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Res. 07292-2025 Tribunal Contencioso Administrativo · Tribunal Contencioso Administrativo · 21/07/2025
OutcomeResultado
The Court denied the precautionary measure requested by Wabe Carrocería y Pintura S.A. to prevent demolition of a wall built in the streambed of Quebrada El Poro, as the legal requirements of appearance of good right and danger in delay were not proven, and the public environmental interest prevailed.El Tribunal declaró sin lugar la medida cautelar solicitada por Wabe Carrocería y Pintura S.A. para evitar la demolición de un muro construido en el cauce de la Quebrada El Poro, al no acreditarse los presupuestos legales de apariencia de buen derecho y peligro en la demora, y prevalecer el interés público ambiental.
SummaryResumen
The Administrative Contentious Court denied the atypical, urgent, and provisional precautionary measure requested by Wabe Carrocería y Pintura S.A. against the State, which sought to suspend any demolition order for a retaining wall built in the streambed of Quebrada El Poro, a tributary of the Río Purrases. The plaintiff argued that the demolition would destroy its workshop and cause severe economic and patrimonial damages, as well as affect neighbors from flooding. The court, after analyzing the legal requirements under Article 21 of the Contentious Administrative Procedure Code, found that the appearance of good right was not demonstrated because the MINAE notification was a preliminary act, not a demolition order, and there was already a precautionary measure in a criminal case ordering the restoration of the streambed. It also found no evidence of danger in delay, as the technical reports indicated the property was immune to flooding and the risk was due to lack of stabilization, not the demolition. In the balancing of interests, the public environmental interest prevailed over the private interest, and the measure was denied without costs.El Tribunal Contencioso Administrativo rechazó la solicitud de medida cautelar atípica urgentísima y provisionalísima presentada por Wabe Carrocería y Pintura S.A. contra el Estado, que buscaba suspender cualquier orden de demolición de un muro de contención construido en el cauce de la Quebrada El Poro, afluente del Río Purrases. La sociedad actora alegó que la demolición destruiría su taller y causaría graves daños económicos y patrimoniales, además de afectar a vecinos por inundaciones. El tribunal, tras analizar los presupuestos legales del artículo 21 del Código Procesal Contencioso Administrativo, concluyó que no se acreditó la apariencia de buen derecho, pues la notificación del MINAE era un acto de trámite y no una orden de demolición, y además existía una medida cautelar en un proceso penal que ordenaba la restitución del cauce a su estado natural. Tampoco se demostró el peligro en la demora, ya que los informes técnicos aportados no acreditaban los daños graves alegados; por el contrario, indicaban que el inmueble era inmune a inundaciones y que el riesgo provenía de la falta de estabilización. En la ponderación de intereses, prevaleció el interés público ambiental sobre el privado, denegándose la medida sin condena en costas.
Key excerptExtracto clave
V.- ON THE SPECIFIC CASE. Based on the foregoing, an immediate analysis is carried out in accordance with Articles 21 and 22 of the Contentious Administrative Procedure Code, considering the arguments of both parties and the evidence provided, noting that it is a procedural burden for the interested party, under Articles 220 of said Code and 41 of the Civil Procedure Code, to prove the claims made in support of their petition. Regarding the first element, known as 'appearance of good right' [...] it must be noted that from the preliminary analysis of the precautionary request, the case theory is based on a notification from 10:15 a.m. on February 1, 2024, which urges the applicant to request a permit from the MINAE Water Directorate for works in the streambed of Quebrada Río Poró, stating: 'if the work is already built or under construction, it must be removed, restoring the streambed to its natural state prior to the works found. It is reminded that the protection zones may not be used. Therefore, a note must be submitted stating that the structure has been completely removed, along with a photographic sequence proving it.' With the evidence currently on record, it has been determined that this element or prerequisite for the precautionary measure is NOT met, as the notification refers to a preparatory act that does not order the demolition of the wall itself [...]. Additionally, there is a precautionary measure in criminal case 24-000011-0611-PE which resolved: 'order the restoration of the site to its previous state, including, among others, a commission to government entities to carry out what was ordered regarding Quebrada Poro, where infrastructure works were built within its streambed, and maintaining the demolition orders against Mr. David Wabe Arce' (image 217 of the digital judicial file), therefore the prerequisite of appearance of good right is not met. Now, as stated in the previous recital, for the precautionary protection to be admissible, the law requires that the execution or continuation of the administrative conduct subject to proceedings produce serious, current or potential damages or harm to the petitioner's legal situation. In this regard, it must be emphasized that merely alleging the existence of serious damage (or harm) (current or potential) is not sufficient; it must be proven, which implies a procedural burden that the interested party must bear [...] Upon examination, this Court concludes that the mentioned legal assumption is not verified, since from reading the precautionary request, no concrete and detailed arguments emerge regarding the existence of a serious damage [...]