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Res. 01156-2026 Sala Segunda de la Corte · Sala Segunda de la Corte · 26/03/2026

High-Risk Operations Bonus for Border Police AgentSobresueldo por Operaciones de Alto Riesgo para Agente de Fronteras

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OutcomeResultado

DeniedSin lugar

The cassation appeal filed by the State is dismissed, and the judgment ordering payment of the High-Risk Operations bonus to the plaintiff is upheld.Se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por el Estado y se confirma la sentencia que ordenó el pago del sobresueldo por Operaciones de Alto Riesgo al actor.

SummaryResumen

The Second Chamber of the Supreme Court resolves a cassation appeal filed by the State against a judgment that ordered the Ministry of Public Security to pay the 'High-Risk Operations' salary incentive to a Border Police Agent II. The State alleged violation of the principles of legality and budgetary legality, arguing that the incentive is only for Civil Guard and Rural Assistance officers under Articles 21 and 22 of the General Police Law, and that the plaintiff did not prove he performed high-risk duties. The Chamber dismisses the appeal. It holds that the trial judge correctly assessed the job functions described in the Police Position Manual, which entail a risk higher than ordinary police risk and are comparable to those in the cited articles. The Chamber reiterates that although the former Civil Guard and Rural Assistance units no longer exist, their functions remain, and entitlement to the bonus is determined by the nature of the duties performed, not by the budget code. The State failed to disprove that the plaintiff's duties correspond to high-risk operations, so the ruling ordering retroactive and future payment of the benefit is upheld.La Sala Segunda resuelve un recurso de casación interpuesto por el Estado contra una sentencia que condenó al Ministerio de Seguridad Pública a pagar el incentivo salarial 'Operaciones de Alto Riesgo' a un Agente II de Fronteras. El Estado alegó violación de los principios de legalidad y legalidad presupuestaria, sostuvo que el incentivo solo corresponde a agentes de la Guardia Civil y Asistencia Rural según los artículos 21 y 22 de la Ley General de Policía, y que no se probó que el actor realizara funciones de alto riesgo. La Sala rechaza el recurso. Considera que la juzgadora de instancia valoró correctamente las funciones del cargo descritas en el Manual de Puestos Policiales, las cuales implican un riesgo mayor al riesgo policial ordinario, equiparables a las previstas en los citados artículos. La Sala reitera que, aunque las antiguas Guardia Civil y Asistencia Rural ya no existen, sus funciones persisten y el derecho al plus se determina por la naturaleza de las labores desempeñadas, no por el código presupuestario. El Estado no logró desvirtuar que las funciones del actor corresponden a operaciones de alto riesgo, por lo que se confirma la sentencia que ordenó el pago retroactivo y futuro del beneficio.

Key excerptExtracto clave

The appeal criticizes that the plaintiff did not provide evidence that he participates in the high-risk operations foreseen for the granting of the incentive; however, as indicated, the trial judge found it proven, based on the functions described in the Police Position Manual for the position of Border Police Agent II FP, that the plaintiff's functions match those foreseen in Articles 21 and 22 of the General Police Law, and this assertion is not rebutted by the defendant—that is, the appeal does not state reasons why that decision should be considered incorrect. The issue regarding the application of the High-Risk bonus to police officers performing functions contemplated in Articles 21 and 22 of the General Police Law has been analyzed by this Chamber in multiple precedents in which it has been noted that those articles refer to the functions of the former Civil Guard and Rural Assistance Guard, police bodies that—it is public and notorious—have ceased to exist, but not their functions, nor the granting of the incentive. The State representation has indicated that only police officers with functions described by the Budgetary Authority are entitled to receive the item, always referring to the functions contemplated in Articles 21 and 22 of the General Police Law, so that the determination of whether a person is entitled to the item will depend on the performance or not of those functions; therefore, there could have been no violation of the principle of legality alleged by the appellant, since ultimately the right is assigned to police officers who perform those functions, and having determined that in the plaintiff's case his position requires him to carry out those activities, the payment of the bonus must be ordered, since it would be a contradiction to assert that the plaintiff does not perform the functions foreseen for his position in the respective Manual; which, if that were the case, should have been proven by the defendant.En el recurso se critica que el actor no aportó prueba de que participa en operaciones de alto riesgo de las previstas para la concesión del incentivo, sin embargo, como se indicó, la juzgadora A quo tuvo por demostrado con base en las funciones descritas por el Manual de Puestos Policiales, para el cargo de Agente II FP, Policía de Fronteras, que las funciones del actor concuerdan con las previstas por los artículos 21 y 22 de la Ley General de Policía y esta afirmación no es rebatida por el demandado, es decir, en el recurso no se indican razones por las cuales, esa decisión deba considerarse incorrecta. El tema relacionado con la aplicación del sobresueldo por Alto Riesgo a funcionarios policiales que realizan funciones de las contempladas en los artículos 21 y 22 de la Ley General de Policía ha sido analizado por esta Sala en múltiples antecedentes en los cuales se ha hecho ver que esos artículos hacen referencia a las funciones de las otrora Guardia Civil y Guardia de Asistencia Rural, cuerpos policiales que -es público y notorio- han dejado de existir, no así sus funciones, como tampoco, el otorgamiento del incentivo. La representación estatal ha señalado que solo los policías con funciones de las descritas por la Autoridad Presupuestaria son los que tienen derecho a la percepción del rubro, refiriendo siempre a las funciones contempladas en los artículos 21 y 22 de la Ley General de Policía, de manera que la definición de si a la persona le corresponde el rubro dependerá de la ejecución o no, de esas funciones, por lo cual, no se ha podido incurrir en la violación al principio de legalidad que acusa el recurrente, pues en definitiva, el derecho está asignado a los policías que desempeñan esas funciones, con lo cual, determinado que en el caso del actor, su puesto le exige el cumplimiento de esas actividades, debe ordenarse el pago del sobresueldo pues resulta un contrasentido señalar que el actor no cumple las funciones previstas para su puesto en el Manual respectivo; lo que, de ser así, debió ser demostrado por el demandado.

