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Res. 10510-2025 Tribunal Contencioso Administrativo · Tribunal Contencioso Administrativo · 10/11/2025
OutcomeResultado
The lawsuit is dismissed in its entirety; the defense of lack of right raised by the State and the company is upheld, and the same defense is declared ex officio for INVU and the Municipality, with no award of costs.Se declara sin lugar en todos sus extremos la demanda, acogiendo la defensa de falta de derecho del Estado y la empresa, y declarando de oficio la falta de derecho del INVU y la Municipalidad, sin especial condena en costas.
SummaryResumen
The Administrative Contentious Court dismissed the lawsuit filed by owners of subsidiary lots in Condominium Villa Leona, Phase II, in Garabito, who sought material and moral damages against the State (SETENA), the Municipality of Garabito, INVU, and the developer Soluciones Integrales en Seguridad SIS S.A. The plaintiffs argued that failures in oversight and municipal permitting, along with the developer's lack of disclosure about geological risks, caused the loss of their lots and homes following a rotational landslide triggered in October 2020. The Court held that the plaintiffs failed to discharge their procedural burden to specifically and individually prove the alleged material damages for each property, precluding any causation or liability analysis. Because the moral damages were logically dependent on the material damages, all claims were denied. The defense of lack of right raised by the State and the developer was upheld, and the same defense was declared ex officio for the Municipality and INVU. No costs were awarded, as the Court found the plaintiffs had sufficient grounds to litigate.El Tribunal Contencioso Administrativo rechazó la demanda interpuesta por propietarios de fincas filiales del Condominio Villa Leona, Etapa II, en Garabito, quienes reclamaban daños materiales y morales contra el Estado (SETENA), la Municipalidad de Garabito, el INVU y la desarrolladora Soluciones Integrales en Seguridad SIS S.A. Los actores alegaron que omisiones en la fiscalización y permisos municipales, así como la falta de información sobre riesgos geológicos por parte de la desarrolladora, causaron la pérdida de sus lotes y viviendas tras un deslizamiento rotacional activado en octubre de 2020. El Tribunal determinó que la parte actora no cumplió con la carga procesal de acreditar de manera concreta y singularizada los daños materiales alegados en cada finca, impidiendo cualquier análisis de nexo causal o responsabilidad. Al depender el daño moral de los daños materiales, se rechazaron todas las pretensiones. Se acogió la defensa de falta de derecho del Estado y de la empresa, y se declaró de oficio la falta de derecho de la Municipalidad y el INVU, sin especial condena en costas al considerar que los actores tuvieron motivo suficiente para litigar.
Key excerptExtracto clave
However, the lawsuit does not clearly and properly indicate the specific and concrete damages that were allegedly caused to each plaintiff, nor does it refer to even a prudential estimate of those patrimonial injuries. The complaint merely indicates the acquisition of each of the plaintiffs' subsidiary lots… …Ultimately, the fact that several persons consider themselves affected by the same injurious cause does not validate the plaintiffs' theory of dispensing with the aforementioned rigor regarding the specification, proof, and quantification of the individual damages claimed. …Therefore, given the plaintiff's evidentiary and argumentative deficiencies, there is no alternative but to dismiss the claimed damages, as is hereby ordered.Sin embargo, la demanda no indica de manera clara y debida cuáles son los daños específicos y concretos que en teoría se han ocasionado a cada uno de los accionantes, ni se alude a una estimación, siquiera prudencial de esas afectaciones de orden patrimonial. La demanda se limita a señalar la adquisición de cada una de las filiales de los accionantes… …En definitiva, la concurrencia de varias personas que se consideran afectadas por una misma causa lesiva no lleva a que sea válida la teoría de los accionantes en cuanto a prescindir de la rigurosidad ya mencionada en cuanto a la concreción, acreditación y cuantificación de los daños individuales que se reclaman. …Así las cosas, ante las deficiencias probatorias y argumentativas de la demandante, no queda más remedio que disponer el rechazo de los daños y perjuicios reclamados, como en efecto se dispone.
Pull quotesCitas destacadas
"La formulación de una demanda por parte de varios sujetos que alegan haber padecido en sus esferas patrimoniales daños indemnizables, obliga a cada uno de ellos a cumplir con las cargas procesales establecidas en el ordinal 196 de la LGAP y lo regulado por el precepto 58 incisos e) y f) del CPCA."
"Filing a lawsuit by several subjects claiming to have suffered compensable damages in their patrimonial spheres obliges each of them to comply with the procedural burdens established in article 196 of the LGAP and regulated by article 58(e) and (f) of the CPCA."
Considerando X
"La formulación de una demanda por parte de varios sujetos que alegan haber padecido en sus esferas patrimoniales daños indemnizables, obliga a cada uno de ellos a cumplir con las cargas procesales establecidas en el ordinal 196 de la LGAP y lo regulado por el precepto 58 incisos e) y f) del CPCA."
Considerando X
"... la sola circunstancia de que lo debatido se refiera a daños ocurridos en filiales cuya titularidad registral es de diferentes propietarios, implica que se trate de daños individuales que han de ser acreditados y particularizados por cada interesado."
"... the mere fact that the matter in dispute refers to damages occurring on subsidiary lots whose registered ownership belongs to different owners means that these are individual damages that must be proven and particularized by each interested party."
Considerando X
"... la sola circunstancia de que lo debatido se refiera a daños ocurridos en filiales cuya titularidad registral es de diferentes propietarios, implica que se trate de daños individuales que han de ser acreditados y particularizados por cada interesado."
Considerando X
"Al margen de las diversas posturas debatidas en torno al deber y derecho de información adecuada y oportuna para la decisión de consumo… el deber de reparación emerge ante la existencia de un daño efectivo y no frente a la simple alegación de una lesión hipotética que no ha sido debidamente respaldada en autos."
"Regardless of the various positions debated regarding the duty and right to adequate and timely information for consumer decisions… the duty to compensate arises in the face of an effective damage and not in the face of a mere allegation of a hypothetical injury that has not been duly supported in the record."
Considerando XIII
"Al margen de las diversas posturas debatidas en torno al deber y derecho de información adecuada y oportuna para la decisión de consumo… el deber de reparación emerge ante la existencia de un daño efectivo y no frente a la simple alegación de una lesión hipotética que no ha sido debidamente respaldada en autos."
Considerando XIII
"De manera excepcional es posible acoger la demanda e imponer el deber reparatorio siempre que se haya podido comprobar la existencia del daño, relegando para la fase de ejecución la liquidación respectiva… Por demás, resulta inviable el supuesto de hecho previsto en el ítem iii) anterior en la medida en que no cabría condena alguna respecto de daños que no han sido acreditados dentro de un proceso de esta naturaleza bajo examen."
"Exceptionally, it is possible to uphold the lawsuit and impose the duty to compensate provided that the existence of the damage has been proven, leaving the respective liquidation for the execution phase… Moreover, the factual scenario provided for in item iii) above is unfeasible insofar as no judgment could be issued regarding damages that have not been proven in a proceeding of this nature under examination."
Considerando IX
"De manera excepcional es posible acoger la demanda e imponer el deber reparatorio siempre que se haya podido comprobar la existencia del daño, relegando para la fase de ejecución la liquidación respectiva… Por demás, resulta inviable el supuesto de hecho previsto en el ítem iii) anterior en la medida en que no cabría condena alguna respecto de daños que no han sido acreditados dentro de un proceso de esta naturaleza bajo examen."
Considerando IX
Full documentDocumento completo
Contentious-Administrative Tribunal Case File: 21-004906-1027-CA CASE FILE:
PROCEEDING:
ORDINARY PROCEEDING PLAINTIFF(S):
MEDICARE DEL ESTE HF S.A., MAYRA DELGADO UREÑA, LA CASITA AMARILLA CAMP DE PLAYA S.A., DANIEL GAMBOA NÚÑEZ, ALEXANDRA RUCAVADO ROMERO, ESTUDIOS TÉCNICOS ESTEFI S.A., FELIPE IZQUIERDO FLORES AND NATALY RODRÍGUEZ ZAMORA, JASON ARTURO ZÚÑIGA VILLEGAS, PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL GM S.A., LARISSA MARÍA MONTES VARGAS AND JOSÉ LUIS MONGE BERMÚDEZ.
DEFENDANT(S):
THE STATE (SETENA), MUNICIPALIDAD DE GARABITO, INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (INVU) AND SOLUCIONES INTEGRALES EN SEGURIDAD SIS S.A.
N° 2025010510 CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE AND CIVIL TREASURY TRIBUNAL, SECOND JUDICIAL CIRCUIT, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at two forty-five p.m. on November ten, two thousand twenty-five.- Ordinary proceeding declared a matter of pure law, brought by the company named MEDICARE DEL ESTE HF S.A., legal identification number 3-101-647742, MAYRA DELGADO UREÑA, identity card number 1-0578-0346, LA CASITA AMARILLA CAMP DE PLAYA S.A., legal identification number 3-101-738191, DANIEL GAMBOA NÚÑEZ, identity card number 1-0937-0655, ALEXANDRA RUCAVADO ROMERO, identity card number 1-0717-0357, ESTUDIOS TÉCNICOS ESTEFI S.A., legal identification number 3-101-12274 (185), FELIPE IZQUIERDO FLORES, identity card number 1-1280-0422 AND NATALY RODRÍGUEZ ZAMORA, identity card number 2-0691-0652, JASON ARTURO ZÚÑIGA VILLEGAS, identity card number 2-0611-0565, PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL GM S.A., legal identification number 3-101-179167 (167, 179), LARISSA MARÍA MONTES VARGAS, identity card number 1-0853-0440 and JOSÉ LUIS MONGE BERMÚDEZ, identity card number 1-1139-0670, all represented by their special judicial attorney, licensed Carlos Espinoza Salas, bar number 5782, against THE STATE, represented by the attorney Ms. Elizabeth Li Quirós, identity card number 1-0576-0571, THE MUNICIPALIDAD DE GARABITO, represented by its special judicial attorney, licensed Dinier Naranjo Serrano, bar number 31001, THE INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (INVU), represented by its special judicial attorney, licensed Marco Arias Alfaro, bar number 20204, AND THE COMPANY NAMED SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD SIS S.A., legal identification number 3-101-286577, represented by its special judicial attorneys, licensed Lorena Montes de Oca, bar number 5962 and Juan Carlos Herrera Flores, bar number 18655.
WHEREAS:
1.- On August 10, 2021, the plaintiffs filed the complaint that has given rise to this proceeding, requesting that, in essence, the judgment order the following, claims ratified during the preliminary hearing phase and in the oral and public hearing held in this matter, as follows:
“… We request that the complaint be granted and that the defendants be ordered to jointly pay the following items:
a. Payment of the material damages caused, consisting of the loss and destruction of the already-constructed dwellings, as well as the value of the lots of their subsidiary properties (fincas filiales), a declaration to be made in the abstract and whose amount shall be determined during the judgment enforcement stage.
b. Payment of subjective non-pecuniary damages in the amount of 20 million colones for each of the individual persons who own the subsidiary properties.
c. All liquidated items shall accrue net interest and be subject to indexation from the time the event occurred until their effective payment.
d. An order that the Municipalidad de Garabito exempt the plaintiffs from paying municipal taxes.
e. Payment of the procedural and personal costs plus their interest in accordance with the fee schedule for legal professionals in this proceeding.” (Images 2-7, 1153-1158 of the main file) 2.- Once the legal transfer was granted, the State responded negatively and raised the defense of lack of right (falta de derecho) (images 306-320, 699-700 of the main file). The Municipalidad de Garabito opposed the claim without raising substantive defenses. (Images 242-273 of the main file) For its part, the INVU responded negatively and raised the defenses of defective complaint and statute of limitations (prescripción), as well as lack of standing (falta de legitimación pasiva) and lack of right (falta de derecho). By resolution No. 1845-2022 of 7:40 a.m. on November 4, 2022, the procedural judge ordered the dismissal of said preliminary defenses. (Images 220-239, 675-698, 719-720 of the main file). Finally, the company Soluciones Integrales de Seguridad Sis S.A. alleged lack of standing (falta de legitimación pasiva) and lack of right (falta de derecho). (Images 352-372 of the main file) 3.- On May 16, 2024, the preliminary hearing established in Article 90 of the Contentious-Administrative Procedure Code was held, with the attendance of all parties. Once the claims were defined and set, the judge for that procedural phase ordered the admissibility of the documentary evidence, as well as the party statements of plaintiffs Daniel Gamboa Núñez and Mayra Delgado Ureña and the witness testimony offered by those involved. Consequently, the case file was sent to this Section of the Contentious-Administrative Tribunal for the holding of the respective supplementary hearing. (Images 1153-1158 of the main file) 4.- By order issued at 11:57 a.m. on October 30, 2025, this collegiate body scheduled the oral and public hearing for October 17 and 20, 2025. The respective reminder was made by order issued at 11:51 a.m. on October 8, 2025. (Images 1160-1167, 1201 of the main file) 5.- On October 17, 2025, at 8:46 a.m., the supplementary hearing convened for this purpose began, with the in-person attendance of the plaintiff party, represented by its special judicial attorney Carlos Espinoza Salas, and of the co-defendant Soluciones Integrales de Seguridad Sis S.A., with the legal representation of Lorena Montes de Oca and Juan Carlos Herrera Flores, as well as with the virtual connection via the Teams platform of the State, represented by attorney Elizabeth Li Quirós, the Municipalidad de Garabito, represented by Francisco González Madrigal, and the INVU, under the legal representation of Marco Arias Alfaro. At that phase, the subject matter of the proceeding was established. At that proceeding, the plaintiffs' attorney withdrew the expert testimony of Mr. Francisco Sánchez González, geologist. The co-defendant Soluciones Integrales de Seguridad Sis S.A. requested that said hearing of evidence be maintained; however, after hearing the parties and reviewing the preliminary hearing, the rejection of that request was ordered, as it was evidence admitted only with respect to the plaintiff party. Subsequently, after giving the parties an opportunity to present their arguments, the additional evidence for better resolution offered by the plaintiff party in the brief appearing at images 1225-1522 of the main file was ordered rejected. The parties presented their opening arguments and the hearing of testimony proceeded with the statements of Mayra Delgado Ureña, identity card number 1-0578-0346, and Daniel Gamboa Núñez, identity card number 1-0937-0655, who addressed the subjective non-pecuniary damages they claim in this proceeding, the consumption decision, and how it caused them harm when acquiring the property. Likewise, the statement of Mr. Danilo Villalobos Solano, identity card number 1-0493-0406, was taken; he testified regarding the facts of the complaint, obtained permits, and stated that the matter discussed is a natural phenomenon and not of human origin. Once the evidence was presented, the litigants were granted a period of three business days to submit written conclusions. Furthermore, in accordance with Article 111 of the Contentious-Administrative Procedure Code (Código Procesal Contencioso Administrativo, CPCA), this matter was declared to be of special complexity, informing the parties that the judgment would be issued within a period of fifteen business days following the expiration of the period for submitting conclusions. (See minutes and recording of the supplementary hearing) 6.- The conclusions were submitted by all parties in briefs dated October 22, 2025.
7.- No nullities requiring correction or that cause defenselessness are observed in the proceedings, and the judgment is issued after due deliberation. This matter also conforms to the provisions of the Reglamento sobre Expediente Judicial Electrónico ante el Poder Judicial, approved by the Full Court, in Article XXXI of session number 22-13, held on May 20, 2013.
Drafted by Judge Garita Navarro with the affirmative vote of Judge Fernández Brenes and Judge Aguilar Méndez;
WHEREAS:
I.- Proven Facts. The following are relevant for the purposes of this proceeding:
1.- The plaintiffs are the owners of the following subsidiary properties (fincas filiales) in the Condominio Vista de Villa Leona, Phase II located in the Province of Puntarenas, canton of Garabito, on the parent property registered under Folio Real 72837-F-000, cadastral plan P-1317590-2009, with an area of 103,424 square meters, according to the following detail: SUBSIDIARY 171: Folio Real 116-500-F-000, cadastral plan P-1727581-2014, property of owner Alexandra Rucavado Romero, ID 1-0717-0357, nature: Individualized primary subsidiary property (finca filial primaria individualizada) suitable for construction to be used for residential purposes, which may have a maximum height of two stories, bounded on the north by common area free access thirteen and subsidiary property one hundred seventy, on the south by subsidiary properties one hundred seventy-five and on the west by subsidiary properties one hundred seventy-two, one hundred seventy-four and common area free access thirteen, measures 225.47 m2, percentage value 0.2703785, value ¢225,490.00; SUBSIDIARY 173: Folio Real 116-502-F-000, cadastral plan P-1745985-2014, property of La Casita Amarilla Camp de Playa S.A., legal identification number 3-101-738191, nature: property suitable for construction to be used for residential purposes, which may have a maximum height of two stories, bounded on the north by common area free access thirteen and subsidiary property 172, on the south by common area free access main and subsidiary property 174, on the east by subsidiary properties 172 and 174 and on the west by common area free access thirteen, measures 252.87 m2, value ¢252,870.00; SUBSIDIARY 174: Folio Real 116503-F-000, cadastral plan P-1745611-2014, property of Daniel Gamboa Núñez, identity card number 1-0937-0655, nature: property suitable for construction to be used for residential purposes, which may have a maximum height of two stories, bounded on the north by subsidiary properties 171, 172, 173 and 175, on the south by common area free access fourteen, on the east by subsidiary properties 171, 175 and common area free access fourteen and on the west by common area free access main and subsidiary properties 172 and 173, measures 272.73 m2, value ¢272,730.00; SUBSIDIARY 176: Folio Real 116505-F-000, cadastral plan P-1745613-2014, owner Mayra Delgado Ureña, ID 1-0578-0346, nature: property for construction to be used for residential purposes, which may have a maximum height of two stories, bounded on the north by subsidiaries 169, 170 and 177, on the south by common area free access fourteen and subsidiary 175, on the east by subsidiary 177 and common area free access fourteen and on the west by subsidiaries 170 and 175, measures 227.95 m2, value ¢227,950.00; SUBSIDIARY 178: Folio Real 116507-F-000, cadastral plan P-1745616-2014, property of Jason Arturo Zúñiga Villegas, ID 2-0611-0565, nature: property for construction to be used for residential purposes, which may have a maximum height of two stories, bounded on the north by subsidiaries 178 and 179, on the south by common area free access fourteen and subsidiary 177, on the east by subsidiary 179 and common area free access fourteen and on the west by subsidiaries 168, 169 and 177, measures 185.16 ms, value ¢185,000.00; SUBSIDIARY 185: Folio Real 116514-F-000, cadastral plan P-1739456-2014, owner Estudios Técnicos Estefi S.A., legal identification number 3-101-122274, nature: property for construction to be used for residential purposes, which may have a maximum height of two stories, bounded on the north by subsidiary 186, on the south by subsidiary 184, on the east by common area free access fourteen and on the west by common area free recreational area, measures 309.11 ms, value ¢309,110.00; SUBSIDIARY 287: Folio Real 116617-F, rights 001 and 002, cadastral plan P-1770582-2014, Medicare del Este HF S.A., legal identification number 3-101-647742, nature: property for construction to be used for residential purposes, which may have a maximum height of two stories, bounded on the north by subsidiary 287 (sic) and common area free stormwater easement (servidumbre pluvial), on the south by subsidiary property 289 and common area free access twelve, on the east by common area free stormwater easement (servidumbre pluvial) and subsidiary 289 and on the west by common area free access twelve and subsidiary 288, measures 275.20 m2, value ¢275,200.00; SUBSIDIARY 167: Folio Real 116496-F-000, cadastral plan P-1754613-2014, owner Productividad Empresarial GM S.A., legal identification number 3-101-179167, nature: property for construction to be used for residential purposes, which may have a maximum height of two stories, bounded on the north by common area free access thirteen, common area free green zone and subsidiary 180, on the south by subsidiary 179 and subsidiary 178, on the east by subsidiary 180, subsidiary 179, subsidiary 180 and common area free green zone and on the west by subsidiary 178 and common area free access thirteen, measures 157.28 m2, value ¢157,280.00; SUBSIDIARY 179: Folio Real 116508-F-000, cadastral plan P-1745619-2014, owner Productividad Empresarial GM S.A., legal identification number 3-101-179167, nature: property for construction to be used for residential purposes, which may have a maximum height of two stories, bounded on the north by subsidiaries 160, 177 and 178, on the south by common area free access fourteen and subsidiaries 168 and 178, on the east by subsidiary 180 and common area free access fourteen and on the west by subsidiaries 177, 178 and 188, measures 197.46 m2, value ¢197,460.00; SUBSIDIARY 170: Folio Real 116499-F-000, cadastral plan P-1752482-2014, owner Larissa María Montes Vargas, ID 1-0853-0440, nature: property for construction to be used for residential purposes, which may have a maximum height of two stories, bounded on the north by common area free access thirteen and subsidiary 179, on the south by subsidiaries 176, 171 and 175, on the east by subsidiaries 179, 176 and 177 and on the west by subsidiary 171, common area free access thirteen and subsidiary 175, measures 236.77 m2, value ¢236,770.00; SUBSIDIARY 248: Folio Real 116577-F-000, cadastral plan P-1763125-2014, owner José Luis Monge Bermúdez, ID 1-1139-0670, nature: property for construction to be used for residential purposes, which may have a maximum height of two stories, bounded on the north by subsidiaries 247, and 252, on the south by subsidiaries 249, 251 and common area free access main, on the east by subsidiaries 249, 251 and 252 and on the west by common area free access main and subsidiary 247, measures 330.00 m2, value ¢330,000.00; SUBSIDIARY 288: Folio Real 116617-F-001 and 116617-F-002, cadastral plan P-1770581-2014, property of Felipe Izquierdo Flores, ID 1-1280-0422 and Nataly Rodríguez Zamora, ID 2-0691-0652. (Registry certifications at images 70-101, 469-481 of the main file) 2.- The company Soluciones Integrales en Seguridad Sis S.A., developer of the housing project Condominio Villa Leona, in 2006 submitted a condominium project called Villa Leona to SETENA, for the purpose of obtaining environmental viability (viabilidad ambiental), located in the province of Puntarenas, canton of Garabito, for the property registered under Folio Real 12847-000, cadastral plan P-1141159-2007. SETENA assigned administrative case file number D1-1062-2006-SETENA to this proceeding, and through resolution No. 191-2007-SETENA of February 8, 2007, granted environmental viability (viabilidad ambiental) to the Condominio Villa Leona project. That act indicated that the project consisted of the construction of 369 villas in a condominium format, including the construction of accesses, internal roads, storm sewers, common areas, and protection areas for 3 intermittent streams that run through the bottom, and that it only covered the urban development phase. It was indicated that at the time of the inspection, no construction work or earthworks (movimientos de tierras) was observed, the land having slopes between 15% and 30%, and being covered with fruit trees and others. This resolution was corrected by act No. 1655-2007 SETENA of August 6, 2007, solely as to a material error, so that it reads that the project foresees earthworks (movimientos de tierras) of approximately 100,000 cubic meters, consisting of cut and fill so that there will be no surplus earth going outside the project. (Images 483-486, 567-568, 569-571 of the main file) 3.- On December 15, 2009, the property registered under Folio Real Puntarenas 12487-000, cadastral plan P-1141159-2007, was segregated, creating property Folio Real P-72837-F-000, cadastral plan P-1317590-2009, with an area of 103,424 m2, the property where Phase II of the Condominio Villa Leona is located. (Images 634-640 of the main file) 4.- Through resolution No. 939-2011-SETENA of April 26, 2011, SETENA ordered the immediate halt of construction works throughout the entire Condominio Villa Leona project until the developer Soluciones Integrales en Seguridad Sisi S.A. presents a slope stability study and a hydrological study. (Uncontested fact, referred to in resolution 1102-2014-SETENA, second whereas clause, image 648 of the main file) 5.- Through official communication US-RMU-212-2012 dated September 28, 2012, the company Soluciones Integrales en Seguridad Sis S.A. obtained from the Municipalidad de Garabito the land-use certificate (certificado de uso de suelo) for Condominio Villa Leona Phase II. (Uncontested by the local entity) 6.- On May 14, 2013, the company Soluciones Integrales en Seguridad Sis S.A. submitted to SETENA what was required in resolution SG-ASA-0280-2013, referred to in the preceding point. (Referenced in resolution 1102-2014-SETENA, second and third whereas clauses, image 648 of the main file) 7.- On February 26, 2013, the INVU granted approval (visado) to the plans for Phase II of the Condominio Villa Leona project, on property Folio Real P-72837-000, cadastral plan P-1317590-2009, noting the conclusions and recommendations contained in the report by the company Ingeotec S.A. from 2009. (Uncontested) 8.- Through official communication SG-ASA-0280-2013 of April 17, 2013, SETENA requested that the company Soluciones Integrales en Seguridad Sis S.A. comply with what was ordered in resolution No. 939-2011-SETENA.
9.- On April 17, 2013, Banco Improsa S.A. submitted to the Municipalidad de Garabito a construction permit application No. 1816, for the development of infrastructure works, which was granted through construction permit certificate No. 1816-2014 of July 22, 2014, regarding property Folio Real 6-72837-F-000, cadastral plan P-1317590-2009. (Images 562-563 of the main file) 10.- By public deed number one hundred seventy-two-four, executed on August 26, 2013, before Notary Public María José Chaves Cavallini, Phase II of the development of Condominio Vistas de Villa Leona was constituted by the trustee Banco Improsa, in which it is indicated, with respect to the plaintiffs:
“… A) In accordance with the urban development and construction restrictions appearing in the submitted plans and the Plan Regulador of the Canton of Garabito, the lots shall have a maximum coverage area of seventy-five percent for housing and one point thirteen percent for recreational areas. The condominium has a total area of ONE HUNDRED THREE THOUSAND FOUR HUNDRED TWENTY-FOUR SQUARE METERS AND SEVENTY SQUARE DECIMETERS, broken down as follows: A) ONE THOUSAND FOUR HUNDRED SEVEN POINT FIFTEEN SQUARE METERS corresponding to the Potable Water Well Protection Zone; B) THREE THOUSAND THREE HUNDRED FIFTY-EIGHT POINT NINETY-ONE SQUARE METERS corresponding to stormwater and pipeline easements (servidumbres pluviales y de tuberías) and C) NINETY-EIGHT THOUSAND SIX HUNDRED FIFTY-EIGHT POINT SIXTY-FOUR SQUARE METERS corresponding to the developable area of the Condominium, which in turn are broken down as follows: C:I) Subsidiary Properties (Fincas Filiales): Composed of one hundred fifty-one individualized primary subsidiary properties (fincas filiales primarias individualizadas), all intended as lots for the construction of single-family homes up to a maximum of four levels, with a total area of EIGHTY-THREE THOUSAND THREE HUNDRED NINETY-SEVEN POINT EIGHTY-NINE SQUARE METERS, equivalent to eighty-four point fifty-six percent of the total developable area of the condominium…” Regarding the lands acquired by the plaintiffs, a detail was provided of the description of the subsidiary properties in the same terms indicated in proven fact 1 above. (Deed visible at images 124-207 of the main file) 11.- Through resolution No. 1102-2014-SETENA of June 9, 2014, that administrative unit approved the requested slope stability studies for the company Soluciones Integrales en Seguridad Sis S.A. In the slope stability study carried out by the company Ingeotec S.A. in October 2009 for the Vista de Leona project, Second phase, the following conclusions and recommendations were formulated:
“… 1. In general, the stability of the terrain for the condition without earthworks (movimientos de tierras) is acceptable in the analyzed sections.
2. Once the proposed earthworks (movimientos de tierras) are carried out, the stability studies verify that the construction of one or two-story structures using foundation systems with slabs or shallow foundations is poorly suited for the dwellings. In view of the foregoing, the need is emphasized to employ foundation systems of the pre-excavated concrete pile type, so that the buildings transmit their loads to better quality and resistant materials. This reduces the pressures on the soils of layer No. 1, which is what determines the stability of the sections in most of the proposed cases.
3. In two evaluated cases, it is verified that the construction of buildings using special foundation systems such as concrete piles considerably increases the safety factor values against landslides of the slopes. Although this study is theoretical, it verifies the feasibility of placing the buildings more safely using pile systems.
4. The design of retaining structures or soil reinforcement is recommended in those places where, after carrying out the earthworks (movimientos de tierras), high or vertical slopes are present…
5. Alternatively, the option of supporting the foundations of the structures below the materials of layer No. 1 can be evaluated.
6. Shallow failures may occur due to the effects of intense rain and/or alteration over time of the soils and rocks, therefore it is recommended to study protection measures against runoff water mainly…
7. The stability studies carried out are local in nature and do not study the existence and effects of regional geological or seismic faults.
8. Any eventual terrain condition that arises during the construction process must be referred to us for consultation.” (Images 376-445, 648-651 of the main file) 12.- Through resolution No. 2093-2019-SETENA of July 4, 2019, SETENA ordered Soluciones Integrales en Seguridad Sis S.A. to submit a new slope stability study and a project compensation plan. (Images 511-516 of the main file) 13.- Around mid-October 2020 (with no precise date appearing in the record), a landslide occurred in the upper part of the slope that encompassed the lots and constructions of the plaintiffs located in Phase II of Condominio Villa Leona on property Folio Real P-72837-F-000. (Inferred from official communication INSDS-02220-2020 of December 17, 2020, from the Instituto Nacional de Seguros and the geophysical study referred to in the following section) 14.- In October 2020, without detailing the day, geophysicist Francisco Sánchez G., of the company GeoStratu Consultores S.A., specializing in geophysics, with registration number CGCR-94, issued a Preliminary Report of the Geophysical Study of Electrical Resistivity Tomography and Seismic Refraction for the Villa Leona project, Phase II, located in Tárcoles, Garabito, on property Folio Real P-72837-F-000, cadastral plan P-1317590-2009, in which the following conclusions are formulated:
(Report visible at images 102-123, 575-603 of the main file) 15.- On February 12, 2021, a visit was made to the project area by Biologist Juan Diego Pacheco Polanco, an official of the Environmental Audit and Monitoring Department (Departamento de Auditoria y Seguimiento Ambiental) of SETENA, and in Inspection Record ASA-ACT INS-0037-2021, he stated:
1. The project is in the construction phase.
2. The project consists of the urban development phase of a residential condominium with a total of 350 subsidiary properties (fincas filiales) with an area between 250 and 500 m².
3. The internal roads in the project area are made of pavers with their respective curb and gutter and drains.
4. Electricity for the project area is supplied by the Instituto Costarricense de Electricidad.
5. Potable water is supplied by the ASADA of Quebrada Ganado.
6. Ordinary solid waste is collected by the Municipalidad de Garabito.
7. No type of waste is observed in the project area.
8. The rainwater collection system is managed through a drain system, which is channeled into natural depressions located within the property.
9. At the time of the inspection, an active rotational-type landslide of approximately 3 hectares was evident in the southeastern sector of the Project Area, according to Geologist Julio Madrigal Mora of the Comisión Nacional de Emergencias, which affected 35 subsidiary properties (fincas filiales) and caused structural damage to 5 dwellings.
10. The landslide produced a subsidence of approximately 8 meters in the ground.
11. During the inspection, the project's environmental manager indicated that two geological and geotechnical studies are being carried out in the area affected by the landslide. (Referenced in resolution 586-2021-SETENA, fifth whereas clause, visible at images 864-870 of the main file) 16.- On February 15, 2021, the Comisión Nacional de Emergencias (CNE) and SETENA conducted a joint inspection at the Condominio Villa Leona project site, and in March 2021, the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, Unidad de Investigación y Análisis del Riesgo, issued technical report CNE-UIAR-INF-0024-2021 regarding the technical assessment of slope instability and impact on some condominiums, in which it was determined that the evaluated sector showed a scarp, ground surface rupture, ground deformation, cracking, subsidence, and tilting of posts and constructions, which are associated with an active rotational-type landslide. Regarding subsidiary property 176, it indicated that it is located within this active mass movement "landslide" and, therefore, the land is totally at risk of greater mobility and does not meet the conditions for a residential construction due to the deformations. It noted that it was necessary for public entities to analyze the purpose of having detailed technical studies to determine geotechnical and geological conditions for future developments in other parts of the canton. Similarly, in technical report CNE-UIAR-INF-0649-2021 of August 2021, it reiterated these conclusions. (Images 528-533, 748-755 of the main file) 17.- Through resolution No. 586-2021-SETENA of April 15, 2021, SETENA considered a complaint filed on January 25, 2021, against the Condominio Villa Leona project and ordered, as relevant:
"POR TANTO LA COMISIÓN PLENARIA RESUELVE In Ordinary Session No. 028-2021 of this Secretariat, held on April 15, 2021, in Article No. 16, it is agreed:
FIRST: To accept the complaint filed before this Secretariat on January 25, 2021, against the “Condominio Villa Leona” project with administrative case file D1-1062-2006-SETENA.
SECOND: In accordance with the foregoing whereas clauses, the temporary halt of construction works is established as a Precautionary Measure, except for the necessary and immediate mitigation measures. This measure shall remain in effect until this Secretariat deems it appropriate to lift said halt order.
THIRD: Mr. Danilo Alberto Villalobos Solano, legal representative of the company Soluciones Integrales de Seguridad SIS S.A., is ordered to, within a period of 30 business days following notification of this resolution, proceed to present and implement the recommendations issued in the following technical studies:
1. A geotechnical and slope stability study of the entire project area, containing actions aimed at the containment and stabilization of the soil and the possible impacts caused by the landslide.
2.
Mitigation Measures Plan (as requested in Resolution No. 2093-2019-SETENA of July 4, 2019) that includes the effects resulting from the active rotational-type landslide evidenced.
FOURTH: Based on Article 99 of the Environmental Organic Law No. 7554 and given the verified non-compliance of the Developer and the Environmental Regent of the project, the following is established:
Geol. Gerardo Calero (president) Ing. Álvaro Hidalgo Lic. Fabián Mora Said Directing Body must render a report with the corresponding recommendations within a period of 30 business days.
FIFTH: Notify the National Emergency Commission of the facts already known by this institution, so that it may proceed as appropriate according to its powers.
