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Res. 00695-2026 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón · Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón · 10/06/2026

Illegal Forest Product Acquisition — Criminal Intent and Burden of Proving Mistake of LawAdquisición ilegal de productos forestales — dolo y carga probatoria en error de tipo

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OutcomeResultado

DeniedSin lugar

The appellate court declared the public defender's appeal inadmissible and denied all grounds of the private defense's appeal, upholding the one-month sentence with a three-year suspended execution and civil damages of ¢375,024.02 to the Attorney General's Office for illegal acquisition of four Cebo timber logs without forestry permits.El Tribunal de Apelación declaró inadmisible el recurso de la defensa pública y rechazó todos los motivos del recurso de la defensa particular, confirmando la condena de un mes de prisión en ejecución condicional de tres años y el pago de ¢375.024,02 por daño material a la Procuraduría General de la República, por adquisición ilegal de cuatro trozas de madera de Cebo sin permisos forestales.

SummaryResumen

The Specialized Appellate Court for Organized Crime confirmed the conviction of a day laborer from Guatuso, Alajuela, for illegally acquiring four Cebo timber logs without forestry permits (Art. 61(b), Forestry Law 7575), originally handed down by the Upala criminal court. The panel rejected all four grounds of the private defense's appeal: (1) bare dolus suffices — no specific intent beyond knowingly possessing timber without permits is required, established by the defendant's own admission to police; (2) presence at the site with the logs was sufficient to prove acquisition; (3) the minimum one-month suspended sentence is proportional given personal circumstances; and (4) material damages equal to SINAC's certified commercial value of the timber, without need for an environmental expert. The court also held that the defense bears the burden of proving mistake of fact or mistake of law per Art. 109 of the Biodiversity Law, and declared the public defender's parallel appeal inadmissible for lack of standing.El Tribunal de Apelación de Sentencia Especializado en Delincuencia Organizada confirmó la condena de un jornalero de Guatuso, Alajuela, por adquisición ilegal de cuatro trozas de madera de Cebo sin permisos forestales (art. 61, inciso b, Ley Forestal 7575), impuesta por el Tribunal Penal de Upala. El fallo de alzada rechazó los cuatro motivos del recurso de la defensa particular: (1) el dolo queda satisfecho con el dolo puro y simple —sin intención adicional— de adquirir bienes forestales a sabiendas de carecer de permisos, acreditado porque el propio imputado lo reconoció ante la Fuerza Pública; (2) la presencia del acusado en el sitio con la madera fundamenta la adquisición; (3) la pena mínima de un mes en ejecución condicional es proporcional dadas las circunstancias personales; y (4) el daño material equivale al valor comercial certificado por SINAC, sin necesidad de peritaje ambiental adicional. El Tribunal sostuvo que la carga de probar el error de tipo o de prohibición recae en la defensa, conforme al art. 109 de la Ley de Biodiversidad, y declaró inadmisible el recurso de la defensa pública por falta de legitimación activa.

Key excerptExtracto clave

...Without specifying the exact time or date, but prior to March 31, 2023, at approximately 5:40 p.m., the defendant acquired forest products consisting of four (4) logs of the Cebo species, of varying dimensions, valued at a total of three hundred seventy-five thousand twenty-four colones and two cents (¢375,024.02), without fulfilling the requirements established by the Forestry Law, as he lacked adequate documentation to certify their lawful acquisition; the logs were found on property in his wife's possession and seized by Public Force officers on March 31, 2023 at 7:30 p.m. This article establishes that 'a prison term of one month to three years shall be imposed on anyone who: a) Harvests one or more forest products on private property without the permit of the State Forestry Administration, or who, even having a permit, does not comply with what was authorized. b) Acquires or processes forest products without meeting the requirements established by this law. c) Carries out activities involving a change in land use contrary to what is stipulated in Article 19 of this law. In the above cases, the products shall be seized and placed at the disposal of the competent judicial authority...' This Chamber does not find the amounts set for procedural and personal costs to be unfounded, nor does the defense provide any reason to question them... it was not necessary to obtain the expert appraisal the appellant finds lacking, since the civil defendant was not ordered to pay for environmental damage, but solely for the material damage corresponding to the value of the timber, which was clearly established....Sin precisar la fecha ni la hora, pero sí antes del 31 de marzo del 2023, al ser las 17:40 horas el acusado [Nombre 001] adquirió productos forestales, consistentes en 4 (cuatro) trozas de madera de la especie Cebo, con diferentes dimensiones, valorados en la suma total de trescientos setenta y cinco mil veinticuatro colones y dos céntimos (¢375 024.02) sin cumplir con los requisitos establecidos por la Ley Forestal, al no tener documentación idónea que acreditara su lícita adquisición, madera con la que fue sorprendido en un terreno en posesión de su esposa, ubicado en [...], siendo decomisada por funcionarios de Fuerza Pública en fecha 31 de marzo del 2023 al ser las 19:30 horas... Este numeral indica que '... Se impondrá prisión de un mes a tres años a quien: a) Aproveche uno o varios productos forestales en propiedad privada, sin el permiso de la Administración Forestal del Estado, o a quien, aunque cuente con el permiso, no se ajuste a lo autorizado. b) Adquiera o procese productos forestales sin cumplir con los requisitos establecidos en esta ley. c) Realice actividades que impliquen cambio en el uso de la tierra, en contra de lo estipulado en el artículo 19 de esta ley. En los casos anteriores, los productos serán decomisados y puestos a la orden de la autoridad judicial competente...' No considera esta Cámara de apelación que los montos fijados por las costas procesales y personales resulten infundados ni brinda la defensa motivo alguno que permite cuestionarlos... no era necesario contar con la pericia que la recurrente echa de menos, pues no se condenó al demandado civil por daño ambiental, sino únicamente por el daño material correspondiente al valor de la madera, el cual estaba claramente determinado.

Pull quotesCitas destacadas

  • "Esta Cámara no detecta vicio alguno ni duda respecto al dolo del encausado, en el tanto debe recordarse que el tipo penal en cuestión no exige alguna intención adicional, sino que basta el dolo puro y simple de adquirir los bienes forestales indicados a sabiendas de que se carece de los requisitos legales a esos efectos, lo cual se infiere razonablemente de las circunstancias apuntadas, que el tribunal de instancia tuvo por acreditadas y que no fueron concretamente refutadas."

    "This Chamber detects no defect or doubt regarding the defendant's criminal intent; it must be recalled that the offense in question requires no additional specific intent — mere dolus suffices: knowingly acquiring the listed forest products in the absence of the legally required authorizations, which is reasonably inferred from the circumstances found established by the trial court and not specifically rebutted on appeal."

    Considerando III — Motivos primero y segundo (dolo)

  • "Esta Cámara no detecta vicio alguno ni duda respecto al dolo del encausado, en el tanto debe recordarse que el tipo penal en cuestión no exige alguna intención adicional, sino que basta el dolo puro y simple de adquirir los bienes forestales indicados a sabiendas de que se carece de los requisitos legales a esos efectos, lo cual se infiere razonablemente de las circunstancias apuntadas, que el tribunal de instancia tuvo por acreditadas y que no fueron concretamente refutadas."

