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Res. 03627-2025 Sala Segunda de la Corte · Sala Segunda de la Corte · 23/10/2025

Police-risk pay for SINAC officialsPlus por riesgo policial para funcionarios del SINAC

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OutcomeResultado

Appeal dismissed (majority)Sin lugar el recurso (mayoría)

The majority of the Second Chamber dismisses the cassation appeal and upholds the denial of a police-risk bonus to a SINAC official, finding that his duties are not comparable to those of Public Force members.La mayoría de la Sala Segunda rechaza el recurso de casación y confirma la denegatoria del plus por riesgo policial a un funcionario del SINAC, al considerar que sus funciones no son equiparables a las de los miembros de la Fuerza Pública.

SummaryResumen

The Second Chamber of the Supreme Court, by majority, rejects the cassation appeal of a SINAC official who claimed retroactive payment of a police-risk bonus. The plaintiff held positions including Natural Resources Guard, Civil Service Professional, and Manager of Prevention, Protection and Control, and argued that the Forestry Law, the National Parks Service Law, and the Wildlife Conservation Law grant him police-authority status, and that his field duties expose him to risks comparable to those of the Public Force. The majority held that, although those laws confer that character, his duties are limited to reporting violations, collaborating, and seizing illegal products, but do not constitute police functions as described in the General Police Law and its Regulations. The bonus is reserved exclusively for members of police corps with formal investiture under those regulatory provisions. A dissenting vote of two judges found that the plaintiff’s tasks do involve comparable risks and that the principle of equal pay justifies granting the bonus.La Sala Segunda de la Corte, por mayoría, rechaza el recurso de casación de un funcionario del SINAC que reclamaba el pago retroactivo del plus por riesgo policial. El actor, quien ha desempeñado cargos como Guarda Recursos Naturales, Profesional de Servicio Civil y Gerente de Prevención, Protección y Control, argumentó que la Ley Forestal, la Ley del Servicio de Parques Nacionales y la Ley de Conservación de Vida Silvestre le confieren carácter de autoridad de policía, y que sus labores de campo lo exponen a riesgos similares a los de la Fuerza Pública. La mayoría de la Sala sostiene que, si bien esas leyes le otorgan tal carácter, sus funciones se limitan a denunciar infracciones, colaborar y, en su caso, decomisar productos ilícitos, pero no equivalen a las funciones policiales descritas en la Ley General de Policía y su Reglamento para el pago del riesgo policial. El incentivo está reservado exclusivamente a miembros de cuerpos policiales con investidura formal conforme a esos cuerpos normativos. Un voto salvado de dos magistradas concluye que las tareas del actor sí implican riesgos equiparables, y que el principio de igualdad salarial justifica reconocerle el plus.

Key excerptExtracto clave

Therefore, although both Article 54 of Forestry Law No. 7575 of February 13, 1996, as well as Article 9 of the National Parks Service Law No. 6084 of August 24, 1977, and Article 16 of the Wildlife Conservation Law No. 7317 of October 30, 1992, provide that SINAC officials shall have the 'character' of police authority, and the appellant claims that those provisions constitute laws that rank above the aforementioned Regulation, those rules are not sufficient for his claim to succeed. Note that they clearly establish that such authority is limited to reporting and filing complaints with the competent authorities; that is, their obligations are merely of collaboration and, therefore, different from those of Public Force officers, who exercise police functions. Consequently, although there is no doubt that the plaintiff faces danger in performing some of his duties, which in many respects may resemble those of Public Force police officers, that circumstance is not enough to conclude that he holds the investiture of a police officer or to determine that his functions are police functions, as defined by the Constitutional Chamber in decision No. 4368-2003.De ahí que si bien, tanto el artículo 54 de la Ley Forestal, número 7575 del 13 de febrero de 1996, como los ordinales 9, de la Ley del Servicio de Parques Nacionales, número 6084 del 24 de agosto de 1977; y 16, de la Ley de Conservación de Vida Silvestre, número 7317 del 30 de octubre de 1992, disponen que las personas funcionarias del SINAC tendrán “carácter” de autoridad policial, y el recurrente alega que dichas disposiciones constituyen leyes que están por encima del Reglamento mencionado, tales normas no resultan suficientes para que su pretensión resulte procedente. Nótese, que las mismas establecen con claridad que esa autoridad se limita a denunciar y reportar ante las autoridades competentes las respectivas infracciones, es decir, que sus obligaciones son de mera colaboración y, por ende, distintas a las de las personas servidoras de la Fuerza Pública, quienes ejercen funciones policiales. En consecuencia, aunque no hay duda de que el promovente corre peligro en la ejecución de algunas de sus labores, las que, en muchos aspectos, pueden guardar semejanza con las de los policías de la Fuerza Pública, esa circunstancia no es suficiente para concluir que ostenta la investidura de un servidor de policía o para determinar que sus funciones son policiales, según la definición dada por la Sala Constitucional en el voto número 4368-2003.

Pull quotesCitas destacadas

  • "Nótese, que las mismas establecen con claridad que esa autoridad se limita a denunciar y reportar ante las autoridades competentes las respectivas infracciones, es decir, que sus obligaciones son de mera colaboración y, por ende, distintas a las de las personas servidoras de la Fuerza Pública, quienes ejercen funciones policiales."

    "Note that they clearly establish that such authority is limited to reporting and filing complaints with the competent authorities; that is, their obligations are merely of collaboration and, therefore, different from those of Public Force officers, who exercise police functions."

    Considerando III

  • "Nótese, que las mismas establecen con claridad que esa autoridad se limita a denunciar y reportar ante las autoridades competentes las respectivas infracciones, es decir, que sus obligaciones son de mera colaboración y, por ende, distintas a las de las personas servidoras de la Fuerza Pública, quienes ejercen funciones policiales."

    Considerando III

  • "En consecuencia, aunque no hay duda de que el promovente corre peligro en la ejecución de algunas de sus labores, las que, en muchos aspectos, pueden guardar semejanza con las de los policías de la Fuerza Pública, esa circunstancia no es suficiente para concluir que ostenta la investidura de un servidor de policía o para determinar que sus funciones son policiales..."

    "Consequently, although there is no doubt that the plaintiff faces danger in performing some of his duties, which in many respects may resemble those of Public Force police officers, that circumstance is not enough to conclude that he holds the investiture of a police officer or to determine that his functions are police functions..."

    Considerando III

  • "En consecuencia, aunque no hay duda de que el promovente corre peligro en la ejecución de algunas de sus labores, las que, en muchos aspectos, pueden guardar semejanza con las de los policías de la Fuerza Pública, esa circunstancia no es suficiente para concluir que ostenta la investidura de un servidor de policía o para determinar que sus funciones son policiales..."

    Considerando III

  • "Tan riesgoso es el trabajo del personal encargado de vigilar las áreas de protección y la vida silvestre, que existe una iniciativa legislativa, expediente número 16626, denominada 'Ley de Justicia Salarial para los Guardaparques del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y Operativización del Fideicomiso de Áreas Silvestres Protegidas'..."

    "The work of personnel responsible for monitoring protected areas and wildlife is so risky that there is a legislative initiative, file No. 16626, called 'Law on Salary Justice for Park Rangers of the Ministry of Environment and Energy (MINAE) and Operationalization of the Protected Wild Areas Trust'..."

    Considerando V (Voto salvado)

  • "Tan riesgoso es el trabajo del personal encargado de vigilar las áreas de protección y la vida silvestre, que existe una iniciativa legislativa, expediente número 16626, denominada 'Ley de Justicia Salarial para los Guardaparques del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y Operativización del Fideicomiso de Áreas Silvestres Protegidas'..."

    Considerando V (Voto salvado)

  • "...estimamos la procedencia del derecho al plus demandado, si en su puesto de Técnico de Servicio Civil del demandado, enfrenta los mismos riesgos -e incluso mayores- que los policías de otros cuerpos policiales que existen en nuestro sistema."

    "...we find the right to the claimed bonus to be applicable, if in his position as Civil Service Technician of the defendant, he faces the same risks —and even greater ones— than police officers from other police corps that exist in our system."

