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Res. 11059-2025 Tribunal Contencioso Administrativo · Tribunal Contencioso Administrativo · 02/12/2025

Disciplinary liability for land titling in a wildlife refugeResponsabilidad disciplinaria por titulación en refugio de vida silvestre

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OutcomeResultado

Lawsuit dismissedDemanda rechazada

The lawsuit is dismissed and the sanctions of dismissal without employer liability and four-year disbarment from public office, imposed on the plaintiff for his role in the irregular titling of a plot within the Gandoca Manzanillo Refuge, are upheld.Se declara sin lugar la demanda y se confirman la sanción de despido sin responsabilidad patronal y la inhabilitación por cuatro años para ocupar cargos públicos, impuestas al actor por su participación en la titulación irregular de un lote dentro del Refugio Gandoca Manzanillo.

SummaryResumen

The Administrative Disputes Court dismisses all claims filed by Marco Antonio Zúñiga Montero against the Comptroller General, INDER, the State, and another official. The plaintiff, an Agrarian Technician of IDA, was dismissed without employer liability and barred from public office for four years, because in 2000 he recommended the titling of a plot located within the Gandoca Manzanillo National Wildlife Refuge, even though article 8 of Law 7599, which authorized such titling, had been declared unconstitutional in 1999. The Court holds that the sanction was lawful, finding gross negligence by the official for failing to verify the validity of the enabling legislation and thereby disposing of State Natural Heritage assets. Arguments of prescription, absence of damage to public property, and due process violations are rejected, confirming the validity of the challenged administrative acts and ordering the plaintiff to pay legal costs.El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda rechaza en todos sus extremos la demanda interpuesta por Marco Antonio Zúñiga Montero contra la Contraloría General de la República, el INDER, el Estado y otra funcionaria. El actor, Técnico Agrario del IDA, fue despedido sin responsabilidad patronal e inhabilitado por 4 años para ejercer cargos públicos, por haber recomendado en el año 2000 la titulación de una parcela ubicada dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, pese a que el artículo 8 de la Ley 7599, que autorizaba dichas titulaciones, había sido declarado inconstitucional desde 1999. El Tribunal considera que la sanción impuesta fue ajustada a derecho, al existir culpa grave del funcionario por omitir verificar la vigencia de la normativa habilitante y disponer así de bienes del Patrimonio Natural del Estado. Se rechazan los alegatos de prescripción, inexistencia de daño al patrimonio público y violación al debido proceso, confirmando la validez de los actos administrativos impugnados y condenando en costas al actor.

Key excerptExtracto clave

VI. ON THE MERITS. (...) This Tribunal conducted a thorough review of the Disciplinary Administrative File, finding no errors in its processing, no violations of due process or the right to defense, and even no reproach by the plaintiff in that regard. (...) The Tribunal finds the decision in accordance with law, based on the legal reasoning provided, which the plaintiff challenged but failed to rebut, since it was in the course of his ordinary duties as a public official that damage to the public treasury and to the Natural State Heritage was caused, thus the rejection of the disciplinary prescription is appropriate. (...) The Tribunal has reviewed in detail the challenged resolutions and has found that they contain a comprehensive analysis to support and determine the legislation in force at the time of the acts attributed to the plaintiff, and the rejection of his arguments in this regard is in accordance with law. Finding no ground for nullity, this claim is dismissed.VI. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. (...) Este Tribunal realizó una revisión minuciosa del Expediente Administrativo Disciplinario, sin encontrar errores en la tramitación del mismo, violaciones al debido proceso o al derecho de defensa, incluso no hay reproche alguno por parte del actor en ese sentido. (...) Encuentra el Tribunal lo resuelto apegado a derecho, según el fundamento legal realizado, el actor cuestionó el fundamento sin lograr desvirtuarlo, en el tanto fue con ocasión del desempeño normal de sus labores como funcionario público, que se provocó un daño a la hacienda pública y al PNE, en razón de lo cual corresponde el rechazo de la prescripción disciplinaria. (...) El Tribunal ha revisado detalladamente las resoluciones impugnadas y ha encontrado que las mismas contienen un amplio abordaje para fundamentar y determinar la normativa vigente al momento de los hechos imputados al actor y el rechazo de sus argumentos al respecto, se encuentran apegados a derecho. No encontrando aspecto alguno de nulidad, se rechaza este alegato.

Pull quotesCitas destacadas

  • "El Tribunal ha revisado detalladamente las resoluciones impugnadas y ha encontrado que las mismas contienen un amplio abordaje para fundamentar y determinar la normativa vigente al momento de los hechos imputados al actor y el rechazo de sus argumentos al respecto, se encuentran apegados a derecho."

    "The Tribunal has reviewed in detail the challenged resolutions and has found that they contain a comprehensive analysis to support and determine the legislation in force at the time of the acts attributed to the plaintiff, and the rejection of his arguments in this regard is in accordance with law."

    Considerando VI

  • "El Tribunal ha revisado detalladamente las resoluciones impugnadas y ha encontrado que las mismas contienen un amplio abordaje para fundamentar y determinar la normativa vigente al momento de los hechos imputados al actor y el rechazo de sus argumentos al respecto, se encuentran apegados a derecho."

    Considerando VI

  • "Encuentra el Tribunal lo resuelto apegado a derecho, según el fundamento legal realizado, el actor cuestionó el fundamento sin lograr desvirtuarlo, en el tanto fue con ocasión del desempeño normal de sus labores como funcionario público, que se provocó un daño a la hacienda pública y al PNE."

    "The Tribunal finds the decision in accordance with law, based on the legal reasoning provided, which the plaintiff challenged but failed to rebut, since it was in the course of his ordinary duties as a public official that damage to the public treasury and to the Natural State Heritage was caused."

    Considerando VI

  • "Encuentra el Tribunal lo resuelto apegado a derecho, según el fundamento legal realizado, el actor cuestionó el fundamento sin lograr desvirtuarlo, en el tanto fue con ocasión del desempeño normal de sus labores como funcionario público, que se provocó un daño a la hacienda pública y al PNE."

    Considerando VI

  • "El actor no logra demostrar su dicho, en cuanto a que la parcela en cuestión no perteneciera al Estado al momento de los hechos... Con la prueba pericial evacuada no se logra acreditar el alegado traslape de planos que argumenta el actor en su defensa."

    "The plaintiff fails to prove his claim that the plot in question did not belong to the State at the time of the acts... The expert evidence submitted does not substantiate the alleged overlap of plans argued by the plaintiff in his defense."

    Considerando VI

  • "El actor no logra demostrar su dicho, en cuanto a que la parcela en cuestión no perteneciera al Estado al momento de los hechos... Con la prueba pericial evacuada no se logra acreditar el alegado traslape de planos que argumenta el actor en su defensa."

    Considerando VI

  • "Al no encontrar esta Cámara mérito en las alegaciones del actor para declarar las nulidades peticionadas, al no existir nulidad de los actos, tampoco podría existir daño alguno que reparar."

    "Since this Chamber finds no merit in the plaintiff's arguments to declare the requested nullities, and as there is no nullity of the acts, there could also be no damage to repair."

    Considerando VII

  • "Al no encontrar esta Cámara mérito en las alegaciones del actor para declarar las nulidades peticionadas, al no existir nulidad de los actos, tampoco podría existir daño alguno que reparar."

    Considerando VII

Full documentDocumento completo

Sections

Procedural marks

Contentious-Administrative Tribunal  PUBLIC EMPLOYMENT PLAINTIFF:

ANTONIO ZUÑIGA MONTERO DEFENDANT:

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA No. 2025011059 CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE AND CIVIL TREASURY TRIBUNAL, SECOND JUDICIAL CIRCUIT, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at seventeen hours and forty-nine minutes on the second of December, two thousand twenty-five.- Action filed by Marco Antonio Zúñiga Montero against Contraloría General de la República, Instituto de Desarrollo Rural, the State, Sully Ruíz Herrera. Appearing on behalf of the plaintiff, as special judicial attorney-in-fact, is Jenny Hernández Solís. On behalf of the Contraloría General, Hansel Arias Ramírez and Alexander Corella Chavarría. On behalf of INDER, Jonathan Jiménez Ruíz. On behalf of the State, Marjorie Agüero Araya, as Deputy Procuradora. On behalf of Sully Ruíz Herrera, Benjamín Gen Palma.

This judgment is rendered unanimously, after deliberation. Drafted by Judge Guillén Salazar, with the affirmative vote of judges Reyes Castillo and Arrones Morera.

CONSIDERANDO

I.- PROCEDURAL BACKGROUND. - Procedural history of the case file: 1. On August 7, 2020, the plaintiff filed a plenary proceeding requesting the following claims: 1) That the following resolutions be annulled: PA-26-2010, at 11:00 hours on April 7, 2010; at 09:00 hours on May 31, 2010; R-DC-123-2011, at 8:00 hours on October 25, 2010; at 15:00 hours on July 18, 2011, and the decision rendered by the Instituto de Desarrollo Agrario through official letters PE1378-2011 and ARH-957 -2011, both dated August 1, 2011. 2) That the defendants be ordered to reinstate me to the position of Professional C at the Instituto de Desarrollo Agrario. 3) That the payment of lost wages and all their components be ordered, from the dismissal until the effective reinstatement. 3) That the defendants be ordered to pay the damages caused to me through the processing of this dismissal action and subsequent judicial litigation, in the amount of twenty million colones. 4) That the payment of legal interest on the approved amounts be ordered. 5) That the State and the co-defendants be ordered to pay costs, exempting Sully Ruíz Herrera”. (i. 54 to 92, preliminary hearing of February 14, 2019). 2. By order at nine hours and twelve minutes on March twelve, two thousand twelve, the defendants were given notice of the claim (i. 144 to 145). The Contraloría General de la República opposed the lawsuit and filed the defense of lack of right (i. 149 to 170). INDER requested that the lawsuit be dismissed in its entirety (i. 228 to 232). 3. At the preliminary hearing held on September 17, 2013, the court ordered the joinder of the State (i. 253 to 254 of the judicial file and recording thereof). 4. By order at sixteen hours and fourteen minutes on November one, two thousand thirteen, notice of the lawsuit was given to the State (i. 256 to 258). The State opposed the lawsuit and filed the defense of lack of right (i. 263 to 280). 5. On July 29, 2014, the preliminary hearing continued, at which the plaintiff was advised to provide the name and details of the person holding the position at issue in the proceeding, a notification address, and a set of copies (i. 290 to 291, recording backup). 6. By order at nine hours and nine minutes on February six, two thousand fifteen, Sully Ruíz Herrera was joined as a party and given due notice (i. 324 to 326). Ms. Ruíz Herrera opposed the lawsuit and filed the defenses of lack of right and lack of passive standing (i. 342 to 347). 7. On February 14, 2019, the preliminary hearing continued. Pleading defects were resolved. The claims were established as already indicated. No preliminary defenses were filed. All facts were established as disputed. The documentary evidence of the parties was admitted, as well as the expert evidence of the plaintiff—a surveyor to conduct a registry and cadastral study to determine if there is an overlap between plans L-246216-95 and L-119930-93 and the properties that were titled. New evidence was rejected (551 to 557). 8. The judicial expert surveyor Allan Alberto Bolaños Alvarado rendered his report on June 26, 2019, as well as the requested additions and clarifications. The parties were given an opportunity to be heard on all of this (i. 569 to 573, 600 to 601, 609 to 618, 626 to 635, 644 to 649). 9. The Oral and Public Trial was held at 8:30 hours on September 23, 2025. The expert Allan Alberto Bolaños Alvarado gave his statement, and the parties presented their closing arguments. The Tribunal declared the proceeding to be of a complex nature (Compact disc backup of the Supplementary Hearing). 10. While the Tribunal was in deliberation, by order at fifteen hours and thirteen minutes on October ten, two thousand twenty-five, in accordance with the provisions of article 110 CPCA, the reopening of the debate was ordered, as it was deemed absolutely necessary for the issuance of the judgment, also in observance of the provisions of article 51, in relation to article 55 CPCA, to reconstitute the plaintiff's personal administrative file, admitted at the preliminary hearing, and to order the exhibits referred to in the admission of evidence, for which a period of ten business days was granted, interrupting the period for issuing the judgment until what was ordered was fulfilled and the corresponding hearings were held (i. 1055 to 1057). By order at fifteen hours and fifty-two minutes on November five, two thousand twenty-five, a three-day period was granted for the parties to be heard on the plaintiff's personal administrative file and the briefs submitted by the defendants, which was notified on November 6, 2025; therefore, the calculation for the issuance of the judgment resumes as of November 12, 2025 (i. 1511 to 1520). 11. This judgment is rendered after deliberation by the members of the Tribunal, within the fifteen-day period established in article 111.1 of the Contentious-Administrative Procedure Code—as this matter was declared complex—without observing any grounds capable of invalidating the proceedings.

II.- PLAINTIFF'S ARGUMENTS. Of relevance to this resolution, the plaintiff states that he has worked for the Instituto de Desarrollo Agrario since November 1988; his current position is Professional C. In over 22 years of service, he has performed his duties diligently, responsibly, and with probity. He has never been sanctioned. By resolution at 8:15 hours on July 10, 2009, notified on July 30, 2009, a directing body, a processing officer, and a deciding officer were established, commencing a proceeding in which the following charges were brought against him: "... Participation in the authorization process to segregate and transfer plot 8-A-858 located within the Gandoca Manzanillo National Wildlife Refuge when there was no longer an enabling legal provision for it. Against IDA officials Marco Zúñiga Montero... for the following acts: 2.1) On cadastral plan number L-246216-05 of April 6, 1995, a stamp from the Ministry of Natural Resources, Energy and Mines appears indicating that this property is within the Gandoca Mazanillo National Refuge, textually: 'VISA NO. 488-95 Based on the Location indicated on this plan, the property described is located WITHIN the RNDEE.S GANDOCA MANZANILLO NATIONAL WILDLIFE REFUGE. According to Executive Decree or Law No. DE-16614 of 10-29-85, the provisions of Ley Forestal No. 7174, the Wildlife Conservation Law No. 7317 and related legislation. The registration of this plan is authorized for cadastral purposes. 27 MAR 1995' … 2.2) On April 29, 1996, Law No. 7599, called the Ley de Titulación de Tierras Ubicadas en Reservas Nacionales, was enacted; article 8 of which, in the relevant part, states: 'Authorizations. The Ministry of Environment and Energy shall authorize the Instituto de Desarrollo Agrario to carry out titling in forest reserves, national wildlife refuges, and protected zones, in favor of possessors who, upon the entry into force of this law, have had more than ten years of quiet, public, peaceful, uninterrupted possession as owners (...)' 2.3) On April 23, 1999, the Constitutional Chamber issued Ruling 2988-99, declaring article 8 of Law No. 7599, called the Ley de Titulación de Tierras Ubicadas en Reservas Nacionales, unconstitutional. The por tanto states: 'The action is granted. Consequently, article 8 of Law No. 7599, Ley de Titulación de Tierras en Reservas Nacionales, of April twenty-ninth, nineteen ninety-six, is annulled. This ruling has declarative and retroactive effect to the date of validity of the norm now declared unconstitutional' … 2.4) On February 23, 2000, Mr. Marco Zúñiga Montero, who held the position of Agrarian Technician at the Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), completed the Titling Form for plot number 8-A-858, cadastral plan number L-246216-95, in favor of the possessor Emigdio Chacón Acuña, identity card number 2-395-198. On said form, Mr. Marco Zúñiga indicates that according to the inspection carried out, he states that he has verified the measurement, location, and use of the land, and that forest cover (cobertura boscosa) has been satisfactorily conserved; therefore, he recommends that the plot may be titled...' 2.5) On February 17, 2000, Messrs. …II.- That from the facts described above, disciplinary responsibilities could eventually be derived for each of the charges brought: Against Messrs. Marco Zúñiga Montero... all officials of the Instituto de Desarrollo Agrario, because through their actions they allegedly violated the principle of legality enshrined in article 11 of the Constitution and article 11 of the General Law of Public Administration, by participating in the procedure that made it possible to segregate and transfer the plot... likewise plot 8-A-858 located in the Gandoca Manzanillo National Wildlife Refuge, established in Executive Decree No. 16614 of July 1, 1985, which created the Gandoca Manzanillo National Wildlife Refuge, as well as Executive Decree No. 24439 of June 16, 1995, which modified it; both properties were encumbered under numerals 13, 14, and 15 of Law No. 7575, called Ley Forestal, of February 13, 1996; thereby failing to comply with Ruling 2988-99, in which the Constitutional Chamber declared unconstitutional article 8 of Law No. 7599, called the Ley de Titulación de Tierras Ubicadas en Reservas Nacionales, which permitted this type of grant; therefore, said adjudications are presumed to have been carried out outside the bounds of legality. Consequently, they are charged under the liability regime provided for in article 211 of Law No. 6227, called the General Law of Public Administration, and the violation of numerals 8 and 9 of Law No. 7428, called the Organic Law of the Contraloría General de la República, of September 7, 1994; the aforementioned actions could lead to the application of the sanctions established in articles 68, subsection e) and 81, subsection 1) of the Labor Code: suspension for 8 days without pay or dismissal without liability for the State. Likewise, they may be subject to the prohibition on entry or re-entry to any Public Treasury position, contained in article 72 of the Organic Law of the Contraloría General de la República, which may be from two to eight years; the imposition of said prohibition results in the immediate cessation of the offender from any Public Treasury position in which they are appointed, without liability for the State. This is by virtue of the fact that through their actions, they facilitated the titling procedure for the properties in question, without making any caveat or observation, as was required given that it involved the titling of two properties within a Wildlife Refuge and a Forest Reserve, which was not legally permissible because the Constitutional Chamber had declared unconstitutional the only provision that allowed it—i.e., article 8 of law 7599; therefore, said titling was contrary to the law, which they failed to verify and indicate as required...”. On January 15, 2010, he responded to the notification of charges, alleging and demonstrating that he indeed participated in the titling of lot number 8-A-858 of the Titling Program called Birf 2764-CR, with an area of 642.55 square meters, according to cadastral plan number L-246216-95, his participation consisting of completing the corresponding Titling Form, verifying the aspects that pertained to his duties, that is: verifying the measurement, location, and use of the land and that forest cover had been satisfactorily conserved. Once these requirements were met and possession was corroborated, he proceeded to recommend the titling of the plot. The objective of the program was to provide a property title to all those persons who demonstrated they were the legitimate possessors of the lands they occupied. The Birf 2764-CR Titling Program was created through Executive Decree number 18220-MAG. The Gandoca Manzanillo Refuge was created through Executive Decree No. 16614-MAG, whose articles 5 and 6 regulated the possibility of surveying and titling within the refuge and surrounding communities; when the inspection of the lot in question was carried out, such regulations had been in use for titling for over 10 years, without Law 7599, dated April 29, 1996, having entered into force. Through public deed number 27, volume six of the protocol of notary Julio Sánchez Carvajal, signed on October 26, 1988, and in compliance with the provisions of Executive Decree number 18220-MAG, the transfer of seventy thousand hectares was formalized for the purpose of carrying out the Multiple Titling Program, to provide property titles to possessors who had been working or possessing land for years without having the corresponding title. In that deed, the notary attests and certifies the following: "... The Forest Directorate of the Ministry of Natural Resources, Energy and Mines is obligated to communicate to the Instituto de Desarrollo Agrario, within a period of two months from the publication of the cited decree, any objection on its part to the delivery of property titles within the area being transferred... if after said period the General Forest Directorate does not issue a pronouncement, its possible objections shall be deemed waived… The undersigned Notary certifies that the General Forest Directorate did not present any objection to the delivery of property titles within the area hereby transferred to the Instituto de Desarrollo Agrario within the period indicated in article two of the mentioned Decree…\". In a resolution at 10:00 hours on October 26, 1989, from the Director of the Catastro Nacional, Engineer Jorge Avendaño Machado, the first fact states: "Executive Decree No. 16614-MAG, dated July 1, 1985, published in La Gaceta No. 206 on Tuesday, October 29, 1985, creates the Gandoca Manzanillo National Wildlife Refuge, and also provides in its article 5 that the 'General Directorate of the Catastro Nacional is authorized to carry out cadastral surveying and the official registration of the individual plans necessary to develop the titling project within the area of the Refuge and the surrounding communities of Gandoca, Mata de Limón, San Miguel, Manzanillo, and Puerto Viejo'." Verify the legal basis of this decree. In fact number two of that resolution, which refers to the agreement between the Catastro Nacional and the Association of New Alchemists (ANAl), point seven states: "The Catastro Nacional must deliver the individual plans, duly surveyed, for each of the plots whose possessors do not have a property title, so that they may later serve for the execution of deeds and their registration." That same resolution, in its Considerandos, indicates: CONSIDERANDO 4. "That despite the declaration of the Gandoca Manzanillo Wildlife Refuge through the aforementioned Executive Decree No. 16614, the General Forest Directorate, through official letter DAJF-747-89, dated August 10, 1989, stated that it had no objection to the delivery of titles in the Refuge area, as the titling project had begun before Law No. 7032". CONSIDERANDO 9 "That all plans registered through this resolution and for the purposes of titling shall be registered in the name of the Instituto de Desarrollo Agrario or IDA, as part of the property registered in the Public Property Registry under Real Folio Registration 7039050-000. He never acted with intent or gross negligence, always within the compliance of orders and in accordance with institutional objectives, and in this case, in compliance with Executive Decree No. 16614-MAG, specifically its article 5, which was in effect at the time of the Titling. He always verified that the applicant met all the requirements requested by IDA; that was his function. Through resolution PA-26-2010, at 11:00 hours on April 7, 2010, the directing body found him administratively liable for the charged facts. He challenged that resolution, arguing it was incoherent, null, and lacked legal reasoning, filing motions for reconsideration (revocatoria) and subsidiary appeal (apelación en subsidio). The Deciding Body rejected the Motion for Reconsideration through a resolution at 9:30 hours on May 31, 2010. On May 31, 2010, he submitted to the Deciding Body information he became aware of on May 28 of the same year, consisting of an possessory interdict filed by Mr. Emigdio Chacón Acuña, to whom lot 8-A-858, measuring 642.55 square meters, according to cadastral plan number L-246216-95, was titled, against Nicolas Buffile Sautelt, processed under case number 03-100018-478-CI. That proceeding arose from a prior titling to Ms. Isabel Garita, who subsequently transferred it to Mambotel BB S.A. When superimposing cadastral plans, an overlap is determined between cadastral plan number L-119930-93 (which generated property title 61667-000, in the name of Isabel Garita Jiménez, in 1994) and cadastral plan number L-246216-1995 (which generated the property title for Mr. Emidgio Chacón Acuña, in 2000, and which is the basis for the initiation of the administrative proceeding against him). At the time of the titling procedure for Mr. Emidgio Chacón in 2000, the property was no longer owned by IDA. Through a resolution at 8:00 hours on October 25, 2010, from the Contralora, Rocío Aguilar Montoya, the appeal was rejected. The Executive Presidency of the Instituto de Desarrollo Agrario filed, through an official letter dated December 14, 2010, a Motion for Review and Reconsideration, providing an official superimposition of cadastral plans prepared by the IDA Topography Department, which includes the coordinates that allow for the exact location. Through resolution R-DC-123-2011, the motion filed by the Executive Presidency of IDA was rejected. Resolution PA-27-2010, at 10:00 hours on April 7, 2010, (issued by the same Deciding Body that issued the resolution ordering his dismissal and disqualification), regarding case number DAGJ-45-2008, concerning plot 8-A-2018—a plot located within the Gandoca Manzanillo Refuge—stated the following: "... C. Regarding plot 8-A-2018: With respect to the specific situation of the titling procedure for plot 8-A-2018, this deciding body finds it proven that the property registered under cadastral plan number L-823835-2002 is a property located within another property, which is registered under cadastral plan number L-892878-90, which was duly registered on January 4, 2000, in the name of the Association of Organizations of the Talamanca Biological Corridor. This demonstrates that the title granted by the Instituto de Desarrollo Agrario at that time was improper, since the property in dispute already had a prior titling. Consequently, the officials who granted said title would not bear administrative responsibility, by virtue of its being improper, as the property subject to dispute already possessed its own title... Given the foregoing, this deciding body considers that the officials who participated in the titling of plot 8-A-2018 should be exonerated from disciplinary liability." Through official letters PE-1378-2011 and ARH-956-2011, he was notified of the dismissal. He alleged that the statute of limitations (prescripción) expired in the proceeding conducted by the Contraloría General de la República, as the administrative proceeding was initiated in July 2009, based on official letter DAGJ-044-2008, from August 2008, and known by the Board of Directors of IDA on the 27th of that month and year, by which point the period established in article 603 of the Labor Code had amply elapsed (i. 54 to 73). In closing arguments, he reiterated his contentions (recording of supplementary hearing).