    Considerando III — Motivos primero y segundo (dolo)

  • "Debe recordarse que, tratándose del conocimiento del injusto corresponde a la defensa la carga de la prueba, a efectos de determinar la existencia de un error y su carácter vencible o invencible, tal y como lo ha sostenido la Sala de Casación Penal, cuyo criterio es compartido por esta Cámara, máxime ante lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Biodiversidad."

    "It must be recalled that, with respect to knowledge of the unlawful character of the act, the burden of proof falls on the defense to establish the existence of a mistake and its avoidable or unavoidable character, as the Criminal Cassation Chamber has consistently held and as this Chamber shares, especially in light of Article 109 of the Biodiversity Law."

    Considerando III — Carga de la prueba en el error de tipo/prohibición

  • "Debe recordarse que, tratándose del conocimiento del injusto corresponde a la defensa la carga de la prueba, a efectos de determinar la existencia de un error y su carácter vencible o invencible, tal y como lo ha sostenido la Sala de Casación Penal, cuyo criterio es compartido por esta Cámara, máxime ante lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Biodiversidad."

    Considerando III — Carga de la prueba en el error de tipo/prohibición

  • "Considera esta Cámara de Apelación que las reglas de la experiencia dictan que el señor [Nombre 001], pese a su nivel de escolaridad, al ser habitante de la zona y tener acceso a tierras en la misma, sabía la necesidad de tramitar los permisos respectivos, pues la habitualidad de la actividad maderera en Guatuso, hace que ese tipo de información sea de conocimiento público, al punto que cuando se le consultó sobre ellos, supo a qué se refería el oficial de la Fuerza Pública y le contestó en forma negativa, lo que sugiere que sabía del procedimiento administrativo."

    "This Chamber considers that the rules of experience dictate that the defendant, notwithstanding his level of schooling, as an inhabitant of the area with access to land therein, knew of the need to obtain the corresponding permits, since the prevalence of timber activity in Guatuso makes that kind of information publicly known — to the point that when asked about the permits, he understood what the police officer was referring to and replied in the negative, which suggests he was aware of the administrative procedure."

    Considerando III — Reglas de la experiencia y conocimiento del injusto

  • "Considera esta Cámara de Apelación que las reglas de la experiencia dictan que el señor [Nombre 001], pese a su nivel de escolaridad, al ser habitante de la zona y tener acceso a tierras en la misma, sabía la necesidad de tramitar los permisos respectivos, pues la habitualidad de la actividad maderera en Guatuso, hace que ese tipo de información sea de conocimiento público, al punto que cuando se le consultó sobre ellos, supo a qué se refería el oficial de la Fuerza Pública y le contestó en forma negativa, lo que sugiere que sabía del procedimiento administrativo."

    Considerando III — Reglas de la experiencia y conocimiento del injusto

  • "en los casos en que el Ministerio Público, como ente a cargo del ejercicio de la acción penal, decidió no solicitar la aplicación de un criterio de oportunidad, en los términos contemplados en el numeral 22 del Código Procesal Penal, no es factible para el tribunal de juicio dejar de imponer una sanción a la persona encontrada autora responsable de un delito por su situación de vida o por la levedad de la lesión producida al bien jurídico."

    "In cases where the Prosecutor's Office decided not to request the application of an opportunity criterion under Article 22 of the Code of Criminal Procedure, it is not feasible for the trial court to refrain from imposing a sanction on the person found guilty solely because of their personal circumstances or the slight harm caused to the legally protected interest."

    Considerando IV — Principio de mínima intervención penal

  • "en los casos en que el Ministerio Público, como ente a cargo del ejercicio de la acción penal, decidió no solicitar la aplicación de un criterio de oportunidad, en los términos contemplados en el numeral 22 del Código Procesal Penal, no es factible para el tribunal de juicio dejar de imponer una sanción a la persona encontrada autora responsable de un delito por su situación de vida o por la levedad de la lesión producida al bien jurídico."

    Considerando IV — Principio de mínima intervención penal

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Sections

Procedural marks

Resolution: 2026-0695 SPECIALIZED CRIMINAL APPEALS COURT FOR ORGANIZED CRIME. First Judicial Circuit of San José (Acting as the Criminal Sentence Appeals Court of the Third Judicial Circuit of Alajuela, San Ramón), at ten fifteen in the morning on June tenth, two thousand twenty-six.

CRIMINAL SENTENCE APPEALS filed in the present case against [Nombre 001], Costa Rican national, identity card [Valor 001], married, born October 18, 1958, in Alajuela, 67 years of age, parents [Nombre 002] and [Nombre 003], occupation farmer or day laborer, resident of Alajuela, Guatuso, for the offense of VIOLATION OF THE Ley Forestal, IN THE FORM OF ACQUISITION OF FOREST PRODUCTS WITHOUT THE REQUIRED PERMITS, as defined and penalized under article 61 of the Ley Forestal, ley 7575, to the detriment of NATURAL RESOURCES. Deciding the appeals are judges Hannia Soto Arroyo, María Milagro Granados Garcia, and Raúl Madrigal Lizano. Appearing before this court are licenciada Patricia Esmeralda Ocampo Zamora, private defense counsel for [Nombre 001], and licenciada Ericka Azofeifa Duarte, public defender for the same accused; and, BACKGROUND:

I.That by oral judgment number 763-2025, issued at seventeen hours and twenty minutes on November sixth, two thousand twenty-five, the COURT OF THE SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF ALAJUELA, UPALA BRANCH, ruled: "POR TANTO: Pursuant to articles 35, 36, 39, and 41 of the Constitución Política; article 8.2 of the American Convention on Human Rights (Convención Americana sobre Derechos Humanos); article 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos); articles 1, 4, 16, 18, 19, 20, 22, 30, 31, 45, 50, 51, 59 through 63, 71, 103, and 361 of the Criminal Code (Código Penal); articles 122 et seq. of the Criminal Code of 1941; articles 55 and 61 of the Ley Forestal; articles 1, 6, 142, 184, 265 through 267, 367, and 368 of the Code of Criminal Procedure (Código Procesal Penal); and articles 16, 18, 43, and 44 of Decreto de honorarios 41457-JP del 01 de Febrero del 2019.

This Court orders:

(i.-) To declare [Nombre 001] the responsible perpetrator of ONE COUNT OF VIOLATION OF THE Ley Forestal IN THE FORM OF ILLEGAL ACQUISITION OF FOREST PRODUCTS to the detriment of FOREST RESOURCES.

(ii.-) In such capacity, he is sentenced to ONE MONTH OF IMPRISONMENT. The sentence imposed shall be served in the place and manner determined by the applicable prison regulations, with credit for any pretrial detention (abono de la prisión preventiva) already served.