. Finally, regarding the balancing of the interests involved in the case, it must be noted that while the interest of the petitioner is weighed, the public environmental interest must prevail, without prejudice to the considerations that may be made in a full trial.V.- SOBRE EL CASO CONCRETO. Partiendo de lo anteriormente expuesto de inmediato se procede a efectuar un análisis de conformidad con los dispuesto por los artículos 21 y 22 del Código Procesal Contencioso Administrativo, de acuerdo con los argumentos de ambas partes y los elementos de prueba aportados al expediente, haciendo la observación que es una carga procesal para la parte interesada, al tenor de los artículos 220 del mencionado Código y el 41 del Código Procesal Civil, probar las afirmaciones que haga en apoyo de sus pretensiones. En cuanto al primero de ellos, correspondiente a lo que se conoce como "apariencia de buen derecho" [...] debe indicarse que del análisis de la solicitud cautelar, se observa de forma preliminar, que la teoría del caso expuesta se fundamenta en una notificación de las 10 horas 15 minutos del primero de febrero de 2024, en el cual se le intima a solicitar permiso para realizar obras en el cauce de la Quebrada Río Poró ante la Dirección de Agua del MINAE, y que señala: “en el caso que se tenga la obra construida o esté en construcción esta debe ser eliminada, devolviendo el cauce a su estado natural, anterior a los trabajos encontrados. Se recuerda que no podrá hacerse uso de las zonas de protección. Por lo tanto, deberá presentar una nota en donde manifieste que la estructura ha sido eliminada en su totalidad y una secuencia fotográfica que así lo acredite” con la prueba que al día de hoy consta en autos, se ha podido determinar la NO procedencia de este elemento o presupuesto de la medida cautelar al ser la notificación que señala un acto de trámite, que no ordena la demolición del muro en sí [...]. Aunado a que existe medida cautelar dentro de un proceso penal expediente 24-000011-0611-PE que resolvió: “ordenar la restitución de las cosas a su estado anterior, ordenando entre otras, la comisión a entes gubernamentales para materializar lo ordenado sobre la quebrada Poro en la que se construyeron obras de infraestructura dentro de su cauce y se mantiene lo dispuesto respecto de la demolición ordenadas al señor David Wabe Arce”(imagen 217 del expediente judicial digital), por lo que no se cumple con el presupuesto de apariencia de buen derecho. Ahora bien, tal y como se indicó en el considerando anterior debe indicarse que para la procedencia de la tutela cautelar se requiere, según disposición legal, que la ejecución o permanencia de la conducta administrativa sometida al proceso produzca daños o perjuicios graves, actuales o potenciales , en la situación jurídica de la promovente, en ese sentido, debe recalcarse que no basta con alegar la existencia del daño (o perjuicio) grave (actual o potencial) sino que debe probarse, situación que implica una carga procesal que debe asumir la parte interesada [...] Estudiado el particular, este Juzgador concluye que el supuesto legal mencionado no se verifica ya que de la lectura de la solicitud de medida cautelar no se desprenden los argumentos concretos y circunstanciados respecto de la existencia de un daño de naturaleza grave [...]. Finalmente, en cuanto a la ponderación de los intereses involucrados en el caso, debe indicarse que, si bien se pondera el interés de la sociedad accionante, debe prevalecer el interés público ambiental, sin perjuicio de las consideraciones que puedan ser vertidas en un proceso de conocimiento.
Pull quotesCitas destacadas
"se ha podido determinar la NO procedencia de este elemento o presupuesto de la medida cautelar al ser la notificación que señala un acto de trámite, que no ordena la demolición del muro en sí"
"it has been determined that this element or prerequisite of the precautionary measure is NOT met, as the notification refers to a preparatory act that does not order the demolition of the wall itself"
Considerando V
"se ha podido determinar la NO procedencia de este elemento o presupuesto de la medida cautelar al ser la notificación que señala un acto de trámite, que no ordena la demolición del muro en sí"
Considerando V
"en cuanto a la ponderación de los intereses involucrados en el caso, debe indicarse que, si bien se pondera el interés de la sociedad accionante, debe prevalecer el interés público ambiental"
"regarding the balancing of the interests involved in the case, it must be noted that while the interest of the petitioner is weighed, the public environmental interest must prevail"
Considerando V
"en cuanto a la ponderación de los intereses involucrados en el caso, debe indicarse que, si bien se pondera el interés de la sociedad accionante, debe prevalecer el interés público ambiental"
Considerando V
Full documentDocumento completo
Contentious-Administrative Tribunal Case File: 25-003170-1027-CA CASE FILE:
PROCEEDING:
PRECAUTIONARY MEASURE PLAINTIFF:
WABE CARROCERÍA Y PINTURA S.A.