    Considerando V (Voto salvado)

  • "...estimamos la procedencia del derecho al plus demandado, si en su puesto de Técnico de Servicio Civil del demandado, enfrenta los mismos riesgos -e incluso mayores- que los policías de otros cuerpos policiales que existen en nuestro sistema."

    Considerando V (Voto salvado)

Full documentDocumento completo

**SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.** San José, at fifteen hours twenty minutes of October twenty-third, two thousand twenty-five.

Ordinary proceeding filed before the Labor Court of the Second Judicial Circuit of San José, by [Name 001], public employee; against the SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN, represented by its director Rafael Gutiérrez Rojas, single, geographer and resident of Heredia, and against the STATE, represented by its deputy state attorney, licensed Kathya Vanessa Vega Sancho, divorced. Acting as special judicial representatives: for the plaintiff, licensed Fernando Monge Hernández, and for SINAC, licensed Andrés Alvarado Ramírez. All of legal age, married, attorneys, residents of San José, with the exceptions noted.

Drafted by Judge Olaso Álvarez; and, **WHEREAS:** **I.- BACKGROUND:** In his complaint, the plaintiff stated that he works for the Sistema Nacional de Áreas de Conservación-SINAC, and as part of his duties performs forest inspection work on rustic and hazardous lands (terrenos rústicos y peligrosos), surveillance, conservation, and security of the State's natural and environmental resources; furthermore, he performs duties related to the conservation of wild and marine flora and fauna; he exercises acts with "police authority" (autoridad de policía), exposed to risks and danger. He states that he was appointed as "Official of the State Forest Administration" (Funcionario de la Administración Forestal del Estado) and by law was vested with the status of "police authority" (autoridad de policía). Based on the foregoing, he requested that it be declared that the State has violated the plaintiff's labor rights, that it be ordered to pay him retroactively, the salary bonus for "occupational hazard" (peligrosidad salarial), as well as the indexed salary differences based on the amount of his salaries, together with the recognition of interest on the total amount recognized, from the start of his employment until the payment of the claim becomes effective. In addition, he petitioned for the differences in social security system contributions and both costs of the action. For their part, both the State's representation and that of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) answered the action in negative terms and raised the defense of lack of right, while the State Attorney's Office also raised the defense of lack of passive standing. The Labor Court of the II Judicial Circuit of San José, by judgment number 2022000863, of 14:14 hours of May 9, 2022, issued by Judge Maureen Jiménez Gómez, dismissed the complaint. It ruled without special award of costs.

**II.- APPELLANT'S ARGUMENTS:** The plaintiff's party is dissatisfied with the decision reached in the prior instance. He argues that while proven fact no. 2 stated that the plaintiff does not have a permit to carry weapons (carnet para portar armas), he does have one that identifies him as "police authority" (autoridad de policía), in accordance with the scope of the Ley Forestal No. 7575, the Ley de Conservación de Vida Silvestre No. 7317, and the Ley de Creación del Servicio de Parques Nacionales No. 6084. He argues that the appointment and oath-taking (juramentación) of the official performed by the Minister of the relevant branch gave the plaintiff "the investiture of Police Authority" (la investidura de Autoridad de Policía) ordered by section 13 of the former Ley Forestal, and Article 54 of the current Ley Forestal (No. 7575). He insists that beyond his duties, said regulation is what, in accordance with the principle of legality, grants him the status of "police authority" (autoridad de policía) and empowers him to act in defense of the interests of SINAC and the State in environmental protection. He adds - based on statements from various officials - that weapons are available for the exercise of their duties as State forest administrators. He states that he challenges the judgment because he believes it disregards the principle of legality (Article 11 of the Political Constitution and 11 of the General Law of Public Administration) and section 41 of the Political Constitution, by not adhering to the plaintiff's official appointment and Article 54 of the Ley Forestal (No. 7575). In his opinion, "the status of Police Authority can be defined as the public service provided by an official based on the principles of equality, impartiality, citizen control, and publicity through the deconcentration, delegation, and deconcentration of functions granted by law." He points out that in the plaintiff's case, his function is governed by the Ley Forestal and its Regulation, which are the laws that regulate the illicit conduct that the plaintiff must monitor, for the benefit of other persons and the State. He states that the judge only analyzed section 91 of the Ley General de Policía (No. 7410) which regulates police risk (riesgo policial) solely and exclusively for "police officers" (servidores policiales) and the "Reglamento para el pago del Riesgo Policial" (Decreto Ejecutivo No. 29597 of June 5, 2001) and disregarded the Ley Forestal. Furthermore, he reports that in his work, in addition to desk duties, he must perform field duties, which involve risks to his integrity, such as illegal logging, forest fires where he is exposed to burns and inhalation, seizures (decomisos), and organized crime, with aggressive and armed persons. He considers that these risks are similar to those faced by the Fuerza Pública. He argues that while the latter provide security to citizens, in the plaintiff's case, he safeguards natural resources, hence he also provides security to people, by protecting the water resources (recurso hídrico) and oxygen vital for their subsistence, and forest assets. He criticizes that the lower court (a quo) limited itself to what is understood by "police functions" (funciones policiales) according to Article 3 of the "Reglamento para el Pago de Riesgo Policial", but argues that said regulation provides "without prejudice to what is established in other higher-ranking regulatory provisions." And he argues that the plaintiff's status as a police authority was conferred upon him by law, hence he believes that under the protection of Article 41 of the Political Constitution, he may not belong to a "police force" (cuerpo policial), and still have rights in accordance with the Ley Forestal. He adds that in judgments No. 7104-2005 and No. 11141-2005 of the Constitutional Chamber, it was determined that the triggering factor for the police risk bonus (plus de riesgo policial) is not granted based on the administrative dependency to which the employee belongs, but rather on the duties performed. He believes that in the event that the duties performed involve any physical risk, the payment of the "hazard bonus" (plus por peligrosidad) equivalent to 18% of the base salary of each security officer is applicable. He reiterates that the claim he seeks is appropriate in light of Article 54 of the Ley Forestal, which establishes elements he believes are characteristic of police authority and that they face similar risks. He argues that SINAC was created by Decreto No. 22909-MIRENEM. He cites the Decreto, Articles 1 and 2 of the Biodiversity Law, section 22 of the Biodiversity Law, and section 10 of the Civil Code, and states that they contradict the decision of the judgment. Regarding the last article, he refers that the law granted the official of the State Forest Administration a status with "police authority" (autoridad de policía) character and it should be interpreted "according to the ordinary meaning of its words." He reiterates that in addition to office work, he performs field duties, assigned as auxiliary, in which he has police authority, regardless of whether or not he carries a weapon, since his authority emanates from the Law and not from the weapon. Finally, he cites Article 154 of the Political Constitution and requests that the provisions of section 54 of the Ley Forestal be applied, noting that it is a vested right (derecho adquirido) for the petitioner, protected under Article 70 subsection l) of the Labor Code. Based on the foregoing, he requests that the appeal be admitted, the appealed ruling be revoked, and the intended claims be recognized.