(iii.-) Regarding benefits, permits, or substitution of the criminal penalty imposed. THE SUSPENDED SENTENCE (EJECUCIÓN CONDICIONAL DE LA PENA) IS AUTHORIZED in favor of the convicted person [Nombre 001]. This benefit is set for a period of THREE years from the date the judgment becomes final, subject to the following condition: 1-) He must not commit a new intentional crime for which a prison sentence of more than six months is imposed, nor any crime against Natural Resources; failing which the benefit shall be revoked and he shall be required to serve the sentence imposed.

(iv.-) Regarding property: Pursuant to articles 103 and 110 of the Criminal Code, as well as article 65 of the Ley Forestal, the forfeiture (comiso) of the timber seized under seizure record (acta de secuestro) number ending in 0055-2023 of the Katira Police Station is ordered, corresponding to 4 logs (trozas) of what appears to be Cebo timber.

(v.-) Regarding precautionary measures (medidas cautelares): The termination of any precautionary measure imposed against the convicted person is ordered.

(vi.-) Regarding costs (costas): As to the criminal action brought by the Ministerio Público, the present matter is resolved without a special award of costs, and the expenses of the proceedings are left to the charge of the State.

(vii.-) A) Regarding the civil damages action (acción civil resarcitoria) filed by the Procuraduría General de la República:

  • a)The civil damages action filed by licenciada Zaray Chavarría Duarte on behalf of the Procuraduría General de la República against the civil defendant (demandado civil) [Nombre 001] for the offense of violation of the Ley Forestal is granted, ordering the latter to pay the following amounts in favor of the civil claimant (actora civil) Procuraduría General de la República:

1.1 Under the heading of MATERIAL DAMAGES (DAÑO MATERIAL): the sum of 375,024.02 colones, plus statutory interest from the date the judgment becomes final until actual payment.

1.2. For court costs and attorney's fees: since the civil defendant has been found liable, he is ordered to pay attorney's fees in favor of the prevailing party, the Procuraduría General de la República, with respect to the amount of material damages awarded; attorney's fees calculated exclusively on the material damages stated, in the sum of one hundred twenty-one thousand colones exactly (¢121,000.00), corresponding to the minimum rate for the civil damages action, and for the private criminal complaint, the amount of 363,000 colones, which the civil defendant shall deposit into the account that the parties shall timely provide to the court after the judgment becomes final. Such sums of money shall be deposited by the convicted person within the following fifteen business days from the date the judgment becomes final, covering both the civil claimant's attorney's fees and the private criminal complaint; if he fails to do so, the parties must seek redress through the appropriate proceedings.

The corresponding notices shall be issued to the Instituto Nacional de Criminología, the Registro Judicial, the Centro de Información Penitenciaria, the Juzgado de Ejecución de la Pena for matters within its competence, the Dirección General de Adaptación Social, and the Oficina de Cómputo de Penas. In due course, the file shall be closed and archived. The convicted person is informed that he has the right to be represented by the public defender (defensa pública) during the enforcement stage, and that the parties also have the right to appeal the rulings made in this judgment. As this is an oral judgment, the parties are hereby notified at this time, and the reasoning is supported by the recording contained in the electronic case file. This judgment was delivered by Christian Aguero Zárate, Trial Court Judge." (sic).

II.That, against the foregoing ruling, licenciada Patricia Esmeralda Ocampo Zamora, private defense counsel for [Nombre 001], and licenciada Ericka Azofeifa Duarte, public defender for the same accused, filed criminal sentence appeals, which shall be decided by the present panel of the Specialized Criminal Appeals Court for Organized Crime, pursuant to agreement number XXVI of the Consejo Superior del Poder Judicial, adopted at session number 53-2023, on June 23, 2023.

III.That having completed the required deliberation in accordance with article 465 of the Code of Criminal Procedure, the Court considered the issues raised in the appeals.

IV. That the relevant legal requirements have been observed in the proceedings

The opinion is authored by Criminal Sentence Appeals Judge Soto Arroyo; and

CONSIDERING:

I.Licenciada Patricia Esmeralda Ocampo Zamora, private defense counsel for [Nombre 001], and licenciada Ericka Azofeifa Duarte, public defender for the same accused, have filed appeals against oral judgment No. 763-2025, issued at 17:20 hours on November 6, 2025, by the Criminal Court of the Second Judicial Circuit of Alajuela, Upala branch.

II.On admissibility. As shown in the case file, the appeal filed by licenciada Ocampo Zamora was submitted to the relevant authority on November 20, 2025, at 7:57 hours, as recorded in the virtual court platform, accompanied by a special power of attorney (poder especial) granted by the accused [Nombre 001] to said counsel. Subsequently, on November 26, licenciada Ericka Azofeifa Duarte, acting as public defender for the defendant, likewise filed a timely appeal against the judgment. Thereafter, in its ruling issued at 14:39 hours on November 27, 2025, the Court of the Second Judicial Circuit of Alajuela summoned the parties with respect to both appeals, without resolving the change of defense representation that had already been initiated by the accused — a matter on which the Criminal Sentence Appeals Court of the Third Judicial Circuit of Alajuela likewise failed to rule, since, after receiving the case in its chambers, it referred the matter to this court on May 6, 2026, without any further action having been taken.

However, in its ruling issued at 14:44 hours on May 15, 2026, this Appeals Court proceeded to correct the procedural course and effect the corresponding change of defense representation, ruling as follows: "...Based on the judicial special power of attorney appearing in the virtual court platform and in accordance with articles 15, 100, and 103 of the Code of Criminal Procedure, the representation previously exercised by licenciada Erika Azofeifa Duarte, public defender, is hereby deemed substituted, and licenciada Patricia Esmeralda Ocampo Zamora is recognized as private defense counsel for the accused [Nombre 001]; note shall be taken of the designated means of receiving notifications..." The foregoing was necessary because the court of origin — namely the Criminal Sentence Appeals Court of the Second Judicial Circuit of Alajuela — as well as the Trial Court, had failed to carry out the corresponding change of defense representation, which had been evident since the filing of the appeal by licenciada Ocampo Zamora and the special power of attorney granted to her by [Nombre 001].

Thus, as of November 20, 2025, the legal representative of the defendant has been licenciada Ocampo Zamora. From the foregoing it follows that, for lack of standing (legitimación activa), the appeal filed by licenciada Ericka Azofeifa Duarte must be declared inadmissible, since at the time she filed her challenge, the accused already had private defense counsel — who had also appealed the conviction — and article 100 of the Code of Criminal Procedure must be respected. That being the case, pursuant to articles 437, 438, 439, 458, 459, 460, and 462 of the Code of Criminal Procedure, the appeal filed by licenciada Patricia Esmeralda Ocampo Zamora meets the legal requirements for consideration on the merits, and it is therefore to be resolved by the Specialized Appeals Court for Organized Crime, pursuant to agreement number XXVI of the Consejo Superior del Poder Judicial, adopted at session number 53-2023, on June 23, 2023. The appeal filed by licenciada Ericka Azofeifa Duarte is declared inadmissible.