III.- ARGUMENTS OF THE DEFENDANTS. Of relevance to this resolution, the parties allege the following: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Through a resolution at 8:15 hours on July 10, 2009, notified on July 23, 2009, an administrative proceeding was opened against Mr. Zúñiga Montero. The resolution cited by the plaintiff bears no relation to the subject matter of this proceeding, as that resolution pertains to a different, unrelated administrative proceeding. The plaintiff seeks application of article 603 of the Labor Code, which is entirely inapplicable to the specific case. Mr. Marco Zúñiga Montero, in his capacity as an Agrarian Technician at the Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), by filling out the Titling Form for plot number 8-A-858, cadastral plan number L-246216-95, located within the Gandoca - Manzanillo National Wildlife Refuge, and by recommending, through his approval and signature, its titling in favor of a private individual, disposed of an asset that was part of the State's Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) - hereinafter PNE. The plaintiff's participation in the plot's adjudication process permitted a parcel of land that constituted PNE to be titled, consequently causing damage to the Public Treasury (Hacienda Pública). Thus, the plaintiff's actions fall within the scope of article 72 of the Organic Law of the Contraloría General de la República - hereinafter Law 7428- for having caused, through his conduct, the titling of public domain land to a private individual, causing damage to the Public Treasury. Therefore, the statute of limitations period applicable due to the damage caused to the Public Treasury is that of article 71 of Law 7428, and not that of article 603 of the Labor Code. It files the defense of lack of right (i. 54 to 73). In its closing arguments, it reiterated its contentions (recording backup). INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO. It considers that article 72 of the Organic Law of the Contraloría General de la República cannot be applied, as the facts that justified the dismissal of the plaintiff herein do not pertain to the administration, custody, or handling of public funds. The property corresponds to a lot intended for housing (it has no forest cover whatsoever), located in the Urban Residential Zone of the Gandoca Manzanillo National Wildlife Refuge, Manzanillo Sector, according to the classification made by the Refuge Management Plan. It is not part of the wetland nor part of a forest. Plan L-246216-1995, which has an area of 642.58 square meters, overlaps with cadastral plan number L-119930-93, a property of 115,141.24 m2. This implies that plot number 8-A-858 formed part of a property that IDA had already transferred in 1994 to Ms. Isabel Garita; therefore, lot 8-A-858 was no longer owned by IDA, making the titling procedure improper. As this plot had already been transferred to a third party, it was no longer the property of IDA, nor was it part of the State's Natural Heritage. Plot number 8-A-858, according to the classification made by the Gandoca Manzanillo National Wildlife Refuge Management Plan, is located in the Urban Residential Zone, Manzanillo Sector. This plot is not part of the wetland nor part of a forest. It is part of the village of Manzanillo. A superimposition of plans prepared by the topography department of the Instituto de Desarrollo Agrario is provided. It cannot attest to the damages alleged by the plaintiff. It requests that the lawsuit be dismissed in its entirety, stating that the Instituto de Desarrollo Agrario did not process the disciplinary administrative procedure that served as the basis for the administrative act dismissing the plaintiff; it only executed it, following the orders and guidelines of the Contraloría General de la República, given in resolution PA-26-2010. The damages allegedly suffered by the plaintiff were not caused by the Institute (i. 229 to 232). In its closing arguments, it reiterated its contentions (recording backup of supplementary hearing). STATE. The resolution referred to in the twelfth fact corresponds to an administrative proceeding distinct from the one conducted against Mr. Zúñiga Montero, and therefore it is noted from the outset that such circumstance has no bearing on the present matter. Article 71 of the LOCGR, prior to 2002, established that “… The disciplinary liability of a servant of the Public Treasury shall prescribe within a period of two years, counted from the proven knowledge of the fault by the competent body, to initiate the respective sanctioning procedure …”. The indispensable requirement for the application of this norm was being a treasury official. However, the Internal Control Law numbered 8292, in its article 45, subsection a), introduced a series of reforms to the legal system, among them modifying the aforementioned provision, replacing the term Treasury Official (Funcionario de Hacienda) with Public Official (Funcionario Público). As can be seen from the following excerpt: "... The administrative liability of the public official for the infractions provided for in this Law and in the superior control and oversight regulations... ". Since 2002, it was no longer applicable at the time the administrative resolution ordering the sanction against the plaintiff was issued in 2010. A public official is a person whose duties include the power to dispose of or manage State assets. Article 71 of the Organic Law of the Contraloría does specify that said provision must be applied only in the cases of those public servants who are «directly related to the handling and disposition of public funds», an aspect whose definition or determination must occur in each specific case. In other words, determining that a person is a public servant or official who handles, administers, or custodies Public Treasury funds is a matter within the technical competence of the court in each case brought before it. Handling or disposing of public funds refers not only to money but also encompasses all assets belonging to the State, in accordance with article nine of the LOCGR. The conduct displayed by Mr. Zúñiga Montero, in the exercise of his duties as an Agrarian Technician at INDER, recommended the titling of a parcel located in the Gondoca-Manzanillo National Reserve, thereby disposing of public funds and, consequently, fitting the type of official governed by the cited article 71, which is also applicable when article 8 of the Internal Control Law is violated. This article establishes the duty of the public servant to "... protect and conserve state property against any loss, waste, improper, irregular, or illegal use...". Regulations that, without a doubt, were also transgressed by the plaintiff, since, through a technical report, he recommended the transfer of public domain to a private individual. Therefore, it is reiterated that the actions carried out by the plaintiff certainly prove that Mr. Zúñiga Montero handled and disposed of public funds by reason of his position, and therefore, article 71 of the LOCGR must be applied, which, in the relevant part, provides: “Prescription of disciplinary liability.

The administrative liability of the public official for the infractions established in this Law and in the higher control and oversight regulations shall prescribe in accordance with the following rules: (...) b) In cases where the irregular act is not notorious—understood as an act requiring an inquiry or an audit study to report its possible irregularity—liability shall prescribe in five years, counted from the date on which the report on the respective inquiry or audit is made known to the head of the entity or the official competent to initiate the respective proceeding…". As a corollary of the foregoing, we have that the prescription period to be applied is the 5-year period set forth in the aforementioned article 71, not section 603 of the Labor Code (Código de Trabajo) invoked by the plaintiff. Having established the time period that must elapse for the fatal prescription period to be decreed, it must be highlighted that, according to the transcribed rule, its computation begins from the moment the act becomes known. In this case, through official letter number FOE-PGAA-0673 dated October 3, 2008, the Management of the General Public Environmental and Agricultural Services Area forwarded to the Legal Division of the Comptroller General of the Republic the task of preparing a statement of facts against the plaintiff, in order to initiate the respective sanctioning proceeding. In this regard, through the resolution issued at eight hours fifteen minutes on July tenth, two thousand nine, the opening act was issued, which was duly notified to Mr. Zúñiga Montero on July 27, 2009. From the foregoing, it is evident that, from the time the CGR was informed of the conduct displayed by the plaintiff until the issuance of the statement of charges, the fatal 5-year prescription period had not elapsed, in accordance with the subsection mentioned supra. Therefore, it is manifest that the disciplinary sanction was not time-barred, and consequently, the plaintiff errs in his statements on this matter.

Now, concerning the alleged impropriety of applying the prohibition established in section 72 of the LOCGR, the plaintiff continues to allege that he is not a Public Finance Official (Funcionario de Hacienda). Given that this issue was settled earlier, it is evident that such a rule may be applied in this matter. In another vein, regarding the argument put forth by the plaintiff in which he maintains that parcel number 8-A-858 was the property of a third party at the time of the investigated acts, and therefore, there was no impact on the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado), it is worth noting, first of all, that as is evident from the cadastral map number L-246216-95, as well as from the seals stamped thereon, the property in question has formed part of the Gandoca-Manzanillo National Refuge since 1985, a situation that persisted in the year 2000, when Mr. Zúñiga Montero carried out the titling. Consequently, it is manifest that we are dealing with a public domain asset, which was made available to a private individual for exploitation, despite being located in a protected area. The alleged ownership by a third party cannot be inferred from the case file. The impact on the Natural Heritage of the State is thus evident. If Mr. Zúñiga Montero claims that the land in question belonged to a third party and not to the IDA, it is appropriate to question why he proceeded to title it, even though it was not part of his duties as an official of that institution.

Now, with respect to the alleged existence of regulations that authorized the titling of parcels at the time of the acts, it should be noted that article 8 of Law No. 7599 on the Titling of Lands Located in National Reserves was declared unconstitutional through vote number 2988-99 at eleven hours fifty-seven minutes on April twenty-third, nineteen ninety-nine, which, in relevant part, ordered: "… the purposes of a norm must be proportionate and reasonable by virtue of the objective it seeks to achieve; as well as the consequences that may derive from it, and in this sense, it cannot be permitted that by solving a social problem such as housing for a few people in this case, the country's protected areas are endangered and a relevant and imminent risk is run that may harm our environmental conservation areas, thereby violating the precautionary principle and the in dubio pro natura principle, such that in the protection of our natural resources, a preventive attitude must exist, meaning that if degradation and deterioration must be minimized, it is necessary that precaution and prevention be the dominant principles...". From the transcription made, it follows that by the year 2000, the rule upon which the plaintiff bases his actions had been declared unconstitutional. Therefore, the argument put forth is legally untenable. It should be borne in mind that at the time of carrying out the act under question, the unconstitutionality had been declared, a situation that should have been known to the plaintiff, as it was the legal basis for carrying out the titlings. As such, the reproached deficiency certainly constitutes a sanctionable fault, since the plaintiff omitted to review the fundamental element for his action to be in accordance with the law—the rule supporting the titling. This being the case, it is imperative to state that said fault not only exists but is also framed within the requirements necessary to be considered as committed with gross fault (culpa grave), since, knowing that his conduct could generate harm to the state heritage, he continued with the titling without reviewing the legal basis he applied, losing sight of the relevance of the assets he was placing at the disposal of private individuals. The culpable official could have foreseen or avoided the damage and did not do so. The plaintiff had more than 20 years of working for the INDER, and yet, he did not carry out the elementary task incumbent upon him, namely, reviewing compliance with all requirements for titling, which undoubtedly includes holding an enabling norm. Consequently, the actions performed by Mr. Zúñiga Montero demonstrate aggravated negligence on his part, and therefore, the sanction imposed on him by the CGR and executed by the aforementioned Institute is clearly appropriate. It can be seen that the Constitutional Chamber itself, in the aforementioned ruling, clearly determined that authorizing the titling of lands located in protected areas, as in this case, the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge (Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo), grossly harmed our natural resources and consequently, for their protection, declared the provision that empowered INDER officials to carry out these procedures contrary to fundamental rights, in order to prevent greater damage to the environment.

Finally, regarding the alleged defenselessness claimed by the plaintiff due to the rejection of official letter number DAJF-747-89 dated August 10, 1989, it is advisable to indicate that, while it is true that the ascertainment of the material truth corresponds to the Administration and the Principle of Official Initiative (Principio de Oficiosidad) exists, it is also true that the plaintiff bears the burden of proof required to discredit the acts imputed to him, a burden imposed by the legal system that he fails to meet. The plaintiff's allegations are improper, since, as has been demonstrated, the questioned disciplinary sanctioning procedure was carried out in compliance with the applicable regulations. Likewise, Mr. Zúñiga Montero acted with gross fault, causing damage to the Natural Heritage of the State, and this prompted the imposition of a disciplinary sanction by the Comptroller General of the Republic. For a material or moral injury to be subject to compensation, it must necessarily derive from a harmful act and must be proven. The CGR conducted the sanctioning procedure in compliance with legal provisions; therefore, no anti-juridical conduct exists, and consequently, no injury that the plaintiff does not have a duty to bear has been caused. Thus, this representation considers the plaintiff's claims to be improper. It raises the exception of lack of right (i. 263 to 280). In its conclusions, it reiterates its arguments (recording medium).

SULLY RUÍZ HERRERA. No fact refers to her person. The plaintiff seeks reinstatement as a Professional C and not in a specific position code. She requests that the claim be dismissed and that the plaintiff be ordered to pay costs. She raises the exceptions of lack of right, lack of passive standing to be sued (lack of legitimación ad causam pasiva) (i. 342 to 347). In her conclusions, she reiterates her arguments (recording medium).

