Coalición Floresta Logo Coalición Floresta Search Buscar
Language: English
About Acerca de Contact Contacto Search Buscar Notes Notas Donate Donar Environmental Law Derecho Ambiental
About Acerca de Contact Contacto Search Buscar Notes Notas Donate Donar Environmental Law Derecho Ambiental
Language: English
Beta Public preview Vista previa

← Environmental Law Center← Centro de Derecho Ambiental

Res. 00668-2026 Sala Segunda de la Corte · Sala Segunda de la Corte · 27/02/2026

High-Risk Operations Incentive for Border AgentsIncentivo de Operaciones de Alto Riesgo para agentes de fronteras

View document ↓ Ver documento ↓ View original source ↗ Ver fuente original ↗

Loading…Cargando…

OutcomeResultado

DeniedSin lugar

The Second Chamber denies the State's appeal and upholds the recognition of the High-Risk Operations incentive for the border agent.La Sala Segunda rechaza el recurso del Estado y confirma el reconocimiento del incentivo de Operaciones de Alto Riesgo al agente de fronteras.

SummaryResumen

The Second Chamber of the Supreme Court of Justice reviews a case in which a Border Police officer sues the State seeking retroactive recognition of the High-Risk Operations salary supplement. The State opposes, arguing that the officer’s budget code is not authorized for the incentive and that his duties do not involve the contemplated risk level. The Chamber dismisses the State’s appeal and upholds the lower court’s ruling, holding that the incentive was created for all police officers whose duties fall under Articles 21 and 22 of the General Police Law, without being limited to specific budget codes. It finds that the border agent’s duties—such as surveillance, combating transnational crime, environmental protection, and crime control in border zones—are comparable to those of the Civil Guard and Rural Assistance Guard, thus entitling him to the payment. It further rules that the police-risk supplement does not preclude the high-risk incentive, as they compensate for different factors.La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia revisa un caso en el que un agente de la Policía de Fronteras demanda al Estado para que se le reconozca el plus salarial de Operaciones de Alto Riesgo de forma retroactiva. El Estado se opone argumentando que el código presupuestario del actor no está autorizado para ese incentivo y que sus funciones no implican el nivel de riesgo contemplado. La Sala desestima el recurso estatal y confirma la sentencia de primera instancia, señalando que el incentivo fue creado para todos los funcionarios policiales cuyas funciones estén enmarcadas en los artículos 21 y 22 de la Ley General de Policía, sin limitarse a códigos presupuestarios específicos. Considera que las labores del agente de fronteras —como vigilancia, control de delitos transnacionales, protección ambiental y combate al crimen en zonas limítrofes— son equiparables a las de la Guardia Civil y de Asistencia Rural, por lo que tiene derecho al pago. Además, descarta que el complemento por riesgo policial excluya el incentivo de alto riesgo, al tratarse de compensaciones por factores distintos.