III.Appeal filed by licenciada Patricia Esmeralda Ocampo Zamora, private defense counsel for [Nombre 001]. The first ground alleges errors in the assessment of evidence due to the absence of criminal intent (dolo). Counsel contends that while the judgment found it proven that the accused [Nombre 001] illegally acquired forest products, the judgment does not establish that he had knowledge of or criminal intent to violate the Ley Forestal. She points out that article 61 of that statute requires knowledge that the forest product lacked permits or came from an illicit source, and emphasizes that her client is a person with a low level of education, "...a day laborer, earning approximately 70,000 colones per month, and it was not proven that he knew or could have known that the timber lacked authorization..." The second ground alleges the "absence of sufficient evidence of acquisition." Counsel argues that the mere presence of the logs on land belonging to the accused's wife does not permit the inference that he had acquired the timber, nor any transaction, transportation, or payment on his part.

She notes that the testimonial evidence only established that [Nombre 001] was present at the location, not the purchase of the product or its transportation. As the two grounds are related, the first and second grounds are resolved jointly and are denied. Having analyzed the judgment, this Appeals Chamber finds that the evidentiary and logical reasoning (fundamentación probatoria e intelectiva) satisfies the requirements of article 142 of the Code of Criminal Procedure and further demonstrates that the conduct charged conforms to article 61 of the Ley Forestal. The proven facts are as follows: "...Without specifying the exact date and time, but prior to March 31, 2023, at 17:40 hours, the accused [Nombre 001] acquired forest products consisting of 4 (four) logs of the Cebo species of varying dimensions, valued at a total amount of three hundred seventy-five thousand twenty-four colones and two céntimos (¢375,024.02), without complying with the requirements established by the Ley Forestal, as he lacked adequate documentation certifying the lawful acquisition of the timber; he was found in possession of this timber on land held by his wife, located at [...], and the timber was seized by Fuerza Pública officers on March 31, 2023, at 19:30 hours..." The judgment, found in the digital file 23000940630PE-06112025013337-2_Multi, beginning at timestamp 2:59 hours, provides a detailed presentation and analysis of the evidence from which the accused's authorship of the offense is derived, as well as the conformity of his conduct with the criminal type (tipicidad).

First, the Trial Judge referred to the prosecution witnesses, explaining that each of them is credible, namely [Nombre 008], a Fuerza Pública officer from Guatuso (whose testimony appears at timestamp 2:35:05 hours and was analyzed at the 3:09 hours sequence), Néstor Briceño, who serves as a forestry technician in Agroeconomics at SINAC (whose testimony appears at timestamp 2:38 hours and was examined by the court below (a quo) at the 3:23 hours sequence), as well as documentary evidence, from which it was concluded that the accused had acquired the Cebo timber logs found within his wife's property, in violation of article 61 of the Ley Forestal. That article provides: "...A prison term of one month to three years shall be imposed on anyone who: a) Harvests one or more forest products on private property without the permit of the State Forest Administration (Administración Forestal del Estado), or who, even having a permit, does not comply with the authorized terms. b) Acquires or processes forest products without complying with the requirements established by this law. c) Carries out activities that involve a change in land use contrary to the provisions of Art. 19 of this law.

In the foregoing cases, the products shall be seized and placed at the disposal of the competent judicial authority. d) Removes forest products from private property or State property, or transports forest products obtained in the same manner." Both officer [Nombre 008] and Mr. Néstor Briceño testified that the timber was inside a property, that there were 4 logs of the Cebo or Barbachele species, and that there was no forestry office permit to possess it — which, according to witness [Nombre 008]'s testimony, the accused himself stated when asked whether he had the relevant permits. Beginning at timestamp 3:18 hours, the judgment explains that the detention of the accused [Nombre 001] at the scene was not disputed by the parties, as documented in the documentary evidence. As for the economic value of the timber, it was obtained from the appraisal of each log, whose commercial price is established according to the rates set by the State Forest Administration office for each species (as explained by Néstor Briceño at timestamp 2:43:40 hours), an amount of approximately 375,000 colones, as recorded in document No. SINAC-ACAHN-SUG-0147-2023 (f.6).

Furthermore, report No. SINAC-ACAHN-SUG-IP-185-2023 (f.1) contains the investigations conducted at the scene (at the 3:24:21 hours sequence), in addition to the testimony of Mr. Briceño Soto (examined beginning at timestamp 3:24:33 hours), who observed and analyzed the logs in question on the property of the accused's wife. Once doubt about the accused's participation in the events was ruled out, the judgment references report No. SINAC-ACAHN-SUG-0147-2023, which certifies that neither [Nombre 001] nor his wife [Nombre 006] hold timber harvesting (aprovechamiento maderable) permits of any kind, nor is any application for such a permit pending. Thus, the Court found it was not possible to determine that it was another person who was detained at the scene — as corroborated by the provisional custody record (acta de depósito provisional) of the timber (f.13) — and his participation is explained beginning at timestamp 3:50:56, with the conclusion that the accused had acquired the 4 Cebo species logs without being authorized to do so.

It should be added that, even though [Nombre 001] told the Fuerza Pública that he had no permits when asked — which could be considered an interference with his right to remain silent — law enforcement officers, as the judgment notes (timestamp 3:53:00 hours), have the ability to inquire into what is happening when they arrive at the scene, which is not contrary to the defendant's constitutional rights, since, if no inquiry is made, the police might act without knowledge of the circumstances surrounding the event, might commit some unlawful act, or might even be provided with circumstances that would prevent further intervention by the authorities (such as, for example, being shown the timber possession permit when they ask about its existence). In addition, even if [Nombre 001] had made no statement whatsoever, the documentary evidence demonstrates the absence of administrative authorization to possess the timber, as already noted, making it impossible to establish any procedural defect on that point.

The legal reasoning, beginning at timestamp 3:57:31 hours, explains that the facts conform to subsection b.) of article 61 in relation to article 55, both of the Ley Forestal, given the acquisition of the four Cebo timber logs without the requisite permits, and that the means by which they were acquired is not determinative of the criminal type — whether felled by the accused, purchased at a sawmill, etc. Regarding criminal intent (timestamp 4:08:33 hours), it is inferred from the fact that the defendant knew his conduct was contrary to law, since he indicated, in response to the Fuerza Pública's inquiry, that he had no permits to possess the timber — which was also confirmed through documentary evidence. This Chamber detects no defect or doubt regarding the criminal intent of the accused; it must be recalled that the criminal offense in question does not require any additional intent — it suffices that there be the pure and simple criminal intent of acquiring the stated forest products with knowledge that the legal requirements for doing so are lacking, which is reasonably inferred from the circumstances identified, which the trial court found proven and which were not specifically refuted.

