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Res. 08952-2025 Tribunal Contencioso Administrativo · Tribunal Contencioso Administrativo · 08/09/2025
OutcomeResultado
The Municipalidad de Montes de Oro was ordered to issue the construction permit for the Parque de Tecnología Ambiental Galagarza project, limited to executing the final and favorable administrative act, with no special award of costs.Se ordenó a la Municipalidad de Montes de Oro emitir el permiso de construcción para el proyecto Parque de Tecnología Ambiental Galagarza, limitándose a ejecutar el acto administrativo firme y favorable, sin especial condenatoria en costas.
SummaryResumen
EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA S.A. sought enforcement of a final and favorable administrative act, Resolution No. 2232-2025 of the Tribunal Contencioso Administrativo (acting as improper hierarchical authority in municipal matters), which ordered the Municipality of Montes de Oro to issue a construction permit for the 'Parque de Tecnología Ambiental Galagarza' project. The municipality opposed, citing pending nullity incidents, an appeal before MINAE, and new evidence regarding road alignment. The court partially granted the enforcement, holding that the dispute over the phrase 'si nada lo impide' (if nothing prevents it) and the pending matters cannot be litigated in this summary enforcement proceeding, which is limited to executing the firm and favorable act. The court ordered immediate compliance with the administrative order to issue the construction permit, without special award of costs.La empresa EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA S.A. solicitó la ejecución de un acto administrativo firme y favorable consistente en la resolución N° 2232-2025 del Área de Jerarquía Impropia del Tribunal Contencioso Administrativo, que ordenó a la Municipalidad de Montes de Oro emitir un permiso de construcción para el proyecto 'Parque de Tecnología Ambiental Galagarza'. La municipalidad se opuso alegando la existencia de incidentes de nulidad, un recurso de alzada pendiente ante el MINAE y un nuevo elemento sobre alineamiento vial. El tribunal declaró parcialmente con lugar la ejecución, señalando que la discusión sobre la frase 'si nada lo impide' y los recursos pendientes no pueden ventilarse en esta vía, limitada a ejecutar lo ordenado, y que el acto es firme y favorable, por lo que ordenó su cumplimiento inmediato sin especial condenatoria en costas.
Key excerptExtracto clave
From an analysis of the resolution issued by the two-phase improper hierarchical authority in municipal matters, particularly its operative part, it is extracted that it ordered the Municipality of Montes de Oro to issue in favor of the plaintiff the construction permit for the project called 'Parque de Tecnología Ambiental Galagarza'. Furthermore, the undersigned could appreciate that, from the phrase contained in the operative part of the administrative ruling that states 'si nada lo impide' (if nothing prevents it), a controversy has arisen between the parties, where each holds a position regarding whether or not there are impediments to complying with what the improper hierarchical authority has already ordered. Despite this, what was decided by the indicated improper hierarchical authority establishes a condemnatory content with a positive effect for the plaintiff, since it orders a specific conduct of doing. Now, the enforcement of a final and favorable administrative act must be limited to what was expressly granted in it; in the present matter, it is reiterated and must be highlighted, what was granted was specifically that the respective administrative conduct be adopted in favor of the plaintiff, consisting of the construction permit for the indicated project. The issue relating to the phrase 'si nada lo impide' is a matter that not only should not be ventilated in this venue, limited to the enforcement of the favorable administrative conduct, but would go against the nature of the enforcement venue, which is not a declaratory venue, but only one of enforcement of what was previously ordered in an administrative conduct that is final and favorable.De un análisis de la resolución emitida por el jerarca impropio bifásico en materia municipal, particularmente de su parte dispositiva, se extrae que aquel ordenó a la Municipalidad de Montes de Oro que emita a favor de la parte actora el permiso de construcción para el proyecto denominado "Parque de Tecnología Ambiental Galagarza". Además, el suscrito pudo apreciar que, a partir de la frase contenida en la parte dispositiva del fallo administrativo que indica "si nada lo impide", se ha generado una controversia entre ambas partes, donde cada una sostiene una postura respecto de si existen o no causas impeditivas de acatar lo que el jerarca impropio ya dispuso. A pesar de ello, lo resuelto por el indicado jerarca impropio establece un contenido de condena con efecto positivo para la accionante, pues le ordena una determinada conducta de hacer. Ahora bien, la ejecución de un acto administrativo firme y favorable, debe limitarse a lo expresamente concedido en él; en el presente asunto, se reitera y es preciso destacarlo, lo que se concedió fue específicamente que se adopte la respectiva conducta administrativa a favor de la actora, consistente en el permiso de construcción para el indicado proyecto. Lo relativo a la frase "si nada lo impide" es un extremo que no solamente no corresponde ventilarlo en esta vía, limitada a la ejecución de la conducta administrativa favorable, sino que iría en contra de la naturaleza de la sede de ejecución, que no es una vía declarativa, sino tan solo de ejecución de lo previamente dispuesto en una conducta administrativa que es firme y favorable.