Key excerptExtracto clave

In this regard, Article 21 of the cited Law provides that: “The Civil Guard and the Rural Assistance Guard are bodies specially charged with general surveillance and citizen security; they shall perform their functions throughout the country, in accordance with the technical determination on the rural or urban nature indicated by the corresponding public institutions. To this end, command units shall be established, organized according to the regional division determined by the respective ministry.” For its part, Article 22 of the same law indicates that the duties of the Civil Guard and the Rural Assistance Guard are: “a) To ensure the exercise of constitutional guarantees, the protection of the constitutional order, citizen security, national sovereignty, and territorial integrity. / b) To maintain public peace and order. / c) To safeguard the safety and integrity of persons and property of the inhabitants of the Republic. / d) To maintain respect for the property and other rights of the inhabitants of the Republic. / e) To prevent and repress the commission of punishable offenses within the national territory.” The foregoing allows the conclusion that the plaintiff’s police duties are comparable to those assigned to members of the then-named Civil Guard and Rural Assistance Guard, that is, those framed within Article 22 of the General Police Law. In addition, the appellant argues that the high-risk operations supplement was intended for a police body tasked with carrying out raids, handling crisis situations, executing anti-terrorist actions, and providing protection to public figures or official visitors. However, this argument fails because the agreement that approved the creation of the incentive expressly stated: “Notify the Ministry of Public Security that the valuation of the ‘High-Risk Operations’ incentive is set at ₡3,500 for those officials whose competencies and functions are framed within Articles 21 and 22 of Law No. 7410, who hold police positions. This increase shall be revalued in accordance with the cost-of-living adjustments decreed by the Executive Branch.” (Sic). As can be seen, the parameter was the performance of police functions and competencies regulated in Articles 21 and 22 of the General Police Law, not the situation invoked by the appellant.En ese sentido, el artículo 21 de la citada Ley, dispone que: “La Guardia Civil y la Guardia de Asistencia Rural son cuerpos especialmente encargados de la vigilancia general y la seguridad ciudadana; ejercerán sus funciones en todo el país, de conformidad con la determinación técnica sobre la naturaleza rural o urbana que señalen las instituciones públicas correspondientes. Para ello, se establecerán unidades de mando organizadas según la división regional que el ministerio respectivo determine”. Por su parte, el ordinal 22 ibídem, indica que son atribuciones de la Guardia Civil y la Guardia de Asistencia Rural: “a) Asegurar el ejercicio de las garantías constitucionales, la protección del orden constitucional, la seguridad ciudadana, la soberanía nacional y la integridad territorial. / b) Mantener la tranquilidad y el orden públicos. / c) Velar por la seguridad y la integridad de las personas y los bienes de los habitantes de la República. / d) Mantener el respeto por las propiedades y los demás derechos de los habitantes de la República. / e) Prevenir y reprimir la comisión de infracciones punibles dentro del territorio nacional.” Lo anterior permite concluir que las funciones policiales del actor son equiparables a las asignadas a las personas integrantes de las entonces denominadas Guarda Civil y Guarda de Asistencia Rural, es decir, las enmarcadas en el numeral 22 de la Ley General de Policía. Aunado a lo anterior, el recurrente arguye que el plus por operaciones de alto riesgo se previó para un cuerpo de policía destinado a realizar allanamientos, atender situaciones de crisis, ejecutar acciones antiterroristas y dar protección a figuras públicas o visitantes oficiales. Sin embargo, su planteamiento decae en cuanto el acuerdo por el cual se aprobó la creación del incentivo, en forma expresa, señaló: “Comunicar al Ministerio de Seguridad Pública, que se establece la valoración del incentivo de 'Operaciones de Alto Riesgo' en un monto de ₡3.500 para aquellos funcionarios cuyas competencias y funciones están enmarcadas en los artículos 21° y 22° de la Ley N° 7410, que ocupen puestos policiales. Este incremento se revalorará de conformidad con los ajustes en el costo de la vida decretados por el Poder Ejecutivo”. (Sic). Como se observa, el parámetro fue la realización de funciones policiales y competencias reguladas en los numerales 21 y 22 de la Ley General de Policía y no la situación invocada por el recurrente.

Pull quotesCitas destacadas

  • "El incentivo se estableció para todas las personas servidoras policiales cuyas funciones se enmarcan en los supuestos de los artículos 21 y 22 de la Ley General de Policía, ante la posibilidad de que pudieran ser llamadas a realizar el tipo de tareas que refiere el recurrente, pero no porque estuvieran ejerciendo ese tipo de labores de forma permanente y continua; las cuales, en todo caso, por su naturaleza, no presentan esos caracteres de continuidad y permanencia."

    "The incentive was established for all police officers whose duties fall within the scope of Articles 21 and 22 of the General Police Law, given the possibility that they could be called upon to perform the type of tasks referred to by the appellant, but not because they were performing such tasks on a permanent and continuous basis; which, in any case, by their nature, do not exhibit those characteristics of continuity and permanence."

    Considerando III

  • "El incentivo se estableció para todas las personas servidoras policiales cuyas funciones se enmarcan en los supuestos de los artículos 21 y 22 de la Ley General de Policía, ante la posibilidad de que pudieran ser llamadas a realizar el tipo de tareas que refiere el recurrente, pero no porque estuvieran ejerciendo ese tipo de labores de forma permanente y continua; las cuales, en todo caso, por su naturaleza, no presentan esos caracteres de continuidad y permanencia."

    Considerando III

  • "Uno se paga por la peligrosidad de la función policial y, el otro, por la posibilidad de ser llamado a participar en operaciones policiales más riesgosas, lo que deviene de su condición de ejercer funciones policiales semejantes a las reguladas en el numeral 22 de la Ley General de Policía."

    "One is paid for the dangerousness of the police function, and the other for the possibility of being called to participate in riskier police operations, which stems from their status of performing police duties similar to those regulated in Article 22 of the General Police Law."

    Considerando III

  • "Uno se paga por la peligrosidad de la función policial y, el otro, por la posibilidad de ser llamado a participar en operaciones policiales más riesgosas, lo que deviene de su condición de ejercer funciones policiales semejantes a las reguladas en el numeral 22 de la Ley General de Policía."