This Appeals Chamber considers that the rules of common experience dictate that [Nombre 001], notwithstanding his level of education, as a resident of the area with access to land there, was aware of the need to obtain the relevant permits, since the commonplace nature of timber activity in Guatuso makes that kind of information public knowledge, to the point that when asked about them, he understood what the Fuerza Pública officer was referring to and answered in the negative, which suggests he was aware of the administrative procedure. The defense argument likewise fails to establish either a mistake of fact (error de tipo) or a mistake of law (error de prohibición), as it amounts to nothing more than a mere presumption; the accused did not testify — as is his right — but nor is there any element from which it could be inferred that he was unaware of the legal requirements. It must be recalled that, in matters concerning knowledge of the unlawfulness, the burden of proof rests with the defense, for purposes of establishing the existence of an error and whether it is avoidable or unavoidable (vencible o invencible), as has been held by the Sala de Casación Penal, whose criterion is shared by this Chamber, particularly in light of the provisions of article 109 of the Ley de Biodiversidad.

See, for example, resolution number 1743-2014 of the Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. That being the case, there are no defects in the reasoning that must be so declared, and the grounds are therefore denied.

IV.The third ground alleges a violation of the principle of proportionality (principio de proporcionalidad) and minimum intervention (mínima intervención). Counsel argues that "...The conduct involves an offense of minimal harmfulness (value 375,024.02 colones), with no proven environmental damage, committed by a person with no prior record, of advanced age (67 years), and in precarious economic circumstances," and that the criminal conviction therefore contravenes the principle of minimum state intervention. The argument is not well-founded. Beginning at timestamp 4:13:35 hours, the judgment explains that the sentence imposed on the accused — 1 month of imprisonment with the suspended sentence benefit — conforms to the provisions of article 71 of the Criminal Code, with the Trial Judge taking into account that the accused's conduct was not violent, that the environmental damage is minor, that he is an elderly person caring for his parents, has children, and has been attentive throughout the proceedings, and that the sentence is therefore appropriate to the facts.

Contrary to what the defense argues, in cases where the Ministerio Público, as the body responsible for the exercise of criminal prosecution, has decided not to request the application of a prosecutorial discretion (criterio de oportunidad) measure under the terms of article 22 of the Code of Criminal Procedure, it is not permissible for the trial court to refrain from imposing a sentence on a person found to be the responsible perpetrator of a crime on account of their personal circumstances or the minor degree of harm caused to the legally protected interest (bien jurídico); but it is permissible, as in this case, to impose the minimum penalty for the offense, which is proportionate given the necessary state intervention, yet is the most lenient available, precisely because of the manner in which the events unfolded and the personal circumstances of [Nombre 001] already noted.

V.In the fourth ground, error in the calculation of the civil damages and the award of costs is alleged. Counsel contends that the civil award amounts to a value equal to the commercial price of the timber, but without an expert opinion determining the patrimonial or environmental damage to the State. She also contends that the attorney's fees are excessive relative to the accused's economic situation. As the primary relief sought in the appeal, she requests that it be granted and that [Nombre 001] be acquitted. As a subsidiary request, she asks that the civil damages amount and court costs be reduced and that installment payment be authorized before the Juzgado de Ejecución de la Pena. This argument is not well-founded. Beginning at timestamp 4:25:37 hours, the judgment finds that material damages exist, determined by the value of the logs referenced in the second section of the court's reasoning, along with the attorney's fees and court costs of the Procuraduría General de la República, which were calculated based on article 103 of the Criminal Code and Decreto de Honorarios N° 41457JP del 1 de febrero de 2019, calculated on the material damages, as well as those corresponding to the private criminal complaint.

These fees conform to the decree in question and are not excessive, being based on the price of the timber established by the relevant authority (report No. SINAC-ACAHN-SUG-0147-2023). Nor was the expert opinion that counsel finds lacking necessary, since the civil defendant was not ordered to pay for environmental damage but only for the material damages corresponding to the value of the timber, which was clearly established, as noted above. This Appeals Chamber does not find that the amounts set for court costs and attorney's fees are unsubstantiated, nor does the defense provide any reason that would permit their being questioned; the ground is therefore denied. As for the deferred payment of civil costs sought by counsel, she must make that request in the appropriate court.

POR TANTO

The appeal filed by the Defensa Pública is declared inadmissible. The appeal filed by licenciada Patricia Esmeralda Ocampo Zamora, private defense counsel for [Nombre 001], is denied. Notify the parties.

Hannia Soto Arroyo Raúl Madrigal Lizano María Milagro Granados García Judges of the Specialized Criminal Appeals Court for Organized Crime (Acting as the Criminal Sentence Appeals Court, Third Judicial Circuit of Alajuela, San Ramón branch) Accused: [Nombre 001]. Offense: Illegal Acquisition of Forest Products. Aggrieved Party: Natural Resources.

kmurillog First Judicial Circuit of San José, San José, Edificio Tribunales, Third Floor, Telephone: 2211-5349, 2211-5350 or 2211-5351. Email: [email protected]

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Resolución: 2026-0695 TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA ESPECIALIZADO EN DELINCUENCIA ORGANIZADA. Primer Circuito Judicial de San José (En funciones como Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, San Ramón), a las diez horas con quince minutos, del día diez de junio del año dos mil veintiséis.

RECURSOS DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL interpuestos en la presente causa seguida contra [Nombre 001], costarricense, cédula [Valor 001], casado, nacido el 18 de octubre de 1958 en Alajuela, 67 años, padres [Nombre 002] y [Nombre 003], oficio agricultor o jornalero, vecino de Alajuela, Guatuso, por un delito de INFRACCIÓN A LA LEY FORESTAL, EN LA MODALIDAD DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FORESTALES SIN CONTAR CON PERMISOS, previsto y sancionado en el artículo 61 de la Ley Forestal, ley 7575, en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES. Intervienen en la decisión de los recursos, las juezas Hannia Soto Arroyo, María Milagro Granados Garcia y el juez Raúl Madrigal Lizano. Se apersonó en esta sede, la licenciada Patricia Esmeralda Ocampo Zamora, defensora particular de [Nombre 001], y la licenciada Ericka Azofeifa Duarte, defensora pública del mismo acusado; y,

RESULTANDO:

I.Que mediante sentencia oral número 763-2025, de las diecisiete horas con veinte minutos del seis de noviembre de dos mil veinticinco, el TRIBUNAL DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA, SEDE UPALA resolvió: "POR TANTO: De conformidad con lo establecido en los artículos 35, 36, 39 y 41 de la Constitución Política; 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículos 1, 4, 16, 18, 19, 20, 22, 30, 31, 45, 50, 51,59 al 63, 71, 103 y 361 del Código Penal; 122 y siguientes del Código Penal de 1941, artículo 55 y 61 de la Ley Forestal, artículos 1, 6, 142, 184, 265 a 267, 367 y 368 del Código Procesal Penal y artículos 16, 18, 43 y 44 del Decreto de honorarios 41457-JP del 01 de Febrero del 2019.

Este Tribunal dispone:

(i.-) Declarar a [Nombre 001], autor responsable de UN DELITO DE INFRACCIÓN A LA LEY FORESTAL EN LA MODALIDAD DE ADQUISICIÓN ILEGAL DE PRODUCTOS FORESTALES en perjuicio de LOS RECURSOS FORESTALES.