DEFENDANT:
EL ESTADO No. 2025007292 CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE AND CIVIL TREASURY TRIBUNAL, SECOND JUDICIAL CIRCUIT, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at nine fifty-eight hours on July twenty-first, two thousand twenty-five.- Request for an atypical, extremely urgent, and provisional precautionary measure (medida cautelar atípica urgentísima y provisionalísima), filed by DAVID WABE ARCE, of legal age, divorced once, with identity card number 9-0054-0298, in his capacity as Unlimited General Attorney-in-Fact (Apoderado Generalísimo Sin Límite de Suma) of WABE CARROCERIA Y PINTURA SOCIEDAD ANÓNIMA, legal identification number 3-101-085331, against EL ESTADO, represented by Daniela Vargas Delgado, of legal age, married once, attorney, identity card 206080417, bar card number 19296, Deputy State Attorney (Procuradora Adjunta).
WHEREAS (CONSIDERANDO):
I-IMPORTANT PROCEDURAL ACTS: 1. The petitioner files a request for a precautionary measure (medida cautelar), raising the following claim: "...1) ATYPICAL, EXTREMELY URGENT, AND PROVISIONAL PRECAUTIONARY MEASURE: To enjoin EL ESTADO, through the MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, TO REFRAIN from MANAGING AND/OR EXECUTING any order of DESTRUCTION AND/OR DEMOLITION of the CONSTRUCTION WALL in the CHANNEL (CAUCE) of Quebrada El Poro, a tributary of the Rio Purrases. 2) ATYPICAL, EXTREMELY URGENT, AND PROVISIONAL PRECAUTIONARY MEASURE: To order EL ESTADO, through the MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, to SUSPEND ANY ORDER OF DESTRUCTION AND/OR DEMOLITION of the CONSTRUCTION WALL in the CHANNEL (CAUCE) of Quebrada El Poro, a tributary of the Rio Purrases." (image 13 of the digital judicial file). 2. By order issued at eight hours ten minutes on May twentieth, two thousand twenty-five, this Tribunal rejected the extremely provisional precautionary measure (medida cautelar provisionalísima) and granted a hearing to the State so that it could pronounce on the precautionary measure (medida cautelar) (images 52 and 53 of the digital judicial file). 3.
The State representation indicated that what is sought must be rejected. (images 58 to 66 of the digital judicial file). 4. In the present case, the required formalities have been observed, and no defects are apparent that could cause nullity or defenselessness (indefensión) to the parties;
In summary, he indicates that between January and February of the year 2022, he proceeded to initiate the construction of the retaining wall (muro de contención) in the CHANNEL (CAUCE) of the Quebrada Poro, a tributary of the Rio Purrases, as indicated by the Comisión Nacional de Emergencias. This retaining wall provides stability to the Taller Wabe Carrocería y Pintura, which is built on the property of his Principal, and thereby ensures dignified work for its employees, and likewise, from that date, the flooding and impacts from the Quebrada Poro, a tributary of the Rio Purrases, decreased considerably. He affirms that the Ministerio de Energías y Minas is managing the destruction of the retaining wall (muro de contención), a situation which, if executed, would cause not only the destruction of the Taller Wabe Carrocería y Pintura but also the economic loss of his heritage, exceeding an amount of ₡65,000,000.00, in addition to causing direct harm to neighbors and other persons from different cantons and places in San José. (images 2 to 15 of the digital judicial file)
In essence, it first indicates that there is no longer any claim to resolve, given that the measures requested as extremely provisional were rejected, so the 3-day hearing granted is not appropriate because there are no remaining issues to be adjudicated in this proceeding, and therefore the proceeding should not continue. It affirms that the extremely urgent and provisional measures requested are inappropriate, contrary to law, and must be rejected in their entirety, as there is a judicial pronouncement and a criminal proceeding for the crime of Invasion of a Conservation or Protection Area (Invasión a un Área de Conservación o Protección), being processed under case file 24-000011-0611-PE against David Wabe Arce, representative of the plaintiff, in which the demolition of the illegal works that are now sought to be preserved here was ordered (res judicata and principle of judicial independence) (visible at folios 58 to 66 of the digital judicial file).
As developed by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), precautionary justice responds to the need to guarantee the constitutional principle of prompt and fulfilled justice, by preserving the real conditions indispensable for the issuance and execution of the judgment. (Resolution 7190-1994, at 15:24 hours on December 6th). In this same vein, Article 19 of the Contentious-Administrative Procedural Code establishes that the purpose of ordering a precautionary measure is to protect and guarantee, provisionally, the object of the proceeding and the effectiveness of the judgment. Legal doctrine has indicated that the purpose of precautionary justice is not to declare a fact or liability, nor to constitute a legal relationship, nor to execute a command and satisfy a right without it being discussed, nor to settle a litigation, but rather to prevent the damages that litigation may cause or that may arise from an abnormal situation (Gallegos Fedriani, Pablo.