    Considerando III

Full documentDocumento completo

Procedural marks

Second Chamber of the Court Judgment with protected data, in accordance with current regulations  Supreme Court of Justice SECOND CHAMBER Res: 2026-000668 SECOND CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at twelve hours fifteen minutes on February twenty-seventh, two thousand twenty-six.

Ordinary proceeding filed before the Labor Court of the Second Judicial Circuit of Alajuela, by [Name 001], single, police officer, resident of Alajuela, identity card [Value 001], against the STATE, represented by its deputy procurator, licensed Laura Rodríguez Benavides, married, resident of San José. The social assistance attorney for the plaintiff is the licensed Maritza Rodríguez Loría, whose details are unknown. All of legal age, attorneys, with the exceptions noted.

Drafted by Magistrate Sánchez Rodríguez; and,

WHEREAS:

I.- BACKGROUND: The plaintiff filed the lawsuit seeking that the State be ordered to recognize the high-risk operations incentive, retroactively from December 1, 2013, and that it continue to be recognized permanently and monthly in his salary components, as well as the differences generated in the items of year-end bonus (aguinaldo), vacation pay, school salary, and employer-employee contributions, interest, and costs, with personal costs estimated at three hundred thousand colones. The defendant responded in negative terms and raised the exception of lack of right. The Labor Court of the Second Judicial Circuit of Alajuela, through judgment number 2024000546, issued at 01:20 hours on December 3, 2024, by Judge Carolina Muñoz González, granted the lawsuit, recognizing the “high-risk operations” incentive retroactively from December 7, 2015, and for as long as the plaintiff continues performing the functions alleged in the lawsuit, salary differences generated in year-end bonus (aguinaldo), school salary, social security, labor capitalization fund, supplementary pension regime, interest, indexation, and ordered the defendant to pay costs, which are estimated at 15%.

II.- GRIEVANCES: The state representative expresses disagreement with the ruling and formulates the following grievances. As a first grievance, it alleges an incorrect assessment of the evidentiary elements in the record. It points out that the official is not recognized for high risk because he has been appointed under a budget code that is not among those authorized to receive that benefit, according to official communication STAP No. 0683-2000 of the Technical Secretariat of the Budgetary Authority. Furthermore, it asserts that the plaintiff does not perform tasks within the competencies and functions established in numerals 21 and 22 of the General Police Law. In its view, the plaintiff did not provide any evidentiary element showing that he participates in high-risk operations, beyond those compensated through the “police risk” incentive. It argues that the ruling assumes that the plaintiff is in equal conditions with respect to those who, since the creation of the incentive, were entitled to the benefit, which it considers violates the principle of legality or positive linkage, and that the premises for which the “high risk” incentive was created do not occur in the plaintiff's particular case, so the situation of “high risk and dangerousness” is not the same as, nor equivalent to, that of the officials for whom the salary benefit was expressly created. According to its interpretation, the plaintiff does not meet the premises contemplated in the resolution that authorizes the high-risk salary component, nor is he in a situation analogous to the officials for whom this incentive was created.