SIXTH: Notify the Municipality of Garabito so that, based on its powers to follow up on the precautionary measure, the temporary stoppage of construction works. SEVENTH: For the purpose of improving the services provided by SETENA, you are requested to provide an email address to receive notifications from this Secretariat, in accordance with directive SG-134-2014-SETENA of June 23, 2014, visible on the website: www.setena.go.cr EIGHTH: The original documents signed digitally (Digital Signature) will be available to the interested party at the web address http://www.setena.go.cr, where it must be verified by any interested party and public or private instance. For all legal effects, according to Law 8454, the digital signature issued by a registered certification authority has the legal equivalence of a handwritten signature, according to Article 4 which states: "Article 4° - Legal qualification and probative force. Electronic documents shall be classified as public or private, and shall be recognized with probative force under the same conditions as physical documents". A printed copy of the digitally signed document is filed as a piece of the administrative file that is in the custody of SETENA. In accordance with Article 8 of Law 8220, the interested party may not be requested to require a procedure for the presentation of certifications, copies of information that is already held by another institution, according to the pre-established legal means." (Images 864-870 of the principal file) 18.- On June 15, 2021, Mr. Danilo Villalobos Solano, in his capacity as Administrator of Condominium Villa Leona and representative of Soluciones Integrales de Seguridad Sis S.A., requested the Ministry of Health, in compliance with resolution 586-2021-setena of April 15, 2021, in which an active rotational-type landslide was found as a result of heavy rains and as indicated by the National Emergency Commission, which participated in the field inspection and verified structural damage to five dwellings (without detailing them in that official letter), to carry out the assessments of the affected properties, to proceed to declare uninhabitable the dwellings that so warrant, and to proceed to order their demolition by whomever corresponds. (Images 537-538 of the principal file) 19.- By sanitary order ARS-G-OS-152-2021 of August 13, 2021, the Ministry of Health ordered the declaration as uninhabitable of the dwelling on subsidiary filial 176 owned by Mayra Delgado Umaña. (Image 543 of the principal file) 20.- By sanitary order ARS-G-OS-153-2021 of August 13, 2021, the Ministry of Health ordered the declaration as uninhabitable of the dwelling on subsidiary filial 287 owned by Medicare del Este HF S.A. (Image 543 of the principal file) 21.- By sanitary order ARS-G-OS-154-2021 of August 13, 2021, the Ministry of Health ordered the declaration as uninhabitable of the dwelling on subsidiary filial 173 owned by La Casita Amarilla Camp S.A. (Image 546 of the principal file) 22.- Through official letter AL-634-2021-ER of October 15, 2021, from the Legal Management Unit of the Municipality of Garabito, the Technical Services Process, Municipal Engineer, Ing. Kendra Salas León, is requested to detail whether construction permits were granted for the subsidiary filial properties that were segregated from the parent property 3533-M-000 of the Condominium Villa Leona II Stage project. (Images 274-275 of the principal file) 23.- Through official letter ST-2021-004-I-KS of October 15, 2021, from the Technical Services-Constructions Unit of the Municipality of Garabito, it is indicated that of the eleven properties consulted, only three of them have a record in the municipal administrative control system for construction permits, specifically, and as relevant to this process, lot 287 in the name of Medicare del Este HF S.A., lot 176 in the name of Mayra Delgado Ureña, and lot 173 in the name of La Casita Amarilla Camp de Playa S.A. (Images 276-279 of the principal file) 24.- Through official letter STDCI-089-2021 of October 15, 2021, the Technical Services-Constructions Unit requests the Coordinator of Citizen Security and Coexistence Services of the Municipality of Garabito to visit each subsidiary filial property of the Villa Leona project, stage II, to corroborate whether constructions with their respective permits exist on said properties. The inspection is requested for properties 116503, 116500, 116514, 116617, 116507, 116496, 116508, and 116499. (Image 280 of the principal file) 25.- Through official letter SETENA-SG-1366-2021 dated October 25, 2021, issued by Ing. Ulises Álvarez Acosta, Acting Secretary General of SETENA, the following is indicated:
"It is important to mention that, unless this Secretariat, during the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) process, has knowledge that landslides or some other event of this magnitude have occurred on the property where the project is being developed, it requests more specific studies or that these be carried out in greater depth. During an environmental impact assessment, SETENA considers environmental aspects contained within the geotechnical study (soil study) such as the water table and the infiltration rate of the land where the project is intended to be developed; it does not delve into issues such as the bearing capacity or allowable load capacity of the land, given that this is not considered by this Secretariat as an environmental issue, and this information is not available at this level since it works with design and not construction plans.
The geotechnical study submitted for this project within the environmental impact assessment was for the case of a condominium of individualized primary filial properties where only the urban works are contemplated and not the dwellings. The professional responsible for the works must contemplate the preliminary studies, for design and construction, verification and monitoring, as established by the Costa Rica Foundations Code, for it to be considered in structural design. Given that each owner of each filial should process and develop the specific studies for the construction of their dwellings, as is the case, this Secretariat considers it sufficient that the Soil Study (Geotechnical) be carried out with drillings of 3 to 6 meters (ETP), in which the presence of a layer of clayey silts that would affect the stability of the terraces was not detected.
The request made by this Secretariat through Administrative Resolution No. 586-2021-SETENA of April 15, 2021, is made based on Technical Report CNE-UIAR-INF-0024-2021 from the National Emergency Commission, through which it is concluded that the evaluated sector shows a scarp, surface rupture, terrain deformation, cracking, subsidence, and tilting of posts and constructions, which are associated with an active rotational-type landslide, for which reason the land, due to these conditions, is totally compromised to greater mobility and therefore to damage.
Based on the above, this Secretariat makes the decision to halt the project area until the developing company presents a geotechnical and slope stability study, following the procedure established in the Costa Rica Geotechnical Code of Slopes and Hillsides, for the entire project area to prevent this type of landslide from occurring in other areas of the property where the project is being developed." The highlighting has been supplied (Images 322-325 of the principal file) 26.- By official letter SCCS-I-180-2021-VCB of October 28, 2021, from the Social Security and Coexistence Process of the Municipality of Garabito, the Technical Services Unit is notified of the result of the inspections required in the Villa Leona sector, stage II: F-116503: the lot has no construction, F-116500: there is no type of construction work, F-116514: vacant lot, there is no construction, F-116617: there is the construction of a finished dwelling, it is closed by closure record No. 0202-2021 for not having the respective municipal construction permit, F-116507: vacant lot, there is no construction, F-116496: there is the construction of a 2-story dwelling, totally finished, closed by closure record No. 0205-2021 for not having the respective municipal construction permit, F-116508: there is no type of work, F-116499: vacant lot, there is no construction. It was indicated that at the time of the closures, the property owners were not at the site, so the closure records were left with the project's guard. (Images 298-305 of the principal file) 27.- On August 4, 2022, Mrs. Mayra Delgado Ureña, owner of filial 176 of Condominium Villa Leona, property Folio Real 116505-F-000, filed a claim with the National Insurance Institute regarding the events that occurred in the early morning of October 16, 2020, that affected her dwelling, for the purposes of applying policy No. 0101INC0749493-00. (Images 828-855 of the principal file) 28.- Through official letter INSDS-02220-2020 of December 17, 2020, the National Insurance Institute resolves the claim filed by Mrs. Mayra Delgado Ureña to cover the damages caused to filial 176 of Condominium Villa Leona under policy contract No. 0101INC0749493-00 valid from October 14, 2020, to October 14, 2021, and ordered, as relevant:
"… According to the Engineer in charge of damage assessment, the building does not show construction defects that would have influenced the degree of damage that the property exhibits; on the contrary, it is indicated that the cause of the event is directly due to the landslide of approximately 2.8 hectares of sedimentary material; however, there are not sufficient elements to determine whether there is any hidden defect in the land on which the property is located, so a more in-depth study is considered essential.
It is important to mention that prior to the construction of the affected property, no type of exploratory geotechnical study was carried out to determine the design of the foundations, which would have allowed for an assessment of the bearing capacity or stability of the land, as dictated by the 2010 Costa Rica Seismic Code, in section 13.1 which states:
"Prior to the design of the foundations, all land studies stipulated in the Costa Rica Foundations Code must be carried out. The foundation must be understood as the set that includes both the structural element that transmits the loads of the superstructure to the ground, and the supporting soil or rock. Therefore, in addition to verifying the stability of the structural element, all studies and verifications of the supporting medium must also be carried out such as: land stability, stability of fillings and slopes, liquefaction of sands during earthquakes, bearing capacity of the soil, drainages, settlement control, load capacity of piles, and horizontal thrusts on walls, among others". (The bold and underline are ours).
Likewise, this code regulates the procedures and limitations for the design of structures, which must be determined considering the seismic zonification and the characteristics of the foundation sites. (…)
It should be noted that there is a geotechnical study carried out in 2014 by the company INGEOTEC S.A. with consecutive number IG-056-2014, which details generalities of the project; it is unknown if the land was altered after that date. Regarding the geophysical study of electrical tomography and seismic refraction carried out in Condominium Villa Leona, prepared by the company Geostratu Consultores according to consecutive CGCR-94, it only serves as a reference to have a notion of the thickness of the underlying soil layers.
As indicated in the General Insurance Conditions, Section II, Events and Losses Not Covered, Direct Damage Coverages, Article 25, "Excluded Risks", subparagraph a.9, the Institute will not cover losses or expenses that are caused or aggravated by:
"a. For all coverages:
9. Fallen, sunken, or collapsed buildings. If all or a section of the building subject to this policy, or that contains the property insured by it, or if all or a section of an immovable property of which said building forms part, were to fall, sink, or collapse, this insurance shall cease to cover from that moment, both the building and its contents, unless the fall, sinking, or collapse is due to a risk covered by this contract". (the bold and underline are ours).
On the other hand, when reviewing the documentation that supports the insurance of the property in question, it was determined that relevant information was omitted at the time of formalizing the policy contract.
The issuance of the insurance was carried out on October 14, 2020, through Mr. Gabriel Quesada Mora, independent insurance agent No. 114079; however, the problems that were being generated within the project at that time, as a result of a significant landslide that occurred days before, are not mentioned. (…)
From our perspective, it is evident that there was sufficient information at the time of formalizing the policy contract; however, the risk was declared differently from reality; in addition to the foregoing, the National Insurance Institute was also not informed at the time when it was alerted by the engineer in charge of the work, that is, two days after having taken out the insurance, as evidenced in the logbook of the professional in charge.
By virtue of the foregoing, it is determined that it is not feasible to cover the claim and we inform you that we are obligated to decline the case and proceed with its permanent archiving. (…)" (Images 909-912 of the principal file) II.- Facts Not Proven. Of relevance to this process are the following:
1.- That the company Soluciones Integrales en Seguridad Sis S.A. appeared in a notarial venue to sell or directly transfer each of the subsidiary filial properties acquired by the plaintiffs within Condominium Villa Leona. 2.- That the plaintiffs, in their capacity as potential acquirers of the filials subsequently acquired in Condominium Villa Leona, requested information from the developing company Soluciones Integrales den Seguridad Sis S.A. or from the defendant public units, related to geological risks or slope stability in the sector where their properties are located. 3.- That in the sale of the filials that are the subject of controversy, the transferring party hid relevant information from the acquirers regarding possible risks of landslides, slope movements, or ground subsidence. 4.- The structural or soil consequences or implications that occurred in each filial of the plaintiffs on the occasion of the seismic event that occurred in October of the year 2020. 5.- As a result of the alleged structural or soil consequences or implications suffered by the plaintiffs' properties on the occasion of the seismic event that occurred in October of the year 2020, constructions cannot be carried out on them. 6.- The impact of both the 6.0 magnitude earthquake that occurred in October 2020 and the level of rainfall in the zone on the plaintiffs' properties and on the stability of the slope in the area where they are located. 7.- That the plaintiffs -except for Mayra Delgado Ureña and La Casita Amarilla Camp de Playa S.A- had processed, prior to the landslide in mid-October of the year 2020, construction permits or licenses with the Municipality of Garabito. 8.- The existence and scope of the constructions carried out on filials 287 (property registration 6-116617-F-000), 176 (property registration 6-116505-F-000), and 173 (property registration 6-116502-F-000). 9.- The extent and magnitude of the damages to the alleged constructions carried out on filials 287 (property registration 6-116617-F-000), 176 (property registration 6-116505-F-000), and 173 (property registration 6-116502-F-000), occurring from the landslide in mid-October of the year 2020. 10.- That in the alleged constructions carried out on filials 287 (property registration 6-116617-F-000), 176 (property registration 6-116505-F-000), and 173 (property registration 6-116502-F-000), a responsible professional had been hired for their design and construction, as well as for carrying out the pertinent technical studies to determine the type of foundation and structural stability works required. 11.- The existence of damages and losses caused by the defendants to the plaintiffs that the latter do not have a legal duty to bear. 12. That as of the date of filing this lawsuit, the Municipality of Garabito had granted Soluciones Integrales den Seguridad Sis S.A. construction permits, plan approval, or approval of Condominium Vistas de Villa Leona Stage II, on the property with Folio Real registration P-72837-000.
III.- Purpose of the process. Allegations of the plaintiff party. In this case, the purpose of the process has been set to declare the liability of the co-defendants for alleged active and omissive conduct that resulted in the loss of constructions and the value of lots acquired within Condominium Villa Leona. The claims were fixed as follows:
"We request that the lawsuit be declared valid and that the defendants be jointly and severally ordered to pay the following items:
a. Payment of the material damage caused, which consists of the loss and destruction of the dwellings already built, as well as the value of the lots of their filials, a declaration to be made in the abstract and whose amount will be determined in the stage of execution of judgment.
b. Payment of subjective moral damages in the amount of 20 million colones for each one (sic) of the natural persons who own the filials.
c. On all liquidated items, net interest and indexation shall accrue from the moment the event arose until its effective payment.
d. The Municipality of Garabito be ordered to exempt the plaintiffs from the payment of municipal taxes.
e. Payment of procedural and personal costs plus their interest in accordance with the fee schedule for legal professionals in this process." At its core, the plaintiff party alludes to the regulatory legal framework for the extracontractual civil liability of the co-defendants. It refers to subjective liability and objective liability. In the case of the former, it explains that it is established by imprudence, negligence, or incompetence and requires the existence of unlawfulness. The fault of the party causing the damage and the causality between the conduct and the damage must be demonstrated. It is divided into direct and indirect, the former generated by the subject causing the damage (Art. 1045 Civil Code) and the latter or for the act of another (Art. 1048 ejusdem), which states that whoever entrusts a person with the fulfillment of certain acts is obliged to choose a person capable of executing them and to supervise their execution within the limits of the diligence of a good "father of a family". It is divided into responsibility "in eligendo" and "in vigilando". It continues, in the case of companies dedicated to risky activities directed at the consumer, such as in real estate development, the rules of the Law for the Promotion of Competition and Effective Consumer Defense, No. 7472, apply. Article 32 of that law establishes which are the fundamental and inalienable rights of the consumer, without prejudice to those regulated in various regulations. It specifies that precept 34 ibidem establishes the obligations of the merchant, while canon 35 ejusdem establishes the strict liability regime applicable to commercial relations, establishing that it must respond regardless of fault when the consumer is harmed due to the good or service, inadequate or insufficient information about them or their use and risks, being released only when it demonstrates that it has been unrelated to the damage. Regarding the liability of the State and public entities, it expounds that they must respond for all damages caused by their legitimate or illegitimate, normal or abnormal functioning, except for force majeure, fault of the victim, or act of a third party. For its occurrence, three essential requirements are needed: 1) Action or omission derived from administrative function or conduct; 2) Injury or existence of unlawful damage, which must be certain, effective, real, assessable, individualizable, and not hypothetical; and 3) The causal link, that is, that there is a direct cause-and-effect relationship between the fact attributed and the damage produced. It refers to the exempting causes for that regime. It presents an item addressing the current national regulations on the construction, development, execution, and supervision of urbanizations and condominiums. It refers to numerals 169 and 170 of the Political Constitution, the Municipal Code, the Construction Law on matters of subdivisions (fraccionamientos) and urbanizations, for which purpose it refers to rules 15, 74, 83 of that law. It points out that ordinal 87 of that legal source establishes the duty of supervision that municipalities must exercise over the works executed within their jurisdiction and their use. It continues citing the Organic Law of the INVU, Article 5, and the Urban Planning Law, precepts 10, 15, 19, 32, 33, 38, 58. It cites the Environmental Organic Law, Articles 17 and 28, the General Health Law, precepts 276, 287, 288, 289, 308, 309, 312, 313, the Law Regulating Property in Condominium, Article 3, as well as the National Regulation for the Control of Subdivisions and Urbanizations. It also alludes to the Seismic Code, the Organic Law of the College of Engineers and Architects. Regarding the conduct of activity or material inactivity, it expounds that in the present case there are two conducts under a different liability regime, one by the company Soluciones Integrales en Seguridad Sis S.A., covered under a strict liability regime resulting from the consumer relationship entered into with the plaintiff condominium owners, without having the proper conditions, being harmed by reason of the good or service and by inadequate or insufficient information, and on the other hand, the liability of the Municipality of Garabito and the INVU together with the State, for joint and several liability "in vigilando". Regarding the conduct of that company, it indicates that they are the following: 1) Having executed a work contrary to the municipal permits granted, since they received permission to carry out construction works for property with Folio Real registration P-012847-000 and plan P-1141159-2007, the entire property encompassing stages I and II, but the INVU only approved stage I on October 31, 2008, and in 2009 the property was separated. 2) Not having alerted the future owners of the Stage II filials about the recommendations and conclusions of Ingeotec from the year 2009. 3) Not having obtained the construction permit for the second stage identified through property P-72837-000 and still carrying out construction works to give the appearance of a condominium with all permits. 4) Not having carried out the slope stability study that SETENA requested through resolution No. 2093-SETENA of July 4, 2019. 5) Having created on property P-72837-000 an unregistered vehicle passage easement (servidumbre de paso vehicular sin inscribir), passing through the recreational areas of the condominium and filial 190, denaturing the condominium establishment deed as set out in deed number 172, volume four of notary María José Chaves Cavallini. 6) Failure to comply with the provisions of the regulation for the procedure for the review of construction plans, Decree No. 36550-MP-MIVAH-S-MEIC of April 28, 2011, Article 11 on easements (servidumbres). 7) Inducing buyers into error by having them sign deeds indicating that the filials were suitable for construction. 8) Having sold condominium land with hidden defects, violating the guarantee of eviction, hiding information from consumers. 9) Violating the principle of legitimate trust since consumers made their consumption decision based on the fact that it was a condominium with land suitable for construction, which had land-use studies and environmental viability from SETENA. 10) Not having executed the mitigation measures ordered by SETENA, such as not having guaranteed the stability of slopes and preventing erosion, not carrying out the studies or compaction tests to guarantee the stability of the land. It considers that these conducts are serious and regrettable because they caused damage to the infrastructure and properties in general. Regarding the Municipality of Garabito, it indicates that the liability arises from not having supervised, audited, monitored, and reviewed the company Soluciones Integrales en Seguridad Sis S.A. duly so that the construction permits obtained between 2007 and 2008 were for the first stage. It insists that the property on which the permits were given was segregated in 2009, creating a new property and plan, to the point that the developer obtained from the council the resolution granting the land-use certificate. It refers to precept 190 of the General Law of Public Administration. It says that the works permitted by the Municipality were for property P-012487-000, where only the plan approved by the INVU for the first stage is found, according to the seal of October 31, 2008. It expounds that the omissive conduct of the local entity is: 1. Granting compliant land-use for the second stage covered by the plan of property P-72837-000, plan P-1317590-2009 II Stage of Condominium Villa Leona, for residential condominium use, with residential use being the following: in accordance with the approved site design for the Horizontal Residential Condominium with individualized primary filial properties Vistas de Leona. 2. It did not approve or authorize Condominium Villa Leona II Stage, despite the fact that since February 26, 2013, the INVU had approved the plans. 3. Having granted 4 construction permits to filials 168, 173, 176, and 287 in the zone where both Ingeotec and the INVU plan approval warned about the recommendations and conclusions of the slope stability study presented to SETENA in 2013, and not having warned or indicated to the condominium owners how they should build their houses. 4. Having violated Article 87 of the Construction Law, which imposes the duty of supervision over the works. It considers that the conduct of that local entity are participants in the material, economic, and moral damages because by granting municipal permits for this type of works, without the necessary planning or control to make that project viable at a legal and operational level. Regarding SETENA, it expounds, its omissive conduct consists of allowing a developer to present a project without a true environmental impact assessment in violation of Article 17 of the Environmental Organic Law. It considers it impossible that after 14 years of having granted an environmental license to a project, it is currently requesting slope stability studies, where a landslide has already occurred. It alludes to resolution No. 586-2021-SETENA of April 15, 2021. It points out that since 2009, the company Ingeotec S.A. had carried out slope stability studies on the property where the project is being developed and had warned about the realities in parts of the land where it was not suitable for construction. It expounds that these studies were presented in 2009 and again in 2013, and it was not until that year that the INVU approved the plans for Stage II, leaving the recommendations and conclusions of the company Ingeotec intact. It continues, by resolution No. 939-2011-SETENA of April 26, 2011, the project had been ordered halted.
It alleges that SETENA failed to comply with its duty to monitor even though it made decisions and issued orders, and did not review what the developer company submitted, which would have prevented the plaintiffs from becoming aware of the geological conditions of the land they were purchasing. Regarding INVU, it asserts that it breached the obligations stipulated in Article 38 of the Urban Planning Law, which requires the Urban Planning Directorate not to grant permits for land development (urbanizar terrenos), nor to approve (visar) plans when the condominium does not meet the minimum regulatory standards or presents deficient and adverse conditions for public safety and health. It considers that it was not sufficient for INVU to approve (visara) the plan while warning the developer of the dangers and the works that had to be carried out, because what it should have done was to deny the approval (visado) until the developer had completed the corresponding remedial plans and mitigation works. Regarding the damages claimed, it accuses a material damage, which it divides into direct loss (daño emergente) and loss of profit (lucro cesante), as well as a subjective and objective non-material damage (daño moral). Regarding the direct material loss (daño material emergente), it indicates that it consists of the direct impact caused to their assets, constituting quantifiable material injuries or impacts that imply a destruction or deterioration of goods or rights. It states that no exemption from liability in the causal link is observed and that the damage consists of the impact on lots and subsidiary properties (filiales) with housing belonging to the plaintiffs. Regarding damage to property, it refers to the report of the geologist from the Comisión Nacional de Emergencias, MSC. Julio Madrigal. It notes that the direct loss (daño emergente) consists of the loss and destruction of dwellings already built, as well as the value of the lots of their subsidiary properties (filiales), since the lands are not suitable for building on them, as they are located in an active rotational landslide (deslizamiento activo rotacional), and are not suitable for residential construction, which was the objective of the consumer buyers. The geological and geotechnical zone in which the affected condominium is located, according to technical studies, consists of lands with a scarp (escarpe), mass movement (movimiento de masa), surface rupture, deformation, subsidence, cracking, on which it is impossible to build; at most, it will remain a green zone. It presents a section of individualized damage for each subsidiary property (filial) with construction, referring to subsidiary properties (filiales) 287 of Medicare del Este HF S.A., 176 of Mayra Delgado Ureña, and 173 of La Casita Amarilla Camp de Playa S.A. It asserts that these subsidiary properties (filiales) had two-story construction, except for subsidiary property (filial) 287, which was single-story, and that the dwellings are totally destroyed and are expected to be declared uninhabitable by the Ministerio de Salud, which at the date of the lawsuit it says was in process. It states that the damage will be accredited, but its amount will be established in the judgment execution stage. Regarding the individualized damage of each subsidiary property (filial) without construction, it mentions the following subsidiary properties (filiales): 1. Subsidiary property (Filial) 174 of Daniel Gamboa Núñez, property inaccessible and cracked with subsidence, not suitable for building. 2. Subsidiary property (Filial) 171 of Alexandra Rucavado Romero, property inaccessible and cracked with subsidence, not suitable for building. 3. Subsidiary property (Filial) 185 of Estudios Técnicos Estefi S.A., inaccessible, it is expected that the landslide rupture will reach this subsidiary property (filial). 4. Subsidiary property (Filial) 288 of Felipe Izquierdo Flores and Nataly Rodríguez Zamora, property inaccessible and cracked with subsidence, not suitable for building. 5. Subsidiary property (Filial) 178 of Jason Arturo Zúñiga Villegas, property inaccessible and cracked with subsidence, not suitable for building. 6. Subsidiary property (Filial) 167 of Productividad Empresarial GM S.A., property inaccessible and cracked with subsidence, not suitable for building. 7. Subsidiary property (Filial) 170 of Larissa María Montes Vargas, property inaccessible and cracked with subsidence, not suitable for building, and 8. Subsidiary property (Filial) 248 of José Luis Monge Bermúdez, property inaccessible and cracked with subsidence, not suitable for building. It argues that the economic value will be established in the judgment execution stage through expert evidence, based on the current value of the land. Regarding the subjective non-material damage (daño moral subjetivo), it states that it consists of the emotional impact, sadness, anguish, pain, sorrow, unease, insecurity, anxiety, impotence, and frustration suffered by a human being, which does not require direct proof. It postulates that in this case, an intense subjective non-material damage (daño moral subjetivo) is observed, and therefore estimates it at the sum of ₡20,000,000.00 for each plaintiff. It details that the sadness and anguish correspond to the unjust and undue loss of a valued legal right: that of having made a large economic investment for the acquisition of land with a view to building a vacation, retirement, or leisure home. It specifies that this damage is requested for the owners of subsidiary properties (filiales) who are natural persons. It presents the case of Mrs. Mayra Delgado Ureña, subsidiary property (filial) 176, Mr. Daniel Gamboa Núñez, subsidiary property (filial) 174, Alexandra Rucavado Romero, subsidiary property (filial) 171, Felipe Izquierdo Flores and Nataly Rodríguez Zamora, subsidiary property (filial) 288, Jason Arturo Zúñiga Villegas, subsidiary property (filial) 178, Larissa María Montes Vargas, subsidiary property (filial) 170, and José Luis Monge Bermúdez, subsidiary property (filial) 248. On the other hand, it requests legal interest according to precept 1163 of the Civil Code and 497 of the Commercial Code. Likewise, it requests the indexation of the monetary sums claimed. Finally, it states that there is a direct cause-and-effect relationship between the attributed facts and the damages produced. It considers that the causal link between the omissions and actions reproached against the project developer and the defendant administrations is evident, as they incurred in serious conduct of material activity or action and of inactivity or omission in the exercise of building activity (actividad edilicia) that allowed the development of the condominium, without complying with the minimum requirements required for the construction of this special type of works. As an immediate and direct consequence of the omission to fulfill the supervisory and control powers of these entities, the causal relationship with the claimed damages is established.
IV.- Allegations of INVU. The Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo opposed the lawsuit. It states that the project approval (visado) date was February 25, 2013. It claims that this aspect does not allow establishing a causal link between the alleged unlawful conduct and the harm caused. The approval (visado) was granted in 2013, complying with the review stipulated by the respective regulations, so everything subsequent is municipal jurisdiction when granting the construction permit. The project was processed as a condominium of individualized primary subsidiary properties (fincas filiales primarias individualizadas), that is, a condominium of lots, stipulated in the Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio, No. 7933 and its regulations. The review requirements are established in the Manual for Subclassification of Construction Projects, in accordance with Decreto Ejecutivo No. 33615-MP-MEIC-SALUD-MIVAH. It states that to build on each lot or subsidiary property (filial), the responsible professional for the project had to carry out the pertinent studies to ensure the construction of the dwelling. It emphasizes that INVU does not analyze aspects related to permits for individual dwellings, nor is it its responsibility to verify the stability of slopes as that is part of the construction stage, under the charge of the responsible professional and the developer of the condominium project. It explains that the developer, before requesting the construction permit from the municipality, must comply with the procedure established in Decreto Ejecutivo No. 36550-MP-MIVAH-S-MEIC dated April 28, 2011, as well as present the respective SETENA study, called D1, to the municipality, as established by Decreto No. 32712, Manual of Technical Instruments for the Environmental Impact Assessment Process. It clarifies that once it grants the project approval (visado de aprobación), it no longer intervenes, so it has no knowledge of what happens after that approval. What is approved is the condominium of lots, not the individual dwelling constructions on each subsidiary property (filial). It specifies that due to the slopes present in the project, a slope stability study performed by Ingeotec S.A. No. IG165-2009 dated November 5, 2009, was provided, and it was requested to include conclusions and recommendations on sheet L-0415. The observations from the study were incorporated into the plans. Regarding the substantive allegations of the lawsuit, it indicates that the regulations cited by the plaintiffs establish that INVU can prepare or endorse a local regulatory plan and its regulations. If a municipality does not have such an instrument, the regulations generated by INVU apply supplementally. The planning and control of urban development within its territory is the responsibility of the municipalities. It indicates that in accordance with Article 38, subsection a) of the Ley de Planificación Urbana, No. 4240, when plans are submitted to the Urban Planning and Housing Directorate, they must comply with the minimum regulatory standards, which were reviewed. The construction aspects are under the control of the municipality that grants the construction permit, as well as the developer and the responsible professional. It refers to the fact that Article 3 of the Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio indicates that the owner of a property on which a residential condominium is proposed must present a preliminary project describing the parent property (finca matriz) and subsidiary properties (filiales), which must be approved by INVU. This case involves a condominium of lots. It warns that INVU's oversight and authority relate to urban planning and land use planning (ordenamiento territorial), so it is not responsible for controlling the permits granted by the municipality. It denies that it can have joint and several liability (responsabilidad solidaria) in this matter, as it considers there is no causal link because there is no immediate, direct, or exclusive relationship between the review carried out by the institution in accordance with existing regulations and the damage claimed. It claims that no documentary proof was provided regarding the registered ownership of subsidiary property (filial) 248 and rejects the report by geophysicist Francisco Sánchez G., for being subsequent to INVU's review and approval. Later, it refers to precepts 169 and 170 of the Political Constitution, 15 of the Ley de Planificación Urbana, 13 of the Municipal Code, the Construction Law (Ley de Construcciones) (arts. 15, 74, 83, 87), the Organic Law of INVU (arts. 4 subsection B), 5 subsections a) and b). It refers to the liability of the responsible professional in engineering and architecture in accordance with precept 83 of the Construction Law and the Organic Law of the Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, No. 3663, Article 12. It refers to the technical regulations for housing construction regarding the issue of slopes and hillsides, and states that when a property requires the design of slopes and hillsides, the responsible professional must comply with the requirements of the Código Geotécnico de Taludes y Laderas de Costa Rica. It elaborates the same regarding the foundations of buildings, earthquake-resistant design of buildings, and the processing of single-family homes. Regarding this last aspect, it cites Decreto No. 36550, which requires a sworn statement from the responsible professional. It highlights that INVU does not review construction plans for single-family homes.
V.- Allegations of the Municipality of Garabito. For its part, the defendant local entity denies having incurred in any conduct or omission, as there can be no omission in a project it did not approve for various reasons. It states that when a construction permit has not been approved, no liability can be attributed, as it never approved the construction of the failed Stage II of Villa Leona. It states that the cobblestone street and the curb and gutter were the only things the Municipality approved for that stage, and the municipal engineer verified that the sidewalks were not completed, so it did not grant more permits to extend the street. It warns that the permits granted between 2007 and 2008 were for Stage I of Villa Leona, which is not related to this proceeding. It insists that the only permit granted was 1816-2014 dated July 22, 2014, for earthworks (movimientos de tierra), construction of streets, sidewalks, curb and gutter, and it even notes they were fined for starting works without the municipal construction license. It questions that construction permits are demanded for the years 2007 and 2008 when the segregated stage dates from 2009, which originated property (finca) 3533-M, from which all the plaintiffs' subsidiary properties (filiales) were segregated, which occurred in 2013. Regarding land use, it says this does not grant any right and is issued to verify the land against the zoning of the area, especially since there is no regulatory plan on the site. It highlights that the plaintiffs themselves indicate that the works allowed by the local entity were for property (finca) P-12847-000, plan P-1141159-2007 where only the first stage is approved (visado) by INVU, according to a stamp dated October 31, 2008. It denies that any approval was given for the so-called Stage II and argues there is no omission, pointing out that this stage was not approved, first due to the inconsistencies of the project, the prevention measures (prevenciones) issued by SETENA to the developer, and the non-compliances. It refers to the construction permits it has issued in relation to the properties in question. It states that it is false that it granted permits over the project area analyzed by the Ingeotec S.A. study, as the permits were issued for Stage I. It refers to the conclusions of that same study, which indicate the need to use foundation systems such as pre-excavated concrete piles to transmit loads to materials of better quality or resistance. It points out that the plaintiffs, in their eagerness to find culprits for an event caused by nature and which constitutes an exemption from liability, allege that permits were granted in the evaluated zone, but the conclusions of that report indicate that the construction of one or two-story dwellings is permitted, which was the maximum approved by the Municipality—one in 2015 and another in 2020. It reproaches the plaintiffs for omitting conduct by not evaluating with the developer the land they were going to buy and the condominium to be built, despite having sufficient plans to investigate themselves the reasons for the delay in the start of works. It considers that it was the developer's responsibility to warn clients what their houses would be like. It indicates that it has not violated precept 87 of the Construction Law (Ley de Construcciones), as it exercised the oversight corresponding to it. It emphasizes that direct liability falls on the engineers and architects that the parties hire to build. It says that the other dwellings in the area do not have construction permits, so demolition actions required by the Ley de Planificación Urbana and the Environmental Code are being processed.