Pull quotesCitas destacadas
"La ejecución de un acto administrativo firme y favorable, debe limitarse a lo expresamente concedido en él; ... Lo relativo a la frase "si nada lo impide" es un extremo que no solamente no corresponde ventilarlo en esta vía, limitada a la ejecución de la conducta administrativa favorable, sino que iría en contra de la naturaleza de la sede de ejecución, que no es una vía declarativa, sino tan solo de ejecución de lo previamente dispuesto en una conducta administrativa que es firme y favorable."
"The enforcement of a final and favorable administrative act must be limited to what was expressly granted in it; ... The issue relating to the phrase 'si nada lo impide' is a matter that not only should not be ventilated in this venue, limited to the enforcement of the favorable administrative conduct, but would go against the nature of the enforcement venue, which is not a declaratory venue, but only one of enforcement of what was previously ordered in an administrative conduct that is final and favorable."
Considerando IV
"La ejecución de un acto administrativo firme y favorable, debe limitarse a lo expresamente concedido en él; ... Lo relativo a la frase "si nada lo impide" es un extremo que no solamente no corresponde ventilarlo en esta vía, limitada a la ejecución de la conducta administrativa favorable, sino que iría en contra de la naturaleza de la sede de ejecución, que no es una vía declarativa, sino tan solo de ejecución de lo previamente dispuesto en una conducta administrativa que es firme y favorable."
Considerando IV
"Por ejecutividad del acto administrativo se entiende la obligatoriedad intrínseca que posee aquél, su exigibilidad y deber de cumplimiento, luego de su comunicación al destinatario de sus efectos. La ejecutoriedad, por su parte, se refiere específicamente a la capacidad de la Administración de poder materializar la ejecución de sus actos por sí misma, aunque el administrado se oponga y sin necesidad de que un órgano judicial reconozca tal derecho y la habilite para tal efecto."
"The enforceability of an administrative act is understood as its intrinsic obligatory nature, its enforceability and duty of compliance, after it has been communicated to the addressee of its effects. The self-executing power, on the other hand, refers specifically to the Administration's ability to materialize the execution of its acts on its own, even if the citizen opposes and without the need for a judicial body to recognize such right and enable it for that purpose."
Considerando III
"Por ejecutividad del acto administrativo se entiende la obligatoriedad intrínseca que posee aquél, su exigibilidad y deber de cumplimiento, luego de su comunicación al destinatario de sus efectos. La ejecutoriedad, por su parte, se refiere específicamente a la capacidad de la Administración de poder materializar la ejecución de sus actos por sí misma, aunque el administrado se oponga y sin necesidad de que un órgano judicial reconozca tal derecho y la habilite para tal efecto."
Considerando III
"Conforme a lo previsto en el artículo 148 de la LGAP, los recursos no suspenden la eficacia del acto, salvo medida cautelar o disposición legal especial..."
"In accordance with the provisions of article 148 of the LGAP, appeals do not suspend the effectiveness of the act, unless there is a precautionary measure or a special legal provision..."
Considerando IV
"Conforme a lo previsto en el artículo 148 de la LGAP, los recursos no suspenden la eficacia del acto, salvo medida cautelar o disposición legal especial..."
Considerando IV
Full documentDocumento completo
Tribunal Contencioso Administrativo Date of Resolution: September 8, 2025, at 08:30 EJECU. ACTO FIRME Y FAVORABLE ACTOR/A:
EMPRESA BERTHIER EBI DE COSTA RICA S.A.
DEMANDADO/A:
MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO N° 2025008952 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at eight thirty hours on September eight, two thousand twenty-five.- Proceeding for ENFORCEMENT OF A FINAL AND FAVORABLE ACT filed by the company EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA, S.A., corporate identification number 3-101-215741, against the MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO.