III.- ANALYSIS OF THE CASE: This Chamber, on repeated occasions, has issued rulings in cases similar to this one, in which the plaintiffs have sought payment of the salary supplement called High-Risk Operations, by belonging to police forces that perform functions of those contemplated in Articles 21 and 22 of the General Police Law (Law No. 7410), but recognition of that additional salary has been denied under the argument that they are not located within the budget codes for which it was intended, provided they fall within the factual assumptions stated in the agreement that authorized that item, for which they are entitled to the same legal consequences, such as the payment of the aforementioned emolument. It is considered appropriate to note that the High-Risk Operations additional salary was created by the Technical Secretariat of the Budgetary Authority in its agreement number 5878 of the extraordinary session 03-2000 of April 10, 2000, based on the following grounds: “That members of the public force perform functions consisting of maintaining order, citizen security and/or criminal repression. / 2. That members of the public force are required to participate in high-risk operations such as raids, crisis situations, anti-terrorist actions, protection of public figures or official visitors, among others, in which the official directly exposes their life and physical integrity. / 3. That these members of the public force must attend to contingencies that threaten National Security in a timely and effective manner. / 4. That there are salary differences in the labor market in favor of private company security agents, which causes a high turnover of people and instability in the service. / 5. That by virtue of the risk and danger implicit in the functions performed by public force officials, it is appropriate to authorize an incentive called 'HIGH-RISK OPERATIONS', for the purpose of fulfilling the responsibilities linked to National Security. / 6. That the incentive created here should be considered different from the one called ‘Police Risk’ whose purpose is to guarantee the national security of goods (sic) as well as respect for the rights and freedoms of citizens” (emphasis added). In said agreement, it was established that the referred incentive must be applied to persons who serve as police officers and comply with the competencies and functions framed in numerals 21 and 22 of the General Police Law. In that sense, Article 21 of the cited Law, provides that: “The Civil Guard and the Rural Assistance Guard are bodies specially charged with general surveillance and citizen security; they shall exercise their functions throughout the entire country, in accordance with the technical determination on the rural or urban nature indicated by the corresponding public institutions. For this purpose, command units organized according to the regional division that the respective ministry determines shall be established.” For its part, ordinal 22 ibidem, indicates that the attributions of the Civil Guard and the Rural Assistance Guard are: “a) To ensure the exercise of constitutional guarantees, the protection of the constitutional order, citizen security, national sovereignty and territorial integrity. / b) To maintain public tranquility and order. / c) To ensure the security and integrity of persons and the property of the inhabitants of the Republic. / d) To maintain respect for the properties and other rights of the inhabitants of the Republic. / e) To prevent and repress the commission of punishable offenses within the national territory.” From the foregoing, it is clear that the purpose of granting the incentive to the members of these two police forces arises from the nature of their tasks, as it is indubitable that these persons are the ones who, in the first instance, compromise their personal integrity and their lives in the fulfillment of those duties (see in a similar sense vote number 1209, of 10:50 hours on October 28, 2015; as well as 1381, of 10:20 hours on December 18 of that same year). Note that the agreement which established the incentive recognizes the participation of those who, by virtue of their police position, execute high-risk operations, such as raids, crisis situations, anti-terrorist actions, protection of public figures or official visitors, among others, in which the official directly exposes their life and physical integrity. The state representative alleges the nonexistence of evidence regarding the performance of high-risk functions by the plaintiff. However, in the file there is evidence of the position, class, and post held by the plaintiff, such as certification number MSP-DM-DVA-DGAF-DRH-DCODC-UGERH-3554-2024 (visible at images 73 to 76 of the general view of the electronic file). The issue of whether or not the tasks correspond to those that, in the appellant's opinion, give the right to recognition of the high-risk operations incentive is a different matter, one of assessment, different from a supposed failure to meet evidentiary burdens. In the present case, with the evidence in the file, it has been proven that the plaintiff holds the class of Agent II with the post of Border Agent and his functions are of a police nature (employment certificate visible at image 25 of the electronic file). In the judgment, it was held as a proven fact that the plaintiff's functions as Agent IIFP, border agent post, are the following: “-To monitor and guard the land borders, including the public buildings where customs and migration activities are carried out during their operation. / - To participate in own, joint, or combined operations for the systematic and permanent observation of the State's border space, from land, sea, or air, using visual, electronic, or other means, with the purpose of detecting, alerting, and preventing possible violations at the international boundary and carrying out police control in the area of responsibility and, therefore, combating the criminal phenomenon. / - To carry out surveillance and protection actions in border zones in development of their mission or in coordination with other institutions in matters of humanitarian aid, stabilization in cases of natural or human-caused disasters. / - To carry out national and international crime prevention actions in border strips. / - To execute strategic intelligence plans that guide the actions of the Border Police. / - To execute actions that contribute to the integration and improvement of citizen security processes in the communities and populations of the country's border zones. / - To execute prevention and repression actions against smuggling, human trafficking, coyotaje (people smuggling), illicit trafficking of drugs and prohibited substances, deforestation, environmental pollution, slaughter of cattle and protected animals, endangered species, among others. / - To collect information resulting from patrolling in border zones, to produce and supply timely and reliable police intelligence. / - To verify and report on the maintenance and conservation of border markers.” The foregoing allows the conclusion that the plaintiff's police functions are comparable to those assigned to the members of what were then called the Civil Guard and Rural Assistance Guard, that is, those framed in numeral 22 of the General Police Law. In addition to the above, the appellant argues that the supplement for high-risk operations was intended for a police force assigned to carry out raids, attend to crisis situations, execute anti-terrorist actions, and provide protection to public figures or official visitors. However, its argument fails insofar as the agreement by which the creation of the incentive was approved expressly stated: “To inform the Ministry of Public Security, that the valuation of the 'High-Risk Operations' incentive is established in the amount of ₡3,500 for those officials whose competencies and functions are framed in Articles 21° and 22° of Law No. 7410, who hold police posts. This increase will be revalued in accordance with the cost-of-living adjustments decreed by the Executive Branch.” (Sic). As observed, the parameter was the performance of police functions and competencies regulated in numerals 21 and 22 of the General Police Law and not the situation invoked by the appellant. The incentive was established for all police servants whose functions are framed in the suppositions of Articles 21 and 22 of the General Police Law, given the possibility that they could be called upon to perform the type of tasks the appellant refers to, but not because they were performing that type of work on a permanent and continuous basis; which, in any case, by their nature, do not present those characteristics of continuity and permanence. Subsequently, the plaintiff, as a border agent, is assigned functions comparable to those regulated in those related Articles 21 and 22, for which reason he may also be required to carry out those special and riskier activities, which are not exclusive to the Civil Guard and the Rural Assistance Guard. On the other hand, it must be noted that the circumstance that the plaintiff is recognized the additional salary for police risk does not exclude the possibility of granting him this other incentive, as one and the other compensate different factors, with which it is also not observed that the purpose of the incentive in question is distorted. One is paid for the dangerousness of the police function and, the other, for the possibility of being called to participate in riskier police operations, which arises from their condition of exercising police functions similar to those regulated in numeral 22 of the General Police Law. Furthermore, although the defendant Ministry is subject to the guidelines and directives emanating from the Technical Secretariat of the Budgetary Authority, the jurisdictional bodies are not obligated to apply a regulation that creates, without any foundation, a situation of salary inequality, contradicting the provisions of Articles 57 of the Political Constitution and 167 of the Labor Code. In that understanding, Article 8 of the Organic Law of the Judicial Branch, in pertinent part, provides: "Officials who administer justice may not: /2.- Apply decrees, regulations, agreements, and other provisions contrary to any other higher-ranking norm." For all the above indicated, this Chamber considers that there are no reasons to vary the ruling regarding the granting of the right.