IV.- PROVEN FACTS. Of importance for resolving this matter, the following relevant facts are deemed proven: 1.- That the plaintiff began working for the Institute of Agrarian Development (Instituto de Desarrollo Agrario) on October 1, 1988 (f. 12 of the personal file). 2.- On July 10, 2009, the Comptroller General of the Republic initiated administrative proceeding DAGJ-044-2008, aimed at ascertaining the material truth of the facts, as well as the presumed disciplinary liability of the following individuals: Marco Zúñiga Montero, identification card number 1-591-565, Agricultural Technician, among others, for their participation in the authorization process to segregate and transfer parcel 8-A-858 located within the Gandoca Manzanillo National Wildlife Refuge (Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo) when a legal enabling norm no longer existed, which was notified to him on July 23, 2009 (i. 143 to 157 Volume I of the Administrative File). 3.- On July 27, 2009, the plaintiff filed a motion for revocation with a subsidiary appeal against resolution DAGJ-44-2008 of July 10, 2009. This was addressed and resolved at nine hours thirty minutes on August nineteenth, two thousand nine, in the following terms: “… B) Regarding the motion for revocation filed by Mr. Marco Antonio Zúñiga Montero, based on: 1) Inspection: Mr. Marco Zúñiga Montero indicates that he did, and within the exercise of his duties, carry out the inspection corresponding to the housing lot number 8-A-858, under the Titling Program called BIRF 2764-CR registered in map L-246216-95, and that as of that date he had been performing this task for more than 10 years; which was known to the authorities of MINAE. Decision-maker's criterion: This decision-maker considers that the argument set forth concerns the merits of the matter under consideration in this administrative proceeding; this not being the appropriate procedural phase to rule on it; therefore, this argument is reserved for the issuance of the final act of this administrative proceeding. 2) Titling in the population center of Manzanillo. On this point, the appellant cites articles 5 and 6 of Executive Decree number 16614-MAG, where, according to his criterion, there was authorization to title on these lands for the purpose of building an urban zone in the locality of Manzanillo. Decision-maker's criterion: This decision-maker considers that the argument set forth concerns the merits of the matter under consideration in this administrative proceeding; this not being the appropriate procedural phase to rule on it; therefore, this argument is reserved for the issuance of the final act of this administrative proceeding. 3) Executive Decree 34043-MINAE. Mr. Zúñiga argues that Executive Decree number 34043-MINAE ratifies the original decree creating the Gandoca Manzanillo Wildlife Refuge No. 16614-MAG, excepting article 5 which expands the boundaries of said Refuge. The appellant cites that article 6 of decree 16614-MAG is modified, always maintaining the intention of creating a community in Manzanillo. Decision-maker's criterion: The criterion cited by the appellant concerns the legality of his actions; which is precisely the discussion that is the object of this administrative proceeding; consequently, and respecting the phases of the administrative proceeding, this decision-maker refrains from ruling on it, as this is not the pertinent procedural moment to do so; therefore, it is reserved for assessment in the issuance of the final act. 4) Deed of free transfer to the IDA, in the cantons of Limón and Talamanca of the Province of Limón: Mr. Zúñiga alleges that the property that was registered under registry number 39050-000 in the name of the Institute of Agrarian Development originates from Executive Decree No. 182220-MAG, which has its legal basis in Law number 5064 of August 22, 1972, by virtue of the Multiple Land Titling Program. Likewise, that in the transfer deed, the Attorney General of the Republic authorized its registration. Decision-maker's criterion: This argument refers to details specific to the registration process of the property in dispute; which constitutes an element that must be analyzed in the contradictory phase; consequently, it is decided to reserve the discussion of the matter to be studied in the final resolution of this proceeding. 5) Resolution of Engineer Jorge Avendaño Machado, Director of the National Cadastre (Catastro Nacional). The appellant mentions that by means of the resolution at ten hours on October 26, 1989, engineer Jorge Avendaño Machado, in his capacity as Director of the National Cadastre, issued the document called "Procedure for the Registration of Maps Corresponding to the Titling Project for Agricultural Development of the Atlantic Slope, sub-project called Sixaola or Gandoca Manzanillo". Decision-maker's criterion: This decision-maker considers that this argument refers to the merits, which is why this is not the procedural stage to discuss it. 6) Competence to carry out inspections within titling programs. The appellant argues that he was indeed authorized to carry out the inspection of that lot, and that he did not assume any competence that did not correspond to him, a situation which, in his opinion, was ratified in the agreement of the Board of Directors of the Institute of Agrarian Development, article XI of Session number 01-02 of February 2, 2002. Decision-maker's criterion: This decision-maker considers that the criterion set forth by the appellant refers to the merits of the matter, which is why this is not the appropriate procedural stage to discuss it. 7) Application of article 211 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública): Mr. Zúñiga alleges that at no time did he act with intent (dolo), as he was always governed by the principle of good faith and in compliance with internal regulations. Decision-maker's criterion: This decision-maker considers that this is not the phase of the proceeding to determine whether intent or gross fault existed in the accused's actions; rather, this is a matter for the final act; and therefore, it is reserved for that stage. This decision-maker finds no legal elements that justify the revocation of the act opening administrative proceeding DAGJ-44-2008; therefore, the motion for revocation is rejected…” and through resolution R-DC-49-2009 of September 17, 2009, from the Office of the Comptroller, the appeal was rejected in the following terms: “… Criterion of the Office. Without a doubt, the arguments set forth by the appellant relate to the facts debated in the file, and must therefore be assessed and resolved at the corresponding procedural moment. In this sense, Mr. Zúñiga Montero does not oppose the opening order as such, despite requesting its revocation; at no time does he claim any limitation to his right of defense; rather, his explanations are aimed at justifying his actions and demonstrating that they adhered to the respective legal framework, hence the appeal must be rejected…” (i. 186 to 239, 261 to 272, 329 to 338 Volume I of the Administrative File). 3.- In administrative proceeding DAGJ-044-2008, all corresponding stages were carried out, the plaintiff was granted the due hearings, his appeals were addressed and resolved, and all resolutions were duly notified to him (see disciplinary administrative file). 4.- On April 7, 2010, the Comptroller General of the Republic issued resolution PA-26-2010, which orders with respect to the plaintiff: “Based on the proven facts and legal reasons set forth above, and in accordance with the provisions of articles 11 of the Political Constitution; 11 and 211 of the General Law of Public Administration; 13, 14 and 15 of Law No. 7575, called the Forestry Law (Ley Forestal) of February 13, 1996; Executive Decree 5389-A, published in Gazette No. 215 of November 12, 1975; 6 of Law No. 1279, called the Law on Financial Administration of the Republic of May 2, 1951; 30 subsections 16, 23 and 24 of Law No. 2825, called the Law on Lands and Colonization (ITCO) of October 14, 1961; 8, 9 and 72 of Law No. 6815, called the Organic Law of the Comptroller General of the Republic, of September 7, 1994, and the Regulation on Administrative Procedures of the Comptroller General of the Republic, published in Gazette No. 76 of April 290, 2007, 81 subsection I) of the Labor Code, IT IS RESOLVED: To declare the following individuals: a. Marco Zúñiga Montero, identification card number 1-591-565, who served as Agricultural Technician, administratively liable with a degree of gross fault for the charges imputed and proven in this administrative proceeding; reason for which, it is recommended in a binding manner, to apply the sanction of dismissal without liability for the State, as well as the prohibition of entry or re-entry to a position in the Public Treasury (Hacienda Pública), which results in the offender immediately ceasing from any position in the Public Treasury in which he is appointed, without liability for the State for a period of 8 years…”. Against this resolution, the plaintiff filed a motion for revocation with a subsidiary appeal on April 23, 2010, which was addressed and resolved at nine hours on May 31, 2010, declaring the motion for revocation without merit. The appeal was addressed and resolved through resolution R-DC-158-2010 of October 25, 2010, declaring the appeal without merit, but modifying the sanction of prohibition of entry or re-entry to a position in the Public Treasury to a period of 4 years. On December 4, 2010, a motion for review and reconsideration was filed against resolution PA-26-2010, which was addressed and resolved in resolution R-DC-123-2011 at fifteen hours on July 18, 2011, declaring it without merit (f. 124 to 232, 241 to 263, 276 to 318, 320 to 332, 353 to 368 disciplinary file). 5.- On August 1, 2011, through official letter PE-1378-2011, the Executive President of the IDA reports the following: “You are formally notified of a copy of resolution No. R-DC-123-2011 issued at fifteen hours on July eighteenth, two thousand eleven, by which it is agreed to declare without merit the review petition filed by the IDA against resolution No. PA-26-2010 at eleven hours on April seventh, two thousand ten. By virtue of the foregoing, the sanction of dismissal without employer liability imposed against you by the Legal Division of the Comptroller General of the Republic within file No. DAGJ-44-2008 becomes final and must be executed by this Office. Therefore, you are made aware of resolution No. PA-26-2010 and the instruction given by this Presidency to the Human Resources Area to immediately apply the disciplinary sanction established therein, as related above, effective as of the notification of this official letter” (f. 370 disciplinary file). 6.- On August 1, 2011, through official letter ARH-956-2011, the Coordinator of the Human Resources Area reports the following: “In accordance with what was requested through official letter PE-1379-2011 dated August 1 of this year, the Executive Presidency proceeds to communicate resolution No. R-DC-123-2011 issued by the Comptroller General of the Republic at fifteen hours on July eighteenth, two thousand eleven, where the motion for review filed against resolution PA-26-2010 at eleven hours on April seventh, two thousand ten, is declared without merit, which decrees a sanction of dismissal without employer liability against you, effective as of August 2, 2011” (f. 372). 7.- On June 26, 2019, the expert Allan Bolaños Alvarado presented his expert report, within the observations and recommendations, indicating: “According to the cadastral map, the properties are adjacent to one another. According to the cadastral map, the maps do not overlap; since it is not possible to obtain sufficient information from cadastral maps L-119930-1993 and L-246216-1995, it is not possible to determine if there is an overlap between them, because map L-119930-1993 does not have a reference to a useful fixed point necessary to locate it precisely. With the information and tools available, it is not possible to determine if there is a real overlap between the maps, given that currently the only official means available to verify the location of cadastral maps is the cadastral map from the National Registry's database (through the Cadastral Information System of the National Registry's online site), which is taken as the basis for conducting this analysis (with the understanding that occasionally the SIRI database is not free of errors and/or requires adjustments and 'feedback'). With the information provided in the file and the results obtained from the respective analysis, no evidence is found demonstrating the existence of an overlap between cadastral maps L-119930-1993 and L-246216-1995. If necessary, a new expert assessment is recommended, requesting a site visit and a topographic survey of the properties; a better overlay of the maps could be done, keeping in mind that for this particular case, given the area of map L-119930-1993 and coupled with the difficult access to the boundaries, only a partial survey would be conducted to attempt the best fit of cadastral map L-119930-1993 and the survey of the I.G.N. boundary markers to locate cadastral map L-246216-1995.” In clarifications to his report dated August 20, 2019, he indicated: “4. In response to what was requested, I must say that there is an overlap of maps, but I have doubts as to whether this occurs in reality or if it is an error in the map information, given that map L-246216-1995 does not indicate that it modifies map L-19930-93, nor does map L-858635-2003 indicate that it modifies map L-246216-1995. As can be seen in the attached image below, the properties to which cadastral maps L-246216-1995 and L-858635-2003 belong do not overlap or adjoin” (i. 569 to 573, 626 to 634).

V.- UNPROVEN FACTS. Of importance for resolving this matter, the following are deemed facts not demonstrated: 1.- That the challenged administrative acts are inconsistent with the legal system or are absolutely null (the case file). 2.- That cadastral maps L-119930-1993 and L-246216-1995 overlap each other (the case file).

VI.ON THE MERITS OF THE MATTER. The main object of this lawsuit is to determine whether resolutions PA-26-2010 at 11:00 hours on April 7, 2010; at 09:00 hours on May 31, 2010; R-DC-123-2011 at 8:00 hours on October 25, 2010; at 15:00 hours on July 18, 2011, and that resolved by the Institute of Agrarian Development through official letters PE 1378-2011 and ARH-957-2011, both of August 1, 2011, contain defects of absolute nullity. In this regard, it is important to indicate that claims must contain the minimum, basic, and necessary efforts to challenge the formal activity of the Administration. In the specific case of administrative acts, when their nullity is sought before this jurisdiction, the plaintiff is required, at a minimum, to explain what defect or defects concur in the challenged administrative conduct and the element or elements of that conduct that are affected by the alleged defects. That is, it must be indicated and developed whether it is an error or an omission contained in the challenged conduct and then established to what degree or measure those apparent defects affect its formal elements (form of expression, statement of reasons, and procedure) or material elements (competence, investiture, standing, will, motive, content, and purpose), in accordance with the rules of the theory of the act contained in the General Law of Public Administration, jurisprudence, and doctrine. All these very basic rigors, which do not imply great complexity, are necessary so that the Judge can review the challenged public conduct, in adherence to the principle of party presentation (principio dispositivo) and the principle of congruence, which constitute the limit of action for Judges. This is why it falls upon the plaintiff to explain technically, in the claim, the grounds of illegality that the challenged act suffers from and, consequently, to provide its proper demonstration, it not being the Judge's duty to guess or speculate on the litigant's reasoning, much less to force their judgment in that attempt, so as not to incur arbitrariness or excesses not permitted by the legal system, such as procedural imbalance. In this case, unfortunately, certain minimum, basic, and necessary rigors were omitted in the filed claim, and no specific defect is identified against the acts whose nullity is sought. This Tribunal conducted a thorough review of the Disciplinary Administrative File, without finding errors in its processing, violations of due process or the right of defense; indeed, there is no reproach in that sense from the plaintiff. From the legal considerations and legal basis that the plaintiff develops in their claim, the following four arguments are extracted, which have been presented and reiterated during administrative proceeding DAGJ-044-2008, from the appeal against the initial act of the proceeding, defense arguments presented by the plaintiff, statement given by the plaintiff in the administrative proceeding, appeals against resolution PA-26-2010, motion for review and reconsideration against resolution PA-26-2010, addressed and resolved at each opportunity, the same that are reiterated in the formulation of this claim, regarding which the Tribunal shall conduct its analysis: 1.- Prescription of the disciplinary action, the plaintiff considers that, not being a public finance official, article 72 of the LOCGR could not be applied to him, but rather article 81 of the Labor Code, with the prescription period of article 603 of the Labor Code. In this regard, it is found that in resolution PA-26-2010, Recital III, this argument is analyzed and resolved, with the proper legal basis. Specifically, it was stated that: “To address the issue of prescription, it is necessary to keep in mind the manner in which the facts and charges were notified and imputed to the officials and former officials of the Institute of Agrarian Development. In that order, in accordance with the resolution at eight hours fifteen minutes on July tenth, two thousand nine, which corresponds to the opening act of this administrative proceeding, Mr. Marco Zúñiga Montero ... were charged with the sanctions contained in articles 68 subsection e) and 81 subsection l) of the Labor Code: suspension for 8 days without pay or dismissal without liability for the State. Likewise, they were charged with the possible application of the prohibition of entry or re-entry to any position in the Public Treasury contained in article 72 of the Organic Law of the Comptroller General of the Republic, which may be from two to eight years. Said notification was clear in indicating that the imposition of the aforementioned prohibition had the consequence that the offender immediately cease from any position in the Public Treasury in which he is appointed, without liability for the State... Thus, with matters presented this way, it is necessary to indicate from this point that for cases in which suspension and dismissal were charged, the applicable prescription rule is that of article 71 of the Organic Law of the Comptroller General of the Republic, which according to said article in force at the time of the charged acts was two years, counted from the "proven knowledge of the fault by the competent body to initiate the respective sanctioning proceeding". In turn, the sanction of article 72 of the Organic Law of the Comptroller General of the Republic, charged to all the defendants in this administrative proceeding, has a prescription period of 10 years, counted from the commission of the act, which, as charged, implies the immediate cessation of their functions in any position without liability for the State.

The foregoing is fundamental to rebut the arguments on which the parties base the defense of statute of limitations, as they refer to the time limit established in Article 71 of the Organic Law of the Comptroller General of the Republic (Ley Orgánica de la Contraloría General de la República), which was in force at the time the events occurred; however, this argument cannot be accepted, given that the rule in force at that time was clear in indicating that although the time limit was 2 years, it was counted from the proven knowledge of the infraction by the competent body to initiate the respective sanctioning procedure. On October 3, 2008, through official communication FOE-PGAA-0673, signed by Mr. Douglas Castro Salazar, Acting Manager of the General Public Environmental and Agricultural Services Area, the Statement of Facts DFOE-PGAA-RH-3-2008 was forwarded to the Legal Division, through which, among others, the facts that are the subject of this administrative proceeding were made known. Subsequently, through the opening act at eight fifteen on July tenth, two thousand nine, the present administrative proceeding was initiated, which was notified between July 23 and August 3, 2009, to all the accused parties. Thus, by virtue of the fact that it was not until October 3, 2008, that the Legal Division, the competent body to initiate the respective sanctioning procedure, became aware of the facts, the calculation of the statute of limitations could begin, which was interrupted with continued effects upon notification of the initial act of the administrative proceeding. For the foregoing, in the judgment of this body, the statute of limitations does not apply, in accordance with the provisions of Article 71 of the Organic Law of the Comptroller General of the Republic, in force at the time of the events.

On the other hand, regarding the application of Article 72 of the Organic Law of the Comptroller General of the Republic, served upon all parties in the present proceeding, even with the indication in the initial act that its application implies the immediate cessation from any position in the Public Treasury (Hacienda Pública), without liability for the State, it must be clear that this sanction is inherent to the constitutional and legal powers that the legal system confers upon the Comptroller General of the Republic, and that the statute of limitations period for this sanction is 10 years, counted from the occurrence of the facts, as regulated by the sixth paragraph of Article 72, which literally states: "The action to apply the prohibition established herein shall prescribe in a period of ten years, starting from the commission of the crime or the serious fault indicated in this article.", that is, the power of the Comptroller General of the Republic to initiate an administrative proceeding and eventually apply the prohibition on entering or re-entering any position in the Public Treasury is 10 years from the occurrence of the facts. The present case concerns the adjudication of two properties, so it is important to detail the exact date on which the 10-year statute of limitations would be fulfilled... Regarding the argument of Messrs. José Carlos Salas Fonseca, Flory Solo Valcrio, Luis Emilio Fernández Umaña and Víctor Emilio Rojas Hidalgo, that on page 46 of IDFOE-PGAA-RH-3-2008 it is confirmed that the facts are already time-barred (see folio 0388 verso of the administrative file), these are not admissible for this comptroller body, because the paragraph they cite does not include any of the parties summoned to this proceeding, said paragraph literally states: "Finally, it is worth mentioning that the opening of administrative proceedings is not requested against the following persons, due to the extinction of the cause for potential administrative liability, nor of disqualification because the action has prescribed: José Joaquín Muñoz Bustos, Juan Rafael Lizano Sáenz, René Salazar Blanco, Gerardo Araya Paniagua, Jorge Villalobos Barquero, Álvaro Aguilar Sevilla, Orlando Dorado Boza, Guido Vega Molina, Erick Chacón López, Rodolfo Downing Salter, Gabriel (known as Israel) Ávila Castro, Joel Joaquín Valenciano Blanco, Maria del Rocio Herrera Chaves, Hernán Rodríguez Serrano, Mario Bustos Abarca, Carlos Mora Durán" (see page 47 of Volume T of Dossier DAGJ-IDA-ORIGINAL-2008). Note that none of the officials cited in this paragraph of the statement of facts corresponds to the parties summoned to this proceeding, the foregoing, possibly because document DEOE-PGAA-RH-3-2008 included 22 properties from three different projects, namely: Valle General, Gandoca Manzanillo and Puriscal-Parrita, as well as 49 alleged parties, including officials and members of the Board of Directors, and whose facts occurred on different dates. As a consequence of the above, the defense of statute of limitations alleged by the parties is rejected." Regarding the plaintiff's argument that he is not a Public Treasury official, the same decision cites, in point 2 of Considering III: "2.- ... To elucidate the claim raised by the parties, the first thing that must be done is to define the concept of 'Public Treasury Official' (Funcionario de la Hacienda Pública), for which a mandatory reference must be made to Article 8 of the Organic Law of the Comptroller General of the Republic, which defines the term Public Treasury, as: 'Article 8- Public Treasury: The Public Treasury shall be constituted by public funds, the powers to receive, administer, safeguard, conserve, manage, spend and invest such funds and the legal, administrative and financial norms relating to the budget process, administrative contracting, internal and external control and the responsibility of public officials (...) Public property shall be the universe constituted by public funds and the liabilities chargeable to the subject components of the Public Treasury. Subject components of the Public Treasury shall be the State and other public entities or bodies, state or not, and public enterprises, as well as Private Law subjects, insofar as they administer or safeguard public funds under any title, with the exceptions established in the preceding paragraph'. This provision must be harmonized with the provisions of Article 9 of this same law: Article 9.- Public Funds. Public funds are the resources, values, goods and rights owned by the State, by public bodies, enterprises or entities. These two norms allow the conclusion that a Public Treasury Official is one whose actions can receive, administer, safeguard, conserve, manage, spend and invest resources, values, goods and rights owned by the State. Regarding this concept, there is abundant jurisprudence of the Constitutional Chamber, which has reiterated the intent of the constituent power to create the Comptroller General of the Republic as a supervisory body that guarantees the proper use of public funds, and has backed the competence that this comptroller body possesses to open administrative proceedings regarding those officials who dispose of goods that make up the Public Treasury. As an example, an excerpt is transcribed from ruling N° 2000-06326 of 4:18 p.m. on July 19, 2000: 'Based on these two provisions, consistently and repeatedly, constitutional jurisprudence has pronounced on the special powers that the Political Constitution assigns to the Comptroller General of the Republic regarding vigilance in the management of public funds and in the financial management of public employees, and specifically (sic..). In this regard, mandatory consultation includes, among others, rulings numbers 2398-91 of 3:20 p.m. on November 13, 1991; 0660-92, of 3:00 p.m. on March 10, 1992; 3607-94; of 3:75 p.m. on July 19, 1994; 0016-95, of 3:45 p.m. on January 3, 1995; 2632-95, of 4:06 p.m. on May 23, 1995; 4284-95, of 3:06 p.m. on August 3, 1995; 5119-95; of 8:39 p.m. on September 13, 1995; 0998-98, of 11:30 a.m. on February 16, 1998; 9524-99, of 9:06 a.m. on December 3, 1999 and 3027-00, of 9:03 a.m. on April 14, 2000. In each and every one of the cited rulings, the Chamber emphasizes that by the will of the constituent power, the Comptroller General of the Republic was created as an auxiliary body of the Legislative Assembly with a specific and determined function: the vigilance of the Public Treasury, so that by constitutional mandate - Articles 183 and 184 - tasks such as the supervision of administrative contracting procedures and the functioning of the financial system, especially regarding the movement of capital in order to maintain confidence in the correct administration of banking entities, the management of the budget of each and every public agency, as well as the control of personnel who "receive, safeguard, pay or administer goods or values of the State" are not beyond the functions entrusted to this comptroller body, but quite the opposite, since they respond to the interest of the proper functioning of administrative services and agencies'.