**III.- CASE ANALYSIS:** The appellant's disagreement centers on the fact that he considers the denial of payment for the police risk bonus (plus por riesgo policial) to be incorrect, believing it was applicable under the argument that the plaintiff is vested with "police authority status" (carácter de autoridad de policía) and performs dangerous duties, comparable to those of the officials of the Fuerza Pública. However, after analyzing the matter, this Chamber considers that he is not correct in his arguments. In the case under study, it was deemed proven and not rebutted, that the plaintiff works for the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) since August 1, 2000, and has held the following positions: Guarda Recursos Naturales-MINAE (August 1, 2000 to December 30, 2008), Profesional de Servicio Civil 1-A (January 1, 2009 to October 30, 2013), Profesional de Servicio Civil 1-A (October 31 to November 30, 2013) and Profesional de Servicio Civil 2 (December 1, 2013 to date), and it was recorded that he does not have a license to carry institutional firearms (carné para portar armas de fuego institucional) (proven fact no. 1 and 4). In this regard, it was recorded that he has performed the following duties: "from February 1, 2008 to September 11, 2011: attend workshops and meetings on forest fire control and prevention topics; coordinate with those in charge of the ACOPAC and SINAC forest fire control and prevention program everything related to program activities; formulate a computerized database related to program activities; supervise field work in preventive care and forest fire control; regarding Parque Nacional Carara: conduct periodic monitoring to identify possible risk zones, place informative, preventive, regulatory, and interpretive signs in strategic locations, collect information on fires or fire outbreaks (conatos), prepare quarterly reports related to the forest fire control and prevention program, prepare the forest fire combat and control strategy, maintain control over existing inventory and equipment needs of the forest control and prevention program. As of September 12, 2011 and until November 30, 2012, he is transferred to the ACOPAC Regional Headquarters Puriscal Subregional Office, to strengthen the Control and Protection Program, specifically in the field of addressing issues related to Vida Silvestre, to: coordinate the Vida Silvestre Program of the Puriscal Sub Regional Office, supervise mammal, butterfly, reptile, and amphibian breeding farms (zoocriaderos), follow up and supervise wild fauna species in administrative custody or permanent or temporary exhibition, carry out seizures (decomisos) of wild flora and fauna applying corresponding environmental laws, file complaints before the courts of justice applying environmental laws and follow up on them, attend and actively participate in monthly meetings with those in charge of the Wildlife Management Program of the Central Pacific Conservation Area; regarding the Puriscal Sub Regional Office: keep the Wildlife Program database in the area updated, participate in training conducted by the Wildlife Management Program of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, coordinate with other agencies such as Fuerza Pública, Municipal Police, NGOs and others, support for Vida Silvestre activities, conduct operations, patrols (patrullajes), complaint handling, and supervision aimed at the conservation of Vida Silvestre, prepare technical reports or file complaints in accordance with the daily actions of the Vida Silvestre Conservation program, prepare the budget required for the development of the Vida Silvestre conservation program activities; support the head of that office in the different activities required for the fulfillment of the objectives, maintain control over existing inventory and equipment needs. As of December 1, 2012 until August 31, 2015, he assumes the regional coordination of the Conservation Area's Vida Silvestre program, with the following duties in the Central Pacific Wildlife Conservation Area: plan and coordinate the Area's program activities, prepare schedules and monthly follow-up meetings with the budget plan, for adequate control of actions aimed at the program's objectives, prevent the illegal extraction of resources that make up the wildlife, coordinate support for the Area's program activities with other agencies, conduct visits to the respective institutions' offices, operations, patrols (patrullajes), complaint handling, and supervision aimed at the conservation of the Area's Vida Silvestre, to achieve greater effectiveness in the conservation work performed, evaluation and supervision of establishments, filing complaints, seizures (decomisos) of species, determine violations of environmental laws and current regulations, prepare technical reports or file complaints in accordance with the daily actions of the conservation program, draft the respective reports or complaints for acts contrary to current environmental legislation and follow up on them, coordinate actions with the competent authorities to comply with current legislation and regulations, related to the conservation and protection of wildlife, prepare the budget required for the development of the program activities, prepare the list of material and equipment needs for the program, adequately develop the activities scheduled in the PAT of the program, support the Territorial Regulation Management in the different activities required for the fulfillment of the Management's objectives, participating in the headship's own activities such as meetings, institutional coordination, training, internal control actions and others, to reform and update the acquired knowledge to fulfill assigned functions and tasks, execute other tasks related to their training and area of activity. As of September 1, 2015 to date (April 22, 2019), the plaintiff serves as Manager of the Conservation Area's Macroprocess for Prevention, Protection and Control, corresponding to him the development of the following sub-processes: fires, environmental damage assessment, forest disease pests, species monitoring, illegal logging, vulnerable species, invasive species (proven fact no. 2)." Now, in his action he sought the payment of the police risk incentive (incentivo de riesgo policial), which is regulated by section 95 of the Ley General de Policía, which establishes: "A police risk incentive (incentivo denominado riesgo policial) is created, consisting of a salary bonus equivalent to eighteen percent of the base salary; it shall correspond to all officials who perform police duties (funciones policiales) that involve risk to their physical integrity, regardless of their location in the administrative structure. The granting of this salary incentive must be substantiated, in each specific case, defining the reasons why the corresponding employee's duties fall within the defined hazard (peligrosidad) assumption" (as amended, according to the partial annulment made by resolution of the Constitutional Chamber number 12017 of August 16, 2006, and thus its numbering modified by Article 2 of the law Creación de la Dirección del Servicio de Vigilancia Aérea as a police body attached to the Ministry of Public Security, No. 10061 of November 15, 2021, which transferred it from former Article 91 to 95) (emphasis added). Furthermore, the sought incentive is governed by the provisions of the "Reglamento para el pago del riesgo policial" (Decreto Ejecutivo number 29597 of June 5, 2001), whose Article 1 establishes: "The salary bonus called 'Police Risk' (Riesgo Policial), is payable solely and exclusively to 'police officers' (servidores policiales), by virtue of the fulfillment of the 'police functions' (funciones policiales) that correspond to them due to the investiture, appointment, position, and post they hold, as members of the Fuerza Pública, and that in the performance of duties, some imminent risk to physical integrity is incurred, due to the hazard (peligrosidad) that the police function may entail. By substantiated resolution, it shall be reasoned in each specific case, what the circumstances of hazard (peligrosidad) consist of that involve some risk to the physical integrity of the officer, independently of their location within the administrative structure of the Ministry, being necessary to also verify the fulfillment of the assumptions detailed in this regulation." While Article 2, states: "It is understood by 'police officer' (servidor policial): The person appointed to a police position (puesto de plaza policial) in one of the police forces (cuerpos policiales) whose competence is provided for by Law, to serve the State in the exercise of the police function, for which they are vested with public authority, in accordance with the Political Constitution and the Law. Consequently, for a person to be a police officer, the concurrence of the following conditions must occur: a) Investiture granted by the President of the Republic and the Minister of the relevant branch through an Executive Agreement. b) Constitutional oath-taking (Juramentación constitucional) for the performance and exercise of the position of public authority. c) Appointment to a police position (puesto de plaza policial), in one of the Police Forces (Cuerpos Policiales) that make up the Fuerza Pública, whose competence is constituted by Law. The appointment must be in accordance with the Law, according to the requirements and procedures of recruitment, selection, and appointment established in the legislation that regulates the service relationship and the police function. d) Performing police duties (funciones policiales) properly speaking." (emphasis added). Then, section 3 of the same regulatory body indicates: "It is understood by 'police functions' (funciones policiales), without prejudice to what is established in other higher-ranking regulatory provisions, those that fall within the generic statements of: defense of national sovereignty, maintenance of public order, surveillance, and citizen security. It implies, then, the duties performed by an official vested with authority to guarantee: national security, the security of persons and property, physical integrity and respect for the rights and freedoms of citizens, the maintenance of order and public tranquility, the prevention and repression of crime, the execution of decisions from jurisdictional and administrative bodies; for which they have the investiture of public authority with powers to legitimately carry out: raids (allanamientos), seizures (decomisos), and arrests (detenciones), in accordance with the Political Constitution and the Law" (emphasis added). Hence, even though both Article 54 of the Ley Forestal, number 7575 of February 13, 1996, and sections 9 of the Ley del Servicio de Parques Nacionales, number 6084 of August 24, 1977; and 16 of the Ley de Conservación de Vida Silvestre, number 7317 of October 30, 1992, provide that the officials of SINAC shall have the "status" (carácter) of police authority, and the appellant argues that these provisions constitute laws that are above the mentioned Regulation, such rules are not sufficient for his claim to be upheld. Note that these clearly establish that this authority is limited to reporting and filing complaints (denunciar y reportar) before the competent authorities the respective infractions, meaning that their obligations are merely for collaboration and, therefore, different from those of the officers of the Fuerza Pública, who exercise police functions. Even Article 54 of the Ley Forestal itself, whose violation is alleged, stipulates: "The officials of the State Forest Administration (Administración Forestal del Estado) shall have the status of police authority (carácter de autoridad de policía), as such and in accordance with this law, they must report (denunciar) infractions committed to the competent authorities. Police authorities shall be obliged to collaborate with the officials of the State Forest Administration, whenever they require it to fully comply with the functions and duties that this law imposes on them. For the fulfillment of their powers, these officials, identified with their respective identification card (carné), shall have the right to travel through and conduct inspections on any rustic or industrial forest property (fundo rústico o industrial forestal), except in the dwelling houses located therein; as well as to seize (decomisar) illegally harvested or industrialized wood and other forest products and to confiscate (secuestrar), as a guarantee of a possible sanction, the equipment and machinery used in the illicit act. They shall also seize (decomisarán) the means of transport that serves as an instrument or facilitator for the commission of the crime, upon the prior drafting of the respective record. All of the foregoing must be placed at the order of the competent judicial authority, within a period no longer than three days." (emphasis added). For its part, Article 9 of the Ley del Servicio de Parques Nacionales, number 6084 of August 24, 1977, provides: "Whoever contravenes the provisions of article eight, shall be immediately expelled from the National Park and placed at the order of the corresponding judicial authorities, by the employees of the National Parks Service, who for that purpose shall have the status of police authorities (carácter de autoridades de policía)" (emphasis added). While section 16 of the Ley de Conservación de Vida Silvestre, number 7317 of October 30, 1992, stipulates: "For the faithful fulfillment of the obligations established in this law, the wildlife inspectors, the forest inspectors, the park rangers (guardaparques) and officials of SINAC duly accredited for those purposes and in the performance of their duties are empowered to arrest (detener), travel through, enter and conduct inspections, within any farm and vessel, as well as in the industrial and commercial facilities involved, as well as to seize (decomisar) the organisms, parts, products, and derivatives of wildlife, together with the equipment used in the commission of a crime or activity prohibited by this law. / In the case of private domiciles, the permission of the competent judicial authority or the owner must be obtained" (emphasis added). Due to the foregoing, it is not possible to equate the duties of the plaintiff -regulated in the norms previously analyzed- with those of the persons who make up the police forces (cuerpos policiales), since the degree of danger (peligrosidad) between the exercise of the positions is not the same. Particularly, when the plaintiff himself acknowledges that he performs administrative and field work, and that only in the latter case does he perform tasks he classifies as dangerous. On the contrary, police personnel must, as part of their ordinary duties, guarantee the national security of persons and property; ensure respect for the rights and freedoms of all persons, maintaining public order and tranquility; prevent and repress crime and execute the decisions of the jurisdictional and administrative bodies. Thus, it is clear that the members of the police forces are more exposed to dangerous situations that threaten their physical integrity, derived from the duties performed. Furthermore, the legislation is clear in determining that the payment of the bonus (plus) is applicable only when the worker, a member of a police force with legal competence, carries out police duties that put their physical integrity or life at risk, a situation in which the plaintiff is not. Consequently, although there is no doubt that the petitioner faces danger in the execution of some of his duties, which in many aspects may resemble those of the police of the Fuerza Pública, this circumstance is not sufficient to conclude that he holds the investiture of a police officer or to determine that his duties are police duties, as defined by the Constitutional Chamber in ruling number 4368-2003. Therefore, the majority of this Chamber finds no grounds to alter the appealed ruling and, consequently, considers that it must be upheld (similarly, rulings No. 00825 - 2022, 02303 - 2023, 02569 - 2023, 02170 - 2024).