IV.- FINAL CONSIDERATIONS: By virtue of the foregoing, it is appropriate to reject the appeal of the state representation.

THEREFORE:

The appeal is declared without merit.

Res: 2026-000668 EABARCAAL/RPC  LUIS PORFIRIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ - PRESIDENT  ROXANA CHACÓN ARTAVIA - MAGISTRATE  ANA PATRICIA MONTERO MORALES - MAGISTRATE  JORGE ENRIQUE OLASO ÁLVAREZ - MAGISTRATE  JULIA VARELA ARAYA - MAGISTRATE 1 Telephones: 2295-3671, 2295-3676, 2295-3675 and 2295-4406. Fax: 2258-4165. Email: [email protected] It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 07-05-2026 14:27:30.

Marcadores

Sala Segunda de la Corte Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente  Corte Suprema de Justicia SALA SEGUNDA Res: 2026-000668 SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las doce horas quince minutos del veintisiete de febrero de dos mil veintiséis.

Proceso ordinario establecido ante el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, por [Nombre 001], soltero, policía, vecino de Alajuela, cédula de identidad [Valor 001], contra el ESTADO, representado por su procuradora adjunta, la licenciada Laura Rodríguez Benavides, casada, vecina de San José. Figura como abogada de asistencia social del actor, la licenciada Maritza Rodríguez Loría, de calidades desconocidas. Todos mayores, abogados, con las excepciones indicadas.

Redacta el Magistrado Sánchez Rodríguez; y,

CONSIDERANDO:

I.- ANTECEDENTES: El actor formuló la demanda para que se condene al Estado a reconocerle el incentivo por operaciones de alto riesgo, de manera retroactiva desde el 01 de diciembre de 2013 y que se le continúe reconociendo de manera permanente y mensualmente en los componentes salariales, así como las diferencias generadas en los rubros de aguinaldo, vacaciones, salario escolar y cuotas obrero-patronales, intereses y ambas costas, las personales las estimó en el monto de trescientos mil colones. La parte demandada contestó en términos negativos y opuso la excepción de falta de derecho. El Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial de Alajuela, mediante sentencia número 2024000546, dictada a las 01:20 horas del 03 de diciembre de 2024, por la persona juzgadora Carolina Muñoz González, declaró con lugar la demanda, reconociendo el incentivo “operaciones de alto riesgo” de forma retroactiva desde el 07 de diciembre de 2015 y hasta tanto el accionante se mantenga realizando las funciones alegadas en la demanda, diferencias salariales generadas en aguinaldo, salario escolar, seguridad social, fondo de capitalización laboral, régimen de pensiones complementarias, intereses, indexación y condena a la parte demandada al pago de las costas las cuales estima en un 15%.