Now, in the case before us, the accused, through their actions and specifically when Mr. Marco Zúñiga Montero, in his capacity as Agricultural Technician of the Institute of Agrarian Development (Instituto de Desarrollo Agrario, IDA), by filling out the Titling Form for parcel number 8-A-858, cadastral plan number L-246216-95, located within the Gandoca Manzanillo National Wildlife Refuge (Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo) and by recommending, through his approval and signature, its titling in favor of a private party, (see proven fact N° 2.4 and folio 00100 of the administrative file), disposed of a good that was part of the Natural Patrimony of the State... On this matter we must understand 'dispose' in the sense that thanks to his actions, demanial goods were allowed to be segregated and transferred to the name of private parties, in such a way that the disposition of public funds is clearly manifested, since if the accused had acted in accordance with the legal system in force at that time, such properties would not have left the state patrimony. At this point, it is important to substantiate that the properties in dispute form part of the so-called 'Public Treasury' and that they also fulfill a dual role, that of 'property' and that of 'resource' of the State, since they were State property by being part of the Natural Patrimony of the State, and in turn, they aimed to protect the natural resources of the area, whether the forest resources and water, for the Los Santos Forest Reserve (Reserva Forestal Los Santos), or the Wetlands and other biological diversity specific to the Atlantic zone for the Gandoca Manzanillo Natural Refuge, among other purposes of ecological and environmental protection, which the State intends to protect when it endows these properties with an environmental management category. In such a way, the actions of those charged here fit within the concept of Public Treasury Official, and therefore, this comptroller body is in full legal capacity to initiate this administrative proceeding and apply the prohibition on entering or re-entering a position in the Public Treasury, to said public officials under Article 72 of the Organic Law of the Comptroller General of the Republic. For the reasons stated, the claim of the investigated parties is rejected." From the foregoing citations, a due and adequate reasoning for the reasons for rejecting the statute of limitations in the challenged decision is extracted. The Court finds the decision in accordance with the law, according to the legal reasoning made; the plaintiff questioned the reasoning without managing to refute it, insofar as it was in the performance of his regular duties as a public official that damage was caused to the public treasury and the PNE, for which reason the rejection of the disciplinary statute of limitations is appropriate.

2.- There is no damage to the Natural Patrimony of the State, with the titling of lot 8-A-858 because it did not belong to the State; the Titling in the name of Mr. Chacón Acuña was improper, by reason that this property was not the property of the Institute of Agrarian Development, as it already possessed a title, granted in 1994 in favor of Mrs. Isabel Garita. In this regard, the Comptroller General of the Republic referred in the also challenged decision R-DC-158-2010, pages 36 to 39 of said decision, giving its grounds for rejection. The Court has analyzed the plaintiff's claim, the evidence brought to the record and considers that such argument must be rejected, for the following reasons: a- In the statement provided by the plaintiff during the administrative proceeding, he indicated: "Indeed, this servant as part of my duties within the Institute of Agrarian Development, in the year 2000, carried out the inspection corresponding to the housing lot number 8-A-858, of the Titling program called BIRF 2764-CR, which has an area of 642.58 square meters according to cadastral plan number L-246216-95, verifying that it complied with the requirements established by law." In this regard, it is important to highlight that the plaintiff, as an Agricultural Technician of the IDA, also completed the Titling Form for parcel number 8-A-858, cadastral plan number L-246216-95, in favor of Emigdio Chacón Acuña, indicating that according to the inspection carried out, he states that he has verified the measurement, location and use of the land and that the forest resource has been satisfactorily conserved; therefore, he recommends that the parcel can be titled (see folio 100 of the administrative file). This demonstrates that at the time of the imputed facts, the plaintiff carried out an inspection and verified all the corresponding documents and necessary requirements for the approval he granted, among which was also verifying the possession of the title applicant. The plaintiff states that he became aware of a process in the jurisdictional venue regarding an interdict of possessory protection; such a situation must indeed be aired and resolved accordingly in that venue, without that situation, by itself, implying or in any way demonstrating the plaintiff's statement in that sense. The fact that there is an interdict process of possessory protection regarding the land in question does not imply or demonstrate that there is no affectation to the Natural Patrimony of the State, nor that the good effectively belonged to a private party at the time of the events. b- The plaintiff had in view, cadastral plan number L-246216-95 of April 6, 1995, on which appears a seal of the Ministry of Natural Resources, Energy and Mines indicating that the property is located within the Gandoca Manzanillo National Refuge, literally: "VISADO No. 488-95 Based on the location indicated on this plan, the property described is located WITHIN the REFUGIO NACIONAL DE VIDA SILVESTRE R.N DE E.S GANDOCA MANZANILLO. According to Executive Decree or Law N° DE-16614 of 10-29-85, the provisions of the Ley Forestal No. 7174, the Ley de Conservación de Vida Silvestre No. 7317 and related legislation. The registration of this plan is authorized for cadastral purposes. MAR 27 1995". (see folio 00099 of the administrative file). That is, the procedure was carried out with the knowledge that the parcel was located within the National Refuge and that it belonged to the State, otherwise he could not have authorized the titling if it belonged to a private party. c- The plaintiff fails to demonstrate his statement, that the parcel in question did not belong to the State at the time of the events, on the understanding that it already possessed a title, granted in 1994 in favor of Mrs. Isabel Garita. The expert evidence produced does not succeed in proving the alleged overlap of plans argued by the plaintiff in his defense. The statement of the judicial expert Allan Alberto Bolaños Alvarado was confused and contradictory regarding whether he could assure or confirm the overlap between plans L-246216-95 and L-119930-93, according to the theory of the case that the plaintiff raised in this litigation. The expert report indicated that there was no such overlap and in the clarifications said that there is an overlap, but he is unsure if it is due to an error in the information on the plans; in the statement, he indicates that he cannot attest to the information that other professionals have entered into the plans. This being the case, for this Court, with the expert evidence produced and the evidence brought to the record, it cannot be determined that an overlap exists. As the plaintiff has not demonstrated the non-existence of damage to the Natural Patrimony of the State, according to his theory of the case and given that at the time of the facts, it was evidenced that the plaintiff verified that the land belonged to the State and was located within the National Refuge, according to what was indicated on the plan he had in view and the recommendation made, this argument must be rejected.

3.- There was legislation that allowed the titling. The plaintiff argues that in the administrative proceeding it was not demonstrated that lot 8-A-858 was outside the lands that could be titled, that Article 5 of Executive Decree No. 16614-MAG was in force at the time of the questioned titling and regulated the possibility of surveying and titling within the refuge and in the particular zone where parcel 8-A-858 was located. He considers that the decision does not apply the principles relating to the burden of proof and in dubio pro administrado. This argument was also extensively addressed in the decisions challenged here. In decision PA-26-2010, Considering II point C provides a broad and detailed analysis of the legislation in force at the time the events occurred. Added to this analysis, it is indicated that: "on the back of the form, in the section called 'Sworn Declaration of the Possessor of the Parcel', it is noted that the segregation and transfer made by the IDA in favor of the possessor is carried out under the terms referred to in Law N° 7599 of August 9, 1996. The foregoing is relevant because the IDA's action in the titling of this property is clearly circumscribed to the guidelines established in Law N° 7599, when Article 8 of said law had already been declared unconstitutional. As a consequence of the foregoing, it is deemed demonstrated that the parcel in question was titled based on legislation that had been declared unconstitutional by the Constitutional Chamber." In decision R-DC-158-2010, the issue is also addressed and it is indicated that: "This Office estimates that both Article 5 of Executive Decree 16614-MAG of July 1, 1985 and the agreement signed between the Ministry of Justice and the Asociación de los Nuevos Alquimistas (evidence provided at the request of the Comptroller General, visible in volume II, folios 1262 to 1267) is understood to be limited to the lands that could be titled (for example, at certain times urban areas within the Refuge), a condition that for parcel 8-A-858 is not accredited in the file. Apart from the fact that when the cited decision was issued, Law 7599, the Law on titling in lands located in national reserves, had not even been enacted, which occurred on April 29, 1996. When the Legal Division mentions that the land in question forms part of the Natural Patrimony of the State, it is not because the land was the Institute's property and therefore formed part of said patrimony, but because of its vocation, its conditions. In the challenged decision, it is said that this parcel is part of the Natural Patrimony because it is a Refuge created by Executive Decree No. 16614 of July 1, 1985. What is questionable about the titling is not because it involves land owned by the Institute, but because it involves land located within the Refuge, a very different circumstance." The Court has thoroughly reviewed the challenged decisions and has found that they contain a broad approach to substantiate and determine the legislation in force at the time of the facts imputed to the plaintiff, and the rejection of his arguments in that regard are in accordance with the law. Finding no aspect of nullity, this claim is rejected. Regarding the plaintiff's statement that the decision does not apply the principles relating to the burden of proof and in dubio pro administrado, such grievances are not detailed or substantiated in any way, regarding which specific points such principles are considered to have been omitted. Reiterating that the Court has carefully reviewed the challenged decisions, it finds no hint of such omissions. Considering even that the plaintiff, in the statement given in the administrative proceeding, acknowledged having filled out the form recommending the titling, and that decision PA-26-2010 deemed the plaintiff's actions as demonstrated; with no doubt existing, the possibility of applying the principle of in dubio pro administrado does not arise, considering also that in the present case, the plaintiff is a public servant, part of the Public Administration and not a user. With respect to the burden of proof, the openness of the administration in admitting and gathering the necessary evidence, both ex officio and at the request of the parties, has been evident throughout the proceeding, so all the claims of this point are rejected.

4.- Lack of defense of the party due to rejection of offered evidence. In relation to the weighing of official communication Dirección General Forestal, through official communication DAJF-747-89, dated August 10, 1989, which is referred to in the decision of 10:00 a.m. on October 26, 1989, by the Director of Catastro Nacional, Engineer Jorge Avendaño Machado, indicating that in said official communication the Dirección Forestal stated it had no objection to the delivery of titles in the area of the Refuge because the titling project had started before Law No. 7032. The Deciding Body does not take into account this evidence (official communication DAJF-747-89, dated August 10, 1989), for not having had access to it, indicating that the investigated parties failed to demonstrate its existence, shifting the burden of proof erroneously, since it corresponds to the Administration to prove and not to the investigated party. In any case, its content is cited and transcribed in the decision of 10:00 a.m. on October 26, 1989, by the Director of Catastro Nacional, Engineer Jorge Avendaño Machado, for which reason it should have been taken into account when deciding. The court rejects this argument for the following reasons: The plaintiff confuses the principles of the burden of proof. While it is true that in an administrative proceeding, it is up to the body to gather all necessary evidence to reach the real truth of the facts, this does not exempt the party from its obligation to provide the evidence it deems necessary for its defense. Thus, whoever alleges must demonstrate their statement and in that sense the burden of proof is on that party. Despite this, it is evident from the analysis carried out by this Court that the Administration made several efforts to obtain the mentioned document requested by the plaintiff. That is, there was no lack of defense whatsoever in this regard. For which reason, the rejection of this argument is appropriate.

By the foregoing set out in this considering, as no defect of the challenged decisions is apparent, there is no nullity to declare; there are no elements of the act affected, so these must be presumed valid and effective.

VII.- ON THE CLAIMS.- For everything already developed in the preceding considering, as no defect whatsoever has been accredited that implies the nullity of the decisions challenged in this proceeding, the Court must reject the claims: 1) That decisions: PA-26-2010, of 11:00 a.m. on April 7, 2010; of 09:00 a.m. on May 31, 2010; R-DC-123-2011, of 8:00 a.m. on October 25, 2010; of 3:00 p.m. on July 18, 2011, be annulled. Regarding the nullity of official communications PE1378-2011 and ARH-957 -2011, both of August 1, 2011, the plaintiff makes no objection in this litigation. Being these enforcement acts, as the nullity of acts PA-26-2010, of 11:00 a.m. on April 7, 2010 and R-DC-123-2011, of 8:00 a.m. on October 25, 2010, nor of the decisions that resolved their appeals, being those dated 09:00 a.m. on May 31, 2010 and 3:00 p.m. on July 18, 2011, respectively, could not be determined, it is not possible for the enforcement acts PE1378-2011 and ARH-957 -2011, both of August 1, 2011, to be null, since the Administration had the power to execute those acts in accordance with Article 146 of the General Law of Public Administration. Furthermore, as the Comptroller General had communicated to the IDA the finality of the decision on the sanction imposed on the plaintiff, given the binding nature of the CGR's criteria (Art. 4 of the Organic Law of the Comptroller General of the Republic), the appropriate course was for the IDA to proceed to communicate to the official about the enforcement of the imposed and confirmed sanction, as was done. In addition to the annulment claims already indicated, the party requested: "2) That the defendants be ordered to reinstate me in the position of Professional C of the Institute of Agrarian Development. 3) That the payment of the lost wages and all their components be ordered, from the dismissal until the effective reinstatement. 3) That they be ordered to pay the damages that have been caused to me by the processing of this dismissal action and subsequent judicial litigation, in the sum of twenty million colones. 4) That the payment of legal interest on the approved sums be ordered. 5) That the State and co-defendants be ordered to pay costs, exempting Sully Ruíz Herrera". All these claims are consequential to the annulment claims, as effects of the eventual declaration of nullity of the sanctions imposed. As this Chamber finds no merit in the plaintiff's allegations to declare the requested nullities, as there is no nullity of the acts, there could also be no damage whatsoever to repair, so all these claims must be rejected just like the annulment claims already indicated; being accessory, they must meet the same fate. For all the considerations expressed, the appropriate course is to reject the lawsuit in all its aspects.

VIII.ON THE DEFENSES RAISED. Mrs. Ruíz Herrera raised the defense of lack of passive legal standing, given that her intervention in the process resulted from a decision by the procedural Judge at the time, and not because the plaintiff sued her directly. However, as there is a reinstatement claim that could eventually affect Mrs. Ruíz Herrera's position, her inclusion was deemed necessary, for which reason the raised defense is rejected. Regarding the defense of lack of right, raised by the Comptroller General of the Republic, the State and Mrs. Ruíz Herrera, it must be granted based on what is indicated and resolved in the preceding considerandos; consequently, the lawsuit is dismissed in all its aspects.

IX.- ON COSTS. By express provision of Article 193 of the Contentious Administrative Procedure Code, it is appropriate to order the plaintiff to pay the costs of this action for the mere fact of having been unsuccessful in this process, with no reasons mediating that justify exoneration according to subparagraphs a) and b) of cited provision 193.

POR TANTO

The defense of lack of passive legal standing is rejected. The defense of lack of right is upheld. As a logical consequence of the foregoing, the lawsuit filed by Marco Antonio Zúñiga Montero against the Comptroller General of the Republic, the Institute of Rural Development (Instituto de Desarrollo Rural), the State, and Sully Ruíz Herrera is dismissed. Marco Antonio Zúñiga Montero is ordered to pay the costs of this action in favor of the defendants, which will be settled in the execution of sentence phase. Notify. MANUELA GUILLÉN SALAZAR. JUDITH REYES CASTILLO. KENNETH ARRONES MORERA.

 Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006.

Email: [email protected]

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Tribunal Contencioso Administrativo  EMPLEO PÚBLICO ACTOR/A:

ANTONIO ZUÑIGA MONTERO DEMANDADO/A:

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 2025011059 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las diecisiete horas con cuarenta y nueve minutos del dos de diciembre del dos mil veinticinco.- Proceso interpuesto por Marco Antonio Zúñiga Montero contra Contraloría General de la República, Instituto de Desarrollo Rural, el Estado, Sully Ruíz Herrera. Intervienen en representación de la parte actora, como apoderado especial judicial, Jenny Hernández Solís. En representación de Contraloría General Hansel Arias Ramírez y Alexander Corella Chavarría. En representación del INDER, Jonathan Jiménez Ruíz. En representación del Estado, Marjorie Agüero Araya, como Procuradora Adjunta. En representación de Sully Ruíz Herrera, Benjamín Gen Palma.

Se dicta esta sentencia por unanimidad, previa deliberación. Redacta la Jueza Guillén Salazar, con el voto afirmativo de los jueces Reyes Castillo y Arrones Morera.

CONSIDERANDO

I.- ANTECEDENTES PROCESALES. - Historia procesal del expediente: 1. El 7 de agosto del 2020, la parte actora presentó proceso de conocimiento solicitando las siguientes pretensiones: 1) Se anulen las resoluciones: PA-26-2010, de las 11:00 horas del 7 de abril del 2010; de las 09:00 horas del 31 de mayo del 2010; R-DC-123-2011, de las 8:00 horas del 25 de octubre de 2010; de las 15:00 horas del 18 de julio de 2011, y lo resuelto por el Instituto de Desarrollo Agrario mediante oficios PE1378-2011 y ARH-957 -2011, ambos del 1 de agosto del 2011. 2) Se ordene a los demandados a reinstalarme en el cargo de Profesional C del Instituto de Desarrollo Agrario. 3) Se ordene el pago de los salarios dejados de percibir y todos sus componentes, desde el despido hasta la efectiva reinstalación. 3) Se condene al pago de los daños y perjuicios que se me han ocasionado con la tramitación de esta gestión de despido y posterior litigio judicial, en la suma de veinte millones de colones. 4) Se ordene el pago de los intereses legales por las sumas que se aprueben. 5) Se condene en costas al Estado y a los codemandados, eximiendo a Sully Ruíz Herrera”. (i. 54 a 92, audiencia preliminar del 14 de febrero del 2019). 2. En auto de las nueve horas y doce minutos del doce de marzo de dos mil doce, se dio el traslado a las demandadas (i. 144 a 145). La Contraloría General de la República se opuso a la demanda e interpuso las excepciones de falta de derecho (i. 149 a 170). El INDER solicita declarar sin lugar la demanda en todos sus extremos (i. 228 a 232). 3. En audiencia preliminar celebrada el día 17 de setiembre del 2013, se ordena integrar al Estado (i. 253 a 254 del expediente judicial y grabación de esta). 4. En auto de las dieciséis horas y catorce minutos del uno de noviembre del año dos mil trece se da traslado de la demanda al Estado (i. 256 a 258). El Estado se opone a la demanda e interpone la excepción de falta de derecho (i. 263 a 280). 5. El 29 de julio de 2014 se continuó con la audiencia preliminar en la cual se advierte aportar nombre y calidades de quien ostenta la plaza objeto del proceso, dirección para notificas y un juego de copias (i. 290 a 291, respaldo de grabación). 6. En auto de las nueve horas y nueve minutos del seis de febrero del año dos mil quince se integra a la causa a Sully Ruíz Herrera y se le da el debido traslado (i. 324 a 326). La señora Ruíz Herrera se opone a la demanda e interpone las excepciones de falta de derecho y falta de legitimación ad causam pasiva (i. 342 a 347). 7. El 14 de febrero del 2019, se continua con la audiencia preliminar. Se resuelven los aspectos de saneamiento. Se establecen las pretensiones de la forma ya indicada. No se presentaron defensas previas. Se establecieron todos los hechos como controvertidos. Se admitió la prueba documental de las partes y la pericial de la parte actora, un topógrafo para que lleve acabo estudio de registro y catastral a efecto de determinar si existe traslape entre los planos L-246216-95 y L-119930-93 y propiedades que se titularon. Se rechaza la prueba nueva (551 a 557). 8. El perito judicial topógrafo Allan Alberto Bolaños Alvarado, rindió su informe el 26 de junio de 2019, así como las adiciones y aclaraciones solicitadas. De todo lo cual se le dio audiencia a las partes (i. 569 a 573, 600 a 601, 609 a 618, 626 a 635, 644 a 649). 9. El Juicio Oral y Público se llevó a cabo a las 8:30 horas del 23 de setiembre de 2025. Se escuchó la declaración del perito Allan Alberto Bolaños Alvarado, y las partes rindieron sus conclusiones. El Tribunal declara el proceso de trámite complejo (Respaldo disco compacto de la Audiencia Complementaria). 10. Encontrándose el Tribunal en deliberación, en auto de las quince horas trece minutos del diez de octubre de dos mil veinticinco, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 CPCA, se ordenó la reapertura del debate por estimarse absolutamente necesario a los efectos del dictado de la sentencia, en observancia además de lo dispuesto en el artículo 51, en relación con el 55 CPCA, reponer el expediente administrativo personal del actor, admitido en audiencia preliminar, y ordenar las carpetas referidas en la admisión de la prueba, para lo cual se otorgó un plazo de diez días hábiles, interrumpiendo el plazo de dictado de la sentencia, hasta que se cumpla lo ordenado y las audiencias correspondientes (i. 1055 a 1057). En auto de las quince horas cincuenta y dos minutos del cinco de noviembre de dos mil veinticinco, se confirió audiencia por el plazo de tres días a las partes, del expediente administrativo personal del actor y los escritos aportados por las demandadas, el cual fue notificado en fecha 6 de noviembre de 2025, por lo que el computo para el dictado de la sentencia se reanuda a partir del 12 de noviembre de 2025 (i. 1511 a 1520). 11. Se dicta esta sentencia, previa deliberación de los integrantes del Tribunal, dentro del plazo de quince días establecido en el artículo 111.1 del Código Procesal Contencioso Administrativo -al haberse declarado complejo el presente asunto-, sin que se observen causales capaces de invalidar lo actuado.