(ii.-) En tal carácter, se le condena a UN MES DE PRISIÓN. La pena impuesta deberá descontarla en el lugar y forma que determinen los respectivos reglamentos penitenciarios, previo abono de la prisión preventiva que hubiere cumplido.

(iii.-) Respecto a beneficios, permisos o sustitución de la sanción penal fijada. Se AUTORIZA LA APLICACIÓN DEL BENEFICIO DE EJECUCIÓN CONDICIONAL DE LA PENA en favor del sentenciado [Nombre 001]. Beneficio que se fija por el plazo de TRES años a partir de la fecha en que la sentencia quede firme, bajo el cumplimiento de la siguiente condición: 1-) No debe cometer nuevo delito doloso por el que se les imponga una pena de prisión superior a los seis meses; ni delito en contra de los Recursos Naturales, caso contrario se le revocará el beneficio y en consecuencia deberá descontar la pena impuesta.

(iv.-) Sobre los bienes: En aplicación de los artículos 103 y 110 Código Penal, así como el artículo 65 de la Ley Forestal, se ordena el comiso de la madera decomisada mediante acta de secuestro número terminada en 0055-2023 de la Delegación Policial de Katira, correspondiente a 4 trozas de madera de aparante Cebo.

(v.-) Respecto a las medidas cautelares: Se ordena el cese de cualquier medida cautelar que fuese impuesta en contra del sentenciado.

(vi.-) Sobre las costas: En cuanto a la acción penal incoada por el Ministerio Público, se resuelve el presente asunto sin hacer especial condenatoria en costas y se dejan los gastos del proceso a cargo de El Estado.

(vii.-) A) Respecto a la acción civil resarcitoria incoada por la Procuraduría General de la República:

  • a)Se declara con lugar la acción civil resarcitoria incoada por la Licenciada Zaray Chavarría Duarte en representación de la Procuraduría General de la República en contra del demandado civil [Nombre 001] por la delincuencia de infracción a la Ley Forestal, condenándose a éste último a pagar a favor de la actora civil Procuraduría General de la República los siguientes rubros:

1.1 Por concepto de DAÑO MATERIAL: la suma de 375 024,02 colones, así como el pago de los intereses de ley, desde la firmeza del fallo y hasta su efectivo pago.

1.2. Por concepto de costas procesales y personales, Habiendo resultado vencido el demandado civil se le condena al pago de los honorarios de abogado a favor de la parte gananciosa Procuraduría General de la República, con respecto al importe de daño material concedido, honorarios que se calculan únicamente sobre el daño material indicado, en la suma de ciento veintiún mil colones exactos (¢121.000,00) correspondientes a la tarifa mínima por la Acción Civil y por concepto de la querella al monto de 363 mil colones, los cuales deberá el demandado civil depositar en la cuenta que oportunamente aporten al despacho después de la firmeza de la Sentencia. Tales sumas de dinero deberá el sentenciado depositarlas dentro de los siguientes quince días hábiles a partir de la firmeza de este fallo, tanto los honorarios de la actora civil y formulación de querella, si no lo hiciere deberán las partes acudir a la vía correspondiente.

II.Que, contra el anterior pronunciamiento, la licenciada Patricia Esmeralda Ocampo Zamora, defensora particular de [Nombre 001], y la licenciada Ericka Azofeifa Duarte, defensora pública del mismo acusado, interpusieron los recursos de apelación de sentencia penal, mismos que serán resueltos por la presente integración del Tribunal de Apelación de Sentencia Especializado en Delincuencia Organizada, según el acuerdo del Consejo Superior del Poder Judicial, número XXVI, en la sesión número 53-2023, del 23 de junio de 2023.

III.Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465 del Código Procesal Penal, el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en la impugnación.

IV. Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes

Redacta la jueza de Apelación de Sentencia Penal Soto Arroyo, y;

CONSIDERANDO:

I.La licenciada Patricia Esmeralda Ocampo Zamora, defensora particular de [Nombre 001], y la licenciada Ericka Azofeifa Duarte, defensora pública del mismo acusado, presentan recursos de apelación contra la sentencia oral N° 763-2025, de las 17:20 horas, del 6 de noviembre de 2025, del Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, sede Upala.

II.Sobre la admisibilidad. Según se aprecia en los autos, el recurso de apelación presentado por la licenciada Ocampo Zamora, se hizo llegar a la autoridad respectiva en fecha 20 de noviembre de 2025, a las 7:57 horas, según consta en el escritorio virtual, acompañado de un poder especial otorgado por el acusado [Nombre 001] a esta letrada. De seguido, en fecha 26 de noviembre, la licenciada Ericka Azofeifa Duarte, en calidad de defensora pública del justiciable, de igual manera impugnó la sentencia en tiempo. Posteriormente, en la resolución de las 14:39 horas, del 27 de noviembre de 2025, el Tribunal del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, emplazó a las partes sobre ambos recursos, sin que se definiera la sustitución de la defensa que ya se había gestado por el imputado, situación sobre la que tampoco se pronunció el Tribunal de Apelación de Sentencia del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, pues tras recibirla en su despacho, remitió la causa ante la presente jurisdicción el día 6 de mayo de 2026, sin haberse realizado mayor trámite.

Ahora bien, en la resolución de las 14:44 horas, del 15 de mayo de 2026, este Tribunal de Apelación procedió a enderezar los procedimientos y hacer la sustitución de defensa respectiva, resolviendo lo siguiente: “...Con fundamento en el poder especial judicial que consta en el escritorio virtual y de conformidad con los artículos 15, 100 y 103 del Código Procesal Penal se tiene por sustituida la defensa que venía ejerciendo la licenciada Erika Azofeifa Duarte, defensora publica, y en su lugar, téngase a la licenciada Patricia Esmeralda Ocampo Zamora como defensora particular del endilgado [Nombre 001], y tómese nota del medio señalado para recibir notificaciones...”. Lo anterior, por cuanto el Tribunal de origen, entiéndase el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de Alajuela -e igualmente el Tribunal de Juicio-, no realizaron la sustitución de la defensa respectiva, que se hizo evidente desde la presentación del recurso de apelación por parte de la licenciada Ocampo Zamora y el Poder Especial otorgado a ella por [Nombre 001].

Así, desde el día 20 de noviembre de 2025, quien ejerce la representación letrada del justiciable es la licenciada Ocampo Zamora. De lo anterior se deriva que, por carecer de legitimación activa, el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Ericka Azofeifa Duarte debe ser declarado inadmisible, pues para el momento en que presentó la impugnación, ya el acusado contaba con defensa particular -quien también recurrió la sentencia condenatoria-, debiendo respetarse el numeral 100 del Código Procesal Penal. Así las cosas, de conformidad con los artículos 437, 438, 439, 458, 459, 460 y 462 del Código Procesal Penal, el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Patricia Esmeralda Ocampo Zamora, reúne los requisitos de ley para su conocimiento por el fondo, por lo que se procede a resolverlo por el Tribunal de Apelación Especializado en Delincuencia Organizada, según el acuerdo del Consejo Superior del Poder Judicial, número XXVI, en la sesión número 53-2023, del 23 de junio de 2023. Se declara inadmisible la impugnación interpuesta por la licenciada Ericka Azofeifa Duarte.

