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Res. 00581-2026 Sala Segunda de la Corte · Sala Segunda de la Corte · 27/02/2026

Abusive ius variandi due to change in corporate controlIus variandi abusivo por cambio de control accionario

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OutcomeResultado

Partially grantedParcialmente con lugar

The Second Chamber partially grants the plaintiff's appeal: it upholds the dismissal for lack of abusive ius variandi but reverses the award of costs, finding good faith litigation.La Sala Segunda declara parcialmente con lugar el recurso del actor: mantiene el fallo absolutorio por inexistencia de ius variandi abusivo, pero revoca la condena en costas al apreciar buena fe en el litigio.

SummaryResumen

The Second Chamber of the Supreme Court of Justice reviews the appeal of a former Operations Director against a lower court ruling that dismissed his constructive dismissal claim. The plaintiff alleged abusive ius variandi after Total Petróleo was acquired by PetroDelta, arguing that the new management stripped him of managerial functions—lubricants oversight, budgetary autonomy, board membership—, imposed subordinate-level operational tasks, and introduced rigid time controls, thereby demoting him. The Chamber upholds the dismissal because the changes were neither arbitrary nor degrading: selling the lubricants division justified removing those duties; the company retained minimal supervisory responsibilities, and tighter time controls do not constitute an abuse. The ruling only reverses the award of costs against the plaintiff, finding he litigated in good faith under a reasonable belief of unlawful treatment.La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia conoce el recurso de apelación de un exdirector de operaciones contra la sentencia que declaró sin lugar su demanda por despido indirecto. El actor alegó ius variandi abusivo tras la adquisición de Total Petróleo por PetroDelta, argumentando que la nueva administración eliminó funciones gerenciales —manejo de lubricantes, autonomía presupuestaria, participación en el CODIR—, le impuso tareas operativas propias de un subalterno y controles de horario, degradando su jerarquía. La Sala confirma el fallo absolutorio porque las modificaciones no fueron arbitrarias ni degradantes: la cesión del negocio de lubricantes a un tercero justificó la supresión de esas tareas; la empresa mantuvo la jefatura residual y los nuevos controles no pueden considerarse abusivos. Solo revoca la condena en costas, al estimar que el trabajador litigó de buena fe bajo la creencia razonable de un trato ilegítimo.

Key excerptExtracto clave

In the specific case, the plaintiff stated in the complaint: “... While I worked for Total I was in charge of the logistics area (fuel programming for stations and clients), the Lubricants Warehouse area, station and self-consumption construction, purchase and lease negotiation of stations, inventory control, maintenance, communications with MINAE and RECOPE. I controlled the inventories of service stations. I looked for lots for new projects. I negotiated with station owners for their lease or sale. ... These functions, which placed me in a position of administration, supervision, control and oversight, and therefore gave me a degree of leadership, were eliminated by the new employer. My power to bind the company through my actions before third parties was evident.” Later, it was stated: “These functions, powers and attributions, however, were eliminated by PetroDelta, once it acquired the Total company and became my employer. …”. The defendant explained that the variation regarding lubricants was due to the fact that this part of the business was not developed, since Total Petróleo Costa Rica, S.A. did not transfer it to PetroDelta C.R., S.A. ... In accordance with the evidence and what was proven in the prior instance ... The transfer of the lubricants division to a third company no longer required the supervision exercised by the plaintiff, nor the warehousing inventory, since that part of the business was no longer operated. ... The change cannot be classified as abusive.En el caso concreto, en el escrito de demanda, el actor señaló: “... Mientras laboré para Total tenía a mi cargo el área logística (programación de combustible para estaciones y clientes), el área de Bodega de Lubricantes, construcción de estaciones y autoconsumos, negociación de compra y alquiler de estaciones, control de inventarios, mantenimiento, comunicaciones con MINAE y RECOPE. Controlaba los inventarios de las estaciones de servicios. Buscaba lotes para proyectos nuevos. Negociaba con los dueños de estaciones para el alquiler o venta de las mismas. ... Dichas funciones, que me ubicaban en un cargo de administración, supervisión, control y fiscalización, y por Io tanto me otorgaban un grado de jefatura me fueron eliminadas por la nueva empresa patronal. Mi poder de comprometer a la empresa con mis actuaciones ante terceros era evidente”. Más adelante, se expuso: “Esas funciones, facultades y atribuciones, sin embargo, fueron eliminadas por PetroDelta, una vez que adquirió la empresa Total, y se convirtió en mi empleador. …”. La parte accionada explicó que la variación en lo relacionado con lubricantes se debió a que esa parte del negocio no fue desarrollada, en tanto Total Petróleo Costa Rica, S.A. no cedió esa parte a PetroDelta C.R., S.A. ... De conformidad con las pruebas practicadas y lo tenido por acreditado en la instancia precedente ... La cesión de la parte relacionada con lubricantes a una tercera empresa ya no exigía la supervisión ejercida por el actor y tampoco que se inventariara la bodega, pues esta parte del negocio ya no se desarrolló. ... El cambio no se puede catalogar como abusivo.

Pull quotesCitas destacadas

  • "La cesión de la parte relacionada con lubricantes a una tercera empresa ya no exigía la supervisión ejercida por el actor y tampoco que se inventariara la bodega, pues esta parte del negocio ya no se desarrolló. … El cambio no se puede catalogar como abusivo."

    "The transfer of the lubricants division to a third company no longer required the supervision exercised by the plaintiff, nor the warehousing inventory, since that part of the business was no longer operated. … The change cannot be classified as abusive."

    Considerando IV

  • "La cesión de la parte relacionada con lubricantes a una tercera empresa ya no exigía la supervisión ejercida por el actor y tampoco que se inventariara la bodega, pues esta parte del negocio ya no se desarrolló. … El cambio no se puede catalogar como abusivo."

    Considerando IV

  • "... las libertades que la parte empleadora pueda dar a su personal en relación con el cumplimiento de los horarios no conforman un derecho a favor de la persona trabajadora que luego pueda oponer a su empleador."

    "... the freedoms that the employer may grant its staff regarding schedule compliance do not constitute a right in favor of the worker that can later be asserted against the employer."

    Considerando IV

  • "... las libertades que la parte empleadora pueda dar a su personal en relación con el cumplimiento de los horarios no conforman un derecho a favor de la persona trabajadora que luego pueda oponer a su empleador."

    Considerando IV

  • "... no podrán considerarse como salario en especie los bienes o servicios que el empleador conceda a sus trabajadores y trabajadoras por una razón distinta o diferente a la remuneratoria de la labor realizada."

    "... goods or services that the employer grants to its workers for a reason other than or different from remuneration for work performed cannot be considered as in-kind salary."

    Considerando V

  • "... no podrán considerarse como salario en especie los bienes o servicios que el empleador conceda a sus trabajadores y trabajadoras por una razón distinta o diferente a la remuneratoria de la labor realizada."

    Considerando V

  • "Esta Sala considera que, de conformidad con lo establecido en el artículo 563 del Código de Trabajo, procede eximir del pago de esos gastos a quien recurre, por cuanto, se tiene la creencia que actuó de buena fe..."

    "This Chamber considers that, in accordance with Article 563 of the Labor Code, it is appropriate to exempt the appellant from paying those costs, since it is believed that he acted in good faith..."

    Considerando VI

  • "Esta Sala considera que, de conformidad con lo establecido en el artículo 563 del Código de Trabajo, procede eximir del pago de esos gastos a quien recurre, por cuanto, se tiene la creencia que actuó de buena fe..."

    Considerando VI

Full documentDocumento completo

Procedural marks

SECOND CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at eight thirty-two hours on the twenty-seventh of February, two thousand twenty-six .

Ordinary proceeding filed before the Labor Court of the First Judicial Circuit of San José, First Section, by [Name 001], divorced and chemical engineer, against PETRODELTA COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA, represented by its generalísimo agent-in-fact, Mr. Augusto Gerbaud de la Guardia, manager and resident of Panama. Appearing as special judicial agents-in-fact, for the plaintiff, Attorney Guillermo Bonilla Vindas; and, for the defendant, Attorneys Pedro Oller Taylor, resident of Cartago, and Ricardo Vargas Aguilar. All persons are of legal age, married, attorneys, and residents of San José; with the exceptions indicated.

Drafted by Judge Chacón Artavia; and,

CONSIDERING:

I.- BACKGROUND: The plaintiff stated in the complaint that he began working for Total Petróleo de Costa Rica S.A. in the year 2001, a company that was acquired by PetroDelta Costa Rica S.A. as of September 1, 2017. He said that he started working as plant manager. Later, in 2002, he was promoted to the Occupational Health Department. In 2006, he was given additional duties in the Purchasing Department and, subsequently, as of 2010, he was placed as director of operations, citing his duties. He highlighted that, together with the financial director, they had the authority to sign purchase orders under $5,000, which represents an important level in the company. He indicated that he was assigned a budget of $2,000 to manage investments in service stations and an approximate budget of $15,000,000 monthly for expenses. He argued that he had complete freedom of schedule and was in charge of the logistics area, the warehouse and lubricants area, station construction and company use, purchase and rental negotiation, inventory control, maintenance, and communications with both MINAE and RECOPE. He listed the duties corresponding to him in the role of administration, supervision, control, and oversight. He explained that on October 30, 2017, he presented Mr. Valdés Silveria, General Manager of PetroDelta Costa Rica S.A., with a letter of disagreement and prior notice for the unilateral changes to his employment contract related to the tasks he had been performing. He added that on November 27 of the same year, he received a response indicating that the company had nothing to modify and that the changes responded to the company's needs to create new procedures, controls, and filters. He stated that on November 30, 2017, he delivered a letter to Human Resources, with which he terminated the employment relationship with employer liability due to ius variandi (abusive change of working conditions). He detailed that upon termination, he was only paid proportional vacation and year-end bonuses. By virtue of the foregoing, he requested that the defendant be ordered in the judgment to pay: 1. Damages in lieu of prior notice. 2. Severance pay for one hundred sixty days of salary. 3. The damages regulated in Article 82 of the Labor Code. 4. Interest and indexation on the owed amounts. 5. Costs of the action (see images 47-57 of the virtual file). The representative of PetroDelta Costa Rica S.A. answered the complaint and interposed the defenses of statute of limitations and lack of right. He said that the plaintiff began working for Total Petróleo de Costa Rica S.A. on December 10, 2001, but its corporate name was changed to PetroDelta Costa S.A. He detailed that the lubricants business was transferred to a third party and the fuel sales and service stations business was retained. He argued that the plaintiff held the position of director of operations, whose responsibilities he cited. He described that the worker continued performing the same functions he had been carrying out; only some were removed based on the company's real needs, as requested by new shareholders. He outlined that changes were applied such as the incorporation of a dress code, scheduling lunch times, and requesting make-up time for absences, which also did not mean he had to clock in or out. He emphasized that his represented party clarified to the plaintiff that none of the adjustments introduced affected the worker's budget, category, or the nature of his employment (see images 70-80 of the virtual file). The Labor Court of the First Judicial Circuit of San José, First Section, by judgment number 2024-2209 at 18:20 hours on November 8, 2024, issued by Judge Gabriela Eugenia Salas Zamora, upheld the defense of lack of right and dismissed the complaint. It imposed costs on the plaintiff, setting personal costs at 20% of the total dismissal (see images 536-574 of the virtual file).