II.- ARGUMENTOS DE LA PARTE ACTORA. De relevancia para la presente resolución refiere la parte actora que labora para el Instituto de Desarrollo Agrario desde noviembre de 1988, su puesto actual es Profesional C. En más de 22 años de servicio, se ha desempeñado en forma diligente, responsable y proba. Nunca ha sido sancionado. Mediante resolución de las 8:15 horas del 10 de julio del 2009, notificada el día 30 de julio del 2009, se integra órgano director, tramitador y decisor, dando por instaurado un procedimiento en el cual se le imputan los siguientes cargos: "... Participación en el proceso de autorización para segregar y trasladar la parcela 8-A-858 ubicada dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo cuando ya no existía norma legal habilitante para ello. A los señores funcionarios del IDA Marco Zúñiga Montero ... por los siguientes hechos: 2.1) En el plano catastrado número L-246216-05 del 06 de abril de 1995, aparece sello del Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas que indica que esta finca se encuentra dentro del Refugio Nacional Gandoca Mazanillo, textualmente: "VISADO N. 488-95 Con base en la Ubicación que indica este plano, el inmueble que describe se ubica DENTRO del REFUGIO NACIONAL DE VIDA SILVESTRE RNDEE.S GANDOCA MANZANILLO. Según Decreto Ejecutivo o Ley N. DE- 16614 del 29-10-85, lo dispuesto en la Ley Forestal N. 7174, la Ley de Conservación de Vida Silvestre No. 7317 y legislación conexa. Se autoriza para efectos catastrales la inscripción de este plano. 27 MAR 1995" … 2.2) El 29 de abril de 1996 se promulga la Ley No. 7599 denominada Ley de Titulación de Tierras Ubicadas en Reservas Nacionales; cuyo artículo 8 que en lo que interesa dice: "Autorizaciones. El Ministerio de Ambiente y Energía autorizará, al Instituto de Desarrollo Agrario, la titulación en reservas forestales, refugios nacionales de vida silvestre y zonas protectoras, a favor de los poseedores que, al entrar en vigencia esta ley, tengan ya más de diez años de posesión quieta, pública, pacífica, ininterrumpida y a título de dueños (...)" 2.3) El 23 de abril de 1999 la Sala Constitucional emite el voto 2988-99 en donde declara inconstitucional el articulo 8 de la Ley No. 7599 denominada Ley de Titulación de Tierras ubicadas en Reservas Nacionales, el por tanto dice: "Se declara con lugar la acción. En consecuencia, se anula el articulo 8 de la Ley No. 7599, Ley de Titulación de Tierras en Reservas Nacionales, del veintinueve de abril de mil novecientos noventa y seis. Esta sentencia tiene efecto declarativo y retroactivo a la fecha de la vigencia de la norma ahora declarada inconstitucional" … 2.4) El 23 de febrero del 2000, el señor Marco Zúñiga Montero quien ocupaba el cargo de Técnico Agrario del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) completó la Ficha de Titulación de la parcela número 8-A-858, plano catastrado número L-246216-95, a favor del poseedor Emigdio Chacón Acuña cédula de identidad número 2-395- 198. El dicha ficha el señor Marco Zúñiga indica que de acuerdo con la inspección practicada manifiesta que ha verificado la medida, localización y uso de la tierra y que ha conservado satisfactoriamente el recurso forestal; por lo tanto, recomienda que la parcela pueda titularse..." 2.5) El 17 de febrero del 2000 los señores …II.- Que de los hechos descritos anteriormente, podrían eventualmente derivarse responsabilidades disciplinarias para cada uno de los cargos imputados: A los señores Marco Zúñiga Montero... todos funcionarios del Instituto de Desarrollo Agrario porque con su actuar supuestamente trasgredieron el principio de legalidad consagrado en el artículo 11 constitucional y el articulo 11 de la Ley General de la Administración Pública, al participar en el trámite que hizo posible que se segrega y traspasa la parcela... lo mismo que la parcela 8-A-858 ubicada en el Refugio Natural de Vida Silvestre, establecido en el Decreto Ejecutivo No. 16614 del 01 de julio de 1985 en donde se crea el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, así como el Decreto Ejecutivo No. 24439 del 16 de junio de 1995 que lo modifica; ambas fincas estaban afectas bajo los numerales 13, 14 y 15 de la Ley No. 7575 denominada Ley Forestal del 13 de febrero de 1996; incumpliendo con ello, el voto 2988-99 en donde la Sala Constitucional declara inconstitucional el artículo 8 de la Ley No. 7599 denominada Ley de Titulación de Tierras Ubicadas en Reservas Nacionales que permitía este tipo de concesiones; por ende, dichas adjudicaciones se presume se realizaron fuera de los ámbitos de la legalidad. Consiguientemente se les achaca el régimen de responsabilidad que contemplaba el artículo 211 de la Ley No. 6227 denominada Ley General de la Administración Pública y la violación de los numerales 8 y 9 de la Ley No. 7428 denominada Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, del 7 de setiembre de 1994; las anteriores actuaciones podrían conllevar a la aplicación de las sanciones establecidas en el contenidas en los artículos 68 inciso e) y 81 inciso 1) del Código de Trabajo, suspensión por 8 días sin goce de salario o la destitución sin responsabilidad para el Estado. Igualmente se les podrá aplicar la prohibición de ingreso o reingreso a cualquier cargo de la Hacienda Pública contenida en el artículo 72 de la Ley orgánica de la Contraloría General de la República, la cual podrá ser de dos a ocho años; la imposición de dicha prohibición trae como consecuencia que el infractor cese inmediatamente de cualquier cargo de la Hacienda Pública en que se encuentre nombrado, sin responsabilidad para el Estado. Lo anterior en virtud de que con sus actuaciones propiciaron el trámite de titulación de las fincas en mención, sin hacer salvedad u observación alguna, tal y como correspondía dado que se trataba de titulación de dos fincas dentro de un Refugio de Vida Silvestre y una Reserva Forestal, lo cual no era jurídicamente procedente dado que la Sala Constitucional había declarado inconstitucional la única norma que lo permitía -sea el artículo 8 de la ley 7599, por ende, dicha titulación era contraria a la ley, lo cual omitieron verificar y señala según correspondía...”. El día 15 de enero de 2010, da respuesta al traslado de cargos alegando y demostrando que efectivamente participó en la titulación del lote número 8-A-858 del programa de Titulación denominado Birf 2764-CR, con una medida de 642.55 metros cuadrados, según el plano catastrado número L-246216-95, consistiendo su participación en completar la Ficha de Titulación correspondiente, verificando los aspectos que por sus funciones correspondían, sea: verificar la medida, localización y uso de la tierra y que se hubiese conservado satisfactoriamente el recurso forestal, cumplidos estos requisitos y corroborada la posesión procedió a, recomendar la titulación de la parcela. El objetivo del programa era dotar de título de propiedad a todas aquellas personas que demostraran ser los legítimos poseedores de las tierras que ocupaban. El programa Titulación Birf 2764-CR se crea por medio del Decreto Ejecutivo número 18220-MAG. El Refugio Gandoca Manzanillo se crea por medio de Decreto Ejecutivo No. 16614-MAG, el cual en sus artículos 5 y 6 regulaba la posibilidad de catastrar y titular dentro del refugio y comunidades aledañas; cuando se realizó la inspección del lote en cuestión, se tenían más de 10 años de titular utilizando esa normativa, sin que hubiese entrado en vigencia la Ley 7599, de fecha 29 de abril de 1996. Mediante escritura número 27 del tomo sexto del protocolo del notario Julio Sánchez Carvajal, firmada el 26 de octubre de 1988 y en cumplimiento de lo establecido en el Decreto Ejecutivo número 18220-MAG, se concreta el traspaso de setenta mil hectáreas, a efecto de llevar a cabo el programa de Titulación Múltiple, para dotar de títulos de propiedad a poseedores que tenían años de trabajar o poseer tierras sin contar con el título correspondiente; en esa escritura, el notario hace constar y da fe de lo siguiente: "... La Dirección Forestal del Ministerio de Recursos Naturales Energía y Minas está obligada a comunicar al Instituto de Desarrollo Agrario dentro de un término de dos meses a contar desde la publicación del citado decreto, cualquier objeción de su parte a la entrega de títulos de propiedad dentro del área que se traspasa... si pasado dicho término la Dirección General Forestal no se pronuncia, se considerarán allanadas sus posibles objeciones… El infrascrito Notario hace constar que la Dirección General Forestal no presentó objeción alguna a la entrega de títulos de propiedad dentro del área que aquí se traspasa al Instituto de Desarrollo Agrario en el término que señala el artículo segundo del mencionado Decreto…". En resolución de las 10:00 horas del 26 de octubre de 1989, del Director de Catastro Nacional, Ingeniero Jorge Avendaño Machado, en el primer hecho indica: "El Decreto Ejecutivo No. 16614-MAG, de fecha 1 de julio de 1985, publicado en La Gaceta No. 206 del martes 29 de octubre de 1985, crea el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, así mismo dispone en su artículo 5 que la "Dirección General del Catastro Nacional está autorizada para realizar el levantamiento de la cartografía catastral y el registro de oficio de los planos individuales necesarios para desarrollar el proyecto de titulación dentro del área del Refugio y de las comunidades aledañas de Gandoca, Mata de Limón, San Miguel, Manzanillo y Puerto Viejo". Verificar los fundamentos legales de este decreto. En el hecho número dos de esa resolución, en el cual hace referencia al convenio entre el Catastro Nacional y la Asociación de Nuevos Alquimistas (ANAl), en el punto siete señala: "El Catastro Nacional deberá entregar debidamente catastrados los planos individuales de cada una de las parcelas cuyos poseedores no tenga título de propiedad para que sirvan posteriormente a la constitución de escrituras y su registración". Esa misma resolución, en sus Considerandos, indica: CONSIDERANDO 4. "Que no obstante la declaratoria del Refugio de Fauna Silvestre Gandoca Manzanillo, mediante Decreto Ejecutivo No.16614, antes citado, la Dirección General Forestal, mediante oficio DAJF-747-89, de fecha 10 de agosto de 1989, se pronunció no tener ninguna objeción para la entrega de títulos en el área del Refugio por haberse iniciado el proyecto de titulación antes de la ley No. 7032". CONSIDERANDO 9 "Que todos los planos que se inscriban mediante esta resolución y para los efectos de titulación, se inscribirán a nombre del Instituto de Desarrollo Agrario o IDA, como parte de la finca inscrita en el Registro Público de la Propiedad Matrícula de folio real 7039050-000. Nunca actuó con dolo ni culpa grave, siempre dentro del cumplimiento de órdenes y conforme a los objetivos institucionales y en este caso en cumplimiento del Decreto Ejecutivo No. 16614-MAG, en su artículo 5, el cual estaba vigente al momento de la Titulación. Siempre verificó que el solicitante cumpliera con todos los requisitos que el IDA solicitaba, esa era su función. En resolución PA-26-2010, de las 11:00 horas del 7 de abril del 2010, el órgano director lo declara responsable administrativamente sobre los hechos imputados. Impugnó dicha resolución, por ser incoherente, nula y escasa de argumentación jurídica, interponiendo los recursos de revocatoria y apelación en subsidio. El Órgano Decisor rechaza el Recurso de Revocatoria por medio de resolución de las 9:30 horas del 31 de mayo de 2010. El 31 de mayo de 2010, presentó al Órgano Decisor información de la cual tuvo conocimiento el 28 de mayo del mismo año, consistente en interdicto de amparo de posesión planteado por el señor Emigdio Chacón Acuña, a quien se le tituló el lote 8-A-858, de 642.55 metros cuadrados, según el plano catastrado número L-246216-95, contra Nicolas Buffile Sautelt, que se tramitó bajo el expediente número 03-100018-478-CI. Ese proceso se genera por una titulación anterior a la señora Isabel Garita, quien posteriormente traspasa a Mambotel BB S.A. Al realizar un montaje de planos catastrados se determina un traslape existente entre el plano catastrado número L-119930-93 (el cual generó el título de propiedad 61667-000, a nombre de Isabel Garita Jiménez, en el año 1994) y el plano catastrado número L-246216-1995 (el cual generó el título de propiedad del señor Emidgio Chacón Acuña, en el año 2000 y que es el que motiva el inicio del procedimiento administrativo en su contra). Al momento del trámite de titulación al señor Emidgio Chacón, en el año 2000, ya el inmueble no era propiedad del IDA. Por resolución de las 8:00 horas del 25 de octubre del 2010, de la señora Contralora, Rocío Aguilar Montoya, se rechaza el recurso de apelación. La Presidencia Ejecutiva del Instituto de Desarrollo Agrario presenta, por medio de oficio de fecha 14 de diciembre de 2010, Recurso de Revisión y Reconsideración, aportando montaje de planos catastrados, oficial -elaborado en Topografía del IDA, mismo que cuenta con las coordenadas que permiten tener la ubicación exacta. Por medio de resolución R-DC-123-2011, es rechazada la gestión de la Presidencia Ejecutiva del IDA. La resolución PA-27-2010, de las 10:00 del 7 de abril de 2010, (emitida por el mismo Órgano Decisor que emite la resolución que ordena su despido e inhabilitación), referente al expediente número DAGJ-45-2008, sobre la parcela 8-A-2018 -parcela que se encuentra dentro del Refugio Gandoca Manzanillo- señaló lo siguiente: "... C. Sobre la parcela 8-A-2018: Respecto a la situación especifica del trámite de titulación de la parcela 8-A-2018, este órgano decisor tiene por demostrado que el inmueble inscrito bajo el plano catastrado número L-823835-2002, es un inmueble que se encuentra dentro de otra finca, la cual está inscrita bajo el plano catastrado número L-892878-90, la cual fue debidamente registrada el 04 de enero del 2000 a nombre de la Asociación de Organizaciones del Corredor Biológico de Talamanca, lo anterior demuestra que el título otorgado por el Instituto de Desarrollo Agrario en ese momento resultaba improcedente dado que el inmueble en discusión, ya poseía una titulación. En consecuencia, no tendrían responsabilidad administrativa los funcionarios que otorgaron dicho título, en virtud de que resultaba improcedente, púes el inmueble objeto de discusión ya poseía su propio título... Dado lo anterior, ese órgano decidor considera que debe de exonerar de responsabilidad disciplinaria a los funcionarios que participaron en la titulación de la parcela 8-A-2018". En los oficios PE-1378-2011 y ARH-956-2011, se le notificó el despido. Alegó que sobre el procedimiento seguido por la Contraloría General de la República acaeció la prescripción, pues el procedimiento administrativo es iniciado en julio del 2009, fundamentado en el oficio DAGJ-044-2008, de agosto de 2008 y conocido por Junta Directiva del IDA el 27 de ese mes y año, con lo cual de sobra transcurrió el término establecido en el artículo 603 del Código de Trabajo (i. 54 a 73). En las conclusiones reitera sus argumentos (grabación de audiencia complementaria).