**IV.- FINAL CONSIDERATION.** As a corollary to the foregoing, the filed cassation appeal must be denied.

**V.- DISSENTING VOTE OF JUDGES VARELA ARAYA AND MONTERO MORALES.** The undersigned judges dissent from the majority vote for the following reasons. There are laws that regulate several of the police tasks carried out by the officials of SINAC and even recognize their status as police authorities: **A)** Ley Forestal, No. 7575 of February 13, 1996, Article 54: "The officials of the State Forest Administration shall have the status of police authority, as such and in accordance with this law, they must report infractions committed to the competent authorities. Police authorities shall be obliged to collaborate with the officials of the State Forest Administration, whenever they require it to fully comply with the functions and duties that this law imposes on them. For the fulfillment of their powers, these officials, identified with their respective identification card, shall have the right to travel through and conduct inspections on any rustic or industrial forest property, except in the dwelling houses located therein; as well as to seize illegally harvested or industrialized wood and other forest products and to confiscate, as a guarantee of a possible sanction, the equipment and machinery used in the illicit act. They shall also seize the means of transport that serves as an instrument or facilitator for the commission of the crime, upon the prior drafting of the respective record. All of the foregoing must be placed at the order of the competent judicial authority, within a period no longer than three days." **B)** Ley del Servicio de Parques Nacionales, No. 6084 of August 24, 1977, in its sections 8 and 9 which, what is of interest for resolving this case, in order, indicate: "...2) Hunting or capturing wild animals, collecting or extracting any of their products or remains... 8) Carrying firearms, harpoons or any other instrument that can be used for hunting... 11) Causing any type of environmental pollution. 12) Extracting stones, sand, gravel or similar products..." "ARTICLE 9°. - Whoever contravenes the provisions of article eight, shall be immediately expelled from the National Park and placed at the order of the corresponding judicial authorities, by the employees of the National Parks Service, who for that purpose shall have the status of police authorities." (The emphasis is added by the drafter). **C)** Ley de Conservación de Vida Silvestre, No. 7317 of October 30, 1992, mandate 16: "For the faithful fulfillment of the obligations established in this law, the wildlife inspectors, the forest inspectors, the park rangers and officials of SINAC duly accredited for those purposes and in the performance of their duties are empowered to arrest, travel through, enter and conduct inspections, within any farm and vessel, as well as in the industrial and commercial facilities involved, as well as to seize the organisms, parts, products, and derivatives of wildlife, together with the equipment used in the commission of a crime or activity prohibited by this law. In the case of private domiciles, the permission of the competent judicial authority or the owner must be obtained" (The highlights are original). From the above it is inferred, with clear clarity, that these personnel perform police tasks, such as arresting, inspecting, seizing (decomisar), evicting, patrolling, and attending to complaints, for which they have the status of police authority, thereby exposing themselves, for that fact alone, to risks to their physical integrity, so that, even if their position is not classified as a police one, this does not exclude them from the risks indicated above, as they must confront persons who, while performing their tasks, are caught committing a crime, for incurring one of the conducts classified by law as criminal. That fact alone, plus the competence and obligation to arrest them when caught in the commission of the crime; together with the seizure (decomiso) of forest products, wildlife, among others, are -in the specific case of the plaintiff- dangerous in nature, which makes the exposure to danger they face evident.

Thus, this is a case of analysis of the legal reality, because the laws under which their work is governed, by themselves, place the male and female officials of SINAC in a condition of risk, such that they must not be treated unequally in relation to those appointed to police posts. We consider that, although Article 95 of the Ley General de Policía had as its intended recipients of the police risk supplement (complemento por riesgo policial) those male and female officials who perform police functions and that these entail a risk to their physical integrity, the requirement of constant or permanent exposure to risk must be taken into consideration. In our judgment, the work of the personnel charged with monitoring protected areas and wildlife is so risky that there exists a legislative initiative, expediente number 16626, called "Ley de Justicia Salarial para los Guardaparques del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y Operativización del Fideicomiso de Áreas Silvestres Protegidas", because it considers that police risk (riesgo policial) means that danger to which the male or female official who works in prevention, control, and protection of natural resources, in the category of police authority, of the Ministerio de Ambiente y Energía is exposed. Although it is only a bill and for that very reason is not binding on whoever judges in these cases, it is true that this initiative captures and seeks to safeguard a reality of risk, such as that to which the park rangers are exposed due to the nature of their duties. In the decision of the matter, it is not determinative that the plaintiff's post is not within the police category, because that does not exempt him from the risks that the rules governing him impose and classify as police due to the functions he must perform. For those reasons, we consider the claim to the demanded supplement (plus) to be proper, if in his post as Civil Service Technician (Técnico de Servicio Civil) of the defendant, he faces the same risks —and even greater ones— than the police of other police forces that exist in our system. Consequently, he must be granted the police risk supplement (plus por riesgo policial), based on the principle of salary equality, which has constitutional rank. Consequently, we grant the appeal filed by the plaintiff, annul the contested judgment, and, in its stead, partially grant what was sought in the complaint, ordering SINAC to pay the plaintiff the police risk supplement (plus por riesgo policial) retroactively and into the future, together with the recognition of legal interest and the adjustment in the payment of contributions to pension funds. Moreover, because we consider that it is a debatable issue as to the right that assists the male or female officials of SINAC to receive the supplement for the risk they face in the exercise of the legal duties inherent in their post, the matter is resolved without special condemnation in costs (costas) of the proceeding (in similar sense, Voto no. 2022-000825 and no. 2023-02569).