VI.- Allegations of the State. The State representation indicates that the company Sistemas Integrales de Seguridad Sis S.A. submitted an environmental viability (viabilidad ambiental) application to SETENA, and that the project called Condominio Villa Leona was to be developed on property of Puntarenas Folio Real 12847-000, plan P-0618384-1986. It states that resolution No. 191-2007-SETENA granted environmental viability (viabilidad ambiental) to the project, and in its description, it was indicated that it consisted of the construction of 369 villas in a condominium, which includes the construction of access roads, internal streets, storm sewer systems (alcantarillado pluvial), common areas, and protection areas for 3 intermittent streams (quebradas intermitentes) that run along the bottom, and that it only covers the urban development stage. It says that prevention measures (prevenciones) were made in resolution 939-SETENA, which were deemed satisfied by resolution No. 1102-2014-SETENA at 1:00 p.m. on June 9, 2014. It clarifies that on May 14, 2013, the developer company presented the necessary studies, which were approved by resolution No. 1102-2014-SETENA, without issuing any recommendation. It adds that by means of resolution number 2093-2019-SETENA dated July 4, 2019, the developer was ordered to present a study of slope stability (estudio de estabilidad de taludes) and a plan of mitigation measures (plan de medidas de mitigación) due to the presence of landslides in the project area. It continues that according to resolution 586-2021-SETENA of 10:50 a.m. on April 15, 2021, on April 12, 2021, a visit was made to the project area, as described in the original project presented and as granted in the environmental viability (viabilidad ambiental), and according to Inspection Report ASAACT-INS-0037-2021, the following could be verified: the project was in the construction stage, consisting of the urban development stage of a residential condominium of 350 subsidiary properties (fincas filiales); the streets are cobblestone with their respective curb and gutter and drains; the stormwater collection system is managed by a drain system and channeled towards natural depressions located within the property, among other aspects. It specifies that at the time of the inspection, an active rotational landslide (deslizamiento activo tipo rotacional) of approximately 3 hectares was evident in the southeast sector, which affected 35 subsidiary properties (fincas filiales) and caused structural damage to 5 dwellings, and that the landslide caused a subsidence of 8 meters (approximately) in the ground. Having clarified these facts, it indicates that SETENA's actions were carried out within the applicable norms. It refers to SETENA's powers according to precept 17 of the Ley Orgánica del Ambiente, No. 7554, which establishes the obligation to require an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) for all human activities that endanger the environment. It specifies that the purpose of this assessment is to determine the effects that an activity, work, or project could generate on the environment, which includes three phases: a) the initial environmental assessment; b) the preparation of the environmental impact study or other environmental assessment instruments; and c) the environmental control and monitoring of the activity, work, or project through the established environmental commitments. It mentions the powers that Article 84 of that law confers on SETENA, from which it deduces that the law left a wide margin of action for SETENA to carry out its activity, even establishing the possibility of adopting any necessary function to fulfill the purpose entrusted to it. Likewise, Articles 20 and 89 of the indicated law establish the possibility for SETENA to follow up on the resolutions of the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental), for which it can carry out inspections, and in case of violation, order the stoppage of works, and even request new studies if it deems it necessary. It refers to the functions of the Comisión Plenaria of SETENA, regulated by Article 7 of Decreto Ejecutivo No. 32711 of July 19, 2005, General Regulations on the Organization and Functioning of SETENA, among which it highlights subsection f) which states: “f) establish the procedures and apply the necessary measures and actions to supervise, follow up on, and monitor the adequate fulfillment of the obligations to which the proponents commit themselves before, during, and after concluding the activity, work, or project.” It emphasizes that the Comisión Plenaria of SETENA has broad powers to define the procedure, policies, and studies that will be required in the environmental assessment process, which includes the possibility of requiring any additional analysis or information to approve or reject the environmental viability (viabilidad ambiental) of an activity, work, or project. Powers that are not exhausted with the granting of environmental viability (viabilidad ambiental). It considers that in this case, it has acted in accordance with its powers and responsibilities, addressing and resolving the various complaints filed against Condominio Villa Leona, as well as exercising due environmental control and monitoring of the project, taking the necessary and urgent actions such as the provisional stoppage of the project until the various ordered measures were met, and even ordering the initiation of an administrative procedure against the environmental manager of the project. It states that requesting a slope study fourteen years after environmental viability (viabilidad ambiental) was granted is completely legal and in accordance with SETENA's powers. It addresses the claim of liability for alleged breach of the duty of oversight. It says that through resolution No. 586-2021-SETENA of April 15, 2021, it accepted the complaint filed against the Condominio Villa Leona project, also ordering as a precautionary measure the temporary stoppage of construction works, except for the necessary and immediate mitigation measures, and also ordered to proceed to present within a period of 30 business days and implement the recommendations issued in the following technical studies: 1) A geotechnical and slope stability study (estudio geotécnico y de estabilidad de taludes) for the entire project area, containing actions aimed at soil containment and stabilization and the possible impacts caused by the landslide. 2) Plan of Mitigation Measures (Plan de Medidas de Mitigación) (as requested in Resolution No. 2093-2019-SETENA of July 4, 2019), which includes the effects resulting from the evidenced active rotational landslide (deslizamiento activo tipo rotacional). It states that in official letter SETENA-SG-1366-2021 of October 25, 2021, from Engineer Ulises Álvarez Acosta, Acting Secretary General of SETENA, he explains the technical reasons indicating that the geotechnical study submitted for the project within the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) was for a condominium of individualized primary properties (fincas primarias individualizadas) where only urban development works are considered and not the dwellings. It affirms that the technical studies requested by SETENA were those that corresponded according to the description of the urban development project and that the responsibility for assuring the viability of the construction of the dwellings through the corresponding studies corresponded to the plaintiff parties, and the developer also had the obligation to inform them about the characteristics of the land and the recommendations given about certain parts of the land where it was not suitable for building, or if it was possible, it had to be done under certain conditions. It considers that there is no factual or legal basis to grant compensation, coupled with the fact that there are exemptions from liability due to the fault of the victim and/or the act of a third party.
VII.- Allegations of the company Soluciones Integrales en Seguridad Sis S.A. For its part, the co-defendant company describes that through resolution No. 0191-2007-SETENA dated February 8, 2007, that authority granted environmental viability (viabilidad ambiental) to the project called Condominio Villa Leona. It states that the 369 lots in condominium are fully authorized in a developable area of 177,198.56 m². It indicates that the study presented by geologist Francisco Sánchez in October 2021, in the conclusions section, clearly indicates that the rotational landslide (deslizamiento de tipo rotacional) was caused by a mixture of a period of heavy rains that acted as a lubricant that filtered along lines of weakness in the geological formation, coupled with a 6.0 Mw earthquake that occurred on August 24, 2020, off the coast of Jacó and its respective aftershocks, which generated a rotational landslide (deslizamiento rotacional) in October 2020 that affected the subsidiary properties (filiales) indicated by the complainants. It acknowledges that through resolution No. 939-2011 of April 26, 2011, SETENA ordered the immediate stoppage of all construction works on the entire project until a slope stability study (estudio de estabilidad de taludes) and a hydrological study were presented. It indicates that it complied with the order and that the Comisión Plenaria of SETENA, in ordinary session No. 060-2014 on June 9, 2014, approved the geotechnical studies on slope stability and proceeded to lift the temporary precautionary measure of stoppage. It indicates that the Geophysical Study of Electrical Resistivity Tomography and Seismic Refraction establishes that it is a natural phenomenon generated by a fault or rotational movement of the ground at more than 25 meters deep, which meant that neither the expert geological authorities nor the experts hired by the company could predict the landslide. It affirms that the project development was carried out respecting the environmental variable according to Decreto No. 32967-MINAE. It relates that during the execution of the project, it was visited and assessed by all the institutions that intervened and complied with the mandatory measures required in the land use planning carried out in the country. It expresses that it submitted to the control of a legal regime and the segregation of the parent property (finca matriz) was carried out in accordance with the law. It describes that on April 17, 2013, Banco Improsa S.A., as trustee of the real estate to be developed, requested the construction permit, according to form 1816, and on July 22, 2014, the Engineering and Construction Department of the Municipality of Garabito issued construction permit No. 1816-2014 under contract CFIA No. OC-488347 for infrastructure works in the sub-condominium. It argues that the requested works were implemented and duly approved by the Comisión Plenaria in ordinary session No. 001-2022 on January 5, 2022, and that the commitments acquired in the remediation plan approved by the Comisión Plenaria of SETENA, under the supervision of Topographic Engineer Gustavo Pérez and geotechnical specialist José Rodríguez, allowed them to proceed with the materialization of control points in the affected area within the common areas. It affirms that they continued monitoring the position and height of the slopes in the impacted zones every week during the first months of the year, and after analysis by the professionals, if no anomaly is detected, it is monitored every month and so on for five years. It refers to the actions to be taken on the affected slopes in the area and says they have allowed them to stop the slide of materials. It asserts that in response to those actions, the Comisión Plenaria of SETENA, by resolution No. 0476-2002-SETENA of March 23, 2022, a new extension was authorized for 6 more months to achieve the stability of the lands that were affected in the common areas. It insists that the study carried out by geologist Francisco Sánchez clarifies that the rotational landslide (deslizamiento de tipo rotacional) was produced by a mixture of a period of heavy rains, coupled with an earthquake on August 24, 2020, which generated the landslide and affected the complainants' homes. It emphasizes that in that report, in the conclusions section, it is determined that the causes of the rotational movement were caused by natural phenomena and not by negligence or omission on its part. Even in inspection report ASA-ACT-INS-0037-2021, SETENA does not indicate that the event that affected the subsidiary properties (filiales) was caused by the developer's negligence or omission. It continues that on March 20, 2021, technical report CNE-UIAR-INF-0024-2021 from the Comisión Nacional de Emergencias was received, concluding that the evaluated sector shows a scarp (escarpe), surface rupture, ground deformation, cracks, subsidence, and tilting of posts and constructions associated with an active rotational landslide (deslizamiento activo tipo rotacional) due to deformations, but the developer is not blamed for causing the injuries to the subsidiary properties (filiales). It recounts that resolution No. 586-2021-SETENA was not notified to it, which is why an additional period was granted to present a study to determine the stability of the project's slopes and a plan of mitigation measures (plan de medidas de mitigación), and the remedial plan was duly presented on time to SETENA and was accepted, and they are working on the proposed solutions. Regarding the substance of the matter, it indicates that the lawsuit presents situations distant from the truth of the facts and distort the true conditions and events that generated the alleged damages they claim to have suffered. It points out that as the developer of the Condominio Villa Leona project, between 2007 and 2014, its commitment was to carry out a project that would allow the owners to have a cadastral plan, carry out the transfers of the property, and deliver with the transfer a plan of the subsidiary property (finca filial) duly approved (visado) by the Municipality, allowing each buyer to carry out their construction projects with the respective professional, as well as to choose the design and materials for construction at the owner's discretion. It indicates that the plaintiffs have the indicated official documentation and all the involved properties have the proper permits, documents, and transfers. It alleges that the events that occurred are the result of events declared to be of a natural character. It considers that the defense of a patrimonial asset against natural events is the exclusive right and possibility of the registered owner. The damages that occurred were caused by two natural events, one of them related to groundwater that for many years moves through the subsoil, in this case between 25 and 35 meters deep, and the other natural event was an earthquake considered to be a 6.0 magnitude tremor off the coast of Jacó that occurred on August 23, 2020, which triggered, at depths of up to 35 meters underground, a landslide to compact the channels that for some years had been eroded by the groundwater. It denies that some of the plaintiffs' subsidiary properties (filiales) were affected by works carried out more than ten years ago.
It insists that each subsidiary lot has a cadastral plan duly approved (visado) by the Municipality of Garabito, thereby accrediting that they have correctly complied with the procedures according to Articles 33 and 34 of the Urban Planning Law. Local entities must reject the approval of plans that do not comply with urban planning regulations. It refers to the subsidiary lots that obtained a building permit duly authorized by the CFIA, namely, subsidiary lots 173, 176, and 287, indicating that said projects were designed and built by professionals duly registered with the CFIA. According to Article 8 of the CFIA Code of Professional Ethics, each of those professionals had, under their own judgment, the authority to carry out preliminary technical studies, including the necessary soil analyses to support their structural designs. It notes that the events correspond to force majeure (fuerza mayor) and therefore the developer has no responsibility whatsoever for the damages caused to the homes and properties of the complainant co-owners, as they involve a series of natural phenomena that are neither controllable nor foreseeable. It insists that it complied with obtaining permits according to the law and addressing each of the observations notified by the involved public institutions. It details that it proceeded to request the Ministry of Health to issue a declaration of uninhabitability (declaratoria de inhabitabilidad) for the affected homes and buildings, as well as their demolition to prevent their ruinous state from constituting a danger to health and safety, in response to which that ministry issued orders ARS-G-05-152-2021 for subsidiary lot 176 of Mayra Delgado Ureña, ARS-G-05-154-2021 for subsidiary lot 173 of Laura de la Peña Arana, ARS-G-05-155-2021 for subsidiary lot 168 of Guillermo Antonio Salazar Quirós, and ARS-G-05-153-2021 for subsidiary lot 287 in the name of Gilberth Eduardo Arias Núñez, which expired on August 13, 2021.
VIII.- On the administrative liability regime. Generalities. Applicable rules. Under numeral 190 of the General Public Administration Law, the Administration is responsible for its legitimate, normal (without fault) or illegitimate and abnormal (with fault) functioning. It should be noted that the legislator's reference is not simply to acts, but transcends to all administrative functioning (article 49 of the Political Constitution), a concept that reflects any form of manifestation of administrative will, whether formal or material, and which also includes dysfunction, that is, administrative omissions. Said liability is therefore framed within a regime that encompasses in its foundation both the theory of damage, with which it fundamentally seeks compensatory reparation for anyone who has experienced an injury attributable to the public organization as a center of authority that proves to be unlawful in its basis, by virtue of linking the cause of the damage with the attribution criteria determined by law (already indicated). This causes a shift in the very focus of its foundation, since the Administration will be liable whenever its normal or abnormal, legitimate or illegitimate functioning causes damage that the victim has no duty to bear, whether patrimonial or non-patrimonial (extrapatrimonial), regardless of their subjective legal situation and the ownership or condition of power they hold, clearly fulfilling the indispensable requirement of the causal link (nexo causal). On the subject, see the extensive development made in resolution no. 584 of 10 hours 40 minutes on August 11, 2005, of the First Chamber of the Supreme Court of Justice. From this standpoint, the legislation imposes unlawful or lawful conduct, as well as normal or abnormal functioning, as attribution criteria. In the case of lawful conduct and normal functioning, the Legal System establishes prerequisites and requirements that determine its applicability, among them, the damage must be special or abnormal, which means it must fall on a small proportion of affected parties or, in the second case, must have exceptional intensity. In these hypotheses, liability only covers the damage, not the losses (articles 194 and 195 of the General Public Administration Law). Meanwhile, in unlawful conduct and abnormal functioning, liability is plenary as it covers all damage and loss derived from that cause. However, given these attributability criteria, it must be proven that the injury is a consequence of those actions or omissions attributed to the public entity against whom reparation is claimed, in order to establish the causal link that allows the attribution of liability to the center of authority. In addition to this, in cases of abnormality and unlawfulness, the adjudicator must undertake an examination of public functioning, in order to establish whether a conduct that deviates from legality or contravenes the concepts of administrative efficiency has indeed occurred. In such cases, it is decisive to clearly infer the existence of those criteria, because otherwise, the treatment and analysis of each case must be different, depending on the type of functioning to which the detriment is attributed. The victim's fault, the act of a third party, and force majeure arise as exempting causes from such liability. However, in each debate, the adjudicator must examine whether the liberating effect of such circumstances is total or only partial, a case in which it can only produce a reducing effect on the liability of the administrative unit. Again, the concurrence of those aspects falls upon the Administration. This compensatory duty persists even regarding damages caused as a result of faults committed by its officials or servants, during the performance of their duties or on the occasion of the position they hold. Indeed, canon 191, in relation to 199, both of the General Public Administration Law, refer to the State the strict liability for the actions or omissions of its officials, when they have used the position or the means it provides them to cause a harmful effect in the legal sphere of a third party, which there is no duty to bear. To that extent, those means or instruments are channels of causal occasionality that give way to liability, due to the modal, instrumental, or indirect connection with the service. It should be noted that this duty to compensate is also based on the concept of underlying unlawfulness (antijuridicidad de base), translatable into the non-existence of the duty to bear the injury. More simply, whenever an injury has been suffered as a consequence of public conduct, whether active or omissive, which constitutes lawful or unlawful conduct (formal manifestation) or normal or abnormal functioning (material manifestation) that the victim is not obliged to bear, the duty to compensate arises as a derivation of the maxim of integral reparation of damage derived from numeral 41 of the Political Constitution. Put in simpler terms, underlying unlawfulness exists whenever a legal mandate establishes the obligation to repair an injury contrary to law that the victim must not bear, regardless of the attribution parameter. Despite the foregoing, it should be noted that not all damage is compensable, but only that which is effective, evaluable, and individualizable.
IX.- On the evidentiary duty of the damages and losses claimed. Relevance of the causal link. Now then, the breadth of the protection framework of the Administration's liability system is not an obstacle to the duty to prove the very existence of the damage, as well as the causal relationship with a public conduct or dysfunction. In turn, the factual framework from which it is viable to deduce the injury to the affected assets must be demonstrated. It is not enough to allege the existence of patrimonial or non-patrimonial suffering or injuries; at least the facts that, in theory, have originated such detriment must be demonstrated. This comes as a derivation of the principle of the burden of proof, which emanates from ordinal 41 of the Civil Procedure Code, by establishing the need for whoever alleges a right to prove the constitutive facts thereof. It is not a reversal of the burden of proof in a matter based on the integral reparation of damage and having damage and created risk as pillars, but rather the minimum verification of the attribution criteria and facts that give rise to the damage, as elementary prerequisites for the attribution of liability and thereby for the emergence of the reparatory obligation. Ordinal 82 of the Contentious Administrative Procedure Code establishes as one of the purposes of the process, to determine the real truth of the facts, through any means of proof. However, this does not relieve the party that claims to have an enforceable right against a third party, as is the case of the right to reparation for damage, from proving the factual foundations that support that right, as well as the very existence of the injury. The foregoing also derives from what is prescribed by canon 196 of the General Public Administration Law, as it states: "In any case, the alleged damage must be effective, evaluable, and individualizable in relation to a person or group." The effectiveness of the damage in a specific case depends directly on the demonstration of the damage for which reparation is sought and then on the causal link, which allows linking the harmful result with an action or omission of a Public Administration. This is also established in ordinal 58 of the previously cited Code, as it imposes the duty on the claimant to indicate the causes of the claimed injury, what it consists of, and its prudential estimation. This is indeed imposed by subsection e) of the cited precept, which states: "e) When damages and losses are claimed accessorily, the reason that originates them, what they consist of, and their prudential estimation shall be specified." -Emphasis added- Although such a requirement is provided for in the indicated rule when the reparatory claim is accessory, it must be satisfied with much greater reason when the core framework of the claim is compensation, since in those cases, establishing those prerequisites is the minimum basis for accessing what is petitioned. That is, in processes where the debated object is the existence or not of a duty to compensate, it is evident and undeniable that the initial and minimum premise consists of the detailed indication of the injury whose coverage is sought, the detail of the cause associated with that claim, and an estimation of those injuries. Such a reference is decisive within the case as it reveals the concrete and specific object that must be addressed by the parties and which, in accordance with numeral 119 of the CPCA, constitutes the parameter of congruence to which this Tribunal's pronouncement must submit. It is insisted, the very reason for the compensatory claim is the reparation of the damage, so the precision of this element is inherently fundamental to the protection of the adversarial principle and due process, as well as the substantive analysis of the sentencing body. Thus, in this type of process, it is not permissible to formulate claims seeking a generic declaration of liability and then use the sentence execution phase to raise details that, in strict technical terms, must be established within the main process. In that sense, canon 122 subsection m) of the CPCA establishes that the judgment must rule on the award of damages and losses, defining three concrete scenarios in the following sense:
“… When the judgment declares the claim admissible, totally or partially, it must make, as appropriate, among others, the following pronouncements:
(…)
In civil liability processes, it is evident that the very object of the case requires the claimant party to define the particularity of the injuries claimed, that is, to specify the detail of the injuries inflicted and subjected to judicial scrutiny, as well as a prudential estimation. Likewise, canon 58 subsection f) of the CPCA imposes as a requirement of the lawsuit the presentation of evidence from which the accreditation of the claimed damage can be established, as well as the conduct to which its production is attributed. In this way, as a matter of principle, the logic of a lawsuit seeking compensation for harmful situations requires the specification of the injury, proof of its effectiveness, mention and eventual proof of the cause producing the damage, as well as demonstrative elements that allow establishing the corresponding amount. Exceptionally and under certain circumstances, it may well occur that the damage is duly proven, but due to its connotations and particular characteristics, it is not feasible, at that procedural stage, to establish its amount. It is in that situation that, exceptionally, the lawsuit can be upheld and the reparatory duty imposed provided that the existence of the damage has been verified, relegating the respective liquidation to the execution phase according to the parameters or guidelines that the judgment of the ordinary phase must necessarily set. Furthermore, the factual scenario provided for in item iii) above is unfeasible insofar as no award would be appropriate regarding damages that have not been proven within a process of this nature under examination. Under this dynamic, it is the claimant party's burden to make a clear indication of the specific injuries whose reparation is sought, to indicate what they consist of, their respective cause, and to provide the evidentiary support of that effectiveness and the amount claimed. Ergo, it is not enough to argue about the probable existence of damages or to make generic allegations of their occurrence, seeking a declaration in abstracto to seek accreditation of their particularities and correlative amount in the execution phase; it is necessary for the claimant party to petition them specifically and detail what they consist of, while also proving them with due evidentiary solvency. Likewise, this procedural burden is not satisfied simply by the presentation or contribution of documents or elements that display certain conditions, expenses, outlays, or facts. In order to carry out the value judgment of causal connection between the antecedent cause and the petitioned items, it is necessary for the petitioner to explain and justify the reason for each of those pieces of evidence in order to prove the effective existence of a compensable detriment. Only with that detail can a probable causal link (nexo causal) be inferred or deduced, an insurmountable element in the liability regime under examination. More simply put, the compensability of the injury requested is conditional upon the due proof of the concurrence of that suffering, as well as proof that it constitutes the result or consequence of a cause attributable to the public entity against whom the reparatory duty is projected. Disregard for these minimum duties within a process whose object is the declaration of a right to obtain compensation implies the rejection of the formulated prayers, due to the absence of the minimum elements that compose said regime.
X.- On the specific case. Analysis of damages. In relation to the sued public instances. Having made these clarifications, it is worth insisting that the aforementioned liability requires, in logical order, the concurrence of an effective and concrete damage, at the same time evaluable and individualizable (196 LGAP), of an antecedent factual cause that can be considered the adequate reason for producing that consequence, that this cause (action or omission) is attributable to the defendant subject and can be considered a conditioning and adequate prerequisite for that detriment, and that it fits within the attribution criteria established by canon 190 ejusdem, that it has been claimed by the person holding the affected legal situation, and that the right of action has been exercised within the applicable time limits. The relationship between the cause-effect binomial determines the causal link (nexo causal), which allows imposing the reparatory duty. In this case, the lawsuit is formulated for this Tribunal to declare:
“We request that the lawsuit be granted and that the defendants be ordered to pay, jointly and severally, the following items:
a. Payment of the material damage caused, consisting of the loss and destruction of the already-built homes, as well as the value of the lots of their subsidiary lots, a declaration to be made in abstracto and whose amount will be determined in the sentence execution phase.
b. Payment of subjective moral damage in the amount of 20 million colones for each of the natural persons who are owners of the subsidiary lots.
c. All liquidated items will accrue net interest and indexation from the time the event arose until its effective payment.
d. The Municipality of Garabito be ordered to exempt the plaintiffs from paying municipal taxes.
e. Payment of procedural and personal costs plus their interest according to the fee schedule for legal professionals in this process.” From reading and understanding these prayers, this Tribunal deduces an initial deficiency (origin) that inevitably impacts the substantive analysis of the issue debated in this process. Looking at the development of the claimant party's theory of the case, it can be deduced that it attributes liability to the co-defendant public entities based on alleged omissions and actions regarding the supervisory and monitoring role concerning the development of the project called Condominium Villa Leona II Stage, specifically regarding the geological conditions, soil compaction, and state of slopes in the area. In the plaintiffs' judgment, the granting of plan approvals (visados) (INVU), lack of monitoring in environmental procedures and correlative follow-up of compliance with environmental regulations regarding real estate developments (SETENA), as well as the granting of municipal licenses for the construction of works within the cited condominium and its respective subsidiary lots (Municipality of Garabito), have constituted relevant contributory causes in the production of the claimed injuries. Furthermore, they attribute to the developer Soluciones Integrales en Seguridad Sis S.A. the alleged concealment of information relevant to the consumer's decision, particularly the geological conditions and risks of those lands, as well as a form of strict liability. However, the lawsuit does not clearly and duly indicate the specific and concrete damages that have, in theory, been caused to each of the plaintiffs, nor does it allude to an estimation, even a prudential one, of those patrimonial affectations. The lawsuit limits itself to indicating the acquisition of each of the plaintiffs' subsidiary lots, in the Vista de Villa Leona Condominium, Stage II located in the Province of Puntarenas, canton of Garabito, on the parent property registered under Folio Real 72837-F-000, cadastral plan P-1317590-2009, with an area of 103,424 square meters, according to the following detail: SUBSIDIARY LOT 171: Folio Real 116-500-F-000, cadastral plan P-1727581-2014, owned by Alexandra Rucavado Romero, ID 1-0717-0357, nature: Individualized primary subsidiary lot suitable for building to be used for residential use, which may have a maximum height of two stories, bounded on the north by common area free access thirteen and subsidiary lot one hundred seventy, on the south by subsidiary lots one hundred seventy-five and on the west by subsidiary lots one hundred seventy-two, one hundred seventy-four and common area free access thirteen, measures 225.47 m2, percentage value 0.2703785, value ¢225,490.00; SUBSIDIARY LOT 173: Folio Real 116-502-F-000, cadastre plan P-1745985-2014, owned by La Casita Amarilla Camp de Playa S.A., legal ID 3-101-738191, nature: lot suitable for building to be used for residential use, which may have a maximum height of two stories, bounded on the north by common area free access thirteen and subsidiary lot 172, on the south by common area free access main and subsidiary lot 174, on the east by subsidiary lots 172 and 174 and on the west by common area free access thirteen, measures 252.87 m2, value ¢252,870.00; SUBSIDIARY LOT 174: Folio Real 116503-F-000, cadastral plan P-1745611-2014, owned by Daniel Gamboa Núñez, identity card 1-0937-0655, nature: lot suitable for building to be used for residential use, which may have a maximum height of two stories, bounded on the north by subsidiary lots 171, 172, 173 and 175, on the south by common area free access fourteen, on the east by subsidiary lots 171, 175 and common area free access fourteen and on the west by common area free access main and subsidiary lots 172 and 173, measures 272.73 m2, value ¢272,730.00; SUBSIDIARY LOT 176: Folio Real 116505-F-000, cadastre plan P-1745613-2014, owned by Mayra Delgado Ureña, ID 1-0578-0346, nature: lot for building to be used for residential use, which may have a maximum height of two stories, bounded on the north by subsidiary lots 169, 170 and 177, on the south by common area free access fourteen and subsidiary lot 175, on the east by subsidiary lot 177 and common area free access fourteen and on the west by subsidiary lots 170 and 175, measures 227.95 m2, value ¢227,950.00; SUBSIDIARY LOT 178: Folio Real 116507-F-000, cadastre plan P-1745616-2014, owned by Jason Arturo Zúñiga Villegas, ID 2-0611-0565, nature: lot for building to be used for residential use, which may have a maximum height of two stories, bounded on the north by subsidiary lots 178 and 179, on the south by common area free access fourteen and subsidiary lot 177, on the east by subsidiary lot 179 and common area free access fourteen and on the west by subsidiary lots 168, 169 and 177, measures 185.16 sq.m, value ¢185,000.00; SUBSIDIARY LOT 185: Folio Real 116514-F-000, cadastre plan P-1739456-2014, owned by Estudios Técnicos Estefi S.A., legal ID 3-101-122274, nature: lot for building to be used for residential use, which may have a maximum height of two stories, bounded on the north by subsidiary lot 186, on the south by subsidiary lot 184, on the east by common area free access fourteen and on the west by common area free recreational area, measures 309.11 sq.m, value ¢309,110.00; SUBSIDIARY LOT 287: Folio Real 116617-F, rights 001 and 002, cadastre plan P-1770582-2014, Medicare del Este HF S.A., legal ID 3-101-647742, nature: lot for building to be used for residential use, which may have a maximum height of two stories, bounded on the north by subsidiary lot 287 (sic) and common area free pluvial easement (servidumbre pluvial), on the south by subsidiary lot 289 and common area free access twelve, on the east by common area free pluvial easement and subsidiary lot 289 and on the west by common area free access twelve and subsidiary lot 288, measures 275.20 m2, value ¢275,200.00; SUBSIDIARY LOT 167: Folio Real 116496-F-000, cadastre plan P-1754613-2014, owned by Productividad Empresarial GM S.A., legal ID 3-101-179167, nature: lot for building to be used for residential use, which may have a maximum height of two stories, bounded on the north by common area free access thirteen, common area free green zone and subsidiary lot 180, on the south by subsidiary lot 179 and subsidiary lot 178, on the east by subsidiary lot 180, subsidiary lot 179, subsidiary lot 180 and common area free green zone and on the west by subsidiary lot 178 and common area free access thirteen, measures 157.28 m2, value ¢157,280.00; SUBSIDIARY LOT 179: Folio Real 116508-F-000, cadastre plan P-1745619-2014, owned by Productividad Empresarial GM S.A., legal ID 3-101-179167, nature: lot for building to be used for residential use, which may have a maximum height of two stories, bounded on the north by subsidiary lots 160, 177 and 178, on the south by common area free access fourteen and subsidiary lots 168 and 178, on the east by subsidiary lot 180 and common area free access fourteen and on the west by subsidiary lots 177, 178 and 188, measures 197.46 m2, value ¢197,460.00; SUBSIDIARY LOT 170: Folio Real 116499-F-000, cadastre plan P-1752482-2014, owned by Larissa María Montes Vargas, ID 1-0853-0440, nature: lot for building to be used for residential use, which may have a maximum height of two stories, bounded on the north by common area free access thirteen and subsidiary lot 179, on the south by subsidiary lots 176, 171 and 175, on the east by subsidiary lots 179, 176 and 177 and on the west by subsidiary lot 171, common area free access thirteen and subsidiary lot 175, measures 236.77 m2, value ¢236,770.00; SUBSIDIARY LOT 248: Folio Real 116577-F-000, cadastre plan P-1763125-2014, owned by José Luis Monge Bermúdez, ID 1-1139-0670, nature: lot for building to be used for residential use, which may have a maximum height of two stories, bounded on the north by subsidiary lots 247, and 252, on the south by subsidiary lots 249, 251 and common area free access main, on the east by subsidiary lots 249, 251 and 252 and on the west by common area free access main and subsidiary lot 247, measures 330.00 m2, value ¢330,000.00; SUBSIDIARY LOT 288: Folio Real 116617-F-001 and 116617-F-002, cadastral plan P-1770581-2014, owned by Felipe Izquierdo Flores, ID 1-1280-0422 and Nataly Rodríguez Zamora, ID 2-0691-0652. It then proceeds to recount the procedures that the aforementioned Condominium project underwent before INVU, SETENA, and the Municipality of Garabito, expressing alleged neglect of the legal and functional duties of each of those administrative instances, to which it links the damages caused to their properties. However, from the review of the lawsuit and the substantive arguments presented throughout this judicial case, both in the written phase and the oral phase, the claimant party does not establish a due and necessary detail of the specific damages that have been caused to each of the subsidiary lots. Note that it dedicates itself to presenting what it considers to be omissive and formal conduct generating damages, but does not present a detail of the injuries whose reparation is sought so that this Tribunal can proceed to assess the particularity of the claimed injuries. It should be noted that according to the detail just presented, the action is brought regarding the alleged affectation of 12 subsidiary lots of the Villa Leona Condominium. However, the main claim is for the co-defendants to be ordered, in a generic and global manner, for the loss and destruction of the already-built homes, as well as the value of the lots of their subsidiary lots. After the substantive analysis of this matter, this Chamber is of the opinion that regardless of whether it has been alleged that the claimed injuries have the same harmful cause, common to all affected parties, ultimately, the sole circumstance that what is debated refers to damages occurring in subsidiary lots whose registered ownership belongs to different owners implies that these are individual damages that must be proven and particularized by each interested party. This is decisive for the purposes of being able to establish not only the effective occurrence of the claimed injuries, but also their dimensions and specific conditions. The filing of a lawsuit by several subjects who claim to have suffered compensable damages in their patrimonial spheres obliges each of them to comply with the procedural burdens established in ordinal 196 of the LGAP and what is regulated by precept 58 subsections e) and f) of the CPCA. As this is a process in which the duty of civil reparation is claimed, this piece of information is imperative, without it being possible to validly consider that in these cases it is feasible to issue an award in abstracto and that it is in the execution phase where the details of the intended injuries can be accredited. Before analyzing whether certain active or omissive conduct constitutes the producing cause of compensable injuries, it is necessary to first prove the effective occurrence of the intended damages and, even more so, to specify in detail and individually what the claimed detriment consists of. It is precisely regarding this requirement that the lawsuit is devoid of the desired and necessary approach, because, it is insisted, it limits itself to stating the condition of owners of the supposedly affected subsidiary lots and to reproaching dysfunctions to which it associates their patrimonial suffering, but in no way does it provide data that allows duly defining the specificity of the injury that has occurred to each of the subsidiary lots.
XI.- In the statement of facts supporting the lawsuit (causa petendi), it makes no indication whatsoever that allows us to at least infer a slight approximation to this information. At most, in the substantive presentation, it presents a section on individualized damage for each subsidiary lot with construction, in which it refers to subsidiary lots 287 of Medicare del Este HF S.A., 176 of Mayra Delgado Ureña, and 173 of La Casita Amarilla Camp de Playa S.A. It asserts that these subsidiary lots had two-story construction, except subsidiary lot 287, which was single-story, and that the homes are totally destroyed. It states that the damage will be proven but its amount will be established in the sentence execution phase. Regarding the individualized damage of each subsidiary lot without construction, it mentions the following subsidiary lots: 1.