III.- ARGUMENTOS DE LAS PARTES DEMANDADAS. De relevancia para la presente resolución, las partes alegan lo siguiente: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Mediante resolución de las 8:15 horas del 10 de julio del 2009, notificada el 23 de julio del 2009, se procedió a la apertura de un procedimiento administrativo en contra del señor Zúñiga Montero. La resolución que señala el actor no tiene ninguna relación con el objeto del presente proceso, por cuanto dicha resolución atiende a un procedimiento administrativo distinto, que no lleva ningún tipo de conexidad con la resolución que se viene impugnando en el presente proceso. El actor pretende se le aplique el artículo 603 de Código de Trabajo, lo cual para el caso concreto es totalmente improcedente. El señor Marco Zúñiga Montero, en su calidad de Técnico Agrario del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), al llenar la Ficha de Titulación de la parcela número 8-A-858, plano catastrado número L-246216-95, ubicada dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca - Manzanillo y al recomendar por medio de su aprobación y firma su titulación a favor de un particular dispuso de un bien que era parte del Patrimonio Natural del Estado - en adelante PNE. La participación del actor dentro del proceso de adjudicación de la parcela permitió que se titulara un terreno que constituía PNE, como consecuencia de lo anterior se llevo a cabo un perjuicio a la Hacienda Pública. Así las cosas, las actuaciones del actor se enmarcan dentro de lo que establece el articulo 72 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República - en adelante Ley 7428- por haber provocado con su conducta que se titulara a un particular un terreno demanial, provocando un daño a la Hacienda Pública, en razón de lo anterior el plazo de prescripción que opera por haberse ocasionado un perjuicio a la Hacienda Publica es el del artículo 71 de la Ley 7428 y no el del artículo 603 del Código de Trabajo. Interpone la excepción de falta de derecho (i. 54 a 73). En las conclusiones reitera sus argumentos (respaldo de grabación). INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO. Considera que no es posible aplicar el artículo 72 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República dado que los hechos que fundamentaron el despido del aquí actor no corresponden a la administración, custodia o manejo de fondos públicos. El inmueble corresponde a un lote destinado a la vivienda, (no tiene cobertura boscosa alguna), se encuentra en la Zona Residencial Urbana del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo. Sector Manzanillo, según clasificación hecha por el Plan de Manejo del Refugio. No es parte del humedal ni parte de un bosque. El plano L-246216-1995, que tiene un área de 642.58 metros cuadrados, se superpone o traslapa con el plano catastrado número L-119930-93, finca de 115.141,24 m2, esto implica que el predio número 8-A-858, formaba parte de una finca la cual el IDA, la había traspasado en el año 94 a la señora Isabel Garita, por lo tanto el lote 8-A-858, ya no era propiedad del IDA, por lo que el trámite de titulación era improcedente. Como este predio ya había sido traspasado a un tercero, ya no era patrimonio del IDA, ni patrimonio natural del Estado. El predio número 8-A-858, según la clasificación hecha por el Plan de Manejo del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, se encuentra en la Zona Residencial Urbana. Sector Manzanillo. Este predio no es parte del humedal ni parte de un bosque. Es parte del poblado de manzanillo. Se aporta montaje de los planos hecho por el área de topografía del Instituto de Desarrollo Agrario. No le constan los daños alegados por el actor. Solicita declarar sin lugar la demanda en todos sus extremos, expresando que el Instituto de Desarrollo Agrario, no tramitó el procedimiento administrativo disciplinario que fundamentó el acto administrativo de despido del actor, solo cumplió con su ejecución, atendiendo órdenes y lineamientos de la Contraloría General de la República, dados en resolución PA-26-2010, los perjuicios y daños que dice sufrir la actora no fueron producidos por el Instituto (i. 229 a 232). En sus conclusiones reitera sus argumentos (respaldo grabación audiencia complementaria). ESTADO. La resolución a la cual se hace referencia en el hecho décimo segundo, corresponde a un procedimiento administrativo distinto al llevado contra el señor Zúñiga Montero, por lo que, desde ya se indica que tal circunstancia no tiene relación alguna con el presente asunto. El ordinal 71 de la LOCGR, con anterioridad al año 2002, establecía que “… La responsabilidad disciplinaria del servidor de la Hacienda Pública prescribirá en el plazo de dos años, contados a partir del conocimiento comprobado de la falta por parte del órgano competente, para iniciar el respectivo procedimiento sancionatorio …”. El requisito sine qua non para la aplicación de esta norma constituía ser funcionario de hacienda. Empero, la Ley de Control Interno numerada 8292, en su cardinal 45 inciso a) realiza una serie de reformas al ordenamiento jurídico, entre ellos, modifica el canon supra citado, sustituyendo el vocablo Funcionario de Hacienda, por Funcionario Público. Tal y como, se desprende del extracto siguiente: "... La responsabilidad administrativa del funcionario público por las infracciones previstas en esta Ley y en el ordenamiento de control y fiscalización superiores... ". Desde el año 2002, no resultaba aplicable al momento de dictar la resolución administrativa que ordenó la sanción en contra del actor, esto en el 2010. El funcionario público es aquel que dentro de sus funciones tenga la potestad de disponer o manejar el patrimonio del Estado. El artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría, sí precisa que dicha norma debe ser aplicada únicamente en los casos de aquellos servidores públicos que estén «directamente relacionados con el manejo y disposición de los fondos públicos», aspecto cuya definición o determinación debe producirse en cada caso concreto; en otras palabras, determinar que una persona es un servidor o funcionario público que maneja, administra o custodia fondos de la hacienda pública, es un asunto de competencia de la jurisdicción técnica en cada caso sometido a su conocimiento. Manejar o disponer fondos públicos, no refiere únicamente a dinero, sino que además, conlleva todos los bienes que pertenecen al Estado, de conformidad con el numeral noveno de la LOCGR. La conducta desplegada por el señor Zúñiga Montero, en ejercicio de sus funciones como Técnico Agrario del IDER, recomendó la titulación de una parcela ubicada en la Reserva Nacional Gondoca-Manzanillo, disponiendo, en consecuencia, de fondos públicos y, por ende, enmarcándose en el tipo de funcionario que determina el numeral 71 citado aplicable, además, cuando se violenta el ordinal 8 de la Ley de Control Interno, el cual establece, el deber que tiene el servidor público de "... proteger y conservar el patrimonio estatal, contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregular o acto ilegal..." Normativa que sin lugar a dudas, también fue transgredida por el accionante, ya que, mediante informe técnico recomendó el traslado de dominio público a un particular. Por consiguiente, se reitera, la actuación llevada a cabo por la parte actora, ciertamente, comprueba que el señor Zúñiga Montero manejaba y disponía de fondos públicos en razón de su cargo y por ende, debe emplearse el ordinal 71 de la LOCGR, que en lo que interesa dispone: “Prescripción de la responsabilidad disciplinaria. La responsabilidad administrativa del funcionario público por las infracciones previstas en esta Ley y en el ordenamiento de control y fiscalización superior prescribirá de acuerdo con las siguientes reglas: (...) b En los casos en que el hecho irregular no sea notorio entendido este como aquel hecho que requiere una indagación o un estudio de auditor/a para informar de su posible irregularidad- la responsabilidad prescribirá en cinco años, contados a partir de la fecha en que el informe sobre la indagación o la auditoría respectiva se ponga en conocimiento del jerarca o el funcionario competente para dar inicio al procedimiento respectivo…". Corolario de lo expuesto, tenemos que, el plazo de prescripción que debe emplearse es el de 5 años señalado en el ordinal 71 de reiterada cita, no así el numeral 603 del Código de Trabajo que aduce el actor. Establecido que fuere el lapso temporal que debe transcurrir para decretar el plazo fatal de prescripción, debe resaltarse que, según la norma transcrita su cómputo inicia a partir del momento en que se tiene conocimiento del hecho. En la especie, mediante oficio número FOE-PGAA-0673 de fecha 3 de octubre de 2008, la Gerencia del Área de Servicios Públicos Generales Ambientales y Agropecuarios trasladó a la División Jurídica de la Contraloría General de la República confeccionar relación de hechos contra el actor, con el fin de iniciar procedimiento sancionatorio respectivo. En este sentido, por medio de la resolución de las ocho horas quince minutos del diez de julio del dos mil nueve, se dictó el acto de apertura, el cual fue debidamente notificado al señor Zúñiga Montero en fecha 27 julio del año 2009. De lo expuesto, se desprende que, desde que la CGR es informada de la conducta desplegada por el actor, hasta la emisión del traslado de cargos, no había transcurrido el plazo fatal de prescripción de 5 años, de conformidad con el inciso mencionado supra. Por lo que, resulta palmario que, la sanción disciplinaria no estaba prescrita y por consiguiente, yerra el accionante en sus manifestaciones al respecto. Ahora bien, tocante a la supuesta improcedencia de aplicar la prohibición establecida en el numeral 72 de la LOCGR, continúa alegando el actor que él no es un Funcionario de Hacienda. Porque, al haberse zanjado el tema líneas atrás, resulta evidente que tal norma puede emplearse en este asunto. En otro orden de ideas, respecto del alegato esgrimido por actor en el que sostiene que la parcela número 8-A-858 era propiedad de un tercero, al momento de los hechos investigados, y por ende, no existió afectación al Patrimonio Natural del Estado, valga indicar, en primer término, que tal y como se desprende del plano catastrado número L -246216-95, así como, de los sellos estampado en el mismo, el inmueble en cuestión, forma parte del Refugio Nacional Gandoca-Manzanillo, desde 1985, situación que se mantenía en el año 2000, cuando el señor Zúñiga Montero realizó la titulación. En consecuencia, resulta palmario que, nos encontramos ante un bien de dominio público, el cual es puesto a disposición de un particular para ser explotado, pese a ubicarse en una zona protegida. Sin que pueda desprenderse de los autos la supuesta pertenencia de un tercero. Resultando, evidente, la afectación del Patrimonio Natural del Estado. Si el señor Zúñiga Montero asegura que el terreno en cuestión le pertenecía a un tercero y no al IDA, conviene cuestionar, porque motivo procede a titularlo, pese a no ser parte de sus labores como funcionario de dicha institución. Ahora bien, con respecto a la supuesta existencia de normativa que facultaba la titulación de parcelas, al momento de los hechos, cabe señalar que el cardinal 8 de la Ley de Titulación de Tierras Ubicadas en Reservas Nacional número 7599, fue declarado inconstitucional, mediante el voto número 2988-99 de las once horas con cincuenta y siete minutos del veintitrés de abril de mil novecientos noventa y nueve, el cual, en lo que interesa, dispuso: "… los fines de una norma deben ser proporcionados y razonables en virtud del objetivo que pretende lograr; así como de las consecuencias que pueden derivar de ella, y en este sentido, no se puede permitir que por solucionarles un problema social como el de la vivienda a unas cuantas personas en este caso, se pongan en peligro las áreas protegidas del país y se corra un riesgo relevante e inminente que puede perjudicar nuestras áreas de conservación del medio ambiente, violentándose con ello el principio precautorio y el principio in dubio pro natura, de manera que en la protección de nuestros recursos naturales, debe existir una actitud preventiva, es decir, si la degradación y el deterioro deben ser minimizados, es necesario que la precaución y la prevención sean los principios dominantes... ". De la transcripción realizada se sigue que, para el año 2000 la norma en la que el actor sustenta su proceder había sido declarada inconstitucional. Por ende, resulta jurídicamente insostenible el argumento esgrimido. Tómese en cuenta que, al momento de realizar el acto que se cuestiona, la inconstitucionalidad estaba declarada, situación que debía ser conocida por el actor, por ser el fundamento legal para llevar a cabo las titulaciones. De suerte tal, que la falencia reprochada, ciertamente, constituye una falta sancionable, ya que, el actor omitió revisar el elemento fundamental para que su actuar se ajustara a derecho- norma que apoye la titulación. Así las cosas, deviene imperioso señalar que la falta dicha no solo existe, sino que además, se enmarca dentro de los presupuestos exigidos para ser considerar que se realizó con culpa grave, ya que, sabiendo que su conducta podía generar una lesión al patrimonio estatal, continúo con la titulación sin revisar la base jurídica que aplicó, perdiendo de vista la relevancia de los bienes que estaba poniendo a disposición de los particulares. El funcionario culpable pudo prever o evitar el daño y no lo hizo. El actor, tenía más de 20 años de laborar para el IDER, y sin embargo, no ejecutó la labor elemental que le compete, a saber, revisar el cumplimiento de todos los requisitos para la titulación, dentro de los cuales se encuentra, sin lugar a dudas, detentar norma habilitante. En consecuencia, las actuaciones desplegadas por el señor Zúñiga Montero, demuestran negligencia agravada de su parte, y por ende,· resulta a todas luces, procedente la sanción que le fue impuesta por la CGR y ejecutada por el Instituto supra mencionado. Véase que la propia Sala Constitucional, en el fallo supra mencionado, claramente determinó que autorizar la titulación de terrenos ubicados en zonas protegidas, como en este caso, el Refugio Natural Gandoca-Manzanillo, perjudicaba de manera grosera nuestros recursos naturales y en consecuencia, para su protección, declara contrario a los derechos fundamentales, el numeral que facultaba a los funcionarios del INDER llevar a cabo esas gestiones, con el fin de evitar un daño mayor al ambiente. Por último, con respecto a la presunta indefensión, acusada por el actor, ante el rechazo del oficio número DAJF-747-89 de fecha 10 de agosto del año 1989. Conviene indicar que, si bien es cierto, la averiguación de la verdad real corresponde a la Administración y existe el Principio de Oficiosidad, lo es también que, sobre el actor pesa la carga de la prueba, que se requiere para desacreditar los hechos que se le imputan, el cual, incumple con la carga que el ordenamiento jurídico le impone al respecto. Resultan improcedentes las alegaciones de la parte actora, por cuanto, tal y como se ha acreditado, el procedimiento disciplinario sancionatorio que se cuestiona, fue llevado a cabo en acatamiento de la normativa aplicable al efecto. Así como, que el señor Zúñiga Montero actuó con culpa-grave, provocando un daño al Patrimonio Natural del Estado, y esto motivo que fuera impuesta una sanción disciplinaria por parte de la Contraloría General de la República. Para que una lesión material o moral pueda ser objeto de resarcimiento, debe derivar necesariamente de un hecho dañoso y debe ser probado. La CGR realizó el procedimiento sancionatorio, en cumplimiento de las disposiciones legales, por lo que, no existe conducta antijurídica alguna, y por consiguiente, tampoco, se ha causado lesión a la parte actora, que no tenga el deber de soportar. Por lo que, estima esta representación que, lo pretendido por ésta resulta improcedente. Interpone la excepción de falta de derecho (i. 263 a 280). En las conclusiones reitera sus argumentos (soporte de grabación). SULLY RUÍZ HERRERA. Ningún hecho se refiere a su persona. El actor pretende la reinstalación como profesional C y no en un código específico de plaza. Solicita se rechace la demanda y se condene al actor en costas. Excepciona falta de derecho, falta de legitimación ad causam pasiva (i. 342 a 347). En sus conclusiones reitera sus argumentos (soporte de grabación).

IV.- HECHOS PROBADOS. De importancia para resolver este asunto, se tienen como probados los siguientes hechos de interés: 1.- Que el actor ingresó a laborar para el Instituto de Desarrollo Agrario el 1 de octubre de 1988 (f. 12 del expediente, personal). 2.- El 10 de julio de 2009, la Contraloría General de la República inicia procedimiento administrativo DAGJ-044-2008, tendente a averiguar la verdad real de los hechos, así como la presunta responsabilidad disciplinaria de los señores: Marco Zúñiga Montero cédula de identidad 1-591-565, Técnico Agrario, entre otros, por su participación en el proceso de autorización para segregar y trasladar la parcela 8-A-858 ubicada dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo cuando ya no existía norma legal habilitante para ello, lo cual le fue notificado el 23 de julio de 2009 (i. 143 a 157 Tomo I Expediente Administrativo). 3.- El 27 de julio de 2009, el actor interpone recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución DAGJ-44-2008 del 10 de julio de 2009. Lo cual le fue atendido y resuelto a las nueve horas con treinta minutos del diecinueve de agosto de dos mil nueve, en los siguientes términos: “… B) Sobre el recurso de revocatoria planteado por el señor Marco Antonio Zúñiga Montero, basándose en: 1) Inspección: Indica el señor Marco Zúñiga Montero, que efectivamente y dentro del ejercicio de sus labores efectuó la inspección que corresponde al lote para vivienda número 8-A-858, del programa de Titulación denominada BIRF 2764-CR inscrito en el plano L-246216-95 y que para esa fecha tenía más de 10 años de realizar esta tarea; la cual, era conocida por las autoridades del MINAET. Criterio del órgano decisor: Considera este órgano decisor que el argumento esbozado versa sobre el fondo del asunto que se conoce en el presente procedimiento administrativo; no siendo ésta la fase procesal correspondiente para pronunciarse al respecto; por lo tanto, este alegato se reserva para el dictado del acto final de este procedimiento administrativo. 2) Titulación en el centro de población de Manzanillo. En este punto cita el recurrente los artículos 5 y el articulo 6 del Decreto Ejecutivo número 16614-MAG, en donde, según su criterio existía una autorización para titular en estas tierras con el fin de construir una zona urbana en la localidad de Manzanillo. Criterio del órgano decisor: Considera este órgano decisor que el argumento esbozado versa sobre el fondo del asunto que se conoce en el presente procedimiento administrativo; no siendo ésta la fase procesal correspondiente para pronunciarse al respecto; por lo tanto, este alegato se reserva para el dictado del acto final de este procedimiento administrativo. 3) Decreto Ejecutivo 34043-MINAE. Argumenta el señor Zúñiga que con el decreto ejecutivo número 34043-MINAE se ratifica el decreto original de creación del Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo N° 16614-MAG, exceptuándose el artículo 5 que amplía los límites de dicho Refugio. Cita el recurrente que se modifica el artículo 6 del decreto 16614-MAG manteniendo siempre la intención de crear una comunidad en Manzanillo. Criterio del órgano decisor: El criterio que cita el recurrente versa sobre la legalidad de su actuación; lo cual, es precisamente la discusión que es objeto el presente procedimiento administrativo; en consecuencia, y respetando las fases del procedimiento administrativo este órgano decisor omite pronunciarse al respecto, al no ser éste el momento procesal pertinente para ello; por ende, se reserva para ser valorado en el dictado del acto final. 4) Escritura de traspaso gratuita al IDA, en los cantones de Limón y Talamanca de la Provincia de Limón: Alega el señor Zúñiga que la finca que estuvo inscrita bajo la matrícula número 39050-000 a nombre del Instituto de Desarrollo Agrario proviene del Decreto Ejecutivo No. 182220-MAG, que tiene su asidero legal en la Ley número 5064 del 22 de agosto de 1972 en virtud del Programa de Titulación Múltiple de Tierras. Asimismo, que en la escritura de traspaso el señor Procurador General de la República autorizó su inscripción. Criterio del órgano decisor: El presente argumento se refiere a detalles propios del trámite de inscripción de la finca en discusión; lo cual, constituye un elemento que debe ser analizado en el contradictorio; en consecuencia, se decide reservar la discusión del asunto para ser estudiada en la resolución final de este procedimiento. 5) Resolución del Ingeniero Jorge Avendaño Machado, Director del Catastro Nacional. Menciona el recurrente que por medio de la resolución de las diez horas del el 26 de octubre de 1989 el ingeniero Jorge Avendaño Machado, en su calidad de Director del Catastro Nacional, promulgó el documento denominado "Procedimiento para la Registración de Planos correspondientes al Proyecto de Titulación Desarrollo Agrícola de la Vertiente Atlántica, sub-proyecto denominado Sixaola o Gandoca Manzanillo". Criterio del órgano decisor: Considera este órgano decisor que este argumento se refiere al fondo, razón por la cual esta no es la etapa procesal para discutirlo. 6) Competencia para efectuar inspecciones dentro de los programas de titulación. Argumenta el recurrente que si se encontraba legitimado para desarrollar la inspección de ese lote, y que no asumió ninguna competencia que no le correspondía, situación que según su opinión fue ratificada en el acuerdo de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario artículo XI de la Sesión número 01-02 del 2 de febrero de 2002. Criterio del órgano decisor: Considera este órgano decisor, que el criterio esbozado por el recurrente, se refiere al fondo del asunto, razón por la cual esta no es la etapa procesal correspondiente para discutirlo. 7) Aplicación del artículo 211 de la Ley General de la Administración Pública: Alega el señor Zúñiga que en ningún momento actuó con dolo, pues siempre se rigió por el principio de buena fe, y en acatamiento de la reglamentación interna Criterio del órgano decisor: Estima este órgano decisor que la presente no es la fase del procedimiento para determinar si existió o no, dolo o culpa grave en la actuación del encausado; siendo más bien, materia propia del acto final; y por lo tanto, se reserva para esa etapa. Este órgano decisor no encuentra elementos jurídicos que justifiquen la revocación del acto de apertura del procedimiento administrativo DAGJ-44-2008; motivo por el cual, se rechaza el recurso de revocatoria…” y mediante resolución R-DC-49-2009 del 17 de setiembre de 2009 del Despacho Contralor se rechaza la apelación en los siguientes términos: “… Criterio del Despacho. Sin lugar a duda, los alegatos que expone el recurrente guardan relación con los hechos debatidos en el expediente, por lo que deberán ser valorados y resueltos en el momento procesal correspondiente. En ese sentido el señor Zúñiga Montero no se opone al auto de apertura como tal, pese a que solicita su revocatoria, en ningún momento aduce limitación a su derecho de defensa, sino que sus explicaciones se orientan a justificar sus actuaciones y a acreditar que éstas se apegaron al marco de legalidad respectivo, de ahí que el recurso deba rechazarse…” (i. 186 a 239, 261 a 272, 329 a 338 Tomo I Expediente Administrativo). 3.- En el procedimiento administrativo DAGJ-044-2008, se realizaron todas las etapas correspondientes, se dieron las audiencias debidas al actor, se le atendieron y resolvieron sus recursos y todas las resoluciones le fueron debidamente notificadas (ver expediente administrativo disciplinario). 4.- El 7 de abril de 2010, la Contraloría General de la República dictó la resolución PA-26-2010, mediante la cual dispone con respecto al actor: “Con fundamento en los hechos probados y las razones de derecho antes expuestas, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11 de la Constitución Política, 11 y 211 de la Ley General de la Administración Pública; 13, 14 y 15 de la Ley N° 7575 denominada Ley Forestal del 13 de febrero de 1996; el Decreto Ejecutivo 5389-A, publicado en la Gaceta N" 215 del 12 de noviembre de 1975; 6 de la Ley N° 1279 denominada Ley de Administración Financiera de la República del 02 de mayo de 1951; 30 incisos 16, 23 y 24 do la Ley N° 2825 denominada Ley de Tierras y Colonización (ITCO) del 14 de octubre de 1961; 8, 9 y 72 de la Ley N° 6815 denominada Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, del 7 de setiembre de 1994, y del Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Contraloría General de la República, publicado en La Gaceta No.76 del 290 de abril de 2007, 81 inciso I) del Código de Trabajo SE RESUELVE: Declarar a los señores: a. Marco Zúñiga Montero, cédula de identidad 1-591-565, quien fungió como Técnico Agrario, responsable administrativamente con grado de culpa grave de los cargos imputados y comprobados en este procedimiento administrativo; razón por la cual, se recomienda en forma vinculante, aplicar la sanción de despido sin responsabilidad para el Estado, así como la prohibición de ingreso o reingreso a un cargo de la Hacienda Pública, la cual trae como consecuencia, que el infractor cese inmediatamente de cualquier cargo de la Hacienda Pública en que se encuentre nombrado, sin responsabilidad para el Estado por un plazo de 8 años…”. Contra esta resolución el actor interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio el 23 de abril de 2010 el cual le fue atendido y resuelto a las nueve horas del 31 de mayo de 2010 declarando sin lugar el recurso de revocatoria. El recurso de apelación fue atendido y resuelto mediante resolución R-DC-158-2010 del 25 de octubre 2010, declarando sin lugar el recurso, pero modificando la sanción de prohibición de ingreso o reingreso a un cargo de la Hacienda Pública por un plazo de 4 años. El 4 de diciembre de 2010 se presentó recurso de revisión y reconsideración contra la resolución PA-26-2010, el cual fue atendido y resuelto en resolución R-DC-123-2011 de las quince horas del 18 de julio de 2011, declarándolo sin lugar (f. 124 a 232, 241 a 263, 276 a 318, 320 a 332, 353 a 368 expediente disciplinario). 5.- El 1 de agosto de 2011, mediante oficio PE-1378-2011, el Presidente Ejecutivo del IDA, informa lo siguiente: “Se les notifica formalmente copia de la resolución N° R-DC-123-2011 dictada a las quince horas del dieciocho de julio del dos mil once mediante la cual se acuerda declarar sin lugar la gestión de revisión interpuesta por el IDA en contra de la resolución N.º PA-26-2010 de las once horas del siete de abril del dos mil diez. En virtud de lo anterior la sanción de despido sin responsabilidad patronal impuesta en su contra por la División Jurídica de la Contraloría General de la República dentro del expediente N° DAGJ-44-2008 queda en firme y debiendo ser ejecutada por este Despacho. Por tanto se hace de su conocimiento la resolución N° PA-26-2010 y la instrucción dada por esta Presidencia al Área de Recursos Humanos en el sentido de que proceda a aplicar de inmediato la sanción disciplinaria establecida en la misma y que fue relacionada líneas arriba, a partir de la notificación del presente oficio” (f. 370 expediente disciplinario). 6.- El 1 de agosto de 2011, mediante oficio ARH-956-2011, la Coordinadora del Área de Recursos Humanos informa lo siguiente: “Conforme a lo solicitado mediante oficio PE-1379-2011 de fecha 01 de agosto del presente año, la Presidencia Ejecutiva, procede a comunicar la resolución N° R-DC-123-2011 dictada por la Contraloría General de la República a las quince horas del dieciocho de julio del dos mil once, donde se declara sin lugar el recurso de revisión interpuesto contra resolución PA-26-2010 de las once horas del siete de abril del dos mil diez, la cual decreta una sanción de despido sin responsabilidad patronal en su contra, misma que rige a partir del 02 de agosto 2011” (f. 372). 7.- El 26 de junio de 2019, el perito Allan Bolaños Alvarado presentó su informe pericial, dentro de las observaciones y recomendaciones, indicó: “Según el mapa catastral las fincas colindan una con otra. Según el mapa catastral los planos no se sobreponen, dado a que no es posible obtener información suficiente de los planos catastrados L-119930-1993 y L-246216-1995 no es posible determinar si existe un traslape entre ellos, pues el plano L-119930-1993 no tiene una referencia a punto fijo útil y necesaria para poder ubicarlo de forma precisa. Con la información y las herramientas disponibles no es posible determinar si existe un traslape real entre los planos, dado a que actualmente el único medio oficial disponible para verificar la ubicación de los planos catastrados es el mapa catastral de la base de datos del Registro Nacional (mediante el Sistema de Información Catastral del sitio en línea del Registro Nacional) se toma como base para realizar este análisis (con el entendido de que en ocasiones la base de datos del SIRI no está exenta de errores y/o requiere ajustes y "retroalimentación"). Con la información suministrada en el expediente y los resultados obtenidos del respectivo análisis no se encuentra evidencia alguna que demuestre la existencia de un traslape entre los planos catastrados L-119930-1993 y L-246216-1995. De ser necesario se recomienda un nuevo peritaje en el que se solicite una visita a sitio y un levantamiento topográfico de las propiedades, se podría hacer un mejor montaje de los planos, teniendo presente que para este caso en particular dado al área del plano L-119930-1993 y aunado al difícil acceso a los linderos se haría solo un levantamiento parcial para intentar el mejor ajuste del plano catastrado L-119930-1993 y el levantamiento de los mojones de I.G.N para ubicar el plano catastrado L-246216-1995. En aclaraciones a su informe de fecha 20 de agosto de 2019, indicó: “4. Ante lo solicitado debo decir que si existe un traslape de planos, pero me queda la duda si en la realidad esto se da o si es un error en la información de los planos, dado a que en el plano L-246216-1995 no se indica que modifique al plano L- 19930-93 así como tampoco indica en el plano L-858635-2003 que modifique al plano L-246216-1995, como se puede ver en la imagen adjunta más adelante las fincas a las que pertenecen los planos catastrados L-246216-1995 y L-858635-2003 no traslapan ni colindan (i. 569 a 573, 626 a 634).