CONSIDERANDO:
III.- OF THE FINAL AND FAVORABLE ACT. The Public Administration has the power to define rights and create obligations unilaterally, under the characteristics of enforceability (ejecutividad) and enforceability (ejecutoriedad) that characterize administrative conduct, within the context of the presumption of validity that accompanies it. In this sense, enforceability (ejecutividad) of the administrative act is understood as the intrinsic binding force it possesses, its enforceability and duty of compliance, after its communication to the recipient of its effects. Enforceability (ejecutoriedad), for its part, refers specifically to the Administration's capacity to materialize the execution of its acts by itself, even if the administered party opposes, and without the need for a judicial body to recognize such a right and enable it for that purpose. Therefore, enforceability (ejecutividad) is an intrinsic quality of the effective administrative act, while enforceability (ejecutoriedad) refers to its capacity to be carried out coercively, if necessary. Regarding enforceability (ejecutividad), Article 140 of the Ley General de Administración Pública states that the administrative act will be effective upon being communicated to the administered party, except if it grants only rights, in which case it will take effect from its adoption. This aspect is relevant because the principle of enforceability (ejecutividad) is not only a characteristic of the effective administrative act that benefits the Administration, but also a guarantee in favor of the administered party, insofar as the latter finds the enforceability (ejecutividad) of an administrative act that grants it subjective rights and legitimate interests to be assured. The foregoing is referred to as the execution of administrative acts, as ordered by Article 228 of the Ley General de la Administración Pública, which provides as an obligation of the Administration to "... comply with final administrative acts, for which purpose the provisions of the chapter on execution of judgments of the Código Procesal Contencioso Administrativo shall be applicable." The Ley General de la Administración Pública and the Código Procesal Contencioso Administrativo created a summary and exceptional procedure, which, although not yet fully regulated in the opinion of the undersigned, represents a mechanism so that the administered party may resort to judicial aid and compel the Administration to comply with its own acts, on the condition that these are final and favorable. Consequently, in the proceeding for the enforcement of a final and favorable act, the existence of formal administrative conduct that must meet the requirements of Article 228 of the Ley General de la Administración Pública and Article 176 of the Código Procesal Contencioso Administrativo is set as an admissibility requirement, as a prerequisite. For this purpose, first, the judge must determine whether the act is final, which implicitly brings with it the act's enforceability (ejecutividad) and enforceability (ejecutoriedad), and, second, whether it is favorable for the interested party appearing before the court, with the claim that it be enforced.
V.- COSTS OF THE ENFORCEMENT: Regarding the order for costs for the enforcement in this venue requested by the plaintiff party, it must be rejected, because the undersigned shares what the Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia has indicated in this type of matter, in that it corresponds to an order (auto) (see judgments 649, 883 and 889, all A-S1-2014) and, consequently, pursuant to the provisions of Article 193 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, it does not entail an order for costs, therefore it is appropriate to order no special order for costs in the present action for enforcement of a final and favorable act.
POR TANTO:
The evidence offered at image 602 is rejected. The ENFORCEMENT OF A FINAL AND FAVORABLE ACT filed by the company EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA, S.A., corporate identification number 3-101-215741, against the MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO is partially granted. Therefore, under the warnings established in Articles 157, 158 and 159 of the CPCA, the claim sought by the plaintiff is granted, only in that the Municipalidad de Montes de Oro must comply with what was ordered by the Área de Jerarquía Impropia of this Tribunal, acting as improper hierarchical authority (jerarca impropio) in municipal matters, through administrative resolution no. 2232-2025 at 09:09 hours on March 7, 2025. In accordance with the provisions of Article 156.1 of the CPCA, immediate compliance with what has been resolved is ordered, once this judgment is final. No special order for costs is made in this proceeding for enforcement of a final and favorable act. NOTIFÍQUESE.
Alex Rojas Ortega Enforcement Judge ALEX ROJAS ORTEGA - DECISION-MAKING JUDGE Goicoechea, Calle Blancos, 50 meters west of the BNCR, in front of Café Dorado. Telephones: 2545-0107 or 2545-0099. Ext. 01-2707 or 01-2599. Fax: 2241-5664 or 2545-0006. Email: [email protected] It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 12:32:42.
Tribunal Contencioso Administrativo EJECU. ACTO FIRME Y FAVORABLE ACTOR/A:
EMPRESA BERTHIER EBI DE COSTA RICA S.A.
DEMANDADO/A:
MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO N° 2025008952 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las ocho horas con treinta minutos del ocho de Setiembre del dos mil veinticinco.- Proceso de EJECUCIÓN DE ACTO FIRME Y FAVORABLE interpuesto por la sociedad EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA, S.A., cédula jurídica número 3-101-215741, contra la MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO.