II.- GRIEVANCES: Formal reasons: The representation of the plaintiff alleges defective representation. He emphasizes that the President of the company PetroDelta de Costa Rica S.A. granted a special power to Attorneys Pedro Oller Taylor and Ricardo Vargas Aguilar, by means of an instrument granted at 17:05 hours on March 5, 2018. However, it was subsequently determined that, as of October 16, 2018, the company PetroDelta de Costa Rica S.A. had been merged into Petróleos Delta Costa Rica Sociedad Anónima. Therefore, by means of the resolution at 11:15 hours on March 11, 2024, it was ordered to continue the process against the company Petróleos Delta Costa Rica S.A., legal identification number 3-101-028782. He says that, upon the merger occurring, PetroDelta de Costa Rica S.A. was extinguished, in accordance with Article 220 of the Commercial Code. And, pursuant to Articles 1278 subsections 5) and 8) of the Civil Code, the special judicial power granted to each of the agents-in-fact lost validity. He asserts that this defect was made known in the preliminary hearing. In response, the trial judge asked the representative Augusto Gerbaud de la Guardia if he ratified everything done by Attorney Vargas Aguilar, to which he indicated yes. He adds that the actions taken by Attorney Vargas from October 18, 2018, until the day of the preliminary hearing were not supported by the company that was finally integrated into this litis, Petróleos Delta de Costa Rica S.A. He highlights that the actions taken by Attorney Pedro Oller Taylor were not ratified, who acted through the presentation of briefs dated March 20 and April 20, 2020, when eighteen months had already elapsed since his special judicial power had expired. In his opinion, although Mr. Augusto Gerbaud ratified the actions taken by Attorney Vargas Aguilar in the preliminary hearing, he did so on behalf of Petróleos Delta de Costa Rica and not PetroDelta de Costa Rica S.A. He points out that the trial judge indicated at the end of drafting Consideration V the following: "It is underlined that the period to verify the alleged abusive ius variandi dates from September 1, 2017, to November 30, 2017, that is, three months." He considers that this limitation generates defenselessness, since, from the issuance of the warning on October 30, 2017, it was claimed that one of the duties that had been eliminated from the plaintiff were those of controlling inventory in the Lubricant Warehouse system, which occurred as of August 1, 2017. He states that, in the initial complaint, he indicated that one of his functions was to control the Lubricant Warehouse budget, in such a way that everything related to this function was the subject of debate. He mentions that, since the warehouse was sold to another company on August 1, 2017, this is a fact that must also be taken into consideration to determine whether or not there was an abusive use of ius variandi. However, except for proven fact number twelve, in the appealed judgment there is no pronouncement on that situation because the judge limits the examination of the abusive ius variandi to the period from September 1 to November 30, 2017, failing to comply with the provisions of Article 560 of the Labor Code. He considers that the start of the abusive ius variandi occurred from the sale of the Lubricant Warehouse. On the merits: He accuses an indirect violation of the legal system, erroneous assessment of testimonial and documentary evidence, as well as a direct violation of Article 481 of the Labor Code. He transcribes proven fact number 13. He details that the main object of the litis is to determine whether there was abusive ius variandi, due to a decrease in hierarchical category by the emptying of functions. He explains that the employment relationship was originally established with the company denominated Total Petróleo Costa Rica Sociedad Anónima, with which he began working in 2001, and where, as of 2010, he came to occupy the position of operations director, a position of trust, whose functions were extremely important for the commercial, financial, and operational activity of the company, as can be observed not only from the job profile appearing at folio 235, but also in the employment contract at folios 232-234 and from all the testimonial evidence. He assures that the representative of Total Petróleo Costa Rica S.A. had granted him autonomy and independence in the exercise of his functions, without having to request authorizations or permits to carry them out, save a few exceptions, as categorically declared by witnesses [Name 002] and [Name 003]. He adds that, in August 2017, the company Total Petróleo Costa Rica Sociedad Anónima decided to sell the lubricants business to another company named Importaciones Lapa S.A., according to proven fact number 12. And, with that action, an important part of his category, hierarchy, and functions disappeared. For the appellant, the trial judge did not find this emptying of functions, powers, and faculties to exist, due to the erroneous assessment of the evidentiary array composed of his party statement, the statements of the testimonial evidence, and the documents provided by both parties. He assures that PetroDelta Costa Rica S.A admitted the emptying of functions, through the official letter signed by its representative in Costa Rica, Pedro Valdez, on November 7, 2017. He assures that, as an employee of Total since 2001, he should not have been affected by what is called in the referenced official letter as a "transition period." He adds that all the financial faculties and powers I had in Total Petróleo Costa Rica S.A. were removed to be given to other persons "representatives of PetroDelta designated for that purpose." He affirms that PetroDelta had to take responsibility for all the contractual obligations of Total Petróleo Costa Rica S.A., including that related to maintaining his category and hierarchy. He describes that if the intention was to control, oversee, and filter more effectively, stripping him of all operational administration and management faculties, this did not imply a small change. He alleges an erroneous assessment of the documentary evidence specifically regarding proven fact number thirteen, as it is considered proven that the functions did not vary. He argues that the facts set forth in the complaint and, later, in the party statement given under oath, respecting the adversarial principle, were subsequently supported by witnesses [Name 002] and [Name 003], who were emphatic in stating that there was a modification in his functions, and these variations impacted his category, going from being a highly managerial official to being a laborer dedicated to material tasks. He argues that Mr. [Name 003] referred to that variation. He highlights that the emails visible at images 16 to 18 were presented for the purpose of proving that once PetroDelta took over the business, the search, selection, and negotiation of sites ceased to be a function he could carry out and manage autonomously and independently. He assures that he had to receive the approval of Messrs. Pedro Valdez and Esteban Campos Toruño to be in charge of that activity. He adds that the documents visible at images 103-104 and 150 of the file refer to a matter of station maintenance. The very title of the email is "Tapas en SS Los Colegios." So, in his opinion, that evidence is not effective to refute that this important function was eliminated from him. He says that the "Whatsapp" conversation appearing at image 150 was presented to prove that maintenance attention, with the arrival of PetroDelta, became an issue on which Don Pedro Valdés decided. He alludes that the document at images 105 to 106 is called "Notificación de Minae," which refers to some data he provided Don Pedro about information that was notified to PetroDelta regarding the classification of the stations, having a passive role. Regarding the email titled "Caso San Francisco," it refers to an irregularity regarding a tanker truck that arrived without seals at the service station, about which he mentioned to Don Pedro that he was going to have a conversation with a Recope representative, information that does not refute what the witnesses said. He says that the document through which the former President of Total grants him "almost plenipotentiary" powers is not evidence that serves to refute that PetroDelta took away the aforementioned faculties. He emphasizes that the document at image 23 consists of an email addressed to Karen Guerra, in charge of maintenance work quotes, in which he asked her to quote a service with "Eladio Gonzalo Muñoz and with Aguilar." He adds, the document at image folio 26 reveals that he was exclusively in charge of station maintenance, but not in the technical sense of verifying, planning, and evaluating them according to the reports received by his assistant [Name 002], but rather the activity of going to the stations and seeing what needed maintenance or repair, which finds support in the testimony of [Name 002]. He highlights that, as indicated by the trial judge, with the documents at images 116 to 177, he performed function number seven of the job profile, called "KPI of the transport and maintenance activity." He explains that the "KPI" is a statistical indicator for transport and maintenance. In his opinion, the emails used by the trial judge to assert that these functions were not taken away from him lack foundation. The email is titled "Control Stock La Rivera" and, at the bottom of that image, an email sent by [Name 006] to [Name 003] is observed, in which he gives him information about the shortfalls in the La Rivera tanks. He notes that [Name 006] is one of the officials PetroDelta introduced into the activities of the former Total; he currently performs his functions. He emphasizes, the document visible at images 28 to 30 consists of the warning that, in good faith, he made jointly with Don [Name 002] to Don Pedro Valdés, regarding contractual non-compliance. He adds that the document at image 124 corresponds to a fuel purchase request that has no relation to the planning and budget control for maintenance and investments. The document at image 133 has no relation to the planning for maintenance and budget control for investments, because it is a purchase request made by "Magaly B" dated November 9, 2017, without him having made it. He states that, after his signature, another line appears that says "approved," because his signature was not sufficient for that approval, even though the amount was ₡855,000. Hence, his power to authorize expenses under $5,000 was eliminated. He mentions that the invoices visible at image 119 are related to maintenance or investment, because they are fuel purchases; they do not concern goods and services to provide maintenance to the stations or to buy or lease a new one. And, the defendant did not claim that these documents were related to these functions. He adds that the document at image 12, provided by his representation, proves that Mr. Rafael Romero was the person who was in charge of the projects, not himself. He emphasizes, as can be seen from the document at image 230, signed by Attorney Pedro Oller Taylor, when he no longer had special judicial power, all changes were communicated verbally. Regarding faculties numbered 11 and 12 of the job profile, referring to approving purchase orders over $5,000 with the General Director when they were from the operations area and under $5,000 together with the Financial Director, he says that he no longer had the autonomy and independence he had before. He accuses an erroneous and illegitimate assessment of the evidence supporting proven fact number fourteen, referring to the functions of the employment contract. He highlights that the document at image 133 has as its object five Environmental Regency Reports from Setena, referring to compliance with the environmental commitments the company undertook to uphold before SETENA when the construction permits for the service stations were requested. He assures that these commitments are environmental and not operational. He says he finds no relationship between that document and the function of "organization of company operations from a logistical and process perspective." He mentions that the defendant never made a connection between that document and the function. He emphasizes that, regarding the function of design, programming, and control of projects, both internal and those developed at the facilities of lubricant and fuel clients, in his opinion, the trial judge based her erroneous criterion on the documents at images 103 and 145-146. However, according to his criterion, that document does not prove that he had that design function during the PetroDelta era. He states that, according to image 103, it is verified that, at the end of the employment relationship, the only thing he was dedicated to was "in situ" maintenance, work that in Total was performed by his assistant [Name 002]. Regarding the function of requesting and technically approving materials and equipment acquired for project development, he relates that the trial judge cites as support the documents at image 149, in which the purchasing officer consulted the plaintiff directly about doubts the suppliers had. Likewise, at image 20, dated after the acquisition, i.e., October 17, 2017, his signature is seen to approve materials such as changes in hoses, replacements in lights (ballasts and fluorescents) for maintenance project development. He assures that what he did was attest that the equipment had been installed, and that, therefore, sums would not be paid for work not performed. He adds, this maintenance was carried out in Total by [Name 002], his assistant, while at Petrodelta, given the loss of hierarchy, he did it directly. Regarding the RECOPE case, he points out that it was necessary to verify if fuel had been extracted from the company, so it represents neither an issuance nor a control because on that date a procedure did not exist, nor did one exist after verifying the fact. He states that the CODIR Steering Committee, to which he belonged, disappeared with the arrival of PetroDelta. He emphasizes that, according to witness [Name 004], the meetings stopped being held. Therefore, his faculties of opinion and direction disappeared, as these were taken over by the top management of the company that bought Total. He recounts that he decided to terminate the employment contract due to the lowering of his category. He points out that fuel purchases and fuel transport do not constitute station maintenance, but rather inventory purchase and transfer, and, therefore, were not controlled by the Operations Department, but by the Finance Department. He emphasizes that they imposed on him a job of verification and planning of maintenance at stations that, in the previous company, was carried out by his assistant, as mentioned by the plaintiff, [Name 002], and [Name 003]. He says that the large-scale projects were left in the hands of the Commercial Director Rafael Romero. And, repairs of equipment that breaks down or repairs to structures (lids, walls, etc.) are called preventive and corrective maintenance, which he did. Regarding proven fact 13 concerning his functions according to the job profile, he accuses the omission of the MINAE communications that occurred between Silvia Madriz and Marilyn Coto from Petrodelta, at image 11 of the file. He mentions another evidentiary element that proves he was not the responsible person before public institutions is one in which Gerardo Campos, an employee of Petrodelta, receives and forwards the oversight plan from the DGTCC (Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustible). He says, at Total Costa Rica, he was the one who communicated that type of plan to the rest of the involved personnel, which is verified at images 12 and 15 of the file. He emphasizes, in the document at image 142, it is observed that by September 13, the change of account holder had been made on the invoices issued by Petrodelta. Then, in the document visible at image 144 of the judicial file, it is visualized how the General Manager of Petrodelta, Pedro Valdés, asks Rafael Romero, Commercial Director, to take charge of putting someone to collect the necessary papers to make the change of account holder on October 9, 2017. He accuses that another change occurred when he was forced to have lunch at a specific time, which does not apply to trust employees. He claims an indirect violation of the legal system of Articles 162 and 478 of the Labor Code. He says, in the claim, it was requested that the sum of two hundred thousand colones that the employer paid him for the use of gasoline for his vehicle be considered salary in kind. He said that the employer did not ask for an accounting of how he spent that sum. That is, he had full freedom. He assures that the burden of proof to establish the salary received by the worker lies with the employer. He specifies, if a benefit is not part of the salary, it is logical that the one who has to prove it is the employer because he has to define with complete clarity what the salary was. He states that at image 91 a document provided by the defendant appears, titled: "Travel Expenses, Per Diems, and Indemnities." In image 7, point 2.5, sixth paragraph, it reads that the Director of Operations receives the sum of ₡200,000 for mileage, in a fixed form. Thus, if the payment of this sum did not depend on the expenses he actually incurred in the performance of his duties, given that he had no duty to submit reports or invoices for the expense incurred in mileage. He alludes to the brief dated April 20, 2020, in which the defendant confesses: "5) Reports and expense reimbursement receipts: In the human resources file, there are no expense reports submitted by the plaintiff." In his opinion, the trial judge did not assess the Special Remuneration Payment Policy document. On costs: He accuses a substantive violation of Articles 562 and 563 of the Labor Code. He states that when he decided to terminate the employment relationship, he did so due to an abnormal circumstance of the company, with the certainty that an abusive ius variandi was occurring. He affirms that the Manager, Pedro Valdés, admitted that variations were being made and that competencies were being assigned to personnel outside those of the Total company. He highlights that the filing of the action was not reckless, daring, or capricious. Nor is bad faith evident in the litigation. He assures that his litigation has been in good faith, with the reasonable belief that he was the object of abusive ius variandi that limited his category insofar as it eliminated relevant managerial faculties, such as the freedom he had to decide on operational, administrative, and financial managerial matters of the company and to be the head of at least three subordinates. He requests to be exempted from the payment of costs.

III.- ON THE APPEAL FOR FORMAL REASONS: The representation of the plaintiff alleges defective representation. He emphasizes that the President of the company PetroDelta de Costa Rica S.A. granted a special power to Attorneys Pedro Oller Taylor and Ricardo Vargas Aguilar, by means of an instrument granted at 17:05 hours on March 5, 2018. However, it was subsequently determined that, as of October 16, 2018, the company PetroDelta de Costa Rica S.A. had been merged into Petróleos Delta Costa Rica Sociedad Anónima. Therefore, by means of the resolution at 11:15 hours on March 11, 2024, it was ordered to continue the process against the company Petróleos Delta Costa Rica S.A., legal identification number 3-101-028782. He says that, upon the merger occurring, PetroDelta de Costa Rica S.A. was extinguished, in accordance with Article 220 of the Commercial Code. And, pursuant to Articles 1278 subsections 5) and 8) of the Civil Code, the special judicial power granted to each of the agents-in-fact lost validity. He asserts that this defect was made known in the preliminary hearing. In response, the trial judge asked the representative Augusto Gerbaud de la Guardia if he ratified everything done by Attorney Vargas Aguilar, to which he indicated yes. He adds that the actions taken by Attorney Vargas from October 18, 2018, until the day of the preliminary hearing were not supported by the company that was finally integrated into this litis, Petróleos Delta de Costa Rica S.A. He highlights that the actions taken by Attorney Pedro Oller Taylor were not ratified, who acted through the presentation of briefs dated March 20 and April 20, 2020, when eighteen months had already elapsed since his special judicial power had expired. Once the preliminary hearing of the present process was heard, it must be indicated that the representation of the plaintiff alleged a lack of representation of the defendant since the month of October 2018. For his part, the defendant's attorney stated that mergers had occurred among the companies, with Delta Costa Rica prevailing. He argued that the allegation does not concern an issue of lack of representation, but rather that several companies have been consolidated into one. The trial judge ruled, indicating that she did not evidence any defenselessness, in accordance with Articles 474 of the Labor Code in relation to 20.1 of the Civil Procedure Code, by referral of Article 428 of the first cited body of law. She asked the President of Petróleos Delta to ratify everything performed by Attorney Ricardo Vargas Aguilar, which was in fact duly ratified, keeping that professional as the director of the process. Given the trial judge's ruling, the plaintiff filed a reconsideration appeal, stating that there is no rule indicating that defects of that nature can be ratified. In this sense, it must be indicated that Article 587 subsection 1) of the Labor Code provides: "For procedural reasons it shall be admissible when one invokes: 1.- Any of the defects for which nullity of proceedings proceeds, provided these have been alleged in some of the preceding phases of the process and the claim has been dismissed." Although the plaintiff filed the reconsideration appeal, he did not insist with the appeal of the respective ruling. In addition to this, the Court, by means of the resolution at 11:15 hours on March 11, 2024, stated: "In accordance with the brief presented by the plaintiff on 03/11/2024, his statements are accepted and the request to suspend the hearing scheduled by this authority is considered made; for this reason, it is provided: Upon a study of the present matter as well as the defendant company before the National Registry through the Online Management system available for the file, it is noted that the defendant company PETRODELTA COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA legal identification number 3-101-171670 merged into company 3-101-28782 under the name PETRÓLEOS DELTA COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA (see attached image)." For this reason and taking into consideration what was indicated above, it is ordered that the proceeding continue against the company PETROLEOS DELTA COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA, legal identification number 3-101-028782; it is also evident that the new legal representative of the company is Mr. Augusto Gerbaud de la Guardia. For this reason, and given that there is not sufficient time to notify Mr. Gerbaud to give his statement, it is ordered that the hearing scheduled for EIGHT THIRTY IN THE MORNING and ONE THIRTY IN THE AFTERNOON ON MARCH THIRTEENTH, TWO THOUSAND TWENTY-FOUR be suspended, and in its place, a new time and date shall be set for the conciliation hearing, under the same terms indicated in the order issued by this authority at nine fourteen in the morning on January eighth, two thousand twenty-one, to which is added the ORAL DEPOSITION and PARTY STATEMENT of Mr. AUGUSTO GERBAUD DE LA GUARDIA (in his capacity as legal representative of the defendant company) so that he may personally, and not through a granted power of attorney, appear before this court to give his statement, answering the interrogatory that will be presented to him, under the warning that if he fails to appear without just cause preventing him, he may be deemed to have confessed” (emphasis not in the original) (see images 428-431 of the virtual case file). The President of Petróleos Delta Costa Rica S.A. himself, on the day of the hearing, ratified everything done by Licenciado Vargas Aguilar from October 18, 2018, until the day of the preliminary hearing. Hence, the error alleged by the appellant is not apparent.

