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Res. 01050-2026 Sala Segunda de la Corte · Sala Segunda de la Corte · 17/03/2026

Employment relationship between geologist and mining company — Geological regency and administrative functionsExistencia de relación laboral entre geólogo y mina — Regencia geológica y funciones administrativas

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OutcomeResultado

Partially grantedParcialmente con lugar

The Second Chamber declares the existence of an employment relationship, orders payment of labor benefits (notice, severance, vacation, year-end bonus, interest, and costs) and recognizes a 10% in-kind salary for vehicle use. Availability and back wages are denied.La Sala Segunda declara la existencia de una relación laboral entre las partes, condena al pago de prestaciones laborales (preaviso, cesantía, vacaciones, aguinaldo, intereses y costas) y reconoce un 10% de salario en especie por uso de vehículo. Rechaza disponibilidad y salarios caídos.

SummaryResumen

The Second Chamber of the Supreme Court examines whether the relationship between a geologist and Mina Orotex S.A. was an employment relationship or a professional services contract. The lower court had dismissed the claim, considering the plaintiff a liberal professional providing consultancy. The Second Chamber partially reverses and declares the existence of an employment relationship from June 16, 2014, to December 31, 2016. Applying the presumption of Article 18 of the Labor Code and the principle of the primacy of reality, it finds that the plaintiff performed functions beyond mere geological regency — including project coordination, hiring, administrative management, and employer representation — under the instructions of the general manager. It recognizes in-kind salary for the discretionary use of a vehicle (10% of salary) and orders payment of notice, severance pay, vacation, year-end bonus, interests, and costs. Claims for availability and back wages are rejected for lack of legal basis.La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia examina si el vínculo entre un geólogo y Mina Orotex S.A. fue de naturaleza laboral o de servicios profesionales. En primera instancia se había declarado sin lugar la demanda, considerando que el actor era un profesional liberal que prestaba consultoría. La Sala Segunda revoca parcialmente y declara la existencia de una relación laboral entre las partes desde el 16 de junio de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2016. Para ello, aplica la presunción del artículo 18 del Código de Trabajo y el principio de primacía de la realidad, analizando los elementos de prestación personal del servicio, remuneración periódica y subordinación jurídica. Encuentra que el actor realizó funciones que excedían la mera regencia geológica, como coordinación del proyecto, contratación de personal, gestión administrativa y representación patronal, bajo las instrucciones del gerente general. Reconoce salario en especie por el uso discrecional de un vehículo (10% del salario) y condena al pago de preaviso, cesantía, vacaciones, aguinaldo, intereses y costas. Rechaza las pretensiones de disponibilidad y salarios caídos por no acreditarse los supuestos legales.

Key excerptExtracto clave

As stated, in the labor process there are a series of principles in favor of the worker, who is normally the weaker party in the employment relationship, such as the redistribution of the burden of proof, among others. Before the entry into force of the Labor Procedural Reform (Law 9343, effective July 25, 2017), through case law it was repeatedly indicated that, in labor procedural law, the worker—who is usually the plaintiff—was substantially exempted from proving his claim; therefore, the burden of proof fell basically on the defendant. Thus, it has been understood that the claim enjoys a presumption of truthfulness, which must be rebutted by the defendant with its evidence (see, among others, ruling No. 310-1998). This criterion has been maintained to date, so much so that it served as the basis for the legislature, through said Law, to establish in Articles 477 and 478 of the reformed Labor Code the burdens of proof governing the matter. [...] To determine the type of relationship that existed between the parties, it is necessary to refer to the provisions of Articles 2, 4 and 18 of the Labor Code, particularly the latter. [...] Among them, it must be mentioned that it is possible to identify that the company provided the plaintiff with work tools such as: a. company credit card [...]; b. All-terrain vehicle for discretionary use [...]; and c. Coverage of travel expenses for food and lodging [...]. Furthermore, from the employment relationship between the parties, the presence of the elements of the employment relationship in the specific case is evident. [...] This Chamber does not share the analysis and conclusion that the lower court made regarding the personal provision of service. That concept, as a requirement to prove the existence of an employment relationship, implies that the worker must perform the tasks and effort himself, personally and non-transferably, not through an intermediary or third party, so he must make his own work capacity available to the employer.Como se dijo, en el proceso laboral existen una serie de principios a favor de la persona trabajadora, que es normalmente la parte débil de la relación laboral, como lo es el de redistribución de la carga probatoria, entre otros. Con anterioridad a la entrada en vigor de la Reforma Procesal Laboral (Ley 9343, que rige a partir del 25 de julio de 2017), vía jurisprudencia, en reiteradas ocasiones se indicó que, en el derecho procesal laboral, la persona trabajadora -que es usualmente quien demanda- se veía exonerada en lo sustancial de probar su dicho; por lo que la carga probatoria recaía en lo básico sobre la parte accionada. Por ello, se ha entendido que la demanda goza de una presunción de veracidad, que debe ser desvirtuada por la parte demandada con su prueba (al respecto, entre otros, puede consultarse el voto N.°310-1998). Dicho criterio se ha mantenido hasta la actualidad, tan es así que sirvió de base para que el legislador, por medio de dicha Ley, estableciera en los artículos 477 y 478 del Código de Trabajo reformado las cargas probatorias que rigen la materia. [...] Para determinar el tipo de relación que se dio entre las partes, es necesario remitirse a lo dispuesto en los artículos 2, 4 y 18 del Código de Trabajo, particularmente en este último. [...] De ellos, se debe mencionar que es posible identificar que la empresa le entregó al actor herramientas de trabajo como: a. tarjeta de crédito empresarial [...]; b. Vehículo todo terreno de uso discrecional [...]; y c. Cobertura de viáticos por alimentación y hospedaje [...]. Además, de la relación laboral entre las partes se desprende la presencia de los elementos de la relación laboral en el caso concreto. [...] Esta Sala no comparte el análisis y la conclusión que, en relación con la prestación personal de servicio, realiza la a quo. Dicho concepto, como requisito para comprobar la existencia de una relación laboral, implica que el trabajador debe realizar las tareas y el esfuerzo por sí mismo, de manera personal e intransferible, no por interpuesta o tercera persona, por lo que debe poner a disposición, del empleador, su propia capacidad de trabajo.

Pull quotesCitas destacadas

  • "La subordinación, se ha dicho en la doctrina y la jurisprudencia, es el elemento fundamental para definir si se está en presencia de una relación de índole laboral."

    "Subordination, as stated in doctrine and case law, is the fundamental element to determine whether an employment relationship exists."

    Considerando IV

  • "La subordinación, se ha dicho en la doctrina y la jurisprudencia, es el elemento fundamental para definir si se está en presencia de una relación de índole laboral."

    Considerando IV

  • "En materia laboral se da especial relevancia a las condiciones reales en las que se desarrolla el vínculo, en contraposición a aquellos acuerdos que consten en el material probatorio documental. Este principio se denomina el 'contrato-realidad'."

    "In labor matters, special relevance is given to the real conditions in which the relationship develops, as opposed to agreements contained in documentary evidence. This principle is called the 'reality-contract'."

    Considerando IV

  • "En materia laboral se da especial relevancia a las condiciones reales en las que se desarrolla el vínculo, en contraposición a aquellos acuerdos que consten en el material probatorio documental. Este principio se denomina el 'contrato-realidad'."

    Considerando IV

  • "No cabe duda de que el vehículo significa una ventaja salarial para el actor, que debe ser cuantificada como parte de su salario."

    "There is no doubt that the vehicle represents a salary advantage for the plaintiff, which must be quantified as part of his salary."

    Considerando V

  • "No cabe duda de que el vehículo significa una ventaja salarial para el actor, que debe ser cuantificada como parte de su salario."

    Considerando V

Full documentDocumento completo

**CONSIDERING:** **I.- BACKGROUND:** In the initial pleading, the plaintiff stated that, in 2003, he was hired by the company Ganadera Los Maizoles S.A., which changed its corporate name to Mina Orotex SR S.A., as the person in charge of the geological-mining aspects of Mina Chassoul. He added that, as of June 14, 2014, he was hired by the same company as coordinator of said project. He stated that the relationship was established at Mina Chassoul, located in San Ramón de Alajuela, but due to the nature of his services, he had to travel to different parts of the country. He added that Mina Chassoul is a gold concession granted, in favor of the defendant, by the Dirección de Geología y Minas. He revealed that the work schedule was variable due to the requirements that arose at the workplace or according to the needs of the company. He submitted that, due to the nature of his duties, and the demands of the company, he had to be available twenty-four hours a day, seven days a week, and remain on call and reachable. He pointed out that he had to attend, late at night or even at dawn, the drilling programs for the drilling of exploration wells. He associated with the foregoing that he was assigned availability to work on holidays, for which the contract established a remuneration of $320.00 USD for each of those days worked. He showed that, during the time he provided services as the person in charge of the geological-mining aspects, he received a monthly remuneration of $4,000.00 USD and that said sum was modified on several occasions: as of June 2014, the agreed remuneration was $7,000.00 USD per month, in 2015 it was reduced to $5,000.00 USD, and for the year 2016 it was reduced to $4,500.00 USD, an amount that was maintained until the conclusion of the employment relationship. He mentioned that the company required him to submit stamped invoices for each of the payments he received. He asserted that the company, in addition to the remuneration received, granted him a vehicle for discretionary use (which was returned at the time of the termination of the employment relationship), as well as payment for fuel, registration fees, insurance, repairs, and any other associated expense. He stated that the company recognized and reimbursed expenses for food and lodging, paid a workers' compensation insurance policy, and gave him two corporate credit cards for expenses related to the provision of services, mine expenses, and other authorized expenses. He exhibited that he had one rotating weekly rest day. He indicated that his duties, as the person in charge of the geological aspects of the mine, consisted of coordinating, supervising, recommending, and executing mining geology works. He also argued that he was in charge of preparing annual work reports for the Dirección de Geología y Minas, reports on the environmental regency (regencia ambiental), a report of technical justifications to extend exploitation deadlines and justify the suspension of production work, and work reports and recommendations for the company. He explained that, when he assumed his role as mine coordinator in June 2014, his contractual duties were to be: the geological regent (regencia geológica), the environmental officer, and the coordinator of the exploration project. He incorporated that his duties extended to attending various mandatory meetings with suppliers, the legal department, and workers; managing and coordinating immigration procedures for workers; coordinating with the legal department; following up on matters related to traffic collision processes involving the company's vehicles; acting as the employer's representative to clarify employees' doubts on labor matters; reporting work accidents; obtaining quotes for remodeling works required at the offices; coordinating, negotiating, and signing contracts and lease termination settlements for real estate; coordinating matters related to the private security of the mine; defining duties of certain personnel; ensuring the proper use of the company's vehicles; participating in meetings with accountants; coordinating and managing employee schedules; preparing employee payroll reports; coordinating the payment of public utility services for properties leased by the company; and, managing and coordinating the export of rock samples for chemical analysis. In relation to his duties, he indicated that he had to coordinate them directly with the company's manager, Mr. Jorge Obando, with the legal and mining coordinator of Bufete Nassar, with Lic. Carlos Báez, and with the owners, who indicated to him when and where to perform them. In his view, these coordinations were defined through directives, which included everything from whom to copy on an email, what he could consult the legal department about, the places where he had to perform his work, the logistics of drilling operations, work schedules, and any other situation related to the services provided. He incorporated that the defendant's treatment of the plaintiff, regarding social and recreational activities, was the same as its treatment of the other employees. He stated that the company demanded exclusive dedication in the provision of services, except for two existing clients, whom he attended to prior to the relationship. He referred that the company assigned him an office within the facilities, and he had two assistants under his charge, who were company employees whom he could choose and request their hiring, as they were under his direction and collaborated in all his duties. He pointed out that, in 2016, he received a bonus of $10,000.00 USD for his good performance, which was handled in the accounting as professional services. He specified that the nexus with the company ended unilaterally on December 31, 2016, and he did not receive any sum for severance pay. In addition, he detailed that he did not receive a Christmas bonus (aguinaldo), insurance, or vacation pay. He requested that the existence of the employment relationship between the parties be declared and that 50% of the salary be recognized for having received salary in kind (salario en especie), which included expenses for food, lodging, the vehicle and its maintenance, insurance, and fuel. In addition, he requested that the defendant be ordered to recognize 25% of all remunerations received for being on-call (disponibilidad). He also sought payment of vacation pay, Christmas bonuses (aguinaldos), severance pay (auxilio de cesantía), notice period pay (preaviso), back wages (salarios caídos), 3% of the remunerations received for the Labor Capitalization Fund (Fondo de Capitalización Laboral), worker-employer contributions, indexation, interest, costs, and legal interest on costs (images 87-98 of the virtual case file). The defendant, through its general judicial representative, answered the complaint negatively and raised the defenses of lack of right, lack of active and passive standing, and lack of present interest. It sought the dismissal of the complaint as improper, since the relationship with the plaintiff was a professional services relationship, which is outside the claim for labor-related items. It also claimed the payment of costs, interest, and indexation (images 718-743 of the virtual case file). Judge Melissa Chaves Agüero of the Labor Court of the First Judicial Circuit of San José, through judgment number 2021-1735 issued at 8:09 p.m. on September 8, 2021, dismissed the complaint and resolved the proceeding without a special ruling on costs (images 1668-1687 of the virtual case file).

**II.- GRIEVANCES:** The special judicial representative of the plaintiff criticizes the improper reasoning of the judgment and the lack of basis in the assessment of the evidence regarding the failure to determine the existence of an employment relationship between the defendant company and the claimant. He points out that the lower court judge defined the employment relationship as one limited to keeping the logbook, providing advice, attending meetings, and traveling when necessary. He adds that the judge considers that the defendant and the plaintiff had a consulting relationship, and therefore, based on that experience, it was logical that he would refer people, materials, or techniques to the company for the manager's subsequent decision. He indicates that the judge considered the plaintiff to be a liberal professional, who maintained a contract with the company and with others. He criticizes that these circumstances were considered proven based on the testimony of the geologists, who know the reality of his duties and consulted with the plaintiff. He reproaches the conclusion that there was no subordination (subordinación) between the parties, despite not having a fixed schedule, not being required to report every day, and having a vehicle and credit cards at his disposal, as this could only be agreed upon in a professional services contract. He notes that, when analyzing the existence of an employment relationship, the court omits a comprehensive analysis of whether elements such as alienation (ajenidad), the possibility of orders or control, the worker's integration into the company's organization, the performance of duties in an accepted area, the continuity of the work, availability, the supply of tools, the periodicity of the remuneration, the making of payments in kind, and the recognition of typically labor rights, among others, were met. Regarding the testimonial evidence, he assesses that greater credibility was given to the testimony of the geologists, which prevents a coherent and consistent analysis; instead, a lax, superficial analysis was given, as they contrast with the documentary evidence provided with the complaint. He recounts the absence of an analysis of the documentary evidence, which is fundamental to demonstrate the performance of administrative functions incompatible with the provision of a professional service; rather, they are the result of the exercise of an employer's power of direction. He also argues disagreement with the judgment for having reached three conclusions: that the relationship between the parties was for professional services, that the plaintiff was a simple consultant for the company, and that the claimant failed to prove the employment relationship with legal and suitable evidence. He requests that the judgment be declared null and void for lacking sufficient reasoning or, alternatively, that the judgment be reversed and the existence of an employment relationship between the claimant and the defendant be declared, and that all the material claims of the complaint be granted.

**III.- PROCEDURAL GRIEVANCES:** The claimant criticizes the improper reasoning of the judgment and the lack of basis in the assessment of the evidence by having considered the non-existence of the employment relationship and defining the relationship as a consulting arrangement. He criticizes that it was considered proven that he was a liberal professional, only because of the existence of two contracts with other companies besides the defendant. He censures that the judgment was based on the testimony of the witnesses and did not perform a comprehensive assessment of the documentary evidence to determine if the elements that make up the employment relationship were met. The grievances are not admissible. The duty to provide reasons for judicial decisions constitutes an obligation inherent to the fundamental rights of due process and the defense of the parties. The materialization of the reasons that the judge considered when adopting one decision or another allows the parties to exercise control over what was decided through the procedural mechanisms designed for that purpose. "The reasoning of the judgment is the intellectual work of the judge used to justify the decision adopted with respect to the matter submitted for their consideration. For this, the legal operator must record the factual and legal reasons that serve to support their criterion, otherwise the decision would be arbitrary. The foregoing is not a mere formality requirement of the judgment, but a requirement derived from the principle of due process, since, through the reasoning of the judgment, both plaintiff and defendant will be able to make use of the ordinary remedies granted to them by law, in order to exercise control over the jurisdictional power" (Second Chamber, judgment 181 of 9:45 a.m. on February 5, 2010). Hence, Articles 421 and 560 of the Labor Code expressly establish the obligation to provide reasoned decisions. The latter stipulates that in the considering section of the judgment, they shall indicate "...the means of evidence on which the conclusion is based and the reasons that support it and the assessment criteria used, for which purpose a record must be made of the analysis of the different evidentiary elements presented, through a detailed and exhaustive explanation of each one of them... the factual, legal, doctrinal, and jurisprudential reasons shall be given, the appropriateness or inappropriateness of the propositions shall be sufficiently established (...) It is essential to cite the legal norms that serve as the basis for the conclusions on the appropriateness or inappropriateness of the claims or defenses proposed." In the opinion of this Chamber, the challenged judgment does not incur the criticized defect because it established what, in the judge's opinion, were relevant to adopt the decision taken. Furthermore, it supported the decision on the existing evidentiary elements, which in her opinion justify the judgment. The argumentative presentation is clear, without exhibiting contradictions, whereby it can be determined what the factual and legal reasons are that form the basis of the decision. For this Chamber, the claimant mixes two criticisms, one of a procedural nature with effects on the validity of the act (lack of reasoning) and another procedural one with effects on the substantive part of the judgment (pretermission or improper assessment of evidence). These grievances are mutually exclusive, apart from the fact that only the first can be addressed through the formal remedy introduced by Article 587 of the Labor Code; while the second is provided for in the legislation as a ground for appeal on the merits (Article 588). Upon review of the appealed judgment, for the reasons stated, the grievance must be rejected.