Las medidas cautelares contra la Administración Pública. 2nd ed. Buenos Aires, Argentina: Ábaco, 2006). With the above clear, the judge, observing the provisions of Article 21 of the indicated procedural rule, must determine the appropriateness of a request for a precautionary measure (medida cautelar), verifying in this regard that the claim in the main proceeding is not reckless or, in a manifest manner, lacking in seriousness, which constitutes a preliminary assessment of the merits to determine whether the case in question presents what doctrine and jurisprudence have called appearance of a good right or fumus boni iuris. The rule under analysis also establishes the appropriateness of the precautionary measure (medida cautelar) when the execution or permanence of the conduct subject to the proceeding produces serious damage or harm, current or potential, a situation that has been defined in doctrine as the periculum in mora or danger in delay, that is, that by virtue of the pathological delay of the judicial process, a current, real, and objective danger exists that serious harm will be caused to the petitioner (Jinesta Lobo, Ernesto.
Manual del Proceso Contencioso-Administrativo. 1st ed. San José, Costa Rica, Editorial Jurídica Continental, 2008). Along the same line of thought, Article 22 of the Contentious-Administrative Procedural Code establishes the judge's obligation to conduct, in light of the principle of proportionality, a weighing of the interests at stake, that is, between the circumstances of the individual, on one hand, and the public interest and the interests of third parties that may be affected by the adoption of the precautionary measure, on the other. Additionally, from the same cited Article 22, it is required that the precautionary measure (medida cautelar) be instrumental and provisional. Based on the preceding normative framework of analysis and the elements required for the approval of a precautionary measure (medida cautelar), the specific case is now studied.
Based on the foregoing, an analysis is immediately carried out in accordance with the provisions of Articles 21 and 22 of the Contentious-Administrative Procedural Code, based on the arguments of both parties and the means of proof provided to the case file, observing that it is a procedural burden for the interested party, pursuant to articles 220 of the mentioned Code and 41 of the Civil Procedural Code, to prove the statements made in support of its claims. Regarding the first of these, corresponding to what is known as "appearance of a good right" (noting this must be analyzed according to the parameters set out in the Contentious-Administrative Procedural Code), it must be stated that from the analysis of the precautionary request, it is observed preliminarily that the theory of the case presented is based on a notification from 10 hours 15 minutes on February first, 2024, in which the party is summoned to request a permit to carry out works in the channel (cauce) of the Quebrada Río Poró before the Dirección de Agua of MINAE, and which states: “in the event that the work has been constructed or is under construction, it must be eliminated, returning the channel (cauce) to its natural state, prior to the work found.
It is reminded that the protection zones may not be used. Therefore, you must submit a note stating that the structure has been eliminated in its entirety and a photographic sequence that proves it.” With the evidence currently in the record, it has been determined that this element or requirement of the precautionary measure is NOT met, as the notification refers to a preparatory act, which does not order the demolition of the wall itself. What is established in Article 49 of the Constitution and in the Contentious-Administrative Procedural Code allows for exercising plenary control of the legality of the administrative function, but under the terms those rules indicate, not all formal activity is subject to being heard in this venue. In addition, there is a precautionary measure within a criminal proceeding, case file 24-000011-0611-PE, which ordered: “to order the restitution of things to their prior state, ordering, among other things, the commission to governmental entities to materialize what was ordered concerning the Quebrada Poro in which infrastructure works were constructed within its channel (cauce) and to maintain what was ordered regarding the demolition ordered against Mr.
David Wabe Arce” (image 217 of the digital judicial file). Therefore, the requirement of appearance of a good right is not met. Now, as indicated in the previous whereas clause, it must be stated that for the granting of precautionary protection, it is required, according to legal disposition, that the execution or permanence of the administrative conduct subject to the proceeding produce serious damage or harm, current or potential, to the legal situation of the petitioner. In this regard, it must be emphasized that it is not enough to allege the existence of serious damage (or harm) (current or potential); it must be proven, a situation that implies a procedural burden that the interested party must assume, pursuant to articles 220 of the Contentious-Administrative Procedural Code and 41 of the Civil Procedural Code. Having studied this point, this Judge concludes that the mentioned legal requirement is not verified, since from a reading of the precautionary measure request, concrete and detailed arguments regarding the existence of damage of a serious nature do not emerge.