CONSIDERANDO:
III.- DEL ACTO FIRME Y FAVORABLE. La Administración Pública tiene la potestad de definir derechos y crear obligaciones de forma unilateral, bajo los caracteres de ejecutividad y ejecutoriedad que particularizan a la conducta administrativa, dentro del contexto de la presunción de validez que le acompaña. En ese sentido, por ejecutividad del acto administrativo se entiende la obligatoriedad intrínseca que posee aquél, su exigibilidad y deber de cumplimiento, luego de su comunicación al destinatario de sus efectos. La ejecutoriedad, por su parte, se refiere específicamente a la capacidad de la Administración de poder materializar la ejecución de sus actos por sí misma, aunque el administrado se oponga y sin necesidad de que un órgano judicial reconozca tal derecho y la habilite para tal efecto. Por ende, la ejecutividad es una cualidad intrínseca del acto administrativo eficaz, mientras la ejecutoriedad se refiere a su capacidad para ser llevada a la práctica de manera coactiva, si fuere necesario. Respecto de la ejecutividad, señala el artículo 140 de la Ley General de Administración Pública, que el acto administrativo será eficaz luego de comunicado al administrado, excepto si le concede únicamente derechos, en cuyo caso lo producirá desde su adopción. Este aspecto resulta relevante por cuanto el principio de ejecutividad no es solo una característica del acto administrativo eficaz que beneficia a la Administración, sino también una garantía a favor del administrado, en la medida que este encuentra asegurada la ejecutividad de un acto administrativo que le confiere derechos subjetivos e intereses legítimos. A lo anterior se denomina como la ejecución de actos administrativos, según lo ordena el numeral 228 de la Ley General de la Administración Pública, que dispone como obligación de la Administración el "... dar cumplimiento a los actos administrativos firmes, a cuyo efecto serán aplicables las disposiciones del capítulo de ejecución de sentencia del Código Procesal Contencioso Administrativo". La Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo, crearon un procedimiento sumario y excepcional, que, aunque para el suscrito no está regulado aún en forma acabada, representa un mecanismo para que el administrado/a pueda recurrir al auxilio judicial y compeler a la Administración para que cumpla con sus propios actos, con la condición de estos sean firmes y favorables. En consecuencia, en el proceso de ejecución de acto firme y favorable, se tiene como requisito de admisibilidad, a modo de presupuesto, la existencia de una conducta administrativa formal que debe cumplir los requisitos del artículo 228 de la Ley General de la Administración Pública y 176 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Para tal efecto, primero, deberá el juzgador determinar si el acto está firme, lo cual trae de manera implicita la ejecutividad y ejecutoriedad del mismo y, en segundo lugar, si resulta favorable para el interesado que se apersona ante el estrado judicial, con la pretensión de que el mismo sea ejecutado.
V.- COSTAS DE LA EJECUCIÓN: En cuanto a la condenatoria en costas por la ejecución en esta sede solicitada por la parte actora, debe ser rechazada, por cuanto, el suscrito comparte lo que ha indicado la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en este tipo de asuntos en cuanto a que corresponde a un auto (ver sentencias 649, 883 y 889 todas A-S1-2014) y, en consecuencia, al tenor de lo dispuesto en el artículo 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, no conlleva una condenatoria en costas, por lo que procede disponer sin especial condenatoria en costas de la presente acción de ejecución de acto firme y favorable.
POR TANTO:
Se rechaza la prueba ofrecida a imagen 602. Se declara parcialmente con lugar la EJECUCIÓN DE ACTO FIRME Y FAVORABLE formulado por la sociedad EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA, S.A., cédula jurídica número 3-101-215741, contra la MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO. Por ende, bajo los apercibimientos establecidos en los artículos 157, 158 y 159 del CPCA, se declara con lugar lo peticionado por la actora, únicamente en cuanto a que la Municipalidad de Montes de Oro debe acatar lo ordenado por el Área de Jerarquía Impropia de este Tribunal, actuando como jerarca impropio en materia municipal, a través de la resolución administrativa n° 2232-2025 de las 09:09 horas del 07 de marzo del 2025. De conformidad con lo establecido en el numeral 156.1 del CPCA, se ordena el cumplimiento inmediato de lo resuelto, una vez firme este fallo. Se dispone sin especial condenatoria en costas el presente proceso de ejecución de acto firme y favorable. NOTIFÍQUESE.
Alex Rojas Ortega Juez Ejecutor ALEX ROJAS ORTEGA - JUEZ/A DECISOR/A Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected]
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