IV.- CASE ANALYSIS: Article 37 of the Labor Code stipulates: “The substitution of the employer shall not affect existing employment contracts to the detriment of the worker. The substituted employer shall be jointly and severally liable with the new employer for obligations arising from the contracts or the law, born before the date of substitution and for a term of six months. After this period, liability shall subsist solely for the new employer.” The Court considered it proven that “Total Petróleo de Costa Rica S.A. was acquired by PetroDelta Costa Rica S.A. effective September 1, 2019.” The appellant contends that even though this fact was proven, no analysis was conducted regarding the employer substitution (sustitución patronal) that took place. However, for resolving the dispute, it is of no importance whether or not the employer substitution invoked by the plaintiff occurred. Note that the defendant has maintained that the link between the parties has not been novated in any way, since the only thing that occurred was a change in the corporate name, and it has never denied liability in its capacity as employer. The fundamental issue in this case is to determine whether a significant variation in the plaintiff's duties occurred that affected his hierarchy and category, such that the severance of the contract can be considered to carry employer liability. In this case, the corporate capital of Total Petróleo C.R., S.A. - its shares - passed into the hands of other persons. The negotiation did not include the commercial division related to lubricants, which was transferred to a third party. The sale of the shares - change of owners - led to a change in the company's name, as it could no longer operate under the name “Total.” Regardless of whether or not the employer substitution alleged by the plaintiff took place, the defendant would be liable given the existence of the abusive ius variandi (ius variandi abusivo) claimed. Having clarified the foregoing, it is essential to refer to the scope of the abusive ius variandi, as not just any variation in working conditions can give rise to a justified severance of the employment contract by the worker. In this regard, this Chamber has stated: “It has been repeatedly indicated that the Latin phrase ius variandi generically denotes the legal power of the employer to modify, unilaterally and legitimately, within certain limits, the conditions of the employment relationship. However, this power must be exercised whenever the measures taken do not violate the essential clauses of the contract or diminish the worker's benefits. Indeed, if the employer exercises this right abusively or arbitrarily, to the direct detriment of the interests of the working person, the latter is placed in a clear situation allowing them to justifiably sever the respective relationship; or, if dismissed, to bring action against an unjust sanction. As indicated, this power must be exercised within certain limits, so as not to substantially alter the contract, to the detriment of the worker. The underlying idea of the possibility of unilaterally varying the conditions under which work is performed is that the change is not arbitrary. In this sense, it has been indicated that '…for any act unilaterally decided by the employer, when it modifies contractual conditions, to be lawful, it must be inevitably inspired by production imperatives and the needs of the company. The employer is nothing other than the director of the industry, but for the benefit of production, to which they are also subordinate. Any unilateral criterion based solely on the personal and subjective convenience of the employer would be despotism. Hence, although the employer has the power to arrange the form, time, manner, and place in which personnel will perform their tasks, this will always be on the condition that substantial forms of the original benefits are not altered, and with respect for the essential characteristics of the employment contract. If the modification is arbitrary, it can cause injury to the worker's interests and authorize the latter to place themselves in a situation of unjust dismissal.' (Cabanellas de Torres, Guillermo. Compendio de Derecho Laboral, Tomo I, Buenos Aires, third edition, Editorial Heliasta, S.R.L., 1992, p. 625). In a similar vein, Ermida Uriarte explains the following: 'By immediately adding that this power of variation can only operate within certain limits, the intention is to include strictness in the appreciation of the ius variandi in the definition itself, assigning it the rank of an essential element: the ius variandi is an extremely restricted power, subject to a series of limitations that, if not observed, lead to illegality./ The object upon which the ius variandi falls is designated as the modalities of performance of the worker's tasks, which is intended to indicate that the variation can only fall upon work modalities, that is, on secondary or accidental aspects, not essential or fundamental ones, and which generally refer to the form, manner, or way in which the work – the worker's performance – is carried out.' (Ermida Uriarte, Oscar. 'Modificación de condiciones de trabajo por el empleador'. Buenos Aires, Editorial Hamurabi, S.R.L., 1989, p.34). (Judgment 340, at 10:01 a.m. on April 15, 2011. The emphases were supplied).” In the specific case, in the complaint (escrito de demanda), the plaintiff stated: “Since my entry, I held different positions. I entered as Plant Manager. In 2002, I was promoted to the Occupational Health Department; in 2006, I was given the additional responsibility of the Purchasing Department; and subsequently, starting in 2010, I was placed as Operations Director. While holding that position, my duties and powers included the following: I, together with the Financial Director, had the authority to sign purchase orders under $5,000, which represents a significant level within the company. I had a budget of $2,000,000 for investment in service stations and an approximate monthly budget of 15,000,000 colones for expenses. While I worked for Total, I had complete freedom of schedules, both for entry and departure. There was full confidence that, after fifteen years of working for the company, I had acquired a commitment of loyalty to the company. While I worked for Total, I was in charge of the logistics area (fuel scheduling for stations and clients), the Lubricants Warehouse area, station construction and self-consumption, negotiation of station purchases and rentals, inventory control, maintenance, communications with MINAE and RECOPE. I controlled the service station inventories. I sought lots for new projects. I negotiated with station owners for their rental or sale. I controlled the inventory in the Lubricants Warehouse system. I coordinated with LANAMME a project to introduce modified asphalt to the country. I renewed the station concession permits before MINAE. I was in charge of the station image change. Furthermore, I approved purchase orders under $5,000 together with the Financial Director. I approved purchase orders over $5,000 with the General Manager when they pertained to my area. I supervised the Operations Director's Assistant regarding station maintenance. 3. These duties, which placed me in a position of administration, supervision, control, and oversight, and therefore granted me a degree of management responsibility, were eliminated by the new employer company. My power to commit the company with my actions before third parties was evident.” Subsequently, it was stated: “These duties, powers, and authorities, however, were eliminated by PetroDelta once it acquired the Total company and became my employer. (…) On November twenty-seventh, 2017, the General Manager responded to my letter of disagreement, stating that the company has nothing to modify and that the variations that have been applied respond to the company's need to create new procedures, controls, and filters.” The defendant explained that the variation regarding lubricants was due to the fact that this part of the business was not developed, as Total Petróleo Costa Rica, S.A. did not transfer that part to PetroDelta C.R., S.A. It maintained that, as a result of the change of shareholders, some minor changes were introduced to the local operation, incapable of constituting an abusive ius variandi as claimed, consisting of the implementation of new procedures and controls by the purchasing entity to achieve greater organization and performance, as well as greater control of budgets and payments. Furthermore, it stated that the position held by the plaintiff, his hierarchy, and its nature were not subject to modifications. It detailed that changes such as the incorporation of a dress code policy, scheduling of lunch times, and the request for replacement of leave time were due to a need to prevent abuses and lack of control among personnel. The variations claimed regarding activities related to lubricants cannot be seen as gross, unjustified, or unreasonable; that is, the power of variation was not exercised arbitrarily.

According to the evidence presented and what was deemed proven in the previous instance, the original employer - Total Petróleo C.R., S.A. - managed, at least, the fuel and lubricants divisions. The transaction carried out with the parties interested in acquiring the business only included the transfer of the fuel division, and the lubricants branch was transacted by Total Petróleo C.R., S.A. with another company. This simple reason justified that the duties related to managing the lubricants business no longer subsisted. The elimination of tasks related to the supervision of the person in charge of the lubricants warehouse and the performance of the physical inventory of that warehouse are therefore not seen as an unjustified or arbitrary modification. The transfer of the part related to lubricants to a third company no longer required the supervision exercised by the plaintiff, nor that the warehouse be inventoried, since this part of the business was no longer developed. The plaintiff's thesis, to the effect that the new employer should have endeavored to maintain those conditions for him, has no legal basis, since neither Total Petróleo nor PetroDelta were obligated to maintain a function if the business line no longer required it. As explained, the rule is that the employer holds the power of direction (poder de dirección). This power allows it to make modifications in the employment relationships, and unacceptable changes are those derived from arbitrary and unjustified actions. In this case, there is no reason to consider that the employing company had to guarantee the maintenance of duties for an operation from which it was decided to dispense or that was not part of the negotiation. The change cannot be classified as abusive. In this sense, it must be indicated that PetroDelta acquired a fuel business, not a lubricants business, so there was no merit in maintaining the function of inventorying a warehouse that no longer belonged to it and supervising the person in charge of said space. The plaintiff held a management position over two people who ceased to work for the defendant, given the termination of the original company, and the fact that the lubricants business was taken over by a person different from the defendant company, which only took over the fuel trade. Hence, all allegations related to the loss of duties in the lubricants area must be denied.

In this vein, since some aspects of the testimonial evidence collected in the proceeding are disputed, it is appropriate to refer to the statements of the deponents. Mr. [Name 002], who worked for the defendant, stated that he served as operations assistant. He said that Total Petróleos Costa Rica S.A. was the original employer, but later the company passed into the hands of Petrodelta. He alluded that, when this change of employer occurred, the plaintiff's duties varied. He described that some of the plaintiff's tasks disappeared, such as being part of the board of directors (concejo director). In addition, he mentioned that Mr. [Name 001], who was his boss, could make payments to suppliers or purchases from RECOPE, had bank access, was the head of a lubricants warehouse, and supervised the transportation area. He emphasized that he had autonomy and approval authority for negotiating, which did not happen with the arrival of Petrodelta Costa Rica S.A. He stated that this company arrived with its working group and personnel such as Pedro Valdés, general manager, and Nora as the head of Human Resources. He asserted that the plaintiff delegated maintenance-related matters to him. He recounted that a budget was managed and he coordinated the upkeep of service stations with suppliers. Furthermore, he assisted [Name 001] with permit procedures. He added that, upon the arrival of Petrodelta Costa Rica S.A., the plaintiff had to request authorization from Pedro Valdés to execute expenses. In addition to this, he had a pre-approved amount to “spend,” but he did have autonomy to determine how to do so. He detailed that the plaintiff required approvals from Mr. Pedro Valdés, therefore, he did not have the same autonomy. Moreover, he said that before the employer substitution they had a lunch hour, but without an established schedule, and later, with the change, a schedule was set for them. He assured that when Total Petróleos Costa Rica S.A. was the employer, the plaintiff reported to the general manager, and at Petrodelta Costa Rica S.A., to Mr. Pedro Valdés, who served in a similar position. He added that the lubricants operation was transferred to a third party.

For her part, [Name 005], who worked as financial director for the defendant, mentioned that, due to the change of shareholders that occurred in the company, Petrodelta Costa Rica S.A. acquired the entirety. She said the plaintiff no longer wanted to work for the defendant, which she learned because the head of Human Resources commented on it to her. She detailed that, in both companies, the plaintiff served as Operations Director. She said she did not know which duties were varied for him. She highlighted that maintenance tasks were performed by a subcontracted third party. [Name 001] approved maintenance invoices and oversaw purchasing processes. She clarified that the plaintiff reported to the general manager at Total Petróleos Costa Rica S.A., and at Petrodelta Costa Rica S.A., to Pedro Valdés, who was in charge of the entire operations area, like a general manager. She continued, indicating that Mr. Roberto had personnel under his charge and kept them. She described that, before the employer substitution, there was a lubricants warehouse where a man worked under the plaintiff's charge, but that area did not pass to Petrodelta Costa Rica S.A., but to a third party, and therefore, the person in charge of the warehouse was dismissed. She alluded that at Total Petróleos, a board of directors (concejo de directores) was held, including the general manager, the operations manager, the person responsible for Human Resources, the service station manager, and the security manager - including the plaintiff. During the transition stage, the meetings did not continue because it became complicated, but once the adjustment occurred, they did. [Name 003] explained that Mr. [Name 001] worked as Operations Director and had assigned various duties such as supplying and providing maintenance to the infrastructures. Furthermore, when permits expired, the board of directors would meet, and he was in charge of maintenance issues and station remodeling. Also, topics such as the investment and maintenance budget were discussed. She assured that the plaintiff was in charge of the lubricants warehouse. He also collaborated with the purchase of fuel from RECOPE when the person in charge could not. She was clear in narrating that when Petrodelta Costa Rica S.A. acquired the shares of Total Petróleo Costa Rica S.A., the collaborating employees of each company were maintained with their respective stations, for the purpose of carrying out the transition period. She alluded that the manner of handling suppliers was not the same with Delta and Total. And the plaintiff dedicated himself to fuel orders and maintenance. She mentioned that the plaintiff in Total Petróleos Costa Rica S.A. had personnel under his charge, but when Petrodelta Costa Rica S.A. acquired, he was only the supervisor of Mr. José, since the personnel from the lubricants area were dismissed upon its transfer to a third party. In addition, she said that he was in charge of procedures before MINAE, RECOPE, ARESEP, among others, but with the change of employer, those tasks were assigned to another person. She detailed that the plaintiff did not require authorization to make transfers for the purchase of fuel from RECOPE, as he had a code for such purposes. She declared that Mr. [Name 001] remained with Petrodelta until almost the end of the transition process.