The representation of the plaintiff company indicates that if the demolition of the retaining wall (muro de contención) constructed in the channel (cauce) of the stream, which was recommended and ordered by the Comisión Nacional de Emergencias, is ordered and executed, it would evidently cause considerable damage and harm of difficult reparation, as its principal would suffer imminent damage, both economic due to the loss of the construction of Taller Wabe Carrocería y Pintura, and patrimonial, due to the loss of the land, which would fall into the channel (cauce) of said stream. It also argues that serious psychological, moral, economic, and patrimonial damage would be caused to a large number of people from different districts, cantons, and places in San José, who would be affected by the flooding caused by the aforementioned Quebrada. It affirms that the material loss of Taller Wabe Carrocería y Pintura would occur due to the imminent landslide of its structure into the Quebrada El Poro, completely destroying said workshop, so that its Principal would lose the economic value of that construction, in addition to the loss of land that would fall into the channel (cauce) of the mentioned stream, as a result of the undercutting (socavamiento) of said stream, which would affect the employees of the plaintiff party who work in said bodywork and painting shop.
It indicates that it would lose the building of Taller Wabe Carrocería y Pintura, currently valued at $2,000,000.00, and likewise, would lose more than 50% of the area of the land of the property, whose commercial value is $1,000,000.00, which would fall into the channel (cauce) of the Quebrada El Poro due to the demolition of the retaining wall (muro de contención). However, no evidence is provided to prove the damages mentioned; that is, no suitable evidence was provided so that this judge can determine damages resulting from the demolition sought to be suspended. In other words, the proof of serious damage is insufficient in this case, as the real and effective existence of the serious damages mentioned is unknown with certainty. The foregoing is evident from the very evidence provided by the plaintiff company, in which the report concludes: “As a result of the study, it is concluded that the property is immune to the effects of flooding.
This conclusion is obviously manifested at the site, where it is observed that the Quebrada Poro is located about 12 m away from its boundaries and between 5.0 to 8.0 m below the level of the existing constructions” (hydrodynamic study and risk of affectation of the public domain channel quebrada poro. Granadilla, Curridabat, Province of San José, Dirección de Aguas, visible at images 20 to 41 of the digital judicial file). On the other hand, the report CBE-UIAR-INF-0200-2023 from the Comisión Nacional de Emergencias, visible at images 42 to 44 of the digital judicial file, concludes: “that the proximity of the structure to the margin, combined with the erosive force of the stream, represents a risk to the workshop and its occupants; without intervening on the slope with a stabilization work, further detachments could occur directly affecting the bases of the structure,” but they do not prove the alleged psychological, moral, economic, and patrimonial damages claimed by the plaintiff company.
In the same vein, the testimonial evidence offered concerns the facts of the lawsuit, but not the demonstration of the damages indicated, and therefore it is not admissible, as this judge is impeded from making an assessment that merits or justifies granting a precautionary measure (medida cautelar) on this basis. It is necessary to reiterate that the precautionary process is not exempt from general procedural regulations regarding the burden of proof, so it is the petitioner, when formulating its claim, who is obligated to prove its statements. In other words, precautionary protection is not an automatic mechanism that proceeds upon the mere request of the party. Thus, it is not demonstrated that a situation of serious psychological, moral, economic, and patrimonial damage to its legal situation exists that would warrant granting the requested measure, as the party does not provide evidence in that regard, as has been indicated.
Finally, regarding the weighing of the interests involved in the case, it must be stated that, while the interest of the plaintiff company is weighed, the public environmental interest must prevail, without prejudice to the considerations that may be made in a main proceeding. Consequently, since all the legal requirements are not met, the appropriate course is to reject the present precautionary measure (medida cautelar). This is resolved without special award of costs.
THEREFORE (POR TANTO) The requested precautionary measure (medida cautelar) is declared without merit. This is resolved without special award of costs. NOTIFY. Lic. Marvin Gerardo Urbina Solís. Processing Judge (Juez Tramitador).- MARVIN GERARDO URBINA SOLÍS - PROCESSING JUDGE (JUEZ/A TRAMITADOR/A) Goicoechea, Calle Blancos, 50 meters west of BNCR, in front of Café Dorado. Telephones: 2545-0107 or 2545-0099. Ext. 01-2707 or 01-2599. Fax: 2241-5664 or 2545-0006. Email: [email protected] It is a faithful copy of the original - Taken from the Nexus.PJ on: 08-05-2026 12:30:31.
Tribunal Contencioso Administrativo MEDIDA CAUTELAR ACTOR/A:
WABE CARROCERÍA Y PINTURA S.A.
DEMANDADO/A:
EL ESTADO N° 2025007292 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las nueve horas con cincuenta y ocho minutos del veintiuno de Julio del dos mil veinticinco.- Solicitud de medida cautelar atípica urgentísima y provisionalísima, establecida por DAVID WABE ARCE, mayor, divorciado una vez, con cédula de identidad número 9-0054-0298, en su condición de Apoderado Generalísimo Sin Límite de Suma de WABE CARROCERIA Y PINTURA SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula Jurídica número 3-101-085331 contra EL ESTADO representado por Daniela Vargas Delgado, mayor, casada una vez, abogada, cédula de identidad 206080417, carnet 19296, Procuradora Adjunta.