**IV.- ON THE EMPLOYMENT RELATIONSHIP:** The issue under discussion in this proceeding is the existence or not of a relationship of a labor nature between the parties. The labor nature of a legal relationship can be established through the identification of certain elements that characterize this type of relationship. In accordance with Article 18 of the Labor Code, an employment contract is one in which, regardless of the denomination given to it, a person undertakes, in favor of another or others, to provide their services or execute a work, under their permanent dependence and immediate or delegated direction, in exchange for remuneration of any kind or form. Said article also establishes a relative legal presumption—which doctrinally admits evidence to the contrary, since it is only iuris tantum—regarding the existence of an employment relationship between the individual who provides their services and the one who receives them. Said article establishes: "An individual employment contract, whatever its denomination may be, is any contract in which a person undertakes to provide services to another or to execute a work for them, under the permanent dependence and immediate or delegated direction of the latter, and for remuneration of any kind or form. The existence of this contract is presumed between the worker who provides their services and the person who receives them." This presumption admits evidence to the contrary, so it is sufficient for the plaintiff to demonstrate the personal provision of the service, the basic foundation of the employment relationship, for the judge to presume the existence of the employment contract, unless the defendant demonstrates, in a reliable manner, a different nature of the relationship. The spirit of the cited rule rests on achieving the effective protection of the labor rights of the working class. What is presented must be related to the remuneration which, in accordance with Article 164 of the Labor Code, can be paid per unit of time, by piecework, by task or on a piece-rate basis, and in money, in money and in kind, or by participation in the profits, sales, or collections made by the employer. In order to identify the existence of an employment relationship, three elements have been identified that help clarify and define, from a legal standpoint, the character or nature of a working relationship, which are: the personal provision of the service, the remuneration, and legal subordination (subordinación) to the employer. The latter, as has been stated in doctrine and jurisprudence, is the fundamental element for defining whether one is in the presence of a labor-related relationship. It is contained in Article 71 subsection a) of the Labor Code, by stating that the worker must work under the direction of the employer or their representative. It is understood as the power of the employer to give orders to the worker and discipline their faults, as well as to direct the tasks entrusted to them. It involves a limit on the autonomy of the worker, due to the employer's power to give orders in relation to the work to be performed, which the employee must obey. Furthermore, it implicitly entails a series of powers that the employer may exercise, such as supervision, direction, and disciplinary power (on this point, see the votes of this Chamber: 390-02 of 10:20 a.m. on August 7, 2002, and 1137-2010 of 10:05 a.m. on August 12, 2010). In doctrine, Cabanellas de Torres points out that: "Among the various forms that subordination can take, the power of the employer to direct the work performance towards a better and greater production, when the work is materialized, or to achieve a better provision of services, in which intellectual activity predominates, acquires essential status." (CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Compendio de Derecho Laboral. Volume I, Buenos Aires, Editorial Heliasta, 2001, p. 409). This same author points out, within the employer's directive powers: "The various powers that the employer exercises as a consequence of the employment contract and the subordinate situation in which it places the worker are grouped as follows: a) command and direction; b) organization; c) supervision; d) discipline. Such powers are a consequence of certain contractual obligations assumed by the worker: a) obligation of diligence; b) obligation of obedience; c) obligation of fidelity." (CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Compendio de Derecho Laboral. Volume I, Buenos Aires, Editorial Heliasta, 2001, p. 418). It should not be lost sight of that there are other types of legal relationships where, despite the presence of one or several elements, such as the provision of services or the execution of works and remuneration, they configure "grey areas," since it is not so easy to determine whether we are faced with an employment relationship or one of another type. Faced with such obscurities, when analyzing matters like the present one, it is necessary to take into account the principle of the primacy of reality (principio de primacía de la realidad), implicit in Article 18 of the Labor Code, because in labor matters, special relevance is given to the real conditions in which the relationship develops, as opposed to those agreements that may be contained in the documentary evidentiary material. This principle is called the "reality-contract" (contrato-realidad), which specifically encompasses that work relationships are defined based on real practical circumstances, not necessarily by what may have been agreed between the parties. That is, greater importance must be given to what occurs in practice, even when the parties have agreed, and it can be confirmed from the documents, something different. Likewise, it is necessary to cite Recommendation No. 198 of 2006 issued by the International Labour Organization. It emphasizes the need to establish a national policy for the protection of employment relationships and to establish legal presumptions in favor of the weaker party in these transactions, to determine some indicative parameters that make it possible to discover the nature of the relationship being discussed in a proceeding. In the applicable part, these recommendations indicated that the existence of an employment relationship should be determined: "(...) 9. (...) primarily according to the facts relating to the performance of work and the remuneration of the worker, notwithstanding the manner in which the relationship is characterized in any contrary arrangement, whether contractual or otherwise, agreed upon by the parties. (...). 11. In order to facilitate the determination of the existence of an employment relationship, Members should consider, within the framework of the national policy referred to in this Recommendation, the possibility of: (...); b) establishing a legal presumption that an employment relationship exists where one or more relevant indicators are present, (...). 12. For the purposes of the national policy referred to in this Recommendation, Members may consider the possibility of clearly defining the conditions applied for determining the existence of an employment relationship, for example, subordination or dependence. 13. Members should consider the possibility of defining in their legislation, or by other means, specific indicators of the existence of an employment relationship. Those indicators might include: a) the fact that the work: is carried out according to the instructions and under the control of another person; involves the integration of the worker in the organization of the enterprise; is performed solely or mainly for the benefit of another person; must be carried out personally by the worker; is carried out within specific working hours or at a workplace specified or agreed by the person requesting the work; is of a particular duration and has a certain continuity, or requires the worker's availability; involves the provision of tools, materials and machinery by the person requesting the work; and b) the fact that: periodic payment is made to the worker; such remuneration constitutes the worker's sole or principal source of income; provision of payment in kind, such as food, lodging, or transport; recognition of entitlements such as weekly rest and annual holidays; payment by the person requesting the work for travel that the worker has to undertake in order to carry out the work; the fact that the worker has no financial risk (...)" (The highlighting is not from the original). A whole jurisprudential framework has also been created, and this Chamber has repeatedly applied the cited presumption and the theory of the reality contract (principle of the primacy of reality), enhancing the force of facts over the forms or denominations that the employer may have given to the contract, to determine whether or not one is before an employment contract. Now, the lower court judgment determined the non-existence of an employment relationship between the parties, in what is of interest, it was ordered: "Having set out all the points, the undersigned reaches the following conclusions together with the documentary evidence taken in the proven facts and all the testimonial evidence, to which the undersigned gives credibility since all of them narrate the facts just as they happened, it is not noticeable that they have been complacent with any of the parties, but rather due to the type of relationship that existed between Mr. Miguel and the defendant, they explained in a broad manner what they saw and what was evident to them: Mr. Miguel signed a contract for professional services starting in June 2014, with the company Mina Orotex, and prior to that date he had already provided his consulting services. The company made the decision to hire his services since he was a recommendation and as they were going through a transition due to the trust and takeover of the Mine, everything was about to begin, thus, given Mr. Miguel's experience, the company Mina Orotex, in compliance with the Mining Code, hired him as Geology Regent to be in charge of the Mine, keeping logbooks and giving reports to the representatives of the companies involved. From the testimonies and the documentary evidence of the contract for professional services, logbooks, and receipts for professional service payments, it is understood that the plaintiff was a liberal professional, that is, that he had this contract and others according to his supply and demand, as demonstrated in the contract and in the testimonies received. What the plaintiff basically had to do was keep the logbook as required by the Mining Code, provide advice, attend meetings, and travel whenever necessary, such as when drilling operations were taking place, which he would visit once a week. Hence, it is clear that the company gradually formed with the collaboration of another junior geologist and two others who were under her charge, the foreman who kept control of the miners, and a general manager who was also a geologist, therefore, the role of the environmental regent and geology regent in mining was primarily consultative, and thus it was logical that with Mr. Miguel's experience he would refer people, materials, or techniques to the company and the manager would ultimately make the decision. As I indicated above, all this is clear from the statements of the parties, the undersigned gives greater credibility to the testimony of the geologists since they were the ones who were always at the site, complied with a schedule, were the ones who called Mr. Miguel whenever they had to make a query to him, and know about the scope of his duties. And I do not take as true the plaintiff's assessments in the complaint, since the role of manager and decision-making that he tried to demonstrate in his thesis and the documentary evidence of emails is not proven, said emails do not suggest to the undersigned that the plaintiff had the control of the Mine in his hands and that its representatives had him under immediate subjection." (sic). The reasoning of the lower court judge is not shared by this Chamber. As has been stated, in labor proceedings there are a series of principles in favor of the worker, who is normally the weaker party in the employment relationship, such as the redistribution of the burden of proof, among others. Prior to the entry into force of the Labor Procedural Reform (Ley 9343, which governs as of July 25, 2017), via jurisprudence, it was repeatedly indicated that, in labor procedural law, the worker—who is usually the one filing the complaint—was exempted in substance from proving their claim; therefore, the burden of proof rested basically on the defendant. For this reason, it has been understood that the complaint enjoys a presumption of truthfulness, which must be rebutted by the defendant with its evidence (on this, among others, see vote No. 310-1998). This criterion has been maintained to the present day, so much so that it served as the basis for the legislator, through said Law, to establish in Articles 477 and 478 of the reformed Labor Code the burdens of proof that govern the matter. Article 477 provides that "(...) the burden of proof for disputed, constitutive, and impeditious facts corresponds to whoever invokes them in their favor. /The concept of burden must be understood as the obligation of the party to offer, bring forward, or present the evidence at the appropriate procedural moment." The following Article 478 establishes the burdens of proof for each of the parties; and, in this sense, it indicates that the worker is responsible for proving the personal provision of services and the employer is responsible for proving the impeditious facts it invokes and those regarding which it has the obligation to document or record, among them: "3.- The position or job held and the nature or characteristics of the work performed." That is to say, it has long been held that it is the duty of the employer to prove, among other aspects, the position and the nature of the work performed, as well as any other factual situation whose evidentiary source is more easily accessible to the employer than to the worker. Precept 481 of the Labor Code (Código de Trabajo) states: "The evidence shall be evaluated respecting the result of the adversarial process, with logical criteria, experience, science, correct human understanding, and human or legal presumptions. The factual, legal, and equitable grounds for the conclusions and the reasons why greater or lesser weight has been given to some evidence over others must be expressed. Although the assessment must be carried out harmoniously considering the body of evidence as a whole, it is prohibited to make a general reference to the latter as the sole basis for a conclusion, without making concrete mention of the particular elements and legal principles that serve as support." To determine the type of relationship that existed between the parties, it is necessary to refer to the provisions of Articles 2, 4, and 18 of the Labor Code, particularly the latter. Likewise, Article 24 of said regulatory body establishes the elements of a written employment contract; "(...) a. The full names, nationality, age, sex, marital status, and domicile of the contracting parties; b. Their identity card numbers, if they are required to carry them; c. The precise designation of the worker's residence when contracted to provide services or execute a work in a place different from their habitual one; d. The duration of the contract or the expression that it is for an indefinite term, for a specific work, or for a lump sum; e. The working day hours and the times at which work must be provided; f. The salary, wage, daily wage, or share to be received by the worker; whether it is to be calculated per unit of time, per unit of work, or in some other manner, and the form, period, and place of payment. In contracts stipulating that the salary will be paid per unit of work, in addition to specifying the nature of the work, the quantity and quality of material, the condition of the tools and implements that the employer, as applicable, provides to execute the work, and the time for which they will be made available to the worker, must be recorded, as well as the corresponding remuneration, without the employer being able to demand any amount from the worker for the natural wear and tear suffered by the tool as a consequence of the work; g. The place or places where the service is to be provided or the work executed; h. The other stipulations agreed upon by the parties; i. The place and date of execution of the contract, and j. The signatures of the contracting parties, with the understanding that two witnesses may validly substitute for the signature of the person who does not know how to or cannot sign (...)" (Emphasis added). From these, it should be mentioned that it is possible to identify that the company provided the plaintiff with work tools such as: a. a corporate credit card for purchasing work tools, supplies and office furniture, renting machinery, paying employees and for fuel, purchasing food products for employees during the first months of the mine's operation, among others (testimony of [Name 004] from 33:48 to 35:50; [Name 005] from 1:49:04 to 1:51:00; Orlando Orozco from 2:45:06 to 2:46:10; and, [Name 003] from 3:38:24 to 3:40:10, 3:47:59 to 3:49:00, 3:56:00 to 3:57:00); b. An all-terrain vehicle for discretionary use that facilitated access to the mine and communication between the operations center and the mine; as well as the purchase of materials and other tasks (images 83 to 86 of the virtual case file and testimonies of [Name 004] from 38:00 to 39:34; [Name 002] from 1:17:47 to 1:18:52; [Name 006] from 3:23:52 to 3:24:26; [Name 007] from 3:42:37 to 3:43:13; and, [Name 008] from 4:07:17 to 4:07:41, of the audio of the hearing) and c. Coverage of per diem expenses for meals and lodging (Images 32 and 76 and testimonies of [Name 002] at 1:18:55 and [Name 003] from 3:42:10 to 3:42:31 of the hearing). Furthermore, the employment relationship between the parties reveals the presence of the elements of an employment relationship in this specific case. Regarding the personal provision of the service, the lower court judge considered that: "(...) for an employment relationship to exist, certain requirements must be met, in principle the personal provision of the service and remuneration; here it could be said that the plaintiff provided his services personally and received payment for his services, however it is clear, from the plaintiff's own statements in his claim, that he did not have a fixed schedule, he was not obliged to show up every day, and although he had a vehicle and credit cards at his disposal, this in itself did not imply that an employment relationship existed between the parties, as this could perfectly well have been agreed upon in a professional services contract. That said, the personal provision of services as such does not exist, since the plaintiff could perform his duties away from the Mine and went there only when necessary (...)". This Chamber does not share the analysis and conclusion made by the lower court regarding the personal provision of service. Said concept, as a requirement to prove the existence of an employment relationship, implies that the worker must perform the tasks and the effort himself, in a personal and non-transferable manner, not through an intermediary or third party, and therefore must place his own capacity to work at the employer's disposal. The lower court judge's statement, insofar as it dismisses its existence because the plaintiff could perform his duties away from the mine without his periodic attendance being necessary, is not sufficient to discredit the performance of duties, in addition to there being no evidence that these duties were transferred to or carried out by a third party. The lower court's criterion relies on an analysis of physical presence, not on an analysis of the functions and their personal execution, regarding which there is no doubt. The first employment contract (images 100 to 110 of the virtual case file) established the plaintiff's duties as: "(...) a) Geological Regent (Regencia Geológica) of the Chassoul Mine, which is documented by means of a Geological Regent Contract signed between the Parties, dated October 23, 2013, and already registered with the Directorate of Geology and Mines (Dirección de Geología y Minas). b) Environmental Manager of the Chassoul Mine, which will be documented by means of a specific contract to be signed between the parties and will be submitted for registration before SETENA as soon as the resignation of the previous environmental manager is processed in accordance with the established procedures. c) Coordination of the Exploration Project that Ganadera will implement starting in June 2014. In this regard, the Geologist will be responsible for the correct implementation and results of the Exploration Project, with his responsibilities being broken down in Annex A of the Contract (...) ANNEX A (...) a) hire and exercise direction over the personnel who will work on the Exploration Project as direct employees of Ganadera. b) Obtain quotes and hire equipment and materials for the Exploration Project. c) Coordinate preparation, programming, implementation, and fulfillment of the stages of the Exploration Project. d) Maintain direct and constant communication with the directors and owners of Ganadera regarding the Exploration Project and its progress. e) Be the operational representative of the Chassoul Mine before any government entity with which interaction is necessary. f) Prepare reports on the progress and results (partial and final) of the Exploration Project, to be presented both to Ganadera and to the government offices where necessary. g) Prepare all information and communications to be presented to local authorities, whether formally required by them, or at Ganadera's initiative, as justified for the proper follow-up of the obligations that Ganadera, as concessionaire, must fulfill. h) Closely follow up on and promptly respond to information requests made by Ganadera and/or its advisors, regarding the progress of the Program and any other related matter. i) Warn about illicit conduct and/or contractual and extra-contractual liabilities observed in the exercise of his duties, by contractors, consultants, and/or third parties related to the operations of the Chassoul Mine. Supervise in the field all activities related to the Exploration Stage." In the other contract, which is in the case file (images 112 to 118), a modification to several clauses is shown, and regarding the work, it details: "(...) The parties agree that OROTEX contracts the professional services of the Geologist strictly regarding the duties described in subsection a), which correspond to the Geological Regent function of the Chassoul Mine, which is documented by means of a Geological Regent Contract signed between the Parties, dated October 23, 2013, and already registered with the Directorate of Geology and Mines. Among the duties assigned to the GEOLOGIST, in addition to those provided by mining regulations and the College of Geologists of Costa Rica (Colegio de Geólogos de Costa Rica), the following corresponds, rendering void the breakdown of the Geologist's activities as Coordinator of the Exploration Project indicated in Annex A of the Professional Services Contract: (i) Visit the Project at least twice a month. (ii) Keep the geological logbook up to date. (iii) Generate monthly reports for OROTEX that include technical information linked to the site's geology and the concession area according to OROTEX's requirements. (iv) Manage the necessary permits and execute the steps to export samples out of the country for their corresponding analyses. (v) Attend meetings at OROTEX's request, to be held at the Chassoul Mine, Piedades Sur, or in the Greater Metropolitan Area, related to his work. (vi) Generate annual reports to be presented before Geology and Mines, as well as respond to any series of necessary clarifications on the part of competent entities. (vii) Attend to OROTEX's requests linked to eventual requests to Geology and Mines, including but not limited to reserve calculations, requests or adjustments to concession deadlines, justification of work suspension periods, among others." In addition to the above-described, the contract agreed on the future hiring of an assistant, chosen by the plaintiff, for the performance of his duties, such that it is indicated that "Ganadera will additionally pay for the services of an assistant to be designated by the Geologist, who will be included on Ganadera's payroll since additionally, said assistant must collaborate in activities and projects specific to the operation of the Chassoul Mine. The assistant, however, will be under the Geologist's supervision and their main job will be to collaborate with the Geologist in the delivery of the services contracted herein. The person designated by the Geologist will have the necessary skills and experience for the execution of this contract and the purposes proposed in the Exploration Program" (Clause 8 of the contract, in image 104). Thus, it is evident not only that the plaintiff was an employee of the defendant but also that he had the authority, in his capacity as an employer's representative, to hire a person to assist him, who is expressly stated to be an employee of the company. If the plaintiff had not been considered an employee of the company, he would not have had the possibility of hiring personnel, so for this Chamber it is clear that the plaintiff personally performed the agreed-upon duties. This can also be corroborated by the statements of those who testified at the hearing: witness [Name 004] (31:00 to 33:39) identified the duties and roles performed by the plaintiff; [Name 002] mentioned the plaintiff's obligations, the time, and the circumstances of the relationship (1:03:30 to 1:04:48, 1:05:50 to 1:09:01 and 1:09:50 to 1:12:30); the testimony of witness [Name 005] elucidated the hiring tasks performed by the plaintiff, whom he saw as an administrator and with whom he coordinated work and reported on tasks by telephone, the frequency of attendance at the mine, and the plaintiff's schedule (1:40:00 to 1:57:30); María Lourdes Morera indicated that the plaintiff issued technical instructions, so she had to attend to queries and decide on the drilling wells, that she saw the plaintiff as the second in the hierarchy at the mine, also that the plaintiff attended in-person technical meetings and was in charge of exporting samples for chemical analysis (2:10:06 to 2:10:15, 2:11:23 to 2:12:35 and 2:21:10 to 2:24:53); Orlando Orozco acknowledged the plaintiff's duties, that he saw him as the manager and person in charge of the mine's procedure and the purchase of materials, and that they went together to make said purchases (2:40:03 to 2:52:53); [Name 006] detailed the plaintiff's services at the Mine, his attendance and duties during the drilling campaigns, and placed special emphasis on the fact that he provided technical criteria; [Name 003] specified the plaintiff's services and duties, the personal tasks of hiring miners, organizing functions and supervision, the responsibilities in negotiating the office contract, vehicle rental, and rental of the operations center, the schedule, and attendance at the mine (3:36:30 to 3:56:18); and, witness [Name 008] identified the plaintiff's duties (4:10:32 to 4:10:48), all of which fall within the ordinary activities of the mine, meaning he was not an outsider with no major involvement in its operation, but rather, to the contrary, was fully immersed in its functioning. Regarding the remuneration he received periodically (monthly), in the fifth fact of the claim, the plaintiff indicated: "During the time I provided services as head of the geological-mining area, my remuneration was US$4,000.00 per month. Starting in June 2014, the agreed remuneration was US$7,000.00 per month. In 2015, this remuneration was reduced to US$5,000.00, and for 2016, it was reduced again to US$4,500.00, an amount that remained in effect until the end of the relationship." This fact was not contested, insofar as the defendant indicated: "In that understanding, the plaintiff's enumeration of the periods regarding professional fees is true: that for the year 2014 they were US$7,000.00, for 2015 US$5,000, and in the last phase, starting in 2016, US$4,500.00." Thus, we have the existence of a periodic economic consideration, agreed upon in exchange for his work at the mine. It is necessary to include in this analysis that, within the contract, payment of recognition for work on holidays and days off was agreed upon, which are typically labor-related, without there being evidence in the case file that any payment was actually made. However, it is true that it was established: "If the Geologist must appear to perform the Exploration Project Coordination service on days off and/or legal holidays ("Non-Working Days"), the Geologist will have the right to charge an extra sum that the parties hereby agree to set at three hundred and forty-one exact dollars (US$320), legal tender of the United States of America, for each Non-Working Day on which he had to provide the service. For this purpose, it is established and agreed that the Geologist may organize his weekly schedule in such a way that he has at least one weekly day off." (sic) (Clause 4 of the contract in image 103), an aspect that is not typical of a professional services contract and is rather another element of the existence of an employment relationship. Hence, said salaries corresponding to the entire employment relationship between the parties must be taken as true, such that the periods in which he earned the salaries should be understood as: 1) From June 16, 2014, to December 31, 2014, seven thousand dollars per month; 2) from January 1, 2015, to December 31, 2015, five thousand dollars per month; and, 3) from January 1, 2016, to December 31, 2016, four thousand five hundred dollars per month (see contracts between the plaintiff and the defendant company, images 100 to 110 and 112 to 118, email in images 27 and 28; and, the testimonies of witness Lic. [Name 002] from 1:36:03 to 1:36:20, of the hearing). In relation to subordination, the lower court judge analyzed: "(...) applying the principle of the primacy of reality, on this point, it is clear to the undersigned that the plaintiff did not have any type of subjection; that he had to go, be it once a week or once a month, that he had to be participating in meetings, international calls, or else be available by phone for queries, does not imply that there was subordination to the defendant, but rather it was part of the very service for which he was hired. It is logical that there were emails, calls, and meetings, that the plaintiff had to provide the logbook service and keep it up to date, due to the requirements requested by the mining code, but at no time was it proven that the plaintiff adhered to a schedule (the log of entries and exits from the Mine made by security agents can be seen), that he had to be informing a Management about his decision-making, since as was able to be verified with the testimonial evidence from all parties, the plaintiff gave his viewpoint based on work experience and, in the end, the General Manager made the decision; therefore, there was no control over his decisions or that he received any type of sanction if something happened. Note that the witnesses he provided who rendered services for the defendant were a recommendation, and the company decided whether to accept them or not, since they were the ones who paid them, not the plaintiff. Thus, it is the criterion of the undersigned that it was not possible to prove, with all the points indicated above, that an employment relationship existed between the parties (...)". As previously stated, subordination implies not only giving orders to personnel and disciplining their faults but also the power to direct the assigned tasks, command, oversight, direction, and disciplinary authority. It is possible to identify the existence of aspects regarding the plaintiff's subordinate position, such as: 1) The exercise of the power of command is identified through direction, oversight, issuing orders, and supervision in: a. interactions via email between Jorge Obando, who in the company's view is the employer's representative and mine manager; in these, disciplinary power is demonstrated because he issues instructions, guides the plaintiff on his work, asks for an account of his work and schedule, and gives orders regarding whom to consult (avoiding direct contact with the law firm), (Testimonies of: [Name 002] from 1:21:39 to 1:25:45; [Name 005] from 1:52:40 to 1:53:40; María Lourdes Morera from 2:13:59 to 2:17:30 and 2:21:10 to 2:24:53; Orlando Orozco from 2:41:16 to 2:41:51 and 2:50:00 to 2:50:20; [Name 006] from 3:10:15 to 3:10:59, 3:19:58 to 3:23:52 and 3:29:07 to 3:30:41; and, [Name 003] from 3:54:51 to 3:55:18); b. he was recognized within the organizational chart as one of those in charge of directing administrative tasks and technical decisions, but always below management (Testimonies of [Name 005] from 1:52:40 to 1:53:40; María Lourdes Morera from 2:10:06 to 2:12:35, 2:13:59 to 2:17:30, 2:21:10 to 2:24:53, 2:41:16 to 2:41:51, 2:52:08 to 2:52:53; and, [Name 006] from 3:29:07 to 3:30:41); and, 2) The plaintiff was effectively incorporated into the company's structure: a. He participated in meetings for work organization, planning, goal formulation, report preparation, and others (Images 34 to 54, 56 to 65, as well as the testimonies of María Lourdes Morera from 2:21:10 to 2:24:53; [Name 003] from: 3:40:44 to 3:41:58 and 3:45:07 to 3:45:49); b. He was required for administrative tasks, where he negotiated contracts for real estate, for example the house from which the mine's operations center was established located in Piedades Sur de San Carlos, or vehicle rentals, and employment contracts, on behalf of the company (images 30, 120, 121, 149, 151, 152, 154, 155, 157 to 165 of the virtual case file and testimonies of [Name 005] 1:48:30 to 1:48:55, 1:52:40 to 1:53:40, 1:57:00 to 1:57:30; Orlando Orozco from 2:45:06 to 2:46:10; [Name 003] from 3:40:18 to 3:40:43, 3:43:35 to 3:45:49 and 3:47:59 to 3:49:00) and generated schedules for mining officials (Testimony of [Name 003] from 3:51:32 to 3:52:01); c) he was assigned as the person responsible for following up on the lawsuit for a collision involving one of the company vehicles and collaborated in the settlement of payroll and overtime for employees (Images 12 to 28, 123 to 147); and, d) He attended and, in some cases, organized social activities for the company, such as Father's Day or Christmas parties and barbecues, in which even his wife participated (Images 78 and 79 and the testimonies: [Name 004] from 40:00 to 42:07; María Lourdes Morera from 2:25:09 to 2:26:04; [Name 006] from 3:27:03 to 3:28:55; and, [Name 003] from 3:46:34 to 3:47:48); In another vein, it is observed that the plaintiff's representation complains that the judgment does not refer to the element of working on another's account (ajenidad), as a necessary aspect to determine the existence of the employment relationship. This Chamber, on repeated occasions, has had the opportunity to refer to this concept, which must form part of the comprehensive analysis of the specific case. Thus, it must be remembered that one of the characteristics of employment relationships is that the worker performs their functions on account and at the risk of the employer. As has been stated: "This legal-labor figure (referring to the employment relationship), according to doctrine and jurisprudence, implies the presence of four elements that identify it, which are: the personal and voluntary nature of the work provided, dependency or subordination, working for another's account (ajenidad), and remuneration. Of these concepts, the least developed is that of working for another's account, i.e., working for another party. It rests on "(...) two pillars of capitalism: ownership of the means of production and sale on the market of the products obtained (...)" (PALOMEQUE LÓPEZ, M.C and ALVAREZ DE LA ROSA, M., Op.cit., p.620). However, the mutations experienced by the provision of work in the production process are not captured in the concept of working for another's account, which has been understood, within Spanish jurisprudence, as "(...) the transmission to a third party of the fruits or the result of the work (...)" (See STS 29-10-1990. A 7721); or, also, when "(...) it is the business owner who introduces the fruits of the work into the market (alienness in the market) directly receiving the benefits (...)" (see SSTS 29-1-1991, A. 190 and 16-3-1992, A. 1870). Therefore, if the business owner is the holder of the fruits, they will evidently be the one who bears the risks, favorable or unfavorable, of the result of placing them on the market "(...) the worker is alien to the result of the business operation (alienness in the risks) (...)" (ibidem, p.621)" (Second Chamber of the Supreme Court of Justice, vote no. 296 of 9:40 hours on April 30, 2004). Thus, it is possible to identify the presence of this element in this specific case; there is no doubt that the benefits of the work performed by the plaintiff accrue to the company, as the employer, and that it is the company that assumes the risks of the mine's operation and related activities. This can also be inferred from the contract, where payment of a commercial risk policy in its favor is agreed upon (Clause 9 of the contract in images 104 and 105), which aims to protect the company against any economic risk that may arise from the plaintiff's actions. On the other hand, it is necessary to mention that, despite the defendant's theory being that the plaintiff only worked as the geological regent, the truth is, from everything analyzed, it can be observed that he performed work beyond said functions. At the beginning of the relationship, the plaintiff was totally involved in the company's structure, meaning he was hired to perform tasks that exceeded the exclusive role of geological regent, and some of these he gradually stopped performing over time. This occurred as part of a reorganization of functions due to the mine's growth, when a person was hired to act as general manager, which is an aspect that has not been alleged as an abusive change of working conditions (ius variandi) by the plaintiff and, therefore, is not the subject of this process. Thus, it is observed that in the first clause of the contract, it was agreed that the plaintiff would assume the Geological Regent role, be the Environmental Manager, and be the Coordinator of the Exploration Project (Images 101 and 102 of the virtual case file). There is no clarity in the case file about the moment when he stopped performing those functions; only a modification is evidenced in the addendum of August 1, 2015 (Images 112 to 118), where it is agreed that he would focus on the geological regent's duties. That is to say, from the beginning he was linked as a mine worker, with administrative, organizational, and managerial duties, to set up the mine's basic structure. But as the mine grew and began to operate, the company's priorities changed to the point of requiring the reorganization of functions and for the plaintiff to dedicate himself solely to the geological regent's duties. Among the elements supporting the thesis of the existence of an employment relationship, it is important to highlight that the plaintiff provided the services personally, for the benefit of the company; and the latter assumed the risk of his activity. That is, in addition to being integrated into the company's organization, he performed work solely, or mainly, for the benefit of the other party, which had a certain duration and continuity, for which he was supplied with tools, materials, and machinery. Furthermore, he was subordinated to the instructions and decisions of the mine's general manager, who always had the final say on his responsibilities and assumed the business risk. This being the case, the employment relationship between the parties must be recognized from June 16, 2014 (see images 15 to 22 of the virtual case file of the Court) until December 31, 2016 (Documentary evidence #21 provided by the plaintiff).