II.- AGRAVIOS: El representante estatal muestra disconformidad con lo resuelto y formula los siguientes agravios. Como primer agravio, acusa una incorrecta valoración de los elementos probatorios que constan en autos. Señala que, al funcionario no se le reconoce el alto riesgo porque ha estado nombrado en un código presupuestario que no se encuentra dentro de los autorizados a percibir ese beneficio, de acuerdo con el oficio STAP N°0683-2000 de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria. Además, asegura que el accionante no desempeña tareas dentro de las competencias y funciones establecidas en los numerales 21 y 22 de la Ley General de Policía. A su juicio, el actor no aportó ningún elemento probatorio del que se desprenda que participa en operaciones de alto riesgo, más allá de las indemnizadas mediante el incentivo de “riesgo policial”. Arguye que el fallo parte de que el actor se encuentra en condiciones de igualdad respecto de quienes, desde la creación del incentivo, eran acreedores del beneficio, por lo que considera que contraviene el principio de legalidad o vinculación positiva y que los presupuestos por los que se creó el incentivo de “alto riesgo” no se dan en el caso particular del accionante, por lo que la situación de “alto riesgo y peligrosidad”, no es igual, ni equivalente a la de los funcionarios a favor de los cuales expresamente se creó el beneficio salarial. Conforme su interpretación, el demandante no cumple con los presupuestos contemplados en la resolución que autoriza el componente salarial de alto riesgo ni tampoco se encuentra en una situación análoga a los funcionarios para los que fue creado este incentivo.