CONSIDERANDO:
I-ACTOS PROCESALES DE IMPORTANCIA: 1. Que el promovente formula solicitud de medida cautelar, planteando como pretensión: "...1) MEDIDA CAUTELAR ATÍPICA URGENTISIMA Y PROVISIONALÍSIMA: Prevenirle al ESTADO, por medio del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, SE ABSTENGA de GESTIONAR Y/O EJECUTRA, orden de DESTRUCCIÓN Y/O DEMOLLICION del MURO DE CONSTRUCCIÓN del CAUCE Quebrada El Poro, afluente del Rio Purrases.2) MEDIDA CAUTELAR ATÍPICA URGENTISIMA Y PROVISIONALÍSIMA: Indicarle al ESTADO, por medio del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, se sirva SUSPENDER CUALQUIER ORDEN DE DESTRUCCIÓN Y/O DEMOLICION del MURO DE CONSTRUCCIÓN del CAUCE Quebrada El Poro, afluente del Rio Purrases." (imagen 13 del expediente judicial digital).2. Que mediante auto de las ocho horas diez minutos del veinte de mayo de dos mil veinticinco, este Tribunal rechazó la medida cautelar provisionalísima y confirió audiencia al Estado para que se pronunciaran respecto de la medida cautelar (imágenes 52 y 53 del expediente judicial digital).3. Que la representación Estatal indicó que lo pretendido debe ser rechazado. (imágenes 58 a 66 del expediente judicial digital) 4. Que en la especie se han observado las formalidades de rigor y no se aprecian vicios susceptibles de ocasionar nulidad o indefensión a las partes;
En síntesis, indica que entre enero y febrero del año 2022, procedió a iniciar la construcción del muro de contención en el CAUCE de la Quebrada Poro, afluente del Rio Purrases, tal y como lo indicó la Comisión Nacional de Emergencias, dicho Muro de contención, le da estabilidad al Taller Wabe Carrocería y Pintura, que está construido en la propiedad de su Representada, y con ello asegura un trabajo digno a sus empleados, e igualmente, a partir de esa fecha, mermaron considerablemente, las inundaciones y afectaciones de la Quebrada Poro, afluente del Rio Purrases. Afirma que el Ministerio de Energías y Minas, gestiona la destrucción del muro de contención, situación que, de ejecutarse, provocaría la destrucción del Taller Wabe Carrocería y Pintura, sino también, la pérdida económica de su patrimonio, que supera el monto de ¢ 65.000.000.00, aunado a que provocaría una la afectación directa a los vecinos y demás personas de diferentes cantones y lugares de San José (imágenes 2 a 15 del expediente judicial digital)
En lo medular, indica en primer lugar que no queda ninguna pretensión qué resolver, en razón que las medidas solicitadas con carácter de provisionalísimas fueron rechazadas por lo que la audiencia de 3 días dada a no es procedente porque no quedan extremos por ser ventilados en este proceso, y por ello el proceso no debe continuar. Afirma que las medidas urgentísimas y provisionalísimas solicitadas son improcedentes, contrarias a derecho y deben ser rechazadas en todos sus extremos, al existir un pronunciamiento judicial, proceso penal por el delito de Invasión a un Área Conservación o Protección que se tramita bajo el expediente 24-000011-0611-PE, contra David Wabe Arce, representante de la actora, donde se ordenó la demolición de las ilegales obras que se pretenden aquí conservar (cosa juzgada y principio de independencia judicial) (visible a folios 58 a 66 del expediente judicial digital).
Tal y como ha sido desarrollado por la Sala Constitucional, la justicia cautelar responde a la necesidad de garantizar el principio constitucional de una justicia pronta y cumplida, al conservar las condiciones reales indispensables para la emisión y ejecución de la sentencia. (Resolución 7190-1994, de las 15:24 horas del 6 de diciembre). En este mismo sentido, el artículo 19 del Código Procesal Contencioso Administrativo, establece que el fin de la fijación de una medida cautelar es proteger y garantizar, provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia. La doctrina ha indicado que la justicia cautelar no tiene como fin declarar un hecho o una responsabilidad, ni la de constituir una relación jurídica, ni ejecutar un mandato y satisfacer el derecho que se tiene sin ser discutido, ni dirimir un litigio, sino prevenir los daños que el litigio pueda acarrear o que puedan derivarse de una situación anormal (gallegos Fedriani, Pablo.
