto de este proceso. 2) En caso de ser aprovechables, y por ser accesorios a mi derecho de propiedad solicito se me autorice el aprovechamiento de la madera a mi conveniencia, para así costear los costos del derribo del árbol, dado que es sabido que son muy elevados. Subsidiaria: 3) en caso de no autorizar la corta o derribo de los árboles, se otorgue la autorización para cortar todas las ramas que representa en mayor peligro, y quitarle peso para evitar que estos caigan ..." (imagen 1 del expediente digital completo, descargado del archivo más antiguo al más reciente, en adelante EDC).
No presentó objeciones en cuanto a la corta o poda de árboles que, por sus condiciones naturales, de deterioro, acentuada inclinación, etc., representen una amenaza (imagen 15 EDC). Luego de conocer el informe SINAC-ACT-OSRN-587-2024 del 04 de octubre de 2024 emitido por el Area de Conservación Tempisque (ACT), oficina subregional Nicoya, del Sistema Nacional de Areas de Conservación (SINAC), la PGR solicitó se analizara si con este proceso se pretende validar, con la autorización de un Juzgado, el cambio de uso del suelo en un ecosistema de bosque. Por tratarse de zonas de bosque y áreas de protección solicita ponderar la prevalencia del derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado, ya que se trata de un sector con cobertura de bosque, no de potreros (imagen 50 EDC).
El juez Walter Ávila Quirós, en sentencia 305 del once de noviembre del año dos mil veinticuatro, resolvió: “De conformidad con las citas de hecho y de derecho se declara SIN lugar la presente demanda establecida por MIGUEL ÁNGEL ESPINOZA VENEGAS, de calidades que constan en autos, tanto en las pretensiones principales como accesorias. Notifíquese" (imagen 58 EDC).
Se comparte el elenco de hechos probados de la sentencia recurrida, con las modificaciones y correcciones que se dirán. Al PRIMERO se adiciona: La naturaleza del terreno es boscosa, pese a que registralmente se consigna es de agricultura (agréguese como elemento probatorio: informe SINAC-ACT-OSRN-587-2024 del 04 de octubre de 2024 emitido por el Area de Conservación Tempisque, en imagen 26 EDC). El SEGUNDO se modifica como sigue:
El anillado de un árbol consiste en la remoción completa de una banda de corteza (la cual consiste en los tejidos protectores externos y el cámbium de toda la circunferencia de un tallo o rama. Debido a que corta todos los haces de conducción del floema de un árbol con crecimiento en grosor o crecimiento secundario típico, y el cámbium que lo regenera, el anillado resulta en la muerte de los módulos sobre él, y el árbol mismo. Entre las causas del anillado se encuentran las prácticas humanas, incluyendo prácticas forestales, horticultura, y vandalismo. En muchas ocasiones, para asegurar la muerte del árbol, una vez anillado, se le aplica algún herbicida o veneno. En el sitio donde se encuentran los árboles se observa la corta de gran cantidad de árboles mayores de 15 centímetros o más; que se encuentran entre el pasto que está creciendo recientemente. Esto se evidencia por la dificultad al caminar, ocasionada por los troncos y ramas caídos que se encuentran en el sitio.
Se agregan de igual naturaleza:
La parte actora apela con base en los siguientes agravios, que se resumen y ordenan para facilitar su análisis. Alega:
VI.La alegado por la parte actora apelante para variar lo resuelto no es de recibo. El Juzgado rechazó la demanda porque: “…dichos árboles si bien representan un riesgo de caer sobre el ganado y personas que transitan por ese lugar, tal riesgo fue provocado por una conducta humana, al haberse pretendido realizar un cambio de uso de suelo de bosque a potrero sin contar con plan de manejo adecuado de regente forestal autorizado, de ahí que el tema se torna un tanto delicado, nótese que del mismo informe realizado por Minae se desprende que se ha pasado informe al Ministerio Público para investigar la posible comisión de un delito, ante tal panorama no resulta prudente autorizar la corta de dichos árboles puesto que con ello se podría estar validando una conducta ilícita, con respecto a posible talas ilegales y anillamientos de árboles en zona de bosque, además con ello se podría estar eliminando evidencias necesarias de valorar en el proceso penal y por ende entorpeciendo la investigación; así las cosas se rechaza en todos sus extremos la presente demanda tanto en las pretensiones principales como accesorias”.