V.- ON THE ALLEGED PAYMENT IN KIND: The plaintiff seeks recognition that he received salary in kind (salario en especie), granted by the defendant during the employment relationship, corresponding to a vehicle for discretionary use (maintenance, insurance, and fuel), meals, and lodging, the cost of which was borne by the company. Said claim should be quantified at 50% of the salary. Remuneration in kind is regulated in Article 166 of the Labor Code, in the following terms: "Payment in kind is understood exclusively as what the worker or his family receives in food, housing, clothing, and other articles intended for their immediate personal consumption (...) Notwithstanding the provisions of the three preceding paragraphs, supplies of an undoubtedly gratuitous nature granted by the employer to the worker shall not be computed as payment in kind, and they may not be deducted from the monetary salary nor taken into account for setting the minimum wage." (Emphasis not in the original). This Chamber has considered that the benefit is gratuitous when it is not granted as an addition to the monetary salary, that is, as consideration for the work provided, but rather its granting is essential for the relationship between the parties to materialize, given certain circumstances. In that vein, in judgment No. 725-2010, of 9:20 hours on June 3, 2010, it was stated: "(...) when it has been considered that it is granted gratuitously, it is in those cases where the company effectively provides it as a way to facilitate the activity (...) in judgment number 753, of 9:45 hours on September 5, 2008, it was indicated: 'permanent workers like the plaintiff were provided housing to solve the need for labor to carry out the productive activity in which the defendant company is engaged. [...] The location of the workplace, and the company's agricultural activity, allow us to conclude that the provision of the house did not have the character of payment in kind, but rather that of a gratuitous concession with the purpose of properly developing the agricultural activity.' Consequently, goods or services that the employer grants to its workers for a reason other than remunerating the work performed are not considered as payment in kind. Each case must be analyzed concretely, as there are no parameters that can be applied uniformly; each situation must be analyzed in light of its particular circumstances to determine whether the concessions in kind have a remunerative nature or not. In this matter, it can be verified that the vehicle was owned by the defendant, that the defendant was responsible for its maintenance and covering insurance and fuel costs, and it was given to the plaintiff for his discretionary use.

In light of what was established in the contract between the parties, it can be elucidated that its purpose was to facilitate "his transportation and execution of the services contracted herein in the area of the Chassoul Mine or to locations that are convenient to travel to according to the needs of the Project. The use of said vehicle shall be discretionary for the Geologist, and shall include the cost of fuel consumed by the vehicle. The Geologist shall be responsible for any damage suffered by the vehicle while under his custody and use. The vehicle shall have all-risk insurance coverage that shall benefit both the Geologist and any occupant of the vehicle." (Images 17 and 18 of the court's virtual record). In the opinion of this Chamber, the present matter does not present the connotations that have been assessed in other proceedings to consider the salary nature of the vehicle excluded. It can effectively be verified that the plaintiff enjoyed the use of the vehicle on a discretionary basis. The first clause of the vehicle handover record, which was signed at the end of the relationship, states "That according to the contract for professional services signed in June 2014, for the execution of the services, MINA OROTEX provided THE GEOLOGIST with a vehicle for discretionary use, license plate 650795, make Toyota, style Land Cruiser, year 2007, Chassis number JTEBY25J200050I82." (images 83 to 86 of the virtual record), which is pertinent for confirming the discretionary use of the motor vehicle. Also, from the statements it can be inferred: 1) from witness [Name 004], that the plaintiff had a Toyota Prado vehicle at his home, which he could use freely, even though he had his own vehicle, but that he tried as far as possible to make responsible and careful use of it, as it was a motor vehicle owned by the company (38:00 to 39:34 of the hearing audio); 2) from witness [Name 002], that the company had several vehicles available and that the plaintiff's contract allowed him to use one of them or his own (1:17:47 to 1:18:52 of the hearing audio); 3) from witness [Name 006], that the company had several four-wheel-drive vehicles and that the plaintiff was assigned one, which was a Toyota Prado 4x4 (3:23:52 to 3:24:26 of the hearing audio); 4) In the same vein, witness [Name 007] corroborated that the plaintiff used the Toyota Prado vehicle for transportation and that the contract established its discretionary nature (3:42:37 to 3:43:13 of the hearing audio); and, 5) From witness [Name 008], it was confirmed that the plaintiff used the four-wheel-drive vehicle, Toyota Prado, from late 2014 onwards (4:07:17 to 4:07:41 of the hearing audio). Based on the foregoing, it must be considered as payment in kind (salario en especie), insofar as the defendant failed to disprove that it had a nature other than salary (retribución salarial), and from the evidence it is extracted that it was payment in kind. Thus, it must be taken into account despite the defense argument in this regard being that the relationship with the plaintiff was for professional services, not of an employment (laboral) nature; at no time did it deny having provided this benefit to the worker; but it argued that, under that premise, it did not provide payment in kind, but rather that these were necessary instruments to be able to attend to the assigned tasks, not additional remuneration, in places where facilities and services are not available. However, regarding the coverage of fuel, insurance, maintenance, lodging, and meals, the grievance must be rejected, insofar as these are not gratuitous concessions, but rather expenses with an obligation to reimburse, which is why they present a non-salary nature, since there is an obligation to settle them by means of invoices and receipts (See images 32 and 76 of the virtual record and testimony of [Name 010] at 3:42:10 to 3:42:31). The foregoing, as established by the third clause of the contract for professional services, which provides in relevant part: "The Geologist shall deliver to Ganadera the corresponding official invoices and receipts for each of the payments agreed upon herein." In this manner, upon confirming the employment relationship between the parties, it must also be held as accredited that he received and enjoyed the payment in kind. There is no doubt that the vehicle represents a salary advantage for the plaintiff, which must be quantified as part of his salary. Its recognition is appropriate for the calculation of the components of year-end bonus (aguinaldo), vacation leave (vacaciones), notice period (preaviso), severance pay (cesantía), as well as for the employer-employee contributions to the Caja Costarricense de Seguro Social and the Fondo de Capitalización Laboral. This is not the case for insurance, fuel, vehicle maintenance, lodging, and meals, as their remunerative nature was not accredited, but rather they were merely the reimbursement of expenses incurred by the plaintiff in the exercise of his work. Now then, regarding the portion of the salary that can legitimately be paid in kind, based on the interpretation made of the provisions of the third paragraph of the indicated article, it has been considered that this percentage (fifty percent) is the maximum to be granted in kind while the parties have not, in each specific case, made a different valuation or there exist reasons that fully justify a higher percentage due to benefits for the worker. Regarding its estimation, generally, the parties do not give it a determined value, and it is not until the contract ends that its valuation is sought to be established, for the purpose of correctly calculating the rights derived from such conclusion. The cited third paragraph of Article 166 of the Código de Trabajo establishes that "(...) as long as the value of the remuneration in kind is not determined in each specific case, it shall be estimated as equivalent to fifty percent of the salary the worker receives in money"; however, it has been reiterated that, under these circumstances, the determination should not be made automatically and definitively always at the indicated fifty percent, but rather objective valuation parameters must be established and then fixed at the proportion deemed pertinent. In the specific case, it is calculated that the percentage at which the payment in kind should be estimated corresponds to 10% of the salary. To set this percentage, the approximate value information estimated with the vehicle information is considered, which was an all-terrain vehicle, make Toyota Prado, model Land Cruiser, 2007, license plate 650795, and the use by the plaintiff (images 83 to 86 of the virtual record).

VI.- REGARDING THE EMPLOYMENT BENEFITS OWED: Once the existence of the employment relationship between the parties has been established, we will proceed to make the corresponding calculations of the requested employment benefits. Regarding the notice period (preaviso): By virtue of the fact that the worker worked continuously for a period greater than one year, and in accordance with Article 28, subsection c) of the Código de Trabajo, one month's salary must be granted. In addition to the foregoing, according to Article 30 of the cited body of law, to calculate this item, the "(…) average of salaries earned by the worker during the last six months of the contract's validity (…)" must be taken as the basis. When granting 10% of the salary as payment in kind (salario en especie), said percentage must be recognized within the average. The average salary for the last six months was $4,500 US dollars per month plus 10% of the salary as payment in kind, i.e., $4,950 (according to uncontroverted salary information from the facts of the lawsuit, the professional service contracts appearing in images 100 to 110 and 112 to 118, and the email appearing in images 27 and 28 of the virtual record). Therefore, the notice period he should receive will correspond to the sum of four thousand nine hundred fifty dollars ($4,950), as provided by Article 28, subsection c) of the Código de Trabajo and since the employment relationship lasted from June 14, 2014, to December 31, 2016, for which one month of notice period corresponds. Regarding severance pay (cesantía): Article 29 of the cited Code states: "If the employment contract for an indefinite term ends due to unjustified dismissal, or some of the causes provided for in Article 83 or another cause unrelated to the worker's will, the employer must pay him a severance pay (auxilio de cesantía) (…)" taking into account that the worker worked for a period corresponding to 2 years, 6 months, and 14 days, subsection 3.b must be applied, which indicates: "(…) 3. After continuous work greater than one year, with the amount of days' salary indicated in the following table: (…) b) YEAR 2: 20 days per year worked or fraction exceeding six months." Taking into account that the average for the last months was $4,950 US dollars per month (ordinary salary plus 10% payment in kind), the amount must be divided by 30 to determine the daily average, by virtue of the fact that his remuneration was paid monthly, which generates a total of one hundred sixty-five dollars ($165). Said figure must be multiplied by 60 days, to establish the amount owed for severance pay, which would correspond to the sum of nine thousand nine hundred dollars ($9,900). Regarding vacation leave (vacaciones): Pursuant to Article 153 of the Código de Trabajo, every worker is entitled to two weeks of vacation leave for each period of fifty weeks worked continuously, and "In the event of termination of the contract before completing the fifty-week period, the worker shall be entitled, at minimum, to one day of vacation leave for each month worked, which shall be paid to him at the time of his withdrawal from work." Having accredited that the plaintiff worked for a period of 2 years, 6 months, and 14 days, he must be granted 30.5 days of vacation leave, calculated as follows: 1) From the vacation period between June 16, 2014, and June 1, 2015 (Between June 16 and December 31, 2014, with a salary of seven thousand dollars, and between January 1 and June 1, 2015, with a salary of five thousand dollars, for 12 days of vacation leave after 50 weeks worked plus 10% payment in kind) an amount of two thousand six hundred forty dollars ($2,640); 2) From the vacation period between June 2, 2015, and May 18, 2016 (From June 2 to December 31, 2015, with a salary of five thousand dollars, and from January 1 to May 18, 2016, with a salary of four thousand five hundred dollars, for 12 days of vacation leave after fifty weeks worked plus 10% payment in kind), an amount of two thousand ninety dollars ($2090); and 3) From May 19 to December 31, 2016 (for 6 months and 12 days of proportional vacation leave plus 10% payment in kind) an amount of one thousand seventy-two dollars and five cents ($1072.05), which would correspond to a total amount owed for vacation leave of five thousand eight hundred two dollars and five cents ($5802.05). Regarding the year-end bonus (aguinaldo): According to Article 2 of the Ley de Pago de Aguinaldo a Servidores de la Empresa Privada, the year-end bonus must be calculated "(…) based on the average of the ordinary and extraordinary salaries earned by the same person during the twelve months prior to December 1 of the year in question (…)", that is, it covers the months from December 1 of one year to November 30 of the following year. Thus, the plaintiff must be granted the year-end bonus as follows: 1) from June 16, 2014, to November 30, 2014, for 5 months and 14 days, by virtue of the fact that the worker received a salary of $7,000 per month at that time (clause 3 of the contract in images 100 to 110), the corresponding year-end bonus would be three thousand two hundred eight dollars and thirty-three cents ($3,208.33); 2) between December 1, 2014, and November 30, 2015 (one month with a salary of seven thousand dollars and the remaining with one of five thousand dollars), the sum of five thousand one hundred sixty-six dollars and sixty-six cents ($5,166.66) corresponds for this same concept; 3) between December 1, 2015, and November 30, 2016 (one month with a salary of five thousand dollars and the remaining with one of four thousand five hundred dollars), the amount applicable is four thousand five hundred forty-one dollars and sixty-six cents ($4,541.66); and, 4) the final twelfth must be calculated contemplating the period from December 1, 2016, to November 30, 2017, during which he worked between December 1 and December 31, 2016 (thirty days at a salary corresponding to four thousand five hundred dollars), the date on which the employment relationship ended, for an amount of three hundred seventy-five dollars ($375). According to the foregoing, the total owed in favor of the worker for this item is thirteen thousand two hundred ninety-one dollars and sixty-five cents ($13,291.65). To the calculation of said amount must be added the ten percent payment in kind ($1,327.22), for a total debt for year-end bonus of fourteen thousand six hundred eighteen dollars and eighty-seven cents ($14,618.87).