III.- ANÁLISIS DEL CASO: Esta Sala, en reiteradas ocasiones, ha externado pronunciamiento en casos similares al presente, en los que las personas accionantes han pretendido el pago del plus salarial denominado Operaciones de Alto Riesgo, al pertenecer a cuerpos policiales que realizan funciones de las contempladas en los artículos 21 y 22 de la Ley General de Policía (Ley n.º 7410), pero les ha sido denegado el reconocimiento de ese sobresueldo bajo el argumento de que no se ubican dentro de los códigos presupuestarios para los que éste fue previsto, siempre y cuando se encuentren en los supuestos de hecho enunciados en el acuerdo que autorizó ese rubro, por lo cual tienen derecho a las mismas consecuencias jurídicas, como lo es el pago del citado emolumento. Se estima oportuno reseñar que el sobresueldo de Operaciones de Alto Riesgo fue creado por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria en su acuerdo número 5878 de la sesión extraordinaria 03-2000 del 10 de abril de 2000, con base en las siguientes motivaciones: “Que los miembros de la fuerza pública efectúan funciones que consisten en el mantenimiento del orden, seguridad ciudadana y/o represión delictiva. / 2. Que se requiere que los miembros de la fuerza pública participen en operaciones de alto riesgo como allanamientos, situaciones de crisis, acciones antiterroristas, protección de figuras públicas o visitantes oficiales, entre otras, en las que el funcionario expone en forma directa su vida y su integridad física. / 3. Que estos miembros de la fuerza pública deben cumplir con la atención de contingencias que atentan contra la Seguridad Nacional en forma oportuna y eficaz. / 4. Que existen diferencias salariales en el mercado de trabajo a favor de los agentes de seguridad de la empresa privada, lo que provoca una alta rotación de personas e inestabilidad en el servicio. / 5. Que en virtud del riesgo y peligro implícitos en las funciones efectuados por los funcionarios de la fuerza pública, procede autorizar un incentivo denominado de 'OPERACIONES DE ALTO RIESGO´, a los efectos de cumplir con las responsabilidades vinculadas a la Seguridad Nacional. / 6. Que el incentivo aquí creado debe considerarse diferente al denominado ‘Riesgo Policial’ cuyo fin es garantizar la seguridad nacional del bienes (sic) así como el respeto de los derechos y libertades de los ciudadanos” (el destacado es agregado). En dicho convenio se estableció que el incentivo referido debe aplicarse a las personas que se desempeñen como policías y cumplan con las competencias y funciones enmarcadas en los numerales 21 y 22 de la Ley General de Policía. En ese sentido, el artículo 21 de la citada Ley, dispone que: “La Guardia Civil y la Guardia de Asistencia Rural son cuerpos especialmente encargados de la vigilancia general y la seguridad ciudadana; ejercerán sus funciones en todo el país, de conformidad con la determinación técnica sobre la naturaleza rural o urbana que señalen las instituciones públicas correspondientes. Para ello, se establecerán unidades de mando organizadas según la división regional que el ministerio respectivo determine”. Por su parte, el ordinal 22 ibídem, indica que son atribuciones de la Guardia Civil y la Guardia de Asistencia Rural: “a) Asegurar el ejercicio de las garantías constitucionales, la protección del orden constitucional, la seguridad ciudadana, la soberanía nacional y la integridad territorial. / b) Mantener la tranquilidad y el orden públicos. / c) Velar por la seguridad y la integridad de las personas y los bienes de los habitantes de la República. / d) Mantener el respeto por las propiedades y los demás derechos de los habitantes de la República. / e) Prevenir y reprimir la comisión de infracciones punibles dentro del territorio nacional.” De lo transcrito, se desprende que el objeto de otorgar el incentivo a las personas integrantes de estos dos cuerpos policiales deviene en función de la naturaleza de sus tareas, pues es indudable que estas personas son quienes en primera instancia comprometen su integridad personal y su vida, en el cumplimiento de esas labores (véase en un sentido similar el voto número 1209, de las 10:50 horas del 28 de octubre de 2015; así como el 1381, de las 10:20 horas del 18 de diciembre de ese mismo año). Nótese que el acuerdo que estableció el incentivo, lo que reconoce es la participación de quienes en función de su cargo policial ejecutan operaciones de alto riesgo, tales como allanamientos, situaciones de crisis, acciones antiterroristas, protección de figuras públicas o visitantes oficiales, entre otras, en las que la persona funcionaria expone de forma directa, su vida e integridad física. El representante estatal alega la inexistencia de pruebas en relación con el cumplimiento de funciones de alto riesgo por parte del actor. No obstante, en el expediente existen pruebas del puesto, clase y cargo que ha desempeñado el accionante, como lo es la certificación número MSP-DM-DVA-DGAF-DRH-DCODC-UGERH-3554-2024 (visible a imágenes 73 a 76 de la vista general del expediente electrónico). El tema de si las labores guardan correspondencia o no con las que, en criterio del recurrente, dan derecho al reconocimiento del incentivo por operaciones de alto riesgo es una cuestión distinta, de valoración, diferente al de un supuesto incumplimiento de las cargas probatorias. En el presente caso, con la prueba que consta en el expediente, ha quedado acreditado que el actor ocupa la clase de Agente II con el cargo de Agente de Fronteras y sus funciones son de tipo policial (constancia laboral visible a imagen 25 del expediente electrónico). En la sentencia se tuvo como un hecho probado que las funciones del actor como Agente IIFP cargo agente de fronteras, son las siguientes: “-Vigilar y resguardar las fronteras terrestres, incluidas las edificaciones públicas donde se realizan actividades aduanales y migratorias durante la operación de las mismas. / - Participar en operativos propios, conjuntos o combinados para la observación sistemática y permanente del espacio fronterizo del Estado, desde tierra, mar o aire, utilizando medios visuales, electrónicos u otros, con el propósito de detectar, alertar e impedir posibles violaciones en el límite internacional y efectuar el control policial en el área de responsabilidad y por ende, el combate al fenómeno criminal. / - Realizar acciones de vigilancia y de protección a las zonas fronterizas en desarrollo de su misión o en coordinación con otras instituciones en materia de ayuda humanitaria, estabilización en casos de desastres naturales o provocados por el ser humano. / - Realizar acciones de prevención de delitos nacionales e internacionales en las franjas fronterizas. / - Ejecutar los planes de inteligencia estratégica que orientan el accionar de la Policía de Frontera. / - Ejecutar acciones que coadyuven en los procesos de integración y mejora de la seguridad ciudadana de las comunidades y poblaciones de las zonas fronterizas del país. / - Ejecutar acciones de prevención y represión contra el contrabando, trata de personas, coyotaje, tráfico ilícito de drogas y sustancias prohibidas, deforestación, contaminación ambiental, destace de ganado y animales protegidos, especies en extinción, entre otros. / - Recopilar información producto del patrullaje en las zonas fronterizas, para producir y suministrar inteligencia policial oportuna y confiable. / - Verificar e informar sobre el mantenimiento y conservación de los hitos fronterizos.”. Lo anterior permite concluir que las funciones policiales del actor son equiparables a las asignadas a las personas integrantes de las entonces denominadas Guarda Civil y Guarda de Asistencia Rural, es decir, las enmarcadas en el numeral 22 de la Ley General de Policía. Aunado a lo anterior, el recurrente arguye que el plus por operaciones de alto riesgo se previó para un cuerpo de policía destinado a realizar allanamientos, atender situaciones de crisis, ejecutar acciones antiterroristas y dar protección a figuras públicas o visitantes oficiales. Sin embargo, su planteamiento decae en cuanto el acuerdo por el cual se aprobó la creación del incentivo, en forma expresa, señaló: “Comunicar al Ministerio de Seguridad Pública, que se establece la valoración del incentivo de 'Operaciones de Alto Riesgo' en un monto de ₡3.500 para aquellos funcionarios cuyas competencias y funciones están enmarcadas en los artículos 21° y 22° de la Ley N° 7410, que ocupen puestos policiales. Este incremento se revalorará de conformidad con los ajustes en el costo de la vida decretados por el Poder Ejecutivo”. (Sic). Como se observa, el parámetro fue la realización de funciones policiales y competencias reguladas en los numerales 21 y 22 de la Ley General de Policía y no la situación invocada por el recurrente. El incentivo se estableció para todas las personas servidoras policiales cuyas funciones se enmarcan en los supuestos de los artículos 21 y 22 de la Ley General de Policía, ante la posibilidad de que pudieran ser llamadas a realizar el tipo de tareas que refiere el recurrente, pero no porque estuvieran ejerciendo ese tipo de labores de forma permanente y continua; las cuales, en todo caso, por su naturaleza, no presentan esos caracteres de continuidad y permanencia. Luego, el actor, como agente de fronteras, tiene asignadas funciones equiparables a las reguladas en esos artículos 21 y 22 relacionados, por lo que también puede ser requerido para la realización de esas actividades especiales y más riesgosas, que no son exclusivas de la Guardia Civil y la Guardia de Asistencia Rural. Por otra parte, debe señalarse que la circunstancia de que al accionante se le reconozca el sobresueldo por riesgo policial no excluye la posibilidad de que se le otorgue este otro incentivo, en tanto uno y otro compensan factores diferentes, con lo cual tampoco se observa que se desnaturalice la finalidad del incentivo en cuestión. Uno se paga por la peligrosidad de la función policial y, el otro, por la posibilidad de ser llamado a participar en operaciones policiales más riesgosas, lo que deviene de su condición de ejercer funciones policiales semejantes a las reguladas en el numeral 22 de la Ley General de Policía. Por otra parte, aunque el Ministerio demandado se encuentre sujeto a los lineamientos y directrices emanados de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, los órganos jurisdiccionales no están obligados a aplicar una normativa que crea, sin fundamento alguno, una situación de desigualdad salarial, contrariando lo dispuesto en los artículos 57 de la Constitución Política y 167 del Código de Trabajo. En ese entendido, el artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en lo conducente, dispone: “Los funcionarios que administran justicia no podrán: /2.- Aplicar decretos, reglamentos, acuerdos y otras disposiciones contrarias a cualquier otra norma de rango superior.” Por todo lo anteriormente indicado, esta Sala considera que no hay motivos para variar lo resuelto en cuanto al otorgamiento del derecho.