Evidentemente se está en presencia de una situación inusual, que amerita, como lo hace ver la PGR, una valoración especial, para evitar que, a través de un proceso sumario de derribo, se logren fines no autorizados por el ordenamiento jurídico costarricense. Escenario regulado en los numerales 20 a 21 Código Civil que prohíben el fraude de ley y sancionan el abuso del derecho. De igual forma lo hace, en el plano procesal, el numeral 6 Código Procesal Civil, aplicado supletoriamente en materia agraria, por la fecha de inicio de este caso. Tal dispone:
“Abuso procesal y procesos fraudulentos. Cuando del resultado del proceso haya mérito para considerar que se actuó con temeridad, mala fe o abuso en el ejercicio de los derechos procesales, el tribunal lo declarará en sentencia dentro del mismo proceso y condenará al responsable al pago de los daños y perjuicios que hubiera ocasionado, los que se liquidarán y ejecutarán de inmediato.
Si el tribunal estuviera convencido del uso de un proceso para obtener un móvil prohibido por la ley, dictará sentencia desestimando la demanda y condenará a los sujetos activos al pago de los daños y perjuicios, los cuales se podrán cuantificar en ejecución, sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias, penales y civiles que correspondan”.
Conforme lo explicado y lo tenido por probado con base en el informe SINAC-ACT-OSRN-587-2024 del 04 de octubre de 2024, emitido por el Area de Conservación Tempisque, oficina subregional Nicoya, del Sistema Nacional de Areas de Conservación (SINAC), si bien los 10 árboles objeto del proceso representan peligro de caída, ello no se debe a causas naturales. Fueron anillados con el propósito de generar su muerte. Además, al menos uno está dentro de un área de protección de una quebrada sin nombre y todos se ubican dentro de un ecosistema boscoso. Según lo constatado en el lugar, por personas funcionarias del SINAC, existen más árboles en esa condición y es evidente que se ha tratado de cambiar el uso de suelo. Esto por cuanto se ha desarrollado y se pretende continuar con actividad ganadera; para lo cual se están cortando árboles, además de anillar otros. La cobertura boscosa, según el informe, se comprobó en el año 2023 y 2024. Los actos para cambiar el uso del suelo han sucedido entre el 07/02/2023 al 24/04/2024.
VII.En función de lo anterior, sobre cada agravio se indica lo siguiente. Respecto de los alegatos primero, segundo, tercero y cuarto, no es cierto que exista indebida valoración de la prueba. En materia agraria, el numeral 54 Ley de la Jurisdicción Agraria establece el sistema de la libre valoración probatoria. Ello exige al tribunal estudiar y seleccionar las fuentes de prueba obtenidas, a fin de establecer su eficacia para resolver el conflicto sometido a su conocimiento, a través de la percepción, la representación o reconstrucción y el razonamiento deductivo o inductivo. También implica que debe expresar los principios de equidad o de derecho sobre los cuales basa su criterio (voto 398 de 06.06.2001 de la Sala Primera y 3657 del 07.05.2003 de la Sala Constitucional. En igual sentido precedentes 206 de 26.03.1999, 46 del 26.04.1995; 66 del 06.02.2009 y 364 de 28.05.2009 de este Tribunal).
En este caso, el Juzgado analizó de forma integral la prueba aportada, especialmente el informe del ACT e indicó las razones por las cuales, pese al riesgo de caída de los árboles, no procedía autorizar su corta. Fundamento razonable y lógico, dada la causa por la cual los árboles están en ese estado y, además, por lo que nuestro ordenamiento jurídico dispone en tutela del ambiente. Por lo alegado en el segundo agravio, se aclara que el oficio SINAC-ACT-OSRN-587-2024 del 04 de octubre de 2024 es prueba suficiente y completa para tener por acreditado lo indicado. Se trata de un informe que tiene el carácter de documento público y auténtico, por ser emitido por el ente estatal competente para ello, conforme lo disponen los numerales 45.1 y 45.2 Código Procesal Civil, por lo que, para desvirtuar su contenido pertinente, debe existir una declaratoria de falsedad, salvo que se trate de correcciones de errores materiales.
Documento público es el extendido o redactado por persona funcionaria pública, siguiendo las formas requeridas y dentro del límite de sus atribuciones, de ahí que tengan la virtud de tener eficacia probatoria plena sobre el contenido que detallan. Eso no implica que los elementos de prueba que de ellos se extraigan gocen de una presunción de pleno derecho, o verdad indubitable, que no pueda ser atacada por otros medios de prueba, pero es la parte interesada en controvertir su contenido, quien debe realizar los esfuerzos por desacreditarle, siendo ineficaz para tal cometido, una mera disconformidad sin mayores fundamentos que la sustenten (Sala Primera voto 209 de 23.03.2007). El que no se aportara al expediente la resolución denegatoria de la solicitud administrativa de corta de árboles que hiciera el actor ante el ACT, no es motivo para considerar que lo informado al respecto es falso. Se cuenta con el dato concreto que permite identificarla, si es que ello resulta necesario (SINAC-ACT-OSRN-077-2024) y el actor, lógicamente, tiene conocimiento de su existencia, por ser quien tramitó ese permiso.