III.Recurso de apelación presentado por la licenciada Patricia Esmeralda Ocampo Zamora, defensora particular de [Nombre 001]. El primer motivo alega errores en la valoración de la prueba por ausencia de dolo. Fustiga la letrada que se tuvo por acreditado que el acusado [Nombre 001] adquirió productos forestales de manera ilegal, pero en la sentencia no se demuestra que tuviera conocimiento o intención dolosa de violar la Ley Forestal. Hace ver que el artículo 61 de dicha normativa exige saber que el producto forestal carecía de permisos o provenía de fuente ilícita y destaca que su defendido es una persona de bajo nivel educativo, “...jornalero, con ingresos de aproximadamente 70.000 colones mensuales, y no se demostró que supiera o pudiera saber que la madera carecía de autorización...”. El segundo motivo reclama la “inexistencia de prueba suficiente sobre la adquisición”. Señala la recurrente que la simple presencia de las trozas en un terreno propiedad de la esposa del acusado no permite inferir que él hubiera adquirido la madera, su transacción, traslado o pago.

Hace ver que la prueba testimonial sólo acreditó que [Nombre 001] estaba en el lugar, no la compra del producto o su transporte. Por presentar conexidad, se resuelven de manera conjunta los motivos primero y segundo y se declaran sin lugar. Una vez analizado el fallo, esta Cámara de Apelación estima que la fundamentación probatoria e intelectiva cumple con los supuestos del artículo 142 del Código Procesal Penal, además de que demuestra que lo acusado se ajusta al artículo 61 de la Ley Forestal. Los hechos probados son los siguientes: “... Sin precisar la fecha ni la hora, pero sí antes del 31 de marzo del 2023, al ser las 17:40 horas el acusado [Nombre 001] adquirió productos forestales, consistentes en 4 (cuatro) trozas de madera de la especie Cebo, con diferentes dimensiones, valorados en la suma total de trescientos setenta y cinco mil veinticuatro colones y dos céntimos (¢375 024.02) sin cumplir con los requisitos establecidos por la Ley Forestal, al no tener documentación idónea que acreditara su lícita adquisición, madera con la que fue sorprendido en un terreno en posesión de su esposa, ubicado en [...], siendo decomisada por funcionarios de Fuerza Pública en fecha 31 de marzo del 2023 al ser las 19:30 horas...”.

La sentencia, que se ubica en el archivo digital 23000940630PE-06112025013337-2_Multi, a partir del contador 2:59 horas, realiza una detallada exposición y análisis de la prueba, de la que se deriva la autoría del acusado, así como la tipicidad de su conducta. En primer término, el Juzgador hizo referencia a los testigos de cargo, explicando que cada uno de ellos merece credibilidad, sean el señor [Nombre 008], oficial de la Fuerza Pública de Guatuso (cuya declaración consta en el contador 2:35:05 horas y fue analizada en la secuencia de las 3:09 horas), Néstor Briceño, quien se desempeña como técnico forestal en Agroeconomía del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (en adelante SINAC) cuya declaración se encuentra en el contador 2:38 horas y se examina por el a quo en la secuencia de las 3:23 horas, así como la prueba documental, de lo que derivó que el acusado adquirió las trozas de la madera de Cebo que se encontraban dentro de la propiedad de su esposa, contraviniendo el artículo 61 de la Ley Forestal.

Este numeral indica que “... Se impondrá prisión de un mes a tres años a quien: a) Aproveche uno o varios productos forestales en propiedad privada, sin el permiso de la Administración Forestal del Estado, o a quien, aunque cuente con el permiso, no se ajuste a lo autorizado. b) Adquiera o procese productos forestales sin cumplir con los requisitos establecidos en esta ley. c) Realice actividades que impliquen cambio en el uso de la tierra, en contra de lo estipulado en el artículo 19 de esta ley. En los casos anteriores, los productos serán decomisados y puestos a la orden de la autoridad judicial competente. d) Sustraiga productos forestales de una propiedad privada o del Estado o transporte productos forestales obtenidos en la misma forma”. Tanto el oficial [Nombre 008] como el señor Néstor Briceño, relataron que la madera estaba dentro de una propiedad, que eran 4 trozas de la especie Cebo o Barbachele y que no había permiso de la oficina forestal para tener la misma, lo que, según manifestó el testigo [Nombre 008], lo dijo el imputado cuando se le preguntó si contaba con los permisos respectivos.

A partir del contador 3:18 horas, explica el fallo, que no fue controvertida por las partes la detención del endilgado [Nombre 001] en el sitio, lo que consta en la prueba documental. Ahora bien, sobre el valor económico de la madera, se obtuvo del avalúo respectivo de cada troza, cuyo precio comercial se establece de acuerdo con los cánones que la oficina de Administración Forestal establece para cada especie (tal como lo explicó Néstor Briceño, al contador 2:43:40 horas), monto que asciende a 375 mil colones aproximadamente, y que consta en el documento N°SINAC-ACAHN-SUG-0147-2023 (f.6). Además, el informe N° SINAC-ACAHN-SUG-IP-185-2023 (f.1), contiene las diligencias que se realizaron en el sitio (secuencia de las 3:24:21 horas), sumado a la declaración del señor Briceño Soto (examinada a partir del contador 3:24:33 horas), quien observó y analizó las trozas en cuestión en la propiedad de la esposa del acusado.

Una vez descartada la duda sobre la participación del endilgado en los hechos, en el fallo se hace la referencia al informe N° SINAC-ACAHN-SUG-0147-2023, en el que se certifica que ni [Nombre 001] ni su esposa [Nombre 006], cuentan con permisos de aprovechamiento maderable en ninguna modalidad, ni está en trámite la solicitud de este. Así, el Tribunal estimó que no es factible determinar que fuese otra persona quien fue detenido en el sitio -lo que se corrobora en el acta de depósito provisional de la madera (f.13)-, y su participación se explica a partir del contador 3:50:56, concluyéndose que el acusado había adquirido las 4 trozas de la especie Cebo, para lo que no estaba autorizado. Cabe agregar que, aun cuando [Nombre 001] indicó a la Fuerza Pública no tener permisos cuando se le preguntó, lo que podría considerarse una afectación a su derecho de abstención, ciertamente los cuerpos policiales, como lo indica el fallo (contador 3:53:00 horas), tienen la posibilidad de indagar lo que sucede cuando se presentan al lugar de los hechos, no siendo contrario a los derechos constitucionales del justiciable, pues si no se hace alguna consulta, podría la policía actuar sin conocimiento de las circunstancias que rodean el evento, cometer algún acto ilegítimo o incluso, aclarar circunstancias que evitarían mayor intervención de las autoridades (como por ejemplo, que les presenten el permiso de tenencia de la madera, cuando preguntan por la existencia del mismo).