Subsidiary 174 of Daniel Gamboa Núñez, a property that is landlocked and cracked with subsidence, is not suitable for construction. 2. Subsidiary 171 of Alexandra Rucavado Romero, a property that is landlocked and cracked with subsidence, is not suitable for construction. 3. Subsidiary 185 of Estudios Técnicos Estefi S.A., landlocked, it is expected that the landslide rupture will reach this subsidiary. 4. Subsidiary 288 of Felipe Izquierdo Flores and Nataly Rodríguez Zamora, a property that is landlocked and cracked with subsidence, is not suitable for construction. 5. Subsidiary 178 of Jason Arturo Zúñiga Villegas, a property that is landlocked and cracked with subsidence, is not suitable for construction. 6. Subsidiary 167 of Productividad Empresarial GM S.A., a property that is landlocked and cracked with subsidence, is not suitable for construction. 7. Subsidiary 170 of Larissa María Montes Vargas, a property that is landlocked and cracked with subsidence, is not suitable for construction and 8. Subsidiary 248 of José Luis Monge Bermúdez, a property that is landlocked and cracked with subsidence, is not suitable for construction. It argues that the economic value will be established in the judgment enforcement stage through expert evidence, based on the current land value. As can be observed, in its own arguments the plaintiff party anticipates that regarding the subsidiaries with buildings, it was going to prove the damage and determine its amount in the enforcement phase. Regarding the subsidiaries without constructions, it alludes to determining the value of the damage through expert assistance, but merely limits itself to expressing supposed conditions of each subsidiary. However, with respect to the first type of injuries, those that supposedly have constructions, from the analysis of the case record it does not appear that any evidence has been provided allowing this Court to establish the magnitude of the damage claimed. Even though only three subsidiaries are claimed under this heading, namely, subsidiaries 287 of Medicare del Este HF S.A., 176 of Mayra Delgado Ureña, and 173 of La Casita Amarilla Camp de Playa S.A., no demonstrative elements are provided that allow verification of the magnitude of the damage claimed. It is certainly recorded in the case file that all these subsidiaries had a construction permit, as indicated by official communication ST-2021-004-I-KS of October 15, 2021, from the Technical Services-Constructions Unit of the Municipality of Garabito, visible at images 276-279 of the main file. However, this single piece of data does not allow inferring the occurrence of the damage or its implications. No solid elements are provided that give this Chamber parameters to conclude on the claimed injury. The same must be noted for the subsidiaries without buildings, regarding which an expert examination is noted to determine the amount of the damage, but the proof of the singular injury occurring on each piece of land is left aside, an element that, it is insisted, is inherently relevant to be able to consider the particular situation and impact on each property (fundo). Again, the complaint is devoid of concrete data on specific injuries produced in those subsidiaries, limiting itself to exposing supposed conditions of the properties that are no more than subjective statements, which are neither accompanied nor complemented with the due evidentiary support. The alleged injuries cannot be deduced or inferred from the various inspection reports carried out by the Municipality of Garabito, which present photographic evidence of some of the subsidiaries, but which omit, as a piece of evidence to put into perspective, the absence of buildings on those plots as well as the definition of which subsidiaries timely processed building permits. But they do not allow extracting the detail of the damages under examination to establish their effectiveness and what the intended injury consists of. This constitutes an indolence on the part of the plaintiff party that could not in any way be supplied by this Court, under the penalty of harming the procedural balance, the right of defense, and due process. In this regard, at the oral trial hearing, the testimonies of the owners Mayra Delgado Ureña, 1-0578-0346, and Mr. Daniel Gamboa Núñez, 1-0937-0655, were presented, both offered to testify about subjective moral damage, the consumption decision, and how they suffered harm at the time of acquiring the property. The purpose of that deposition is not related to proof of the property damage itself, but rather to the conditions prior to the acquisition of the land, which in logical terms clearly has relevance at the individual level of the deponents, but which in no way can constitute a valid element or means of proof to presuppose the existence of compensable injuries for the benefit of all the other plaintiffs. In the case of Mrs. Delgado Ureña, she spoke extensively about the reasons that led her to acquire a lot within the Condominio Villa Leona, Stage II (Etapa II) project, recounting the details of the negotiations and prior visits to acquire the subsidiary, as well as the excitement they had as a family upon completing the acquisition of a beach house, acquired with personal savings and those of her husband. She commented that on October 16, 2020, they called to tell them that a landslide had occurred and that the house diagonal to theirs had collapsed, and that the street and the power lines had been affected. She added that a month later the engineer arrived and there were cracks and the property was tilting. She discussed the impact of this event on her emotional health, alleging that she had trouble concentrating, suffered anxiety, and gained weight. She emphasized that they told her the land had all the permits. For its part, during the cross-examination by the company Soluciones Integrales de Seguridad Sis S.A., she stated that she had not requested information about the project as she trusted because there were houses built in that area. When asked if she remembered that the company hired to build her home had requested soil studies, she indicated that she imagined so, since her husband was handling the construction. As observed, that deposition does not serve as support to sustain the content of the claimed damage under the terms imposed by the legal system, as has been explained. Given this type of negligence, this Court could not simply assume that the alleged damage is proven, without having been able to verify, due to that party's carelessness, what type of construction was carried out on that subsidiary, the specific structural damages produced, as well as their economic scope. This is fundamental to be able to carry out an assessment of the cause of the damage, especially considering that the parties have debated the impact of the 6.0 magnitude earthquake that occurred in October 2020 and the impact of the high level of rainfall to which the specific area was subjected. Knowledge of these factors is essential to be able to address the associative weighting of a concrete consequence to a specific antecedent cause, so that the omission of this detail entails a generic allegation that cannot be supplied in the enforcement phase, when the minimum standards for considering the damage proven have not been met. The same must be noted regarding the lands without buildings, areas regarding which any proof on this particular matter is completely omitted. On this same aspect, it draws this Court's attention that regarding the damages now claimed, on August 4, 2022, Mrs. Mayra Delgado Ureña, owner of subsidiary 176 of the Condominio Villa Leona, property Folio Real 116505-F-000, filed a claim with the Instituto Nacional de Seguros regarding the events that occurred in the early morning of October 16, 2020, that affected her home, for the purpose of applying policy No. 0101INC0749493-00. By official communication INSDS-02220-2020 of December 17, 2020, the Instituto Nacional de Seguros resolved the claim filed by Mrs. Mayra Delgado Ureña to cover damages caused to subsidiary 176 of the Condominio Villa Leona under the policy contract No. 0101INC0749493-00 valid from October 14, 2020, to October 14, 2021, and ruled in the relevant part:
“… According to the Engineer in charge of the damage assessment, the building does not show construction defects that have influenced the degree of affectation that the real property presents; on the contrary, it is indicated that the cause of the event is directly due to the landslide of approximately 2.8 hectares of sedimentary material, however, there are not enough elements to determine if there is any hidden defect in the land on which the real property is located, therefore, a more in-depth study is considered essential.
It is important to mention that prior to the construction of the affected real property, no exploratory geotechnical study was conducted to determine the foundation design, which would have allowed assessing the bearing capacity or stability of the terrain, as dictated by the Código Sísmico de Costa Rica 2010, in section 13.1, which states:
“Prior to the design of the foundations, all terrain studies stipulated in the Código de Cimentaciones de Costa Rica must be carried out. The foundation must be understood as the whole that includes both the structural element transmitting the superstructure loads to the soil, and the supporting soil or rock. Therefore, in addition to verifying the stability of the structural element, all studies and verifications of the supporting medium must also be carried out, such as: terrain stability, fill and slope stability, liquefaction of sands during earthquakes, soil bearing capacity, drainage, settlement control, pile load capacity, and horizontal thrusts on walls, among others.”. (Bold and underline are ours).
Likewise, this code regulates the procedures and limitations for the design of structures, which must be determined considering the seismic zoning and the characteristics of the foundation sites. (…)
It should be noted that there is a geotechnical study conducted in 2014 by the company INGEOTEC S.A. with consecutive number IG-056-2014, which details generalities of the project; it is unknown if the terrain was altered after that date. Regarding the geophysical study of electrical tomography and seismic refraction carried out at the Condominio Villa Leona, prepared by the company Geostratu Consultores under consecutive number CGCR-94, it only serves as a reference to have a notion of the thickness of the underlying soil layers.
As indicated in the General Insurance Conditions, Section II, Events and Losses Not Covered, Direct Damage Coverage, Article 25, "Excluded Risks", subsection a.9, the Institute will not cover losses or expenses that occur or are aggravated by:
“a. For all coverages:
9. Fallen, sunken, or collapsed buildings. If the whole or a section of the building subject to this policy, or containing the property insured by it, or if the whole or a section of a real property of which said building is part, should fall, sink, or collapse, this insurance shall cease to cover from that moment both the building and its contents, unless the fall, sinking, or collapse is due to a risk covered by this contract”. (bold and underline are ours).
On the other hand, upon reviewing the documentation supporting the insurance of the real property in question, it was determined that relevant information was omitted at the time of formalizing the policy contract.
The issuance of the insurance was carried out on October 14, 2020, through Mr. Gabriel Quesada Mora, independent insurance agent No. 114079, however, the problems that were being generated within the project at that time, as a result of a significant landslide that occurred days before, are not mentioned. (…)
From our perspective, it is evident that there was sufficient information at the time of formalizing the policy contract, however, the risk was declared differently from reality; in addition to the above, the Instituto Nacional de Seguros was also not informed at the time she was alerted by the engineer in charge of the work, that is, two days after having taken out the insurance, as evidenced in the log of the professional in charge.
By virtue of the foregoing, it is determined that it is not feasible to cover the claim, and we inform you that we are obligated to decline the case and proceed with its permanent archiving. (…)” (Images 909-912 of the main file) It is noteworthy what the insurer indicated regarding the duty of the professional in charge of the construction process of the work located in that subsidiary, which, as can be deduced, were not carried out, highlighting that no “… exploratory geotechnical study was conducted to determine the foundation design, which would have allowed assessing the bearing capacity or stability of the terrain, as dictated by the Código Sísmico de Costa Rica 2010, in section 13.1…”. This puts into perspective that prior to building, it was incumbent upon the hired professional to carry out soil compaction studies and other aspects of the terrain's composition to be able to establish the type of foundation to use for the structural stability of the work.
XII.- On the other hand, regarding the testimony of Mr. Daniel Gamboa Núñez, he referred to the reasons for having acquired a subsidiary in the condominium, stating that it was very similar to what was recounted by Mrs. Delgado Ureña. He highlighted that when they offered him the lot they indicated it was land ready to build on. He expressed that he is a civil engineer and that his dream was to make the plans and be responsible for building a house to his liking for his family. He recounted that he did not have time to develop anything on the land because when he already had the plans ready, in May 2020, the landslide came and he could not build. He said that currently his lot is six meters below the original level and that he was not told, when it was offered, the type of foundations the houses required. He stated that if they had given him that information he would not have bought the lot and if they had indicated he had to build a continuous slab or piles at certain depths, he would not have bought. He clarified that he did not obtain a construction permit but only a land use certificate (certificado de uso del suelo). Subsequently, he referred to the family and emotional impact of what happened. When asked if at the time of acquiring the property they spoke to him about the geological conditions of the terrain, he answered negatively and pointed out that if they had communicated to him what the soil studies indicated, he would not have bought, warning that it was not a visible situation. When asked if the terrain was suitable for construction, he replied that currently it is not. He explained that the land use (uso de suelo) states that a one- or two-story house could be built on the land, but it requires a foundation slab or deep piles, and for a house that type of foundation is very expensive. In the cross-examination, when asked by the State, he indicated that he learned of the existence of the soil study once the landslide had occurred. When asked by the co-defendant company whether he had investigated the terrain, he stated that his subsidiary had a significant slope in front, pointing out that he assumed that since there were houses next to it he would not have any problem. When asked if as a professional he did the soil studies, he stated that he did the plans but not the studies because he was not going to start construction. He was not going to start construction until he had certainty about certain things, from the bank, from a construction loan, so he was not going to do the soil study until he had the certainty of beginning construction. Finally, when asked by this Court what happened to his lot, he answered that it sank about six meters from the original level and that the curb is observed six meters higher. Again, this account does not serve as a valid reference to prove the damage claimed on the lot owned by the declarant, much less can the global proof of the claimed injuries be assumed from these statements. As observed, this approach by the plaintiffs has been oriented towards debating the supposed cause of damages that are not specified or concretized and that, in the petitioners' argument, seek to be proven and settled in the judgment enforcement phase, an aspect that, it is reiterated, is neither proper nor due in this type of proceeding, which has as its fundamental purpose verifying the existence of damages and the causal link allowing the referability of the injury to the parties against whom the case has been decided. Ultimately, the concurrence of several persons who consider themselves affected by the same injurious cause does not make the plaintiffs' theory valid regarding disregarding the rigor already mentioned concerning the specification, proof, and quantification of the individual damages claimed. It should be noted that the individual impact allegedly occurring in each legal sphere rules out that this case could be associated with a type of collective or even class action. It is not an affectation of interests of a collective or class nature, which could be understood as covered by the supra-individual standing regulated by precept 10, subsection 1), sub-paragraph c) of the CPCA, as it is clear that what is alleged is not an affectation of group, collective, or class interests. What is debated is a supposed negative impact on the individual patrimony of each of the plaintiffs, and in those terms, it is absolutely inadmissible to seek an analysis of a hypothetical generic injurious cause to then, in the enforcement phase, allow assessments of the impact or individual incidence on the legal sphere of each claimant. On the contrary, it is evident and notorious that the present matter concerns affectations of an eminently individual, specific nature, consisting of the alleged damages argued to have occurred in the patrimony of each plaintiff. Hence, the necessary and urgent procedural burden of the specific mention, verification, and settlement, even if prudential, of the claimed detriments cannot be dispensed with. By not having satisfied that burden, there is no objective element regarding which it would be pertinent to conduct an analysis of causal occurrence, assessment of joint and several subjective imputability, existence or not of co-participation in the damage, potential exonerating causes, among other variables that are essential in examinations of tort liability filed under the regime of the Ley General de la Administración Pública. Indeed, the primary element to consider within this type of assessment and analysis is precisely the damage, as a factor to be proven and as a parameter and purpose of reparation. The absence of this primary detail prevents advancing in that intellectual and deliberative process under penalty of incurring in speculations that would ultimately entail correcting a substantial deficiency of the plaintiff party. Thus, given this decisive deficiency, no condemnation whatsoever could fall against the sued Administrations, and therefore, the claim must be dismissed on this particular matter.
XIII.- Regarding the incidence of what has been indicated concerning the co-defendant company. Now, with regard to the company Soluciones Integrales en Seguridad Sis S.A., the complaint alleges that in the case of companies dedicated to risky activities directed at the consumer, such as real estate development, the rules of the Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, No. 7472 apply. It considers that numeral 32 of that law establishes the fundamental and inalienable rights of the consumer, without prejudice to those regulated in various regulations. It specifies that precept 34 ibidem provides the obligations of the merchant, while canon 35 ejusdem establishes the strict liability regime applicable to commercial relationships, establishing that [the merchant] must respond regardless of fault when the consumer is harmed due to the good or service, inadequate or insufficient information about them, or their use and risks, being released only when demonstrating that they were unrelated to the damage. Regarding the conduct of that company, it indicates the following: 1) Having executed a work contrary to the granted municipal permits, since they received permission to carry out construction works for the registered farm Folio Real P-012847-000 and plan P-1141159-2007, the entire farm encompassing Stages I and II (Etapas I y II), but the INVU only endorsed Stage I on October 31, 2008, and in 2009 the farm was subdivided. 2) Not having alerted the future owners of the Stage II subsidiaries about the recommendations and conclusions of Ingeotec from the year 2009. 3) Not having obtained the construction permit for the second stage identified by farm P-72837-000 and yet carrying out construction works to give the appearance of a condominium with all permits. 4) Not having conducted the slope stability study that SETENA requested through Resolution No. 2093- SETENA of July 4, 2019. 5) Having created an unregistered vehicle passage easement (servidumbre) on farm P-72837-000, passing through the recreational areas of the condominium and subsidiary 190, denaturalizing the condominium's formation deed as set forth in deed number 172, volume four of notary María José Chaves Cavallini. 6) Failure to comply with the provisions of the regulation for the review procedure of construction plans, Decree No. 36550-MP-MIVAH-S-MEIC of April 28, 2011, article 11 on easements. 7) Inducing buyers into error by having them sign deeds indicating that the subsidiaries were suitable for construction. 8) Selling condominium lands with hidden defects, violating the warranty of eviction, hiding information from consumers. 9) Violating the principle of legitimate expectation (principio de confianza legítima) since consumers made their consumption decision based on it being a condominium with lands suitable for construction, that had land use studies and environmental viability from SETENA. 10) Not having executed the mitigation measures ordered by SETENA, such as not having guaranteed slope stability and avoided erosion, not conducting studies or compaction tests to guarantee terrain stability. It considers that these conducts are serious and regrettable because they caused damage to the infrastructure and properties in general. Again, the plaintiffs' allegations regarding this co-defendant party are directed at exposing the detail of the conducts that in their view configure contributing causes generating the alleged injuries and that determine their co-participation in the duty of civil reparation. It is clear that the relationship through which the properties under debate were acquired falls within a consumer relationship, regulated by the aforementioned Law No. 7472. In this regard, the alleged precept 35 establishes the basic guidelines of the liability system for damages concerning these matters in the following sense:
“Article 35.- Liability regime.
The producer, the provider, and the merchant must respond concurrently and independently of the existence of fault, if the consumer is harmed by reason of the good or service, of inadequate or insufficient information about them, or their use and risks.
Only the one who demonstrates that he was unrelated to the damage is released from liability.
The legal representatives of commercial establishments or, where appropriate, the persons in charge of the business are responsible for their own acts or deeds or those of their employees or auxiliaries. The technicians, those in charge of preparation and control, respond jointly and severally, when so applicable, for violations of this Law to the detriment of the consumer.” Despite the broad scope of that regime, the plaintiff incurs in the same indolence noted and developed previously because, even with the regulation of the liability regime imposed by Article 35 of Law No. 7472, the application of that norm requires as an initial (logical) step the proper allegation, specification, proof, and settlement of the damage suffered. Regardless of the various debated positions surrounding the duty and right to adequate and timely information for the consumption decision as a relevant element in the bundle of consumer guarantees, it is insisted that what has been previously developed and noted is decisive and cardinal because the duty of reparation arises from the existence of an actual damage and not from the mere allegation of a hypothetical injury that has not been properly supported in the record. Indeed, the intellectual exercise of subjective imputation of the cause and, therefore, the recognition of the duty to repair is conditional upon the prior proof of the injury. If the very basis of the liability system is the integral reparation of the damage, it is notorious that the initial step of any analysis in this regard is the demonstration of the effectiveness and details of the injury to be repaired. Consequently, neglecting this rigor renders any approach to classifying conducts or causes of imputation futile and harmless. It is precisely this indolence that has prevented advancing in this matter with the analysis of the propriety or not of the causal association exposed by the plaintiffs and the defendants' arguments regarding the cause of the debated damage. Note that although the co-defendants have dedicated themselves to denying their liability, pointing out that they have complied with the legal framework applicable to urban planning and building development, from the analysis of the record it has not been possible to deduce the particularities of the injuries that are fundamental in this type of claims. The analysis of the cause of a damage that has not been proven and therefore cannot be considered effective is inappropriate. Hence, even with respect to the co-defendant company, this deficiency determines the inadmissibility of the complaint due to the lack of proof of a decisive element for the liability analysis, and it is indeed so ordered. In general, it is worth highlighting that in this type of proceeding, whose sole purpose is to define the liability of a public entity, it is the petitioner who must prove and argue these aspects, without it being the duty of the adjudicating body to assume the occurrence of damages or losses ex officio, as that would lead to supplementing the deficiency of the party, with evident procedural imbalance, infringement of the principle of congruence (Article 119 of the CPCA), and to the detriment of equality. In these terms, the damage and/or loss cannot be considered proven and granted in the abstract, when the plaintiff has neglected its minimum procedural duties to rationally justify the claimed sums. Thus, given the evidentiary and argumentative deficiencies of the plaintiff, there is no other recourse than to order the dismissal of the claimed damages and losses, as is indeed ordered.
XIV.- Regarding subjective moral damage (damo moral subjetivo) and other economic aspects. The complaint requests the declaration of a duty to compensate the subjective moral damage of the plaintiffs who are natural persons, which they have quantified in the sum of ¢20,000,000.00 individually. In the statement of reasons, they have associated it with the adverse emotional conditions they claim to have suffered as a result of the circumstance of having acquired a subsidiary in the Condominio Villa Leona and subsequently having their hopes and dreams truncated by the loss of their homes and unbuilt lots, due to what they consider was an acquisition process that violated the norms governing consumer relations and the right to truthful and reliable information, as well as a set of omissions in the duty of supervision and monitoring on the part of the Administrations involved in this proceeding. Within the logical framework of the complaint, this non-material damage is associated with the material damages caused to the constructions and lands of the acquired subsidiaries. Consequently, the lack of proof of that specific damage, a topic just analyzed, determines the inadmissibility of the claim for subjective moral damage given the logical dependence that occurs between both injuries. That is, the complaint associates the emotional suffering with the material injuries, as one of the consequences derived from that negative impact on their legal situations, therefore, the declaration of inadmissibility of this latter damage determines, by a relationship of accessoriness and dependence, the dismissal of that first category. Furthermore, it is necessary to warn that no support is introduced regarding particular conditions of that moral injury. Again, the complaint is generic on this particular matter as it does not present concrete elements of the implications generated for each plaintiff. At most, in the taking of the testimony of Mrs. Mayra Delgado Ureña and Mr. Daniel Gamboa Núñez, allusion is made to concrete aspects of their experience related to the facts underlying this judicial dispute, but this account does not determine a generic proof of the material damage or the subjective moral damage of all the parties.
Nonetheless, it must be reiterated, the fundamental deficiency that leads to the rejection of these claims is their dependence on material (pecuniary) damage, such that the rejection of the latter entails, inexorably, the dismissal of this point under examination, and it is so ordered. Similarly, the complaint claims payment of legal interest and indexing adjustment with respect to the sums requested. Once again, this is a point accessory to the principal claim for material damages, a dependence that compels its rejection.
XV.- Corollary. Analysis of the defenses raised. INVU and the company Soluciones Integrales en Seguridad Sis S.A. raised the defense of lack of passive standing (falta de legitimación pasiva). This defense must be rejected because the complaint specifies concrete conduct by these procedural subjects, to which it attributes co-participation in the damages claimed. Whether or not those parameters of imputation actually concur is a matter associated with the analysis of the substantive law under debate. Hence, from the standpoint of passive standing, the complaint does not present the deficiency alleged. The same must be noted with respect to the Municipality of Garabito, which, although it did not raise substantive defenses, after an ex officio review of this procedural requisite, it is determined that insofar as the action alludes to conduct attributable to it, regardless of whether or not that conduct constituted an adequate cause of the injury that is the subject of this case, it presents an undeniable subjective relationship with this proceeding. That being so, the State and the co-defendant company raised the defense of lack of right (falta de derecho). As a consequence of the analysis set forth throughout this judgment, it is clear that said substantive defense must be upheld. Likewise, since this is a substantive procedural requisite (standing, interest, and right) whose review is ex officio, having determined the inadmissibility of the claims brought, it is necessary to declare ex officio the lack of right with respect to the Municipality of Garabito and INVU. Consequently, for the reasons stated in the preceding sections, the rejection of the complaint in its entirety is ordered.
XVI.- On costs. Regarding this issue, in accordance with numeral 193 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, procedural and personal costs constitute a burden imposed on the losing party by the very fact of being so. Exemption from this condemnation is only viable when, in the Tribunal's judgment, there was sufficient reason to litigate, or when the judgment is rendered based on evidence whose existence the opposing party was unaware of. In the present case, based on the case file and the evidence received by the Tribunal, it is considered that the plaintiffs had sufficient reason to litigate, since they presented claims in good faith in their capacity as consumers, based on complex facts of a technical-scientific nature that are very difficult to assess, such that—with the diligence of an average person—it is understandable to assume the possible existence of liabilities on the part of the merchant who sold them those goods and the Administrations responsible for authorizing a real estate development. Thus, the proper course is to resolve this matter without a special award of costs.
POR TANTO
The defense of lack of passive standing (falta de legitimación pasiva) raised by the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo and the company Soluciones Integrales en Seguridad Sis S.A. is rejected. The defense of lack of right (falta de derecho) raised by the State and the company Soluciones Integrales en Seguridad Sis S.A. is upheld. Ex officio, the lack of right is declared with respect to the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo and the Municipality of Garabito. Consequently, the complaint filed by MEDICARE DEL ESTE HF S.A., legal person identification number 3-101-647742, MAYRA DELGADO UREÑA, identity card number 1-0578-0346, LA CASITA AMARILLA CAMP DE PLAYA S.A., legal person identification number 3-101-738191, DANIEL GAMBOA NÚÑEZ, identity card number 1-0937-0655, ALEXANDRA RUCAVADO ROMERO, identity card number 1-0717-0357, ESTUDIOS TÉCNICOS ESTEFI S.A., legal person identification number 3-101-12274 (185), FELIPE IZQUIERDO FLORES, identity card number 1-1280-0422 Y NATALY RODRÍGUEZ ZAMORA, identity card number 2-0691-0652, JASON ARTURO ZÚÑIGA VILLEGAS, identity card number 2-0611-0565, PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL GM S.A., legal person identification number 3-101-179167, LARISSA MARÍA MONTES VARGAS, identity card number 1-0853-0440 and JOSÉ LUIS MONGE BERMÚDEZ, identity card number 1-1139-0670 against the STATE, the INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, the MUNICIPALITY OF GARABITO, and the COMPANY SOLUCIONES INTEGRALES EN SEGURIDAD SIS. S.A. is declared without merit in all its parts. It is resolved without a special award of costs. José Roberto Garita Navarro/ Silvia Consuelo Fernández Brenes/ Daniel Aguilar Méndez. */*/*/*/*/*/*/ ASUNTO: PROCESO DE CONOCIMIENTO ACTORES: MEDICARE DEL ESTE HF S.A., MAYRA DELGADO UREÑA, LA CASITA AMARILLA CAMP DE PLAYA S.A., DANIEL GAMBOA NÚÑEZ, ALEXANDRA RUCAVADO ROMERO, ESTUDIOS TÉCNICOS ESTEFI S.A., FELIPE IZQUIERDO FLORES Y NATALY RODRÍGUEZ ZAMORA, JASON ARTURO ZÚÑIGA VILLEGAS, PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL GM S.A., LARISSA MARÍA MONTES VARGAS Y JOSÉ LUIS MONGE BERMÚDEZ.
DEMANDADO: EL ESTADO (SETENA), MUNICIPALIDAD DE GARABITO, INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (INVU) Y SOLUCIONES INTEGRALES EN SEGURIDAD SIS S.A.
IGWTHUP.JRGN. 2025.
Tribunal Contencioso Administrativo PROCESO DE CONOCIMIENTO ACTOR/A:
MEDICARE DEL ESTE HF S.A., MAYRA DELGADO UREÑA, LA CASITA AMARILLA CAMP DE PLAYA S.A., DANIEL GAMBOA NÚÑEZ, ALEXANDRA RUCAVADO ROMERO, ESTUDIOS TÉCNICOS ESTEFI S.A., FELIPE IZQUIERDO FLORES Y NATALY RODRÍGUEZ ZAMORA, JASON ARTURO ZÚÑIGA VILLEGAS, PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL GM S.A., LARISSA MARÍA MONTES VARGAS Y JOSÉ LUIS MONGE BERMÚDEZ.
DEMANDADO/A:
EL ESTADO (SETENA), MUNICIPALIDAD DE GARABITO, INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (INVU) Y SOLUCIONES INTEGRALES EN SEGURIDAD SIS S.A.
N° 2025010510 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del diez de noviembre del dos mil veinticinco.- Proceso de conocimiento declarado de puro derecho establecido por la empresa denominada MEDICARE DEL ESTE HF S.A., cédula de persona jurídica número 3-101-647742, MAYRA DELGADO UREÑA, cédula de identidad número 1-0578-0346, LA CASITA AMARILLA CAMP DE PLAYA S.A., cédula de persona jurídica número 3-101-738191, DANIEL GAMBOA NÚÑEZ, cédula de identidad número 1-0937-0655, ALEXANDRA RUCAVADO ROMERO, cédula de identidad número 1-0717-0357, ESTUDIOS TÉCNICOS ESTEFI S.A., cédula de persona jurídica número 3-101-12274 (185), FELIPE IZQUIERDO FLORES, cédula de identidad número 1-1280-0422 Y NATALY RODRÍGUEZ ZAMORA, cédula de identidad número 2-0691-0652, JASON ARTURO ZÚÑIGA VILLEGAS, cédula de identidad número 2-0611-0565, PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL GM S.A., cédula de persona jurídica número 3-101-179167 (167, 179), LARISSA MARÍA MONTES VARGAS, cédula de identidad número 1-0853-0440 y JOSÉ LUIS MONGE BERMÚDEZ, cédula de identidad número 1-1139-0670, todos representados por su apoderado especial judicial, licenciado Carlos Espinoza Salas, carné 5782, en contra de EL ESTADO, representado por le señora procuradora Elizabeth Li Quirós, cédula de identidad número 1-0576-0571, LA MUNICIPALIDAD DE GARABITO, representada por su apoderado especial judicial, licenciado Dinier Naranjo Serrano, carné 31001, EL INSTITUO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (INVU), representado por su apoderado especial judicial, licenciado Marco Arias Alfaro, carné 20204 Y LA EMPRESA DENOMINADA SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD SIS S.A., cédula jurídica 3-101-286577, representada por sus apoderados especiales judiciales, licenciada Lorena Montes de Oca, carné 5962 y Juan Carlos Herrera Flores, carné 18655.
RESULTANDO:
1.- En fecha 10 de agosto del 2021 las personas accionantes formulan la demanda que ha dado origen al presente proceso para que en lo medular en sentencia se disponga, pretensiones ratificadas en fase de audiencia preliminar y en el juicio oral y público celebrado en este asunto, de la siguiente manera:
“… Solicitamos se declare con lugar la demanda y se condene a las accionadas al pago en forma solidaria de los siguientes rubros:
a. Al pago del daño material causado, que consiste en la pérdida y la destrucción de las viviendas ya construidas, así como el valor de los lotes de sus filiales, declaratoria que se hará en abstracto y cuyo monto se determinará en la etapa de ejecución de sentencia.
b. A la cancelación del daño moral subjetivo en el monto de 20 millones de colones para cada uno (sic) de las personas físicas propietarias de las filiales.
c. Sobre todos los rubros liquidados, correrán intereses netos e indexación desde que surgió el evento hasta su efectivo pago.
d. Se ordene a la Municipalidad de Garabito exima a los actores del pago de los impuestos municipales.
e. Al pago de las costas procesales y personales más sus intereses conforme al arancel de profesionales en derecho de este proceso.” (Imágenes 2-7, 1153-1158 del principal) 2.- Conferido el traslado de ley, el Estado contestó de manera negativa y opuso la defensa de falta de derecho (imágenes 306-320, 699-700 del principal). La Municipalidad de Garabito se opuso sin plantear defensas de fondo. (Imágenes 242-273 del principal) Por su parte el INVU contestó de manera negativa y planteó las defensas de demanda defectuosa y prescripción, así como las de falta de legitimación pasiva y falta de derecho. Por resolución No. 1845-2022 de las 07 horas 40 minutos del 04 de noviembre del 2022 el juez de trámite dispuso el rechazo de dichas defensas previas. (Imágenes 220-239, 675-698, 719-720 del principal). Finalmente, la empresa Soluciones Integrales de Seguridad Sis S.A. alegó la falta de legitimación pasiva y falta de derecho. (Imágenes 352-372 del principal) 3.- En fecha 16 de mayo del 2024 se celebró la audiencia preliminar establecida en el artículo 90 del Código Procesal Contencioso Administrativo, con la asistencia de todas las partes. Definidas y fijadas las pretensiones, el juez de dicha etapa procesal dispuso la admisibilidad de la prueba documental, así como la declaración de parte de los actores Daniel Gamboa Núñez y Mayra Delgado Ureña y testimonial ofrecida por los involucrados. En consecuencia, remitió el expediente a esta Sección del Tribunal Contencioso Administrativo para la realización de la audiencia complementaria respectiva. (Imágenes 1153-1158 del principal) 4.- Por auto de las 11 horas 57 minutos del 30 de octubre del 2025 este órgano colegiado señaló para realización de juicio oral y público los días 17 y 20 de octubre del 2025. El recordatorio respectivo se realizó mediante auto de las 11 horas 51 minutos del 08 de octubre del 2025. (Imágenes 1160-1167, 1201 del principal) 5.- En fecha 17 de octubre del 2025, a las 08 horas 46 minutos se inició la audiencia complementaria convocada al efecto, con la asistencia presencial de la parte accionante, representada por su apoderado especial judicial Carlos Espinoza Salas y de la coaccionada Soluciones Integrales de Seguridad Sis S.A., con el aptrocinio letrado de Lorena Montes de Oca y Juan Carlos Herrera Flores, así como con la conexión virtual plataforma Teams del Estado, representado por la procuradora Elizabeth Li Quirós, la Municipalidad de Garabito, representada por Francisco González Madrigal y el INVU, bajo el patrocinio letrado de Marco Arias Alfaro. En esa fase, se fijó el objeto del proceso. En ese acto, el mandatario de los actores desistió del testimonio experto del señor Francisco Sánchez González, geólogo. La coaccionada Soluciones Integrales de Seguridad Sis S.A. solicitó que se mantuviera esa evacuación, empero, luego de dar audiencia a las partes y revisada la audiencia preliminar, se dispuso el rechazo de ese ruego al tratarse de prueba que fue admitida solamente respecto de la parte accionante. Luego, previa oportunidad a las partes para expresar su alegatos, sobre la prueba para mejor resolver ofrecida por la parte accionante en memorial que consta a imágenes 1225-1522 del principal, se dispuso su rechazo. Las partes rindieron su alegato de apertura y se procedió a la evacuación de las declaraciones de Mayra Delgado Ureña, cédula de identidad número 1-0578-0346, Daniel Gamboa Núñez, cédula de identidad número 1-0937-0655, quienes se refirieron sobre el daño moral subjetivo que reclaman en este proceso, la decisión de consumo y cómo les causó perjuicio al momento de adquirir la propiedad. De igual manera, se practicó la declaración del señor Danilo Villalobos Solano, cédula de identidad número 1-0493-0406, quien depuso sobre los hechos de la demanda, permisos obtenidos y que lo discutido es un fenómeno natural y no de orden humano. Evacuada la prueba, se confirió a los litigantes un plazo de tres días hábiles para rendir conclusiones por escrito. Asimismo, de conformidad con el numeral 111 del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA) el presente asunto fue declarado de especial complejidad, informando a las partes de que la sentencia sería dictada dentro del plazo de quince días hábiles posteriores al vencimiento del plazo para rendir conclusiones. (Ver minuta y grabación de la audiencia complementaria) 6.- Las conclusiones fueron rendidas por todas las partes en escritos del 22 de octubre del 2025.