De igual forma, tampoco es correcto que no se pueda tener por cierto que el terreno es de cobertura boscosa, por no haberse acreditado eso con un plan de manejo elaborado por una persona regente forestal. Como se indicó, lo informado goza de autenticidad e incluso se aportaron fotografías para apoyar el dato, en las cuáles resulta evidente la existencia de cobertura boscosa desde el año 2017 y que se están cortando y anillando árboles. Si la parte actora estaba disconforme con el informe, la carga de la prueba para desvirtuar su contenido le correspondía a ella. No es el SINAC-MINAE quien tiene esa carga, dado que no es parte en el proceso, pero, además, el informe se emitió en cumplimiento de sus funciones, sin que conste en el expediente algún dato que permita tener por cierto que su contenido no es veraz ni correcto (artículo 41.1Código Procesal Civil, aplicado supletoriamente). Por igual motivo, no es razón admisible para variar lo resuelto, el que no se aportara prueba de si la denuncia contra el actor fue o no presentada ante el Ministerio Público.
En todo caso, de no ser así, no cambia ello el contenido de lo informado. Finalmente, el que el artículo 19-c) Ley 7575 disponga que la Administración Forestal del Estado podrá otorgar permiso para cortar los árboles en zonas boscosas por razones de seguridad humana, no comprende casos como el presente, en el que se ha provocado la muerte de los árboles para lograr un cambio de uso de suelo (fin indebido).
VIII.-. En los alegatos quinto y sexto el actor expone que no puede considerársele responsable de lo acontecido en la finca porque la adquirió recientemente (año 2023); cuando lo hizo ya estaba dedicada a pasto y solo ha continuado con la actividad, porque ese fue el objetivo de la compra: trabajar con animales. Afirma, los árboles los encontró como estaban al momento de plantearse el recurso. Resalta también que registralmente la finca tiene por naturaleza: “Terreno para la agricultura". No posee anotaciones, afectaciones, limitaciones, ni gravámenes, que haga alusión a que está afectada por la Ley Forestal. Explica que fue las condiciones de los árboles lo que le motivó para solicitar la autorización del derribo, respetando el proceso establecido para estos fines. Consideraciones inaceptables en el contexto del caso para acoger la demanda. En primer lugar, la naturaleza registral de un inmueble no siempre corresponde a la realidad material, por diversos motivos: modificaciones, dato mal consignado, etc. En segundo lugar, en el informe del ACT se indica que el cambio de uso de suelo en la finca del actor ha sucedido entre el 07/02/2023 al 24/04/2024 y consta que existía cobertura boscosa desde el año 2017.
El actor, según la certificación registral de la finca G-32557-000, la compró el 15 de marzo 2023. Es decir, dentro del periodo contemplado en el informe. Además, el apelante acepta que luego de adquirir la finca se realizaron actividades para continuar con el cambio de uso de suelo, al indicar que prosigue con la actividad de pasto y ganadería, porque para eso se compró la finca. Manifestación que debe tenerse como confesión espontánea (numeral 42.2 Código citado). En tercer lugar, aun cuando sea cierto que la mayor afectación por cambio de uso de suelo la hizo la persona que le vendió el terreno, ello no exime al actor-comprador de sus obligaciones ambientales y de su responsabilidad legal como actual propietario. Esto por cuanto, el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado está protegido constitucionalmente (numerales 50 y 89). Tratándose de la restauración o recomposición del ambiente, por daños a los ecosistemas (biodiversidad) y recursos (hídrico, forestal, aire, suelo, etc.), en casos como el presente, la obligación no solo recae sobre la persona productora del daño; también tiene efectos “propter rem” (en función del bien).
Es decir, si el daño es producido, aceptado o continuado también por la nueva persona propietaria, o es ésta quien tiene el control de la situación para poder remediarlo, la obligación de detenerlo, evitarlo o repararlo debe asumirla también aquella. Porque se basa en la situación jurídica (derecho, potestad, etc.) que se tiene respecto del bien y persiste mientras la persona sea la titular o esté ligada jurídicamente a tal, como su titular. Entonces, quien adquiere un bien con daños ambientales, conociendo y perpetuando la situación, como sucede en este caso, en el que resulta evidente se ha estado eliminando la cobertura boscosa de la finca, asume el riesgo o consecuencias legales que ello implica. Díaz (citado por Ghersi, Los nuevos daños: soluciones modernas de reparación, Tomo 2, 2000, p.176), explica al respecto que, en materia de responsabilidad por daños ambientales, no es aplicable para eximirse la causal de hecho de una tercera persona en su sentido tradicional, porque en la preservación del ambiente, las responsabilidades deben sumarse y no excluirse unas a otras, es decir, dichas causales lo que posibilitan a lo sumo es una exoneración parcial.