Las medidas cautelares contra la Administración Pública. 2 ed. Buenos Aires, Argentina: Ábaco, 2006). Teniendo claro lo anterior, el juzgador con observancia de lo dispuesto en el artículo 21 de la norma procesal indicado, debe determinar la procedencia de una solicitud de medida cautelar, verificando al efecto que la pretensión del proceso de conocimiento no sea temeraria o, en forma palmaria, carente de seriedad, lo que constituye una valoración preliminar del fondo para determinar si existe en el caso en cuestión lo que la doctrina y la jurisprudencia han llamado apariencia de buen derecho o fumus boni iuris. La norma de análisis también establece la procedencia de la medida cautelar cuando la ejecución o permanencia de la conducta sometida a proceso produzca graves daños o perjuicios, actuales o potenciales, situación que ha sido definida en la doctrina como el periculum en mora o peligro en la demora, es decir, que, en virtud de la demora patológica del proceso judicial, concurra un peligro actual, real y objetivo de que se genere a la parte promovente un daño grave (Jinesta Lobo, Ernesto.
Manual del Proceso Contencioso-Administrativo. 1 ed. San José, Costa Rica, Editorial Jurídica Continental, 2008). Bajo la misma línea de pensamiento, el artículo 22 del Código Procesal Contencioso Administrativo, establece la obligación del juzgador de realizar, a la luz del principio de proporcionalidad, una ponderación de los intereses en juego, es decir, entre la circunstancia del particular, por un lado y el interés público y los intereses de terceros que puedan verse afectados con la adopción de la medida cautelar, por el otro. Adicionalmente y del mismo numeral 22 citado, se exige que la medida cautelar resulte instrumental y provisional. Partiendo del anterior marco normativo de análisis y los elementos requeridos para la estimación de una medida cautelar, se procede a realizar el estudio del caso concreto.
Partiendo de lo anteriormente expuesto de inmediato se procede a efectuar un análisis de conformidad con los dispuesto por los artículos 21 y 22 del Código Procesal Contencioso Administrativo, de acuerdo con los argumentos de ambas partes y los elementos de prueba aportados al expediente, haciendo la observación que es una carga procesal para la parte interesada, al tenor de los artículos 220 del mencionado Código y el 41 del Código Procesal Civil, probar las afirmaciones que haga en apoyo de sus pretensiones. En cuanto al primero de ellos, correspondiente a lo que se conoce como "apariencia de buen derecho" (haciendo la observación que éste debe ser analizado de conformidad con los parámetros dispuestos en el Código Procesal Contencioso Administrativo) debe indicarse que del análisis de la solicitud cautelar, se observa de forma preliminar, que la teoría del caso expuesta se fundamenta en una notificación de las 10 horas 15 minutos del primero de febrero de 2024, en el cual se le intima a solicitar permiso para realizar obras en el cauce de la Quebrada Río Poró ante la Dirección de Agua del MINAE, y que señala: “en el caso que se tenga la obra construida o esté en construcción esta debe ser eliminada, devolviendo el cauce a su estado natural, anterior a los trabajos encontrados.
Se recuerda que no podrá hacerse uso de las zonas de protección. Por lo tanto, deberá presentar una nota en donde manifieste que la estructura ha sido eliminada en su totalidad y una secuencia fotográfica que así lo acredite” con la prueba que al día de hoy consta en autos, se ha podido determinar la NO procedencia de este elemento o presupuesto de la medida cautelar al ser la notificación que señala un acto de trámite, que no ordena la demolición del muro en sí, lo establecido en el artículo 49 Constitucional como de lo establecido en el Código Procesal Contencioso Administrativo, posibilita ejercer un control plenario de la legalidad de la función administrativa, en los términos de que dichas normas señalan, no toda actividad forma es susceptible de ser conocidas en esta sede. Aunado a que existe medida cautelar dentro de un proceso penal expediente 24-000011-0611-PE que resolvió: “ordenar la restitución de las cosas a su estado anterior, ordenando entre otras, la comisión a entes gubernamentales para materializar lo ordenado sobre la quebrada Poro en la que se construyeron obras de infraestructura dentro de su cauce y se mantiene lo dispuesto respecto de la demolición ordenadas al señor David Wabe Arce”(imagen 217 del expediente judicial digital), por lo que no se cumple con el presupuesto de apariencia de buen derecho.
Ahora bien, tal y como se indicó en el considerando anterior debe indicarse que para la procedencia de la tutela cautelar se requiere, según disposición legal, que la ejecución o permanencia de la conducta administrativa sometida al proceso produzca daños o perjuicios graves, actuales o potenciales , en la situación jurídica de la promovente, en ese sentido, debe recalcarse que no basta con alegar la existencia del daño (o perjuicio) grave (actual o potencial) sino que debe probarse, situación que implica una carga procesal que debe asumir la parte interesada, al tenor de los artículos 220 del Código Procesal Contencioso Administrativo y el 41 del Código Procesal Civil. Estudiado el particular, este Juzgador concluye que el supuesto legal mencionado no se verifica ya que de la lectura de la solicitud de medida cautelar no se desprenden los argumentos concretos y circunstanciados respecto de la existencia de un daño de naturaleza grave, la representación de la sociedad actora indica que de ordenarse y ejecutarse la demolición del muro de contención construido en el cauce de la quebrada, que fue recomendado y ordenado por la Comisión Nacional de Emergencias, evidentemente, se le estaría ocasionando cuantiosos daños y perjuicios de difícil reparación, ya que su representada tendría un daño inminente tanto económico por la pérdida de la construcción del Taller Wabe Carrocería y Pintura, como patrimonial, por la pérdida del terreno, que caería al cauce de dicha quebrada.