7.- En los procedimientos no se observan nulidades que subsanar o que generen indefensión y se emite la sentencia previa deliberación de rigor. Este asunto se ajusta además a lo dispuesto en el Reglamento sobre Expediente Judicial Electrónico ante el Poder Judicial, aprobado por Corte Plena, en el artículo XXXI de la sesión número 22-13, celebrada el 20 de mayo de 2013.
Redacta el juzgador Garita Navarro con el voto afirmativo de la jueza Fernández Brenes y del juez Aguilar Méndez;
CONSIDERANDO.
I.- Hechos probados. De relevancia para efectos del presente proceso se tienen los siguientes:
1.- Los accionantes son propietarios de las siguientes fincas filiales en el Condominio Vista de Villa Leona, Etapa II ubicado en la Provincia de Puntarenas, cantón de Garabito, en la finca matriz matrícula de Folio Real 72837-F-000, plano catastrado P-1317590-2009, con una cabida de 103.424 metros cuadrados, según el siguiente detalle: FILIAL 171: Folio Real 116-500-F-000, plano catastrado P-1727581-2014, propiedad de propietaria Alexandra Rucavado Romero, cédula 1-0717-0357, naturaleza: Finca filial primaria individualizada apta para construir que se destinará a uso habitacional la cual podrá tener una altura máxima de dos pisos, linda al norte con área común libre acceso trece y finca filial ciento setenta, al sur con fincas filiales ciento setenta y cinco y al oeste con fincas filiales ciento setenta y dos, ciento setenta y cuatro y área común libre acceso trece, mide 225.47 m2, valor porcentual 0.2703785, valor ¢225.490.00; FILIAL 173: Folio Real 116-502-F-000, plano catastro P-1745985-2014, propiedad de La Casita Amarilla Camp de Playa S.A. cédula de persona jurídica 3-101-738191, naturaleza: finca apta para construir que se destinará a uso habitacional la cual podrá tener una altura máxima de dos pisos, linda al norte con área común libre acceso trece y finca filial 172, al sur con área común libre acceso principal y finca filial 174, al este con fincas filiales 172 y 174 y al oeste con área común libre acceso trece, mide 252.87 m2, valor ¢252.870.00; FILIAL 174: Folio Real 116503-F-000, plano catastrado P-1745611-2014, propiedad de Daniel Gamboa Núñez, cédula de identidad 1-0937-0655, naturaleza: finca apta para construir que se destinará a uso habitacional la cual podrá tener una altura máxima de dos pisos, linda al norte con fincas filiales 171, 172, 173 y 175, al sur con área común libre acceso catorce, al este con fincas filiales 171, 175 y área común libre acceso catorce y al oeste con área común libre acceso principal y fincas filiales 172 y 173, mide 272.73 m2, valor ¢272.730.00; FILIAL 176: Folio Real 116505-F-000, plano catastro P-1745613-2014, propietaria Mayra Delgado Ureña, cédula 1-0578-0346, naturaleza finca para construir que se destinará a uso habitacional la cual podrá tener una altura máxima de dos pisos, linda al norte con filiales 169, 170 y 177, al sur con área común libre acceso catorce y filial 175, al este con filial 177 y área común libre acceso catorce y al oeste con filiales 170 y 175, mide 227.95 m2, valor ¢227.950.00; FILIAL 178: Folio Real 116507-F-000, plano catastro P-1745616-2014, propiedad de Jason Arturo Zúñiga Villegas, cédula 2-0611-0565, naturaleza finca para construir que se destinará a uso habitacional la cual podrá tener una altura máxima de dos pisos, linda al norte con filiales 178 y 179, al sur con área común libre acceso catorce y filial 177, al este con filial 179 y área común libre acceso catorce y al oeste con filiales 168, 169 y 177, mide 185.16 ms, valor ¢185.000.00; FILIAL 185: Folio Real 116514-F-000, plano catastro P-1739456-2014, propietaria Estudios Técnicos Estefi S.A., cédula jurídica 3-101-122274, naturaleza finca para construir que se destinará a uso habitacional la cual podrá tener una altura máxima de dos pisos, linda al norte con filial 186, al sur con filial 184, al este con área común libre acceso catorce y al oeste con área común libre área recreativa, mide 309.11 ms, valor ¢309.110.00; FILIAL 287: Folio Real 116617-F, derechos 001 y 002, plano catastro P-1770582-2014, Medicare del Este HF S.A., cédula jurídica 3-101-647742, naturaleza finca para construir que se destinará a uso habitacional la cual podrá tener una altura máxima de dos pisos, linda al norte con filial 287 (sic) y área común libre servidumbre pluvial, al sur con finca filial 289 y área común libre acceso doce, al este con área común libre servidumbre pluvial y filial 289 y al oeste con área común libre acceso doce y filial 288, mide 275.20 m2, valor ¢275.200.00; FILIAL 167: Folio Real 116496-F-000, plano catastro P-1754613-2014, propietaria Productividad Empresarial GM S.A., cédula jurídica 3-101-179167, naturaleza finca para construir que se destinará a uso habitacional la cual podrá tener una altura máxima de dos pisos, linda al norte con área común libre acceso trece, área común libre zona verde y filial 180, al sur con filial 179 y filial 178, al este con filial 180, filial 179, filial 180 y área común libre zona verde y al oeste con filial 178 y área común libre acceso trece, mide 157.28 m2, valor ¢157.280.00; FILIAL 179: Folio Real 116508-F-000, plano catastro P-1745619-2014, propietaria Productividad Empresarial GM S.A., cédula jurídica 3-101-179167, naturaleza finca para construir que se destinará a uso habitacional la cual podrá tener una altura máxima de dos pisos, linda al norte con filiales 160, 177 y 178, al sur con área común libre de acceso catorce y filiales 168 y 178, al este con filial 180 y área común libre de acceso catorce y al oeste con filiales 177, 178 y 188, mide 197.46 m2, valor ¢197.460.00; FILIAL 170: Folio Real 116499-F-000, plano catastro P-1752482-2014, propietaria Larissa María Montes Vargas, cédula 1-0853-0440, naturaleza finca para construir que se destinará a uso habitacional la cual podrá tener una altura máxima de dos pisos, linda al norte con área común libre acceso trece y filial 179, al sur con filiales 176, 171 y 175, al este con filiales 179, 176 y 177 y al oeste con filial 171, área común libre acceso trece y filial 175, mide 236.77 m2, valor ¢236.770.00; FILIAL 248: Folio Real 116577-F-000, plano catastro P-1763125-2014, propietario José Luis Monge Bermúdez, cédula 1-1139-0670, naturaleza finca para construir que se destinará a uso habitacional la cual podrá tener una altura máxima de dos pisos, linda al norte con filiales 247, y 252, al sur con filiales 249, 251 y área común libre acceso principal, al este con filiales 249, 251 y 252 y al oeste con área común libre acceso principal y filial 247, mide 330.00 m2, valor ¢330.000.00; FILIAL 288: Folio Real 116617-F-001 y 116617-F-002, plano catastrado P-1770581-2014, propiedad de Felipe Izquierdo Flores, cédula 1-1280-0422 y Nataly Rodríguez Zamora, cédula 2-0691-0652. (Certificaciones registrales a imágenes 70-101, 469-481 del principal) 2.- La empresa Soluciones Integrales en Seguridad Sis S.A., desarrolladora del proyecto habitacional Condominio Villa Leona, en el año 2006 presentó ante la SETENA un proyecto de condominio denominado Villa Leona, a efectos de obtener la viabilidad ambiental, ubicado en la provincia de Puntarenas, cantón de Garabito, para la finca matrícula de Folio Real 12847-000, plano catastro P-1141159-2007. A dicha gestión la SETENA asignó el número de expediente administrativo D1-1062-2006-SETENA, mediante resolución No. 191-2007-SETENA del 08 de febrero del 2007, otorgó la viabilidad ambiental al proyecto Condominio Villa Leona. En ese acto se indicó que el proyecto consistía en la construcción de 369 villas en condominio, que contempla la construcción de accesos, calles internas, alcantarillado pluvial, áreas comunes y áreas de protección de 3 quebradas intermitentes que discurren por el fondo, y que contempla solo la etapa urbanística. Se indicó que al momento de la inspección no se observó labor constructiva o de movimientos de tierras, terreno con pendientes entre el 15% y 30%, provisto de árboles frutales y otros. Esta resolución fue corregida por el acto No. 1655-2007 SETENA del 06 de agosto del 2007, únicamente en cuanto al error material para que se lea que en el proyecto se prevén movimientos de tierras de aproximadamente 100.000 metros cúbicos que consistirá en corte y relleno de modo que no habrá excedente de tierras hacia fuera del proyecto. (Imágenes 483-486, 567-568, 569-571 del principal) 3.- En fecha 15 de diciembre del 2009 la finca matricula Folio Real Puntarenas 12487-000, plano catastrado P-1141159-2007, fue segregada creando la finca matrícula de Folio Real P-72837-F-000, plano catastrado P-1317590-2009, con una cabida de 103.424 m2, finca donde se encuentra la Etapa II del Condominio Villa Leona. (Imágenes 634-640 del principal) 4.- Mediante resolución No. 939-2011-SETENA del 26 de abril del 2011, SETENA ordenó la paralización inmediata de las obras constructivas en todo el proyecto de Condominio Villa Leona hasta que el desarrollador Soluciones Integrales en Seguridad Sisi S.A. presente un estudio de estabilidad de taludes y un estudio hidrológico. (Hecho no controvertido, referencia en resolución 1102-2014-SETENA, resultando segundo, imagen 648 del principal) 5.- Mediante oficio US-RMU-212-2012 de fecha 28 de septiembre del 2012, la empresa Soluciones Integrales en Seguridad Sis S.A. obtuvo de parte de la Municipalidad de Garabito el certificado de uso de suelo para el Condominio Villa Leona Etapa II. (No controvertido por el ente local) 6.- En fecha 14 de mayo del 2013 la empresa Soluciones Integrales en Seguridad Sis S.A. presenta ante la SETENA lo prevenido en la resolución SG-ASA-0280-2013, referida en el punto previo. (Referencia en resolución 1102-2014-SETENA, resultandos segundo y tercero, imagen 648 del principal) 7.- En fecha 26 de febrero del 2013 el INVU otorgó visado a los planos de la Etapa II del proyecto Condominio Villa Leona, en la finca matrícula Folio Real P-72837-000, plano catastrado P-1317590-2009, consignando las conclusiones y recomendaciones plasmadas en el informe de la empresa Ingeotec S.A. del año 2009. (No controvertido) 8.- Mediante oficio SG-ASA-0280-2013 del 17 de abril del 2013, la SETENA solicitó a la empresa Soluciones Integrales en Seguridad Sis S.A. el cumplimiento de lo ordenado en la resolución No. 939-2011-SETENA.
9.- En fecha 17 de abril del 2013 Banco Improsa S.A. presenta ante la Municipalidad de Garabito solicitud de permiso de construcción No. 1816, para el desarrollo de obras de infraestructura, el cual fue otorgado mediante certificado de permiso de construcción No. 1816-2014 del 22 de julio del 2014, respecto de la finca Folio Real 6-72837-F-000, plano catastrado P-1317590-2009. (Imágenes 562-563 del principal) 10.- En escritura pública número ciento setenta y dos- cuatro suscrita en fecha 26 de agosto del 2013 ante la Notaria Pública María José Chaves Cavallini, se constituyó por parte del fiduciario Banco Improsa, la II Etapa del desarrollo del Condominio Vistas de Villa Leona, en la que se indica, en lo concerniente a los accionantes:
“… A) De acuerdo a las restricciones urbanísticas y constructivas que constan en los planos presentados y Plan Regulador del Cantón de Garabito, los lotes tendrán un área máxima de cobertura del setenta y cinco por ciento para vivienda y el uno punto trece por ciento para áreas recreativas. El condominio tiene un área total de CIENTO TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO METROS CON SETENTA DECÍMETROS CUADRADOS, que se desglosa de la siguiente manera: A) MIL CUATROCIENTOS SIETE PUNTO QUINCE METROS CUADRADOS correspondientes a Zona de Protección de pozo agua potable; B) TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PUNTO NOVENTA Y UN METROS CUADRADOS correspondientes a servidumbres pluviales y de tuberías y C) NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PUNTO SESENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS correspondientes al área urbanizable del Condominio, los cuales a su vez se desglosan de la siguiente manera: C:I) Fincas Filiales: Compuestas por ciento cincuenta y un fincas filiales primarias individualizadas todas ellas destinadas a lotes para la construcción de casas de habitación a cuatro niveles máximo con un área total de OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PUNTO OCHENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS, equivalente al ochenta y cuatro punto cincuenta y seis por ciento del área total urbanizable del condominio…” En cuanto a los terrenos adquiriros por los accionantes, hizo un detalle de la descripción de las filiales en los mismos términos señalados en el hecho probado 1 anterior. (Escritura visible a imágenes 124-207 del principal) 11.- Mediante resolución No. 1102-2014-SETENA del 09 de junio del 2014, esa unidad administrativa aprobó a la empresa Soluciones Integrales en Seguridad Sis S.A. los estudios de estabilidad de taludes solicitados. En el estudio de estabilidad de taludes realizado por la empresa Ingeotec S.A. de octubre del 2009 en el proyecto Vista de Leona, Segunda etapa, se formularon las siguientes conclusiones y recomendaciones:
“… 1. En general la estabilidad del terreno para la condición sin movimiento de tierras es aceptable en las secciones analizadas.
2. Una vez efectuados los trabajos de movimiento de tierras propuestos, los estudios de estabilidad comprueban que la construcción de las estructuras de una o dos plantas, mediante sistemas de fundación con losas o cimentación superficiales es poco adecuada para las viviendas. En vista de lo anterior se recalca la necesidad de emplear sistemas de fundación tipo pilotes preexcavados de concreto, con el fin de que las edificaciones transmitan sus cargas hacia materiales de mejor calidad y resistencia. Con esto disminuyen las presiones sobre los suelos de la capa No. 1 que es la que determina la estabilidad de las secciones en la mayor parte de los casos propuestos.
3. En dos casos evaluados, se comprueba que la construcción de las edificaciones empleando sistema de fundación especiales como pilotes de concreto incrementa de manera considerable los valores del factor de seguridad contra deslizamientos de los taludes. Aunque este estudio es teórico, verifica la factibilidad de colocar las edificaciones de modo más seguro mediante sistemas de pilotes.
4. Se recomienda el diseño de estructuras de retención o reforzamiento de suelos en aquellos lugares en los que una vez efectuadas las labores de movimientos de tierras, se presentaran taludes de pendiente elevada o verticales…
5. Alternativamente, se puede evaluar la opción de apoyar las fundaciones de las estructuras por debajo de los materiales de la capa No. 1.
6. Se pueden presentar fallas superficiales, debidas a efectos de lluvia intensa y/o alteración en el tiempo de los suelos y de las rocas, por lo que se recomienda estudiar medidas de protección contra las aguas de escorrentía principalmente…
7. Los estudios de estabilidad realizados son de tipo local y no estudian la existencia y efectos de fallas geológicas o sísmicas regionales.
8. Cualquier condición eventual del terreno que se presentara durante el proceso constructivo, se nos deberá consultar al respecto.” (Imágenes 376-445, 648-651 del principal) 12.- Mediante resolución No. 2093-2019-SETENA del 04 de julio del 2019, SETENA ordena a Soluciones Integrales en Seguridad Sis S.A. presentar un nuevo estudio de estabilidad de taludes y un plan de compensación del proyecto. (Imágenes 511-516 del principal) 13.- A mediados del mes de octubre del 2020 (sin fecha precisa que conste en autos), se dio un deslizamiento en la parte alta del talud que abarcó los lotes y construcciones de los accionantes ubicados en la Etapa II del Condominio Villa Leona en la finca matrícula Folio Real P-72837-F-000. (Se infiere del oficio INSDS-02220-2020 del 17 de diciembre del 2020 el Instituto Nacional de Seguros y del estudio geofísico que se refiere en el siguiente aparte) 14.- En octubre del 2020, sin detalle del día, el geofísico Francisco Sánchez G., de la empresa GeoStratu Consultores S.A., especialidad en geofísica, con el registro número CGCR-94, emitió un Informe Preliminar del Estudio Geofísico de Tomografía de Resistividad Eléctrica y de Sísmica de Refracción para el proyecto Villa Leona, Etapa II, situado en Tárcoles, Garabito, en la finca matrícula de Folio Real P-72837-F-000, plano catastrado P-1317590-2009, en el que se formulan las siguientes conclusiones:
(Informe visible a imágenes 102-123, 575-603 del principal) 15.- El día 12 de febrero del 2021 se realizó visita al área del proyecto, por parte del Biólogo Juan Diego Pacheco Polanco, funcionario del Departamento de Auditoria y Seguimiento Ambiental de SETENA, y en Acta de inspección ASA-ACT INS-0037-2021 expresó:
1. El proyecto se encuentra en etapa constructiva.
2. El proyecto consiste en la etapa urbanística de un condominio residencial con un total de 350 fincas filiales con un área de entre 250 a 500 m² 3. Las calles internas del área del proyecto son de adoquines con su respectivo cordón de caño y tragantes.
4. La electricidad del área del proyecto es suministrada por la Instituto Costarricense de Electricidad.
5. El agua potable es suministrada por la ASADA de Quebrada Ganado.
6. Los residuos sólidos ordinarios son recolectados por la Municipalidad de Garabito.
7. En el área del proyecto no se observa ningún tipo de residuos.
8. El sistema de recolección del agua pluvial es manejado mediante un sistema de tragantes, las cuales son canalizadas hacia depresiones naturales que se ubican dentro de la propiedad.
9. Al momento de la inspección se evidenció en el sector Sureste del AP un deslizamiento activo tipo rotacional según indico el Geólogo Julio Madrigal Mora de la Comisión Nacional de Emergencias, de aproximadamente 3 hectáreas que afectó a 35 fincas filiales y que ocasionó daños estructurales a 5 viviendas.
10. El deslizamiento produjo un hundimiento de 8 metros aproximadamente en el terreno.
11. Durante la inspección el regente ambiental del proyecto indicó que se están realizando dos estudios geológicos y geotécnicos en el área afectada por el deslizamiento. (Referencia en resolución 586-2021-SETENA, resultando quinto, visible a imágenes 864-870 del principal) 16.- El 15 de febrero del 2021 la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y la SETENA realizaron inspección en conjunto en el sitio del proyecto Condominio Villa Leona y en el mes de marzo del 2021, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias Unidad de Investigación y Análisis del Riesgo, emitió el informe técnico CNE-UIAR-INF-0024-2021 referente a la valoración técnica de inestabilidad de laderas y afectación a unos condominios, en el cual se determinó que el sector evaluado evidenciaba un escarpe, ruptura en superficie, deformación de terreno, agrietamientos, hundimientos y basculamiento de postes y construcciones, que se asocian a un deslizamiento activo tipo rotacional. En cuanto a la filial 176 señaló que se ubica dentro de este movimiento de masa activa “deslizamiento” y, por lo tanto, el terreno está totalmente comprometido a una mayor movilidad y no reúne las condiciones para una construcción habitacional en virtud de las deformaciones. Apuntó que era necesario que los entes públicos analicen la finalidad de que existan estudios técnicos a detalle para determinar las condiciones geotécnicas y geológicas para desarrollos a futuro en otros lugares del cantón. De igual manera, en el informe técnico CNE-UIAR-INF-0649-2021 del mes de agosto del 2021 reiteró estas conclusiones. (Imágenes 528-533, 748-755 del principal) 17.- Mediante resolución No. 586-2021-SETENA del 15 de abril del 2021, la SETENA conoce denuncia presentada el 25 de enero del 2021 en contra del proyecto Condominio Villa leona y dispuso en lo relevante:
“POR TANTO LA COMISIÓN PLENARIA RESUELVE En sesión Ordinaria N.º 028-2021 de esta Secretaría, realizada el 15 de ABRIL del 2021, en el Artículo No. 16 acuerda:
PRIMERO: Acoger la denuncia presentada ante esta Secretaría el día 25 de enero del 2021 en contra el proyecto “Condominio Villa Leona” con expediente administrativo D1-1062-2006-SETENA.
SEGUNDO: De conformidad con lo expuesto en los considerandos, se establece como Medida Cautelar la paralización temporal de las obras constructivas, excepto las medidas de mitigación necesarias e inmediatas. Esta medida se mantendrá hasta que esta Secretaría considere procedente levantar dicha medida de paralización.
TERCERO: Se ordena al señor Danilo Alberto Villalobos Solano, representante legal de la sociedad Soluciones Integrales de Seguridad SIS S.A. que, en un plazo de 30 días hábiles posteriores a la notificación de la presente resolución, proceda a presentar e implementar las recomendaciones que se emitan en los siguientes estudios técnicos:
1. Un estudio geotécnico y de estabilidad de taludes de toda el área del proyecto, que contenga acciones destinadas a la contención y estabilización del suelo y los posibles impactos provocados por el deslizamiento.
2. Plan de Medidas de Mitigación (tal y como se solicitó en la Resolución N.º 2093-2019-SETENA del 04 de julio del 2019) que incluya los efectos producto del deslizamiento activo tipo rotacional evidenciado.
CUARTO: Con base en el artículo 99 de la Ley Orgánica del Ambiente N° 7554 y dados los incumplimientos comprobados del Desarrollador y el Regente Ambiental del proyecto se establece lo siguiente:
Geol. Gerardo Calero (presidente) Ing. Álvaro Hidalgo Lic. Fabián Mora Dicho Órgano Director deberá rendir un informe con las recomendaciones correspondientes en un plazo de 30 días hábiles.
QUINTO: Notificar a la Comisión Nacional de Emergencia de los hechos ya conocidos por esta institución, para que se proceda según corresponda con sus competencias.
SEXTO: Notificar a la Municipalidad de Garabito para que con base en sus competencias de seguimiento a la medida cautelar la paralización temporal de las obras constructivas. SÉTIMO: Con el propósito de mejorar los servicios brindados por la SETENA, se le solicita indicar una dirección de correo electrónico, para recibir notificaciones de parte de esta Secretaría, de conformidad con la directriz SG-134-2014-SETENA del 23 de junio de 2014, visible en la página web: www.setena.go.cr OCTAVO: Los documentos originales firmados digitalmente (Firma Digital) estarán a disposición del interesado en la dirección web http://www.setena.go.cr, donde debe ser verificado por cualquier interesado e instancia pública o privada. Para todo efecto legal, de acuerdo a la Ley 8454, la firma digital emitida por una autoridad certificadora registrada tiene la equivalencia jurídica de una firma manuscrita, según artículo 4 que indica: “Artículo 4° - Calificación jurídica y fuerza probatoria. Los documentos electrónicos se calificarán como públicos o privados, y se les reconocerá fuerza probatoria en las mismas condiciones que a los documentos físicos”. Una copia impresa del documento firmado digitalmente se archiva como una pieza del expediente administrativo que se encuentra en custodia de la SETENA. De conformidad con el artículo 8 de la Ley 8220, no podrá solicitarse al interesado que requiera un trámite de presentación de certificaciones, copias de información que ya posea otra institución, según los medios legales preestablecidos.” (Imágenes 864-870 del principal) 18.- En fecha 15 de junio del 2021 el señor Danilo Villalobos Solano en su condición de Administrador del Condominio Villa Leona y representante de Soluciones Integrales de Seguridad Sis S.A. solicitó al Ministerio de Salud que en cumplimiento de la resolución 586-2021-setena del 15 de abril del 2021, en la que se encontró un deslizamiento activo tipo rotacional producto de las fuertes lluvias y según lo indicado por la Comisión Nacional de Emergencias, que participó en la inspección de campo y verificó daños estructurales a cinco viviendas (sin detallarlas en ese oficio) solicitó realizar las valoraciones de los inmuebles afectados, se proceda a declarar inhabitables las viviendas que así lo ameriten y se proceda a ordenar su demolición a quien corresponda. (Imágenes 537-538 del principal) 19.- Por orden sanitaria ARS-G-OS-152-2021 del 13 de agosto del 2021 el Ministerio de Salud dispuso declarar inhabitable la vivienda de la filial 176 propiedad de Mayra Delgado Umaña. (Imagen 543 del principal) 20.- Por orden sanitaria ARS-G-OS-153-2021 del 13 de agosto del 2021 el Ministerio de Salud dispuso declarar inhabitable la vivienda de la filial 287 propiedad de Medicare del Este HF S.A. (Imagen 543 del principal) 21.- Por orden sanitaria ARS-G-OS-154-2021 del 13 de agosto del 2021 el Ministerio de Salud dispuso declarar inhabitable la vivienda de la filial 173 propiedad de La Casita Amarilla Camp S.A. (Imagen 546 del principal) 22.- Mediante oficio AL-634-2021-ER del 15 de octubre del 2021 de la Unidad de Gestión Jurídica de la Municipalidad de Garabito se requiere al Proceso de Servicios Técnicos, Ingeniera Municipal, Ing. Kendra Salas León, detalle de si a las fincas filiales que fueron segregadas de la finca matriz 3533-M-000 del proyecto Condominio Villa Leona II Etapa, le fueron otorgadas licencias de construcción. (Imágenes 274-275 del principal) 23.- Por oficio ST-2021-004-I-KS del 15 de octubre del 2021 la Unidad de Servicios Técnicos-Construcciones de la Municipalidad de Garabito, se indica que de las once fincas consultadas, solamente tres de ellas presentan registro en el sistema de control administrativo municipal de permisos de construcción, en concreto, y en lo relevante para este proceso, lote 287 a nombre de Medicare del Este HF S.A., lote 176 a nombre de Mayra Delgado Ureña y lote 173 a nombre de La Casita Amarilla Camp de Playa S.A. (Imágenes 276-279 del principal) 24.- Por oficio STDCI-089-2021 del 15 de octubre del 2021 la Unidad de Servicios Técnicos-Construcciones solicita al Coordinador de Servicios de Seguridad Y Convivencia Ciudadana de la Municipalidad de Garabito visitar cada finca filial del proyecto Villa Leona, etapa II, para corroborar si en dichas fincas se encuentran construcciones con su respectivo permiso. Se pide la inspección para las fincas 116503, 116500, 116514, 116617, 116507, 116496, 116508 y 116499. (Imagen 280 del principal) 25.- Mediante el oficio SETENA-SG-1366-2021 de fecha 25 de octubre de 2021, emitido por el Ing. Ulises Álvarez Acosta, Secretario General a. i. de SETENA, se indica lo siguiente:
“Es importante mencionar, que a menos que esta Secretaría durante el proceso de evaluación de impacto ambiental tenga conocimientos que en la propiedad donde se desarrolla el proyecto se han presentado deslizamientos o algún otro evento de esta magnitud solicita estudios más específicos o que estos sean realizados a mayor profundidad. Durante una evaluación de impacto ambiental SETENA considera aspectos ambientales contenidos dentro del estudio geotécnico (estudio de suelos) como es el nivel freático y la tasa de infiltración del terreno donde se pretende desarrollar el proyecto, no entra a conocer temas como la capacidad soportante o capacidad admisible de carga del terreno, dado que no es considerado por esta Secretaría como un tema ambiental, y no se cuenta con esta información a este nivel ya que se trabaja con diseño y no planos constructivos.
El Estudio geotécnico presentado para este proyecto dentro de la evaluación de impacto ambiental fue para el caso de un condominio de fincas primarias individualizadas en donde solo se contemplan las obras urbanísticas y no las viviendas. El profesional responsable de las obras deberá contemplar los estudios preliminares, para diseño y construcción, de comprobación y de seguimiento, tal como lo establece el Código de Cimentaciones de Costa Rica, para que sea considerado en diseño estructural. Siendo que cada propietario de cada filial debería tramitar y elaborar los estudios específicos para la construcción de sus viviendas, como es el caso, esta Secretaría considera como suficiente que el Estudio de Suelos (Geotécnico) sea realizado con perforaciones de 3 a 6 metros (ETP), en el cual no se detectó la presencia de una capa de limos arcillosos que afectaran la estabilidad de las terrazas.
La solicitud realizada por esta Secretaría mediante Resolución Administrativa No 586-2021- SETENA del día 15 de abril del 2021, se realiza con base al Informe Técnico CNE-UIAR- INF-0024-2021 de la Comisión Nacional de Emergencias, mediante el cual se concluye que el sector evaluado evidencia un escarpe, ruptura en superficie, deformación del terreno, agrietamientos, hundimientos y basculamiento de postes y construcciones, que se asocian a un deslizamiento activo tipo rotacional, por lo que el terreno debido a estas condiciones está totalmente comprometido a una mayor movilidad y por lo tanto a daños.
Basado en lo anterior, esta Secretaría toma la decisión de paralizar el área del proyecto hasta tanto la empresa desarrolladora no presentara un estudio geotécnico y de estabilidad de taludes, siguiendo el procedimiento establecido en el Código Geotécnico de Taludes y Laderas de Costa Rica, de toda el área del proyecto para evitar que este tipo de deslizamiento ocurra en otras zonas de la propiedad donde se desarrolla el proyecto.” El resaltado es suplido (Imágenes 322-325 del principal) 26.- Por oficio SCCS-I-180-2021-VCB del 28 de octubre del 2021 del Proceso de Seguridad y Convivencia Social de la Municipalidad de Garabito se comunica a la Unidad de Servicios Técnicos el resultado de las inspecciones requeridas en el sector de Villa Leona, etapa II: F-116503: el lote no cuenta con construcción, F-116500: no existe ningún tipo de obra constructiva, F-116514: lote vacío, no hay construcción, F-116617: existe la construcción de una vivienda terminada, se clausura mediante acta de clausura No. 0202-2021 por no contar con el respectivo permiso de construcción municipal, F-116507: lote vacío, no existe construcción, F-116496: existe la construcción de una vivienda de 2 pisos, terminada en su totalidad, clausurada mediante el acta de clausura No. 0205-2021 por no conta con el respectivo permiso de construcción municipal, F-116508: no existe ningún tipo de obra, F-116499: lote baldío, no existe construcción. Se indicó que al momento de las clausuras los propietarios de los inmuebles no se encontraban en el sitio por lo que las actas de clausura se dejaron con el guarda del proyecto. (Imágenes 298-305 del principal) 27.- El 04 de agosto del 2022 la señora Mayra Delgado Ureña, propietaria de la filial 176 del Condominio Villa Leona, finca Folio Real 116505-F-000 presenta ante el Instituto Nacional de Seguros reclamo sobre lo acontecido en la madrugada del 16 de octubre del 2020 que afectó su vivienda, a efectos de aplicar la póliza No. 0101INC0749493-00. (Imágenes 828-855 del principal) 28.- Por oficio INSDS-02220-2020 del 17 de diciembre del 2020 el Instituto Nacional de Seguros resuelve el reclamo formulado por la señora Mayra Delgado Ureña para cubrir los daños ocasionados a la filial 176 del Condominio Villa Leona con el contrato de póliza No. 0101INC0749493-00 con vigencia del 14 de octubre del 2020 al 14 de octubre del 2021 y dispuso en lo relevante:
“… Según manifiesta el Ingeniero a cargo de la valoración de daños, la edificación no muestra defectos constructivos que hayan influido en el grado de afectación que presenta el bien inmueble, por el contrario, se indica que la causa del evento obedece directamente al deslizamiento de aproximadamente 2.8 hectáreas de material sedimentario, sin embargo, no se cuenta con los elementos suficientes que permitan determinar si existe algún vicio oculto en el terreno sobre el cual se ubica el bien inmueble, por lo que se considera indispensable la realización de un estudio más a fondo.
Es importante mencionar que previo a realizar la construcción del bien inmueble afectado, no se realizó ningún tipo de estudio geotécnico exploratorio para determinar el diseño de las cimentaciones, que permitieran valorar la capacidad de soporte o estabilidad del terreno, tal como lo dicta el Código Sísmico de Costa Rica 2010, en el apartado 13.1 que indica:
“Previo al diseño de las cimentaciones se deben realizar todos los estudios del terreno que se estipulan en el Código de Cimentaciones de Costa Rica. Debe entenderse la cimentación como el conjunto que incluye tanto el elemento estructural que transmite las cargas de la superestructura al suelo, como el suelo o la roca soportante. Por ello, además de verificar la estabilidad del elemento estructural, se deben realizar también todos los estudios y verificaciones del medio soportante tales como: estabilidad del terreno, estabilidad de rellenos y de taludes, licuación de arenas durante sismos, capacidad soportante del suelo, drenajes, control de asentamientos, capacidad de carga de pilotes y empujes horizontales sobre muros, entre otros”. (La negrita y el subrayado son nuestros).
Asimismo, este código regula los procedimientos y las limitaciones para el diseño de las estructuras, los cuales deben ser determinados considerando la zonificación sísmica y las características de los sitios de cimentación. (…)
Cabe indicar que existe un estudio geotécnico realizado en el año 2014 por la empresa INGEOTEC S.A. con número de consecutivo IG-056-2014, el cual detalla generalidades del proyecto; se desconoce si el terreno fue alterado posterior a esa fecha. En cuanto al estudio geofísico de tomografía eléctrica y sísmica de refracción realizado en el Condominio Villa Leona, elaborado por la empresa Geostratu Consultores según consecutivo CGCR-94, solamente funciona como una referencia para tener una noción del espesor de las capas de suelo subyacente.
Según se indica en las Condiciones Generales del Seguro, Sección II, Eventos y Pérdidas no Amparados, Coberturas de Daño Directo, artículo 25, "Riesgos Excluidos", inciso a.9, el Instituto, no cubrirá pérdidas, ni gastos que se produzcan o que sean agravados por:
“a. Para todas las coberturas:
9. Edificios caídos, hundidos o desplomados. Si el todo o una sección del edificio objeto de esta póliza, o que contenga la propiedad asegurada por ella, o si el todo o una sección de un inmueble del cual dicho edificio forma parte, se cayesen, hundiesen o desplomasen, el presente seguro dejará de cubrir desde ese momento, tanto al edificio como a su contenido, a menos que la caída, hundimiento o desplome se deban a un riesgo amparado por este contrato”. (la negrita y el subrayado son nuestros).