IX.-. En los agravios sétimo y octavo, el actor reclama que por comprobarse el riesgo actual de caída de los árboles, que puede afectar a quienes trabajan en el lugar como peones y a los animales, no se justifica que no se haya declarado con lugar la demanda. Considera que la sentencia recurrida omite valorar el factor de riesgo emitido en el informe ACT-OSRN-587-2024, en el que se dice que puede caer una rama seca o hasta el árbol o parte del árbol sobre una persona o semoviente y se recomendó su corta. No lleva razón el apelante en cuanto a que no se valoró el factor de riesgo, dado que el Juzgado tuvo por probado el contenido del informe en el hecho segundo de la sentencia impugnada. Pero consideró que, por el origen del daño, lo cual explicó de manera suficiente, no era posible acoger la demanda. Criterio que comparte este Tribunal. Como se analizó, el presente caso se basa en una situación especial e inusual, que amerita soluciones extraordinarias.
La parte actora tuvo conocimiento, al momento de adquirir la finca en el año 2023, que se estaba cambiando el uso de suelo e incluso de acuerdo con el informe referido, continuó haciéndolo. Esto pese a ser la destrucción de cobertura forestal para desarrollar ganadería en zonas no aptas para ello, una de las actividades más dañina y perjudiciales para el ambiente. Por ese motivo en los numerales 19 y 61 Ley Forestal: Ley 7575 del 13/02/1996, se dispone que, en terrenos cubiertos de bosque, no se permitirá cambiar el uso del suelo, ni establecer plantaciones forestales. Su infracción se sanciona gravemente, con penas de prisión. Por ende, aparte de que no se puede alegar ignorancia de la Ley, tampoco, en este caso, se puede aceptar, con lógica y razonabilidad, que se desconociese lo que estaba sucediendo en la materialidad del terreno. Tuvo el actor además conocimiento de que se estaba dañando al ambiente, cuando planteó la solicitud administrativa de corta que le fue denegada, precisamente por ser la actividad de pasto y ganadería ilegal, además de estarse cortando árboles y provocando su muerte mediante anillado (artículos 98 y 101 Ley Orgánica del Ambiente).
Por ello, aparte de lo indicado por el Juzgado, no es posible, pese al riesgo de caída de los árboles, creado por accionar humana, permitir que se utilice este tipo de procesos para avalar una corta de árboles que es ilegal y afecta gravemente el ambiente, lo cual implicaría un uso indebido de la normativa (fraude de ley), tema explicado anteriormente. La parte actora, como titular del bien afectado, debe ajustarse a los requerimientos legales, para que el daño ambiental no se siga produciendo. Máxime que, como se indica en el informe ACT-OSRN-587-2024, existe la posibilidad de recomposición ambiental (restauración del equilibrio ecológico), pues: “…si se, permitiera al ecosistema de bosque recuperarse, eliminando el ganado para que se regenere, no habría ningún peligro que temer”. De continuar con la actividad ganadera y de darse más anillado y corta de árboles, no solo debe el apelante aceptar las consecuencias penales por ello, sino además debe asumir los riesgos de tener animales y permitir la presencia de personas en lugares que sabe no deben estar, por hacerse creado esa situación a propósito, a través de un accionar ilegal.
X.De conformidad con lo expuesto, procede confirmar la resolución recurrida, en lo que fue objeto de apelación. Por lo que sucedido en este caso y al estar de por medio actuaciones que pueden constituir delito, se ordena testimoniar piezas ante el Ministerio Público para que se investigue lo sucedido en la finca objeto de este proceso en relación con la corta, anillamiento de árboles y cambio de cobertura forestal, lo cual deberá hacer la persona Jueza Tramitadora del Tribunal, una vez firme esta sentencia (artículo 281-a Código Procesal Penal).
POR TANTO
En lo apelado, se confirma la sentencia apelada. Se ordena testimoniar piezas ante el Ministerio Público para que se investigue lo sucedido en la finca objeto de este proceso (G-32557-000), en relación con la corta, anillamiento de árboles y cambio de cobertura forestal, lo cual deberá hacer la persona Jueza Tramitadora del Tribunal, una vez firme esta sentencia.
RUTH ALPIZAR RODRÍGUEZ - JUEZ/A DECISOR/A ANTONIO DARCIA CARRANZA - JUEZ/A DECISOR/A ENRIQUE ULATE CHACÓN - JUEZ/A DECISOR/A
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