VII.- REGARDING LOST WAGES (SALARIOS CAÍDOS): The plaintiff seeks the payment of lost wages (salarios caídos) because, in his opinion, his dismissal was unjustified. Article 82 of the Código de Trabajo provides, in relevant part: "The employer who dismisses a worker for one or some of the causes listed in the previous article shall not incur liability: / If after the dismissal a dispute arises and the cause for it is not proven, the worker shall be entitled to be paid the amount of the notice period (preaviso) and the severance pay (auxilio de cesantía) that could correspond to him and, as damages, the salaries he would have received from the termination of the contract until the date on which, according to the legal terms for processing and resolving, the judgment against the employer should have become final (…)". This Chamber considers that the plaintiff has not set forth the factual basis for his claim regarding this item, thereby failing to comply with his procedural duty to narrate the facts considered to support the object of the process, concerning lost wages, therefore, he did not substantiate the reason why he considers the dismissal was unjustified and why payment would be appropriate. From the review of the record, and specifically from the document dated November 20, 2016, (documentary evidence #21 provided by the plaintiff), it can be determined that he was informed of the non-renewal of the service contract, which governed the terms of the employment relationship. Thus, having accredited the employment relationship between the parties, and the absence of a reason to consider that said termination is attributable to any fault on the part of the worker, but rather that it stems from the free will of the employer to remove its collaborators, the claim must be rejected. This grievance cannot succeed. It is not observed that any grounds for dismissal without employer liability were attributed to the plaintiff, which would entail compensation for lost wages for unjust dismissal, but rather that the termination was a product of the employer's will, which is contemplated as a grounds for dismissal with employer liability, pursuant to Article 85, subsection d) of the Código de Trabajo, the penalty for which is limited to the granting of notice period and severance pay.

VIII.- REGARDING STANDBY DUTY (DISPONIBILIDAD): The plaintiff seeks recognition of payment for standby duty (disponibilidad), at a percentage of 25% of all remuneration received during the employment relationship. This Chamber has had the opportunity to address the topic of standby duty, which it has conceived in the following terms: "It consists of a regime that obliges the worker to be expectant and locatable at any moment to perform extraordinary tasks, if required to do so according to the needs of the employer. The payment for this item is intended to compensate for that situation, which, without a doubt, constitutes a limitation on the activities proper to the private life of the person subjected to the regime, independently of the remuneration for hours actually worked. In this way, the worker can receive only the payment for standby duty if required to work, or both remunerations if they perform the extraordinary tasks. There is no double payment for the same concept, since in one case and the other, the origin of the remuneration is different. Standby duty, conceived in this way, implies that whoever is under this regime can carry out the activities of their private life, only that they acquire the commitment to be locatable and waiting to be called by the employer at any moment to provide their services during that standby period, a restriction on freedom, which is generally compensated through the recognition of a salary supplement (...) standby duty as a supplementary salary is not exclusive to public employment relationships; it can also exist in private employment relationships. The difference lies in the fact that in the first case, by provision of the principle of legality in the public sector, there must be a rule authorizing its payment; in the private sector, on the contrary, since its existence is not prohibited, the parties may freely establish it, but in the event that the employer unilaterally imposes it, it must remunerate it, because failure to do so would constitute unjust enrichment and an abuse of rights to the detriment of the worker, in accordance with the provisions of Article 22 of the Civil Code, applicable supplementarily to labor matters by remission of Article 15 of the Código de Trabajo" (judgment number 158, at 10:45 hours on February 11, 2015. In a similar sense, see decisions 1520-2010, 202-2010, 412-2004, and 442-2002). Now then, from the analysis of the case records, based on the testimony of the witnesses ([Name 004] at 36:00; [Name 002] at 1:17:20 to 1:17:40; [Name 005] at 1:47:10 to 1:48:00; María Lourdes Morera at 2:11:23 to 2:12:35 and 2:21:10 to 2:24:53; [Name 006] at 3:09:35, 3:14:23 to 3:15:57, 3:16:15 to 3:17:07 and 3:29:07 to 3:30:41; [Name 003] at 3:38:06 to 3:38:10, 3:45:59 to 3:46:15, 3:49:22 to 3:50:27; [Name 008] at 4:12:47 to 4:13:07 and 4:14:05 to 4:14:43, all from the hearing), it can be determined that the plaintiff did not have a specific work schedule, but rather had the freedom to dispose of his time and to go to the mine in cases where he was required, and he also received calls at multiple times. This was a consequence of the state of the mine during the employment relationship and the fact that the plaintiff had to constantly travel to perform various functions in various parts of the country. On the other hand, in the fourteenth clause of the first contract, recognition for working on public holidays or days off was established, which is not sufficient to determine that the item for standby duty is owed, because it is observed that a relationship more typical of a confidential nature existed, not the requirement to maintain an expectant and locatable position. Thus, this grievance must be rejected. It is not observed that the expectant and locatable position was an obligation imposed by the defendant on the plaintiff. That is, there are no reasons that demonstrate, without a doubt, that he had to remain, by order of the employer, available on the terms alleged, which is why it is not considered that the defendant should compensate this item.

IX.- INTERESTS AND INDEXATION: The tenth claim of the lawsuit establishes: "That indexation and interest on the sums of money that are eventually granted in judgment be recognized, from the enforceability of each item until its effective payment." Regarding the interest rate to be applied, the latest interpretation made of Article 565 of the Código de Trabajo is to the effect that what is regulated in said rule applies when the interested party has not claimed a different form of compensation or the litigating parties have not agreed on a different manner of compensation. That is, the provision is only supplementary in application. From that perspective and in view of the fact that the petitioner, from the initial complaint, requested the payment of interest on the amounts owed from the date they became enforceable, the calculation of interest must be carried out according to the rate provided for in Article 497 of the Commercial Code, as provided in the mentioned article, subsection 1 of the Código de Trabajo, which corresponds to the rate paid by the Banco Central de Costa Rica, according to the "prime rate" for operations in United States of America dollars. Interest on severance pay (cesantía), which must be calculated from the date of termination of the employment relationship (December 31, 2016) until its effective payment, for the purpose of quantifying them temporarily, are determined from the indicated date until October 7, 2025, which corresponds to the date on which the draft judgment to be circulated was prepared, and amount to a total of four thousand eight hundred forty-one dollars and sixty-five cents ($4,841.65). Interest on the notice period (preaviso) runs from the date of termination of the employment relationship until its effective payment; for the purpose of quantifying them temporarily, they are determined from the indicated date until October 7, 2025, which corresponds to the date on which the draft judgment to be circulated was prepared, and amount to a total of two thousand four hundred twenty dollars and eighty-three cents ($2,420.83). Interest for the year-end bonus (aguinaldo) must be calculated from the enforceability date of each one until the drafting date of the draft, as follows: 1) from December 1, 2014, to October 7, 2025, for a total of one thousand seven hundred ninety-eight dollars and twenty-eight cents ($1,798.28); 2) from December 1, 2015, to October 7, 2025, for a total of two thousand seven hundred twenty-five dollars and sixty-seven cents ($2,725.67); 3) from December 1, 2016, to October 7, 2025, for a total of two thousand two hundred thirty-four dollars and eighty-nine cents ($2,234.89); and 4) from December 31, 2016 (employment termination date) to October 7, 2025, for a total of one hundred eighty-three dollars and four cents ($183.4), thus the total to be paid for year-end bonus interest would be: six thousand nine hundred forty-two dollars and twenty-four cents ($6,942.24). Those corresponding to vacation leave (vacaciones), which must be computed from the enforceability of each period until the drafting date of this draft already indicated, namely: 1) For vacation leave for the period between June 16, 2014, and June 1, 2015, an amount of one thousand four hundred thirty-six dollars and thirty-five cents ($1,436.35); 2) For the period between June 2, 2015, and May 18, 2016, an amount of one thousand sixty-eight dollars and forty-eight cents ($1,068.48); and 3) For the period between May 19, 2016, and December 31, 2016, an amount of five hundred twenty-four dollars and fifty-three cents ($524.53). Thus, interest for vacation leave totals three thousand twenty-nine dollars and thirty-six cents ($3,029.36). Consequently, the total amount of interest owed, in favor of the plaintiff, corresponds to seventeen thousand two hundred thirty-four dollars point zero eight cents ($17,234.08). All these amounts must be taken into consideration, without prejudice to the fact that, in the judgment execution stage, when quantifying the interest, the calculations of these items may vary depending on the date on which payment is made effective. On the other hand, regarding indexation, this Chamber has previously ruled to the effect that when the parties agreed to their obligation in a currency such as the dollar, which has a higher value than the national currency, they contractually defined a mechanism to resolve the loss of the purchasing value of money over time. See thus, decision 1895-2019 which establishes: "The indexation of sums originating from a monetary obligation agreed upon in colones makes sense when the parties have not ideated -contractually- a mechanism to protect the creditor, which allows them to be protected in case of debtor default against potential devaluations or loss of the purchasing value of the national currency. However, in the specific case, we are not facing one of those scenarios. Because the parties, by agreeing in a foreign currency that traditionally remains strong against the colón, tacitly provided for a currency value update mechanism, a substitute for the indexation that is granted when obligations are agreed upon in colones. This currency, from the year two thousand four to this date, has been appreciating against the Costa Rican colón (...) therefore, this Chamber considers that it is not appropriate to grant indexation on the components granted to the plaintiff in dollars" (in the same sense, see judgments of this Chamber: 2171-2020, 840-2022, 2096-2023 and 3099-24). Thus, we are facing the exception scenario defined by Article 565 of the Código de Trabajo. In addition to the foregoing, it must be considered that the reference used by Article 565, subsection 2 of the Código de Trabajo is the Consumer Price Index (IPC) for the metropolitan area, which is regulated for the national currency (colones), whereby the parameter for establishing it in a different currency lacks legal regulation. For these reasons, as has been indicated, it is not appropriate to grant indexation on the components that must be recognized in favor of the plaintiff, in dollars.

X.- COSTS: Regarding costs, it is clear that the defendant has disguised an evidently employment (laboral) relationship with a civil appearance. Its refusal to recognize this condition has forced the plaintiff to resort to the courts and maintain this litigation, therefore, there has been no good faith on the part of the defendant. For this reason, having examined the entire process, the importance of what was litigated, and the work carried out by the attorney representing the plaintiff, it is considered appropriate to order costs against the defendant, setting the attorney's fees (costas personales) at 20% of the total amount of the judgment, in accordance with Article 562 of the Código de Trabajo, a percentage that is set considering the changes that occurred during the employment relationship and the economic position of the parties, as well as the type of matter, in which it was necessary to make a legal analysis of the elements of the employment relationship to determine its existence.

XI.- FINAL CONSIDERATION: Based on the foregoing, the appeal of the plaintiff must be partially upheld, and the defenses of lack of right, lack of standing, and lack of current interest must be dismissed regarding what was granted and upheld regarding what was denied. The claims for lost wages (salarios caídos) and standby duty (disponibilidad) are rejected. The alleged payment in kind (salario en especie) is recognized, which is estimated at ten percent of the salary. The defendant is ordered to pay four thousand nine hundred fifty dollars for one month of notice period (preaviso), nine thousand nine hundred dollars for sixty days of severance pay (cesantía), five thousand thirty-two dollars and five cents for thirty point five days of vacation leave (vacaciones), fourteen thousand six hundred eighteen dollars and eighty-seven cents for year-end bonuses (aguinaldos). Regarding interest, the defendant must pay them from the date each sum was due until its effective payment, in accordance with the provisions of Article four hundred ninety-seven of the Commercial Code, according to the "prime rate" for operations in dollars, the legal tender currency of the United States of America; interest is partially liquidated in this judgment in the sum of seventeen thousand two hundred thirty-four dollars point zero eight cents. Also, the defendant is ordered to pay the social security amounts, corresponding to the Fondo de Capitalización Laboral, and the payment of employer-employee contributions to the Caja Costarricense de Seguro Social on the components granted and not reported. Recognition of standby duty and payment for lost wages are denied. Costs of the action are imposed on the defendant, setting the attorney's fees at twenty percent of the total amount of the judgment, in accordance with the provisions of Article five hundred sixty-two of the Código de Trabajo. Regarding the amounts granted, it is clarified that even though they are quantified in United States dollars, they may be paid in colones at the exchange rate in effect at the time of payment, in accordance with Article 6 bis of the Law of Currency.

THEREFORE:

The appeal of the plaintiff is partially upheld. The defenses of lack of right, lack of standing, and lack of current interest are dismissed regarding what was granted and it is ordered they be upheld regarding what was denied. The claims for lost wages, standby duty, and indexation are rejected. The alleged payment in kind is recognized, its calculation is estimated at ten percent of the salary. The defendant is ordered to pay four thousand nine hundred fifty dollars for one month of notice period, nine thousand nine hundred dollars for sixty days of severance pay, five thousand thirty-two dollars and five cents for thirty point five days of vacation leave, fourteen thousand six hundred eighteen dollars and eighty-seven cents for year-end bonuses.

Regarding interest, the defendant must pay it from the time each sum became due and until its effective payment, in accordance with the provisions of numeral four hundred ninety-seven of the Commercial Code, at the "prime rate" for transactions in United States of America legal tender dollars; interest is partially liquidated in this judgment in the sum of seventeen thousand two hundred thirty-four dollars point zero eight cents, quantified up to the seventh of October of two thousand twenty-five. Also, the defendant is ordered to pay the social security amounts corresponding to the Labor Capitalization Fund (Fondo de Capitalización Laboral), and the employer-employee obligations to the Costa Rican Social Security Fund (Caja Costarricense de Seguro Social) on the granted and unreported quotas. The costs of the action are imposed on the defendant, setting the personal costs at twenty percent of the total award, in accordance with article five hundred sixty-two of the Labor Code.

Res: 2026001050 LSILESN/mrg LUIS PORFIRIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ - PRESIDENT/A ANA ORFILIA BRICEÑO YOCK - MAGISTRADO/A ANA PATRICIA MONTERO MORALES - MAGISTRADO/A JORGE ENRIQUE OLASO ÁLVAREZ - MAGISTRADO/A JULIA VARELA ARAYA - MAGISTRADO/A 1

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Sala Segunda de la Corte Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente  Corte Suprema de Justicia SALA SEGUNDA Res: 2026-001050 SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las once horas veinticinco minutos del diecisiete de marzo de dos mil veintiséis.

Proceso ordinario establecido ante el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José, Sección Segunda, por [Nombre 001], cédula [Valor 001], casado y geólogo, contra MINA OROTEX SR SOCIEDAD ANÓNIMA, representada por su apoderada generalísima la licenciada María Lupita Quintero Nassar, casada. Actúan como apoderados especiales judiciales; del actor el licenciado Augusto Trejos Molina, vecino de Cartago, y de la demandada Juan José Cheng Azofeifa. Todos mayores, solteros y vecinos de San José con las excepciones indicadas.

Redacta la Magistrada Montero Morales; y,

CONSIDERANDO:

I.- ANTECEDENTES: En el escrito inicial, la parte actora expuso que, en el 2003, fue contratado por la empresa Ganadera Los Maizoles S.A, misma que varió su razón social a Mina Orotex SR S.A., como encargado de la parte geológica- minera de Mina Chassoul. Añadió que, a partir del 14 de junio de 2014, fue contratado por la misma empresa como coordinador de dicho proyecto. Expresó que la relación se estableció en Mina Chassoul, situada en San Ramón de Alajuela, pero por la naturaleza de sus servicios, debía desplazarse a diferentes lugares del país. Agregó que Mina Chassoul se trata de una concesión aurífera otorgada, en favor de la demandada, por la Dirección de Geología y Minas. Reveló que el horario de trabajo era variable a razón de los requerimientos que surgieran en el lugar de trabajo o de acuerdo a las necesidades de la compañía. Presentó que, por la naturaleza de sus funciones, y las demandas de la empresa, debía tener disponibilidad las veinticuatro horas del día y los siete días de la semana y mantenerse espectante y localizable. Puntualizó que tuvo que atender, a altas horas de la noche o incluso de madrugada, los programas de perforación para la perforación de pozos de exploración. Asoció a lo anterior, que se le asignó la disponibilidad de laborar días feriados, para lo cual el contrato estableció una remuneración de $320,00 USD, por cada uno de esos días laborados. Mostró que, durante el tiempo en el que prestó los servicios como encargado de la parte geológica- minera, recibió una remuneración de $4.000,00 USD mensuales y que dicha suma fue modificada en varias ocasiones: a partir de junio de 2014 la remuneración pactada fue de $7.000,00 USD por mes, en el año 2015 se redujo a $5.000,00 USD y para el año 2016 se redujo a $4.500,00 USD, monto que se mantuvo hasta la conclusión de la relación laboral. Mencionó que la compañía le exigía, la entrega de las facturas timbradas para cada uno de los pagos que recibió. Aseveró que la empresa, adicional a la remuneración recibida, le concedió un vehículo de uso discrecional (el cual fue devuelto al momento del cese de la relación laboral), así como el pago de combustible, marchamos, seguros, reparaciones y cualquier otro gasto asociado. Enunció que la empresa reconocía y reembolsaba gastos de alimentación y hospedaje, pagaba una póliza de riesgos de trabajo y le otorgó dos tarjetas de crédito empresariales para gastos relacionados con la prestación de servicios, gastos de la mina y otros gastos autorizados. Exhibió que contaba con un día de descanso semanal de carácter rotativo. Señaló que sus funciones, como encargado de la parte geológica de la mina, consistían en coordinar, supervisar, recomendar y ejecutar trabajos de geología minera. También, adujo que se encargaba de la preparación de informes de labores anuales para la Dirección de Geología y Minas, informes de la regencia ambiental, informe de justificaciones técnicas para ampliar plazos de explotación y justificar suspensión de labores de producción y de los informes de labores y recomendaciones para la empresa. Explicó que, cuando asumió su rol como coordinador de mina, en junio de 2014, sus funciones contractuales eran ser: la regencia geológica, el responsable ambiental y la coordinación del proyecto de exploración. Incorporó que sus funciones se extendían a atender diversas reuniones obligatorias con proveedores, el departamento legal y trabajadores; gestión y coordinación de trámites migratorios de trabajadores; coordinación con el departamento legal; seguimiento de asuntos relacionados con procesos de colisión de tránsito de vehículos de la compañía; fungir como representante patronal para aclarar dudas de los empleados sobre temas laborales; reporte de accidentes de trabajo; realizar cotizaciones de obras de remodelación requeridas en las oficinas; coordinar, negociar y firmar los contratos y finiquitos del arrendamiento de inmuebles; coordinar temas relacionados con la seguridad privada de la mina; definir funciones de cierto personal; velar por el correcto uso de los vehículos de la empresa; participar de reuniones con contadores; coordinar y gestionar los horarios de los trabajadores; realizar reportes de planillas de empleados; coordinar los pagos de servicios públicos de las propiedades arrendadas por la compañía; y, gestionar y coordinar la exportación de muestras de roca para análisis químico. En relación con sus funciones, indicó que debía coordinarlas directamente con el gerente de la compañía, el señor Jorge Obando, con la coordinadora legal y minera del Bufete Nassar, con el Lic. Carlos Báez y con los propietarios, quienes le indicaban cuándo y dónde realizarlas. Según su criterio, estas coordinaciones se definían mediante directrices, las cuales incluían desde a quien copiarle un correo, qué podía consultar al departamento legal, los lugares donde tenía que realizar sus labores, la logística de perforaciones, cronogramas de trabajo y cualquier otra situación vinculada son los servicios prestados. Incorporó que el trato de la demandada hacia el actor, a razón de actividades sociales y recreativas, era el mismo que tenía hacia los demás empleados. Manifestó que la empresa le exigía dedicación exclusiva en la prestación de los servicios, salvo para dos clientes de tajo, a quienes atendía de previo a la relación. Refirió que la empresa le asignó una oficina dentro de las instalaciones, y tenía a su cargo dos asistentes empleados de la empresa a quienes podía elegir y solicitar su contratación, pues estaban bajo su dirección y colaboraban en todas sus labores. Señaló que, en el año 2016, recibió una bonificación de $10.000,00 USD, por su buen desempeño, la misma fue manejada contablemente como de servicios profesionales. Precisó que el nexo con la empresa finalizó de manera unilateral el 31 de diciembre de 2016 y no recibió suma por concepto de liquidación. Además, detalló que no recibió aguinaldo, seguro ni vacaciones. Solicitó que se declare la existencia de la relación laboral entre las partes y se reconozca un 50% del salario por haber recibido salario en especie, que comprendía gastos por alimentación, hospedaje, vehículo y su mantenimiento, seguros y combustible. Además, pidió que se condene a la demandada a que se le reconozca el 25% de todas las remuneraciones percibidas, por concepto de disponibilidad. También, pretendió el pago de vacaciones, aguinaldos, auxilio de cesantía, preaviso, salarios caídos, el 3% de las remuneraciones percibidas para el Fondo de Capitalización Laboral, cuotas obrero-patronales, indexación, intereses, costas e intereses legales sobre las costas (imágenes 87- 98 del expediente virtual). La parte demandada, por medio de su apoderada general judicial, contestó de forma negativa la demanda y opuso las excepciones de falta de derecho, falta de legitimación activa y pasiva y falta de interés actual. Pretendió, se declarara la demanda sin lugar por improcedente, pues la relación con la demandante obedeció a una relación de servicios profesionales, la cual es ajena al reclamo de extremos de naturaleza laboral. También, reclamó el pago de costas, intereses e indexación (imágenes 718- 743 del expediente virtual). La jueza Melissa Chaves Agüero del Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José, mediante la sentencia número 2021-1735 dictada a las 20:09 horas del 8 de setiembre de 2021, declaró sin lugar la demanda y resolvió el proceso sin especial condenatoria en costas (imágenes 1668-1687 del expediente virtual).