POR TANTO:

The appeal in cassation is declared without merit. Magistradas Varela Araya and Montero Morales dissent and resolve in these terms: they declare the appeal filed by the plaintiff with merit, annul the contested judgment, and grant the complaint; they order the Sistema Nacional de Áreas de Conservación to pay the plaintiff, retroactively, the police risk salary supplement (sobresueldo de riesgo policial), from the effective date of the Law that created the salary supplement, which dates from March fifteenth, two thousand one, together with legal interest and the differences in pension funds. They resolve this matter without special condemnation in costs.

Res: 2025003627 MARMIJO/RDGU  LUIS PORFIRIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ - PRESIDENT/A  RAFAEL ANTONIO ORTEGA TELLERIA - MAGISTRADO/A  ANA PATRICIA MONTERO MORALES - MAGISTRADO/A  JORGE ENRIQUE OLASO ÁLVAREZ - MAGISTRADO/A  JULIA VARELA ARAYA - MAGISTRADO/A 1

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Sala Segunda de la Corte Clase de asunto: Ordinario Sector Público Empleo Público Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Sentencia con Voto Salvado Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente  Corte Suprema de Justicia SALA SEGUNDA Res: 2025-003627 SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas veinte minutos del veintitrés de octubre de dos mil veinticinco.

Proceso ordinario establecido ante el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, por [Nombre 001], empleado público; contra el SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN, representado por su director Rafael Gutiérrez Rojas, soltero, geógrafo y vecino de Heredia, y contra el ESTADO, representado por su procuradora adjunta, la licenciada Kathya Vanessa Vega Sancho, divorciada. Actúan como apoderados especiales judiciales: del actor, el licenciado Fernando Monge Hernández, y del SINAC, el licenciado Andrés Alvarado Ramírez. Todos mayores, casados, abogados, vecinos de San José, con las excepciones indicadas.

Redacta el Magistrado Olaso Álvarez; y,

CONSIDERANDO:

I.- ANTECEDENTES: En su demanda, el actor indicó que labora para el Sistema Nacional de Áreas de Conservación-SINAC, y como parte de sus funciones realiza labores de inspección forestal en terrenos rústicos y peligrosos, vigilancia, conservación, seguridad de los recursos naturales y ambientales del Estado; además, se desempeña en funciones de conservación de la flora y fauna silvestre y marítima; ejerce actos con “autoridad de policía”, expuesto a riesgos y a peligrosidad. Manifiesta que fue nombrado como “Funcionario de la Administración Forestal del Estado” y por ley fue investido con el carácter de “autoridad de policía”. Con base en lo anterior, solicitó que se declare que el Estado ha violentado los derechos laborales del actor, que se le condene a pagarle retroactivamente, el plus salarial por “peligrosidad salarial”, así como las diferencias salariales indexadas al monto de sus salarios, conjuntamente con el reconocimiento de intereses por el monto total reconocido, desde el inicio de sus labores hasta cuando se haga efectivo el pago del reclamo. Además, peticionó las diferencias en las cuotas del sistema de seguridad social y ambas costas de la acción. Por su parte, tanto la representación del Estado como la del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) contestaron en términos negativos la acción y opusieron la excepción de falta de derecho, mientras la Procuraduría interpuso además, la excepción de falta de legitimación pasiva. El Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial de San José, mediante sentencia número 2022000863, de las 14:14 horas del 9 de mayo de 2022, dictada por la jueza Maureen Jiménez Gómez, declaró sin lugar la demanda. Resolvió sin especial condenatoria en costas.

II.- AGRAVIOS: La parte actora se encuentra inconforme con lo resuelto en la instancia precedente. Alega que si bien en el hecho probado no. 2, se consignó que el actor no cuenta con un carnet para portar armas, sí cuenta con uno que lo identifica como “autoridad de policía”, conforme a los alcances de la Ley Forestal no.7575, la Ley de Conservación de Vida Silvestre no. 7317 y la Ley de Creación del Servicio de Parques Nacionales no. 6084. Alega que el nombramiento y juramentación del funcionario que hizo el Ministro del ramo, le dio al actor “la investidura de Autoridad de Policía” ordenado por el ordinal 13 de la Ley Forestal anterior, y el artículo 54 de la Ley Forestal vigente (no. 7575). Insiste que más allá de sus funciones, dicha norma es la que conforme al principio de legalidad, le otorga el rango de “autoridad de policía” y lo faculta a actuar en defensa de los intereses del SINAC y del Estado en la protección del medio ambiente. Agrega -en base a manifestaciones de distintos funcionarios- que se cuenta con armas para el ejercicio de sus funciones como administradores forestales del Estado. Manifiesta que impugna la sentencia por cuanto estima que desconoce el principio de legalidad (artículo 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública) y el ordinal 41 de la Constitución Política, al no ajustarse al nombramiento oficial del actor y al artículo 54 de la Ley Forestal (no. 7575). En su criterio, “el carácter de Autoridad de Policía puede definirse como el servicio público que presta un funcionario con fundamento en los principios de igualdad, imparcialidad, control ciudadano y publicidad mediante la desconcentración, la delegación y la desconcentración de funciones otorgadas por ley”. Señala que en el caso del actor su función se rige por la Ley Forestal y su Reglamento, que son las leyes que regulan las conductas ilícitas que debe vigilar el actor, en beneficio de otras personas y del Estado. Afirma que la juzgadora únicamente analizó el ordinal 91 de la Ley General de Policía (no. 7410) que regula el riesgo policial única y exclusivamente para “servidores policiales” y el “Reglamento para el pago del Riesgo Policial” (Decreto Ejecutivo no. 29597 del 5 de junio de 2001) e inobservó la Ley Forestal. Más aún, informa que en sus labores, además de tareas de escritorio, debe realizar funciones de campo, que implican riesgos para su integridad, como la tala ilegal, los incendios forestales en los que está expuesto a quemaduras e inhalaciones, los decomisos y la delincuencia organizada, con personas agresivas y armadas. Considera que estos riesgos son similares a los que enfrenta Fuerza Pública. Alega que si bien estos últimos le brindan seguridad a los ciudadanos, en el caso del actor vela por los recursos naturales, de ahí que también le brinde seguridad a las personas, al proteger el recurso hídrico y oxígeno vital para su subsistencia, y los bienes forestales. Reprocha que la a quo se circunscribió a lo que se entiende por “funciones policiales” según el artículo 3 del “Reglamento para el Pago de Riesgo Policial”, pero aduce que esa norma dispone “sin perjuicio de lo que se establezca en otras disposiciones normativas de rango superior”. Y alega que el carácter de autoridad de policía del actor le fue conferido por una ley, de ahí que estima que al amparo del artículo 41 de la Constitución Política, puede no pertenecer a un “cuerpo policial”, y aún tener derechos conforme a la Ley Forestal. Agrega que en las sentencias no. 7104-2005 y no. 11141-2005 de la Sala Constitucional, se determinó que el hecho generador del plus de riesgo policial no es otorgado en función de la dependencia administrativa a la que pertenece la persona funcionaria, sino por las labores que realiza. Estima que en caso de que las tareas que realiza lleven aparejadas algún riesgo físico, procede el pago de del “plus por peligrosidad” equivalente al 18% del salario base de cada oficial de seguridad. Reitera que el reclamo que pretende es procedente en atención al artículo 54 de la Ley Forestal, que establece elementos que estima son propios de la autoridad policial y que corren riesgos similares. Alega que el SINAC fue creado mediante Decreto no. 22909-MIRENEM. Cita el Decreto, los artículos 1 y 2 de la Ley de Biodiversidad, el ordinal 22 de la Ley de Biodiversidad y el 10 del Código Civil, y manifiesta que contrarían la decisión de la sentencia. En relación con el último artículo refiere que la ley le otorgó al funcionario de la Administración Forestal del Estado, un rango con carácter de “autoridad policial” y así debe ser interpretado “según el sentido propio de sus palabras”. Reitera que además de las labores en la oficina, realiza funciones de campo, asignadas como auxiliares, en las que tiene autoridad de policía, independientemente si porta o no un arma, ya que su autoridad emana de la Ley y no del arma. Finalmente, cita el artículo 154 de la Constitución Política y solicita que se aplique lo establecido en el ordinal 54 de la Ley Forestal, señalando que es un derecho adquirido por el promovente, amparado en el artículo 70 inciso l) del Código de Trabajo. Con fundamento en lo anterior, pide que se admita el recurso, se revoque el pronunciamiento recurrido y se reconozcan los extremos pretendidos.