Por otra parte, al revisar la documentación que respalda el aseguramiento del bien inmueble en cuestión, se logró determinar que se omitió información relevante al momento de formalizar el contrato póliza.
La emisión del seguro se realizó el día 14 de octubre de 2020, por medio del Sr. Gabriel Quesada Mora, agente de seguros independiente N° 114079, sin embargo, no se menciona los problemas que se estaban generando dentro del proyecto en ese momento, como producto de un deslizamiento importante ocurrido días atrás. (…)
Desde nuestra perspectiva, es evidente que existía información suficiente al momento de formalizar el contrato póliza, sin embargo, el riesgo fue declarado de manera distinta a la realidad; aunado a lo anterior, tampoco se informó al Instituto Nacional de Seguros, en el momento en que fue alertada por parte del ingeniero a cargo de la obra, sea, dos días después de haber tomado el seguro, tal como quedó evidenciado en la bitácora del profesional a cargo.
En virtud de lo antes expuesto, se determina que no es factible amparar el reclamo y le informamos que nos vemos en la obligación de declinar el caso y proceder con el archivo de este de manera permanente. (…)” (Imágenes 909-912 del principal) II.- Hechos no probados. De relevancia para este proceso se tienen los siguientes:
1.- Que la empresa Soluciones Integrales en Seguridad Sis S.A. compareciera en sede notarial a vender o traspasar de manera directa cada una de las fincas filiales adquiridas por los actores dentro del Condominio Villa Leona. 2.- Que los accionantes en su condición de potenciales adquirentes de las filiales posteriormente adquiridas en el Condominio Villa Leona, requirieran información a la empresa desarrolladora Soluciones Integrales den Seguridad Sis S.A. o a las unidades públicas demandadas, relacionada con los riesgos geológicos o de estabilidad de taludes en el sector donde se ubican sus heredades. 3.- Que en la venta de las filiales objeto de controversia la parte enajenante hubiere ocultado información relevante a los adquirentes en lo relativo a eventuales riesgos de deslizamientos, movimientos de taludes o hundimientos del terreno. 4.- Las consecuencias o implicaciones estructurales o de suelo que se produjo en cada filial de los accionantes con ocasión del evento sísmico ocurrido en octubre del año 2020. 5.- Producto de las supuestas consecuencias o implicaciones estructurales o de suelo sufridos por los inmuebles de los accionantes con ocasión del evento sísmico ocurrido en octubre del año 2020, no se puedan realizar edificaciones en estos. 6.- El impacto tanto del sismo de 6.0 grados acontecido en octubre del 2020, como del nivel de precipitaciones pluviales en la zona, en los inmuebles de los accionantes y en la estabilidad del talud del área donde éstos se encuentran. 7.- Que los actores -excepto Mayra Delgado Ureña y La Casita Amarilla Camp de Playa S.A- hayan gestionado, de previo al deslizamiento de mediados del mes de octubre del año 2020, licencias o permisos de construcción ante la Municipalidad de Garabito. 8.- La existencia y alcance de las construcciones efectuadas en las filiales 287 (finca matrícula 6-116617-F-000), 176 (finca matrícula 6-116505-F-000) y 173 (finca matrícula 6-116502-F-000) 9.- La extensión y magnitud de los daños a las supuestas construcciones efectuadas en las filiales 287 (finca matrícula 6-116617-F-000), 176 (finca matrícula 6-116505-F-000) y 173 (finca matrícula 6-116502-F-000), ocurridos a partir del deslizamiento de mediados del mes de octubre del año 2020. 10.- En las supuestas construcciones efectuadas en las filiales 287 (finca matrícula 6-116617-F-000), 176 (finca matrícula 6-116505-F-000) y 173 (finca matrícula 6-116502-F-000), se hubiera contratado un profesional responsable para el diseño y levantamiento de estas, así como la realización de los estudios técnicos pertinentes para determinar el tipo de cimentación y obras de estabilidad estructural que estas requerían. 11.- La existencia de daños y perjuicios ocasionados por los demandados a las personas actoras que estos últimos no tengan deber jurídico de soportar. 12. Que a la fecha de presentación de la presente demanda, la Municipalidad de Garabito hubiere otorgado a Soluciones Integrales den Seguridad Sis S.A. permisos de construcción, visado de planos o aprobación del Condominio Vistas de Villa Leona Etapa II, en la finca matricula de Folio Real P-72837-000.
III.- Objeto del proceso. Alegaciones de la parte actora. En la especie, el objeto del proceso se ha fijado para que se declare la responsabilidad de los coaccionados por supuestas conductas activas y omisivas que desembocaron en la pérdida de construcciones y valor de lotes adquiridos dentro del Condominio Villa Leona. Las pretensiones fueron fijadas de la siguiente manera:
“Solicitamos se declare con lugar la demanda y se condene a las accionadas al pago en forma solidaria de los siguientes rubros:
a. Al pago del daño material causado, que consiste en la pérdida y la destrucción de las viviendas ya construidas, así como el valor de los lotes de sus filiales, declaratoria que se hará en abstracto y cuyo monto se determinará en la etapa de ejecución de sentencia.
b. A la cancelación del daño moral subjetivo en el monto de 20 millones de colones para cada uno (sic) de las personas físicas propietarias de las filiales.
c. Sobre todos los rubros liquidados, correrán intereses netos e indexación desde que surgió el evento hasta su efectivo pago.
d. Se ordene a la Municipalidad de Garabito exima a los actores del pago de los impuestos municipales.
e. Al pago de las costas procesales y personales más sus intereses conforme al arancel de profesionales en derecho de este proceso.” En lo medular, la parte accionante alude al marco jurídico regulatorio de la responsabilidad civil extracontractual de los codemandados. Refiere a la responsabilidad subjetiva y a la objetiva. En el caso de la primera explica que se establece por la imprudencia, negligencia o impericia y requiere de la existencia de antijuridicidad. Debe demostrarse la culpa del causante del daño y la causalidad entre la conducta y el daño. Se divide en directa e indirecta, la primera generada por el sujeto causante del daño (art. 1045 Código Civil) y la indirecta o por hecho ajeno (art. 1048 ejusdem) el cual expresa que el que encarga a una persona el cumplimiento de ciertos actos, está obligado a escoger una persona apta para ejecutarlos y vigilar la ejecución en los límites de las diligencias de un buen “padre de familia”. Se divide en responsabilidad “in eligendo” e “in vigilando”. Prosigue, en el caso de las empresas dedicadas a actividades riesgosas dirigidas al consumidor, como en desarrollo inmobiliario, se aplican las normas de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, No. 7472. El numeral 32 de esa ley establece cuales son los derechos fundamentales e irrenunciables del consumidor, sin perjuicio de los regulados en diversas normativas. Precisa que el precepto 34 ibidem dispone las obligaciones del comerciante, en tanto que el canon 35 ejusdem establece el régimen de responsabilidad de tipo objetivo aplicable a las relaciones comerciales estableciendo que debe responder con independencia de la culpa cuando el consumidor fuese perjudicado debido al bien o el servicio, informaciones inadecuadas o insuficientes sobre ellos o de su utilización y riesgos, liberándose únicamente cuando demuestre que ha sido ajeno al daño. Sobre la responsabilidad del Estado y los entes públicos expone que deben responder por todos los daños que cause su funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal, salvo fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de tercero. Para su acaecimiento se requiere de tres requisitos esenciales: 1) Actuación u omisión derivada de la función o conducta administrativa; 2) Lesión o existencia de un daño antijurídico, que debe ser cierto, efectivo, real, evaluable, individualizable y no hipotético; y 3) El nexo causal, es decir, que exista relación directa de causa a efecto entre el hecho que se imputa y el daño producido. Refiere a las causales eximentes de ese régimen. Presenta ítem en el que aborda sobre la normativa nacional vigente en materia de la construcción, desarrollo, ejecución y supervisión de las urbanizaciones y condominios. Refiere a los numerales 169 y 170 de la Constitución Política. Código Municipal, Ley de Construcciones en cuestiones de fraccionamientos y urbanizaciones, a efectos de lo cual remite a las normas 15, 74, 83 de esa ley. Apunta que el ordinal 87 de esa fuente legal dispone el deber de vigilancia que deben ejercer las municipalidades sobre las obras que se ejecuten en su jurisdicción y su uso. Continúa citando la Ley Orgánica del INVU, artículo 5 y la Ley de Planificación Urbana, preceptos 10, 15, 19, 32, 33, 38, 58. Cita la Ley Orgánica del Ambiente, artículos 17 y 28, Ley General de Salud, preceptos 276, 287, 288, 289, 308, 309, 312, 313, la Ley Reguladora de la propiedad en Condominio, artículo 3, así como el Reglamento Nacional para el Control de Fraccionamientos y Urbanizaciones. De igual modo alude al Código Sísmico, la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros y Arquitectos. En torno a la conducta de actividad o inactividad material expone que en el presente caso se dan dos conductas bajo un régimen de responsabilidad diferente, una de la empresa Soluciones Integrales en Seguridad Sis S.A., cubierta bajo un régimen de responsabilidad objetiva producto de la relación de consumo efectuada con los condóminos actores, sin tener las condiciones debidas, siendo perjudicados por razón del bien o del servicio y por informaciones inadecuadas o insuficientes y por otro lado la responsabilidad de la Municipalidad de Garabito y el INVU en conjunto con el Estado, por una responsabilidad solidaria “in vigilando”. Sobre las conductas de aquella empresa señala que son las siguientes: 1) Haber ejecutado una obra contraria a los permisos municipales otorgados, toda vez que recibieron permiso para la realización de obras constructivas para la finca matrícula Folio Real P-012847-000 y el plano P-1141159-2007, toda la finca que abarcaba las etapas I y II, pero el INVU solamente visó la etapa I el 31 de octubre del 2008 y en el 2009 la finca fue separada. 2) No haber alertado a los futuros dueños de las filiales de la Etapa II sobre las recomendaciones y conclusiones de Ingeotec del año 2009. 3) No haber obtenido el permiso de construcción de la segunda etapa identificada mediante la finca P-72837-000 y aún así realizar obras constructivas para dar la apariencia de un condominio con todos los permisos. 4) No haber realizado estudio de estabilidad de taludes que la SETENA pidió mediante resolución No. 2093- SETENA del 04 de julio del 2019. 5) Haber creado en la finca P-72837-000 una servidumbre de paso vehicular sin inscribir, pasando por las áreas recreativas del condominio y la filial 190, desnaturalizando la escritura de conformación del condominio según se plasmó en la escritura número 172, tomo cuatro de la notaria María José Chaves Cavallini. 6) Incumplir lo dispuesto en el reglamento para el trámite de revisión de los planos para la construcción, Decreto No. 36550-MP-MIVAH-S-MEIC del 28 de abril del 2011, artículo 11 sobre las servidumbres. 7) Inducir a error a los compradores al hacerlos firmar escrituras donde se indicaba que las filiales eran aptas para construir. 8) Haber vendido terrenos del condominio con vicios ocultos, violentando la garantía de evicción, ocultando información a los consumidores. 9) Violentar el principio de confianza legítima ya que los consumidores tomaron la decisión de consumo basados en que se trataba de un condominio con terrenos aptos para construir, que contaban con estudios de uso de suelo y viabilidad ambiental por parte de SETENA. 10) No haber ejecutado las medidas de mitigación ordenadas por SETENA, como no haber garantizado la estabilidad de taludes y evitar la erosión, no efectuar los estudios ni pruebas de compactación para garantizar la estabilidad de terrenos. Estima que esas conductas son graves y lamentables debido a que produjeron daños a la infraestructura y a las propiedades en general. Sobre la Municipalidad de Garabito indica que la responsabilidad se da por no haber supervisado, fiscalizado, vigilado y revisado debidamente a la empresa Soluciones Integrales en Seguridad Sis S.A. con el fin de que los permisos constructivos obtenidos entre el año 2007 y 2008 lo fueran para la primera etapa. Insiste en que la finca sobre la cual se dieron los permisos fue segregada en el 2009 creando una nueva finca y plano, al punto que el desarrollador obtuvo de parte del ayuntamiento la resolución que le otorgaba el certificado de uso de suelo. Refiere al precepto 190 de la Ley General de la Administración Pública. Dice que las obras permitidas por la Municipalidad lo fueron para la finca P-012487-000, donde solo se encuentra plano visado por el INVU en la primera etapa, según sello del 31 de octubre del 2008. Expone que las conductas omisivas del ente local son: 1. Otorgar uso de suelo conforme para la segunda etapa que contempla el plano de la finca P-72837-000, plano P-1317590-2009 II Etapa del Condominio Villa Leona, para uso de condominio residencial, siendo el uso residencial lo siguiente: de conformidad con el diseño de sitio aprobado para el Condominio Horizontal residencial con fincas filiales primarias individualizadas Vistas de Leona. 2. No visó ni autorizó el Condominio Villa Leona II Etapa, a pesar de que desde el 26 de febrero del 2013 el INVU visó los planos. 3. Haber otorgado 4 permisos de construcción a las filiales 168, 173, 176 y 287 en la zona donde tanto Ingeotec como el visado de planos del INVU advertían sobre las recomendaciones y conclusiones del estudio de estabilidad de taludes presentado a SETENA en el 2013, y no haber advertido ni señalado a los condóminos como debía construir sus casas. 4. Haber violentado el artículo 87 de la Ley de Construcciones que le impone el deber de vigilancia sobre las obras. Considera que las conductas de ese ente local son partícipes de los daños materiales, económicos y morales pues al conceder los permisos municipales para este tipo de obras, sin la planificación ni control necesarios que hiciera viable ese proyecto a nivel legal y operacional. Sobre la SETENA expone, su conducta omisiva consiste en permitir a un desarrollador presentar un proyecto sin una verdadera evaluación de impacto ambiental en contra del artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente. Considera imposible que luego de 14 años de haber otorgado licencia ambiental a un proyecto, actualmente esté pidiendo estudios de estabilidad de taludes, donde ya sucedió un deslizamiento. Alude a la resolución No. 586-2021-SETENA del 15 de abril del 2021. Apunta que desde el 2009 la empresa Ingeotec S.A. había realizado estudios de estabilidad de taludes en la finca donde se realiza el proyecto y había alertado sobre las realidades en partes del terreno, donde no era apto para construir. Expone que esos estudios fueron presentados en el 2009 y de nuevo en el 2013 y es hasta ese año que el INVU visó los planos de la II etapa dejando íntegras las recomendaciones y conclusiones de la empresa Ingeotec. Prosigue, mediante resolución No. 939-2011-SETENA del 26 de abril del 2011 se había ordenado paralizar el proyecto. A firma que la SETENA no cumplió con su deber de vigilar a pesar de que tomó decisiones y giró órdenes, no revisó lo que la empresa desarrolladora presentó, con lo que hubiera evitado que los actores se hubiesen percatado de las condiciones geológicas del terreno que estaban comprando. En cuanto al INVU asevera que incumplió con las obligaciones estipuladas en el artículo 38 de la Ley de Planificación Urbana que obliga a la Dirección de Urbanismo a no dar permisos para urbanizar terrenos, ni visar planos cuando el condominio no satisfaga las normas mínimas reglamentarias o presente condiciones deficientes y adversas a la seguridad y a la salubridad pública. Considera que no bastaba que el INVU visara el plano advirtiendo al desarrollador los peligros y de las obras que debía realizar, ya que lo que debía hacer era denegar el visado hasta que el desarrollador hubiera cumplido con los planes remediales y obras de mitigación correspondientes. En cuanto a los daños reclamados acusa un daño material que divide en emergente y lucro cesante, así como un daño moral objetivo y subjetivo. En torno al daño material emergente señala que consiste en la afectación directa causada a su patrimonio, constituyendo lesiones o afectaciones materiales, cuantificables que implican una destrucción o deterioro de los bienes o derechos. Expone que no se observa ninguna eximente de responsabilidad en el nexo causal y que el daño consiste en la afectación a lotes y a filiales con vivienda de los promoventes. En lo que respecta al daño a la propiedad alude al informe del geólogo de la Comisión Nacional de Emergencias, MSC. Julio Madrigal. Acota que el daño emergente consiste en la pérdida y destrucción de las viviendas ya construidas, así como el valor de los lotes de sus filiales toda vez que los terrenos no son aptos para construir en ellos, ya que se encuentran en un deslizamiento activo rotacional, no siendo apto para la construcción habitacional, el cual era el objetivo de los compradores consumidores. La zona geológica y geotécnica en la cual se encuentra el condominio afectado, según los estudios técnicos, se trata de terrenos con escarpe, movimiento de masa, ruptura de superficie, deformación, hundimiento, agrietamiento, en los cuales s imposible construir, a lo sumo quedará en zona verde. Presenta un aparte de daño individualizado de cada filial con construcción, en las que alude a las filiales 287 de Medicare del Este HF S.A., 176 de Mayra Delgado Ureña y 173 de La Casita Amarilla Camp de Playa S.A. Asevera que estas filiales tenían construcción de dos pisos, excepto la filial 287 que era de una planta y que las viviendas están totalmente destruidas y se espera que sean declaradas como inhabitables por el Ministerio de Salud, lo que a la fecha de la demanda dice que se encontraba en trámite. Expone que se acreditará el daño pero su cuantía se establecerá en etapa de ejecución de sentencia. En lo concerniente al daño individualizado de cada filial sin construcción menciona las siguientes filiales: 1. Filial 174 de Daniel Gamboa Núñez, propiedad incomunicada y agrietada con hundimientos, no es apta para construir. 2. Filial 171 de Alexandra Rucavado Romero, propiedad incomunicada y agrietada con hundimientos, no es apta para construir. 3. Filial 185 de Estudios Técnicos Estefi S.A., incomunicada, se espera que la ruptura del deslizamiento llegue a esta filial. 4. Filial 288 de Felipe Izquierdo Flores y Nataly Rodríguez Zamora, propiedad incomunicada y agrietada con hundimientos, no es apta para construir. 5. Filial 178 de Jason Arturo Zúñiga Villegas, propiedad incomunicada y agrietada con hundimientos, no es apta para construir. 6. Filial 167 de Productividad Empresarial GM S.A., propiedad incomunicada y agrietada con hundimientos, no es apta para construir. 7. Filial 170 de Larissa María Montes Vargas, propiedad incomunicada y agrietada con hundimientos, no es apta para construir y 8. Filial 248 de José Luis Monge Bermúdez, propiedad incomunicada y agrietada con hundimientos, no es apta para construir. Aduce que el valor económico será establecido en la etapa de ejecución de sentencia por la vía pericial, con base en el valor actual del terreno. En lo que respecta al daño moral subjetivo expresa que consiste en la afectación anímica, tristeza, angustia, dolor, pena, desazón, inseguridad, zozobra, impotencia, frustración que sufre el ser humano y que no requiere de prueba directa. Postula que en este caso se observa un intenso daño moral subjetivo, por lo que lo estima en la suma de ¢20.000.000.00 por cada accionante. Detalla que la tristeza y angustia corresponde a la pérdida injusta e indebida de un bien jurídico preciado, es el de haber hecho una gran inversión económica para la adquisición de un terreno con miras a construir la vivienda de descanso, de retiro y esparcimiento. Concreta que ese daño se pide para los propietarios de filiales que se trate de personas físicas. Presenta el caso de la señora Mayra Delgado Ureña, filial 176, del señor Daniel Gamboa Núñez, filial 174, Alexandra Rucavado Romero, filial 171, Felipe Izquierdo Flores y Nataly Rodríguez Zamora, filial 288, Jason Arturo Zúñiga Villegas, filial 178, Larissa María Montes Vargas, filial 170 y José Luis Monge Bermúdez, filial 248. Por otro lado, requiere interés legal acorde al precepto 1163 del Código Civil y 497 del Código de Comercio. De igual manera solicita la indexación de las sumas dinerarias reclamadas. Finalmente expresa que existe una relación directa de causa efecto entre los hechos imputados y los daños producidos. Estima que es evidente el nexo causal entre las conductas omisivas y actuaciones reprochadas a la desarrolladora del proyecto y las administraciones accionadas ya que incurrieron en graves conductas de actividad material o acción y de inactividad u omisión en el ejercicio de la actividad edilicia que permitió el desarrollo del condominio, sin cumplir con los requisitos mínimos requeridos para la edificación de este tipo especial de obras. Como consecuencia inmediata y directa de la omisión de cumplimiento de las potestades de fiscalización y control del ejercicio de esos entes, se establece la relación causal con los daños reclamados.
IV.- Alegatos del INVU. El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo se opuso a la demanda. Dice que la fecha del visado del proyecto fue del 25 de febrero del 2013. Acusa que este aspecto no permite establecer un nexo de causalidad entre la supuesta conducta antijurídica y el perjuicio ocasionado. El visado se otorgó en el 2013 cumpliendo con la revisión estipulada por la normativa respectiva, por lo que todo lo posterior es competencia municipal al otorgar el permiso de construcción. El proyecto fue tramitado como condominio de fincas filiales primarias individualizadas, es decir, condominio de lotes, estipulado en la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio, No. 7933 y su reglamento. Los requisitos de revisión están establecidos en el Manual de Subclasificaciones de Proyectos de Construcción, conforme con el Decreto Ejecutivo No. 33615-MP-MEIC-SALUD-MIVAH. Expone que para construir en cada lote o filial el profesional responsable del proyecto debió de realizar los estudios pertinentes para asegurar la edificación de la vivienda. Enfatiza que el INVU no analiza aspectos relacionados con permisos para vivienda individual, como tampoco le corresponde verificar la estabilidad de los taludes ya que es parte de la etapa constructiva, a cargo del profesional responsable y del desarrollador del proyecto condominal. Explica que el desarrollador antes de solicitar el permiso de construcción ante la municipalidad debe cumplir con el procedimiento establecido en el Decreto Ejecutivo No. 36550-MP-MIVAH-S-MEIC del 28 de abril del 2011, así como presentar el estudio respectivo de SETENA, denominado D1 al municipio, según lo establece el Decreto No. 32712, Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental. Aclara que una vez que otorga el visado de aprobación del proyecto, ya no interviene, por lo que no tiene conocimiento de lo ocurre después de esa aprobación. Lo que se aprueba es el condominio de lotes, no las construcciones individuales de vivienda en cada filial. Precisa que por las pendientes que presentaba el proyecto se aportó estudio de estabilidad de taludes realizado por Ingeotec S.A. No. IG165-2009 del 05 de noviembre del 2009 y se solicitó incluir conclusiones y recomendaciones en la lámina L-0415. Las observaciones del estudio fueron incorporadas en los planos. En cuanto a los alegatos de fondo de la demanda señala que la normativa citada por los actores lo que establece es que el INVU puede preparar o avalar un plan regulador local y sus reglamentos. Si una municipalidad no cuenta con ese instrumento, supletoriamente aplican los reglamentos generados por el INVU. Es competencia de las municipalidades la planificación y control del desarrollo urbano de su territorio. Señala que en orden al artículo 38 inciso a) de la Ley de Planificación Urbana, No. 4240, al ingresar los planos a la Dirección de Urbanismo y Vivienda deben cumplir las normas mínimas reglamentarias, las que fueron revisadas. Los aspectos constructivos son de control de la municipalidad que otorga el permiso de construcción, así como del desarrollador y del profesional responsable. Alude a que el artículo 3 de la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio indica que el propietario de un inmueble en que se proponga construir un condominio habitacional debe presentar un anteproyecto en el que describa la finca matriz y filiales, que debe ser aprobado por el INVU. Este caso se trata de un condominio de lotes. Advierte que la vigilancia y autoridad del INVU tiene que ver con la planificación urbana y ordenamiento territorial, por lo que no le corresponde controlar los permisos que otorga la municipalidad. Niega que pueda tener una responsabilidad solidaria en este asunto pues considera que no hay nexo causal pues no hay una relación inmediata, directa ni exclusiva de la revisión realizada por la institución conforme a la normativa existente y el daño reclamado. Acusa que no se aportó prueba documental sobre la titularidad registral de la filial 248 y rechaza el informe del geofísico Francisco Sánchez G., por ser posterior a la revisión y aprobación del INVU. Más adelante refiere a los preceptos 169 y 170 de la Constitución Política, 15 de la Ley de Planificación Urbana, 13 del Código Municipal, Ley de Construcciones (arts. 15, 74, 83, 87), Ley Orgánica del INVU (arts. 4 inciso B), 5 incisos a) y b). Alude a la responsabilidad del profesional responsable en ingeniería y arquitectura conforma al precepto 83 de la Ley de Construcciones y la Ley Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, No. 3663, artículo 12. Remite a la normativa técnica para la construcción de viviendas en cuanto al tema de taludes y laderas y expone que cuando un predio requiera el diseño de taludes y laderas, el profesional responsable debe cumplir con los requerimientos del Código Geotécnico de Taludes y Laderas de Costa Rica. Lo mismo desarrolla en lo relativo a las cimentaciones de las edificaciones, diseño sismorresistente de las edificaciones, trámite de viviendas unifamiliares. Sobre este último aspecto cita el Decreto No. 36550 que impone una declaración jurada del profesional responsable. Destaca que el INVU no revisa planos constructivos de viviendas unifamiliares.
V.- Alegatos de la Municipalidad de Garabito. Por su parte, el ente local accionado niega que haya incurrido en alguna conducta o actuación omisiva por cuanto no puede haber omisión en un proyecto que no aprobó por diversas razones. Dice que cuando no se ha aprobado un permiso de construcción no se puede endilgar ningún tipo de responsabilidad ya que nunca aprobó la construcción de la fallida II Etapa de Villa Leona. Dice que la parte de calle adoquinada y el cordón y caño fue lo único que la Municipalidad aprobó para esa etapa y el ingeniero municipal constató que no se cumplía con las aceras, por lo que no otorgó más permisos para ampliar la calle. Advierte que los permisos otorgados entre los años 2007 y 2008 fueron para la Etapa I de Villa Leona, que no tiene relación con este proceso. Insiste en que el único permiso otorgado fue el 1816-2014 del 22 de julio del 2014 para movimientos de tierra, construcción de calles, aceras, cordón y caño, incluso, acota, se les cobró multa por haber iniciado las obras sin contar con la licencia municipal de construcción. Cuestiona que se exija permisos de construcción en los años 2007 y 2008 cuando la etapa segregada es del 2009, que dio origen a la finca 3533-M, de la cual se segregaron todas las filiales de los accionantes, lo que se hizo en el 2013. Sobre el uso del suelo, dice que no otorga derecho alguno y se expide para verificar el terreno con la zonificación de la zona, máxime que en el sitio no existe plan regulador. Destaca que los mismos accionantes señalan que las obras permitidas por el ente local fueron para la finca P-12847-000, plano P-1141159-2007 donde solo se encuentra visado por el INVU la primera etapa, según sello del 31 de octubre del 2008. Niega que se haya dado una aprobación para la denominada Etapa II y aduce que no existe conducta omisiva y señala que esa etapa no fue aprobada, primero por las inconsistencias del proyecto, las prevenciones realizadas por SETENA al desarrollador, los incumplimientos. Remite a los permisos de construcción que ha emitido en relación con las fincas de marras. Expresa que es falso que haya otorgado permisos sobre el área del proyecto que analizó el estudio de Ingeotec S.A., ya que los permisos fueron emitidos para la Etapa I. Remite a las mismas conclusiones de ese estudio en cuanto indican la necesidad de emplear sistemas de fundación, tipo pilotes pre excavados de concreto con el fin de transmitir las cargas hacia materiales de mejor calidad o resistencia. Señala que los actores en su afán de buscar culpables ante un hecho propio de la naturaleza y que constituye eximente de responsabilidad, alega que se otorgaron permisos en la zona evaluada, pero en las conclusiones de ese informe se indica que permite la construcción de viviendas de una o dos plantas, que fue lo máximo que aprobó la Municipalidad, uno en el año 2015 y otro en el 2020. Reprocha que los actores omitieron conductas al no evaluar con el desarrollador el terreno que iban a comprar y el condominio a construir, pese a que tuvieron suficientes planos para investigar por ellos mismos las razones de atraso del inicio de obras. Estima que era responsabilidad del desarrollador advertir a los clientes como serían sus casas. Señala que no ha lesionado el precepto 87 del la Ley de Construcciones ya que ejerció la vigilancia que le corresponde. Enfatiza que la responsabilidad directa recae en los ingenieros y arquitectos que las partes contraten para edificar. Dice que las otras viviendas que hay en la zona no cuentan con permisos de construcción, por lo que se encuentran en trámite las acciones de derribo de obras que obliga la Ley de Planificación Urbana y el Código Ambiental.
VI.- Alegatos del Estado. La representación estatal señala que la empresa Sistemas Integrales de Seguridad Sis S.A. presentó solicitud de viabilidad ambiental ante La SETENA, y que el proyecto denominado Condominio Villa Leona era para ser desarrollado en la finca de Puntarenas Folio Real 12847-000, plano P-0618384-1986. Dice que la resolución No. 191-2007-SETENA otorgó viabilidad ambiental al proyecto y en la descripción de este se indicó que consistía en la construcción de 369 villas en condominio, que contempla construcción de accesos, calles internas, alcantarillado pluvial, áreas comunes y áreas de protección de 3 quebradas intermitentes que discurren por el fondo, solo contempla la etapa urbanística. Dice que se hicieron prevenciones en la resolución 939-SETENA las que se tuvieron por cumplidas por resolución No. 1102-2014-SETENA de las 13 horas del 09 de junio del 2014. Aclara que el 14 de mayo del 2013 la empresa desarrolladora presentó los estudios necesarios y fueron aprobados por resolución No. 1102-2014-SETENA, sin emitir ninguna recomendación. Agrega que mediante resolución número 2093-2019-SETENA de 04 de julio del 2019 se ordenó al desarrollador presentar un estudio de estabilidad de taludes y un plan de medidas de mitigación por la presencia de derrumbes en el área del proyecto. Prosigue, según resolución 586-2021-SETENA de las 10:50 horas del 15 de abril del 2021, el 12 de abril del 2021 se realizó visita al área del proyecto, según como fue descrito en el proyecto original presentado, y así otorgado en la viabilidad ambiental, y según Acta de Inspección ASAACT-INS-0037-2021, se puedo constatar lo siguiente que el proyecto se encontraba en etapa constructiva, que consistía en etapa urbanística de un condominio residencial del 350 fincas filiales, las calles son de adoquines con su respectivo cordón de caño y tragantes, el sistema de recolección del agua pluvial es manejado mediante un sistema de tragantes y canalizadas hacia depresiones naturales ubicadas dentro de la propiedad, entre otros aspectos. Precisa que al momento de la inspección se evidenció en el sector sureste un deslizamiento activo tipo rotacional de aproximadamente 3 hectáreas que afectó a 35 fincas filiales y que ocasionó daños estructurales a 5 viviendas, que el deslizamiento produjo un hundimiento de 8 metros (aproximadamente) en el terreno. Aclarados estos hechos señala que las actuaciones del SETENA se dieron dentro de las normas aplicables. Alude a las competencias de SETENA según el precepto 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, No. 7554 que establece la obligación de requerir una evaluación de impacto ambiental para todas aquellas actividades humanas que pongan en peligro el ambiente. Concreta que la finalidad de esa evaluación es determinar los efectos que podría generar sobre el medio ambiente una actividad, obra o proyecto, lo cual incluye tres fases: a) la evaluación ambiental inicial; b) la confección del estudio de impacto ambiental o de otros instrumentos de evaluación ambiental y; c) el control y seguimiento ambiental de la actividad, obra o proyecto a través de los compromisos ambientales establecidos. Menciona las atribuciones que el artículo 84 de esa ley le confiere a SETENA, de lo que deduce que la ley dejó un amplio margen de acción a SETENA para realizar su actividad, estableciéndose incluso la posibilidad de adoptar cualquier función necesaria para cumplir con el fin que le ha sido encomendado. Asimismo, en los artículos 20 y 89 de la ley indicada, se establece la posibilidad de que SETENA dé seguimiento a las resoluciones de la evaluación de impacto ambiental, para lo cual puede realizar inspecciones, y en caso de violación, ordenar la paralización de las obras, y hasta pedir nuevos estudios de considerarlo necesario. Remite a las funciones de la Comisión Plenaria del SETENA, reguladas por el artículo 7 del Decreto Ejecutivo No. 32711 del 19 de julio de 2005, Reglamento General sobre la Organización y Funcionamiento de la SETENA, dentro de las que destaca el inciso f) que estatuye: “f) establecer los procedimientos y aplicar las medidas y acciones necesarias para supervisar, dar seguimiento y vigilar el adecuado cumplimiento de las obligaciones a que se comprometen los proponentes antes, durante y después de concluida la actividad, obra o proyecto”. Resalta que la Comisión Plenaria de la SETENA, tiene amplias facultades para definir cuál es el procedimiento, las políticas y los estudios que se requerirán en el proceso de evaluación ambiental, lo cual incluye la posibilidad de requerir cualquier análisis o información adicional para aprobar o rechazar la viabilidad ambiental de una actividad, obra o proyecto. Atribuciones que no se agotan con el otorgamiento de la viabilidad ambiental. Estima que en este caso ha actuado de conformidad con sus competencias y atribuciones, atendiendo y resolviendo las diferentes denuncias que se presentaron contra el Condominio Villa Leona, así como también ejerciendo el debido control y seguimiento ambiental del proyecto, ejerciendo las acciones necesarias y urgentes como sería la paralización del proyecto de manera provisional hasta cumplir con las diferentes medidas ordenadas, y hasta ordenar la realización de procedimiento administrativo contra el responsable ambiental del proyecto. Expresa que solicitar un estudio de taludes después de catorce años de haberse otorgado viabilidad ambiental es totalmente legal y conforme a las competencias de SETENA. Se refiere al alegato de responsabilidad por supuesto incumplimiento del deber de vigilancia. Dice que mediante la resolución No. 586-2021-SETENA del 15 de abril del 2021 acogió la denuncia presentada contra el proyecto Condominio Villa Leona, además que ordenó como medida cautelar la paralización temporal de las obras constructivas, excepto las medidas de mitigación necesarias e inmediatas y ordenó también proceder a presentar en el plazo de 30 días hábiles e implementar las recomendaciones que se emitan en los siguientes estudios técnicos: 1) Un estudio geotécnico y de estabilidad de taludes de toda el área del proyecto que contenga acciones destinadas a la contención y estabilización del suelo y los posibles impactos provocados por el deslizamiento. 2) Plan de Medidas de Mitigación (tal y como se solicitó en la Resolución N° 2093-2019-SETENA del 4 de julio de 2019 que incluya los efectos producto del deslizamiento activo tipo rotacional evidenciado). Expone que en el oficio SETENA-SG-1366-2021 del 25 de octubre del 2021 del Ingeniero Ulises Álvarez Acosta, Secretario General a.i. de SETENA, explica las razones técnicas referidas a que el estudio geotécnico presentado para el proyecto dentro de la evaluación de impacto ambiental fue para un condominio de fincas primarias individualizadas en donde solamente se contemplan las obras urbanísticas y no las viviendas. Afirma que los estudios técnicos solicitados por SETENA eran los que correspondían según la descripción del proyecto urbanístico y que la responsabilidad de cerciorarse de la viabilidad de la construcción de las viviendas mediante los estudios correspondientes correspondía a las partes actoras y la desarrolladora igualmente tenía la obligación de informarle sobre las características del terreno y las recomendaciones dadas sobre ciertas partes del terreno donde no era apto para construir o si se podía, debía hacerlo bajo ciertas condiciones. Estima que no existe fundamento fáctico ni jurídico para otorgar la indemnización, aunado a que se dan las eximentes de culpa de la víctima y/o el hecho de un tercero.