Pull quotesCitas destacadas

  • "La existencia de un evidente riesgo en la integridad física del servidor es el elemento determinante para otorgar el plus salarial por 'Operaciones de Alto Riesgo'."

    "The existence of an evident risk to the physical integrity of the servant is the determining element for granting the 'High-Risk Operations' salary bonus."

    Considerando III

  • "La existencia de un evidente riesgo en la integridad física del servidor es el elemento determinante para otorgar el plus salarial por 'Operaciones de Alto Riesgo'."

    Considerando III

  • "Esos artículos hacen referencia a las funciones de las otrora Guardia Civil y Guardia de Asistencia Rural, cuerpos policiales que -es público y notorio- han dejado de existir, no así sus funciones, como tampoco, el otorgamiento del incentivo."

    "Those articles refer to the functions of the former Civil Guard and Rural Assistance Guard, police bodies that—it is public and notorious—have ceased to exist, but not their functions, nor the granting of the incentive."

    Considerando III

  • "Esos artículos hacen referencia a las funciones de las otrora Guardia Civil y Guardia de Asistencia Rural, cuerpos policiales que -es público y notorio- han dejado de existir, no así sus funciones, como tampoco, el otorgamiento del incentivo."

    Considerando III

  • "La definición de si a la persona le corresponde el rubro dependerá de la ejecución o no, de esas funciones, por lo cual, no se ha podido incurrir en la violación al principio de legalidad que acusa el recurrente."

    "The determination of whether a person is entitled to the item will depend on the performance or not of those functions; therefore, there could have been no violation of the principle of legality alleged by the appellant."

    Considerando III

  • "La definición de si a la persona le corresponde el rubro dependerá de la ejecución o no, de esas funciones, por lo cual, no se ha podido incurrir en la violación al principio de legalidad que acusa el recurrente."

    Considerando III

Full documentDocumento completo

Procedural marks

SECOND CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours fifty-eight minutes on the twenty-sixth of March, two thousand twenty-six.

Ordinary proceeding filed before the Labor Court of the First Judicial Circuit of San José, Second Section, by [Name 001], Border Agent II FP, identity card number [Value 001]; against the STATE, represented by its deputy attorney, licensed attorney Álvaro Pizarro Obando, married, lawyer, and resident of Curridabat. Licensed attorney Arthur Jiménez LaTouche, lawyer, divorced, and resident of San José, appears as special judicial representative of the plaintiff. All of legal age.