III.- ANÁLISIS DEL CASO: La disconformidad del recurrente se centra en que considera incorrecta la denegatoria al pago del plus por riesgo policial, al estimar que resultaba procedente bajo el argumento de que el actor está investido con “carácter de autoridad de policía” y cumple funciones riesgosas, equiparables a las de los funcionarios y de las funcionarias de la Fuerza Pública. No obstante, tras analizar el asunto, esta Sala considera que no lleva razón en sus argumentos. En el caso bajo estudio, se tuvo por demostrado y no fue rebatido, que el actor trabaja para el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) desde el 1 de agosto de 2000, y se ha desempeñado en los siguientes puestos: Guarda Recursos Naturales-MINAE (01 de agosto de 2000 al 30 de diciembre de 2008), Profesional de Servicio Civil 1-A (del 01 de enero de 2009 al 30 de octubre de 2013), Profesional de Servicio Civil 1-A (del 31 de octubre al 30 de noviembre de 2013) y Profesional de Servicio Civil 2 (del 01 de diciembre de 2013 a la fecha), y se hizo constar que no cuenta con carné para portar armas de fuego institucional (hecho probado no. 1 y 4). En este sentido, se consignó que ha realizado las siguientes funciones: “del 01 de febrero de 2008 hasta el 11 de setiembre de 2011: asistir a talleres y reuniones sobre temas de control y prevención de incendios forestales; coordinar con las personas a cargo del programa de control y prevención de incendios forestales del ACOPAC y del SINAC, todo lo relacionado con las actividades del programa; formular una base de datos computarizada relacionada con las actividades del programa; supervisar las labores de campo en atención preventiva y control de incendios forestales; respecto del Parque Nacional Carara: realizar monitoreos periódicos para identificar posibles zonas de riesgo, colocar rótulos informativos, preventivos, regulativos e interpretativos en lugares estratégicos, recopilar información de incendios o conatos, elaborar informes trimestrales relacionados con el programa de control y prevención de incendios forestales, elaborar la estrategia de combate y control de incendios forestales, mantener el control sobre inventario en existencia y necesidades de equipo del programa de control y prevención forestal. A partir del 12 de setiembre de 2011 y hasta el 30 de noviembre de 2012, se traslada a la Sede Regional de ACOPAC Oficina Subregional de Puriscal, a fortalecer el Programa de Control y Protección, específicamente en el campo de la atención de asuntos relacionados con Vida Silvestre, para: coordinar el Programa de Vida Silvestre de la Oficina Sub Regional de Puriscal, supervisar zoocriaderos de mamíferos, mariposas, reptiles y anfibios, dar seguimiento y supervisión a especies de fauna silvestre en custodia administrativa o exhibición permanente o temporal, realizar decomisos de flora y fauna silvestre aplicando leyes ambientales correspondientes, interponer denuncias ante los tribunales de justicia aplicando leyes ambientales y darles seguimiento, asistir y participar activamente en las reuniones mensuales con encargados del Programa de Manejo de Vida Silvestre del Área de Conservación Pacífico Central; respecto a la Oficina Sub Regional de Puriscal: mantener actualizada la base de datos del Programa Vida Silvestre en el área, participar en capacitaciones realizadas por el Programa de Manejo de Vida Silvestre del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, coordinar con otras dependencias como Fuerza Pública, Policía Municipal, ONGs y otros, apoyo a las actividades de Vida Silvestre, realizar operativos, patrullajes, atención de denuncias y supervisión orientadas a la conservación de la Vida Silvestre, elaborar informes técnicos o interposición de denuncias de acuerdo con las acciones diarias del programa de Conservación de la Vida Silvestre, preparar el presupuesto requerido para el desarrollo de las actividades del programa de conservación de la Vida Silvestre; apoyar a la jefatura de esa oficina en las diferentes actividades requeridas para el cumplimiento de los objetivos, mantener el control sobre el inventario en existencia y necesidades de equipo. A partir del 01 de diciembre de 2012 hasta el 31 de agosto de 2015, asume la coordinación regional del programa de Vida Silvestre del Área de Conservación, con las siguientes labores en el Área de Conservación de Vida Silvestre Pacífico Central: planear y coordinar las actividades del programa del Área, elaborar las programaciones y reuniones mensuales en seguimiento con el plan presupuesto, para control adecuado de las acciones orientadas a los objetivos del programa, evitar la extracción ilegal de los recursos que conforman la vida silvestre, coordinar con otras dependencias el apoyo a las actividades del programa del Área, realizar visitas a las oficinas de las instituciones respectivas, operativos, patrullajes, atención de denuncias y supervisión orientadas a la conservación de la Vida Silvestre del Área, para lograr una mayor efectividad en las labores realizadas de conservación, evaluación y supervisión de establecimientos, interposición de denuncias, decomisos de especies, determinar infracciones a las leyes ambientales y reglamentos vigentes, elaborar informes técnicos o interposición de denuncias de acuerdo con las acciones diarias del programa de conservación, redactar los informes o denuncias respectivas por actos contrarios a la legislación ambiental vigente y darles seguimiento, coordinar acciones con las autoridades competentes para cumplir la legislación y reglamentos vigentes, afines con la conservación y protección de la vida silvestre, preparar el presupuesto requerido para el desarrollo de las actividades del programa, elaborar la lista de necesidades de materiales y equipo para el programa, desarrollar adecuadamente las actividades programadas en el PAT del programa, apoyar a la Gerencia de Regulación del Territorio en las diferentes actividades requeridas para el cumplimiento de los objetivos de la Gerencia, participando en actividades propias de la jefatura como reuniones, coordinación institucional, capacitaciones, acciones de control interno y otros, para reformar y actualizar los conocimientos adquiridos para cumplir con funciones y tareas asignadas, ejecutar otras tareas relacionadas con su formación y área de actividad. A partir del 01 de septiembre de 2015 hasta la fecha (22 de abril de 2019), el actor se desempeña como Gerente del Macroproceso Prevención, Protección y Control del Área de Conservación, correspondiéndole el desarrollo de los siguientes subprocesos: fuegos, valoración del daño ambiental, plagas de enfermedades forestales, monitoreo de especies, tala ilegal, especies vulnerables, especies invasoras (hecho probado no. 2)”. Ahora bien, en su acción pretendió el pago del incentivo de riesgo policial, el cual se encuentra regulado por el numeral 95 de la Ley General de Policía, que establece: “Créase un incentivo denominado riesgo policial, el cual consiste en un plus salarial equivalente a un dieciocho por ciento del salario base; corresponderá a todos los funcionarios que desarrollen funciones policiales que impliquen riesgo a su integridad física, independientemente de la ubicación en la estructura administrativa. El otorgamiento de este incentivo salarial deberá fundamentarse, en cada caso concreto, definiendo las razones por las cuales las funciones del empleado correspondiente encuadran dentro del supuesto de peligrosidad definido” (así reformado, según la anulación parcial hecha por resolución de la Sala Constitucional número 12017 del 16 de agosto de 2006, y así modificada su numeración por el artículo 2° de la ley Creación de la Dirección del Servicio de Vigilancia Aérea como cuerpo policial adscrito al Ministerio de Seguridad Pública, N° 10061 del 15 de noviembre del 2021, que lo traspasó del antiguo artículo 91 al 95) (énfasis agregado). Además, el incentivo pretendido se rige por lo dispuesto en el “Reglamento para el pago del riesgo policial” (Decreto Ejecutivo número 29597 del 5 de junio de 2001), cuyo artículo 1 establece: “El plus salarial denominado "Riesgo Policial", es pagadero única y exclusivamente a los "servidores policiales", en virtud del cumplimiento de las "funciones policiales" que les corresponde en razón de la investidura, nombramiento, puesto