Mrs. Nora Shebelut Vega, Vice President of the Human Capital Area of Petrodelta, stated that she did not work for Total Petróleos Costa Rica S.A. She mentioned that, in 2017, she participated in the process of acquiring the shares of the new employer, and this led to the change of name and shareholders. She stated that the collaborating employees continued working in the same way, but a transition process began. She alluded that the plaintiff presented a document to Mrs. Silvia Cordero from the Human Resources Department, in which he communicated his disagreement with the company. She specified that when the new company started, [Name 001] was Operations Director and had duties such as maintenance of the stations, equipment, inventory logistics, and was in charge of projects if new stations had to be opened, which is part of the duties of that position in this type of business. He continued managing budgets for the stations. He maintained the relationship with contractors and reported to the area manager, who was Pedro Valdés. She assured that the plaintiff worked for Petrodelta Costa Rica S.A. for only three months. She argued that at Total Petróleos Costa Rica S.A., the plaintiff reported to Mr. Vincent, who was the manager, and at Petrodelta, to Pedro Valdés. She affirmed that his salary, working hours, and position were not varied.

From the foregoing, it is inferred that the variation in the plaintiff's duties was not a change unilaterally imposed by the company owning the business. The plaintiff alleged that he had to assume the tasks of a subordinate of his from before the substitution and after it, and even indicated that the modifications impacted his category, going from being a highly managerial employee to being a laborer dedicated to material tasks, but there is insufficient evidence leading to the conclusion that the plaintiff made it known to the new administration that this function did not correspond to him. More importantly, it should be noted that this circumstance was not invoked in the complaint to justify the severance, nor in the communication made by the worker to the defendant's representative. From the testimonial evidence, it can be inferred that, indeed, the plaintiff's duties varied to some extent due to the transition period in which the company found itself. However, from the electronic communications provided, it can be inferred that the plaintiff continued to be informed about matters related to maintenance and continued to hold coordination relationships with suppliers (images 112 to 117); for example, it is recorded that he received the quotation made by a supplier and informed them that he would forward it for the corresponding approval. The fact that the Board of Directors (Concejo Director) stopped meeting was clarified by what [Name 007] said, who indicated that during the transition stage due to the change of shareholders and the arrival of new personnel – which the plaintiff did not complete because he resigned beforehand, according to the evidence provided in the proceedings – the meetings were not held because it became complicated, but once the adjustment occurred, they were continued. However, the plaintiff ended the employment relationship before the transition period concluded. Hence, the suspension of these sessions could not be considered an abusive ius variandi on the part of the defendant.

Regarding the autonomy with which he managed himself before the entry of Petrodelta Costa Rica S.A. into the business, it should be noted that in both companies, the worker had a superior to whom he had to request certain approvals. It is not true that he had total autonomy to exercise his decisions. Furthermore, according to the testimonial evidence, although the plaintiff was granted certain autonomy to manage the budgets of the area under his charge, the truth is that a certain pre-authorized amount was given to him, with existing limitations. According to the testimonial evidence, the plaintiff dedicated himself to fuel orders and maintenance, tasks he had been performing with Total Petróleos Costa Rica S.A. Regarding the fact that the plaintiff had personnel under his charge before the employer change and no longer did, it should be noted that, with the new structure of the employer, he maintained one worker under his charge. And one of the employees for whom the plaintiff was a supervisor had been dismissed due to the transfer of the lubricants area. This alleged modification could also not constitute an abusive ius variandi as the appellant qualifies it. Regarding the fact that the plaintiff was stripped of the task of carrying out procedures before MINAE, RECOPE, and ARESEP, it can be inferred from the evidence that the new owners brought four high-profile individuals who worked in their business in Panama so that they could learn the commercial line taken on in Costa Rica, resulting in a modification in some of the tasks that the collaborators of Total Petróleos Costa Rica S.A. had been performing.

According to the appellant, image number 12 of the case file proves that Mr. Rafael Romero was the person in charge of projects and not the plaintiff; however, in that numbering specified by the challenger, it is evident that Mr. José Navarro requested joint action from the plaintiff regarding one of the projects. The purpose of that party to demonstrate the suppression of duties with that evidence cannot succeed. In this vein, the appellant indicates that, according to the document in folio image 26, it reveals that he was exclusively in charge of station maintenance, but not in the technical sense of verifying, planning, and evaluating them according to the reports received by his assistant [Name 008], but rather, in the activity of going to the stations and seeing what required maintenance or repair, which finds support in the testimony of [Name 002]. However, from that document, the assertion made by the appellant cannot be inferred; indeed, from the constant email, it is inferred that ARESEP asked him to ensure an action plan at one of the stations, which he had to delegate to his assistant due to the work he already had assigned. Later, he mentions that, with the documents at images 116 to 117, he performed function number seven of the position profile, called “KPI of transportation and maintenance activity.” He explains that the “KPI” is a statistical indicator of transportation and maintenance. In his opinion, the emails used by the trial judge to assert that those functions were not taken from him lack foundation. The email is titled “Control Stock La Rivera,” and at the bottom of that image, an email sent by [Name 006] to [Name 003] is observed, in which he provides information about shortages in the tanks at La Rivera. From the content of that email, it is inferred that Mr. [Name 006] made a series of inquiries about the “stock control” procedure, without it being possible to derive from this evidence that the plaintiff's duties were suppressed, as he has been alleging. The plaintiff has been claiming since the complaint the elimination of a series of tasks that had been assigned to him by Total Petróleos Costa Rica S.A., but he does not prove his statement in accordance with Article 477 of the Labor Code.

In this vein, from the evidence, it was the development of greater controls by the new company regarding compliance with entry and departure times, as well as break times and permanence in the facilities, that ultimately ended up displeasing part of the personnel accustomed to greater freedom in that area (see the statement of Mr. [Name 002]). Now, the freedoms that the employer may give its personnel concerning compliance with schedules do not form a right in favor of the worker that can later be opposed to the employer. The employer always remains empowered to demand the correct performance, during the formally agreed hours, without the exercise of this power being seen as arbitrary. It should be added that the complaints related to the new controls regarding schedule compliance, although protested to the management of the new employer, were not an issue invoked in the complaint. The employer's decision to exercise greater control in this aspect of labor relations cannot be considered abusive.

On the other hand, the Chamber does not observe that the worker suffered an unjustified change in hierarchy and category. It must be reiterated that what the legal system prohibits are unjustified, degrading, and abusive variations in the essential elements of the relationship, and those considered in this case cannot be framed within those assumptions. The changes noticed in the initial brief, which in the plaintiff's opinion emptied the plaintiff's position of content, do not have sufficient support in the evidence taken. Although there were some modifications when the new administration of the company took over its operation, these are not seen as arbitrary, abusive, unjustified, or degrading, such that the worker was entitled to place himself in a position of dismissal. Consequently, there are no grounds to uphold the appeal filed by the plaintiff and vary what was decided.

V.- ON SALARY IN KIND: The plaintiff alleges indirect violation of the legal system, specifically Articles 162 and 478 of the Labor Code. He says that in the claim (pretensión), it was requested that the sum of two hundred thousand colones that the employer paid him for the use of gasoline for his vehicle be considered salary in kind (salario en especie). He said that the employer did not request a liquidation of how he spent those two hundred thousand colones. That is, he had complete freedom to use those two hundred thousand colones, in the same way that he had complete freedom to spend the rest of his salary. He assures that the burden of proof for accrediting the salary received by the worker lies with the employer. Therefore, if a benefit is not part of the salary, it is logical that the employer is the one who must prove it because the employer must clearly define what the salary was. He states that image 91 shows a document provided by the defendant, titled: “Gastos de Viaje, Viáticos e Indemnizaciones.” In image 7, point 2.5 appears, in whose sixth paragraph, it reads that the Operations Director receives the sum of 200,000 colones for mileage, in a fixed form. Thus, the payment of this sum did not depend on the expenses he truly incurred for the performance of his duties, given that he had no duty to submit liquidations or invoices for the expense incurred in mileage.

It refers to the brief dated April 20, 2020, in which the defendant confesses: "5) Expense reports and vouchers for reimbursement of expenses: The human resources file does not contain expense reports submitted by the plaintiff." In its view, the trial judge did not assess the document on the Special Remuneration Payment Policy. The Labor Code specifically contains the regulation relating to wages and the measures that protect them. To resolve the case, Articles 162, 164, and 166 of said normative body are relevant. The first establishes that a wage or salary is the compensation that the employer must pay the worker by virtue of the employment contract. According to Article 164, the wage may be paid in cash; in cash and in kind; and through participation in the profits, sales, or collections made by the employer. Historically, there has been resistance to accepting that the employer compensates the worker solely in kind, that is, with something other than money. In our legislation, it is permitted that only part of the worker's remuneration be in kind. In that sense, numeral 166 states: "By wage in kind is understood solely what the worker or his family receives in food, housing, clothing, and other articles intended for their immediate personal consumption (...). For all legal purposes, provided the value of the in-kind remuneration is not determined in each specific case, it shall be estimated as equivalent to fifty percent of the wage the worker receives in cash. Notwithstanding the provisions of the three preceding paragraphs, supplies of an undoubtedly gratuitous nature that the employer grants to the worker shall not be computed as wage in kind, which may not be deducted from the wage nor taken into account for setting the minimum wage." Consequently, goods or services that the employer grants to its workers for a reason distinct or different from compensating the work performed may not be considered as wage in kind. From the foregoing, it follows that for a specific benefit or perk to be considered as such, first, it must have a compensatory character, a consideration for the labor force, and must be appropriate for the immediate personal use or consumption of the worker and his family, such that it provides a stable and repeated economic benefit during the employment relationship and that, if it did not exist, the worker would have had to obtain it by his own means. Although the plaintiff was granted an amount for gasoline, the truth is that this was due to a discretionary decision by the defendant. In fact number eleven of the complaint, it was expressly stated: "In addition, the fixed monthly sum of two hundred thousand colones was paid to me as compensation for vehicle use. However, I was never asked to submit invoices or other receipts related to the use of the car." That is, it has not been demonstrated that it was granted for the purpose of compensating his work, nor to increase the remuneration paid to the worker monetarily, but rather to make the execution of work activities more efficient and facilitate the work, for which reason it must be considered gratuitous. Consequently, the decision regarding that specific claim must be confirmed.

VI.- ON COSTS: The party challenges a substantive violation of numerals 562 and 563 of the Labor Code. It relates that, when it decided to terminate the employment relationship, it did so due to an abnormal circumstance of the company, with the certainty that an abusive ius variandi was taking place. It affirms that the Manager, Pedro Valdés, admitted that there were variations and competencies assigned to personnel outside of those brought by the company Total. It emphasizes that the filing of the action was not reckless, daring, or capricious. Nor is bad faith evident in the litigation. It assures that its litigation has been in good faith, with the reasonable belief that it was subject to abusive ius variandi that limited its category to the extent it eliminated relevant managerial powers, such as the freedom it had to decide on operational, administrative, and financial managerial matters of the company and to be the head of at least three subordinates. It requests to be exempted from the payment of costs. This Chamber considers that, in accordance with the provisions of Article 563 of the Labor Code, it is appropriate to exempt the appellant from the payment of these expenses, because it is believed that it acted in good faith, in the belief that, due to the organization of the new employer, some of its functions were illegitimately changed.

VII.- FINAL CONSIDERATIONS: For the reasons stated, it is appropriate to partially grant the appeal filed by the plaintiff. To annul the judgment insofar as it imposed costs on the plaintiff, to instead resolve without special condemnation in these expenses. In all other respects, the judgment remains unaltered.

POR TANTO:

The appeal filed by the plaintiff is partially granted. The judgment is annulled insofar as it imposed costs on the plaintiff, to instead resolve without special condemnation in these expenses. In all other respects, the judgment remains unaltered.

Res: 2026000581 PMADRIGALE Julia Varela Araya Jorge Enrique Olaso Álvarez Roxana Chacón Artavia Ana Patricia Montero Morales Grace del Carmen Agüero Alvarado Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador --  1

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Sala Segunda de la Corte Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente  Corte Suprema de Justicia SALA SEGUNDA Res: 2026000581 SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las ocho horas treinta y dos minutos del veintisiete de febrero de dos mil veintiseis .

Proceso ordinario establecido ante el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José, Sección Primera, por [Nombre 001], divorciado y ingeniero químico, contra PETRODELTA COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA, representada por su apoderado generalísimo, el señor Augusto Gerbaud de la Guardia, gerente y vecino de Panamá. Figuran, como apoderados especiales judiciales, de la parte actora, el licenciado Guillermo Bonilla Vindas; y, de la parte demandada, los licenciados Pedro Oller Taylor, vecino de Cartago, y Ricardo Vargas Aguilar. Todas las personas son mayores, casadas, abogadas y vecinas de San José; con las excepciones indicadas.

Redacta la Magistrada Chacón Artavia; y,

CONSIDERANDO:

I.- ANTECEDENTES: El actor expresó en la demanda que inició a laborar para Total Petróleo de Costa Rica S.A. en el año 2001, sociedad que fue adquirida por PetroDelta Costa Rica S.A. a partir del 01 de setiembre del año 2017. Dijo que ingresó a laborar como jefe de planta. Luego, en el año 2002 se le ascendió al Departamento de Salud Ocupacional. En el año 2006 se le otorgó recargo en el Departamento de Compras y, posteriormente, a partir del año 2010 se le ubicó como director de operaciones, citando sus labores. Destacó que, en conjunto con la directora financiera, tenían la facultad de firmar órdenes de compra menores a $5.000, lo que representa un nivel importante en la empresa. Señaló que se le asignaba un presupuesto de $2.000 para gestionar inversiones en estaciones de servicio y uno aproximado de $15.000.000 mensuales para gasto. Esgrimió que tenía libertad plena de horarios y, tenía a su cargo el área logística, el área de bodegas y lubricantes, construcción de estaciones y autoconsumos, negociación de compra y alquiler, control de inventarios, mantenimiento y comunicaciones tanto con el MINAE como con RECOPE. Enlistó las labores que le correspondían en el cargo de administración, supervisión, control y fiscalización. Explicó que el 30 de octubre del 2017 le presentó al señor Valdés Silveria, Gerente General de PetroDelta Costa Rica S.A. una carta de disconformidad y aviso previo por las variaciones unilaterales a su contrato de trabajo, relacionadas con las tareas que venía ejecutando. Agregó, el 27 de noviembre del mismo año, se le respondió indicando que la empresa no tiene nada que modificar y, las variaciones responden a las necesidades de la empresa para crear nuevos procedimientos, controles y filtros. Refirió que el 30 de noviembre del 2017 entregó carta a Recursos Humanos, con la cual, dio por finalizada la relación laboral con responsabilidad patronal por ius variandi. Detalló que con la liquidación únicamente se le cancelaron las vacaciones y los aguinaldos proporcionales. En virtud de lo anterior, solicitó que se condene a la parte accionada en sentencia a pagar: 1. La indemnización sustitutiva del preaviso. 2. El auxilio de cesantía por ciento sesenta días de salario. 3. Los daños y los perjuicios regulados en el artículo 82 del Código de Trabajo. 4. Los intereses y la indexación sobre los montos adeudados. 5. Ambas costas de la acción (véase imágenes 47-57 del expediente virtual). El representante de PetroDelta Costa Rica S.A. contestó la demanda e interpuso las defensas de prescripción y falta de derecho. Dijo que el actor inició a laborar para Total Petróleo de Costa Rica S.A. el 10 de diciembre del año 2001, pero se modificó su razón social a PetroDelta Costa S.A. Detalló que se cedió a un tercero el negocio de lubricantes y se conservó el de venta de combustible y estaciones de servicio. Esgrimió que el accionante ocupó cargo como director de operaciones, cuyas responsabilidades citó. Describió que el trabajador continuó ejerciendo las mismas funciones que venía ejecutando, únicamente se limitó retirar algunas basado en necesidades reales de la empresa, como a solicitud de nuevos accionistas. Reseñó que se aplicaron cambios como la incorporación de política de vestimenta, programación de tiempos de almuerzo y solicitud de reposición de permisos, lo que tampoco implicó que tuviese que marcar ingreso o salida. Recalcó que su representada aclaró al accionante que ninguno de los ajustes introducidos afectaba el presupuesto, la categoría o la naturaleza del empleo del trabajador (véase imágenes 70-80 del expediente virtual). El Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José, Sección Primera, por sentencia número 2024-2209 de las 18:20 horas del 8 de noviembre del 2024, emitida por la juzgadora Gabriela Eugenia Salas Zamora, acogió la defensa de falta de derecho y declaró sin lugar la demanda. Impuso las costas al actor, fijando las personales en el 20% del total de la absolutoria (véase imágenes 536-574 del expediente virtual).