Drafted by Magistrate Varela Araya; and,

WHEREAS:

I.- BACKGROUND: Through his special judicial representative, the plaintiff argued in the complaint that he has worked for the Ministry of Public Security since May 16, 2011. He currently holds the position of Border Agent, which is a police position. He sued for payment of the salary component called “High-Risk Operations,” retroactively, from January 15, 2021, until the finality of the judgment and prospectively, on a monthly and permanent basis, together with interest and indexation (indexación) of the awarded amounts, the differences before the social security system, in the Christmas bonus (aguinaldo) and school salary (salario escolar) on the indicated dates, and the costs of the action. The State's representation answered in negative terms, in a filing visible at image 189 of the Court's virtual file; it raised the defense of lack of right, because the employer administration is limited by the binding directives of the Budgetary Authority (Autoridad Presupuestaria), and consequently by the respect for and observance of the principle of budget legality; as well as the defense of payment, for the period from the first half of July to the second half of September 2020. It argued that the bonus called High Risk applies to those officials whose competencies and functions are framed within articles 21 and 22 of Law No. 7410 –Ley General de Policía–, and who belong to the Civil Guard (Guardia Civil) or Rural Assistance (Asistencia Rural). That is, it is not recognized to all police servants since the creation agreement provided for its application to those officers in the budget codes (códigos presupuestarios) benefiting from the payment. The Labor Court of the First Judicial Circuit of San José, Second Section, by judgment number 2025-2013 at 9:29 a.m. on October 30, 2025, signed by Judge Bertha M. Jiménez Alvarado, dismissed the indicated defense and ordered the State to pay the plaintiff the “HIGH RISK” incentive, from January 17, 2021, as well as the adjustment for Christmas bonuses (aguinaldos), school salary (salario escolar), and the differences in the social security system: disability and death regime before the CCSS, labor capitalization fund (fondo de capitalización laboral), complementary pension system (sistema de pensión complementaria). As these amounts correspond to salary, the Administration must make the legally corresponding deductions; plus interest and indexation (indexación) of the sums left unpaid; salary differences of the employer-employee contributions (cuotas obrero patronales) and the costs of the action, set at 15% of the total judgment amount.

II.- CASSATION APPEAL FILED BY THE STATE: The State's representative disagrees with the issued judgment, for the following reasons: Firstly, it alleges violation of the principles of legality and budget legality. It cites the Constitutional Chamber’s ruling (voto) number 5500-2000 of 2:33 p.m. on July 5, 2000. It argues that the national budget approved by the competent entities must be granted and spent in the manner ordered in the approved norm, so only another law (by virtue of the principle of legal reservation) can modify the budget's destination. It adds that, by issuing the judgment ordering payment of the high-risk bonus, the exclusive competence that the Technical Secretariat of the Budgetary Authority (Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria) has as the governing body of Salary Policy in the Public Sector was disregarded, and consequently the binding nature of its pronouncements and provisions on salary matters for the Public Administration was ignored. It considers that the appealed ruling did not adequately assess the Public Administration's subjection to those principles of legality and budget legality, and violates the principle of legality because the ministry is subject to the directives on salary matters issued by the Technical Secretariat of the Budgetary Authority. It points out that Article 21 of the Law of the Financial Administration of the Republic and Public Budgets (Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos) number 8131 establishes the exclusive competence of the Budgetary Authority in salary matters, and having been set aside in the ruling, it puts its represented party in a difficult and risky situation, since no economic funds have been approved within its budget for the payment of such a salary bonus for officials who are appointed under a budget code that is not contemplated among the authorized codes to receive this incentive, according to what is established by the Technical Secretariat of the Budgetary Authority in official communication No. STAP-0683-2000.

As a second grievance, it protests the resolution based on the principle of equality because this is not absolute; equal treatment cannot be sought when the conditions or circumstances are unequal. In other words, there is a breach of equality when it is devoid of an objective and reasonable justification; so that this does not occur, its application demands that public servants find themselves in the same situation and have the possibility and capacity to be holders of the same obligations and rights that emanate from that state. The Minister of Public Security consulted the Technical Secretariat of the Budgetary Authority about the extension of this salary bonus (high risk) to other police corps, to which that Secretariat, by STAP-0069-2012 of January 16, 2012, rejected the extension of this legal extra pay (sobresueldo legal) to the entire police guild, indicating that this incentive was created based on the technical study that was provided in the request, with the purpose of rewarding those members of the public force (fuerza pública) of the Ministry of Public Security who participate in high-risk operations, such as raids (allanamientos), crisis situations, counter-terrorist actions, in which the official directly exposes their life and physical integrity. Consequently, the existence of an evident risk to the servant's physical integrity is the determining element for granting the salary bonus for “High-Risk Operations,” in accordance with the nature of the functions performed by the servant and the fulfillment of certain requirements, such that, without the fulfillment of the circumstances or conditions indicated by the regulations and/or the cited agreement, the recognition and payment of said benefit is suppressed or disappears. This evident risk exists in the Civil Guard (Guardia Civil) and the Rural Assistance Guard (Guardia de Asistencia Rural) (Articles 21 and 22 of the Ley General de Policía, No. 7410), as they are corps specially tasked with general surveillance and citizen security, besides being the riot police that must fulfill the call to directly participate in containing crisis situations, emergencies, or others that threaten national security, (…).