y cargo que ostentan, como miembros de la Fuerza Pública, y que en el desempeño de funciones se corra algún riesgo inminente para la integridad física, en razón de la peligrosidad que la función policial pueda significar. Mediante resolución fundada, se razonará en cada caso concreto, en qué consisten las circunstancias de peligrosidad que impliquen algún riesgo para la integridad física del servidor, independientemente de su ubicación dentro de la estructura administrativa del Ministerio, debiéndose constatar, además, el cumplimiento de los supuestos que se detallan en el presente reglamento”. Mientras que el artículo 2, señala: “Se entiende por "servidor policial": La persona nombrada en un puesto de plaza policial de alguno de los cuerpos policiales cuya competencia esté prevista por Ley, para servir al Estado en el ejercicio de la función policial, para lo cual es investido de autoridad pública, de conformidad con la Constitución Política y la Ley. Por consiguiente, para que una persona sea servidor policial, debe darse el concurso de las siguientes condiciones: a) Investidura otorgada por el Presidente de la República y el Ministro del ramo mediante Acuerdo Ejecutivo. b) Juramentación constitucional para el desempeño y ejercicio del cargo de autoridad pública. c) Nombramiento en puesto de plaza policial, en alguno de los Cuerpos Policiales que conforman la Fuerza Pública, cuya competencia esté constituida por Ley. El nombramiento debe estar conformado a Derecho, según los requisitos y procedimientos de reclutamiento, selección y nombramiento establecidos en la legislación que regula la relación de servicio y la función policial. d) Desempeñar funciones policiales propiamente dichas”. (énfasis agregado). Luego, el ordinal 3 del mismo cuerpo normativo indica: “Se entiende por ‘funciones policiales’, sin perjuicio de lo que se establezca en otras disposiciones normativas de rango superior, aquellas que se comprenden dentro de los enunciados genéricos de: defensa de la soberanía nacional, mantenimiento del orden público, vigilancia y seguridad ciudadana. Se implican entonces, las funciones que realiza un funcionario investido de autoridad para garantizar: la seguridad nacional, la seguridad de las personas y de los bienes, la integridad física y el respeto de los derechos y libertades de los ciudadanos, el mantenimiento del orden y la tranquilidad pública, la prevención y represión de la delincuencia, la ejecución de las decisiones de los órganos jurisdiccionales y administrativos; para lo cual cuenta con investidura de autoridad pública con atribuciones para realizar legítimamente: allanamientos, decomisos y detenciones, con arreglo en la Constitución Política y la Ley” (énfasis agregado). De ahí que si bien, tanto el artículo 54 de la Ley Forestal, número 7575 del 13 de febrero de 1996, como los ordinales 9, de la Ley del Servicio de Parques Nacionales, número 6084 del 24 de agosto de 1977; y 16, de la Ley de Conservación de Vida Silvestre, número 7317 del 30 de octubre de 1992, disponen que las personas funcionarias del SINAC tendrán “carácter” de autoridad policial, y el recurrente alega que dichas disposiciones constituyen leyes que están por encima del Reglamento mencionado, tales normas no resultan suficientes para que su pretensión resulte procedente. Nótese, que las mismas establecen con claridad que esa autoridad se limita a denunciar y reportar ante las autoridades competentes las respectivas infracciones, es decir, que sus obligaciones son de mera colaboración y, por ende, distintas a las de las personas servidoras de la Fuerza Pública, quienes ejercen funciones policiales. Incluso el propio artículo 54 de la Ley Forestal, cuya violación se acusa, estipula: “Los funcionarios de la Administración Forestal del Estado tendrán carácter de autoridad de policía, como tales y de acuerdo con la presente ley, deberán denunciar ante las autoridades competentes las infracciones cometidas. Las autoridades de policía estarán obligadas a colaborar con los funcionarios de la Administración Forestal del Estado, cada vez que ellos lo requieran para cumplir, cabalmente, con las funciones y los deberes que esta ley les impone Para el cumplimiento de sus atribuciones, estos funcionarios, identificados con su respectivo carné, tendrán derecho a transitar y a practicar inspecciones en cualquier fundo rústico o industrial forestal, excepto en las casas de habitación ubicadas en él; así como decomisar la madera y los demás productos forestales aprovechados o industrializados ilícitamente y secuestrar, en garantía de una eventual sanción, el equipo y la maquinaria usados en el acto ilícito. También, decomisarán el medio de transporte que sirva como instrumento o facilitador para la comisión del delito, previo levantamiento del acta respectiva. Todo lo anterior deberá ponerse a la orden de la autoridad judicial competente, en un plazo no mayor de tres días.” (énfasis agregados). Por su parte, el artículo 9 de la Ley del Servicio de Parques Nacionales, número 6084 del 24 de agosto de 1977, dispone: “Quien contraviniera lo dispuesto en el artículo ocho, será expulsado inmediatamente del Parque Nacional y puesto a la orden de las autoridades judiciales correspondientes, por los empleados del Servicio de Parques Nacionales, quienes para ese efecto tendrán el carácter de autoridades de policía” (énfasis agregado). Mientras que el ordinal 16 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre, número 7317 del 30 de octubre de 1992, en el estipula: “Para el fiel cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley, los inspectores de vida silvestre, los inspectores forestales, los guardaparques y funcionarios del Sinac debidamente acreditados para esos fines y en el desempeño de sus funciones están facultados para detener, transitar, entrar y practicar inspecciones, dentro de cualquier finca y embarcación, lo mismo que en las instalaciones industriales y comerciales involucradas, así como para decomisar los organismos, las partes, los productos y los derivados de vida silvestre, junto con el equipo utilizado en la comisión de un delito o actividad prohibida por esta ley. / En el caso de los domicilios privados se deberá contar con el permiso de la autoridad judicial competente o del propietario” (énfasis agregado). Debido a lo expuesto, no es posible equiparar las funciones del accionante -reguladas en las normas anteriormente analizadas-, con las de las personas que integran los cuerpos policiales, pues el grado de peligrosidad entre el ejercicio de los cargos no es el mismo. En particular, cuando el mismo actor reconoce que realiza labores administrativas y de campo, y que sólo en último caso es que realiza tareas que califica de peligrosas. Por el contrario, el personal policial debe, como parte de sus funciones ordinarias, garantizar la seguridad nacional de las personas y de los bienes; velar por el respeto de los derechos y libertades de todas las personas, manteniendo el orden y la tranquilidad pública; prevenir y reprimir la delincuencia y ejecutar las decisiones de los órganos jurisdiccionales y administrativos. De ahí que resulta claro que los miembros de los cuerpos policiales están mayormente expuestos a situaciones de peligro que atentan contra su integridad física, derivadas de las funciones ejecutadas. Además, la legislación es clara en cuanto determina que el pago del plus procede solamente cuando la persona trabajadora, miembro de un cuerpo policial con competencia legal, lleve a cabo funciones policiales que pongan en riesgo su integridad física o su vida, situación en la que no se encuentra el demandante. En consecuencia, aunque no hay duda de que el promovente corre peligro en la ejecución de algunas de sus labores, las que, en muchos aspectos, pueden guardar semejanza con las de los policías de la Fuerza Pública, esa circunstancia no es suficiente para concluir que ostenta la investidura de un servidor de policía o para determinar que sus funciones son policiales, según la definición dada por la Sala Constitucional en el voto número 4368-2003. Por ende, la mayoría de esta Sala no observa motivos para variar el pronunciamiento recurrido y, en consecuencia, considera que debe mantenerse (en similar sentido, votos no. 00825 - 2022, 02303 - 2023, 02569 - 2023, 02170 - 2024).