II.- AGRAVIOS: El apoderado especial judicial de la parte actora reprocha la indebida motivación del fallo y falta de fundamento en la valoración de la prueba en cuanto a la falta de determinación de la existencia de una relación laboral de trabajo entre la sociedad demandada y el accionante. Señala que la a quo definió el vínculo laboral como uno delimitado, a llevar el control de la bitácora, dar asesoría, ir a reuniones y trasladarse cuando fuera necesario. Agrega, que la juzgadora considera que la demandada y el actor tenían una relación de consultoría, por lo que a partir de dicha experiencia era lógico que refiriera personas, materiales o técnicas para la empresa y posterior decisión del gerente. Indica, la jueza, consideró que el actor era un profesional liberal, quien mantenía un contrato con la empresa y con otros más. Critica que se tuvo por acreditadas dichas circunstancias a partir de los testimonios de los geólogos, quienes conocen la realidad de sus funciones y le realizaban consultas al actor. Reprueba que se concluya la inexistencia de la subordinación entre las partes, a pesar de no tener horario fijo, ni estar obligado a presentarse todos los días y al tener vehículo y tarjetas de crédito a su disposición, pues esto sólo se podía pactar en un contrato de servicios profesionales. Anota que, al momento de analizar la existencia de una relación laboral, el juzgado omite analizar integralmente si se cumplían los elementos como ajenidad, posibilidad de existencia de órdenes o control, integración del trabajador en la organización de la empresa, ejecución de funciones en una zona aceptada, continuidad de la labor, disponibilidad, suministro de herramientas, periodicidad de la remuneración, realización de pagos en especie, reconocimiento de derechos típicamente laborales, entre otros. Sobre la prueba testimonial, valora que se le dio mayor credibilidad a los testimonios de los geólogos, lo cual impide su análisis coherente y consistente, sino más bien se dio uno de carácter laxo, superficial, pues contrastan con la prueba documental aportada en la demanda. Relata la inexistencia del análisis de la prueba documental, la cual es fundamental para demostrar la realización de funciones administrativas, incompatibles con la prestación de un servicio profesional; y, más bien son el resultado del ejercicio del poder de dirección de un patrono. También, aduce disconformidad con la sentencia por haber arribado a tres conclusiones: que la relación entre las partes fue de servicios profesionales, que el actor fue un simple consultor para la empresa y que el accionante no logró acreditar con prueba legal e idónea la relación laboral. Solicita se declare la nulidad del fallo por carecer de fundamentación suficiente o, en su defecto, se revoque la sentencia y se declare la existencia de una relación de trabajo entre la accionante y la demandada, y acoger todas las pretensiones materiales de la demanda.

III.- AGRAVIOS PROCESALES: El accionante reprocha la indebida motivación del fallo y la falta de fundamento en la valoración de la prueba al haber considerado la inexistencia de la relación laboral, y definir el vínculo como una consultoría. Critica que se tuvo por acreditado que él era un profesional liberal, sólo por el hecho de existir dos contratos con otras empresas, además de la demandada. Recrimina que se haya basado en el testimonio de los testigos; y no realizar un examen de valoración integral de la prueba documental, para determinar si se cumplían los elementos que conforman la relación laboral. Los agravios no son de recibo. El deber de fundamentar las resoluciones judiciales constituye una obligación consustancial a los derechos fundamentales del debido proceso y de defensa de las partes. La materialización de las razones, que consideró la persona juzgadora, al adoptar una u otra decisión, permite a las partes el poder ejercer control sobre lo resuelto, mediante los mecanismos procesales concebidos para ello. “La fundamentación de la sentencia es la labor intelectiva del juzgador empleada para justificar la decisión que adopta con respecto al asunto que es sometido a su conocimiento. Para ello el operador del derecho, debe hacer constar los motivos fácticos y jurídicos que le sirven para sustentar su criterio, pues de lo contrario su decisión será arbitraria. Lo anterior no es mero requisito de forma de la sentencia, sino una exigencia derivada del principio del debido proceso, ya que, por medio de la motivación del fallo, tanto actor como demandado podrán hacer uso de los recursos ordinarios que les otorga la legislación, con el fin de realizar el control del poder jurisdiccional” (Sala Segunda, sentencia 181 de las 9:45 horas del 5 de febrero de 2010). De ahí que los artículos 421 y 560 del Código de Trabajo estatuyen expresamente la obligación de razonar las decisiones. Este último preceptúa que en el acápite considerativo del fallo se indicarán “…los medios de prueba en que se apoya la conclusión y las razones que la amparan y los criterios de valoración empleados, para cuyo efecto deberá dejarse constancia del análisis de los distintos elementos probatorios evacuados, mediante una explicación detallada y exhaustiva de cada uno de ellos… se darán las razones de hecho, jurídicas, doctrinales y jurisprudenciales, se bastanteará la procedencia o improcedencia de las proposiciones (…) Es indispensable citar las normas jurídicas que sirven de base a las conclusiones sobre la procedencia o improcedencia de las pretensiones o excepciones propuestas”. A criterio de esta Sala, el fallo impugnado no incurre en el reproche señalado pues acreditó, los que a juicio de la juzgadora fueron relevantes para adoptar la decisión que tomó. Además, respaldó la decisión en los elementos probatorios existentes, que a su juicio justifican el fallo. El despliegue argumentativo resulta claro, sin exhibir contradicciones, con lo cual se puede determinar cuáles son los motivos, de hecho y derecho, que son base de la decisión. Para esta Sala, la parte accionante mezcla dos reparos, uno de orden procesal con efectos en la validez del acto (falta de fundamentación) y otro procesal con efectos en la parte sustantiva de la sentencia (preterición o indebida valoración de prueba). Estos agravios son excluyentes entre sí, aparte de que solo el primero se puede abordar por la vía formal introducida por el artículo 587 del Código de Trabajo; mientras que el segundo, está previsto en la legislación como un motivo de casación por el fondo (artículo 588). Revisado el fallo recurrido, por lo expuesto, se debe rechazar lo agraviado.