Thirdly, it alleges an improper assessment of evidence (indebida valoración de la prueba). It accuses that the contested judgment incurs an improper assessment of the evidentiary regime, in violation of Article 481 of the Labor Code, since there is no evidentiary element allowing to demonstrate that the plaintiff, in the class of Agent II and the position of Border Agent, performs tasks that, according to the Manual of Police Classes (Manual de Clases Policiales), imply entitlement to the high-risk incentive payment because they are high-danger functions. The Manual of Police Classes establishes the functions of the class and the position generically. There is no evidentiary element allowing to establish that the plaintiff actually participates in high-risk operations such as raids (allanamientos), crisis situations, counter-terrorist actions, protection of public figures or official visitors, as provided in resolution STAP-0683-2000. It adds that, to receive said incentive, in addition to the proper investiture and the exercise of police functions (subjective basis), it has been established that the functions to be performed demand a greater degree of danger or imminent risk to the official (objective basis) in addition to the risks already covered by the police risk incentive (incentivo de riesgo policial). It refers to this Chamber’s ruling number 2016-000131 where the granting of the component due to the functions actively performed by the officials who receive it is mentioned. Based on these arguments, it requests the dismissal of the complaint with costs awarded to the plaintiff.

III.- ANALYSIS OF THE SPECIFIC CASE: The plaintiff's fundamental claim is, as indicated in the first section of this resolution, the retroactive recognition of the bonus called High-Risk Operations, from January 15, 2021, and prospectively. The lower court judgment accepted that claim and ordered payment of the benefit starting from January 17, 2021, drawing on the jurisprudential precedents of this Chamber issued in cases similar to the plaintiff's, the resolutions of the Technical Secretariat of the Budgetary Authority where the incentive was created and others in which it has referred to its application, and, finally, weighing the functions envisioned for the position held by him as Agent II, Border Police (Policía de Fronteras). Therefore, the grievances raised by the State representative indicating an incorrect application of the principle of equality are not receivable, insofar as, as the appellant representative itself advises, the same Technical Secretariat has indicated that the salary component was provided due to the functions performed, with the purpose of rewarding those members of the public force (fuerza pública) of the Ministry of Public Security who participate in high-risk operations, such as raids (allanamientos), crisis situations, counter-terrorist actions, in which the official directly exposes their life and physical integrity. Consequently, the existence of an evident risk to the servant's physical integrity is the determining element for granting the salary bonus for “High-Risk Operations,” in accordance with the nature of the functions performed by the servant and the fulfillment of certain requirements, such that, without the fulfillment of the circumstances or conditions indicated by the regulations and/or the cited agreement, the recognition and payment of said benefit is suppressed or disappears. That is, the incentive is aimed at police officials who face similar situations, and the judgment described some of these, as envisioned by the Manual of Positions of the Public Force (Manual de Puestos de la Fuerza Pública) for the position of Agent II, Border Police, including: Monitor and guard land borders, including public buildings where customs and immigration activities are carried out during their operation. - Participate in own, joint, or combined operations for the systematic and permanent observation of the State's border space, from land, sea, or air, using visual, electronic, or other means, with the purpose of detecting, alerting, and preventing possible violations at the international boundary and carrying out police control in the area of responsibility and, therefore, combating the criminal phenomenon. - Carry out surveillance and protection actions in border zones in development of their mission or in coordination with other institutions in matters of humanitarian aid, stabilization in cases of natural or human-caused disasters. - Carry out national and international crime prevention actions in the border strips. - Execute strategic intelligence plans that guide the actions of the Border Police. - Execute actions that contribute to the integration and improvement of citizen security in the communities and populations of the country's border zones. Execute prevention and repression actions against smuggling, human trafficking, coyote services, illicit trafficking of drugs and prohibited substances, deforestation (deforestación), environmental contamination, slaughter of livestock and protected animals, endangered species, among others. - Collect information resulting from patrolling in border zones, to produce and supply timely and reliable police intelligence. - Verify and report on the maintenance and conservation of border milestones (hitos fronterizos), among others described…” which, in the opinion of the A quo judge, imply that greater risk that gave rise to the requested extra pay (sobresueldo), related to the protection of national sovereignty, territorial integrity, its surveillance, maintenance of public order, the security of inhabitants and their property; as well as crime prevention; therefore, she recognized the benefit from the plaintiff's appointment to that position. The judgment expressly asserted: … which clearly implies that risk greater than the police risk (riesgo policial) indicated by the Budgetary Authority as a requirement to earn the high police risk bonus (plus de alto riesgo policial), insofar as he exposes his life in crisis situations, raids, emergencies, or others that threaten national security, we see that the plaintiff executes ordinary and extraordinary preventive operations, with the purpose of preserving and restoring public order and citizen security.” The appeal criticizes that the plaintiff did not provide proof that he participates in high-risk operations as envisioned for granting the incentive; however, as indicated, the A quo judge considered it proven based on the functions described by the Manual of Police Positions, for the position of Agent II FP, Border Police, that the plaintiff's functions match those envisioned by Articles 21 and 22 of the Ley General de Policía, and this assertion is not rebutted by the defendant; that is, the appeal does not indicate reasons why that decision should be considered incorrect. The issue related to the application of the High Risk extra pay (sobresueldo) to police officials who perform functions contemplated in Articles 21 and 22 of the Ley General de Policía has been analyzed by this Chamber in multiple precedents in which it has been noted that those articles refer to the functions of the former Civil Guard (Guardia Civil) and Rural Assistance Guard (Guardia de Asistencia Rural), police corps that—it is public and notorious—have ceased to exist, but not so their functions, nor the granting of the incentive. The State representation has indicated that only police with functions described by the Budgetary Authority are entitled to receive the component, always referring to the functions contemplated in Articles 21 and 22 of the Ley General de Policía, so that the definition of whether the person is entitled to the component will depend on the performance or not of those functions. Therefore, the violation of the principle of legality alleged by the appellant could not have been incurred, because ultimately, the right is assigned to police officers who perform those functions, whereby, having determined that in the plaintiff's case, his position requires him to fulfill those activities, payment of the extra pay must be ordered, as it is a contradiction to state that the plaintiff does not fulfill the functions envisioned for his position in the respective Manual; which, if that were the case, should have been demonstrated by the defendant.