Aduce también que, se estaría ocasionando un grave daño psicológico, moral, económico y patrimonial, para una gran cantidad de personas, de diferentes distritos, cantones y lugares de San José, que se estarían viendo afectado con las inundaciones provocadas por la citada Quebrada. Afirma que la pérdida material del Taller Wabe Carrocería y Pintura, se produciría por el deslizamiento inminente de su estructura hacia la quebrada El Poro, quedando destruido por completo dicho taller, por lo que su Representada, perdería el valor económico de esa construcción, además de la pérdida de terreno que caería al cauce de la referida quebrada, producto del socavamiento de dicha quebrada, lo cual afectaría a los empleados de la parte actora, que laboran en dicho taller de enderezado y pintura. Indica que perdería la edificación del Taller Wabe Carrocería y Pintura, que hoy está valorado en el monto de $ 2.000.000.00, e igualmente, perdería más del 50% del área del Terreno del inmueble, cuyo valor comercial es de $ 1.000.000.00, que caería al cauce de la Quebrada El Poro, a causa de la demolición del muro de contención, sin embargo, no se aporta prueba que acredite los daños que menciona, es decir no se aportó prueba idónea para que este juzgador logre determinar daños por la demolición que pretende suspender, es decir la acreditación del daño grave resulta insuficiente en la especie por cuanto se desconoce con exactitud la existencia real y efectiva de los daños graves que menciona, lo anterior se desprende de la misma prueba aportada por la sociedad accionante que en el informe concluye: “Como resultado del estudio se concluye que el inmueble es inmune a los efectos de inundación.
Dicha conclusión se manifiesta obviamente en el sitio, donde se observa que la Quebrada Poro se encuentra localizada a unos 12 m de distancia de sus linderos y entre 5.0 a 8.0 m abajo del nivel de la Construcciones existentes” (estudio hidrodinámico y riesgo de afectación del cauce de dominio público quebrada poro. Granadilla, Curridabat, Provincia de San José, Dirección de Aguas, visible a imágenes 20ª 41 del expediente judicial digital ) por otra parte el informe CBE-UIAR-INF-0200-2023 de la Comisión Nacional de Emergencias, visible a imágenes 42a 44 del expediente judicial digital, concluye: “que la cercanía de la estructura a la margen sumado a la fuerza erosiva de la quebrada, representa un riesgo para el taller y sus ocupantes, de no intervenir la ladera con una obra de estabilización se podrían dar más desprendimientos que afecten directamente las bases de la estructura” más no acreditan los supuestos daños psicológico, moral, económico y patrimonial que reclama la sociedad actora, en el mismo sentido la prueba testimonial ofrecida sobre los hechos de la demanda, no así para la demostración de los daños señalados por lo que no resulta admisible, siendo que este juzgador se encuentra impedido para efectuar una valoración que amerite o justifique por ello el otorgamiento de una medida cautelar.
Es necesario reiterar que el proceso cautelar no es ajeno a las regulaciones procesales generales en cuanto a la carga de la prueba, de modo que es la parte promovente, al formular su pretensión, la obligada a probar sus afirmaciones. En otras palabras, la tutela cautelar no es un mecanismo automático que proceda con la sola solicitud de la parte. De forma, que no se logra demostrar que exista una situación de daño psicológico, moral, económico y patrimonial grave a su situación jurídica que amerite el otorgamiento de la medida pedida, ya que la parte no aporta prueba en ese sentido tal y como se ha indicado. Finalmente, en cuanto a la ponderación de los intereses involucrados en el caso, debe indicarse que, si bien se pondera el interés de la sociedad accionante, debe prevalecer el interés público ambiental, sin perjuicio de las consideraciones que puedan ser vertidas en un proceso de conocimiento. En consecuencia, al no cumplirse con la totalidad de los presupuestos legales lo procedente es el rechazo de la presente medida cautelar. Se resuelve sin especial condenatoria en costas.
POR TANTO
Se declara sin lugar medida cautelar solicitada. Se resuelve sin especial condena en costas. NOTIFÍQUESE. Lic. Marvin Gerardo Urbina Solís. Juez Tramitador.- MARVIN GERARDO URBINA SOLÍS - JUEZ/A TRAMITADOR/A Goicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: [email protected]
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