IV.- SOBRE LA RELACIÓN LABORAL: El tema en discusión de este proceso es la existencia o no de una relación de naturaleza laboral entre las partes. El carácter laboral de una relación jurídica se puede establecer a través de la identificación de determinados elementos que caracterizan a este tipo de relaciones. De conformidad con el artículo 18 del Código de Trabajo, el contrato laboral es aquel en el cual, con independencia de la denominación que se le dé, una persona se obliga, en favor de otra u otras, a prestar sus servicios o ejecutar una obra, bajo su dependencia permanente y dirección inmediata o delegada, a cambio de una remuneración, de cualquier clase o forma. También establece, dicho numeral, una presunción legal relativa -la cual, doctrinariamente admite prueba en contrario, pues es sólo iuris tantum-, respecto de la existencia de un vínculo laboral, entre el individuo que presta sus servicios y quien los recibe. Dicho ordinal establece: “Contrato individual de trabajo, sea cual fuere su denominación, es todo aquel en que una persona se obliga a prestar a otra sus servicios o a ejecutarle una obra, bajo la dependencia permanente y dirección inmediata o delegada de ésta, y por una remuneración de cualquier clase o forma. Se presume la existencia de este contrato entre el trabajador que presta sus servicios y la persona que los recibe.”. Esta presunción admite prueba en contrario, por lo que basta con que la parte actora demuestre la prestación personal del servicio, sustento básico de la relación laboral, para que la persona juzgadora presuma la existencia del contrato de trabajo, salvo que la parte demandada demuestre, de manera fehaciente, una naturaleza distinta del vínculo. El espíritu de la norma citada descansa en lograr la tutela efectiva de los derechos laborales de la clase trabajadora. Lo que se presenta se debe relacionar con la remuneración la cual, de conformidad con el artículo 164 del Código de Trabajo, puede pagarse por unidad de tiempo, por pieza, por tarea o a destajo y en dinero, en dinero y especie, por participación en las utilidades, ventas o cobros que haga el empleador. Para lograr identificar la existencia de una relación laboral, se han identificado tres elementos que ayudan a clarificar y definir, desde el punto de vista jurídico, el carácter o la naturaleza de una relación de trabajo, los cuales son: la prestación personal del servicio, la remuneración y la subordinación jurídica, respecto del empleador. Esta última, se ha dicho en la doctrina y la jurisprudencia, es el elemento fundamental para definir si se está en presencia de una relación de índole laboral. Se recoge en el artículo 71 inciso a) del Código de Trabajo, al decir que la persona trabajadora debe laborar bajo la dirección de la parte patronal, o de su representante. Se entiende como la facultad del empleador o la empleadora, de dar órdenes a la persona trabajadora y disciplinar sus faltas, así como dirigir las tareas que se le encomiendan. Se trata de un límite a la autonomía de la persona trabajadora, por la potestad patronal para dar órdenes, en relación con las labores a desempeñar, las cuales debe obedecer la persona empleada. Además, lleva implícitos una serie de poderes que el empleador puede ejercer, como la fiscalización, la dirección y el disciplinario (sobre este punto se puede consultar los votos de esta Sala: 390-02 de las 10:20 horas del 7 de agosto de 2002 y 1137-2010 de las 10:05 horas del 12 de agosto de 2010). En doctrina, Cabanellas de Torres señala que: “Entre las diversas formas que tiene de manifestarse la subordinación, adquiere categoría esencial la potestad del empresario para dirigir la prestación laboral en orden a una mejor y mayor producción, cuando el trabajo se materializa, o para lograr una mejor prestación de los servicios, en que predomina la actividad intelectual”. (CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Compendio de Derecho Laboral. Tomo I, Buenos Aires, Editorial Heliasta, 2001, p. 409). Este mismo autor, señala dentro de las atribuciones patronales de dirección: “Los diversos poderes que el empresario ejerce como consecuencia del contrato de trabajo y de la situación subordinada en que éste coloca al trabajador se agrupan de esta forma: a) de mando y de dirección; b) de organización; c) de fiscalización; d) de disciplina. Tales facultades resultan consecuencia de determinadas obligaciones contractuales asumidas por el trabajador; a) obligación de diligencia; b) obligación de obediencia; c) obligación de fidelidad”. (CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Compendio de Derecho Laboral. Tomo I, Buenos Aires, Editorial Heliasta, 2001, p. 418). No debe perderse de vista que existen otros tipos de relaciones jurídicas donde, a pesar de estar presente alguno o varios elementos, como la prestación de los servicios o de la ejecución de obras y el de la remuneración, configuran "zonas grises", ya que no es tan fácil determinar si nos encontramos ante una relación laboral o alguna de otro tipo. Frente a tales oscuridades, al analizar asuntos como el presente, es necesario que se tome en cuenta el principio de primacía de la realidad, implícita en el numeral 18 del Código de Trabajo, pues en materia laboral se da especial relevancia a las condiciones reales en las que se desarrolla el vínculo, en contraposición a aquellos acuerdos que consten en el material probatorio documental. Este principio se denomina el "contrato-realidad", que en concreto engloba que las relaciones de trabajo se definen a partir de las circunstancias prácticas reales, no de forma necesaria, por lo que se haya pactado entre las partes. Es decir, se debe dar mayor importancia a lo que ocurre en la práctica, aún cuando las partes hayan pactado, y se logre confirmar de los documentos, algo distinto. Asimismo, es menester citar la Recomendación emitida por la Organización Internacional del Trabajo, N.º 198 de 2006. En ella se recalca la necesidad de fundar una política nacional de protección de las relaciones laborales y establecer presunciones legales, a favor de la parte más débil de estos negocios, para determinar algunos parámetros indiciarios que posibiliten descubrir la naturaleza del vínculo, que se discute en un proceso. En lo aplicable, estas recomendaciones señalaron que la existencia de la relación de trabajo debería determinarse: “(…) 9. (...) principalmente de acuerdo con los hechos relativos a la ejecución del trabajo y la remuneración del trabajador, sin perjuicio de la manera en que se caracterice la relación en cualquier arreglo contrario, ya sea de carácter contractual o de otra naturaleza, convenido por las partes. (...). 11. A fin de facilitar la determinación de la existencia de una relación de trabajo, los Miembros deberían considerar, en el marco de la política nacional a que se hace referencia en la presente Recomendación, la posibilidad de: (…); b) consagrar una presunción legal de la existencia de una relación de trabajo cuando se dan uno o varios indicios, (…). 12. A los fines de la política nacional a que se hace referencia en la presente Recomendación, los Miembros pueden considerar la posibilidad de definir con claridad las condiciones que determinan la existencia de una relación de trabajo, por ejemplo, la subordinación o la dependencia. 13. Los Miembros deberían considerar la posibilidad de definir en su legislación, o por otros medios, indicios específicos que permitan determinar la existencia de una relación de trabajo. Entre esos indicios podrían figurar los siguientes: a) el hecho de que el trabajo: se realiza según las instrucciones y bajo el control de otra persona; que el mismo implica la integración del trabajador en la organización de la empresa; que es efectuado única o principalmente en beneficio de otra persona; que debe ser ejecutado personalmente por el trabajador, dentro de un horario determinado, o en el lugar indicado o aceptado por quien solicita el trabajo; que el trabajo es de cierta duración y tiene cierta continuidad, o requiere la disponibilidad del trabajador, que implica el suministro de herramientas, materiales y maquinarias por parte de la persona que requiere el trabajo, y b) el hecho de que se paga una remuneración periódica al trabajador; de que dicha remuneración constituye la única o la principal fuente de ingresos del trabajador; de que incluye pagos en especie tales como alimentación, vivienda, transporte, u otros; de que se reconocen derechos como el descanso semanal y las vacaciones anuales; de que la parte que solicita el trabajo paga los viajes que ha de emprender el trabajador para ejecutar su trabajo; el hecho de que no existen riesgos financieros para el trabajador (…)” (El destacado no es del original). También se ha creado todo un marco jurisprudencial y, en forma reiterada esta Sala ha procedido a la aplicación de la citada presunción y de la teoría del contrato realidad (principio de primacía de la realidad), potenciando la fuerza de los hechos sobre las formas o denominaciones que la parte empleadora haya dado al contrato, para determinar si se está, o no, ante un contrato laboral. Ahora bien, la sentencia de instancia determinó la inexistencia de una relación laboral entre las partes, en lo que resulta de interés se dispuso: “Expuesto todos los puntos, la suscrita llega a las siguientes conclusiones junto con la prueba documental tomada en los hechos probados y toda la prueba testimonial, la cual la suscrita le da credibilidad ya que entre todos narran los hechos tales y cuales como sucedieron, no se nota que hayan sido complacientes con ninguna de las partes, sino que por el tipo de relación que se dio entre don Miguel y la demandada, pues expusieron en una forma amplia lo que ellos vieron y lo que les constó: don Miguel firmó un contrato por servicios profesionales a partir del mes de junio del año 2014, con la empresa Mina Orotex y antes de esa fecha ya había brindado sus servicios de consultoría. La empresa tomó la decisión de contratar sus servicios ya que fue una recomendación y como estaban pasando por una transición por el fideicomiso y toma de posesión de la Mina, todo estaba por iniciar, es así que ante la experiencia de don Miguel, la empresa Mina Orotex y en apegó a cumplir con el Código de Minería, lo contratan como Regente de Geología para que este al frente de la Mina, haciendo bitácoras y dando informes a los personeros de las empresas involucradas. De los testimonios y de la prueba documental del contrato por servicios profesionales, bitácoras y recibos de pagos por servicios profesionales, se entiende que el actor era un profesional liberal, es decir, que tenía este contrato y otros más según su oferta y demanda, así se demuestra en el contrato y en los testimonios recibidos. El actor básicamente lo que debía de hacer, era llevar el control de la bitácora por orden del Código de Minería, dar asesoría, ir a reuniones, trasladarse cada vez que fuera necesario, como cuando se hacía la perforación que iba una vez a la semana. Por lo que queda claro que la empresa poco a poco se fue formando con la colaboración de otra geóloga junior y otros dos más que estaban a cargo de ella, el capataz que llevaba el control de los mineros y un gerente general quien a la vez también era geólogo, por lo que el papel del regente ambiental y geólogo en minería era más que todo de consultoría, es así que era lógico que con la experiencia de don Miguel él refiriera personas, materiales o técnicas para la empresa y al final el gerente tomaba la decisión. Como indiqué líneas más arriba, todo esto queda claro con las manifestaciones de las partes, la suscrita le da una mayor credibilidad a los testimonios de los geólogos ya que ellos eran los que se encontraban en el lugar siempre, cumplían horario, eran los que llamaban a don Miguel cada vez que tenía que realizarle alguna consulta y conocen sobre los alcances de las funciones de él. Y no toma como ciertas las apreciaciones del actor en la demanda, ya que no se demuestra el vínculo de gerente y toma de decisiones que trató de demostrar en su tesis y la prueba documental de correos electrónicos, dichos correos no dan a entender a la suscrita que el actor tuviera en sus manos el control de la Mina y que los representantes de la misma lo tuvieran bajo sujeción inmediata.” (sic). Lo razonado por la a quo no es compartido por esta Sala. Como se ha dicho, en el proceso laboral existen una serie de principios a favor de la persona trabajadora, que es normalmente la parte débil de la relación laboral, como lo es el de redistribución de la carga probatoria, entre otros. Con anterioridad a la entrada en vigor de la Reforma Procesal Laboral (Ley 9343, que rige a partir del 25 de julio de 2017), vía jurisprudencia, en reiteradas ocasiones se indicó que, en el derecho procesal laboral, la persona trabajadora -que es usualmente quien demanda- se veía exonerada en lo sustancial de probar su dicho; por lo que la carga probatoria recaía en lo básico sobre la parte accionada. Por ello, se ha entendido que la demanda goza de una presunción de veracidad, que debe ser desvirtuada por la parte demandada con su prueba (al respecto, entre otros, puede consultarse el voto N.°310-1998). Dicho criterio se ha mantenido hasta la actualidad, tan es así que sirvió de base para que el legislador, por medio de dicha Ley, estableciera en los artículos 477 y 478 del Código de Trabajo reformado las cargas probatorias que rigen la materia. El ordinal 477 dispone que “(...) la carga de la prueba de los hechos controvertidos, constitutivos e impeditivos le corresponde a quien los invoca en su favor. /El concepto de carga debe entenderse como la obligación de la parte de ofrecer, allegar o presentar la probanza en el momento procesal oportuno”. En el artículo 478 siguiente se establecen las cargas probatorias de cada una de las partes; y, en ese sentido, se indica que a quien trabaja le corresponde la prueba de la prestación personal de los servicios y, a quien emplea, la de los hechos impeditivos que invoque y la de aquellos respecto de los cuales tiene la obligación de documentar o registrar, entre ellos: “3.-El puesto o cargo desempeñado y la naturaleza o las características de las labores ejecutadas”. Es decir, desde antaño se ha sostenido que es deber de la parte empleadora probar, entre otros aspectos, el puesto y la naturaleza de las labores ejecutadas, así como cualquier otra situación fáctica, cuya fuente probatoria le sea de más fácil acceso que al trabajador. El precepto 481 del Código de Trabajo reza: “Las pruebas se valorarán respetando el resultado del contradictorio, con criterios lógicos, de la experiencia, la ciencia, el correcto entendimiento humano y las presunciones humanas o legales. Deberán expresarse los fundamentos fácticos, jurídicos y de equidad de las conclusiones y las razones por las cuales se les ha conferido menor o mayor valor a unas u otras. Si bien la apreciación debe llevarse a cabo de forma armónica en atención al conjunto probatorio, es prohibido hacer una referencia general a este último como único fundamento de una conclusión, sin hacer la indicación concreta de los elementos particulares y de derecho que sirven de apoyo”. Para determinar el tipo de relación que se dio entre las partes, es necesario remitirse a lo dispuesto en los artículos 2, 4 y 18 del Código de Trabajo, particularmente en este último. De igual forma, el artículo 24 de dicho cuerpo normativo establece los elementos del contrato escrito de trabajo; "(...) a. Los nombres y apellidos, nacionalidad, edad, sexo, estado civil y domicilio de los contratantes; b. El número de sus cédulas de identidad, si estuvieren obligados a portarlas; c. La designación precisa de la residencia del trabajador cuando se le contratare para prestar sus servicios o ejecutar una obra en lugar distinto al de la que tiene habitualmente; d. La duración del contrato o la expresión de ser por tiempo indefinido, para obra determinada o a precio alzado; e. El tiempo de la jornada de trabajo y las horas en que debe prestarse éste; f. El sueldo, salario, jornal o participación que habrá de percibir el trabajador; si se debe calcular por unidad de tiempo, por unidad de obra o de alguna otra manera, y la forma, período y lugar del pago. En los contratos en que se estipule que el salario se pagará por unidad de obra, además de especificarse la naturaleza de ésta, se hará constar la cantidad y calidad de material, el estado de la herramienta y útiles que el patrono, en su caso, proporcione para ejecutar la obra, y el tiempo por el que los pondrá a disposición del trabajador, así como la retribución correspondiente, sin que el patrono pueda exigir del mismo cantidad alguna por concepto del desgaste natural que sufra la herramienta, como consecuencia del trabajo; g. El lugar o lugares donde deberá prestarse el servicio o ejecutarse la obra; h. Las demás estipulaciones en que convengan las partes; i. El lugar y fecha de la celebración del contrato, y j. Las firmas de los contratantes, en el entendido de que dos testigos podrán sustituir válidamente la de quien no sepa o no pueda hacerlo (...)" (El resaltado se agregó). De ellos, se debe mencionar que es posible identificar que la empresa le entregó al actor herramientas de trabajo como: a. tarjeta de crédito empresarial para compra herramientas de trabajo, suministros y mobiliario de oficina, alquiler de maquinaria, pago de empleados y combustible, compra de productos para la alimentación de empleados durante los primeros meses de funcionamiento de la mina, entre otros (declaración de [Nombre 004] en 33:48 a 35:50; [Nombre 005] en 1:49:04 a 1:51:00; Orlando Orozco en 2:45:06 a 2:46:10; y, [Nombre 003] en 3:38:24 a 3:40:10, 3:47:59 a 3:49:00, 3:56:00 a 3:57:00); b. Vehículo todo terreno de uso discrecional que facilitaba el acceso a la mina y la comunicación entre el centro de operaciones y la mina; así como la compra de materiales y otras gestiones (imágenes 83 a 86 del expediente virtual y declaraciones de [Nombre 004] en 38:00 a 39:34; [Nombre 002] en 1:17:47 a 1:18:52; [Nombre 006] en 3:23:52 a 3:24:26; [Nombre 007] en 3:42:37 a 3:43:13; y, [Nombre 008] en 4:07:17 a 4:07:41, del audio de la audiencia) y c. Cobertura de viáticos por alimentación y hospedaje (Imágenes 32 y 76 y testimonios de [Nombre 002] en 1:18:55 y [Nombre 003] en 3:42:10 a 3:42:31 de la audiencia). Además, de la relación laboral entre las partes se desprende la presencia de los elementos de la relación laboral en el caso concreto. Sobre la prestación personal del servicio, la juzgadora consideró que: "(...) para existir una relación laboral se deben cumplir ciertos requisitos, en principio la prestación personal del servicio y la remuneración, acá se podría decir que el actor brindaba sus servicios en forma personal y recibía un pago por sus servicios, no obstante queda claro, por las propias manifestaciones del actor en su demanda que no tenía horario fijo, no estaba obligado en presentarse todos los días y aunque tenía un vehículo y tarjetas de crédito a disposición, esto por sí solo no implicaba que se diera una relación laboral entre las partes, ya que perfectamente se podía pactar en el contrato de servicios profesionales. Dicho esto la prestación personal de servicios como tal no existe, ya que el actor podía realizar sus funciones fuera de la Mina e iba solo cuando era necesario (...)". Esta Sala no comparte el análisis y la conclusión que, en relación con la prestación personal de servicio, realiza la a quo. Dicho concepto, como requisito para comprobar la existencia de una relación laboral, implica que el trabajador debe realizar las tareas y el esfuerzo por sí mismo, de manera personal e intransferible, no por interpuesta o tercera persona, por lo que debe poner a disposición, del empleador, su propia capacidad de trabajo. El dicho de la juzgadora, en el tanto descarta que existiera, por cuanto podía realizar sus funciones fuera de la mina sin que fuera necesaria su asistencia periódica, no es suficiente para desacreditar la realización de funciones, además de que no existe prueba de que las mismas se transfirieran o fueran desarrolladas por un tercero. El criterio del Juzgado recae en un análisis de presencialidad, no en el análisis de las funciones y de su ejecución personal, de la cual no hay duda. El primer contrato de trabajo (imágenes 100 a 110 del expediente virtual) estableció como funciones del actor: "(...) a) Regencia Geológica de la Mina Chassoul, la cual se encuentra documentada mediante Contrato de Regencia Geológica firmada entre las Partes, de fecha 23 de Octubre del 2013 y ya registrado en el mismo ante la Dirección de Geología y Minas. b) Responsable Ambiental de la Mina Chassoul, la cual será documentada mediante un contrato específico a firmarse entre las partes y que será sometido para su inscripción ante SETENA en cuanto se proceda a la renuncia del anterior responsable ambiental conforme los procedimientos establecidos al respecto. c) Coordinación del Proyecto de Exploración que Ganadera implementará a partir del mes de junio del 2014. En este sentido el Geólogo será el responsable de la correcta implementación y resultados del Proyecto de Exploración, siendo que sus responsabilidades se desglosan en el Anexo A del Contrato (...) ANEXO A (...) a) contratar y ejercer dirección sobre el personal que laborará en el Proyecto de Exploración como empleados directos de Ganadera. b)Conseguir cotizaciones y contratar equipo y materiales para el Proyecto de Exploración. c) Coordinar los trabajos de preparación, programación, implementación y cumplimiento de las etapas del Proyecto de Exploración. d) Mantener comunicación directa y constante con los directores y dueños de Ganadera acerca del Proyecto de Exploración y su avance. e) Ser el representante operativo de la Mina Chassoul ante cualquier entidad de gobierno con la que resulte necesario interactuar. f) Preparar los informes sobre avance y resultados (parciales y finales) del Proyecto de Exploración, para ser representados tanto a Ganadera como a las oficinas de gobierno que resulte necesario. g) Preparar todos los informaciones y comunicaciones a ser presentados ante las autoridades locales, y que sean requeridos formalmente por éstas, o por iniciativa de Ganadera, según se justifique para el debido seguimiento a las obligaciones que como concesionario le competen cumplir a Ganadera.h) Dar un cercano seguimiento y pronta respuesta a las solicitudes de información que realice Ganadera y/o sus asesores, sobre el avance del Programa y cualquier otro tema conexo. i) Advertir sobre conductas ilícitas y-o responsabilidades contractuales y extra- contractuales que advierta en el ejercicio de sus funciones, por parte de contratistas, consultores y-o terceros relacionados con las operaciones de la Mina Chassoul. Supervisar en campo todas las actividades relacionadas con la Etapa de Exploración.". En el otro contrato, que consta en autos (imágenes 112 a 118), se visualiza una modificación en varias cláusulas, y sobre las labores se detalla: "(...) Las partes acuerdan, que OROTEX contrata los servicios profesionales del Geólogo estrictamente en lo que respecta a las funciones descritas en el inciso a) y que corresponde a la Regencia Geológica de la Mina Chassoul, la cual se encuentra documentada mediante Contrato de Regencia Geológica firmada entre las Partes, de fecha 23 de Octubre del 2013 y ya registrado ante la Dirección de Geología y Minas. Entre las funciones asignadas al GEOLOGO, además de las que dispone la normativa en materia minera, y por el Colegio de Geólogos de Costa Rica, le corresponde lo siguiente, dejando sin efecto el desglose de actividades del Geólogo como Coordinador del Proyecto de Exploración indicado en el Anexo A del Contrato de Servicios Profesionales: (i) Visitar el Proyecto al menos dos veces al mes. (ii) Mantener al día la bitácora geológica. (iii) Generar reportes mensuales para OROTEX que incluyan información técnica vinculada con la geología del sitio, y el área de la conceción según requerimientos de OROTEX. (iv) Gestionar los permisos necesarios y ejecutar los pasos para exponer muestras fuera del país para sus correspondientes análisis. (v)Atender reuniones a solicitud de OROTEX y a ser celebradas en la Mina Chassoul, Piedades Sur, o en la Gran Área Metropolitana, vinculadas con su quehacer. (vi) Generar reportes anuales a ser presentados ante Geología y Minas, así como dar respuesta a toda serie de aclaraciones necesarias por parte de entidades competentes. (vii) Atender las solicitudes de OROTEX vinculadas con eventuales solicitudes a Geología y Minas, incluidas pero sin limitarse a cálculos de reservas, solicitudes o ajustes de plazos de la concesión, justificación de períodos de suspensión de labores, entre otros.". Aunado a lo descrito, en el contrato se pactó la futura contratación de una persona asistente, de su elección, para el desempeño de sus labores, de forma que se indica que "Ganadera pagará adicionalmente por los servicios de un asistente a designarse por el Geólogo, el cual será incluido en la planilla de Ganadera ya que adicionalmente dicho asistente deberá colaborar en actividades y proyectos propios de la operación de la Mina Chassoul. El asistente sin embargo estará bajo la supervisión del Geólogo y tendrá como principal trabajo en colaborar con el Geólogo en la entrega de los servicios aquí contratados. La persona que el Geólogo designe contará con las aptitudes y experiencia necesaria para la ejecución de este contrato, y de los fines propuestos en el Programa de Exploración" (Cláusula 8 del contrato, en imagen 104). Así, se tiene no solo que el actor era trabajador de la demandada, sino que tenía la potestad, en su condición de representante patronal, de contratar a una persona para que le asistiera, la cual expresamente se indica, sería trabajadora de la empresa. Si el actor no hubiera sido considerado un trabajador de la empresa, no habría tenido la posibilidad de contratar personal, de manera que para esta Sala queda claro que el actor realizó, de forma personal, las funciones pactadas. Esto también se puede corroborar por el dicho de quienes testificaron en audiencia: la testigo [Nombre 004] (31:00 a 33:39) identificó las funciones y los roles que realizó el actor; [Nombre 002] mencionó las obligaciones del actor, el tiempo y las circunstancias de la relación (1:03:30 a 1:04.48, 1:05:50 a 1:09:01 y 1:09:50 a 1:12:30); la declaración del testigo [Nombre 005] dilucidó las labores de contratación que realizó el actor, a quien veía como administrador y con el que realizaba labores de coordinación y reporte de labores vía telefónica, la frecuencia de asistencia a la mina y el horario del actor (1:40:00 a 1:57:30); María Lourdes Morera indicó que el actor giraba instrucciones técnicas, por lo que debía atender consultas y decidir sobre los pozos de perforación, que veía al actor como el segundo en jerarquía en la mina, además que el actor asistía a reuniones técnicas presenciales y era el encargado de la exportación de las muestras para análisis químico (2:10:06 a 2:10:15, 2:11:23 a 2:12:35 y 2:21:10 a 2:24:53); Orlando Orozco reconoció las funciones del actor, que lo veía como gerente y encargado del procedimiento de la mina y la compra de materiales y que iban juntos a realizar dichas compras (2:40:03 a 2:52:53); [Nombre 006] detalló, los servicios del actor en la Mina, su asistencia y sus funciones durante las campañas de perforación e hizo especial énfasis en que daba criterio técnico; [Nombre 003] especificó los servicios y funciones del actor, las labores personales de contratación de mineros, organización de funciones y supervisión, las responsabilidades en la negociación del contrato de oficina, renta de vehículos y alquiler del centro de operaciones, el horario y asistencia a la mina (3:36:30 a 3:56:18); y, el testigo [Nombre 008] identificó las funciones del actor (4:10:32 a 4:10:48), todas las cuales se enmarcan en el quehacer ordinario de la mina, es decir, no era un externo que no tuviera mayor injerencia con el funcionamiento de éste, sino que, por el contrario, estaba totalmente inmerso en el funcionamiento de ésta. Respecto de la remuneración que recibía de manera periódica (mensual), en el hecho quinto de la demanda, el actor indicó: “Durante el tiempo que presté servicios como encargado de la parte geológica-minera, mi remuneración fue de $4.000,00 USD mensuales. A partir de junio del 2014 la remuneración pactada fue de $7.000,00 USD por mes. En el año 2015, esta remuneración fue reducida a $5.000,00 USD, y para el año 2016, nuevamente se redujo a $4.500,00 USD, monto que se mantuvo vigente hasta la conclusión de la relación.”. Este hecho no fue controvertido, en el tanto la demandada indicó: “En ese entendido, es cierta la enumeración de los periodos que hace el actor en cuanto a los honorarios profesionales, que para el año 2014 eran de US$7000.oo, para el 2015 de US$5000 y en la última fase, a partir del 2016, de US$4500.oo.”. Así, se cuenta con la existencia de una contraprestación económica periódica, pactada a cambio de sus labores en la mina. Es menester incluir en este análisis que, dentro del contrato, se pactó el pago de reconocimiento por trabajo en días feriados y asuetos, los que son típicamente laborales, sin que exista en el expediente prueba de que en la realidad se haya realizado algún pago. No obstante, lo es cierto que se estableció: "Si el Geólogo debe presentarse a realizar el servicio de Coordinación del Proyecto de Exploración en días de asueto y/o feriados de ley ("Días No Hábiles"), el Geólogo tendrá derecho a cobrar una suma extra que en este acto las partes acuerdan en fijar en trescientos cuarenta y un dólares exactos (US$320), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, por Día No Hábil que haya que tenido que brindar el servicio. A tal efecto se establece y acuerda que el Geólogo podrá organizar su agenda semanal de tal forma que cuente con al menos un día de asueto semanal."(sic) (Cláusula 4 del contrato en imagen 103), aspecto que no es típico en un contrato de servicios profesionales, y más bien es otro elemento de la existencia de la relación laboral. De ahí que deberán tenerse por ciertos dichos salarios correspondientes a toda la relación laboral entre las partes, de manera tal que los periodos en los cuales devengó los sueldos deberán entenderse: 1) Del 16 de junio de 2014 al 31 de diciembre de 2014, siete mil dólares mensuales; 2) del 1ero de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015, cinco mil dólares mensuales; y, 3) del 1ero de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, cuatro mil quinientos dólares mensuales (ver contratos, entre el actor y la empresa demandada, imágenes 100 a 110 y 112 a 118, correo electrónico a imágenes 27 y 28; y, las declaraciones del testigo Lic. [Nombre 002] de 1:36:03 a 1:36:20, de la audiencia). En relación con la subordinación, la juzgadora analizó: "(...) aplicando el contrato de realidad, en este punto, queda claro para la suscrita que el actor no tenía ningún tipo de sujeción, que el tuviera que estar yendo sea una vez a la semana o una vez al mes, que tuviera que estar participando de reuniones, llamadas internacionales o bien estar pendiente del teléfono para consultas, no implica que existía una subordinación para con la demandada, sino más bien era parte del mismo servicio por el cual fue contratado, es lógico que existieran correos, llamadas y reuniones, que el actor debía de estar brindando el servicio de la bitácora y tenerla al día, por los requisitos que solicitaba el código de minería, pero en ningún momento se probó que el actor cumpliera un horario (se puede ver la bitácora de entradas y salidas de la Mina hecha por los agentes de seguridad), que tuviera que estar informando a una Jefatura sobre la toma de sus decisiones, ya que como se logró comprobar con la prueba testimonial de todas la partes, el actor daba su punto de vista en la experiencia en el trabajo y al final el Gerente General tomaba la decisión, por lo que no tenía un control de las decisiones que tomaba o bien recibir algún tipo de sanción si ocurría algo, véase que los testigos que el aportó que dieron los servicios para la demandada, pues fue una recomendación y la empresa decidía si los aceptaba o no, ya que ellos eran quienes les pagaban y no el actor. Es así, que a criterio de quien resuelve que no se logró comprobar con todos los puntos antes indicados, que existiera una relación laboral entre las partes (...)". Como se dijo de previo, la subordinación implica no sólo dar órdenes al personal y disciplinar sus faltas, sino el poder dirigir las tareas encomendadas, el mando, la fiscalización, la dirección y la potestad disciplinaria. Se logra identificar que si existen aspectos al respecto de la posición subordinada del actor, tales como: 1) Se identifica la ejecución del poder de mando, por medio de la dirección, fiscalización, el giro de órdenes y fiscalización en a. las interacciones por medio de correos electrónicos entre Jorge Obando, quien a ojos de la empresa es el representante patronal y gerente de la mina, en ellos se demuestra el poder disciplinario pues le gira instrucciones, le orienta sobre las labores, se le pide cuentas de su trabajo y horario y se le da órdenes sobre a quien realizar consultas (evitando contactar directamente a la firma de abogados), (Declaraciones de: [Nombre 002] en 1:21:39 a 1:25:45; [Nombre 005] en 1:52:40 a 1:53:40; María Lourdes Morera en 2:13:59 a 2:17:30 y 2:21:10 a 2:24:53; Orlando Orozco en 2:41:16 a 2:41:51 y 2:50:00 a 2:50:20; [Nombre 006] en 3:10:15 a 3:10:59, 3:19:58 a 3:23:52 y 3:29:07 a 3:30:41; y, [Nombre 003] en 3:54:51 a 3:55:18); b. se le reconocía dentro del organigrama como uno de los encargados de la dirección de labores administrativas y de decisiones técnicas, pero siempre por debajo de la gerencia (Declaraciones de [Nombre 005] en 1:52:40 a 1:53:40; María Lourdes Morera en 2:10:06 a 2:12:35, 2:13:59 a 2:17:30, 2:21:10 a 2:24:53, 2.41:16 a 2:41:51, 2:52:08 a 2:52:53; y, [Nombre 006] en 3:29:07 a 3:30:41); y, 2) Al actor se le incorporó, de manera efectiva, a la estructura de la empresa: a. Participó de reuniones de organización del trabajo, planificación, formulación de metas, confección de informes y otras (Imágenes 34 a 54, 56 a 65, así como las declaraciones de María Lourdes Morera en 2:21:10 a 2:24:53; [Nombre 003] en: 3:40:44 a 3:41:58 y 3:45:07 a 3:45:49) ; b. Se le requirió en labores administrativas, donde negoció contratos sobre inmuebles, por ejemplo la casa desde la que se estableció el centro de operaciones de la mina ubicada en Piedades Sur de San Carlos o renta de vehículos, y de trabajo, en nombre de la empresa (imágenes 30, 120, 121, 149, 151, 152, 154, 155, 157 a 165 del expediente virtual y declaraciones de [Nombre 005] 1:48:30 a 1:48:55, 1:52:40 a 1:53:40, 1:57:00 a 1:57:30; Orlando Orozco en 2:45:06 a 2:46:10; [Nombre 003] en 3:40:18 a 3:40:43, 3:43:35 a 3:45:49 y 3:47:59 a 3:49:00) y generó horarios de funcionarios mineros (Declaración de [Nombre 003] en 3:51:32 a 3:52:01); c) se le asignó como el responsable del seguimiento al juicio por una colisión de uno de los vehículos empresariales y colaboró en la liquidación de planillas y horas extra de funcionarios (Imágenes 12 a 28, 123 a 147); y, d) Concurrió y, en algunos casos, organizó actividades de índole social de la empresa, como fiestas del día del padre o navideñas y asados, en las que incluso participó su esposa (Imágenes 78 y 79 y las declaraciones: [Nombre 004] en 40:00 a 42:07; María Lourdes Morera en 2:25:09 a 2:26:04; [Nombre 006] en 3:27:03 a 3:28:55;y, [Nombre 003] en 3:46:34 a 3:47:48); En otro orden de ideas, se observa que la representación del actor reclama que el fallo no se refiere al elemento de la ajenidad, como aspecto necesario para determinar la existencia de la relación laboral. Esta Sala, en reiteradas ocasiones tuvo la oportunidad de referirse al concepto, que debe formar parte del análisis integral del caso concreto. Así, debe recordarse que una de las características de las relaciones de naturaleza laboral es que la persona trabajadora desempeña sus funciones por cuenta y riesgo del patrono. Así se ha dicho: “Esta figura jurídico-laboral (refiriéndose la relación de trabajo), al tenor de la doctrina y la jurisprudencia, implica la presencia de cuatro elementos que la identifican, ellos son: el carácter personal y voluntario del trabajo prestado, la dependencia o subordinación, la ajenidad y la remuneración. De estos conceptos, el menos desarrollado es el de ajenidad, o sea, trabajar por cuenta ajena. El cual se apoya en “(...) dos pilares del capitalismo: propiedad de los medios de producción y venta en el mercado de los productos obtenidos (...)” (PALOMEQUE LÓPEZ, M.C y ALVAREZ DE LA ROSA, M., Op.cit., p.620). Sin embargo, las mutaciones experimentadas por la prestación de trabajo en el proceso productivo no se recogen en el concepto de ajenidad, que se ha entendido, dentro de la jurisprudencia española, como “(...) la trasmisión a un tercero de los frutos o del resultado del trabajo (...)” (Véase STS 29-10-1990. A 7721); o, también, cuando “(...) es el empresario quien incorpora los frutos del trabajo en el mercado (ajenidad en el mercado) percibiendo directamente los beneficios (...)” (ver SSTS 29-1-1991, A. 190 y 16-3-1992, A. 1870). Por ende, si el empresario es el titular de los frutos, evidentemente, será quien corra con los riesgos, favorables o desfavorables, del resultado de ponerlos en el mercado “(...) el trabajador es ajeno al resultado de la explotación del negocio (ajenidad en los riesgos) (...)” (ibidem, p.621)” (Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, voto nº 296 de las 9:40 horas del 30 de abril de 2004). Así, se logra identificar la presencia de este elemento en el caso concreto, no cabe duda que los beneficios, de la labor que realizar el actor, recaen en favor de la empresa, como parte patronal, y que es ella quien asume los riesgos de la explotación de la mina y las actividades conexas. Esto también se puede desprender del contrato, donde se acuerda el pago de una póliza de riesgos comerciales en su favor (Cláusula 9 del contrato en imágenes 104 y 105), que pretende la protección de la empresa frente a cualquier riesgo de tipo económico, que puedan surgir por la acción del actor. Por otro lado, es menester mencionar que, a pesar de que la teoría de la parte demandada era que el actor se dedicaba únicamente a la regencia geológica, lo cierto es que, de todo lo analizado, se puede observar que realizó labores que van más allá de dichas funciones. Al inicio de la relación, el actor estuvo totalmente involucrado en la estructura de la empresa, es decir que se le contrató para ejecutar labores que sobrepasaban la exclusiva regencia geológica, y que algunas fue dejando de hacer con el paso del tiempo. Esto se dio como parte de un reacomodo de funciones, por el crecimiento de la mina, cuando se contrató una persona para que fungiera como gerente general, lo cual se trata de un aspecto que no ha sido alegado como ius variandi abusivo por el actor y, por ende, no es objeto del proceso. Así, se observa que en la cláusula primera del contrato se pactó que el actor se iba a asumir la Regencia Geológica, ser el Responsable Ambiental y el ser el Coordinador del Proyecto de Exploración (Imágenes 101 y 102 del expediente virtual). No se observa, en el expediente, claridad sobre el momento en que se dejó de realizar dichas funciones, únicamente, se evidencia una modificación en el addendum del 01 de agosto de 2015 (Imagen 112 a 118), donde se pacta que se enfocaría en las labores de regente geológico. Es decir, desde el inicio se le vinculó como trabajador de la mina, con labores de administrativas, organizativas y de dirección, para poner en marcha la estructura base de la mina. Pero conforme la mina fue creciendo y empezó a funcionar, las prioridades de la empresa variaron al punto de requerir el reacomodo de funciones y que el actor se dedicara únicamente a las labores de regente geológico. Dentro de los elementos para respaldar la tesis de la existencia de una relación laboral, es importante resaltar que el actor prestó los servicios de forma personal, en beneficio de la empresa; y, esta última asumió el riesgo de su actividad. Es decir, además de estar integrado a la organización de la empresa, realizó labores única, o principalmente, en beneficio de la otra parte, las cuales tenían cierta duración y continuidad, para lo que se le suministró las herramientas, los materiales y la maquinaria. Además estaba subordinado a las instrucciones y decisiones del gerente general de la mina, el cual siempre tuvo la última palabra sobre sus responsabilidades y asumió el riesgo del negocio. Así las cosas, debe reconocerse el vínculo laboral entre las partes desde el 16 de junio de 2014 (ver imágenes 15 a 22 del expediente virtual del Juzgado) hasta el 31 de diciembre de 2016 (Prueba documental #21 aportada por el actor).