V.- HECHOS NO PROBADOS. De importancia para la resolución de este asunto, se tienen como hechos no demostrados los siguientes: 1.- Que los actos administrativos impugnados sean disconformes con el ordenamiento jurídico o sean absolutamente nulos (los autos). 2.- Que los planos catastrados L-119930-1993 y L-246216-1995 traslapen entre ellos (los autos).

VI.SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El objeto principal de esta demanda es determinar si las resoluciones PA-26-2010, de las 11:00 horas del 7 de abril del 2010; de las 09:00 horas del 31 de mayo del 2010; R-DC-123-2011, de las 8:00 horas del 25 de octubre de 2010; de las 15:00 horas del 18 de julio de 2011, y lo resuelto por el Instituto de Desarrollo Agrario mediante oficios PE 1378-2011 y ARH-957 -2011, ambos del 1 de agosto del 2011 presentan vicios de nulidad absoluta. Al respecto, es importante indicar que las demandas deben contener esfuerzos mínimos, básicos y necesarios para impugnar la actividad formal de la Administración. En el caso específico de los actos administrativos, cuando se pretende su nulidad ante esta jurisdicción, se requiere que la parte actora, como mínimo, se preocupe por explicar cuál es el vicio o los vicios que concurren en la conducta administrativa cuestionada y el elemento o elementos de esa conducta que se ven afectados por los vicios que se acusan. Es decir, se debe indicar y desarrollar ya sea el error o la omisión que contiene la conducta impugnada y luego establecer en qué grado o medida esos aparentes vicios afectan a los elementos formales (forma de expresión, motivación y procedimiento) o materiales de la misma (competencia, investidura, legitimación, voluntad, motivo, contenido y fin), de conformidad con las reglas de la teoría del acto contenida en la Ley General de la Administración Pública, la jurisprudencia y la doctrina. Todos estos rigores que son muy básicos y no implican mayor complejidad, son necesarios para que el Juez pueda entrar a revisar la conducta pública cuestionada, con apego al principio dispositivo y al principio de congruencia que constituyen el límite de acción de los Jueces. Es por esto que le corresponde a la parte promovente explicar técnicamente, en la demanda, cuáles son los motivos de ilegalidad que padece el acto impugnado y, consecuentemente, hacer su debida demostración, no siendo deber del Juez adivinar o especular cuál es el razonamiento del litigante, ni mucho menos debe forzar su sentencia en ese intento, para no incurrir en arbitrariedades o excesos no permitidos por el ordenamiento jurídico, como lo sería el desequilibrio procesal. En este caso, lamentablemente, se omitieron ciertos rigores mínimos, básicos y necesarios en la demanda planteada y no se concreta ningún vicio específico contra los actos de los cuales se pretende su nulidad. Este Tribunal realizó una revisión minuciosa del Expediente Administrativo Disciplinario, sin encontrar errores en la tramitación del mismo, violaciones al debido proceso o al derecho de defensa, incluso no hay reproche alguno por parte del actor en ese sentido. En las consideraciones jurídicas y fundamento de derecho que la parte actora desarrolla en su demanda, se extraen los siguientes cuatro argumentos, los cuales han sido expuestos y reiterados durante el procedimiento administrativo DAGJ-044-2008, desde el recurso contra el acto inicial del procedimiento, alegatos de defensa presentado por el actor, declaración del actor brindada en el procedimiento administrativo, recursos contra la resolución PA-26-2010, recurso de revisión y reconsideración contra la resolución PA-26-2010, atendidos y resueltos en cada oportunidad, mismos que se reiteran en el planteamiento de esta demanda, respecto de los cuales el Tribunal efectuará su análisis: 1.- Prescripción de la acción disciplinaria, el actor considera que por no ser funcionario de hacienda no se le podía aplicar el artículo 72 de la LOCGR, sino el artículo 81 del Código de Trabajo, con la prescripción del artículo 603 CT. Al respecto se encuentra que en la resolución PA-26-2010, considerando III, se analiza y resuelve este alegato, con la debida fundamentación. De forma concreta, se indicó que: “Para abordar el tema de la prescripción se hace necesario tener presente la forma en la que se intimaron e imputaron los hechos y cargos a los funcionarios y ex funcionarios del Instituto de Desarrollo Agrario. En ese orden, de conformidad con la resolución de las ocho huras quince minutos del diez de julio del dos mil nuevo, que corresponde al acto de apertura de este procedimiento administrativo, a los señores Marco Zúñiga Montero ..., se les intimó las sanciones contenidas en los artículos 68 inciso e) y 81 inciso l) del Código de Trabajo, suspensión por 8 días sin goce de salario o la destitución sin responsabilidad para el Estado. Igualmente se les intimó la posible aplicación de la prohibición de ingreso o reingreso a cualquier cargo de la Hacienda Pública contenida en el artículo 72 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, la cual podrá ser de dos a ocho años. Dicha intimación fue clara en indicar que la imposición de la prohibición mencionada, tenía como consecuencia, que el infractor cese inmediatamente de cualquier cargo de la Hacienda Pública en que se encuentre nombrado, sin responsabilidad para el Estado... Así planteadas las cosas, desde este momento se hace necesario indicar que para los casos en los que se intimó la suspensión y el despido, la norma de prescripción aplicable es la del artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, que de acuerdo con dicho artículo vigente al momento de los hechos intimados era de dos años, que se contaban a partir del "conocimiento comprobado de la falta por parte del órgano competente, para iniciar el respectivo procedimiento sancionatorio". Por su parte, la sanción del artículo 72 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, intimada a todos los inculpados en el presente procedimiento administrativo, tiene un plazo de prescripción de 10 años, contados a partir de la comisión del hecho, la cual tal, y como fue intimada, implica el ceso inmediato sus funciones en cualquier cargo sin responsabilidad para el Estado. Lo precedente es fundamental para rebatir los alegatos en que las partes basan la excepción de prescripción, pues se refieren al plazo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, que estaba vigente para el momento en que sucedieron los hechos; no obstante, este argumento no puede ser de recibo, dado que la norma vigente en ese momento, era clara en indicar que si bien el plazo era de 2 años, éstos se contaban a partir del conocimiento comprobado de la falta por parte del órgano competente, para iniciar el respectivo procedimiento sancionatorio. El 3 de octubre de 2008, mediante oficio FOE-PGAA-0673, suscrito por el señor Douglas Castro Salazar, Gerente ai. del Área de Servicios Públicos Generales Ambientales y Agropecuarios, se trasladó a la División Jurídica, la Relación de Hechos DFOE-PGAA-RH-3-2008, mediante la cual se pone en conocimiento entre otros, los hechos que son objeto del presente procedimiento administrativo. Posteriormente, mediante el acto de apertura de las ocho horas quince minutos del diez de julio del dos mil nueve se da inicio al presentó procedimiento administrativo, el cual se notifica entre el 23 de julio al 3 de agosto del año 2009, a todas las partes inculpadas. Así las cosas, en virtud de que fue hasta el 3 de octubre de 2008, que la División. Jurídica, órgano competente para iniciar el respectivo procedimiento sancionatorio, tuvo conocimiento de los hechos, es que podía iniciar el cómputo de la prescripción, el cual quedó interrumpido con efectos continuados al ser notificado el acto inicial del procedimiento administrativo. Por lo anterior, a juicio de este órgano no existe prescripción, de acuerdo con lo que dispone el articulo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, vigente al momento de los hechos. Por otro lado, en lo que respecta a la aplicación del artículo 72 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, intimado a todas las partes en el presente procedimiento, incluso con la indicación en el acto inicial de que su aplicación implica el cese inmediato de cualquier cargo de la Hacienda Pública, sin responsabilidad para el Estado, se debe tener claro que esta sanción es propia de las competencias constitucionales y legales que el ordenamiento jurídico le confiere a la Contraloría General de la República, y que el plazo de prescripción de esta sanción es de 10 años, contados a partir del acaecimiento de los hechos, tal y como lo regula el párrafo sexto del artículo 72 que a la letra dice: "La acción para aplicar la prohibición aquí establecida prescribirá en un plazo de diez años, a partir de la comisión del delito o de la falta grave indicados en este articulo.", es decir, la potestad de la Contraloría General de la República para iniciar un procedimiento administrativo y eventualmente aplicar la prohibición de ingreso o reingreso a cualquier cargo de la Hacienda Pública es de 10 años a partir del acontecimiento de los hechos. El presente caso versa sobre la adjudicación de dos fincas, por lo que es importante detallar la fecha exacta en que se cumplirían los 10 años de prescripción... Con respecto al argumento de los señores José Carlos Salas Fonseca, Flory Solo Valcrio, Luis Emilio Fernández Umaña y Víctor Emilio Rojas Hidalgo, en el sentido de que en la página 46 de la IDFOE-PGAA-RH-3-2008 se confirma que los hechos ya están prescritos (ver folio 0388 vuelto del expediente administrativo), no son de recibo para este órgano contralor, pues el párrafo que ellos citan no incluye a ninguna de las partes llamadas en este procedimiento, dicho párrafo textualmente dice: "Finalmente, cabe mencionar que contra las siguientes personas no se solicita la apertura de procedimientos administrativos, en razón de la extinción de la causa para una eventual responsabilidad administrativa, ni de inhabilitación por haber prescrito la acción: José Joaquín Muñoz Bustos, Juan Rafael Lizano Sáenz, René Salazar Blanco, Gerardo Araya Paniagua, Jorge Villalobos Barquero, Álvaro Aguilar Sevilla, Orlando Dorado Boza, Guido Vega Molina, Erick Chacón López, Rodolfo Downing Salter, Gabriel (conocido como Israel) Ávila Castro, Joel Joaquín Valenciano Blanco, Maria del Rocio Herrera Chaves, Hernán Rodríguez Serrano, Mario Bustos Abarca, Carlos Mora Durán" (ver página 47 del Tomo T del Legajo DAGJ-IDA-ORIGINAL-2008). Nótese que ninguno de los funcionarios citados en este párrafo de la relación de hechos corresponde a las partes llamadas a este procedimiento, lo anterior, posiblemente porque en el documento DEOE-PGAA-RH-3-2008, se incluyeron 22 fincas de tres proyectos distintos que son: Valle General, Gandoca Manzanillo y Puriscal-Parrita, así como 49 presuntas partes, entre funcionarios y miembros de Junta Directa, y cuyos hechos sucedieron en distintas fechas. Como consecuencia de lo expuesto, se rechaza la excepción de prescripción alegada por las partes”. Con relación a lo que expone el actor al considerar que no es un funcionario de la Hacienda Pública, la misma resolución cita, en el punto 2 del Considerando III, indicó: “2.- ... Para dilucidar el alegato planteado por las partes, lo primero que se debe hacer es definir la figura de "Funcionario de la Hacienda Pública", para lo cual, hay que hacer una obligatoria referencia al artículo 8 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, que define el término de Hacienda Pública, como: "Articulo 8- Hacienda Pública: La Hacienda Pública estará constituida por las fondos públicos, las potestades para percibir, administrar, custodiar, conservar, manejar, gastar e invertir tales fondos y las normas jurídicas, administrativas y financieras, relativas al proceso presupuestario, la contratación administrativa, el control interno y externo y la responsabilidad de los funcionarios públicos (...) El patrimonio público será el universo constituido por los fondos públicos y los pasivos a cargo de los sujetos componentes de la Hacienda Pública. Serán sujetos componentes de la Haciendo Pública, el Estado y los demás entes u órganos públicos, estatales o no, y las empresas públicas, así como los sujetos de Derecho Privado, en cuanto administren o custodien fondos públicos por cualquier título, con las salvedades establecidas en el párrafo anterior". Dicho numeral debe concordarse con lo que dispone el artículo 9 de esta misma ley: artículo 9.- Fondos públicos, Fondos públicos son los recursos, valores, bienes y derechos de propiedad del Estado, de órganos, empresas o entes públicos. Estas dos normas permiten concluir que Funcionario de la Hacienda Pública es aquel que con su actuar puede percibir, administrar, custodiar, conservar, manejar, gastar e invertir recursos, valores, bienes y derechos de propiedad del Estado. Sobre esta figura existe abundante jurisprudencia de la Sala Constitucional, en donde se ha reiterado la voluntad del constituyente de crear la Contraloría General de la República como un órgano de fiscalización que garantice el uso adecuado de los fondos públicos, y ha respaldado la competencia que poseé éste órgano contralor para abrir procedimientos administrativos sobre aquellos funcionarios que disponen de bienes que componen la Hacienda Pública. A manera de ejemplo, se transcribe un extracto del voto N° 2000-06326 de las 16 horas con 18 minutos del 19 de julio del 2000: "Con fundamento en estas dos disposiciones, en forma constante y reiterada, la jurisprudencia constitucional se ha manifestado acerca de las especiales competencias que la Constitución Política le asigna a la Contraloría General de la República en lo que respecta a la vigilancia en el manejo de los fondos públicos y en la gestión financiera de los empleados públicos, y específicamente (sic..). En este sentido resultan de obligada consulta entre otras las sentencias números 2398-91 de las 15:20 horas del 13 de noviembre de 1991; 0660-92, de las 15:00 horas del 10 de marzo de 1992; 3607-94; de las 15:75 horas del 19 de julio de 1994; 0016-95, de las 15:45 horas del 3 de enero de 1995; 2632-95, de las 16:06 horas del 23 de mayo de 1995; 4284-95, de las 15:06 horas del 3 de agosto de 1995; 5119-95; de las 20:39 horas del 13 de setiembre de 1995; 0998-98, de las 11:30 horas del 16 de febrero de 1998; 9524-99, de las 9:06 horas del 3 de diciembre de 1999 y 3027-00, de las 9:03 horas del 14 de abril del 2000. En todos y cada uno de los fallos citados, la Sala enfatiza que por voluntad del constituyente se creó la Contraloría General de la República como órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa con una función específica y determinada: la vigilancia de la Hacienda Pública, de manera que por mandato constitucional -artículos 183 y 184- tareas como la fiscalización de los procedimientos de contratación administrativa y el funcionamiento del sistema financiero, sobre todo en lo que se refiere a la movilización de capitales a fin de que se mantenga la confianza en la correcta administración de los entes bancarios, el manejo del presupuesto de todas y cada una de las dependencias públicas, así como el control del personal que "recibe, custodia, paga o administra bienes o valores del Estado" no están más allá de las funciones encomendadas a éste órgano contralor, sino todo lo contrario, ya que responden al interés del buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas". Ahora bien, en el caso que nos ocupa, los encausados con su actuar y específicamente cuando el señor Marco Zúñiga Montero, en su calidad de Técnico Agrario del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), al llenar la Ficha de Titulación de la parcela número 8-A-858, plano catastrado número L-246216-95, ubicada dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo y al recomendar por medio de su aprobación y firma su titulación a favor de un particular, (ver hecho probado N° 2.4 y folio 00100 del expediente administrativo), dispuso de un bien que era parte del Patrimonio Natural del Estado... Sobre el particular debemos entender "disponer" en el sentido de que gracias a sus actuaciones se permitió que bienes demaniales fueran segregados y traspasados a nombre de particulares, de tal forma, que se manifiesta claramente la disposición de los fondos públicos, ya que si los encausados, hubieran actuado conforme lo disponía el ordenamiento jurídico vigente en ese momento, tales inmuebles no hubieran salido del patrimonio estatal. En este punto es importante fundamentar, que los inmuebles en discusión forman parte de la denominada "Hacienda Pública" y que a su vez cumplen un doble papel, el de "propiedad" y el de "recurso" estatal, ya que eran propiedad del Estado al formar parte del Patrimonio Natural del Estado, y a su vez, tenían como objetivo proteger los recursos naturales de la zona, ya sea los recursos forestales y el agua, para la Reserva Forestal Los Santos, o bien, los Humedales y demás diversidad biológica propios de la zona Atlántica para el Refugio Natural Gandoca Manzanillo, entre otros fines de protección ecológica y medio ambiente, que el Estado pretende proteger cuando reviste estos inmuebles con una categoría de manejo ambiental. De tal manera, que las actuaciones de los aquí encausados encajan dentro del concepto de Funcionario de la Hacienda Pública, y por ende, este órgano contralor está en total capacidad legal para entablar el presente procedimiento administrativo y aplicar la prohibición de ingreso o reingreso a un cargo de la Hacienda Pública, a los citados funcionarios públicos del artículo 72 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Por los motivos expuestos, se rechaza el alegato de los investigados”. De las anteriores citas se extrae una debida y adecuada fundamentación de las razones de rechazo de la prescripción en la resolución que se impugna. Encuentra el Tribunal lo resuelto apegado a derecho, según el fundamento legal realizado, el actor cuestionó el fundamento sin lograr desvirtuarlo, en el tanto fue con ocasión del desempeño normal de sus labores como funcionario público, que se provocó un daño a la hacienda pública y al PNE, en razón de lo cual corresponde el rechazo de la prescripción disciplinaria. 