II.- AGRAVIOS: Razones formales: La representación de la parte actora alega representación defectuosa. Recalca que, el Presidente de la Sociedad PetroDelta de Costa Rica S.A., otorgó poder especial a los Licenciados Pedro Oller Taylor y Ricardo Vargas Aguilar, por instrumento otorgado a las 17:05 horas del 5 de marzo del año 2018. Sin embargo, posteriormente, se logró determinar que, desde el 16 de octubre del 2018 la sociedad PetroDelta de Costa Rica S.A. había sido fusionada en Petróleos Delta Costa Rica Sociedad Anónima. Por lo que, mediante la resolución de 11:15 horas del 11 de marzo del año 2024 se ordena continuar le proceso contra la sociedad Petróleos Delta Costa Rica S.A., cédula jurídica número 3-101-028782. Dice que, al producirse la fusión, PetroDelta de Costa Rica S.A. se extinguió, conforme lo dispone el artículo 220 del Código de Comercio. Y, al tenor de los artículos 1278 incisos 5) y 8) del Código Civil, el poder especial judicial otorgado a cada uno de los apoderados perdió vigencia. Afirma que ese vicio se hizo de conocimiento en la audiencia preliminar. Ante lo cual, la a quo consultó al representante Augusto Gerbaud de la Guardia si ratificaba todo lo actuado por el Licenciado Vargas Aguilar, indicando que sí. Adiciona que, lo actuado por el Licenciado Vargas desde el 18 de octubre del 2018 hasta el día de la audiencia preliminar no estuvo respaldado por la sociedad que finalmente fue integrada a esta litis, Petróleos Delta de Costa Rica S.A. Destaca, no quedó ratificado lo actuado por el Licenciado Pedro Oller Taylor, quien tuvo actuación mediante la presentación de los escritos de fecha 20 de marzo y 20 de abril del 2020, cuando ya se habían cumplido dieciocho meses de que su poder especial judicial había fenecido. A su juicio, si bien en la audiencia preliminar el señor Augusto Gerbaud ratificó lo actuado por el Licenciado Vargas Aguilar, lo hizo en nombre de Petróleos Delta de Costa Rica y no de PetroDelta de Costa Rica S.A. Señala que la a quo indicó al finalizar la redacción del considerando V lo siguiente: “Se subraya que el lapso para verificar el ius variandi abusivo alegado data del 01 de setiembre del 2017 a 30 de noviembre del 2017, sean tres meses”. Considera que, esa limitación genera indefensión, por cuanto, desde la emisión de la prevención del 30 de octubre del año 2017, se reclamó que una de las labores que se le habían eliminado al actor eran las de controlar el inventario en el sistema de la Bodega de Lubricantes, lo que acaeció a partir del 01 de agosto del año 2017. Manifiesta que, en el líbelo inicial indicó que, una de sus funciones era la de controlar el presupuesto de la Bodega de Lubricantes, de forma tal que, todo lo relativo a esta función fue objeto de debate. Menciona que, como la bodega fue vendida a otra empresa el 01 de agosto del 2017, es un hecho éste que debe también ser tomado en consideración para determinar si hubo o no un uso abusivo del ius variandi. Sin embargo, salvo el hecho probado número doce, en la sentencia recurrida no existe pronunciamiento sobre esa situación porque la jueza limita el conocimiento del ius variandi abusivo al periodo que va del 1 de setiembre al 30 de noviembre del 2017, incumpliendo con lo regulado en el numeral 560 del Código de Trabajo. Considera que, el inicio del ius variandi abusivo se produjo a partir de la venta de la Bodega de Lubricantes. Sobre el fondo: Acusa violación indirecta del ordenamiento jurídico, errónea valoración de la prueba testimonial y documental, así como lesión directa del numeral 481 del Código de Trabajo. Transcribe el hecho probado número 13. Detalla que el objeto principal de la litis consiste en determinar si existió ius variandi abusivo, debido a una disminución de categoría jerárquica por vaciamiento de funciones. Explica que, la relación laboral originalmente se estableció con la sociedad denominada Total Petróleo Costa Rica Sociedad Anónima, con la que inició labores en el año 2001, y en la que, a partir del año 2010 pasó a ocupar el puesto de director operativo, cargo de confianza, cuyas funciones eran importantísimas para la actividad comercial, financiera y operativa de la empresa, según se puede observar no sólo del perfil del puesto que aparece a folio 235, sino también en el contrato de trabajo a folios 232-234 y, de la totalidad de la prueba testimonial. Asegura que, el representante de Total Petróleo Costa Rica S.A. le había otorgado autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones, sin que tuviese que pedir autorizaciones o permisos para llevarlas a cabo, salvo unas pocas excepciones, tal y como lo declararon categóricamente los testigos [Nombre 002] y [Nombre 003]. Adiciona que, en agosto del año 2017, la empresa Total Petróleo Costa Rica Sociedad Anónima decidió vender el negocio de lubricantes a otra empresa de nombre Importaciones Lapa S.A., según hecho probado número 12. Y, con ese actuar una parte importante de su categoría, jerarquía y funciones desparecieron. Para quien recurre, ese vaciamiento de funciones, poderes y facultades, no lo tuvo por existente la jueza de instancia, debido a la errónea valoración del elenco probatorio compuesto de su declaración de parte, las manifestaciones de la prueba testimonial y de los documentos aportados por ambas partes. Asegura que PetroDelta Costa Rica S.A admitió el vaciamiento de las funciones, por medio del oficio suscrito por su representante en Costa Rica, Pedro Valdez, el 7 de noviembre del año 2017. Asegura que, como empleado de Total desde el año 2001 no tenía por qué ser afectado por lo que se llama en el oficio de referencia como “período de transición”. Adiciona que, todas las facultades y los poderes de orden financiero que yo tenía en Total Petróleo Costa Rica S.A. le fueron eliminadas para dárselas a otras personas “representantes de PetroDelta designados para ese propósito”. Afirma que PetroDelta tenía que hacerse responsable de todas las obligaciones contractuales de Total Petróleo Costa Rica S.A., incluido lo relativo a mantener su categoría y jerarquía. Describe que, si lo que se intentaba era controlar, fiscalizar y filtrar con mayor eficacia, despojándolo de todas las facultades de administración y dirección operativa, ello no implicaba un cambio pequeño. Alega errónea valoración de la prueba documental específicamente en cuanto al hecho probado número trece, por cuanto, se tiene por acreditado que las funciones no variaron. Aduce que los hechos expuestos en la demanda y, luego en la declaración de parte brindada bajo juramento, con respeto del principio del contradictorio, fueron luego respaldados por los testigos [Nombre 002] y [Nombre 003], quienes fueron enfáticos en referir que, existió una modificación en sus funciones y, esas variaciones impactaron su categoría pasando de ser un funcionario altamente gerencial a ser un peón dedicado a tareas materiales. Esgrime que el señor [Nombre 003] refirió sobre esa variación. Destaca que, los correos electrónicos visibles a imágenes 16 al 18 se presentaron con la finalidad de acreditar que una vez que PetroDelta se hizo cargo del negocio, la búsqueda, selección y negociación de puntos, dejó de ser una función que podía llevar a cabo y gestionar en forma autónoma e independiente. Asegura que, debió recibir el aval de los señores Pedro Valdez y Esteban Campos Toruño para encargarse de esa actividad. Añade que los documentos visibles a imágenes 103-104 y 150 del expediente hacen referencia a una cuestión de mantenimiento de estaciones. El mismo título del correo es “Tapas en SS Los Colegios”. De modo que, a su juicio, esa prueba no es efectiva para desvirtuar que esa importante función le fue eliminada. Dice que la conversación de “Whatsapp”, constante a imagen 150 se presentó para probar que la atención del mantenimiento, con la llegada de PetroDelta pasó a ser un asunto, en el cual, decidía don Pedro Valdés. Alude que el documento a imágenes 105 a 106 se denomina “Notificación de Minae”, el cual, hace referencia a unos datos que le brindó a don Pedro sobre una información que fue notificada a PetroDelta con la calificación de las estaciones, teniendo un papel pasivo. Sobre el correo electrónico titulado “Caso San Francisco”, se refiere a una irregularidad por una cisterna que llegó sin sellos a la estación de servicio, a lo cual él le mencionó a don Pedro que iba a mantener una conversación con un personero de Recope, información que no desvirtúa lo dicho por los testigos. Dice que el documento mediante el cual el anterior Presidente de Total, le concede poderes “casi plenipotenciarios”, no es prueba que sirva para desvirtuar que PetroDelta le quitó las facultades de marras. Recalca que el documento a imagen 23 consiste en un correo electrónico dirigido a Karen Guerra, encargada de las cotizaciones de los trabajos de mantenimiento, en el que le solicitó cotizar un servicio con “Eladio Gonzalo Muñoz y con el Aguilar”. Agrega, el documento en imagen folio 26 revela que, estaba encargado exclusivamente del mantenimiento de las estaciones, pero no, en el sentido técnico de verificar, planificar y valorar en ellas conforme a los informes que recibía su asistente [Nombre 002], sino más bien, a la actividad de ir a las estaciones y ver lo que requería mantenimiento o reparación, lo que encuentra sustento en el dicho de [Nombre 002]. Destaca que, conforme lo indicado por la a quo, con los documentos a imágenes 116 a 177, él realizó la función número siete del perfil del puesto, denominada “KPI de la actividad de transporte y mantenimiento”. Explica que el “KPI” es un indicador estadístico del transporte y el mantenimiento. A su juicio, los correos que utiliza la jueza de instancia para aseverar que, esas funciones no le fueron quitadas, carecen de fundamento. El correo se titula “Control Stock La Rivera” y, en la parte inferior de esa imagen se observa un correo remitido por [Nombre 006] a [Nombre 003], en el que le brinda información sobre los faltantes en los tanques de la Rivera. Acota que [Nombre 006] es uno de los funcionarios que PetroDelta introdujo en las actividades de la antigua Total, actualmente realiza sus funciones. Recalca, el documento visible a imágenes 28 a 30, consiste en la prevención que, de buena fe, hizo de manera conjunta con don [Nombre 002] a don Pedro Valdés, referente al incumplimiento contractual. Agrega que el documento de la imagen 124 corresponde a una solicitud de compra de combustible que no tiene la menor relación con la planificación y el control de presupuesto para el mantenimiento y las inversiones. El documento de imagen 133 no tiene relación con la planificación para el mantenimiento y control de presupuesto para las inversiones, por cuanto, es una solicitud de compra realizada por “Magaly B” de fecha 9 de noviembre del 2017, sin que la hiciera él. Refiere que, luego de su firma, aparece otro renglón que dice “aprobado”, pues, no bastaba su firma para esa aprobación, a pesar de que el monto era de ₡855.000. De ahí que, su poder de autorizar gastos por menos de $5.000 estaba eliminado. Menciona que las facturas visibles a imagen 119 tienen relación con el mantenimiento o la inversión, por cuanto, son compras de combustible, no se trata de bienes y servicios para dar mantenimiento a las estaciones o para comprar o alquilar una nueva. Y, la parte demandada no alegó que estos documentos tuvieran relación con estas funciones. Adiciona que el documento de imagen 12, aportado por su representación, acredita que el señor Rafael Romero era la persona que estaba encargada de los proyectos, no su persona. Recala, según se ve del documento de imagen 230, suscrito por el Licenciado Pedro Oller Taylor, cuando ya no tenía poder especial judicial, todos los cambios se comunicaron verbalmente. Con respecto a las facultades numeradas 11 y 12 del perfil de puesto, referentes a aprobar órdenes de compra mayores de $5.000 con el Director General cuando eran de área de operaciones y menores de $5.000 junto con la Directora Financiera, dice que ya no tenía la autonomía e independencia que tenía antes. Acusa errónea e ilegítima valoración de la prueba con la que se respaldó el hecho probado número catorce, referente a las funciones del contrato de trabajo. Destaca que el documento a imagen 133 tiene como objeto cinco informes de Regencia Ambiental de Setena, referentes al cumplimiento de los compromisos ambientales que la empresa se comprometió a respetar ante la SETENA cuando se pidieron los permisos de construcción de las estaciones de servicio. Asegura que esos compromisos son ambientales y no de operación. Dice no encontrar relación alguna entre ese documento y la función de “organización de las operaciones de la compañía desde el punto de vista logístico y de procesos”. Menciona que la demandada nunca hizo una relación entre ese documento y la función. Recalca que, en torno a la función de diseño, programación y control de los proyectos tanto interno como los desarrollados en instalaciones de clientes de lubricantes y combustibles, a su juicio, la a quo fundó su errado criterio en los documentos de imágenes 103 y 145-146. Sin embargo, según su criterio, ese documento no acredita que tuviera esa función de diseño para el tiempo de PetroDelta. Refiere que, conforme con la imagen 103, se constata que, al final de la relación laboral a lo único que se dedicaba era al mantenimiento “in situ”, labor que en Total era realizada por su asistente [Nombre 002]. Respecto de la función de solicitud y aprobación técnica de los materiales y los equipos adquiridos para el desarrollo de proyectos, relata que la juzgadora de instancia cita como respaldo los documentos a imágenes 149, en la cual, la encargada de compras le consultó directamente al actor sobre dudas que sostienen los proveedores. Asimismo, a imagen 20 de fecha posterior a la adquisición, sea 17 de octubre 2017, se ve su firma para aprobar materiales como cambios en mangueras, reemplazos en luces (balastros y fluorescentes) para el desarrollo de proyectos de mantenimiento. Asegura que lo que hizo fue dar fe de que los equipos habían sido colocados, y que, por lo tanto, no se iba a pagar sumas por trabajos no realizados. Adiciona, este mantenimiento lo realizaba en Total [Nombre 002], su asistente, mientras que en Petrodelta, ante la pérdida de jerarquía, lo hacía directamente él. Con relación al caso de RECOPE señala que se debía verificar si habían extraído combustible de la empresa, por lo que no representa ni una emisión ni un control porque en esa fecha no existía, ni existió después de verificar el hecho un procedimiento. Refiere que el Comité Director CODIR, al cual pertenecía desapareció con la llegada de PetroDelta. Recalca que, según la testigo [Nombre 004], las reuniones se dejaron de realizar. Por eso, sus facultades de opinión y dirección desaparecieron, pues éstas fueron tomadas por la máxima dirigencia de la empresa que compró Total. Narra que, decidió dar por finalizado el contrato de trabajo por la baja en su categoría. Señala que, las compras de combustible ni el transporte de combustible constituyen mantenimiento de las estaciones, sino compra de inventario y traslado del mismo, y, por lo tanto, no eran controladas por el Departamento de Operaciones, sino por el Departamento de Finanzas. Recalca que, le impusieron un trabajo de verificación y planeación de mantenimientos en estaciones que, en la anterior empresa la realizaba su asistente, como lo mencionó el actor, [Nombre 002] y [Nombre 003]. Dice que los proyectos de gran envergadura quedaron en manos del Director Comercial Rafael Romero. Y, a los arreglos de equipos que se arruinan o las reparaciones de estructuras (tapas, paredes, etc.) se les llama mantenimiento preventivo y correctivo, lo que él realizó. En cuanto al hecho probado 13 referente a sus funciones de acuerdo con el perfil de puestos, acusa la omisión de las comunicaciones de MINAE que se daban entre Silvia Madriz y a Marilyn Coto de Petrodelta, a imagen 11 de expediente. Menciona, otro elemento probatorio que demuestra que no era el encargado ante las instituciones públicas, es en la cual, Gerardo Campos, empleado de Petrodelta, recibe y re-envía el plan de fiscalización de la DGTCC (Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustible). Dice, en Total Costa Rica era él quien le comunicaba ese tipo de planes al resto del personal involucrado, lo que se constata a imágenes 12 y 15 del expediente. Recalca, en el documento a imagen 142 se observa que para el 13 de septiembre se había realizado el cambio de titular en las facturas emitidas por Petrodelta. Luego, en el documento visible a imagen 144 del expediente judicial, se visualiza como el Gerente General de Petrodelta, Pedro Valdés, le pide a Rafael Romero, Director Comercial que se encargue de poner a alguien a recabar los papeles necesarios para hacer el cambio de titular el día 9 de octubre de 2017. Acusa que otro cambio se dio cuando se le obliga a almorzar en un horario específico, lo cual no aplica para trabajadores de confianza. Reclama violación indirecta del ordenamiento jurídico de los artículos 162 y 478 del Código de Trabajo. Dice, en la pretensión se solicitó que se tuviera como salario en especie la suma de doscientos mil colones que el patrono le pagaba por concepto de utilización de gasolina para mi vehículo. Dijo que el empleador no pedía liquidación sobre la forma cómo gastaba esa suma. Es decir, tenía plena libertad. Asegura que, la carga de la prueba de acreditar el salario percibido por el trabajador es del patrono. Especifica, si un beneficio no forma parte del salario, es lógico que quien tiene que acreditarlo es el patrono porque él tiene que definir con toda claridad cuál era el salario. Refiere que, a imagen 91 aparece un documento que aportó la parte demandada, titulada: “Gastos de Viaje, Viáticos e Indemnizaciones”. En la imagen 7, el punto 2.5, párrafo sexto, se lee que el Director de Operaciones recibe la suma de ₡200.000 por kilometraje, en forma fija. Así las cosas, si el pago de esta suma no dependía de los gastos que verdaderamente tuviera por la realización de sus funciones, dado que, no tenía el deber de presentar liquidaciones ni facturas sobre el gasto incurrido en el kilometraje. Alude al escrito de fecha 20 de abril del año 2020, en el cual, la parte demandada confiesa: “5) Liquidaciones y comprobantes por reembolso de gastos: En el expediente de recursos humanos no constan liquidaciones de gastos presentadas por el actor”. A su juicio, la juzgadora de instancia no valoró el documento de la Política de Pago de Remuneraciones Especiales. Sobre las costas: Acusa lesión sustantiva de los numerales 562 y 563 del Código de Trabajo. Refiere que, cuando decidió poner término a la relación laboral lo hizo debido a una circunstancia anormal de la empresa, con la seguridad de que se estaba produciendo un ius variandi abusivo. Afirma que el Gerente, Pedro Valdés admitió que se estaban haciendo variaciones y, competencias a personal ajeno a la que traía la empresa Total. Destaca que la interposición de la acción no fue temeraria, osada ni antojadiza. Tampoco se evidencia mala fe en el litigio. Asegura que su litigio ha sido de buena fe, con la creencia razonable de que fue objeto de ius variandi abusivo que limitó su categoría en el tanto eliminó facultades gerenciales de relevancia, como la libertad que tenía para decidir sobre temas gerenciales operativos, administrativos y financieros de la empresa y de ser jefatura al menos de tres subalternos. Solicita se le exima del pago de las costas.