VII.- Alegatos de la empresa Soluciones Integrales en Seguridad Sis S.A. Por su parte la empresa coaccionada describe que mediante la resolución No. 0191-2007-SETENA del 08 de febrero del 2007 esa autoridad otorgó la viabilidad ambiental al proyecto denominado Condominio Villa Leona. Dice que se encuentran totalmente autorizados los 369 lotes en condominio en un área urbanizable de 177.198.56m2. Señala que el estudio presentado por el geólogo Francisco Sánchez de octubre del 2021, en el aparte de conclusiones se indica con claridad que el deslizamiento de tipo rotacional fue producido por una mezcla de un período de altas lluvias que actuó como lubricante que se ha filtrado a lo largo de líneas de debilidad en la formación geológica, aunado a un sismo de 6.0 Mw ocurrido el 24 de agosto del 2020 frente a la costa de Jacó y a sus respectivas réplicas que generaron un deslizamiento rotacional en octubre del 2020 que afectó las filiales indicadas por los denunciantes. Reconoce que mediante la resolución No. 939-2011 del 26 de abril del 2011 SETENA ordenó paralizar inmediatamente las obras constructivas en todo el proyecto hasta que se presentara un estudio de estabilidad de taludes y un estudio hidrológico. Señala que cumplió con lo ordenado y la Comisión Plenaria de SETENA en sesión ordinaria No. 060-2014 del 09 de junio del 2014 probó los estudios de geotécnica sobre estabilidad de taludes y procedió a levantar la medida cautelar temporal de paralización. Señala que el Estudio Geofísico de Tomografía de Resistividad Eléctrica y de Sísmica de Refracción establece que es un fenómeno natural generado por una falla o movimiento rotacional del terreno a más de 25 metros de profundidad, lo que generó que ni las autoridades expertas en temas geológicos, ni los expertos contratados por la empresa lograran predecir el deslizamiento. Afirma que el desarrollo del proyecto se realizó respetando la variable ambiental acorde al Decreto No. 32967-MINAE. Relata que durante la ejecución del proyecto fue visitado y valorado por todas las instituciones que intervinieron y cumpliendo las medidas obligatorias exigidas en la planificación de uso del suelo que se desarrolle en el país. Externa que se sometió al control de un régimen legal y la segregación de la finca matriz se realizó apegada a derecho. Describe que el 17 de abril del 2013 el Banco Improsa S.A., en calidad de fiduciario del bien inmueble a desarrollar, solicitó el permiso de construcción, según boleta 1816 y el 22 de julio del 2014 el Departamento de Ingeniería y Construcción de la Municipalidad de Garabito, emitió el permiso de construcción No. 1816-2014 bajo contrato CFIA No. OC-488347 para obras de infraestructura en el sub-condominio. Aduce que las obras solicitadas fueron implementadas y debidamente aprobadas por la Comisión Plenaria en sesión ordinaria No. 001-2022 del 05 de enero del 2022 y que los compromisos adquiridos en el plan de remediación aprobado por la Comisión Plenaria de SETENA y bajo la supervisión del Ingeniero Topógrafo Gustavo Pérez y el geotecnista José Rodríguez, les permitieron proceder con la materialización de los puntos de control en el área afectada dentro de las áreas comunes. Afirma que siguieron monitoreando la posición y altura de los taludes en las zonas impactadas cada semana durante los primeros meses del año y luego del análisis de los profesionales si no se detecta ninguna anomalía se controla cada mes y así sucesivamente durante cinco años. Alude a las acciones a adoptar en los taludes afectados en la zona y dice que les han permitido detener el deslizamiento de materiales. Asevera que ante esas acciones la Comisión Plenaria de SETENA, por resolución No. 0476-2002-SETENA del 23 de marzo del 2022, se autoriza una nueva prórroga por 6 meses más para lograr la estabilidad de los terrenos que fueron afectados en las áreas comunes. Insiste en que el estudio realizado por el geólogo Francisco Sánchez aclara que el deslizamiento de tipo rotacional fue producido por una mezcla de un período de altas lluvias, aunado a un sismo del 24 de agosto del 2020 lo que generó el deslizamiento y afectó las viviendas de los denunciantes. Remarca que en ese informe, en el aparte de conclusiones se determina que las causas del movimiento rotacional fueron provocadas por fenómenos naturales y no por la negligencia u omisión de su parte. Incluso en el acta de inspección ASA-ACT-INS-0037-2021 SETENA no indica que el evento que afectó las filiales fuera producido por negligencia u omisión de la desarrolladora. Prosigue, el 20 de marzo del 2021 se recibe informe técnico CNE-UIAR-INF-0024-2021 de la Comisión Nacional de Emergencias que concluye que el sector evaluado evidencia escarpe, ruptura de superficie, deformación de terreno, agrietamientos, hundimientos y basculamiento de postes y construcciones que se asocian a un deslizamiento activo tipo rotacional en virtud de deformaciones, pero no se endilga a la desarrolladora la causa de las lesiones a las filiales. Refiere que la resolución No. 586-2021-SETENA no le fue notificada por lo cual se le confirió un espacio adicional para presentar un estudio para determinar la estabilidad de los taludes del proyecto y un plan de medidas de mitigación y el plan remedial fue debidamente presentado en tiempo ante SETENA y fue aceptado y se encuentran trabajando en las soluciones planteadas. Sobre el fondo del asunto señala que la demanda presenta situaciones distantes de la verdad de los hechos y desvirtúan las verdaderas condiciones y eventos que generaron los supuestos daños que dicen haber sufrido. Apunta que como desarrollador del proyecto Condominio Villa Leona, entre los años 2007 y 2014 su compromiso fue llevar a cabo un proyecto que permitiera a los propietarios tener un plano catastrado, realizar los traspasos del bien y entregar con el traspaso un plano de la finca filial debidamente visado por la Municipalidad que permitiera a cada comprador realizar sus proyectos de construcción con el respectivo profesional, así como elegir a discreción del propietario el diseño y materiales para construir. Señala que los actores cuentan con la documentación oficial indicada y todas las propiedades involucradas cuentan con los debidos permisos, documentos y traspasos. Alega que los hechos acontecidos son el resultado de eventos declarados como de carácter natural. Considera que la defensa de un bien patrimonial de eventos naturales es exclusivo derecho y posibilidad del propietario registral. Los daños ocurridos fueron provocados por dos eventos naturales, uno de ellos relacionado con aguas subterráneas que por muchos años se desplazan por los subsuelos, en este caso entre los 25 y 35 metros de profundidad y el otro evento natural un sismo considerado como terremoto de 6,0 en las costas de Jacó ocurrido el 23 de agosto del 2020, el cual desata a profundidades de hasta los 35 metros del suelo, un deslizamiento a fin de compactar los causes que por algunos años fueron erosionados por las aguas subterráneas. Desmiente que algunas de las filiales de las actoras fueran afectadas por trabajos que tienen más de diez años de haberse realizado. Insiste en que cada filial cuenta con un plano catastrado debidamente visado por la Municipalidad de Garabito por lo que se acredita que han cumplido correctamente con la tramitología según los artículos 33 y 34 de la Ley de Planificación Urbana. Lo entes locales deben rechazar el visado de planos que no cumplan con la normativa urbanística. Alude a las filiales que obtuvieron permiso de construcción debidamente autorizado por el CFIA, a saber, filiales 173, 176 y 287, indicando que dichos proyectos fueron diseñados y construidos por profesionales debidamente incorporados al CFIA. Según el artículo 8 del Código de Ética Profesional del CFIA, cada uno de esos profesionales tenía bajo su criterio la potestad de realizar los estudios técnicos preliminares, dentro de estos, los análisis de suelos necesarios para fundamentar sus diseños estructurales. Apunta que los hechos corresponden a fuerza mayor y por ende la desarrolladora no tiene responsabilidad alguna sobre los daños causados a las viviendas y propiedades de los condóminos denunciantes al tratarse de una serie de fenómenos naturales que no están bajo control ni son previsibles. Insiste en que cumplió con la obtención de los permisos según la legislación y el cumplimiento de cada una de las observaciones notificadas por las instituciones públicas involucradas. Detalla que procedió a solicitar al Ministerio de Salud la declaratoria de inhabitabilidad de las viviendas y edificios afectados, así como su demolición evitando que su estado ruinoso constituya un peligro para la salud y la seguridad, en atención a lo cual ese ministerio emitió las órdenes ARS-G-05-152-2021 para la filial 176 de Mayra Delgado Ureña, ARS-G-05-154-2021 para la filial 173 de Laura de la Peña Arana, ARS-G-05-155-2021 para la filial 168 de Guillermo Antonio Salazar Quirós y ARS-G-05-153-2021 para la filial 287 a nombre de Gilberth Eduardo Arias Núñez, las que vencieron el 13 de agosto del 2021.
VIII.- Sobre el régimen de responsabilidad administrativa. Generalidades. Normas aplicables. Al amparo del numeral 190 de la Ley General de la Administración Pública, la Administración es responsable por su funcionamiento legítimo, normal (sin falta) o ilegítimo y anormal (con falta). Cabe destacar que la referencia que hace el legislador no es simplemente a los actos, sino que trasciende a todo el funcionamiento administrativo (artículo 49 de la Constitución Política), concepto que refleja cualquier forma de manifestación de voluntad administrativa, sean formales o materiales, y que incluye, además, a la disfunción, sea, las omisiones administrativas. La responsabilidad dicha, se enmarca, por ende, dentro de un régimen que engloba en su fundamento tanto la teoría del daño, con lo que procura, en lo fundamental, la reparación indemnizatoria a quien ha experimentado una lesión atribuible a la organización pública como centro de autoridad que resulta ser antijurídica en su base, merced de la vinculación de la causa del daño con los criterios de imputación determinados por ley (ya indicados). Esto ocasiona un giro en el enfoque mismo de su fundamento, ya que habrá responsabilidad de la Administración siempre que su funcionamiento normal o anormal, legítimo o ilegítimo, cause un daño que la víctima no tenga el deber de soportar, ya sea patrimonial o extrapatrimonial, con independencia de su situación jurídica subjetiva y la titularidad o condición de poder que ostente, cumpliendo claro está, con el presupuesto imprescindible del nexo causal. Sobre el tema, véase el extenso desarrollo realizado en la resolución no. 584 de las 10 horas 40 minutos del 11 de agosto del 2005 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Desde este plano, la legislación impone como criterios de imputación la conducta ilícita o lícita, así como el funcionamiento normal o anormal. En el caso de la conducta lícita y el funcionamiento normal, el Ordenamiento Jurídico establece presupuestos y exigencias que determinan su procedencia, entre ellos, el daño debe ser especial o anormal, lo que supone que debe recaer sobre una pequeña proporción de afectados o bien, en el segundo caso, debe tener una intensidad excepcional. En estas hipótesis la responsabilidad solo cubre el daño, no así los perjuicios (artículos 194 y 195 de la Ley General de la Administración Pública). Por su parte, en la conducta ilícita y el funcionamiento anormal, la responsabilidad es plenaria en tanto da cobertura a todo daño y perjuicio derivado de aquella causa. Con todo, ante esos criterios de imputabilidad, ha de acreditarse que la lesión es consecuencia de esas acciones u omisiones que se endilgan al ente público frente a quien se reclama la reparación, a efectos de establecer el nexo causal que permita la atribución de responsabilidad al centro de autoridad. Aunado a ello, en los casos de anormalidad e ilicitud, el juzgador ha de abordar un examen del funcionamiento público, a fin de establecer si efectivamente, se ha presentado un proceder que se aleja de la legalidad o bien, se contrapone a los conceptos de eficiencia administrativa. En tales casos, resulta determinante inferir con claridad la existencia de esos criterios, pues de otro modo, el tratamiento y análisis de cada caso debe ser diferente, atendiendo al tipo de funcionamiento al que se atribuye el detrimento. Surgen como causas eximentes de tal responsabilidad la culpa de la víctima, el hecho de un tercero y la fuerza mayor. Empero, en cada debate, el juzgador ha de examinar si el efecto liberatorio de tales circunstancias es total o lo es solo parcial, caso este en que solo podrá llegar a producir un efecto reductor en la responsabilidad de la unidad administrativa. De nuevo, la concurrencia de esos aspectos incumbe a la Administración. Este deber compensatorio subsiste incluso ante los daños ocasionados a raíz de las faltas cometidas por sus funcionarios o servidores, durante el desempeño de sus deberes o en ocasión del cargo que ocupan. En efecto, el canon 191, en relación con el 199, ambos de la Ley General de la Administración Pública, refieren al Estado la responsabilidad objetiva por las acciones u omisiones de sus funcionarios, cuando se hayan valido del cargo o de los medios que este les proporciona, para causar un efecto dañoso en la esfera jurídica de un tercero, que no se tiene el deber de soportar. En ese tanto, esos medios o instrumentos son vías de ocasionalidad causal que dan paso a la responsabilidad, por la vinculación modal, instrumental o indirecta con el servicio. Cabe destacar que este deber indemnizatorio se fundamenta, además, en el concepto de antijuridicidad de base, traducible en la inexistencia del deber de soportar la lesión. Más simple, siempre que se haya sufrido una lesión como consecuencia de una conducta pública, sea esta activa u omisiva, que configure una conducta lícita o ilícita (manifestación formal) o un funcionamiento normal o anormal (manifestación material) que la víctima no tiene la obligación de soportar, surge el deber indemnizatorio como derivación de máxima de reparación integral del daño que se desprende del numeral 41 de la Constitución Política. Dicho en términos más simples, existe antijuricidad de base siempre que un mandato legal establezca la obligación de reparar una lesión contraria a derecho que la víctima no deba soportar, al margen del parámetro de imputación. Aún lo indicado, cabe destacar que no todo daño es indemnizable, sino solo aquel que sea efectivo, evaluable e individualizable.
IX.- Sobre el deber probatorio de los daños y perjuicios reclamados. Relevancia del nexo causal. Ahora bien, la amplitud del marco de tutela del sistema de responsabilidad de la Administración no es óbice del deber de acreditar la existencia misma del daño, así como la relación causal con un proceder o disfunción pública. A su vez, debe demostrarse el marco fáctico a partir del cual, es viable desprender la lesión a los bienes afectados. No basta alegar la existencia de padecimientos o lesiones de orden patrimonial o extrapatrimonial, debe demostrarse al menos, los hechos que, en teoría, han originado tal detrimento. Ello viene como derivación del principio de carga de la prueba, que dimana del ordinal 41 del Código Procesal Civil, al establecer la necesidad de quien alega tener un derecho, de probar los hechos constitutivos de aquel. No se trata de una inversión de la carga probatoria en una materia que se sustenta en la reparación integral del daño y tiene como pilares el daño y el riesgo creado, sino de la comprobación mínima de los criterios de imputación y hechos que dan origen al daño, como presupuestos elementales de la atribución de responsabilidad y con ello del surgimiento de la obligación reparadora. El ordinal 82 del Código Procesal Contencioso Administrativo establece como una de las finalidades del proceso, determinar la verdad real de los hechos, mediante cualesquiera medios de prueba. Empero, ello no releva a la parte que aduce tener un derecho oponible frente a un tercero, como es el caso del derecho de reparación de un daño, de acreditar los fundamentos fácticos que sustentan ese derecho, así como de la existencia misma de la lesión. Lo anterior deriva además de lo preceptuado por el canon 196 de la Ley General de la Administración Pública, en cuanto señala: “En todo caso el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable e individualizable en relación con una persona o grupo.” La efectividad del daño en un caso concreto pende, de manera directa, de la demostración del daño que se pide reparar y luego del nexo de causalidad, que permita vincular el resultado lesivo con una acción u omisión de una Administración Pública. Así además se establece en el ordinal 58 del Código de previa cita, en cuanto impone el deber del accionante de señalar las causas de la lesión reclamada, en qué consiste, y su estimación prudencial. Así en efecto lo impone el inciso e) del citado precepto que señala: “e) Cuando accesoriamente se pretendan daños y perjuicios, se concretará el motivo que los origina, en qué consisten y su estimación prudencial”. -El resaltado es propio- Si bien tal exigencia se encuentra prevista en la norma indicada cuando el pedimento reparador sea accesorio, con mucho mayor razón ha de satisfacerse cuando el marco medular de la pretensión sea una indemnización, pues en esos casos, el establecimiento de esos presupuestos es la base mínima para acceder a lo peticionado. Es decir, en los procesos en los que el objeto debatido sea la existencia o no de un deber indemnizatorio, es evidente e innegable que la premisa inicial y mínima consiste en la indicación detallada de la lesión cuya cobertura se pretende, el detalle de la causa a la que se asocia ese reparo y una estimación de esas lesiones. Tal referencia es determinante dentro de la causa pues revela el objeto concreto y específico que ha de ser abordado por las partes y que de conformidad con el numeral 119 del CPCA, constituye el parámetro de congruencia al que debe someterse el pronunciamiento de este Tribunal. Se insiste, la razón misma de la pretensión indemnizatoria es la reparación del daño, de manera que la precisión de este elemento es de suyo fundamental de cara a la tutela del contradictorio y debido proceso así como del análisis de fondo del órgano sentenciador. De esa manera, en este tipo de procesos no es dable formular pretensiones que procuren una declaratoria genérica de responsabilidad y luego, usar la fase de ejecución de sentencia para plantear detalles que en rigor técnico deben ser establecidos dentro del proceso principal. En ese sentido, el canon 122 inciso m) del CPCA establece que la sentencia deberá pronunciarse sobre la condena en daños y perjuicios, definiendo tres supuestos concretos en el siguiente sentido:
“… Cuando la sentencia declare procedente la pretensión, total o parcialmente, deberá hacer, según corresponda, entre otros, los siguientes pronunciamientos:
(…)
En los procesos de responsabilidad civil es evidente que el objeto mismo de la causa impone que la parte accionante defina la particularidad de las lesiones reclamadas, es decir, que especifique el detalle de las lesiones irrogadas y que se someten a escrutinio judicial, así como una estimación prudencial. De igual manera, el canon 58 inciso f) del CPCA le impone como requisito de la demanda la presentación de las probanzas a partir de las cuales se puede establecer la acreditación del daño reclamado así como de las conductas a las que se endilga su producción. De esa manera, en tesis de principio, la lógica de una demanda que procura la indemnización de situaciones lesivas supone la concreción de la lesión, probanza de la efectividad de aquella, la mención y eventual prueba de la causa productora del daño, así como de los elementos demostrativos que permitan establecer la cuantía correspondiente. De manera excepcional y bajo determinados supuestos, bien puede darse el caso de que el daño se acredite debidamente, pero por sus connotaciones y características particulares, no sea factible, en esa etapa procesal, establecer su cuantía. Es en esa situación que de manera excepcional es posible acoger la demanda e imponer el deber reparatorio siempre que se haya podido comprobar la existencia del daño, relegando para la fase de ejecución la liquidación respectiva acorde a los parámetros o pautas que necesariamente habrá de fijar la sentencia de la fase ordinaria. Por demás, resulta inviable el supuesto de hecho previsto en el ítem iii) anterior en la medida en que no cabría condena alguna respecto de daños que no han sido acreditados dentro de un proceso de esta naturaleza bajo examen. Bajo esa dinámica, es carga de la parte accionante hacer un señalamiento diáfano de las lesiones concretas cuya reparación pretende, indicar en qué consisten, su respectiva causa, acompañar el soporte probatorio de esa efectividad y de la cuantía pretendida. Ergo, no basta argumentar sobre la existencia probable de daños o bien, formular alegaciones genéricas de ocurrencia de aquellos pretendiendo una declaración en abstracto para buscar la acreditación de sus particularidades y correlativa cuantía en fase de ejecución; es menester que la parte reclamante los peticione de manera específica y detalle en qué consisten, a la vez que debe acreditarlos con la debida solvencia probatoria. De igual manera, esa carga procesal no se satisface a partir de la simple presentación o aporte de documentos o elementos que presentan determinadas condiciones, gastos, erogaciones o hechos. A efectos de poder realizar el juicio valorativo de conexidad causal entre la causa antecedente y los extremos peticionados, es necesario que el gestionante exponga y justifique la razón de cada una de esas pruebas en orden a acreditar la existencia efectiva de un detrimento indemnizable. Solamente con ese detalle se puede inferir o colegir un probable nexo causal, elemento infranqueable en el régimen de responsabilidad bajo examen. Más simple, la reparabilidad de la lesión solicitada se condiciona a la debida acreditación de la concurrencia de ese padecimiento, así como de la acreditación de que se constituye como el resultado o consecuencia de una causa imputable al ente público contra quien se proyecta el deber reparatorio. La desatención de estos deberes mínimos dentro de un proceso que tiene por objeto la declaratoria de un derecho a obtener indemnización implica el rechazo de los ruegos formulados, por la ausencia de los elementos mínimos que componen dicho régimen.
X.- Sobre el caso concreto. Análisis de daños. En relación a las instancias públicas accionadas. Hechas estas precisiones, vale insistir en que la responsabilidad aludida precisa, en orden lógico, de la concurrencia de un daño efectivo y concreto, a la vez que evaluable e individualizable (196 LGAP), de una causa fáctica antecedente que pueda tenerse como razón adecuada de producción de aquella consecuencia, que esa causa (acción u omisión) sea imputable al sujeto reclamado que pueda tenerse como presupuesto condicionante y adecuado de ese detrimento y que se encuadre dentro de los criterios de imputación estatuidos por el canon 190 ejusdem, que haya sido reclamado por la persona titular de la situación jurídica afectada y que el derecho de acción se haya ejercitado dentro de los umbrales de temporalidad aplicables al caso. La relación entre el binomio causa-efecto determina el nexo causal, que permite impone el deber reparatorio. En este caso, la demanda se formula para que este Tribunal declare:
“Solicitamos se declare con lugar la demanda y se condene a las accionadas al pago en forma solidaria de los siguientes rubros:
a. Al pago del daño material causado, que consiste en la pérdida y la destrucción de las viviendas ya construidas, así como el valor de los lotes de sus filiales, declaratoria que se hará en abstracto y cuyo monto se determinará en la etapa de ejecución de sentencia.
b. A la cancelación del daño moral subjetivo en el monto de 20 millones de colones para cada uno (sic) de las personas físicas propietarias de las filiales.
c. Sobre todos los rubros liquidados, correrán intereses netos e indexación desde que surgió el evento hasta su efectivo pago.
d. Se ordene a la Municipalidad de Garabito exima a los actores del pago de los impuestos municipales.
e. Al pago de las costas procesales y personales más sus intereses conforme al arancel de profesionales en derecho de este proceso.” De la lectura y comprensión de esos ruegos este Tribunal desprende una falencia de inicio (origen) que impacta de manera inevitable el análisis de fondo del tema debatido en este proceso. Si se mira el desarrollo de la teoría del caso de la parte accionante se desprende que atribuye una responsabilidad a los entes públicos coaccionados a partir de supuestas omisiones y actuaciones en cuanto al ejercicio fiscalizador y de vigilancia respecto del desarrollo del proyecto denominado Condominio Villa Leona II Etapa, concretamente en lo que se refiere a las condiciones geológicas, compactación del suelo, estado de taludes en la zona. A juicio de los demandantes, el otorgamiento de visados de planos (INVU), falta de vigilancia en los trámites ambientales y correlativo seguimiento de cumplimiento de la normativa ambiental en materia de desarrollos inmobiliarios (SETENA), así como otorgamiento de licencias municipales para la construcción de obras dentro del citado condominio y sus respectivas filiales (Municipalidad de Garabito), se han constituido como concausas relevantes en la producción de las lesiones reclamadas. Además, endilgan a la desarrolladora Soluciones Integrales en Seguridad Sis S.A. el supuesto ocultamiento de información relevante para la decisión de consumo, en particular, las condiciones y riesgos geológicos de esos terrenos, así como una responsabilidad de tipo objetivo. Sin embargo, la demanda no indica de manera clara y debida cuáles son los daños específicos y concretos que en teoría se han ocasionado a cada uno de los accionantes, ni se alude a una estimación, siquiera prudencial de esas afectaciones de orden patrimonial. La demanda se limita a señalar la adquisición de cada una de las filiales de los accionantes, en el Condominio Vista de Villa Leona, Etapa II ubicado en la Provincia de Puntarenas, cantón de Garabito, en la finca matriz matrícula de Folio Real 72837-F-000, plano catastrado P-1317590-2009, con una cabida de 103.424 metros cuadrados, según el siguiente detalle: FILIAL 171: Folio Real 116-500-F-000, plano catastrado P-1727581-2014, propiedad de propietaria Alexandra Rucavado Romero, cédula 1-0717-0357, naturaleza: Finca filial primaria individualizada apta para construir que se destinará a uso habitacional la cual podrá tener una altura máxima de dos pisos, linda al norte con área común libre acceso trece y finca filial ciento setenta, al sur con fincas filiales ciento setenta y cinco y al oeste con fincas filiales ciento setenta y dos, ciento setenta y cuatro y área común libre acceso trece, mide 225.47 m2, valor porcentual 0.2703785, valor ¢225.490.00; FILIAL 173: Folio Real 116-502-F-000, plano catastro P-1745985-2014, propiedad de La Casita Amarilla Camp de Playa S.A. cédula de persona jurídica 3-101-738191, naturaleza: finca apta para construir que se destinará a uso habitacional la cual podrá tener una altura máxima de dos pisos, linda al norte con área común libre acceso trece y finca filial 172, al sur con área común libre acceso principal y finca filial 174, al este con fincas filiales 172 y 174 y al oeste con área común libre acceso trece, mide 252.87 m2, valor ¢252.870.00; FILIAL 174: Folio Real 116503-F-000, plano catastrado P-1745611-2014, propiedad de Daniel Gamboa Núñez, cédula de identidad 1-0937-0655, naturaleza: finca apta para construir que se destinará a uso habitacional la cual podrá tener una altura máxima de dos pisos, linda al norte con fincas filiales 171, 172, 173 y 175, al sur con área común libre acceso catorce, al este con fincas filiales 171, 175 y área común libre acceso catorce y al oeste con área común libre acceso principal y fincas filiales 172 y 173, mide 272.73 m2, valor ¢272.730.00; FILIAL 176: Folio Real 116505-F-000, plano catastro P-1745613-2014, propietaria Mayra Delgado Ureña, cédula 1-0578-0346, naturaleza finca para construir que se destinará a uso habitacional la cual podrá tener una altura máxima de dos pisos, linda al norte con filiales 169, 170 y 177, al sur con área común libre acceso catorce y filial 175, al este con filial 177 y área común libre acceso catorce y al oeste con filiales 170 y 175, mide 227.95 m2, valor ¢227.950.00; FILIAL 178: Folio Real 116507-F-000, plano catastro P-1745616-2014, propiedad de Jason Arturo Zúñiga Villegas, cédula 2-0611-0565, naturaleza finca para construir que se destinará a uso habitacional la cual podrá tener una altura máxima de dos pisos, linda al norte con filiales 178 y 179, al sur con área común libre acceso catorce y filial 177, al este con filial 179 y área común libre acceso catorce y al oeste con filiales 168, 169 y 177, mide 185.16 ms, valor ¢185.000.00; FILIAL 185: Folio Real 116514-F-000, plano catastro P-1739456-2014, propietaria Estudios Técnicos Estefi S.A., cédula jurídica 3-101-122274, naturaleza finca para construir que se destinará a uso habitacional la cual podrá tener una altura máxima de dos pisos, linda al norte con filial 186, al sur con filial 184, al este con área común libre acceso catorce y al oeste con área común libre área recreativa, mide 309.11 ms, valor ¢309.110.00; FILIAL 287: Folio Real 116617-F, derechos 001 y 002, plano catastro P-1770582-2014, Medicare del Este HF S.A., cédula jurídica 3-101-647742, naturaleza finca para construir que se destinará a uso habitacional la cual podrá tener una altura máxima de dos pisos, linda al norte con filial 287 (sic) y área común libre servidumbre pluvial, al sur con finca filial 289 y área común libre acceso doce, al este con área común libre servidumbre pluvial y filial 289 y al oeste con área común libre acceso doce y filial 288, mide 275.20 m2, valor ¢275.200.00; FILIAL 167: Folio Real 116496-F-000, plano catastro P-1754613-2014, propietaria Productividad Empresarial GM S.A., cédula jurídica 3-101-179167, naturaleza finca para construir que se destinará a uso habitacional la cual podrá tener una altura máxima de dos pisos, linda al norte con área común libre acceso trece, área común libre zona verde y filial 180, al sur con filial 179 y filial 178, al este con filial 180, filial 179, filial 180 y área común libre zona verde y al oeste con filial 178 y área común libre acceso trece, mide 157.28 m2, valor ¢157.280.00; FILIAL 179: Folio Real 116508-F-000, plano catastro P-1745619-2014, propietaria Productividad Empresarial GM S.A., cédula jurídica 3-101-179167, naturaleza finca para construir que se destinará a uso habitacional la cual podrá tener una altura máxima de dos pisos, linda al norte con filiales 160, 177 y 178, al sur con área común libre de acceso catorce y filiales 168 y 178, al este con filial 180 y área común libre de acceso catorce y al oeste con filiales 177, 178 y 188, mide 197.46 m2, valor ¢197.460.00; FILIAL 170: Folio Real 116499-F-000, plano catastro P-1752482-2014, propietaria Larissa María Montes Vargas, cédula 1-0853-0440, naturaleza finca para construir que se destinará a uso habitacional la cual podrá tener una altura máxima de dos pisos, linda al norte con área común libre acceso trece y filial 179, al sur con filiales 176, 171 y 175, al este con filiales 179, 176 y 177 y al oeste con filial 171, área común libre acceso trece y filial 175, mide 236.77 m2, valor ¢236.770.00; FILIAL 248: Folio Real 116577-F-000, plano catastro P-1763125-2014, propietario José Luis Monge Bermúdez, cédula 1-1139-0670, naturaleza finca para construir que se destinará a uso habitacional la cual podrá tener una altura máxima de dos pisos, linda al norte con filiales 247, y 252, al sur con filiales 249, 251 y área común libre acceso principal, al este con filiales 249, 251 y 252 y al oeste con área común libre acceso principal y filial 247, mide 330.00 m2, valor ¢330.000.00; FILIAL 288: Folio Real 116617-F-001 y 116617-F-002, plano catastrado P-1770581-2014, propiedad de Felipe Izquierdo Flores, cédula 1-1280-0422 y Nataly Rodríguez Zamora, cédula 2-0691-0652. Luego se dedica a relatar la tramitología que tuvo en sede del INVU, SETENA y la Municipalidad de Garabito el proyecto de Condominio de marras, externando supuestas desatenciones en los deberes legales y funcionales de cada una de esas instancias administrativas, a las que asocia los daños ocasionados a sus heredades. Empero, de la revisión de la demanda y de los alegatos de fondo presentados a lo largo de esta causa judicial, tanto en la fase escrita como en la oral, la parte reclamante no establece un detalle debido y necesario de los daños concretos que se han ocasionado a cada una de las filiales. Nótese que se dedica a presentar lo que considera son conductas omisivas y formales generadoras de daños, pero no presenta un detalle de las lesiones cuya reparación pretende de manera que este Tribunal pueda ingresar a valorar la particularidad de las lesiones reclamadas. Cabe advertir que de conformidad con el detalle recién presentado, la acción se plantea respecto de la aducida afectación de 12 fincas filiales del Condominio Villa Leona. Empero, la pretensión principal es para que, de manera genérica y global, se condene a los coaccionados por la pérdida y la destrucción de las viviendas ya construidas, así como el valor de los lotes de sus filiales. Luego del análisis de fondo de este asunto, esta Cámara es del criterio que al margen de que se haya alegado que las lesiones alegadas tienen una misma causa dañosa, común para todos los afectados, en definitiva, la sola circunstancia de que lo debatido se refiera a daños ocurridos en filiales cuya titularidad registral es de diferentes propietarios, implica que se trate de daños individuales que han de ser acreditados y particularizados por cada interesado. Esto es determinante a los efectos de poder establecer no solamente la efectiva ocurrencia de las lesiones reclamadas, sino sus dimensiones y condiciones concretas. La formulación de una demanda por parte de varios sujetos que alegan haber padecido en sus esferas patrimoniales daños indemnizables, obliga a cada uno de ellos a cumplir con las cargas procesales establecidas en el ordinal 196 de la LGAP y lo regulado por el precepto 58 incisos e) y f) del CPCA. Tratándose de un proceso en el que se reclama el deber de reparación civil, este dato es impostergable, sin que se pueda considerar válidamente que en estos casos es factible emitir una condena en abstracto y que es en fase de ejecución donde podrán acreditar los detalles de las lesiones pretendidas. De previo a analizar si determinadas conductas activas u omisivas se constituyen como causa productora de lesiones indemnizables, es menester acreditar de previo la ocurrencia efectiva de los daños pretendidos y más aún, concretar en qué consiste el detrimento reclamado de manera detallada y singularizada. Es justamente en cuanto a esa exigencia que la demanda es ayuna del abordaje deseado y necesario, pues se insiste, se limita a exponer la condición de propietarios de las filiales supuestamente afectadas y a reprochar disfunciones a las que asocia sus padecimientos patrimoniales, pero en modo alguno aporta datos que permitan definir de manera debida la especificidad de la lesión que se ha producido a cada una de las filiales.