Sumado a ello, aun si el señor [Nombre 001] no hubiera hecho manifestación alguna, la prueba documental evidencia la ausencia de la autorización administrativa para tener la madera, como ya se ha indicado, por lo que no es factible establecer la existencia de vicio alguno sobre ese punto. Ahora bien, la fundamentación jurídica, a partir del contador 3:57:31 horas, explica que los hechos se ajustan al inciso b.) del artículo 61 en relación con el artículo 55, ambos de la Ley Forestal, dada la adquisición de las cuatro trozas de madera de Cebo, no contando con los permisos respectivos, sin ser determinante del tipo penal el medio por el que se adquirió, sea talada por el acusado, comprada en un aserradero, etc. Sobre el dolo (contador 4:08:33 horas), se extrae de que el justiciable tenía conocimiento de que su actuar era contrario a derecho, pues refirió, ante la consulta de Fuerza Pública, no tener permisos para poseer la madera, lo que además se constató documentalmente.

Esta Cámara no detecta vicio alguno ni duda respecto al dolo del encausado, en el tanto debe recordarse que el tipo penal en cuestión no exige alguna intención adicional, sino que basta el dolo puro y simple de adquirir los bienes forestales indicados a sabiendas de que se carece de los requisitos legales a esos efectos, lo cual se infiere razonablemente de las circunstancias apuntadas, que el tribunal de instancia tuvo por acreditadas y que no fueron concretamente refutadas. Considera esta Cámara de Apelación que las reglas de la experiencia dictan que el señor [Nombre 001], pese a su nivel de escolaridad, al ser habitante de la zona y tener acceso a tierras en la misma, sabía la necesidad de tramitar los permisos respectivos, pues la habitualidad de la actividad maderera en Guatuso, hace que ese tipo de información sea de conocimiento público, al punto que cuando se le consultó sobre ellos, supo a qué se refería el oficial de la Fuerza Pública y le contestó en forma negativa, lo que sugiere que sabía del procedimiento administrativo.

El reclamo defensivo no es capaz tampoco de establecer un error de tipo ni de prohibición, en el tanto no es más que una mera presunción, pues el acusado no declaró -como es su derecho- pero tampoco existe algún elemento que permita deducir que desconocía los requisitos contemplados por ley. Debe recordarse que, tratándose del conocimiento del injusto corresponde a la defensa la carga de la prueba, a efectos de determinar la existencia de un error y su carácter vencible o invencible, tal y como lo ha sostenido la Sala de Casación Penal, cuyo criterio es compartido por esta Cámara, máxime ante lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Biodiversidad. Véase, por ejemplo, la resolución número 1743-2014 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Así las cosas, no hay vicios de fundamentación que deban ser así declarados, por lo que se rechazan los alegatos.

IV.El tercer motivo acusa violación al principio de proporcionalidad y mínima intervención. Estima la recurrente que “...El hecho corresponde a una infracción de escasa lesividad (valor 375.024,02 colones), sin daño ambiental probado, cometido por una persona sin antecedentes, de edad avanzada (67 años) y en condición económica precaria”, por lo que la condena penal contraviene el principio de mínima intervención estatal. No es atendible el reclamo. A partir del contador 4:13:35 horas, en la sentencia se explica que la sanción impuesta al acusado -1 mes de prisión con el beneficio de ejecución condicional de la pena -, se atiene a los supuestos del artículo 71 del Código Penal, valorando el Juzgador que el actuar del endilgado no fue violento, que el daño ambiental es leve, que es una persona adulta mayor a cargo de sus padres, tiene hijos y ha estado atento al proceso, por lo que la sanción se ajusta a los hechos.

Contrario a lo que reclama la defensa, en los casos en que el Ministerio Público, como ente a cargo del ejercicio de la acción penal, decidió no solicitar la aplicación de un criterio de oportunidad, en los términos contemplados en el numeral 22 del Código Procesal Penal, no es factible para el tribunal de juicio dejar de imponer una sanción a la persona encontrada autora responsable de un delito por su situación de vida o por la levedad de la lesión producida al bien jurídico, pero sí es viable, como en este caso, aplicar la pena menor del tipo penal, la que resulta proporcional dada la necesaria intervención estatal, pero que resulta la más leve, justo por la forma en que se desarrolló el evento y las circunstancias personales del señor [Nombre 001], ya indicadas.

V.En el cuarto alegato, se reclama el error en la cuantificación del daño civil y condena en costas. Considera la señora defensora que la condena civil asciende a un valor igual al precio comercial de la madera, pero sin una pericia que determine el daño patrimonial o ambiental al Estado. Además, considera que los honorarios son excesivos en relación con la situación económica del imputado. Como petitoria general del recurso, solicita se declare con lugar y se absuelva al señor [Nombre 001]. De manera subsidiaria peticiona que se reduzca el monto civil y las costas procesales y que se autorice su pago fraccionado ante el Juzgado de Ejecución de la Pena. No lleva razón. A partir del contador 4:25:37 horas, la sentencia establece que existe un daño material, determinado por el valor de las trozas referido en el considerando segundo, así como las costas personales y procesales de la Procuraduría General de la República, mismas que se fijaron con base en el artículo 103 del Código Penal y el Decreto de Honorarios N° 41457JP del 1 de febrero de 2019, calculados sobre el daño material, así como los respectivos a la querella.

Estos honorarios se atienen al decreto señalado, no siendo excesivos, teniendo como base el precio de la madera establecido por la autoridad respectiva (informe N°SINAC-ACAHN-SUG-0147-2023). A su vez, no era necesario contar con la pericia que la recurrente echa de menos, pues no se condenó al demandado civil por daño ambiental, sino únicamente por el daño material correspondiente al valor de la madera, el cual estaba claramente determinado, como se indicó supra. No considera esta Cámara de apelación que los montos fijados por las costas procesales y personales resulten infundados ni brinda la defensa motivo alguno que permite cuestionarlos, por lo que se rechaza el alegato. En cuanto al pago diferido de las costas civiles que pretende la recurrente, deberá hacer la gestión en la jurisdicción que corresponde.

POR TANTO

Se declara inadmisible el recurso de apelación presentado por la Defensa Pública. Se declara sin lugar el recurso de recurso de apelación interpuesto por la licenciada Patricia Esmeralda Ocampo Zamora, defensora particular de [Nombre 001]. Notifíquese.

Hannia Soto Arroyo Raúl Madrigal Lizano María Milagro Granados García Juezas y Juez del Tribunal de Apelación de Sentencia Especializado en Delincuencia Organizada (En función del T.A.S.P. III Circuito Judicial de Alajuela, sede San Ramón) Imputado: [Nombre 001]..

Delito: Adquisición Ilegal de Productos Forestales.

Ofendido: Los Recursos Naturales.

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