III.- SOBRE EL RECURSO POR RAZONES FORMALES: La representación de la parte actora alega representación defectuosa. Recalca que, el Presidente de la Sociedad PetroDelta de Costa Rica S.A., otorgó poder especial a los Licenciados Pedro Oller Taylor y Ricardo Vargas Aguilar, por instrumento otorgado a las 17:05 horas del 5 de marzo del año 2018. Sin embargo, posteriormente, se logró determinar que, desde el 16 de octubre del 2018 la sociedad PetroDelta de Costa Rica S.A. había sido fusionada en Petróleos Delta Costa Rica Sociedad Anónima. Por lo que, mediante la resolución de 11:15 horas del 11 de marzo del año 2024. se ordena continuar el proceso contra la sociedad Petróleos Delta Costa Rica S.A., cédula jurídica número 3-101-028782. Dice que, al producirse la fusión, PetroDelta de Costa Rica S.A. se extinguió, conforme lo dispone el artículo 220 del Código de Comercio. Y, al tenor de los artículos 1278 incisos 5) y 8) del Código Civil, el poder especial judicial otorgado a cada uno de los apoderados perdió vigencia. Afirma que ese vicio se hizo de conocimiento en la audiencia preliminar. Ante lo cual, la a quo consultó al representante Augusto Gerbaud de la Guardia si ratificaba todo lo actuado por el Licenciado Vargas Aguilar, indicando que sí. Adiciona que, lo actuado por el Licenciado Vargas desde el 18 de octubre del 2018 hasta el día de la audiencia preliminar no estuvo respaldado por la sociedad que finalmente fue integrada a esta litis, Petróleos Delta de Costa Rica S.A. Destaca, no quedó ratificado lo actuado por el Licenciado Pedro Oller Taylor, quien tuvo actuación mediante la presentación de los escritos de fecha 20 de marzo y 20 de abril del 2020, cuando ya se habían cumplido dieciocho meses de que su poder especial judicial había fenecido. Una vez escuchada la audiencia preliminar el presente proceso, se debe indicar que, la representación de la parte actora alegó falta de representación de la demandada desde el mes de octubre del año 2018. Por su parte, el abogado de la parte accionada refirió que entre las empresas se presentaron fusiones, prevaleciendo Delta Costa Rica. Adujo que lo alegado no trata sobre un tema de falta de representación, sino de que se han consolidado varias sociedades en una misma. La juzgadora de instancia resolvió indicando que no evidenció indefensión alguna, conforme con los artículos 474 del Código de Trabajo en relación con el 20.1 del Código Procesal Civil, por remisión del numeral 428 del primer cuerpo normativo citado. Solicitó al Presidente de Petróleos Delta la ratificación de todo lo actuado por el Licenciado Ricardo Vargas Aguilar, lo que en efecto fue debidamente ratificado, manteniendo a ese profesional como director del proceso. Ante lo resuelto por la a quo, el actor planteó recurso de revocatoria, refirieron que no hay una norma en la cual se indique que los vicios de esa índole se puedan ratificar. En ese sentido, se debe indicar que el artículo 587 inciso 1) del Código de Trabajo dispone: “Por razones procesales será admisible cuando se invoque: 1.- Cualquiera de los vicios por los cuales procede la nulidad de actuaciones, siempre y cuando estos hayan sido alegados en alguna de las fases precedentes del proceso y la reclamación se haya desestimado”. Si bien la parte actora planteó el recurso de revocatoria no insistió con el de apelación, que tendría la resolución respectiva. Aunado a ello, el Juzgado mediante la resolución de las 11:15 horas del 11 de marzo del año 2024, señaló: “De conformidad con del escrito presentado por la parte actora el día 11/03/2024, se tienen por hechas sus manifestaciones y por solicitado realizar la suspensión de la audiencia programada por esta autoridad, por tal motivo se provee: Ante un estudio del presente asunto así como de la sociedad demandada ante el Registro Nacional por medio del sistema de Gestión en Línea con el que cuenta el expediente, se denota que la sociedad demandada PETRODELTA COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA cédula jurídica 3-101-171670 se fusionó a la sociedad 3-101-28782 bajo el nombre PETRÓLEOS DELTA COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA (ver imagen adjunta). Por esta razón y tomando en consideración lo indicado anteriormente se ordena continuar el proceso contra la sociedad PETROLEOS DELTA COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA cédula jurídica 3-101-028782, asimismo se desprende que el nuevo representante legal de la sociedad es el señor Augusto Gerbaud de la Guardia, por esta razón y siendo que no se cuenta con el tiempo necesario para notificar al señor al señor Gerbaud para que rinda su declaración, se ordena suspender la audiencia señalada para las OCHO HORAS TREINTA MINUTOS y TRECE HORAS TREINTA MINUTOS DEL TRECE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO y en su lugar se proceda a fijar nueva hora y fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, en los mismos términos en que se indicó en el auto dictado por esta autoridad a las nueve horas catorce minutos del ocho de enero de dos mil veintiuno y a la misma se adiciona la CONFESIONAL y DECLARACIÓN DE PARTE del señor AUGUSTO GERBAUD DE LA GUARDIA (en su condición de representante legal de la sociedad accionada) para que personalmente y no por medio de poder conferido, comparezca a este juzgado a rendir su declaración contestando el interrogatorio que le presentará, bajo apercibimiento de que si no compareciere sin tener justa causa que se lo impida, podrá ser tenido por confeso” (énfasis no es del original) (véase imágenes 428-431 del expediente virtual). El propio Presidente de Petróleos Delta Costa Rica S.A. el día de la audiencia ratificó todo lo actuado por el Licenciado Vargas Aguilar desde el 18 de octubre del 2018 hasta el día de la audiencia preliminar. De ahí que, no se aprecia el yerro que acusa la parte recurrente.