V.- SOBRE EL SALARIO EN ESPECIE ALEGADO: El actor pretende se reconozca que percibió salario en especie, concedido por la parte demandada durante la relación laboral, correspondiente a un vehículo de uso discrecional (mantenimiento, seguros y combustible), alimentación y hospedaje, cuyo costo era asumido por la empresa. Dicha petición debería cuantificarse en un 50% del salario. La remuneración en especie está regulada en el artículo 166 del Código de Trabajo, en los siguientes términos: “Por salario en especie se entiende únicamente lo que reciba el trabajador o su familia en alimentos, habitación, vestidos y demás artículos destinados a su consumo personal inmediato (…) No obstante lo dispuesto en los tres párrafos anteriores, no se computarán como salario en especie los suministros de carácter indudablemente gratuito que otorgue el patrono al trabajador, los cuales no podrán ser deducidos del salario en dinero ni tomados en cuenta para la fijación del salario mínimo.” (El resaltado no es del original). Esta Sala ha considerado que la prestación es gratuita cuando no se otorga como un plus al salario en dinero, sea como una contraprestación por el trabajo brindado, sino que su concesión resulta indispensable para que el vínculo entre las partes pueda concretarse, en atención a determinadas circunstancias. En ese orden de ideas, en la sentencia N.º 725-2010, de las 9:20 horas del 3 de junio de 2010, se expresó: “(…) cuando se ha considerado que se otorga gratuitamente, es en aquellos casos donde efectivamente la empresa lo procura como una forma de facilitar la actividad (…) en la sentencia número 753, de las 9:45 horas del 5 de septiembre de 2008, se indicó: “a trabajadores permanentes como el actor, se les facilitaba habitación para solventar la necesidad de la mano de obra para realizar la actividad productiva a la que se dedica la sociedad demandada. […] La ubicación del centro de trabajo, y la actividad agrícola de la empresa, permiten concluir que el suministro de la casa no tenía el carácter de salario en especie, sino el de una concesión gratuita con el fin de desarrollar adecuadamente la actividad agrícola". En consecuencia, no se consideran como salario en especie los bienes o servicios que el empleador conceda a sus trabajadores por una razón distinta a la remuneratoria de la labor realizada. Cada caso debe analizarse en forma concreta, pues no existen parámetros, que puedan aplicarse de manera uniforme, sino que cada situación ha de analizarse a la luz de sus circunstancias particulares, para determinar si las concesiones en especie tienen, o no, naturaleza retributiva. En este asunto, se puede comprobar que el vehículo era propiedad de la demandada, era ella la que se encargaba de dar mantenimiento y cubrir el costo de seguros y combustible, y fue entregado al actor para su uso discrecional. A luz de lo establecido en el contrato entre las partes, se logra dilucidar que el mismo tenía el objetivo de facilitar “su transporte y ejecución de los servicios aquí contratados en el área de la Mina Chassoul o hacia las localidades que resulte conveniente transportarse según las necesidades del Proyecto. El uso de dicho vehículo será de carácter discrecional para el Geólogo, e incluirá el costo de combustible que el vehículo conduzca. El Geólogo será responsable por los daños que sufra el vehículo cuando se encuentra bajo su guarda y uso. El vehículo contará con cobertura de seguro contra todo riesgo que beneficiará tanto al Geólogo como a cualquier ocupante del vehículo.” (Imágenes 17 y 18 del expediente virtual del juzgado). A juicio de la Sala, en el presente asunto no se presentan las connotaciones que han sido valoradas en otros procesos, para considerar excluida la naturaleza salarial sobre el vehículo. De forma efectiva se puede comprobar que el actor disfrutó del uso del vehículo de manera discrecional. En la cláusula primera del acta de entrega del vehículo, misma que se firma al finalizar la relación, consta "Que según contrato por servicios profesionales firmado en Junio del 2014, para la ejecución de los servicios s MINA OROTEX le suministró a EL GEÓLOGO un vehículo de uso discrecional placa 650795, marca Toyota, estilo Land Cruiser, año 2007, Chasis número JTEBY25J200050I82." (imágenes 83 a 86 del expediente virtual), lo cual es pertinente para la confirmación de la discrecionalidad del uso del automotor. También, de las declaraciones se puede desprender: 1) de la testigo [Nombre 004], que el actor tenía en su casa un vehículo Toyota Prado, que podía utilizar de manera libre, a pesar de tener vehículo propio, pero en la medida de lo posible trató de hacer un uso responsable y cuidadoso, al tratarse de un automotor propiedad de la empresa (38:00 a 39:34 del audio de la audiencia), 2) al testigo [Nombre 002], que la empresa tenía varios vehículos a disposición y que el contrato del actor le permitía utilizar uno de ellos o el propio (1:17:47 a 1:18:52 del audio de la audiencia); 3) del testigo [Nombre 006], que la empresa contaba con varios vehículos de doble tracción y que el actor tenía asignado uno, el cual era un Toyota Prado 4x4 (3:23:52 a 3:24:26 del audio de la audiencia; 4) En el mismo sentido, la testigo [Nombre 007] corroboró que el actor utilizaba el vehículo Toyota Prado para transportarse y que el contrato establecía su discrecionalidad (3:42:37 a 3:43:13 del audio de la audiencia); y, 5) Del testigo [Nombre 008], se confirmó que el actor utilizó el vehículo de doble tracción, Toyota Prado, desde finales de 2014 (4:07:17 a 4:07:41 del audio de la audiencia). Por lo expuesto, se debe considerar como salario en especie, en tanto la parte accionada no logró desvirtuar tuviera una naturaleza distinta a la retribución salarial y de la prueba se extrae que era salario en especie. Así, se debe tomar en cuenta a pesar de que el argumento de defensa al respecto, es que la relación con el actor fue por servicios profesionales, no de carácter laboral; en ningún momento negó el haber brindado este beneficio al trabajador; pero adujo que, bajo esa premisa, no brindaba salario en especie, sino que se trataba de instrumentos necesarios para poder atender las labores encomendadas, no de remuneraciones adicionales, en lugares donde no se cuenta con facilidades y servicios. No obstante, sobre la cobertura de combustible, seguros, mantenimiento, hospedaje y alimentación debe rechazarse lo agraviado, en el tanto no se tratan de concesiones gratuitas, sino de gastos con obligación de reembolsar, razón por la cual presentan una naturaleza no salarial, toda vez que se encuentra en la obligación de liquidarlos por medio de facturas y comprobantes (Ver imágenes 32 y 76 del expediente virtual y testimonio de [Nombre 010] en 3:42:10 a 3:42:31). Lo anterior, tal y como lo establece la cláusula tercera del contrato por servicios profesionales, que en lo que interesa dispone: “El Geólogo entregará a Ganadera las facturas y recibos oficiales correspondientes por cada uno de los pagos aquí pactados.”. De esta manera, al confirmar la relación laboral entre las partes, debe tenerse también por acreditado que percibió y disfrutó del salario en especie. No cabe duda de que el vehículo significa una ventaja salarial para el actor, que debe ser cuantificada como parte de su salario. Su reconocimiento es procedente para el cálculo de los extremos de aguinaldo, vacaciones, preaviso, cesantía, así como para las cuotas obrero- patronales a la Caja Costarricense de Seguro Social y el Fondo de Capitalización Laboral. No así los de seguros, combustible, mantenimiento de vehículo, hospedaje y alimentación, al no acreditarse su naturaleza retributiva, sino que eran, únicamente, el reembolso de gastos efectuados por el actor en el ejercicio de su trabajo. Ahora bien, en lo tocante a la parte del salario que pueda, legítimamente, ser pagado en especie, con base en la interpretación que se hace de lo establecido en el tercer párrafo del indicado numeral, se ha considerado que ese porcentaje (cincuenta por ciento) es el máximo a conceder en especie mientras que las partes no hayan hecho, en cada caso concreto, una valoración diferente o existan razones que justifiquen plenamente un porcentaje mayor por beneficios al trabajador. En cuanto a su estimación, por lo general, las partes no le dan un valor determinado y no es sino hasta que concluye el contrato cuando se pretende establecer su valoración, a los efectos de calcular, correctamente, los derechos derivados de tal conclusión. El citado párrafo tercero del artículo 166 del Código de Trabajo establece que “(...) mientras no se determine en cada caso concreto el valor de la remuneración en especie, se estimará ésta equivalente al cincuenta por ciento del salario que perciba en dinero el trabajador”; sin embargo, ha sido criterio reiterado el de que, en esas circunstancias, la fijación no debe hacerse de por sí y de una vez, siempre en el cincuenta por ciento indicado, sino que deben establecerse parámetros objetivos de valoración y fijarse, luego, en la proporción que se considere pertinente. En el caso concreto se calcula que el porcentaje por el cual debe estimarse el salario en especie corresponde al 10% del salario. Para fijar el porcentaje se considera la información del valor aproximado que se estima con la información del vehículo, el cual se trataba de un vehículo todo terreno, marca Toyota Prado, modelo Land Cruiser, 2007, placa 650795 y el uso por parte del accionante (imágenes 83 a 86 del expediente virtual).

VI.- SOBRE LAS PRESTACIONES ADEUDADAS: Una vez establecida la existencia de la relación laboral entre las partes, se procederá a realizar los cálculos correspondientes de las prestaciones laborales solicitadas. Sobre el preaviso: En virtud de que el trabajador laboró, de manera continua, por un periodo mayor a un año y de conformidad con el artículo 28 inciso c) del Código de Trabajo, deberá concederse, un mes de salario. Aunado a lo anterior, según el cardinal 30 del cuerpo normativo citado, para calcular el rubro se debe tomar como base el “(…) promedio de salarios devengados por el trabajador durante los últimos seis meses que tenga de vigencia el contrato (…)”. Al concederse un 10% de salario en especie, dicho porcentaje deberá ser reconocido dentro del promedio. El promedio salarial de los últimos seis meses fue de $4,500 dólares mensuales más el 10% del salario en especie, sea $4,950 (según información salarial no controvertida de los hechos de la demanda, los contratos de servicios profesionales que constan en imágenes 100 a 110 y 112 a 118 y del correo electrónico que consta en las imágenes 27 y 28 del expediente virtual). Por lo tanto, el preaviso que debe percibir corresponderá a la suma de cuatro mil novecientos cincuenta dólares ($4,950), según lo dispuesto por el artículo 28 inciso c) del Código de Trabajo y toda vez que la relación laboral se mantuvo entre el 14 de junio de 2014 y el 31 de diciembre de 2016, con lo cual le corresponde un mes de preaviso. Sobre la cesantía: El artículo 29 del Código citado refiere: “Si el contrato de trabajo por tiempo indeterminado concluye por despido injustificado, o algunas de las causas previstas en el artículo 83 u otra ajena a la voluntad del trabajador, el patrono deberá pagarle un auxilio de cesantía (…)” teniendo en cuenta que el trabajador laboró por un periodo correspondiente a 2 años, 6 meses y 14 días, se debe aplicar el inciso 3.b que indica: “(…) 3. Después de un trabajo continuo mayor de un año, con el importe de días de salario indicado en la siguiente tabla: (…) b) AÑO 2: 20 días por año laborado o fracción superior a seis meses.”. Teniendo en cuenta que el promedio de los últimos meses era de $4,950 dólares mensuales (salario ordinario más el 10% de salario en especie), se debe dividir el monto entre 30 para determinar el promedio diario, en virtud de que su remuneración se cancelaba mensualmente, lo que genera un total de ciento sesenta y cinco dólares ($165). Dicha cifra deberá ser multiplicada por 60 días, para establecer lo adeudado por cesantía, que correspondería a la suma de nueve mil novecientos dólares ($9,900). Sobre las vacaciones: Al tenor del numeral 153 del Código de Trabajo, todo trabajador tiene derecho a dos semanas de vacaciones por cada periodo de cincuenta semanas laboradas de forma continua y “En caso de terminación del contrato antes de cumplir el periodo de las cincuenta semanas, el trabajador tendrá derecho, como mínimo, a un día de vacaciones por cada mes trabajado, que se le pagará al momento del retiro de su trabajo.”. Al haberse acreditado que el accionante laboró por un periodo de 2 años 6 meses y 14 días, se le deben reconocer 30,5 días de vacaciones que se obtienen de la siguiente manera: 1) Del periodo de vacaciones entre el 16 de junio de 2014 y el 01 de junio de 2015 (Entre el 16 de junio y el 31 de diciembre de 2014 con un salario de siete mil dólares y entre el 01 de enero y el 01 de junio de 2015 con un salario de cinco mil dólares, por 12 días de vacaciones luego de 50 semanas laboradas más el 10% de salario en especie) un monto de dos mil seiscientos cuarenta dólares ($2,640); 2) Del periodo de vacaciones entre el 02 de junio de 2015 y el 18 de mayo de 2016 (Del 02 de junio al 31 de diciembre de 2015 con un salario de cinco mil dólares y del 01 de enero al 18 de mayo de 2016 con un salario de cuatro mil quinientos dólares, por 12 días de vacaciones luego de cincuenta semanas laboradas más el 10% de salario en especie), un monto de dos mil noventa dólares ($2090); y 3) Del 19 de mayo al 31 de diciembre de 2016 (por 6 meses y 12 días de vacaciones proporcionales más el 10% de salario en especie) un monto de mil setenta y dos dólares con cinco centavos ($1072,05) lo que correspondería a un total, por adeudo de vacaciones, de cinco mil ochocientos dos dólares con cinco centavos ($5802,05). Sobre el aguinaldo: Según el artículo 2 de la Ley de Pago de Aguinaldo a Servidores de la Empresa Privada, el aguinaldo se debe calcular “(…) con base en el promedio de los sueldos ordinarios y extraordinarios devengados por la misma persona, durante los doce meses anteriores al 1o de diciembre del año de que se trate (…)”, es decir, abarca los meses del 01 de diciembre de un año al 30 de noviembre del año siguiente. Así las cosas, al actor se le debe reconocer el aguinaldo de la siguiente forma: 1) del 16 de junio de 2014 al 30 de noviembre de 2014, por 5 meses y 14 días, en virtud de que el trabajador percibía un salario de $7,000 mensuales en ese momento (cláusula 3 del contrato en imágenes 100 a 110), el aguinaldo correspondiente sería de tres mil doscientos ocho dólares con treinta y tres centavos ($3,208.33); 2) entre el 01 de diciembre de 2014 al 30 de noviembre de 2015 (un mes con un salario de siete mil dólares y los restantes con uno de cinco mil dólares), le corresponde por el mismo concepto la suma de cinco mil ciento sesenta y seis dólares con sesenta y seis centavos ($5,166.66); 3) entre el 01 de diciembre de 2015 al 30 de noviembre de 2016 (un mes con un salario de cinco mil dólares y los restantes con uno de cuatro mil quinientos dólares), le atañe el monto de cuatro mil quinientos cuarenta y un dólares con sesenta y seis centavos ($4,541.66); y, 4) el doceavo final deberá calcularse contemplando el periodo del 01 de diciembre de 2016 y el 30 de noviembre de 2017, en el cual trabajó entre 01 de diciembre y el 31 de diciembre de 2016 (treinta días a un salario correspondiente a cuatro mil quinientos dólares), fecha en que finalizó la relación laboral, por un monto de trescientos setenta y cinco dólares ($375). Según lo expuesto, el total adeudado, en favor del trabajador, por este rubro es de trece mil doscientos noventa y un dólares con sesenta y cinco centavos ($13,291.65). Al cálculo de dicho monto se le debe adicionar el diez por ciento de salario en especie ($1,327.22), para un adeudo total de aguinaldo de catorce mil seiscientos dieciocho dólares con ochenta y siete centavos ($14,618.87).