IV.- CONCLUSION: In the terms in which the appeal was filed, the defendant party has neither merit nor reason to agree to the nullity of the judgment sought, and the appeal must be denied.

THEREFORE

The appeal filed by the State is declared without merit.

Res: 2026001156 MALLON Julia Varela Araya Jorge Enrique Olaso Álvarez Roxana Chacón Artavia Ana Patricia Montero Morales Grace del Carmen Agüero Alvarado Digitally Signed Document -- Verification code -- *10VGKAQ9JBK61* 1 Telephones: 2295-3671, 2295-3676, 2295-3675 and 2295-4406. Facsimile: 2258-4165. Email: [email protected] It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 12:46:02.

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Sala Segunda de la Corte Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente  Corte Suprema de Justicia SALA SEGUNDA Res: 2026001156 SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cincuenta y ocho minutos del veintiseis de marzo de dos mil veintiseis .

Proceso ordinario establecido ante el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José, Sección Segunda, por [Nombre 001], agente II FP, cédula de identidad número [Valor 001]; contra el ESTADO, representado por su procurador adjunto el licenciado Álvaro Pizarro Obando, casado, abogado y vecino de Curridabat. Figura, como apoderado especial judicial de la parte actora el licenciado Arthur Jiménez LaTouche, abogado, divorciado y vecino de San José. Todos mayores.

Redacta la Magistrada Varela Araya; y,

CONSIDERANDO:

I.- ANTECEDENTES: Por medio de su apoderado especial judicial el actor argumentó en la demanda, que labora para el Ministerio de Seguridad Pública, desde el 16 de mayo de 2011. En la actualidad ostenta el cargo de Agente de Fronteras, que es un cargo policial. Demandó el pago del rubro salarial denominado “Operaciones de Alto Riesgo”, en forma retroactiva, desde el 15 de enero de 2021 hasta la firmeza de la sentencia y a futuro, de manera mensual y permanente, junto con los intereses y la indexación de los montos otorgados, las diferencias ante el sistema de seguridad social, en el aguinaldo y salario escolar en las fechas indicadas y las costas de la acción. La representación estatal contestó en términos negativos, en escrito visible a imagen 189 del expediente virtual del Juzgado; opuso la excepción de falta de derecho, por estar limitada la administración patronal a las directrices vinculantes de la Autoridad Presupuestaria, y consecuentemente al respeto y acatamiento del principio de legalidad presupuestaria; así como la de pago, por el periodo comprendido de la primera quincena de julio a la segunda quincena de setiembre de 2020. Argumentó que el plus denominado Alto Riesgo, se aplica a aquellos funcionarios cuyas competencias y funciones estén enmarcadas en los artículos 21 y 22 de la Ley No. 7410 –Ley General de Policía-, y pertenezcan a la Guardia Civil o Asistencia Rural. Es decir, no se reconoce a todos los servidores policiales toda vez que el acuerdo de creación dispuso su aplicación para aquellos oficiales en los códigos presupuestarios beneficiados con el pago. El Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José, Sección Segunda por sentencia número 2025-2013 de las 9:29 horas del 30 de octubre de 2025 suscrita por la jueza Bertha M. Jiménez Alvarado, rechazó la indicada defensa y condenó al Estado a cancelarle al actor el incentivo por “ALTO RIESGO”, desde 17 de enero de 2021, así como el reajuste por concepto de aguinaldos, salario escolar, y las diferencias en el sistema de seguridad social: régimen de invalidez y muerte ante la CCSS, fondo de capitalización laboral, sistema de pensión complementaria. Al ser montos correspondientes al salario, deberá la Administración realizarle los rebajos que por ley corresponda; más intereses e indexación de las sumas dejadas de cancelar; diferencias salariales de las cuotas obrero patronales y las costas de la acción, fijadas en un 15% del total de la condena.

II.- RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR EL ESTADO: El representante del Estado se muestra inconforme con la sentencia dictada, por los siguientes motivos: En primer lugar, alega violación de los principios de legalidad y legalidad presupuestaria. Cita el voto de Sala Constitucional número 5500-2000 de las 14:33 horas del 5 de julio de 2000. Alega que, el presupuesto nacional aprobado por los entes competentes deberá ser otorgado y gastado en la forma que se ordene en la norma aprobada, por lo que solo otra ley (en virtud del principio de reserva de ley) podrá modificar el destino del presupuesto. Agrega que, al dictar la sentencia ordenando el pago del plus por alto riesgo, se desconoció la competencia exclusiva que la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria tiene como ente rector de la Política Salarial en el Sector Público y consecuentemente el carácter vinculante de sus pronunciamientos y disposiciones en materia salarial para la Administración Pública. Estima que, el fallo recurrido no valoró adecuadamente el sometimiento de la Administración Pública a aquellos principios de legalidad y legalidad presupuestaria, y resulta violatorio del principio de legalidad por cuanto el ministerio se encuentra sometido a las directrices que en materia salarial dicte la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria. Señala que, el artículo 21 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos número 8131, establece la competencia exclusiva de la Autoridad Presupuestaria en materia de salarios, y al haberse dejado de lado en el fallo, pone en una situación difícil y riesgosa a su representado, pues presupuestariamente no se