2.- No existe daño al patrimonio natural del Estado, con la titulación del lote 8-A-858 porque este no pertenecía al Estado, la Titulación a nombre del señor Chacón Acuña, resultaba improcedente, en razón de que este inmueble no era propiedad del Instituto de Desarrollo Agrario, pues ya poseía título, otorgado en el año 1994 a favor de la señora Isabel Garita. Al respecto, se refirió la Contraloría General de la República en la resolución también impugnada R-DC-158-2010, páginas de la 36 a la 39 de dicha resolución, dando sus fundamentos para el rechazo. El Tribunal ha analizado el alegato del actor, la prueba traída a los autos y considera que tal argumento debe ser rechazado, por los siguientes motivos: a- En la declaración brindada por el actor durante el procedimiento administrativo, indicó: “Efectivamente este servidor como parte de mis labores dentro del Instituto de Desarrollo Agrario, en el año 2000, efectué la inspección que corresponde al lote para vivienda número 8-A-858, del programa de Titulación denominado BIRF 2764-CR, mismo que tiene una cabida de 642.58 metros cuadrados según el plano catastrado número L-246216-95, verificando que se cumpliera con los requisitos que establecían la ley”. Al respecto es importante resaltar que el actor, como Técnico Agrario del IDA, también completó la Ficha de Titulación de la parcela número 8-A-858, plano catastrado número L-246216-95, a favor de Emigdio Chacón Acuña, indicando que de acuerdo con la inspección practicada manifiesta que ha verificado la medida, localización y uso de la tierra y que se ha conservado satisfactoriamente el recurso forestal; por lo tanto, recomienda que la parcela puede titularse (ver folio 100 del expediente administrativo). Con esto se evidencia que al momento de los hechos imputados, el actor realizó inspección y verificó todos los documentos correspondientes y requisitos necesarios para la aprobación que brindó, dentro de los cuales estaba verificar también la posesión del titulante. Expone el actor, que tuvo conocimiento de un proceso en sede jurisdiccional de un interdicto de amparo de posesión, tal situación efectivamente deberá ventilarse y resolverse como corresponda en esa sede, sin que esa situación, por sí misma implique o de forma alguna demuestre el dicho del actor en ese sentido. El hecho de que exista un proceso de interdicto de amparo de posesión respecto del terreno en cuestión, no implica ni demuestra que no haya afectación al patrimonio natural del Estado, ni que el bien efectivamente perteneciera a un particular al momento de los hechos. b- El actor tuvo a la vista, el plano catastrado número L-246216-95 del 06 de abril de 1995, en el cual aparece sello del Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas que indica que la finca se encuentra dentro del Refugio Nacional Gandoca Manzanillo, textualmente: "VISADO No. 488-95 Con base en la ubicación que indica este plano, el inmueble que describe se ubica DENTRO del REFUGIO NACIONAL DE VIDA SILVESTRE R.N DE E.S GANDOCA MANZANILLO. Según Decreto Ejecutivo o Ley N° DE-16614 del 29-10-85, lo dispuesto en la Ley Forestal No. 7174, la Ley de Conservación de Vida Silvestre No. 7317 y legislación conexa. Se autoriza para efectos catastrales la inscripción de este plano. 27 MAR 1995 ''. (ver folio 00099 del expediente administrativo). Es decir, el trámite se realizó con el conocimiento de que la parcela se ubicaba dentro del Refugio Nacional y de que pertenecía al Estado, de lo contrario no podía haber autorizado la titulación si pertenecía a un particular. c- El actor no logra demostrar su dicho, en cuanto a que la parcela en cuestión no perteneciera al Estado al momento de los hechos, en el entendido de que ya poseía título, otorgado en el año 1994 a favor de la señora Isabel Garita. Con la prueba pericial evacuada no se logra acreditar el alegado traslape de planos que argumenta el actor en su defensa. La declaración del perito judicial Allan Alberto Bolaños Alvarado, fue confusa y contradictoria respecto a si podía asegurar o confirmar el traslape entre los planos L-246216-95 y L-119930-93, según la teoría del caso que el actor planteó en la presente litis. El informe pericial indicó que no existía tal traslape y en las aclaraciones dijo que sí hay traslape, pero tiene la duda de que se deba a un error en la información de los planos, en la declaración indica que no puede dar fe de la información que otros profesionales han introducido a los planos. Siendo así las cosas, para este Tribunal, con la pericia evacuada y la prueba traída a los autos, no se logra determinar que exista traslape. Al no haber el actor demostrado la inexistencia del daño al patrimonio natural del Estado, según su teoría del caso y siendo que al momento de los hechos, se evidenció que el actor constató que el terreno era del Estado y se ubicaba dentro del Refugio Nacional, según lo indicado en el plano que tuvo a la vista y la recomendación efectuada, debe rechazarse este argumento. 3.- Existía legislación que permitía la titulación. Argumenta el actor que en el procedimiento administrativo no se logró demostrar que el lote 8-A-858 se encontrará fuera de los terrenos que podían ser titulados, que el artículo 5, del Decreto Ejecutivo No. 16614-MAG, se encontraba vigente al momento de la titulación cuestionada y regulaba la posibilidad de catastrar y titular dentro del refugio y en la zona particular donde se encontraba la parcela 8-A-858. Considera que la resolución no aplica los principios relativos a la carga de la prueba e in dubio pro administrado. Este argumento también fue ampliamente abordado en las resoluciones aquí impugnadas. En la resolución PA-26-2010, Considerando II punto C se hace un análisis de la normativa vigente al momento en que ocurrieron los hechos, amplio y detallado. Aunado a este análisis, se indica que: “al reverso de la ficha, en el apartado denominado "Declaración Jurada del Poseedor de la Parcela", se señala que la segregación y traspaso que a favor del poseedor hace el IDA, se realiza en los términos a que se refiere la Ley N° 7599 del 09 de agosto de 1996, lo anterior es relevante pues claramente se circunscribe la actuación del IDA en la titulación de este inmueble a los lineamientos establecidos en la Ley N° 7599, cuando ya se había declarado inconstitucional el artículo 8 de dicha ley. En consecuencia de lo anterior, se tiene por demostrado que la parcela en cuestión fue titulada con fundamento en una normativa que habla sido declarada inconstitucional por parte de la Sala Constitucional”. En la resolución R-DC-158-2010, también se atiende el tema y se indica que: “Este Despacho estima que tanto el artículo 5 del Decreto Ejecutivo 16614-MAG del 1 de julio de 1985 como el convenio suscrito entre el Ministerio de Justicia y la Asociación de los Nuevos Alquimistas (prueba aportada a solicitud de la Contraloría General, visible a tomo ll, folios 1262 a 1267) se entiende limitado a los terrenos que podían ser titulados (por ejemplo en ciertos momentos áreas urbanas dentro del Refugio) condición que para la parcela 8-A-858 no está acreditada en el expediente. Aparte de que cuando la citada resolución se emitió, ni siquiera se había promulgado la Ley 7599, Ley de titulación en tierras ubicadas en reserva nacionales, lo que sucede el 29 de abril de 1996. Cuando la División Jurídica menciona que el terreno en cuestión forma parte del Patrimonio Natural del Estado, no es porque el terreno fuera propiedad del Instituto y por tanto formara parte de dicho patrimonio, sino por su vocación, por sus condiciones. En la resolución que se impugna, se dice que esta parcela es parte del Patrimonio Natural porque es Refugio creado por el Decreto Ejecutivo No.16614 de 1 de julio de 1985. Lo discutible de la titulación no es porque se trate de un terreno propiedad del Instituto, sino de un terreno ubicado dentro del Refugio, circunstancia muy diferente”. El Tribunal ha revisado detalladamente las resoluciones impugnadas y ha encontrado que las mismas contienen un amplio abordaje para fundamentar y determinar la normativa vigente al momento de los hechos imputados al actor y el rechazo de sus argumentos al respecto, se encuentran apegados a derecho. No encontrando aspecto alguno de nulidad, se rechaza este alegato. Con respecto a lo dicho por el actor de que la resolución no aplica los principios relativos a la carga de la prueba e in dubio pro administrado, no se detalla ni fundamenta de forma alguna tales agravios, respecto de qué puntos en concreto se considera haberse omitido tales principios. Reiterando que el Tribunal ha revisado cuidadosamente las resoluciones impugnadas, no encuentra asomo alguno de tales omisiones. Considerando incluso que, el actor en la declaración brindada en el procedimiento administrativo reconoció haber llenado la ficha recomendando la titulación, y que la resolución PA-26-2010 tuvo por demostradas las actuaciones del actor, al no existir duda, no se da la posibilidad de aplicar el principio de in dubio pro administrado, considerando además que en el presente caso, el actor es un servidor público, parte de la Administración Pública y no un usuario. Con respecto a la carga de la prueba, se ha evidenciado en todo el procedimiento la apertura de la administración en admitir y recabar la prueba necesaria, tanto de oficio, como a solicitud de las partes, por lo que se rechazan todos los alegatos de este punto. 4.- Indefensión de la parte por rechazo de prueba ofrecida. En relación con la valoración del oficio Dirección General Forestal, mediante oficio DAJF-747-89, de fecha 10 de agosto de 1989, al cual hace referencia en resolución de las 10:00 horas del 26 de octubre de 1989, el Director de Catastro Nacional, Ingeniero Jorge Avendaño Machado, indicando que en dicho oficio la Dirección Forestal se pronunció no tener ninguna objeción para la entrega de títulos en el área del Refugio por haberse iniciado el proyecto de titulación antes de la ley No. 7032. El Órgano Decisor no toma en cuenta está prueba (el oficio DAJF-747-89, de fecha 10 de agosto de 1989), por no haber tenido acceso a ella, indicando que los investigados no lograron demostrar su existencia, trasladando la carga de la prueba en forma errónea, pues corresponde a la Administración probar y no al investigado. En todo caso, está citado y trascrito su contenido en la resolución de las 10:00 horas del 26, de octubre de 1989, el Director de Catastro Nacional, Ingeniero Jorge Avendaño Machado, por lo cual debió ser tomado en cuenta a la hora de resolver. El tribunal rechaza este argumento por los siguientes motivos: Confunde el actor los principio de la carga de la prueba, si bien es cierto, en un procedimiento administrativo, le corresponde al órgano recabar toda la prueba necesaria para llegar a la verdad real de los hechos, esto no exime a la parte su obligación de aportar la prueba que considere necesaria para su defensa. Así las cosas, quién alega debe demostrar su dicho y en ese sentido la carga de la prueba es de esa parte. A pesar de esto, consta del análisis que ha realizado este Tribunal, que la Administración realizó varias gestiones para obtener el documento mencionado y solicitado por la parte actora. Es decir, no existió de forma alguna indefensión al respecto. En razón de lo cual corresponde el rechazo de este argumento. Por lo expuesto en este considerando, al no constar algún vicio de las resoluciones impugnadas, no existe nulidad alguna que declarar, no hay elementos del acto afectados, por lo que estos deben presumirse válidos y eficaces.

VII.- SOBRE LAS PRETENSIONES.- Por todo lo ya desarrollado en el considerando anterior, al no haberse acreditado vicio alguno que implique la nulidad de las resoluciones cuestionadas en el presente proceso, el Tribunal debe rechazar las pretensiones: 1) Se anulen las resoluciones: PA-26-2010, de las 11:00 horas del 7 de abril del 2010; de las 09:00 horas del 31 de mayo del 2010; R-DC-123-2011, de las 8:00 horas del 25 de octubre de 2010; de las 15:00 horas del 18 de julio de 2011. Con respecto a la nulidad de los oficios PE1378-2011 y ARH-957 -2011, ambos del 1 de agosto del 2011, la parte actora no realiza ningún reproche en la presente litis, siendo estos actos de ejecución, al no haberse podido determinar la nulidad de los actos PA-26-2010, de las 11:00 horas del 7 de abril del 2010 y R-DC-123-2011, de las 8:00 horas del 25 de octubre de 2010; ni de las resoluciones que resolvieron sus recursos, sean las de fechas de las 09:00 horas del 31 de mayo del 2010 y de las 15:00 horas del 18 de julio de 2011, respectivamente, no es posible que exista nulidad de los actos de ejecución PE1378-2011 y ARH-957 -2011, ambos del 1 de agosto del 2011, ya que la Administración tenía la potestad de ejecutar esos actos de conformidad con el artículo 146 de la Ley General de la Administración Pública. Además, al haberle la Contraloría comunicado al IDA la firmeza de la resolución de la sanción impuesta al actor, por el carácter vinculante de los criterios de la CGR (art. 4 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República), lo correspondiente era que el IDA, procediera a comunicarle al funcionario acerca de la ejecución de la sanción impuesta y confirmada, tal y como se hizo. Además de las pretensiones anulatorias ya indicadas, la parte peticionó: “2) Se ordene a los demandados a reinstalarme en el cargo de Profesional C del Instituto de Desarrollo Agrario. 3) Se ordene el pago de los salarios dejados de percibir y todos sus componentes, desde el despido hasta la efectiva reinstalación. 3) Se condene al pago de los daños y perjuicios que se me han ocasionado con la tramitación de esta gestión de despido y posterior litigio judicial, en la suma de veinte millones de colones. 4) Se ordene el pago de los intereses legales por las sumas que se aprueben. 5) Se condene en costas al Estado y a los codemandados, eximiendo a Sully Ruíz Herrera”. Todas estas pretensiones son conexas de las pretensiones anulatorias, como efectos de la eventual declaratoria de nulidad de las sanciones impuestas. Al no encontrar esta Cámara mérito en las alegaciones del actor para declarar las nulidades peticionadas, al no existir nulidad de los actos, tampoco podría existir daño alguno que reparar, por lo que todas estas pretensiones deben ser rechazadas al igual que las anulatorias ya indicadas, por ser accesorias, deben correr la misma suerte. Por todas las consideraciones expuestas, lo que procede es rechazar la demanda en todos sus extremos.

VIII.SOBRE LAS EXCEPCIONES PLANTEADAS. La señora Ruíz Herrera interpuso la excepción de falta de legitimación ad causam pasiva, siendo que su intervención en el proceso lo fue a raíz de una resolución del Juez de trámite en su momento, y no porque la parte actora haya accionado en su contra directamente, no obstante, al existir una pretensión de reinstalación, que eventualmente podría afectar la plaza de la señora Ruíz Herrera, su integración se estimó necesaria, en razón de lo cual se rechaza la excepción planteada. Con respecto a la excepción de falta de derecho, interpuesta por la Contraloría General de la República, el Estado y la señora Ruíz Herrera, la misma debe ser declarada con lugar en razón de lo indicado y resuelto en los considerandos precedentes, en consecuencia se declara sin lugar la demanda en todos sus extremos

IX.- SOBRE LAS COSTAS. Por expresa disposición del artículo 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, procede condenar a la parte actora al pago de las costas de esta acción por el sólo hecho de haber resultado vencida en este proceso, sin que medien razones que justifiquen su exoneración conforme los incisos a) y b) del numeral 193 citado.

POR TANTO

Se rechaza la falta de legitimación ad causam pasiva. Se acoge la excepción de falta de derecho. Como lógica consecuencia de lo anterior, se declara sin lugar la demanda interpuesta por Marco Antonio Zúñiga Montero contra Contraloría General de la República, Instituto de Desarrollo Rural, el Estado, Sully Ruíz Herrera. Se condena a Marco Antonio Zúñiga Montero al pago de las costas de esta acción en favor de las demandadas, mismas que serán liquidadas en fase de ejecución de sentencia. Notifíquese. MANUELA GUILLÉN SALAZAR. JUDITH REYES CASTILLO. KENNETH ARRONES MORERA.

 Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected]

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Implementing decreesDecretos que afectan

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    • Wildlife Conservation Law 7317Ley de Conservación de Vida Silvestre 7317
    • Land Tenure, Titling, and Refugios PrivadosTenencia, Titulación y Refugios Privados

    Concept anchorsAnclajes conceptuales

    • Ley 7599 Art. 8
    • Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (Ley 7428) Arts. 71, 72
    • Ley Forestal 7575 Arts. 13-15
    • Decreto Ejecutivo 16614-MAG Arts. 5, 6

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