VII.- SOBRE LOS SALARIOS CAÍDOS: El actor pretende el pago de salarios caídos pues, a su juicio, su despido fue injustificado. El artículo 82 del Código de Trabajo, en lo que interesa, dispone: “El patrono que despida a un trabajador por alguna o algunas de las causas enumeradas en el artículo anterior, no incurrirá en responsabilidad: / Si con posterioridad al despido surgiere contención y no se comprobare la causa del mismo, el trabajador tendrá derecho a que se le paguen el importe del preaviso y el del auxilio de cesantía que le pudieran corresponder y, a título de daños y perjuicios, los salarios que habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que de acuerdo con los términos legales para tramitar y resolver, haya debido quedar firme la sentencia condenatoria en contra del patrono (…)”. Esta Sala considera que el actor no ha expuesto el fundamento fáctico de su reclamo en cuanto a este rubro, por lo que incumplió su deber procesal de narrar los hechos que se considera amparan el objeto del proceso, en lo relativo a los salarios caídos, por tanto, no fundamentó la razón por la cual estima que el despido fue injustificado y procedería el pago. De la revisión del expediente, y propiamente de la del escrito con fecha 20 de noviembre de 2016, (prueba documental #21 aportada por la parte actora) se logra determinar que se le informó de la no renovación del contrato de servicios, que regía los términos de la relación laboral. Así, al tenerse por acreditado el vínculo laboral entre las partes, y al no existir una razón para considerar que dicho cese es atribuible a alguna falta que se le achaque a la parte trabajadora, sino que más bien deviene de la libre voluntad de la parte patronal para remover a sus colaboradores, se debe rechazar lo pretendido. Este agravio no puede prosperar. No se observa que se haya atribuido al actor alguna causal de despido sin responsabilidad patronal, lo que conllevaría el resarcimiento de salarios caídos por despido injusto, sino que el cese fue producto de la voluntad del patrono, lo que se encuentra contemplado como causal de despido con responsabilidad patronal, según el numeral 85 inciso d) del Código de Trabajo, cuya sanción se limita a la concesión de preaviso y cesantía.

VIII.- SOBRE LA DISPONIBILIDAD: El actor pretende que se le reconozca el pago de disponibilidad, en un porcentaje del 25% de todas las remuneraciones recibidas durante la relación laboral. Esta Sala ha tenido oportunidad de referirse al tema de la disponibilidad, la cual ha concebido en los siguientes términos: “Consiste en un régimen que obliga al trabajador o trabajadora a estar expectante y localizable en cualquier momento para realizar labores extraordinarias, si así se le requiere de acuerdo con las necesidades de la parte empleadora. El pago por ese extremo tiene como finalidad compensar esa situación, la que, sin duda alguna, constituye una limitante de las actividades propias de la vida privada de quien está sometido al régimen, con independencia de la retribución de las horas efectivamente laboradas. De esta manera, la persona trabajadora puede recibir solo el pago de la disponibilidad si es requerido o requerida para trabajar o bien, las dos retribuciones, si realiza las tareas extraordinarias. Con ello no existe un doble pago por un mismo concepto, pues en uno y otro caso, el origen de la retribución es distinto. La disponibilidad, concebida de esta forma, implica que quien esté bajo ese régimen, puede hacer las actividades propias de su vida privada, solo que adquiere el compromiso de estar localizable y a la espera de ser llamado o llamada por el empleador o empleadora en cualquier momento para prestar sus servicios durante ese lapso de disponibilidad, restricción a la libertad, que se retribuye generalmente mediante el reconocimiento de un plus salarial (...) la disponibilidad como sobresueldo no es exclusiva de las relaciones de empleo público, también puede existir en las relaciones laborales privadas, la diferencia radica en que en el primer caso, por disposición del principio de legalidad en el sector público, debe existir norma que autorice su pago, en el sector privado, por el contrario, al no estar prohibida su existencia, las partes pueden constituirla libremente, pero en caso de que la empleadora la imponga unilateralmente, debe remunerarla, pues de no hacerlo sería un enriquecimiento ilícito y un abuso del derecho en perjuicio del trabajador conforme a lo establecido en el artículo 22 del Código Civil, de aplicación supletoria a la materia laboral por remisión del artículo 15 del Código de Trabajo” (sentencia número 158, de las 10:45 horas del 11 de febrero de 2015. En sentido similar pueden consultarse los votos 1520-2010, 202-2010, 412-2004 y 442-2002). Ahora bien, del análisis de los autos del proceso, a partir de la declaración de los testigos ([Nombre 004] en 36:00; [Nombre 002] en 1:17:20 a 1:17:40; [Nombre 005] en 1:47:10 a 1:48:00; María Lourdes Morera en 2.11:23 a 2:12:35 y 2:21:10 a 2:24:53; [Nombre 006] en 3:09 35, 3:14:23 a 3:15:57, 3:16:!5 a 3:17:07 y 3:29:07 a 3:30:41; [Nombre 003] en 3:38:06 a 3:38.10, 3:45:59 a 3:46:15, 3:49:22 a 3:50:27; [Nombre 008] en 4:12:47 a 4:13:07 y 4:14:05 a 4:14:43, todas de la audiencia), se logra determinar que el que el actor no tenía un horario específico de trabajo, sino que más bien tenía la libertad de disponer de su tiempo y de asistir a la mina en los casos en que se le requiriera, además recibía llamadas en múltiples momentos. Ello como consecuencia del estado de la mina durante la relación laboral y que el actor debía movilizarse constantemente para realizar diversas funciones en varios lugares del país. Por otro lado, en la cláusula décimo cuarta, del primer contrato, se estableció un reconocimiento por laborar en días feriados o asuetos, lo cual no es suficiente para determinar que se le adeude el rubro de disponibilidad, porque se observa que existía más una relación propia de naturaleza de confianza, no la exigencia de mantener una posición expectante y localizable. Así las cosas, este agravio debe rechazarse. No se observa que, la posición expectante y localizable, haya sido una obligación impuesta, por la demandada al actor. Es decir, no se encuentra razones que demuestren, sin duda, que debía permanecer, por una orden de la parte empleadora, disponible en los términos alegados, razón por la cual no se considera que la demandada deba recompensar este rubro.

IX.- INTERESES E INDEXACIÓN: La décima pretensión de la demanda establece: “Que se reconozca la indexación y los intereses sobre las sumas de dinero que eventualmente se concedan en sentencia, desde la exigibilidad de cada rubro hasta su efectiva cancelación.” Con relación a la tasa de interés que debe aplicarse, la última interpretación que del numeral 565 del Código de Trabajo se ha hecho, es en el sentido de que lo regulado en dicha norma aplica cuando la parte interesada no ha reclamado una forma de reparo distinta o las partes en litigio no han acordado una manera diferente de resarcimiento. Es decir, la disposición solo es de aplicación supletoria. Desde esa perspectiva y en vista de que la parte promovente, desde la demanda inicial, solicitó el pago de los intereses sobre los montos adeudados desde la fecha en que resultaron exigibles. El cálculo de los intereses deberá realizarse conforme a la tasa prevista en el artículo 497 del Código de Comercio según lo dispuesto en el numeral mencionado inciso 1 del Código de Trabajo, que corresponde a la pagada por el Banco Central de Costa Rica, según la tasa "prime rate" para operaciones en dólares de los Estados Unidos de América. Los intereses de cesantía, que deben calcularse desde la fecha de finalización de la relación laboral (31 de diciembre de 2016) hasta su efectivo pago, con la finalidad de cuantificarlos temporalmente, se determinan desde la fecha indicada y hasta el 07 de octubre de 2025, que corresponde a la data en que se realiza el proyecto de sentencia a circular y ascienden a un monto de cuatro mil ochocientos cuarenta y un dólares con sesenta y cinco centavos ($4,841.65). Los intereses por el rubro de preaviso, corren desde la fecha de la finalización de la relación laboral hasta su efectivo pago, con la finalidad de cuantificarlos temporalmente, se determinan desde la fecha indicada y hasta el 07 de octubre de 2025, que corresponde a la data en que se realiza el proyecto de sentencia a circular y ascienden a un monto de dos mil cuatrocientos veinte dólares y ochenta y tres centavos ($2,420.83). Los intereses por concepto de aguinaldo se deben calcular desde la fecha de exigibilidad de cada uno hasta la fecha de redacción del proyecto, de la siguiente manera: 1) del 01 de diciembre de 2014 al 07 de octubre de 2025 para un total de mil setecientos noventa y ocho dólares con veintiocho centavos ($1,798.28); 2) del 1 de diciembre de 2015 hasta el 07 de octubre de 2025 para un total de dos mil setecientos veinticinco dólares con sesenta y siete centavos ($2,725.67); 3) del 1 de diciembre 2016 hasta el 07 de octubre de 2025 para un total de dos mil doscientos treinta y cuatro dólares con ochenta y nueve centavos ($2,234.89); y 4) del 31 de diciembre de 2016 (fecha de finalización laboral) hasta el 07 de octubre de 2025 para un total de ciento ochenta y tres dólares con cuatro centavos ($183.4), de esa manera el total a cancelar por intereses de aguinaldo sería: seis mil novecientos cuarenta y dos dólares con veinticuatro centavos ($6,942.24). Los que corresponden por las vacaciones, los cuales deben computarse desde la exigibilidad de cada periodo hasta la fecha de redacción de este proyecto ya indicada , a saber: 1) Por las vacaciones del periodo entre el 16 de junio de 2014 al 1 de junio de 2015, un monto de mil cuatrocientos treinta y seis dólares con treinta y cinco centavos ($1,436.35); 2) Del periodo entre el 2 de junio de 2015 y el 18 de mayo de 2016, un monto de mil sesenta y ocho dólares con cuarenta y ocho centavos ($1,068.48); y 3) Del periodo entre el 19 de mayo de 2016 y el 31 de diciembre de 2016 un monto de quinientos veinticuatro dólares con cincuenta y tres centavos ($524.53). Así, los intereses por concepto de vacaciones suman un total de tres mil veintinueve dólares con treinta y seis centavos ($3,029.36). Así, el total adeudado de intereses, en favor del actor, corresponde a diecisiete mil doscientos treinta y cuatro dólares punto cero ocho centavos ($17,234.08). Todos estos montos deberán tomarse en consideración, sin perjuicio de que, en la etapa de ejecución de sentencia, al cuantificar los intereses, los cálculos de estos rubros varíen según la fecha en que el pago se haga efectivo. Por otro lado, al respecto de la indexación, esta Sala se ha pronunciado previamente en el sentido de que las partes al pactar su obligación en una moneda como el dólar, que tiene un valor superior a la moneda nacional, definieron contractualmente un mecanismo para solventar la pérdida del valor adquisitivo del dinero en el tiempo. Véase así, el fallo 1895-2019 que establece: "La indexación de las sumas originadas en una obligación dineraria pactada en colones, tiene sentido cuando las partes no hayan ideado -contractualmente- un mecanismo de tutela del acreedor, que le permita estar protegido en caso de incumplimientos del deudor frente a las eventuales devaluaciones o pérdida del valor adquisitivo de la moneda nacional. Sin embargo, en el caso concreto no estamos frente a uno de tales supuestos. Pues las partes, al pactar en una moneda extranjera que tradicionalmente se mantiene fuerte frente al colón, tácitamente previeron un mecanismo de actualización del valor de la moneda, sustitutivo de la indexación que se otorga cuando las obligaciones se pactan en colones. Esta moneda desde el año dos mil cuatro a esta data, se ha venido apreciando frente al colón costarricense (...) por lo que considera la Sala que no resulta procedente otorgar la indexación sobre los extremos otorgados en dólares al actor" (en igual sentido, véanse las sentencias de esta Sala: 2171-2020, 840-2022, 2096-2023 y 3099-24). Entonces, se está frente al supuesto de excepción, que define el artículo 565 del Código de Trabajo. Aunado a lo anterior, debe considerarse que la referencia utilizada por el numeral 565 inciso 2 del Código de Trabajo es el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del área metropolitana, el cual está regulado para la moneda nacional (colones), con lo cual, el parámetro para fijarlo en una moneda diferente carece de regulación legal. Por estas razones, tal y como se ha señalado, no resulta procedente otorgar la indexación sobre los extremos que deben reconocerse en favor del actor, en dólares.

X.- COSTAS: Al respecto de las costas, es claro que la demandada ha disfrazado de apariencia civil una relación evidentemente laboral. Su negativa a reconocer esa condición ha obligado al actor a acudir a los estados y mantener este litigio, de manera que no ha existido buena fe de parte de la accionada. Por lo tanto, examinado todo el proceso, la importancia de lo litigado y la labor desplegada por el profesional que patrocina al demandante, se considera oportuno la condena en costas a la demandada, fijando las personales en un 20% del total de la condena, de conformidad con el artículo 562 del Código de Trabajo, porcentaje que se fija considerando los cambios que hubo durante la relación laboral y la posición económica de las partes, así como el tipo de asunto, en el que hubo necesidad de hacer un análisis jurídico de los elementos de la relación laboral para determinar su existencia.

XI.- CONSIDERACIÓN FINAL: Con base en lo expuesto, se debe acoger parcialmente el recurso de la parte actora y desestimar las excepciones de falta de derecho, falta de legitimación y falta de interés actual en lo concedido y acogerlas en lo denegado. Se rechazan las pretensiones de salarios caídos y disponibilidad. Se reconoce el salario en especie alegado, el cual se estima en un diez por ciento del salario. Se condena a la parte demandada al pago de cuatro mil novecientos cincuenta dólares por un mes de preaviso, nueve mil novecientos dólares por sesenta días de cesantía, cinco mil treinta y dos dólares con cinco centavos por treinta punto cinco días de vacaciones, catorce mil seiscientos dieciocho dólares con ochenta y siete centavos por aguinaldos. En cuanto a los intereses, deberá la parte demandada cancelarlos desde que cada suma fue debida y hasta su efectivo pago, de conformidad con lo dispuesto en el numeral cuatrocientos noventa y siete del Código de Comercio, de acuerdo con la tasa "prime rate" para operaciones en dólares moneda de curso legal en los Estados Unidos de América; los intereses se liquidan parcialmente en esta sentencia en la suma de diecisiete mil doscientos treinta y cuatro dólares punto cero ocho centavos. También, se ordena a la demandada a cancelar los importes a la seguridad social, correspondientes al Fondo de Capitalización Laboral, y al pago de las cuotas obrero-patronales a la Caja Costarricense de Seguro Social sobre las cuotas concedidas y no reportadas. Se deniega el reconocimiento de disponibilidad y el pago por salarios caídos. Se imponen las costas de la acción a la parte demandada, fijando las personales en el veinte por ciento del total de la condena, de conformidad con lo previsto en el artículo quinientos sesenta y dos del Código de Trabajo. Sobre los montos concedidos se aclara que aún cuando se cuantifican en dólares estadounidenses, podrán ser cancelados en colones al tipo de cambio vigente al momento del pago, de conformidad con el numeral 6 bis de la Ley de la Moneda.

POR TANTO:

Se acoge parcialmente el recurso de la parte actora. Se desestiman las excepciones de falta de derecho, falta de legitimación y falta de interés actual en lo concedido y se dispone acogerlas en lo denegado. Se rechazan las pretensiones de salarios caídos, disponibilidad e indexación. Se reconoce el salario en especie alegado, el calculo se estima en un diez por ciento del salario. Se condena a la parte demandada al pago de cuatro mil novecientos cincuenta dólares por un mes de preaviso, nueve mil novecientos dólares por sesenta días de cesantía, cinco mil treinta y dos dólares con cinco centavos por treinta punto cinco días de vacaciones, catorce mil seiscientos dieciocho dólares con ochenta y siete centavos por aguinaldos. En cuanto a los intereses, deberá la parte demandada cancelarlos desde que cada suma fue debida y hasta su efectivo pago, de conformidad con lo dispuesto en el numeral cuatrocientos noventa y siete del Código de Comercio, de acuerdo con la tasa "prime rate" para operaciones en dólares moneda de curso legal en los Estados Unidos de América; los intereses se liquidan parcialmente en esta sentencia en la suma de diecisiete mil doscientos treinta y cuatro dólares punto cero ocho centavos, cuantificados hasta el siete de octubre de dos mil veinticinco. También, se ordena a la demandada a cancelar los importes a la seguridad social, correspondientes al Fondo de Capitalización Laboral, y al pago de las obligaciones obrero-patronales a la Caja Costarricense de Seguro Social sobre las cuotas concedidas y no reportadas. Se imponen las costas de la acción a la parte demandada, fijando las personales en el veinte por ciento del total de la condena, de conformidad con lo previsto en el artículo quinientos sesenta y dos del Código de Trabajo.

Res: 2026001050 LSILESN/mrg  LUIS PORFIRIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ - PRESIDENTE/A  ANA ORFILIA BRICEÑO YOCK - MAGISTRADO/A  ANA PATRICIA MONTERO MORALES - MAGISTRADO/A  JORGE ENRIQUE OLASO ÁLVAREZ - MAGISTRADO/A  JULIA VARELA ARAYA - MAGISTRADO/A 1

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