han aprobado fondos económicos dentro de su presupuesto para el pago de tal plus salarial para funcionarios que se encuentran nombrados en un código presupuestario que no se encuentra contemplado dentro de los códigos autorizados para percibir este incentivo de acuerdo lo establece la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria en el oficio N°STAP-0683-2000. Como segundo agravio protesta la solución conforme al principio de igualdad porque este no es de carácter absoluto, no puede pretenderse un trato igual cuando las condiciones o circunstancias son desiguales. En otras palabras, existe un quebranto de la igualdad cuando esta se encuentra desprovista de una justificación objetiva y razonable; de forma tal que para que esto no ocurra su aplicación demanda que los servidores públicos se encuentren en una misma situación y tengan la posibilidad y capacidad de ser titulares de las mismas obligaciones y derechos que dimanan de ese estado. El Ministro de Seguridad Pública consultó a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria la ampliación de este plus salarial (alto riesgo) a otros cuerpos policiales, a lo cual esa Secretaría, por STAP-0069-2012 del 16 de enero de 2012, rechazó la ampliación de este sobresueldo legal a todo el gremio policial señalando que ese incentivo se creó con base en el estudio técnico que se aportó en la solicitud, con el fin de retribuir a aquellos miembros de la fuerza pública del Ministerio de Seguridad Pública que participan en operaciones de alto riesgo, tales como allanamientos, situaciones de crisis, acciones antiterroristas, en las que el funcionario expone de manera directa, su vida e integridad física. Consecuentemente, la existencia de un evidente riesgo en la integridad física del servidor es el elemento determinante para otorgar el plus salarial por “Operaciones de Alto Riesgo”, de conformidad con la naturaleza de las funciones que realice el servidor y al cumplimiento de ciertos requisitos, de modo tal que, sin el cumplimiento de las circunstancias o condiciones que la normativa y/o el acuerdo citado señala, el reconocimiento y el pago de dicho beneficio se suprime o desaparece. Este riesgo evidente, existe en la Guardia Civil y la Guardia de Asistencia Rural (artículos 21 y 22 de la Ley General de Policía, N° 7410), al ser cuerpos especialmente encargados de la vigilancia general y la seguridad ciudadana, además de ser la policía de choque que debe cumplir con el llamado a participar directamente en la contención de situaciones de crisis, de emergencia u otros que atenten contra la seguridad nacional, (…). En tercer lugar, aduce una indebida valoración de la prueba. Acusa que la sentencia impugnada incurre en una indebida valoración del régimen probatorio, en violación del artículo 481 del Código de Trabajo, ya que no existe ningún elemento probatorio que permita demostrar que el actor, en la clase de Agente II y el cargo Agente de Fronteras, realice labores que, conforme al Manual de Clases Policiales, implique tener derecho al pago del incentivo de alto riesgo por ser funciones de alta peligrosidad. El Manual de Clases Policiales establece las funciones de la clase y del cargo en forma genérica. No existe algún elemento probatorio que permita establecer que efectivamente el actor participa en operaciones de alto riesgo como allanamientos, situaciones de crisis, acciones antiterroristas, protección de figuras públicas o visitantes oficiales, según lo dispuesto en la resolución STAP-0683-2000. Agrega que, para recibir dicho incentivo, además de la debida investidura y el ejercicio de funciones policiales (fundamento subjetivo), se ha establecido que las funciones a realizar exijan un mayor grado de peligrosidad o riesgo inminente al funcionario (fundamento objetivo) en adición a los riesgos que ya se encuentran cubiertos por el incentivo de riesgo policial. Refiere al voto de esta Sala número 2016-000131 donde se menciona el otorgamiento del rubro debido a las funciones que activamente ejercen los funcionarios que lo reciben. Con base en esos argumentos solicita la desestimación de la demanda con condena en costas al actor.