IV.- CONSIDERACIONES FINALES: En virtud de lo expuesto, lo procedente es rechazar el recurso de la representación estatal.

POR TANTO:

Se declara sin lugar el recurso.

Res: 2026-000668 EABARCAAL/RPC  LUIS PORFIRIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ - PRESIDENTE/A  ROXANA CHACÓN ARTAVIA - MAGISTRADO/A  ANA PATRICIA MONTERO MORALES - MAGISTRADO/A  JORGE ENRIQUE OLASO ÁLVAREZ - MAGISTRADO/A  JULIA VARELA ARAYA - MAGISTRADO/A 1

Document not found. Documento no encontrado.

Implementing decreesDecretos que afectan

    TopicsTemas

    • Off-topic (non-environmental)Fuera de tema (no ambiental)

    Concept anchorsAnclajes conceptuales

    • Ley General de Policía Art. 21
    • Ley General de Policía Art. 22

    Spanish key termsTérminos clave en español

    News & Updates Noticias y Actualizaciones

    All articles → Todos los artículos →

    Weekly Dispatch Boletín Semanal

    Field reporting and policy analysis from Costa Rica's forests. Reportajes y análisis de política desde los bosques de Costa Rica.

    ✓ Subscribed. ✓ Suscrito.

    One email per week. No spam. Unsubscribe in one click. Un correo por semana. Sin spam. Cancela en un clic.

    Or WhatsApp channelO canal de WhatsApp →
    Coalición Floresta © 2026 · All rights reserved © 2026 · Todos los derechos reservados

    Stay Informed Mantente Informado

    Conservation news and action alerts, straight from the field Noticias de conservación y alertas de acción, directo desde el campo

    Email Updates Actualizaciones por Correo

    Weekly updates, no spam Actualizaciones semanales, sin spam

    Successfully subscribed! ¡Suscripción exitosa!

    WhatsApp Channel Canal de WhatsApp

    Join to get instant updates on your phone Únete para recibir actualizaciones instantáneas en tu teléfono

    Join Channel Unirse al Canal
    Coalición Floresta Coalición Floresta © 2026 Coalición Floresta. All rights reserved. © 2026 Coalición Floresta. Todos los derechos reservados.
    🙏