IV.- ANÁLISIS DEL CASO: El artículo 37 del Código de Trabajo estipula: “La sustitución del patrono no afectará los contratos de trabajo existentes, en perjuicio del trabajador. El patrono sustituido será solidariamente responsable con el nuevo patrono por las obligaciones derivadas de los contratos o de la ley, nacidas antes de la fecha de la sustitución y hasta por el término de seis meses. Concluido este plazo, la responsabilidad subsistirá únicamente para el nuevo patrono”. El Juzgado tuvo por acreditado que “Total Petróleo de Costa Rica S.A fue adquirida por PetroDelta Costa Rica S.A. a partir del 1 de setiembre del año 2019”. El recurrente reprocha que aun cuando se tuvo por demostrado ese hecho, no se realizó ningún análisis en cuanto a la sustitución patronal operada. No obstante, para resolver el diferendo no tiene ninguna importancia si en el caso se dio o no la sustitución patronal invocada por la parte actora. Véase que la accionada ha sostenido que el vínculo entre las partes no ha novado en forma alguna, pues lo único que medió fue un cambio en la razón social y nunca ha negado responsabilidad en su condición de empleadora. El tema fundamental en el presente caso es determinar si medió una variación trascendente de las funciones del actor que afectaron su jerarquía y categoría, de forma tal que el rompimiento del contrato pueda considerarse con responsabilidad patronal. En el caso, el capital social de Total Petróleo C.R., S.A. -sus acciones- pasó a manos de otras personas. La negociación no incluyó la división comercial relativa a lubricantes, la cual fue cedida a una tercera persona. La venta de las acciones -cambio de dueños- llevó a variar el nombre de la sociedad, en tanto esta no podía seguir operando bajo el nombre de “Total”. Con independencia de que se hubiera operado o no la sustitución patronal alegada por la parte actora, la accionada resultaría responsable ante la existencia del ius variandi abusivo que denuncia. Aclarado lo anterior, resulta fundamental hacer referencia a los alcances del ius variandi abusivo, en tanto no es cualquier variación de las condiciones de trabajo las que pueden dar lugar a un rompimiento justificado del contrato de trabajo por parte de la persona trabajadora. Al respecto, esta Sala ha señalado: “En reiteradas ocasiones se ha indicado que con la locución latina ius variandi se denomina, genéricamente, la potestad jurídica que tiene el empleador para poder modificar, en forma unilateral y legítima, dentro de ciertos límites, las condiciones de la relación laboral. Ahora bien, esa facultad debe ejercerse siempre que las medidas tomadas no atenten contra las cláusulas esenciales del contrato ni mermen los beneficios del trabajador. En efecto, si el empleador ejerce su derecho de manera abusiva o arbitrariamente, con perjuicio directo a los intereses de la persona que trabaja, queda está colocada en una clara situación que le permite romper justificadamente la respectiva relación; o bien, de ser despedida, accionar contra una sanción injusta. Como se indicó, ese poder debe ejercerse dentro de ciertos límites, a los efectos de no alterar sustancialmente el contrato, en perjuicio del o de la trabajadora. La idea que subyace en la posibilidad de variar unilateralmente las condiciones en que se ejecuta el trabajo es que el cambio no resulte arbitrario. En ese sentido, se ha indicado que '…para que sea lícito cualquier acto decidido unilateralmente por el empresario, cuando modifique las condiciones contractuales, debe estar ineludiblemente inspirado en imperativos de la producción y en las necesidades de la empresa. El patrono no es sino el director de la industria, pero en beneficio de la producción, a la cual se encuentra a su vez subordinado. Sería despotismo todo criterio unilateral no basado sino en la conveniencia personal y subjetiva del empresario. De ahí que, si bien éste cuenta con facultad de disponer la forma, tiempo, modo y lugar en que cumplirá las tareas el personal, siempre será con la condición de que no se alteren formas substanciales de las prestaciones primitivas, y con respeto de las características esenciales del contrato de empleo. Si la modificación es arbitraria, puede causar injuria para los intereses del trabajador y autoriza a éste a colocarse en situación de despido injusto'. (Cabanellas de Torres, Guillermo. Compendio de Derecho Laboral, Tomo I, Buenos Aires, tercera edición, Editorial Heliasta, S.R.L., 1992, p. 625). En similar sentido, Ermida Uriarte explica lo siguiente: 'Al agregarse inmediatamente que esta potestad de variación sólo puede actuar dentro de ciertos límites se pretende incluir la estrictez en la apreciación del jus variandi en la misma definición, asignándole el rango de elemento esencial: el jus variandi es una potestad sumamente restringida, sujeta a una serie de limitaciones que, de no ser observadas, llevan a la ilicitud./ El objeto sobre el que recae el jus variandi es designado como las modalidades de prestación de las tareas del trabajador, con lo cual se pretende señalar que la variación sólo puede recaer sobre modalidades del trabajo, es decir, sobre aspectos secundarios o accidentales, no esenciales o fundamentales, y que generalmente se refieren a la forma, manera o modo de realizarse el trabajo –la prestación del trabajador-'. (Ermida Uriarte, Oscar. 'Modificación de condiciones de trabajo por el empleador'. Buenos Aires, Editorial Hamurabi, S.R.L., 1989, p.34). (Sentencia 340, de las 10:01 horas del 15 de abril de 2011. Los destacados se suplieron)”. En el caso concreto, en el escrito de demanda, el actor señaló: “Desde mi entrada ejercí diferentes cargos. Ingresé como Jefe de Planta. En el 2002 se me ascendió al Departamento de Salud Ocupacional, en el 2006, se me recargo el Departamento de Compras, y posteriormente a partir del 2010 se me ubicó como Director de Operaciones. Ocupando ese puesto tenía entre mis funciones y atribuciones las siguientes: Yo, en conjunto con la Directora Financiera tenía la facultad de firmar órdenes de compra menores a $5,000, Io que representa un nivel importante dentro de la empresa. Yo disponía de un presupuesto de $2,000,000 para inversión en estaciones de servicio y un presupuesto aproximado de 15,000,000 de colones mensuales para gasto. Mientras laboré para Total, tenía plena libertad de horarios, tanto para la entrada como para la salida. Se tenía plena confianza en que yo después de quince años de laborar para la empresa, había adquirido un compromiso de lealtad para con la empresa. Mientras laboré para Total tenía a mi cargo el área logística (programación de combustible para estaciones y clientes), el área de Bodega de Lubricantes, construcción de estaciones y autoconsumos, negociación de compra y alquiler de estaciones, control de inventarios, mantenimiento, comunicaciones con MINAE y RECOPE. Controlaba los inventarios de las estaciones de servicios. Buscaba lotes para proyectos nuevos. Negociaba con los dueños de estaciones para el alquiler o venta de las mismas. Controlaba el inventario en sistema de la Bodega de Lubricantes. Coordinaba con el LANAMME un proyecto de introducción de asfalto modificado al país. Renovaba los permisos de concesión de las estaciones ante Minae. Era el encargado del cambio de imagen de las estaciones. Además, aprobaba órdenes de compra menores de $5,000 junto con la Directora Financiera. Aprobaba órdenes de compra mayores de $5.000 con el Director General cuando eran propias de mi área. Yo supervisaba al Asistente del Director de Operaciones con relación al mantenimiento de las estaciones. 3. Dichas funciones, que me ubicaban en un cargo de administración, supervisión, control y fiscalización, y por Io tanto me otorgaban un grado de jefatura me fueron eliminadas por la nueva empresa patronal. Mi poder de comprometer a la empresa con mis actuaciones ante terceros era evidente”. Más adelante, se expuso: “Esas funciones, facultades y atribuciones, sin embargo, fueron eliminadas por PetroDelta, una vez que adquirió la empresa Total, y se convirtió en mi empleador. (…) El día veintisiete de noviembre de 2017, el señor Gerente General responde a mi carta de disconformidad afirmando que la empresa no tiene nada que modificar y que las variaciones que se han aplicado responden a la necesidad de la empresa de crear nuevos procedimientos, controles y filtros”. La parte accionada explicó que la variación en lo relacionado con lubricantes se debió a que esa parte del negocio no fue desarrollada, en tanto Total Petróleo Costa Rica, S.A. no cedió esa parte a PetroDelta C.R., S.A. Sostuvo que, producto del cambio de accionistas, se introdujeron algunos cambios leves en la operación local, incapaces de constituir un ius variandi abusivo como el acusado, consistentes en la implementación de nuevos procedimientos y controles a cargo de la entidad compradora del negocio para obtener mayor organización y rendimiento, así como, mayor control de presupuestos y pagos. Además, refirió que el puesto desempeñado por el accionante, su jerarquía y la naturaleza no fueron objeto de modificaciones. Detalló que, cambios como la incorporación de una política de vestimenta, la programación de tiempos de almuerzo y la solicitud de reposición de permisos obedecieron a una necesidad de evitar abusos y descontrol del personal. Las variaciones denunciadas en cuanto a las actividades relacionadas con lubricantes no se pueden advertir como groseras, injustificadas ni irrazonables, es decir, el poder de variación no se ejerció de manera arbitrario. De conformidad con las pruebas practicadas y lo tenido por acreditado en la instancia precedente, la empleadora original -Total Petróleo C.R., S.A.- manejaba, al menos, las divisiones de combustibles y lubricantes. La transacción efectuada con las personas interesadas en adquirir el negocio solo incluyó el traslado de la división de combustibles y la rama de lubricantes fue transada por Total Petróleo C.R., S.A. con otra compañía. Esa simple razón justificó que las funciones relacionadas con el manejo del negocio de lubricantes ya no subsistieran. La eliminación de las labores relativas a la supervisión de la persona encargada de la bodega de lubricantes y la realización del inventario físico de esa bodega no se observan entonces como una modificación injustificada o arbitraria. La cesión de la parte relacionada con lubricantes a una tercera empresa ya no exigía la supervisión ejercida por el actor y tampoco que se inventariara la bodega, pues esta parte del negocio ya no se desarrolló. La tesis de la parte actora, en el sentido de que la nueva empleadora debió procurar mantenerle esas condiciones no tiene ningún sustento jurídico, por cuanto, Total Petróleo ni PetroDelta estaban obligadas a mantener una función si el giro del negocio ya no lo requería. Como se explicó, la regla es que a quien emplea le asiste el poder de dirección. Esa potestad le permite hacer modificaciones en las relaciones de trabajo y los cambios inaceptables son aquellos derivados de un actuar arbitrario e injustificado. En el caso, no hay ninguna razón para considerar que la sociedad empleadora debía garantizarle el mantenimiento de funciones por una operación de la cual se decidió prescindir o no fue parte de la negociación. El cambio no se puede catalogar como abusivo. En ese sentido, se debe indicar que PetroDelta adquirió un negocio de combustibles, no de lubricantes, por lo que no había mérito para mantener la función de inventariar una bodega que ya no le pertenecía y de supervisar al encargado de dicho espacio. El actor mantenía posición de jefatura respecto a dos personas que dejaron de laborar para la accionada, dado el término de la empresa originaria y, el hecho de que el negocio de lubricantes lo asumió una persona diferente a la sociedad demandada, que solo asumió el comercio de combustibles. De ahí que, todos los alegatos relacionados con la pérdida de funciones en el área de lubricantes deben ser denegados. En ese orden de ideas, al ser controvertidos algunos aspectos de la prueba testimonial recabada en el proceso, corresponde hacer referencia a las manifestaciones de las personas deponentes. El señor [Nombre 002], quien laboró para la accionada refirió que se desempeñó como asistente de operaciones. Dijo que Total Petróleos Costa Rica S.A. era el patrono original, pero luego la empresa pasó a manos de Petrodelta. Aludió que, cuando se dio ese cambio de parte empleadora, las funciones del actor variaron. Describió que, algunas labores del accionante desaparecieron, tales como formar parte del concejo director. Además, mencionó que el señor [Nombre 001], quien era su jefe, podía hacer pago a proveedores o compras a RECOPE, tenía accesos bancarios, era el jefe de una bodega de lubricantes, supervisaba el área de transporte. Recalcó que tenía autonomía y visto bueno para negociar, lo que no se dio con la llegada de Petrodelta Costa Rica S.A. Refirió que esa compañía llegó con su grupo de trabajo y con personal como Pedro Valdés, director general, Nora como encargada de Recursos Humanos. Aseveró que el actor delegaba en él la relativo al mantenimiento. Reseñó que, se manejaba un presupuesto y él coordinaba con proveedores la manutención de estaciones de servicio. Además, cooperaba a [Nombre 001] con gestiones de permiso. Agregó que, al llegar Petrodelta Costa Rica S.A., el demandante debía pedir autorización a Pedro Valdés para ejecutar gastos. Aunado a ello, tenía un monto preaprobado para “gastar”, pero sí gozaba de autonomía para determinar cómo hacerlo. Detalló que el accionante requería de los vistos buenos del señor Pedro Valdés, por lo cual, no contaba la misma autonomía. Además, dijo que antes de la sustitución patronal tenían una hora de almuerzo, pero sin horario establecido y, luego, con el cambio, sí se les fijo un horario. Aseguró que, cuando Total Petróleos Costa Rica S.A. era la parte patronal, el accionante le reportaba al gerente general y, en Petrodelta Costa Rica S.A. a don Pedro Valdés, quien fungía en un cargo similar. Adicionó que la operación de lubricantes se cedió a un tercero. Por su parte [Nombre 005], quien laboró como directora financiera para la accionada, mencionó que, por el cambio de accionistas que se dio en la compañía, Petrodelta Costa Rica S.A. adquirió la totalidad. Dijo, el actor no quería laborar más para la demandada, lo que conoció porque se lo comentó la encargada de Recursos Humanos. Detalló que, en ambas compañías, el accionante fungió como director de operaciones. Dijo no saber qué funciones le fueron variadas. Destacó que, las labores de mantenimiento las realizaba un tercero subcontratado. [Nombre 001] aprobaba las facturas de mantenimiento y veía los procesos de compra. Aclaró que el accionante le reportaba al gerente general en Total Petróleos Costa Rica S.A. Y, en Petrodelta Costa Rica S.A. a Pedro Valdés que era el encargado de toda el área de operaciones, como un gerente general. Continuó indicando que don Roberto tenía personal a cargo y lo mantuvo. Describió que, antes de la sustitución patronal existía una bodega de lubricantes donde trabajaba un señor a cargo del demandante, pero esa área no pasó a Petrodelta Costa Rica S.A., sino a un tercero y, por ende, se despidió al encargado de la bodega. Aludió que, en Total Petróleos se llevaba a cabo un concejo de directores, incluidos el general, el de operaciones, la persona responsable de Recursos Humanos, el de estaciones de servicios y el de seguridad-, incluido el actor. En la etapa de la transición no se continuó con las reuniones porque se complicaba, pero una vez que se dio el acomodo. [Nombre 003], explicó que el señor [Nombre 001] laboraba como director de operaciones y, tenía asignadas varias funciones como suministrar y brindar el mantenimiento a las infraestructuras. Además, cuando vencían los permisos, se reunía el concejo de directores y él se encargaba de los temas de mantenimiento y la remodelación de las estaciones. También, se conocían tópicos como el presupuesto de inversiones y mantenimiento. Aseguró que el actor era el encargado de la bodega de lubricantes. También, colaboraba con la compra de combustible a RECOPE cuando la persona encargada no podía. Fue clara en narrar que, cuando Petrodelta Costa Rica S.A. adquirió las acciones de Total Petróleo Costa Rica S.A. se mantuvieron las personas colaboradoras de cada empresa con sus respectivas estaciones, con la finalidad de llevar a cabo el período de transición. Aludió que, la forma de manejo de los proveedores con Delta y Total no era la misma. Y, el actor se dedicó a los pedidos de combustible y el mantenimiento. Mencionó que el promovente en Total Petróleos Costa Rica S.A. tenía personal a cargo, pero cuando adquirió Petrodelta Costa Rica S.A únicamente fue jefatura del señor José, por cuanto, se despidió al personal del área de lubricantes al traspasarla a un tercero. Además, dijo que se encarga de los trámites ante el MINAE, RECOPE, ARESEP, entre otros, pero con la variante de patrono, esas labores se asignaron a otra persona. Detalló que el accionante no requería autorización para realizar transferencias para la compra de combustible a RECOPE, pues tenía un código para tales efectos. Declaró que el señor [Nombre 001] se mantuvo con Petrodelta hasta casi terminando el proceso de transición. La señora Nora Shebelut Vega, vicepresidenta del Área de Capital Humano de Petrodelta, refirió que no trabajó para Total Petróleos Costa Rica S.A. Mencionó que, en el año 2017 participó en el proceso de adquisición de las acciones de la nueva parte patronal y, ello conllevó el cambio de nombre y de accionistas. Refirió que las personas colaboradoras continuaron laborando de la misma forma, pero inició un proceso de transición. Aludió que el accionante le presentó un documento a la señora Silvia Cordero del Departamento de Recursos Humanos, en el cual, le comunicó su disconformidad con la empresa. Especificó que, cuando la empresa nueva inició, [Nombre 001] era director de operaciones y, tenía funciones como el mantenimiento de las estaciones, de los equipos, inventar logísticas, encargarse de los proyectos si había que abrir estaciones nuevas, eso es parte de las funciones de ese cargo en el tipo de negocios. Continuó manejando presupuestos para las estaciones. Mantenía la relación con los contratistas y él reportaba al encargado del área que era Pedro Valdés. Aseguró que el actor laboró para Petrodelta Costa Rica S.A. únicamente tres meses. Esgrimió que, en Total Petróleos Costa Rica S.A. el actor le reportaba a don Vincent que era el encargado y en Petrodelta a Pedro Valdés. Afirmó que no se le varió el salario, ni la jornada, ni el puesto. De lo anterior se colige que la variación de las labores del actor no se trató de un cambio impuesto de manera unilateral por la sociedad dueña de la empresa. El actor alegó que debió asumir las tareas de un subalterno suyo antes de la sustitución y con posterioridad a ella, e incluso, indicó que las modificaciones impactaron su categoría pasando de ser un funcionario altamente gerencial a ser un peón dedicado a tareas materiales, pero no consta prueba suficiente que conduzca a concluir que el actor haya hecho ver a la nueva administración que esa función no le correspondía. De mayor importancia, es de advertir que esta circunstancia no se invocó en la demanda para justificar el rompimiento y tampoco en la comunicación hecha por el trabajador al representante de la demandada. De la prueba testimonial se colige que, efectivamente las funciones del actor variaron en alguna medida debido al período de transición en el cual se encontraba la empresa. No obstante, de las comunicaciones electrónicas aportadas se colige que al demandante le siguieron informando sobre cuestiones relacionadas con el mantenimiento, siguió ostentado relaciones de coordinación con proveedores (imágenes 112 a la 117) consta, por ejemplo, que recibió la cotización hecha por un proveedor y le informó que la pasaría para la correspondiente aprobación. El hecho de que el Concejo Director dejara de sesionar se aclaró con lo dicho por [Nombre 007], quien indicó, durante la etapa de la transición por el cambio de accionistas y por la llegada de nuevo personal, la cual no culminó el actor porque renunció con anterioridad conforme la prueba aportada al proceso, no se llevaron a cabo las reuniones porque se complicaba, pero una vez que se dio el acomodo se continuó. Sin embargo, el accionante finalizó la relación laboral antes de que finalizara el período de la transición. De ahí que, la suspensión de esas sesiones no se podría considerar como un ius variandi abusivo por parte de la demandada. Respecto de la autonomía con la que se manejaba antes de la entrada de Petrodelta Costa Rica S.A. al negocio, se debe indicar que en ambas compañías el trabajador tenía una jefatura a quien debía solicitar ciertas aprobaciones. No resulta cierto que tenía total autonomía para ejercer sus decisiones. Además, conforme la prueba testimonial, si bien al actor se le concedió cierta autonomía para manejar los presupuestos del área a su cargo, lo cierto es que se le entregaba cierta cantidad preautorizada, existiendo limitaciones. Conforme con la prueba testimonial, el accionante se dedicó a los pedidos de combustible y el mantenimiento, labores que venía realizando con Total Petróleos Costa Rica S.A. Con relación al hecho de que el actor antes del cambio de patrono tenía personal a su cargo y ahora no, se debe indicar que, con la nueva conformación de la parte empleadora, mantuvo un trabajador a su cargo. Y, uno de los empleados respecto de los cuales el demandante era jefatura había sido despedido por el traspaso del área de lubricantes. Esa modificación alegada tampoco se podría constituir en ius variandi abusivo como lo califica quien recurre. Respecto al hecho de que al actor se le suprimió la realización de los trámites ante el MINAE, RECOPE, ARESEP; de las pruebas se colige que los nuevos dueños trajeron cuatro personas de alto perfil que laboraban en su negocio en Panamá, a fin de que se impusieran del giro comercial asumido en Costa Rica, por lo cual, se dio una modificación en alguna de las labores que ya venían desempeñando los colaboradores de Total Petróleos Costa Rica S.A. Según la parte recurrente se acredita con la imagen número 12 del expediente que, el señor Rafael Romero era la persona que estaba encargada de los proyectos y, no su persona; sin embargo, en esa numeración que especifica quien impugna, se evidencia que el señor José Navarro solicita al actor la actuación conjunta respecto de uno del proyecto. La finalidad de esa parte de demostrar con esa probanza la supresión de las funciones no puede prosperar. En ese orden de ideas, quien recurre indica que, conforme al documento en imagen folio 26 revela que, estaba encargado exclusivamente del mantenimiento de las estaciones, pero no, en el sentido técnico de verificar, planificar y valorar en ellas conforme a los informes que recibía su asistente [Nombre 008], sino más bien, a la actividad de ir a las estaciones y ver lo que requería mantenimiento o reparación, lo que encuentra sustento en el dicho de [Nombre 002]. Sin embargo, de ese documento no se puede colegir la afirmación expuesta por la parte recurrente, incluso, del correo electrónico constante se colige que la ARESEP le solicitó velar por un plan de acción en una de las estaciones, lo que tuvo que delegar en su asistente por el trabajo que ya tenía asignado. Luego, menciona que, con los documentos a imágenes 116 a 117, él realizó la función número siete del perfil del puesto, denominada “KPI de la actividad de transporte y mantenimiento”. Explica que el “KPI” es un indicador estadístico del transporte y el mantenimiento. A su juicio, los correos que utiliza la jueza de instancia para aseverar que, esas funciones no le fueron quitadas, carecen de fundamento. El correo se titula “Control Stock La Rivera” y, en la parte inferior de esa imagen se observa un correo remitido por [Nombre 006] a [Nombre 003], en el que le brinda información sobre los faltantes en los tanques de la Rivera. Del contenido de ese correo se colige que, el señor [Nombre 006] realizó una serie de consultas sobre el procedimiento del “control de stock”, sin que de esa prueba se pueda derivar que al actor se le suprimieran funciones como lo ha venido aduciendo. La parte actora ha venido alegando desde la demanda la eliminación de una serie de labores que le habían sido asignadas por Total Petróleos Costa Rica S.A., pero no acredita su dicho conforme con lo regulado en el artículo 477 del Código de Trabajo. En ese orden de ideas, de la prueba fue el desarrollo de mayores controles por parte de la nueva compañía en cuanto al cumplimiento de horarios de entrada y salida, así como de los tiempos de descanso y permanencia en las instalaciones, que finalmente terminó disgustando a parte del personal acostumbrado a mayor libertad en ese campo (véase la declaración del señor [Nombre 002]). Ahora bien, las libertades que la parte empleadora pueda dar a su personal en relación con el cumplimiento de los horarios no conforman un derecho a favor de la persona trabajadora que luego pueda oponer a su empleador. Este siempre queda facultado para exigir la correcta prestación, en los horarios formalmente pactados, sin que el ejercicio de ese poder pueda observarse como arbitrario. Cabe añadir que los reclamos relacionados con los nuevos controles en cuanto al cumplimiento de horario, si bien fueron protestados ante la gerencia de la nueva empleadora, no fue una cuestión invocada en la demanda. La decisión de la empleadora de ejercer mayor control en ese aspecto de las relaciones laborales no se puede considerar como abusiva. Por otra parte, la Sala no observa que el trabajador haya sufrido un cambio injustificado a nivel de jerarquía y categoría. Se debe reiterar que el ordenamiento jurídico lo que prohíbe son las variaciones injustificadas, degradantes y abusivas en los elementos esenciales del vínculo, sin que las consideradas en el presente caso puedan enmarcarse en esos supuestos. Los cambios advertidos en el escrito inicial, que a juicio de la parte actora vaciaron de contenido el puesto del accionante, no tienen respaldo suficiente en las pruebas evacuadas. Si bien hubo algunas modificaciones cuando la nueva administración de la sociedad asumió su funcionamiento, estas no se advierten como arbitrarias, abusivas, injustificadas ni degradantes, de forma tal que el trabajador estuviera legitimado a colocarse en posición de despido. Por consiguiente, no median motivos para acoger el recurso formulado por la parte actora y variar lo decidido.