III.- ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO: La pretensión fundamental del actor es, según se indicó en el aparte primero de esta resolución, el reconocimiento retroactivo del plus denominado Operaciones de Alto Riesgo, desde el 15 de enero de 2021 y a futuro. La sentencia de instancia acogió esa pretensión y ordenó el pago del beneficio a partir del 17 de enero de 2021, haciendo acopio de los antecedentes jurisprudenciales de esta Sala dictados en casos semejantes a los del actor, de las resoluciones de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria donde se creó el incentivo y otras en las que se ha referido a su aplicación y, finalmente, ponderando las funciones previstas para el puesto ocupado por él como Agente II, Policía de Fronteras, por ello, los agravios que plantea el representante estatal señalando una incorrecta aplicación del principio de igualdad, no son de recibo en tanto, tal y como lo advierte la propia representación recurrente, la misma Secretaría Técnica ha señalado que el componente salarial fue previsto en razón de las funciones que se realiza, con el fin de retribuir a aquellos miembros de la fuerza pública del Ministerio de Seguridad Pública que participan en operaciones de alto riesgo, tales como allanamientos, situaciones de crisis, acciones antiterroristas, en las que el funcionario expone de manera directa, su vida e integridad física. Consecuentemente, la existencia de un evidente riesgo en la integridad física del servidor es el elemento determinante para otorgar el plus salarial por “Operaciones de Alto Riesgo”, de conformidad con la naturaleza de las funciones que realice el servidor y al cumplimiento de ciertos requisitos, de modo tal que, sin el cumplimiento de las circunstancias o condiciones que la normativa y/o el acuerdo citado señala, el reconocimiento y el pago de dicho beneficio se suprime o desaparece. Es decir, el incentivo está dirigido a funcionarios policiales que enfrentan semejantes situaciones y en el fallo se describió algunas de estas, previstas por el Manual de Puestos de la Fuerza Pública para el cargo de Agente II, Policía de Fronteras, dentro de ellas: Vigilar y resguardar las fronteras terrestres, incluidas las edificaciones públicas donde se realizan actividades aduanales y migratorias durante la operación de las mismas. - Participar en operativos propios, conjuntos o combinados para la observación sistemática y permanente del espacio fronterizo del Estado, desde tierra, mar o aire, utilizando medios visuales, electrónicos u otros, con el propósito de detectar, alertar e impedir posibles violaciones en el límite internacional y efectuar el control policial en el área de responsabilidad y, por ende, el combate al fenómeno criminal. - Realizar acciones de vigilancia y de protección a las zonas fronterizas en desarrollo de su misión o en coordinación con otras instituciones en materia de ayuda humanitaria, estabilización en casos de desastres naturales o provocados por el ser humano. - Realizar acciones de prevención de delitos nacionales e internacionales en las franjas fronterizas. - Ejecutar los planes de inteligencia estratégica que orientan el accionar de la Policía de Frontera. - Ejecutar acciones que coadyuven en los procesos de integración y mejora de la seguridad ciudadana de las comunidades y poblaciones de las zonas fronterizas del país. Ejecutar acciones de prevención y represión contra el contrabando, trata de personas, coyotaje, tráfico ilícito de drogas y sustancias prohibidas, deforestación, contaminación ambiental, destace de ganado y animales protegidos, especies en extinción, entre otros. - Recopilar información producto del patrullaje en las zonas fronterizas, para producir y suministrar inteligencia policial oportuna y confiable. - Verificar e informar sobre el mantenimiento y conservación de los hitos fronterizos", entre otras descritas…” las cuales, en criterio de la juzgadora A quo, implican ese mayor riesgo que dieron origen al sobresueldo peticionado, relacionadas con la protección a la soberanía nacional, la integridad territorial, su vigilancia, mantenimiento del orden público, la seguridad de los habitantes y sus bienes; así como la prevención del delito; por ello, reconoció el beneficio a partir del nombramiento del actor en ese cargo. De manera expresa, en el fallo se aseveró: … lo que claramente, implica ese riesgo mayor al riesgo policial que indica la Autoridad Presupuestaria como requisito para devengar el plus de alto riesgo policial, por cuanto expone su vida en situaciones de crisis, allanamientos, emergencia u otras que atenten contra la seguridad nacional, vemos que el actor ejecuta operativos preventivos ordinarios y extraordinarios, con la finalidad de conservar y restablecer el orden público y la seguridad ciudadana.” En el recurso se critica que el actor no aportó prueba de que participa en operaciones de alto riesgo de las previstas para la concesión del incentivo, sin embargo, como se indicó, la juzgadora A quo tuvo por demostrado con base en las funciones descritas por el Manual de Puestos Policiales, para el cargo de Agente II FP, Policía de Fronteras, que las funciones del actor concuerdan con las previstas por los artículos 21 y 22 de la Ley General de Policía y esta afirmación no es rebatida por el demandado, es decir, en el recurso no se indican razones por las cuales, esa decisión deba considerarse incorrecta. El tema relacionado con la aplicación del sobresueldo por Alto Riesgo a funcionarios policiales que realizan funciones de las contempladas en los artículos 21 y 22 de la Ley General de Policía ha sido analizado por esta Sala en múltiples antecedentes en los cuales se ha hecho ver que esos artículos hacen referencia a las funciones de las otrora Guardia Civil y Guardia de Asistencia Rural, cuerpos policiales que -es público y notorio- han dejado de existir, no así sus funciones, como tampoco, el otorgamiento del incentivo. La representación estatal ha señalado que solo los policías con funciones de las descritas por la Autoridad Presupuestaria son los que tienen derecho a la percepción del rubro, refiriendo siempre a las funciones contempladas en los artículos 21 y 22 de la Ley General de Policía, de manera que la definición de si a la persona le corresponde el rubro dependerá de la ejecución o no, de esas funciones, por lo cual, no se ha podido incurrir en la violación al principio de legalidad que acusa el recurrente, pues en definitiva, el derecho está asignado a los policías que desempeñan esas funciones, con lo cual, determinado que en el caso del actor, su puesto le exige el cumplimiento de esas actividades, debe ordenarse el pago del sobresueldo pues resulta un contrasentido señalar que el actor no cumple las funciones previstas para su puesto en el Manual respectivo; lo que, de ser así, debió ser demostrado por el demandado.

IV.- CONCLUSIÓN: En los términos en los que fue planteado el recurso, no asiste mérito ni razón a la parte demandada para acordar la nulidad del fallo que pretende, debiendo denegarse el recurso.

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso interpuesto por el Estado.

Res: 2026001156 MALLON Julia Varela Araya Jorge Enrique Olaso Álvarez Roxana Chacón Artavia Ana Patricia Montero Morales Grace del Carmen Agüero Alvarado Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador --  1

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    Concept anchorsAnclajes conceptuales

    • Ley General de Policía, Ley 7410 Art. 21
    • Ley General de Policía, Ley 7410 Art. 22
    • Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, Ley 8131 Art. 21

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