XI.- En la exposición de los hechos que dan base a la demanda (causa petendi) no hace señalamiento alguno que permita al menos inferir una liviana aproximación a este dato. A lo sumo, en la exposición de fondo presenta un aparte de daño individualizado de cada filial con construcción, en las que alude a las filiales 287 de Medicare del Este HF S.A., 176 de Mayra Delgado Ureña y 173 de La Casita Amarilla Camp de Playa S.A. Asevera que estas filiales tenían construcción de dos pisos, excepto la filial 287 que era de una planta y que las viviendas están totalmente destruidas. Expone que se acreditará el daño pero su cuantía se establecerá en etapa de ejecución de sentencia. En lo concerniente al daño individualizado de cada filial sin construcción menciona las siguientes filiales: 1. Filial 174 de Daniel Gamboa Núñez, propiedad incomunicada y agrietada con hundimientos, no es apta para construir. 2. Filial 171 de Alexandra Rucavado Romero, propiedad incomunicada y agrietada con hundimientos, no es apta para construir. 3. Filial 185 de Estudios Técnicos Estefi S.A., incomunicada, se espera que la ruptura del deslizamiento llegue a esta filial. 4. Filial 288 de Felipe Izquierdo Flores y Nataly Rodríguez Zamora, propiedad incomunicada y agrietada con hundimientos, no es apta para construir. 5. Filial 178 de Jason Arturo Zúñiga Villegas, propiedad incomunicada y agrietada con hundimientos, no es apta para construir. 6. Filial 167 de Productividad Empresarial GM S.A., propiedad incomunicada y agrietada con hundimientos, no es apta para construir. 7. Filial 170 de Larissa María Montes Vargas, propiedad incomunicada y agrietada con hundimientos, no es apta para construir y 8. Filial 248 de José Luis Monge Bermúdez, propiedad incomunicada y agrietada con hundimientos, no es apta para construir. Aduce que el valor económico será establecido en la etapa de ejecución de sentencia por la vía pericial, con base en el valor actual del terreno. Como se observa, en sus mismos alegatos la parte accionante anticipa que en cuanto a las filiales con edificaciones iba a acreditar el daño y en fase de ejecución determinar su cuantía. En cuanto a las filiales sin construcciones, alude que mediante auxilio pericial va a determinar el valor del daño, pero se limita a expresar supuestas condiciones de cada filial. Sin embargo, respecto del primer tipo de lesiones, las que supuestamente poseen construcciones, del análisis de los autos no se desprende que se haya aportado prueba alguna que permita a este Tribunal establecer la magnitud del daño que se reclama. Pese a que de este orden solamente se reclaman tres filiales, sea, las filiales 287 de Medicare del Este HF S.A., 176 de Mayra Delgado Ureña y 173 de La Casita Amarilla Camp de Playa S.A., no se aportan elementos demostrativos que permitan verificar la magnitud del daño reclamado. Ciertamente consta en autos que todas esas filiales contaban con permiso de construcción, tal y como lo indica el oficio ST-2021-004-I-KS del 15 de octubre del 2021 de la Unidad de Servicios Técnicos-Construcciones de la Municipalidad de Garabito, visible a imágenes 276-279 del principal. No obstante, ese solo dato no permite inferir la ocurrencia del daño ni sus implicaciones. No se aportan elementos sólidos que den a esta Cámara parámetros para poder concluir sobre la lesión reclamada. Lo mismo cabe señalar para las filiales sin edificación, respecto de las cuales se advierte de una prueba pericial para determinar la cuantía del daño, pero se deja de lado la acreditación de la lesión singular ocurrida en cada terreno, elemento que, se insiste, es de suyo relevante para poder considerar la situación y afectación particular de cada fundo. De nuevo, la demanda es ayuna en datos concretos sobre lesiones específicas producidas en esas filiales, limitándose a exponer supuestas condiciones de los inmuebles que no pasan de ser manifestaciones de orden subjetivo, que no se acompañan ni complementan con el respaldo probatorio debido. Las lesiones alegadas no pueden ser colegidas ni inferidas de los diversos informes de inspección realizados por la Municipalidad de Garabito, los que presentan evidencia fotográfica de algunas de las filiales, pero se omite como pieza probatoria para poner en perspectiva la ausencia de edificaciones en esos predios así como la definición de cuales filiales gestionaron oportunamente licencias de edificación. Pero no permiten desprender el detalle de los daños objeto de examen para poder establecer su efectividad y en qué consiste la lesión pretendida. Se trata de una indolencia de la parte accionante que en modo alguno podría ser suplida por este Tribunal, so pena de lesionar el balance procesal, el derecho de defensa y el debido proceso. En ese sentido, en la audiencia de juicio oral se presentaron las declaraciones de los propietarios Mayra Delgado Ureña, 1-0578-0346 y del señor Daniel Gamboa Núñez, 1-0937-0655, ambos ofrecidos para deponer sobre el daño moral subjetivo, la decisión de consumo y la forma en cómo les causó perjuicio al momento de adquirir la propiedad. La finalidad de esa evacuación no guarda relación con la prueba del daño patrimonial propiamente, sino con las condiciones previas a la adquisición del terreno, lo que en términos lógicos es claro que tiene una relevancia en el plano individual de los deponentes, pero que en modo alguno puede constituirse como un elemento o medio probatorio válido para presuponer la existencia de lesiones indemnizables a favor de todos los demás accionantes. En el caso de la señora Delgado Ureña se pronunció ampliamente sobre las razones que le llevaron a adquirir un lote dentro del proyecto de Condominio Villa Leona, Etapa II, relatando los detalles de las negociaciones y visitas previas para adquirir la filial, así como la ilusión que tuvieron como familia al concretar la adquisición de una casa de playa, adquirida con ahorros personales y de su esposo. Comentó que el 16 de octubre del 2020 les llamaron para avisarles que se había dado un deslizamiento y que la casa diagonal a la de ellos estaba desplomada, así como que la calle y el tendido eléctrico se había afectado. Añadió que al mes llegó el ingeniero y había grietas y la propiedad se estaba inclinando. Expuso sobre el impacto de ese hecho en su salud emocional, alegando que le costaba concentrarse, le daba ansiedad y subió de peso. Enfatizó que le dijeron que el terreno tenía todos los permisos. Por su parte en el contrainterrogatorio de la empresa Soluciones Integrales de Seguridad Sis S.A. expuso que no había pedido información del proyecto ya que tuvo confianza porque había casas construidas en esa zona. Ante la pregunta de si recordaba que la empresa contratada para construir su vivienda había pedido estudios de suelo señaló que imaginaba que sí, ya que quien estaba con la construcción era su esposo. Como se observa, esa deposición no sirve de respaldo para sustentar el contenido del daño reclamado en los términos que impone el ordenamiento jurídico, según se ha explicado. Ante ese tipo de dejadez, no podría este Tribunal simplemente asumir que el daño alegado se encuentra acreditado, sin haber podido verificar, por desidia de esa parte, qué tipo de edificación se realizó en esa filial, los daños estructurales concretos que se produjeron, así como el alcance económico de aquellos. Esto es fundamental para poder realizar una valoración de la causa del daño, máxime al considerar que las partes han debatido en torno al impacto del sismo de 6.0 grados acontecido en octubre del 2020 y el impacto del alto nivel de precipitaciones pluviales a las que se vio sometida la zona en particular. El conocimiento de esos factores es imprescindible para poder abordar la ponderación asociativa de una consecuencia concreta a determinada causa antecedente, de modo que la omisión de ese detalle conlleva un alegato genérico que no puede ser suplido en fase de ejecución, cuando no se han dado los estándares mínimos para poder tener por comprobado el daño. Lo mismo cabe señalar en cuanto a lo terrenos sin edificaciones, espacios sobre los cuales se omite por completo probanza sobre ese particular. Sobre este mismo aspecto, llama la atención a este Tribunal que respecto de los daños que ahora se reclaman, en fecha 04 de agosto del 2022 la señora Mayra Delgado Ureña, propietaria de la filial 176 del Condominio Villa Leona, finca Folio Real 116505-F-000 presentó ante el Instituto Nacional de Seguros reclamo sobre lo acontecido en la madrugada del 16 de octubre del 2020 que afectó su vivienda, a efectos de aplicar la póliza No. 0101INC0749493-00. Por oficio INSDS-02220-2020 del 17 de diciembre del 2020 el Instituto Nacional de Seguros resuelve el reclamo formulado por la señora Mayra Delgado Ureña para cubrir los daños ocasionados a la filial 176 del Condominio Villa Leona con el contrato de póliza No. 0101INC0749493-00 con vigencia del 14 de octubre del 2020 al 14 de octubre del 2021 y dispuso en lo relevante:
“… Según manifiesta el Ingeniero a cargo de la valoración de daños, la edificación no muestra defectos constructivos que hayan influido en el grado de afectación que presenta el bien inmueble, por el contrario, se indica que la causa del evento obedece directamente al deslizamiento de aproximadamente 2.8 hectáreas de material sedimentario, sin embargo, no se cuenta con los elementos suficientes que permitan determinar si existe algún vicio oculto en el terreno sobre el cual se ubica el bien inmueble, por lo que se considera indispensable la realización de un estudio más a fondo.
Es importante mencionar que previo a realizar la construcción del bien inmueble afectado, no se realizó ningún tipo de estudio geotécnico exploratorio para determinar el diseño de las cimentaciones, que permitieran valorar la capacidad de soporte o estabilidad del terreno, tal como lo dicta el Código Sísmico de Costa Rica 2010, en el apartado 13.1 que indica:
“Previo al diseño de las cimentaciones se deben realizar todos los estudios del terreno que se estipulan en el Código de Cimentaciones de Costa Rica. Debe entenderse la cimentación como el conjunto que incluye tanto el elemento estructural que transmite las cargas de la superestructura al suelo, como el suelo o la roca soportante. Por ello, además de verificar la estabilidad del elemento estructural, se deben realizar también todos los estudios y verificaciones del medio soportante tales como: estabilidad del terreno, estabilidad de rellenos y de taludes, licuación de arenas durante sismos, capacidad soportante del suelo, drenajes, control de asentamientos, capacidad de carga de pilotes y empujes horizontales sobre muros, entre otros”. (La negrita y el subrayado son nuestros).
Asimismo, este código regula los procedimientos y las limitaciones para el diseño de las estructuras, los cuales deben ser determinados considerando la zonificación sísmica y las características de los sitios de cimentación. (…)
Cabe indicar que existe un estudio geotécnico realizado en el año 2014 por la empresa INGEOTEC S.A. con número de consecutivo IG-056-2014, el cual detalla generalidades del proyecto; se desconoce si el terreno fue alterado posterior a esa fecha. En cuanto al estudio geofísico de tomografía eléctrica y sísmica de refracción realizado en el Condominio Villa Leona, elaborado por la empresa Geostratu Consultores según consecutivo CGCR-94, solamente funciona como una referencia para tener una noción del espesor de las capas de suelo subyacente.
Según se indica en las Condiciones Generales del Seguro, Sección II, Eventos y Pérdidas no Amparados, Coberturas de Daño Directo, artículo 25, "Riesgos Excluidos", inciso a.9, el Instituto, no cubrirá pérdidas, ni gastos que se produzcan o que sean agravados por:
“a. Para todas las coberturas:
9. Edificios caídos, hundidos o desplomados. Si el todo o una sección del edificio objeto de esta póliza, o que contenga la propiedad asegurada por ella, o si el todo o una sección de un inmueble del cual dicho edificio forma parte, se cayesen, hundiesen o desplomasen, el presente seguro dejará de cubrir desde ese momento, tanto al edificio como a su contenido, a menos que la caída, hundimiento o desplome se deban a un riesgo amparado por este contrato”. (la negrita y el subrayado son nuestros).
Por otra parte, al revisar la documentación que respalda el aseguramiento del bien inmueble en cuestión, se logró determinar que se omitió información relevante al momento de formalizar el contrato póliza.
La emisión del seguro se realizó el día 14 de octubre de 2020, por medio del Sr. Gabriel Quesada Mora, agente de seguros independiente N° 114079, sin embargo, no se menciona los problemas que se estaban generando dentro del proyecto en ese momento, como producto de un deslizamiento importante ocurrido días atrás. (…)
Desde nuestra perspectiva, es evidente que existía información suficiente al momento de formalizar el contrato póliza, sin embargo, el riesgo fue declarado de manera distinta a la realidad; aunado a lo anterior, tampoco se informó al Instituto Nacional de Seguros, en el momento en que fue alertada por parte del ingeniero a cargo de la obra, sea, dos días después de haber tomado el seguro, tal como quedó evidenciado en la bitácora del profesional a cargo.
En virtud de lo antes expuesto, se determina que no es factible amparar el reclamo y le informamos que nos vemos en la obligación de declinar el caso y proceder con el archivo de este de manera permanente. (…)” (Imágenes 909-912 del principal) Es de resaltar lo indicado por el ente asegurador en cuanto al deber del profesional a cargo del proceso de construcción de la obra ubicada en esa filial, los que según se desprende, no fueron realizados, al destacar que no se hizo “… ningún tipo de estudio geotécnico exploratorio para determinar el diseño de las cimentaciones, que permitieran valorar la capacidad de soporte o estabilidad del terreno, tal como lo dicta el Código Sísmico de Costa Rica 2010, en el apartado 13.1…”. Esto pone en perspectiva que de previo a construir, correspondía al profesional contratado realizar los estudios de compactación de suelo y demás aspectos de composición del terreno para poder establecer el tipo de cimentación a utilizar en orden a la estabilidad estructural de la obra.
XII.- Por otro lado, en cuanto a la declaración del señor Daniel Gamboa Núñez, se refirió a los motivos para haber adquirido una filial en el condominio, exponiendo que fue muy parecido a lo relatado por la señora Delgado Ureña. Destacó que cuando le ofrecieron el lote le indicaron que era un terreno listo para construir. Expresó que es ingeniero civil y que su sueño era hacer los planos y ser el responsable de la construcción de una casa a su gusto para su familia. Relató que no le dio tiempo de desarrollar nada en el terreno porque cuando ya tenía los planos listos, en mayo del 2020, se vino el deslizamiento y no pudo construir. Dijo que en la actualidad su lote se encuentra seis metros abajo del nivel original y que no se le dijo, cuando se lo ofrecieron, el tipo de cimentaciones que ocupaban las casas. Externó que si le hubieran dado esa información no hubiera comprado el lote y si le hubieran indicado que debía construir una loza corrida o pilotes a determinados metros de profundidad, no hubiera comprado. Aclaró que no obtuvo permiso de construcción sino solamente un certificado de uso del suelo. Posteriormente se refirió al impacto familiar y emocional por lo sucedido. Ante consulta de si al momento de adquirir la propiedad le hablaron de las condiciones geológicas del terreno contestó de manera negativa y señaló que si le hubieran comunicado lo que indicaban los estudios de suelos, no habría comprado, advirtiendo que no era una situación visible. Consultado sobre si el terreno era apto para construir respondió que actualmente no. Explicó que el uso de suelo dice que en el terreno se podía construir una casa de uno o dos pisos pero ocupa una loza de cimentación o pilotes en profundidad y para una casa ese tipo de cimentación es muy caro. En el contrainterrogatorio ante consultas del Estado señaló que se enteró de la existencia del estudio de suelo una vez que se había dado el deslizamiento. Ante preguntas de la empresa coaccionada en el sentido de si había investigado el terreno, manifestó que su filial tenía un talud importante en frente, señaló que supuso que como había casas a la par no iba a tener ningún problema. Consultado si como profesional hizo los estudios de suelo, expuso que hizo los planos pero no los estudios porque no iba a comenzar la construcción. No iba a iniciar la construcción hasta tener la certeza de ciertas cosas, del banco, de un préstamo para la construcción de manera que no iba a hacer el estudio de suelo hasta tener la certeza de que iba a comenzar la construcción. Finalmente, consultado por este Tribunal sobre qué le ocurrió a su lote, contestó que se hundió cerca de seis metros del nivel original y que el cordón de caño se observa a seis metros más arriba. De nuevo, este relato no funge como referencia válida para acreditar el daño que se reclama sobre el lote propiedad del declarante, ni mucho menos a partir de esas manifestaciones se puede asumir la acreditación global de las lesiones que se reclaman. Según se observa, este abordaje por parte de los demandantes se ha orientado a debatir la supuesta causa de daños que no se especifican ni concretan y que en la argumentación de los petentes, buscan ser acreditados y liquidados en fase de ejecución de sentencia, aspecto que, se reitera, no es propio ni debido en este tipo de procesos, que tienen como razón fundamental comprobar la existencia de daños y la relación causal que permita establecer la referibilidad de la lesión a las partes contra quienes se ha decantado la causa. En definitiva, la concurrencia de varias personas que se consideran afectadas por una misma causa lesiva no lleva a que sea válida la teoría de los accionantes en cuanto a prescindir de la rigurosidad ya mencionada en cuanto a la concreción, acreditación y cuantificación de los daños individuales que se reclaman. Nótese que el impacto individual que se alega producido en cada esfera jurídica descarta que este caso pueda ser asociado a una suerte de acción colectiva o incluso de clase. No se trata de una afectación a intereses de naturaleza colectiva o de clase, que puedan entenderse amparados a la legitimación supra individual que regula el precepto 10 inciso 1) supuesto c) del CPCA, pues es claro que lo alegado no es una afectación a intereses grupales, colectivos o de clase. Lo debatido es un supuesto impacto negativo en el patrimonio individual de cada uno de los accionantes y en esos términos, es absolutamente improcedente procurar un análisis de una hipotética causa lesiva de orden genérico para luego, en fase de ejecución, permitir valoraciones del impacto o incidencia individual en la esfera jurídica de cada reclamante. Por el contrario, es evidente y notorio que el presente asunto dice de afectaciones de orden eminentemente individual, específico, que consiste en los alegados daños que se aducen ocurridos en el patrimonio de cada demandante. De ahí que no se pueda prescindir de la necesaria e impostergable carga procesal de la mención concreta, comprobación y liquidación, si quiera prudencial de los detrimentos pretendidos. Al no haber satisfecho esa carga, no se cuenta con el elemento objetivo respecto del cual se haría pertinente hacer un análisis de ocurrencia causal, ponderación de imputabilidad subjetiva solidaria, existencia o no de coparticipación en el daño, causales eximentes potenciales, entre otras variables que son de rigor en los exámenes de responsabilidad civil extracontractual formulada bajo el régimen de la Ley General de la Administración Pública. En efecto, el elemento primario a considerar dentro de este tipo de valoraciones y análisis es justamente el daño, como factor a comprobar y como parámetro y fin de reparación. La ausencia de ese detalle primario impide avanzar en ese proceso intelectivo y deliberativo so pena de incurrir en especulaciones que a la postre supondrían la enmienda de una deficiencia sustancial de la parte accionante. Así las cosas, ante esa falencia determinante, no podría recaer condena alguna en contra de las Administraciones accionadas y por ende, la demanda debe ser rechazada sobre ese particular.
XIII.- Sobre la incidencia de lo indicado respecto de la empresa coaccionada. Ahora bien, en lo que se refiere a la empresa Soluciones Integrales en Seguridad Sis S.A., la demanda alega que en el caso de las empresas dedicadas a actividades riesgosas dirigidas al consumidor, como en desarrollo inmobiliario, se aplican las normas de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, No. 7472. Estima que el numeral 32 de esa ley establece cuales son los derechos fundamentales e irrenunciables del consumidor, sin perjuicio de los regulados en diversas normativas. Precisa que el precepto 34 ibidem dispone las obligaciones del comerciante, en tanto que el canon 35 ejusdem establece el régimen de responsabilidad de tipo objetivo aplicable a las relaciones comerciales estableciendo que debe responder con independencia de la culpa cuando el consumidor fuese perjudicado debido al bien o el servicio, informaciones inadecuadas o insuficientes sobre ellos o de su utilización y riesgos, liberándose únicamente cuando demuestre que ha sido ajeno al daño. Sobre las conductas de aquella empresa señala que son las siguientes: 1) Haber ejecutado una obra contraria a los permisos municipales otorgados, toda vez que recibieron permiso para la realización de obras constructivas para la finca matrícula Folio Real P-012847-000 y el plano P-1141159-2007, toda la finca que abarcaba las etapas I y II, pero el INVU solamente visó la etapa I el 31 de octubre del 2008 y en el 2009 la finca fue separada. 2) No haber alertado a los futuros dueños de las filiales de la Etapa II sobre las recomendaciones y conclusiones de Ingeotec del año 2009. 3) No haber obtenido el permiso de construcción de la segunda etapa identificada mediante la finca P-72837-000 y aun así realizar obras constructivas para dar la apariencia de un condominio con todos los permisos. 4) No haber realizado estudio de estabilidad de taludes que la SETENA pidió mediante resolución No. 2093- SETENA del 04 de julio del 2019. 5) Haber creado en la finca P-72837-000 una servidumbre de paso vehicular sin inscribir, pasando por las áreas recreativas del condominio y la filial 190, desnaturalizando la escritura de conformación del condominio según se plasmó en la escritura número 172, tomo cuatro de la notaría María José Chaves Cavallini. 6) Incumplir lo dispuesto en el reglamento para el trámite de revisión de los planos para la construcción, Decreto No. 36550-MP-MIVAH-S-MEIC del 28 de abril del 2011, artículo 11 sobre las servidumbres. 7) Inducir a error a los compradores al hacerlos firmar escrituras donde se indicaba que las filiales eran aptas para construir. 8) Haber vendido terrenos del condominio con vicios ocultos, violentando la garantía de evicción, ocultando información a los consumidores. 9) Violentar el principio de confianza legítima ya que los consumidores tomaron la decisión de consumo basados en que se trataba de un condominio con terrenos aptos para construir, que contaban con estudios de uso de suelo y viabilidad ambiental por parte de SETENA. 10) No haber ejecutado las medidas de mitigación ordenadas por SETENA, como no haber garantizado la estabilidad de taludes y evitar la erosión, no efectuar los estudios ni pruebas de compactación para garantizar la estabilidad de terrenos. Estima que esas conductas son graves y lamentables debido a que produjeron daños a la infraestructura y a las propiedades en general. De nuevo, las alegaciones de los accionantes en cuanto a esta parte codemandada se direcciona a exponer el detalle de las conductas que a su juicio configuran concausas generadoras de las lesiones aducidas y que determinan su coparticipación en el deber de reparación civil. Es claro que la relación a partir de la cual se adquieren los inmuebles objeto de debate se enmarca en un vínculo de consumo, regulado por la aludida ley No, 7472. En ese tanto, el precepto 35 alegado establece las pautas básicas del sistema de responsabilidad por daños que atañe a estos menesteres en el siguiente sentido:
“Artículo 35.- Régimen de responsabilidad.
El productor, el proveedor y el comerciante deben responder concurrente e independientemente de la existencia de culpa, si el consumidor resulta perjudicado por razón del bien o el servicio, de informaciones inadecuadas o insuficientes sobre ellos o de su utilización y riesgos.
Sólo se libera quien demuestre que ha sido ajeno al daño.
Los representantes legales de los establecimientos mercantiles o, en su caso, los encargados del negocio son responsables por los actos o los hechos propios o por los de sus dependientes o auxiliares. Los técnicos, los encargados de la elaboración y el control responden solidariamente, cuando así corresponda, por las violaciones a esta Ley en perjuicio del consumidor.” Pese a la amplitud de ese régimen, la demandan incurre en misma indolencia apuntada y desarrollada anteriormente pues aún y la regulación del régimen de responsabilidad que impone el artículo 35 de la Ley No. 7472, la aplicación de esa normativa requiere como paso inicial (lógico) la debida alegación, concreción, acreditación y liquidación del daño padecido. Al margen de las diversas posturas debatidas en torno al deber y derecho de información adecuada y oportuna para la decisión de consumo como elemento relevante en el haz de garantías del consumidor, se insiste en que lo anteriormente desarrollado y apuntado es determinante y cardinal pues el deber de reparación emerge ante la existencia de un daño efectivo y no frente a la simple alegación de una lesión hipotética que no ha sido debidamente respaldada en autos. En efecto, el ejercicio intelectivo de imputación subjetiva de la causa y por ende, el reconocimiento del deber reparatorio se condiciona a la previa acreditación de la lesión. Si la base misma del sistema de responsabilidad es la reparación integral del daño, es notorio que el paso inicial de todo análisis en este orden es la demostración de la efectividad y pormenores de la lesión a reparar. Ergo, la desatención de ese rigor hace fútil e inocuo cualquier abordaje de calificación de conductas o causas de imputación. Justamente esta indolencia es la que ha impedido en este asunto avanzar en el análisis de la procedencia o no de la asociación causal que exponen los demandantes y las presiones de los accionados sobre el motivo del daño debatido. Véase que aunque los codemandados se han dedicado a negar su responsabilidad señalando que se han ajustado al marco legal que aplica al tema urbanístico y al desarrollo edilicio, del análisis de los autos no se ha podido desprende la particularidad de las lesiones que resulta fundamental en este tipo de reproches. No cabe el análisis de la causa de un daño que no se ha acreditado y que por ende, no puede tenerse como efectivo. De ahí que aún en cuanto a la empresa codemandada, esa falencia determina la improcedencia de la demanda por la ausencia de comprobación de un elemento determinante para el análisis de responsabilidad y así en efecto se dispone. En general, vale destacar que en este tipo de procesos, cuyo objeto único es definir la responsabilidad de un ente público, es el petente quien debe acreditar y argumentar estos aspectos, sin que sea labor del órgano sentenciador asumir de manera oficiosa la ocurrencia de daños o perjuicios, pues ello llevaría a suplir la deficiencia de la parte, con evidente desequilibrio procesal, infracción al principio de congruencia (art. 119 del CPCA) y en detrimento de la igualdad. En esos términos, el daño y/o perjuicio no puede tenerse por acreditado y concederse en abstracto, cuando la misma accionante ha desatendido sus deberes procesales mínimos de justificar racionalmente las sumas reclamadas. Así las cosas, ante las deficiencias probatorias y argumentativas de la demandante, no queda más remedio que disponer el rechazo de los daños y perjuicios reclamados, como en efecto se dispone.
XIV.- Sobre el damo moral subjetivo y demás extremos económicos. La demanda requiere la declaración de un deber de indemnizar el daño moral subjetivo de los accionantes que son personas físicas, el cual han cuantificado en la suma de ¢20.000.000.00 individualmente. En la exposición de razones lo han asociado a las condiciones anímicas adversas que dicen haber padecido a raíz de la circunstancia de haber adquirido una filial en el Condominio Villa Leona y posteriormente ver truncados sus anhelos y sueños por la pérdida de sus viviendas y lotes sin construcción a raíz de lo que estiman fue un proceso de adquisición que lesionó las normas propias de las relaciones de consumo y el derecho de información veraz y fidedigna, así como de un conjunto de omisiones en el deber de fiscalización y vigilancia de parte de las Administraciones involucradas a este proceso. En el marco lógico de la demanda, ese daño de orden extrapatrimonial se asocia a los daños patrimoniales producidos a las construcciones y terrenos de las filiales adquiridas. Ergo, la falta de acreditación de ese daño concreto, tema recién analizado, determina la improcedencia del requerimiento de daño moral subjetivo dada la dependencia lógica que se produce entre ambas lesiones. Es decir, la demanda asocia el padecimiento anímico a las lesiones patrimoniales, como una de las consecuencias derivadas de ese impacto negativo en sus situaciones jurídicas, por lo que, la declaración de improcedencia de este último daño determina, por relación de accesoriedad y dependencia, el rechazo de aquella primera categoría. Por demás, es menester advertir que no se introduce sustento alguno sobre condiciones particulares de esa lesión moral. De nuevo, la demanda es genérica sobre ese particular pues no presenta elementos concretos de las implicaciones generadas en cada accionante. A lo sumo, en la evacuación de la declaración de parte de la señora Mayra Delgado Ureña y el señor Daniel Gamboa Núñez, se alude a temas concretos de su experiencia relacionada con los hechos base de esta contienda judicial, pero ese relato no determina una acreditación genérica del daño patrimonial ni del moral subjetivo de todas las partes. Con todo, se insiste, la falencia básica que da paso al rechazo de estas partidas es su dependencia al daño material (patrimonial) de suerte que el rechazo de este conlleva, inexorablemente, a la declinación de este extremo bajo examen y así se dispone. De igual manera, la demanda reclama pago de intereses legales y de indexación respecto de las sumas peticionadas. De nuevo, se trata de un extremo accesorio al principal de daños materiales, dependencia que impone su rechazo.
XV.- Corolario. Análisis de las defensas opuestas. El INVU y la empresa Soluciones Integrales en Seguridad Sis S.A. formularon la defensa de falta de legitimación pasiva. Esta defensa debe ser rechazada pues la demanda puntualiza conductas concretas de esos sujetos procesales a los cuales endilga una coparticipación en los daños reclamados. La concurrencia efectiva o no de esos parámetros de imputación es un tema que se asocia al análisis del derecho de fondo que se debate. De ahí que desde el plano de la legitimación pasiva, la demanda no presenta la deficiencia que se aduce. Lo mismo cabe señalar respecto de la Municipalidad de Garabito, la que, si bien no adujo defensas de fondo, luego del examen oficioso de ese presupuesto procesal, se determina que en la medida en que la acción alude a conductas que le son atribuibles, con independencia de que se hayan constituido o no como causa adecuada de la lesión objeto de esta causa, presenta una innegable relación subjetiva con este proceso. Ahora bien, el Estado y la empresa codemandada alegaron la defensa de falta de derecho. Como consecuencia del análisis expuesto a lo largo de esta sentencia, es claro que dicha defensa de fondo debe acogerse. De igual modo, al tratarse de un presupuesto procesal de fondo (legitimación, interés y derecho) cuyo abordaje es oficioso, al haber determinado la improcedencia de las pretensiones deducidas, es menester declarar de oficio la falta de derecho respecto de la Municipalidad de Garabito y el INVU. En consecuencia, por las razones señaladas en los apartes precedentes, se dispone el rechazo de la demanda en todos sus extremos.
XVI.- Sobre las costas. En cuanto a este tema, de conformidad con el numeral 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas procesales y personales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo. La dispensa de esta condena solo es viable cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. En la especie, a partir de los autos y las probanzas recibidas por el Tribunal, se estima que los accionantes tuvieron motivo suficiente para litigar, ya que presentaron reclamos de buena fe en su condición de consumidores, con base en hechos complejos de naturaleza técnico-científica de muy difícil apreciación, de tal modo que -en la diligencia de una persona media- es comprensible que se asuma la posible existencia de responsabilidades de parte del comerciante que les vendió esos bienes y de las Administraciones competentes en la autorización de un desarrollo inmobiliario. Así, lo debido es resolver el presente asunto sin especial condenatoria en costas.
POR TANTO
Se rechaza la defensa de falta de legitimación pasiva formulada por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y la empresa Soluciones Integrales en Seguridad Sis S.A. Se acoge la defensa de falta de derecho planteada por el Estado y la empresa Soluciones Integrales en Seguridad Sis S.A. De oficio se declara la falta de derecho respecto del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y de la Municipalidad de Garabito. En consecuencia, se declara sin lugar en todos sus extremos la demanda incoada por MEDICARE DEL ESTE HF S.A., cédula de persona jurídica número 3-101-647742, MAYRA DELGADO UREÑA, cédula de identidad número 1-0578-0346, LA CASITA AMARILLA CAMP DE PLAYA S.A., cédula de persona jurídica número 3-101-738191, DANIEL GAMBOA NÚÑEZ, cédula de identidad número 1-0937-0655, ALEXANDRA RUCAVADO ROMERO, cédula de identidad número 1-0717-0357, ESTUDIOS TÉCNICOS ESTEFI S.A., cédula de persona jurídica número 3-101-12274 (185), FELIPE IZQUIERDO FLORES, cédula de identidad número 1-1280-0422 Y NATALY RODRÍGUEZ ZAMORA, cédula de identidad número 2-0691-0652, JASON ARTURO ZÚÑIGA VILLEGAS, cédula de identidad número 2-0611-0565, PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL GM S.A., cédula de persona jurídica número 3-101-179167, LARISSA MARÍA MONTES VARGAS, cédula de identidad número 1-0853-0440 y JOSÉ LUIS MONGE BERMÚDEZ, cédula de identidad número 1-1139-0670 en contra de EL ESTADO, EL INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, LA MUNICIPALIDAD DE GARABITO Y LA EMPRESA SOLUCIONES INTEGRALES EN SEGURIDAD SIS. S.A. Se resuelve sin especial condena en costas. José Roberto Garita Navarro/ Silvia Consuelo Fernández Brenes/ Daniel Aguilar Méndez. */*/*/*/*/*/*/ ASUNTO: PROCESO DE CONOCIMIENTO ACTORES: MEDICARE DEL ESTE HF S.A., MAYRA DELGADO UREÑA, LA CASITA AMARILLA CAMP DE PLAYA S.A., DANIEL GAMBOA NÚÑEZ, ALEXANDRA RUCAVADO ROMERO, ESTUDIOS TÉCNICOS ESTEFI S.A., FELIPE IZQUIERDO FLORES Y NATALY RODRÍGUEZ ZAMORA, JASON ARTURO ZÚÑIGA VILLEGAS, PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL GM S.A., LARISSA MARÍA MONTES VARGAS Y JOSÉ LUIS MONGE BERMÚDEZ.
DEMANDADO: EL ESTADO (SETENA), MUNICIPALIDAD DE GARABITO, INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (INVU) Y SOLUCIONES INTEGRALES EN SEGURIDAD SIS S.A.
IGWTHUP.JRGN. 2025.
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