IV.- CONSIDERACIÓN FINAL. Como corolario de lo expuesto, se debe denegar el recurso de casación presentado.

V.- VOTO SALVADO DE LAS MAGISTRADAS VARELA ARAYA Y MONTERO MORALES. Las suscritas magistradas disienten del voto de mayoría por las siguientes razones. Existen leyes que regulan varias de las tareas policiales que ejercen los y las funcionarias del SINAC e incluso les reconocen el carácter de autoridades de policía: A) Ley Forestal, n.° 7575 del 13 de febrero de 1996, artículo 54: “Los funcionarios de la Administración Forestal del Estado tendrán carácter de autoridad de policía, como tales y de acuerdo con la presente ley, deberán denunciar ante las autoridades competentes las infracciones cometidas. Las autoridades de policía estarán obligadas a colaborar con los funcionarios de la Administración Forestal del Estado, cada vez que ellos lo requieran para cumplir, cabalmente, con las funciones y los deberes que esta ley les impone. Para el cumplimiento de sus atribuciones, estos funcionarios, identificados con su respectivo carné, tendrán derecho a transitar y a practicar inspecciones en cualquier fundo rústico o industrial forestal, excepto en las casas de habitación ubicadas en él; así como decomisar la madera y los demás productos forestales aprovechados o industrializados ilícitamente y secuestrar, en garantía de una eventual sanción, el equipo y la maquinaria usados en el acto ilícito. También, decomisarán el medio de transporte que sirva como instrumento o facilitador para la comisión del delito, previo levantamiento del acta respectiva. Todo lo anterior deberá ponerse a la orden de la autoridad judicial competente, en un plazo no mayor de tres días”. B) Ley del Servicio de Parques Nacionales, n.°6084 del 24 de agosto de 1977, en sus ordinales 8 y 9 que, en lo de interés para resolver este caso, por su orden, indican: "...2) Cazar o capturar animales silvestres, recolectar o extraer cualquiera de sus productos o despojos... 8) Portar armas de fuego, arpones o cualquier otro instrumento que pueda ser usado para cacería... 11) Provocar cualquier tipo de contaminación ambiental. 12) Extraer piedras, arenas, grava o productos semejantes..."“ARTÍCULO 9°. - Quien contraviniera lo dispuesto en el artículo ocho, será expulsado inmediatamente del Parque Nacional y puesto a la orden de las autoridades judiciales correspondientes, por los empleados del Servicio de Parques Nacionales, quienes para ese efecto tendrán el carácter de autoridades de policía”. (El destacado se agrega por quien redacta). C) Ley de Conservación de Vida Silvestre, n.° 7317 del 30 de octubre de 1992, mandato 16: “Para el fiel cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley, los inspectores de vida silvestre, los inspectores forestales, los guardaparques y funcionarios del SINAC debidamente acreditados para esos fines y en el desempeño de sus funciones están facultados para detener, transitar, entrar y practicar inspecciones, dentro de cualquier finca y embarcación, lo mismo que en las instalaciones industriales y comerciales involucradas, así como para decomisar los organismos, las partes, los productos y los derivados de vida silvestre, junto con el equipo utilizado en la comisión de un delito o actividad prohibida por esta ley. En el caso de los domicilios privados se deberá contar con el permiso de la autoridad judicial competente o del propietario” (Los resaltados son propios). De lo anterior se infiere, con meridiana claridad, que este personal cumple labores policiales, tales como detener, inspeccionar, decomisar, desalojar, patrullar y atender denuncias, para las que tiene el carácter de autoridad de policía, exponiéndose, por ese solo hecho, a riesgos para su integridad física, por lo que, aunque su puesto no esté catalogado como de policía, ello no los excluye de los riesgos antes señalados, en tanto deben enfrentar a personas que dentro del cumplimiento de sus tareas sean sorprendidos delinquiendo, por incurrir en alguna de las conductas tipificadas por la ley, como delictivas. Ese solo hecho, más la competencia y obligación de detenerles cuando sean sorprendidos en la comisión del delito; conjuntamente con el decomiso de los productos forestales, vida silvestre, entre otros, son -en el caso específico del actor- de carácter peligroso, lo que vuelve evidente la exposición al peligro que enfrentan. Así que, este es un caso de análisis de la realidad legal, pues las leyes bajo las que su trabajo se rige, por sí solas ponen a los funcionarios y funcionarias del SINAC en condición de riesgo, de manera que no deben ser tratados en forma desigual con relación a los que están nombrados en puestos de policía. Estimamos que, si bien el artículo 95 de la Ley General de Policía tuvo como destinatarios del complemento por riesgo policial, a los funcionarios y a las funcionarias que desarrollen funciones policiales y que estas supongan un riesgo para su integridad física, debe tomarse en consideración el requisito de la exposición constante o permanente al riesgo. A nuestro juicio, tan riesgoso es el trabajo del personal encargado de vigilar las áreas de protección y la vida silvestre, que existe una iniciativa legislativa, expediente número 16626, denominada "Ley de Justicia Salarial para los Guardaparques del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y Operativización del Fideicomiso de Áreas Silvestres Protegidas", por considerar que significa riesgo policial aquel peligro al que está expuesto el o la funcionaria que labora en prevención, control y protección de los recursos naturales, en la categoría de autoridad de policía, del Ministerio de Ambiente y Energía. Si bien se trata solo de un proyecto de ley que por esa misma condición no es vinculante para quien juzga en estos casos, es lo cierto que esa iniciativa recoge y pretende tutelar una realidad de riesgo, como es a la que están expuestos los guardaparques por la naturaleza de sus obligaciones. En la decisión del asunto no es determinante que la plaza del actor no esté dentro de la categoría de policía, pues ello no le exime de los riesgos que las normas que lo rigen le imponen y califican de policía por las funciones que debe desempeñar. Por esas razones, estimamos la procedencia del derecho al plus demandado, si en su puesto de Técnico de Servicio Civil del demandado, enfrenta los mismos riesgos -e incluso mayores- que los policías de otros cuerpos policiales que existen en nuestro sistema. En consecuencia, se le ha de reconocer el plus por riesgo policial, con fundamento en el principio de igualdad salarial, de rango constitucional. Consecuentemente, acogemos el recurso formulado por la parte actora, anulamos el fallo impugnado y, en su lugar, declaramos parcialmente con lugar lo pretendido en la demanda condenando al SINAC a pagarle al demandante el plus por riesgo policial de manera retroactiva y hacia futuro, junto con el reconocimiento de intereses legales y el ajuste en el pago de las cuotas en los fondos de pensiones. Además, por estimar que se trata de un tema opinable en cuanto al derecho que les asiste a los funcionarios o funcionarias del SINAC, a recibir el plus por el riesgo que enfrentan en el ejercicio de las obligaciones legales propias del cargo, se resuelve el asunto sin especial condena en las costas del proceso (en semejante sentido, el voto no. 2022-000825 y no. 2023-02569).

POR TANTO:

Se declara sin lugar el recurso de casación. Las Magistradas Varela Araya y Montero Morales salvan el voto y resuelven en estos términos: declaran con lugar el recurso planteado por el accionante, anulan el fallo impugnado y acogen la demanda; condenan al Sistema Nacional de Áreas de Conservación a pagarle de manera retroactiva, al actor, el sobresueldo de riesgo policial, desde la entrada en vigencia de la Ley que creó el sobresueldo, que data del quince de marzo de dos mil uno, junto con los intereses legales y las diferencias en los fondos de pensiones. Resuelven este asunto sin especial condena en costas.

Res: 2025003627 MARMIJO/RDGU  LUIS PORFIRIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ - PRESIDENTE/A  RAFAEL ANTONIO ORTEGA TELLERIA - MAGISTRADO/A  ANA PATRICIA MONTERO MORALES - MAGISTRADO/A  JORGE ENRIQUE OLASO ÁLVAREZ - MAGISTRADO/A  JULIA VARELA ARAYA - MAGISTRADO/A 1

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    TopicsTemas

    • Off-topic (non-environmental)Fuera de tema (no ambiental)

    Concept anchorsAnclajes conceptuales

    • Ley Forestal 7575 Art. 54
    • Ley del Servicio de Parques Nacionales 6084 Art. 9
    • Ley de Conservación de Vida Silvestre 7317 Art. 16
    • Ley General de Policía 7410 Art. 95
    • Decreto Ejecutivo 29597 (Reglamento para el pago del riesgo policial) Arts. 1, 2, 3

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