V.- SOBRE EL SALARIO EN ESPECIE: La parte actora acusa violación indirecta del ordenamiento jurídico de los artículos 162 y 478 del Código de Trabajo. Dice, en la pretensión se solicitó que se tuviera como salario en especie la suma de doscientos mil colones que el patrono le pagaba por concepto de utilización de gasolina para mi vehículo. Dijo que el empleador no pedía liquidación sobre la forma en que yo gastaba esos doscientos mil colones. Es decir, tenía plena libertad para usar esos doscientos mil colones, de la misma forma que tenía plena libertad para gastar el resto de mi salario. Asegura que, la carga de la prueba de acreditar el salario percibido por el trabajador es del patrono. Luego, si un beneficio no forma parte del salario, es lógico que quien tiene que acreditarlo es el patrono porque él tiene que definir con toda claridad cuál era el salario. Refiere que, a imagen 91 aparece un documento que aportó la parte demandada, titulada: “Gastos de Viaje, Viáticos e Indemnizaciones”. En la imagen 7, aparece el punto 2.5, en cuyo párrafo sexto, se lee que el Director de Operaciones recibe la suma de 200.000 colones por kilometraje, en forma fija. Así las cosas, si el pago de esta suma no dependía de los gastos que verdaderamente tuviera por la realización de sus funciones, dado que, no tenía el deber de presentar liquidaciones ni facturas sobre el gasto incurrido en el kilometraje. Alude al escrito de fecha 20 de abril del año 2020, en el cual, la parte demandada confiesa: “5) Liquidaciones y comprobantes por reembolso de gastos: En el expediente de recursos humanos no constan liquidaciones de gastos presentadas por el actor”. A su juicio, la juzgadora de instancia no valoró el documento de la Política de Pago de Remuneraciones Especiales. El Código de Trabajo contiene específicamente la regulación relativa al salario y a las medidas que lo protegen. Para resolver el caso, interesan los artículos 162, 164 y 166 de dicho cuerpo normativo. El primero, establece que el salario o el sueldo es la retribución que el patrono debe pagar a la persona trabajadora en virtud del contrato de trabajo. De acuerdo con el artículo 164, el salario puede pagarse en dinero; en dinero y en especie; y por participación en las utilidades, ventas o cobros que haga el patrono. Históricamente ha existido una resistencia a aceptar que el patrono retribuya a la persona trabajadora solo en especie, es decir, con algo distinto al dinero. En nuestra legislación, se permite que solo parte de la remuneración al trabajador o la trabajadora sea en especie. En ese sentido, el numeral 166, señala: “Por salario en especie se entiende únicamente lo que reciba el trabajador o su familia en alimentos, habitación, vestidos y demás artículos destinados a su consumo personal inmediato (…). Para todos los efectos legales, mientras no se determine en cada caso concreto el valor de la remuneración en especie, se estimará ésta equivalente al cincuenta por ciento del salario que perciba en dinero el trabajador. No obstante lo dispuesto en los tres párrafos anteriores, no se computarán como salario en especie los suministros de carácter indudablemente gratuito que otorgue el patrono al trabajador, los cuales no podrán ser deducidos del salario ni tomados en cuenta para la fijación del salario mínimo”. En consecuencia, no podrán considerarse como salario en especie los bienes o servicios que el empleador conceda a sus trabajadores y trabajadoras por una razón distinta o diferente a la remuneratoria de la labor realizada. De lo anterior se desprende que para que una determinada prestación o beneficio se pueda considerar como tal, en primer término, debe tener carácter retributivo, una contraprestación por la fuerza laboral, debiendo ser apropiada para el uso o consumo personal inmediato del trabajador y su familia, de manera que le reporte un beneficio económico estable y reiterado durante la relación laboral y que, de no existir este, el trabajador hubiese tenido que procurárselo por sus propios medios. Si bien al accionante se le concedía un monto por concepto de gasolina, lo cierto es que ello se debió a una decisión discrecional de la parte demandada. En el hecho número once de la demanda se consignó de manera expresa: “Además se me cancelaba la suma fija mensual de doscientos mil colones, por concepto de indemnización por uso de vehículo. Sin embargo, nunca se me solicitó entrega de facturas u otros comprobantes relativos al uso del carro”. Es decir, no se ha demostrado que se otorgara con el objeto de retribuir su labor, ni para aumentar la remuneración pagada al trabajador monetariamente, sino para hacer más eficiente la ejecución de las actividades laborales y facilitar el trabajo, por lo que se debe considerar gratuita. En consecuencia, se debe confirmar lo decidido respecto a esa concreta pretensión.

VI.- SOBRE LAS COSTAS: La parte acota acusa lesión sustantiva de los numerales 562 y 563 del Código de Trabajo. Refiere que, cuando decidió poner término a la relación laboral lo hizo debido a una circunstancia anormal de la empresa, con la seguridad de que se estaba produciendo un ius variandi abusivo. Afirma que el Gerente, Pedro Valdés admitió que se estaban había variaciones y, competencias a personal ajeno a la que traía la empresa Total. Destaca que la interposición de la acción no fue temeraria, osada ni antojadiza. Tampoco se evidencia mala fe en el litigio. Asegura que su litigio ha sido de buena fe, con la creencia razonable de que fue objeto de ius variandi abusivo que limitó su categoría en el tanto eliminó facultades gerenciales de relevancia, como la libertad que tenía para decidir sobre temas gerenciales operativos, administrativos y financieros de la empresa y de ser jefatura al menos de tres subalternos. Solicita se le exima del pago de las costas. Esta Sala considera que, de conformidad con lo establecido en el artículo 563 del Código de Trabajo, procede eximir del pago de esos gastos a quien recurre, por cuanto, se tiene la creencia que actuó de buena fe, al creer que por la organización de la nueva parte patronal se variaron algunas de sus funciones de manera ilegítima.

VII.- CONSIDERACIONES FINALES: Por las razones expuestas, lo procedente es declarar parcialmente con lugar el recurso planteado por la parte actora. Anular la sentencia en cuanto impuso las costas a cargo de la accionante, para en su lugar, resolver sin especial condenatoria en esos gastos. En lo demás, se mantiene incólume la sentencia.

POR TANTO:

Se declara parcialmente con lugar el recurso planteado por la parte actora. Se anula la sentencia en cuanto impuso las costas a cargo de la accionante, para en su lugar, resolver sin especial condenatoria en esos gastos. En lo demás, se mantiene incólume la sentencia.

Res: 2026000581 PMADRIGALE Julia Varela Araya Jorge Enrique Olaso Álvarez Roxana Chacón Artavia Ana Patricia Montero Morales Grace del Carmen Agüero Alvarado Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador --  1

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